12 cvr

93 Sociología y Desarrollo Integral Humano/ Ana Rosario Miaury Vilca
Tomado de: “Informe Final del CVR”. Lima, 2005
CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME FINAL DE LA CVR
Las investigaciones realizadas sobre el proceso de violencia de origen político que
se vivió en el Perú entre los años 1980 y 2000, han permitido a la Comisión de la
Verdad y Reconciliación llegar a las conclusiones que se exponen a continuación.
I. LAS DIMENSIONES DEL CONFLICTO
1. La CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre
1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más
prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto que
reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana.
2. La CVR estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es
de 69,280 personas. Estas cifras superan el número de pérdidas humanas
sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en
sus 182 años de vida independiente.
3. La CVR afirma que el conflicto abarcó una proporción mayor del territorio
nacional que cualquier otro conflicto, provocó enormes pérdidas económicas
expresadas en destrucción de infraestructura y deterioro de la capacidad
productiva de la población y llegó a involucrar al conjunto de la sociedad.
4. La CVR ha constatado que existió una notoria relación entre situación de
pobreza y exclusión social, y probabilidad de ser víctima de la violencia. En el
departamento andino de Ayacucho se concentra más del 40 por ciento de muertos
y desaparecidos reportados a la CVR. Al sumar a ello las víctimas consignadas
por la CVR en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y
San Martín se llega al 85 por ciento de las víctimas registradas por la CVR.

5. La CVR ha constatado que la población campesina fue la principal víctima de la
violencia. De la totalidad de víctimas reportadas, el 79 por ciento vivía en zonas
rurales y el 56 por ciento se ocupaba en actividades agropecuarias. Estas cifras
contrastan con las del censo de 1993 según el cual el 29 por ciento de personas
vivían en zonas rurales y el 28 por ciento de la PEA nacional estaba ocupada en el
sector agropecuario.
6. La CVR ha podido apreciar que, conjuntamente con las brechas
socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las
desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. Del análisis
de los testimonios recibidos resulta que el 75 por ciento de las víctimas fatales del
conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma
materno. Este dato contrasta de manera elocuente con el hecho de que la
población que comparte esa característica constituye solamente el 16 por ciento
de la población peruana de acuerdo con el censo nacional de 1993.
7. La CVR ha comprobado que, en términos relativos, los muertos y
desaparecidos tenían grados de instrucción muy inferiores al promedio nacional.
Mientras el censo nacional de 1993 indica que solamente el 40 por ciento de la
población nacional tiene un nivel educativo inferior a la educación secundaria, la
CVR ha encontrado que el 68 por ciento de las víctimas se encontraba por debajo
de ese nivel.
8. La CVR concluye que la violencia impactó desigualmente en distintos ámbitos
geográficos y en diferentes estratos sociales del país. Si la tasa de víctimas
reportadas a la CVR respecto de la población de Ayacucho hubiera sido similar en
todo el país, la violencia hubiera ocasionado 1 millón 200 mil muertos y
desaparecidos. De esa cantidad, 340 mil hubieran ocurrido en la ciudad de Lima.

9. La CVR ha constatado que la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú
rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado,
no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país; ello delata, a juicio de
la CVR, el vela-do racismo y las actitudes de desprecio subsistentes en la
sociedad peruana a casi dos siglos de nacida la República.
10. La CVR ha hallado que el conflicto puso de manifiesto graves limitaciones del
Estado en su capacidad de garantizar el orden público y la seguridad, así como los
derechos fundamentales de sus ciudadanos dentro de un marco de actuación
democrático.
11. La CVR, asimismo, ha encontrado una precaria vigencia del orden
constitucional y el Estado de Derecho, los que en esos tiempos de crisis fueron
vulnerados.
II. LAS RESPONSABILIDADES DEL CONFLICTO
A. Sobre el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL)
12. La CVR considera que la causa inmediata y fundamental del
desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del PCP-SL de
iniciar la lucha armada contra el Estado Peruano, a contracorriente de la
abrumadora mayoría de peruanos y peruanas, y en momentos en que se
restauraba la democracia a través de elecciones libres.
13. Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones
de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas
muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas
fatales reportadas a la CVR. Esta cuota tan alta de responsabilidad del PCP-SL es
un caso excepcional entre los grupos subversivos de América Latina y una de las
singularidades más notorias del proceso que le ha tocado analizar a la CVR.

14. La CVR ha comprobado que el PCP-SL desplegó extremada violencia e
inusitada crueldad que comprendieron la tortura y la sevicia como formas de
castigar o sentar ejemplos intimidatorios en la población que buscaba controlar.
15. La CVR ha encontrado que el PCP-SL fue en contra de las grandes tendencias
históricas del país. Poniendo en práctica una férrea voluntad política, se expresó
como un proyecto militarista y totalitario de características terroristas que no
conquistó el apoyo duradero de sectores importantes de peruanos.
16. La CVR considera que el PCP-SL sustentó su proyecto en una ideología de
carácter fundamentalista, centrada en una rígida preconcepción del devenir
histórico, encerrada en una visión únicamente estratégica de la acción política y,
por tanto, reñida con todo valor humanitario. El PCP-SL desdeñaba el valor de la
vida y negaba los derechos humanos.
17. La CVR ha constatado que el PCP-SL logró su cohesión interna a través del
llamado Pensamiento Gonzalo que reflejó el culto a la personalidad de Abimael
Guzmán Reinoso, fundador y dirigente de la organización, a quien se le consideró
la encarnación del pensamiento más elevado en la historia de la humanidad.
18. La CVR ha determinado que, de acuerdo con su ideología, el PCP-SL adoptó
una estrategia orientada a provocar de manera consciente y constante respuestas
desproporcionadas por parte del Estado sin tener en cuenta el profundo
sufrimiento que ello ocasionaba a la población por la que decía luchar.
19. La CVR considera que el PCP-SL llevó la ideología fundamentalista y la
organización totalitaria a sus extremos. En su acción subversiva se constata una
trágica ceguera: ve clases, no individuos; de allí, su falta absoluta de respeto a la
persona humana y al derecho a la vida, incluyendo la de sus militantes. El PCP-SL
alimentó en ellos una vena fanática que se convirtió en su sello de identidad.

20. La CVR ha constatado características terroristas del PCP-SL que se
desplegaron desde un comienzo a través de ajusticiamientos realizados con
sevicia, prohibición de entierros y otras manifestaciones delictivas, incluido el uso
de coches-bomba en las ciudades.
21. La CVR encuentra asimismo un potencial genocida en proclamas del PCP-SL
que llaman a <pagar la cuota de sangre» (1982), «inducir genocidio» (1985) y que
anuncian que «el triunfo de la revolución costará un millón de muertos» (1988).
Esto se conjuga con concepciones racistas y de superioridad sobre pueblos
indígenas.
22. La CVR ha encontrado que el PCP-SL se aprovechó de ciertas instituciones
del sistema educativo como principal cabecera de playa y que, a través de ellas,
logró expandir su prédica y captar núcleos minoritarios de jóvenes de uno y otro
sexo en diferentes partes del país. Si bien ofrecía a los jóvenes una utopía que les
brindaba identidad totalizante, en el fondo los encerraba en una organización
fundamentalista y opresora a través de cartas de sujeción a Abimael Guzmán
Reinoso.
23. La CVR ha constatado que la prédica del PCP-SL pudo tener aceptación
fugaz, en razón de la incapacidad del Estado y de las elites del país para
responder a las demandas educativas de una juventud frustrada en sus esfuerzos
de movilidad social y de aspiración de progreso.
24. La CVR ha encontrado que el PCP-SL secundó las tesis maoístas y convirtió a
las zonas rurales en el escenario principal del conflicto. Sin embargo, no tomó en
cuenta las necesidades y aspiraciones económicas del campesinado, ni sus
organizaciones propias ni sus especificidades culturales, y convirtió, más bien, a
los campesinos en masa que debía someterse a la voluntad del partido. La
disidencia individual en la masa llevó a asesinatos y aniquilamientos selectivos, y

la disidencia colectiva condujo a masacres y arrasamientos de comunidades
enteras.
25. La CVR ha establecido que la presencia del PCP-SL en los andes y la
respuesta contrasubversiva del Estado revivió y militarizó viejos conflictos intra
comunales e intercomunales. Catalogó como enemigos de clase a los sectores de
la sociedad rural más conectados al mercado o a las redes e instituciones
regionales o nacionales, y decretó su destrucción. Su guerra campesina contra el
Estado se convirtió en muchos casos en enfrentamientos entre campesinos.
26. La CVR ha constatado que la violencia extrema practicada por el PCP-SL en
las localidades rurales de los andes se extendió también a los centros urbanos.
Lima y otras ciudades fueron también escenarios complementarios y sufrieron
sabotajes, asesinatos selectivos, paros armados y actos terroristas, especialmente
bajo la modalidad de coches-bomba.
27. La CVR señala que la concepción ideológica del PCP-SL implicaba la
destrucción del viejo Estado desde sus cimientos. Ello los llevó al asesinato de
autoridades locales alcaldes, gobernadores, tenientes gobernadores, jueces de
paz y de autoridades nacionales ministros, parlamentarios y otros representantes
de los poderes del Estado 4 Del total de reportes recibidos por la CVR sobre
víctimas fatales causadas por el PCP-SL, el 12 por ciento eran autoridades.
Además, el PCP-SL incurrió en el asesinato masivo de dirigentes sociales,
hombres y mujeres, dirigentes comunales, alcaldes varas, dirigentes campesinos,
sindicales, barriales, magisteriales y de organizaciones de mujeres.
28. La CVR señala que, por la generalidad y sistematicidad de estas prácticas,
miembros del PCP-SL, y en especial su dirección nacional y su denominada
jefatura, tienen directa responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa
humanidad en el marco de ataques armados contra la población civil, cometidos a

gran escala o bien como parte de una estrategia general o planes específicos. Del
mismo modo, estas conductas constituyen, a juicio de la CVR, graves infracciones
a los Convenios de Ginebra, cuyo respeto era obligatorio para todos los
participantes en las hostilidades.5 La perfidia con la que ac-tuó el PCP-SL en el
terreno, escudándose en la población civil, evitando el uso de distintivos y
atacando a traición, entre otros métodos similares como el recurso a acciones
terroristas, constituyó un calculado mecanismo que buscaba provocar reacciones
brutales de las fuerzas del orden contra la población civil, con lo que se
incrementaron en una forma extraordinaria los sufrimientos de las comunidades en
cuyos territorios se llevaban a cabo las hostilidades.
29/30. La CVR encuentra la más grave responsabilidad en los miembros del
sistema de dirección del PCP-SL por el conflicto que desangró a la sociedad
peruana, por los siguientes elementos:
• Por haber dado inicio a la violencia en contra del sentimiento abrumadoramente
mayoritario de la población;
• por haber planteado su lucha contra la democracia peruana con una estrategia
sanguinaria;
• por las prácticas violentas de ocupación y control de territorios rurales y
poblaciones campesinas con un alto costo en vidas y en sufrimiento humano;
• por su política de genocidio mediante actos de provocación al Estado;
• por su decisión de proclamar el llamado equilibrio estratégico que acentuó el
carácter terrorista de sus acciones.
31. La CVR hace notar la profunda irresponsabilidad y menosprecio del PCP-SL
hacia sus propios militantes, a quienes se inducía a matar y a morir de la manera
más cruel y sanguinaria, mientras que sus dirigentes máximos, especialmente
Abimael Guzmán Reinoso, permanecían en Lima, exentos de riesgos físicos y
privaciones, prácticamente durante todo el conflicto. Esta incongruencia se

expresó de la manera más patente cuando, tras ser capturado, Abimael Guzmán
Reinoso abandonó casi inmediatamente la tesis del equilibrio estratégico y solicitó
al gobierno un acuerdo de paz junto con un re-conocimiento explícito y
sumamente elogioso al gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y Vladimiro
Montesinos.
32. La CVR expresa su pesar por los miles de jóvenes que resultaron seducidos
por una propuesta que constataba los profundos problemas del país y proclamaba
que “la rebelión se justifica”. Muchos de ellos, con voluntad de transformar esa
realidad injusta, no advirtieron que el tipo de rebelión que planteaba el PCP-SL
implicaba el ejercicio del terror y la implantación de un régimen totalitario.
Quedaron así encuadrados en una organización absolutamente vertical y totalitaria
que les inculcaba el desprecio a la vida, castigaba las discrepancias y exigía plena
sumisión. Muchos de ellos murieron inútil y cruelmente. La CVR llama al país a
impulsar las reformas institucionales necesarias para que proyectos terroristas y
totalitarios no encuentren nunca más eco alguno entre los jóvenes.
33. La CVR constata que, a diferencia de otros países de América Latina por esa
misma época, entre 1980 y 1992 el conflicto armado interno se desarrolló mientras
imperaba en el Perú un régimen democrático, con elecciones libres, libertad de
prensa y el sistema político más inclusivo de nuestra historia contemporánea. El
PCP-SL y el MRTA se autoexcluyeron de manera unilateral del sistema
democrático y, más bien, socavaron con sus acciones armadas el régimen político
democrático instaurado en 1980.
B. Sobre el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)
34. En 1984, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) inició a su vez
una lucha armada contra el Estado y es responsable del 1.5 por ciento de las
víctimas fatales que fueron reportadas a la CVR. A diferencia del PCP-SL, y en

forma similar a otras organizaciones armadas latinoamericanas con las que
mantuvo vínculos, el MRTA reivindicaba sus acciones y sus miembros usaban
distintivos para diferenciarse de la población civil, se abstuvo de atacar a la
población inerme y en algunas coyunturas dio muestras de estar abierto a
negociaciones de paz. Sin embargo, el MRTA incurrió también en acciones
criminales,6 recurrió a asesinatos, como en el caso del general Enrique López
Albújar, a la toma de rehenes y a la práctica sistemática del secuestro, crímenes
que violan no sólo la libertad de las personas sino el derecho internacional
humanitario que el MRTA afirmaba respetar. Cabe resaltar también que el MRTA
asesinó a disidentes de sus propias filas.
35. En balance, durante la década de 1980 el discurso y las acciones del MRTA
contribuyeron a crear un clima en el cual el uso de la violencia pretendía aparecer
como un recurso político legítimo, favoreciendo en última instancia la actividad y la
expansión del PCP-SL. En la década de 1990, especialmente a partir de su
frustrada toma del Congreso y de la toma de la residencia del embajador japonés
en diciembre de 1996, el MRTA favoreció la legitimación de la política
contrasubversiva autoritaria y militarizada del gobierno de Alberto Fujimori.
III. LA RESPONSABILIDAD DE LOS APARATOS DEL ESTADO
36. La CVR constata que Fernando Belaunde Terry y Alan García Pérez ganaron
la presidencia en elecciones libres y directas por los ciudadanos. También lo hizo
Alberto Fujimori en 1990. Sin embargo, a partir del golpe de Estado del 5 de abril
de 1992, Fujimori se convirtió en un gobernante autoritario que buscó permanecer
en el poder consolidando una autocracia corrupta.
37. La CVR hace notar que, a pesar de la subversión armada del PCP-SL y del
MRTA, y de ser notoriamente deficitaria en muchos aspectos, la democracia
respetó la separación de poderes y la libertad de expresión, celebró tres

elecciones presidenciales y parlamentarias, cuatro elecciones municipales
nacionales y elecciones regionales en 1989. Ninguna de ellas fue cuestionada.
38. La CVR constata, no obstante, que quienes gobernaron el Estado en ese
período carecieron de la comprensión necesaria y del manejo adecuado del
conflicto armado planteado por el PCP-SL y el MRTA. Existió un interés por poner
en marcha la Constitución de 1979, por desarrollar el país y por hacer que la
relación entre gobernantes y gobernados fuese expresión del Estado de Derecho.
Sin embargo, tanto el gobierno del presidente Fernando Belaunde como el del
presidente Alan García erraron al no aplicar una estrategia integral social, política,
económica, militar, psicosocial, de inteligencia y de movilización del conjunto de la
población para hacer frente de un modo eficaz y dentro de sus propios marcos
democráticos a la subversión armada y al terrorismo.
A. La actuación de las fuerzas policiales
39. La CVR señala que las fuerzas policiales tenían el deber de enfrentar a los
grupos subversivos que vulneraban los derechos fundamentales de los
ciudadanos y reconoce la esforzada y sacrificada labor que sus miembros
realizaron durante los años de violencia. Asimismo, rinde su más sentido
homenaje al más de un millar de valerosos miembros de las fuerzas del orden que
perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber
40. La CVR considera que la formación contrasubversiva recibida hasta entonces
por las fuerzas del orden había tenido como referente a movimientos guerrilleros
organizados según el modelo castrista o, en el mejor de los casos, a grupos
armados semejantes a los que por esos años actuaban en otros países de
América Latina. Esta fue la razón principal de su dificultad para enfrentar a un
enemigo vesánico, que se confundía entre la población civil y era diferente de
aquellos grupos subversivos.

41. La CVR señala que las fuerzas de la policía tuvieron que responder a la
agresión del PCP-SL y, después, del MRTA en condiciones logísticas precarias,
sin entrenamiento adecuado ni rotación suficiente de sus agentes. Cuando
recibieron la responsabilidad de conducir las acciones de lucha contrasubversiva
en Ayacucho, no contaron con un apoyo adecuado del gobierno.
42. La CVR considera que las limitaciones de los servicios de inteligencia
policiales no permitieron tener una visión adecuada de lo que acontecía. Esto,
sumado al desconocimiento de la naturaleza del PCP-SL, provocó que se
menospreciara la magnitud del fenómeno en curso. Así, en lugar de enviar a los
agentes más preparados y eficientes de cada institución, se mantuvo la práctica
común en las organizaciones policiales de enviar a agentes no idóneos a zonas
alejadas como forma de castigo.
43. La CVR ha constatado que una vez declarado el estado de emergencia en
Ayacucho, en octubre de 1981, la intervención del destacamento policial
contrainsurgente denominado los sinchis7 hizo crecer las violaciones de los
derechos humanos, generó resentimientos y distanció a la policía de la población.
44. La CVR señala que tanto las dificultades de coordinación para sumar
esfuerzos entre los tres institutos policiales, cuanto la corrupción entre altos
oficiales y en unidades estratégicas, fueron factores externos al conflicto mismo
que impidieron un mejor desempeño policial en los años en que la subversión aún
era débil. Por ello, a pesar de los relativos logros obtenidos durante el año 1982
con la captura de subversivos, especialmente en las ciudades, hubo dos
acontecimientos que mostraron que la subversión había excedido las capacidades
de las fuerzas policiales: el asalto al centro penitenciario de Huamanga por el
PCP-SL y el repliegue de los puestos policiales en el campo a lo largo de 1982.

45. La CVR ha constatado que, con el ingreso de las fuerzas armadas a Ayacucho
y la posterior implantación de los comandos político-militares (CPM) en las zonas
declaradas en estado de emergencia, se impuso la subordinación de la policía a
las fuerzas armadas. Aquélla quedó sujeta a las funciones establecidas por los
jefes militares, por encima de sus propios comandos y de las autoridades civiles.
En este contexto, y a medida que la ofensiva militar avanzó, agentes de los tres
institutos policiales que actuaron en las zonas de emergencia incurrieron en
graves violaciones de los derechos humanos.
46. La CVR concluye que la lucha contra la subversión reforzó en miembros de la
policía prácticas autoritarias y represivas preexistentes. La tortura en
interrogatorios y las detenciones indebidas, que habían sido frecuentes en el trato
con la delincuencia común, adquirieron un carácter masivo durante la acción
contrasubversiva. Además, la CVR ha constatado que las violaciones más graves
de los derechos humanos por parte de agentes de la policía fueron: ejecuciones
extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles,
inhumanos o degradantes. La CVR condena particular-mente la práctica extendida
de la violencia sexual contra la mujer.
47. La CVR constata que, a partir de la segunda mitad de la década de 1980, la
unificación de las fuerzas policiales, el seguimiento de sus labores desde el
Ministerio del Interior y la fusión de distintas unidades operativas en la Dirección
de Operaciones Especiales (DOES), contribuyeron a una mejor coordinación de
acciones para la lucha contrasubversiva. Pese a ello, el sector no atendió ni
reforzó lo suficiente a la DIRCOTE, unidad que había adquirido experiencia a partir
de su trabajo concentrado en Lima.
48. La CVR ha encontrado indicios que vinculan individualmente a agentes de las
fuerzas policiales con el mal llamado «Comando Rodrigo Franco», del que no se

ha podido determinar si era una organización centralizada o una denominación
empleada por actores diversos, no necesariamente articulados entre ellos.
49. La CVR puede afirmar que el distanciamiento entre la policía y las poblaciones
tendió a agudizarse conforme se desenvolvía el conflicto armado interno. Este
hecho facilitó el arraigo de una mala imagen del policía como perpetrador o, en el
caso de las zonas cocaleras, como corrupto vinculado al narcotráfico.
50. La CVR constata que a partir de 1985 las fuerzas policiales llegaron a tener un
conocimiento más acertado de la organización y formas de acción de los grupos
subversivos, hasta que el trabajo de inteligencia operativa de la DINCOTE (antes
DIRCOTE) logró las impecables capturas de los principales dirigentes subversivos.
Destacan entre ellos las de Víctor Polay Campos, del MRTA, el 9 de junio de
1992, y la de Abimael Guzmán Reinoso, del PCP-SL, el 12 de septiembre del
mismo año. Estas capturas constituyeron un factor fundamental para conseguir la
derrota estratégica de la subversión y el terrorismo.
51. La CVR constata que, a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, la
PNP fue sometida a los planes del Servicio de Inteligencia Nacional y subordinada
al poder militar, con un recorte significativo de sus facultades, una distorsión de
sus funciones institucionales y una cúpula involucrada en la red de corrupción del
régimen manejada por Vladimiro Montesinos
B. La actuación de las fuerzas armadas
52. La CVR señala que, por decisión del gobierno constitucional mediante decreto
supremo expedido el 29 de diciembre de 1982, las fuerzas armadas tenían el
deber de enfrentar a los grupos subversivos que desafiaban el orden
constitucional de la República y vulneraban los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

53. La CVR reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las
fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido
homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la
vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber.
54. La CVR ha encontrado que las fuerzas armadas aplicaron una estrategia que
en un primer período fue de represión indiscriminada contra la población
considerada sospechosa de pertenecer al PCP-SL. En un segundo período, esa
estrategia se hizo más selectiva, aunque continuó posibilitando numerosas
violaciones de los derechos humanos.
55. La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de
miembros de las fuerzas armadas no sólo involucró algunos excesos individuales
de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o
sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes
de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional
Humanitario.
56. La CVR concluye que, en este marco, los comandos político-militares (CPM),
erigidos en autoridad estatal máxima de las zonas de emergencia, pueden tener la
responsabilidad primaria por estos crímenes. El Poder Judicial debe establecer el
grado exacto de responsabilidad penal de quienes ejercieron los CPM, ya sea por
haber ordenado, incitado, facilitado o encubierto estos hechos, o bien por haber
omitido el deber fundamental de ponerles coto.
57. La CVR ha constatado que las violaciones más graves de los derechos
humanos por parte de agentes militares fueron: ejecuciones extrajudiciales,
desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o
degradantes. La CVR condena particularmente la práctica extendida de violencia
sexual contra la mujer. Todos estos actos constituyen una deshonra para quienes

fueron sus perpetradores directos y para quienes, en su condición de superiores
jerárquicos, los instigaron, permitieron o encubrieron con mecanismos de
impunidad.
58. La CVR señala que en el momento de su intervención en la lucha contra la
subversión, las fuerzas armadas tenían preparación y equipamiento para enfrentar
un eventual conflicto convencional (conflicto externo). Durante los primeros años
de su intervención (1983-1985), carecieron de un adecuado trabajo de inteligencia
sobre la organización, el perfil de los militantes y la estrategia del PCP-SL. Por
decisión de la autoridad civil, su objetivo fue terminar rápidamente el conflicto, sin
tomar en cuenta el costo en vidas humanas. Se plantearon recuperar el dominio
territorial, suponiendo que la población se dividía entre poblados leales al Estado
peruano y poblados subversivos o zonas rojas, sin advertir que estas últimas no
eran homogéneas y contenían por lo general sectores sobre los cuales el PCP-SL
se imponía por la coacción e incluso el terror.
59. Para la CVR, aunque la intervención militar inicial golpeó duramente la
organización y la capacidad operativa de PCP-SL, produjo también una secuela de
violaciones masivas de los derechos humanos y convirtió al bienio 1983-1984 en
el más letal del conflicto, fundamentalmente, en Ayacucho. Peor aún la estrategia
resultó contraproducente, pues la represión indiscriminada en las zonas rurales
postergó la ruptura entre PCP-SL y los sectores más pobres del campesinado, y
no evitó la expansión de las acciones armadas a otras zonas del país.
60. La CVR señala que, en agosto de 1989, las fuerzas armadas aprobaron la
sistematización de una estrategia contrasubversiva. La nueva estrategia distinguía
en los teatros de operaciones poblaciones amigas, neutrales y enemigas, y no
tenía como objetivo principal el control territorial sino la eliminación de las
Organizaciones Político-Administrativas (OPA) o comités populares senderistas;
ganar a la población y aislar a la fuerza militar del PCP-SL. La estrategia produjo

resultados decisivos, como alentar la reacción del campesinado contra el poder
senderista y la masificación de los comités de autodefensa, que cambiaron las
relaciones entre las fuerzas armadas y el campesinado.
61. En esta etapa las violaciones de derechos humanos fueron menos numerosas,
pero más deliberadas o planificadas que en la etapa anterior. Aparecieron,
además, escuadrones de la muerte cuya actividad llevó a que el Perú ocupara en
esos años el primer lugar en el mundo en desapariciones forzadas de personas.
62. La CVR señala que la nueva estrategia fue aprovechada por un grupo de
oficiales que, a su vez, diseñó planes para una posible interrupción castrense del
proceso político. Parte de esos planes autoritarios serían retomados
posteriormente para el golpe de Estado de 1992. Dichos proyectos
antidemocráticos expusieron a las fuerzas armadas dos grandes trastornos
institucionales: a) el uso de un modelo de política contrasubversiva y la imagen de
una fuerza armada victoriosa para justificar el golpe de Estado de 1992, y b) una
tregua con el narcotráfico al definir al PCP-SL como enemigo principal, que debía
ser aislado del campesinado cocalero. En algunos casos, y sobre todo a partir del
ascenso de Vladimiro Montesinos, esa tregua se convirtió en alianza.
63. La CVR concluye que la captura de Abimael Guzmán y la desarticulación del
PCP-SL y el MRTA no lograron evitar que la ética, el prestigio e incluso el
bienestar y la eficiencia de las fuerzas armadas quedaran seriamente mellados por
una cúpula que unió su suerte al gobierno dictatorial. Este proceso de
descomposición estuvo caracterizado por la actividad del Grupo Colina, la
persecución de oficiales disidentes, así como por la organización de un sistema de
corrupción, chantaje y espionaje político dentro de las propias fuerzas armadas
bajo la dirección de Vladimiro Montesinos.

64. La CVR ha encontrado que las fuerzas armadas fueron capaces de extraer
lecciones durante el proceso de violencia, las que le permitieron afinar su
estrategia de manera que ésta fuera más eficaz y menos propensa a la violación
masiva de los derechos humanos. Este aprendizaje se revela ostensiblemente en
el descenso de víctimas por acción de agentes del Estado precisamente en los
años más intensos del conflicto armado interno (1989-1993), mientras que durante
esos mismos años el PCP-SL desplegaba una desbordante violencia terrorista
contra los pueblos quechua y asháninka, y también contra la población urbana.
Ese aprendizaje, junto con la proliferación de los Comités de Autodefensa, la
inteligencia operativa policial y el respaldo de la ciudadanía, permite explicar la
derrota del PCP-SL.
C. Sobre la actuación de los comités de autodefensa
65. La CVR estima que, desde muy temprano, sectores del campesinado más
pobre, aquéllos que según los cálculos del PCP-SL debían haber sido sus aliados
principales, se levantaron contra un proyecto que no compartían y que se les
imponía por la fuerza. Comunidades como Uchuraccay y otras de las alturas de
Huanta se encuentran entre los ejemplos más conocidos. En algunos casos de
modo espontáneo, en otros por iniciativa de las fuerzas armadas, los productores
agrarios del valle del río Apurímac forma-ron los primeros comités de autodefensa
(CADs), que posteriormente se multiplicaron e infligieron en las áreas rurales su
primera derrota estratégica al PCP-SL.
66. La CVR reconoce el derecho de los campesinos a la autodefensa en el
contexto excepcional planteado por la agresión senderista. Constata, al mismo
tiempo, que en un número significativo de casos la formación de comités de
autodefensa se produjo por la presión y el amedrentamiento de las fuerzas
armadas y/o de otros CADs. En ocasiones, los CADs fueron más allá de tareas de

autodefensa y resultaron, de acuerdo con los hallazgos de la CVR, responsables
de crímenes que deben ser sancionados.
67. La CVR reconoce, sin embargo, que los CADs fueron un factor muy importante
en el desenlace del conflicto armado interno y rinde homenaje a los ronderos
caídos en defensa de sus comunidades y del país. Resalta, asimismo, que, una
vez terminado el conflicto armado, no se convirtieron en sicarios del narcotráfico,
ni pusieron su experiencia militar al servicio de otros actores implicados en
actividades ilícitas. La inmensa mayoría de los miembros de los CADs se ha
reintegrado a sus comunidades, y el país sigue teniendo una deuda con ellos. El
decreto legislativo 741 promulgado a fines de 1991, y su posterior reglamentación,
sólo les reconoce indemnizaciones a partir de la promulgación de la ley, y ha
beneficiado a un reducido número de deudos.
IV. EL PROCESO POLÍTICO Y LOS GOBIERNOS
68. La CVR diferencia en primer lugar los años que van entre 1980 y 1992, tramo
que transcurrió bajo regímenes civiles electos democráticamente, del tramo final
de nuestro mandato, posterior al golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Ese
cambio de régimen tiene una incidencia directa sobre las responsabilidades de las
máximas autoridades del Estado en torno a las violaciones de los derechos
humanos, pues la centralización del poder incide en la relación más directa en
principio entre el Presidente de la República y los grupos que operan encubiertos
por el poder para perpetrar esas violaciones.
69. La CVR considera que, dado el desarrollo de los hechos, marcado por la
creciente violencia del PCP-SL, era inevitable que el Estado utilizara sus fuerzas
armadas para hacerle frente y recurriera a declarar estados de emergencia,
considerados por la Constitución vigente para afrontar situaciones de grave riesgo.
La CVR deplora, sin embargo, que los gobiernos que así lo decidieron, no

tomasen las previsiones para impedir los atropellos de los derechos
fundamentales de la población.
70. La CVR es consciente de que todo este actuar de los gobiernos estaba
condicionado, tanto en su debilidad como en su improvisación, por fallas
profundas del Estado: i) su insuficiente cobertura territorial y densidad institucional;
ii) su falta de preparación para enfrentar un conflicto de esas características; iii) la
desconfianza que le provocaban significativos sectores de sus propios ciudadanos
y; iv) una creciente incapacidad para someterse a los marcos constitucionales y
legales de los que acababa de dotarse el país a través de la Constitución de 1979.
71. La CVR rinde por eso su homenaje a los dirigentes y militantes de los partidos
políticos democráticos que ofrendaron su vida o sufrieron maltrato por cumplir con
honestidad con sus deberes públicos. Nos referimos tanto a los militantes de los
partidos que gobernaron, así como a los que tuvieron responsabilidad
parlamentaria en las regiones y municipios. Debe destacarse especialmente a las
autoridades locales de los lugares más afectados por la violencia, que
mantuvieron la presencia del Estado peruano muchas veces a costa del máximo
sacrificio. Ellos deben ser un ejemplo para todos en esta nueva etapa de
búsqueda de democracia.
72. La CVR debe constatar, al mismo tiempo, una muy grave responsabilidad de
los gobiernos de esos años, así como de los partidos que tuvieron representación
en el Parlamento, los gobiernos locales y, entre 1989 y 1991, los gobiernos
regionales. En los primeros doce años del conflicto, las fuerzas policiales y las
fuerzas armadas se hicieron cargo del combate a la subversión a partir de
instrumentos legales aprobados por gobiernos civiles y dentro del marco de una
legislación antiterrorista promulgada por un Congreso elegido democráticamente.

73.La CVR ha recogido amplia evidencia de cómo en el combate a los grupos
subversivos se cometieron gravísimas y masivas violaciones de los derechos
humanos, lo que involucra en primer lugar a los gobiernos, que eran los
responsables del conjunto de la acción del Poder Ejecutivo, del cual dependen las
fuerzas del orden. Además de ello, los gobiernos civiles electos incurrieron en la
más grave responsabilidad al desatender las denuncias de violaciones de
derechos humanos o, en muchos casos, al garantizar la impunidad de los
responsables de las mismas.
74. La CVR encuentra que el primer punto de inflexión institucional en la
abdicación de la responsabilidad democrática por parte de los gobiernos estuvo en
la creación, por dispositivo legal, de los comandos político-militares. Ellos
subordinaron en la práctica al poder civil en las zonas declaradas en estado de
emergencia, pues terminaron asumiendo la conducción no sólo militar, sino
también política de la lucha contrasubversiva.
75. La CVR constata que la ley 24150 colocaba a militares y policías que actuaban
en provincias declaradas en estado de emergencia bajo la competencia de la
justicia militar, lo que favoreció la impunidad de los agentes del Estado
responsables de las violaciones de los derechos humanos. Del mismo modo, el
carácter permanente de una situación de excepción en cada vez más provincias
debilitó la democracia y creó un clima propicio para las violaciones de los
derechos humanos, así como un sentido común de la población y de las
autoridades civiles de esas zonas según el cual el poder reposaba en la autoridad
militar.
76. La CVR considera que la abdicación de la autoridad democrática culminó con
la legislación contrasubversiva aprobada después del golpe de Estado de abril de
1992. De acuerdo con ella, los jefes de los comandos político-militares no sólo
coordinaban y supervisaban, sino conducían las acciones en los campos no

militares. Esa legislación cambió el Sistema de Defensa Nacional, la ley del
Servicio de Inteligencia Nacional y la ley de situación militar. Esta última permitió
que los comandantes generales de las fuerzas armadas permanecieran en sus
cargos aún después de su fecha de retiro. La nueva legislación incluía, además,
penas y procedimientos que violaban las garantías del debido proceso, así como
la Constitución y tratados internacionales de los cuales el Perú era firmante: penas
mínimas desproporcionadas, nuevas figuras legales como terrorismo A.
Indiferencia y demanda de dureza
77. La CVR ha constatado, con pesar, que los gobiernos civiles no estuvieron
solos en esta concesión al uso indiscriminado de la fuerza como medio de
combate contra la subversión. Por el contrario, la proclividad de dichos gobiernos
a la solución militar sin control civil estuvo en consonancia con un considerable
sector de la sociedad peruana, principalmente el sector urbano medianamente
instruido, beneficiario de los servicios del Estado y habitante de zonas alejadas del
epicentro del conflicto. Este sector miró mayoritariamente con indiferencia o
reclamó una solución rápida, dispuesta a afrontar el costo social que era pagado
por los ciudadanos de las zonas rurales y más empobrecidas.
B. El gobierno de Acción Popular
78. La CVR expresa su reconocimiento especial a todas las víctimas
pertenecientes al partido de Acción Popular, muchas de las cuales fueron
autoridades locales que permanecieron en sus puestos a pesar de la intensidad de
la violencia. La CVR resalta, también, el esfuerzo realizado por el gobierno del
presidente Fernando Belaunde Terry por preservar el sistema democrático, las
elecciones locales y generales, y la libertad de prensa, en el contexto de una difícil
transición a un régimen democrático en medio del peor conflicto armado interno de
la historia republicana del país.

79. La CVR reconoce que el partido Acción Popular tuvo que enfrentar la
subversión en un escenario difícil por la complejidad del Estado
sobredimensionado legado por el gobierno militar, por la debilidad de un sistema
de partidos sin vida democrática significativa, por relaciones cívico-militares
marcadas por la distancia y la desconfianza y por la existencia de una izquierda de
gran tamaño y radicalidad.
80. La CVR recuerda que, en ese contexto, el presidente Belaunde propuso
diversas políticas de frente amplio, que sólo fueron aceptadas por su aliado, el
Partido Popular Cristiano. Los demás partidos optaron por mantener sus propios
perfiles. Ese desacuerdo dificultó enormemente la elaboración de una respuesta
unitaria a la amenaza subversiva.
81. La CVR encuentra que el conflicto armado interno fue considerado por varios
meses como un problema marginal que había tomado por sorpresa al Estado y a
todas las fuerzas políticas del país. Una vez que el incremento del número de
acciones subversivas armadas lo volvió inocultable, el gobierno de Acción Popular
y la oposición perdieron un valioso tiempo en atribuir las responsabilidades de los
hechos a partir de sus propias agendas políticas.12 Debe señalarse que el tiempo
perdido en diagnósticos errados o interesados fue crucial para el asentamiento del
PCP-SL en diversas áreas del campo ayacuchano, sin una respuesta estatal
organizada por el gobierno.
82. La CVR constata que el gobierno optó por enfrentar al PCP-SL con las fuerzas
policiales y con medidas de excepción que se prorrogaron ininterrumpidamente.
Las limitaciones de las fuerzas policiales, divididas en tres instituciones sin
coordinación entre ellas, desprovistas de equipamiento básico y sin el respaldo de
una política contrasubversiva coherente generaron, en poco tiempo, un rechazo de
la población que fue trasladado hacia el gobierno. Éste, ante la actividad cada vez

más violenta del PCP-SL, optó por ceder la conducción de la lucha
contrasubversiva a las fuerzas armadas a fines de 1982.
83. La CVR considera que la decisión adoptada por el gobierno de Acción Popular
inició un proceso de militarización que duró más de una década y que tuvo graves
consecuencias para el país. Con el establecimiento de comandos político-militares
y ante la inoperancia del poder político para contribuir en la lucha contrasubversiva
en los campos no militares, se produjo una subordinación de hecho de las
autoridades civiles locales a las estrategias contrasubversivas de las fuerzas
armadas.
84. La CVR ha establecido que la creación de los comandos político-militares y la
intervención de las fuerzas armadas se realizaron sin tomar las previsiones
indispensables por parte de la autoridad civil para salvaguardar los derechos
fundamentales de la población, lo que produjo como consecuencia numerosas
violaciones de los derechos humanos de manera sistemática y/o generalizada.
85. La CVR concluye que el gobierno de Acción Popular toleró estas violaciones
de los derechos humanos haciendo caso omiso de las numerosas denuncias por
diversas fuentes gubernamentales y de la sociedad civil. Tal es el caso de
matanzas como las de Putis, Pucayacu y Cabitos, entre las más notorias.
Asimismo, durante ese período de gravísima violencia, el Parlamento, con mayoría
del partido del gobierno, no nombró ninguna comisión investigadora. La única
comisión fue nombrada por el Ejecutivo para investigar la matanza de ocho
periodistas en la comunidad de Uchuraccay, donde la CVR ha constatado que
murieron, además, 135 campesinos quechuas en el transcurso del año posterior a
la masacre, la mayoría a manos del PCP-SL.
86. La CVR encuentra que esa injustificada tolerancia del gobierno de Acción
Popular hacia los atropellos a los derechos fundamentales de la ciudadanía se

sustentaba en la intención y la expectativa de acabar con la subversión en el corto
plazo, sin considerar su costo en vidas humanas. Dicha política fue ratificada por
la ley 24150 promulgada en 1985.
87. La CVR encuentra responsabilidad política en el gobierno de Acción Popular
por su tolerancia a las violaciones de derechos humanos cometidas por parte del
Estado, principalmente contra la población indígena, la más desprotegida y
marginada del país, y halla en ella una lamentable muestra de esos hábitos de
discriminación y racismo existentes en la sociedad peruana.
88. Las cifras de la CVR revelan que, según un análisis por año, entre 1983 y
1984 se produjo la mayor cantidad de muertes de todo el conflicto, causadas por
las campañas de asesinatos del PCP-SL y la cruenta respuesta oficial, que según
los cálculos de la CVR dejaron 19,468 víctimas fatales, es decir, 28 por ciento del
total estimado para todo el conflicto armado interno. Estas cifras pasaron casi
inadvertidas para el resto del país, debido a las graves fracturas étnicas de
nuestra sociedad.
C. El gobierno del Partido Aprista Peruano
pertenecientes al Partido Aprista Peruano (PAP), muchas de las cuales fueron
autoridades locales que permanecieron en sus puestos a pesar de la intensidad de
la violencia. La CVR resalta, también, el esfuerzo realizado por el gobierno del
presidente Alan García Pérez por preservar el sistema democrático, las elecciones
locales y generales y la libertad de prensa, en el contexto de una difícil situación
en medio del peor conflicto armado interno de la historia republicana del país.
90. La CVR considera que, al asumir el doctor Alan García Pérez el gobierno en
julio de 1985, impulsó una serie de políticas sociales para reorientar la estrategia

contrasubversiva en marcha. El objetivo explícito fue derrotar a la subversión
mediante políticas de desarrollo dirigidas a los campesinos y a las regiones más
pobres. El nuevo gobierno asumió como propias las críticas a la actuación de las
fuerzas armadas que se venían haciendo desde el período gubernamental previo.
91. Esta política, de respeto a los derechos humanos y de denuncia de las
violaciones de los mismos, se expresó, por ejemplo, en las sanciones aplicadas a
los jefes militares responsables de la matanza de Accomarca (agosto de 1985). El
gobierno buscó así el control civil sobre la acción militar. Creó, asimismo, una
Comisión de Paz y llevó adelante iniciativas en el campo de la unificación policial y
la creación del Ministerio de Defensa.
92. La CVR considera, sin embargo, que la llamada «masacre de los penales»
ocurridas los días 18 y 19 de junio de 1986 en los centros penitenciarios de
Lurigancho y El Frontón marcó una inflexión en el esfuerzo del gobierno del PAP
por imponer desde el poder civil un nuevo esquema de respeto de los derechos
humanos por las fuerzas del orden. La CVR ha constatado que, a partir de los
sucesos mencionados, las fuerzas armadas actuaron con mayor autonomía en su
actividad contrasubversiva, sin que el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo las
proveyeran de un marco legal para ello.
93. La CVR encuentra grave responsabilidad política en el gobierno del PAP en
relación con estos casos, sin perjuicio de otras responsabilidades individuales que
sean determinadas en otras instancias judiciales nacionales o internacionales.
94. La CVR considera el encubrimiento de la matanza de Cayara, ocurrida en
mayo de 1988, como paradigmático de la nueva actitud del partido de gobierno
frente a la actuación de las fuerzas armadas en la lucha contrasubversiva. La
comisión investigadora conformada en el Senado de la República, presidida por el
parlamentario del PAP Carlos Enrique Melgar, dictaminó que la matanza no había

ocurrido, mientras que la minoría de dicha comisión y un fiscal aseguraban lo
contrario. El dictamen, no obstan-te, fue aprobado por la mayoría aprista. Las
investigaciones de la CVR confirman la matanza de Cayara y encuentran
responsabilidad política en el PAP por colaborar en el encubrimiento de dicha
masacre.
95. La CVR ha constatado que el gobierno del PAP puso en marcha un proceso
de reorganización de las tres instituciones policiales existentes, atendiendo a
reclamaciones sobre la crisis de corrupción e ineficiencia. Ello derivó en lo que
más adelante sería la policía nacional. El PAP tuvo un especial interés en controlar
a la policía a través del Ministerio del Interior. En el proceso se crearon nuevas
unidades como la Dirección de Operaciones Especiales (DOES), preparada para
la lucha contrasubversiva y se fortaleció el trabajo de inteligencia contra el
terrorismo.
96. La CVR estima que la aguda crisis económica y política que vivió el Perú a
partir de 1988 favoreció el desarrollo de las agrupaciones subversivas y la
vorágine de violencia. El fracaso del programa económico y el inicio de la
hiperinflación llevaron a una situación de grave inestabilidad en el país. Desde el
fallido intento de estatización de la banca, el gobierno perdió el respaldo de los
grupos empresariales y financieros del país. Las marchas y contramarchas en las
políticas económicas agudizaron la tensión social existente, agravada por el
colapso de los servicios básicos. El PCP-SL aprovechó esos espacios de
descontento para iniciar sus propias marchas de protesta hasta en la misma
capital.
97. La CVR ha recogido testimonios que sugieren la existencia de policías
vinculados a actividades de escuadrones de la muerte y comandos paramilitares
utilizados contra presuntos subversivos. Una serie de sucesos, como la aparición
del mal llamado «Comando Rodrigo Franco», el enfrentamiento entre una patrulla

del Ejército y una columna del MRTA en el paraje de Los Molinos, el ataque del
PCP-SL al puesto policial de Uchiza, la vacancia de cargos municipales en 1989 y
el escape de los miembros del MRTA del penal Castro Castro en 1990, entre
otros, potenciaron la imagen de desgobierno y caos en el país. Al mismo tiempo,
sin embargo, se llevaron a cabo tres elecciones nacionales entre noviembre de
1989 y junio de 1990. El descontento de las fuerzas armadas fue grande, por lo
que se produjo inclusive un intento de golpe de Estado. La CVR concluye que, al
producirse la crisis, el gobierno perdió el control de la política contrasubversiva,
salvo en algunas áreas del trabajo policial que fueron muy exitosas como la del
Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que, a la postre, rendiría los mayores frutos
en cuanto a capturas de líderes subversivos.
D. Los gobiernos de Alberto Fujimori
98. La CVR ha constatado que en las elecciones presidenciales de 1990, que se
produjeron en medio de una crisis generalizada, el desprestigio de los partidos y la
pérdida de confianza en las organizaciones políticas facilitaron el triunfo del
ingeniero Alberto Fujimori, un candidato independiente que rápidamente reveló su
menosprecio por la democracia. En ningún momento construyó una organización
política que lo respaldara. Para enfrentar los dos grandes problemas que
heredaba la crisis económica y el avance de la subversión, encargó los asuntos
económicos a grupos de tecnócratas y asumió como suya la estrategia
contrasubversiva de las fuerzas armadas perfilada a finales de la década de 1980.
Igualmente, convocó a operadores de inteligencia militar; el más conocido de los
cuales fue Vladimiro Montesinos. Con la participación de éste, el nuevo régimen
comenzó a fortalecer el Servicio de Inteligencia Nacional y se aseguró la lealtad de
las cúpulas militares para convertirlas en pilares de su gestión.
99. La CVR concluye que el golpe de estado del 5 de abril de 1992 significó el
colapso del Estado de Derecho y mostró además la debilidad del sistema de

partidos; el golpe contó con el apoyo de la mayoría de la opinión pública. En medio
de la ofensiva urbana del PCP-SL, sectores importantes de todos los estratos
sociales se mostraron dispuestos a trocar democracia por seguridad y a tolerar las
violaciones a los derechos humanos como el costo necesario para terminar con la
subversión.
100. La CVR ha constatado que, a partir de 1992, la nueva estrategia
contrasubversiva puso énfasis en la eliminación selectiva de las organizaciones
político-administrativas (OPA) de los grupos subversivos. Vinculado a Vladimiro
Montesinos actuó un escuadrón de la muerte denominado “Colina”, responsable
de asesinatos, desapariciones forzadas, y masacres con crueldad y
ensañamiento. La CVR posee indicios razonables para afirmar que el presidente
Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN
tienen responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones forzadas y
masacres perpetradas por el escuadrón de la muerte denominado “Colina”.
101. La CVR sostiene que la DINCOTE, gracias a la experiencia acumulada desde
fines de la década anterior y el énfasis puesto en el trabajo de inteligencia, mostró
por esa misma época facetas más constructivas y eficaces, que desembocaron en
la captura de Víctor Polay, principal dirigente del MRTA, y en la de Abimael
Guzmán y miembros del Buró Político del Comité Central del PCP-SL, el 12 de
septiembre de 1992. La CVR concluye que las capturas de los líderes máximos
del PCP-SL y del MRTA no fueron utilizadas por el gobierno para acelerar la
derrota de la subversión, sino para obtener réditos electorales.
102. Asimismo, la CVR señala la utilización dada al operativo Chavín de Huántar,
que se realizó para rescatar a las personas secuestradas por el MRTA en la
residencia del embajador del Japón en diciembre de 1996. La CVR expresa su
repudio a esa acción terrorista que mantuvo cautivos durante más de cuatro
meses a decenas de personas. Reconoce el derecho del Estado a rescatar a los

rehenes allí recluidos y saluda el heroísmo y la eficiencia de los comandos que
culminaron con éxito el operativo de rescate, y rinde homenaje a los miembros del
Ejército fallecidos en dicha acción, así como al doctor Carlos Giusti, vocal de la
Corte Suprema que falleció durante la operación. Condena, sin embargo, las
ejecuciones extrajudiciales que se habrían producido, injustificadas por tratarse de
personas rendidas, y comparte el rechazo de la opinión pública a las imágenes de
Alberto Fujimori paseándose entre los cadáveres en la residencia recién
rescatada.
103. La CVR afirma que en los años siguientes, diversos hechos, algunos ciertos,
la mayo-ría manipulados en los medios de comunicación, sirvieron para crear y
recrear exageradamente el terrorismo como una amenaza latente, para justificar el
autoritarismo del régimen y para desprestigiar a los opositores. La interceptación
telefónica a políticos opositores, el acoso al periodismo independiente, el
sometimiento y perversión final de la mayoría de medios de comunicación, los
atentados y crímenes incluso contra miembros del propio SIN, así como la
desvirtuación de operaciones legítimas como el mencionado operativo Chavín de
Huántar, llevan el sello del gobierno autoritario de Alberto Fujimori.
104. Por lo expuesto, la CVR sostiene que en los últimos años del gobierno de
Fujimori el conflicto armado interno fue manipulado con la finalidad de hacer que el
régimen permaneciera en el poder. Ello sumió al país en una nueva crisis
económica y en abismos de corrupción, descomposición moral, debilitamiento del
tejido social e institucional, y una profunda desconfianza en la esfera pública.
Todos estos rasgos constituyen, por lo menos en parte, secuelas de la forma
autoritaria en que se resolvió el conflicto y configuran uno de los momentos de
mayor oprobio de la historia de la República.

E. Los partidos de izquierda
pertenecientes a los partidos que conformaron la alianza Izquierda Unida, muchas
de las cuales fueron autoridades locales que permanecieron en sus puestos a
pesar de la intensidad de la violencia. La CVR resalta, también, que IU fue un
canal de representación política de amplios sectores populares y movimientos
sociales hasta entonces no incluidos en la agenda nacional. De esta forma, en
muchas zonas del país, militantes de izquierda fueron un freno para el avance del
PCP-SL.
106. La CVR ha constatado que la alianza Izquierda Unida (IU) fue la segunda
fuerza electoral durante la mayor parte de la década de 1980, tuvo representación
en el Parlamento, responsabilidad en gobiernos locales y, entre 1989 y 1992, en
los gobiernos regionales.
107. La CVR ha constatado que, durante la década de 1970, la mayor parte de las
organizaciones que luego conformarían IU compartieron con diversos matices un
discurso y una estrategia que privilegiaba la toma del poder por la vía de la lucha
armada. En el contexto de grandes movilizaciones sociales y apertura democrática
de fines de los años 70, algunas de estas organizaciones iniciaron un viraje que
las llevó a valorar positivamente la vía electoral y la democracia representativa.
108. La CVR hace notar, sin embargo, que un deslinde ideológico insuficiente y en
muchos casos tardío colocó a la mayoría de los partidos miembros de IU en una
situación ambigua frente a las acciones del PCP-SL y más aún del MRTA. Esta
ambigüedad hizo difícil para sus líderes, y también para las dirigencias sociales
sobre las cuales IU tenía in-fluencia, dar la lucha ideológica contra las
concepciones violentistas del PCP-SL o del MRTA.

109. La CVR constata que la izquierda formuló denuncias de las violaciones de los
derechos humanos cometidos por el Estado. Sin embargo, no dio el mismo
tratamiento a aquéllas cometidas por los grupos subversivos, especialmente por el
MRTA. Hubo dos agrupaciones que mantuvieron hasta el final la posibilidad del
recurso a la violencia para tomar el poder. Esto fue, en última instancia, lo que
produjo la división de la izquierda entre supuestos reformistas y revolucionarios.
110. Para la CVR, sin que ello fuera una posición generalizada, sectores de la
izquierda entendieron su participación en el parlamento y en los municipios como
una tribuna de agitación y propaganda para demostrar las limitaciones de las
instituciones demo-burguesas.
111. La CVR señala que, en el plano político, el sectarismo y la ineficacia de los
partidos y de los independientes que conformaban IU, así como la dificultad para
poner los intereses del país por encima de los grupos o personalidades que la
integraban, impidió que ella fuera más allá de su carácter de alianza electoral,
para convertirse en frente programático que representara y ofreciera una
alternativa de transformación pacífica y democrática a sus militantes y al país. Ese
límite se mantuvo incluso en su momento de mayor presencia electoral, le impidió
luego diferenciarse de la política del gobierno aprista, y terminó dividiéndola en
1989. La división desconcertó a sus seguidores y resquebrajó el dique de
contención que significaba IU en amplios sectores populares; ello favoreció el
avance de los grupos subversivos y posteriormente del fujimorismo.
112. Sin embargo, la CVR resalta el papel positivo de la temprana denuncia de las
violaciones de los derechos humanos por parte de IU, tanto a través de sus
partidos integrantes como de las organizaciones sociales en las cuales tenía
presencia y de sus representantes en el Parlamento, que tuvieron un destacado
papel en las más importantes comisiones investigadoras del Congreso sobre

temas vinculados al conflicto armado in-terno (la matanza de los penales, los
grupos paramilitares, las causas de la violencia).
113. La CVR deja constancia, además, de que numerosos miembros de IU,
especialmente militantes de base de provincias en períodos electorales, cayeron
víctimas de las fuer-zas del orden que no distinguieron entre izquierdaunidistas y
subversivos. Asimismo, queda claro para la CVR que IU no fue nunca fachada
legal del PCP-SL, ni de manera orgánica ni oficiosa. Conforme avanzaba la
década, IU denunció crecientemente la ideología y los métodos del PCP-SL, quien
asesinó un número significativo de dirigentes sociales de las filas de IU, algunos
de ellos líderes de importantes gremios nacionales.
F. El Poder Legislativo
114. La CVR ha constatado que los problemas del Estado para enfrentar el
conflicto armado interno también se presentaron en el Poder Legislativo. Las
fuerzas políticas allí re-presentadas no tuvieron ni presentaron iniciativas sobre
cómo enfrentar de una manera integral a los grupos subversivos hasta bien
avanzado el conflicto (1991).
115. La CVR deja constancia de que durante toda la década de 1980 el Congreso
funcionó con mayorías de los respectivos partidos de gobierno en cada período. A
través de ellas, los gobiernos inhibieron o debilitaron las capacidades de
fiscalización y de formulación legal. Así, el Parlamento 1980-1985 no cumplió con
su función constitucional de fiscalización, al renunciar a ejercer control sobre lo
que en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac venía sucediendo a propósito del
conflicto. Encontrándose en este período la mayor cantidad de peruanos muertos
o desaparecidos a causa de la guerra, el Congreso no efectuó ninguna
investigación sobre las violaciones a los derechos humanos que tanto el PCP-SL
como las fuerzas del orden iban acumulando impunemente.

116. La CVR debe señalar que frente a la militarización del conflicto, el Congreso
no planteó ninguna alternativa o plan viable. La principal actividad normativa
estuvo a cargo del Ejecutivo. Y cuando, finalmente, el Congreso retomó dicha
función, no hizo sino reafirmar su escasa voluntad de comprometerse a encontrar
una respuesta severa y eficaz frente al fenómeno subversivo.
117. La CVR señala que la aprobación por el Congreso de la ley 24150 que
establecía las normas que debían cumplirse en los estado de excepción normas
por las cuales las fuerzas armadas asumían el control del orden interno en todo el
territorio o en parte de él legalizó lo que en los hechos venía sucediendo,
inhibiendo a la autoridad civil en beneficio de la militar. Así, esta decisión condujo
al debilitamiento del poder democrático civil y a la reducción de la política
contrasubversiva a un ámbito de represión y control militar.
118. Sin embargo, la CVR debe anotar que a partir de 1985 funcionaron
comisiones investigadoras sobre casos de gran impacto en la opinión pública.
Aunque ninguna logró quebrar el círculo de la impunidad, los debates
parlamentarios y los dictámenes en minoría generaron corrientes importantes de
opinión pública en contra de las violaciones de los derechos humanos. No
obstante, si bien el Congreso llevó adelante la investigación de importantes casos
de violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas del orden, no
hizo un esfuerzo similar para investigar y demandar sanción sobre terribles casos
de violaciones perpetradas por el PCP-SL.
119. La CVR anota que, en el Congreso surgido a partir de las elecciones de
1990, el Ejecutivo careció por primera vez de mayoría propia. Aprovechando el
desgaste de los partidos políticos y el desprestigio del Legislativo, el gobierno de
Alberto Fujimori, y los promotores de una política contrasubversiva autoritaria y
militarizada, sobredimensionaron su ineficacia y sus problemas, y no tuvieron
reparos en presentar al Congreso como parte del campo enemigo; esta idea era

coincidente con la del PCP-SL, que entendía al Congreso como un reducto del
revisionismo y parte del viejo Estado que había que destruir.
120. La CVR halla que, entre 1990 y 1992, el Congreso adquirió otra fisonomía. El
que no existiese una mayoría del partido de gobierno y el avance de la subversión
empujaban a una mayor concertación y a participar de manera más activa en el
diseño de una política contrasubversiva dentro de marcos democráticos. Esa
nueva actitud se hizo visible en el debate sobre legislación contrasubversiva de
noviembre de 1991. De otro lado, en materia de su función de control
parlamentario, el Congreso de 1990-1992 intervino en situaciones de violaciones
de derechos humanos en el conflicto armado interno. Sin embargo, el golpe de
Estado de abril de 1992, que cerró el Parlamento con la anuencia de un sector
mayoritario de la opinión pública, mostró que ése fue un esfuerzo tardío e
insuficiente para controlar a los poderes fácticos y corrientes autoritarias del país.
Para entonces los partidos políticos parlamentarios evidenciaban claros signos de
agotamiento y crisis.
121. La CVR considera que, después del golpe de Estado de 1992, el Congreso
careció de capacidad de fiscalización, tanto por el recorte constitucional de sus
atribuciones como por la mayoría parlamentaria absoluta que mantuvo la bancada
del gobierno hasta el año 2000. La pálida labor parlamentaria en la lucha
contrasubversiva se vio agravada por el desarrollo de un proceso de manipulación
normativa nociva para la sociedad, que buscó, entre otras cosas, montar un
aparato que garantizara la impunidad a las violaciones de los derechos humanos
cometidas por agentes estatales.
122. A la CVR le ha sido dado constatar que, en muchos casos, la mayoría
oficialista del Congreso después del golpe de Estado, a pesar de la actitud valiente
de congresistas de la oposición, no sólo abdicó su función constitucional de
fiscalización, sino que avaló y promovió el encubrimiento y la impunidad. Un hito

en ese proceso fue la aprobación de la ley 26479, ley general de amnistía
(15.06.95). El Parlamento se convirtió en la práctica en una caja de resonancia de
los planteamientos del Poder Ejecutivo y del SIN.
G. El Poder Judicial
123. La CVR debe indicar que la abdicación de la autoridad democrática incluyó
las funciones propias de la administración de justicia. El sistema judicial no
cumplió con su misión adecuadamente; ni para la condena dentro de la ley de las
acciones de los grupos subversivos, ni para la cautela de los derechos de las
personas detenidas, ni para poner coto a la impunidad con que actuaban los
agentes del Estado que cometían graves violaciones de los derechos humanos.
En el primer caso, el Poder Judicial se ganó la imagen de una ineficiente coladera
que liberaba a culpables y condenaba a inocentes; en el segundo caso, sus
agentes incumplieron el papel de garante de los derechos de los detenidos,
coadyuvando a la comisión de graves violaciones a los derechos a la vida y a la
integridad física; por último, se abstuvieron de llevar a la justicia a miembros de las
fuerzas armadas acusados de graves delitos, fallando sistemáticamente cada
contienda de competencia a favor del fuero militar, donde las situaciones
quedaban en la impunidad.
124. La CVR debe, empero, precisar que el Sistema Judicial adolecía de
problemas estructurales que determinaban su ineficiencia. Sin embargo, a ello
debe sumarse la actuación negligente de algunos operadores de justicia que
hicieron más grave dicha situación.
125. La CVR deja constancia de que la situación judicial del Perú se agravó luego
del gol-pe de Estado de 1992, cuando a las condiciones mencionadas se
sumaron: una clara intromisión en la capacidad de autogobierno a partir de ceses
masivos de magistrados, nombramientos provisionales y la creación de órganos

de gestión ajenos a la estructura del sistema judicial, además de la inoperancia del
Tribunal Constitucional.
126. La CVR deja constancia de la deficiente legislación que aplicaba el sistema
judicial. Entre 1980 y 1992 incidieron fuertemente en esta situación: la tipificación
amplia e imprecisa del delito de terrorismo y la mediatización de la labor del
Ministerio Público en la etapa de investigación preliminar, subordinando la labor
garantista del fiscal. Luego del golpe de Estado de 1992, la situación se agravó
debido a que la nueva legislación antiterrorista se caracterizaba por la sobre
criminalización del terrorismo a través de la flexibilización del concepto y la
creación de tipos penales nuevos con los que se procesaba en distintos fueros y
se imponían penas distintas por la misma conducta; la falta de proporcionalidad de
las penas; la seria limitación de la capacidad de defensa de los detenidos; y la
atribución de competencia a los tribunales militares en el juzgamiento de los
delitos de traición a la patria.
127. La CVR ha constatado que, abdicando su propia competencia, el Poder
Judicial, a través de la Corte Suprema, falló en toda ocasión en que los acusados
eran miembros de las fuerzas armadas, a favor de la justicia militar, donde los
casos por lo general se sobreseían, se prolongaban innecesariamente o
terminaban generando condenas benévolas.
128. Otra práctica generalizada que la CVR ha comprobado consiste en que los
operadores de justicia incurrieron en falta contra su deber de cautelar los derechos
de los ciudadanos al declarar improcedentes los recursos de habeas corpus. El
tribunal de garantías constitucionales vigente hasta 1991 evitó sistemáticamente
llegar a sentencias fundadas. Esta situación contribuyó en no poca medida a que
las detenciones arbitrarias culminasen en torturas, ejecuciones arbitrarias y
desapariciones forzadas.

129. La CVR considera que la dictadura de Alberto Fujimori pretendió legalizar de
forma espuria la impunidad a las violaciones de los derechos humanos realizadas
por agentes del Estado, logrando que el Congreso Constituyente Democrático
aprobase por mayoría dos leyes de amnistía que vulneraban disposiciones
constitucionales y tratados internacionales soberanamente ratificados por el Perú.
Salvo una honrosa excepción, 15 que consistió en inaplicar la norma por vulnerar
disposiciones constitucionales y tratados internacionales, los jueces renunciaron a
su facultad de aplicar el control difuso de la constitucionalidad de las leyes.
130. La CVR ha constatado que el resultado de la aplicación estricta y acrítica de
la legislación antiterrorista de 1992 permitió que en el procesamiento de detenidos
no se garantizara la imparcialidad de los juicios. Cientos de personas inocentes
tuvieron que sufrir largas condenas, la violación de las garantías al debido proceso
arrojó una sombra de duda sobre los procesos realizados. El descrédito sufrido
por el sistema judicial durante el régimen presidido por Alberto Fujimori
desembocó en un favor a los verdaderos subversivos cuando, años después, el
Estado tuvo que realizar nuevos juicios a partir de pruebas escasas. De otro lado,
los sentenciados por terrorismo sufrieron las condiciones vejatorias de la dignidad
humana de las cárceles en las que los recluyeron, que no conducían en absoluto a
su rehabilitación. La situación carcelaria, en efecto, poco atendida por los jueces
de ejecución penal, dio lugar a motines y masacres en 1985, 1986 y 1992.
131. La CVR debe indicar que el Ministerio Público salvo honrosas excepciones
abdicó su función de controlar el estricto respeto a los derechos humanos que
debía observarse en las detenciones y se mostró insensible a los pedidos de los
familiares de las víctimas. Por el contrario, se omitió el deber de denunciar
crímenes, se investigó sin energía y se realizaron muy deficientes trabajos
forenses; todo lo cual coadyuvó a la situación de descontrol e impunidad. Bajo la

dictadura de Fujimori, la obsecuencia del Ministerio Público ante los imperativos
del Poder Ejecutivo fue total.
V. EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A. Sobre los gremios
132. La CVR ha constatado la agresión violenta de parte de los grupos
subversivos a di-versos sindicatos y empresas. En el informe de la CVR constan
los asesinatos de dirigentes sindicales, empresarios y funcionarios de empresas.
133. La CVR estima que mientras el PCP-SL exacerbó los conflictos laborales y se
propuso como objetivo la destrucción de los sindicatos existentes, el MRTA buscó
utilizar los sindicatos para sus fines subversivos.
134. La CVR concluye también que las prácticas o concepciones antidemocráticas
en sindicatos y gremios empresariales condujeron a la descalificación mutua a lo
largo del conflicto armado, lo que ocasionó el cuestionamiento de la
representatividad y legitimidad de las organizaciones gremiales.
135. La CVR ha constatado que el papel del Estado como árbitro entre los
conflictos laborales fue de marcada ineptitud, pues una burocracia ineficiente y
propensa a la corrupción, la ausencia de reglas claras, una legislación engorrosa,
entre otros factores, dificultaron las negociaciones y provocaron que los problemas
se agravaran.
B. Sobre sistema educativo y magisterio
136. La CVR ha comprobado que el Estado descuidó desde décadas el tema
educativo. Hubo proyectos modernizadores en la década del 60 pero fracasaron.
Ni la ley universitaria ni la reforma educativa de 1972 lograron revertir esta

tendencia. Tampoco neutralizaron el predominio de pedagogías tradicionales
autoritarias. En aquellos espacios que el Estado fue dejando en su repliegue,
germinaron nuevas propuestas. Ellas propugnaban un cambio radical, no
asimilable por el sistema social y político, sólo alcanzable por la vía de la
confrontación y sustentado en un marxismo dogmático y simplificado, que se
expandió ampliamente en las universidades durante la década de 1970. Esos
nuevos contenidos se transmitieron utilizando los viejos marcos pedagógicos
autoritarios que no fueron cuestionados.
137. La CVR ha comprobado que, entre muchos maestros y estudiantes
universitarios, se volvió parte del sentido común considerar el cumplimiento fatal
de la historia a través de la vía de la confrontación. Esa visión abrió espacios para
el desarrollo de propuestas autoritarias de extrema izquierda. La del PCP-SL fue
sólo la más extrema.
138. La CVR ha comprobado que, en ese contexto, el PCP-SL buscó
instrumentalizar las instituciones educativas: universidades, colegios secundarios,
institutos superiores e incluso academias preuniversitarias. El sentido común
dogmático y la ambigüedad de los grupos radicales frente a la violencia le fueron
favorables. A través del amedrentamiento o la cooptación logró ubicar maestros en
colegios donde le interesaba realizar una labor proselitista. Aprovechando y
alimentando una versión maximalista de la autonomía universitaria, accedió en
algunos casos a las direcciones de Bienestar Universitario o, al menos, encontró
un santuario en viviendas y comedores. Allí desarrolló un proselitismo sustentado
en prácticas como el clientelismo y la movilización de los sentimientos de
discriminación y agravio de los estudiantes pobres y provincianos, que utilizaban
mayormente esos servicios. A esa población universitaria, carente redes sociales
en sus lugares de estudio, les ofrecía además identidad y sentido de pertenencia.

139. La CVR encuentra una grave responsabilidad del Estado: i) en el descuido de
la educación pública en medio de un conflicto que tenía al sistema educativo como
importante terreno de disputa ideológica y simbólica; ii) en el amedrentamiento y/o
la estigmatización de comunidades enteras de maestros y estudiantes de
universidades públicas, especialmente de provincias16; iii) en el deterioro de la
infraestructura de servicios de varias universidades públicas; iv) en haber
permitido graves violaciones de los derechos humanos de estudiantes y
profesores por el hecho de ser tales.17
140. La CVR repudia los crímenes cometidos contra estudiantes, profesores y
trabajadores, al margen de su filiación política. Condena especialmente la
matanza de más de cien estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad
Nacional del Centro (UNCP), por los diferentes actores de la guerra incluyendo
escuadrones de la muerte enfrentados en un fuego cruzado y confuso. Condena,
asimismo, la masacre de ocho estudiantes y un profesor de la Universidad
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en julio de 1992 y la
posterior amnistía de los perpetrado-res, miembros del escuadrón de la muerte
denominado “Colina” en 1995. Señala, a partir de sus investigaciones, que
además de las ya mencionadas, las universidades de San Cristóbal de
Huamanga, Hermilio Valdizán de Huánuco, Callao, Huacho y San Marcos, entre
otras, resultaron afectadas por la estrategia contrasubversiva de detenciones-
desapariciones y destrucción de infraestructura y, durante el régimen autoritario de
la década de 1990, por la instalación de bases militares en los campus
universitarios.
C. Sobre el papel de las iglesias
141. La CVR a través de numerosos testimonios recogidos, audiencias y estudios
realizados, ha constatado que, durante el proceso de la violencia, las iglesias
Católica y evangélicas contribuyeron a proteger a la población de crímenes y

violaciones de los derechos humanos. Institucionalmente, la Iglesia Católica
condenó desde temprano la violencia de los grupos alzados en armas e
igualmente las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado. Estas
posturas se concretaron en actividades en defensa de los derechos humanos y en
denuncias de las violaciones. Éstas se iniciaron muy temprano en el proceso a
través de organizaciones como la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y
otras. La CVR ha llegado a la conclusión de que muchas vidas fueron salvadas y
muchos otros atropellos fueron impedidos gracias al concurso de estas
organizaciones, así como de religiosos y laicos individuales, más allá de
orientaciones teológicas o pastorales. En departamentos como Puno, Cajamarca,
Ancash, Ucayali o Amazonas, el papel de sacerdotes, laicos y catequistas
contribuyó a fortalecer el tejido social y construir una barrera que debilitó el avance
del PCP-SL y el desborde de la denominada guerra sucia.
142. La CVR ha encontrado, sin embargo, que la defensa de los derechos
humanos no fue firme en el arzobispado de Ayacucho durante la mayor parte del
conflicto armado. Durante buena parte del conflicto dicho arzobispado puso
obstáculos a la labor de organizaciones de la Iglesia vinculadas al tema, a la vez
que negaba la existencia de violaciones de los derechos humanos cometidas en
su jurisdicción. La CVR deplora que algunas autoridades eclesiásticas de
Ayacucho, Huancavelica y Abancay no hayan cumplido con su compromiso
pastoral.
143. La CVR ha concluido que las iglesias evangélicas cumplieron también un
valioso papel de protección de los derechos humanos, principalmente, a partir de
sus instancias de coordinación nacional. Reconoce, asimismo, el valor de los
pastores que cumplieron esa labor de defensa de la vida en zonas periféricas de
las grandes ciudades y en zonas rurales muy apartadas. Constata también que un
número significativo de campesinos evangélicos participaron en comités de

autodefensa que enfrentaron a la subversión. Sin embargo, lamenta que algunas
comunidades evangélicas no se hayan hecho eco de la defensa de los derechos
humanos.
144. La CVR rinde homenaje a sacerdotes, religiosos y religiosas, fieles católicos y
evangélicos que pagaron con su vida su labor pastoral durante el conflicto armado
interno.
D. Sobre las organizaciones defensoras de los derechos humanos
145. La CVR ha concluido que, a lo largo del conflicto, decenas de asociaciones
de la sociedad civil mantuvieron viva la capacidad de indignación ante lo que
ocurría y crearon un eficaz movimiento a favor de los derechos humanos que,
organizado alrededor de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), se convirtió pese a una permanente satanización en su contra en un
referente ético en el escenario nacional y en un efectivo recurso para que las
víctimas pudiesen avanzar en su objetivo de alcanzar la verdad y exigir la justicia.
La CVR está convencida de que el país tiene con las organizaciones de derechos
humanos una deuda de gratitud porque, al ejercer el derecho democrático de
fiscalizar a las fuerzas del orden, contribuyeron a controlar algunos de los
aspectos más brutales del conflicto y a ganar para la lucha democrática del pueblo
peruano una amplia solidaridad internacional.
146. De acuerdo con la tradición del movimiento internacional de derechos
humanos, en los primeros años del conflicto los organismos peruanos defensores
de los derechos humanos centraron su crítica fundamentalmente en el Estado,
cuyas acciones se enmarcan dentro de un ordenamiento legal que deben respetar,
que es además signatario de tratados internacionales y debe, sobre todo,
responder por la seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, a mediados de la
década de 1980, los organismos que conformaron la CNDH establecieron sus

diferencias con las organizaciones de fachada de los grupos subversivos.18
Posteriormente, se negaron a defender legalmente a militantes o líderes de dichos
grupos e influyeron activa y exitosamente en el movimiento internacional de
derechos humanos para que sus organismos incluyan dentro de sus críticas y
monitoreo a los grupos subversivos, tanto peruanos como de todo el mundo.
147. La CVR ha constatado también que, a diferencia de otros países donde se
dieron conflictos armados internos, las organizaciones de víctimas existieron en
condiciones de debilidad. Ello porque en la mayoría de los casos las víctimas eran
campesinos pobres, con poca conciencia de sus derechos, con un difícil acceso a
la justicia, con débiles redes sociales y con escasos contactos urbanos. Esta
debilidad favoreció la impunidad de los perpetradores de crímenes y violaciones
de los derechos humanos.
148. En este contexto, la CVR destaca y reconoce la persistencia de la Asociación
Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú
(ANFASEP), conformada en su abrumadora mayoría por mujeres ayacuchanas
quechuahablantes de escasos recursos. Aun en los peores momentos, con
tenacidad y valentía, dichas mujeres mantuvieron viva la llama de la esperanza en
la recuperación de sus seres queridos y en la aplicación de justicia para los
responsables de su desaparición.
E. Sobre los medios de comunicación
149. La Comisión de la Verdad y Reconciliación constata que a lo largo del
conflicto armado interno los medios de comunicación jugaron un papel muy
importante. Durante esos años el trabajo de investigación periodística fue
abundante, valiente y en algunos casos, como el de la masacre de La Cantuta
(julio 1992), indispensable para encontrar a los responsables de los crímenes.
Muchas veces, en esas investigaciones los periodistas arriesgaron la vida y,

desgraciadamente, en varias ocasiones la perdieron. La CVR rinde homenaje a los
periodistas asesinados durante el conflicto armado interno en cumplimiento de su
deber. Hace mención particular a los mártires de Uchuraccay, primeros periodistas
caídos en el cumplimiento de su deber en circunstancias especialmente trágicas.
Asimismo, reconoce de manera especial la contribución al esclarecimiento de
hechos y a las denuncias de crímenes y violaciones a los derechos humanos por
parte de los periodistas que en las provincias declaradas en estado de emergencia
cumplieron su deber abnegadamente y en condiciones muy adversas.
150. En lo que se refiere a la cobertura y la línea editorial, la CVR constata que
desde inicios de la década de 1980 los medios de comunicación condenaron la
violencia subversiva, aunque con matices según las inclinaciones políticas de cada
uno, lo que implicaba evaluaciones diferentes de la situación o de los objetivos de
las organizaciones subversivas. Sin embargo, los medios no tuvieron la misma
posición en cuanto a la investigación y a la denuncia de las violaciones de los
derechos humanos. Reconoce que hubo un valioso y arriesgado trabajo de
investigación y denuncia; pero, al mismo tiempo, señala que hubo medios que
sostuvieron una posición ambigua e incluso llegaron a avalar la violencia arbitraria
del Estado.
151. En lo que se refiere al modo de la cobertura realizada, la CVR ha encontrado
que en muchos medios se cayó en una presentación cruda, desconsiderada frente
a las víctimas, que no favoreció la reflexión y sensibilización nacional. Forma parte
de este problema el racismo implícito en los medios, resaltado en el informe final.
152. Así pues, en muchos medios, el tema de la violencia subversiva y
contrasubversiva no fue tratado de una manera tal que significara un aporte
significativo a la pacificación del país. La CVR considera que dos factores
condujeron a ese resultado: i) la adopción inopinada de una lógica de la violencia,
que terminó por imponer un tratamiento poco sensible de los temas, y ii) la

primacía de una lógica comercial, que en los peores casos condujo al
sensacionalismo y que se complicó a finales de la década de 1990 con el
fenómeno de mega corrupción y compra de medios.
VI. SOBRE LAS SECUELAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
153. La CVR halla que el conflicto armado interno que ha investigado es el más
grave de nuestra historia republicana y ha dejado secuelas muy profundas en
todos los planos de la vida nacional. La amplitud e intensidad del conflicto
acentuaron los graves desequilibrios nacionales, destruyeron el orden
democrático, agudizaron la pobreza y profundizaron la desigualdad, agravaron
formas de discriminación y exclusión, debilitaron las redes sociales y emocionales,
y propiciaron una cultura de temor y desconfianza. Es necesario, sin embargo,
resaltar que, pese a las duras condiciones, hubo personas y poblaciones que
resistieron y se esforzaron por la afirmación de una sociedad constructora de la
paz y del derecho.
154. La CVR hace notar que el conflicto tuvo como resultado la masiva
destrucción de la infraestructura productiva, y pérdida de capital social y de
oportunidades económicas. Los departamentos que lo sufrieron con mayor
intensidad se encuentran hoy en los últimos lugares en los índices de pobreza y
desarrollo humano. No es casualidad que cuatro de los departamentos más
afectados por el conflicto (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huanuco) se
encuentren entre los cinco más pobres del país.
155. A la CVR le ha sido posible constatar que la violencia destruyó y desorganizó
la vida social local, especialmente por el asesinato de dirigentes y autoridades
tradicionales y estatales. Eso produjo un profundo debilitamiento de la sociedad
civil, de los partidos políticos y de las estructuras en donde más necesario era el

afianzamiento de un tejido social: los sectores más marginados y necesitados de
inclusión y expansión de la ciudadanía.
156. Para la CVR el desplazamiento masivo desde las zonas de violencia
constituyó un doloroso proceso de desarraigo y empobrecimiento de cientos de
miles de peruanos y peruanas; ello produjo una urbanización compulsiva, así
como un retroceso histórico en el patrón de ocupación del territorio andino, lo que
habrá de afectar por largo tiempo las posibilidades de un desarrollo humano
sostenible. La población desplazada vio afectadas sus redes sociales, que
debieron adaptarse con distintos grados de éxito y con gran sufrimiento a las
nuevas circunstancias, lo cual constituyó un enorme reto para la provisión de
servicios en las ciudades. Asimismo, los desplazados por el conflicto fueron en
muchos casos estigmatizados y discriminados en escuelas, barrios y centros de
trabajo. Al retornar, tuvieron que enfrentar a veces graves problemas de tierras y
ausencia de apoyo suficiente para reorganizarse y sostener a sus familias.
157. La CVR ha constatado que toda una generación de niños y jóvenes ha visto
truncada o empobrecida su formación escolar y universitaria como resultado del
conflicto; ellos merecen atención preferente del Estado.
158. La CVR es consciente de que el conflicto armado interno intensificó hasta
niveles insoportables el miedo y la desconfianza, que a su vez contribuyeron a
fragmentar y atomizar la sociedad. En esas condiciones, el sufrimiento extremo ha
causado resentimiento y ha teñido de recelo y violencia la convivencia social y las
relaciones interpersonales.
159. La CVR ha constatado que amplios sectores de la población afectada por la
violencia sufren una u otras formas de secuelas psicosociales, lo que debilita sus
capacidades de desarrollarse y superar las heridas del pasado.

160. Para la CVR una secuela del conflicto armado interno en el terreno político es
la descomposición moral en la que se hundió el país durante los últimos años de la
dictadura de Alberto Fujimori. En efecto, la forma en que el Estado, las fuerzas
políticas y sectores importantes de la opinión pública enfrentaron esos años,
mostrando indiferencia, tolerancia hacia las violaciones a los derechos humanos y
disposición a trocar democracia a cambio de seguridad como costo necesario para
terminarlo, abrió paso a la autocracia y a la impunidad.
161. Finalmente, la CVR señala que debe reconocerse que la violencia, con todo
su rigor, no fue capaz de destruir la capacidad de respuesta de la población. En
numerosas ocasiones, ante la destrucción de redes sociales tradicionales y el
asesinato masivo de dirigentes, las mujeres asumieron nuevas responsabilidades
y lanzaron al país el reto moral de reconocer la pérdida de miles de sus hijos en
masacres y desapariciones. Dirigentes jóvenes reconstruyeron muchas de las
comunidades más afectadas y se pudo comprobar que muchas comunidades
habían sido capaces de resistir la violencia a través de la autodefensa y de
alternativas de paz y procesos de microrreconciliación.
162. La CVR llega a la convicción de que las secuelas del conflicto armado interno
pesan como una grave hipoteca sobre nuestro futuro y afectan decisivamente
nuestra construcción como comunidad nacional de ciudadanos libres e iguales en
un país democrático y plural, que avance por el camino del desarrollo y la equidad.
Considera, asimismo, que el primer paso para superar esas secuelas es que el
país conozca en toda su magnitud las dimensiones del horror vivido entre 1980 y
2000.
VII. SOBRE LA NECESIDAD DE REPARAR
163. La CVR, a partir del informe que entrega al país, estima que, si bien pudo
alegarse ignorancia o incomprensión frente al drama que se vivió en los primeros

años del conflicto, ello no es más posible. Enterados los poderes del Estado y los
ciudadanos y ciudadanas a quienes va dirigido nuestro informe de las
sobrecogedoras dimensiones de lo ocurrido, resulta indispensable, si queremos
vivir civilizadamente en paz y en democracia, reparar, en la medida de lo posible,
los gravísimos daños que se han ocasionado.
164. La CVR considera que su misma existencia y el mandato que recibió de
proponer reparaciones constituye ya el inicio de un proceso de resarcimiento y de
dignificación de las víctimas.
165. Para la CVR la reparación tiene profundas implicancias éticas y políticas, y es
un componente importante del proceso de reconciliación nacional. Al ser las
víctimas del conflicto en su abrumadora mayoría campesinos, pobres, indígenas,
tradicionalmente discriminados y excluidos son ellos los que deben recibir atención
preferente por parte del Estado.
166. Para la CVR, la reparación implica revertir el clima de indiferencia con actos
de solidaridad que contribuyan a la superación de enfoques y hábitos
discriminatorios, no exentos de racismo. Aplicadas con equidad, las reparaciones
deben, asimismo, generar confianza cívica, restableciendo las relaciones dañadas
entre los ciudadanos y el Estado, de modo que se consolide la transición y
gobernabilidad democráticas y se prevengan nuevos escenarios de violencia.
167. La CVR presenta al país un Plan Integral de Reparaciones donde se
combinan formas individuales y colectivas, simbólicas y materiales de
resarcimiento. El Plan debe ser financiado creativamente por el Estado, pero
también por la sociedad y la cooperación internacional; él pone énfasis en: i) las
reparaciones simbólicas, el rescate de la memoria y la dignificación de las
víctimas; ii) la atención a la educación y a la salud mental; iii) las reparaciones

económicas individuales y colectivas (programas de reconstrucción institucional,
desarrollo comunal, servicios básicos y generación de ingresos).
168. La CVR considera que una parte esencial del proceso de reparación es la
justicia. Ningún camino hacia la reconciliación será transitable si no va
acompañado de un ejercicio efectivo de la justicia, tanto en lo que concierne a la
reparación de los daños sufridos por las víctimas cuanto en lo relativo al justo
castigo a los perpetradores y el consiguiente fin de la impunidad. No se puede
construir un país éticamente sano y políticamente viable sobre los cimientos de la
impunidad. A través de los casos que entrega al Ministerio Público, de la
identificación de alrededor de 24 mil víctimas del conflicto armado interno y de los
hallazgos de sus investigaciones en general, la CVR busca ampliar
sustancialmente los argumentos para sustentar el reclamo de justicia de las
víctimas y de sus organizaciones, así como de los organismos defensores de los
derechos humanos y de los ciudadanos en general.
169. Asimismo, la CVR ha elaborado un Registro Nacional de Sitios de Entierro
sobre la base de la información obtenida durante sus investigaciones. Al término
de su mandato, la CVR ha registrado 4,644 sitios de entierro a nivel nacional,
habiendo realizado tres exhumaciones y constataciones preliminares en 2,200 de
ellos. Estas cifras que superan ampliamente las estimaciones anteriores,
confirman la importancia que tiene impulsar y ejecutar el Plan Nacional de
Intervenciones Antropológico Forenses que propone la CVR. Asimismo, la CVR se
ratifica en la importancia fundamental del trabajo antropológico forense para
alcanzar justicia, identificar las posibles víctimas y procesar el duelo por nuestros
compatriotas desaparecidos.

VIII. SOBRE EL PROCESO DE RECONCILIACIÓN NACIONAL
170. La CVR propone que el gran horizonte de la reconciliación nacional es el de
la ciudadanía plena para todos los peruanos y peruanas. A partir de su mandato
de propiciar la reconciliación nacional y de sus investigaciones realizadas, la CVR
interpreta la reconciliación como un nuevo pacto fundacional entre el Estado y la
sociedad peruanos, y entre los miembros de la sociedad.
171. La CVR entiende que la reconciliación debe ocurrir en el nivel personal y
familiar; en el de las organizaciones de la sociedad y en el replanteamiento de las
relaciones entre el Estado y la sociedad en su conjunto. Los tres planos señalados
deben adecuarse a una meta general, que es la edificación de un país que se
reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe. Tal
reconocimiento es la base para la superación de las prácticas de discriminación
que subyacen a las múltiples discordias de nuestra historia republicana.

12 cvr

Más contenido relacionado

Similar a 12 cvr (20)

Último (20)

12 cvr