Endurecimiento de penas: ¿la medida adecuada para garantizar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos? Observaciones sobre la ley 1429 de 2010
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Este documento discute si endurecer las penas es la medida adecuada para garantizar la labor de los defensores de derechos humanos en Colombia. Señala que aumentar las penas no está respaldado por evidencia de que reducirá crímenes contra defensores y que el alto nivel de impunidad sugiere que los delitos no se investigan adecuadamente. En lugar de enfocarse solo en normas penales, recomienda fortalecer la investigación e identificación de perpetradores y las causas subyacentes de violencia contra defensores para desar
Endurecimiento de penas: ¿la medida adecuada para garantizar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos? Observaciones sobre la ley 1429 de 2010
- 1. Endurecimiento de penas: ¿la medida adecuada para garantizar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos? 1 Observaciones sobre la ley 1429 de 2010 El 29 de diciembre se sancionó la ley 1429 de 2010, que modificó el Código Penal en lo relacionado con algunas conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de las y los defensores de derechos humanos. Según la exposición de motivos presentada en el Congreso durante el trámite de la ley, esta pretende responder a la grave situación de riesgo en la que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos, con el fin de brindarles garantías que les permitan adelantar su labor sin temor a coacciones o intimidaciones. Con tal propósito, se propuso endurecer las penas de ciertos delitos cuando estos sean cometidos en contra de defensores y defensoras, y ampliar el término en el que algunos de ellos prescriben. La garantía de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos ha sido reconocida como un deber que el Estado colombiano debe cumplir, impuesto por la Constitución Política y por instrumentos internacionales ratificados por Colombia2. Este deber le exige al Estado crear las condiciones necesarias para que las y los defensores adelanten su labor, así como investigar de manera pronta y seria las violaciones a sus derechos humanos. En este sentido, la ley 1429 de 2010 persigue una finalidad imperiosa, que todas las instancias del Estado deben atender con eficacia y prontitud. Sin embargo, las medidas contenidas en la ley son insuficientes para lograr el efecto deseado, por varias razones. Primero, por cuanto no se tiene certeza acerca de la eficacia del endurecimiento de penas para la reducción de los crímenes cometidos contra defensores y defensoras. Esta propuesta no está respaldada en estudios que demuestren que la medida logrará proteger su labor, sino que parece una respuesta fácil e improvisada para atender la situación de las y los defensores. Segundo, la tesis que subyace a esta propuesta es que la situación de riesgo en la que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos se debe a defectos en la legislación penal, específicamente en cuanto a la laxitud de las penas a los delitos que se cometan en su contra. Para poder sostener esta tesis primero sería necesario aplicar efectivamente la legislación penal existente, para luego poder evaluar en la práctica cuáles son los resultados que ella arroja. En el contexto colombiano, el alto índice de impunidad de los 1 El presente escrito es una adaptación del documento producido por la Comisión Colombiana de Juristas en octubre de 2010, con motivo de la discusión del proyecto de ley 290 de 2010 en la Cámara de Representantes, que posteriormente se convirtió en la ley 1429 de 2010. 2 Entre otras, cfr. Corte Constitucional, sentencia T-590 de 1998, M. P.: Alejandro Martínez Caballero; y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. Calle 72 # 12 – 65 piso 7 | www.coljuristas.org | info@coljuristas.org | teléfono: (+571) 7449333 | fax: (+571) 7432643 | Bogotá, Colombia
- 2. delitos cometidos contra defensores y defensoras3 impide que se pueda determinar si las penas que les corresponden a tales delitos son el problema principal de la situación de riesgo de este grupo. Antes bien, la impunidad de estos delitos parece apuntar a un diagnóstico distinto: estos delitos en Colombia no se investigan de manera seria y pronta, y es esa una de las razones que propicia y facilita su repetición crónica. Además, no existe una política seria de persecución a los perpetradores de violaciones de derechos humanos por parte de los organismos de seguridad del Estado. Ante esta situación, cabe preguntarse si no resultaría más apropiado poner el énfasis en la investigación de los crímenes cometidos, para identificar los responsables y los factores de riesgo que han dado lugar a la situación en la que se encuentran los defensores y defensoras, y en la neutralización de los perpetradores ya identificados, en lugar de aumentar penas que actualmente no son aplicadas. En otras palabras, es importante preguntarse si la medida de política criminal adecuada debe enfocarse en el diseño de normas penales nuevas o en la aplicación de las ya existentes. En nuestra opinión, enfocarse exclusivamente en el diseño de normas penales, sin preocuparse por su posterior aplicación, tiene altas probabilidades de resultar infructuoso. Con base en las anteriores consideraciones, creemos que la importante finalidad que persigue esta ley será difícilmente realizable si el compromiso del Estado se limita al simple aumento de penas, en la forma como se hizo a través de la ley 1429 de 2010. A nuestro juicio, para que haya avances verdaderos en la protección a la labor de los defensores y defensoras deben impulsarse acciones eficaces (con pleno respeto de los derechos humanos) en relación con numerosos perpetradores cuya identidad es conocida en diversos lugares del país, así como investigaciones idóneas, efectivas y serias que permitan continuar identificando las causas de la violencia contra este grupo de personas, lo cual arrojará elementos de juicio más apropiados para elaborar una política de protección de la labor de los defensores y defensoras. Por lo anterior, la CCJ invita al Gobierno a actuar en ese sentido para cumplir el deber de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, tal como lo exigen la Constitución Política e instrumentos internacionales ratificados por Colombia. Comisión Colombiana de Juristas 20 de enero de 2011 Para mayor información, contactar: Gustavo Gallón Giraldo, director de la CCJ 3 A manera de ejemplo, consideramos oportuno recordar lo que al respecto menciona el Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, correspondiente al año 2009 (párr. 23): “En 2009, la Oficina en Colombia constató un aumento de las intimidaciones y amenazas de muerte a través de panfletos y correos electrónicos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunitarios y miembros de otros grupos marginados. Si bien las investigaciones avanzaron en algunos casos, la mayoría de las amenazas permanecen en la impunidad y en ocasiones las autoridades rápidamente las descalificaron, sin una investigación previa”.