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A este respecto se alega que las medidas controvertidas fueron adoptadas por el consejo de administración de SACE S.p.A., no siguiendo instrucciones de las autoridades públicas o para responder a exigencias de los poderes públicos, sino en ejercicio de su plena autonomía comercial y estratégica, ajustándose a la perfección a la lógica del mercado, como ocurre con la totalidad de sus decisiones empresariales, y sin estar sometida a relación alguna de control, vigilancia, autorización o dirección por parte de su accionista único en aquella época, el Ministero dell’economia e delle finanze.

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A este respecto se alega que la decisión de SACE S.p.A. de ofrecer una cobertura de reaseguro, aprovechando las oportunidades que ofrecía una fase del ciclo económico en la que las primas de seguro eran elevadas, fue adoptada sin intención alguna de ofrecer a SACE BT una subvención o un apoyo. Por lo demás, únicamente la sociedad matriz obtuvo un beneficio económico del reaseguro. Además, las consideraciones de la Comisión sobre la correlación positiva entre la magnitud del riesgo asumido y el tipo exigido no hallan respaldo en la literatura de referencia ni en la práctica del mercado, ni tampoco en lo que respecta específicamente a SACE BT. En definitiva, no es convincente la tentativa de la Comisión de «exportar» a contextos y medidas diferentes la pretendida rule of thumb aplicada por ella, sin una motivación detallada, en el caso del régimen portugués de seguro de crédito a la exportación a corto plazo, con objeto de demostrar que el importe de la comisión abonada a SACE S.p.A. habría debido ser superior al menos en un 10 % al de la comisión aplicada por los reaseguradores privados, habida cuenta de menor porcentaje de reaseguro y de riesgos asumidos por ellos.

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Al proceder a las dos recapitalizaciones de 2009, pese a la falta de previsiones sobre flujos de caja futuros de SACE BT que justificaran la expectativa de una rentabilidad adecuada de dicha empresa al menos a largo plazo, SACE S.p.A. protegió el valor de la ingente inversión efectuada en el momento de su constitución, apenas cinco años atrás. Además, SACE S.p.A. estimó que la liquidación de la sociedad controlada por ella habría expuesto también a la totalidad del grupo SACE al riesgo de un daño potencial, en términos de destrucción de valor o de deterioro de su valoración crediticia, de un valor muy superior al del capital residual estimado para finales de 2009. La Comisión no ha respetado el amplio margen de apreciación del inversor público, al reemplazar la apreciación de SACE S.p.A. por la suya propia sin otra base que una errónea reconstrucción teórica de la opción que habría elegido, en ese conjunto de circunstancias, el hipotético inversor privado prudente y avisado.