ARTICULO

Historia Mexicana
El Colegio de México, A.C.
histomex@colmex.mx
ISSN (Versión impresa): 0185-0172
MÉXICO
2006
Daniela Marino
AHORA QUE DIOS NOS HA DADO PADRE […] EL SEGUNDO IMPERIO Y LA
CULTURA JURÍDICO-POLÍTICA CAMPESINA EN EL CENTRO DE MÉXICO
Historia Mexicana, abril-junio, año/vol. LV, número 004
El Colegio de México, A.C.
Distrito Federal, México
pp. 1353-1410
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Universidad Autónoma del Estado de México
http://redalyc.uaemex.mx

AHORA QUE DIOS NOS HA DADO PADRE […]
EL SEGUNDO IMPERIO Y LA CULTURA
JURÍDICO-POLÍTICA CAMPESINA
EN EL CENTRO DE MÉXICO
Daniela Marino
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
[…] en el nombre de S. M. y de Nuestra Princesa
que Dios Nuestro Señor los guarde muchos años
para amparo de los pobres indios desvalidos como
nosotros y que ahora que Dios nos ha dado padre
ocurrimos a cogernos bajo las alas de su protección y
de la Sombra de S.S. Magestades Imperiales […] 1
El objetivo general de este trabajo —así como de la in-
vestigación mayor de la que forma parte—2 es explo-
rar cómo arribar a las concepciones de justicia construidas
por las culturas campesinas del centro de México, a partir
tanto de su propia experiencia y tradiciones como de la
asimilación de la cultura liberal, y cómo dichas concepcio-
nes ilustran ideas y prácticas políticas, como la apelación a
las autoridades extracomunitarias y a la vía judicial para
obtener reconocimiento legal de los que consideraban sus
derechos consuetudinarios —por ejemplo, mantener o re-
1 AGN, JPCM, vol. I, exp. 18, Los vecinos del pueblo de Santa María
Ayotzingo[…], carta al emperador, 18 de junio de 1865, ff. 362-363.
1353HMex, LV: 4, 2006

cuperar el acceso a los recursos naturales de que siempre
habían disfrutado, así como la administración política del
territorio. La apelación a la justicia (sea, en un sentido tra-
dicional, al gobierno justo que, se esperaba, las autoridades
debían ejercer o, en su acepción moderna, estrictamente al
fallo de las instancias judiciales oficiales) fue una —muy
importante y socorrida— de las estrategias que integraban
el repertorio de acción colectiva de los pueblos.
Dentro de ese marco general, este artículo persigue fines
más específicos. En primer lugar, me interesa discernir la
particular relación política que se estableció entre Maximi-
liano de Habsburgo y los indígenas y pueblos del centro
de México, por los medios reglamentados por el empera-
dor: las audiencias públicas y la presentación de peticiones
ante él, su esposa o la Junta Protectora de Clases Meneste-
rosas. En segundo lugar, mediante el análisis de los expe-
dientes de dicho ramo del Archivo General de la Nación
intentaré, por una parte, proporcionar un panorama de los
conflictos que involucraban a los pueblos en un momento
muy puntual (1865-1866), para observar en qué medida
habían sido afectados sus recursos y su vida colectiva por
la aplicación de los ordenamientos liberales en el medio si-
glo anterior (tanto la legislación sobre ciudadanía y go-
bierno municipal, expedida desde 1812, como las más
recientes promulgaciones sobre tierras, en particular, la le-
gislación del periodo de Reforma). Por otra parte, se abor-
darán las peticiones que pueblos o grupos rurales del
México central elevaron al segundo imperio mexicano a
mediados de la década de 1860, al analizarlas tanto inter-
namente (quiénes las suscriben, qué discurso utilizan, la
visión que presentan de los gobernantes y de las funciones
1354 DANIELA MARINO

del gobierno, qué demandan y cómo) cuanto externamen-
te (en qué coyuntura política se ubican estas demandas
y qué lugar ocupaba la petición dentro del abanico de es-
trategias políticas de los grupos indígenas y campesinos).
En tercer lugar, pretendo avanzar elementos del discurso
de las peticiones ante autoridades republicanas, previas y
posteriores al segundo imperio, con el fin de iniciar una
comparación que, a futuro, permita alcanzar conclusiones
más precisas sobre la cultura jurídico-política en los pue-
blos rurales multiétnicos del centro de México, tal como se
expresaba en el discurso público (aquel elaborado —por
ellos mismos, sus representantes legales o algún letrado de
la localidad— para dirigirse a la autoridad).
Intento definir dicha cultura jurídico-política en el con-
texto de la transición jurídica (tanto hacia la implementa-
ción estatal de un sistema moderno de administración de
justicia, cuanto hacia la adopción de una cultura jurídica
también moderna por parte de la sociedad en su conjunto).
Los análisis politológicos han restringido el uso del
concepto “cultura política” a las sociedades democráticas con-
temporáneas y así han influido no pocos estudios históri-
cos, que por ejemplo, explican el surgimiento de una esfera
pública limitada a la élite intelectual urbana.3
Lo mismo ha sucedido con los análisis jurídicos sobre
cultura jurídica, también desde una perspectiva “estatalis-
ta”, como aquélla que sólo dominaban jueces, legisladores,
2 Daniela Marino, “La modernidad a juicio: los pueblos de Huixquilu-
can en la transición jurídica (Estado de México, 1856-1910)”, tesis de
doctorado en etapa final de redacción, El Colegio de México.
3 SOMERS, “¿Qué hay de político?”; BERSTEIN, “La cultura política”.
1355EL SEGUNDO IMPERIO Y LA CULTURA JURÍDICO-POLÍTICA

abogados y notarios y que secuestraron para el Estado al
tiempo que alejaban a la población del vocabulario y las
técnicas indispensables para operar en la arena jurídica.4
Por el contrario, planteo que en un proceso de forma-
ción y consolidación del estado como el que experimenta-
ba México en la época que aquí se estudia, las culturas
jurídico-políticas de la mayoría de los actores de una so-
ciedad todavía fragmentada y heterogénea, se conforma-
ban por elementos modernos tanto como por ideas y
prácticas de antiguo régimen.5 La defensa de esta cultura
política de antiguo régimen —en la cual la justicia, como
valor y como estrategia, ocupaba un lugar prominente—
era necesaria para la subsistencia de los pueblos y otros
grupos como actores colectivos, y diversas coyunturas obli-
garon a sincretismos y negociaciones también diferentes.
En la comprensión de estos problemas, me ha sido par-
ticularmente útil el enfoque de la historia crítica del de-
recho. Esta renovación de la disciplina, desarrollada en las
últimas dos décadas, plantea que la historia jurídica tradi-
cional, fundada con el Estado y para legitimarlo, ha estudia-
do el pasado (el moderno y también el de antiguo régimen)
1356 DANIELA MARINO
4 Por ejemplo, Giovanni Tarello, quien ha trabajado extensamente sobre
la cultura de los profesionales del derecho y, en cambio, se refiere a la
cultura jurídica del “público” sólo en términos de “conocimiento del
derecho” y a la que, significativamente, denomina “cultura jurídica ex-
terna”; véanse TARELLO, Cultura jurídica, pp. 182-183 y GUASTINI y
REBUFA, “Introducción”, pp. 24-25. Un análisis crítico del paradigma
estatalista, particularmente en la historia jurídica, en HESPANHA, Víspe-
ras del Leviatán, cap. 1 y Cultura jurídica, esp. cap. 3; GROSSI, Mitolo-
gía; GARRIGA, “Orden jurídico”; respecto a la historia política véase
además SCHAUB, “El pasado republicano” y “L’histoire politique”.
5 VILAS, “(In)justicia por mano propia”.

con categorías propias del Estado contemporáneo, tal como
se configuró en el siglo XIX. Eso habría llevado a análisis
anacrónicos basados en la traspolación de categorías como
“ley”, “administración”, “división de poderes”, “público/
privado”, e incluso Estado, para construir un desarrollo
evolutivo del Estado, a partir de una génesis moderna co-
mo estado absolutista. Por el contrario, la historia crítica
del derecho pretende estudiar la modernidad desde el anti-
guo régimen, prestando atención a lo que ambos periodos
históricos tuvieron de específico, pero también a las conti-
nuidades y herencias en pleno siglo XIX.6
De esta manera, se ha establecido que en el antiguo régi-
men la justicia no era uno de los poderes en que se dividía
el Estado y ni siquiera función exclusiva de éste, puesto
que el derecho contemplaba muchas otras fuentes además
de la ley promulgada por el soberano, fuentes producidas
por los privados y administradas por sus fueros y tribuna-
les particulares (eclesiástico, militar, pero también indíge-
na, mercantil, minero, de la Mesta, etc.). Es decir, tanto el
gobierno como la justicia en vez de encontrarse monopoli-
zados por el poder político se encontraban dispersos en el
cuerpo social y eran ejercidos tanto por el soberano y sus
funcionarios como por los demás cuerpos que componían
la sociedad: la Iglesia principalmente, pero también los
ayuntamientos y cabildos, consulados, colegios, cofradías,
etc., y si en el siglo XVIII hay una tendencia a centralizar y
expandir las funciones administrativas del soberano, eso
no avasalla las prerrogativas reconocidas a las corporacio-
nes. El Estado que se conforma en el siglo XIX es el intento,
6 Véanse nota 3 y el artículo de Jaime del Arenal en el presente volumen.

de largo aliento, por concentrar y monopolizar esas fun-
ciones de gobierno y justicia, disolviendo a las antiguas
corporaciones y sus fueros, anulando también diferencias
y privilegios estamentales en aras de homogeneizar la so-
ciedad y crear al ciudadano, sobre quien ejercer directa-
mente el poder.7 Por esto mismo, todo el siglo XIX será, no
el de la exclusividad del Estado, sino el de su pugna contra
las corporaciones.
En este sentido, hablamos del siglo XIX como un perio-
do de transición y postulamos también una cultura jurídi-
ca y política de transición. Por eso no podemos fijar dicha
cultura en una serie de elementos determinados y en gra-
dos inamovibles para todo el conjunto de la sociedad, más
bien, la idea es pensar en una cultura sobre la justicia (va-
lores, expectativas, ideas y prácticas construidas sobre el
derecho y los derechos, sobre la ley y su imperio, sobre las
instituciones encargadas de administrar justicia, sobre la
participación de los individuos y los grupos en el sistema,
sobre la función de la justicia en las relaciones de un actor
con las autoridades y con otros actores, etc.) que, en gra-
dos variables para distintos grupos sociales, en diversos
territorios y para diferentes momentos, conjuga elemen-
tos de la cultura jurídica de antiguo régimen con otros
provenientes de la modernidad jurídica. A medida que el
Estado, y sus instituciones de control, se afianzan, es en su
relación cotidiana con los sujetos que esa cultura se va a ir
transformando —en ambas direcciones, pues tanto la so-
ciedad adopta elementos modernos cuanto las agencias
1358 DANIELA MARINO
7 Proceso para el que Paolo Grossi acuñó el concepto de “absolutismo
jurídico”; GROSSI, Assolutismo giuridico.

estatales deben hacer concesiones en su pretensión de cen-
tralizar el poder.
RELACIÓN ESTADO-PUEBLOS:
CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LA POLÍTICA IMPERIAL
Recientes aportes historiográficos han dejado en claro el
lugar que el segundo imperio ha ocupado en el devenir
histórico mexicano, refutando una visión tradicional y na-
cionalista que prefería juzgarlo como una experiencia ne-
tamente extranjera en suelo patrio, a lo sumo apoyado por
algunos monarquistas trasnochados, y que por esa condi-
ción no ameritaba un análisis serio. La propuesta de Erika
Pani de “mexicanizar” el segundo imperio se inscribe en
y remata esa corriente renovadora, al resaltar, no sólo la
participación de prominentes ciudadanos —tanto conser-
vadores como liberales moderados— en el gabinete de Ma-
ximiliano, sino en particular, las inquietudes de sectores de
la clase política mexicana tras cuarenta problemáticos años
tratando de consolidar un Estado-nación.8 Cabe agregar
que en ningún lugar del país fue más cierto el carácter pro-
pio y real del imperio de Maximiliano que en el centro, re-
gión bajo el dominio político y militar de los imperialistas.
Algunos autores se han abocado a resaltar los rasgos libe-
rales de la educación recibida y la política desplegada por
Maximiliano, al señalar que la legislación de este periodo, in-
cluso la de carácter agrarista e indigenista, respetó la propie-
dad privada como principio absoluto: las dos leyes agrarias
que dictó complementaban la ley Lerdo, sin derogar la desa-
8 PANI, Para mexicanizar.

mortización de tierras comunales, por el contrario, reafir-
maban que los terrenos que se otorgaran a los pueblos indí-
genas serían fraccionados y distribuidos entre los vecinos.9
Por otro lado, es preciso no olvidar que fue un régimen
monárquico, es decir, que promovió una cultura política
que privilegiaba la relación directa entre el rey y sus súbdi-
tos —tanto individuos como corporaciones y el ejemplo
que nos ocupa aquí es la relación del monarca con los pue-
blos indígenas.10 Fue también un régimen centralista, lo
que se tradujo en una reorganización territorial y adminis-
trativa que abolió los estados y su autonomía para diseñar
departamentos a cargo de prefectos, subdivididos en dis-
tritos y partidos y sin cuerpos legislativos propios; así
como en la reorganización del sistema de administración de
justicia. Respecto a este último punto, Pani reseña las ideas
de los imperialistas comprometidos con la modernización
jurídica —como el ministro de Justicia Pedro Escudero y
Echánove, o el consejero de Estado José Linares— quienes
deploraban que el emperador atendiera la multitud de soli-
citudes de sus súbditos que debían resolverse, propiamen-
te, ante instancias judiciales (el mejor ejemplo de ello, sin
duda, fue la Junta Protectora). Además, abogaron por un
1360 DANIELA MARINO
9 ARENAL, “La protección”; MEYER, “La Junta Protectora”, pp. 342-
348. Jean Meyer considera a Maximiliano un liberal ilustrado, mientras
que Jaime del Arenal observa en su política protectora hacia las clases
menesterosas influencias eclécticas, tanto de la legislación colonial co-
mo del socialismo utópico; véanse MEYER, Problemas campesinos, p. 87,
ARENAL, “La protección”, pp. 162-163. Un estudio clarificador sobre la
educación de Maximiliano, su contexto familiar y sus experiencias polí-
ticas es RATZ, “El liberalismo”.
10 Sobre la relación que construyeron los emperadores con los pueblos
indígenas de México, véase PANI, ¿“Verdaderas figuras de Cooper”.

centralismo jurídico que definiera e impusiera normas uni-
formes en todo el país e incluso autoridades y jueces forá-
neos en las localidades.11
En particular, sobre la Junta Protectora de Clases Me-
nesterosas —en principio pensada para atender sólo a los
indígenas, luego ampliada a los peones rurales, a los obre-
ros y pobres urbanos—, la historiografía reciente ha desta-
cado su carácter deliberativo y consultivo, sin facultades
para decidir o tomar medidas. No obstante, que al cumplir
su función de recibir las quejas, informarse sobre su vera-
cidad y aconsejar las soluciones que creyera convenientes
al Ministerio de Gobernación u otros organismos con
poder de decisión, encauzó las quejas originadas por la si-
tuación social en el campo. Se ha resaltado, además, su in-
fluencia y cercanía con los emperadores, en especial, en los
proyectos redactados y en las leyes y reglamentos efectiva-
mente promulgados que favoreció, así como en el debate
sobre la protección del indígena y el lugar que éste debía
ocupar en la nación mexicana que generó en el medio inte-
lectual de la época. El segundo imperio, sabemos, tuvo
corta duración. En este sentido, el alcance y aplicación real
de las buenas intenciones de los emperadores no fue más
allá de la sanción legislativa, y la Junta Protectora sólo sir-
vió “para mitigar y canalizar el descontento de las agredi-
das comunidades de indios […] y para atraer su apoyo al
debilitado gobierno monárquico”.12
Como destaca Erika Pani, Maximiliano no trató a los
indígenas como un grupo culturalmente diferenciado ni
11 PANI, Para mexicanizar, pp. 215-218.
12 ARENAL, “La protección”, passim y pp. 191-192.

construyó una legislación específica para esta población,
pero sí fue más sensible a su pobreza extrema y a la necesi-
dad de buscar mecanismos conciliadores para facilitar su
integración a la sociedad nacional. Una novedad fue que,
en esta tarea, se creó un espacio para escuchar las quejas
y solicitudes de los pueblos indios. Frente a la abolición
de su personalidad jurídica, decretada por la Reforma, el
imperio revirtió esa medida y estuvo dispuesto a “conce-
derles un lugar dentro del espacio público”.13
Pese a la importancia de estos trabajos, no se ha señala-
do la utilidad de la Junta para el emperador: las peticiones
habían sido ampliamente utilizadas por príncipes y mo-
narcas europeos de la edad moderna para conocer, de pri-
mera mano, la situación social y el grado de descontento
de sus súbditos y de esa manera poder prevenir estallidos
violentos; así como para controlar a las autoridades locales
e intermedias y ampliar la esfera de acción estatal, median-
te la visión —y las quejas— que de ellas le presentaban sus
súbditos.14 Para un extranjero recién llegado a México —y
1362 DANIELA MARINO
13 PANI, ¿“Verdaderas figuras de Cooper”? Esta visión más apreciativa y
redentora del indígena, en contraste con la que manifestaba la élite me-
xicana de entonces, no fue exclusiva de los emperadores, sino extensiva
a los extranjeros —de diversas nacionalidades y ocupaciones— que lle-
garon durante la intervención y el imperio; véase PANI, El segundo im-
perio, pp. 37-39.
14 NUBOLA, “Supplications between Politics and Justice”. Según Garri-
ga “[en una cultura jurisdiccional] el poder politico es un instrumento
del orden: existe y se legitima para mantener el orden constituido, y a
este fin (que es el oficio o función que cabe a su titular) va trenzando un
conjunto de dispositivos institucionales, que son así procedimientos o
mecanismos, prácticas o instrumentos para realizar (hacer realidad)
la concepción jurisdiccionalista del poder político (o lo que es igual,
para mantener a cada uno en su derecho)”. Entre estas “modalidades

que se había tomado, aparentemente, muy en serio su rol
de gobernante— sin duda la información que recopilaba
en las audiencias públicas, promovidas por la noticia de
creación de la Junta para atender directamente los proble-
mas de los pobres,15 le era muy útil para conocer el sentir y
las condiciones de vida de la mayoría de sus súbditos, así
como el actuar de sus subordinados. En esa dirección, y
pese a sus muchas diferencias, una referencia histórica ine-
ludible para analizar las peticiones al segundo imperio son
los famosos cahiers de doléances, pues en ambos casos fue
el soberano quien requirió a sus súbditos que le hicieran
saber sus reclamaciones. Nuevamente, no se trataba sólo
de información valiosa para efectuar tareas de gobierno:
atendiendo las solicitudes recibidas, el recién asumido em-
perador de México, ávido de legitimidad y consenso, “des-
cubri[ó] el poder de la evidencia de que ‘el Pueblo’ estaba
demandando algo de [él]”.16
no coactivas de ejercicio del poder político […] durante los siglos mo-
dernos” figuran las peticiones de los súbditos y ciudadanos a la autori-
dad; GARRIGA, “Orden jurídico”, pp. 31-32, cursivas en el original.
15 “La Junta recibirá todas las quejas fundadas de las clases menesterosas,
y nos pondrá en su vista, los medios a propósito para resolverlas en justi-
cia”, art. 2º- del “Decreto que instituye bajo la dependencia del Ministerio
de gobernación, la Junta Protectora de las Clases Menesterosas” de 10 de
abril de 1865, en CABRERA ACEVEDO, La Suprema Corte, p. 388.
16 SHAPIRO y MARKOFF, “Officially Solicited Petitions”, p. 83; por me-
dio de los cahiers, el rey francés solicitó (en 1789, por segunda vez) a los
distintos cuerpos que componían la nación que dirigieran a sus repre-
sentantes electos a la asamblea de Estados Generales listas de demandas
y quejas que debían orientar su labor legislativa. Andreas Würgler refie-
re el impulso a la expansión de la acción estatal proporcionado por la
práctica popular de peticionar y quejarse ante la autoridad; WÜRGLER,
“Voices”, pp. 31-32. Estas dos características —fuente de información y

De todos modos, al derivar muchas de esas peticiones a
la Junta, estaba demostrando que no sólo las apreciaba
como fuente de información o legitimidad, sino que era
sensible a esos problemas y tenía la voluntad política de
atenderlos. Al respecto, cabe destacar la imagen ilustrada
del soberano protector y padre de sus súbditos que se inte-
resa por los problemas que éstos le plantean, sea “oralmen-
te o por escrito”, tal como aparecía en un libro de lectura
para las escuelas de niños de los territorios noritalianos de
la monarquía Habsburgo de fines del siglo XVIII:
En el Estado, el monarca dirige y arregla todas las cosas por el
bien más elevado. El asegura que el orden, la abundancia y
el bienestar reinen en todas partes. […] El es el padre amoroso
de aquella gran familia que constituye el Estado. El percibe las
miserias y aflicciones de los súbditos y no rehuye la fatiga de
que se las hagan saber, sea oralmente o por escrito. El no deja a
ninguno sin ayuda o socorro, cuando su examen y las circuns-
tancias lo permiten. El renuncia al descanso, la felicidad y el
confort para conseguir paz y bienestar para sus súbditos.17
Para Faustino Chimalpopoca, presidente de la Junta
Protectora, ésa era precisamente la idea que guiaba la labor
1364 DANIELA MARINO
vehículo para la institucionalización estatal— también las atribuye An-
drés Lira a la profusa actividad litigiosa de la temprana sociedad novo-
hispana; en LIRA, “Abogados, tinterillos”, p. 377.
17 Libro di lettura per gli scolari delle scuole italiane nelle cittá, borghi
terre e piú grandi villaggi degl’imp. reg. Dominii. Tomo secondo. Tra-
dotto dal tedesco dal sacerdote Giovanni Marchetti, Rovereto, 1795, p.
101. El párrafo citado fue traducido al inglés para su transcripción en
NUBOLA, “Supplications”, p. 40, de donde lo he traducido al español,
las cursivas son mías.

de Maximiliano respecto de las “necesidades y sufrimien-
tos”18 que aquejaban a las comunidades: “[…] afortunada-
mente, nuestro ilustre soberano lo sabe todo, pues que
infatigable, visitando a las ciudades, villas, pueblos y ba-
rrios, lo ha visto palpablemente y comprendido su causa
mejor que otro alguno”.19
Pero también era la motivación de los indígenas para
presentar sus quejas al imperio,
V. M. I. seguramente es la persona de quien nos gloriamos ser
sus servidores; puesto que la Providencia Divina lo ha condu-
cido a este pais para consuelo del afligido, oyendo y escuchan-
do sus lamentos a fin de que en consecuencia distribuya a cada
uno lo suyo, o aplique los medios lenitivos para mitigar sus
padecimientos […]20
Es por eso que afirmamos la conveniencia, para los pue-
blos o comunidades indígenas del centro de México, de que
el imperio legitimara ciertos aspectos de la cultura jurí-
dico-política de antiguo régimen. Recordemos que la co-
munidad política liberal, todavía se definía bajo principios
censitarios. Si bien muy amplia, era también desigual y así
la casi mayoría de los campesinos indígenas sólo alcanza-
ba la categoría de “vecino”, lo que les permitía ser votantes
18 Expresión utilizada por Maximiliano en el “Decreto imperial que ins-
tituyó la Junta Protectora de Clases Menesterosas”, Colección de leyes,
vol. 3, t. VI, p. 183.
19 AGN, JPCM, vol. V, exp. 14, f. 107.
20 AGN, JPCM, vol. III, exp. 21, f. 323, Los naturales y vecinos del pue-
blo de San Cristóbal Nezquipayac[…], ocurso al emperador, 11 de
diciembre de 1864.

en el ámbito local.21 Al perder pueblos y comunidades su
personalidad jurídica en 1856, tampoco pudieron en ade-
lante, bajo la república, presentar sus problemas colectivos
ante el sistema judicial. La revisión de estos elementos por
Maximiliano I y la apertura de un espacio público donde
los pueblos recuperaban voz, dio pie a la estructuración de
una relación política de mutua conveniencia entre ambos
actores, sostenida por medio de la presentación de las de-
mandas y la posterior atención a ellas —lo que incluyó la
promulgación de legislación específica para resolver los
problemas que planteaban.
Desde el punto de vista de los suscriptores, debemos
destacar entonces la ocasión de la Junta: un momento en
que en el centro del país la legislación sobre tierras había
comenzado a generar al menos preocupación e inseguridad
en los pueblos rurales con población indígena, al sumarse a
medio siglo de leyes ilustradas y liberales sobre la amplia-
ción de derechos políticos y económicos a los no indígenas
avecindados en los pueblos.22 Sobre todo, no debemos
soslayar la apropiación de la Junta como espacio público
donde muchos pueblos —o grupos al interior de los pue-
blos— lograron, tal vez no resolver, pero sí exponer sus pro-
blemas e inquietudes, los que consideraban sus derechos y
1366 DANIELA MARINO
21 Agradezco la aclaración de Erika Pani sobre este punto. Véanse
ANNINO, “Cádiz y la revolución”; CARMAGNANI y HERNÁNDEZ, “La
ciudadanía orgánica”. Existían excepciones, como algunos cacicazgos
de Texcoco que se enriquecieron gracias a los privilegios que mantuvie-
ron durante la colonia y pudieron conservar el control de algunos
ayuntamientos; véase BIRRICHAGA GARDIDA, “Administración”.
22 Daniela Marino, “La modernidad a juicio: los pueblos de Huixquilu-
can en la transición jurídica (Estado de México, 1856-1910)”, cap. 2.

una forma de defenderlos; es decir, su concepto y utiliza-
ción de la justicia. Más allá de lo efímero de la actuación de
la Junta o la vigencia de la legislación imperial, considero
que este último punto —devolver la personalidad jurídica
y por tanto, el carácter de interlocutor político a los pue-
blos y comunidades como actores colectivos, y el uso que
dichos actores hicieron de ello— es fundamental para en-
tender cómo los pueblos estaban percibiendo las transfor-
maciones generadas a lo largo del primer medio siglo de
vida independiente. A su análisis dedicaré los siguientes
apartados.
Por otro lado, aunque la apelación a la máxima autori-
dad como impartidora de justicia pudo estar presente en
todas las épocas, el contraste con algunos de los primeros
actos de gobierno de Maximiliano dando amplia publici-
dad en los pueblos a la reglamentación de la junta y de las
audiencias públicas semanales fuerza la impresión de que
dicha apelación no fue alentada o legislada, en la misma
medida, por otros gobiernos del siglo XIX.23 Granados
García generaliza esta apelación suplicante al gobernante
a todo el siglo XIX e incluso primeras décadas del si-
glo XX, atribuyéndola a “los rasgos patriarcales autori-
tarios propios de las sociedades rurales”.24 Sin duda, en
23 Sobre la atención personal del virrey Mendoza a las comunidades que
se presentaban a audiencia con él, sus disposiciones para resolver los li-
tigios y, posteriormente, la instauración del Juzgado General de Indios
y el medio real de ministros, véase BORAH, El Juzgado General de In-
dios. Sobre su abolición —primero por la Constitución de Cádiz y lue-
go por el gobierno de Iturbide— al entrar en contradicción con la idea
liberal de una sociedad compuesta por individuos con igualdad de dere-
chos y obligaciones, véase LIRA, “La extinción”.
24 GRANADOS GARCÍA, “Comunidad indígena”, p. 50.

términos generales, esto fue así para solicitudes de favores
económicos y extralegales por parte de los individuos más
desprotegidos de la sociedad, sean urbanos o rurales (viu-
das, huérfanos, veteranos incapacitados; reos condenados
a muerte, destierro o largas penas de prisión o trabajos
públicos; etc.), aunque la ideología del gobernante deter-
minaría el estilo de la relación, imponiendo diferencias
cualitativas y cuantitativas.25
El estudio de Matabuena Peláez sobre la colección Por-
firio Díaz en la Universidad Iberoamericana, determinó
que aproximadamente 44% de la correspondencia perso-
nal recibida por el presidente Díaz fueron peticiones. La
autora observa una visión paternalista del mandatario, al
que dirigen solicitudes de “ayuda económica, becas, prés-
tamos, indultos, auxilio o protección”, aunque no se ocupa
particularmente de peticiones campesinas.26 Pero que las pe-
ticiones al presidente Díaz se encuentren con su corres-
pondencia personal, y no entre los papeles de Estado —como
sucedió en el segundo imperio, donde las peticiones a los
emperadores se derivaban a un organismo público, la Junta
1368 DANIELA MARINO
25 “En los años 1938-1939, examinando expedientes en el Archivo Ge-
neral de la Nación, en la ciudad de México […] veía casi diariamente las
delegaciones de campesinos de los pueblos de México que, en el patio
presidencial, esperaban audiencia del presidente Lázaro Cárdenas.
Comprendí que estaba presenciando el funcionamiento del Juzgado
General de Indios, en la misma forma que tenía en tiempos del primer
virrey”, en BORAH, El Juzgado, p. 9”. Lo más probable es que no haya
sido “en la misma forma”, pero vale la cita para identificar la continui-
dad de esta práctica de apelar a la autoridad más alta, en el caso de los
pueblos para resolver sus conflictos con otras autoridades o actores so-
ciales por el acceso a los recursos esenciales —tierras, aguas, hombres.
26 MATABUENA PELÁEZ, Algunos usos, p. 65.

Protectora—, nos marca la primera y gran diferencia res-
pecto a concederles o no un estatus político.27
Esto nos lleva a considerar que —sin negar la existencia
de coincidencias y traslapes— hubo diferencias importantes
en la retórica de las peticiones que los pueblos dirigieron
a las autoridades republicanas e imperiales y que reflejaban
las culturas jurídicas del antiguo y nuevo régimen, asocia-
das respectivamente, con dichos gobiernos, como intento
desentrañar en este trabajo. Esto resulta totalmente com-
prensible dado que la modernización política implicó la
progresiva sustitución del antiguo régimen —donde el rey
era el árbitro supremo entre los cuerpos que componían la
sociedad (entre los fueros otorgados a cada cuerpo) y por
tanto, garante de justicia (entendida como “dar a cada quien
lo que le corresponde”, según el lugar ocupado por cada
uno)— por un régimen republicano donde imperaría la di-
visión de poderes, uno de los cuales (no ya el gobernante)
se especializaría en la administración de justicia —entendida
ahora como la aplicación del derecho, es decir, de un con-
junto limitado y ordenado de leyes iguales para todos los
ciudadanos, que por tanto ya no requería del arbitraje del
primus inter pares.28
En este sentido, un problema que aquí me interesa pro-
fundizar es discernir la combinación de elementos de los
27 En lo que toca a los pueblos campesinos, sabemos que una de las vías
legales más utilizadas durante el porfiriato para recurrir a la sanción de
las instancias superiores del Estado federal fue la judicial, que seguían
hasta la presentación del recurso de amparo ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Véase MARINO, “Buscando su lugar”.
28 GROSSI, Assolutismo giuridico; HESPANHA, Vísperas del Leviatán y
Cultura jurídica; ARENAL, “El discurso”; GARRIGA, “Orden jurídico”.

discursos políticos moderno y de antiguo régimen que
conviven en las peticiones presentadas en 1865-1866. Para
eso, quiero retomar la propuesta de James Scott “a favor
de una interpretación no tan ingenua del monarquismo in-
genuo de los campesinos” —o, de un liberalismo igual-
mente ingenuo. Scott se refiere a no tomar literalmente las
expresiones deferentes y el recurso argumentativo al mito
del buen gobernante, ignorante de la corrupción o despo-
tismo de sus oficiales, presentes en el discurso público de
los subordinados en sus peticiones a la autoridad; sino más
bien como “los símbolos rituales de una hegemonía conser-
vadora” que abrían un espacio permitido a la reclamación.29
EL RAMO JUNTA PROTECTORA DE CLASES MENESTEROSAS
Está resguardado en el Archivo General de la Nación y
consta de 188 expedientes que corresponden a 1865-1866,
si bien ésos no serían todos los casos tramitados por la
Junta existentes en este archivo.30 Por otra parte, los expe-
dientes no se encuentran todos en iguales condiciones. Sólo
1370 DANIELA MARINO
29 SCOTT, Los dominados, p. 124, las cursivas son mías.
30 ARENAL, “La protección”, p. 73, ha señalado que otros expedientes se
hallan dispersos en los fondos Gobernación, Segundo Imperio, Buscas
y Ayuntamientos. Por su parte, MEYER, “La Junta”, p. 336 dice haber
encontrado otros ochenta expedientes de la Junta en paquetes no cata-
logados, que aparentemente aún no han sido integrados al ramo. Ade-
más, muchas peticiones no llegaban de manera directa a la Junta, sino
que eran enviadas a los emperadores, quienes las habrían recibido en sus
audiencias semanales en los palacios de México y Cuernavaca; de modo
que debemos considerar que un número no calculado de solicitudes que
se hubieran presentado, oralmente o por escrito, en dichas audiencias
pudieron no haber sido derivadas a la Junta Protectora.

algunos están completos e integran la siguiente documen-
tación: recurso presentado por el interesado, carta resu-
men acompañando el expediente desde el despacho del
emperador o el Ministerio de Gobernación hasta la Junta
Protectora, pedidos de informes a los prefectos o juntas
auxiliares, dictamen de la junta y copia al organismo que
resolverá el expediente. Otros sólo tienen la presentación
o concluyen en el pedido de informes, sin que conozcamos
qué sucedió con dicho caso ni tengamos detalles pormeno-
rizados. La mayoría, sin embargo, cuentan con los siguien-
tes datos: la autoridad a quien se dirigieron en primera
instancia —muchas veces la queja fue presentada en las au-
diencias periódicas que daban Maximiliano y Carlota, jun-
tos o por separado, y de allí se remitió a la Junta—, el
motivo de la petición, el nombre y calidad de los firman-
tes y una explicación de las razones que sustentan la pe-
tición (esto último, en los casos en que el expediente está
completo).
¿Quiénes son los demandantes, cuáles son los conflictos
por los que se presentan ante el emperador o la Junta
Protectora, y a quiénes están acusando de privarlos o limi-
tarlos en el ejercicio de sus derechos? Tras analizar, por
medio de una base de datos, los resúmenes de todos los
expedientes incluidos en el catálogo del ramo,31 puedo
señalar las siguientes características generales.
Como ya ha sido señalado por los autores que han es-
tudiado la Junta Protectora,32 la gran mayoría de los expe-
dientes que contiene este ramo pertenecen a los estados del
31 ALFIERO GALLEGOS y GONZÁLEZ ZAMORA, Índice del ramo.
32 Véase ut supra, esp. n. 34.

centro del país (82 %), explicable por ser ésta el área donde
el imperio ejercía mayor dominio. Algunos de estos auto-
res también señalan como causa de dicha concentración,
ser aquella la región que primero sintió los efectos de la
aplicación de la ley Lerdo y, en efecto, 10% de los expe-
dientes tienen que ver con procesos de reparto de tierras
de los pueblos: 18 del total de 188 piden o rechazan proce-
sos de desamortización (aunque dos expedientes corres-
ponden a Jalisco y Zacatecas), y el mismo porcentaje se
mantiene en el territorio del actual Estado de México (7 de
73 expedientes). Entonces, estos son apenas una minoría, y
tenemos que considerar que otros autores han corrobora-
do que, al menos en el Estado de México, la aplicación de
las leyes desamortizadoras no pudo hacerse masivamente
efectiva en los pueblos antes de la restauración de la Repú-
blica, pero sobre todo, hasta fines de la década de 1880 y
principios de la siguiente.33
Por otra parte, los expedientes relativos al actual estado
de Morelos dan cuenta de una realidad un tanto diferente:
si bien los pueblos morelenses habían, ya desde antes, per-
dido muchas de sus tierras por la expansión desmedida
de las haciendas vecinas, sufrieron en mayor grado y en un
lapso mucho más breve las consecuencias de la legislación
desamortizadora. Este proceso estuvo ligado directamente
con los incentivos comerciales para aumentar la superficie
cultivada y la producción de azúcar.34
1372 DANIELA MARINO
33 HUITRON, 1972; Memoria 1869; Daniela Marino, “La modernidad a
juicio: los pueblos de Huixquilucan en la transición jurídica (Estado de
México, 1856-1910)”, cap. 2.
34 Véase MARINO, “La desamortización”.

En cualquier caso, 50 años de aplicación de leyes ilustra-
das y liberales que legalizaron el avecindamiento de no in-
dígenas en los pueblos, y les otorgaron derechos cívicos y
económicos y, en muchos casos, la dirección de la política
municipal, sí habían logrado transformar la vida cotidiana
de las localidades, incluso las que seguían siendo mayorita-
riamente indígenas. La apertura de un espacio de reclama-
ción permitió hacer pública la oposición y el descontento
que ello estaba generando desde hacía tiempo, incluso an-
tes de que se hicieran efectivas las leyes desamortizadoras.
La escasez o el acceso limitado a los recursos sin duda se
habrían sentido de manera más aguda entonces, por los
efectos de la guerra que, iniciada en 1857, no iba a concluir,
sino diez años después.
Todo esto explica que muchos de los recursos presenta-
dos ante la Junta eran litigios por tierras y aguas contra
haciendas, pueblos, o particulares. De los otros temas pre-
sentes, le siguen en importancia los conflictos políticos en
el interior de los municipios. Además, hay denuncias por
abusos y malos tratos de los administradores y dueños de
las haciendas; solicitudes de exención de censos y de im-
puestos para el sostenimiento de la cárcel, la escuela o la
capilla, y pedidos generales de que se haga justicia con el
reclamo que se efectúa.35
Los suscriptores de los reclamos sobre tierras y sobre
gobierno municipal eran, en una gran mayoría, los pueblos
y comunidades indígenas o sus vecinos y/o autoridades.
35 Un análisis cuantitativo de los tópicos presentes en los expedientes,
en Daniela Marino, “La modernidad a juicio: los pueblos de Huixquilu-
can en la transición jurídica (Estado de México, 1856-1910)”, cap. 4.

Sólo hay dos casos —un grupo de arrendatarios y 22 tra-
bajadores de una hacienda— de actores colectivos que,
aparentemente, no representan a pueblos. Las peticiones
individuales son sólo 25 de los 188 casos. Por otra parte,
de los reclamos de los pueblos que denuncian a un tercero
como causante de los perjuicios a los que se reclama solu-
ción, casi 75% acusan a las haciendas o a las autoridades
del municipio, por partes iguales —y algunos a ambas a la
vez. Sólo 9% son denuncias contra pueblos vecinos —o
sus sujetos— y 17% restante acusan a particulares de los
que no se aclara su condición.
Del total de expedientes, he analizado internamente los
catorce correspondientes al estado de Morelos y los 73 re-
feridos al Estado de México.
LA PETICIÓN EN LA CULTURA POLÍTICA
DE LOS PUEBLOS CAMPESINOS
Los expedientes de la Junta nos brindan información espe-
cífica sobre conflictos que atravesaban los pueblos en
1865-1866. Pero además, dan cuenta de la experiencia de
los demandantes con los gobiernos de los años e incluso
décadas anteriores, pues muchas veces los pueblos e indi-
viduos se presentaron ante el imperio para exponer su
frustración por la dilación, irresolución o parcialidad de
las autoridades políticas y/o judiciales ante quienes habían
presentado originalmente la demanda.
Esto nos permite, a su vez, analizar las estrategias de
apelación de los sectores subalternos, quienes se diri-
gían alternativamente al Poder Ejecutivo o al Judicial, a los
ámbitos inferiores o superiores, tratando de encontrar la
1374 DANIELA MARINO

mayor receptividad a sus quejas y solicitudes. Por otro la-
do, la rapidez y magnitud de la respuesta por parte de los
campesinos indígenas a la iniciativa del imperio, da cuenta
de que la petición era una estrategia consolidada dentro de
las prácticas políticas de dicho sector. Finalmente, el dis-
curso utilizado con los emperadores —que rescata el estilo
y las alocuciones utilizadas en tiempos coloniales—, im-
plorando su protección como súbditos desvalidos e igno-
rantes, contrasta fuertemente con el discurso que habían
empleado en las décadas anteriores y que volverían a usar
luego de restaurada la República, cuando demandaban sus
derechos como ciudadanos integrantes de la nación mexi-
cana. Esto nos plantea el carácter instrumental del formato
de la petición, acentuado por la necesaria intermediación de
un personaje letrado, sin que refleje necesariamente su
identidad política.
Al respecto, se ha planteando la necesidad de analizar
“el tono exagerado y melodramático utilizado para dar
realce a sus peticiones” sin descuidar la “beligerancia de
los litigios promovida por las poblaciones indígenas du-
rante gran parte del siglo XIX”.36 Considero que ambas
actitudes no eran mutuamente contradictorias, sino caras
de una misma estrategia aprendida del sistema jurídico vi-
rreinal: ése era el estilo en que los súbditos —fueran o no
indígenas— se dirigían a las autoridades y la forma defe-
rente no contradecía la energía puesta en defender sus
derechos adquiridos. No era hipocresía: el modelo de peti-
ción era la súplica; pero, al mismo tiempo, los cuerpos y
36 PANI, ¿“Verdaderas figuras de Cooper”, p. 589; GRANADOS GARCÍA,
“Comunidad indígena”.

estamentos defendían celosamente sus fueros frente a la
autoridad del soberano y sus delegados en América.37
Veamos entonces las permanencias: ¿cómo acuden a so-
licitar justicia los pueblos? En principio, es muy clara la
apelación al discurso y, en general, a la cultura política de an-
tiguo régimen. En este sentido, podemos decir que los pue-
blos piden como sujetos colectivos y como indígenas —en
algunos casos, como comunidad de indígenas en el interior de
un pueblo que ya no lo es—. Se recupera así una identidad
deliberadamente oculta durante la República, en particular, a
partir de la pérdida de personalidad jurídica decretada por
la ley Lerdo y la Constitución liberal de 1857.
Tomás Victorio, alcalde auxiliar del pueblo de indios de Cua-
jomulco, por si y en nombre de los hijos del pueblo que suscri-
ben, ante V. M. humildemente expongo […]38
El fiscal, el juez auxiliar y varios vecinos de San Lorenzo
Atlacomulco […], por sí y en representación de los demás indi-
viduos que forman el común de indígenas de dicho pueblo […]39
Algunos vecinos del pueblo de Atlacomulco, por sí y en
nombre de la comunidad de indigenas se quejan de la dureza e
1376 DANIELA MARINO
37 Se puede observar el mismo estilo de discurso dirigido a la corona,
pero por grupos de los estamentos más altos de la sociedad tardocolo-
nial, en la “Representación a nombre de los labradores y comerciantes
de Valladolid de Michoacán sobre la Real Cédula de consolidación de
vales”, redactada por Manuel Abad y Queipo en 1805, en MORA, Obras
Sueltas, pp. 175-204. Un análisis de la relación de estamentos y corpora-
ciones con la autoridad regia en la sociedad virreinal, y sus implicacio-
nes en el orden jurídico de antiguo régimen, en ARENAL, “El discurso”;
LEMPÉRIÈRE, “Reflexiones” y el artículo de Jorge Traslosheros incluido
en el presente volumen.
38 AGN, JPCM, vol. III, exp. 32, la cursiva es mía.
39 AGN, JPCM, vol. I, exp. 4, f. 49, la cursiva es mía.

injusticia con que son tratados por el presidente y vocales del
ayuntamiento del mismo pueblo […]40
[…] solo se puede asignarle a cada vecino indígena un pe-
queño pedazo de tierra de dos o tres cuartillos de sembradura,
cuyo vecino o vecinos por no desunirse de su pueblo como
partes que componen a su todo, emplean sus dias, sus meses y
sus años de vida en aquel infimo pedazo de tierra […]41
Que esta identidad colectiva no era sólo una fachada
conveniente para presentarse ante el imperio o etiqueta
impuesta por el discurso jurídico de antiguo régimen, nos
lo confirman profesionales requeridos por las mismas
comunidades, las que, además de tomar decisiones en
asamblea, incluso se dirigen en comisión a solicitar la cola-
boración de un paleógrafo:
Los señores Luis Gerónimo, José Simeón de la Cruz y Barto-
lo Ortiz enviados de UU en unión de otros diez vecinos del
lugar han ocurrido a mí manifestando que al derecho de los
habitantes del pueblo conviene se lleve adelante […] la busca,
paleografia, examen y traducción de los títulos antiguos y
posteriores de la fundación, tierras, señales y linderos de di-
cho pueblo […]42
O, en otro caso, de un abogado: […] mas a las reiteradas
instancias de los vecinos del Pueblo que vinieron dos oca-
40 AGN, JPCM, vol. I, exp. 13, f. 293, la cursiva es mía.
41 AGN, JPCM, vol. IV, exp. 15, la cursiva es mía.
42 AGN, JPCM, vol. I, exp.4, Ocurso que ante la Junta[…] hacen el Juez
auxiliar y los vecinos del pueblo de San Lorenzo Atlacomulco[…], carta
de Francisco Rosales, f. 44, la cursiva es mía.

siones en considerable número, me hicieron ceder, y me en-
cargué del despacho”.43
Por otra parte, los pueblos se dirigen preferentemente a
la cabeza del imperio. Muchos expedientes establecen que
los peticionantes se han dirigido directamente al empera-
dor o la emperatriz, en audiencia pública en el palacio de
México o el de Cuernavaca, y fue luego de esa instancia
que el caso se derivó, a través del Ministerio de Goberna-
ción, a la Junta Protectora, algunos como encargo personal
de Maximiliano o Carlota. No obstante, otros han acudido
directamente a la Junta o a una de sus juntas auxiliares.
Pero, ¿por qué los pueblos preferían presentarse en
audiencia ante Maximiliano y Carlota, y no dirigirse direc-
tamente al organismo creado para atenderlos, presidido
además, por un indígena? El carisma de los emperadores
entre la población,44 la asociación de éstos a las máximas
autoridades virreinales y, fundamentalmente, el retorno a
la cultura política de antiguo régimen donde los pueblos
eran actores colectivos y que, por tanto, podían solicitar
justicia directamente a la cabeza del imperio, es evidente
en la prosa utilizada en los escritos que los indígenas diri-
gen a los emperadores,
[…] mas ahora que la invisible mano de la Providencia ha dis-
puesto que V. M. haya adoptado voluntariamente morar entre
nosotros para sanarnos de nuestros males inveterados, no du-
1378 DANIELA MARINO
43 Lic. Rodríguez de San Miguel, en AGN, JPCM, vol. IV, exp. 12, la
cursiva es mía.
44 PANI, ¿“Verdaderas figuras”? y GRANADOS GARCÍA, “Comunidad
indígena”.

damos de su acostumbrada benevolencia que hará cuanto crea
necesario por el bien y prosperidad de su nueva patria[…]45
[…] Que nunca con más júbilo, ni con mayor contento de-
bemos darnos reciprocos parabienes […] Por que al ver a la
cabeza de nuestro desventurado país, a un personaje tan lleno
de bondad, tan caracterizado de justo y tan publicado de huma-
no, no podemos menos que rebosar en placer […] V. M. I. segu-
ramente es la persona de quien nos gloriamos ser sus servidores;
puesto que la Providencia Divina lo ha conducido a este pais
para consuelo del afligido, oyendo y escuchando sus lamentos a
fin de que en consecuencia distribuya a cada uno lo suyo, o apli-
que los medios lenitivos para mitigar sus padecimientos […]46
Las apelaciones a Dios y a la Providencia como fuente
de autoridad tenían un claro significado en el discurso ju-
rídico-político de antiguo régimen. Como señalé, la peti-
ción era una práctica bien establecida en la cultura política
de los siglos modernos y, como tal, ha sido subrayado su
contenido religioso. Para Andreas Würgler, “la genufle-
xión con la cual los suplicantes acentuaban tanto la urgen-
cia de la solicitud como su inferior estatus respecto al
destinatario” tenía que ver con la asimilación de la petición
al rezo. En el mismo sentido, considera que el poder de
gracia y clemencia del gobernante replicaba la misericordia
de Dios hacia los pecadores, lo que le confería “una legi-
timación metafísica” mientras que “para influenciar la cle-
45 AGN, JPCM, vol. II, exp. 15, f. 153, Los jueces de paz, Auxiliares y
principales vecinos del pueblo de San Francisco Soyaniquilpan[…], carta
al emperador, 22 de agosto de 1865.
46 AGN, JPCM, vol. III, exp. 21, f. 323, Los naturales y vecinos del pue-
blo de San Cristóbal Nezquipayac[…], ocurso al emperador, 10 de
diciembre de 1864. Véase también el epígrafe que encabeza este trabajo.

mencia del gobernante, los peticionantes tendían a prometer
orar a Dios por su buena salud y feliz gobierno”. David
Zaret coincide con esta apreciación, pero además, señala
que la cultura política del antiguo régimen imponía severas
restricciones al derecho de petición, en particular, en el ca-
rácter no faccioso que debían evidenciar las peticiones para
ser recibidas por la autoridad sin que se persiguiera a los
firmantes: en primer lugar, la petición no debía apelar a la
voluntad popular por encima de la autoridad y las leyes,
sino informar sobre un agravio particular y local. Además,
la retórica de la petición debía ser deferente, apelando a fi-
guras religiosas y jurídicas, y no proponer soluciones, sino
someterse al juicio y sabiduría de la autoridad. Por último,
debía aparentar ser una manifestación espontánea frente a
un agravio súbito, disimulando la premeditación y organi-
zación política evidentes tras la formulación, discusión y
recolección de firmas de la petición.47
En las peticiones a la Junta, mediante la exhibición de las
penurias acarreadas —sobre todo por los abusos de due-
ños y administradores de las haciendas colindantes y por
los conflictos con vecinos del razón y el ayuntamiento, pe-
ro en ocasiones también por una alegada puesta en práctica
dolosa de la legislación liberal— los pueblos indígenas ex-
presaban su deseo de que Maximiliano fuera el retorno al
monarca paternalista y protector. En la última de la citas,
1380 DANIELA MARINO
47 WÜRGLER, “Voices”, pp. 15-16; ZARET, “Petitions”, pp. 1513-1515.
“En este sentido, la petición al gobernante o al señor —normalmente
para que repare agravios—, por más que se enunciara con mucho respe-
to, era implícitamente un signo de acción colectiva autónoma de los de
abajo y, por lo tanto, era preocupante”, SCOTT, Los dominados, p. 90,
véanse también pp. 122-131.

los “naturales y vecinos” de San Cristóbal Nezquipayac
apelaban además a la definición de justicia de antiguo régi-
men: esto es, dar a cada uno lo que le corresponde; recla-
mando para sí, evidentemente, el lugar que como pueblos
originarios habían ocupado durante el virreinato.
Ésta era una ficción muy conveniente a la necesidad de
consenso —señalada por Arenal y Pani—48 que tenía el
gobierno de Maximiliano, pero como también ha sido
demostrado, la creación de la junta y la promulgación de la
legislación protectora no abolió el proceso de reparto de
terrenos comunales ni, añadiría, la legislación que recono-
cía como vecinos de los pueblos en igualdad de derechos a
todos sus habitantes, sin distinción étnica o antigüedad de
asentamiento familiar. En ese sentido, la política del segun-
do imperio también pareció moverse cómodamente en ese
terreno de ficción necesario para crear dicho consenso.
[…] y hoy que se trata de un reglamento por S. M. Imperial
que esta dispuesto a proteger el bien de los pueblos, y que ya
llegó el feliz día en que los mejicanos oprimidos tienen a la ca-
beza de la nación una persona que no es de las épocas pasadas,
hoy es un imperio que gobierna SS. MM. I. Maximiliano pri-
mero y su augusta esposa, en esta confianza vivimos, porque
nuestros trabajos sean premiados y nuestras necesidades so-
corridas por nuestros soberanos[…]49
48 ARENAL, “La protección”, p. 191-192; PANI, ¿“Verdaderas figuras de
Cooper?”, pp. 578-580.
49 AGN, JPCM, vol. II, exp. 26, El comisario de Monte Alto[…], carta
de los vecinos de Transfiguracion Poxi y San Miguel Tecpan al subpre-
fecto de Tlalnepantla, 5 de octubre de 1865, f. 351, la cursiva es mía.

Ahora bien, es hora de plantear la cuestión de si dicho
retorno a la cultura política de antiguo régimen era una
mera utilización pragmática o un acto de convicción ideo-
lógica. En primer lugar, la utilización del discurso adecua-
do para favorecer su reclamo es evidente si contrastamos
dichas apelaciones al emperador con otras dirigidas a los
gobiernos anteriores y posteriores al de Maximiliano I.50
Así, una retórica en cierto sentido opuesta a la ofrecida al
emperador era manejada por los pueblos, a lo largo del
siglo XIX, en sus peticiones a las autoridades y presentacio-
nes judiciales. En ellas, generalmente, afirmaban ser obe-
dientes a las leyes y al gobierno mexicano, se identificaban
con la nación, reclamando no como comunidad, sino co-
mo miembros de la nación mexicana. Se autoidentifica-
ban como propietarios, como ciudadanos que trabajan y
pagan los impuestos que sostienen al gobierno y la adminis-
tración del municipio, que colaboraron con el ejército na-
cional —generalmente en las guerras civiles o contra la
intervención extranjera—, apelaban a conceptos caros al
discurso liberal como “Orden Público”, “Ley y la Consti-
tución”, “Patria”, “Libertad”, “Progreso”, “República”
—usualmente con mayúsculas— y citaban artículos cons-
titucionales o frases atribuidas a Benito Juárez.51
1382 DANIELA MARINO
50 Este ejercicio, en Daniela Marino, “La modernidad a juicio: los pue-
blos de Huixquilucan en la transición jurídica (Estado de México, 1856-
1910)”, cap. 4.
51 Véase Daniela Marino, “La modernidad a juicio: los pueblos de
Huixquilucan en la transición jurídica (Estado de México, 1856-1910)”,
cap. 4; dos ejemplos en ESCALANTE GONZALBO, Ciudadanos imagina-
rios, pp. 67-68.

Entonces, ¿en qué medida creía la población indígena, o
al menos sus dirigentes, en el discurso oficial —fuera éste
conservador o liberal, republicano o imperial—, conside-
raban al gobierno nacional y estatal como propio y se sen-
tían parte de la nación mexicana en igualdad de derechos al
resto? Es difícil, si no imposible, arriesgar una respuesta
categórica. Es claro, por una parte, que los pueblos o sus
apoderados utilizaban la retórica oficial y, hacían un uso po-
lítico de ella, para apoyar sus reclamos y conseguir lo poco
que la élite dominante estaba dispuesta a ceder dentro de
su discurso de buen gobierno, de la tendencia que fuera.
Por la otra, que más allá de las sucesivas y diferentes retó-
ricas hegemónicas en la escena política, los pueblos hacían
su propia política, en la que los temas y los actores seguían
siendo básicamente los mismos. Finalmente, que los pue-
blos que mantenían una organización comunitaria y pro-
curaban preservar el dominio y usufructo colectivo de sus
recursos era muy probable que se sintieran más segu-
ros apelando a la cultura de antiguo régimen, en la que
ellos habían sido actores jurídica y políticamente reconoci-
dos y, si bien relegados a una posición social inferior, con
derechos y deberes claramente establecidos y una autono-
mía admitida en muchos aspectos del gobierno local y la
administración de sus recursos “[…] de lo que resulta que
esta hacienda [de Temisco] puede alegar ser legítima po-
seedora […] injusta según las Reales Cedulas y los Sobera-
nos decretos que siempre han considerado inviolables los
terrenos comunales”.52
52 AGN, JPCM, vol. IV, exp. 15, declaración de Irineo Nava, represen-
tante del pueblo de Acatlipa.

No obstante, incluso éstos —y no solamente aquellos
pueblos internamente fragmentados por divisiones socio-
económicas y/o étnicas— habían utilizado la legislación
desamortizadora y municipal liberal en las ocasiones que
así les convenía —para reclamar la división de un terreno
en disputa con un pueblo vecino o para pedir la separación
de la cabecera y la conformación de un ayuntamiento
independiente.
Una cuestión, entonces, es la apropiación de elementos
del discurso y la cultura jurídico-política de los sectores
dominantes para integrarlos a la cultura de los grupos su-
balternos, y otra su utilización estratégica en las relaciones
entre ambos grupos. En esta utilización, también habría
que distinguir —cosa poco fácil— qué tanto los dirigentes
de los pueblos estaban en conocimiento de la retórica con
que sus abogados o “tinterillos” redactaban las deman-
das.53 Sobre este punto quiero extenderme ahora, para
analizar quiénes estaban brindando asesoramiento a los
pueblos y a quiénes se tachaba de “tinterillos”, sobre todo
por los gobiernos locales.
En varios expedientes de la Junta aparece la solicitud de
los pueblos de ser representados por un personaje diferen-
te del alcalde o juez —los autorizados por las leyes—,
quien era visto como factor de éxito en la resolución del
caso a su favor. Uno de ellos pide la mediación del presi-
dente de la Junta Superior, Faustino Chimalpopoca.54 En
1384 DANIELA MARINO
53 Sobre la distinción entre abogados y tinterillos y la persecución de
estos últimos por las autoridades como agitadores y pleitistas entre los
indígenas, véase LIRA, “Abogados” y, para el caso ecuatoriano, GUE-
RRERO, “De protectores”.
54 AGN, JPCM, vol. IV, exp. 15.

otro caso, el pueblo de Tezoyuca había pedido asesora-
miento jurídico al Licenciado Rodríguez de San Miguel55
para que mediara en su conflicto con las haciendas del Sr.
Bermejillo, aunque asimismo, solicitaba audiencia con el
emperador. Vale la pena reproducir algunos fragmentos de
la carta que este famoso abogado —y colaborador de la
Regencia— dirigió a la Junta, donde relata cómo se acercó
el pueblo a rogarle asesoramiento:
Cuando menos pensé, y sin saber que existía este litigio, el juz-
gado de Cuernavaca me nombró asesor y me remitió los autos
[…] Nombrado asesor, por el fatal estado de mi salud y a pesar
de que no subsisto sino de mi profesión, me escusé y me volví
a escusar de asesorar en este asunto; mas a las reiteradas ins-
tancias de los vecinos del Pueblo que vinieron dos ocasiones en
considerable número, me hicieron ceder, y me encargué del
despacho. Suspendí otras urgentes ocupaciones y me dediqué a
ver detenidamente los autos por primera y segunda vez: y
como lo acostumbro estendí minuciosos apuntamientos para
estender mi dictamen consultando la sentencia […]
En segundo lugar, la carta de Rodríguez San Miguel des-
cribe la doble estrategia de los indígenas: proseguir —y di-
latar— el juicio, al tiempo que buscaban audiencia con la
máxima autoridad política, “[..Decidió..] tentarse en una
55 Desconozco si su preferencia por Rodríguez de San Miguel tenía que
ver con su conocimiento de la sonadísima destitución de éste y los de-
más magistrados del Tribunal Supremo, en enero de 1864, por oponerse
a la nacionalización de bienes eclesiásticos, así como de las respuestas a
los ataques recibidos por su actuar, que publicó como folleto y en el pe-
riódico L’Estafette, defendiendo su posición como feligrés católico.
Véase CABRERA ACEVEDO, La Suprema Corte, pp. 125-127.

junta el que vinieran a un arreglo racional […] y tanto
una como otra parte se manifestaron bien dispuestas […]
Por 1ª-, 2ª- y 3ª- vez se difirió por parte del pueblo, que dijo
tener que esperar el viaje de S.M. a Cuernavaca”.
Finalmente, muestra cómo los pueblos, aun sin contar
con los recursos necesarios, procuraban conseguir el ase-
soramiento de un abogado reconocido para lograr el éxito
de su negocio,
Publicada la ley sobre litigios entre pueblos y particulares, es-
cribi al apoderado del Pueblo, para que esos autos tomaran su
nuevo giro, y se recojieran por el debido conducto que cubre
mi responsabilidad en el juzgado. Sin embargo los autos han
quedado hasta ahora en mi poder con algun perjuicio mio,
pues que he trabajado en ellos y empleado mi tiempo sin que
ni de una ni de otra parte se me hayan pagado los honorarios
que tengo devengados y que el Pueblo repetidas ocasiones me
dijo que me serian integramente satisfechos […]56
Pero ¿qué sucedía cuando el apoyo, asesoramiento o
transcripción era solicitado a alguien que no era profesio-
nal del derecho? Según otro expediente de la Junta, tres
pueblos del municipio de Zacualpan habían acudido al
presidente de la Junta Auxiliar de Cuautla, don Juan Cata-
ño y Calvo, requiriéndole que visitara sus pueblos para
constatar su miseria, que intercediera por ellos ante la Jun-
ta Superior y los acompañara a México a solicitar copia de
sus títulos.57 Por su participación en este caso, Cataño
acrecentó su prestigio entre los pueblos indígenas, como lo
1386 DANIELA MARINO
56 AGN, JPCM, vol. IV, exp. 12, la cursiva es mía.
57 AGN, JPCM, vol. V, exp. 26.

demuestran los expedientes de otros dos pueblos que soli-
citan que se les permita ser representados por Cataño,
asunto denegado por la Junta Superior;58 pero también fue
acusado de “alborotar los pueblos y ponerlos en movi-
miento” por el alcalde de Zacualpan ante el subprefecto de
Cuautla, quien lo apresó y allanó la oficina de la Junta au-
xiliar. Dos meses más tarde Cataño ya había renunciado o
sido destituido de su cargo.59
Sin ocupar un cargo público, algo similar le aconteció a
Juan Núñez, representante o apoderado de los vecinos de
Xiutepec en el amparo de posesión y solicitud de remo-
ción del alcalde Sixto Valero, pues este último facilitaba a
las haciendas vecinas la usurpación de tierras y aguas del
pueblo. Valero hace público que tiene orden de la prefec-
tura “de que si el [Núñez] va por el pueblo, aprehenderlo
por vago tinterillo alborotador de pueblos”.60
En la misma situación se encontró Arcadio García, veci-
no y juez pasado61 del pueblo de Santa Catarina Ayotzingo
(Chalco), líder de su comunidad en el pleito que mante-
nían con la vecina hacienda San José Axalco, de Pablo
Granados (primo de un regidor, compadre del síndico y
padre del juez de letras de Chalco). Maximiliano I había
ordenado en 1864 repartir tres terrenos entre los vecinos
58 AGN, JPCM, vol. V, exp. 34 y 37.
60 AGN, JPCM, vol. IV, exp. 15, 2 de junio de 1866.
61 Según la legislación del Estado de México, no era necesario contar
con estudios de derecho para ocupar, por un año, el cargo de juez con-
ciliador en el municipio; función que antes de 1845 desempeñaba el
alcalde; Daniela Marino, “La modernidad a juicio: los pueblos de Huix-
quilucan en la transición jurídica (Estado de México, 1856-1910)”, cap. 3.

pobres del pueblo, uno de los cuales reclamaba para sí
Granados como parte de su hacienda. En noviembre de
1865 el reparto no se había efectuado y varios vecinos es-
cribieron a la Junta exponiendo lo sucedido y pidiendo
por la vida de García, preso en Chalco. La Junta solicitó
información y el subprefecto de Chalco notificó que
[…] he llegado a saber que dicha prisión la efectuó el coman-
dante de la guardia rural de este distrito de acuerdo con el al-
calde municipal de Ayotzingo, en virtud de que pesan sobre
Arcadio García, acusaciones bastante fuertes, no solo sobre su
vaguedad, y como tinterillo, sino sobre algunos delitos comu-
nes y políticos […]62
Lo que nos demuestran los casos de Cataño y Calvo,
Núñez y García, es que la persecución social y legal no re-
caía solamente sobre “tinterillos” no titulados, sino inclu-
so en vecinos que ejercieran liderazgo en su comunidad y
en abogados titulados o funcionarios que demostraran
simpatía por causas populares. Esto, claro, no había apa-
recido ni se extinguiría con el segundo imperio. Como
escribiera Andrés Molina Enríquez, “[…] basta que un
abogado se dedique a defender los pequeños intereses
de los mestizos, o parezca como patrono de los pueblos de
indios, todos los periódicos de los criollos le ponen el sam-
benito de los agitadores[…]”63
1388 DANIELA MARINO
62 AGN, JPCM, vol. IV, exp. 1, f. 5, cursivas mías.
63 Andrés Molina Enríquez, La revolución agraria en México, México,
Liga de Economistas Revolucionarios de la República Mexicana, 1976,
p. 195, citado en LIRA, “Abogados, tinterillos”, pp. 391-392.

Por otra parte, tanto esos casos como las declaraciones
de Rodríguez de San Miguel y del paleógrafo, nos demues-
tran que, más allá de quién escribe y da formato a la peti-
ción, la voluntad de presentarla e incluso la selección del
redactor era una decisión política colectiva asumida por
los pueblos.
Para concluir sobre este punto, considero que eran fun-
damentalmente dos las categorías de personajes que trans-
cribían y/o asesoraban a los grupos campesinos: abogados,
muchas veces titulados, e incluso de cierto prestigio, que
éstos buscaban deliberadamente contratar —más allá de si
finalmente lograban pagar sus servicios—, o bien vecinos
letrados (que generalmente habían desempeñado algún
cargo en la administración local) que accedían —por afini-
dad política, por lazos de vecindad, parentesco, etc.— a los
requerimientos de auxilio de dichos grupos. La figura del
tinterillo como aquel no titulado que habiendo estudiado
leyes o adquirido cierta experiencia en un despacho se de-
dicaba, por ambición y falta de escrúpulos, a recorrer los
campos o merodear los juzgados en busca de indígenas
incautos a quienes embarcar en costosos pleitos contra ha-
ciendas y pueblos vecinos, debió evidentemente haber
existido —aunque, como en cualquier otra profesión, el tí-
tulo no vacunaba contra la codicia y la deshonestidad. Sin
embargo, también puede verse como un “cliché” construi-
do por las clases dominantes para desalentar dicho aseso-
ramiento letrado y/o legal y, por tanto, la litigiosidad
agraria que obtuvo incluso sanción penal.64
64 Adquirió incluso sanción literaria, claro que, como muchos literatos
de entonces, Payno era también un destacado periodista, publicista y

Por otra parte, hay que considerar que si bien la mayo-
ría de las presentaciones oficiales, fuera peticiones a la
autoridad o bien demandas legales ante un juzgado, eran
evidentemente escritas por una persona letrada y con cier-
to conocimiento jurídico —no siempre un abogado o
“huizachero”, a veces un maestro o cura, el auxiliar o juez
del pueblo (presente o pasado), alguna autoridad del ayun-
tamiento que los apoyara en su demanda, o incluso a veces
un indígena más alfabetizado que sus vecinos—, eso no
implica que, como señalaban los hacendados y gobernan-
tes del siglo XIX, fueran un discurso y una cultura jurídica
manejados sólo por dichos personajes y completamente
ajena a los indígenas y campesinos de los pueblos o al me-
nos a sus dirigentes.
La manipulación de los elementos del discurso oficialis-
ta favorables a los intereses de los pueblos aparece en los
expedientes de la Junta y el manejo legal se torna evidente
en muchos casos: los pueblos sabían cómo se movía la ma-
1390 DANIELA MARINO
político. Véase el análisis de Andrés Lira sobre los abogados de Los
bandidos de Río Frío, en LIRA, “Abogados, tinterillos”, pp. 382-385. Li-
ra se ocupa fundamentalmente del control que sobre el ejercicio de la
abogacía, y sobre la población a través de los abogados titulados, acen-
túa el Estado a lo largo del siglo XIX; por ejemplo, con la persecución de
“tinterillos” para reprimir la litigiosidad agraria de las comunidades in-
dígenas. Para el caso ecuatoriano, Guerrero destaca, en particular, la
función que queda vacante al suprimir el gobierno la estructura de pro-
tección colonial a las poblaciones indígenas y que, puesto que la socie-
dad seguía moviéndose mayormente en términos de antiguo régimen
—es decir, corporativa y estamental, apelando con frecuencia al liti-
gio— será ocupada, a petición informal de los indígenas, por personajes
letrados de su localidad que brindarán asesoramiento legal —o al menos
administrativo— y el recurso de la escritura a sus vecinos; GUERRERO,
“De protectores a tinterillos”.

quinaria judicial, se enteraban de la publicación de las
leyes y pagaban asesores para utilizarlas correctamente, es-
taban al corriente de las ocasiones propicias para litigar. La
actitud de veneración que los indígenas procuraban hacer
evidente en los documentos oficiales no empaña el conoci-
miento que los pueblos —por sí o a través de sus apodera-
dos— manifiestan de la legislación que los asiste, ni la
firmeza en erigirse como sujetos políticos en pleno dere-
cho de reclamar por lo que consideran justo y aún de
aconsejar procedimientos a esas mismas autoridades por
quienes exhiben el mayor de los respetos,
Los que suscribimos naturales, originarios y vecinos del pue-
blo de Santa Catarina Ayotzingo, rendidos a las plantas de S.
M. y de N. Ilustrísima Princesa la S. Carlota, nos presentamos
diciendo […] conociendo nosotros no está en el deber del Sr.
Prefecto el dividir una tierra que S. M. mandó se reparta entre
los indios de este Pueblo […] pues nosotros decimos ser esta
tierra muy nuestra pues está en el Centro de los terrenos de la
Población y por tanto pedimos pase este negocio a la Junta
Ilustre de la Clase menesterosa que el Sr. Emperador mandó
poner como defensora de los pobres, y que en ella pedimos
nos sea mandado de orden de S. M. un Visitador para que re-
vise esta tierra como también mande revocar la Sentencia del
Sr. Subprefecto […] al mismo tiempo damos cuenta quejosos
nosotros que el Sr. Subprefecto cuando vino hacer querer di-
vidir la tierra ya referida, no nos dio parte ni tampoco nos ci-
tó hacer o resolver el convenio de dicha division sino que el
pasó a la tierra con solo el administrador de San Jose Axalco y
el hijo de Don Pablo Granados y el Regidor decano, el Sindi-
co Procurador y el Secretario sin darle parte a ningún vecino
de este Pueblo […] y al Sindico le preguntamos que como ha-

bian querido dividir esta tierra y que porqué el Ayuntamiento
habia dado su consentimiento […] y pedimos que S. M. man-
de quitar y disolver el Ayuntamiento de este pueblo por su
mal manejo que tiene como también al Secretario pues este
hace veces de Juez de Paz, de Sindico, de Municipal y a todos
nos maltrata y al mismo tiempo mande S. M. pedir cuenta de
los fondos del Pueblo pues dudamos que estos los este mal-
versando y disfrutando[…]65
Por la redacción del documento, resulta evidente que no
han recurrido a un abogado, más bien parece obra de un
vecino letrado, que probablemente ha ocupado puestos en
la administración local y, por lo tanto, adquirió cierto co-
nocimiento del vocabulario y el formato requeridos para
presentar un escrito a la autoridad. En principio, demues-
tran estar enterados de que el emperador ha instaurado no
sólo una Junta con el fin específico de atenderlos, sino
también inspectores que pueden visitar los pueblos para
informarse mejor sobre la situación. Además, mencionan
un decreto previo del emperador favoreciéndolos en el re-
parto de esas mismas tierras, del que sin duda conocen sus
términos y argumentos jurídicos. Por supuesto, saben
también qué es el fundo legal y a quiénes corresponde, así
como conocen los rituales que acompañaban los procesos
de deslinde y adjudicación; por ejemplo, que en caso de
otorgarse en propiedad el prefecto debió, por lo menos,
haberlos convocado para dejar a salvo sus derechos.
De igual modo, en otro expediente de la junta, los veci-
nos de San Mateo Atlatlahuaca (Morelos) denuncian el
1392 DANIELA MARINO
65 AGN, JPCM, vol. I, exp. 18, Los vecinos del pueblo de Santa María
Ayotzingo[…], carta al emperador, 18 de junio de 1865, ff. 362-363.

despojo que Francisco Flores les hizo de un terreno sobre
el que les prestó dinero para pagarlo, quedando ellos
mientras tanto como arrendatarios, al momento en que se
promulgó la ley Lerdo. No solamente defienden sus dere-
chos de propiedad, a pesar de la deuda, sino que citan los
artículos 3 y 4 de la ley que los favorece en su carácter de
arrendatarios.66 En otro expediente, los vecinos del barrio
de Nexpan, en Jojutla, protestan ante una expropiación
llevada a cabo por el ayuntamiento, sin que se hayan
“guardado las reglas prescritas por la ley”.67 Nuevamente,
puede ser que hayan recurrido a un abogado, como tam-
bién puede tratarse de fórmulas e información legal básica
que manejaban aquellos que habían desempeñado un car-
go concejil.
Mientras que en otros casos, en cambio, el manejo legal
hace evidente la participación de un profesional del dere-
cho. Por ejemplo, el pueblo de San Bartolomé Atlacholoa-
ya exhibe su historial litigante ante sucesivas instancias
para resolver su conflicto con las haciendas Treinta Pesos,
Chiconcuac y del Puente —que incluye enfrentamientos
armados con el personal de las haciendas—, para finalmen-
te solicitar amparo de posesión ante la Junta, en el que ci-
tan incluso legislación colonial.68 También el pueblo de
Amayuca exhibe su peregrinar por distintas oficinas para
obtener fallos favorables que no son cumplidos, sin me-
drar su voluntad de obtener justicia por las vías legales.69
66 AGN, JPCM, vol. I, exp. 9.

La convicción de estar peleando por sus derechos (“sa-
grados” o “inmemoriales”) y la apelación a la justicia de la
Junta y de los emperadores, así como a su misericordia, es
constante; encontramos aquí las referencias religiosas que
mencioné y también la deferencia: piden “humildemen-
te”,70 “con sumisión y respeto”.71 Por otra parte, saben
que exhibir su pobreza, su ignorancia, su debilidad frente a
la codicia de los hacendados y la corrupción de las autori-
dades, implorar por el “porvenir de nuestros hijos”72 y por
la “subsistencia y bienestar” de las nuevas generaciones73
encontrará eco en la imagen generalizada entre los sectores
de la élite favorables a una política tendiente al mejora-
miento de la población indígena.
Muchas veces están apelando a instrumentos jurídicos
coloniales (mercedes, reales cédulas, Recopilación de In-
dias), pero conocen muy bien la legislación que ha pro-
mulgado el segundo imperio, tanto en favor como en
contra de las comunidades, y circulado en impresos,74
así como las anteriores leyes de reforma. Ya me he referido
a que la Junta y la legislación imperial aparecen en un
momento trascendente, cuando los indígenas de muchos
pueblos del centro de México, que algunas décadas antes
habían sido desplazados del gobierno de los municipios y,
por tanto, del control de sus recursos, veían amenazadas
sus tierras comunales y el control colectivo sobre ellas.
Así, se comprende que los aparentemente desinformados
1394 DANIELA MARINO
70 AGN, JPCM, vol. III, exp. 32.
74 AGN, JPCM, vol. IV, exp. 20, anexos.

pueblos del municipio de Zacualpan —en la estrategia de
defensa de Cataño y Calvo, pues sí estaban enterados de la
existencia de la junta y de una auxiliar en Cuautla— res-
pondieran, cuando éste los puso al corriente de la nueva le-
gislación, con “[…]repique de campanas, cuetes, musica y
despues de esto, inmensidad de vivas al nombre del Sr.
Presidente Chimal Popoca por ser el defensor de los me-
nesterosos pueblos indígenas, no ocurriendo más que la
dicha[…]”75
Además de la legislación y los procedimientos, los pue-
blos también demuestran conocer la jerarquía de las ins-
tancias políticas y judiciales ante quienes apelar, cuando
decidían hacerlo. Como se dijo, las peticiones sobre las
que trabajaba la junta eran, en muchos casos, escritos que
habían presentado los pueblos ante la última instancia, la
cabeza del imperio. Cuando llegaban allí, muchos de ellos
ya habían agotado los peldaños anteriores, por eso varios
expedientes de la junta muestran el camino legal seguido
por las comunidades en procuración de justicia. Éstos re-
tratan un camino judicial generalmente largo y fatigoso,
que requería de paciencia y de recursos económicos e
incluso, a veces, de resistencia a las presiones y malos tra-
tos; sobre todo, porque una sentencia favorable en la mano
no garantizaba que la autoridad local pudiera, o quisiera,
hacerla cumplir.
Otros, en cambio, han acudido directamente a la Junta
para evitarse esa ruta —para ahorrarse tiempo y recursos,
quizás respondiendo a una imagen idealizada de la volun-
tad de los emperadores o de la capacidad de la junta para

satisfacer sus demandas. Esto se deduce del expediente del
pueblo de Coajomulco, que describe cómo un pueblo ve-
cino se introdujo “hace algún tiempo” en sus tierras, sin
que se hubieran quejado con anterioridad
[…]esperando una ocasión oportuna de hacerles conocer nues-
tros derechos sin exacerbar sus ánimos. Por fortuna ha llega-
do la oportunidad que deseábamos. La sabia ley de V. M. que
somete al conocimiento de las Prefecturas las cuestiones entre
pueblos, nos la presenta muy conforme a nuestros deseos.76
Más explícito es en su ocurso Antonio Calzada, apode-
rado jurídico del común y natural del pueblo de Santiago
Atepetla del distrito de Tlalnepantla, al solicitar terrenos
en posesión de la vecina hacienda La Escalera, de los que
“hay fundadas probabilidades de que son del pueblo, pero
los títulos no se hayan al corriente, y sería necesario recu-
rrir a la cansada via judicial[…]” que deseaban evitar por
“lo dispendioso y eterno de los juicios”.77 Asimismo, la co-
munidad de Tepoztlán se regocijaba de contar con un
soberano cuyo lema de gobierno era “equidad en la justi-
cia” —es decir, que defendía la cultura jurídica de antiguo
régimen, donde el gobernante podía arbitrar entre las cor-
poraciones, ejerciendo la justicia fuera de los tribunales—,
pues así “ya no tenemos inconvenientes ni lo dispendioso
de un juicio”.78
1396 DANIELA MARINO
76 AGN, JPCM, vol. III, exp. 32.
77 AGN, JPCM, vol. I, exp. 29, f. 494, las cursivas son mías. Este expe-
diente lo analiza también FALCÓN, México descalzo, pp. 87-88.
78 AGN, Gobernación, vol. 1144 (1), exp. 1, citado en GRANADOS GAR-
CÍA, “Comunidad indígena”, p. 63, la cursiva es mía.

En este aspecto, el mismo nombre de la junta, reservada
a las “clases menesterosas”, nos dice, por un lado, que la
vía judicial era onerosa para quienes no contaban con ren-
tas suficientes y, por el otro, que los “pudientes” tenían
otros medios a su disposición para hacerse oír por el go-
bierno. Tanto las audiencias públicas semanales otorgadas
por los emperadores como la creación de la junta central y
las auxiliares —en la región de estudio, en Chalco, Tláhuac,
Cuautla, Cocotitlán y Jajalpa, y tal vez en otros munici-
pios—79 brindaron un camino alternativo, más rápido y
directo, donde los subalternos podían plantear sus quejas.
Algunos consiguieron aquí la solución ansiada —cuando
estaba respaldada por el derecho vigente y podía ejecutarse
vía el Ministerio de Gobernación—, otros sólo asesora-
miento y una recomendación para intentar la vía judicial.
En este sentido, para muchos pueblos que presentaron
sus quejas directamente a las autoridades centrales, saltarse
a las autoridades locales inmediatas e intermedias, refleja
conflictos cuya raíz más que en la desamortización, hay
que buscarla en los cambios políticos y electorales previos
que otorgaron la administración local a grupos que ante-
riormente sólo podían ejercer su mayor poder económico
por mecanismos informales (lo que a su vez ahondó las di-
ferencias sociales, étnicas y económicas en el interior de
los municipios). Esa administración local incluía, por su-
puesto, la de las tierras comunes de los municipios y pue-
blos y de los recursos, en especie y en dinero, generados
por éstas; de allí las peticiones de justicia a las autoridades
79 MEYER, “La Junta”, p. 335.

centrales que, en varios casos, incluyeron la solicitud de
autoridades indígenas para los pueblos.80
Por las razones mencionadas, para los pueblos la estrate-
gia legal no era la única ni, seguramente, la mejor —la más
eficaz, o rápida, o segura— en todos los casos. En éste y
otros momentos del siglo XIX otras prácticas, como la nego-
ciación con las demás partes involucradas, la participación
electoral y en las luchas civiles —en la política de las clases
dominantes—, el recurso a las formas cotidianas y sim-
bólicas de resistencia o, en última instancia, a la violencia
abierta, se combinarían y matizarían, según las circunstan-
cias, para conformar la política de los campesinos.
Todo esto nos permite reflexionar sobre una cultura ju-
rídica y política popular que abarcaba incluso a los grupos
más desfavorecidos y culturalmente más diferenciados: los
indígenas; sobre la comunicación entre la cultura de las éli-
tes y la de los sectores subalternos, y sobre la transición ju-
rídica a la modernidad que, como en otros aspectos de la
superación del antiguo régimen, se daba sobre el principal
vehículo de comunicación e imposición de la razón mo-
derna: la cultura escrita.81 Esto es, para acceder a la justicia
no sólo había que dominar el español, sino además, el es-
pañol escrito y, por si fuera poco, la jerga jurídica. Al re-
primir el asesoramiento legal e, incluso, el apoyo letrado
—es decir, la función de poner por escrito las demandas
1398 DANIELA MARINO
80 Véanse los casos de Zacualpan, Xiutepec y Santa María Ayotzingo ya
citados. Para los procesos mencionados véase Daniela Marino, “La mo-
dernidad a juicio: los pueblos de Huixquilucan en la transición jurídica
(Estado de México, 1856-1910)”, tesis de doctorado, esp. cap. 2.
81 En el plano jurídico, esto lo ha analizado admirablemente HESPANHA,
“Sabios y rústicos”, basándose en la obra de Jack Goody.

indígenas—, los liberales dificultaban el acceso de los indí-
genas a las formas modernas que habían sancionado para
la política y la justicia. Sin embargo, no la imposibilitó: los
pueblos encontraron las vías para seguir presentándose en
la arena jurídica usando la palabra escrita.82
CONSIDERACIONES FINALES
Llamado por los conservadores a ocupar el trono, Maxi-
miliano I, si bien derogó la Constitución de 1857, respetó
parte de la legislación liberal reformista. Sin embargo, su
estilo de gobernar difirió del de sus predecesores liberales
y abrió una vía para la protesta de los pueblos indígenas
afectados que se dirigieron a él en busca de justicia. Es así
que durante 1865-1866 funcionó la Junta Protectora de
Clases Menesterosas, con el fin de recibir y analizar las nu-
merosas peticiones que los sectores más desprotegidos de
la sociedad —en su mayoría campesinos indígenas— pre-
sentaban a los emperadores. La Junta Protectora de Clases
Menesterosas no era una instancia decisoria dentro de la
burocracia imperial, aunque podía, a través del Ministerio
de Gobernación, solicitar informes a prefectos, subprefec-
tos y autoridades municipales y presionaba a aquél para
que obligara a dichas autoridades a cumplir la legislación y
fallos judiciales existentes, en los casos en que las comuni-
dades denunciaban su omisión. La junta recibió, en los dos
años que estuvo funcionando, una respuesta importante de
los pueblos, en particular del centro de México. El análisis
82 Sobre este punto véanse LIRA, “Letrados y analfabetas”, también
GUERRERO, “De protectores”.

de dichas presentaciones nos muestra cuáles eran los con-
flictos existentes entonces en los pueblos, cuál era el mapa
de fuerzas en el interior de ellos, y también cuál era el con-
cepto de justicia y su propia identidad como actores colec-
tivos que defendían los indígenas.
La utilización pragmática del discurso hegemónico por
parte de los pueblos en sus peticiones a las autoridades
—tanto judiciales como políticas—, resulta evidente en las
presentaciones ante el emperador Maximiliano y la Junta
Protectora de Clases Menesterosas. Durante el periodo
independiente, tanto antes como después del segundo im-
perio, los indígenas de los pueblos apelaban al discurso
liberal llamándose “ciudadanos” o “mexicanos”, y enfati-
zaban que obedecían al gobierno, pagaban impuestos y
habían prestado servicio a los ejércitos liberales; asimismo,
aludían a la “Patria”, la “Nación”, la “Libertad” y la “Cons-
titución” (siempre con mayúsculas) y reclamaban dere-
chos y garantías constitucionales. Sin embargo, durante
el breve lapso imperial, retomaron el discurso político de
antiguo régimen, y resultaba evidente la identificación
de Maximiliano con el regreso del monarca paternalista
y protector. Adoptaron para sí mismos las categorías de
“indios”, “súbditos”, “servidores” e “hijos”, así como los
calificativos de “desvalidos”, “pobres”, “oprimidos”,
“desgraciados”, “afligidos” y “menesterosos”; referían su
necesidad de ser “oídos”, “sanados”, “socorridos”, “am-
parados”, “protegidos” y “premiados” y de “mitigar sus
padecimientos”, y apelaron “humildemente” y “con sumi-
sión y respeto” a la “benevolencia”, “bondad”, “compasión”,
“consuelo”, “misericordia”, “protección” y “justicia” de
los emperadores. Es interesante observar, sobre este pun-
1400 DANIELA MARINO

to, cómo las peticiones evidentemente redactadas por un
letrado ajeno a la comunidad son las que presentan las
figuras retóricas deferentes más elaboradas y un grado de
sumisión, en el discurso, más acentuado; mientras que
aquéllas escritas por un personaje local, alfabetizado, pero
no culto (como el caso de Santa María Ayotzingo), acotan
el número y extensión de las reverencias al tiempo que
muestran una postura menos sumisa e introducen algunos
elementos de la cultura política moderna.
Al mismo tiempo que el lenguaje y el estilo de redacción,
algunos motivos y argumentos expuestos en las demandas
lo eran por razones tácticas: decían lo que suponían que la
clase gobernante escucharía, pero para defender modos de
vida alternativos. Además, cuando los peticionantes eran
analfabetos —probablemente en la mayoría de los casos—,
la ayuda de un letrado era indispensable. En esos casos, los
pueblos no se conformaban con cualquier “tinterillo” que
buscara hacer negocio con ellos, sino que se informaban
sobre profesionales de prestigio que pudieran garantizarles
el éxito en su demanda, o bien recurrían a un vecino al-
fabetizado, que hubiera desempeñado algún cargo en la
administración local y fuera de su confianza.
El cambio de discurso fue entonces más que una utiliza-
ción instrumental, al evidenciar las formas en que los suje-
tos subalternos se vinculaban con el Estado mexicano en
proceso de consolidación. En segundo lugar, el cambio de
discurso muestra la lucha de los pueblos por seguir siendo
considerados actores e interlocutores colectivos —lo que
determinaba su opción por la cultura y el discurso jurí-
dico-políticos de antiguo régimen. En tercer lugar, do-
cumenta la importancia que la apelación a las autoridades

—fueran políticas o judiciales— tenía dentro del reperto-
rio de estrategias de acción colectiva de los pueblos.
Por otra parte, en este trabajo se evidencia cómo era
percibido el gobierno por los peticionantes: por un lado, la
autoridad suprema, monárquica, que tenía la facultad de
ordenar una solución expedita, pasando por encima de au-
toridades menores e incluso por otros poderes del gobier-
no —el judicial, por ejemplo—; pero, por otro lado, el
gobierno en su conjunto no era concebido como una es-
tructura compacta y monolítica, sino como una suma de
partes que no necesariamente embonaban de manera per-
fecta (es decir, tal como un gobierno de antiguo régimen)
y, en consecuencia, los sectores subalternos podían utilizar
esas fisuras percibidas entre las clases gobernantes en su
propio provecho, dirigiéndose a las autoridades centrales
con quejas sobre las locales.
Un último elemento que quiero resaltar es que este es-
pacio abierto por el segundo imperio, a pesar de su breve-
dad, nos permitió escuchar las voces de los campesinos de
los pueblos que ya la república no oía colectivamente. Pe-
ro aquí se muestra cómo ciertas peticiones que se hacían
públicas, sin ningún temor, ante las autoridades centrales,
debían permanecer ocultas a las autoridades locales para
evitar las represalias, que podían llegar a la cárcel y al asesi-
nato. Es decir, diferentes estrategias eran utilizadas, por los
mismos sujetos, dependiendo de la queja, del objeto y del
receptor de la demanda.
En todo caso, como se ha señalado, las peticiones colec-
tivas son una manifestación de opinión, que es, finalmente,
una opinión política. La celebración de una asamblea
comunitaria para plantear y discutir la petición, el proceso
1402 DANIELA MARINO

de recolección de firmas y la presentación, usualmente
también colectiva, de una petición firmada por numerosos
individuos son, cada uno de ellos, ejercicios políticos.83 Y
en los casos en que esa petición se convertía en una de-
manda judicial no perdía ese carácter.
SIGLAS Y REFERENCIAS
AGN, JPCM Archivo General de la Nación, ramo Junta Protecto-
ra de Clases Menesterosas, México, Distrito Federal.
ALFIERO GALLEGOS, Alfonso Ángel y Miguel GONZÁLEZ ZAMORA
Índice del ramo de la Junta Protectora de Clases Menesterosas,
México, Archivo General de la Nación, 1980, «Guías y Catá-
logos, 7».
ANNINO, Antonio
“Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos,
1812-1821”, en ANNINO (coord.), pp. 177-226.
ANNINO, Antonio (coord.)
Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. De la for-
mación del espacio político nacional, Buenos Aires, Fondo de
Cultura Económica, 1995.
ARENAL FENOCHIO, Jaime del
“El discurso en torno a la ley: el agotamiento de lo privado
como fuente del derecho en el México del siglo XIX”, en CON-
NAUGHTON, ILLADES y PÉREZ TOLEDO (coords.), 1999,
pp. 303-322.
83 TILLY, Popular Contention, p. 160 y ss.; ZARET, “Petitions”, pp. 1515,
1519-1520 y 1523-1525; SHAPIRO y MARKOFF, “Officially Solicited”, p. 87;
WÜRGLER, “Petitions and Social Conflict”, pp. 32-33: “And, despite
their humble, if submissive, rhetoric, petitions were neither nonpoliti-
cal nor politically without consequences”.

“La protección del indio en el Segundo Imperio Mexicano: la
Junta Protectora de las clases menesterosas”, en Ars Iuris, 6
(1991), pp. 157-192.
BARROS, Carlos (ed.)
Historia a debate. Actas del Congreso Internacional “A Histo-
ria a Debate” (1993), t. III, Otros enfoques, Santiago de Com-
postela, Historia a Debate, 1995.
BERSTEIN, Serge
“La cultura política”, en RIOUX y SIRINELLI (dirs.), 1999, pp.
389-405.
BIRRICHAGA GARDIDA, Diana
“Administración de tierras y bienes comunales. Política, orga-
nización territorial y comunidad de los pueblos de Texcoco,
1812-1857”, tesis de doctorado en historia, México, El Cole-
gio de México, 2003.
BORAH, Woodrow
El Juzgado General de Indios en la Nueva España, México,
Fondo de Cultura Económica, 1985.
CABRERA ACEVEDO, Lucio
La Suprema Corte de Justicia. La República y el Imperio, Mé-
xico, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1988.
CARMAGNANI, Marcello y Alicia HERNÁNDEZ CHÁVEZ
“La ciudadanía orgánica mexicana, 1850-1910”, en SABATO
(coord.), 1999, pp. 371-404.
Colección de Leyes
Colección de Leyes, Decretos y Reglamentos que interinamen-
te forman el sistema político, administrativo y judicial del Im-
perio, México, Imprenta de Andrade y Escalante, 1865.
1404 DANIELA MARINO

CONNAUGHTON, Brian, Carlos ILLADES y Sonia PÉREZ TOLEDO
(coords.)
Construcción de la legitimidad política en México en el siglo
XIX, México, El Colegio de Michoacán, Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, El Colegio de México, 1999.
ESCALANTE GONZALBO, Fernando
Ciudadanos imaginarios, México, El Colegio de México, 1998.
ESCOBAR OHMSTEDE, Antonio (coord.)
Indio, nación y comunidad en el México del siglo XIX, México,
Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines, Centro de
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social,
1993.
FALCÓN, Romana
México descalzo. Estrategias de sobrevivencia frente a la mo-
dernidad liberal, México, Plaza y Janés, 2002.
GALEANA, Patricia (coord.)
Encuentro de liberalismos, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 2004.
GARRIGA, Carlos
“Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen”, en
Istor, IV:16 (primavera, 2004), pp. 13-44.
GRANADOS GARCÍA, Aymer
“Comunidad indígena, imaginario monárquico, agravio y
economía moral durante el segundo imperio mexicano”, en
Secuencia, 41 (mayo-ago. 1998), pp. 45-73.
GROSSI, Paolo
Mitología jurídica de la modernidad, Madrid, Trotta, 2003,
«Estructuras y Procesos, Serie Derecho».
Assolutismo giuridico e diritto privato, Milán, Giuffré, 1998.

GUASTINI, Riccardo y G. REBUFA
“Introducción”, en TARELLO, 1995, pp. 7-33.
GUERRA, François-Xavier y Annick LEMPÉRIÈRE et al.
Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y pro-
blemas. Siglos XVIII-XIX, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines, 1998.
GUERRERO, Andrés
“De protectores a tinterillos: la privatización de la administra-
ción de poblaciones indígenas (dominadas)”, en GUERRERO
RINCÓN y BONILLA (eds.), 1996, pp. 193-211.
GUERRERO RINCÓN, Amado A. y Heraclio BONILLA (eds.)
Pueblos campesinos de las Américas. Etnicidad, cultura e histo-
ria en el siglo XIX, Santander, Colombia, Universidad Indus-
trial de Santander, 1996.
HESPANHA, António Manuel
Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal,
siglo XVII), traducción de Fernando Jesús Bouza Álvarez, Ma-
drid, Taurus, 1989, «Humanidades. Historia».
Cultura jurídica europea. Síntesis de un milenio, Madrid, Tec-
nos, 2002.
“Sabios y rústicos. La dulce violencia de la razón jurídica”, en
La gracia del derecho. Economía de la cultura en la edad mo-
derna, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993,
cap. 1.
HUITRÓN HUITRÓN, Antonio
Bienes comunales en el Estado de México, Toluca, Gobierno
del Estado de México, 1972.
LEMPÉRIÈRE, Annick
“Reflexiones sobre la terminología política del liberalismo”,
en CONNAUGHTON, ILLADES y PÉREZ TOLEDO (coords.),
1999, pp. 35-56.
1406 DANIELA MARINO

LIRA, Andrés
“Letrados y analfabetas en los pueblos de indios de la ciudad
de México: la historia como alegato para sobrevivir en la so-
ciedad política”, en La memoria y el olvido. Segundo Simposio
de Historia de las Mentalidades, México, Instituto Nacional
de Antropología e Historia, Secretaría de Educación Pública,
1985, pp. 61-74.
“Abogados, tinterillos y huizacheros en el México del siglo
XIX”, en SOBERANES FERNÁNDEZ (coords.), 1984, pp. 375-392.
Comunidades indígenas frente a la ciudad de México. Tenoch-
titlan y Tlatelolco, sus pueblos y barrios, 1812-1919, México,
El Colegio de México, 1983.
“La extinción del Juzgado de Indios”, en Memoria del IV
Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano, Mo-
relia, 1975, pp. 299-317.
MARINO, Daniela
“Buscando su lugar en el mundo del derecho: actores colecti-
vos y jurisprudencia en la Reforma”, en Historia de la Justicia
en México, siglos XIX y XX, compilación de la Dirección Gene-
ral del Centro de Documentación, Análisis, Archivos y Com-
pilación de Leyes, México, Suprema Corte de Justicia de la
Nación, 2005, 2 vols.
“La desamortización de las tierras de los pueblos (centro de
México, siglo XIX). Balance historiográfico y fuentes para su
estudio”, en América Latina en la Historia Económica. Bole-
tín de Fuentes, 16 “Tierras”, Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora, 2001, pp. 33-43.
MATABUENA PELÁEZ, Teresa
Algunos usos y conceptos de la fotografía durante el Porfiriato,
México, Universidad Iberoamericana, 1991.
Memoria 1869
Memoria de todos los ramos de la administración del Estado
de México en el año de 1869, presentada a su honorable Legis-
latura por el C. Jesús Fuentes y Muñiz, Secretario General del

Gobierno, en cumplimiento del precepto constitucional conte-
nido en el artículo 95 de la Constitución del Estado, Toluca, Ti-
pografía del Instituto Literario, 1870.
MEYER, Jean
“La Junta Protectora de las Clases Menesterosas. Indigenismo
y agrarismo en el Segundo Imperio”, en ESCOBAR OHMSTEDE
(coord.), 1993, pp. 329-364.
Problemas campesinos y revueltas agrarias (1821-1910), Méxi-
co, Secretaría de Educación Pública, 1973, «SepSetentas, 80».
MORA, José María Luis
Obras Sueltas de[…], ciudadano mexicano, México, Porrúa,
1963.
NUBOLA, Cecilia
“Supplications between Politics and Justice: The Northern
and Central Italian States in the Early Modern Age”, en Inter-
national Review of Social History, 46 (suplemento, 2001),
pp. 35-56.
PANI, Erika
¿“Verdaderas figuras de Cooper” o “pobres inditos infelices”?
La política indigenista de Maximiliano, en Historia Mexicana,
XLVII:3(187) (ene.-mar. 1998), pp. 571-604.
Para mexicanizar el segundo imperio. El imaginario político de
los imperialistas, México, El Colegio de México, Instituto
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2001.
El Segundo Imperio. Pasados de usos múltiples, México, Fon-
do de Cultura Económica, Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas, 2004, «Herramientas para la Historia».
RATZ, Konrad
“El liberalismo de Maximiliano y sus ‘golpes de estado’ en
México”, en GALEANA (coord.), 2004, pp. 31-60.
1408 DANIELA MARINO

RIOUX, Jean-Pierre y Jean-François SIRINELLI (dir.)
Para una historia cultural, México, Taurus, 1999.
SABATO, Hilda (coord.)
Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas
históricas de América Latina, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, El Colegio de México, 1999.
SCOTT, James C.
Los dominados y el arte de la resistencia, México, Era, 2000.
SHAPIRO, Gilbert y John MARKOFF
“Officially Solicited Petitions: The Cahiers de Doléances as a
Historical Source”, en International Review of Social History,
46 (suplemento 2001), pp. 79-106.
SCHAUB, Jean-Frédéric
“L’histoire politique sans l’état: mutations et reformulations”,
en BARROS (ed.), 1995, pp. 217-235.
“El pasado republicano del espacio público”, en GUERRA y
LEMPÉRIÉRE et al., 1998, pp. 27-53.
SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis (coord.)
Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano
(1983), México, Universidad Nacional Autónoma de México,
1984.
SOMERS, Margaret
¿“Qué hay de político o de cultural en la cultura política y en
la esfera pública? Hacia una sociología histórica de la for-
mación de conceptos”, en Zona Abierta, 77/78 (1996-1997),
pp. 31-94.
TARELLO, Giovanni
Cultura jurídica y política del derecho, México, Fondo de Cul-
tura Económica, 1995.

TILLY, Charles
Popular Contention in Great Britain, 1758-1834, Cambridge,
Mass., Cambridge University Press, 1995.
VILAS, Carlos María
“(In)justicia por mano propia: linchamientos en el México
contemporáneo”, en Revista Mexicana de Sociología, LXIII:1
(ene.-mar. 2001), pp. 131-160.
WÜRGLER, Andreas
“Voices from Among the ‘Silent Masses’: Humble Petitions
and Social Conflicts in Early Modern Central Europe”, en In-
ternational Review of Social History, 46 (suplemento, 2001),
pp. 11-34.
ZARET, David
“Petitions and the ‘Invention’ of Public Opinion in the En-
glish Revolution”, en American Journal of Sociology, 101:6
(1996), pp. 1497-1555.
1410 DANIELA MARINO

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