Exp 2005 2006 phc tc

EXP. N.º 2005-2006-PHC/TC
LIMA
MANUEL ENRIQUE
UMBERT SANDOVAL

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 13 días del mes de marzo de 2006, el
Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la
asistencia de los magistrados García Toma, presidente; Gonzales
Ojeda, vicepresidente; Alva Orlandini, BardelliLartirigoyen,
Vergara Gotelli y Landa Arroyo pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don
Julio César Espinoza Goyena, abogado de don Manuel Enrique
Umbert Sandoval, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de
Lima, de fojas 498, su fecha 24 de enero de 2006, que, revocando
la apelada, declaró infundada la demanda de hábeas corpus de
autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 31 de agosto de 2005, interpone
demanda de hábeas corpus a favor de don Manuel Enrique
Umbert Sandoval, a fin de que se deje sin efecto la resolución de
fecha 10 de marzo de 2004, emitida por el Trigésimo Sexto
Juzgado Penal de Lima, mediante la que se concede la
apelacióninterpuesta contra el auto que declaró sobreseída la
acción penal contra el favorecido por los delitos de estafa y contra
el orden financiero. Refiere que, concluida la etapa de
investigación en el referido proceso,la Fiscalía Provincial de
Limaopinó que no habían sido probadas las imputaciones y que,
en tal sentido, no había mérito para formular acusación; que,
recibido el dictamen, el Juzgado Penal, al discreparcon la opinión
del fiscal provincial, en aplicación supletoria del artículo 220º,

inciso “c”, del Códigode Procedimientos Penales, dispuso elevar
en consulta los actuados a la Primera Fiscalía Superior de
Lima. Señala que, con fecha 13 de octubre de 2003,la Primera
Fiscalía Superior Penal de Lima aprobóel dictamen Fiscal
Provincial; que, de acuerdo a ello, con fecha 5 de febrero de 2004,
el Trigésimo Sexto Juzgado Penal de Limadeclaró el
sobreseimiento, resolución que fue impugnada por la parte civil,
apelación que fue concedida.

Alega que la concesión de la apelación contra el auto que
declara el sobreseimiento de acuerdo a la decisión del Ministerio
Público de no emitir acusación vulnera el principio acusatorio,
según el cual las funciones de persecución y juzgamiento se
encuentran encomendadas a órganos distintos, siendo función
exclusiva del Ministerio Público el incoar la acción penal. Señala
que ello fue introducido en nuestro ordenamiento jurídico por la
Constitución de 1979, la que señalaba en su artículo 149º que el
Misterio Público es el titular exclusivo de la acción penal, lo cual
se encuentra recogido también en el artículo 153º de la actual
Constitución. Añade que, con anterioridad a la Constitución de
1979, el artículo 222º del Código de Procedimientos Penales
establecía que si el fiscal opinaba que no había lugar a juicio oral
el Tribunal podía, entre otras posibilidades, ordenar que el
proceso se remita a otro fiscal para que acuse.

Realizada la investigación sumaria, el accionante declara,
a fojas 81, que la resolución que establece el sobreseimiento no
puede ser materia de recurso alguno, ya que se expidió luego de
que el fiscal superior aprobara la decisión del fiscal provincial de
no acusar, y que si el Ministerio Público ha decidido no acusar se
extingue la potestad persecutoria.

El Trigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, con fecha
22 de diciembre de 2005, declaró fundada la demanda y, en
consecuencia, declaró nula la resolución de fecha 10 de
noviembre de 2004 que declara nula la resolución del 5 de febrero
de 2004, por la cual se declaraba sobreseída la acción penal. Se
declara, también, nulo lo actuado con posterioridad a dicho acto

procesal. El Juzgado argumenta que, de conformidad con un
sistema acusatorio, la acusación y la autoridad juzgadora no se
confunden y, por ello, si la autoridad encargada de la acusación,
en nuestro sistema el Ministerio Público, decide no acusar, el
juzgador tendrá que respetar esa decisión. Es por ello que
considera que el disponer un plazo ampliatorio de la instrucción y
la actuación de más medios probatorios cuando el Ministerio
Público ya se pronunció en el sentido de que no hay mérito a
formular acusación constituye un quebrantamiento del principio
acusatorio.

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, la declaró
infundada por considerar que, si bien el artículo 220º, inciso “c”,
del Código de Procedimientos Penales establece que si el fiscal
superior opina que no hay mérito para pasar a juicio oral, con el
pronunciamiento del fiscal supremo queda terminada la
incidencia, no es menos cierto que, de acuerdo al artículo 221º del
mismo cuerpo normativo, sí procede recurso de nulidad respecto
del auto de no ha lugar a abrir instrucción. Por su parte, don César
Ramírez Luna, juez del Trigésimo Sexto Juzgado Penal de Lima,
declara que los dictámenes emitidos por el Ministerio Público no
causan estado ni cosa juzgada.

FUNDAMENTOS

1. En el presente caso se cuestiona la resolución mediante la
cual se concedió a la parte civil la apelación contra el auto que
declara el sobreseimiento de la acción penal, de acuerdo a la
decisión del Ministerio Público de no emitir acusación. Se
alega vulneración a la libertad individual, el principio
acusatorio y al procedimiento preestablecido.

2. Si bien las pretendidas vulneraciones al procedimiento
preestablecido y al principio acusatorio, constituyen
elementos del debido proceso, derecho susceptible de
protección, en principio, por el proceso de amparo, resulta
procedente su tutela en el proceso de hábeas corpus, en tanto
de la pretendida afactación a estos derecho se derive una

vulneración o amenaza de la libertad individual. Ello,
expresamente reconocido en el artículo 25º, último párrafo,
del Código Procesal Constitucional, el cual señala
que “También procede el hábeas corpus en defensa de los
derechos constitucionales conexos con la libertad individual,
especialmente cuando se trata del debido proceso y la
inviolabilidad del domicilio”. En el presente caso, dado que la
resolución judicial cuestionada concede el recurso de
apelación interpuesto contra un auto que pone fin a un proceso
penal en el que los inculpados tenían mandato de
comparecencia restringida, manteniendo así las restricciones a
la libertad individual que sufre el inculpado dentro del
proceso penal, resulta procedente analizar las pretendidas
vulneraciones al debido proceso en el presente hábeas corpus.

3. Antes de analizar las pretendidas vulneraciones al debido
proceso, es preciso reiterar lo ya señalado por este Tribunal en
el sentido de que no es labor de la justicia constitucional el
resolver asuntos de mera legalidad. Es por ello que el sentido
del pronunciamiento en la presente sentencia no consistirá en
determinar, desde el texto de las normas legales que fueron de
aplicación al proceso penal, qué interpretación resulta más
correcta, sino si la resolución cuestionada, aunque
corresponda a una correcta aplicación de la ley, resulta
vulneratoria de los derechos constitucionales del beneficiario
del presente hábeas corpus.

4. El proceso penal en el que fue emitida la resolución judicial
que se cuestiona es uno sumario, al que le fue de aplicación
supletoria lo previsto en el Código de Procedimientos Penales
para el proceso ordinario, el cual establece, en el artículo 220º,
que en caso el Fiscal decida no acusar y opine que no hay
mérito para pasar a juicio oral, la Sala Penal podrá,
alternativamente, a)Disponer el archivamiento del expediente;
b) Ordenar la ampliación de la instrucción; c) Elevar
directamente la instrucción al fiscal supremo. Señala, además,
que con el pronunciamiento del Fiscal Supremo queda
terminada la incidencia. En el presente caso fue de aplicación

el tercer inciso del citado artículo. Es decir, que el Juzgado, al
no estar de acuerdo con el dictamen fiscal en el sentido de que
no había mérito para formular acusación contra los
inculpados, optó por elevar en consulta los actuados al Fiscal
Superior, quien mediante dictamen de fecha 17 de octubre de
2003 aprobó el dictamen elevado en consulta.

5. La parte demandante alega que el concesorio de la apelación
interpuesta contra la resolución que dispone el sobreseimiento
vulnera el principio acusatorio. La constitucionalidad de tal
principio, que informa el enjuiciamiento en el proceso penal,
ha sido reconocida por este Tribunal [Exp. 1939-2004-HC,
Ricardo Ernesto Gómez Casafranca, Exp. 3390-2005-HC,
Jacinta Margarita Toledo Manrique]. La vigencia del principio
acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas
características: “a) Que no puede existir juicio sin acusación,
debiendo ser formulada ésta por persona ajena al órgano
jurisdiccional sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni
ninguna de las otras partes posibles formulan acusación contra
el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente;
b) Que no puede condenarse por hechos distintos de los
acusados ni a persona distinta de la acusada; c) Que no
pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material
del proceso que cuestionen su imparcialidad” [Gómez
Colomer, juan-Luis. El Proceso Penal en el estado de
Derecho. Diez estudios doctrinales. Lima, Palestra,
1999].

6. La primera de las características del principio acusatorio
mencionadas guarda directa relación con la atribución del
Ministerio Público, reconocida en el artículo 159º de la
Constitución, entre otras, de ejercitar la acción penal. Siendo
exclusiva la potestad del Ministerio Público de incoar la
acción penal y de acusar, a falta de ésta, el proceso debe llegar
a su fin. De modo análogo, aunque no se trata de un supuesto
de decisión de no haber mérito para acusar sino de no haber
mérito a denunciar, puede citarse lo señalado en la sentencia
recaída en el expediente de inconstitucionalidad 0023-2003-

AI/TC, en la que este Tribunal declaró inconstitucional la
disposición del entonces vigente Código de Justicia Militar,
que admitía la posibilidad de que si los fiscales no ejercen la
acción penal, el Juez instructor podría abrir proceso.

7. De acuerdo a la ya reseñada característica del principio
acusatorio, la falta de acusación impide cualquier emisión de
sentencia condenatoria, máxime si el fiscal tuvo la opción, en
vez de acusar, de solicitar la ampliación de la instrucción. En
caso el fiscal decida no acusar, y dicha resolución sea
ratificada por el fiscal supremo (en el caso del proceso
ordinario) o por el fiscal superior (para el caso del proceso
sumario), al haber el titular de la acción penal desistido de
formular acusación, el proceso penal debe llegar a su fin.

8. En este mismo sentido se ha pronunciado la doctrina nacional
señalándose que:

“Si el Fiscal Supremo coincide con la opinión del Fiscal
Superior respecto del no ha lugar a juicio y archiva el
proceso, se pronunciará en ese sentido, devolviendo la
causa a la Sala Penal para que dicte la resolución de
archivo. Contra esta resolución no cabe recurso alguno,
pues la decisión del Ministerio Público, titular de la
acción penal, ha sido la de terminar con la persecución
del delito, consecuentemente, no cabe disposición expresa
en sentido contrario por otra autoridad” (Sánchez
Velarde, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal,
Lima, Idemsa, 2004, pp. 550).

Y que

“En atención a que el control de la legalidad sobre el
dictamen fiscal tiene su límite en el principio acusatorio
(...) únicamente es posible revocar el auto de
sobreseimiento y disponer que el fiscal formule
acusación, si es que el fiscal que interviene en la
absolución del grado discrepa del dictamen en referencia;
de no hacerlo, se debe sobreseer la causa sin más, dada la

base persecutoria constitucionalmente impuesta al
proceso penal. (...). [San Martín Castro, César. Derecho
Procesal Penal. Segunda Edición. Lima, Grijley, 2003,
Tomo I, p. 620]

9. En el presente caso, una vez concedida la apelación contra el
auto que decretó el sobreseimiento, la Primera Sala para Reos
Libres de la Corte Superior de Lima declaró la nulidad del
sobreseimiento y la ampliación de la instrucción, por
considerar que la investigación realizada no permite
determinar la delictuosidad del hecho. Este colegiado
considera que ello vulnera igualmente el principio acusatorio,
ya que si bien el órgano jurisdiccional no está asumiendo, en
estricto, el papel de acusador, ni se está obligando al titular de
la acción penal a dictaminar en determinado sentido, el titular
de la acción penal en su grado máximo según la vía
procedimental corespondiente, ya ha tomado una decisión que
impide la imposición de una condena. En este mimo sentido
se ha pronunciado San Martín Castro, quien señala que:

“Uniforme jurisprudencia ha puntualizado que el órgano
jurisdiccional también está facultado para disponer la
ampliación de la instrucción si entiende que
la investigación está incompleta, sin embargo es de
discrepar tajantemente contra esta facultad toda vez que
no se condice con la naturaleza persecutoria del proceso
penal y confunde el verdadero rol del órgano
jurisdiccional al vincularlo con el material probatorio bajo
un supuesto “deber de esclarecimiento” que nuestra ley
fundamental no le atribuye” [ibídem]

10. Si bien la resolución cuestionada es la que concede el recurso
de apelación interpuesto contra la resolución que declara
sobreseída la acción penal contra el favorecido y otros, la
nulidad de dicho concesorio determina la firmeza de la
resolución impugnada que declara sobreseída la acción y, en
tal sentido, la conclusión del proceso penal y, por
consiguiente, la nulidad de todo lo actuado con posterioridad

al precitado sobreseimiento en dicho proceso penal.

11. Finalmente, es de precisarse que, en tanto el sobreseimiento
dictado de conformidad al dictamen fiscal que se pronunciaba
en el sentido de no haber mérito para acusar constituye una
resolución irrecurrible, la concesión del recurso de apelación
contra dicho auto y su posterior anulación por la Primera Sala
para Reos Libres de la Corte Superior de Lima constituye una
vulneración a la prohibición constitucional de revivir procesos
fenecidos, dejando sin efecto una resolución que constituye
cosa juzgada, vulnerando así lo establecido en el artículo 139º,
incisos 2 y 13, de la Constitución, según el cual no es posible
“(...)dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad
de cosa juzgada” lo cual atenta también contra la seguridad
jurídica.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la
autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus.
2. Declarar nula la resolución mediante la cual se concede la
apelación interpuesta contra la Resolución de fecha 5 de
febrero de 2004, expedida por el Trigésimo Sexto Juzgado
Penal de Lima en el proceso 386-2002.
3. Declarar nula la resolución de fecha 10 de noviembre de
2004, emitida por la Primera Sala Penal para Reos Libres de
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara nula la
resolución que declara sobreseída la acción penal en el mismo
proceso.
4. Poner en conocimiento de la Oficina Distrital de Control de la
Magistratura y del Consejo Nacional de la Magistratura la
conducta de los vocales integrantes de la Primera Sala para
Reos Libres de la Corte Superior de Lima para que procedan
conforme a sus atribuciones.

Publíquese y notifíquese.

SS.
GARCÍA TOMA
GONZALES OJEDA
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO

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