Acceso

Acceso a la información pública en Venezuela 1

l derecho de acceso a la información pública aumentó su importancia

E en los últimos años, especialmente en los países América Latina donde
un número importante de países cuenta con una ley de acceso a la
información pública. En Venezuela, si bien no existe una ley de acceso a la
información, el artículo 51 de la Constitución Nacional establece el derecho
que tiene toda persona de presentar solicitudes ante cualquier funcionario
público, garantizando por esta vía la posibilidad de acceder a la información
en poder del Estado.
El acceso a la información pública es uno de los derechos humanos claves
de la institucionalidad democratica. Su importancia para todos los ciudadanos
radica en que es un mecanismo para garantizar la calidad de vida de la
población. En efecto, el acceso a la información pública garantiza una
mayor transparencia en la gestión pública e impulsa el derecho ciudadano
a la participación.
Una persona con posibilidad de acceder a la información de su interés,
tendrá mayores posibilidad de desempeñar un papel protagónico en la gestión
pública y en consecuencia podrá optimizar su ejecución y realizar un control
social sobre los asuntos de interés general. Por ello, no solo es necesario
una ciudadanía activa, sino la convicción de los funcionarios públicos de
generar información y acabar con la cultura del secreto, arraigada en la
administración pública.
El presente informe revisa la situación del derecho de acceso a la
información pública en Venezuela, desde 3 sujetos sociales: ciudadanos,
organizaciones sociales y periodistas. Desde la perspectiva ciudadana, se
realizó un estudio entre los meses de febrero y marzo de 2008, donde un
grupo de personas, estudiantes de postgrado, realizaron solicitudes de
acceso a la información pública a organismos del Estado, previamente

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VENEZUELA: SITUACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

establecidos. En consecuencia, se realizaron y entregaron 157 solicitudes
de información a 50 instituciones del Estado. El tipo de solicitud no fue
previamente establecida, lo que daba un amplio margen a los estudiantes
para formular sus peticiones a los funcionarios públicos.
En segundo ámbito, las organizaciones no gubernamentales, cuyo
trabajo incluye investigación, difusión, promoción y capacitación en los temas
relacionados en el área a la que se dedican. Es decir, una parte importante
de su trabajo radica en el acercamiento de la información a las comunidades
y empoderamiento de las mismas, información obtenida por las
investigaciones que realizan. El estudio recopila los datos de seis casos de
organizaciones no gubernamentales, tanto de derechos humanos, como de
desarrollo social, que funcionan en Venezuela, sobre el acceso a la
información oficial que requieren para sus trabajos, los cuales publican y
difunden entre las comunidades.
Finalmente, desde la perspectiva del periodista, se realizó una
investigación de campo donde se les preguntó a los mismos sobre las
estrategias que implementan cuando requieren ubicar y procesar información
pública, específicamente cuando desean documentar casos específicos a los
cuales hacen seguimiento. Se puso especial énfasis de investigación en
conocer cómo se logran solventar las dificultades asociadas a falta de
información para la realización de los trabajos, es decir, conocer el trayecto
desde la solicitud de información hasta su final obtención y cuáles estrategias
son las más comunes.

II. La perspectiva ciudadana
El estudio implicó la realización de 157 solicitudes de información a
50 instituciones del Estado, tomando como marco normativo el derecho
de petición establecido en nuestra Constitución Nacional.
Las variables controladas en este estudio incluyeron, en primer lugar,
la exigencia de identificación al entregar la petición. Esta variable se controló
en 50% de las peticiones formuladas.
En cuanto al tipo de respuesta recibida, se manejaron las siguientes
posibilidades:
1. Respuesta negativa, que incluía: silencio, negativa oral, negativa escrita
o al aceptar la solicitud.
2. Respuesta positiva, que incluye: positiva adecuada, es decir, si
efectivamente se respondió a lo solicitado; inadecuada, si la respuesta

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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA

no corresponde a todo lo solicitado; acceso parcial, si se respondió una
parte de la solicitud o realizaban una invitación a la sede para obtener
la respuesta y referida, es decir, remitían a otro organismo.
3. No se pudo presentar la solicitud.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

1. En el primer gráfico se aprecia el porcentaje de organismos públicos
evaluados. En consecuencia, comprobamos que la mayor parte de las
solicitudes se realizaron a Ministerios (43,95%); en segundo lugar
instituciones públicas como Instituto Nacional de la Mujer, Instituto
Nacional de Estadísticas, SENIAT, entre otros. Este renglón constituyó
el 31,81% de las solicitudes efectuadas. El 11,46% de las solicitudes se
realizaron a diversas alcaldías de Caracas. El 8,28% de las solicitudes
se realizaron al poder público nacional (Poder Ejecutivo, Ciudadano y
Electoral específicamente). Por último, el resto de las solicitudes
(4,46%) corresponde a la Procuraduría General de la República y la
Vicepresidencia Ejecutiva.

Gráfico 1
Porcentaje de Instituciones con solicitudes de información

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2.- Tipo de respuestas recibidas.
Transcurrimos 20 días hábiles establecidos en la ley administrativa
respectiva, y luego de contactos telefónicos con las instituciones evaluadas,
los resultados obtenidos fueron los que se muestran a continuación:

Gráfico 2
Tipo de respuestas obtenidas

Del análisis del gráfico anterior, observamos que el 71,34% de las
respuestas recibidas fue negativa. En este renglón, observamos asimismo,
que el mayor porcentaje de respuestas negativas constituye el silencio con
un 70,70%. El porcentaje restante (0,64%) lo constituye la negativa oral.
Con respecto al porcentaje de respuestas positivas, la sumatoria de las
opciones, da como resultado un 26, 76% de respuestas positivas. Desglosando
el resultado, observamos que un 10,19% representa una respuesta positiva
adecuada, un 7,01% acceso parcial, que constituye básicamente una invitación
a la sede para obtener una respuesta oral, 5,10% representa respuesta
positiva inadecuada ya que no se obtuvieron todas las preguntas solicitadas
y por último un 4,46% fue referida a otro organismo competente para
responder la solicitud. Un 1,91% de las solicitudes no se pudo presentar.

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3.- En el siguiente gráfico se observa el porcentaje de los organismos
públicos que exigen identificación para la entrega de la solicitud, aquellas
que no lo exigen y las que formulan preguntas de cualquier tipo cuando se
hace entrega de la petición.
Observamos que el 85% de los organismos públicos exigen algún tipo
de identificación a la persona que entrega la petición de información, sólo
un 8% no exige este requisito y un 7% formulan preguntas al hacer entrega
de la misma.
8% NO EXIGEN REQUISITO

7% FORMULAN PREGUNTAS 85% EXIGE REQUISITOS

En conclusión, los resultados obtenidos indican que un 71,34% de los
organismos públicos no responde a las solicitudes ciudadanos de información,
lo que nos permite concluir que en efecto el derecho de acceso a la
información pública en Venezuela no cuenta con garantías que permitan
su realización plena. Sin embargo, encontramos una leve mejoría con
respecto al estudio realizado en el año 2007, donde un 87% de las respuestas
obtenidas fue negativa.
De las respuestas negativas, el mayor porcentaje es el silencio ante la
petición, variable que se mantiene si contrastamos con el estudio anterior.
Ante el silencio a las solicitudes, se hicieron llamadas de seguimiento. En
la mayoría de los casos indicaban que se comunicarían al tener la respuesta
a la solicitud, que enviarían la respuesta lo antes posible, pero en ninguno
de los casos, se obtuvo una respuesta satisfactoria.
Con respecto a la negativa oral, la petición se refería al salario del
funcionario público, pues el funcionario consideraba que la petición
conllevaba con “campaña de desprestigio en su contra”, ya que el “no ganaba
un sueldo millonario”.

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Es importante resaltar y hacer mención nuevamente al estudio realizado
en el año 2007, ya que una de las respuestas negativas, se refería al mismo
punto ( sueldo de los funcionarios), en este caso amparándose en el artículo
constitucional que consagra el derecho a la privacidad. Es por ello, que se
hace hincapié en el tema, pues como funcionarios públicos están en la
obligación de rendir cuentas de sus funciones, y asimismo, por realizar un
servicio público hacerle de una manera transparente. En consecuencia, los
sueldos devengados deberían estar al acceso de todo ciudadano, pues no
constituye parte de la esfera privada del funcionario. En Venezuela, pareciera
que la práctica es mantener los salarios bajo llave y secreto.
Ahora bien, observamos también que un 26,76% de las solicitudes de
información se respondieron positivamente. Ciertamente si comparamos
con el estudio anterior donde solo el 4% de las solicitudes obtuvieron
respuesta positiva, comprobamos un avance significativo. En efecto, si bien
existe un mayor porcentaje de respuestas negativas, vemos como un mayor
número de organismos y de funcionarios públicos responde proactivamente
a las solicitudes de información, en los tiempos establecidos.
De manera satisfactoria, el mayor porcentaje de respuestas positivas,
son adecuadas (10,19%), en efecto los funcionarios públicos responden por
escrito cada una de las interrogantes planteadas en el tiempo establecido,
en varios de los casos hasta realizan llamadas telefónicas para informar que
la petición ha sido tramitada y respondida por el funcionario competente.
En consecuencia, si bien se puede concluir que el derecho de acceso a
la información en Venezuela no está plenamente garantizado, existe un leve
impulso y esfuerzo de algunos organismos públicos de responder las
peticiones ciudadanos de información y cumplir cabalmente con las
disposiciones constitucionales.
En efecto, todavía no existe una política proactiva de rendición de cuentas
y completa transparencia en las funciones públicas, pero si un mayor
número de organismos dispuestos a asumir la labor de administrar de
manera transparente.

III. Organizaciones no gubernamentales
La búsqueda de información en organizaciones no gubernamentales se
corresponde en la mayoría de los casos a una población determinada a la
que se refiere su misión y visión, así como a las situaciones que a esta le
puede afectar en la cotidianidad. Es decir si la organización está orientada

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al apoyo de comunidades vulnerables por razones de pobreza o
discriminación sexual, sus requerimientos de información estarán vinculados
con estas poblaciones; en este sentido sus trabajos refieren procesos de
investigación rigurosos, los cuales pueden llevar un tiempo de ejecución
acorde al alcance que se quiera dar a los productos de las mismas.
Al sistematizar las experiencias de organizaciones no gubernamentales
dedicadas a diversas áreas, con la finalidad de evaluar las situaciones en las
cuales acceden a información explorando las limitaciones que se encuentran
y las estrategias que efectivamente aplican para obtener satisfactoriamente
datos fiables, es posible apreciar ciertas similitudes en cuanto a los
requerimientos de información, por ejemplo, debe ser actual, específica y
válida, tal que realmente permita obtener una aproximación a la situación
de personas y comunidades, en torno a un tema específico de interés.
Un primer aspecto se aprecia en la fuente de información. En este
punto, las organizaciones consultadas coinciden en la necesidad de ubicar
los entes oficiales que están a cargo de manejar y documentar todos los
eventos relativos a una situación o condición, garantizando que sean
contactados los responsables tanto a nivel nacional como local, a fin de
conversar con los funcionarios y funcionarias que bajo su jurisdicción
pueden tener acceso a la información requerida, esto con la finalidad de
asegurar que se trabaja con datos certeros.
Sin embargo, es importante destacar que este paso se puede ver afectado
por la rotación frecuente en los cargos oficiales, que interrumpe el proceso
de búsqueda de información y precisa de reiniciar los contactos, razón por
la cual es necesario mantener una base de datos actualizada con los datos
de contacto así como las funciones que realizan, considerando adicionalmente
que los cambios en las instituciones pueden influir también en las
descripciones de función y las responsabilidades asignadas a un cargo
específico.
En cuanto a la realización de las solicitudes ha sido reseñado como
un paso que suele hacerse con toda la rigurosidad que los casos ameritan.
En este sentido se envían los oficios correspondientes a los funcionarios y
funcionarias previamente ubicados y confirmados, observando en algunos
casos que tiene mayor efecto contactar directamente a las autoridades
locales, sobre todo cuando se trata de situaciones vinculadas con seguridad
ciudadana y salud, considerando que en los organismos regionales hay un
trato más directo con la población referida y es más directo el acceso a la

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información. Por el contrario cuando se trata de temas más generales, como
cambios en las leyes, es más efectivo hacer las solicitudes directamente al
ente Nacional.
Es importante resaltar que posteriormente se hace el debido seguimiento
telefónico a estas comunicaciones escritas, las cuales muchas veces obtienen
respuestas más rápidas cuando se trata de datos y menos veces cuando se
trata de audiencias. En estos casos queda a veces una sensación de vacío y
falta de información, considerando que muchos textos legales son evaluados
dependiendo de la interpretación que al mismo se de en un momento
determinado, motivo por el que se hacen tan necesarios los encuentros con
expertos oficiales en el área que permitan validar las interpretaciones y aclara
dudas.
Con respecto a los tiempos de respuesta, es valioso observar que los
investigadores coinciden en encontrar que muchas veces sus requerimientos
no obtienen una rápida respuesta en los organismos dependiendo de la
naturaleza de los mismos, es decir, solicitudes vinculadas con estadísticas
publicadas por ejemplo, son facilitadas después de una primera comunicación
formal, haciendo énfasis en el carácter interno y privado de dichas
publicaciones; pero otro tipo de requerimientos, vinculados con temas más
sensibles, como aquellos de naturaleza política o judicial, suelen encontrar
mayores demoras, bien sea porque los responsables no se encuentran en
los centros, porque están ocupados en otras actividades o por otros motivos.
En la mayoría de los casos con información de difícil acceso, como pueden
ser las cifras totales de infectados por una enfermedad en el último año,
convictos víctimas de abuso, entre otros, los investigadores encuentran un
silencio que corta la comunicación y las posibilidades de acceder a la
documentación requerida.
En reglas generales hay cierta coincidencia en encontrar más demoras
en respuestas que negativas contundentes a dar la información; pero cuando
surgen los silencios en algunas solicitudes, este se puede prolongar durante
tantos meses que puede entenderse como negativa, sin embargo, reportan
muy pocos casos en los cuales recibieran una comunicación por escrito que
asegure que no se dará acceso a la información.
Una dificultad que encuentran algunos investigadores se refiere a la
disminución en la información publicada de fácil acceso, tanto en las
páginas Web de los entes gubernamentales como en los centros de
documentación de los mismos. En este sentido es fácil observar que la

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información derivada del CENSO o la Encuesta de Hogares por muestreo,
realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y también los
reportes epidemiológicos publicados por el Ministerio de Salud, que en los
últimos años los datos que aparecen son menos y en la mayoría de los casos
están acompañados de pautas publicitarias e informativas de los programas
y logros del gobierno. En esa materia, un ejemplo claro se aprecia tanto en
las cifras de personas con dengue como en la cantidad de infectados con
VIH.
Igualmente se puede apreciar que algunos datos son publicados con
mucha demora, en este sentido se encuentran disponibles datos de levantados
y procesados en el pasado y pocos datos actualizados, lo que genera un retraso
en los análisis considerando los cambios propios que ocurren en las
poblaciones a estudiar, así, de modo ilustrativo un plan de intervención escolar
realizado sobre la base del número de niños en situación de calle para el
año 2.000 no necesariamente se corresponderá a las necesidades actuales
de esa población. Es interesante acotar que, aún con la vigencia de la
mencionada Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, los
miembros de Organizaciones consultados no se refirieron utilizar la
información y canales on-line como fuente de información válidas por el
poco alcance de las respuestas que allí se suelen obtener, al contrario son
utilizadas con fuentes básicas y referenciales que permiten dar inicio al
proceso de investigación.
Una estrategia alterna que suelen utilizar las instituciones ante dichos
silencios o faltas de información es recurrir al apoyo de los entes judiciales,
en este sentido en varios casos han interpuesto recursos ante altas instancias
judiciales, apelando a los mencionados derechos consagrados en la
constitución y las leyes, en estos casos, las organizaciones solicitan a los
tribunales se ejerzan las leyes vigentes, garantizando entre otras cosas el
derecho de los ciudadanos a obtener la información que requieran. Si bien
los resultados de estas acciones han sido satisfactorios, se trata de procesos
largos y costosos, que si bien permiten obtener la información, implican la
inversión de tiempo y recursos que inicialmente no estaban previstos y que,
de dar cumplimiento fiel a la legislación en materia de acceso a la información,
no sería necesario.
Otra de las estrategias que se ponen en práctica se corresponde con la
pesquisa de información a través de los medios de comunicación, es
decir, realizando monitoreo de los medios impresos o radioeléctricos,

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utilizando por ejemplo declaraciones de los funcionarios en ejercicio, las
cuales tiene en consecuencia validez oficial, estos sirven de base para
orientar el proceso de investigación y hacer nuevas solicitudes de información
a los mismos entes encargados. A través de dichas declaraciones queda claro
que los organismos e institutos del Estado disponen de la información, razón
por la cual se insiste en las solicitudes formales. Asimismo algunos
investigadores utilizan con fuente las publicaciones de informes
internacionales, los cuales contienen sólo información oficial, la cual es
entregada directamente por los entes gubernamentales competentes. Sin
embargo en estos informes y declaraciones los datos se presentan de forma
consolidada, lo que limita el procesamiento y análisis de los mismos, así
como las conclusiones y diagnósticos específicos que se puedan realizar.
Finalmente, cuando el objeto de estudio está más relacionado con la
situación de una persona o un grupo en particular, la fuente de la información
original deriva de entrevistas a los mismos afectados, su comunidad o
los medios de comunicaciones locales. A través de estos es posible hacer
seguimiento e ir elaborando una guía de investigación, sin embargo,
considerando la naturaleza del trabajo de las organizaciones no
gubernamentales, en sus informes requieren validez y rigurosidad en las
fuentes, razón por la cual, en todos los casos es necesario volver a las
fuentes oficiales y solicitar a través de los procedimientos formales la
información correspondiente.
Cuando no es posible ubicar la información necesaria, los proyectos son
detenidos y lamentablemente dicha información no puede ser publicada.
Cuando en estas organizaciones se emprende un proyecto de
investigación determinado, se puede decir que, paralelamente se hace un
trabajo de investigación y seguimiento en torno a los responsables de la
información en el ámbito oficial, dedicando un tiempo adicional a conocer
en detalle el funcionamiento de los entes y quién es la persona indicada para
entregar la información requerida y mantener contacto con éstas.
Se trata de un seguimiento riguroso que genera costos adicionales en
tiempo y recursos, los cuales se podrían minimizar si la información estuviera
disponible a través de los portales de Internet de cada uno de los entes
gubernamentales. También se hace preciso analizar en detalle los
consolidados de datos y las fichas técnicas de los mismos, a fin de tener
especial cuidado a la hora de establecer conclusiones, garantizando que los
datos que se procesan son comparables.

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Finalmente es imperativo descartar todo tipo de información accesoria
que pueda tener un sesgo científico y/o político, ya que si bien hay temas
que cuentan con mucho volumen de investigaciones, presentan un alto
contenido de opiniones y criterios personales, los cuales no cumplen con
los rigores que permiten dar validez y confianza a la investigación.
Se puede decir entonces que el acceso a la información por parte de
organizaciones no gubernamentales depende de su alto nivel de conocimiento
tanto del tema, para validar los datos ubicados, como para enviar las
comunicaciones a los funcionaros indicados, tal que las respuestas sean
óptimas y así los datos obtenidos permitan dar un diagnóstico certero de
la situación y las población, y así contribuir a la activa participación de los
ciudadanos en sus comunidades.

IV. Perspectiva de los periodistas
La búsqueda de información entre profesionales de la comunicación
social, se corresponde a un tema que le ha sido pautado, bien por el medio
o por su interés, es decir, cuando como profesional decide la temática que
desea desarrollar, en cualquier caso, de concluir el trabajo, los resultados
son publicados en diversas fuentes, y posteriormente pueden ser citados
por colegas y otros investigadores.
Al sistematizar las experiencias de diversos periodistas que actualmente
se encuentran activos, con la finalidad de evaluar las situaciones en las cuales
acceden a información, y explorando las limitaciones que se encuentran y
las estrategias que efectivamente aplican para obtener satisfactoriamente
datos fiables, es posible apreciar ciertas similitudes en cuanto a los
requerimientos de información, como la actualidad de la noticia y la
veracidad de la misma. Se cuenta con la colaboración de un grupo de ocho
periodistas de distintos medios de diversas posturas políticas, quienes
ilustraron sus casos con el fin de beneficiar nuestro diagnóstico.
Uno de los aspectos más importantes para el quehacer periodístico es
la fuente de información, que les garantice información pertinente. Los
periodistas coinciden en partir de los contactos, es decir, es necesario ubicar
en un principio al funcionario o funcionaria que dispone de la información
requerida, y en función de la información solicitada, la fuente puede tener
un alcance nacional, regional o local. Una vez hecho el primer contacto,
se procede insistir en la necesidad de información válida, y capaz de ser
verificable. Hay que considerar que en la actualidad venezolana, la rotación

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de cargos públicos es constante y periódica, lo que puede, por lo menos,
entorpecer los trabajos de información. Cuando los funcionarios o sus
asistentes son cambiados o removidos de sus cargos, el acceso a las fuentes
es más lento, ya que se requiere hacer una investigación paralela, hasta ubicar
al nuevo responsable. Empieza entonces un proceso de pesquisa dentro de
los institutos, donde se hacen entrevistas a funcionarios de distintos niveles,
a través de los cuales se puede conocer por ejemplo, la presentación y
publicación de informes internos, que contienen información actualizada
de los temas de interés. Una vez ubicados dichos documentos se procede
a la solicitud de los mismos, los cuales en muchos casos suelen ser de consumo
interno de las instituciones y edición limitada, situación que de nuevo
dificulta el acceso y las posibilidades de obtenerlos, y exige buscar vías alternas
para obtener la publicación.
Es importante resaltar que los periodistas pueden utilizar las entrevistas
en todas sus modalidades como fuente de información para sus publicaciones,
ya que, en caso de presentar una información que no sea exacta en todo su
contenido, el afectado o afectada puede pedir derecho a réplica ante el medio
que realizó la publicación. Es por esto que los profesionales de la
comunicación social, si bien gozan de cierta libertad en el uso de fuentes,
tienen mucho cuidado y procuran hacer afirmaciones sobre la base de
documentos o declaraciones documentadas de funcionarios, bien sean
escritas o verbales, verificables de forma impresa o digital, que mantengan
su credibilidad. Por otro lado, existen registros de casos anteriores en que,
amparados por la reforma del Código Penal, no se solicite el derecho a réplica
sino que se utilice de manera inmediata los mecanismos de restricción que
incluyen la figura de difamación e injuria, vilipendio y desacato, lo que
indirectamente les exige una mayor rigurosidad en sus investigaciones.
Otro de las estrategias utilizadas por los periodistas es la realización
de solicitudes. Para realización de las solicitudes los periodistas suelen
aprovechar las entrevistas y pautas que tienen con los funcionarios cuando
cubren determinada tema, también acuden a los entes a fin de solicitar acceso
a las publicaciones o una entrevista, sin embargo esto depende de su alto
conocimiento del funcionamiento interno del organismo, así como de las
publicaciones que allí se emanan. Sólo en casos muy específicos se hacen
solicitudes formales, a través de oficios. En cualquier caso coinciden en tener
mayor éxito cuando logran acceder directamente a las autoridades locales,
por su mayor contacto con los afectados y menos grado de responsabilidad,

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sin embargo en casos de impacto nacional, en los cuales es necesario obtener
la información directamente del más alto funcionario, las probabilidad de
lograr exitosamente la audiencia son menores; en estos casos suelen utilizar
información parcial y local, y en la medida de las posibilidades hacer
proyecciones a la situación nacional.
Coinciden los reporteros en la dificultad de obtener data “dura”, es decir
estadísticas que muestren de forma fáctica la evolución de una determinada
variable, por ejemplo, número de convictos con sentencia o cantidad de
hogares con aguas servidas. La carencia de estos no puede ser llenada sólo
con opiniones y comentarios especulativos sobre logros políticos en el área,
se requiere de encuentros con expertos oficiales, que permitan obtener los
indicadores que sirvan de base para validar las interpretaciones y aclara dudas.
Es interesante entonces resaltar con respecto a los tiempos de respuesta,
que los periodistas están de acuerdo en que muchas veces sus requerimientos
no son satisfechos con rapidez, considerando adicionalmente que los trabajos
de investigación deben tener la duración más corta posible, a fin de presentar
información actualizada y funcional para las comunidades y de acuerdo a
los temas de interés. Encuentran que hay temas que son más sensibles que
otros, en los cuales las respuestas son más lentas, sobre todo cuando se
solicitan datos específicos de una situación que afecta el funcionamiento
de una institución o las variaciones en una determinada variable social, es
decir, se obtiene con relativa rapidez las opiniones y criterios de los
funcionarios, pero no los datos y estadísticas que permitirían hacer
evaluaciones directas de cómo han variado dichas situaciones.
En reglas generales hay cierta coincidencia en encontrar más demoras
en las respuestas que negativas contundentes a dar la información; pero
cuando surgen los silencios en algunas solicitudes, este se puede prolongar
tanto tiempo que luego de un período definido por la investigación, se
interprete como negativa, sin embargo, reportan muy pocos casos en los
cuales recibieran una comunicación por escrito que asegure que no se dará
acceso a la información. Muchas veces los periodistas solicitan las entrevistas
en ruedas de prensa, a fin de comprometer al funcionario, sin embargo,
aún cuando en un primer momento acepte el encuentro, luego se suceden
una serie de retardos logísticos que impiden que la misma se materialice.
Una dificultad que encuentran algunos se refiere a la disminución en
la información publicada de fácil acceso público, tanto en las páginas Web
de los entes gubernamentales como en los centros de documentación de

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los mismos, se trata en la mayoría de los casos de información no actualizada
que pierde sentido con el oficio periodístico, que es por definición, vinculada
con la actualidad y el carácter noticioso de los trabajos publicados. Es
interesante acotar que, aún con la vigencia de la mencionada Ley de
Simplificación de Trámites Administrativos, los periodistas, si bien consultan
los canales on-line como fuente de información válidas, encuentran que allí
no se dispone de información suficiente como para publicar noticias y
reportajes, cuando no, desactualizados.
Otra de las estrategias que se ponen en práctica se corresponde con la
pesquisa de información, utilizando toda fuente válida que esté a su
alcance, desde declaraciones de los funcionarios en ejercicio, las cuales tiene
en consecuencia validez oficial, luego de las cuales se realizan otras entrevistas
a funcionarios de menor rango dentro de los organismos que puedan
brindar solidez a las declaraciones anteriores. Igualmente se trabaja con
expertos que puedan validar la información obtenida y se buscan
publicaciones de entes especializados, tanto nacionales como internacionales,
a fin de comparar la información recopilada en la entrevista. Esta pesquisa
de información es mucho más libre y busca armar desde los recursos
disponibles, el cuerpo de información necesario para ser una noticia.
Además de esto y como parte del trabajo reporteril, se utiliza la entrevista
a las comunidades, bien se trate de afectados o de personas que tienen una
opinión sobre un tema que les afecta y por lo tanto es válida, también los
medios de comunicación locales y líderes comunitarios disponen de
información de primera mano, que igualmente puede ser utilizadas para
hacer proyecciones a nivel nacional, haciendo las salvedades
correspondientes. Este tipo de información es utilizado, en principio, para
las denuncias sobre temas que atañen de manera directa a la comunidad
afectando su bienestar común y sirve como base para futuras investigaciones
que involucren a los relacionados o a los responsables de la misma.
Sin embargo, cuando no es posible ubicar la información necesaria, los
proyectos son detenidos y lamentablemente dicha información no puede
ser publicada, aún cuando, en la dinámica del periodismo, tan pronto vuelva
a surgir la oportunidad, el tema puede ser retomado.

Encontrar vías alternas es la clave
Cuando los periodistas dan inicio a un proyecto, se puede decir que,
también se trabaja en las múltiples alternativas de ubicar esa información,

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si bien es posible que logren en un primer intento obtener lo necesario, la
experiencia indica que en la mayoría de los casos no es así, por igual
periodistas de medios televisados e impresos, vinculados o no al gobierno,
coinciden en las dificultades actuales para obtener información suficiente,
tal que el contenido de sus reportajes sea válido, verás y útil a la comunidad.
Se aprecia entonces que los tiempos y esfuerzos se han incrementado
exponencialmente en los últimos años, así, es preciso buscar alternativas
válidas y viables, que permitan acceder a los funcionarios, sus opiniones, o
los informes en los cuales se aprecia en cifras el funcionamiento y desarrollo
de las distintas actividades que se llevan a cabo en las instituciones de la
República.
Esta multiplicidad de procesos juega en contra del derecho de los
ciudadanos a estar informados, ya que, al requerir de los periodistas en
ejercicio mayores esfuerzos para obtener la información, más demoran las
publicaciones y en consecuencia la posibilidad de los ciudadanos de cumplir
con sus obligaciones de vigilancia.
Se puede decir entonces que el acceso a la información por parte de
periodistas, depende de su ingenio para pesquisar la información requerida,
encontrando posibilidades y alternativas que les permitan informar a la
comunidad del ejercicio y funcionamiento de los entes públicos, a fin de
ejercer en conjunto la contraloría social que dictan las leyes vigentes.

V. Jurisprudencia sobre el derecho de acceso a la información pública

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH ) ha
establecido:
“El Estado debe garantizar que, ante la denegatoria de información bajo el control
estatal, exista un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita que se
determine si se produjo una vulneración del derecho del solicitante de información
y, en su caso, se ordene al órgano correspondiente la entrega de la información. En
este ámbito, dicho recurso debe ser sencillo y rápido, tomando en cuenta que la celeridad
en la entrega de la información es indispensable en esta materia. De acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 2 y 25.2.b) de la Convención si el Estado Parte en la
Convención no tiene un recurso judicial para proteger efectivamente el derecho
tiene que crearlo.” 2

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En consecuencia, establece la CrIDH que el recurso debe poseer las
siguientes características: sencillez, rapidez y efectividad para ser considerado
un recurso judicial efectivo cónsone con el artículo 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos (CADH).
En efecto, en Venezuela el derecho de petición se encuentra consagrado
constitucionalmente y por ende exigible vía amparo constitucional. El
amparo constitucional es el recurso rápido y sencillo que establece nuestro
ordenamiento jurídico para el reestablecimiento de violaciones en los
derechos y garantías constitucionales.
Existe jurisprudencia reciente, del máximo Tribunal de la República,
que constituye un claro retroceso en materia de acceso a la información y
la necesidad de contar con un recurso judicial expedito en caso negativa del
Estado al entregar información solicitada.
En efecto, se establece la necesidad de demostrar no sólo la violó del
derecho de acceso a la información por omisión del Estado, sino la posibilidad
de sufrir una desventaja inevitable o irreparable o la urgencia en la solicitud.
Así, ante la omisión de un órgano de la Administración Público de dar
oportuna respuesta a una solicitud planteada, se interpuso una acción de
amparo constitucional, a la que el tribunal respondió:
“Atisba este Decidor que del contenido de las comunicaciones in commento, no se
evidencia que en las mismas haya sido manifestada una urgencia que permita a
este Tribunal entender que ante la omisión por parte de la Superintendencia de
Seguros, al no dar respuesta a las mismas, se verifique una necesidad imperiosa
que conlleve a la flagrante violación del derecho constitucional de petición, y que
en virtud de esto se lesionen otros derechos que justifiquen la interposición de la
presente pretensión por vía de amparo constitucional.
Asimismo, debe indicarse que del escrito contentivo de la presente acción tampoco
se verifica elemento alguno que justifique la actuación del recurrente mediante
esta vía extraordinaria de amparo constitucional.”3

En otro supuesto, la Sala Constitucional planteó lo siguiente:
“En el caso de autos, si bien se alegó que la supuesta omisión administrativa
violó derechos fundamentales, en principio no se evidencia de las actas del
expediente que exista una situación de hecho que permita afirmar que la quejosa
pueda sufrir una desventaja inevitable o que la lesión denunciada devenga en
irreparable por la circunstancia de utilizar y agotar la vía judicial previa, por

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lo que el ejercicio de los medios procesales preexistentes no serían insuficientes
para restablecer la situación infringida”. 4

Se desprende de los párrafos anteriores y las sentencias adjuntas que la
posibilidad de exigir el derecho de acceso a la información vía amparo
constitucional, como mecanismo expedito para obtener respuesta ante una
solicitud de información está sujeta a la discrecionalidad del Juzgador en
cada caso concreto.

Notas

1 Informe elaborado por Carlos Correa, Marianna Belalba y Débora Calderón.
2 La recolección de información se hizo a través de entrevistas estructuradas
virtuales y telefónicas durante el mes de agosto y septiembre de 2008 e incluyen
testimonios de periodistas que actualmente laboran en importantes medios
nacionales impresos y radioeléctricos con distintas posturas políticas. La
confidencialidad en todos los casos ha sido garantizada. Se exponen los puntos
coincidentes y relevantes de las entrevistas.
3 Caso Claude Reyes y otros vs, Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006,
párrafo 137.
4 Sentencia adjunta al informe. Tribunal Superior de lo Contencioso
Administrativo.
5 Sentencia adjunta al informe. Sala Constitucional TSJ

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