Este documento discute la necesidad de una mayor colaboración entre la academia y la profesión en el campo de la comunicación política. Argumenta que tanto los académicos como los profesionales comparten intereses comunes como evaluar los efectos de las campañas, medir las brechas entre organizaciones políticas y el público, y mejorar la formación. Concluye que trabajando juntos pueden desarrollar teorías, metodologías e investigaciones aplicadas que beneficien a ambos.