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El documento resume una disertación sobre si el Ministerio Público tiene el deber de tutelar las garantías constitucionales del imputado. Eduardo Jauchen concluyó que para determinar esto se debe recurrir a la Constitución nacional, donde la garantía por excelencia es la imparcialidad. Si el Ministerio Público es un funcionario del Estado, tiene el deber de defender las garantías constitucionales del imputado. En su opinión, en Argentina debería regir un proceso acusatorio penal con un Ministerio Público que respete el principio de legal
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- 1. INFORME DE PRENSA Ministerio Público Su posición como guardián de las garantías constitucionales Eduardo Jauchen, Presidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe, formó parte de la disertación llevada a cabo el día viernes 3 de septiembre, junto a renombrados especialistas en materia de Derecho. En esta ocasión dirigió su exposición en torno al interrogante de desentrañar si el Ministerio público tiene o debe tener, el deber de tutelar las garantías constitucionales del imputado. Partiendo de interrogantes acerca de cómo debe ser el proceso penal para ser acorde a la Constitución, y, si es el sistema acusatorio el que debe gobernar, concluyó que para develar este interrogante se debe recurrir a la Constitución nacional. La garantía por excelencia es la imparcialidad y constituye la base de todo. Apuntó a que el proceso penal Argentino será acorde a la Constitución, en tanto responda y resguarde la imparcialidad mediante un proceso de partes. Si el Ministerio público es un funcionario del Estado, tiene el deber objetivo de defender las garantías constitucionales del imputado. Según la opinión del jurista, en el derecho penal y procesal de la Argentina, debería regir satisfactoriamente un proceso acusatorio penal, con un Ministerio Público que respete el principio de legalidad formal e imparcial y denunciar el quebrantamiento de cualquier garantía constitucional. Informe de Prensa Nº 423 San Luis, 3 de septiembre de 2010