El documento discute las dimensiones complejas de la educación como bien público. La educación tiene múltiples justificaciones para la intervención estatal, incluida la equidad y las externalidades positivas para la economía. Además, la educación interactúa con y es moldeada por factores económicos y sociales. La crisis económica, por ejemplo, conduce a tasas más altas de abandono escolar, mientras que la educación también puede impulsar el desarrollo económico a largo plazo.