Poder Judicial: Del sueño de la modernización a través de la Inteligencia Artificial, a la pesadilla de su destrucción por la insensatez humana.
Por Juan Carlos Luna
I. El sistema legal bajo presión: la pandemia y el dilema digital
Cuando la pandemia de COVID-19 azotó al mundo, el universo jurídico, tradicionalmente conservador y reacio al cambio, se vio obligado a enfrentar una pregunta existencial: ¿Son los tribunales un lugar físico o un servicio? Esta cuestión no era meramente filosófica, sino operacional. Ante el cierre de sedes judiciales y la paralización de trámites en persona…en papel, el sistema de justicia—a nivel global—tuvo que enfrentarse a su propia obsolescencia.
La urgencia por mantener el acceso a la justicia catalizó una transformación digital acelerada. Los países con infraestructura tecnológica robusta transitaron con mayor fluidez; otros, no tanto. Pero una verdad se hizo evidente: aunque todos los sistemas enfrentaban la misma tormenta, no navegaban en el mismo barco. Tribunales acostumbrados a la ritualidad del litigio presencial ahora debían improvisar audiencias virtuales, autenticar promociones electrónicamente y preservar la integridad del procedimiento en un entorno digital.
Esta transición evidenció profundas brechas legislativas, procedimentales, tecnológicas y operativas. Fue necesario reformar códigos procesales, normas de ética judicial e incluso disposiciones constitucionales. Había una iniciativa enfocada en modernizar, profesionalizar y equipar al Poder Judicial con herramientas del siglo XXI para enfrentar tres retos importantes: el acceso, la digitalización y la resolución del problema de la saturación y lentitud. En muchas jurisdicciones floreció el debate: cómo lograr que el poder judicial permaneciera autónomo, eficaz, eficiente, transparente y oportuno en un mundo cada vez más digital, y ante mayores exigencias.
En los últimos cinco años, diversos tribunales implementaron exitosamente sistemas y herramientas tecnológicos, incluida la inteligencia artificial. Algunos ejemplos valiosos son:
Prometea – Ministerio Público Fiscal, Argentina
Sistema COMPAS – Estados Unidos
E-Court AI – China
Predictice – Francia
Jurimetría – Brasil (Supremo Tribunal Federal y Tribunales Regionales)
Estudio Piloto con Chatbots Jurídicos – Colombia (Consejo Superior de la Judicatura)
Inteligencia Artificial de la Corte Suprema del Reino Unido
Por su parte, en México han habido algunos avances en estos aspectos, entre los que destacan:
Tribunales Electrónicos (Justicia en Línea)
Tipo de solución: Plataformas de gestión judicial digital Instituciones: Poder Judicial de la Federación (PJF), Tribunales Superiores Estatales Características:
Firma Electrónica del Poder Judicial (FIREL y FEJEM)
Tipo de solución: Identidad digital jurídica Instituciones: Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Estatales Características:
Juicios Orales Virtuales (Videoconferencias Judiciales)
Tipo de solución: Plataformas de comunicación remota Instituciones: Juzgados civiles, familiares, penales, laborales Características:
Expedientes Electrónicos Federales y Locales
Tipo de solución: Repositorios digitales documentales Instituciones: SCJN, CJF, Tribunales estatales como CDMX, EdoMéx Características:
Plataformas de Conciliación Laboral Digital (PRECEDENTE, CONCILIA-NET)
Tipo de solución: Mecanismos alternos digitales de resolución de conflictos Instituciones: Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) Características:
Inteligencia Artificial y Minería de Datos Jurídicos
Tipo de solución: Análisis predictivo y jurisprudencial Instituciones: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), CJF Características:
En conjunto, estas herramientas representan un avance estructural hacia una justicia más moderna, accesible y eficiente. Si bien existen áreas pendientes como la interoperabilidad nacional entre sistemas locales y federales, o el blindaje cibernético, es innegable que los últimos cinco años han marcado un punto de inflexión en la transformación digital del aparato judicial mexicano.
Aunque estos avances son positivos, en el caso de México podrían no generar los efectos o resultados esperados. A continuación explico las razones.
II. El péndulo judicial en México: de la reforma a la ruina
En México, como en muchas democracias, el Poder Judicial representa no sólo uno de los tres poderes del Estado, sino un pilar crítico que resguarda el orden constitucional, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. No es secreto que el sistema de justicia mexicano es imperfecto, afectado por ineficiencias, demoras procesales, corrupción y falta de recursos. Pero a pesar de sus defectos, poseía dos atributos invaluables: autonomía y -en general- capacidad técnica.
Mientras gran parte del mundo avanza hacia una gestión jurisdiccional moderna y eficiente, con mayor profesionalismo en todos los niveles, México enfrenta una regresión significativa. La propuesta -ya hecha realidad-, de reestructurar al Poder Judicial, designando a jueces y ministros mediante un sorteo aleatorio, sin considerar méritos, experiencia ni control constitucional, constituye una sentencia de muerte para su independencia.
La autonomía judicial está siendo amputada. El principio de división de poderes, asediado. Lo que vimos como un buen ejercicio y reacción para el empoderamiento tecnológico en aras de un mejoramiento de la gestión operativa de los tribunales, ha dejado de ser relevante ante sus nuevas circunstancias.
Es lógico pensar que esta acción pondrá en riesgo la imparcialidad judicial, ya que los jueces además de que seguramente no contarán con los conocimientos ni experiencia necesarias, pasarán a responder a las preferencias del electorado y a dinámicas políticas.
Esta afectación al modelo del poder judicial va a facilitar la infiltración del crimen organizado, al permitir que grupos delictivos movilicen votos o postulen candidatos en regiones bajo su influencia. Tampoco sería sorpresa el posible impacto adverso en la economía mexicana, al afectar la confianza de la ciudadanía, y generar incertidumbre jurídica para la inversión nacional e internacional, pero aún más grave el impacto que genera el tener un Estado de Derecho debilitado.
III. El abismo jurídico y constitucional.
Para dimensionar la gravedad de esta crisis, es preciso considerar sus implicaciones constitucionales. El artículo 17 de la Constitución mexicana garantiza el derecho a una justicia pronta e imparcial. Esa promesa se vuelve vacía cuando el sistema judicial es ocupado por personas sin preparación, seleccionadas políticamente. La elección de jueces por sorteo no solo viola los principios de debido proceso, carrera judicial y supremacía constitucional, sino que garantiza que la competencia y la ética profesional quedarán subordinadas a la conveniencia política. En consecuencia, este cambio no es de orden administrativo. Es de carácter existencial para el Estado de Derecho.
¿El resultado? Un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo, desprovisto de legitimidad profesional, incapaz de controlar al poder ni de proteger los derechos ciudadanos. La confianza de la sociedad se perderá. Los justiciables enfrentarán incompetencia e ineficiencias. La seguridad jurídica—base de la inversión, el desarrollo y el buen gobierno—se verá afectada. Y para ponerle más agravantes al tamaño del problema, es el tema de la falta de recursos económicos, y el factor de que México cuenta con menos de 5 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando de acuerdo con el estándar internacional establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), debería de haber 65 jueces por cada 100 mil habitantes.
IV. Consecuencias más allá del estrado: la democracia en peligro
Cuando una democracia afecta en cualquier forma a su Poder Judicial, se desactiva a sí misma. Un Poder Judicial comprometido políticamente, con bases tan defectuosas como las que ya se han efectuado, permite el abuso de poder, legitima la persecución, facilita el autoritarismo y elimina la rendición de cuentas.
Las posibles consecuencias serán duraderas, se erosionará el Estado de Derecho y la confianza de los inversionistas se verá gravemente comprometida; aumentará la impunidad y se consolidará una justicia selectiva y parcial; se producirá el colapso de las carreras judiciales y de los estándares profesionales que durante años costó edificar; y se destruirá la memoria institucional y con ella, la posibilidad de garantizar continuidad, experiencia y solidez estructural en la impartición de justicia.
Lo que antes era un debate constructivo sobre reformas apoyadas por IA—análisis predictivo, contratos inteligentes, facilidad para automatizar procesos, y obtener mejor y mayor información, transparencia algorítmica, entre otros—hoy se convierte en una pesadilla de incompetencia institucionalizada, y de afrenta a la división de poderes. El contraste no podría ser más brutal.
V. De la esperanza al desencanto
En los últimos años, juristas, legisladores y tecnólogos imaginaron cómo la IA podría asistir a los tribunales, automatizando tareas repetitivas, reduciendo rezagos, asistiendo en investigación judicial y detectando inconsistencias, sin que la finalidad fuera reemplazar al juez, sino potenciar su sabiduría.
Hoy, en México, esa visión ha sido reemplazada por una parodia que hace ver a un sistema judicial asistido no por la inteligencia—artificial o humana—sino por la institucionalización de la insensatez. Jueces seleccionados al azar, carentes de experiencia, neutralizados por la influencia del Ejecutivo y afectados en su autonomía, representan un error en la concepción de la labor y relevancia de lo que debe ser un poder independiente y autónomo; representa un severo golpe al Estado de Derecho.
Esta es la verdad incómoda, mientras el mundo avanza hacia la innovación y transformación, cuando el mayor sistema de solución de controversias es…AMAZON, cuando la economía, y las relaciones sociales se entrelazan en dimensiones digitales, cuando los tribunales jurisdiccionales buscan mayor capacidad de gestión y mejores herramientas para sus jueces, nosotros retrocedemos hacia la improvisación; mientras otros buscan optimizar los procesos para aumentar al acceso a la justicia, no como un lugar, sino como un servicio que brinda certeza y confianza, aquí saboteamos al propio sistema. No estamos abrazando el futuro, estamos construyendo el fracaso.
La justicia no es una lotería. Es el arte solemne de la razón, administrado conforme al derecho. Convertirla en farsa es renunciar a la civilización misma.
Socio | Asesor | Director Legal | Compliance
3 meses“Quien mucho duerme, poco aprende” es momento de fortalecer conocimientos sobre las nuevas tecnologías.
Socio Fundador en SALAMANCA CONSULTORES JURÍDICOS
3 mesesMuy interesante y bien escrito. Felicidades!
Partner/Deloitte S-LATAM Region
4 mesesEstupendo y certero artículo!!! Fuerte abrazo!
Abogada Senior en Plan Seguro
4 mesesExcelente artículo, coincido con cada párrafo.
Socio. Turanzas, Bravo & Ambrosi
4 mesesEstupendo artículo cuyo contenido suscribo