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LA SEGUNDA INSTANCIA EN MATERIA LABORAL

Por Consuelo Gazmuri
Abogada
Departamento de Estudios
Santiago, septiembre de 2005

I.- INTRODUCCIÓN

Como es sabido, se encuentra en tramitación parlamentaria un proyecto de ley que establece nuevos
procedimientos en materia de trabajo. Este proyecto que forma parte de una reforma global al sistema de
justicia laboral, integrada además, por otras dos iniciativas legales , ya promulgada como leyes 20.022 y
20.023. La primera de ellas crea nuevos juzgados del trabajo y juzgados especializados en cobranza
laboral y previsional y la segunda, introduce importantes mecanismos para mejorar la eficacia del
procedimiento de cobranza de cotizaciones provisionales.

En lo procedimental, la reforma establece un procedimiento ordinario, uno ejecutivo y tres especiales: El
de tutela de derechos fundamentales, el monitorio1 y el de reclamación de multas y demás resoluciones
administrativas.

El proyecto, además, establece que son principios formativos de estos procesos la oralidad, la publicidad,
la concentración, la inmediación, el impulso procesal de oficio, la celeridad, la buena fe, la bilateralidad de
la audiencia y la gratuidad.

En materia de recursos, el Mensaje del Ejecutivo proponía establecer un recurso especial de apelación que
sólo podía tener por objeto revisar la sentencia de primera instancia en tres casos, a saber: a) cuando ésta
hubiera sido dictada con infracción de normas; b) cuando en la determinación de los hechos declarados
como probados por el tribunal de primera instancia se hubieran infringido en forma manifiesta las normas
sobre apreciación de la prueba; y c) cuando el objeto del recurso fuera a alterar la calificación jurídica de
los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

La exposición de motivos justificando el sistema, señalaba al respecto: “Se trata de un recurso entablado
contra una sentencia que ha sido producto de un juicio oral, razón por la cual el ordinario recurso de
apelación civil no puede tener cabida en un procedimiento como éste, pues para ello sería necesario otra
audiencia similar a la de la instancia, ante el tribunal superior”.

Esta propuesta fue sustituida durante el primer trámite constitucional del proyecto en la Cámara de
Diputados por un sistema en el que el recurso de apelación se reserva para las sentencias interlocutorias
que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas

1
Éste fue introducido durante el primer trámite Constitucional, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por
indicación de los diputados Bustos, Burgos, Ceroni, Guzmán y Soto, la que fue aprobada por la unanimidad de la Comisión.

cautelares y las resoluciones que fijan el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de
seguridad social. La sentencia definitiva de primera instancia, por su parte, en esta nueva propuesta sólo
es susceptible de un recurso especial de nulidad que procede en los siguientes casos:

1) Cuando la sentencia ha sido dictada con infracción de garantías constitucionales o de ley que hubiere
influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo;
2) cuando la sentencia ha sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado o cuya
recusación se encontrare pendiente o hubiere sido declarada por tribunal competente;
3) cuando hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad y continuidad
del juicio o cualquier otro requisito para los cuales la ley haya previsto la nulidad o lo haya declarado
expresamente como esencial;
4) cuando la sentencia contuviere decisiones contradictorias, hubiere otorgado más allá de lo pedido por
la partes o se hubiere extendido a puntos no sometidos a la decisión del tribunal; y
5) cuando la sentencia hubiere sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y ello hubiere
sido alegado oportunamente en el juicio.

En el caso del número 1 conocerá del recurso la Corte Suprema cuando respecto de la materia de derecho,
objeto del recurso existieren distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados de los
tribunales superiores de justicia. En el resto de los casos, los tribunales competentes son las respectivas
Cortes de Apelaciones.

Más allá de los perfeccionamientos técnicos que esta propuesta pueda experimentar, sin duda el tema de
fondo que se discutirá en el Senado con ocasión del segundo trámite constitucional del proyecto, será la
apelabilidad o inapelabilidad de la sentencia definitiva de primera instancia.

Durante el funcionamiento del Foro para la reforma de la Justicia Laboral y Previsional, instancia técnica
convocada por el Ejecutivo para preparar las bases de la reforma a la justicia laboral, en el que se analizó
cuidadosamente el tema de la apelación, se había concluido que el recurso de apelación ordinario es
incompatible con un proceso oral.

Asimismo, dicha instancia se preocupó del tema de la especialización en la segunda instancia, la que se
estimó imprescindible, inclinándose algunos de sus miembros por el restablecimiento de las antiguas
Cortes del Trabajo en las ciudades más importantes y otros por la creación de Salas especializadas en las
Cortes más grandes.

En el documento presentado por el Foro al Presidente de la República, denominado “Bases Fundamentales
para la Reforma de la Justicia laboral y Previsional”, que contiene las conclusiones de la primera parte de
su trabajo, se propusieron concretamente dos medidas: 1) que aquellas Cortes de Apelaciones que tuvieren
tres o más salas, una de ellas estuviese especializada en asuntos laborales y de seguridad social, a lo que se
podrían agregar otros asuntos como los de familia, en caso de que el número de apelaciones laborales
resultara insuficiente, formando salas sociales; y, 2) establecer cuotas de abogados integrantes
especialistas en derecho laboral.

Los problemas centrales en torno de la existencia del recurso de apelación en materia laboral parecen ser,
entonces, dos: Por una parte, cómo llevar los principios del procedimiento de primera instancia,
especialmente la oralidad, su corolario, la inmediación, y la celeridad - imprescindible por la naturaleza de
los problemas que se discuten mayoritariamente en esta jurisdicción- a la segunda, en un sistema de
tramitación del recurso de apelación como el nuestro, y, por otra, cómo introducir especialización en los
tribunales superiores.

El presente trabajo, haciéndose cargo de la trascendencia y complejidad del tema, pretende aportar
algunos elementos de juicio que contribuyan al debate sobre el diseño definitivo del nuevo sistema de
recursos laborales. Para ello, en su primera parte, entrega una visión general y muy suscinta de los
recursos judiciales en general y el de apelación en especial y explica los aspectos principales del diseño
normativo del actual recurso de apelación laboral. La segunda parte analiza la estructura, funcionamiento
y carga de trabajo de las Cortes de Apelaciones del país. La parte tercera, está dedicada a la apelación
laboral y es fruto de una investigación empírica realizada durante el presente año. Ella analiza la
incidencia de las apelaciones laborales en la carga total de trabajo de las Cortes, su duración y sus
resultados. El trabajo finaliza con algunas conclusiones.

II. LOS RECURSOS JUDICIALES EN GENERAL Y EL DE APELACIÓN EN PARTICULAR

Los recursos judiciales pueden conceptualizarse como aquellos medios que la ley concede a la parte que
se cree perjudicada por una resolución judicial para obtener que sea modificada o dejada sin efecto por el
mismo juez que la dictó o por otro de grado superior.2

2
Casarino Viterbo, Mario, Manual de Derecho Procesal Civil, Tomo IV

Los recursos buscan, pues, subsanar los errores o injusticias que pueden contener las resoluciones
judiciales, antes que éstas adquieran un carácter inmutable.

1.- El recurso de apelación

La segunda instancia se materializa a través del recurso de apelación.
En efecto, la apelación es el recurso general que la ley concede al litigante que se siente agraviado por una
resolución judicial, para recurrir al tribunal superior inmediato, a fin de que la revoque o modifique,
dictando al efecto la que considere más justa, con pleno conocimiento de la cuestión controvertida3. Su
objeto es, entonces, que a través de la resolución de segunda instancia se reparen los errores o injusticias
que puedan cometer los jueces inferiores al dictar determinadas resoluciones.

El fundamento de la existencia de una segunda instancia radica en disminuir la posibilidad del error en las
decisiones judiciales que resuelven asuntos controvertidos. Para ello, se trata de que el mismo asunto sea
visto en dos oportunidades y que lo sea por distintos jueces, quienes revisan tanto los hechos que se han
tenido por establecidos, como los fundamentos de derecho que se han invocado. Con este sistema, si bien
se gana en certeza jurídica, se demora considerablemente la obtención de una resolución definitiva, que
ponga efectivamente fin a la controversia. Pero, en todo caso, el recurso de apelación aparece
consubstancial a un sistema procedimental de primera instancia escriturado y con un fuerte grado de
intermediación entre las partes y su prueba y el juzgados.

El requisito genérico para interponer el recurso de apelación consiste en que el recurrente estime que la
resolución de que apela, le ha causado “agravio”, entendiéndose que ello ha sucedido cuando dicha
resolución le ha negado lugar en todo o en parte a lo que ha solicitado. En consecuencia, puede apelar no
sólo la parte vencida, sino también la vencedora cuando no obtiene todo lo pedido.

De esta manera, el recurso de apelación, prácticamente no tiene exigencias objetivas salvo cuestiones
obvias, como interponerlo dentro de plazo, limitar su contenido a las materias discutidas en la primera
instancia, señalar sus fundamentos de hecho y de derecho, etc., sino que se basa en la consideración
subjetiva de sentirse agraviado por el fallo. De ahí, su amplísima utilización y general admisibilidad (ver
cuadros N°s 9 a 12)

3
Casarino Viterbo, Mario, op cit.

En materia laboral, las cifras correspondientes a los últimos años (hasta el 2003) indican que son apeladas
entre un 28 y un 30% de las sentencias definitivas de primera instancia4.

Finalmente, cabe señalar que es distintivo del recurso de apelación la posibilidad de que el tribunal de
segunda instancia revise, y, eventualmente, modifique los hechos que se han tenido por acreditados en el
de primera, lo que no ocurre en los recursos de nulidad.

2.- Apelación y principio de inmediación

La factibilidad de revisar los hechos establecidos en la sentencia de primera instancia hace particularmente
discutible la idoneidad del recurso de apelación,– al menos con un diseño como el consagrado en nuestro
sistema, en el que por regla general no se admite prueba - respecto de resoluciones pronunciadas en un
juicio oral, en el que el juez ha tenido contacto directo con la prueba.

Sobre la materia no existe completo acuerdo en la doctrina nacional ni en la extranjera. Así, muchos
procesalistas consideran que el recurso de apelación es simplemente, incompatible con el principio de
inmediatez o inmediación que implica relación directa, sin intermediarios, entre el juzgador y las pruebas
aportadas durante el debate, particularmente aquéllas consistentes en relatos de personas, pero otros
estiman que no necesariamente se lesiona dicho principio y que, más aún, la única instancia pugna con el
derecho al debido proceso, que garantiza el artículo 19 N°3 de nuestra Constitución Política. Ésta es la
posición mayoritaria.

Cabe recordar, que el nuevo Código Procesal Penal establece que las resoluciones dictadas por los
tribunales de juicio oral en lo penal y varias de las pronunciadas por los jueces de garantía son inapelables.
Al respecto, el Mensaje con que el proyecto de ley respectivo fue enviado al Congreso señalaba “la
vigencia de un sistema oral requiere que el fundamento fáctico de la sentencia provenga de la apreciación
directa de las pruebas que los jueces obtienen en el juicio. En consecuencia, su revisión por parte de jueces
que no han asistido al juicio y que toman conocimiento de él por medio de actas, lo priva de su centralidad
confiriéndosela, en cambio, a la tramitación del recurso de apelación” .

Debe tenerse presente, eso sí, que los tribunales orales en lo penal (aunque no los de garantía) tienen
carácter colegiado, lo que sin duda reduce la posibilidad del error judicial.

4
Fuente: Estadísticas de la Corporación Administrativa del Poder judicial

3.- Tramitación de la apelación

El expediente que contiene el juicio (los autos) debe enviarse por el tribunal de primera instancia a la
Corte de Apelaciones respectiva al tercer día de notificada la resolución que concede el último de los
recursos interpuestos5, quedando las partes citadas a la segunda instancia al notificárseles la concesión del
recurso.

Llegado el expediente respectivo al tribunal superior, se realiza por éste un examen de admisibilidad del
recurso. Si falta alguno de los requisitos exigidos por la ley, la apelación se declara inadmisible y el
expediente es devuelto al tribunal que dictó la sentencia para su cumplimiento. En otras ocasiones, y
tratándose de algunos defectos formales, el expediente es igualmente devuelto a primera instancia para
que éstos sean subsanados.

Declarada admisible la apelación, en la generalidad de los casos6 se dicta una resolución llamada “autos en
relación”, a partir de cuya notificación queda en estado de figurar en tabla, para la vista de la causa. El
apelado puede hacer observaciones a la apelación hasta el momento de la vista, la que se produce el día en
que, estando colocada la causa en la tabla de una sala de la Corte de Apelaciones respectiva, alcanza a
verse en la audiencia fijada para ello. Dicha vista se inicia con la relación de todos los antecedentes del
proceso ( la que es hecha por un funcionario judicial perteneciente al escalafón primario, denominado
precisamente relator) y continúa con los alegatos de los abogados de las partes que hayan asistido a la
audiencia. Terminados éstos, queda cerrado el debate y la causa en estado de fallo, el que puede
pronunciarse de inmediato o bien quedar en acuerdo, si en opinión del tribunal se requiere mayor estudio.

Cabe hacer presente que siendo la apelación un recurso procesal de carácter ordinario, el tribunal de
alzada tiene competencia para conocer de todas las cuestiones, tanto de hecho como de derecho que se
hayan resuelto en la primera instancia y que digan relación con el recurso. Esta competencia para volver a
pronunciarse sobre los hechos probados en primera instancia es, como se ha dicho antes, especialmente
delicada cuando los procedimientos que rigen aquélla son orales y exigen la presencia personal del juez en
la recepción de las pruebas. Esto, porque la posibilidad de rendir nuevamente prueba en segunda instancia
es muy limitada. Así, puede ocurrir que jueces que no tuvieron conocimiento personal de la prueba
rendida y que sólo saben indirectamente de ella, por lo que se expresa en la sentencia de primera instancia,

5
Es posible que ambas partes hayan apelado, por no haber quedado ninguna de ellas completamente satisfecha con la sentencia.
6
En ciertos casos, como en los juicios laborales de mínima cuantía, las apelaciones son resueltos “en cuanta”, es decir, sin
alegatos de las partes.

la fundamentación del recurso, la relación y los alegatos, terminen alterando los hechos acreditados en
primera instancia, borrándose así toda huella de inmediación.

III.- REGULACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA LABORAL

En materia civil el recurso de apelación se encuentra regulado en el Título XVIII del Libro I del CPC,
artículos 186 a 230. En materia laboral, estas normas son de aplicación supletoria respecto de las que
contiene sobre el mismo recurso el Párrafo 5° del Libro V del Código del Trabajo.

Podemos resumir la regulación legal del recurso de apelación laboral actualmente vigente de la siguiente
manera:

1.- Resoluciones apelables

Son apelables las sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones que ponen término al juicio
o hacen imposible su prosecución y las que se pronuncien sobre medidas precautorias. Respecto de estas
últimas, la apelación se concede en el solo efecto devolutivo. Art 465 CT.

Ejemplos de resoluciones que, sin constituir sentencia definitiva ponen término al juicio, son la resolución
que declara abandonado el procedimiento y la que acoge el desistimiento de la demanda. Entre las que
resuelven sobre una medida precautoria podemos nombrar la que decreta una prohibición de celebrar actos
o contratos o la que dispone la retención de bienes determinados.

2.- Plazo para interponer la apelación

El recurso de apelación debe interponerse dentro del plazo fatal de cinco días, contados desde la
notificación de la parte que lo entabla (art. 466.1 CT.) 7.

3.- Fundamentación de la apelación

7
Tratándose de los procedimientos ordinario, de menor cuantía y ejecutivo, este plazo es de días hábiles, por aplicación del art.
429 del CT

El apelante debe fundar someramente el recurso, exponiendo las peticiones concretas que formula
respecto de la resolución apelada (art. 466.2 CT). El incumplimiento de este requisito determina la
inadmisibilidad del recurso.

4.- Efectos de la concesión del recurso

La apelación puede producir dos efectos que se denominan respectivamente devolutivo y suspensivo. El
primero de ellos, es de la esencia de la apelación, de modo que lo produce siempre. El suspensivo, en
cambio, puede no producirse.

Ambos efectos dicen relación con la posibilidad de ejecutar o cumplir desde luego el fallo impugnado,
mientras se encuentre pendiente la tramitación del recurso.

La apelación opera en el solo efecto devolutivo cuando el fallo puede cumplirse desde ya, aún cuando la
resolución del recurso se encuentre pendiente. Por el contrario, el recurso se entiende concedido en ambos
efectos, cuando la sentencia recurrida no puede cumplirse mientras no se falle el recurso.

En materia de apelación la regla general es que el recurso se conceda en ambos efectos ( art. 193 CPC.),
pero aún en los casos en que se concede en el solo efecto devolutivo, el tribunal de alzada encargado de
conocer el recurso, a petición del apelante y por resolución fundada, puede dictar orden de no innovar, lo
que supone la paralización del cumplimiento de la sentencia recurrida (art. 192. 1 CPC.)

5.- Tribunal competente

Los tribunales competentes para conocer de la apelación de una sentencia dictada en primera instancia ya
sea por un juzgado del trabajo o uno civil o de competencia común que conozca materias laborales son,
como se ha señalado, las Cortes de Apelaciones y específicamente en cada caso, aquella correspondiente
al territorio jurisdiccional del tribunal inferior.

6.- Preferencia

Las causas laborales -en lo que constituye un reconocimiento legal de la relevancia de que los asuntos
laborales se resuelvan rápidamente- gozan de preferencia para su vista, siendo el Presidente de la Corte de
Apelaciones respectiva, responsable disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia (471

CT.). Además, y con el mismo propósito, si el número de causas (laborales) en apelación hiciese
imposible su vista y fallo en un plazo no superior a dos meses, contado desde su ingreso a la secretaría de
la Corte, y ésta funciona dividida en más de dos salas, determinará que una de ella, a lo menos, se aboque
exclusivamente al conocimiento de estas causas por el lapso que se estime necesario para superar el atraso
(471.2 CT.)

No obstante, estas normas en la práctica, como se demostrará más adelante, no impiden que, al menos, en
las Cortes más importantes del país el tiempo de tramitación de las apelaciones laborales sea notablemente
prolongado.

IV LAS CORTES DE APELACIONES

1.- Cuestiones Generales

Las Cortes de Apelaciones forman parte del Poder Judicial y se encuentran reguladas en el Código
Orgánico de Tribunales (COT), especialmente en su Título V, que se ocupa de su organización y
atribuciones. Son tribunales ordinarios de segunda instancia, de carácter colegiado, permanentes y de
competencia común. Sin embargo, conocen también de algunos asuntos como tribunal de primera o de
única instancia.

Cuando una Corte de Apelaciones conoce de un asunto en primera instancia, actúa como tribunal de
segunda la Corte Suprema, lo que ocurre, por ejemplo, con las acciones constitucionales de amparo y
protección.

Corresponde a las Cortes de Apelaciones del país conocer en segunda instancia de:

La apelación y consulta en causas civiles, criminales, de menores, del trabajo y de policía local
dictadas por los juzgados de primera instancia de las diferentes especialidades o mixtos.
La apelación de las resoluciones dictadas por un Ministro de Corte como tribunal unipersonal.
La apelación de las resoluciones dictadas por árbitros de derecho, en materias propias de un juez de
letras.
Las reclamaciones tributarias conocidas en primera instancia por el Director Regional del Servicio de
Impuestos Internos.
La apelación de las calificaciones efectuadas por jueces de letras.

La apelación de medidas disciplinarias aplicadas por jueces de letras.
Otras apelaciones especiales.

Entre los principales asuntos de que conocen en primera o única instancia pueden mencionarse los
siguientes:
Recursos de casación en la forma (única)
Recursos de amparo (1era)
Recursos de protección (1era)
Recursos de queja (única)
Recursos de hecho (única)
Recusaciones contra jueces de letras o peritos (única)

A estas labores propiamente jurisdiccionales, las Cortes de Apelaciones suman otras que incrementan la
carga de trabajo de sus ministros, tales como realizar visitas a juzgados de letras y oficios de auxiliares de
la administración de justicia de su jurisdicción8, tomar -en pleno- diversas decisiones administrativas,
calificar a los jueces y auxiliares de su dependencia, llamar a concursos y elaborar ternas, etc.

Además de los ministros, las Cortes están compuestas por uno o más secretarios, fiscales, relatores y
personal de secretaría.

Las Cortes de Apelaciones son diecisiete en todo el país y tienen su asiento en las comunas de Arica,
Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco,
Valdivia, Puerto Montt, Coihaique, Punta Arenas, Santiago y San Miguel. El número de Salas, ministros,
secretarios, fiscales y relatores que componen cada Corte se encuentra fijado por la ley ( COT, arts. 56, 58,
59, 60 y 61). No así el de oficiales de secretaría.

Cada Corte tiene un Presidente, que dura un año en sus funciones. El cargo se ejerce rotativamente, por los
miembros del tribunal, turnándose cada uno por orden de antigüedad en la categoría del escalafón.
Corresponde al Presidente presidir las reuniones del tribunal pleno y otras tareas de carácter
administrativo, entre las que debe destacarse la formación semanal de las tablas de las causas que
corresponden a la respectiva Corte.

8
Un proyecto de ley en actual tramitación traspasa esta función a los fiscales judiciales

La estructura interna de cada Corte de Apelaciones difiere como consecuencia del territorio jurisdiccional
que tiene asignado, pues éste implica un número distinto de tribunales de primera instancia sometidos a su
jurisdicción, al tiempo que dichos tribunales pueden tener una carga mayor o menor de trabajo y, por
consiguiente, un volumen de ingresos variable.

El territorio jurisdiccional y composición de cada Corte, son los que siguen:

1. Corte de Apelaciones de Arica: Comprende las provincias de Arica y Parinacota. Se divide en dos
Salas y está compuesta por siete ministros, un secretario, un fiscal judicial y cuatro relatores,
correspondiéndole además, tres abogados integrantes. Atiende a una población estimada de 189.644
personas.

2. Corte de Apelaciones de Iquique: Comprende la provincia de Iquique. Tiene una Sala y está
compuesta por cuatro ministros, un secretario, un fiscal judicial y dos relatores, correspondiéndole
además, tres abogados integrantes. Atiende a una población estimada de 238.950 personas.

3. Corte de Apelaciones de Antofagasta: Comprende toda la Segunda Región. Se divide en dos Salas y
está compuesta por siete ministros, un secretario, dos fiscales judiciales y cuatro relatores,
correspondiéndole además, 5 abogados integrantes. Atiende a una población estimada de 493.984
personas.

4. Corte de Apelaciones de Copiapó: Comprende toda la Tercera Región. Tiene una Sala y está
compuesta de cuatro ministros, un secretario, un fiscal judicial y dos relatores, correspondiéndole
además, tres abogados integrantes . Atiende a una población estimada de 254. 336 personas.

5. Corte de Apelaciones de La Serena: Comprende toda la Cuarta Región. Se divide en dos Salas y está
compuesta por siete ministros, un secretario, dos fiscales judiciales y cuatro relatores,
correspondiéndole además, cinco abogados integrantes. Atiende a una población estimada de
606.210 personas.

6. Corte de Apelaciones de Valparaíso: Comprende toda la Quinta Región. Se divide en cinco Salas y
está compuesta por dieciséis ministros, un secretario, tres fiscales judiciales, y diez relatores,
correspondiéndole además, nueve abogados integrantes. Atiende a una población estimada de
1.539.952 personas.

7. Corte de Apelaciones de Santiago: Comprende las provincias de Chacabuco y Santiago, con
excepción de las comunas de Los Espejo, San Miguel, San Joaquín, La Cisterna, San Ramón, La
Granja, El Bosque, La Pintana y Pedro Aguirre Cerda. Se divide en nueve Salas y está compuesta por
treinta y un ministros, tres secretarios, seis fiscales judiciales y veintidós relatores, correspondiéndole
además, quince abogados integrantes. Atiende a una población estimada de 3.719.191 personas.

8. Corte de Apelaciones de San Miguel: Comprende las provincias de Cordillera, Maipo, Talagante y
Melipilla y a las comunas de Lo Espejo, San Miguel, San Joaquín, La Cisterna, San Ramón, La
Granja, El Bosque, La Pintana y Pedro Aguirre Cerda de la provincia de Santiago. Se divide en seis
Salas y está compuesta por diecinueve ministros, dos secretarios, cuatro fiscales judiciales y doce
relatores, correspondiéndole además, nueve abogados integrantes. Atiende a una población estimada
de 2.341.994 personas.

9. Corte de Apelaciones de Rancagua: Comprende toda la Sexta Región. Se divide en dos Salas y está
correspondiéndole además, cinco abogados integrantes. Atiende a una población estimada de 908.097
personas.

10. Corte de Apelaciones de Talca: Comprende toda la Séptima Región. Se divide en dos Salas y está
correspondiéndole además, cinco abogados integrantes. Atiende a una población estimada de 898.872
personas.

11. Corte de Apelaciones de Chillán: Comprende la provincia de Ñuble y la comuna de Tucapel de la
provincia de Bío Bío. Tiene una Sala y está compuesta por cuatro ministros, un secretario, un fiscal
judicial y dos relatores, correspondiéndole además, tres abogados integrantes. Atiende a una
población estimada de 450.880 personas.

12. Corte de Apelaciones de Concepción: Comprende las provincias de Concepción, Arauco y Bío Bío,
con excepción de la comuna de Tucapel. Se divide en cinco Salas y está compuesta por dieciséis
ministros, un secretario, 3 fiscales judiciales y diez relatores, correspondiéndole además, nueve
abogados integrantes. Atiende a una población aproximada de 1.410.682 personas.

13. Corte de Apelaciones de Temuco: Comprende toda la Novena Región. Se divide en dos Salas y está
correspondiéndole además, cinco abogados integrantes. Atiende a una población aproximada de
869.535 personas.

14. Corte de Apelaciones de Valdivia: Comprende las provincias de Valdivia y Osorno. Se divide en dos
Salas y está compuesta por siete ministros, un secretario, dos fiscales judiciales y cuatro relatores,
correspondiéndole además, cinco abogados integrantes. Atiende a una población aproximada de
477.905 personas.

15. Corte de Apelaciones de Puerto Montt: Comprende las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena.
Está compuesta por cuatro ministros, un secretario, un fiscal judicial y dos relatores. Atiende a una
población aproximada de 495.240 personas.

16. Corte de Apelaciones de Coihaique: Comprende toda la Undécima Región. Está compuesta por
cuatro ministros, un secretario, un fiscal judicial y dos relatores, correspondiéndole además, tres
abogados integrantes. Atiende a una población aproximada de 91.492 personas.

17. Corte de Apelaciones de Punta Arenas: Comprende toda la Duodécima Región. Está compuesta por
cuatro ministros, un secretario, un fiscal judicial y dos relatores, correspondiéndole además, tres
abogados integrantes. Atiende a una población aproximada de 150.826 personas.

La información anterior, en lo relativo a la composición de cada Corte, se sintetiza en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº1:
Composición de las Cortes de Apelaciones
Corte Ministros Fiscales Relatores Secretarios Salas Abogados
integrantes
Arica 7 1 4 1 2 5
Iquique 4 1 2 1 1 3
Antofagasta 7 2 4 1 2 5
Copiapó 4 1 2 1 1 3
La Serena 7 2 4 1 2 5
Valparaíso 16 3 10 1 5 9

Santiago 31 6 18 3 9 15
San Miguel 19 4 10 2 6 9
Rancagua 7 2 4 1 2 5
Talca 7 2 4 1 2 5
Chillán 4 1 2 1 1 3
Concepción 16 3 10 1 5 9
Temuco 7 2 4 1 2 5
Valdivia 7 2 4 1 2 5
Pto. Montt 4 1 2 1 1 3
Coihaique 4 1 2 1 1 3
Pta. Arenas 4 1 2 1 1 3
Total 155 35 88 20 48 95

Debe señalarse que la composición de cada Corte y el número de Salas que las forman - y que constituyen
las unidades a cargo de la vista de los recursos de apelación, en general, y de las apelaciones de las
sentencias laborales apelables en particular (para los efectos de este estudio)-, no está necesariamente
relacionado con el número de causas que a dicha Corte le corresponde conocer, lo que provoca, como se
analizará más adelante, notables diferencias en sus cargas de trabajo. Así por ejemplo, las apelaciones que
se ven en la Corte de Santiago, corresponden a alrededor de un tercio del total del país, pero ésta sólo
concentra el 26% del total de Salas y el 20% del total de ministros.

2.- Funcionamiento de las Cortes de Apelaciones

Las Cortes de Apelaciones conocen de los asuntos entregados a su competencia en Pleno o en Sala,
aunque su forma general de funcionamiento es por medio de las Salas.

El Pleno consiste en una sesión de la Corte a la que asisten todos los ministros que componen el tribunal
o, al menos, su mayoría absoluta. Se conocen en pleno todos los asuntos disciplinarios, administrativos y
económicos, y en Sala los asuntos jurisdiccionales, con ciertas excepciones, como el recurso de queja y el
desafuero de diputados y senadores, que corresponden al Pleno. De esta manera, la apelación de las
sentencias laborales de primera instancia susceptibles de este recurso se conoce en Sala.

2.1- Funcionamiento de las Salas

En teoría, cada Sala funciona con los tres ministros designados para conformarla. Sin embargo, en la
práctica esto casi nunca ocurre así, dado que frecuentemente alguno de los ministros se encuentra ausente
o inhabilitado. Las ausencias se producen por licencias médicas, uso de feriado, o permiso administrativo
y cuando se les nombra con dedicación exclusiva para el conocimiento de ciertos asuntos como jueces
unipersonales, ya sea en calidad de ministro en visita o ministro de fuero.

A su turno, la inhabilidad (que es menos frecuente) se produce por las causales de implicancia y
recusación reguladas en el párrafo 11 del Título Séptimo del Código Orgánico de Tribunales.

En estos casos, las Salas se integran con otros ministros no inhabilitados, con los fiscales de la respectiva
Corte (en la medida en que sus funciones se los permite) y con los abogados que se designan con este
objeto.

Estos últimos son los llamados abogados integrantes, quienes son designados anualmente por el
Presidente de la República para cumplir esta labor, sobre la base de ternas formadas por la Corte Suprema,
a partir de una lista de nombres confeccionada por las Cortes de Apelaciones. En ellas deben figurar
abogados que tengan su residencia en la ciudad de asiento el tribunal respectivo, que reúnan las
condiciones requeridas para ejercer el cargo de ministros y que hayan destacado en la actividad
profesional o universitaria9.

A su vez, las Salas pueden conocer de las materias que les corresponde en cuenta o previa vista de la causa
(art. 68 COT). En materia laboral, la apelación de la sentencia definitiva, salvo en el caso del juicio laboral
de menor cuantía, de escasa utilización práctica, requiere vista de la causa. Las sentencias interlocutorias
que ponen término al juicio o hacen imposible su prosecución, se ven, asimismo, en cuenta, a menos que
cualquiera de las partes solicite alegatos.

En aquellas Cortes de Apelaciones compuestas por más de una Sala, la dictación de las resoluciones que
sólo tienen por objeto dar curso progresivo a los autos, corresponde a la primera, que es llamada “sala
tramitadora”. En las demás, naturalmente, esta función corresponde a la Sala única.

2.2- Reglas de tramitación de las causas

9
Además, deben tener no menos de doce años de ejercicio de la profesión o ser ex miembros del escalafón primario del Poder
Judicial, siempre y cuando hayan figurado los últimos cinco años en lista de mérito (art. 219. 6, COT)

Luego de cumplida la tramitación inicial que corresponda a cada causa (por ejemplo, la vista al fiscal) la
sala tramitadora determina, de acuerdo con lo previsto por la ley cómo se conocerá el asunto, si en cuenta
o previa vista.

Unos y otros asuntos se distribuyen entre las distintas Salas. En el caso de los asuntos que se resuelven en
cuenta, la Sala decide con la sola exposición de la materia hecha por el relator, sin escuchar alegatos. En
caso que exista vista de la causa, la tramitación es más compleja e incluye notificaciones a las partes,
fijación de la causa en tabla, anuncio, relación y alegatos.

2.3.- Reglas sobre confección de tablas

Las tablas son listas de causas confeccionadas bajo la dirección del presidente de cada Corte de
Apelaciones el último día hábil de cada semana para cada uno de los días hábiles de la semana siguiente y
para cada una de las salas que componen la Corte respectiva. Es decir, en las Cortes de Apelaciones que
constan de más de una sala se forman tantas tablas cuantas sean las Salas y se distribuyen entre ellas por
sorteo.
Las tablas se elaboran según el orden de ingreso de los asuntos, complementado por un sistema de
reservas y preferencias establecido por la ley. Éstas son las siguientes:

Un día a la semana debe reservarse para las causas criminales (art. 69 COT).
Un día a la semana debe destinarse al conocimiento preferente de las causas laborales (art. 471 CT).
Las apelaciones de resoluciones dictadas en juicios de menores tienen preferencia para su vista y fallo
(art. 37 Ley 16.618).
Las apelaciones de resoluciones que resuelven sobre alimentos provisorios, tienen preferencia para su
vista y fallo (art. 4°.7 Ley 14.908).
Las cuestiones sobre competencia, deserción de recursos, acumulaciones, recusaciones, juicios
sumarios y ejecutivos y otros asuntos que la ley o el tribunal fundadamente establezcan, tienen
preferencia para su vista y fallo.

El anterior sistema de reservas y preferencias se complementa con el sistema de causas agregadas, el que
también contribuye poderosamente a desfigurar el sistema de vista de las causas según su orden de ingreso
a las tablas.

De acuerdo con el artículo 69 del COT, hay causas que se agregan a las tablas del día hábil siguiente al de
su ingreso a la Corte (o incluso el mismo día en casos urgentes) o dentro de otros plazos preferentes.

Es el caso, por ejemplo, de las apelaciones y consultas de libertades provisionales y de los recursos de
amparo y de protección.

Todos estos casos de agregación extraordinaria de causas a la tabla posterga, a veces, por tiempos muy
largos, la resolución de las causas cuya vista estaba originalmente programada. No aumentan ni reducen la
carga de trabajo, pero alteran la organización del trabajo. Con todo, debe señalarse que la entrada en
vigencia de la reforma procesal penal, ha disminuido considerablemente estas apelaciones.

Cabe agregar que todos los recursos que incidan en un mismo proceso deben verse en una misma Sala, es
decir, quedan radicados en ella (Art. 66.3 COT).

2.4.- Funciones jurisdiccionales de los Ministros de Corte como tribunales unipersonales

La ley entrega a los ministros de Cortes de Apelaciones una serie de funciones jurisdiccionales aparte de
la de integrar salas, las que desempeñan como tribunales unipersonales y que se encuentran señaladas, en
su mayoría, en los artículos 50 y 559 en relación con el 560 del Código Orgánico de Tribunales.

Las más relevantes son:

1.- Conocer en primera instancia de las causas civiles en que tengan interés cualquiera de las autoridades
políticas y religiosas a que se refiere el N° 2 del citado artículo 50, entre las que se encuentran, el
Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Senadores y Diputados, los miembros de los
Tribunales Superiores de Justicia, el Contralor General de la República, los Comandantes en jefe de las
Fuerzas Armadas, los Agentes Diplomáticos Chilenos, los Obispos, los vicarios y otras.

2.- Conocer de las demandas civiles que se entablen contra los jueces de letras para hacer efectiva su
responsabilidad civil, emanada del ejercicio de sus funciones ministeriales.

3.- Actuar como ministros en visita extraordinarios cuando se trata de pesquisar delitos que produzcan
alarma pública.

En general, estas tareas tienden a ocupar un tiempo considerable a los ministros, existiendo
permanentemente uno o más de ellos abocados exclusivamente a estas causas, lo que les impide integrar
normalmente sus Salas. Sin embargo, debe señalarse que la Reforma Procesal Penal, al entregar la función
investigativa al Ministerio Público, ha suprimido las actuaciones como ministro de fuero y en visita
extraordinaria. Esto ha otorgado a los ministros de las Cortes en que dicha reforma ya está implementada
una mayor disponibilidad para integrar Salas, lo que también deberá ocurrir próximamente en la Región
Metropolitana.

3.- Carga de Trabajo de las Cortes de Apelaciones

El número de causas que ingresan a las Cortes de Apelaciones del país ha disminuido considerablemente
en los cuatro últimos años, según lo muestra el cuadro siguiente. Ello es consecuencia de la fuerte
reducción de las apelaciones penales - que históricamente habían constituido el porcentaje mayoritario de
los ingresos - producida tanto por la implementación gradual de la reforma procesal penal durante ese
período en todas las regiones del país, salvo la Metropolitana10, como por una reforma legal de junio del
año 2002, que suprimió la consulta obligatoria de los sobreseimientos temporales.11

Cuadro Nº2
Ingresos de causas por Corte durante el período 2000 - 2004
2000 2001 2002 2003 2004
Arica 7.569 7.668 7.504 3.798 2.715
Iquique 8.375 8.223 6.968 4.699 4.080
Antofagasta 11.156 10.568 4.950 3.431 3.285
Copiapó 5.539 6.296 2.211 1.239 1.527
La Serena 12.257 6.678 4.243 2.768 3.556
Valparaíso 43.548 48.745 42.131 21.700 15.552

10
La implementación progresiva de la reforma procesal penal en el país.
El nuevo sistema procesal ha influido en el trabajo de las cortes de Apelaciones en dos sentidos. En primer lugar y desde el
punto de vista del número de causas criminales, este ha disminuido considerablemente como efecto de la fuerte restricción de
la procedencia del recurso de apelación en materia penal, lo que se explica por el hecho de que los tribunales de juicio oral en lo
penal son órganos colegiados, constituidos por tres jueces cada uno, que resuelven por mayoría de votos o por unanimidad. Así,
se cumple por esta vía el más importante fundamento de la apelación, esto es, que sea más de una persona la que haya
analizado los antecedentes disponibles para resolver, restringiendo de esta manera la posibilidad del error judicial.
Con relación a las resoluciones que dictan los jueces de garantía durante la fase de instrucción y dado que en general tienen un
carácter provisional, sólo son apelables aquéllas que ponen término al procedimiento, como los sobreseimientos y las que
afectan de modo irreparable los derechos de algunos de los intervinientes.
11
La consulta es la revisión por el tribunal de segunda instancia correspondiente de las resoluciones dictadas en primera, que la
ley obliga a hacer cuando éstas no se han apelado. Se trata de una suerte de apelación de oficio.

Santiago 137.343 151.749 132.893 59.981 59.850
San Miguel 59.914 67.618 46.804 24.732 26.573
Rancagua 13.891 15.317 13.895 8.985 6.674
Talca 18.772 18.253 11.177 4.332 4.315
Chillán 7.558 7.878 6.789 4.301 2.825
Concepción 32.797 32.551 26.161 18.478 11.570
Temuco 13.213 9.605 5.794 3.848 3.822
Valdivia 11.583 11.615 10.114 7.044 4.948
Puerto Montt 9.766 9.645 8.591 6.290 4.700
Coihaique 2.583 2.776 2.395 1.187 728
Punta Arenas 3.484 3.843 3.227 1.532 1.270
399.382 419.028 335.847 177.028 157.990
Cortes con RPP implementada diciembre 2000 Cortes con RPP implementada octubre 2001
Cortes con RPP implementada diciembre 2002 Cortes con RPP implementada diciembre 2003

Las celdas de diferentes colores muestran el impacto de la RPP, en el año siguiente al de su
implementación. El texto en rojo, por su parte, muestra el impacto de la supresión de la consulta del
sobreseimiento temporal en los años 2002 y 2003 en las Cortes de Santiago y San Miguel.

Cuadro Nº 3
Porcentaje de disminución en el ingreso de causas entre el año inmediatamente anterior a la
implementación de la RPP y el segundo año del funcionamiento de ésta
Corte %
Arica 50
Iquique 43
Antofagasta 46
Copiapó 60
Talca 39
Coihaique 46
Punta Arenas 53

Con todo, es muy relevante matizar el efecto del impacto en la disminución de causas de la eliminación
de los sobreseimientos temporales - producido fundamentalmente en el año 2003- en la real carga de
trabajo de las cortes, debido a que éstas, constituían causas de fácil y rápida tramitación y fallo.

4.- Capacidad resolutiva de las Cortes de Apelaciones12

Cuadro Nº 4
Fallos de causas por corte en el período 2000 – 2004
2000 2001 2002 2003 2004
Arica 7.390 7.194 7.215 3.529 2.540
Iquique 8.197 7.972 6.489 2.680 2.410
Antofagasta 10.699 10.191 4.390 3.350 3.450
Copiapó 5.427 6.218 2.098 1.246 1.474
La Serena 11.672 5.786 3.659 2.987 3.394
Valparaíso 34.348 36.608 28.692 19.972 15.608
Santiago 101.513 103.408 84.630 54.190 55.598
San Miguel 51.113 61.439 39.530 25.857 27.434
Rancagua 13.160 14.577 12.989 9.054 6.467
Talca13 3.836 3.441
Chillán 7.241 7.446 6.330 4.265 2.718
Concepción 29.159 28.584 23.267 17.736 9.224
Temuco 13.817 8.052 4.276 3.889 3.543
Valdivia 11.103 11.124 9.816 6.789 5.062
Puerto Montt 9.247 9.172 7.708 6.150 4.570
Coihaique 2.580 2.772 2.332 1.236 628
Punta Arenas 3.359 3.690 2.995 1.542 1.339

El cuadro anterior muestra en forma clara lo dicho en el punto anterior. En efecto, la fuerte disminución de
los fallos en casi todas las cortes del país en los años 2002 y 2003, durante los años que surte sus efectos
la supresión de los sobreseimientos temporales, sugiere que éstos han de haberse fallado casi por
secretaría. Resulta extraño, sin embargo, que la disminución de causas criminales producto de la RPP,
haya producido también una enorme disminución de los fallos en algunas Cortes, pues en este caso ya no

12
Fuente: Ibid nota 4
13
En el caso de la corte de Talca no contamos con las cifras de causas falladas en los años 2000, 2001 y 2002

podemos considerar que las causas criminales que dejaron de ingresar por este motivo fueran en general
de tan fácil despacho. Notable, en este sentido, es por ejemplo el caso de la Corte de Arica, que recibe este
impacto de la reducción de ingresos a partir del año 2003, pero ese mismo año se dicta alrededor de un
50% menos de fallos que el año anterior; en la de Coihaique, los fallos disminuyen en un porcentaje
similar el año 2003 y vuelven a hacerlo el 2004. Igualmente en aquellas Cortes en que la RPP se
implementó a fines del año 2003, produciéndose la merma de ingresos a partir del 2004, también
disminuyen los fallos dictados ese año, aunque - salvo en el caso de Concepción - no tan dramáticamente.

Cuadro Nº5
Disminución de fallos en Cortes con implementación temprana de la RPP14
Corte %
Arica 51
Iquique 66
Antofagasta 59
Copiapó 62
Coihaique 65
Punta Arenas 58

En resumen, la fuerte disminución de apelaciones criminales no se ha traducido, por regla general,
en un aumento de sentencias en las demás materias, lo que significa que las Cortes han tenido una
menor productividad. De esta manera, no han disminuido los fallos que quedan pendientes en materia
civil o laboral, manteniéndose la prolongada duración de la segunda instancia, que en materia laboral
resulta particularmente grave.

No tenemos los elementos necesarios para dar una explicación plausible para este fenómeno, pero en todo
caso resulta altamente preocupante.

Por otra parte, existen notables diferencias en lo que podemos llamar “productividad” entre las distintas
Cortes, entendido dicho término como el índice de dictación de fallos por cada unidad operativa (Sala).
Así lo muestra el cuadro siguiente, respecto de la situación del año 2004:

14
Fuente: Estudio de la carga de trabajo de las Cortes de apelaciones. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Centro de
Estudios y Asistencia Legislativa. Diciembre de 2003.

Cuadro Nº 6:
Promedio de causas por sala en las Cortes del país15
Corte Ingreso de Salas Promedio de
causas año 2004 causas por sala
Arica 2.715 2 1.358
Iquique 4.080 1 4.080
Antofagasta 3.285 2 1.643
Copiapó 1.527 1 1.527
La Serena 3.556 2 1.778
Valparaíso 15.552 5 3.110
Santiago 59.850 1016 5.985
San Miguel 26.573 6 4.429
Rancagua 6.674 2 3.337
Talca 4.315 2 2.158
Chillán 2.825 1 2.825
Concepción 11.570 5 2.314
Temuco 3.822 2 1.911
Valdivia 4.948 2 2.474
Pto. Montt 4.700 1 4.700
Coihaique 728 1 728
Pta. Arenas 1.270 1 1.270

De acuerdo con la tabla anterior, la Corte más sobrecargada del país es la de Santiago, seguida por la de
Puerto Montt. Sin embargo, esta conclusión no resulta necesariamente válida para los años venideros,
puesto que la Corte de Santiago, al año 2004, aún no experimentaba el impacto de la RPP y en la de
Puerto Montt dicho impacto era aún muy parcial (su ingreso de causas disminuyó en 25% el 2004 respecto
del año anterior). Con todo, las diferencias son abismantes.

En general – y como es lógico-, las Cortes menos sobrecargadas (con un índice menor de causas por sala),
fallan un porcentaje mayor de sus causas existentes, las que corresponden a las ingresadas en el año
respectivo, más las pendientes del año anterior. Pero resulta sorprendente comprobar que no en todos los

15
Fuente: Ibid nota anterior
16
De estas diez salas, nueve son ordinarias y corresponden a las establecidas por el artículo 61 del C.O.T., art. 61 y una tiene
carácter extraordinario, habiendo funcionado en forma permanente durante el año 2004, en conformidad a lo establecido por el
art. 62 del mismo C.O.T..

casos es así. Por ejemplo, la Corte de Valparaíso, falló durante el año 2004 sólo el 50% de sus causas
existentes, al tiempo que la de Puerto Montt, segunda en sobrecarga en el país, falló el 80% de ellas.

En cuanto a la Corte de Santiago, cuyo caso es especialmente relevante por concentrar el 33% de las
apelaciones del país, con una carga de trabajo que supera en un 49% a la de Valparaíso logró fallar el
49% de sus causas en el mismo año 2004.

A partir de lo señalado, parece relevante que el Poder Judicial adopte las medidas internas necesarias para
asegurar un índice razonable de dictación de fallos.

5.- Ingreso y proporción de apelaciones laborales

Ahora bien, cabe preguntarse qué sucede durante estos años con los ingresos de causas laborales. En este
caso, sólo podemos considerar la evolución hasta el año 2003, dado que no contamos con los datos
desagregados por materias correspondientes al año 2004. El siguiente cuadro lo muestra:

Cuadro Nº 7
Apelaciones laborales en los años 2000 a 200417
2000 2001 2002 2003 % sobre
el total
Arica 94 111 130 176 4.6
Iquique 96 129 140 89 2
Antofagasta 209 217 290 246 7.1
Copiapó 128 146 126 167 12.5
La Serena 264 234 283 227 7
Valparaíso 877 1.016 1.707 550 2.5
Santiago 3.830 4.869 4.964 2.955 5
San Miguel 684 736 723 653 2.5
Rancagua 282 237 242 274 3
Talca 288 266 346 294 6.8
Chillán 172 185 220 173 4
Concepción 813 839 972 843 5

17
Fuente: Ibid nota 12

Temuco 306 393 357 236 6.1
Valdivia 251 188 220 147 2
Puerto Montt 233 200 211 214 3.4
Coihaique 23 30 17 28 2.4
Punta Arenas 48 41 57 62 3.6
8.598 9.837 10.963 7.334 4.2

Como se aprecia, entre los años 2002 y 2003, el total país de apelaciones laborales se reduce
prácticamente en un tercio, lo que constituye una baja considerable. No tenemos elementos que nos
permitan tentar una explicación de esta baja, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene un correlato en
el ingreso de causas laborales a la primera instancia, las cuales sólo experimentan una pequeña reducción
en el período, pasando de ser 188.014 en el 2002 a 175.031 en el 2003.

Cabe considerar especialmente el caso de Santiago, por la brusca disminución producida entre los años
2002 y 2003.

En todo caso, al año 2003 las causas laborales de segunda instancia representan, a nivel país, sólo el 4.2%
del total. Con todo, y como es natural, este porcentaje es mayor en aquellas Cortes cuyas causas
criminales han sufrido por más de dos años el impacto de la RPP (con la salvedad de Copiapó que sale
completamente de los márgenes), que son las de la Serena y Temuco. Considerando estas dos Cortes, el
promedio de causas laborales llega a ser del 6.6%. Aún cuando supongamos que este porcentaje llegue a
ser general, a medida que los efectos de la RPP se vayan consolidando en todo el país, sigue siendo muy
bajo y esto dificulta considerablemente las posibilidades de especialización, aún en las Cortes que tienen
un mayor número de salas. De hecho, esto implica que aún tomando en cuenta que, en general, las
apelaciones laborales son más complejas de resolver que una buena cantidad de las apelaciones penales y
de los recursos de protección, (la mayoría de los cuales son declarados inadmisibles) por ejemplo,
solamente sería factible especializar una sala sólo en asuntos laborales y previsionales en la Corte de
Santiago, sin desbalancear considerablemente la carga de trabajo de las distintas salas de una misma
Corte. Es importante señalar a este respecto que en la Corte de Apelaciones de Santiago, las apelaciones
laborales que ingresan a ella representan un 40.3% del total país y si agregamos el 8.9% que corresponden
a la de San Miguel, tenemos que el 49.2% se concentra en la Región Metropolitana.

En otras Cortes grandes como las de San Miguel, Valparaíso y Concepción, una alternativa en la que
podría pensarse sería el establecimiento de una sala especializada en asuntos laborales, previsionales y de
familia.

V. ASPECTOS RELEVANTES DE LAS APELACIONES LABORALES; UNA INVESTIGACIÓN
EMPÍRICA

Esta investigación consistió en la revisión del 20% de las apelaciones laborales ingresadas durante el año
2003 a las Cortes de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción, la que se hizo sobre la base de la
revisión de los datos consignados en la página Web del Poder Judicial (link “estado de causas”) acerca de
las apelaciones laborales. En todos los casos, salvo en el de la Corte de Concepción, en que no fue posible
hacerlo así, el 20% de causas investigadas, fue seleccionado partiendo del último recurso ingresado ese
año y revisando hacia atrás todas las apelaciones laborales hasta completar el porcentaje seleccionado. En
el caso de Concepción, se investigó ese 20%, partiendo de la primera apelación laboral ingresada ese
año.18

En el caso de Santiago, el 20% correspondió a 600 apelaciones; en el de San Miguel, a 120; en el de
Valparaíso a 110; y en el de Concepción a 170. Es decir, se revisó un total de 1000 de estos recursos.

1.- Resultado de las apelaciones laborales

Los cuadros siguientes dan cuenta de las cifras sobre resultados, obtenidas mediante la señalada
investigación. Se consigna, además, el porcentaje de apelaciones en que se recurre de casación contra la
sentencia de segunda instancia.

Cuadro Nº9
Corte de Santiago: Apelaciones laborales por resultado
Total apelaciones revisadas 600 20% total año 2003
Total apelaciones con sentencia 524 87%
- confirmadas 432 82%
- revocadas 69 13%
- confirmada parcialmente 23 5%

18
Al final de este trabajo, se adjuntan como anexos, las tablas resumen de las apelaciones consideradas en cada Corte.

Total apelaciones sin sentencia 76 13%
- pendientes 23 4%
- inadmisibles 26 3%
- desistimiento, transacción 35 6%
- se interpone casación 15%

Cuadro Nº10:
Corte de San Miguel: Apelaciones laborales por resultado
- revocadas 15 14%
- pendientes 3 3%
- inadmisible 4 3%
- desistimiento, transacción 5 4%%
- casación 13 12%

Cuadro Nº 11:
Corte de Valparaíso: Apelaciones laborales por resultado
- revocadas 10 9%
- pendientes 1 0.5%
- inadmisible 1 0.5%
- casación 7 7%

Cuadro Nº 12:
Corte de Concepción: Apelaciones laborales por resultado
- revocadas 15 11%
- parcialmente confirmada 11 8%
- pendientes 0 0%
- inadmisible19 23 14%
- casación 22 16%

La primera observación que cabe hacer respecto de los cuadros anteriores, es la relativa homogeneidad de
los resultados que se obtienen en las distintas cortes consideradas. Así, por ejemplo, el porcentaje de
apelaciones que terminan en sentencia fluctúa entre el 79 y el 95%, pero es la Corte de Concepción. Los
demás modos de término (desistimiento, conciliación transacción, inadmisibilidad son insignificantes en
términos porcentuales, salvo en el caso de Concepción en que un porcentaje relativamente importante
(14%) termina en desistimiento o devolución a primera instancia20.

Por otra parte, el porcentaje de sentencias confirmadas es aún más homogéneo, fluctuando entre el 84 y el
80% , lo que constituye una altísima mayoría abrumador. Éste puede considerarse uno de los datos más
relevantes, a la hora de diseñar un sistema de recursos laborales, porque significa nada menos que cuatro
quintos de las sentencias de primera instancia las que se consideran correctas por los tribunales de
segunda, pero, sin embargo, su cumplimiento se retarda enormemente.

2.- Tiempo de demora en la resolución de las apelaciones laborales

Para la medición de la duración promedio de la tramitación de las apelaciones laborales se utilizó la
misma investigación señalada en el punto anterior. Los resultados fueron los que muestran los cuadros
siguientes:

19
En el caso de esta Corte, en las causas declaradas inadmisibles, se han incluido también otras devueltas a primera instancia
para distintos efectos, en lo que constituye un modus operandi que sólo se observa en Concepción.

Cuadro Nº 14:
Corte de Santiago
De 0 a 150 días 25 4.%
De 150 a 180 días 6 1%
De 180 a 210 días 2 0.%
De 210 a 240 días 6 1%
Más de 240 días 561 94%

En relación con esta Corte, debe añadirse que 52 apelaciones demoraron más de un año en resolverse
(entre las que se cuentan las que al momento de obtenerse los datos, se encontraban pendientes), lo que
equivale al 8.6%. En todo caso, en la abrumadora mayoría de ellas la demora es superior a los ocho
meses.

Cuadro Nº 15:
Corte de San Miguel
De 0 a 150 días 74 62%
De 150 a 180 días 17 14%
De 180 a 210 días 11 7%
De 210 a 240 días 7 6%
Más de 240 días 11 9%

Tratándose de la Corte de San Miguel, el tiempo que demora el grueso de las apelaciones en ser resueltas
disminuye bastante respecto de la de Santiago. Esta demora – de hasta cinco meses en el 62% de los
casos- aparece, de cualquier modo, excesiva.

20
Sólo se detectó en esta Corte devoluciones de expedientes al juzgado de primera instancia.

Cuadro Nº16:
Corte de Valparaíso
De 0 a 150 días 0 0%
De 150 a 180 días 3 3%
De 180 a 210 días 41 37%
De 210 a 240 días 31 28%

El tiempo de resolución de las apelaciones, en el caso de esta Corte es, tal como en la de Santiago, muy
prolongado, considerando que en el 97% de los casos es mayor a seis meses y en el 35 de ellos mayor a
ocho meses. La diferencia consiste, en que en este caso tal demora aparece mucho menos justificada,
puesto que esta Corte tiene un índice mucho menor de causas por Sala (ver cuadro Nº 4)

Cuadro Nº 17:
Corte de Concepción
De 0 a 150 días 148 87%
De 150 a 180 días 16 9%
De 180 a 210 días 3 2%
De 210 a 240 días 1 0%

Finalmente, los tiempos de demora en la Corte de Concepción son, en promedio los más breves. En todo
caso, su índice de causas por Sala, es el menor entre las Cortes investigadas (ver cuadro Nº4)

En términos generales, y cruzando los datos sobre el resultado de las apelaciones y los tiempos de demora
en su resolución, puede concluirse que en una proporción muy elevada el recurso de apelación no tiene
otro efecto que retardar en muchos meses el cumplimiento de la sentencia de primera instancia, lo que
atenta claramente contra el principio de celeridad que, según se ha reflexionado antes, resulta
consubstancial a la eficacia de la justicia laboral.

Como se ha dicho, reconociendo este especial requerimiento de celeridad de la justicia laboral, el Código
del Trabajo en su artículo 471, que dispone que las causas laborales gozan de preferencia para su vista y

fallo, pero como lo muestra el cuadro siguiente, mide la proporción de fallos en causas laborales y civiles,
esto no siempre se cumple21. Especialmente preocupante es el caso de Valparaíso, cuya Corte falla
sistemáticamente una proporción sensiblemente mayor de causas civiles que laborales.

3.- Preferencia en el fallo de las causas laborales

Aun cuando el cuadro que se presenta a continuación no forma parte de la presente investigación empírica,
ha parecido importante consignar si efectivamente se cumple en todas las Cortes del país con la
preferencia que la ley asigna a las apelaciones laborales, por cuanto, de su efectivo cumplimiento depende,
en parte, la demora en tramitación del recurso laboral

Cuadro Nº 18:
Proporción de fallos en causas laborales y civiles22
Corte 2000 2001 2002
civil laboral civil laboral civil laboral
Arica 0.95 0.93 0.86 0.95 0.92 0.85
Iquique 0.92 0.89 0.87 0.92 0.82 0.89
Antofagasta 0.88 0.91 0.91 0.89 0.80 0.82
Copiapó 0.92 0.97 0.94 0.99 0.93 0.90
La Serena 0.79 0.88 0.70 0.85 0.78 0.90
Valparaíso 0.63 0.37 0.59 0.39 0.60 0.27
Santiago 0.30 0.38 0.29 0.48 0.33 0.55
San Miguel 0.56 0.74 0.58 0.84 0.57 0.69
Rancagua 0.84 0.89 0.89 0.87 0.80 0.86
Talca 0.56 0.83 0.44 0.88 0.35 0.71
Chillán 0.77 0.97 0.72 0.90 0.65 0.84
Concepción 0.74 0.73 0.77 0.72 0.81 0.88
Temuco 0.52 0.57 0.60 0.74 0.54 0.90
Valdivia 0.91 0.92 0.91 0.88 0.92 0.93
Puerto Montt 0.87 0.92 0.88 0.92 0.79 0.73
Coihaique 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.88

21
Esta proporción corresponde a la división entre el número de causas civiles y laborales falladas y el total de causas civiles y
laborales ingresadas. Si tomamos como ejemplo a Punta Arenas, año 2000, esto significa que de cada 100 causas civiles
pendientes, 88 son falladas y de cada 100 causas laborales pendientes, 94 son falladas.
22
Fuente: Ibid nota 14

Punta Arenas 0.88 0.94 0.86 0.80 0.82 0.81

Tal como puede observarse, en varias Cortes la señalada preferencia no se respeta. Ello es especialmente
evidente en el caso de la Corte de Valparaíso, lo que seguramente se corresponde con el mayor índice de
demora en la resolución de las apelaciones laborales que presenta esta Corte.

VI. CONCLUSIONES

Tal como se señaló en la introducción de este documento, el objetivo del estudio de que da cuenta,
consiste en aportar elementos relevantes para la discusión que deberá hacerse trámites parlamentarios
pendiente sobre el régimen de recursos – y en especial el de apelación – , que regirá en materia laboral.
De los aspectos estudiados y cifras obtenidas caben destacar algunas conclusiones que aparecen como
evidentes, a saber:

1) El recurso de apelación, tal como está concebido en nuestra legislación procesal es incompatible con
el principio de inmediación. Este principio, sin embargo, es celosamente resguardado en los
procedimientos de primera instancia propuestos. Así, el artículo 473 del proyecto, establece que si el
juez que presidió la audiencia no pudiese dictar sentencia, ésta deberá celebrarse nuevamente. Como
se sabe, este principio procesal consiste básicamente en que el juez fallador tenga conocimiento
directo y personal de las pruebas en las que ha de basar su convicción, especialmente aquéllas que
consisten en relatos o afirmaciones de personas, como son la testimonial y la confesional. En virtud
de ello, es que se establece, por ejemplo, que el juez puede formular a los testigos y absolventes las
preguntas que estime pertinentes, así como ordenarles que precisen o aclaren sus dichos.

En la segunda instancia, en tanto, la posibilidad de rendir prueba es – como se ha dicho - excepcional
y repetir la prueba rendida en el juicio oral de primera instancia simplemente imposible, en la lógica
de la actual regulación del recurso de apelación. Además, debe considerarse a este respecto que el
problema no se reduce a modificar esta regulación, sino que la carga de trabajo de las Cortes de
Apelaciones, que se vería fuertemente incrementada, no resistiría un cambio de esa naturaleza.

2) El recurso de apelación, al menos en su diseño actual, es también incompatible con el principio de
celeridad que resulta consubstancial a los litigios del trabajo. Si la primera instancia no debiera durar
más de dos o tres meses, según el diseño propuesto, el que además, provee de mecanismos que
permitan el efectivo cumplimiento de estos plazos, la segunda, como hemos visto, tarda en una

proporción mayoritaria de los casos que se tramitan ante las Cortes más importantes del país, más de
cinco meses y particularmente en la de Santiago más de ocho meses. Esta situación, por otra parte, no
tiene mayores expectativas de cambiar con la reducción de la carga de trabajo que seguirán
experimentando estas Cortes como efecto de la RPP, pues, como también se ha visto, el número de
fallos dictados disminuye junto con la baja en el ingreso de causas (cuadros 2 y 3). Mientras esta
situación subsista, el problema de la demora no se solucionará tampoco con la creación de más Cortes
y/o más salas. Con todo, en el caso de Santiago es probable que ello sea necesario, pero esto sólo
podrá determinarse una vez que la RPP lleve, al menos, dos años implementada en la Región
Metropolitana, de manera que se puedan medir sus efectos en la carga de trabajo de esta Corte.

Ahora bien, al cruzar los datos relativos a la duración de la segunda instancia con los de los resultados
obtenidos en ella - alrededor de un 80% de confirmaciones (cuadros Nºs 7, 8,9 y 10) - y con las
materias primordialmente demandadas, que corresponden también, en alrededor de un 80%,23 a
despidos (injustificados, nulos, indirectos) y prestaciones adeudadas al término de la relación laboral
lo que les da un carácter claramente alimentario, resulta que en la enorme mayoría de los casos el
recurso de apelación sólo implica retardar por un tiempo muy prolongado pagos ordenados en primera
instancia que son primordiales para los trabajadores y sus familias.

Además, el solo dato de la proporción en que las apelaciones son confirmadas hace dudosa la
necesidad del recurso, en su actual sistema de amplia admisibilidad.

3) En caso de estimarse indispensable la subsistencia de una segunda instancia que permita una cierta
revisión de los hechos, esta posibilidad debe circunscribirse a determinados aspectos.

En este sentido, podría reponerse la propuesta inicial del Ejecutivo, que corresponde a aquella
formulada por el Foro, tras un largo estudio y debate sobre la materia. Tal propuesta consiste en que la
apelación de la sentencia definitiva permita revisar los hechos declarados como probados, por el
tribunal de primera instancia, cuando se advierta que en su determinación se han infringido en forma
manifiesta las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y alterar
la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal anterior.24

23
Fuente: Gazmuri Consuelo: La Justicia del trabajo en Chile; realidad y perspectivas. Cuaderno de Investigación Nº21,
Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo.
24
Mensaje del Ejecutivo, con que se inició el proyecto, nuevo art. 495 C. del Trabajo

GLOSARIO DE SIGLAS

COT: Código Orgánico de Tribunales
CPC: Código de Procedimiento Civil
CT: Código del Trabajo
RPP: Reforma Procesal Penal

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