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Otro patrón de desarrollo económico

Al inicio del siglo XX, México era una nación esencialmente rural; su principal actividad económica
se ubicaba en el sector primario y estaba integrada básicamente por economías regionales
autosustentables y relativamente autónomas.
A partir de la segunda guerra mundial, se implantó en el país un nuevo esquema de desarrollo,
supuestamente para modernizarlo y para mejorar las condiciones de vida de la población, en su
mayoría de campesinos. El proyecto estuvo orientado a instaurar un esquema de industrialización
similar al seguido por las naciones europeas durante los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del
siglo XX, que permitiría generar un gran número de empleos y que de país productor y exportador de
materias primas convertiría a México en productor de manufacturas mediante una industria propia.
Algunos de estos objetivos se fueron cubriendo entre 1950 y 1976, con una secuela de mejoría
social insuficiente y un alto crecimiento de expectativas, pero sus efectos secundarios resultaron
desastrosos, hecho por demás previsible luego de las experiencias europeas de siglos y decenios
anteriores.
Este esquema de desarrollo impulsó la concentración de la población. Así se formaron los
grandes conglomerados urbanos actuales, caracterizados por un crecimiento caótico ante la
incapacidad gubernamental para establecer y vigilar el cumplimiento de planes y normas de
desarrollo urbano, así como para crear los empleos y servicios públicos que la población requería. La
focalización de la actividad económica en unos cuantos centros urbanos llevó a la disolución de la
mayor parte de los sistemas económicos regionales autosustentables, e imposibilitó el surgimiento de
otros. Al mismo tiempo, se produjo la concentración creciente de la riqueza económica en una
minoría privilegiada, estrechamente vinculada con los intereses transnacionales y con el poder
político.
Otra de las consecuencias fue la destrucción irracional de recursos naturales --principalmente
los renovables, como los bosques y selvas--, para alimentar de materias primas a las industrias
mineras y manufactureras, con la correlativa alteración extrema del medio ambiente, comenzando por
las zonas cercanas a las ciudades, por la contaminación del agua, el suelo y la atmósfera con desechos
biológicos e industriales.

La descomposición de las formas campesinas de producción que ocasionó el patrón de
crecimiento económico, condujo a la pérdida de la capacidad para la autosuficiencia alimentaria y a
la creciente importación de alimentos. El relativo equilibrio económico existente entre las diferentes
regiones del país quedó trastocado y generó diferencias económicas y sociales crecientes entre ellas y
al interior de ellas.
El resultado general fue un empobrecimiento creciente de la población, así como un
incremento inusitado de la migración --a las grandes ciudades y a Estados Unidos-- y de la economía
informal.
Al terminar el siglo XX, este esquema de desarrollo había generado un país donde más de
60% de la población se concentraba en 150 municipios (7% del total), mismos que generaban más del
80% de la producción no agrícola y concentraban el 85% de las inversiones. Al mismo tiempo, la
industria instalada sólo parcialmente tenía sello nacional: hoy, en el 95% de los casos, las grandes
empresas establecidas en el país son extranjeras, incluidas las del sector financiero, con una oferta
total de empleo menor al 40%, lo cual ha tenido como consecuencia que la economía informal ocupe
a más de la mitad de la población económicamente activa.
La transformación de las formas de producción y el surgimiento de las llamadas sociedades
postindustriales dominadas por el sector terciario, a lo largo de los años 80, dio lugar al
establecimiento de un nuevo esquema de dominación económica, el patrón neoliberal de
acumulación a escala global, mediante el cual las naciones más desarrolladas, en combinación con
sus empresas, han logrado imponer su control sobre los mercados financieros y económicos,
generando mayores desequilibrios nacionales y nuevos fenómenos de empobrecimiento y
concentración de la riqueza, con la colaboración disciplinada y sumisa de gobiernos como los que ha
padecido el país durante los últimos 20 años.
En las últimas dos décadas, la antigua estructura de desarrollo industrial, sobre todo en su
segmento de micro, pequeña y mediana empresa, ha sido golpeada seriamente por la apertura
comercial indiscriminada y la eliminación de las políticas estatales de fomento; la única innovación
ha sido el establecimiento de plantas maquiladoras y ensambladuras --una de las variantes
industriales más primitivas y desquiciantes--, que hoy también se encuentran en crisis. Los sectores
de servicios, incluyendo el turismo, el comercio, las comunicaciones, las finanzas y el ejercicio
profesional independiente, han sido deformados y en su mayor parte entregados al capital extranjero.
A las viejas deficiencias del esquema de industrialización y concentración urbana, se han
agregado otras igualmente destructivas en el largo plazo: la reducción de la participación
gubernamental del 40% al 15% del PIB; el incremento de las exportaciones sin importar que el valor
agregado de origen nacional sea mínimo; la desprotección total de la producción nacional, sobre todo

la agropecuaria; la reducción significativa de las inversiones públicas en infraestructura para las
comunicaciones, el transporte, la salud y la educación, crecientemente privatizadas; y el
debilitamiento de la cohesión y la cultura nacional.
El paliativo al problema de desempleo a través de maquiladoras ha constituido una estrategia
de alto riesgo pues con la misma facilidad con la que los empleos se crean, son destruidos o
desaparecidos. La estrategia no crea ventajas competitivas, elemento central de los proyectos de
desarrollo de las economías avanzadas.
Anualmente, cientos de miles de mexicanos emigran legal o ilegalmente a Estados Unidos,
para obtener el trabajo y los ingresos que no encuentran en sus regiones de origen. Los migrantes
arriesgan su salud y vida en el tránsito, son esquilmados por los polleros, sufren la opresión,
represión, exclusión y sobreexplotación aplicada por la policía de migración, los contratistas y los
xenófobos norteños. Allá no se les reconocen derechos civiles ni sociales, ni pueden ejercer los que
tienen como mexicanos.
Pero las remesas enviadas por los migrantes, que en 2004 superaron los 15 mil millones de
dólares --convirtiéndose en una de las mayores fuentes de divisas de México--, sostienen a núcleos
extensos de la población rural y urbana mexicana, introduciendo en ella patrones de consumo
distintos a los originarios y minando las identidades culturales. Alimentan en divisas el proceso de
acumulación, pero no sirven en la mayoría de los casos para generar ahorro y actividades económicas
sustentables para el empleo y la subsistencia de las familias de migrantes.
De esta manera México es cada día menos el país que necesitamos y anhelamos, y más el que
otros quieren que sea: uno con mano de obra barata para la producción de sus manufacturas, en el
territorio mexicano o en el de Estados Unidos, y un mercado complementario pero importante para
sus productos y servicios.
Por lo anterior, proponemos un cambio estructural del patrón de desarrollo económico,
como columna fundamental de un nuevo proyecto de nación. Los aspectos más relevantes de este
nuevo patrón de desarrollo económico se derivan naturalmente del diagnóstico anterior.
La recuperación e incorporación de las zonas rurales al desarrollo nacional, mediante la
reconstrucción gradual de las economías regionales como economías sustentables y equilibradas,
y la ejecución de proyectos que consoliden ventajas competitivas a través de cadenas integradas de
valor agregado.
La reestructuración e impulso al sector agropecuario, para alcanzar la soberanía alimentaria
mediante programas de crédito, subsidios e incentivos a la producción agrícola, ganadera y forestal, y
el establecimiento de esquemas de distribución de sus productos que los liberen de intermediaciones

expoliadoras, hasta lograr el equilibrio e incluso ventajas competitivas en el mercado interior y en el
exterior.
El diseño y promoción pública, privada y comunitaria de una política de largo plazo de
fomento a la artesanía, la manufactura y la gran industria, sustentada en los recursos y factores
productivos, ventajas comparativas y competitivas existentes en el país y sus regiones,
crecientemente integrada en los ámbitos regionales y el nacional, orientada en primer lugar a la
satisfacción de las necesidades del mercado interno --como base para el esfuerzo exportador--,
tecnológica, ambiental y socialmente sustentable, creadora de empleo estable y bien remunerado.
Como parte de esta política, deben diseñarse mecanismos para que la industria maquiladora de
exportación se integre crecientemente en la estructura productiva local, regional y nacional.
El fortalecimiento del sector terciario de la economía, a través de su inducción en el proceso
de formación de cadenas productivas de bienes y servicios, con alto contenido intelectual, así como
por la identificación y consolidación de ventajas competitivas en la industria y los servicios dando
lugar a más y mejores empleos.
La conformación de esquemas locales de producción asociativa competitiva y el
establecimiento de normas que estimulen la competencia, eliminando las ventajas de las grandes
empresas monopólicas de origen extranjero, así como sus prácticas indebidas, impulsando la creación
de empleos, adecuados y mejorando la capacidad de compra de la población.
La restitución de la capacidad del gobierno para asegurar su papel en la conducción
económica del país, en la planeación y promoción real del desarrollo y en el cumplimiento de sus
compromisos sociales de acuerdo con la Constitución, a través de una reforma fiscal equitativa y de
la explotación patriótica, inteligente y sustentable de nuestros recursos energéticos.
El estímulo a los capitales privados nacionales y extranjeros para realizar inversiones que
incrementen la capacidad productiva del país, el número y la productividad de los trabajadores
mexicanos, así como la competitividad de la economía nacional en un marco de crecimiento
económico sostenido y sustentable.
La promoción de la educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico,
como factores fundamentales del crecimiento económico, y de la creación de empleos adecuados para
quienes concluyen su formación profesional y de posgrado dentro y fuera del país. Para este fin será
preciso promover que las grandes empresas del sector energético (PEMEX, CFE Y LFC) desarrollen
una red de empresas proveedoras de bienes y servicios con alto contenido tecnológico, de manera que
en el corto plazo comiencen a disminuir significativamente los niveles actuales de dependencia
tecnológica. Es decir, se requiere que estas empresas se conviertan en el eje de una estrategia de
industrialización. Adicionalmente, será necesario buscar que las dependencias del gobierno en todos

sus niveles, contraten empresas nacionales o con altos valores de integración nacional para satisfacer
sus requerimientos tecnológicos, como lo hacen los países más desarrollados.
Debemos impulsar estos cambios tomando en cuenta los escenarios globales que dominan el
planeta, especialmente los intereses económicos que confluyen actualmente en el ámbito nacional,
con el objetivo de eliminar o reducir en lo posible riesgos de enfrentamiento que lleven a la
desestabilización o al retroceso económico. El éxito dependerá fundamentalmente del apoyo popular
que este proyecto obtenga.

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