El documento presenta los 11 principios que rigen la potestad sancionadora del Estado en los procedimientos administrativos disciplinarios. Estos principios incluyen la legalidad, el debido proceso, la razonabilidad, la tipicidad, la irretroactividad, el concurso de infracciones, la continuación de infracciones, la causalidad, la presunción de licitud, la culpabilidad y el principio de non bis in idem. El documento explica cada uno de estos principios y cómo se aplican específicamente en los procedimientos administrativos disciplinarios.