Articulo 13

Discriminación racial, desplazamiento
y género en las sentencias de la Corte
Constitucional. El racismo cotidiano
en el banquillo1

Donny Meertens2
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá
dmeertens@gmail.com

Recibido: 25 de agosto de 2008
Aceptado: 6 de noviembre de 2008

1
Este artículo es producto de la investigación «Nuevas desigualdades sociales: el género en
las discriminaciones étnico–raciales y recomposiciones identitarias. El caso de población negra
desplazada y no–desplazada en un sector popular de Bogotá», realizada entre 2005 y 2006 por las
investigadoras Donny Meertens, Mara Viveros y Luz Gabriela Arango, con la asistencia de Karen
Ibarra (análisis jurídico), Alexandra Fierro y Franklin Gil (Grupo Interdisciplinario de Estudios de
Género de la Universidad Nacional de Colombia y COLCIENCIAS).
2
Profesora Asociada, Departamento de Trabajo Social, Universidad Nacional de Colombia, Sede
Bogotá. Doctora en Ciencias Sociales de la Catholic University Nijmegen, Holanda, 1997.

Discriminación racial, desplazamiento y género en las sentencias
de la Corte Constitucional. El racismo cotidiano en el banquillo
Resumen

En este artículo nos hemos propuesto una exploración de un tema relativamente nuevo
en los estudios de la sociedad colombiana contemporánea: la discriminación, entendida
tanto en su sentido negativo como positivo, aunque con más énfasis en el primero.
Abordamos la discriminación – y particularmente la discriminación racial, entrecruzada
con la de género y la sufrida por la población en situación de desplazamiento forzado–
desde un campo de análisis que se mueve entre el ámbito de la normatividad y el de
las prácticas cotidianas. El primero es representado por la normatividad internacional,
la Constitución Colombiana de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional
durante los últimos años; el segundo ámbito lo examinamos a través del mismo lente de
las Sentencias de la Corte, complementadas con algunos ejemplos de racismo cotidiano
en una localidad de escasos recursos del sur de Bogotá.
Palabras claves: discriminación, racismo, género, desplazamiento.

Racial Discrimination, Displacement and Gender in the Sentences
of the Constitutional Court – Everyday Racism on the Bench
Donny Meertens - Universidad Nacional de Colombia

Abstract

In this article, we undertake an exploration of a relatively new topic in the studies of
the contemporary Colombian society: discrimination, understood in its negative as well
as positive sense, although focusing more on the former. We look at discrimination –
and particularly racial discrimination, intertwined with gender and the suffering of a
population in forced displacement – from a field of analysis that moves between the
spheres of normativity and everyday practices. The first is represented by international
normativity, the Colombian Constitution from 1991 and the jurisprudence of the
Constitutional Court during the past years; the second sphere we examine through the
same lens of Court sentences, complemented by some examples of everyday racism in a
poor locality on the South side of Bogotá.
Key words: discrimination, racism, gender, displacement.

Discriminação racial, deslocamento e gênero nas sentenças da Corte
Constitucional. O racismo cotidiano no banco dos réus

Resumo

Neste artigo temos proposto uma exploração de um tema relativamente novo nos estudos
da sociedade colombiana contemporânea: a discriminação, entendida tanto no seu
sentido negativo quanto no positivo, embora com mais ênfase no primeiro. Abordamos a
discriminação –e particularmente a discriminação racial, atrelada com a discriminação
de gênero e com aquela sofrida pela população em situação de deslocamento forçado– a
partir de um campo de análise que se localiza entre o âmbito da normatividade e o âmbito
das práticas cotidianas. O primeiro é representado pela normatividade internacional, a
Constituição de 1991 e a jurisprudência da Corte Constitucional durante os últimos
anos. O segundo âmbito será examinado através da mesma lente das Sentenças da
Corte, complementadas com alguns exemplos de racismo cotidiano em uma localidade
de escassos recursos no Sul de Bogotá.
Palavras chave: discriminação, racismo, gênero, deslocamento.

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bogotá - colombia issn 0120-4807

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.
(Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de

«Discriminación racial, desplazamiento y género en las sentencias de la Corte Constitucional. El racismo cotidiano en el banquillo»
Derechos Civiles y Políticos, Artículo 20, numeral 2).
Me discriminan… por ser desplazada y por ser negra […] porque
yo fui a muchas empresas con la hoja de vida, cumplía con todo
pero…’para Usted no hay trabajo’. […] Cuando llegamos a buscar la
pieza no nos arrendaban por ser negros, porque dizque los negros son
muy bulliciosos, entonces, pues si nosotros no teníamos un radio, no
teníamos televisor, nada, nada… ni charlamos. Ahí ellos, los niños,
llorando y a esa señora pues no le alquilaba a negros por ese motivo…
(Mujer de la Costa Pacífica, desplazada en Bogotá).

Introducción
En este artículo nos hemos propuesto una exploración de un tema
relativamente nuevo en los estudios de la sociedad colombiana
contemporánea: la discriminación, entendida ésta tanto en su sentido
negativo como positivo, aunque con más énfasis en el primero.
Abordamos la discriminación –y particularmente la discriminación
racial, entrecruzada con la de género y la sufrida por la población
en situación de desplazamiento forzado– desde un campo de
análisis que se mueve entre el ámbito de la normatividad y el de las
prácticas cotidianas. El primero es representado por la normatividad
internacional, la Constitución Colombiana de 1991 y la jurisprudencia
de la Corte Constitucional durante los últimos años; el segundo ámbito
lo examinamos a través del mismo lente de las Sentencias de la Corte,
complementadas con algunos ejemplos de racismo cotidiano en una
localidad de escasos recursos del sur de Bogotá3.

Un primer escenario: Cartagena 2004
El 25 de diciembre de 2004 una joven cartagenera se disponía a
celebrar la navidad en compañía de su hermana y unas amigas en unas
discotecas de la ciudad. Se encontraron, sin embargo, con una situación
no esperada. El guardia de seguridad de una de los establecimientos les
3
Este ejercicio hace parte de la investigación «Nuevas desigualdades sociales: el género en las
discriminaciones étnico–raciales y recomposiciones identitarias. El caso de población negra
desplazada y no–desplazada en un sector popular de Bogotá», realizada entre 2005 y 2006 por las
investigadoras Donny Meertens, Mara Viveros y Luz Gabriela Arango, con la asistencia de Karen
Ibarra (análisis jurídico), Alexandra Fierro y Franklin Gil (Grupo Interdisciplinario de Estudios de
Género de la Universidad Nacional de Colombia y COLCIENCIAS).

universitas humanística no.66 julio-diciembre de 2008 pp: 83-106 85

negó el acceso, indicándoles que para ese efecto debían portar un carné,
haber efectuado una reservación y que –además– en ese momento,
en el interior del local, se realizaba una fiesta privada (1). Media hora
más tarde decidieron volver al sitio para averiguar por las verdaderas
razones por las cuales no les dejaban ingresar. Unas amigas, todas ellas
de tez blanca, se dirigieron a los vigilantes, quienes les informaron que:
«nuestras amigas blancas y rubias podían entrar pero que las morenitas
no podían hacerlo» (2). Acongojadas, las dos hermanas decidieron
dirigirse a otra discoteca. Las amigas blancas y rubias ingresaron
al establecimiento sin ningún problema, pero a ellas, las hermanas
morenitas, el portero les negó la entrada. En esta ocasión se adujo que
la discoteca estaba llena y no tenían reserva correspondiente (3). Ante su
insistencia para que se les permitiera el ingreso a la discoteca, el portero
les confesó: «Aquí los dueños del establecimiento nos tienen prohibido
dejar ingresar a personas de tu color a menos que sean personas que
tengan mucho reconocimiento o con mucho dinero» (4).

Una de las hermanas resolvió interponer una tutela por trato
discriminatorio. La Corte Constitucional decidió concederla y tutelar los
derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad,
la honra y la dignidad humana4. Los cuatro argumentos diferentes
que usaron los porteros de los establecimientos comerciales –algunos
disimulados, otros más abiertamente discriminatorios –, contrapuestos
a los textos de la normatividad jurídica nacional e internacional a lo largo
de la sentencia de la Corte, constituyen un rico ejemplo de encuentro y
desencuentro entre los discursos formales y las prácticas corrientes de
lo que se ha llamado el «racismo cotidiano». Más adelante analizaremos
el caso de Cartagena en detalle, pues hasta el momento es la única
jurisprudencia específica sobre el tema de la discriminación racial.
El concepto de «racismo cotidiano» es desarrollado por Essed (2002;
cf. Essed, 1991) con un doble propósito: hacer visible la experiencia
vivida del racismo y analizar cómo las dimensiones de la desigualdad
racial presentes en el orden social se activan y se reproducen a través
de procesos rutinarios de prácticas cotidianas. La importancia del
concepto radica precisamente en la práctica sistemática, recurrente y
habitual en lo cotidiano, pues las situaciones y relaciones cotidianas se
basan en rutinas, expectativas y significados considerados «normales»,
naturales, dados por supuesto. Los estereotipos y estigmatizaciones
operadas en el racismo cotidiano no se reconocen, se invisibilizan y
se suelen esconder bajo un rechazo formal a cualquier manifestación
de discriminación racial institucionalizada, tal como lo veremos más
adelante en la mencionada sentencia. El racismo cotidiano se expresa,
4
Datos tomados de la Sentencia T–1090 del 26 de octubre de 2005, Corte Constitucional, Magistrada
Ponente Clara Inés Vargas Hernández.


sin embargo, de una manera solapada, en las expresiones utilizadas por
los vigilantes de las discotecas de Cartagena o en las expresiones de los
funcionarios entrevistados en una localidad en Bogotá cuando se refieren
a la participación de la población negra en los programas de asistencia
social. Las y los funcionarios, como lo plantea Viveros (2007),
atribuyen las desigualdades en lo referente al capital económico,

cultural y social de las poblaciones negras de la localidad
a distintas causas, algunas estructurales, como el menor
acceso a la educación o las precarias condiciones de vida, pero
también muchas veces a carencias subjetivas, como la falta de
emprendimiento, de autoestima y laboriosidad, debidas muchas
veces a factores «culturales», que les permite continuar creyendo
[…] que no se trata realmente de discriminaciones.
En este artículo nos planteamos analizar los discursos circulantes en
Colombia sobre la discriminación, particularmente la racial, y su cruce
con discriminación por género o por pertenecer a población desplazada. Se
realiza este análisis a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional
–que a su vez, en su argumentación, hace amplia referencia a los acuerdos
internacionales y a la normatividad nacional y regional (en América
Latina), ocupándose tanto de la discriminación negativa, como de la
«inversa» o «discriminación positiva». Nos da lugar, por lo tanto, para
discutir ampliamente los dos conceptos y su aplicación en Colombia.
Argumentaremos que si bien todas las sentencias hacen referencia al
principio general de la «no–discriminación», hasta el momento cada tipo
de discriminación (racial, género, desplazamiento) es tratado mediante
líneas y argumentaciones jurisprudenciales diferentes.

La discriminación racial, el género y el desplazamiento
en la Corte Constitucional
La Constitución de 1991 reconoce y consagra el carácter multiétnico
y pluricultural de la identidad nacional colombiana y los textos
legislativos complementarios han buscado darles a las poblaciones
indígenas y negras las mismas garantías de ciudadanía que se
otorgan a los demás colombianos, mediante la figura de derechos
compensatorios por el hecho de ser «diferentes». Estas medidas
legislativas rompen con una tradición republicana fundada en la
igualdad como principio abstracto e inauguran una nueva etapa en
que se plantea la discriminación positiva (o acción positiva) como una
vía de inclusión ciudadana a los grupos sociales excluidos (Cunin,
2003). El Procurador General de la Nación, en su concepto acerca del
proyecto de ley que otorga una circunscripción nacional especial para
grupos étnicos elabora la siguiente explicación:


en su formulación original, el principio de igualdad hacía
abstracción de las particularidades sociales, étnicas y culturales
de las personas; de ello se desprendía que el carácter común de
la ciudadanía proclamado mediante la fórmula de la igualdad
formal ante la ley era suficiente para proteger de manera
adecuada los intereses de todos los hombres, no obstante las
diferencias que éstos comportaran. No obstante, ante la exclusión
de las personas pertenecientes a minorías que se derivó de esa
concepción abstracta de la persona, el reconocimiento de derechos
diferenciados antes que un privilegio se convirtió en un imperativo
de los cuerpos normativos de las democracias contemporáneas
sobre los cuales gravita el principio de la igualdad material, el
cual recoge la experiencia histórica de acuerdo con la cual los
postulados de la ciudadanía universal resultaron a la postre
discriminatorios hacia las minorías5.
Por primera vez, las comunidades negras son consideradas grupos

y actores sociales étnicos y el «derecho a la diferencia» sustituye la
búsqueda de la indiferenciación en una identidad nacional construida
a partir de una sola lengua, una sola raza y una sola religión. Las
acciones positivas en aras de lograr una igualdad real, se extienden
no sólo a los grupos étnicos (particularmente la Ley 70 de 1993 que
otorga el derecho de territorio a las comunidades negras), sino también
a las mujeres (la Ley 581 de 2000– Ley de Cuotas; Ley 82 de 1993 –
Mujer Cabeza de Hogar, Ley 731 de 2002 –Mujer Rural, entre otras) y
a la población que se encuentra en situación de desplazamiento por la
violencia (pues así se puede entender la Ley 387 de 1997 que establece
un sistema de atención especial a esa población, aunque su «diferencia»
no es considerada de carácter permanente).
Es interesante ver que en el marco de esas novedosas –para el país–
iniciativas legislativas, la jurisprudencia más extensa de los últimos
años se ha desarrollado, efectivamente, sobre la discriminación positiva,
particularmente con respecto a las mujeres y a la obligación del Estado
de atender adecuadamente a la población desplazada6. En cambio, ha
sido muy difícil encontrar una trayectoria jurisprudencial en materia de
discriminación etnoracial negativa y en ese sentido podemos considerar
5
Sentencia C–169 de 2001, Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz, Revisión constitucional del
proyecto de ley no. 025/99 Senado y 217/99 Cámara, por la cual se reglamenta el artículo 176 de
la Constitución Política de Colombia.
6
Los más conocidos son los debates e impugnaciones de la Sentencia T–025 de 2004 (Magistrado
Ponente Manuel José Cepeda Espinosa) y los subsiguientes Autos de cumplimiento que obligan
al Estado colombiano a cumplir con los mínimos de atención a la población desplazada. El
último Auto, 092, significa un hito en la jurisprudencia al combinar las dos condiciones para la
discriminación positiva y ordenar al Estado colombiano «proteger los derechos fundamentales de
las mujeres en situación de desplazamiento forzado», argumentando su vulnerabilidad especial y el
impacto desproporcionado del conflicto armado sobre ellas. Ver para una referencia más extensa,
más adelante en este artículo.


la ya citada Sentencia 1090 de 2005 como un hito importante, que
recoge varias definiciones relevantes, entre otras la de la Sentencia T–98
de1994 sobre qué constituye el acto discriminatorio. En esta última, la
Corte Constitucional define la discriminación como:
un acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo
de personas con base principalmente en estereotipos o perjuicios

sociales, por lo general ajenos a la voluntad del individuo, como
son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, o por razones
irrelevantes para hacerse acreedor de un perjuicio o beneficio
como la lengua, la religión o la opinión política o filosófica (...)
El acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende
– consciente o inconscientemente – anular, dominar o ignorar
a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a
preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae
como resultado la violación de sus derechos fundamentales.
Constituye un acto discriminatorio, el trato desigual e injustificado
que, por lo común, se presenta en el lenguaje de las normas o en
las prácticas institucionales o sociales, de forma generalizada,
hasta confundirse con la institucionalidad misma, o con el
modo de vida de la comunidad, siendo contrario a los valores
constitucionales de la dignidad humana y la igualdad, por imponer
una carga, no exigible jurídica ni moralmente, a la persona7.
En varios apartes de esta definición la Corte refiere a procesos sociales
y psicológicos (el acto inconsciente, la institucionalidad, la inserción en
el modo de vida de la comunidad), que dan, implícitamente, una razón
para la cuasiausencia de jurisprudencia sobre discriminación racial,
pues ésta es muy poco percibida social o políticamente. En la Sentencia
1090 de 2005, la misma idea se desarrolla más explícitamente, al
concluir la Corte la sentencia con un comentario que se acerca mucho
a la idea del racismo cotidiano:
Si bien se sostiene que Colombia no ha erradicado las acciones
de segregación y, que por el contrario, son visibles para los
diferentes entes y organismos estatales, se tiene que el nivel de
empleo de herramientas jurídicas y pedagógicas para cesar los
actos atentatorios de los derechos fundamentales, es escaso, tanto
por quienes son afectados como por las autoridades que deben
7
Sentencia T–098 de 1994. En el mismo sentido, en la sentencia de constitucionalidad sobre unas
normas del Código Nacional de Tránsito, el pleno de la Corte consideró: «Pueden existir entonces
tratamientos diferenciales entre personas o grupos de personas. Sin embargo, su compatibilidad con la
Constitución dependerá de su grado de fundamentación. Así, cuando un criterio es utilizado para dar
tratamientos distintos pero no obedece a razones constitucionalmente válidas, la medida deja de ser un
supuesto del derecho a la igualdad y pasa a convertirse en todo lo contrario: un acto discriminatorio»
(Sentencia C–106 de 2004, Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández).


propender por la efectividad y garantía de sus derechos; tal vez por
el proceso de normalización que ha operado en nuestra sociedad de
aquellas prácticas discriminatorias, que ya no se perciben como
tal, pero que existen y generan, en efecto, la discriminación8.
Ahora bien, para todas las líneas de jurisprudencia que se ocupan de
la discriminación –sea ésta negativa, positiva, racial, por razones de
género o de desplazamiento interno–, los puntos de referencia obligatoria
son dos: el artículo 13 de la Constitución Política de 1991 que se
refiere al derecho a la igualdad9 y un concepto muy relacionado con el
anterior que se conoce como el principio de la no–discriminación. Este
principio, como podemos ver en su formulación, alude por un lado a
las condiciones históricas y a los procesos socioculturales de valoración
negativa de ciertas características, que en términos de Fassin podríamos
llamar las «lógicas de producción» de la discriminación (Fassin, 2004), y
por el otro a los procesos de aplicación de esas valoraciones en la vida
cotidiana, mediante el uso de categorías o criterios que deberían ser

irrelevantes para el trato de las personas y que en términos jurídicos
se conocen como «los criterios sospechosos». Estos, como veremos
más adelante en el caso de Cartagena, juegan un papel central en la
argumentación jurídica de los fallos acerca del acto de discriminación
que afecta los derechos fundamentales de la persona.
El principio de no discriminación, por su parte, asociado con el
perfil negativo de la igualdad, da cuenta de ciertos criterios que
deben ser irrelevantes a la hora de distinguir situaciones para
otorgar tratamientos distintos [..] Estos motivos o criterios que
en la Constitución se enuncian, aunque no en forma taxativa,
aluden a aquellas categorías que se consideran sospechosas,
pues su uso ha estado históricamente asociado a prácticas que
tienden a subvalorar y a colocar en situaciones de desventaja a
ciertas personas o grupos, vrg. mujeres, negros, homosexuales,
indígenas, entre otros. [..] Los criterios sospechosos son, en
últimas, categorías que (i) se fundan en rasgos permanentes de las
personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad
propia a riesgo de perder su identidad; (ii) han estado sometidas,
históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a
menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, per se, criterios con base
en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto
racional y equitativo de bienes, derechos o cargas sociales. (..)
El constituyente consideró, entonces, que cuando se acude a esas

8
Sentencia 1090 de 2005 de la Corte Constitucional, Magistrada Ponente Clara Inés Vargas
Hernández. La puesta en negrilla es nuestra.
9
«Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica»
– Constitución Política de Colombia, 2001, artículo 13.


características o factores para establecer diferencias en el trato, se
presume que se ha incurrido en una conducta injusta y arbitraria
que viola el derecho a la igualdad10.
Los elementos centrales de este principio, como son la definición de
discriminación, la valoración de los criterios sospechosos y la consideración
del sometimiento histórico, se encuentran elaborados en la sentencia 1090
sobre el caso de Cartagena con que abrimos este artículo.

El caso de la sentencia 1090 sobre discriminación racial
Los representantes de las discotecas negaron rotundamente el acto
de discriminación, alegando que los establecimientos estaban llenos y
que por razones de seguridad, en esos casos, no se permite la entrada
de ninguna persona, ya sean «blancas, negras, mestizas, altos, bajos,
gordos o flacos». Frente a esas declaraciones se presentaron las de las
amigas «blancas» de la persona que presentó la tutela, quienes afirmaron
que el sitio no se encontraba lleno y que en otras ocasiones a ella sí
las han dejado entrar y a sus amigas de tez negra se les ha negado el
ingreso en las mismas discotecas.
La Corte, al conocer el caso, impugnó varias decisiones judiciales
anteriores y expuso cuatro consideraciones para su fallo:
1. La no aceptación de las mujeres en las discotecas no se puede ver como
un «hecho consumado» (es decir, cesación de la conducta violatoria a los
derechos fundamentales, por la cual no procedería la tutela). En cambio
considera que, en primer lugar, éstos hechos hacen parte de un conjunto
de maniobras históricas y generales, sustentadas en la exclusión social,
económica y política del grupo racial. La «simple» negativa de acceso a un
establecimiento abierto al público es sólo una de las estrategias y prácticas
de rechazo sustentadas en el prejuicio que materializan el estereotipo racial,
tal y como lo denunció el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial, que menciona concretamente la exclusión de establecimientos
públicos como uno de sus ejemplos11. En segundo lugar considera que
claro está, no hay hecho consumado cuando, perpetrados los
actos de violación de los derechos fundamentales invocados
y causado un daño, los efectos de éste persisten y son
susceptibles de ser interrumpidos, merced a la orden de
inmediato cumplimiento que imparte el juez, persuadido de la
inconstitucionalidad de la actuación correspondiente.
10
Sentencia C–481 de 1998. Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero. En el mismo
sentido se pronuncia la Sentencia C–410 de 1994, Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. El
subrayado es nuestro.
11
Organización de Naciones Unidas, 1999, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial de 1965. Observaciones finales del Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial, Colombia. Examen de los informes presentados por los Estados Partes,
de conformidad con el artículo 9 de la Convención. CERD/C/304/Add.76. Vid.supra 6.2.3.


Más adelante concluye que no es posible admitir hecho consumado si
«mediante la sentencia es posible restablecer la efectiva vigencia de los
derechos fundamentales violados»12.
2. La Corte no aceptó el argumento del «testigo sospechoso». El juez
en primera instancia había desechado el valor de los testimonios
recaudados a las amigas de la demandante por considerarlos
supeditados a los intereses de ella. La Corte consideró que había falta
de severidad en esa apreciación y llamó al principio de la sana crítica
y la presunción de buena fe.
3. El argumento anterior se relaciona directamente con unos de los
principios centrales de la tutela, que es la «grave afectación del interés
colectivo», que en este caso se consideró aplicable.
4. La Corte hace una extensa revisión del «principio de la no–
discriminación racial», citando la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965),

la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales de la UNESCO
y varios instrumentos a nivel interamericano13. Hace una extensa
comparación con la discriminación positiva y considera que «cualquier
juicio de diferenciación, para que sea legítimo, debe ser compatible con
los valores de la Carta y que en todo caso no puede ser contrario a los
criterios proscritos en el artículo 13 Constitucional». Luego constata
que en este caso aplican los «criterios sospechosos», pues las mismas
autoridades colombianas han aceptado en varias ocasiones que la
población afrocolombiana ha sido objeto de sometimiento histórico,
menosprecio cultural y de abandono social. Además, «los estereotipos
ofensivos que utilizan los medios, las artes y la cultura popular tienden
a perpetuar una actitud negativa hacia los negros y estas opiniones,
con frecuencia inconscientes, se reflejan comúnmente en la política
pública, cuando el Gobierno, a los distintos niveles, distribuye los
limitados recursos del Estado»14. En varias sentencias anteriores se
ha aceptado la situación de exclusión social, de marginalidad y de
segregación de la comunidad negra, lo cual les cataloga como sujetos de
especial protección y da pie a medidas especiales como el otorgamiento
de títulos de propiedad colectiva15.
Es interesante ver cómo en casi todas las referencias constitucionales y
jurisprudencia anterior, el tema de marginalidad y segregación territorial
ocupa un lugar especial cuando se argumentan las medidas de especial
12
Véase también la sentencia T–724 de 2003, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentaría.
13
Entre otras, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Costa Rica 1969) y diversos
estudios de la CEPAL. Ver: Bello y Rancel, 2000.
14
Se cita aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos, 1999, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia.
15
Constitución Política de Colombia, 1991, artículo transitorio 55. Sentencia C–169 de 2001,
Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz. Sentencia T–422 de 1996, Magistrado Ponente Eduardo
Cifuentes Muñoz.


protección a la población negra, sin que se mencione la discriminación
como causal de dicha protección. Así lo demuestra la definición de
«sujetos de especial protección» que se elabora en la sentencia sobre la
naturaleza de la propiedad colectiva (T–422 de 1996):
Es un hecho notorio el que, en el contexto social colombiano, las
diferencias y desigualdades se intersectan y se superponen unas
a otras, convirtiendo a ciertos grupos en sectores particularmente

vulnerables. Es así como las diferencias derivadas de la identidad
étnica, del origen «racial» o de la afiliación política, coinciden
con factores históricos, con desigualdades en el acceso a
recursos económicos y a la participación en el sector público,
generando un círculo vicioso de causalidades recíprocas que
actúa siempre en detrimento de la colectividad en cuestión. El
caso de las comunidades indígenas y negras es, a este respecto,
paradigmático: localizadas, como regla general, en la periferia
geográfica y económica del país, sufren de elevados niveles de
pobreza y marginación económica. Por lo mismo, se ubican de
inmediato entre los grupos que por sus condiciones de indefensión
merecen una protección especial del Estado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 13 Superior.
Por primera vez, en el caso de Cartagena, el status constitucional
de «sujeto de especial protección» es aplicado como argumento para
aceptar los actos de discriminación negativa, sin referencia al tema
territorial, pues en este caso la Corte argumenta que por ser sujetos de
especial protección se sustenta la aplicación del concepto de «criterios
sospechosos», cuando quiera que sean objetos de alguna diferenciación
que haga referencia a sus características fenotípicas.
La Corte concluye entonces que la razón fundamental por la que se negó
la entrada a la ciudadana es su «raza» y no que éstas se encontraran
llenas durante la noche de navidad. En efecto en este caso se puede
concluir que los establecimientos demandados han negado la entrada
a los miembros de un grupo racial determinado salvo pequeñas
excepciones soportadas en razón a su condición económica y social.
Señala adicionalmente que en ningún modo el status o el nivel socio
económico de una persona logre justificar su rechazo dentro de la
comunidad y tampoco constituye factor admisible para que sea tenido
en cuenta como sustento de la selección.
Procede entonces la tutela contra particulares no solo por la vulneración
de los derechos fundamentales de la actora, sino también por la
afectación grave y directa de varios principios superlativos previstos
en la Constitución y que rigen la colectividad, como el preámbulo y
principios fundamentales de la Carta, así como el desconocimiento a los
ideales democráticos, pues impide el desenvolvimiento participativo del


sujeto en la sociedad, y supone un quebrantamiento de los designios
de convivencia plural, diversidad étnica y cultural, igualdad, paz y
justicia. La discriminación, en los anteriores términos, no afecta tan
solo los derechos fundamentales sino que también desconoce y excluye
directamente la existencia de la comunidad afrocolombiana y, además,
varios de los principios fundadores de la comunidad internacional.
La Corte no se limitó a ordenar a los representantes legales de las
discotecas que se abstengan de impedir que la accionante ingrese
a sus establecimientos. Adicionalmente, dado que se ha establecido
que las causas de la conducta discriminatoria radican en un prejuicio
históricamente consolidado, impuso varias medidas de corrección, entre
ellas: (1) un curso, por parte de la Defensoría del Pueblo, de promoción
de los derechos humanos, orígenes de comunidades afrocolombianas,
derechos de comunidades étnicas y diversidad cultural al país (a
los representantes legales, socios y trabajadores de las discotecas);
(2) la verificación de que no se incurra en adelante en prácticas de

discriminación racial; (3) la exhortación al congreso para que se tramite
un proyecto de Ley orientado a sancionar las prácticas o conductas de
discriminación racial conforme la Convención y (4) una indemnización
en dinero («en abstracto») por perjuicios morales. Al respecto la
demandante había declarado que «estas palabras nos ofendieron e
hirieron, haciéndonos llorar porque consideramos que como personas
tenemos iguales derechos a los demás y no debemos ser discriminadas
por nuestro color de la piel».
La importancia de la Sentencia 1090 radica entonces en su
reconocimiento por primera vez, de un racismo cotidiano, con referente
al color de la piel, sistemático, basado en razones históricas, reproducido
por los medios de comunicación, activado en situaciones concretas pero
ocultado bajo argumentos o excusas de otra índole.
Al respecto, vale la pena traer a colación otro reciente fallo de la Corte,
en ese caso con referencia a una tutela apelando a la discriminación
racial positiva, donde el color de la piel entra como un tema de debate
como criterio de selección. Se trata de una mujer que pidió entrada
a la facultad de medicina de la Universidad de Santa Marta apelando
a los cupos especiales para comunidades afrocolombianas. La Corte
revocó la sentencia de un juez de Santa Marta que le negó una tutela
porque al igual que la Universidad, consideró que sus facciones no
correspondían a las de un afrodescendiente (la noticia en el periódico
El Tiempo aclara que ella tiene «piel trigueña, pelo lacio y rasgos finos»).
Y luego advirtió a la Universidad que en adelante no podrá fijarse sólo
en los rasgos fisonómicos para aceptar a un aspirante en su calidad de
afrocolombiano. El presidente de la Asociación Colombiana Afrocaribe
de la Zona Bananera, por su parte, calificó la situación como una


simple equivocación, al buscar unos rasgos para determinar si era
afrodescendiente o no, defendiendo el apoyo que la universidad siempre
ha dado a las comunidades minoritarias16.
En efecto, los debates en torno a los criterios de diferenciación para
establecer si éstos criterios son admisibles en el sentido positivo, es
decir, que aportan al trato justo o si más bien son «sospechosos», es

decir que afectan negativamente el derecho a la igualdad, cuentan con
una amplia documentación en la jurisprudencia reciente en torno,
específicamente, a la definición de las comunidades «negras».
En los dos casos mencionados, el de la negación de entrada a las
discotecas en Cartagena y la negativa de acción positiva hacia una
mujer que reclama ser afrocolombiana para entrar a la Universidad de
Santa Marta, la Corte ha considerado que las acciones se basaban en
criterios sospechosos de «raza», asociada con ciertos rasgos fenotípicos
(el color de la piel, el tipo de cabello etc.) que en ningún momento pueden
dar cabida a formas de discriminación, ni negativa ni positiva. Esta
consideración formal jurídica es de gran importancia por el sustento
que da a las vivencias – muchas veces molestas– de racismo positivo
experimentada por parte de población negra en la ciudad de Bogotá y que
hemos analizado en otra parte (Meertens et al. 2005; Viveros, 2007).
Los «criterios de diferenciación» con respecto a las comunidades negras
se han elaborado con gran claridad en la ya mencionada Sentencia
C–169 de 2001, del Magistrado Ponente Carlos Gaviria, sobre las
circunscripciones electorales especiales. En ella se establece claramente
que las comunidades negras se hacen acreedores a los derechos
especiales en tanto grupos étnicos, pero añade que ésta característica
va más allá de la definición de su colectividad empleada en la Ley 70
de 199317 (que está muy relacionada con la titularidad de derechos
colectivos sobre la tierra), pues lo más importante es que se haga
acreedor a los derechos consagrados en el Convenio 169 de Organización
Internacional del Trabajo. Esta norma internacional hace referencia a
dos requisitos que deben concurrir a la hora de establecer quiénes se
pueden considerar como sus beneficiarios: (1) Un elemento «objetivo», a
saber la existencia de rasgos culturales y sociales compartidos por los
miembros del grupo, que les diferencien de los demás sectores sociales,
y (2) un elemento «subjetivo», esto es, la existencia de una identidad
grupal que lleve a los individuos a asumirse como miembros de la
colectividad en cuestión. La legislación colombiana, concretada en la
Ley 70, reconoce el cumplimiento de estos requisitos por parte de las
16
El Tiempo 2006.
17
«El conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten
una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo–poblado,
que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen (sic) de otros grupos étnicos».
(La letra cursiva es nuestra).


comunidades negras colombianas. La Corte reafirma ese reconocimiento
en tanto «grupo étnico» como un presupuesto indispensable para su
adecuada inserción en la vida política y económica del país, haciendo
hincapié en su creciente identidad colectiva que las califica como un
actor social emergente, con la siguiente argumentación:
[…] el establecimiento de un régimen especial de protección de la
cultura e identidad de tales comunidades, constituyen tan sólo el
reconocimiento jurídico de un proceso social que ha cobrado fuerza
en años recientes, y que es ampliamente observable en varias
regiones del país, a saber, la consolidación de un grupo poblacional
que se autodenomina «negro», a partir de distintos tipos de
organizaciones locales que, partiendo de la base de unas condiciones
compartidas de existencia y de una creciente identidad colectiva,
han resuelto darse a la tarea de promover mancomunadamente la
defensa de sus intereses, históricamente desconocidos, cuando no
vulnerados frontalmente, por la sociedad mayoritaria. Se trata, así

de un actor social emergente, no en el sentido de ser un fenómeno
exclusivo de esta época –puesto que las comunidades negras se
comenzaron a configurar desde los primeros tiempos de la esclavitud
en nuestro país, cuando se establecieron los «palenques», pueblos
de esclavos fugitivos o «cimarrones», y se sentaron las bases para
que hoy aparece como una cultura propia– , sino en cuanto se trata
de un grupo que sólo en las últimas décadas ha podido asumir la
tarea de organizarse más allá del ámbito local o regional18.
Más adelante, la Corte puntualiza que las «comunidades negras» no sólo
son aquellas que habitan la Cuenca del Pacífico colombiano, sino también
incluyen a «las que estén ubicadas en otros puntos del territorio nacional
y cumplan con los dos elementos reseñados (incluidos los raizales
de San Andrés y Providencia)». Falta todavía, en esa argumentación,
una precisión sobre el término «comunidades negras», pues no queda
totalmente aclarada si la población afrocolombiana citadina, por
naturaleza más dispersa, podría caber en la misma definición.
Por ende, la Corte hace unas aclaraciones que son de gran importancia
para todos los debates sobre el tema de la «discriminación versus
diferenciación» y que concretizan en el caso colombiano la aplicación
del denominado «Test de Igualdad» (cf. Ridaura y Aznar coords., 2004).
La Corte aclara que la denominación de «grupo étnico» es clave y
precisa para hacerse acreedor del trato diferenciado, mientras que el
término «raza», definitivamente, no se considera válido como criterio de
diferenciación, pues el uso de éste implicaría, más o menos, regresar
a los tiempos de la colonia.

18
Sentencia C–169, 2001, M.P. Carlos Gaviria, sub. 3.2.2.


[…] el reconocimiento de derechos especiales a las comunidades
negras no se hace en función de su «raza», puesto que ello
implicaría presuponer que, en un país con un grado tan alto
de mestizaje como lo es Colombia, existen aún «razas puras», lo
cual es a todas luces inaceptable, y llevaría a efectuar futuras
distinciones (odiosas) entre quiénes se deben considerar de «raza
negra» y quiénes no, para efectos de acceder a los beneficios que

otorga esta ley; con ello, se retrotraería al Estado colombiano
a la época de las grandes clasificaciones coloniales basadas
en los distintos grados de mezcla de sangres, que sustentaban
un verdadero sistema de castas excluyentes, algo frontalmente
incompatible con una democracia constitucional […] debe quedar
claro que los derechos colectivos de las comunidades negras en
Colombia son una función de su status en tanto grupo étnico,
portador de una identidad propia que es digna de ser protegida
y realzada, y no del color de la piel de sus integrantes.
Sin embargo, como hemos visto en las referencias a las prácticas
cotidianas, por ejemplo de los funcionarios, las personas tratan de
ser «políticamente correctas» en la terminología y hacen resistencia al
uso de términos que refieren al color de la piel. Pero simultáneamente
se ubican con más naturalidad en las creencias que aluden a las
supuestas características de la «cultura» en que se mueven las personas
pertenecientes a un determinado grupo étnico.
Sería interesante indagar más adelante sobre la asimilación o
resignificación de esos criterios que deberían emplearse para determinar
la afrocolombianidad, tanto por parte de la Universidad como por parte
de las organizaciones «afro» regionales de la Costa Atlántica. Como
hemos visto en otra parte (Meertens et al., 2005), la definición de la
afrocolombianidad se entremezcla con referentes identitarios regionales,
con particular complejidad en la Costa Caribe, donde «el color de la
piel» con toda su variedad de matices pierde fuerza como punto de
identificación (cf. Cunin, 2003), aunque simultáneamente, como los
vimos en el análisis de la sentencia, se mantiene vigente como referencia
soterrada para los actos de racismo cotidiano.
Sin embargo, en todo ello hay un tema que brilla por su ausencia:
el género. En el estudio en Bogotá, las mujeres negras desplazadas
sufren una triple discriminación pero ésta se expresa a través de
sutiles manifestaciones de rechazo o de aplicación de estereotipos
naturalizados. Estas manifestaciones se dan de forma distinta según el
espacio: en el laboral se asocia a las mujeres negras exclusivamente con
el servicio doméstico y aún dentro de ese medio se sienten maltratadas:
«Y cuando llegué» cuenta una mujer desplazada quien fue maestra de
escuela en el Chocó, «las compañeras, si yo las tocaba así, se limpiaban
[…] algunas me trataban mal […] por ejemplo [decían] “negra háganos
el tinto”». En el espacio de la vivienda por arrendar es donde más se


sienten discriminadas, como la expresó la mujer citada en el epígrafe,
en relación con su calidad de madres: «las negras tienen muchos niños
y hacen mucha bulla». Pero tal vez en el espacio de la calle es donde
más se afecta en su dignidad de mujer:
Va uno en la calle y pasan personas en los carros y le gritan «María
Jesús» […] y las cosas se sectorizan, por ejemplo, va uno hacia
el sur y hay una forma de discriminar y va usted hacia el norte,
sobre todo a las mujeres, los señores le gritan a uno muchas
vulgaridades […], primero esto es por una visión que tienen de
nosotras , porque se dice que la mujer afro sobre todo aquí se
dedica a la prostitución […] y la otra es porque no hay un respeto
hacia nosotras las mujeres afros… (Mujer afro, desplazada por la
violencia hacia Bogotá, entrevistada en julio 2005).
La sentencia 1090, al igual que aquellas en las que la Corte
Constitucional ha abordado el tema de discriminación por género,

está fundamentada en el desarrollo que se ha hecho del artículo 13
de la Constitución Política (criterios sospechosos, igualdad formal y
sustancial) pero su particularidad es el desarrollo concreto del principio
de no discriminación «racial». Se ratifica que se aplica el principio
general de la no discriminación, pero dependiendo del grupo afectado,
llámense mujeres, indígenas o afrocolombianos, se caracteriza con las
particularidades concretas de los argumentos del grupo que realiza
la reclamación, y no más. Llama la atención, entonces, no sólo la
particularidad del tema racial, sino la falta de cruce con otras posibles
discriminaciones y la ausencia de referencia alguna al hecho que las
personas discriminadas sean mujeres. Nuevamente se confirma el
desarrollo por separado de las diferentes líneas de jurisprudencia en
torno a los diferentes tipos de discriminación. Veamos entonces por
aparte algunas de las argumentaciones que se han desarrollado en torno
a la discriminación por género, particularmente la que se dio en torno
a los debates sobre la discriminación positiva de las mujeres.

La discriminación positiva apelada: el caso de las mujeres jefas de hogar
En materia de género, la Corte Constitucional ha identificado varias
normas y conductas discriminatorias. Así, ha encontrado que viola la
igualdad: consagrar una causal de nulidad del matrimonio que sólo
se predica de la mujer (Sentencia C–082 de 1999); negar de plano a
la población femenina el acceso a la única escuela de cadetes del país
(Sentencia T–624 de 1995); que una entidad de seguridad social permita
a los hombres, y no a las mujeres, afiliar a sus cónyuge (Sentencia
T–098 de 1994); exigir que el matrimonio se celebre exclusivamente en
el domicilio de la mujer (Sentencia C–112 del 2000); que a ésta se le
prohíba trabajar en horarios nocturnos (Sentencia C–622 de 1997).


En todos estos eventos, la Corte ha concluido que las diferencias en el
trato, lejos de ser razonables y proporcionadas, perpetúan estereotipos
culturales y, en general, una idea central, y contraria a la Constitución,
de que la mujer es inferior al hombre. (Otros casos de discriminación en
razón del sexo, se pueden ver en las sentencias T–326 de 1995, T–026
de 1996, C–309 de 1996, y C–410 de 1996).
Igualmente, hay eventos en los que es indispensable hacer diferenciaciones

en relación con el sexo. Por ejemplo, en materia laboral pueden presentarse
casos en los que el sexo constituye una condición determinante en el
ejercicio profesional, pero como lo señaló la Corte en la sentencia T–026
de 1996, estas hipótesis son excepcionales, y se debe demostrar que
existe «una conexión necesaria y no de simple conveniencia entre el sexo
del trabajador y el cumplimiento del trabajo». Un ejemplo clásico que
trae a cuento la doctrina, es el del director de cine que necesita un actor
para desempeñar el papel de «galán». En dicho supuesto, mal podría
exigirse que se seleccione a una mujer o cuestionar la selección como
discriminatoria. Aunque no se menciona tan explícitamente en estas
sentencias, la constatación de existencia de discriminación negativa se
fundamenta en el uso de los «criterios sospechosos».
En la Sentencia C–964 de 200319 que trata una «acción pública de
inconstitucionalidad» contra dos artículos de la Ley 82 de 1983 «por
la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer
cabeza de familia», se encuentra una rica argumentación en torno a la
relación entre discriminación negativa y discriminación positiva en el
caso de las mujeres.
El demandante alega en este caso que las acciones especiales de apoyo a
las mujeres cabeza de hogar establecen una discriminación injustificada
entre las mujeres y los hombres cabeza de familia, sobre todo con
respecto a los niños que dependen de unos y otros. Considera que los
derechos de los niños priman sobre los demás y por ello el amparo por
parte del Estado debe ser el mismo para ambos sexos.
La Corte, en sus consideraciones para negar la acción de
inconstitucionalidad, alude a la dimensión sustancial de la igualdad y
desarrolla varios conceptos definitorios de la que es la acción positiva.
Se refiere
[...] al compromiso Estatal de remover los obstáculos que en el plano
económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho.
La igualdad sustancial revela, entonces, un carácter remedial,
compensador, emancipatorio, corrector y defensivo de personas
y de grupos ubicados en condiciones de inferioridad, mediante el
impulso de acciones positivas de los poderes públicos20.

19
Sentencia C–964 de 2003, Magistrado Ponente Álvaro Tafur.
20
Sentencia C–410 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz.


Si bien pueden generar una desigualdad, lo hacen como medio para
conseguir el fin de una sociedad menos inequitativa y más acorde con
el propósito consignado en el artículo 2º de la Carta, de perseguir un
orden justo. Las acciones afirmativas, incluyendo las de discriminación
inversa, están, pues, expresamente autorizadas por la Constitución
y, por ende, las autoridades pueden apelar a la raza, al sexo o a otra
categoría sospechosa, no para marginar a ciertas personas o grupos
ni para perpetuar desigualdades, sino para aminorar el efecto nocivo
de las prácticas sociales que han ubicado a esas mismas personas o
grupos en posiciones desfavorables.
En síntesis, no toda utilización de criterios en principio vedados es
discriminatoria, pues como bien lo ha afirmado esta Corte,
mal podría un Estado tratar de mejorar la situación de un grupo
marginado, sin expedir regulaciones que mencionen el factor que
provocó su segregación. Así, si la ley quiere mejorar la situación

de la mujer frente al hombre, o aquella de los indígenas frente a
los blancos, pues es obvio que la ley debe recurrir a clasificaciones
étnicas o sexuales21.
Pero en últimas, lo que sucede es que en la discriminación inversa no
se está utilizando el mismo criterio que sirve de base a la discriminación
injusta. Para ilustrar esta afirmación con un ejemplo, mientras que
en la discriminación que la Constitución prohíbe a X se le otorga un
tratamiento distinto por el simple hecho de ser mujer o ser negro, en
los casos de discriminación inversa un tratamiento preferencial se
otorga sobre la base de que X es una persona que ha sido discriminada
(injustamente) por ser mujer. La misma Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, dispone que:
«la adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres
y mujeres no se considerará discriminación en la forma definida en la
presente Convención»22.
En las intervenciones que sustentan la decisión de la Corte, se destacan
las razones históricas, «en donde se han identificado los diferentes
roles y estereotipos culturalmente asignados al sexo femenino y al
masculino que se han convertido en factores de discriminación de la
mujer en diferentes ámbitos de la vida familiar y social» (ICBF); de la
necesidad de protección frente a una realidad social de pobreza y de
exclusiva responsabilidad económica: «la mujer desde muy joven se ve
enfrentada a la obligación de responder por hijos, padres e inclusive
por sus mismo cónyuges y compañeros, ya no solamente en su papel
21
Sentencia C–112 del 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
22
CEDAW, 1979, art. 4


de formadora de la niñez y la juventud; sino como soporte económico
de un núcleo conformado por personas que definitivamente dependen
de su exclusivo esfuerzo» (DANE); y de la necesidad de hacer justicia:
la igualdad está íntimamente relacionada con la justicia y con la
equidad; y que la igualdad supone que el legislador de un trato
similar a quienes se encuentran en condiciones similares, razón

por la cual nuestros legisladores han tratado de dar a las mujeres
un equiparamiento en relación con los derechos y deberes de
los cuales eran, hasta hace pocos años, titulares y beneficiarios
únicamente los señores (Ministerio de Protección Social).
Finalmente, el Procurador General señala que las diferencias entre
el sexo femenino y el masculino radican en las particularidades de la
historia signada siempre por la discriminación y el marginamiento, lo
que justifica el trato diferencial, pues la situación fáctica de la mujer
en lo social, económico y cultural, es radicalmente distinta a la de
los hombres. Resalta cómo esa circunstancia generó durante años
el desconocimiento de los derechos de la mujer en todos los campos
sociales; así como el establecimiento de estructuras de poder patriarcal,
construidas sobre la base de la imagen masculina, de forma tal que
la mujer tuvo que esperar muchos años para que su condición fuera
reconocida jurídicamente, como un avance de la civilización política,
pero no obstante ese hecho, esa condición actualmente es solo de
carácter formal, pues la actividad femenina en varios campos de la vida
social, aún es mínima, lo que da lugar a que en la sociedad colombiana
la discriminación contra la mujer se mantenga vigente en el campo de la
ciudadanía civil y social, a pesar de los diversos procesos legislativos que
han buscado eliminar esta circunstancia. Considera, por consiguiente,
que no existe discriminación en contra del varón, cabeza de familia,
toda vez que la adopción de medidas especiales a favor de la mujer
cabeza de familia constituye la más cabal de las realizaciones jurídicas
del Estado Social de Derecho.
A estas argumentaciones, la Corte agrega algunas más, particularmente
con referencia a la Sentencia C–371 de 2000 en la cual se declara
constitucional la famosa Ley de Cuotas, por la cual se reglamenta la
adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios
de las diferentes ramas y órganos del poder público, considerando
que el estímulo a la educación de las mujeres, que se impone,
además, para toda la población en general, es sin duda esencial,
pero con ello no se garantiza de manera eficaz el punto de llegada, o
en otras palabras que la mujer, en un lapso corto, realmente acceda
a los cargos de mayor jerarquía y de dirección en el poder público,
que es en últimas el objetivo perseguido por el legislador.


En ese caso, la Corte había considerado que asegurar una cuota
(un porcentaje) de mujeres en el poder era una medida razonable y
proporcionada para garantizar su participación en un ámbito al cual
les había sido tradicionalmente difícil acceder.
Acogiéndose a los anteriores conceptos y argumentaciones, la Corte
resuelve en el caso de las cabezas de hogar, declarar exequibles las
expresiones de «mujer» cabeza de familia, pero a la vez da por entendido
que los beneficios especiales se pueden extender a los hijos menores
de hombres que se encuentren en la misma situación de una mujer
cabeza de familia.
Vemos entonces que los argumentos a favor de la discriminación positiva
de las mujeres cabeza de hogar no son aceptados en la totalidad de
sus consecuencias por la Corte Constitucional, en este caso, por existir
otros derechos, los de los niños, hijos de hombres (se entiende solos,
en familias monoparentales) cabeza de hogar. Sin embargo, la Corte
agrega una interesante condición a la posibilidad de aplicación en el

caso de los hombres, pues establece que «no basta con que el hombre
se encargue de proveer el dinero necesario para sostener el hogar y
asegurar así las condiciones mínimas de subsistencia de los hijos. El
hombre que reclame este derecho debe demostrar que, en verdad, ha
sido una persona que les ha brindado el cuidado y el amor que los
niños requieran para un adecuado desarrollo y crecimiento», invitando
de esta manera a un cambio de roles y una apropiación verdadera de
la actividad del cuidado por parte de los hombres.

Discriminación negativa y positiva en el caso de la población desplazada
La Sentencia T–025 de 2004, que responde a una acción de tutela,
se ha convertido en referencia obligada tanto para el desarrollo y
cumplimento de la política pública en torno al desplazamiento, como
para la formulación de demandas por parte de las organizaciones
sociales de la población desplazada. En efecto, la sentencia–hito
recoge el sentido y la argumentación de una gran cantidad de fallos
anteriores, 17 en total, para proteger algunos de los derechos de la
población desplazada: en tres ocasiones para proteger a la población
desplazada contra actos de discriminación, y en los otros casos
para proteger la vida e integridad; garantizar el acceso efectivo a
la asistencia humanitaria, a los servicios de salud, el derecho a la
vivienda, el acceso a la educación, derechos de los niños, derecho de
movilidad y escogencia de domicilio, para mencionar algunos.
El argumento central de la sentencia gira en torno a la justificación
de la discriminación positiva. Dice por ejemplo, que aplica el derecho
a la igualdad23, dado que (i) a pesar de que la única circunstancia que
diferencia a la población desplazada de los demás habitantes del territorio
23
Sentencia T–268 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.


colombiano es precisamente su situación de desplazamiento, en virtud de
ésta condición se ven expuestos a todas las violaciones de los derechos
fundamentales que se acaban de reseñar, y también a discriminación y
(ii) en no pocas oportunidades, el hecho del desplazamiento se produce
por la pertenencia de la persona afectada a determinada agrupación o
comunidad a la cual se le atribuye cierta orientación respecto de los
actores en el conflicto armado y por sus opiniones políticas, criterios

todos proscritos como factores de diferenciación por el artículo 13 de la
Carta. Lo anterior no excluye, como se ha visto, la adopción de medidas
de acción afirmativa a favor de quienes se encuentren en condiciones
de desplazamiento, lo cual de hecho constituye una de las principales
obligaciones reconocidas por la jurisprudencia constitucional en
cabeza del Estado24. Pues, «el grupo social de los desplazados, por su
condición de indefensión merece la aplicación de las medidas a favor
de los marginados y los débiles, de acuerdo con el artículo 13 de la
Constitución Política, incisos 2° y 3° que permiten la igualdad como
diferenciación, o sea la diferencia entre distintos»25. A la vez, en estos
mismos apartes citados en la nota 23, se reconoce la existencia de
un doble factor de discriminación en el caso de los grupos étnicos o
las mujeres desplazadas. En síntesis, «las medidas especiales a favor
de los desplazados facilitan que éstos se tornen menos vulnerables,
agencian la reparación de las injusticias derivadas del desplazamiento
involuntario y se orientan a la realización efectiva de ciertos derechos
de bienestar mínimo que constituyen la base para la autonomía y el
autosostenimiento de los sujetos de desplazamiento»26.
Finalmente, en esta sentencia, la Corte hace referencia de manera
expresa a la discriminación de la población desplazada, dándole dos
sentidos específicos: primera, en el sentido de la discriminación negativa,
se interpreta a ésta básicamente en el sentido de la exclusión de los
servicios sociales que debe garantizar el Estado y a la estigmatización de
la cual la población desplazada suele ser objeto. Y en segundo lugar, a
la discriminación positiva, permitida constitucionalmente para superar
su situación de debilidad manifiesta.
24
Ver, por ejemplo, la sentencia T–602 de 2003, en la cual la Corte enfatizó que «siempre que no sea
posible el retorno al lugar de origen de los desplazados en condiciones de dignidad, voluntariedad y
seguridad, la respuesta estatal debe articularse en torno a acciones afirmativas (...) que garanticen
(i) el acceso a bienes y servicios básicos en condiciones de no discriminación, (ii) la promoción de la
igualdad, y (iii) la atención a minorías étnicas y a grupos tradicionalmente marginados, ya que no
puede obviarse que Colombia es un país pluriétnico y multicultural y que buena parte de la población
desplazada pertenece a los distintos grupos étnicos, así como tampoco puede olvidarse que dentro
de la población afectada un gran porcentaje son mujeres y, bien sabido es que éstas padecen todavía
una fuerte discriminación en las áreas rurales y en las zonas urbanas marginales. Para expresarlo
en otros términos, la atención a la población desplazada debe basarse en acciones afirmativas y en
enfoques diferenciales sensibles al género, la generación, la etnia, la discapacidad y la opción sexual.
Las medidas positivas, entonces, deben estar orientadas a la satisfacción de las necesidades de los
grupos más vulnerables, tales como los niños, los adultos mayores o las personas discapacitadas».
25
Sentencia T–098 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
26
Sentencia T–602 de 2003, MP: Jaime Araujo Rentería.


Epílogo: conjugar el discurso y la práctica
En los dos sentidos anteriores en conjunción, se ha pronunciado la
Corte Constitucional en el reciente Auto 092 (2008) sobre «Protección de
los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto
armado» en el marco del seguimiento a la superación del Estado de
Cosas Inconstitucional (ECI) en el campo del desplazamiento forzado,
declarado por la Sentencia T–025 de 200427. Este Auto constituye un hito
en la jurisprudencia, pues por primera vez se dedica una sentencia a la
obligación constitucional de las autoridades colombianas de incorporar
un enfoque diferencial de género dentro de la política pública de atención
a las personas desplazadas por el conflicto armado, de tal forma que el
sistema de protección sea sensible a las necesidades y vulnerabilidades
específicas de las mujeres victimizadas por este fenómeno.
El otro aspecto interesante de este Auto es que se adopta un lenguaje
de discriminación positiva hacia las mujeres y se sustenta esta decisión

con numerosos argumentos y ejemplos demostrando el impacto
desproporcionado del desplazamiento sobre ellas. En ese sentido se
identifican diez riesgos de género para ser tomados en cuenta en las
medidas de prevención, y dieciocho facetas de género en el campo de la
atención, que se ubican tanto en «patrones de violencia y discriminación
de género de índole estructural en la sociedad colombiana, como
problemas específicos de las mujeres desplazadas, producto de la
conjunción de los factores de vulnerabilidad que soportan». Las medidas
que se adoptan constituyen, entre otras, ordenar la creación de trece
programas específicos por parte del Gobierno Nacional, entre ellos se
encuentra un Programa especial de Protección de los Derechos de las
Mujeres Afrodescendientes desplazadas.
Si bien con la Sentencia 1090 sobre el caso de Cartagena se sentó un
precedente en el reconocimiento formal de la existencia del racismo
cotidiano en Colombia, la reflexión sobre cómo ese racismo se reviste
de rasgos específicos a partir de imaginarios y prácticas cotidianas de
género y éstas a su vez exacerbadas en situaciones de conflicto armado
y desplazamiento, todavía está por desarrollarse. En ese sentido, el
discurso oficial emprendido en el Auto 092, así como la exigencia de
responder con programas estatales concretos, tendrá que recurrir al
análisis de las prácticas cotidianas, no de un solo acto, sino de los
cruces discriminatorios de género, raza y desplazamiento, entendido
este último, no sólo desde la normatividad como una violación de
derechos humanos, sino también desde la subjetividad cotidiana,
como una etiqueta de otredad que suele generar nuevas desigualdades
27
Corte Constitucional de Colombia, 2008, Auto 092, «Protección de los derechos fundamentales
de las mujeres desplazadas por el conflicto armado». Magistrado ponente Manuel José Cepeda
Espinosa, mayo 23.


sociales. Para ello hay que pensar acciones que transformen también
las estigmatizaciones y las prácticas cotidianas de discriminación que
se derivan de ellas. He aquí el gran reto, para la Corte, para el Gobierno
y para las organizaciones sociales que, según ordena el Auto, deben
participar en su elaboración, para formular una política pública que sea
comprehensiva, inclusiva, equitativa y reconocedora de la diversidad.

Sentencias y Autos de la Corte Constitucional de Colombia
1994, Sentencia C–410, Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz
1996, Sentencia T–422, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
1998, Sentencia C–481, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero
2000, Sentencia C–112, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
2001, Sentencia C–169, Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz
2002, Sentencia T–098, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra
2003, Sentencia T–268, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra
2003, Sentencia T–602, Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería
2003, Sentencia C–964,Magistrado Ponente: Álvaro Tafur
2004, Sentencia T–025, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa
2004, Sentencia C–106, Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández
2005, Sentencia T–1090, Magistrado Ponente Clara Inés Vargas Hernández,
26 de octubre.
2008, Auto 092, «Protección de los derechos fundamentales de las mujeres
desplazadas por el conflicto armado». Magistrado ponente Manuel José Cepeda
Espinosa, mayo 23.

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Viveros, Mara, 2007, Discriminación racial, intervención social y subjetividad.
Reflexiones a partir de un estudio de caso en Bogotá. Revista de Estudios
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