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Nombre: Victor Quispe Mera.
Ciudadanía y buen vivir.
La participación ciudadana es un derecho. Las y los ciudadanos deben ser parte de la toma de
decisiones, de la planificación y la gestión de los asuntos públicos, así como del control popular
de las instituciones del Estado. A la vez, la participación de la población en la formulación de
políticas públicas es un elemento fundamental para la realización de los derechos del Buen
Vivir. En este sentido, es una prioridad recoger la voz de aquellos que en escasas ocasiones han
tenido la oportunidad de expresar sus sueños, aspiraciones y cosmovisiones; pero también es
un deber establecer canales de diálogo con la ciudadanía organizada a fin de fortalecer la
democracia.
Es importante dejar sentado que este objetivo se inspira no sólo por la valoración ética de la
posibilidad de un ejercicio democrático de encuentro de intereses particulares, sino por la
necesidad de contar con el conocimiento, las habilidades y la presencia misma de los
destinatarios de todo Plan Nacional, como corresponsables del diseño y gestión de acciones
públicas que están referidas al conjunto de la sociedad. Asimismo, es necesario crear las
condiciones para la construcción de un sistema de participación social, articulado a las distintas
fases del ciclo de políticas públicas: planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y
contraloría social. El desafío a futuro será la puesta en marcha de un sistema participativo de
seguimiento, evaluación y vigilancia social, a partir de los objetivos del Plan Nacional para el
Buen Vivir, con el concurso de las diferentes instancias involucradas.
La elaboración participativa del Plan 2009-2013 responde a un proceso sostenido de consulta
que inició con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, en el marco de uno de
los grandes compromisos asumidos por el Gobierno Nacional. Éste se caracteriza por la
diversidad de actores que formaron parte del proceso, y se concibe, en varios momentos, de
veedurías ciudadanas a la ejecución de políticas, la consulta ciudadana nacional y regional, y
diálogo y concertación con los actores sociales e institucionales.
Veedurías Ciudadanas
Un cambio de los modos de gestión pública hacia modelos de cogestión requiere mecanismos
permanentes de participación pública, que mejoren la capacidad de incidencia y control social
sobre la acción estatal. Para ello, se han implementado espacios ciudadanos que velen por el
buen desempeño, sugieran modificaciones y observen todo el ciclo de las políticas públicas
derivadas del Plan Nacional para el Buen Vivir, y de los programas y proyectos que se ejecutan
en el territorio.
Las veedurías ciudadanas nacen como una de las instancias de participación social y ciudadana,
que permite recoger la visión y percepción de hombres y mujeres de diferentes contextos
socio-culturales, de diferente edad, opción sexual, condición y posición, sobre la
implementación de las políticas públicas nacionales en los territorios. De este modo, la acción
pública se nutre del saber acumulado por los colectivos sociales y ciudadanos en sus luchas y
demandas históricas. Este proceso promueve el empoderamiento ciudadano para la convivencia
en la diversidad, el incremento de las capacidades de la ciudadanía para una mejor y mayor
articulación de intereses con el Estado y con la sociedad misma, y fortalece el tejido social.

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Nombre

  • 1. Nombre: Victor Quispe Mera. Ciudadanía y buen vivir. La participación ciudadana es un derecho. Las y los ciudadanos deben ser parte de la toma de decisiones, de la planificación y la gestión de los asuntos públicos, así como del control popular de las instituciones del Estado. A la vez, la participación de la población en la formulación de políticas públicas es un elemento fundamental para la realización de los derechos del Buen Vivir. En este sentido, es una prioridad recoger la voz de aquellos que en escasas ocasiones han tenido la oportunidad de expresar sus sueños, aspiraciones y cosmovisiones; pero también es un deber establecer canales de diálogo con la ciudadanía organizada a fin de fortalecer la democracia. Es importante dejar sentado que este objetivo se inspira no sólo por la valoración ética de la posibilidad de un ejercicio democrático de encuentro de intereses particulares, sino por la necesidad de contar con el conocimiento, las habilidades y la presencia misma de los destinatarios de todo Plan Nacional, como corresponsables del diseño y gestión de acciones públicas que están referidas al conjunto de la sociedad. Asimismo, es necesario crear las condiciones para la construcción de un sistema de participación social, articulado a las distintas fases del ciclo de políticas públicas: planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y contraloría social. El desafío a futuro será la puesta en marcha de un sistema participativo de seguimiento, evaluación y vigilancia social, a partir de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, con el concurso de las diferentes instancias involucradas. La elaboración participativa del Plan 2009-2013 responde a un proceso sostenido de consulta que inició con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, en el marco de uno de los grandes compromisos asumidos por el Gobierno Nacional. Éste se caracteriza por la diversidad de actores que formaron parte del proceso, y se concibe, en varios momentos, de veedurías ciudadanas a la ejecución de políticas, la consulta ciudadana nacional y regional, y diálogo y concertación con los actores sociales e institucionales. Veedurías Ciudadanas Un cambio de los modos de gestión pública hacia modelos de cogestión requiere mecanismos permanentes de participación pública, que mejoren la capacidad de incidencia y control social sobre la acción estatal. Para ello, se han implementado espacios ciudadanos que velen por el buen desempeño, sugieran modificaciones y observen todo el ciclo de las políticas públicas derivadas del Plan Nacional para el Buen Vivir, y de los programas y proyectos que se ejecutan en el territorio. Las veedurías ciudadanas nacen como una de las instancias de participación social y ciudadana, que permite recoger la visión y percepción de hombres y mujeres de diferentes contextos socio-culturales, de diferente edad, opción sexual, condición y posición, sobre la implementación de las políticas públicas nacionales en los territorios. De este modo, la acción pública se nutre del saber acumulado por los colectivos sociales y ciudadanos en sus luchas y demandas históricas. Este proceso promueve el empoderamiento ciudadano para la convivencia en la diversidad, el incremento de las capacidades de la ciudadanía para una mejor y mayor articulación de intereses con el Estado y con la sociedad misma, y fortalece el tejido social.