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CÓDIGO CIVIL
Título Preliminar
De las leyes y sus efectos y de las reglas generales para su Aplicación
Artículo 1 La Ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la
fecha posterior que ella misma indique.
Artículo 2 La ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento.
Artículo 3 La Ley no tiene efecto retroactivo.
Artículo 4 A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado
propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador.
Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en consideración las
disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas; y, si hubiere todavía
dudas, se aplicarán los principios generales del derecho.
Artículo 5 La renuncia de las leyes en general no surte efecto.
Artículo 6 No pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en
cuya observancia están interesados el orden público o las buenas costumbres.
Artículo 7 Las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes; y no vale alegar contra
su observancia el desuso, ni la costumbre o práctica en contrario, por antiguos y
universales que sean.
Artículo 8 La autoridad de la Ley se extiende a todas las personas nacionales o
extranjeras que se encuentren en la República.
Artículo 9 Las leyes concernientes al estado y capacidad de las personas obligan a los
venezolanos, aunque residan o tengan su domicilio en país extranjero.
Artículo 10 Los bienes muebles o inmuebles, situados en Venezuela, se regirán por las
leyes venezolanas, aunque sobre ellos tengan o pretendan derechos personas extranjeras.
Artículo 11 La forma y solemnidades de los actos jurídicos que se otorguen en el
extranjero, aun las esenciales a su existencia, para que éstos surtan efectos en
Venezuela, se rigen por las leyes del lugar donde se hacen. Si la Ley venezolana exige
instrumento público o privado para su prueba, tal requisito deberá cumplirse.
Cuando el acto se otorga ante el funcionario competente de la República, deberá
someterse a las leyes venezolanas.
Artículo 12 Los lapsos de años o meses se contarán desde el día siguiente al de la fecha
del acto que da lugar al lapso, y concluirán el día de fecha igual a la del acto, del año o
mes que corresponda para completar el número del lapso.

El lapso que, según la regla anterior, debiera cumplirse en un día de que carezca el mes,
se entenderá vencido el último de ese mes.
Los lapsos de días u horas se contarán desde el día u hora siguiente a los en que se ha
verificado el acto que da lugar al lapso.
Los días se entenderán de veinticuatro horas, los cuales terminarán a las doce de la
noche.
Cuando, según la Ley, deba distinguirse el día de la noche, aquél se entiende desde que
nace hasta que se pone el sol.
Estas mismas reglas son aplicables a la computación de las fechas y lapsos que se
señalan en las obligaciones y demás actos, cuando las partes que en ellos intervengan no
pacten o declaren otra cosa.
Artículo 13 El idioma legal es el castellano. Las oficinas públicas no podrán usar otro
en sus actos; y los libros de cuentas de los comerciantes, banqueros, negociantes,
empresarios y demás industriales, deben llevarse en el mismo idioma.
Artículo 14 Las disposiciones contenidas en los Códigos y leyes nacionales especiales,
se aplicarán con preferencia a las de este Código en las materias que constituyan la
especialidad.
Libro Primero
De las personas
Título I
De las personas en general y de las personas en cuanto a su Nacionalidad
Capítulo I
De las personas en general
Artículo 15 Las personas son naturales ó jurídicas.
Sección I
De las personas naturales.
Artículo 16 Todos los individuos de la especie humana son personas naturales.
Artículo 17 El feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien; y para que sea
reputado como persona, basta que haya nacido vivo.
Artículo 18 Es mayor de edad quien haya cumplido dieciocho (18) años.
El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, con las excepciones
establecidas por disposiciones especiales.
Sección II
De las personas jurídicas

Artículo 19 Son personas jurídicas y por lo tanto, capaces de obligaciones y derechos:
1°. La Nación y las Entidades políticas que la componen;
2°. Las iglesias, de cualquier credo que sean, las universidades y, en general, todos los
seres o cuerpos morales de carácter publico;
3°. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado. La
personalidad la adquirirán con la protocolización de su acta constitutiva en la Oficina
Subalterna de Registro del Departamento o Distrito en que hayan sido creadas, donde se
archivará un ejemplar auténtico de sus Estatutos.
El acta constitutiva expresará: el nombre, domicilio, objeto de la asociación,
corporación y fundación, y la forma en que será administrada y dirigida.
Se protocolizará igualmente, dentro del término de quince (15) días, cualquier cambio
en sus Estatutos.
Las fundaciones pueden establecerse también por testamento, caso en el cual se
considerarán con existencia jurídica desde el otorgamiento de este acto, siempre que
después de la apertura de la sucesión se cumpla con el requisito de la respectiva
protocolización.
Las sociedades civiles y las mercantiles se rigen por las disposiciones legales que les
conciernen.
Artículo 20 Las fundaciones sólo podrán crearse con un objeto de utilidad general:
artístico, científico, literario, benéfico o social.
Artículo 21 Las fundaciones quedarán sometidas a la supervigilancia del Estado, quien
la ejercerá por intermedio de los respectivos Jueces de Primera Instancia, ante los cuales
rendirán cuenta los administradores.
Artículo 22 En todo caso, en que por ausencia, incapacidad o muerte del fundador, o
por cualquiera otra circunstancia no pudiere ser administrada la fundación de acuerdo
con sus Estatutos, el respectivo Juez de Primera instancia organizará la administración o
suplirá las deficiencias que en ella ocurran, siempre con el propósito de mantener en lo
posible el objeto de la fundación.
Artículo 23 El respectivo Juez de Primera instancia, oída la administración de la
fundación, si fuere posible, podrá disponer la disolución de ésta y pasar sus bienes a otra
fundación o institución, siempre que se haya hecho imposible o ilícito su objeto.
Capítulo II
De las personas en cuanto a su nacionalidad
Artículo 24 Las personas son venezolanas o extranjeras.
Artículo 25 Son personas venezolanas las que La Constitución de la República declara
tales.

Artículo 26 Las personas extranjeras gozan en Venezuela de los mismos derechos
civiles que las venezolanas, con las excepciones establecidas o que se establezcan. Esto
no impide la aplicación de las leyes extranjeras relativas el estado y capacidad de las
personas en los casos autorizados por el Derecho Internacional Privado.
Título I
Del Domicilio
Artículo 27 El domicilio de una persona se halla en el lugar donde tiene el asiento
principal de sus negocios e intereses.
Artículo 28 El domicilio de las sociedades, asociaciones, fundaciones y Corporaciones,
cualquiera que sea su objeto, se halla en el lugar donde esté situada su dirección o
administración, salvo lo que se dispusiere por sus Estatutos o por leyes especiales
cuando tengan agentes o sucursales establecidos en lugares distintos de aquel en que se
halle la dirección o administración, se tendrá también como su domicilio el lugar de la
sucursal o agencia, respecto de les hechos, actos y contratos que ejecuten o celebren por
medio del agente o sucursal.
Artículo 29 El cambio de domicilio de una persona se realiza por el hecho de fijar en
otro lugar el asiento principal de sus negocios e intereses, o de ejercer en él
habitualmente su profesión u oficio. El cambio se probará con la declaración que se
haga ante las Municipalidades a que correspondan, tanto el lugar que se deja como el
del nuevo domicilio. A falta de declaración expresa, la prueba deberá resultar de hechos
o circunstancias que demuestren tal cambio.
Artículo 30 El funcionario conservará el domicilio que tenía antes de la aceptación de,
cargo mientras no se haya verificado el cambio de conformidad con el artículo anterior.
Artículo 31 La mera residencia hace las veces de domicilio respecto de las personas que
no lo tienen conocido en otra parte.
Artículo 32 Se puede elegir un domicilio especial para ciertos asuntos o actos. Esta
elección debe constar por escrito.
Artículo 33 El domicilio de cada uno de los cónyuges se determinará de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 27 de este Código.
El menor no emancipado tendrá el domicilio del padre y la madre que ejerzan la patria
potestad.
Si los padres tienen domicilios distintos, el domicilio conyugal determinará el del
menor.
Si está bajo la guarda de uno de ellos, el domicilio de este progenitor determinará el del
menor.
Si el menor está bajo tutela, su domicilio será el del tutor.
El entredicho tiene el domicilio de su tutor.

Artículo 34 Se presume que los dependientes y sirvientes que viven habitualmente en la
casa de la persona a quien sirven, tienen el mismo domicilio que ésta, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 35 Pueden ser demandados en Venezuela aun los no domiciliados en ella, por
obligaciones contraídas en la República o que deben tener ejecución en Venezuela.
Artículo 36 El demandante no domiciliado en Venezuela debe afianzar el pago de lo
que pudiere ser juzgado y sentenciado, a no ser que posea en el país bienes en cantidad
suficiente, y salvo lo que dispongan leves especiales.
Título III
Del Parentesco
Artículo 37 El parentesco puede ser por consanguinidad o por afinidad.
El parentesco por consanguinidad es la relación que existe entre las personas unidas por
los vínculos de la sangre.
La proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones.
Cada generación forma un grado.
Artículo 38 La serie de grados forma la línea.
Es línea recta la serie de grados entre personas que descienden una de otra.
Es línea colateral la serie de grados entre personas que tienen un autor común, sin
descender una de otra.
La línea recta es descendente o ascendente.
La descendente liga al autor con los que descienden de él.
La ascendente liga a una persona con aquéllas de quienes desciende.
Artículo 39 En ambas líneas hay tantos grados cuantas son las personas menos una.
En la recta se sube hasta el autor.
En la colateral se sube desde una de las personas de que se trata hasta el autor común, y
después se baja hasta la otra persona con quien se va a hacer la computación.
Artículo 40 La afinidad es el vinculo entre un cónyuge y los parientes consanguíneos
del otro.
En la misma línea y en el mismo grado en que una persona es pariente consanguíneo de
uno de los cónyuges, es afín del otro.

La afinidad no se acaba por la disolución del matrimonio, aunque no existan hijos,
excepto para ciertos efectos y en los casos especialmente determinados por la Ley.
Título IV
Del Matrimonio
Capítulo I
De los esponsales, del matrimonio y su celebración, y de los requisitos necesarios
para contraerlo
Sección I
De los esponsales
Artículo 41 La promesa reciproca de futuro matrimonio no engendra la obligación legal
de contraerlo, ni de cumplir la prestación que haya sido estipulada para el caso de
inejecución de la promesa.
Artículo 42 La promesa consta de los carteles ordenados en el Capítulo II de este Título
o de otro documento público, la parte que sin justo motivo rehusare cumplirla, satisfará
a la otra los gastos que haya hecho por causa del prometido matrimonio.
Artículo 43 La demanda a que se refiere el artículo anterior, no se admitirá si no se
acompaña a ella la comprobación auténtica de los carteles o el documento publico arriba
expresado.
Tampoco lo será después de dos años contados desde el día en que pudo exigirse el
cumplimiento de la promesa.
Sección II
Del matrimonio y de su celebración
Artículo 44 El matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola
mujer. La Ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela sino el que se
reglamenta por el presente Título, siendo el único que producirá efectos legales, tanto
respecto de las personas como respecto de los bienes.
Artículo 45 Después de celebrado el matrimonio con arreglo a las disposiciones de este
Título, podrán los contrayentes, según los dictámenes de su conciencia, cumplir con los
ritos de la religión que profesen; pero este acto no podrá efectuarse sin que al ministro
del culto o al que deba presenciarlo, le sea presentada la certificación de haberse
celebrado el matrimonio conforme a lo dispuesto en este Título.
Sección III
De los requisitos necesarios para contraer matrimonio
Artículo 46 No pueden contraer válidamente matrimonio la mujer que no haya
cumplido catorce (14) años de edad y el varón que no haya cumplido dieciséis (16)
años.

Artículo 47 No puede contraer validamente matrimonio el que adolece de impotencia
manifiesta y permanente.
Artículo 48 Tampoco puede contraer válidamente matrimonio el entredicho por causa
de demencia ni el que no se halle en: su juicio.
Si la interdicción ha sido únicamente promovida, se suspenderá la celebración del
matrimonio hasta que la autoridad judicial haya decidido definitivamente.
Artículo 49 Para que el consentimiento sea valido debe ser libre. En el caso de rapto no
será válido el consentimiento si no se presta o ratifica después de devuelta la persona a
su plena libertad. Se reputa que no hay consentimiento cuando existe error respecto de
la identidad de la persona.
Artículo 50 No se permite ni es válido el matrimonio contraído por una persona ligada
por otro anterior, ni el de un ministro de cualquier culto a quien le sea prohibido el
matrimonio por su respectiva religión.
Artículo 51 No se permite ni es válido el matrimonio entre ascendientes y
descendientes ni entre afines en línea recta.
Artículo 52 Tampoco se permite ni es válido el matrimonio entre hermanos.
Artículo 53 No se permite el matrimonio entre tíos y sobrinos, ni entre tíos y los
descendientes de los sobrinos. Tampoco se permite el matrimonio entre cuñados cuando
el que produjo la afinidad quedó disuelto por divorcio.
Artículo 54 No es permitido ni valido el matrimonio del adoptante con el adoptado y
sus descendientes, entre el adoptante y el cónyuge del adoptado, ni entre el adoptado y
el cónyuge del adoptante, mientras dure la adopción.
Artículo 55 No se permite ni es válido el matrimonio entre el condenado como reo o
cómplice de homicidio ejecutado, frustrado o intentado contra uno de los cónyuges, y el
otro cónyuge.
Mientras estuviere pendiente el juicio criminal, tampoco podrá celebrarse el
matrimonio.
Artículo 56 No podrá contraer matrimonio el encausado por rapto, violación o
seducción, mientras dure el juicio criminal que se le forme y mientras no cumpla la pena
a que haya sido condenado, a no ser que lo celebre con la mujer agraviada.
Artículo 57 La mujer no puede contraer validamente matrimonio sino después de diez
(10) meses contados a partir de la anulación o disolución del anterior matrimonio,
excepto en el caso de que antes de dicho lapso haya ocurrido el parto o produzca
evidencia medica documentada de la cual resulte que no está embarazada.
Artículo 58 No se permite el matrimonio del tutor o curador o alguno de sus
descendientes con la persona que tiene o han tenido bajo su protección, en tanto que,
fenecida la tutela o curatela, no haya recaído la aprobación de las cuentas de su cargo;

salvo que el Juez ante quien se constituyó la tutela o el del domicilio del tutor, por
causas graves, expida la autorización.
Artículo 59 El menor de edad no puede contraer matrimonio sin el consentimiento de
sus padres.
En caso de desacuerdo entre los padres, o de imposibilidad de manifestarlo,
corresponderá al Juez de Menores del domicilio del menor autorizar o no el matrimonio,
oída la opinión de los padres si fuere posible. Contra estas decisiones no habrá recurso
alguno.
Artículo 60 A falta del padre y de la madre se necesita el consentimiento de los abuelos
y abuelas del menor. En caso de desacuerdo bastara que consientan en el matrimonio
dos de ellos. Si esto no fuere posible, corresponderá al Juez de Menores del domicilio
del menor autorizar o no el matrimonio, oída la opinión de los abuelos y abuelas. Contra
esta decisión no habrá recurso alguno.
Artículo 61 A falta de padres, abuelos y abuelas, se necesita el consentimiento del tutor;
si este no existe, se pedirá la autorización del Juez de Menores del domicilio del menor.
Artículo 62 No se requerirá la edad prescrita en el artículo 46:
1º. A la mujer menor que haya dado a luz un hijo o que se encuentre en estado de
gravidez.
2º. Al varón menor cuando, la mujer con la que quiere contraer matrimonio ha
concebido un hijo que aquél reconoce como suyo o que ha sido declarado judicialmente
como tal.
Artículo 63 Contra la negativa de consentimiento por parte de los llamados por la Ley a
darlo no habrá recurso alguno, salvo que la negativa fuere del tutor, caso en el cual
podrá ocurrirse al Juez de Primera instancia del domicilio del menor para que resuelva
lo conveniente.
Artículo 64 se entiende que faltan el padre, la madre o los ascendientes, no solo por
haber fallecido, sino también por los motivos siguientes;
1°. Demencia perpetua o temporal, mientras dure.
2°. Declaración o presunción de ausencia, o estada en países extranjeros de donde no
puede obtenerse Contestación en menos de tres meses.
3°. La condenación a pena que lleve consigo la inhabilitación, mientras dure este.
4°. Privación, por sentencia, de la patria potestad.
Artículo 65 Los Jueces de Primera instancia en lo Civil pueden dispensar el
impedimento que existe entre los tíos y sobrinos de cualquier grado y entre los cuñados.

Capítulo II
De las formalidades que deben preceder al contrato de matrimonio
Artículo 66 Las personas que quieran contraer matrimonio lo manifestarán así ante uno
de los funcionarios, de la residencia de cualquiera de los contrayentes, autorizados para
presenciarlo e indicarán el que han escogido, entre los facultados por la Ley, para
celebrarlo; y expresaran, además, bajo juramento, su nombre, apellido, edad, estado,
profesión y domicilio, y el nombre y apellido del padre y de la madre de cada uno de
ellos, de todo lo cual se extenderá un acta que firmarán el funcionario, las partes u otro a
su ruego, si ellas no pudieren o no supieren hacerlo, y el Secretario.
Cuando el futuro contrayente fuere el mismo funcionario o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, no podrá intervenir en
la formación del expediente ni en la celebración del matrimonio.
Artículo 67 La manifestación de que trata el artículo anterior se hará por ambos
contrayentes personalmente o por mandatario con poder especial: y deberán ser
asistidos de las personas cuyo consentimiento o autorización sea necesario para la
celebración del matrimonio, a menos que presenten en el mismo acto documento
auténtico en que conste el consentimiento o la autorización.
La presentación del documento autentico de esponsales, es suficiente para que
cualquiera de los contrayentes pueda por sí solo hacer la manifestación, sin perjuicio de
los demás requisitos que prescribe este artículo.
Cuando el funcionario ante el cual se haga la manifestación no sea el escogido para
celebrar el matrimonio, hará a este la respectiva participación, a objeto de que proceda a
fijar el cartel en su jurisdicción y de aviso del cumplimiento de tal formalidad como
queda indicado.
Artículo 68 El funcionario ante quien se ha hecho la manifestación fijará un cartel
contentivo de ella en uno de los sitios más públicos del lugar donde cada uno de los
contrayentes tenga su domicilio o residencia.
El cartel permanecerá fijado por ocho días continuos antes de la celebración del
matrimonio, haciéndose constar en el expediente respectivo la fecha de la fijación.
Caso de variación de domicilio o residencia, si esta última fuere menor de seis meses, se
hará también la fijación del cartel en la Parroquia o Municipio del anterior domicilio o
residencia, y, al efecto, el funcionario ante quien se haya hecho la manifestación,
trasmitirá por la vía más rápida, aun por telégrafo, el contenido del cartel, a otro
funcionario del domicilio o residencia anterior. Este último deberá avisar el
cumplimiento de la formalidad, indicando la fecha de la fijación del cartel.
Si alguno de los contrayentes no tuviere un año por lo menos de domicilio o residencia
en la república, el funcionario ante quien se hizo la manifestación, la hará publicar en un
periódico de la localidad, o de la más cercana si en aquélla no lo hubiere, treinta días
antes de la fijación del cartel, salvo que presenten una justificación igual a la prevista en
el artículo 108.

Artículo 69 El funcionario ante quien se haga manifestación de la voluntad de contraer
matrimonio, formará un expediente, que deberá contener:
1°. El acta de esponsales.
2°. Todo lo relativo a la fijación de los carteles.
3°. Copia de las partidas de nacimiento de los futuros contrayentes. Las cuales no
deberán datar de más de seis meses antes de la celebración del matrimonio.
4°. Los documentos que acreditan la dispensa de los impedimentos que pudieren existir
para la celebración del matrimonio.
5°. En el caso de segundo o ulterior matrimonio, copia certificada del acta de defunción
del cónyuge fallecido, o copia certificada de la sentencia firme que declaro nulo o
disuelto el matrimonio anterior, con la constancia de estar ejecutoriada.
6°. Las pruebas que exige el artículo 111 de este Código.
7°. En los casos de oposición al matrimonio, copia certificada de la decisión firme que
la haya declarado sin lugar.
8°. Los documentos que exige el artículo 108 de este Código, si se trata de extranjeros.
Las partidas de nacimiento de los futuros contrayentes y la copia certificada de las actas
de defunción de los cónyuges fallecidos podrán suplirse con una justificación evacuada
ante un Juez. Los testigos deberán ser de notoria honorabilidad y darán razón
circunstanciada de su dicho.
El mismo funcionario ante quien se haga la manifestación a que se contrae el presente
artículo, advertirá a los contrayentes la conveniencia a da comprobar su estado de salud
previamente a la consumación del matrimonio, a los fines de asegurar en la mejor
manera posible una buena procreación. De todo lo cual dejara constancia en el
expediente.
En el caso de que el funcionario ante quien se haya hecho la manifestación no sea el
escogido para celebrar el matrimonio, el expediente expresado deberá ser remitido a
este último, una vez vencido el lapso señalado en el artículo anterior.
Artículo 70 Podrá prescindirse de los documentos indicados en el artículo anterior y de
la previa fijación de carteles, cuando los contrayentes deseen legalizar la unión
concubinaria existente en que hayan estado viviendo. Esta circunstancia se certificará
expresamente en la partida matrimonial.
Si alguno de los contrayentes o ambos, tuvieren hijos menores bajó su patria potestad,
deberán dentro de los tres (3) meses siguientes a la celebración del matrimonio,
practicar el inventario de los bienes propios de sus hijos conforme a lo establecido en el
Capítulo VII de este Título.

Artículo 71 Ningún funcionario que intervenga en la formación del expediente
esponsalicio, o que expida certificaciones, o copias certificadas, o evacue justificativos
que hayan de llevarse a ese expediente, podrá cobrar derechos ni emolumentos de
ninguna especie y todas las diligencias y actas respectivas serán extendidas en papel
común y sin estampillas.
La disposición contenida en este artículo deberá ser fijada en letras grandes y en lugar
visible en las oficinas de los respectivos funcionarios.
Capítulo III
De las oposiciones al matrimonio
Artículo 72 El padre, la madre, los abuelos, el hermano, la hermana, el tío, la tía y el
tutor o curador, pueden hacer oposición al matrimonio por toda causa que, según la Ley,
obste a su celebración.
Artículo 73 Derogado.
Artículo 74 El derecho de hacer oposición compete también al cónyuge de la persona
que quiera contraer otro matrimonio.
Artículo 75 Si se trata del matrimonio que quiera contraer la mujer en contravención
del artículo 57, el derecho de hacer oposición corresponde a sus ascendientes y a los
ascendientes, descendientes y hermanos del marido. En caso de un matrimonio anterior
que se ha anulado o disuelto, el derecho de hacer oposición al que se quiera contraer
después, corresponde también a aquél con quien se había contraído.
Artículo 76 El Síndico Procurador Municipal del domicilio o residencia de cualquiera
de los esposos, debe hacer oposición al matrimonio si tiene noticia fundada de que
existe cualquier impedimento de los declarados por la Ley.
Artículo 77 La oposición al matrimonio se hará ante el funcionario que haya recibido la
manifestación de voluntad de los futuros contrayentes o ante el escogido para
presenciarlo, en escrito firmado por el que la hace o por su apoderado con poder
especial, en el cual se enunciará la calidad que da el derecho de formar la oposición y se
expondrán los fundamentos de ésta.
Artículo 78 Hecha la oposición por quien tenga carácter legal para hacerla, y fundada
en una causa admitida por la Ley, no podrá procederse a la celebración del matrimonio
mientras el Juez de Primera instancia, a quien se pasará el expediente, no haya
declarado sin lugar la oposición. Aun en el caso de ser retirada ésta, dicho Juez decidirá
si debe o no seguirse.
Cuando la oposición se fundare en la falta de licencia por razón de menor edad, sólo se
abrirá el juicio de que se trata, si el interesado sostuviere que es mayor o que ha
obtenida la licencia.
Artículo 79 Cuando el funcionario encargado de la substanciación del expediente de
esponsales o el escogido para celebrar el matrimonio, tuviere noticia fundada de que
existe algún impedimento que obste legalmente a su celebración, procederá sin pérdida

de tiempo a hacer la averiguación del caso, y hecha que sea, remitirá todo lo actuado al
Juez de Primera instancia, procediéndose como en el caso de oposición.
Artículo 80 Si la oposición se declarare sin lugar, los que la hayan hecho, salvo los
ascendientes y el Síndico Procurador Municipal, podrán ser condenados en daños y
perjuicios.
También podrán serlo los denunciantes y testigos.
Capítulo IV
De la celebración del matrimonio
Artículo 81 El matrimonio no podrá celebrarse sino después de vencidos los ocho días
a que se refiere el artículo 68, salvo lo dispuesto en los artículos 70 y 96 y si no se
celebrare dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la fecha del acta
esponsalicia, no podrá efectuarse sin haberse llenado de nuevo las formalidades
prescritas en el Capítulo II de este Título.
Artículo 82 El matrimonio se celebrará ante uno cualquiera de los siguientes
funcionarios: Primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio, Presidente de la
Junta Comunal, Juez de la Parroquia o Municipio, Jefe Civil del Distrito o Presidente
del Concejo Municipal. Cuando el funcionario natural este impedido, presenciará el
matrimonio el que haga sus veces u otro funcionario de la misma jurisdicción de los
facultados por este artículo, haciéndose constar en el acta el impedimento.
Los Presidentes de Estado y gobernadores de los Territorios Federales, deberán facultar
a personas idóneas para autorizar todas las diligencias relativas al matrimonio y su
celebración, si los contrayentes residen en campos, caseríos, vecindarios y otros lugares
alejados de los centros urbanos.
En todos los casos, el acto se verificara en presencia de dos testigos, y quien lo autorice
deberá estar asistido de su Secretario, si lo tuviere, o de uno que nombrare al efecto.
Artículo 83 Si se tratare de militares en activo servicio, se considerara residencia de los
mismos el territorio donde se halle, aunque sea accidentalmente, el cuerpo a que
pertenezcan o en que deba radicarse el empleo, cargo o comisión militar que estuvieren
desempeñando.
Artículo 84 El funcionario ante quien haya de celebrarse un matrimonio, se negara a
presenciarlo cuando sean insuficientes los documentos producidos o cuando falten
formalidades preceptuadas por la Ley; pero las partes podrán ocurrir al Juez de Primera
instancia de la jurisdicción quien en vista del expediente que se le enviará, decidirá
breve y sumariamente, si debe o no procederse a la celebración del matrimonio. De la
decisión podrá apelarse libremente.
Artículo 85 El matrimonio podrá celebrarse por medio de apoderado, constituido por
poder especial otorgado ante un Registro Público o por ante el funcionario competente
si se confiere en el extranjero, en el cual poder se determinará la persona con quien haya
de contraerse y las demás circunstancias que respecto de los contrayentes deben
expresarse en el acta de matrimonio conforme el artículo 89. Si antes de que el

apoderado contraiga el matrimonio el poderdante revocare el poder o se casare
validamente, el matrimonio por poder será nulo.
Artículo 86 El matrimonio se celebrará públicamente el día acordado por los
contrayentes, en el Despacho del funcionario que va a presenciarlo. Además de este,
deberán estar presentes dos testigos, por lo menos, de uno u otro sexo, mayores de
veintiún años y los cuales pueden ser parientes, en cualquier grado, de los contrayentes.
Artículo 87 Puede también celebrarse el acto fuera del Despacho del funcionario si así
lo pidieren los futuros contrayentes y no encontrare aquél inconveniente alguno para
ello.
El funcionario deberá autorizar el matrimonio fuera de su Despacho, si uno de los
futuros contrayentes estuviese fundadamente impedido.
En todo caso de celebración de un matrimonio fuera del Despacho del funcionario, el
número de testigos será de cuatro por lo menos, mayores de edad, y dos de ellos no han
de estar ligados con ninguno de los futuros contrayentes por parentesco dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Los interesados proporcionarán vehículos; y nada podrán cobrar ni recibir los
funcionarios por la traslación.
Artículo 88 En la celebración del matrimonio se observarán las formalidades
siguientes:
Reunidos el funcionario que autorice el acto, su Secretario, los contrayentes y los
testigos, el Secretario dará lectura a la Sección I del Capítulo XI del presente Título, que
trata de los deberes y derechos de los cónyuges, y enseguida dicho funcionario recibirá
de los contrayentes uno después del otro, la declaración de que ellos se toman por
marido y mujer, respectivamente y los declarara unidos en matrimonio en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.
Artículo 89 De todo matrimonio que se celebre se extenderá inmediatamente un acta en
la que se exprese:
1°. El nombre, apellido, cédula de identidad, edad, profesión, lugar de nacimiento y
domicilio de cada uno de los esposos.
2º. Los nombres, apellidos, profesión y domicilio del padre y de la madre de cada uno
de ellos.
3º. La declaración de los contrayentes de tomarse por marido y mujer.
4º. La declaración que hicieren los contrayentes, en su caso acerca del reconocimiento
de hijos con expresión del nombre, la edad y municipio o Parroquia donde se asentó la
partida de nacimiento de cada uno de ellos.
5º. El nombre, apellido, cédula de identidad edad, profesión y domicilio de cada uno de
los testigos.

El acta será firmada por el funcionario público que autorice el matrimonio, por su
Secretario, por los contrayentes, si pudieren y supieren firmar, y por los testigos.
Artículo 90 Cuando se trate de mudos o sordomudos, no se requiere para el acto del
matrimonio la habilitación especial a que se refiere el artículo 410 de este Código. La
manifestación de voluntad de éstos se hará por escrito, si saben y pueden escribir, y en
el acta se hará constar esta circunstancia.
Si los mudos y los sordomudos no supieren o no pudieren escribir, serán asistidos, en el
acto, de su curador; y si no lo tuvieren, de uno especial nombrado por el Juez de
Primera instancia. El curador suscribirá el acta.
Si alguno de los contrayentes no conociere el idioma castellano, será asistido en el acto
por un intérprete que él mismo llevará, el cual suscribirá el acta.
Artículo 91 Cuando quien presencie el matrimonio sea la Primera Autoridad Civil del
Municipio o Parroquia, extenderá el acta en uno de los dos ejemplares del registro de
matrimonios, y la copiará y certificara en el otro.
Si el matrimonio se celebrare ante cualquiera otro funcionario autorizado, se extenderá
el acta en el libro de registro de matrimonios, y enviará de ella inmediatamente copia
certificada a la Primera Autoridad Civil del Municipio, quien la copiará y certificará con
toda preferencia en los dos libros respectivos.
También, para que la certifique en el registro de matrimonios, enviará la Primera
Autoridad Civil del Municipio o Parroquia al Presidente del Concejo Municipal, copia
certificada del acta del matrimonio que autorice cualquier otro funcionario que no sea el
Presidente del Concejo Municipal.
Los expedientes de matrimonios celebrados ante otro funcionario que no sea el
Presidente del Concejo Municipal, serán remitidos a éste, para su archivo, dentro de los
tres días siguientes a la celebración.
El funcionarlo que autorice el matrimonio entregará a los interesados, a la mayor
brevedad posible, copla certificada del acta de matrimonio.
Artículo 92 El Presidente del Concejo Municipal remitirá inmediatamente copia
certificada del acta del matrimonio que haya presenciado, así cómo de las copias que
reciba en virtud del artículo anterior, a la Primera Autoridad Civil de las Parroquias o
Municipios a que corresponda el lugar del nacimiento de los cónyuges, para que la
inserte en el libro correspondiente, y anote el acta de nacimiento del cónyuge respectivo
con la fecha del acta de matrimonio.
La Primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio, a su vez, remitirá al
Registrador Principal una copia de las notas marginales que inserte, para que este
funcionario verifique igual anotación en el duplicado de los Libros de Nacimiento que
reposan en el Archivo de la Oficina a su cargo.
Artículo 93 El funcionario que haya autorizado el matrimonio entregará en el mismo
acto a los contrayentes la certificación a que se refiere el artículo 45.

Artículo 94 El acto del matrimonio será público en todo caso y no podrá vedarse a
nadie asistir a su celebración.
Artículo 95 A los funcionarios que infringieren las prohibiciones establecidas de cobrar
o recibir emolumentos, se les seguirá el juicio penal correspondiente.
Capítulo V
Del matrimonio en artículo de muerte
Artículo 96 En el caso en que uno de los contrayentes o ambos se hallaren en artículo
de muerte, los funcionarios a que se refiere el artículo 82 podrán autorizar el
matrimonio con prescindencia de la fijación de carteles y de los requisitos establecidos
en el artículo 69, aún cuando alguno de los contrayentes o ambos fueren transeúntes. Si
la urgencia lo impusiere, podrá hasta prescindirse de la lectura de la Sección que trata
"De los deberes y derechos de los cónyuges".
El funcionario se constituirá con su Secretario, o con el que nombre para el caso, en el
lugar donde se hallen las partes en impedimento, y en presencia de dos testigos de uno u
otro sexo, mayores de edad, que pueden ser parientes en cualquier grado de los
contrayentes, procederá a la celebración del matrimonio. El acta original se extenderá de
conformidad con el artículo 89 en el libro o libros del registro respectivo, si pudieren
éstos trasladarse sin pérdida de tiempo; caso de no poderse trasladar los libros, se
extenderá el acta en papel común e inmediatamente después se copiará y certificará en
libro o libros correspondientes. En el acta se hará constar, además, el lugar, fecha y hora
en que se efectuó el matrimonio; las circunstancias de artículo de muerte; mención de
haberse producido la certificación comprobatoria de la circunstancia; y apreciación de
los testigos de parecer hallarse en estado de lucidez mental el o los contrayentes
impedidos.
Si fuere posible, otra persona, mayor de edad, que no sea de los testigos del acta,
firmará a luego del contrayente que no supiere o no pudiere hacerlo.
El funcionario dejará en poder de los contrayentes copia certificada del acta de
matrimonio.
Artículo 97 Los funcionarios llamados por la Ley a autorizar el matrimonio, están
obligados a concurrir, sin demora alguna; al lugar donde se hallen los contrayentes para
autorizar el matrimonio en artículo de muerte.
Artículo 98 Cuando en el caso referido de artículo de muerte no fuese fácil o inmediata
la concurrencia de alguno de los funcionarios autorizados por, el artículo 82 para
presenciar el matrimonio, este podrá celebrarse en presencia de tres (3) personas,
mayores de edad, que no estén ligados con ninguno de los contrayentes por parentesco
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que uno de
ellos, por lo menos, sepa leer y escribir.
Una de las personas que sepa leer y escribir presidirá el acto, y recibirá de los
contrayentes la declaración de que se toman por marido y mujer, respectivamente.

Inmediatamente se extenderá el acta en papel común y en la forma ya expresada,
dejando constancia de la existencia de los hijos que hubieren procreado. Quien haya
presidido dejará una copia certificada de ella en poder de los contrayentes, y el acta
original se entregará, en el término de la distancia, a la Primera Autoridad Civil de la
Parroquia o Municipio.
Cumplidos los requisitos que establece el artículo siguiente, dicha autoridad civil
insertará el acta en los libros correspondientes, certificada por él, por el Secretario, y las
enviará para su inserción al Presidente del Concejo Municipal.
Artículo 99 Antes de insertar el acta de matrimonio, la Primera Autoridad Civil de la
Parroquia o Municipio, por sí o por medio de un Juez comisionado al efecto, interrogará
a las personas que figuren en dicha acta y a los que hubiesen certificado el artículo de
muerte, conforme al artículo 102, acerca de todas las circunstancias del matrimonio y
del estado de los contrayentes, a fin de cerciorarse de si se han cumplido los extremos
de Ley.
Si el funcionario encontrare que se han cometido irregularidades sustanciales, insertará
siempre el acta; pero pasará copia de todo lo actuado al Síndico Procurador Municipal a
los efectos legales consiguientes.
Artículo 100 Celebrado el matrimonio en caso de artículo de muerte, los contrayentes
quedan obligados a presentar, al Concejo Municipal de la jurisdicción, dentro de seis
meses, la documentación comprobatoria de que pudieron casarse legítimamente,
conforme a las disposiciones de este Título. No efectuada la presentación, el Presidente
del Concejo Municipal lo notificara al Síndico Procurador Municipal para que efectúe
las averiguaciones del caso.
Artículo 101 Los Jefes de Cuerpos Militares en campaña, podrán también autorizar el
matrimonio en artículo de muerte de los individuos pertenecientes a cuerpos sometidos
a su mando.
Los Comandantes de buques de guerra y los Capitanes de buques mercantes, podrán
ejercer análogas funciones en los matrimonios que se celebren a bordo en caso de
artículo de muerte.
Unos y otros se sujetarán a las prescripciones del presente Capítulo.
Artículo 102 Para la celebración del matrimonio de que trata este Capítulo, se requiere
la certificación escrita de hallarse uno de los contrayentes o ambos en artículo de
muerte; esta certificación deberá extenderse por un médico titular. Cuando esto no
pudiere lograrse oportunamente, dos personas mayores de edad podrán certificar la
circunstancia de artículo de muerte que a su juicio exista.
Capítulo VI
Del matrimonio de los Venezolanos en países extranjeros y del de los extranjeros
en Venezuela
Sección I
Del matrimonio de los venezolanos en países extranjeros

Artículo 103 El venezolano que contrajere matrimonio en un país extranjero deberá
remitir, dentro de los seis meses de haberse celebrado el matrimonio, a la Primera
Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio de su último domicilio en Venezuela, copia
legalizada del acta de matrimonio, a los fines de la inserción y de las actuaciones
ordenadas en el artículo 92.
Sección II
Del matrimonio de los extranjeros en Venezuela
Artículo 104 Aunque lo autoricen las leyes personales de ambos pretendientes, ningún
matrimonio podrá ser celebrado en territorio venezolano con infracción de los
impedimentos dirimentes establecidos en la sección que trata "De los requisitos
necesarios para contraer matrimonio".
Artículo 105 No se reconocerán en Venezuela los impedimentos del matrimonio
establecidos por la Ley nacional del extranjero que pretenda contraerlo en Venezuela,
cuando se fundaren en diferencias de raza, rango o religión.
Artículo 106 No impide el matrimonio del extranjero en Venezuela la falta de permiso
y del acto respetuoso que, como previos, exija su ley nacional, salvo que se trate del
consentimiento que, según ésta, debe obtenerse de los ascendientes, tutores u otros
representantes legales en el caso de menores.
Artículo 107 La condenación penal recaída en país extranjero por homicidio
consumado, frustrado o intentado en la persona de un cónyuge tendrá el mismo efecto
que si hubiese sido dictada en Venezuela, en cuanto a impedir el matrimonio del reo con
el otro cónyuge.
Artículo 108 El extranjero no puede contraer válidamente matrimonio en Venezuela
sino ante el competente funcionario venezolano o ante las personas a que se refiere el
artículo 98, y llenando todas las formalidades pautadas por la Ley venezolana, sin que
puedan exigírseles otras especiales, salvo la de presentar pruebas fehacientes de que es
soltero, viudo o divorciado y hábil para contraer matrimonio según su Ley nacional; o,
por lo menos, un justificativo, evacuado judicialmente, en el cual tres testigos, cuando
menos, mayores de edad y que den razón fundada y circunstanciada de sus dichos,
declaren bajo juramento, afirmando la expresada capacidad.
Los testigos serán previamente informados por el Juez de las penas en que, según el
Código Penal, incurrirán si declaran falsamente, y esta circunstancia se hará constar en
el acta de cada declaración.
La prueba del divorcio y la de anulación de un matrimonio anterior no se la podrá suplir
con justificación de testigos en ningún caso; se la hará siempre mediante presentación
de la sentencia definitiva que haya recaído en el asunto y cuya ejecutoria esté ya
declarada.
Artículo 109 El matrimonio extranjero que se domiciliare en Venezuela, deberá
presentar, dentro del primer año de su venida al país, a la Primera Autoridad Civil de la
Parroquia o Municipio respectivo, copia legalizada del acta de matrimonio para su
inserción en los Libros de Registro Civil.

Capítulo VII
De las nupcias de quienes tengan menores bajo su potestad
Artículo 110 Cualquier persona que vaya a casarse y tenga hijos menores bajo su
potestad, ocurrirá ante el Juez de Menores de su domicilio para que les nombre un
curador ad hoc.
Si existen bienes propios de los hijos, el Juez procederá a inventariarlos con
intervención del curador, del otro progenitor que ejerce la patria potestad y de dos (2)
testigos que nombre al efecto.
Cuando haya bienes situados fuera de la jurisdicción del Juez y la naturaleza de ellos lo
reclame, se dará comisión para practicar el inventario con las formalidades ya dichas.
Si no se conocieren bienes, el curado, hechas las averiguaciones del caso, así lo hará
constar.
Artículo 111 No podrá celebrarse el matrimonio de quien tuviere hijos menores bajo su
potestad, sin que se presenten, originales, las actuaciones a que se refiere el artículo
anterior.
Artículo 112 Quien, hallándose en las circunstancias expresadas, haya dejado de
cumplir las formalidades prescritas, y el que contrajere matrimonio con aquél, serán
responsables solidariamente de los perjuicios que ocasionen a los hijos.
Capítulo VIII
De la prueba de la celebración del matrimonio
Artículo 113 Nadie puede reclamar los efectos civiles del matrimonio si no presenta
copia certificada del acta de su celebración, excepto en los casos previstos en los
artículos 211 y 458.
Artículo 114 No puede invocarse la nulidad del acta de la celebración del matrimonio
por irregularidades de forma cuando existe la posesión de estado.
Artículo 115 Cuando haya indicios de que por dolo o culpa del funcionario respectivo,
no se ha inscrito el acta de matrimonio en el registro destinado a este objeto, los
cónyuges pueden pedir que se declare la existencia de matrimonio, según las reglas
establecidas en el artículo 458, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
1°. Que se presente prueba auténtica de la publicación o fijación del cartel de
matrimonio, salvo los casos previstos en los artículos 70, 96 y 101.
2°. Que exista prueba plena de posesión de estado conforme.
Artículo 116 Si la prueba de la celebración legal de un matrimonio resulta de un juicio
penal, la inscripción en el Registro Civil, de la sentencia ejecutoriada que así lo declare,
tendrá igual fuerza probatoria que el acta civil del matrimonio.

Capítulo IX
De la anulación del matrimonio
Artículo 117 La nulidad del matrimonio celebrado en contravención a los artículos 46,
51, 52, 55 y 56, puede demandarse por los mismos cónyuges, por sus ascendientes, por
el Síndico Procurador Municipal y por todos los que tengan interés actual.
Las mismas personas pueden impugnar el matrimonio autorizado por un funcionario
incompetente o sin asistencia de los testigos requeridos.
Transcurrido un año de la celebración del matrimonio, no se admitirá la demanda de
nulidad por la incompetencia del funcionario que lo presenció o por inasistencia de los
testigos requeridos.
Artículo 118 La nulidad del matrimonio contraído sin consentimiento libre, solo puede
demandarse por aquél de los cónyuges cuyo consentimiento no fue libre.
Cuando hubiere error en la persona, la acción de nulidad sólo puede intentarse por el
cónyuge que fue inducido a error.
No es admisible la demanda de nulidad por las razones expresadas, si hubo cohabitación
por un mes después que el cónyuge recobró su plena libertad o reconoció el error.
Artículo 119 La nulidad por impotencia manifiesta y permanente anterior al
matrimonio sólo puede demandarse por el otro cónyuge.
Artículo 120 El matrimonio contraído por personas que no hubiesen llegado a la edad
requerida para contraerlo validamente, no podrá impugnarse:
1º. Cuando los contrayentes hayan alcanzado dicha edad sin que se haya iniciado el
juicio correspondiente;
2º. Cuando la mujer que no tenga la edad exigida, haya concebido.
Este matrimonio no puede impugnarse por los ascendientes ni por el tutor que hayan
prestado su consentimiento.
Artículo 121 El matrimonio celebrado por un entredicho, o cuando ya sufría la
enfermedad por la cual se pronunció la interdicción, puede ser impugnado por su tutor,
por el mismo entredicho ya rehabilitado, por el otro cónyuge y por el Síndico
Procurador Municipal. La anulación no podrá pronunciarse si la cohabitación continuó
por un mes después de revocada la interdicción.
Artículo 122 La nulidad del matrimonio celebrado en contravención al primer caso del
artículo 50, puede declararse a solicitud de los cónyuges inocentes de ambos
matrimonios, de los ascendientes de éstos, como de los del cónyuge culpable, de los que
tengan interés actual en ella y del Síndico Procurador Municipal. Si los nuevos
cónyuges o cualquiera de los interesados, sostuvieren la invalidez del matrimonio
anterior, deberá decidirse sobre la validez o invalidez de ambos matrimonios en un
mismo expediente.

En el caso de este artículo, el matrimonio contraído por el cónyuge de un presunto o
declarado ausente, no puede atacarse mientras dure la ausencia.
Si la nulidad fuere por contravención al segundo caso del artículo 50, podrá declararse a
solicitud de la esposa, de los ascendientes de ambos cónyuges, de los que tengan interés
legítimo y actual en ella, del Síndico Procurador Municipal y del correspondiente
Prelado.
Artículo 123 La nulidad del matrimonio contraído en contravención al artículo 54, sólo
podrán intentarla el Síndico Procurador Municipal y quien tenga interés actual.
Artículo 124 Las acciones de nulidad no pueden promoverse por el Síndico Procurador
Municipal después de la muerte de uno de los cónyuges.
Artículo 125 Inmediatamente después que se demande la nulidad del matrimonio, el
Tribunal puede, a instancia del actor o de cualquiera de los cónyuges, o bien de oficio
cuando uno de estos fuere menor de edad y en vista de las pruebas conducentes, dictar
la separación de los cónyuges; y de las medidas provisionales que establece el artículo
191, las que fueren procedentes.
Artículo 126 Ejecutoriada la sentencia que anula un matrimonio, se pasará copia de ella
al funcionario o funcionarios encargados de la conservación de los registros en que se
asentó el acta de su celebración, a los efectos del artículo 475.
Artículo 127 El matrimonio declarado nulo produce efectos civiles, tanto respecto de
los cónyuges como respecto de los hijos, aun nacidos antes del matrimonio, si ha sido
contraído de buena fe por ambos contrayentes.
Si sólo hubo buena fe de uno de los cónyuges, el matrimonio surte efectos civiles
únicamente en favor de él y de los hijos.
Si hubo mala fe de ambos cónyuges, el matrimonio sólo produce efectos civiles
respecto de los hijos.
Artículo 128 La sentencia que anule el matrimonio determinará el progenitor que habrá
de tener a su cargo la guarda de los hijos y la proporción en que cada progenitor
contribuirá en el pago de la pensión alimentaria.
El Juez decidirá de conformidad con lo dispuesto en la Ley Especial sobre la materia.
Artículo 129 Cuando en el juicio de nulidad de un matrimonio, resultare algún hecho
punible de uno o de ambos cónyuges, el Tribunal que conoce del asunto remitirá copia
de las piezas correspondientes al Juez de la jurisdicción penal para que ante éste se siga
el juicio correspondiente.
Artículo 130 En todas las causas de nulidad intervendrá el Representante del Ministerio
Público.
Capítulo X
De las sanciones

Artículo 131 Independientemente de las sanciones impuestas a los cónyuges por otras
leyes, cuando ocurra violación de disposiciones relativas al matrimonio se aplicarán las
siguientes:
1°. Si se violare el artículo 53 por no haberse pedido la dispensa, los contrayentes serán
penados con multa de quinientos (500) a dos mil (2.000) bolívares. Cuando pedida la
dispensa hubiere sido negada, se les impondrá una multa hasta de tres mil bolívares (Bs.
3.000).
2°. Si se violare el artículo 58, el tutor o curador será privado de toda remuneración por
razón del cargo.
3°. Si se violare el artículo 59, se castigará al autor de la falta con la privación de la
administración de sus bienes hasta que llegue a la mayoridad.
Artículo 132 En los casos del artículo anterior pueden pedir la aplicación de la pena las
mismas personas que pudieron hacer oposición al matrimonio, excepto las que,
habiendo podido oponerse no lo hicieron y las que lo hubieren aprobado.
La expresada petición sólo podrá hacerse dentro del año siguiente a la comisión de la
infracción. Si el matrimonio se celebró en un país extranjero, el lapso fijado no
empezará a correr sino desde que los contraventores regresen al país.
Artículo 133 Las violaciones por parte de funcionarios públicos, de las disposiciones
relativas al matrimonio y que no constituyan delito, se castigarán con multas de dos mil
(2.000) a cinco mil (5.000) bolívares. Puede promover la aplicación de esta pena
cualquier ciudadano, siempre que no esté incluido en la excepción del artículo anterior,
ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil, quien podrá también proceder de oficio.
Artículo 134 Es competente para imponer las sanciones a que se contraen los artículos
131 y 133, el Juez de Primera instancia en lo Civil, y las decisiones que éste dicte serán
consultadas con el Superior.
Artículo 135 Las multas a que se contrae el artículo 133.se impondrán a favor de las
Rentas Municipales del lugar donde se cometió la infracción, con destino a la
beneficencia pública.
Artículo 136 Las sanciones a que se contraen los artículos 131 y 133, prescriben a los
tres años después de la celebración del matrimonio.
Capítulo XI
De los efectos del matrimonio
Sección I
De los deberes y derechos de los cónyuges
Artículo 137 Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y
asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de
vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.

La mujer casada podrá usar el apellido del marido. Este derecho subsiste aún después de
la disolución del matrimonio por causa de muerte, mientras no contraiga nuevas
nupcias.
La negativa de la mujer casada a usar el apellido del marido no se considerará, en
ningún caso, como falta a los deberes que la Ley impone por efecto del matrimonio.
Artículo 138 El Juez de Primera Instancia en lo Civil podrá, por justa causa plenamente
comprobada, autorizar a cualquiera de los cónyuges a separarse temporalmente de la
residencia común.
Artículo 139 El marido y la mujer están obligados a contribuir en la medida de los
recursos de cada uno, al cuidado y mantenimiento del hogar común, y a las cargas y
demás gastos matrimoniales.
En esta misma forma ambos cónyuges deben asistirse recíprocamente en la satisfacción
de sus necesidades. Esta obligación cesa para con el cónyuge que se separe del hogar sin
justa causa.
El cónyuge que dejare de cumplir, sin causa justificada, con estas obligaciones, podrá
ser obligado judicialmente a ello, a solicitud del otro.
Artículo 140 Los cónyuges, de mutuo acuerdo, tomarán las decisiones relativas a la
vida familiar, y fijarán el domicilio conyugal.
Artículo 140A El domicilio conyugal será el lugar donde el marido y la mujer tengan
establecida de mutuo acuerdo, su residencia. En caso de que los cónyuges tuvieren
residencias separadas, de hecho o en virtud de la autorización judicial prevista en el
artículo 138, el domicilio conyugal será el lugar de la última residencia común.
El cambio de residencia sólo podrá hacerse si ambos cónyuges están de acuerdo en ello.
Sección II
Del régimen de los bienes
§ 1°
De las capitulaciones matrimoniales
Artículo 141 El matrimonio, en lo que se relaciona con los bienes, se rige por las
convenciones de las partes y por la Ley.
Artículo 142 Serán nulos los pactos que los esposos hicieren contra las leyes o las
buenas costumbres, o en detrimento de los derechos y obligaciones que respectivamente
tienen en la familia, y los contrarios a las disposiciones prohibitivas de este Código y a
las establecidas sobre divorcio, separación de cuerpos, emancipación, tutela, sucesión
hereditaria.
Artículo 143 Las capitulaciones matrimoniales deberán constituirse por instrumento
otorgado ante un Registrador Subalterno antes de la celebración del matrimonio; pero

podrán hacerse constar por documento auténtico que deberá ser inscrito en la Oficina
Subalterna de Registro de la jurisdicción del lugar donde se celebre el matrimonio, antes
de la celebración de éste, so pena de nulidad.
Artículo 144 Para la validez de las modificaciones en las capitulaciones matrimoniales,
es necesario que se registren con anterioridad a la celebración del matrimonio, de
conformidad con el artículo precedente, y que todas las personas que han sido parte en
las capitulaciones presten su consentimiento a la modificación.
Artículo 145 Toda modificación en las capitulaciones matrimoniales, aunque revestida
de las formalidades preceptuadas en el artículo anterior, queda sin efecto respecto a
terceros, si al margen de los protocolos del instrumento respectivo no se ha anotado la
existencia de la escritura que contenga la modificación.
No se dará copia del instrumento de capitulaciones matrimoniales sin la inserción de la
predicha nota, so pena para quien lo hiciere de pagar una multa, que le será impuesta
por su superior, de cien a mil bolívares, quedando a salvo las acciones civiles o penales
a que dicha omisión diere lugar.
Artículo 146 El menor que con arreglo a la Ley pueda casarse, puede celebrar
capitulaciones matrimoniales, así como hacer donaciones al otro contrayente, con la
asistencia y aprobación de la persona cuyo consentimiento es necesario para la
celebración del matrimonio.
Artículo 147 Para la validez de las convenciones matrimoniales y de las donaciones
hechas con motivo del matrimonio, por quien esté inhabilitado, o se le esté siguiendo,
Juicio de Inhabilitación, es necesaria la asistencia y aprobación del curador que tenga, o
del que se nombre al efecto si no se le hubiere nombrado; además, deben ser aprobadas
por el Juez con conocimiento de causa.
§ 2º
De la comunidad de bienes
Artículo 148 Entre marido y mujer, si no hubiere convención en contrario, son
comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el
matrimonio.
Artículo 149 Esta comunidad de los bienes gananciales comienza precisamente el día
de la celebración del matrimonio; cualquiera estipulación contraria será nula.
Artículo 150 La comunidad de bienes entre los cónyuges se rige por las reglas del
contrato de sociedad, en cuanto no se opongan a lo determinado en este Capítulo.
§ 3º
De los bienes de los cónyuges
Primera Parte
De los bienes propios de los cónyuges

Artículo 151 Son bienes propios de los cónyuges los que pertenecen al marido y a la
mujer al tiempo de contraer matrimonio, y los que durante éste adquieran por donación,
herencia, legado o por cualquier otro Título lucrativo. Son también propios los bienes
derivados de las acciones naturales y la plusvalía de dichos bienes, los tesoros, bienes
muebles abandonados que hallare alguno de los cónyuges, así como los vestidos, joyas
y otros enseres u objetos de uso personal o exclusivo de la mujer o el marido,
Artículo 152 Se hacen propios del respectivo cónyuge los bienes adquiridos durante el
matrimonio:
1º. Por permuta con otros bienes propios del cónyuge.
2º. Por derecho de retracto ejercido sobre los bienes propios por el respectivo cónyuge y
con dinero de su patrimonio.
3º. Por dación en pago hecha al respectivo cónyuge por obligaciones provenientes de
bienes propios.
4º. Los que adquiera durante el matrimonio o a título oneroso, cuando la causa de
adquisición ha precedido al casamiento.
5º. La indemnización por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o de
enfermedades, deducidas las primas pagadas por la comunidad.
6º. Por compra hecha con dinero proveniente de la enajenación de otros bienes propios
del cónyuge adquirente.
7º. Por compra hecha con dinero propio del cónyuge adquirente, siempre que haga
constar la procedencia del dinero y que la adquisición la hace para sí.
En caso de fraude, quedan a salvo las acciones de los perjudicados para hacer declarar
Judicialmente a quién corresponde la propiedad adquirida.
Artículo 153 Los bienes donados o dejados en testamento conjuntamente a los
cónyuges con designación de partes determinadas, les pertenecen como bienes propios
en la proporción determinada por el donante o por el testador, y, a falta de designación,
por mitad.
Artículo 154 Cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus propios
bienes: pero no podrá disponer de ellos a título gratuito, ni renunciar herencias o
legados, sin el consentimiento del otro.
Artículo 155 Los actos de administración que uno de los cónyuges ejecute por el otro,
con la tolerancia de este, son válidos.
Segunda Parte
De los bienes comunes de los cónyuges
Artículo 156 Son bienes de la comunidad:

1º. Los bienes adquiridos por Título oneroso durante el matrimonio, a costa del caudal
común, bien se haga la adquisición a nombre de la comunidad o al de uno de los
cónyuges.
2º. Los obtenidos por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de alguno de los
cónyuges.
3º. Los frutos, rentas o intereses devengados durante el matrimonio, procedentes de los
bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges.
Artículo 157 Cuando pertenezca a uno de los cónyuges una cantidad pagadera en cierto
número de años, no corresponden a la comunidad las cantidades cobradas en los plazos
vencidos durante el matrimonio, sino se estimarán como parte de los bienes propios,
deducidos los gastos de su cobranza.
Artículo 158 El derecho de usufructo o de pensión, forma parte de los bienes propios
del cónyuge a quien pertenece; pero las pensiones y frutos correspondientes a los
primeros veinte años del matrimonio, corresponden a la comunidad en los cuatro
quintos. De los veinte años en adelante todos los frutos y pensiones corresponden a la
comunidad.
Artículo 160 Los frutos de los bienes restituibles en especie, pendientes a la disolución
del matrimonio, se prorratearán, aplicándose a la comunidad lo que corresponda al
número de días que haya durado en el último año, el cual se comenzará a contar desde el
aniversario de la celebración del matrimonio.
Artículo 161 Los bienes donados o prometidos a uno de los cónyuges, por razón del
matrimonio, aun antes de su celebración, son de la comunidad, a menos que el donante
manifieste lo contrario.
Artículo 162 En el caso del artículo anterior, el donante esta obligado al saneamiento de
los bienes y debe intereses por ellos desde el día en que debió hacerse la entrega, y, a
falta de plazo, desde la celebración del matrimonio.
Artículo 163 El aumento de valor por mejoras hechas en los bienes propios de los
cónyuges, con dinero de la comunidad, o por industria de los cónyuges, pertenece a la
comunidad.
Artículo 164 Se presume que pertenecen a la comunidad todos los bienes existentes
mientras no se pruebe que son propios de alguno de los cónyuges.
§ 4º
De las cargas de la comunidad
Artículo 165 Son de cargo de la comunidad:

1°. Todas las deudas y obligaciones contraídas por cualquiera de los cónyuges en los
casos en que pueda obligar a la comunidad.
2°. Los réditos caídos y los intereses vencidos durante el matrimonio, a que estuvieren
afectos, así los bienes propios de los cónyuges como los comunes.
3°. Las reparaciones menores o de conservación, ejecutadas durante el matrimonio en
los bienes propios de cada uno de los cónyuges.
4°. Todos los gastos que acarree la administración de la comunidad.
5°. El mantenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes y también los de
uno solo de los cónyuges en los casos en que tienen derecho a alimentos.
6°. Los alimentos que cualquiera de los cónyuges esté obligado por la Ley a dar a sus
ascendientes, siempre que no puedan hacerlo con el producto de sus bienes propios.
Artículo 166 También son de cargo de la comunidad las donaciones hechas, por
cualquier causa, a los hijos comunes, de mutuo acuerdo, por los cónyuges.
Si los bienes gananciales no alcanzaren, los cónyuges responderán de la diferencia, con
sus bienes propios, de por mitad.
Artículo 167 La responsabilidad civil por acto ilícito de un cónyuge no perjudica al otro
en sus bienes propios ni en su parte de los comunes.
§ 5º
De la administración de la comunidad
Artículo 168 Cada uno de los cónyuges podrá administrar por sí solo los bienes de la
comunidad que hubiere adquirido con su trabajo personal o por cualquier otro título
legítimo; la legitimación en juicio, para los actos relativos a la misma corresponderá al
que los haya realizado. Se requerirá del consentimiento de ambos para enajenar a título
gratuito u oneroso o para gravar los bienes gananciales, cuando se trata de inmuebles,
derechos o bienes muebles sometidos a régimen de publicidad, acciones, obligaciones y
cuotas de compañías, fondos de comercio, así como aportes de dichos bienes a
sociedades. En estos casos la legitimación en juicio para las respectivas acciones
corresponderá a los dos en forma conjunta.
El Juez podrá autorizar a uno de los cónyuges para que realice por si solo, sobre bienes
de la comunidad, alguno de los actos para cuya validez se requiere el consentimiento del
otro, cuando éste se encuentre imposibilitado para manifestar su voluntad y los intereses
del matrimonio y de la familia así lo impongan. Igualmente el Juez podrá acordar que el
acto lo realice uno de los cónyuges cuando la negativa del otro fuere injustificada y los
mismos intereses matrimoniales y familiares así lo exijan. En estos casos el Juez
decidirá con conocimiento de causa y previa audiencia del otro cónyuge, si éste no
estuviere imposibilitado, tomando en consideración la inversión que haya de darse a los
fondos provenientes de dichos actos.

Artículo 169 Los bienes provenientes de las donaciones hechas a los cónyuges por
motivo del matrimonio son administrados por el cónyuge a cuyo nombre se hizo la
donación; si la donación se ha hecho a nombre de ambos, la administración corresponde
al marido y a la mujer en los términos previstos en el artículo 168.
Artículo 170 Los actos cumplidos por el cónyuge sin el necesario consentimiento del
otro y no convalidados por éste, son anulables cuando quien haya participado en algún
acto de disposición con el cónyuge actuante tuviere motivo para conocer que los bienes
afectados por dichos actos pertenecían a la comunidad conyugal.
Quedan a salvo los derechos de los terceros de buena fe que, no habiendo participado en
el acto realizado con el cónyuge, hubiesen registrado su título con anterioridad al
registro de la demanda de nulidad.
En caso de bienes inmuebles se procederá a estampar en el protocolo correspondiente la
nota marginal referente a la demanda de nulidad; en los otros casos, se tomarán las
providencias que garanticen la protección de los terceros de buena fe.
La acción corresponde al cónyuge cuyo consentimiento era necesario y caducará a los
cinco (5) años de la inscripción del acto en los registros correspondientes o en los libros
de las sociedades si se trata de acciones, obligaciones o cuotas de participación. Esta
acción se transmitirá a los herederos del cónyuge legitimado si éste fallece dentro del
lapso útil para intentarla.
Cuando no procede la nulidad, el cónyuge afectado sólo tendrá acción contra el otro por
los daños y perjuicios que le hubiere causado. Esta acción caducará al año de la fecha en
que ha tenido conocimiento del acto y, en todo caso, al año después de la disolución de
la comunidad conyugal.
Artículo 171 En el caso de que alguno de los cónyuges se exceda de los límites de una
administración regular o arriesgue con imprudencia los bienes comunes que está
administrando, el Juez podrá, a solicitud del otro cónyuge, dictar las providencias que
estime conducentes a evitar aquel peligro, previo conocimiento de causa. De lo decidido
se oirá apelación en un solo efecto, si se acordaren las medidas y libremente, en caso
contrario.
Si las medidas tomadas no bastaren, el cónyuge perjudicado podrá pedir separación de
bienes.
Artículo 172 Cuando alguno de los cónyuges, esté sometido a tutela o curatela, dejará
de ejercer la administración de los bienes comunes, y el otro administrará por sí sólo.
Para los actos que requieren el consentimiento de ambos cónyuges, será necesaria la
autorización del Juez. En ningún caso el cónyuge administrador podrá realizar actos a
título gratuito.
Si ambos cónyuges están sometidos a curatela administrarán los bienes comunes en la
forma prevista en los artículos 168 y siguientes, pero de conformidad con el régimen de
protección a que están sometidos. Si uno de los cónyuges está sometido a tutela y el otro
a curatela, administrará este último en los términos de la disposición anterior. Cuando
ambos cónyuges estén sometidos a tutela el Juez designará un curador especial, quien

ejercerá la administración de los bienes comunes; sin embargo necesitará autorización
del Juez para los actos que requieren el consentimiento de ambos cónyuges y en ningún
caso podrá realizar actos a título gratuito.
§ 6º
De la disolución y de la liquidación de la comunidad
Artículo 173 La comunidad de los bienes en el matrimonio se extingue por el hecho de
disolverse éste o cuando se le declare nulo, En este último caso, el cónyuge que hubiere
obrado con mala fe no tendrá parte en los gananciales.
Si hubiere mala fe de parte de ambos cónyuges, los gananciales corresponderán a los
hijos, y sólo en defecto de éstos, a los contrayentes.
También se disuelve la comunidad por la ausencia declarada y por la quiebra de uno de
los cónyuges, y por la separación judicial de bienes, en los casos autorizados por este
Código.
Toda disolución y liquidación voluntaria es nula, salvo lo dispuesto en el artículo 190.
Artículo 174 Demandada la separación, podrá el Juez, a petición de alguno de los
cónyuges dictar las providencias que estimare convenientes a la seguridad de los bienes
comunes, mientras dure el juicio.
Artículo 175 Acordada la separación queda extinguida la comunidad y se hará la
liquidación de ésta.
Artículo 176 La demanda de separación de bienes y la sentencia ejecutoriada en que
aquella se declare, deben registrarse.
Artículo 177 La separación de bienes no perjudica los derechos adquiridos por los
acreedores; pero los efectos de la sentencia se retrotraen a la fecha del registro de la
demanda.
Artículo 178 Los acreedores de la mujer o del marido no pueden, sin su
consentimiento, pedir la separación de bienes.
Artículo 179 En caso de restablecerse la comunidad, sus efectos son como si la
separación no se hubiere efectuado, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros
durante la separación.
El restablecimiento deberá constar en instrumento registrado.
Artículo 180 De las obligaciones de la comunidad se responderá con los bienes de la
misma y si estos no fueren suficientes, el cónyuge que haya contraído la obligación
responderá subsidiariamente con sus bienes propios, a menos que el otro cónyuge haya
consentido el acto, caso en el cual ambos responderán de por mitad con sus bienes
propios.

De las obligaciones contraídas por los cónyuges en la administración de sus bienes
propios responden con estos y subsidiariamente con los bienes que le correspondan en
la comunidad.
Artículo 181 Los cónyuges separados de bienes deben contribuir en proporción de su
fortuna a los gastos de alimentos y educación de los hijos.
Artículo 182 Se deducirá de la masa de la comunidad el valor de los bienes propios que
hayan perecido sin culpa de los cónyuges hasta el monto de los bienes gananciales.
Artículo 183 En todo lo relativo a la división de la comunidad que no esté determinado
en este Capítulo, se observará lo que se establece respecto de la partición.
Capítulo XII
De la disolución del matrimonio y de la separación de cuerpos
Artículo 184 Todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges
y por divorcio.
Sección I
Del divorcio
Artículo 185 Son causales únicas de divorcio:
1º. El adulterio.
2º. El abandono voluntario.
3º. Los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común.
4º. El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a
sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución.
5º. La condenación a presidio.
6º. La adición alcohólica u otras formas graves de fármaco dependencia que hagan
imposible la vida en común.
7º. La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibilite la
vida en común. En este caso el Juez no decretará el divorcio sin antes procurar la
manutención y el tratamiento médico del enfermo.
También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año, después de
declarada la separación de cuerpos, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación
de los cónyuges.
En este caso el Tribunal, procediendo sumariamente y a petición de cualquiera de ellos,
declarará la conversión de separación de cuerpos en divorcio, previa notificación del
otro cónyuge y con vista del procedimiento anterior.

Artículo 185A Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de
cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura
prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído
matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en
el país.
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al
Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia
después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no
hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio
en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o
si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y
se ordenará el archivo del expediente.
Artículo 186 Ejecutoria la sentencia que declaró el divorcio, queda disuelto el
matrimonio, y cesará la comunidad entre los cónyuges y se procederá a liquidarla. Las
partes podrán contraer libremente nuevo matrimonio observándose lo dispuesto en el
artículo 57.
Artículo 187 Si la tutela del entredicho divorciado era ejercida por su cónyuge, se
procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398 y 399; pero en este caso,
el Juez tomará, a solicitud del tutor o de oficio, las medidas previstas en el ordinal 7 del
artículo 185.
Estas medidas, cesarán en el caso de muerte del obligado del beneficiario o cuando este
último es rehabilitado.
Sección II
De la separación de cuerpos
Artículo 188 La separación de cuerpos suspende la vida común de los casados.
Artículo 189 Son causas únicas de separación de cuerpos las seis primeras que
establece el artículo 185 para el divorcio, y el mutuo consentimiento. En este último
caso el Juez declarará la separación en el mismo acto en que fuere presentada la
manifestación personalmente por los cónyuges.
Artículo 190 En todo caso de separación de cuerpos, cualquiera de los cónyuges podrá
pedir la separación de bienes, pero, si aquélla fuere por mutuo consentimiento, la
separación de bienes no producirá efectos contra terceros, sino después de tres meses de
protocolizada la declaratoria en la Oficina Subalterna de Registro del domicilio
conyugal.

Sección III
Disposiciones comunes al divorcio y a la separación de cuerpos
Artículo 191 La acción de divorcio y la de separación de cuerpos, corresponde
exclusivamente a los cónyuges, siéndoles potestativo optar entre una u otra; pero no
podrán intentarse sino por el cónyuge que no haya dado causa a ellas.
Admitida la demanda de divorcio o de separación de cuerpos, el Juez podrá dictar
provisionalmente las medidas siguientes:
1º. Autorizar la separación de los cónyuges y determinar cuál de ellos, en atención a sus
necesidades o circunstancias, habrá de continuar habitando el inmueble que les servía de
alojamiento común, mientras dure el juicio, y salvo los derechos de terceros.
En igualdad de circunstancias, tendrá preferencia a permanecer en dicho inmueble aquel
de los cónyuges a quien se confiere la guarda de los hijos.
2º. Confiar la guarda de los hijos menores, si los hubiere, a uno solo de los cónyuges y
señalar alimentos a los mismos: también podrá, si lo creyera conveniente, según las
circunstancias, poner a los menores en poder de terceras personas; en todos los casos
hará asegurar el pago de la pensión alimentaria de los hijos, y establecerá el régimen de
visitas en beneficio del cónyuge a quien no se haya atribuido la guarda.
3º. Ordenar que se haga un inventario de los bienes comunes y dictar cualesquiera otras
medidas que estime conducentes para evitar la dilapidación, disposición u ocultamiento
fraudulento de dichos bienes.
A los fines de las medidas señaladas en este artículo el Juez podrá solicitar todas las
informaciones que considere convenientes.
Artículo 192 Cuando el divorcio o la separación de cuerpos se haya fundamentado en
alguna de las causales previstas en los ordinales 4º,5º y 6º del artículo 185, el cónyuge
que haya incurrido en ellas quedará privado de la patria potestad sobre sus hijos
menores. En este caso la patria potestad será ejercida exclusivamente por el otro
progenitor. Si éste se encontrara impedido para ejercerla, o ha sido privado a su vez de
la patria potestad, el Juez abrirá la tutela.
En los demás casos, la sentencia de divorcio o de separación de cuerpos no produce la
privación de la patria potestad. El Juez, en la sentencia de divorcio o de separación de
cuerpos, decidirá en interés del menor, la atribución de la guarda a uno de los
progenitores, en el lugar donde éste fije su residencia, pudiendo también confiarlas a
terceras personas aptas para ejercerla.
La guarda de los hijos menores de siete (7) años será ejercida por la madre, salvo que
por graves motivos, el Juez competente tome otra providencia.
El cónyuge a quien no se ha atribuido la guarda, conserva las demás facultades
inherentes a la patria potestad y las ejercerá conjuntamente con el otro. El Juez
determinará, en la sentencia definitiva el régimen de visitas para el progenitor a quien
no se haya atribuido la guarda o la patria potestad, así como también el monto de la

pensión alimentaria que el mismo progenitor deberá suministrar a los menores y hará
asegurar su pago con las medidas que estime convenientes entre las previstas por la Ley.
Artículo 193 Quienquiera que sea la persona a quien los hijos sean confiados, el padre
y la madre conservarán el derecho de vigilar su educación.
Artículo 194 La reconciliación quita el derecho de solicitar el divorcio o la separación
de cuerpos por toda causa anterior a ella.
Si ocurriere en cualquier estado del juicio, pondrá término a éste; si ocurriere después
de la sentencia dictada en la separación de cuerpos, dejará sin efectos la ejecutoria; pero
en uno y otro caso, los cónyuges deberán ponerla en conocimiento del Tribunal que
conozca o haya conocido de la causa, para los efectos legales.
Artículo 195 Cuando el divorcio haya sido declarado de conformidad con las causales
previstas en los ordinales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 185, el Tribunal que conozca
del mismo podrá, al declararlo, conceder pensión alimentaria al cónyuge que no haya
dado causa al juicio, cuando éste, por incapacidad física u otro impedimento similar, se
encuentra imposibilitado para trabajar y carece de otros medios para sufragar sus
necesidades.
Esta obligación subsiste mientras dure la incapacidad o el impedimento y cesa con la
muerte del obligado, del beneficiario, o si éste último contrae nuevo matrimonio.
Artículo 196 En todas las causas de divorcio y de separación de cuerpos intervendrá
como parte de buena fe un representante del Ministerio Público.
Título V
De la Filiación
Capítulo I
De la determinación y prueba de la filiación materna
Artículo 197 La filiación materna resulta del nacimiento, y se prueba con el acta de la
declaración de nacimiento inscrita en los libros del Registro Civil, con identificación de
la madre.
Artículo 198 En defecto de la partida de nacimiento, son también pruebas de filiación
materna:
1°. La declaración que hiciere la madre o después de su muerte, sus ascendientes, con el
fin de reconocer la filiación, en las condiciones y con las formalidades que se señalan en
el Capítulo III de este Título.
2°. La posesión de estado del hijo, establecida de conformidad con las reglas
contempladas en ese mismo Capítulo.
Artículo 199 A falta de posesión de estado y de partida de nacimiento, o cuando el hijo
fue inscrito bajo falsos nombres, o como nacido de padres inciertos, o bien si se trata de
suposición o sustitución de parto, la prueba de filiación materna puede efectuarse en

juicio con todo género de pruebas, aun cuando, en estos dos últimos casos, exista acta
de nacimiento conforme con la posesión de estado.
La prueba de testigos sólo se admitirá cuando exista un principio de prueba por escrito,
o cuando las presunciones o los indicios resultantes de hechos ya comprobados sean
bastante graves para determinar su admisión.
El principio de prueba por escrito resulta de documento de familia, de registros y de
cartas privadas de los padres, de actos privados o públicos provenientes de una de las
partes empeñadas en la litis, o de persona que tuviere interés en ella.
Artículo 200 La prueba contraria puede hacerse por todos los medios propios para
demostrar que la persona de quien se trata no es realmente el hijo de la mujer que él
pretende tener por madre.
Capítulo II
De la determinación y prueba de la filiación paterna
Artículo 201 El marido se tiene como padre del hijo nacido durante el matrimonio o
dentro de los trescientos (300) días siguientes a su disolución o anulación.
Sin embargo, el marido puede desconocer al hijo, probando en juicio que le ha sido
físicamente imposible tener acceso a su mujer durante el período de la concepción de
aquél, o que en ese mismo período vivía separado de ella.
Artículo 202 Si el hijo nació antes de que hubiesen transcurrido ciento ochenta (180)
días después de la celebración del matrimonio, el marido y después de su muerte, sus
herederos, podrán desconocerlo con la simple prueba de la fecha del matrimonio y la del
parto, salvo en los casos siguientes:
1°. Si el marido supo antes de casarse el embarazo de su futura esposa.
2°. Si después del nacimiento el marido ha admitido al hijo como suyo, asistiendo
personalmente o por medio de mandatario especial a la formación del acta del
nacimiento, o comportándose como padre de cualquier otra manera.
3°. Cuando el hijo no nació vivo.
Artículo 203 El marido también puede desconocer al hijo que haya nacido después de
trescientos (300) días de presentada la demanda de nulidad del matrimonio, la demanda
de divorcio o de separación de cuerpos, o la solicitud de ésta, o antes de que hubieren
transcurrido ciento ochenta (180) días a contar de la fecha en que quedó definitivamente
firme la sentencia que declaró sin lugar la demanda o terminado el juicio.
El derecho de que trata este artículo cesa para el marido cuando se ha reconciliado con u
mujer, así sea temporalmente.
Artículo 204 El marido no puede desconocer al hijo alegando su impotencia, a menos
que sea manifiesta y permanente.

El desconocimiento no se admitirá, aun en ese caso, cuando la concepción ha tenido
lugar por la inseminación artificial de la mujer con autorización del marido.
Artículo 205 El marido tampoco puede desconocer al hijo, alegando y probando el
adulterio de la mujer a no ser que este hecho haya ocurrido dentro del período de la
concepción y el marido pruebe, además, otro u otros hechos o circunstancias tales que
verosímilmente concurran a excluir su paternidad.
Artículo 206 La acción de desconocimiento no se puede intentar después de
transcurridos seis (6) meses del nacimiento del hijo o de conocido el fraude cuando se
ha ocultado el nacimiento.
En caso de interdicción del marido este lapso no comenzará a correr sino después de
rehabilitado.
Artículo 207 Si el marido muere sin haber promovido la acción de desconocimiento,
pero antes de que haya transcurrido el término útil para intentarla, sus herederos tendrán
dos (2) meses para impugnar la paternidad, contados desde el día en que el hijo haya
entrado en posesión de los bienes de cujus o del día en que los herederos hayan sido
turbados por aquel en tal posesión.
Artículo 208 La acción para impugnar la paternidad se intentará conjuntamente contra
el hijo y contra la madre en todos los casos.
Si el hijo está entredicho, el Tribunal ante el cual se intente la acción le nombrará un
tutor ad hoc que lo represente en el juicio.
Artículo 209 La filiación paterna de los hijos concebidos y nacidos fuera del
matrimonio se establece legalmente por declaración voluntaria del padre, o después de
su muerte, por sus ascendientes, en los términos previstos en el artículo 230.
Artículo 210 A falta de reconocimiento voluntario, la filiación del hijo concebido y
nacido fuera del matrimonio puede ser establecida judicialmente con todo género de
pruebas, incluidos los exámenes o las experticias hematológicas y heredobiológicas que
hayan sido consentidos por el demandado. La negativa de éste a someterse a dichas
pruebas se considerará como una presunción en su contra.
Queda establecida la paternidad cuando se prueba la posesión de estado de hijo o se
demuestre la cohabitación del padre y de la madre durante el período de la concepción y
la identidad del hijo con el concebido en dicho período, salvo que la madre haya tenido
relaciones sexuales con otros hombres, durante el período de la concepción del hijo o
haya practicado la prostitución durante, el mismo período; pero esto no impide al hijo la
prueba, por otros medios, de la paternidad que demanda.
Artículo 211 Se presume, salvo prueba en contrario, que el hombre que vivía con la
mujer en concubinato notorio para la fecha en que tuvo lugar el nacimiento del hijo, ha
cohabitado con ella durante el período de la concepción.
Artículo 212 La declaración de la madre no basta para excluir la paternidad.

Capítulo III
Disposiciones comunes
Sección I
Presunciones relativas a la filiación
Artículo 213 Se presume, salvo prueba en contrario, que la concepción tuvo lugar en
los primeros ciento veintiún (121) días de los trescientos (300) que preceden el día del
nacimiento.
Artículo 214 La posesión de estado de hijo se establece por la existencia suficiente de
hechos que indiquen normalmente las relaciones de filiación y parentesco de un
individuo con las personas que se señalan como sus progenitores y la familia a la que
dice pertenecer. Los principales entre estos hechos son:
Que la persona haya usado el apellido de quien pretende tener por padre o madre.
Que éstos le hayan dispensado el trato de hijo, y él, a su vez, los haya tratado como
padre y madre.
Que haya sido reconocido como hijo de tales personas por la familia o la sociedad.
Artículo 215 La demanda para que se declare la paternidad o maternidad, puede
contradecirse por toda persona que tenga interés en ello.
Artículo 216 El hijo nacido fuera del matrimonio, una vez reconocido no puede llevarse
a la residencia familiar sin el consentimiento del otro cónyuge.
Sección II
Del reconocimiento voluntario
Artículo 217 El reconocimiento del hijo por sus padres, para que tenga efectos legales,
debe constar:
1°. En la partida de nacimiento o en acta especial inscrita posteriormente en los libros
del Registro Civil de Nacimientos.
2°. En la partida de matrimonio de los padres.
3°. En testamento o cualquier otro acto público o auténtico otorgado al efecto, en
cualquier tiempo.
Artículo 218 El reconocimiento puede también resultar de una declaración o afirmación
incidental en un acto realizado con otro objeto, siempre que conste por documento
público o auténtico y la declaración haya sido hecha de un modo claro e inequívoco.
Artículo 219 El reconocimiento que se haga de un hijo muerto no favorece como
heredero al que lo reconoce, sino en el caso de que éste pruebe que aquél gozaba en vida
de la posesión de estado.

Artículo 220 Para reconocer a un hijo mayor de edad, se requiere su consentimiento, y
si hubiese muerto, el de su cónyuge y sus descendientes si los hubiere, salvo prueba, en
este último caso, de que el hijo ha gozado en vida de la posesión de estado.
Artículo 221 El reconocimiento es declarativo de filiación y no puede revocarse, pero
podrá impugnarse por el hijo y por quien quiera que tenga interés legítimo en ello.
Artículo 222 El menor que haya cumplido dieciséis años de edad puede reconocer
válidamente a su hijo; también podrá hacerlo antes de cumplir dicha edad, con
autorización de su representante legal y, en su defecto con la del Juez competente, quien
tomará las providencias que considere oportunas en cada caso.
Artículo 223 El reconocimiento hecho separadamente por el padre o la madre sólo
produce efectos para quien lo hizo y para los parientes consanguíneos de éste. El
reconocimiento del concebido sólo podrá efectuarse conjuntamente por el padre y la
madre.
Artículo 224 En caso de muerte del padre o de la madre, el reconocimiento de la
filiación puede ser hecho por el ascendiente o ascendientes sobrevivientes de una u otra
línea del grado más próximo que concurran en la herencia, de mutuo acuerdo si
pertenecen a la misma línea, y en las condiciones que establecen las disposiciones
contempladas en los artículos de esta sección y con iguales efectos.
Artículo 225 Se puede reconocer voluntariamente al hijo concebido durante el
matrimonio disuelto con fundamento en el artículo 185A de este Código, cuando el
período de la concepción coincida con el lapso de la separación que haya dado lugar al
divorcio.
Sección III
Establecimiento judicial de la filiación
Artículo 226 Toda persona tiene acción para reclamar el reconocimiento de su filiación
materna o paterna, en las condiciones que prevé el presente Código.
Artículo 227 En vida del hijo y durante su minoridad, la acción a que se refiere el
artículo anterior podrá ser intentada, si no lo hiciere su representante legal, por el
Ministerio Público, por los organismos públicos encargados de la protección del menor,
por el progenitor respecto del cual la filiación esté establecida y por los ascendientes de
éste.
Después que el hijo hubiese contraído matrimonio o alcanzado la mayoridad, la acción
le corresponde únicamente a él.
Artículo 228 Las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad son
imprescriptibles frente al padre y a la madre, pero la acción contra los herederos del
padre o de, la madre, no podrá intentarse sino dentro de los cinco (5) años siguientes a
su muerte.
Artículo 229 Los herederos o descendientes del hijo que ha muerto sin reclamar su
filiación, no podrán intentar la acción contra los herederos del progenitor respecto del

cual la filiación deba, ser establecida, sino en el caso que el hijo haya muerto siendo
menor o dentro de los dos (2) años subsiguientes a su mayoridad.
Artículo 230 Cuando no exista conformidad entre la partida de nacimiento y la
posesión de estado, se puede reclamar una filiación distinta de la que atribuye la partida
de nacimiento.
Y aun cuando exista conformidad entre las actas de Registro Civil y la posesión de
estado, se puede también reclamar una filiación distinta de la que atribuyen las actas del
Registro Civil si se reclama y prueba judicialmente por cualquier medio, la suposición o
sustitución de parto, o si el hijo fue inscrito bajo falsos apellidos o como nacido de
padres inciertos.
Artículo 231 Las acciones relativas a la filiación se intentarán ante el Juez de Primera
Instancia en lo Civil que conozca de los asuntos relativos a los derechos de familia en el
domicilio del hijo, cualquiera que sea la edad de éste, con intervención del Ministerio
Público, y se sustanciarán conforme al procedimiento pautado en el Código de
Procedimiento Civil para el juicio ordinario, salvo las reglas particulares de este Título
y las especiales que establezcan otras leyes.
Artículo 232 El reconocimiento del hijo por la parte demandada pone término al juicio
sobre la filiación en todos aquellos casos en que el reconocimiento sea admisible, de
conformidad con el presente Código.
Artículo 233 Los Tribunales decidirán, en los conflictos de filiación, por todos los
medios de prueba establecidos, la filiación que les parezca más verosímil, en atención a
la posesión de estado.
Artículo 234 Comprobada su filiación, el hijo concebido y nacido fuera del matrimonio
tiene la misma condición que el hijo nacido o concebido durante el matrimonio con
relación al padre y a la madre y a los parientes consanguíneos de éstos.
Sección IV
Determinación del apellido
Artículo 235 El primer apellido del padre y de la madre forman, en ese orden, los
apellidos de los hijos.
El hijo concebido y nacido fuera del matrimonio cuya filiación haya sido establecida en
relación con ambos progenitores, tomará los apellidos de estos en el mismo orden que
los hijos concebidos o nacidos durante el matrimonio.
Artículo 236 Si la filiación ha sido establecida con posterioridad a la partida de
nacimiento, el hijo podrá usar los nuevos apellidos. En este caso deberá comunicar el
cambio al Servicio Nacional de Identificación, mediante la presentación del instrumento
o la sentencia judicial en que conste la prueba de su filiación.
Artículo 237 Si el establecimiento de la filiación tiene lugar durante la minoridad del
hijo, el cambio de apellido que se contrae el artículo anterior, podrá ser formalizado del

mismo modo, por el padre o la madre, con autorización del Juez de Menores del
domicilio del hijo, quien lo acordará oído al menor, si éste es mayor de doce (12) años.
El derecho de que trata este artículo cesa para los padres cuando el hijo haya contraído
matrimonio; en este caso la opción corresponderá únicamente a él.
Artículo 238 Si la filiación sólo se ha determinado en relación con uno de los
progenitores, el hijo tiene derecho a llevar los apellidos de éste, si el progenitor tuviere
un solo apellido, el hijo tendrá derecho a repetirlo.
Artículo 239 Los hijos cuya filiación no esté establecida, figurarán en las partidas de
nacimiento con dos apellidos que escogerá el funcionario del estado civil, quien, al
hacerlo, cuidará de no lesionar intereses legítimos de terceros. Si la filiación es
establecida posteriormente respecto de uno de ambos progenitores, se aplicarán las
disposiciones anteriores.
Título VI
De la adopción
Artículo 246 Las personas que hayan cumplido la edad de cuarenta años pueden
adoptar.
El adoptante, si es varón, ha de tener por lo menos dieciocho años más que el adoptado,
y quince si es hembra.
Los esposos que tengan más de seis años de casados y no hayan tenido hijos podrán
también adoptar siempre que sean mayores de treinta años.
El adoptado tomará el apellido del adoptante, y sus derechos en la herencia del
adoptante se determinarán en el Título de las Sucesiones.
La adopción no puede hacerse bajo condición o a término.
Artículo 247 No pueden adoptar los que tengan descendientes legítimos o legitimados,
o hijos naturales.

Sin embargo, el Tribunal competente podrá con conocimiento de causa e informe
circunstanciado de los organismos oficiales encargados de la protección a la infancia,
acordar la adopción a matrimonios con hijos, en determinados casos.
Artículo 248 El tutor no puede adoptar al menor ni al entredicho, hasta que le hayan
sido aprobadas definitivamente las cuentas de la tutela.
Artículo 249 Los hijos nacidos fuera de matrimonio no pueden ser adoptados por sus
padres.
Artículo 250 Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser que la
adopción la hagan marido y mujer; pero, si sólo uno de éstos hace la adopción, el
consentimiento del otro es necesario. Sin embargo, dicho consentimiento no se requerirá
cuando el cónyuge esté en la imposibilidad permanente de prestarlo, o su residencia
fuere desconocida, o cuando exista entre los cónyuges separación legal de cuerpos.
Artículo 251 Para la adopción de un menor de veintiún años se exige el consentimiento
de las personas que respectivamente deben prestarlo para que pueda casarse, y si es
mayor de doce años se exige, además, su expreso consentimiento; para la de las
personas sujetas a, interdicción o curatela se exige el consentimiento de sus respectivos
tutores o curadores. Si el adoptado tiene cónyuge, el consentimiento de éste es siempre
necesario, salvo que estuviere en la imposibilidad permanente de prestarlo, que su
residencia sea desconocida, o que haya, entre los cónyuges separación, legal de cuerpos.
Artículo 252 La persona que se propone adoptar, la que va a ser adoptada, si es mayor
de doce años, y las que conforme al artículo anterior deben prestar su consentimiento, se
presentaran ante el Juez de Primera Instancia del domicilio o residencia del adoptante, y
se extenderá enseguida el acta de la manifestación.
Si las personas que deben prestar su consentimiento no residieren en el lugar, podrán
prestarlo por documento auténtico.
Artículo 253 El Juez averiguará:
1°. Si todas las condiciones de la Ley se han cumplido.
2°. Si el que quiere adoptar goza de buena reputación.
3°. Si la adopción aparece ventajosa para el adoptado, esto último en el caso de que el
adoptado sea menor de veintiún años o esté inhabilitado o entredicho.
El Tribunal pronunciara si hay o no lugar a la adopción dentro de las diez audiencias
siguientes.
Artículo 254 Del pronunciamiento judicial que niegue la adopción, se oirá apelación
libremente.
Artículo 255 Los efectos de la adopción, si fuere declarada con lugar, se producirán
desde la fecha en que las partes manifestaren su consentimiento.

Artículo 256 El adoptado conserva todos sus derechos y deberes en su familia natural;
la adopción no produce parentesco civil entre el adoptante y la familia del adoptado, ni
entre el adoptado y la familia del adoptante, salvo lo que queda establecido en el Título
del matrimonio.
Sin embargo, el adoptante queda investido de los derechos de patria potestad respecto
del adoptado.
Si el adoptante cesare por cualquier causa en el ejercicio de la patria potestad, ésta
volverá al padre o a la madre, según el caso.
Artículo 257 El decreto del Tribunal que declare con lugar la adopción, se publicará por
la prensa.
Artículo 258 El lazo jurídico establecido por la adopción podrá romperse, pero nunca
bajo condición o a término.
La ruptura se efectuará por mutuo consentimiento del adoptante y del adoptado, si éste
es capaz, manifestado personalmente ante el Juez de Primera Instancia que ejerza la
jurisdicción en el domicilio de cualquiera de los dos.
Artículo 259 La revocación de la adopción será declarada por el Juez, a instancia del
adoptado, si existen justos motivos, y a instancia del adoptante, en caso de ingratitud del
adoptado.
Artículo 260 El menor, el inhabilitado o el entredicho que haya sido adoptado, podrá
impugnar la adopción dentro de los dos años siguientes a la mayor edad o a la fecha en
que haya sido revocada la inhabilitación o la interdicción.
Título VII
De la Patria Potestad
Artículo 261 Los hijos, cualesquiera que sean su estado, edad y condición, deben
honrar y respetar a su padre y a su madre, y si son menores están bajo la potestad de
éstos.
Durante el matrimonio, la patria potestad sobre los hijos comunes corresponde, de
derecho, al padre y a la madre, quienes la ejercerán conjuntamente, en interés y
beneficio de los menores y de la familia.
En los casos de divorcio, separación judicial de cuerpos o anulación del matrimonio, se
aplicarán las disposiciones correspondientes del Título IV "Del matrimonio" Libro
Primero del presente Código.
La patria potestad de los hijos concebidos y nacidos fuera del matrimonio corresponde
conjuntamente, al padre y a la madre cuando la filiación hubiese sido establecida
simultáneamente respecto de ambos.
En los demás casos, la patria potestad corresponde al primero que haya reconocido o
establecido legalmente su maternidad o paternidad; pero el otro progenitor que lo

reconozca posteriormente, compartirá el ejercicio de la misma, probando que el hijo
goza, en relación con él, de la posesión de estado.
El Juez competente del domicilio del hijo podrá también conferir el ejercicio conjunto
de la patria potestad al progenitor que no lo tenga por ley cuando éste haya reconocido
voluntariamente al hijo y tal ejercicio se revela como justo, y en beneficio de los
intereses del menor y de la familia, según las circunstancias.
Artículo 262 En caso de muerte del padre o de la madre que ejerza la patria potestad, si
se hallare alguno de ellos sometido a tutela de entredicho, de haber sido declarado
ausente, de no estar presente o cuando por cualquier motivo se encuentre impedido para
cumplir con ella, el otro progenitor asumirá o continuará ejerciendo solo la patria
potestad; pero si había sido privado de la misma por sentencia o decisión judicial, no
podrá hacerlo sino después que haya sido autorizado o rehabilitado por el mismo
tribunal.
Artículo 263 El padre o la madre menor de edad ejerce la patria potestad sobre sus
hijos, pero la administración de los bienes de éstos y su representación en los actos
civiles se regirá por lo dispuesto en el artículo 277.
Capítulo I
De la guarda de los hijos
Artículo 264 El padre y la madre que ejerzan la patria potestad, tienen la guarda de sus
hijos y fijarán de mutuo acuerdo, el lugar de su educación, residencia o habitación.
Cuando el padre y la madre tienen residencias separadas, el Juez de Menores, si no hay
acuerdo entre los padres, determinará cuál de los dos tendrá la guarda de los hijos. En
todo caso, la guarda de los hijos menores de siete (7) años corresponderá a la madre, si
la madre ha hecho voluntariamente entrega del hijo al padre, a un tercero o cuando la
salud, la seguridad o la moralidad del menor así lo exijan, el Juez de Menores de su
domicilio podrá acordar, temporal o indefinidamente, la guarda al padre que no la tenga,
o a una tercera persona y siempre que la causa de tal decisión esté plenamente
comprobada en juicio.
Igualmente el Juez podrá modificar, en interés del menor, cualquier decisión que resulte
del ejercicio de la guarda a solicitud de alguno de los padres o del Ministerio Público,
en audiencia que fijarán previamente y después de oír los alegatos de las partes.
Artículo 265 La guarda comprende la custodia, la vigilancia y la orientación de la
educación del menor, así como la facultad para imponerle correcciones adecuadas a su
edad y desarrollo físico y mental.
Los hijos menores podrán transitar en el país y viajar fuera de él, con cualquiera de sus
representantes legales. Para viajar solos o con terceras personas, requieren autorización
de su representante legal, y en su defecto, del Instituto Nacional del Menor o del Juez de
Menores.
Capítulo II
De la dirección de los hijos y de la administración de sus bienes

Artículo 266 Si el menor observare conducta irregular y las medidas adoptadas por
quien ejerce su guarda no bastaren para su corrección, el guardador podrá ocurrir ante el
Juez de Menores del domicilio del menor para que tome las medidas que estime
pertinentes.
Las medidas cesarán cuando el Juez lo considere conveniente.
Artículo 267 El padre y la madre que ejerzan la patria potestad representan en los actos
civiles a sus hijos menores y aun simplemente concebidos, y administran sus bienes.
Para realizar actos que exceden de la simple administración, tales como hipotecar,
gravar, enajenar muebles o inmuebles, renunciar a herencias, aceptar donaciones o
legados sujetos a cargas o condiciones, concertar divisiones, particiones, contratar
préstamos, celebrar arrendamientos o contratos de anticresis por más de tres (3) años,
recibir la renta anticipada por más de un (1) año, deberán obtener la autorización
judicial del Juez de Menores.
Igualmente se requerirá tal autorización para transigir, someter los asuntos en que
tengan interés los menores a compromisos arbitrales, desistir del procedimiento, de la
acción o de los recursos en la representación judicial de los menores.
Tampoco podrán reconocer obligaciones ni celebrar transacciones, convenimientos o
desistimientos en Juicio en que aquellas se cobren, cuando resulten afectados Intereses
de menores, sin la autorización Judicial.
La autorización judicial sólo será concedida en caso de evidente necesidad o utilidad
para el menor, oída la opinión del Ministerio Público, y será especial para cada caso.
El Juez podrá, asimismo, acordar la administración de todos o parte de los bienes y la
representación de todos o parte de los intereses de los hijos a uno solo de los padres, a
solicitud de este, oída la opinión del otro progenitor y siempre que así convenga a los
intereses del menor, menor.
Artículo 268 Cuando el padre y la madre que ejerzan la patria potestad, no puedan o no
quieran aceptar una herencia, legado o donación para el hijo, deberán manifestarlo al
Tribunal competente, y éste, a solicitud del hijo, de alguno de sus parientes, o del
Ministerio Público, o aun de oficio, podrá autorizar la aceptación nombrando un curador
especial que represente al hijo.
Artículo 269 La autorización judicial, en los casos contemplados en el artículo 267 se
concederá a solicitud de cualquiera de los progenitores que ejerza la patria potestad y
previa notificación al Ministerio Público,
El Juez de Menores no dará esta autorización sin examinar detenidamente el caso en si y
en sus antecedentes y después de haber oído al otro progenitor y al hijo cuando tenga
mas de dieciséis (16) años; y, teniendo en consideración la inversión que haya de darse
a los fondos pertenecientes al hijo, tomará las precauciones que estime necesarias y si
así no lo hiciere, será responsable de los perjuicios que se ocasionen. Contra la
resolución del Tribunal que niegue la autorización solicitada, se oirá apelación
libremente dentro de los tres (3) días después de dictada.

Artículo 270 Cuando haya oposición de intereses entre el hijo y el padre y la madre que
ejerzan la patria potestad, el Juez de Menores, nombrara a los hijos un curador especial.
Si la oposición de intereses ocurre entre los hijos y uno de los progenitores, el otro
asumirá la representación.
Si la oposición de intereses ocurre entre los hijos de una misma persona, se nombrará un
curador especial a cada grupo que tenga intereses semejantes.
Artículo 271 La anulación de los actos ejecutados en contravención a los artículos
anteriores no puede reclamarse sino por el padre, por la madre, por el hijo y por sus
herederos o causahabientes.
Artículo 272 No están sometidos a la administración de los padres:
1º. Los bienes que adquiera el hijo por herencia, legado o donación, con la condición de
que los padres no los administren; pero esa condición no podrá imponerse a los bienes
que vengan al hijo por, Título de legítima.
2°. Los bienes que el hijo adquiera por donación, herencia o legado, aceptados en su
interés contra la voluntad del padre y la madre que ejerzan la patria potestad; si hubo
desacuerdo entre éstos, la administración de tales bienes corresponderá al que hubiese
querido aceptarlos.
Los bienes excluidos de la administración de los padres, serán administrados por un
curador especial que al efecto debe nombrar el Juez de Menores, siempre que el donante
o el testador no hayan designado un administrador.
Artículo 273 Los bienes que el hijo adquiera con ocasión de su trabajo u oficio, así
como las rentas o frutos procedentes de los mismos, serán percibidos y administrados
personalmente por él, si ha cumplido dieciséis (16) años, en las mismas condiciones que
un menor emancipado.
Los bienes que el hijo adquiera con el aporte patrimonial del padre o de la madre
mientras, esté bajo su patria potestad, pertenecen en propiedad a dichos progenitores,
pero éstos deben reconocer al hijo una justa participación en las utilidades o ganancias
como remuneración de su trabajo y sin imputación alguna.
Artículo 274 El padre y la madre responden solidariamente de los bienes de los hijos
que administren conjuntamente y de los frutos procedentes de los mismos.
Ambos podrán, no obstante, deducir de las rentas o frutos, lo necesario para proveer, en
primer término, los gastos de alimentación, educación e instrucción del hijo y, en
segundo término, para proveer al mantenimiento de las hermanas o hermanos menores
de aquél que habiten en su casa.
También podrán utilizar parte de esos frutos o rentas para atender a sus propias
necesidades alimentarias cuando se encuentren imposibilitados para trabajar o carezcan
de recursos o medios propios para atender a la satisfacción de las mismas, con
autorización del Juez de Menores del domicilio o residencia del hijo, quien lo acordará,
después de una comprobación sumaria de los hechos.

Artículo 275 Cuando se compruebe plenamente mala administración de los bienes de
los hijos por parte del padre y de la madre que ejerzan la patria potestad, o de uno de
ellos, el Juez competente, a solicitud de cualquiera de éstos, de los ascendientes o
parientes colaterales de dichos hijos dentro de tercer grado de consanguinidad, y aun de
oficio, puede conferir la administración exclusiva al otro progenitor o nombrar un
curador especial a los menores sin cuya intervención no podrán los progenitores ejecutar
ningún acto de administración. Si las circunstancias lo exigieren, a juicio del Juez, éste
podrá autorizar al curador para ejercer la administración activa en la extensión que
estime necesaria, pero sin exceder las facultades que la Ley asigna a los padres en la
administración. El procedimiento, en los casos previstos en este Artículo, será breve y
sumario, y se limitará a acordar lo necesario para evacuar las pruebas y diligencias
dirigidas a la comprobación de los hechos invocados por el solicitante o solicitantes, o
las que el Juez considere pertinentes, si procede de oficio.
El Juez tiene facultad para solicitar las informaciones y datos adicionales que estime
conducentes para el mejor esclarecimiento de los hechos, así como para ordenar la
ampliación de las pruebas y de los recaudos producidos, si los considera insuficientes.
Artículo 276 El progenitor privado de la administración de los bienes del hijo podrá
oponerse, no obstante, a cualquier acto que estime contrario a los intereses de este
último, ocurriendo ante el Juez de Menores del domicilio del hijo.
El Juez adoptará su decisión con conocimiento de causa y después de haber oído al otro
progenitor o al curador que tenga la administración de los bienes en cuestión.
Contra esta decisión se oirá apelación libremente.
Artículo 277 Cuando uno de los progenitores que ejerzan la patria potestad es menor de
edad, esté sometido a curatela de inhabilitado o no supiere leer ni escribir, el otro
ejercerá solo la administración y representación de los bienes e intereses de los hijos,
previa autorización judicial.
Si ambos progenitores son menores o están sujetos a curatela de inhabilitados o no
supieran leer ni escribir, el Juez competente nombrara un curador especial que se
encargue de la administración de los bienes de los hijos y ejerza su representación en los
actos civiles. El Juez procederá de oficio en este último caso, por denuncia de quien
tenga conocimiento de tal situación o a petición del representante del Ministerio Público
Capítulo III
De la extinción y privación de la patria potestad.
Artículo 278 El padre y la madre serán privados de la patria potestad.
1°. Cuando maltraten habitualmente a sus hijos.
2°. Cuando los hayan abandonado o los expongan a situaciones de peligro.
3°. Cuando traten de corromperlos o prostituirlos o fueren conniventes en su corrupción
o prostitución.

4°. Cuando por sus malas costumbres, ebriedad habitual u otros vicios, pudiesen
comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos; aun cuando estos hechos
no acarreen para los padres sanción penal.
5°. Cuando sean condenados como autores o cómplices de un delito o falta cometidos
intencionalmente contra el hijo.
En todos los casos, la decisión judicial deberá estar fundada en la prueba de algunas de
estas causales en juicio ordinario promovido con tal objeto.
Quedan a salvo las disposiciones de la presente ley que establecen la privación de la
patria potestad como un efecto de las sentencias dictadas en los juicios de divorcio o de
separación de cuerpos
La acción para la privación de la patria potestad podrá ser ejercida por el Ministerio
Público, por los organismos públicos encargados de la protección del menor, por el otro
progenitor respecto del cual la filiación esté legalmente establecida, aun cuando no
ejerza la patria potestad, por los ascendientes y demás parientes del hijo dentro del
tercer grado, en cualquier línea.
El representante del Ministerio Público debe intentar la acción cuando tenga denuncia
fundada de la existencia de las causales previstas para la privación de la patria potestad.
Artículo 279 Las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los
asuntos de que trata este Título, al igual que las copias certificadas que de las mismas se
expidan, se harán en papel común y sin estampillas.
Los Funcionarios, Tribunales y Autoridades Públicas que en cualquier forma
intervengan en tales asuntos, los despacharán con toda preferencia y no podrán cobrar
emolumento ni derecho alguno, ni aceptar remuneración, bajo pena de destitución del
cargo que ejercen, y la cual se le impondrá una vez comprobada la denuncia.
Artículo 280 El padre o la madre privados de la patria potestad podrán ser rehabilitados
posteriormente cuando su corrección o regeneración resulten de hechos plenamente
comprobados y además notorios.
La rehabilitación se decretará a petición del progenitor interesado, previa comprobación
sumaria de los hechos que la fundamentan, y después de oír la opinión del progenitor
que ejerza la patria potestad o de la persona que tenga la guarda del menor según el
caso.
Contra esta decisión se oirá apelación libremente.
Título VIII
De la educación y de los alimentos
Artículo 282 El padre y la madre están obligados a mantener, educar e instruir a sus
hijos menores.

Estas obligaciones subsisten para con los hijos mayores de edad, siempre que éstos se
encuentren impedidos para atender por sí mismos a la satisfacción de sus necesidades.
Artículo 283 Si el padre y la madre han fallecido, no tienen medios o están impedidos
para cumplir con las obligaciones contempladas en el artículo anterior, éstas pasan a los
otros ascendientes, maternos y paternos, por orden de proximidad.
Artículo 284 Los hijos tienen la obligación de asistir y suministrar alimentos a sus
padres, y demás ascendientes maternos y paternos. Esta obligación comprende todo
cuanto sea necesario para asegurarles mantenimiento, alojamiento, vestido, atención
médica, medicamentos y condiciones de vida adecuados a su edad y salud, y es exigible
en todos los casos en que los padres o ascendientes carecen de recursos o medios para
atender a la satisfacción de sus necesidades o se encuentran imposibilitados para ello.
Al apreciarse esta imposibilidad se tomará en consideración la edad, condición y demás
circunstancias personales del beneficiario.
La obligación alimentaria existe también respecto del hermano o hermana, pero la
mismo sólo comprende la prestación de los alimentos indispensables para asegurarles el
sustento, vestido y habitación
Artículo 285 La obligación de alimentos recae sobre los descendientes, por orden de
proximidad; después sobre los ascendientes y, a falta de uno y otros, se extiende a los
hermanos y hermanas
Si ninguna de estas personas existe o posee medios para cumplir con las obligaciones
expresadas, el Juez competente podrá imponer a los tíos y sobrinos, la prestación de
alimentos estrictamente necesarios para asegurar alojamiento y comida al que los
reclama, cuando éste sea de edad avanzada o esté entredicho.
Artículo 286 La persona casada, cualquiera que sea su edad, no podrá exigir alimentos
a las personas mencionadas en el artículo anterior sino en el caso de que su cónyuge se
encuentre en el mismo estado de necesidad o carezca de recursos o medios propios y
suficientes para suministrárselos; en caso contrario, la obligación, de alimentos recae, en
primer lugar, sobre dicho cónyuge, de conformidad con las disposiciones que regulan
esta obligación como un efecto del matrimonio en el Título IV, Capítulo XI, Sección I
del Libro Primero del presente Código.
Artículo 287 En caso de adopción simple, los deberes y las obligaciones de los padres y
de los hijos recaen sobre el adoptante o adoptantes y el adoptado, recíprocamente; pero
las de éste sólo se extienden a sus ascendientes.
Artículo 288 El que deba suministrar los alimentos puede optar entre pagar una pensión
alimentaria o recibir y mantener en su propia casa a quien los reclama, salvo que se trate
de menores cuya guarda corresponde, por ley o decisión judicial, a otra persona, o que
el Juez estime inconveniente permitir esta última forma. Si el beneficiario es alguno de
los padres o ascendientes del obligado, la prestación de alimentos en especie no se
admitirá cuando aquellos no quieran recibirlos en esta forma.

Artículo 289 Cuando concurran varias personas con derecho a alimentos, éstos se
repartirán entre ellos en la proporción que establezca el Juez, atendiendo al número y
condición económica de los mismos; pero si el obligado es casado y tiene hijos o
descendientes, éstos y el cónyuge tienen siempre derecho preferente.
Artículo 290 El hijo menor que por causa justificada, no habite en el hogar del padre o
de la madre, tiene derecho a recibir alimentos en calidad y cantidad igual a los que
reciben, en el hogar del uno o de la otra, sus demás hijos o descendientes.
Artículo 291 Las pensiones de alimentos se pagarán por adelantado y no se puede pedir
la restitución de aquella parte de las anticipaciones que el beneficiario no haya
consumido por haber fallecido.
Artículo 292 El obligado a suministrar los alimentos no Puede oponer al beneficiario,
en compensación, lo que éste le deba, pero las pensiones alimenticias atrasadas pueden
renunciarse o compensarse.
Artículo 293 La acción para pedir alimentos es irrenunciable.
Artículo 294 La prestación de alimentos presupone la imposibilidad de
proporcionárselos el que los exige, y presupone asimismo, recursos suficientes de parte
de aquel a quien se piden, debiendo tenerse en consideración, al estimar la
imposibilidad, la edad, condición de la persona y demás circunstancias. Para fijar los
alimentos se atenderá a la necesidad del que los reclama y al patrimonio de quien haya
de prestarlos.
Si después de hecha la asignación de los alimentos, sobreviene alteración en la
condición del que los suministra o del que los recibe, el Juez podrá acordar la reducción,
cesación o aumento de los mismos según las circunstancias.
Artículo 295 No se requiere la prueba de los hechos o circunstancias a que se refiere el
encabezamiento del artículo anterior, cuando los alimentos se pidan a los padres o
ascendientes del menor de edad, y la filiación esté legalmente establecida.
Artículo 296 Cuando son varios los obligados conjuntamente a prestar alimentos, la
proporción en que cada uno de ellos deba contribuir al pago de los mismos, incluidos
los gastos que ocasione la educación de los menores, si los hubiese, será establecida por
el Juez, atendiendo a los recursos o ganancias de que respectivamente dispongan los
obligados.
Si uno de estos recibe y mantiene al beneficiario en su propia casa, el Juez fijará el
monto de lo que deben pagar los otros, tomando en consideración la calidad de los
alimentos prestados en especie y acordará lo debido para que todos soporten una carga
comparable.
Artículo 297 Los convenios celebrados entre quien deba suministrar los alimentos y
quien los exige, para establecer el monto o forma de pago de los mismos, son válidos y
conservan sus efectos mientras no sobrevenga alteración en la condición de las partes
que justifiquen el aumento, cesación o reducción de los alimentos u otra forma de pago.

Artículo 298 La muerte de quien tiene derecho a alimentos o de quien deba
suministrarlos hace cesar los efectos de los convenios y de las sentencias que así lo
dispongan.
Artículo 299 No tiene derecho a alimentos el que fuere de mala conducta notoria con
respecto al obligado, aun cuando hayan sido acordados por sentencia.
Artículo 300 Tampoco tienen derecho a alimentos.
1º. El que intencionalmente haya intentado perpetrar un delito, que merezca cuando
menos pena de prisión, en la persona de quien pudiera exigirlos, en la de su cónyuge,
descendientes, ascendientes y hermanos;
2º. El que haya cometido adulterio con el cónyuge de la persona de quien se trata.
3º. El que sabiendo que ésta se hallaba en estado de demencia no cuidó de recogerla o
hacerla recoger pudiendo hacerlo.
Título IX
De la tutela y de la emancipación
Capítulo I
De la tutela
Sección I
De los tutores
Artículo 301 Todo menor de edad que no tenga representante legal será provisto de
tutor y protutor y suplente de este.
Artículo 302 El funcionario que reciba la declaración sobre la muerte de una persona
que haya dejado hijos menores de edad sin representante legal, debe informar al Juez de
Menores de la Jurisdicción. El incumplimiento de esta obligación acarrea una multa de
un mil bolívares (Bs.1.000,00)
Artículo 303 El tutor nombrado por el padre y por la madre, el llamado por la ley a
serlo y los parientes del menor dentro del cuarto (4°) grado de consanguinidad, al tener
conocimiento de cualquier hecho que dé lugar a apertura de la tutela, deben informarlo
al Juez competente.
Los infractores de la disposición contenida en este Artículo, pagarán multa de
quinientos bolívares (Bs. 500,00) por cada uno de los menores.
Artículo 304 La tutela es un cargo de que nadie puede excusarse sino en los casos
determinados por la Ley.
Artículo 305 El padre y la madre en ejercicio de la patria potestad pueden dar tutor o
protutor a sus hijos en caso de que éstos queden sujetos a tutela.
En caso de nombramientos sucesivos, prevalecerá el efectuado en último término.

Artículo 306 No tendrá efecto el nombramiento de tutor hecho por el padre y por la
madre que, al tiempo de su muerte, no estaban en el ejercicio de la patria potestad, salvo
el caso de que efectuado el nombramiento, la suspensión o privación de la patria
potestad hayan sobrevenido por causas de locura o ausencia.
Artículo 307 Los padres podrán nombrar un tutor y un protutor para todos o para varios
de sus hijos; o un tutor y un protutor para cada uno de ellos.
El nombramiento debe hacerse por escritura pública o por testamento.
Artículo 308 Si no hubiere tutor nombrado por el padre y la madre, la tutela
corresponde de derecho al abuelo o a la abuela sobreviviente. Si existe más de uno, el
Juez podrá acordarla a cualquiera de los abuelos, tomando en cuenta el interés, la salud,
el bienestar del menor, y después de haber oído a éste, si tiene más de doce (12) años de
edad.
Artículo 309 A falta de los tutores anteriores el Juez de Primera Instancia, oyendo antes
al Consejo de Tutela, procederá al nombramiento de tutor.
Para dichos cargos serán preferidos, en igualdad de circunstancias, los parientes del
menor dentro del cuarto grado.
Artículo 310 El Juez no podrá nombrar más de un tutor para todos los menores que
sean hermanos y hermanas.
Cuando haya oposición de intereses entres varios menores sujetos a la misma tutela, se
procederá con arreglo al artículo 270.
Artículo 311 El que instituye heredero, legatario o hace donación a un menor o a un
entredicho, puede nombrarle un curador especial para la administración de los bienes
que le trasmite, aunque el menor esté bajo la patria potestad, o el entredicho tenga tutor;
y aun podrá dispensarlo del deber de rendir cuentas de la administración y de presentar
estados anuales.
Artículo 312 Con excepción de los abuelos y abuelas, los demás tutores de quienes se
ha tratado en los artículos anteriores, necesitan discernimiento para ejercer su encargo.
Artículo 313 Mientras dure el procedimiento de la tutela, y si el Juez lo encontrare
conveniente, nombrará un tutor interino. Las funciones de este tutor se limitarán a la
guarda del menor y a los actos de administración y de conservación indispensables. El
Juez dictará, además, las medidas que crea oportunas para evitar todo perjuicio.
Cuando haya necesidad urgente de ejecutar un acto que exceda de la simple
administración o de intentar una acción contra el menor, el Juez autorizará
especialmente al tutor interino.
Artículo 314 El Juez preferirá para el nombramiento de tutor interino, en igualdad de
circunstancias, a los parientes del menor o a los amigos de su familia.
Artículo 315 El tutor interino quedará sujeto a lo preceptuado en el artículo 324.

Artículo 316 El tutor interino cesará al entrar el tutor ordinario en sus funciones.
Artículo 317 Todo tutor, protutor o suplente de éste que apareciere moroso para entrar
en ejercicio de su cargo, deberá ser compelido por el Juez, con multa de cien bolívares
por cada intimación después de la primera, sin perjuicio de las demás responsabilidades
en que incurra.
Artículo 318 El Estado asumirá de hecho la tutela de los menores abandonados y la
ejercerá en la forma que determinen leyes especiales. Respecto de otros menores
sometidos a tutela, el Estado ejercerá vigilancia especial sobre ella, de acuerdo con las
leyes.
Artículo 319 En tanto que se dicten las leyes especiales que prevé el artículo anterior,
cualquier Autoridad Civil o de policía que tenga conocimiento de la existencia de
menores abandonados o desamparados, deberá pedir el depósito de estos al Juez Civil
de la localidad, sin perjuicio de que pueda por sí misma tomar esa medida.
El depósito se efectuará preferentemente en establecimientos destinados a tal fin, a no
ser que el Juez, a solicitud de parte, disponga que el menor sea entregado a un particular
o a un instituto benéfico.
Artículo 320 Los Directores o Directoras de los establecimientos a que se contrae el
artículo anterior, ya sean públicos o privados, así como los particulares en su caso, serán
de derecho tutores de los menores depositados en ellos y mientras permanezcan bajo su
guarda.
Artículo 321 Si durante la tutela del Estado se presentase el representante legal
reclamando al menor, deberá promover una información sumaria ante el Juez Civil de la
localidad acerca de las causas del abandono, con notificación al tutor. Si el Juez las
considerare excusables ordenará la entrega del menor; en caso contrario, dispondrá de
oficio la apertura del juicio de privación de la patria potestad o de remoción del tutor, si
fuere para ello competente, o pasará a este fin los autos al Juez de Primera Instancia
respectivo, dando aviso al Fiscal del Ministerio Público.
Si se declarase en vigor la patria potestad discutida o la tutela anterior, y fuere un
particular el encargado de la tutela del menor, tendrá derecho al reembolso de los gastos
que hubiere hecho en su crianza y educación, gastos que serán tasados por el Juez,
asociado con dos padres de familia.
Artículo 322 Cuando el menor sometido a la tutela del Estado adquiera bienes que
excedan de cuatro mil bolívares, se procederá a organizarle la tutela ordinaria.
Artículo 323 Todo funcionario tiene el deber indeclinable de dar preferente atención al
despacho de las gestiones conducentes a la constitución y ejercicio de la tutela.
La promoción, diligencias y actuaciones se harán en papel común y sin estampillas.
Del mismo modo se expedirán las copias certificadas de partidas de nacimiento,
matrimonio y defunción y de cualesquiera otros actos que sean necesarios, todas las

cuales pedirá de oficio el Juez que conozca de la tutela, y ordenará hacer las
publicaciones e inscripciones en el Registro respectivo.
En ningún caso podrá cobrarse emolumento alguno ni aceptarse remuneración. A los
infractores de esta disposición se les seguirá el juicio penal correspondiente.
Sección II
Del Consejo de la Tutela
Artículo 324 En todos los casos determinados por la ley, o en que según este Código
necesite el tutor obtener autorización judicial, el Tribunal oirá la opinión de un Consejo,
compuesto de cuatro personas, que se constituirá permanentemente para cada tutela por
todo el tiempo que ésta dure.
Artículo 325 Para componer el Consejo el Juez nombrará cuatro de los parientes más
cercanos del menor que se encuentren en el lugar. Si hubieren próximos parientes en
ambas líneas, se escogerán los cuatro de una y otra siempre que fueren del mismo
grado; y, a falta de aquéllos, el Tribunal designará personas de mayor edad que gocen
de buen concepto público, prefiriendo, en igualdad de circunstancias, a los relacionados
y amigos habituales de la familia del menor. La falta de alguno de los miembros del
Consejo, será suplida por designación que hará el Juez según el caso.
No se designarán parientes de un grado, sino cuando en el que le precede no haya
número suficiente de parientes para constituir el Consejo. Pero el Juez designará
libremente los miembros que han de constituir aquél si no se conocieren parientes al
menor, o si éstos fueren de un grado más lejano que el tercero.
Artículo 326 Si el padre y la madre del menor que ejerzan la patria potestad, hubieren
designado en su testamento o por escritura pública personas para constituir el consejo de
tutela, el Juez hará su constitución con cuatro de ellas, o cuando falten o estén
impedidas, hará la escogencia entre las otras.
En defecto de éstas, procederá de la manera expresada en el artículo anterior.
Artículo 327 El cargo de miembro del Consejo de Tutela es obligatorio. También lo es
la asistencia personal a las sesiones. Sin embargo, el Juez, en ambos casos, por razón de
la distancia u otros motivos justos, podrá excusar a las personas que así lo solicitasen.
Artículo 328 La consulta al Consejo de Tutela se hará después que el asunto esté
sustanciado, dándosele conocimiento de lo actuado; pero, puede el Consejo pedir al Juez
que inquiera otras pruebas, o mande a ampliar las producidas, si las habidas las
encontrare insuficientes para emitir su opinión.
Artículo 329 La opinión del Consejo de Tutela será motivada, sin ser retardada por un
tiempo mayor de cinco días después de la convocación de todos sus miembros o de la
fecha en que recibiera el nuevo recaudo. En todo caso, es potestativo del Juez prorrogar
prudencialmente dicho lapso sin excederse de treinta días.
Artículo 330 Cuando algún miembro del Consejo de tutela tuviere interés en el asunto
sobre el cual ha de operar, o sepa que lo tuvieren sus parientes por consanguinidad en

cualquier grado en la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, o por
afinidad hasta el segundo, también inclusive, lo manifestará para que se le sustituya con
otro hábil; pero no obstante la sustitución, puede ser oído si el Consejo lo estimare
conveniente.
Artículo 331 Las funciones de los miembros del Consejo de Tutela son gratuitas, salvo
que por testamento o escritura pública del padre o de la madre que ejerciere la patria
potestad, se les señalare alguna retribución.
Artículo 332 Los miembros del Consejo de Tutela que contravinieren a sus deberes
legales, se penaran con multas hasta de cien bolívares que les impondrá el Juez.
Artículo 333 Cada vez que haya de convocarse al Consejo para oír su opinión respecto
a algún asunto, se notificará al protutor, el cual podrá asistir a sus sesiones, pero sin
derecho a votar.
Artículo 334 Cuando sea menester oír la opinión del Consejo de Tutela respecto a un
acto de disposición, el Juez oirá previamente al menor si éste ha cumplido ya la edad de
quince años y se encontrare en el país. También podrá ser oído por el Consejo, si éste
así lo determinare para emitir su opinión.
Sección III
Del protutor
Artículo 335 Cuando el padre y la madre no hubieren hecho uso de la facultad que les
confiere el artículo 307 o si hubiere caducado el nombramiento, el Juez, nombrará
protutor según el procedimiento establecido en el artículo 309.También designará en
cada caso, la persona que haya de llenar las faltas accidentales del protutor.
Artículo 336 El tutor no podrá entrar en el ejercicio de la tutela si no hay protutor; y no
habiéndolo, el tutor deberá promover inmediatamente su nombramiento.
Si el tutor contraviniere a esta disposición podrá ser removido, y siempre quedará
obligado al resarcimiento de los daños y perjuicios.
Artículo 337 El protutor obra por el menor y lo representa en los casos en que sus
intereses estén en oposición con los del tutor; y esta obligado:
1°. A vigilar la conducta del tutor y poner en conocimiento del Tribunal cuanto crea que
pueda ser dañoso al menor en su educación y en sus intereses.
2°. A solicitar del Juez competente el nombramiento de otro tutor, siempre que la tutela
quede vacante o abandonada; y entre tanto representa al menor y puede ejecutar todos
los actos conservatorios y de administración que no admitan retardo.
Artículo 338 El protutor cesa con el nombramiento de un nuevo tutor, pero el Juez
puede reelegirlo.

Sección IV
De las personas inhábiles para ser tutores, protutores, curadores y miembros del
Consejo de Tutela y de su remoción
Artículo 339 No pueden obtener estos cargos:
1°. Los que no tengan la libre administración de sus bienes.
2°. Los que carecen de domicilio y no tienen residencia fija.
3°. Los que hayan sido removidos de una tutela o privados de la patria potestad sobre
sus hijos.
4º. Los que hayan sido condenados a alguna pena que lleve consigo inhabilitación o
interdicción.
5°. Los que no tengan oficio o modo de vivir conocido, o sean notoriamente de mala
conducta.
6°. Los que tengan o se hallen en circunstancias de tener, o cuyo padre, madre o
descendientes, o cónyuge, tengan o se hallen en circunstancias de tener con el menor un
pleito en que se ponga en peligro el estado civil del menor o una parte de sus bienes.
7°. Los jueces de Primera Instancia en lo Civil y los Jueces de Menores, cuando el
menor o sus bienes estén en el territorio de su jurisdicción.
8°. Los adictos alcohólicos y los fármaco dependientes habituales.
9°. Los excluidos expresamente por los progenitores en ejercicio de la patria potestad.
Artículo 340 Serán removidos de la tutela y condenados a la indemnización de
perjuicios:
1°. Los que no hayan asegurado las resultas de su administración de la manera
prevenida en este Código.
2°. Los que no hayan hecho el inventario en el tiempo y forma prevenidos por la ley o
no lo hayan verificado con fidelidad.
3°. Los que se condujeren mal en la tutela respecto de la persona del menor, o en la
administración de sus bienes.
4°. Los que se negaren a presentar el estado anual de que trata el artículo 377 o en
cualquier tiempo en que el Tribunal lo exija, o que de cualquier manera evadieren la
presentación.
5°. Los inhábiles, desde que sobrevenga o se averigüe su incapacidad o mala conducta.
6°. Los que hayan sido condenados a pena corporal.

7°. Los fallidos culpables o fraudulentos.
8°. Los que hayan abandonado la tutela.
Artículo 341 La remoción se decretará en virtud de juicio ordinario seguido por ante el
Juez de Primera Instancia, a promoción de cualquier pariente del menor dentro del
cuarto grado de consanguinidad, del Síndico Procurador Municipal y aun de oficio. En
este último caso, se nombrará al menor un tutor interino de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 313, si lo creyere conveniente el Consejo de Tutela, a quien
consultará el Juez.
Sección V
De las excusas
Artículo 342 Podrán excusarse de la tutela y la protutela.
1°. Los militares en servicio activo y los ministros de cualquier culto.
2°. Los que tengan bajo su potestad tres o más hijos.
3°. Los que fueran tan pobres que no puedan atender a la tutela sin menoscabo de su
subsistencia.
4°. Los que por el mal estado habitual de su salud no pudieran atender el cargo.
5°. El tutor o curador de otra persona.
6°. Los que no sepan leer y escribir.
7°. Los impedidos.
Artículo 343 El que teniendo excusa legítima admite la tutela o protutela, se entiende
que renuncia a la exención que le concede la Ley.
Artículo 344 Las excusas deben proponerse ante el Juez de Primera Instancia.
Artículo 345 Las excusas deben proponerse dentro de tres días después de la
notificación del nombramiento, más el término de la distancia computado de acuerdo
con el Código de Procedimiento Civil, si el nombrado no estuviere presente. Respecto
del tutor legítimo, los tres días correrán desde que tenga conocimiento del hecho que
motiva su encargo.
Artículo 346 El Juez de Primera Instancia, previa comprobación de la causa alegada,
con intervención del tutor interino que nombrará, y previo dictamen favorable del
Consejo de Tutela, podrá aceptar la excusa presentada por el tutor o protutor o suplente
de éste; y con los mismos requisitos podrá aceptar en todo tiempo la renuncia de ellos.
Si el fallo fuere negativo, el interesado podrá apelar. Contra la decisión del Superior no
habrá recurso.

Sección VI
Del ejercicio de la tutela
Artículo 347 El tutor tiene la guarda de la persona del menor, es su representante legal,
y administra sus bienes.
Artículo 348 Cuando el tutor no sea abuelo o abuela, el Tribunal, consultando
previamente al Consejo de Tutela y oyendo al menor, si tuviere más de diez años,
determinará el lugar en que deba ser criado éste y la educación que deba dársele. Si la
determinación del Tribunal no fuere conforme con la opinión del Consejo, se remitirán
las diligencias al Superior para que decida, cumpliéndose mientras tanto lo determinado
por el Tribunal.
Artículo 349 El menor obedecerá al tutor y éste podrá corregirlo moderadamente.
Si no bastare la corrección moderada, el tutor deberá ponerlo en conocimiento del Juez
de Parroquia o Municipio, donde no residiere el Juez de Primera Instancia, y se
procederá en conformidad con el artículo 266.
Artículo 350 Si el tutor abusare de su autoridad o faltare a sus obligaciones, el menor
podrá presentar sus quejas al protutor y también participarlo al Tribunal, a fin de que se
proceda a averiguar la verdad y a dictar las medidas legales conducentes.
Artículo 351 El tutor, dentro de diez días de estar en conocimiento de su llamamiento,
procederá a la formación del inventario de los bienes del menor, con la intervención del
Consejo de Tutela. El inventario deberá terminarse dentro de treinta días, pero el Juez
podrá prorrogar este término si las circunstancias lo exigieren.
Artículo 352 El inventario lo harán el tutor, el protutor y los miembros del Consejo de
Tutela, sin necesidad de asistencia del Juez. Si hubiere que inventariar bienes situados
en distintos lugares, el Tribunal dará comisión al Juez local para que constituya un
Consejo Auxiliar de Tutela y reciba y envíe el inventario formado.
Artículo 353 El inventario debe indicar los muebles, créditos, deudas, escrituras,
papeles y notas relativas a la situación activa y pasiva del menor, y designar también los
inmuebles. La estimación de los muebles y la descripción del estado de los inmuebles y
su valor, por lo menos aproximado, se harán en todo caso.
Artículo 354 Si hubiere en el patrimonio del menor establecimientos de comercio o
industria, se procederá a su inventario, según las formas usuales, con intervención de las
demás personas que el Consejo de Tutela crea conveniente llamar.
Artículo 355 El inventario se consignará en el Tribunal que ejerce la jurisdicción
ordinaria, o en el comisionado, por las personas encargadas de formarlo, quienes jurarán
haberlo practicado con exactitud, haciéndose constar esta circunstancia.
Artículo 356 Toda omisión o falta cometida por el tutor, protutor y miembro del
Consejo de Tutela, o por las personas llamadas a hacer sus veces, respecto a las
obligaciones que les imponen los cuatro artículos precedentes, hace responsables

solidarios a quienes cometieran esa falta u omisión, de los perjuicios que se ocasionen al
menor.
Artículo 357 Los respectivos Jueces de Primera Instancia, de Departamento, de Distrito
y de Parroquia o Municipio, cada uno en su caso, obligarán a los tutores, protutores y
miembros del Consejo de Tutela, a cumplir con los deberes que les imponen los
Artículos 351, 352, 353, 354 y 355, bajo multas no menores de cien bolívares por cada
falta. La autoridad que sea remisa en el cumplimiento de este deber, será responsable de
los perjuicios.
Artículo 358 El tutor está obligado a inscribir en el inventario el crédito que tuviere en
contra o en favor del menor y si a sabiendas no lo inscribiere, será removido.
Artículo 359 Los bienes que el menor adquiera después, se inventariarán con las
mismas formalidades.
Artículo 360 Concluido el inventario, el tutor que no sea abuelo o abuela, debe dar
caución real o personal.
El Juez determinará la cantidad por la cual se ha de dar la caución.
Para constituir la caución real deberá el Tribunal hacer acreditar la propiedad y
suficiencia de la finca, expresándose los gravámenes que tenga; y para constituir la
caución personal, deberá hacer acreditar que quien ofrece la fianza reúne los requisitos
legales.
Cuando el tutor no ofreciere otro género de caución, el Consejo de Tutela determinará
los bienes de aquél sobre los cuales se debe constituir la hipoteca; y si, en el mismo
caso, no tuviere el tutor bienes suficientes, se procederá al nombramiento de otro.
Artículo 361 El juez puede aumentar la caución ya exigida, y, a solicitud del tutor,
permitir la sustitución de ella por otra con tal que no pueda resultar de ello perjuicio
alguno.
Artículo 362 Después de hecho el inventario de los bienes, el Tribunal, oyendo al
Consejo de Tutela, fijará el máximum de gastos que deba hacer el tutor en la
manutención y educación del menor, teniendo para ello presente la posición y
circunstancias del último y principalmente la renta líquida de su fortuna. Podrá alterarse
esa fijación, según las circunstancias, oyendo siempre al Consejo de tutela.
Si después de prolijo examen, el Consejo lo creyere equitativo y el Tribunal lo
encontrare suficientemente justificado, podrá acordarse la compensación de frutos por
alimentos.
Artículo 363 Al recibir el tutor las cantidades que se deban al menor, lo avisará al
protutor.
Artículo 364 No puede el tutor, sin oír previamente al protutor, promover acciones en
juicio, con excepción de las posesorias o relativas al cobro de frutos o rentas y de las
que sean urgentes.

Artículo 365 El tutor no puede, sin autorización judicial, tomar dinero a préstamo en
ningún caso ni darlo sin garantía; dar prendas o hipotecas; enajenar ni gravar los bienes
inmuebles o muebles, cualquiera que sea su valor; ceder o traspasar créditos o
documentos de créditos; adquirir bienes inmuebles o muebles, excepto para los objetos
necesarios a la economía doméstica o a la administración del patrimonio; dar ni tomar
en arrendamiento bienes raíces por tiempo determinado: obligarse a hacer ni a pagar
mejoras; repudiar herencias; aceptar donaciones o legados sujetos a gravámenes o
condiciones; someter a árbitros los pleitos ni transigirlos; convenir en las demandas ni
desistir de ellas; ni llevar a cabo particiones.
Son aplicables las disposiciones del artículo 267 a la promoción, sustanciación y
despacho de las autorizaciones judiciales necesarias a los tutores.
Artículo 366 Cuando en el patrimonio del menor existan títulos de deuda pública,
bonos, rentas o acciones al portador, de empresas civiles o comerciales, el tutor
procederá, con intervención del protutor, a convertirlos si fuere posible, en títulos
nominativos a favor del menor.
Artículo 367 No podrá el tutor aceptar válidamente herencias sino a beneficio de
Inventario, ni repudiar legados no sujetos a cargas ni condiciones.
Artículo 368 El tutor procurará dar inmediatamente colocación a los fondos disponibles
del menor, y si dejare de hacerlo sin causa razonable, será responsable del interés
corriente en el mercado.
Artículo 369 Si en el patrimonio del menor se encontraren establecimientos de
comercio, industria o cría serán enajenados o liquidados por el tutor con autorización
del Juez, Podrán continuar los negocios de aquellos establecimientos si, a juicio del
Consejo de Tutela, fuere manifiestamente conveniente y lo aprobare el Tribunal.
Artículo 370 Ni el tutor ni el protutor pueden comprar bienes del menor ni tomarlos en
arrendamiento, ni hacerse cesionarios de créditos ni derechos contra él.
Mientras ejerzan sus cargos, tampoco pueden adquirir de terceras personas los bienes
del menor que hubieren enajenado.
Artículo 371 Al pedir la autorización judicial de que tratan los artículos anteriores,
deberán comprobarse plenamente los hechos que demuestren la evidente necesidad o
utilidad del menor Podrá el Juez pedir, además, los otros datos que estime necesarios y
aún exigir, cuando sea conducente, la presentación del inventario de les bienes del
menor y la demostración del estado actual de ellos,
Artículo 372 Al autorizarse la venta de inmuebles, se determinará si debe hacerse en
pública subasta o por negociaciones privadas.
Artículo 373 El Juez no podrá otorgar ninguna autorización sin oír previamente al
Consejo de Tutela; y si la decisión del Juez no fuere conforme con la opinión del
Consejo, se remitirán las diligencias al Superior para que decida.

Artículo 374 Tanto la opinión del Consejo como la autorización del Juez deberán
concretarse a los puntos o estipulaciones cuyo conjunto forma el acto o contrato que es
materia de la resolución que se pide.
Artículo 375 El Tribunal fijará la remuneración del tutor por la administración de la
tutela, no pudiendo exceder esta remuneración del quince por ciento de la renta liquida.
Sección VII
De la rendición de las cuentas de la tutela
Artículo 376 Todo tutor está obligado a rendir cuentas, terminada su administración.
Estas cuentas deben ser año por año, razonadas y comprobadas, con toda la claridad y
precisión necesarias.
Artículo 377 El tutor que no sea abuelo o abuela del menor, debe presentar todos los
años un estado de su administración al Tribunal, el cual lo hará examinar por el Consejo
de Tutela.
El Consejo de Tutela devolverá oportunamente con su informe dicho estado al Tribunal,
quien los mandará agregar al expediente de inventario, si no hubiere alguna observación
importante que hacer y, caso de que la hubiere, los pasará al protutor con lo actuado,
para que promueva lo que sea conducente, con arreglo a sus facultades.
Artículo 378 Cuando la administración del tutor terminare antes de la mayor edad o de
la emancipación del menor, las cuentas de la administración se rendirán al nuevo tutor
con intervención del protutor. Para que la aprobación dada por éstos sea definitiva, debe
ser confirmada por el Juez, oído el Consejo.
Artículo 379 El tutor rendirá las cuentas en el término de dos meses, contados desde el
día en que termine la tutela.
Las cuentas deben rendirse en el lugar donde se ha administrado la tutela, y los gastos
de su examen serán a cargo del menor; pero, en caso necesario, deberá avanzarlos el
tutor, a reserva de que se les reembolsen.
Artículo 380 Si la tutela terminare por mayoridad del pupilo, las cuentas deberán
rendirse a él mismo; pero, el tutor no queda válidamente libre, si aquél no ha sido
asistido en el examen de la cuenta por el protutor, y, a falta de éste, por otra persona que
escogerá el Tribunal de entre cinco, capaces para el cargo, propuestas por el mismo a
quien se rinden las cuentas. No puede celebrarse ningún arreglo o convenio entre el
tutor y el menor llegado a la mayoridad antes de la aprobación definitiva de las cuentas
de la tutela.
Artículo 381 Las acciones del menor contra el tutor y el protutor y las del tutor contra
el menor, relativas a la tutela, se prescriben por diez años a contar desde el día en que
cesó aquélla, sin perjuicio de las disposiciones sobre interrupción y suspensión del curso
de la prescripción.

La prescripción establecida en este artículo no se aplica a la acción en pago del saldo
resultante de la cuenta definitiva.
Capítulo II
De la emancipación
Artículo 382 El matrimonio produce de derecho la emancipación. La disolución del
matrimonio no la extingue. Si el matrimonio fuese anulado, la emancipación se extingue
para el contrayente de mala fe, desde el día que la sentencia de nulidad pase en
autoridad de cosa juzgada.
Artículo 383 La emancipación confiere al menor la capacidad de realizar por si solo
actos de simple administración. Para cualquier acto que exceda de la simple
administración, requerirá autorización del Juez competente.
Para estar en juicio y para los actos de jurisdicción voluntaria, el emancipado deberá
estar asistido por uno de los progenitores que ejercería la patria potestad y a falta de
ellos, por una curador especial que el mismo menor nombrará con la aprobación del
Juez.
Artículo 384 Las cuentas de la administración de los bienes del menor, anterior a la
emancipación, se rendirán al emancipado, asistido de conformidad con lo dispuesto en
el artículo anterior:
Si la asistencia al emancipado corresponde al que ha de rendir las cuentas, el menor
nombrará un curador especial con aprobación judicial.
Artículo 385 En todo caso de oposición de intereses entre el menor emancipado y quien
debe asistirlo de conformidad con el artículo 384, aquél nombrará, con la aprobación del
Juez competente, un curador especial.
Artículo 386 La nulidad de los actos ejecutados en contravención a las disposiciones de
este Título, relativas al interés del menor, puede oponerse por el representante del
menor, por éste, o por sus herederos o causahabientes.
Título X
De la interdicción y de la inhabilitación

Capítulo I
De la interdicción
Artículo 393 El mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado
habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses,
serán sometidos a interdicción, aunque tengan intervalos lúcidos.
Artículo 394 El menor no emancipado puede ser sometido a interdicción en el último
año de su menor edad.
Artículo 395 Pueden promover la interdicción: el cónyuge, cualquier pariente del
incapaz, el Síndico Procurador Municipal y cualquier persona a quien le interese. El
Juez puede promoverla de oficio.
Artículo 396 La interdicción no se declarará sin haberse interrogado a la persona de
quien se trate, y oído a cuatro de sus parientes inmediatos, y en defecto de éstos, amigos
de su familia.
Después del interrogatorio podrá el Juez decretar la interdicción provisional y nombrar
un tutor interino.
Artículo 397 El entredicho queda bajo tutela y las disposiciones relativas a la tutela de
los menores son comunes a la de los entredichos, en cuanto sean adaptables a la
naturaleza de ésta.
Artículo 398 El cónyuge mayor de edad y no separado legalmente de bienes, es de
derecho tutor de su cónyuge entredicho. A falta del cónyuge, o cuando éste se halle
impedido, el padre y la madre, acordarán, con aprobación del Juez, cuál de ellos ejercerá
la tutela del entredicho.
Artículo 399 A falta de cónyuge, de padre y madre o cuando éstos estuvieren
impedidos, el Juez nombrará tutor del modo previsto en el artículo 309, a menos que el
padre y la madre hayan nombrado tutor por testamento o por escritura pública
previniendo el caso de nterdicción del hijo.
Artículo 400 El cónyuge, el padre y la madre no necesitan discernimiento para ejercer
el cargo de tutores, ni están obligados a prestar caución ni a presentar los estados
anuales a que se refiere el artículo 377.
Artículo 401 La primera obligación del tutor será cuidar de que el incapaz adquiera o
recobre su capacidad, y a este objeto se han de aplicar principalmente los productos de
los bienes.
El Juez, con conocimiento de causa, decidirá si el incapaz debe ser cuidado en su casa o
en otro lugar; pero no intervendrá cuando el tutor sea el padre o la madre del incapaz.
Artículo 402 Nadie estará obligado a continuar en la tutela del entredicho por más de
diez años, con excepción de los cónyuges, ascendientes o descendientes.

Artículo 403 La interdicción surte efecto desde el día del decreto de interdicción
provisional.
Artículo 404 Sólo el tutor, el rehabilitado y los herederos o causahabientes de éste,
pueden intentar la anulación de los actos ejecutados por el entredicho.
Artículo 405 Los actos anteriores a la interdicción se podrán anular, si se probare de
una manera evidente que la causa de la interdicción existía en el momento de la
celebración de dichos actos, o siempre que la naturaleza del contrato, el grave perjuicio
que resulte o pueda resultar de él al entredicho, o cualquier otra circunstancia,
demuestren la mala fe de aquél que contrató con el entredicho.
Artículo 406 Después de la muerte de una persona, sus actos no podrán impugnarse por
defecto de sus facultades intelectuales, sino cuando la interdicción se hubiere
promovido antes de su muerte, o cuando la prueba de la enajenación mental resulte del
acto mismo que se impugne.
Artículo 407 Se revocará la interdicción a instancia de los parientes, del cónyuge, del
mismo entredicho, del Síndico Procurador Municipal o de oficio, cuando se pruebe que
ha cesado la causa que dio lugar a ella.
Artículo 408 El entredicho por condenación penal queda sometido a tutela, la cual se
regirá por las disposiciones de este Capítulo, en cuanto sean aplicables.
Capítulo II
De la inhabilitación
Artículo 409 El débil de entendimiento cuyo estado no sea tan grave que dé lugar a la
interdicción, y el pródigo, podrán ser declarados por el juez de Primera Instancia
inhábiles para estar en juicio, celebrar transacciones, dar ni tomar a préstamo, percibir
sus créditos, dar liberaciones, enajenar o gravar sus bienes, o para ejecutar cualquiera
otro acto que exceda de la simple administración, sin la asistencia de un curador que
nombrará dicho Juez de la misma manera que da tutor, a los menores. La prohibición
podrá extenderse hasta no permitir actos de simple administración sin la intervención
del curador, cuando sea necesaria esta medida.
La inhabilitación podrá promoverse por los mismos que tienen derecho a pedir la
interdicción.
Artículo 410 El sordomudo, el ciego de nacimiento o el que hubiere cegado durante la
infancia, llegados a la mayor edad, quedarán sometidos de derecho a la misma
incapacidad, a menos que el Tribunal los haya declarado hábiles para manejar sus
negocios.
Artículo 411 La anulación de los actos ejecutados por el inhabilitado sin asistencia del
curador, no podrá intentarse sino por éste, por el mismo inhabilitado o por sus herederos
o causahabientes.
Artículo 412 La inhabilitación se revocará como la interdicción, cuando haya cesado la
causa que la motivó.

Título XI
De los actos que deben registrarse y publicarse en materia de Tutelas, Curatelas,
Emancipación, Interdicción, e Inhabilitación
Artículo 413 Los discernimientos del cargo de tutor o curador deberán protocolizarse
en el Registro Público de la jurisdicción del domicilio del menor o del entredicho para
el momento de la apertura de la tutela o curatela, dentro de quince días a contar desde
que el nombrado entre en ejercicio de sus funciones.
El discernimiento debe contener:
1º. El nombre, apellido, edad y domicilio de la persona sujeta a la tutela o curatela; y
2º. El nombre, apellido, edad y domicilio del tutor y protutor, o del curador; debe
hacerse mención del Título que confiera la cualidad de tutor, protutor o curador y de que
han sido cumplidas todas las formalidades legales para el ejercicio del cargo.
Artículo 414 También se registrarán el decreto de interdicción provisional y la
sentencia firme que declare la interdicción definitiva; el decreto de inhabilitación; y las
sentencias que revoquen la interdicción, la inhabilitación o la emancipación. De tales
revocaciones se tomará nota al margen del respectivo discernimiento.
Artículo 415 Los decretos judiciales relativos a los nombramientos de tutor y protutor,
y los demás actos a que se contraen los Artículos anteriores, se publicarán por la prensa,
dentro de los quince días después de su fecha.
Artículo 416 Los Jueces de Primera Instancia velarán por el cumplimiento de las
disposiciones del presente Título. Al efecto, exigirán que se lleven al respectivo
expediente la constancia de haberse efectuado el registro y la publicación, imponiendo,
como única sanción, multas hasta de quinientos bolívares a los infractores.
Título XII
De los no presentes y de los ausentes
Capítulo I
De los no presentes
Artículo 417 Cuando sea demandada una persona no presente en el país y cuya
existencia no esté en duda, se le nombrará defensor, si no tuviere quien legalmente la
represente.
Lo mismo se hará cuando haya de practicarse alguna diligencia judicial o extrajudicial
para la cual sea impretermitible la citación o representación del no presente.
El defensor no podrá convenir en la demanda ni transigir si no obtuviere el dictamen
favorable y conforme de dos asesores, de notoria competencia y probidad que, para
estos casos, nombrará el Tribunal de Primera Instancia de la jurisdicción en donde curse
el asunto, a petición del defensor.

Capítulo II
De los ausentes
Sección I
De la presunción de ausencia y de sus efectos
Artículo 418 La persona que haya desaparecido de su último domicilio o de su última
residencia, y de quien no se tengan noticias, se presume ausente.
Artículo 419 Mientras la ausencia es solamente presunta, el Juez del último domicilio o
de la última residencia del ausente, si no ha dejado apoderado, puede, a instancia de los
interesados o de los herederos presuntos, nombrar quien represente al ausente en juicio,
en la formación de inventarios o cuentas, o en las liquidaciones y particiones en que el
ausente tenga interés; y dictar cualesquiera otras providencias necesarias a la
conservación de su patrimonio.
Las facultades del representante en juicio serán las mismas atribuidas al defensor del no
presente en el artículo 417.
Si existe apoderado, el Juez proveerá únicamente a los actos para los cuales dicho
apoderado no tenga facultad y se la dará a éste si no encontrare motivo que se oponga.
Para el nombramiento de representante se preferirá al cónyuge no separado legalmente,
salvo motivos graves que apreciará el Juez.
Artículo 420 Desde que ocurra presunción de ausencia de uno de los padres, el otro
ejercerá la patria potestad, y si éste ha fallecido, o estuviere en la imposibilidad de
ejercerla, se abrirá la tutela.
Sección II
De la declaración de ausencia
Artículo 421 Después de dos años de ausencia presunta o de tres, si el ausente ha
dejado mandatario para la administración de sus bienes, los presuntos herederos ab
intestato y contradictoriamente con ellos los herederos testamentarios, y quien tenga
sobre los bienes del ausente derechos que dependan de su muerte, pueden pedir al
Tribunal que declare la ausencia.
Artículo 422 Acreditados los hechos que expresa el artículo anterior, el Juzgado
ordenará que se emplace a la persona de cuya ausencia se trata para que comparezca o
dé aviso, en forma auténtica, de su existencia, en el lapso de tres meses. Este
emplazamiento se hará por medio de publicación en un periódico, repetida cada quince
días durante el lapso de comparecencia.
Artículo 423 Si transcurrido el lapso de la citación, no comparece el ausente ni por sí ni
por apoderado, ni da aviso en forma auténtica de su existencia, el Juzgado le nombrará
un defensor con quien se seguirá juicio ordinario sobre la declaración de ausencia.
Artículo 424 En cualquier estado del juicio, se le declarará terminado al comparecer el
citado u obtenerse en forma auténtica noticia de su existencia.

La sentencia que cause ejecutoria se publicará también en un periódico.
Artículo 425 El cónyuge podrá contradecir, en el Juicio a que se refiere esta Sección, la
solicitud sobre declaración de ausencia del otro cónyuge.
Sección III
De los efectos de la declaración de ausencia
Artículo 426 Ejecutoriada la sentencia que declare la ausencia, el Tribunal, a solicitud
de cualquier interesado ordenará la apertura de los actos de última voluntad del ausente.
Los herederos del ausente, si éste hubiese muerto el día de las últimas noticias de su
existencia, o los herederos de aquéllos, pueden pedir al Juez la posesión provisional de
los bienes.
También todos los que tengan sobre los bienes del ausente derechos que dependan de la
condición de su muerte, pueden pedir, contradictoriamente con los herederos, que se les
acuerde el ejercicio provisional de esos derechos.
Ni a los herederos ni a las demás personas precedentemente indicadas, se les pondrá en
posesión de los bienes ni en ejercicio de sus derechos eventuales, sino dando caución
hipotecaria, prendaria o fideyusoria, por una cantidad que fijará el Juez, o mediante
cualesquiera otras precauciones que estime convenientes en interés del ausente, si no se
pudiere prestar la caución.
Artículo 427 El cónyuge del ausente, además de lo que le corresponda por convenios de
matrimonio y por sucesión, puede, en caso necesario, obtener una pensión alimenticia,
que se determinará por la condición de la familia y la cuantía del patrimonio del
ausente.
Artículo 428 La posesión provisional da a los que la obtienen y a sus sucesores, la
administración de los bienes del ausente, el derecho de ejercer en juicio las acciones que
a éste competan y el goce de las rentas de sus bienes en la proporción que se establece
en el artículo siguiente.
Artículo 429 La posesión provisional deberá darse por formal inventario; y los que la
obtengan no podrán sin autorización judicial dada con conocimiento de causa ejecutar
ningún acto que traspase los límites de una simple administración.
Los ascendientes, descendientes y el cónyuge, que tengan la posesión provisional, hacen
suyo el producto íntegro de las rentas de los bienes del ausente desde el día en que
obtuvieron la posesión.
Las demás personas harán suya la mitad de dichas rentas en los cinco primeros años, a
contar desde el día en que obtuvieron la posesión; y harán suyo el total de dichas rentas
después de este plazo.
El Juez acordará, si lo creyere conveniente, la venta en totalidad o en parte de los bienes
muebles, determinando el empleo que deba darse al precio para dejarlo asegurado, y
cuidará de que se cumpla esta determinación.

Artículo 430 Si durante la posesión provisional alguien prueba que al tiempo de las
últimas noticias tenía un derecho superior o igual al del poseedor actual, puede excluir a
éste de la posesión o hacerse asociar a él; pero no tiene derecho a los frutos, sino desde
el día en que proponga demanda.
Artículo 431 Si durante la posesión provisional vuelve el ausente o se prueba su
existencia, cesan los efectos de la declaración de ausencia, salvo, si hay lugar, las
garantías de conservación y administración del patrimonio a que se refiere el artículo
419. Los poseedores provisionales de los bienes deben restituirlos con las rentas en la
proporción fijada en el artículo 429.
Artículo 432 Si durante la posesión provisional se descubre de una manera cierta la
época de la muerte del ausente, se abre la sucesión en favor de los que en esa época eran
sus herederos; y si fueren otros los que han gozado de los bienes, están obligados a
restituirlos con las rentas en la proporción fijada en el artículo 429.
Artículo 433 Después del decreto que acuerde la posesión provisional, las acciones que
competan contra el ausente se dirigirán contra los que hubieren obtenido dicha posesión.
Sección IV
De la presunción de muerte y de sus efectos
Artículo 434 Si la ausencia ha continuado por espacio de diez años desde que fue
declarada, o si han transcurrido cien años desde el nacimiento del ausente, el Juez, a
petición de cualquier interesado, declarará la presunción de muerte del ausente, acordará
la posesión definitiva de los bienes y la cesación de las garantías que se hayan impuesto.
Esta determinación se publicará por la imprenta.
Artículo 435 Decretada la posesión definitiva, se podrá proceder a la partición y a
disponer libremente de los bienes.
Artículo 436 Si después de la toma de posesión definitiva volviere el ausente o se
probare su existencia, recobrará los bienes en el estado en que se encuentren, y tendrá
derecho a reclamar el precio de los que hayan sido enajenados, si aún se debiere, o los
bienes provenientes del empleo de este precio.
Artículo 437 Si después de la posesión definitiva se descubriere de una manera cierta la
época de la muerte del ausente, los que en esa época eran sus herederos o legatarios, o
hubiesen adquirido algún derecho a causa de su muerte, o sus sucesores, podrán intentar
las acciones que les competan, salvo los derechos que los poseedores hayan adquirido
por prescripción o por percepción de frutos de buena fe.
Sección V
De la presunción de muerte por accidente
Artículo 438 Si una persona se ha encontrado en un naufragio, incendio, terremoto,
guerra u otro siniestro semejante, y a raíz de éste no se ha tenido noticia de su
existencia, se presume que ha muerto. Esta presunción será declarada por el Juez de
Primera Instancia del domicilio, a petición de cualquier presunto heredero abintestato o

testamentario, o de quienquiera que tenga acciones eventuales que dependan de la
muerte de aquella persona, previa la comprobación de los hechos.
La solicitud se publicará por la prensa durante tres meses, con intervalos de quince días
por lo menos. Pasado dicho período se procederá a la evacuación de las pruebas y a la
declaración consiguiente.
Artículo 439 Los efectos de la declaratoria a que se refiere el artículo precedente, serán
los mismos señalados en la Sección III de este Capítulo.
Artículo 440 Pasados tres años, a contar desde la declaratoria a que se refiere el artículo
primero de esta Sección, el Tribunal, a petición de cualquier interesado, acordará la
posesión definitiva de los bienes y la cesación de las garantías que se hayan impuesto.
Sección VI
De los efectos de la ausencia respecto de los derechos eventuales que competan al
ausente
Artículo 441 No se admitirá la reclamación de ningún derecho en nombre de una
persona cuya existencia se ignore, si no se prueba que dicha persona existía cuando el
derecho tuvo nacimiento.
Artículo 442 Si se abriere una sucesión a la cual se llame en todo o en parte a una
persona cuya existencia no conste, la sucesión pasará a los que con esa persona
hubiesen tenido derecho a concurrir, o a aquellos a quienes correspondería dicha
sucesión a falta suya, salvo el derecho de representación. En este caso se procederá
también a hacer inventario formal de los bienes.
Aquellos a quienes pasa la sucesión deben dar caución hipotecaria, prendaria o
fideyusoria por la cantidad que fije el Tribunal. Esta caución se cancelará transcurridos
trece años desde las últimas noticias del ausente, si no ha dejado mandatario para la
administración de sus bienes, o dieciséis, en caso de que lo haya dejado, o antes, si se
cumplieren los cien años del nacimiento del ausente.
Cuando no pueda darse la caución, el Tribunal tomará cualesquiera otras precauciones
que juzgue convenientes en interés del ausente, teniendo en consideración la calidad de
las personas, su grado de parentesco con el ausente y otras circunstancias.
Artículo 443 Las disposiciones de los dos artículos precedentes, no perjudican las
acciones de petición de herencia, ni los demás derechos que correspondan al ausente, a
sus representantes o causahabientes. Estos derechos no se extinguen sino por la
expiración del término fijado para la prescripción.
Artículo 444 Mientras el ausente no se presente o no se intenten las acciones que le
competan, los que hayan recibido los bienes de la sucesión harán suyos los frutos
percibidos de buena fe.
Título XIII
Del Registro del Estado Civil

Capítulo I
De las partidas en general
Artículo 445 Los nacimientos, matrimonios y defunciones se harán constar, en la
jurisdicción en que ocurran, en registros especialmente destinados a este objeto.
Artículo 446 La Primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio llevará por
duplicado tos registros de que trata el artículo anterior en tres libros a saber: uno de
nacimientos, otro de matrimonios y el otro de defunciones.
Artículo 447 En los primeros quince días del mes de diciembre de cada año, los
Concejos Municipales entregarán a la Primera Autoridad Civil de las Parroquias o
Municipios comprendidos en el territorio de su jurisdicción, los dos ejemplares de cada
uno de los tres libros a que se refiere el artículo anterior. Para los matrimonios que se
celebren en el Concejo Municipal o en presencia de los demás funcionarios autorizados
para ello por el artículo 82, cada Concejo llevará un libro destinado a ese efecto y
entregará otro a cada uno de dichos funcionarios.
Todos los libros del Registro Civil reunirán las circunstancias siguientes:
1°. Estar en papel florete de orilla.
2°. Contener en las primeras hojas las disposiciones de este Código concernientes a las
partidas que se han de insertar y sus respectivos modelos.
3°. Estar todas sus hojas marcadas con el sello del Concejo Municipal.
4°. Llevar en la ultima hoja la constancia, firmada por el Presidente del Concejo, del
número de folios que contenga el libro, del objeto de éste y del año en que ha de
emplearse.
Artículo 448 Las partidas del estado civil deberán expresar el nombre y apellido del
funcionario que las autorice, con la mención del carácter con que actúa; el día, mes y
año en que se extiendan; el día, mes y año, la hora, si es posible, y la casa o sitio en que
acaeció o se celebró el acto que se registra; las circunstancias correspondientes a la clase
de cada acto; el nombre, apellido, edad, profesión y domicilio o residencia de las
personas que figuren en la partida, ya como partes, ya como declarantes del acto, ya
como testigos; y los documentos presentados. Deberá firmarlas el funcionario o la
persona autorizada para el caso, y su Secretario, con asistencia de dos testigos mayores
de edad y vecinos de la Parroquia o del Municipio, quienes podrán ser presentados por
las partes, expresándose aquellas circunstancias.
Deberán firmarlas también las partes que comparezcan y puedan hacerlo, los
declarantes, en sus casos, y los testigos que sepan escribir, expresándose las causas por
las cuales deje de firmar cualquiera de los obligados a ello.
Artículo 449 Las partidas se extenderán numerándolas sucesivamente en los libros
respectivos, con letra clara sin dejar espacios, salvándose especificadamente al final, de
la misma letra y antes de las firmas, toda palabra borrada, interlineada o enmendada.

No se podrán usar abreviaturas, ni guarismos, ni aún en las fechas.
Artículo 450 Toda partida deberá leerse a las partes y a los testigos, expresándose al
final de la misma haberse llenado esta formalidad.
Artículo 451 En ninguna partida se podrá insertar ni aún indicar, sino únicamente lo
que la ley misma exige.
Artículo 452 Los documentos o comprobantes que se presenten para extender las
partidas del registro, deberán ser firmados en el acto por la parte que los presenta y por
el funcionario del Registro Civil, y, en su caso, por la persona autorizada para
presenciar el matrimonio.
Artículo 453 Si después de cerrados los libros, el jefe Civil recibe partidas que debían
insertarse en ellos, hará la inserción en los libros nuevos; y avisará inmediatamente al
Juez de Primera Instancia, a quien enviará en la misma oportunidad la partida que sirvió
de original.
Artículo 454 Si por incomunicación, epidemia u otro motivo semejante fuere notoria la
dificultad de llegar al despacho de la autoridad competente, se podrá efectuar el acto
ante otra autoridad competente de la misma Parroquia o Municipio, y aún de otra
jurisdicción, haciéndose constar en el acta la causa por la cual no se ocurrió al
funcionario a quien correspondía autorizar el acto.
A este funcionario se pasará, de oficio tan pronto como sea posible, copia certificada del
acta, a fin de que la inserte y certifique en los dos libros correspondientes.
Artículo 455 Los funcionarios que hayan autorizado cualquier acto jurídico que se
refiera a partidas constantes en los libros del Registro Civil, y que deba insertarse o
anotarse en ellos, darán aviso al Juez de Primera Instancia del lugar en que debe hacerse
la inserción o anotación.
Artículo 456 La Primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio, los demás
funcionarios del estado civil y el Registrador, están obligados a mostrar los libros y
comprobantes a quien lo pidiere y a expedir las certificaciones y copias que se soliciten,
insertando en éstas necesariamente toda nota que apareciere al margen de la partida
original.
Artículo 457 Los actos del estado civil registrado con las formalidades preceptuadas en
este Título, tendrán el carácter de auténticos respecto de los hechos presenciados por la
Autoridad.
Las declaraciones de los comparecientes, sobre hechos relativos al acto, se tendrán
como ciertas hasta prueba en contrario.
Las indicaciones extrañas al acto no tendrán ningún valor, salvo disposición especial.
Artículo 458 Si se han perdido o destruido en todo o en parte los registros; si son
ilegibles; si no se han llevado los registros de nacimiento o de defunción, o si en estos
mismos registros se han interrumpido u omitido los asientos, podrá suplirse el acta

respectiva con cualquiera especie de prueba. Las partidas eclesiásticas tendrán el valor
de presunciones.
La prueba supletoria será admisible, no sólo cuando se trate de nacimientos,
matrimonios y defunciones, sino también para acreditar todos los otros actos que deben
inscribirse en los registros del estado civil, cuando concurran respecto de estos actos las
mismas circunstancias ya previstas.
Si la falta, destrucción, inutilización total o parcial, o la interrupción de los registros
proviene de dolo del requeriente, no se le admitirá la prueba autorizada por este artículo.
Artículo 459 En el caso de que la prueba de la filiación sea para proceder a la
celebración del matrimonio, bastará una justificación de dos testigos sobre la filiación,
sin necesidad de ninguna búsqueda previa en el Registro de Nacimientos. En esta
justificación los testigos declararán no sólo la filiación, sino también, caso de no serles
absolutamente imposible, el lugar del nacimiento, su fecha aproximada, el domicilio o
residencia de los padres en aquel entonces, el domicilio o residencia actual, si vivieren,
y las razones por las cuales les consta cada hecho declarado. Las razones o motivos del
conocimiento de los hechos no debe consignarlos el interesado en su solicitud, sino que
el Juez indagará todo eso con preguntas adecuadas a los testigos y consignará fielmente
las contestaciones de éstos.
Si uno siquiera de los declarantes no contestase satisfactoriamente a estas preguntas, por
no haber tenido conocimiento directo del nacimiento, se necesitarán por lo menos tres
testigos conformes sobre la notoriedad de la filiación.
En todos los demás casos, la prueba supletoria de las partidas o asientos del estado civil
se hará en conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 505, 506 y 507
y tendrá los efectos que allí se determinan.
Artículo 460 La Primera Autoridad Civil de las Parroquias o Municipios formará
legajos con todas las partidas y sentencias que reciba para ser insertadas y certificadas
en el libro del Registro Civil, y con los oficios que se le dirijan para que se estampen
notas marginales, lo enviará junto con los libros al Juez de Primera Instancia en lo Civil.
Artículo 461 Corresponde al Síndico Procurador Municipal ejercer las funciones de
inspeccionar los registros del estado civil de su jurisdicción. Este funcionario cuidará,
en visitas periódicas, semestralmente por lo menos, de que los asientos se lleven al día y
se hagan en debida forma; excitará al encargado de llevar los libros a remediar a la
mayor brevedad el atraso o descuidos que observe, y caso de negligencia persistente, a
pesar de la excitación, lo comunicará al Concejo; examinará periódicamente la
colección de los registros ya archivados en la Oficina de origen, y, caso de hallar que
falten en todo o en parte los de uno o más años, se informará personalmente o por la vía
telegráfica en la Oficina Principal de Registro respectiva, si en ésta existe el duplicado
de los ejemplares perdidos o destruidos, y, en caso afirmativo, lo comunicará al Concejo
a fin de que éste disponga lo necesario para que se obtenga una copia certificada de
dichos duplicados, destinada a llenar los vacíos aludidos.
Cuando la falta total o parcial se observe en las Oficinas Principales de Registro, el
Registrador solicitará copia certificada de esos ejemplares en la Oficina de origen.

Artículo 462 Extendido y firmado un asiento, no podrá ser rectificado o adicionado,
sino en virtud de sentencia judicial, salvo el caso de que estando todavía presentes el
declarante y testigos, alguno de éstos o el funcionario mismo, se dieren cuenta de alguna
inexactitud o de algún vacío, pues entonces podrá hacer la corrección o adición
inmediatamente después de las firmas, suscribiendo todos los intervinientes la
modificación.
Artículo 463 Los libros de las Iglesias Parroquiales, correspondientes a los bautismos,
matrimonios y defunciones, llevados por los párrocos hasta el primero de enero de
1873, permanecerán en los archivos de las respectivas Iglesias; pero las certificaciones
de sus partidas, para efectos civiles, no podrán expedirse sino por el Juez de parroquia o
Municipio.
Capítulo II
Del registro de nacimientos y de los demás actos que deben constar en él
Artículo 464 Dentro de los veinte días siguientes al nacimiento, se deberá hacer la
declaración de éste a la Primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio, a quien se
le presentará también el recién nacido.
Cuando el lugar del nacimiento diste más de tres kilómetros del lugar del Despacho de
la Primera Autoridad Civil, podrá hacerse la presentación y declaración ante el
respectivo Comisario de Policía, quien la extenderá por duplicado en hojas sueltas y
entregará uno de los ejemplares al presentante y el otro lo remitirá al Jefe Civil de la
Parroquia o Municipio, quien lo insertará y certificará en los libros del Registro
respectivo.
El funcionario del estado civil podrá, por circunstancias graves, dispensar de la
presentación del recién nacido comprobando de cualquier otro modo el nacimiento.
Tanto la Primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio, como el Comisario de
Caserío, en sus casos, deberán trasladarse a la casa donde se encuentre un niño de cuyo
nacimiento tuvieren noticias, a fin de que se verifique el acto en la propia casa, no
pudiendo cobrar ningún emolumento por esta diligencia. Los que no cumplieren con la
obligación indicada, serán destituidos de su cargo.
Artículo 465 La declaración del nacimiento debe hacerse por el padre o por la madre,
por sí o por mandatario especial de cualquiera de ellos: en su defecto, por el médico
cirujano, o por la partera, o por cualquiera otra persona que haya asistido al parto, o por
el jefe de la casa donde tuvo lugar el nacimiento.
La partida de nacimiento se extenderá inmediatamente después de la declaración.
Artículo 466 La partida de nacimiento contendrá, además de lo estatuido en el artículo
448, el sexo y nombre del recién nacido. Si el declarante no le da nombre lo hará la
autoridad civil ante quien se haga la declaración.
Si el parto fuere de gemelos, se mencionará esta circunstancia en cada una de las
partidas que deberán extenderse y se expresará el orden de los nacimientos.

Cuando no estuviere vivo el niño en el momento de hacerse la declaración de su
nacimiento, la autoridad civil lo expresará así, sin tener en cuenta la declaración de los
comparecientes de haber nacido vivo o muerto.
Se extenderá además, al mismo tiempo, la partida de defunción correspondiente, sin
expresar si nació o no con vida.
Artículo 467 Si el nacimiento proviene de matrimonio, la declaración debe enunciar,
además, el nombre y apellidos, cédula de identidad, la profesión y domicilio del padre y
de la madre.
Artículo 468 Si el nacimiento proviene de unión no matrimonial no se designará al
padre en la partida, sino cuando haga la presentación él mismo o por medio de
mandatario auténticamente constituido; pero sí se expresará el nombre y apellido de la
madre, a menos que el presentante exponga que le está prohibida esa mención, lo cual
se hará constar en el acta.
Se expresará también la cédula de identidad, el domicilio y profesión del padre o de la
madre que aparezcan designados en el acta.
Artículo 469 Quien encuentre un niño recién nacido, dejado en lugar público o privado,
lo presentará dentro de ocho (8) días a la primera Autoridad Civil de la Parroquia o
Municipio con los vestidos y demás objetos que se hallen con él y declarará todas las
circunstancias de tiempo y lugar en que los haya encontrado.
Se extenderá acta circunstanciada de la presentación, expresándose en ella, además de la
edad aparente del niño, su sexo, y el nombre y los apellidos que se le hayan dado.
Esta acta se extenderá en el Registro de nacimientos.
Artículo 470 Si un niño nace fuera de la Parroquia o Municipio donde el padre y la
madre tengan su domicilio, la Primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio que
haya extendido la partida de nacimiento, remitirá dentro de diez días una copia auténtica
de ella a la Primera Autoridad Civil de aquella Parroquia o Municipio, quien la insertará
en los registros con la fecha de día en que se reciba la partida.
Si el nacimiento del niño tuviere lugar en el exterior, el funcionario Diplomático o
Consular de la República, que haya extendido la partida de nacimiento, remitirá lo más
pronto que le fuere posible, una copia auténtica de ella a la Primera Autoridad Civil de
la Parroquia o Municipio de la última residencia de los padres en Venezuela, y dicha
Autoridad la insertará en los Registros con la fecha del día en que se reciba la partida.
Artículo 471 Si un niño nace durante un viaje de mar, la declaración deberá hacerse
dentro de veinticuatro horas ante el jefe, capitán o patrón del buque, o ante quien haga
sus veces, con las formalidades expresadas anteriormente.
El primer puerto donde arribe el buque, si el puerto es extranjero y reside en él un
Agente Diplomático o Consular de la República, el jefe, Capitán o patrón depositará en
la oficina de aquél copia auténtica de las partidas de nacimiento que haya extendido; y
si el puerto es nacional, el depósito de las partidas originales se hará ante la Primera

Autoridad Civil del lugar. Ambos funcionarios remitirán copia certificada de las
partidas a la Primera Autoridad civil de la Parroquia o Municipio del domicilio de los
padres del niño, para su inserción y certificación en los libros del Registro respectivo.
Artículo 472 El reconocimiento del hijo hecho posteriormente al registro de la partida
de nacimiento ante la primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio, se hará en
los libros de registro de nacimientos, en acta que contendrá el nombre, apellidos, cédula
de identidad, edad, estado civil, profesión, domicilio de la persona o personas que hacen
el reconocimiento; el nombre del hijo y su apellido; el lugar de nacimiento, la fecha de
su presentación o la de su nacimiento; la manifestación del reconocimiento; la fecha del
acto, al cual concurrirán dos (2) testigos mayores de edad, vecinos de la Parroquia o
Municipio.
Esta acta será firmada por el funcionario, los interesados, los testigos y el secretario. Si
el interesado o testigos no supieran o no pudieran firmar, así se hará constar.
El funcionario hará constar el reconocimiento al margen de la partida de nacimiento, si
se encontrara en su archivo; o lo oficiará para este fin a la Primera Autoridad Civil de la
Parroquia o Municipio donde se asentó aquella partida; y en uno y otro caso, oficiará
igualmente del reconocimiento al Registrador Principal en cuyo archivo se encuentre
también la mencionada partida, para que en ella se estampe la correspondiente nota
marginal.
Igual anotación se hará del reconocimiento otorgado en un acta de matrimonio, en
testamento o cualquier documento auténtico y de los decretos de adopción. A este fin, el
funcionario que autorizó el acta dará aviso al correspondiente funcionario en cuyo
archivo se encuentre el duplicado del libro en que ha de estamparse la nota marginal.
El funcionario que no cumpliere con las obligaciones establecidas en este Artículo, será
sancionado con una multa de cinco mil bolívares (Bs. 5.000).
Artículo 473 En los registros bautismales no podrá asentarse ninguna partida de
bautismo sin que se presente la certificación de haberse extendido la partida de
nacimiento, o a falta de ésta la prueba que la supla, todo de conformidad con lo
establecido en este Capítulo y en el anterior.
Capítulo III
De las partidas de matrimonio
Artículo 474 En el Registro de Matrimonios, además de las actas de los matrimonios
correspondientes a la Parroquia o Municipio respectivo, extendidas o insertadas en
conformidad con lo dispuesto en el Título sobre el matrimonio, se insertarán las copias
que se expresan en los artículos 103 y 109 de este Código.
Artículo 475 También se insertará la sentencia ejecutoriada que declare la existencia,
nulidad o disolución del matrimonio, anotándose al margen la partida correspondiente
Capítulo IV
De las partidas de defunción

Artículo 476 Al cerciorarse la Primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio, de
la muerte de una persona, dará orden para la inhumación del cadáver, la cual, en ningún
caso, dejará de cumplirse. Respecto de las defunciones que ocurran a más de tres
kilómetros de la cabecera de la Parroquia o Municipio, esta orden la dará el Comisario
de Policía, si en la jurisdicción de la Comisaría hubiere algún lugar habilitado para darle
sepultura a los cadáveres. En este caso, el Comisario tomará nota, de todos los datos
necesarios para sentar la partida de defunción y personalmente los entregará al
funcionario encargado de ese registro.
Esta orden se expedirá en papel común, sin estampillas y sin ninguna retribución. La
inhumación no se hará antes de las veinticuatro horas de ocurrir la defunción, salvo en
los casos previstos por reglamentos especiales.
Artículo 477 La partida de defunción expresará el lugar, día y hora de la muerte, su
causa, el nombre, apellido, edad, cédula de identidad, profesión y domicilio o residencia
que tenía el difunto, el nombre y el apellido del cónyuge sobreviviente o el del cónyuge
premuerto; se enumerarán, con sus nombres completos, todos los hijos que hubieren
tenido, con especificación de los que hubieren fallecido antes y de los que vivieren, y
entre éstos los que sean menores de edad; y el nombre, apellido, edad, profesión y
domicilio de la persona o personas que dieran el aviso de la muerte. Si fuere posible, se
expresará también el nombre, apellido, profesión y domicilio del padre y de la madre
del difunto, y el lugar de nacimiento de éste.
Si el difunto dejó hijos menores, los funcionarios mencionados deberán dar
inmediatamente al Juez de Menores el aviso ordenado en el artículo 302.
Artículo 478 Si se ha sepultado un cadáver sin la orden de la Primera Autoridad Civil
de la Parroquia o Municipio o del Comisario de Policía, estas autoridades avisarán
inmediatamente al Juez de Instrucción más próximo de la jurisdicción. Cuando fuere
necesaria la exhumación del cadáver, no se le inhumará nuevamente sino por orden del
Juez.
La decisión que se dicte se insertará en el Registro de Defunciones y hará las veces de
partida.
Artículo 479 En los casos de muerte en que sea imposible encontrar o reconocer los
cadáveres, la Primera Autoridad Civil del lugar abrirá una actuación, haciendo constar
el hecho y todas las circunstancias que con él se relacionen, y, concluida, la trasmitirá al
Juez de Primera Instancia, con cuya autorización se unirá lo actuado al legajo de
comprobantes.
Si de estas actuaciones resultare comprobada la muerte de una persona determinada, el
Juez lo comunicará a la Primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio del lugar
donde ocurrió la muerte, para que se inserte el oficio en el Registro de Defunciones,
agregando dicho oficio al legajo de comprobantes.
De esta inserción se hará el aviso a que se refiere el artículo 484.
Artículo 480 Cuando hubiere signos o indicios de muerte violenta, u otras
circunstancias que den lugar a sospechas, la autoridad local, asistida de uno o más

facultativos, si fuere posible, procederá a la inspección del cadáver y a la averiguación
de cuanto pueda conducir al descubrimiento de la verdad, poniendo todo prontamente
en conocimiento de la autoridad judicial, a quien corresponderá en este caso dar la
orden de inhumación.
Artículo 481 En el caso de fallecimiento de una persona desconocida o del hallazgo de
un cadáver cuya identidad no sea posible por lo pronto comprobar, se expresarán en el
acta respectiva:
1°. El lugar de la muerte o del hallazgo del cadáver.
2°. Su sexo, edad aparente y señales o defectos de conformación que lo distingan.
3°. El tiempo y la causa probables de la defunción.
4°. El estado del cadáver.
5°. El vestido, papeles u otros objetos que sobre sí tuviere, o se hallaren a su
inmediación, y que ulteriormente puedan ser útiles para su identificación, los cuales
habrá de conservar al efecto la Autoridad Civil, por un año, a menos que deban ser
entregados a la autoridad judicial.
Esta acta se publicará por la prensa.
Tan pronto como se logre la identificación, se extenderá una nueva partida expresiva de
las circunstancias requeridas por el artículo 477 y se estampará la nota marginal
correspondiente en la partida anterior.
Artículo 482 Si la muerte ocurriere en colegio, hospital, cárcel u otro establecimiento
público, será obligación de su jefe o encargado solicitar la orden para enterrar el
cadáver, y llenar los requisitos necesarios para que se extienda la partida de defunción.
Artículo 483 Respecto de la partida de defunción de los que murieren en alta mar, se
observará lo que se ha dispuesto sobre las partidas de nacimiento.
Artículo 484 Cuando alguna persona hubiere muerto fuera de su domicilio, la
Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio que extienda la partida de defunción
remitirá, dentro de diez días, copia de ella a la de la Parroquia o Municipio del domicilio
que tenía el difunto. Aquella autoridad la insertará y certificará en sus registros, con la
fecha en que la reciba.
Artículo 485 En cualquier caso en que la prueba de una defunción resultare de un juicio
penal, la decisión ejecutoriada que establezca el hecho del fallecimiento tendrá el
mismo valor probatorio que el acta de defunción.
El Juez ejecutor enviará copia certificada de la sentencia expresada para los efectos de
su inserción y certificación en los libros de defunción, a la Primera Autoridad Civil de
la Parroquia o Municipio de donde era vecina la persona muerta.

Artículo 486 Se admitirá todo género de pruebas para establecer la muerte ocurrida en
campaña, en naufragios, accidentes de aviación, inundaciones, incendios, explosiones,
terremotos, ciclones, epidemias graves y otras calamidades semejantes y en los casos
del artículo 479 no comprendidos en la enumeración anterior.
Artículo 487 En casos de epidemias o de temor fundado de contagio por la clase de
enfermedad que hubiese producido la muerte de una persona, se harán a lo dispuesto en
este Capítulo las excepciones que prescriban las leyes y reglamentos especiales de
sanidad.
Capítulo V
De los registros del estado civil de los militares en campaña
Artículo 488 Las partidas del estado civil de los militares en campaña, o de las personas
empleadas en el Ejército de la República, se extenderán por los oficiales que designen
los reglamentos especiales.
Artículo 489 Las partidas de nacimiento y de defunción deberán extenderse dentro del
menor término posible, y contendrán las indicaciones expresadas en los respectivos
artículos precedentes.
Artículo 490 Los oficiales que desempeñen las funciones relativas al registro del estado
civil, enviarán las partidas que hayan extendido al Ministerio de Guerra y Marina, quien
las remitirá a la Autoridad Civil de las Parroquias o Municipios del domicilio
respectivo.
Capítulo VI
De la revisión y archivo de los libros del Registro Civil
Artículo 491 El día último de diciembre de cada año se cerrarán los libros de registro,
expresándose en diligencia que firmarán la Primera Autoridad Civil de la Parroquia o
Municipio y el Secretario, el número de las partidas que cada uno contenga.
Artículo 492 La expresada Autoridad remitirá al Juez de Primera Instancia, en los
quince primeros días del mes de enero, uno de los ejemplares de cada registro, junto con
el legajo de comprobantes correspondientes. Si aquella Autoridad no hiciere la remisión
en el lapso establecido, el Juez le oficiará ordenándole que la haga en el término de la
distancia.
Artículo 493 Los Jueces de Primera Instancia examinarán cuidadosa y atentamente los
registros, y si notaren faltas u omisiones materiales que puedan salvarse sin necesidad
de hacer alteración o modificación alguna en el texto del acta, devolverán los libros al
funcionario respectivo para que subsane la falta u omisión.
Artículo 494 Si por el aviso dispuesto en el artículo 455, por el examen de todos los
libros o por cualquiera otro medio, el Juez notare que no se hizo en un libro la inserción
ordenada de alguna acta, documento o sentencia, mandará a efectuar las inserciones en
los dos libros en curso del registro correspondiente. Si la falta consistiese en haberse
omitido alguna nota marginal, devolverá los libros necesarios para que se estampen las
notas marginales omitidas.

Artículo 495 Si se notaren faltas u omisiones que no puedan subsanarse en virtud de los
dos artículos anteriores el Juez promoverá las correcciones del caso, previa averiguación
sumaria de las circunstancias y con citación de las partes interesadas, si lo estimare
conveniente y fuere posible.
La corrección ordenada se estampará al margen de la partida respectiva, o en los nuevos
libros, si el margen no fuere suficiente para contenerla, haciéndose en este caso la
correspondiente anotación en la partida.
Artículo 496 El Juez pondrá nota al final de cada libro, de las actas, documentos o
sentencias que han debido aparecer en él, y que por cualquier motivo fueron insertadas
en los libros nuevos del registro respectivo; y transcribirá dicha nota al Jefe Civil de la
Parroquia o Municipio para que la copie inmediatamente al final del libro que conserva
en su poder. El Jefe Civil avisará la inserción en el término de tres días.
Artículo 497 Si el aviso a que se refiere el artículo 453, lo recibe el Juez después de
haber remitido los libros al Registrador Principal, ordenará que este funcionario y el
Jefe Civil extiendan en el libro archivado en que debió insertarse la partida, la
constancia a que se refiere el artículo anterior, con la inserción del expresado decreto
del Juez.
La partida que sirvió de original se agregará al legajo de comprobantes correspondientes
al año en que se extendió dicha partida.
Artículo 498 Terminada la revisión hecha de acuerdo con los artículos 493 y 494, el
Juez remitirá al Registrador Principal, para su archivo, los libros que recibió de las
Parroquias o Municipios, con excepción de los que deba retener en virtud de lo
dispuesto en el artículo 495, lo cual avisará al mismo funcionario.
Artículo 499 Si para el primero de junio no hubiere recibido el Registrador los
respectivos registros, ni el aviso ordenado en el artículo anterior, requerirá al Juez de
Primera Instancia la remisión en el término de la distancia. Si la demora fuere
Justificada, el Registrador fijará un nuevo lapso que se considere suficiente, según las
circunstancias, para el envío.
Artículo 500 Cumplidos todos los actos y formalidades a que se refiere el artículo 495,
el Juez de Primera Instancia remitirá al Registrador Principal, dentro de los quince días
siguientes, los libros retenidos junto con los expedientes de las averiguaciones hechas,
los cuales se agregarán al legajo de comprobantes.
Capítulo VII
De la rectificación de los registros del estado civil y de la inserción y efectos de los
actos judiciales sobre estado y capacidad de las personas
Artículo 501 Ninguna partida de los registros del estado civil podrá reformarse después
de extendida y firmada, salvo el caso previsto en el artículo 462, sino en virtud de
sentencia ejecutoriada, y por orden del Tribunal de Primera Instancia a cuya jurisdicción
corresponda la Parroquia o Municipio donde se extendió la partida.

Artículo 502 La sentencia ejecutoriada de rectificación se inscribirá en los dos
ejemplares del registro y servirá de partida, poniéndose, además, nota al margen de la
reformada.
Artículo 503 No podrá darse certificación de una partida que se haya rectificado, sin
insertar en ella la nota marginal de la rectificación.
Artículo 504 Las sentencias recaídas en los juicios de rectificación no producirán efecto
sino entre las partes que intervinieron en el juicio. Nunca podrá ir contra lo decidido en
tales fallos aun respecto de los que no fueron parte, quien promovió la rectificación.
Artículo 505 También se seguirá el procedimiento de los juicios de rectificación en los
casos del artículo 458, pero sin que pueda abreviarse el lapso probatorio y debiendo
acreditarse dentro de éste, hechos suficientes a demostrar una indubitable posesión de
estado, cuando esta prueba fuere pertinente al caso. A este fin no bastará presentar una
justificación de testigos instruida fuera del juicio. Respecto de la sentencia que se dicte
en este procedimiento, es aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 506 Las sentencias a que se refiere el artículo que precede, las que se dicten en
los juicios sobre reclamación o negación de estado, reconocimiento o declaración de
filiación, desconocimiento de hijos, nulidad y disolución del matrimonio y, en general
las que modifiquen el estado o capacidad de las personas o las rehabiliten y los decretos
de adopción simple, se insertarán en los libros correspondientes del estado civil, para lo
cual el Juez competente enviará copia certificada de dichas sentencias y decretos al
funcionario encargado de esos registros.
Artículo 507 Las sentencias definitivamente firmes recaídas en los juicios sobre estado
civil y capacidad de las personas y los decretos de adopción una vez insertados en los
registros respectivos, producirán los efectos siguientes:
1°. Las sentencias constitutivas de un nuevo estado y las de supresión de estado o
capacidad, como disolución o nulidad del matrimonio, separación de cuerpos,
interdicción, inhabilitación, extinción de la patria potestad, los decretos de adopción,
etc., producen inmediatamente efectos absolutos para las partes y para los terceros o
extraños al procedimiento.
2°. Las sentencias declarativas, en que se reconozca o se niegue la filiación o sobre
reclamación o negación de estado y cualquiera otra que no sea de las mencionadas en el
numero anterior, producirán inmediatamente los mismos efectos absolutos que aquellas;
pero dentro del año siguiente a su publicación podrán los interesados que no
intervinieron en el Juicio, demandar a todos los que fueron parte en él, sin excepción
alguna, para que se declare la falsedad del estado o de la filiación reconocidos en el
fallo impugnado. No tendrán este recurso los herederos ni los causahabientes de las
partes en el primer juicio ni los que no intervinieron en él a pesar de haber tenido
conocimiento oportuno de la instauración del procedimiento.
La sentencia que se dicte en el segundo juicio será obligatoria para todos, así para las
partes como para los terceros. Contra ella no se admitirá recurso alguno.

A los efectos del cómputo del año fijado para la caducidad del recurso concedido en
este Artículo, un extracto de toda sentencia que declare o niegue el estado o la filiación,
se publicará en un periódico de la localidad sede del Tribunal que la dictó. Si no hubiere
periódico en la localidad sede del Tribunal, la publicación se hará por un medio idóneo.
Asimismo, siempre que se promueva una acción sobre la cual haya de recaer un fallo
comprendido en este Artículo, el Tribunal hará publicar un edicto en el cual, en forma
resumida, se haga saber que determinada persona ha propuesto una acción relativa a
filiación o al estado civil; y llamando a hacerse parte en el juicio a todo el que tenga
interés directo y manifiesto en el asunto.
Capítulo VIII
De las sanciones administrativas
Artículo 508 Los funcionarios que no enviaren la copia y expediente a que se refiere el
artículo 91 y el acta mencionada en el artículo 98 en un lapso de quince días después de
celebrado el matrimonio, serán penados con multa de cien a trescientos bolívares.
Cuando se trate de la copia que debe enviar la Primera Autoridad Civil del Municipio o
Parroquia, en conformidad con el tercer parágrafo del artículo 91, el lapso de quince
días para incurrir en la pena anterior correrá desde que dicha Primera Autoridad Civil
reciba la copia certificada del acta de matrimonio autorizado por cualquier otro
funcionario.
Artículo 509 En las mismas sanciones del artículo anterior incurrirán los funcionarios
del estado civil que dejaren de hacer el envío, a otra autoridad, de las copias de actas
que deben ser insertadas y certificadas en los libros.
Artículo 510 Los funcionarios del estado civil que demoren más de treinta días el aviso
de haberse efectuado un acto que deba anotarse al margen de alguna partida, incurrirán
en multa de cincuenta a doscientos bolívares, y si, por no haber dado el aviso no se
estampare la nota marginal, la multa será de doscientos a cuatrocientos bolívares.
Artículo 511 Los funcionarios del estado civil que no dieren el aviso ordenado en el
artículo 455, serán penados con multa de cincuenta a ciento cincuenta bolívares.
Artículo 512 Los Jefes Civiles de Parroquia o Municipio que no habiendo hecho la
remisión de los libros de registro civil en la oportunidad que fija el artículo 492, no
atendieren a la excitación del Juez de Primera Instancia haciendo la remisión en el
término de la distancia, serán penados con multa de trescientos a quinientos bolívares; y
si transcurrieren quince días más sin hacer el envío, serán destituidos de su destino.
Artículo 513 Si las faltas previstas en los artículos 509 y 510 fueren cometidas por
funcionarios judiciales, el Juez de Primera Instancia se limitará a hacer la participación
correspondiente a la autoridad competente, si él mismo no lo fuere, para que haga
efectiva la sanción, según la Ley.
Artículo 514 Si el Juez de Primera Instancia no hiciere la remisión de los libros en los
lapsos fijados por la ley, o por el mismo Registrador, de acuerdo con los artículos 498 y

499, este funcionario hará la participación a que se refiere el artículo anterior, y a los
mismos efectos.
Artículo 515 Los funcionarios del estado civil que dejaren de hacer en los libros las
inserciones de actas y sentencias ordenadas por la ley, o que dejaren de estampar notas
marginales, serán penados con multa de cien a doscientos bolívares o con la destitución
del cargo en los casos graves.
Artículo 516 Al Registrador Principal que no cumpliere oportunamente el deber a que
se refiere el artículo anterior, o que infringiere de cualquier otro modo las disposiciones
del presente Título, le será impuesta, por la autoridad de quien dependa, multa de
doscientos a seiscientos bolívares o la destitución en los casos graves.
Artículo 517 La responsabilidad de los Presidentes de los Concejos Municipales por
falta de cumplimiento a las leyes de registro del estado civil, se hará efectiva de acuerdo
con las leyes locales.
Artículo 518 Cualquiera otra falta en el cumplimiento de lo dispuesto en este Título,
cometida por los funcionarios del estado civil, será penada con multa de cincuenta a
trescientos bolívares.
En general, a falta de designación expresa de otra autoridad, en un caso determinado,
será la competente para imponer la, sanciones establecidas en este Capítulo, el Juez de
Primera Instancia en lo Civil de la jurisdicción.
Artículo 519 En cuanto a las multas regirá lo dispuesto en el artículo 135.
Artículo 520 Las sanciones aquí establecidas prescribirán a los tres años contados
desde la fecha en que debió llenarse la formalidad omitida.
Capítulo IX
Disposiciones finales
Artículo 521 Todos los actos del estado civil quedan exentos de papel sellado y
estampillas y de cualquier otro impuesto o retribución.
Artículo 522 El funcionario del estado civil no podrá asentar ninguna partida en la cual
sea parte o que con cierna a su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad. En este caso hará sus veces quien por la Ley
deba suplirlo.
Artículo 523 Toda alteración u omisión culpable en los registros del estado civil, da
lugar a resarcimiento de daños y perjuicios, además de las sanciones establecidas por el
Código Penal y de las que establece el Capítulo VIII de este Título.
Título XIV
De la jurisdicción especial
Artículo 524 Las funciones que en el presente Código se atribuyen a los Jueces de
Primera Instancia en lo Civil en lo relativo al Derecho de Familia, podrán ser atribuidas

a jueces especiales por las leyes respectivas. Las atribuciones señaladas a los Tribunales
civiles por los artículos 63, 90, 261, 262, 275, 277, 278, 280, 309, 313, 314, 317, 319,
321, 324, 325, 327, 328, 329, 332, 334, 335, 337, 338, 341, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 355, 357, 360, 362 y 365 de este Código, serán ejercida, por los Tribunales de
Menores donde hayan sido creados en todos casos en que los menores interesados o
alguno de ellos, no hayan cumplido dieciocho (18) años de edad. En tales casos,
corresponderá también a los Tribunales de Menores conocer de los juicios por privación
de la patria potestad.
Libro Segundo
De los bienes de la propiedad y de sus modificaciones
Título I
De los bienes
Artículo 525 Las cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada son
bienes muebles o inmuebles.
Capítulo I
De los bienes inmuebles
Artículo 526 Los bienes son inmuebles por su naturaleza, por su destinación o por el
objeto a que se refieren.
Artículo 527 Son inmuebles por su naturaleza:
Los terrenos, las minas, los edificios y. en general, toda construcción adherida de modo
permanente a la tierra que sea parte de un edificio.
Se consideran también Inmuebles:
Los árboles mientras no hayan sido derribados:
Los frutos de la tierra y de los árboles, mientras no hayan sido cosechados e separadas
del suelo;
Los hatos, rebaños, piaras y cualquier otro conjunto de animales de cría, mansos o
bravíos, mientras no sean separados de sus pastos o criaderos:
Las lagunas, estanques, manantiales, aljibes y toda agua corriente;
Los acueductos, canales o acequias que conducen el agua a un edificio o terreno y
forman parte del edificio o terreno a que las aguas se destinan.
Artículo 528 Son inmuebles por su destinación: las cosas que el propietario del suelo ha
puesto en él para su uso, cultivo y beneficio, tales como:
Los animales destinados a su labranza;
Los instrumentos rurales:

Las simientes:
Los forrajes y abonos;
Las prensas, calderas, alambiques, cubas y toneles
Los viveros de animales.
Artículo 529 Son también bienes inmuebles por su destinación, todos los objetos
muebles que el propietario ha destinado a un terreno o edificio para que permanezcan en
él constantemente, o que no se puedan separar sin romperse o deteriorarse o sin romper
o deteriorar la parte del terreno o edificio a que estén sujetos.
Artículo 530 Son inmuebles por el objeto a que se refieren:
Los derechos del propietario y los del enfiteuta sobre los predios sujetos a enfiteusis;
Los derechos de usufructo y de uso sobre las cosas Inmuebles y también el de
habitación,
Las servidumbres prediales y la hipoteca;
Las acciones que tiendan a reivindicar inmuebles o a reclamar derechos que se refieran
a los mismos.
Capítulo II
De los bienes muebles
Artículo 531 Los bienes son muebles por su naturaleza, por el objeto a que se refieren o
por determinarlo así la Ley.
Artículo 532 Son muebles por su naturaleza los bienes que pueden cambiar de lugar
bien por sí mismos o movidos por una fuerza exterior.
Artículo 533 Son muebles por el objeto a que se refieren o por determinarlo así la Ley,
los derechos, las obligaciones y las acciones que tienen por objeto cosas muebles; y las
acciones o cuotas de participación en las sociedades civiles y de comercio, aunque estas
sociedades sean propietarias de bienes inmuebles. En este último caso, dichas acciones
o cuotas de participación se reputarán muebles hasta que termine la liquidación de la
sociedad.
Se reputan igualmente muebles las rentas vitalicias o perpetuas a cargo del Estado o de
los particulares, salvo, en cuanto a las rentas del Estado, las disposiciones legales sobre
Deuda Pública.
Artículo 534 Los materiales provenientes de la demolición de un edificio y los reunidos
para construir uno nuevo, son muebles mientras no se hubieren empleado en la
construcción.

Artículo 535 La palabra mueblaje, comprende los muebles destinados al uso y adorno
de las habitaciones, como tapices, camas, sillas, espejos, relojes, mesas, porcelanas y
demás objetos semejantes.
Comprende también los cuadros y las estatuas que forman parte de los muebles de una
habitación, pero no las colecciones de cuadros, estatuas, porcelanas, ni las que ocupan
galerías o cuartos particulares.
Artículo 536 La expresión casa amueblada, comprende sólo el mueblaje; la expresión
casa con todo lo que en ella se encuentra, comprende todos los objetos muebles,
exceptuándose el dinero o los valores que lo representen, los créditos u otros derechos,
cuyos documentos se encuentren en la misma.
Artículo 537 Las disposiciones contenidas en los dos artículos anteriores no tendrán
aplicación cuando las expresiones a que se refieren resulten con un sentido diferente en
la intención de quien las empleare.
Capítulo III
De los bienes con relación a las personas a quienes pertenecen
Artículo 538 Los bienes pertenecen a la Nación, a los Estados, a las Municipalidades, a
los establecimientos públicos y demás personas jurídicas y a los particulares.
Artículo 539 Los bienes de la Nación, de los Estados y de las Municipalidades, son del
dominio público o del dominio privado.
Son bienes del dominio público: los caminos, los lagos, los ríos, las murallas, fosos,
puentes de las plazas de guerra y demás bienes semejantes.
No obstante lo establecido en este artículo, las aguas de los ríos pueden apropiarse de la
manera establecida en el Capítulo II, Título III de este Libro.
El lecho de los ríos no navegables pertenece a los ribereños según una línea que se
supone trazada por el medio del curso del agua. Cada ribereño tiene derecho de tomar
en la parte que le pertenezca todos los productos naturales y de extraer arenas y piedras,
a condición de no modificar el régimen establecido en las aguas ni causar perjuicios a
los demás ribereños.
Artículo 540 Los bienes del dominio público son de uso público o de uso privado de la
Nación, de los Estados y de las Municipalidades.
Artículo 541 Los terrenos de las fortificaciones o de las murallas de las plazas de guerra
que no tengan ya ese destino, y todos los demás bienes que dejen de estar destinados al
uso público y a la defensa nacional, pasan del dominio público al dominio privado.
Artículo 542 Todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales,
carecen de otro dueño, pertenecen al dominio privado de la Nación, si su ubicación
fuere en el Distrito Federal o en Territorios o Dependencias Federales, y al dominio
privado de los Estados si fuere en éstos.

Artículo 543 Los bienes del dominio público son inalienables; los del dominio privado
pueden enajenarse de conformidad con las leyes que les conciernen.
Artículo 544 Las disposiciones de este Código se aplicarán también a los bienes del
dominio p privado, en cuanto no se opongan a las leyes especiales respectivas.
Título II
De la Propiedad
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 545 La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de
manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley.
Artículo 546 El producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las
producciones del ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya, y se
rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y las especiales sobre estas
materias.
Artículo 547 Nadie puede ser obligado a ceder su propiedad, ni a permitir que otros
hagan uso de ella, sino por causa de utilidad pública o social, mediante juicio
contradictorio e indemnización previa.
Las reglas relativas a la expropiación por causa de utilidad pública o social se
determinan por leyes especiales.
Artículo 548 El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier
poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes.
Si el poseedor o detentador después de la demanda judicial ha dejado de poseer la cosa
por hecho propio, está obligado a recobrarla a su costa por cuenta del demandante; y, si
así no lo hiciere, a pagar su valor, sin perjuicio de la opción que tiene el demandante
para intentar su acción contra el nuevo poseedor o detentador.
Artículo 549 La propiedad del suelo lleva consigo la de la superficie y de todo cuanto
se encuentre encima o debajo de ella, salvo lo dispuesto en las leyes especiales.
Artículo 550 Todo propietario puede obligar a su vecino al deslinde de las propiedades
contiguas: y de acuerdo con lo que establezcan las leyes y ordenanzas locales, o en su
defecto, los usos del lugar y la clase de la propiedad, a construir, a expensas comunes,
las obras que las separen.
Artículo 551 Cualquiera puede cerrar su fundo, salvo los derechos de servidumbre que
pertenezcan a terceros.
Capítulo II
Del derecho de accesión respecto del producto de la cosa

Artículo 552 Los frutos naturales y los frutos civiles pertenecen por derecho de
accesión al propietario de la cosa que los produce.
Son frutos naturales los que provienen directamente de la cosa, con o sin industria del
hombre, como los granos, las maderas, los partos de los animales y los productos de las
minas o canteras.
Los frutos civiles son los que se obtienen con ocasión de una cosa, tales como los
intereses de los capitales, el canon de las enfiteusis y las pensiones de las rentas
vitalicias.
Las pensiones de arrendamiento se colocan en la clase de frutos civiles. Los frutos
civiles se reputan adquiridos día por día.
Artículo 553 La persona que recoge los frutos de una cosa está en la obligación de
reembolsar los gastos necesarios de semilla, siembra, cultivo y conservación que haya
hecho un tercero.
Capítulo III
Del derecho de accesión respecto de lo que se incorpora o se une a la cosa
Sección I
Del derecho de accesión respecto de los bienes inmuebles
Artículo 554 El propietario puede hacer en su suelo o debajo de él toda construcción,
siembra, plantación o excavación y sacar por medio de ellas todos los productos
posibles, salvo las excepciones establecidas en el Capítulo de las servidumbres prediales
y lo que dispongan leyes especiales y los reglamentos de policía.
Artículo 555 Toda construcción, siembra, plantación u otras obras sobre o debajo del
suelo, se presume hecha por el propietario a sus expensas, y que le pertenece, mientras
no conste lo contrario, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
terceros.
Artículo 556 El propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u otras
obras con materiales ajenos, debe pagar su valor. Quedará también obligado, en caso de
mala fe o de culpa grave, al pago de los daños y perjuicios; pero el propietario de los
materiales no tiene derecho a llevárselos, a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra
construida o sin que perezcan las plantaciones.
Artículo 557 El propietario del fundo donde se edificare, sembrare o plantare por otra
persona, hace suya la obra; pero debe pagar, a su elección, o el valor de los materiales,
el precio de la obra de mano y demás gastos inherentes a la obra, o el aumento de valor
adquirido por el fundo. Sin embargo, en caso de mala fe, el propietario puede optar por
pedir la destrucción de la obra y hacer que el ejecutor de ella deje el fundo en sus
condiciones primitivas y le repare los daños y perjuicios.
Si tanto el propietario como el ejecutor de la obra hubieren procedido de mala fe, el
primero adquirirá la propiedad de la obra, pero debe siempre reembolsar el valor de
ésta.

Artículo 558 Si el valor de la construcción excede evidentemente al valor del fundo, el
propietario puede pedir que la propiedad de todo se le atribuya al ejecutor de la obra,
contra pago de una justa indemnización por su fundo y por los daños y perjuicios que se
le hubieren ocasionado.
Artículo 559 Si en la construcción de: un edificio se ocupare de buena fe una parte del
fundo contiguo, y la construcción se hubiere hecho con conocimiento y sin oposición
del vecino, el edificio y el área podrán declararse propiedad del constructor, quien, en
todo caso, quedará obligado a pagar al propietario del suelo el valor de la superficie
ocupada, y, además, los daños y perjuicios.
De no haber habido conocimiento por parte del vecino, el constructor, fuera del pago de
los daños y perjuicios, está en la obligación de pagar a aquél el duplo del valor de la
superficie ocupada.
Artículo 560 Si las plantaciones, siembras o construcciones se han ejecutado por un
tercero con materiales de otro, el dueño de estos materiales no tiene derecho a
reivindicarlos; pero puede exigir indemnización del tercero que hizo uso de ellos, y
también del propietario del suelo, mas sólo sobre la cantidad que este último quede
debiendo al ejecutor de la obra.
Artículo 561 Las agregaciones e incrementos de terreno que se forman sucesiva e
imperceptiblemente en los fundos situados a orillas de los ríos o arroyos, se llaman
aluvión, y pertenecen a los propietarios de estos fundos.
Artículo 562 El terreno abandonado por el agua corriente que insensiblemente se retira
de una de las riberas sobre la otra, pertenecen al propietario de la ribera descubierta. El
dueño de la otra ribera no puede reclamar el terreno perdido.
Este derecho no procede respecto de los terrenos abandonados por el mar.
Artículo 563 Los dueños de las heredades colindantes con lagunas o estanques,
adquieren el terreno descubierto por la disminución natural de las aguas.
Artículo 564 Si un río arranca por fuerza súbita parte considerable y conocida de un
fundo ribereño, y la arroja hacia un fundo inferior, o sobre la ribera opuesta, el
propietario de la parte desprendida puede reclamar la propiedad dentro de un año.
Pasado este término no se admitirá la demanda, a menos que el propietario del fundo al
cual se haya adherido la parte desprendida no hubiere aun tomado posesión de ella.
Artículo 565 Las islas, islotes y otras formaciones de la capa terrestre, que aparezcan en
los ríos o lagos interiores navegables, o en los mares adyacentes a las costas de
Venezuela, pertenecen a la Nación.
Artículo 566 Cuando en un río no navegable se forme una isla u otra agregación de
terreno, corresponderá a los dueños de cada ribera la parte que quede entre ella y una
línea divisoria tirada por medio del cauce, dividiéndose entre los dueños de cada ribera,
proporcionalmente a la extensión del frente de cada heredad, a lo largo del río.

Artículo 567 Las disposiciones de los dos artículos anteriores no se aplican al caso en
que las islas y demás agregaciones de terrenos de que se trata en ellos, provengan de un
terreno de la ribera transportado al río por fuerza súbita. El propietario del fundo del
cual se haya desprendido el terreno, conservará la propiedad del mismo.
Artículo 568 Si un río, variando su curso, rodea, haciendo una isla, el todo o parte de un
fundo ribereño, el dueño conservará la propiedad del fundo rodeado.
Artículo 569 Si un río forma nuevo cauce, abandonando el antiguo, éste pertenecerá a
los propietarios de los fundos confinantes en ambas riberas, y se lo dividirán hasta el
medio del cauce, según el frente del terreno de cada uno.
Artículo 570 Los animales de un vivero que pasaren a otro, serán de la propiedad del
dueño de éste, salvo la acción por indemnización si la atracción se ha efectuado por
artificio o fraude.
Sección II
Del derecho de accesión respecto de los bienes muebles
Artículo 571 El derecho de accesión cuando tiene por objeto cosas muebles
pertenecientes a diferentes dueños, se regula por los principios de la equidad. Las
disposiciones siguientes servirán de regla al Juez para decidir en los casos no previstos
según las circunstancias particulares.
Artículo 572 Cuando, dos cosas muebles, pertenecientes a diferentes dueños se hayan
unido formando un todo, pero pudiendo separarse sin notable deterioro, cada propietario
conservará la propiedad de su cosa y podrá pedir su separación.
Respecto de las cosas que no pueden separarse sin notable deterioro de cualquiera de
ellas, el todo corresponderá al propietario de la cosa que forme la parte más notable o
principal, con la obligación de pagar a los demás propietarios el valor de las cosas
unidas.
Se considera la parte más notable o principal, aquélla a la cual se ha unido otra para su
uso, adorno, perfección o complemento.
Si la cosa Incorporada fuere mucho más preciosa que la principal, y se hubiere
empleado sin el consentimiento de su propietario, éste podrá, a su elección, apropiarse
el todo, pagando al propietario de la cosa principal su valor, o pedir la separación de la
cosa incorporada, aunque de ello pueda resultar el deterioro de la otra.
Artículo 573 Si de dos cosas unidas para formar un todo, la una no pudiere considerarse
como accesoria de la otra, se reputará principal la más notable por su valor o por su
volumen, si los valores son aproximadamente iguales.
Artículo 574 Cuando se hubiere formado una cosa con la mezcla de varias materias
pertenecientes a diversos dueños, si las materias pueden separarse sin daño o deterioro,
el que no haya consentido en su mezcla tendrá derecho a pedir su separación.

Si las materias no pueden separarse o si la separación no puede efectuarse sin daño o
deterioro, el objeto formado se hará común en proporción al valor de las materias
pertenecientes a cada uno.
Artículo 575 Si la materia perteneciente a uno de los propietarios pudiere considerarse
como principal, y fuese muy superior a la otra en valor, y no pudieren separarse las dos
materias, o si su separación Ocasionare deterioro, el propietario de la materia superior
en valor tendrá derecho a la propiedad de la cosa producida por la mezcla, pagando al
otro el valor de su materia.
Artículo 576 Si una persona hubiere hecho uso de materias que no le pertenecían para
formar una cosa de nueva especie, puedan o no estas materias volver a tomar su primera
forma, el dueño de ellas tendrá derecho a la propiedad de la cosa nuevamente formada,
indemnizando a la otra persona del valor de la obra de mano.
Artículo 577 Cuando alguien haya empleado materia, en parte propia y en parte ajena,
para formar una cosa de nueva especie, sin que ninguna de las dos materias se haya
transformado enteramente, pero de manera que la una no pueda separarse de la otra sin
grave inconveniente, la cosa se hará común, a los dos propietarios, en proporción,
respecto al uno, del valor de la materia que le pertenecía, y respecto al otro, de la
materia que le pertenecía y del valor de la obra de mano.
Artículo 578 Si la obra de mano fuere de tal manera importante que exceda en mucho al
valor de la materia empleada, la industria se considerará entonces como la parte
principal, y el artífice tendrá derecho a retener la cosa nuevamente formada,
reembolsando el valor de la materia a su propietario.
Artículo 579 Cuando la cosa se haga común entre los propietarios de las materias de
que se haya formado, cada uno de ellos podrá pedir su venta por cuenta de los
interesados.
Artículo 580 Siempre que el propietario de la materia empleados sin su consentimiento
pueda reclamar la propiedad de la cosa, tendrá la elección de pedir la restitución de otro
tanto de materia de la misma calidad o su valor.
Artículo 581 Quienes hayan empleado materias ajenas sin el asentimiento de sus
propietarios, sea respecto de bienes muebles o inmuebles, podrán ser condenados a
pagar daños y perjuicios, quedando a salvo las acciones penales conducentes.
Título III
De las limitaciones de la propiedad
Capítulo I
Del usufructo, del uso, de la habitación y del hogar
Artículo 582 Los derechos de usufructo, uso y habitación se regulan por el título de
donde se deriven, supliendo la Ley únicamente en cuanto no provee el título, salvo los
casos en que ella disponga otra cosa.

Sección I
Del usufructo
Artículo 583 El usufructo es el derecho real de usar y gozar temporalmente de las cosas
cuya propiedad pertenece a otro, del mismo modo que lo haría el propietario.
Artículo 584 El usufructo se constituye por la Ley no por la voluntad del hombre.
Puede constituirse sobre bienes muebles o inmuebles, por tiempo fijo, pero no a
perpetuidad, puramente o bajo condición.
Puede constituirse a favor de una o de varias personas simultánea o sucesivamente.
En caso de disfrute sucesivo, el usufructo sólo aprovechará a las personas que existan
cuando se abra el derecho del primer usufructuario.
Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende
constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo establecido en favor de
Municipalidades u otras personas jurídicas, no podrá exceder de treinta años.
§ 1°
De los derechos del usufructuario
Artículo 585 Pertenecen al usufructuario todos los frutos naturales o civiles de la cosa
usufructuada.
Artículo 586 Los frutos naturales que al principiar el usufructo no estén desprendidos
pertenecerán al usufructuario; y los que no lo estén todavía, cuando termine el
usufructo, pertenecerán al propietario, sin derecho en ninguno de los dos casos a la
indemnización de los trabajos o de las semillas.
Artículo 587 Los frutos civiles pertenecen al usufructuario en proporción de la duración
del usufructo.
Artículo 588 El usufructo de una renta vitalicia da al usufructuario el derecho de cobrar
las pensiones día por día durante su usufructo.
Deberá restituir siempre lo que hubiere cobrado anticipadamente,
Artículo 589 Si el usufructo comprende cosas de que no puede hacerse uso sin
consumirlas, como dinero, granos, licores, el usufructuario tiene derecho de servirse de
ellas, con la obligación de pagar su valor al terminar el usufructo, según la estimación
que se les haya dado al principio del mismo.
Si no se hubiere hecho tal estimación, podrá optar entre restituir las cosas en igual
cantidad y calidad o pagar su precio corriente a la cesación del usufructo.
Artículo 590 Si el usufructo comprende cosas que, sin consumirse por el primer uso, se
deterioran gradualmente con él, el usufructuario tiene derecho de servirse de ellas

dándoles el uso a que están destinadas, quedando obligado únicamente a restituirlas, al
término del usufructo, en e estado en que se encuentren, con la obligación, sin embargo,
de indemnizar al propietario del deterioro proveniente de dolo o culpa del usufructuario.
Artículo 591 Si el usufructo comprende monte tallar, el usufructuario está obligado a
observar en el orden y en la cantidad de las talas o cortas, la práctica constante de los
antiguos propietarios; pero no tendrá derecho a compensación por las cortas que no
haya ejecutado durante el usufructo.
Artículo 592 El usufructuario, conformándose a las épocas y prácticas de los antiguos
propietarios, podrá también aprovecharse de las partes de monte alto que se hayan
distribuido en cortas regulares, bien se hagan éstas periódicamente en cierta extensión
de terreno, o bien limitadas a cierta cantidad de árboles tomados indistintamente en toda
la superficie del fundo.
Artículo 593 En los demás casos no podrá el usufructuario cortar el monte alto, salvo
que se trate de árboles esparcidos por el campo, que por costumbre local estén
destinados a ser periódicamente cortados.
Artículo 594 Podrá el usufructuario emplear para las reparaciones que estén a su cargo
los árboles caídos o arrancados por accidente. Con este fin podrá también hacerlos
derribar, si fuere necesario; pero tendrá la obligación de comprobar la necesidad al
propietario.
Artículo 595 Los árboles frutales y los plantados para sombra que perezcan, o que
hayan sido derribados o arrancados por accidente, pertenecerán al usufructuario, el cual
tendrá la obligación de hacerlos sustituir con otros.
Artículo 596 Los pies de una almáciga forman parte del usufructo, con la obligación
para el usufructuario de observar las prácticas locales, en cuanto a la época y modo de
hacer uso de ellos y de reponerlos.
Artículo 597 El usufructuario puede donar, ceder o arrendar su derecho de usufructo,
pero quedará siempre responsable de la cosa usufructuada por culpa o negligencia de la
persona que le sustituya,.
Artículo 598 Los arrendamientos que celebrare el usufructuario por cinco o menos
años, subsistirán por el tiempo estipulado, aun cuando cese el usufructo. Los celebrados
por mayor tiempo no durarán en el caso de cesación del usufructo sino por el
quinquenio corriente al tiempo de la cesación, computándose el primer quinquenio
desde el día en que tuvo principio el arrendamiento, y los demás desde el día del
vencimiento del precedente.
Los arrendamientos por cinco o menos años que haya pactado el usufructuario, o que
haya renovado más de un año antes de su ejecución, si los bienes son rurales, o más de
seis meses si los bienes son urbanos, no tienen efecto alguno cuando su ejecución no ha
principiado antes de cesar el usufructo. Si el usufructo debía cesar en tiempo cierto y
determinado, los arrendamientos hechos por el usufructuario durarán, en todo caso, sólo
por el año corriente al tiempo de la cesación, a no ser que se trate de fundos cuya
principal cosecha se realice en más de un año; pues en tal caso el arrendamiento durará

por el tiempo que falte para la recolección de la cosecha pendiente cuando cese
usufructo.
Artículo 599 El usufructuario goza de los derechos de servidumbre inherentes al fundo
respectivo y, en general, todos los que podían competer al propietario.
Goza de las minas y canteras abiertas y en ejercicio al tiempo en que comience el
usufructo.
No tiene derecho sobre el tesoro que se encuentre durante el usufructo, salvo la parte
que pueda pertenecerle como inventor.
Artículo 600 El propietario no puede en manera alguna dañar los derechos del
usufructuario, y éste, o quien lo presente, no tiene derecho, al finalizar el usufructo. a la
indemnización por las mejoras que haya hecho, aunque con las se haya aumentado el
valor de la cosa.
El aumento de valor puede, sin embargo, compensar los deterioros que haya padecido la
cosa sin culpa grave del usufructuario.
Cuando no haya lugar a esa compensación, podrá el usufructuario extraer las mejoras si
puede hacer esto en provecho propio, y sin deterioro de la cosa, a no ser que el
propietario prefiera retenerlas, reembolsando al usufructuario el valor que pudieran
tener separándolas.
§ 2°
De las obligaciones del usufructuario
Artículo 601 El usufructuario tomará las cosas en el estado en que se encuentren,
previo inventario y descripción de les muebles e inmuebles sujetos al usufructo, con
citación del propietario.
Los gastos inherentes a este acto serán de cargo del usufructuario.
Cuando se haya relevado al usufructuario de la obligación de que trata este artículo, el
propietario tendrá derecho de hacer que se lleven a cabo el inventario y la descripción a
sus expensas.
Artículo 602 El usufructuario debe dar caución de hacer uso de sus derechos como un
buen padre de familia, a no ser que el título lo dispense de ello.
El padre y la madre que tengan el usufructo legal de los bienes de sus hijos, y el
vendedor y el donante con reserva de usufructo, no estarán obligados a dar caución.
Con excepción del padre y de la madre, los demás usufructuarios que no estuvieren
obligados a dar caución, de conformidad con las anteriores previsiones, podrán ser
obligados a darla cuando por haber desmejorado la situación económica del
usufructuario el Tribunal encuentre Justificada esa medida.

Artículo 603 Si el usufructuario no puede dar caución suficiente, se observarán las
reglas siguientes:
Los inmuebles se arrendarán o se pondrán bajo administración, salvo la facultad del
usufructuario de hacerse señalar para su propia habitación una casa comprendida en el
usufructo.
El dinero comprendido en el usufructo se colocará a interés.
Los títulos al portador se convertirán en títulos nominativos a favor del propietario, con
anotación del usufructo.
Los géneros se venderán y su precio se colocará igualmente a interés.
En estos casos pertenecerán al usufructuario los intereses de los capitales, las rentas y
las pensiones de arrendamiento.
Artículo 604 Si el usufructuario no diere la caución, podrá el propietario pedir que se
vendan los muebles que se deterioran con el uso y que su precio se coloque a interés
como el de los géneros, gozando el usufructuario del interés.
Los muebles comprendidos en el usufructo, que sean necesarios para el uso personal del
usufructuario y de su familia, se le deberán entregar bajo juramento de restituir las
especies o sus respectivos valores, tomándose en cuenta el deterioro proveniente del
tiempo y del uso legítimo.
Artículo 605 El retardo en dar caución no priva al usufructuario del derecho sobre los
frutos.
El usufructuario puede en todo tiempo, respetando los actos legalmente ejecutados,
reclamar la administración, prestando la caución a que está obligado.
Artículo 606 El usufructuario está obligado a las reparaciones menores, y también a las
mayores que se hayan ocasionado por no haber hecho las menores después de la
apertura del usufructo.
Artículo 607 En cualquier otro caso, el usufructuario que haya hecho las reparaciones
mayores tendrá derecho a que se le reembolse, sin interés alguno, el valor de las obras
ejecutadas, con tal que subsista su utilidad al tiempo de la cesación del usufructo.
Artículo 608 Si el usufructuario no quiere anticipar la cantidad necesaria para las
reparaciones mayores, y el propietario quiere ejecutarlas a sus expensas, el
usufructuario pagará al propietario durante el usufructo, los intereses de lo gastado.
Artículo 609 Se entiende por obras o reparaciones mayores las que ocurren por una vez
o a largos intervalos de tiempo, y que conciernen a la conservación y permanente
utilidad de la cosa fructuaria.

Artículo 610 Las disposiciones de los artículos 607 y 608 se aplicarán también cuando
por vejez o por caso fortuito, se arruina solamente en parte el edificio que formaba un
accesorio necesario para el goce de fundo sujeto al usufructo.
Artículo 611 El usufructuario está obligado durante el usufructo a soportar las cargas
anuales del fundo, como son las contribuciones, los cánones, y demás gravámenes que,
según la costumbre, recaen sobre los fundos.
Al pago de las cargas impuestas a la propiedad durante el usufructo, está obligado el
propietario; pero el usufructuario le debe pagar el interés de las cantidades satisfechas.
Si el usufructuario anticipa su pago, tiene derecho a ser reembolsado del capital al fin
del usufructo.
Artículo 612 El usufructuario a título particular de una o más cosas, no está obligado al
pago do las deudas por las cuales estén hipotecadas y si hiciere el pago, tiene derecho a
que el propietario le indemnice.
Artículo 613 El usufructuario a título universal está obligado por completo o en
proporción a su cuota, al pago de todas las pensiones a que esté afecta la herencia, y de
los intereses de todas las deudas con que esté gravada la misma.
Si se trata del pago de un capital y el usufructuario anticipa la suma con que deben
contribuir los bienes sujetos al usufructo, se le devolverá al término de éste el mismo
capital sin intereses.
Si el usufructuario no quiere hacer esta anticipación, queda a elección del propietario, o
pagar la suma, y en este caso el usufructuario debe pagarle intereses durante el
usufructo, o hacer vender una parte de los bienes sujetos al usufructo, hasta
concurrencia de la suma debida.
Artículo 614 El usufructuario está obligado a hacer los gastos de los pleitos relativos al
usufructo y a sufrir las condenaciones a que los mismos pleitos den lugar.
Si los pleitos conciernen tanto a la propiedad como al usufructo, aquellos gastos y
condenaciones recaerán sobre el propietario y el usufructuario, en proporción al
respectivo interés.
Artículo 615 Si durante el usufructo un tercero cometiere alguna usurpación en la cosa,
o de cualquiera otra manera atentare a los derechos del propietario, el usufructuario está
obligado a hacérselo saber. y, en caso de omisión, será responsable de todos los daños
que por ella le sobrevengan al propietario,
Artículo 616 Si el usufructo está constituido sobre un animal que pereciere sin culpa
del usufructuario, éste no estará obligado a restituir otro ni a pagar su precio.
Artículo 617 Si el usufructo está constituido sobre un rebaño, piara u otro conjunto de
animales que perezca enteramente sin culpa del usufructuario, éste sólo estará obligado
para con el propietario a darle cuenta de las pieles o su valor.

Si el rebaño, piara u otro conjunto de animales no pereciere enteramente, el
usufructuario estará obligado a reemplazar los animales que hayan perecido, hasta
concurrencia de la cantidad de los nacidos, desde que haya principiado a disminuirse el
número primitivo.
Artículo 618 Cuando se trate de animales colocados en el fundo sujeto a usufructo y
destinados al consumo, se aplicarán las disposiciones del artículo 589.
§ 3°
De los modos como termina el usufructo
Artículo 619 El usufructo se extingue:
Por la muerte del usufructuario, cuando no ha sido establecido por tiempo determinado.
Por el vencimiento del tiempo fijado para su duración, el cual no podrá exceder, en
ningún caso, de treinta años.
Por la consolidación, o sea la reunión en la misma persona de las cualidades de
usufructuario y propietario.
Por el no uso durante quince años.
Por el perecimiento total de la cosa sobre la cual fue establecido.
Artículo 620 También puede cesar el usufructo por el abuso que el usufructuario haga
de su derecho, enajenando los bienes, deteriorándolos o dejándolos perecer por falta de
las reparaciones menores.
La autoridad judicial podrá, sin embargo, según las circunstancias, ordenar que el
usufructuario dé caución, aun cuando estuviese dispensado de ello, o que se den los
bienes en arrendamiento, o que se pongan en administración a sus expensas, o, por
último, que su disfrute se devuelva al propietario, con obligación por parte de éste, de
pagar anualmente al usufructuario, o a sus causahabientes, una cantidad determinada
por el tiempo del usufructo.
Los acreedores del usufructuario podrán intervenir en el juicio para conservar derechos,
ofrecer reparaciones de los daños, y dar caución para el porvenir.
Artículo 621 El usufructo concedido hasta que una tercera persona haya llegado a una
edad determinada, durará hasta aquel tiempo, aunque la persona haya muerto antes de la
edad fijada.
Artículo 622 Si perece solamente parte de la cosa sujeta a usufructo, éste se conserva
sobre el resto.
Artículo 623 Si el usufructo se estableciere sobre un fundo de que forme parte un
edificio, y éste se destruyere, el usufructuario tendrá derecho a gozar del área y de los
materiales.

Lo mismo sucederá si el usufructo se hubiere establecido sólo sobre un edificio; pero en
tal caso, si el propietario quisiere construir otro edificio, tendrá derecho a ocupar el área
y valerse de los materiales pagando al usufructuario, durante el usufructo, los intereses
del valor del área y de los materiales.
Si la cosa estuviere asegurada y ocurriere alguno de los siniestros previstos, el usufructo
se trasladará al valor del seguro, si el propietario y el usufructuario no lo destinaren al
restablecimiento de la cosa o a la adquisición o construcción de otra equivalente, sobre
la cual continuará el usufructo.
En caso de expropiación de la cosa sujeta a usufructo, éste se trasladará al valor
proveniente de la expropiación, si el propietario y el usufructuario no lo destinaren a la
adquisición de una cosa equivalente, sobre la cual, igualmente, continuará el usufructo.
Sección II
Del uso, de la habitación y del hogar
§ 1º
Del uso y de la habitación
Artículo 624 Quien tiene el uso de un fundo sólo podrá tomar de él los frutos que
basten a sus necesidades y a las de su familia.
Artículo 625 Quien tiene derecho de habitación de una casa puede habitarla con su
familia aunque ésta se aumente.
Artículo 626 El derecho de habitación se limita a lo que sea necesario para la
habitación del concesionario y de su familia, según las condiciones del mismo.
Artículo 627 El derecho de uso o de habitación no podrá ejercerse sin caución previa y
formal inventario de los muebles, y descripción del estado de los inmuebles, como en el
caso de usufructo. Podrá, sin embargo, la autoridad judicial, dispensar de la obligación
de la caución según las circunstancias.
Artículo 628 El usuario y el que tiene derecho de habitación deben gozar de su derecho
como buenos padres de familia.
Artículo 629 Si quien tiene el uso de un fundo tomare todos sus frutos, estará obligado
a hacer los gastos de cultivo, y si quien tiene derecho de habitación ocupare toda la casa
estará obligado a las reparaciones menores. Ambos pagarán las contribuciones como el
usufructuario.
Si no tomaren más que una parte de los frutos o no ocuparen más que una parte de la
casa, contribuirán en proporción de lo que gocen.
Artículo 630 Los derechos de uso y de habitación no se pueden ceder ni arrendar.
Artículo 631 Los derechos de uso y de habitación se pierden del mismo modo que el
usufructo.

§ 2º
Del hogar
Artículo 632 Puede una persona constituir un hogar para sí y para su familia, excluido
absolutamente de su patrimonio y de la prenda común de sus acreedores.
Artículo 633 El hogar no puede constituirse sino en favor de personas que existan en la
época de su institución: o de los descendientes inmediatos por nacer de una persona
determinada, sin menoscabo de los derechos que correspondan a los herederos
legitimarios.
Artículo 634 Una persona no puede constituir sino un hogar, que es el suyo, y si
constituyere otro u otros, éstos se regirán por las disposiciones sobre donaciones.
Artículo 635 El hogar puede ser una casa en poblado o fuera de él, o una casa con
tierras de labor o cría, siempre que esté destinada a vivienda principal de la familia.
Artículo 636 Gozarán del hogar las personas en cuyo favor se haya constituido; y si
esto no consta claramente, serán beneficiarios el cónyuge, los ascendientes que se
encuentren en estado de reclamar alimentos, los hijos mientras permanezcan solteros, y
los hijos mayores entredichos o inhabilitados por defecto intelectual.
Artículo 637 La persona que pretenda constituir hogar, deberá ocurrir por escrito al
Juez de Primera instancia de la jurisdicción donde esté situado el inmueble destinado
para aquel objeto, haciendo la declaración correspondiente con designación clara y
precisa de las personas a cuyo favor lo constituya, si tal fuere el caso, y asimismo
expresar la situación, cabida y linderos del predio y demás datos que tiendan a describir
dicho inmueble.
Con la solicitud mencionada acompañará su título de propiedad, y una certificación
expedida por el Registrador respectivo relativa a los últimos veinte (20) años, para
comprobar que no existe gravamen vigente sobre el inmueble que se va a constituir en
hogar.
Artículo 638 El Juez de Primera Instancia mandara a valorar el inmueble por tres (3)
peritos, elegidos uno por el solicitante, otro por dicho Magistrado y el tercero por los
mismos dos peritos o por el Juez, cuando aquéllos no estuvieran de acuerdo. Sin
embargo, el interesado podrá convenir en que el justiprecio lo haga un solo perito
nombrado por el Juez.
El mismo Juez ordenará que se publique por carteles la solicitud, en un periódico de la
localidad, durante noventa (90) días, una vez cada quince (15) días, por lo menos, y si
no hubiese ningún periódico en ella, en el que se edite en alguna de las poblaciones
cercanas.
Artículo 639 Transcurridos los noventa días de la publicación referida, y llenas las
formalidades exigidas en los artículos precedente., sin haberse presentado oposición de
ningún interesado, el tribunal declarará constituido el hogar en los términos solicitados,
separado del patrimonio del constituyente, y libre de embargo y remate por toda causa u

obligación, aunque conste de documento público o de sentencia ejecutoriada; y ordenará
que la solicitud y declaratoria se protocolicen en la Oficina de Registro respectiva, se
publiquen por la prensa tres veces, por lo menos, y se anoten en el Registro de
Comercio de la jurisdicción.
Mientras no se haya cumplido con todas estas formalidades, el hogar no producirá los
efectos que le atribuye la Ley, y si ellas no se hubieren realizado en el término de
noventa días, quedará sin lugar la declaratoria del Tribunal.
Si antes de la declaración judicial hubiere oposición, el Tribunal la resolverá por los
trámites del juicio ordinario.
Artículo 640 El hogar no podrá enajenarse ni gravarse sin oírse previamente a todas las
personas en cuyo favor se haya establecido, o a sus representantes legales, y con
autorización judicial, que no dará el Tribunal sino en el caso comprobado de necesidad
extrema, y sometiéndola a la consulta del Tribunal Superior.
Artículo 641 Cuando hubiere fallecido el último miembro de la familia para quien fue
constituido el hogar, o cuando haya fenecido el derecho a gozar de él, según lo
establecido en los artículos 636, 642 y 643, volverá el inmueble al patrimonio del
constituyente o de sus herederos, a menos que el dominio se haya traspasado a la
persona o personas en cuyo favor se constituyó el hogar.
Artículo 642 En caso de divorcio o de separación judicial de cuerpos, conservará el
derecho al hogar aquel a quien se atribuya la guarda de los hijos.
Cuando no existan hijos, el hogar quedará extinguido; sin embargo, si hubieren
descendientes y el hogar hubiese sido constituido también a favor de ellos, les
corresponderá el derecho al hogar.
En los casos de separación de cuerpos convertida en divorcio, los interesados decidirán
lo relativo al hogar en el escrito de separación, sin perjuicio de los demás beneficiarios.
Si no hubiere acuerdo, el Juez determinará cual de ellos gozará del hogar o lo declarará
extinguido, según las circunstancias. En caso de nulidad de matrimonio el derecho al
hogar se regirá según lo dispuesto en el artículo 127.
Artículo 643 Los beneficiarios, mayores de edad, que sean de mala conducta notoria,
pierden su derecho al hogar.
Capítulo II
De las limitaciones legales a la propiedad predial y de las servidumbres prediales
Sección I
Limitaciones legales de la propiedad predial
Artículo 644 Las limitaciones legales de la propiedad predial tienen por objeto la
utilidad pública o privada.
Artículo 645 Las limitaciones legales de la propiedad predial que tienen por objeto la
utilidad pública, se refieren a la conservación de los bosques, al curso de las aguas, al

paso por las orillas de los ríos y canales navegables, a la navegación aérea, a la
construcción y reparación de los caminos y otras obras públicas.
Todo cuanto concierne a estas limitaciones se determina por leyes y reglamentos
especiales.
Artículo 646 Las limitaciones legales de la propiedad predial por utilidad privada, se
rigen por las disposiciones de la presente Sección y por las leyes y ordenanzas sobre
policía.
§ 1º
De las limitaciones de la propiedad predial que se derivan de la situación de los
lugares
Artículo 647 Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que, naturalmente y
sin obra del hombre, caen de los superiores, así como la tierra o piedras que arrastran en
su curso.
Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta limitación, ni el del
superior obras que la hagan más gravosa.
Artículo 648 Si las riberas o diques que estaban en un fundo y servían para contener las
aguas se han destruido y abatido, o se tratare de obras defensivas que las aguas, por o
sin variación de su curso, haga necesarias, y el propietario del fundo no quisiere
repararlas, restablecerlas, ni construirlas, los propietarios que sufran los perjuicios, o
que estén en grave peligro de sufrirlos, podrán hacer a su costa las reparaciones o
construcciones necesarias.
Lo dispuesto anteriormente es aplicable al caso en que sea necesario desembarazar
algún predio de las materias cuya acumulación o caída impida el curso del agua, con
daño o peligro del fundo o fundos vecinos. Sin embargo, los trabajos deberán ejecutarse
de modo que el propietario del fundo donde se hacen no sufra perjuicio.
Artículo 649 Todos los propietarios que se beneficien con las obras de que trata el
artículo anterior, estarán obligados a contribuir al gasto de su ejecución, en proporción
al beneficio que reporten, salvo el recurso contra quien haya ocasionado el daño.
Artículo 650 Quien tenga un manantial en su predio podrá usar de él libremente, salvo
el derecho que hubiere adquirido el propietario del predio inferior, en virtud de un título
o de la prescripción.
La prescripción en este caso no se cumple sino por la posesión de diez años, si hubiere
título, o de veinte, si no lo hubiere, contados estos lapsos desde el día en que el
propietario del predio inferior haya hecho y terminado en el fundo superior obras
visibles y permanentes, destinadas a facilitar la caída y curso de las aguas en su propio
predio, y que hayan servido a este fin.
Artículo 651 El propietario de un manantial no puede desviar su curso, cuando
suministra a los habitantes de una población o caserío el agua que les es necesaria; pero

si los habitantes no han adquirido su uso o no lo tienen en virtud de la prescripción, el
propietario tiene derecho a indemnización.
Artículo 652 Aquél cuyo fundo está limitado o atravesado por aguas que, sin trabajo del
hombre, tienen su curso natural, pero que no son del dominio público, y sobre las cuales
no tiene derecho algún tercero, puede servirse de ellas, a su paso, para el riego de su
propiedad o para el beneficio de su industria, pero con la condición de devolver lo que
quede de ellas a su curso ordinario.
Artículo 653 El propietario de un fundo tiene derecho a sacar de los ríos y conducir a su
predio, el agua necesaria para sus procedimientos agrícolas e industriales, abriendo al
efecto el rasgo correspondiente; pero no podrá hacerlo, si la cantidad de agua de los ríos
no lo permite, sin perjuicio de los que tengan derechos preferentes.
Artículo 654 No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, nadie puede usar del agua
de los ríos de modo que perjudique a la navegación, ni hacer en ellos obras que impidan
el libre paso de los barcos o balsas, o el uso de otros medios de transporte fluvial.
Tampoco podrá nadie impedir ni embarazar el uso de las riberas, en cuanto fuere
necesario para los mismos fines.
En los casos de este artículo no aprovecha la prescripción ni otro título.
Artículo 655 Los Tribunales deben conciliar el interés de la agricultura y el de la
industria con el respeto debido a la propiedad, en las controversias que se susciten sobre
el uso de las aguas; y se observarán los reglamentos y ordenanzas locales, en cuanto no
se opongan a este Código.
Artículo 656 El propietario o poseedor de aguas podrá servirse de ellas libremente y
disponer de las mismas en favor de otros, cuando no se oponga a ello un título o la
prescripción; pero, después de haberse servido de ellas no puede desviarlas de manera
que se pierdan en perjuicio de los predios que pudieran aprovecharla, sin ocasionar
rebosamiento u otro perjuicio a los dueños de los predios superiores, y mediante una
justa indemnización pagada por el que quiera aprovecharlas, cuando se trate de un
manantial o de otra agua perteneciente al propietario del predio superior.
Artículo 657 Ninguna persona podrá talar ni quemar bosques en las cabeceras de los
ríos y vertientes, sino de acuerdo con las disposiciones especiales sobre la materia.
En todo caso, los propietarios o poseedores de agua pueden oponerse a los desmontes
que hagan los propietarios de los fundos superiores en las cabeceras de los ríos o
vertientes que se las suministran, si aquellos desmontes pueden disminuir las aguas que
usan.
Tienen también derecho de obligar a replantar el bosque, si oportunamente se hubieren
opuesto al desmonte. La acción a que se refiere este aparte prescribe al año de hecho el
desmonte.
Artículo 658 Los propietarios de fundos pecuarios, no cercados, no pueden impedir que
pasten en sus sabanas, ni abreven en las aguas descubiertas que en ellas se encuentren,

los ganados de los demás propietarios de fundos vecinos que estén en iguales
circunstancias.
§ 2º
Del derecho de paso, de acueducto y de conductores eléctricos
Artículo 659 Todo propietario debe permitir la entrada y paso por su propiedad,
siempre que sean absolutamente necesarios para construir, reparar o demoler un muro u
otra obra en interés particular del vecino, o en interés común de ambos.
Artículo 660 El propietario de un predio enclavado entre otros ajenos, y que no tenga
salida a la vía pública, o que no pueda procurársela sin excesivo gasto e incomodidad,
tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el cultivo y uso conveniente del
mismo.
La misma disposición puede aplicarse al que teniendo paso por fundo de otro, necesita
ensanchar el camino para conducir vehículos con los mismos fines.
Se deberá siempre una indemnización equivalente al perjuicio sufrido por la entrada,
paso o ensanche de que tratan este y el anterior Artículo.
Artículo 661 El paso debe darse por el punto menos perjudicial al predio que lo ha de
sufrir y, en cuanto sea conciliable con esta regla, por donde sea menor la distancia a la
vía pública.
Artículo 662 El propietario que ha obtenido el paso no puede cambiar en nada la
situación que tiene; pero, el que lo debe sí puede variar el tránsito, con tal que aquél
halle en esto la misma facilidad.
Artículo 663 Si un fundo queda cerrado por todas partes por causa de división, venta,
permuta o por cualquier otro contrato, los copartícipes, vendedores, permutantes y
contratantes que lo transfieren están obligados a dar el paso sin indemnización alguna.
Artículo 664 Si el paso concedido a un predio enclavado deja de ser necesario por su
reunión a otro predio, puede quitársele en cualquier tiempo, a instancia del propietario
del predio que lo sufra, mediante la restitución de la indemnización recibida o la
cesación de la anualidad que se hubiese convenido. Lo mismo sucederá si se abre un
nuevo camino que sirva al fundo enclavado.
Artículo 665 La acción por la indemnización indicada en el artículo 660, es
prescriptible: pero, aunque prescriba no cesará por ello el paso obtenido.
Artículo 666 Todo propietario está obligado a dar paso por su fundo a las aguas de toda
especie de que quiera servirse el que tenga, permanente o sólo temporalmente, derecho
a ellas, para las necesidades de la vida o para usos agrarios o industriales.
Se exceptúan de estas limitaciones los edificios, sus patios, jardines, corrales y demás
dependencias.

Artículo 667 quien haya de usar del derecho de hacer pasar el agua, está obligado a
hacer construir el canal necesario en los predios intermedios, sin poder hacer correr sus
aguas por los canales existentes o destinados al curso de otras aguas.
Quien tenga en su predio un canal para el curso de aguas que le pertenezcan, puede
impedir la apertura de uno nuevo, ofreciendo dar paso por aquél. con tal que no cause
notable perjuicio al que reclama el paso. En este caso, el que pretenda el paso de aguas
deberá pagar, en proporción a la cantidad de éstas, el valor del terreno ocupado por el
canal en que se introducen, y los gastos de apertura y construcción; sin perjuicio de la
indemnización debida por el aumento de terreno que sea necesario ocupar, y por los
demás gastos que ocasione el paso que se le concede.
Artículo 668 Se deberá permitir asimismo el paso del agua a través de los canales y
acueductos, del modo que sea más conveniente y de la manera más adaptada 31 lugar y
a su estado, mientras el curso y volumen de las aguas que corren en estos canales no se
perjudique, retarde o acelere, ni se altere de ninguna otra manera.
Artículo 669 Cuando para la conducción de las aguas deban atravesarse caminos
públicos, ríos, riberas o torrentes, se observarán las leyes y reglamentos especiales.
Artículo 670 Quien quiera hacer pasar las aguas por predio ajeno, debe justificar que
puede disponer del agua durante el tiempo por el cual pide el paso; que la misma es
bastante para el uso a que la destina, y que el paso pedido es el más conveniente y el
menos perjudicial al predio que lo concede, teniendo en cuenta la situación respectiva
de los predios vecinos y la pendiente y demás condiciones requeridas para la
conducción, corriente y desagüe.
Artículo 671 Antes de empezar la construcción del acueducto, quien quiera conducir el
agua por terreno ajeno, deberá pagar el valor en que se hayan estimado los terrenos que
se ocupen, sin reducción alguna respecto a los impuestos y demás cargas inherentes al
predio, añadiéndose el reembolso de los perjuicios inmediatos, comprendidos en éstos
los que se causen por la separación en dos o más partes del terreno que debe atravesarse,
u otro cualquier deterioro.
Sin embargo, los terrenos que se ocupen solamente con el depósito de materias
extraídas o de inmundicias, no se pagarán más que por la mitad del valor del suelo, y
siempre sin deducir los impuestos y otras cargas ordinarias; pero en estos mismos
terrenos podrá el propietario del predio que concede la limitación, plantar y cultivar
árboles u otros vegetales, quitar y transportar también las materias amontonadas, si se
ejecutase todo sin causar perjuicio al canal para su limpia o reparo.
Artículo 672 Si la petición del paso del agua se hiciere para un tiempo que no exceda
de nueve años, el pago de que se trata en el artículo anterior, se reducirá a la mitad, pero
con la obligación, al vencimiento del término, de devolver las cosas en su estado
primitivo. Quien obtuviere este paso temporal, podrá convertirlo en perpetuo pagando
antes del vencimiento del plazo, la otra mitad con los intereses legales desde el día en
que se hubiese practicado el paso; pasado este término, no se le tendrá en cuenta lo que
haya pagado por la concesión temporal.

Artículo 673 Quien posea un canal en predio ajeno, no podrá introducir en él mayor
cantidad de agua, a no ser que se reconozca que el canal es capaz de contenerla sin
causar ningún daño al predio que soporte la limitación.
Si la introducción de mayor cantidad de agua exigiere nuevas obras, no podrán
empezarse sino después de haberse previamente determinado la naturaleza y calidad de
éstas, y después de haber pagado la cantidad debida por el suelo que haya de ocuparse, y
los perjuicios en la forma establecida por el artículo 671.
Lo mismo sucederá cuando para el paso a través de un acueducto se deba reemplazar un
puente canal por un sifón o viceversa.
Artículo 674 Las disposiciones contenidas en los artículos precedentes para el paso de
aguas, se aplicarán también cuando este paso se haya pedido para descargar las aguas
sobrantes que el vecino no quiera recibir en su predio.
Artículo 675 Será siempre potestativo al propietario del predio que soporta la
limitación, hacer que se determine de una manera estable el lecho del canal,
estableciéndose límites correspondientes a puntos de señal fijos. Sin embargo, si no
hubiese hecho uso de esta facultad durante el tiempo de la primera concesión del
acueducto, deberá él mismo sufragar la mitad de los gastos necesarios.
Artículo 676 Si una corriente de agua impidiese a los propietarios de predios contiguos
el acceso a sus fincas, o la continuación del riego o del desagüe, los que utilicen las
corrientes estarán obligados, en proporción del beneficio que reporten, a construir y
conservar los puentes y medios de acceso suficientes para un paso seguro y cómodo,
como también los acueductos y demás obras análogas para la continuación del riego o
desagüe, sin perjuicio de los derechos que se deriven de contratos o de la prescripción.
Artículo 677 El propietario que desee desecar o abonar sus tierras, por medio de zanjas,
malecones u otros medios, tendrá derecho, previa indemnización y haciendo el menor
daño posible, a conducir por canales o zanjas las aguas sobrantes, a través de los predios
que separan sus tierras de un curso de aguas, o de cualquier albañal o sumidero.
Artículo 678 Los propietarios de los predios atravesados por regueras o fosos ajenos, o
que de otra manera puedan aprovecharse de los trabajos hechos en virtud del artículo
precedente, tendrán la facultad de utilizarlos para sanear sus propiedades, a condición de
que por esto no sobrevenga daño a los fundos que estén ya saneados, y cuando estos
propietarios soporten:
1°. Los nuevos gastos necesarios para modificar las obras con objeto de que las mismas
puedan también servir a los predios atravesados.
2°. Una parte proporcional de los gastos ya hechos y de los que exija la conservación de
las obras comunes.
Artículo 679 Para la ejecución de las obras indicadas en los precedentes artículos, serán
aplicables las disposiciones de la primera parte del artículo 666 y las de los artículos
668 y 669.

Artículo 680 Si a la desecación de un terreno cenagoso se opusiere alguno con derecho
a las aguas que del mismo se deriven, y no se pudieren conciliar los intereses opuestos
por medio de trabajos convenientes y de un costo proporcionado al objeto, se autorizará
la desecación mediante una indemnización conveniente al que tenga derecho sobre las
aguas.
Artículo 681 Quienes tengan derecho a tomar aguas de los ríos, arroyos, torrentes,
canales, lagos u otros receptáculos pueden, si fuere necesario, establecer un barraje
apoyado sobre los bordes, a condición de indemnizar y de hacer conservar las obras que
preserven de todo peligro los fundos.
Deberán también evitar todo perjuicio proveniente de la estagnación, rebosamiento o
derivación de las aguas contra los fundos superiores o inferiores; y si dieren lugar a
ellos, pagarán esos perjuicios y sufrirán las penas establecidas por los reglamentos de
policía.
Artículo 682 Las concesiones de aprovechamiento de aguas hechas por el Estado, se
considerarán siempre hechas sin lesionar los derechos anteriores adquiridos
legítimamente.
Artículo 683 Las limitaciones de la propiedad provenientes del transporte de energía
eléctrica se regirán por leyes especiales.
§ 3º
De la medianería
Artículo 684 La medianería se regirá por las disposiciones de este parágrafo y por las
ordenanzas y usos locales, en cuanto no se le opongan o no esté prevenido en él.
Artículo 685 Se presume la medianería mientras no haya un Título o signo exterior que
demuestre lo contrario:
1º. En las paredes divisorias de los edificios contiguos, hasta el punto común de
elevación.
2º. En las paredes divisorias de los jardines o corrales sitos en poblado o en el campo.
3º. En las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos.
Artículo 686 Cuando conocidamente se hallare estar construida toda la pared sobre el
terreno de una de las fincas, se reputa la pared propiedad exclusiva del dueño de aquel
terreno.
Artículo 687 Cuando haya una heredad defendida por todas partes por paredes, vallados
o setos vivos, y las contiguas no se encuentren cerradas, ni aparezcan haberlo estado, se
presume que las paredes, vallados o setos vivos pertenecen exclusivamente a la heredad
que se halle defendida por ellos de todos lados.

Artículo 688 Las zanjas abiertas entre las heredades se presumen también medianeras,
si no hay título o signo que demuestre lo contrario.
Artículo 689 La reparación y reconstrucción de las paredes medianeras, y el
mantenimiento de los vallados setos vivos y zanjas, también medianeros, se costearán
por todos los dueños de las fincas que tengan a su favor esta medianería, en proporción
al derecho de cada uno.
Artículo 690 Todo propietario puede alzar la pared medianera, haciéndolo a sus
expensas e indemnizando los perjuicios que ocasione la obra aunque sean temporales.
Serán igualmente de su cuenta las obras de conservación de la pared, en lo que ésta se
haya levantado o profundizado respecto de como estaba antes; y además la
indemnización de los mayores gastos que haya que hacer, para la conservación de la
pared medianera, por razón de la mayor altura o profundidad que se le haya dado.
Si la pared medianera no puede resistir la mayor elevación, el propietario que quiera
levantar la pared tendrá la obligación de reconstruir a su costa la pared medianera y si
para ello fuere necesario darle mayor espesor, deberá darlo de su propio suelo.
Artículo 691 Los demás propietarios que no hayan contribuido a dar mayor elevación o
profundidad a la pared, podrán, sin embargo, adquirir en la mayor altura y espesor
dados, los derechos de medianería, pagando proporcionalmente su importe y el del
terreno sobre el cual se la hubiere dado mayor espesor.
Artículo 692 Todo propietario contiguo a una pared tiene, también la facultad de
hacerla medianera, con tal que la haga en toda la extensión de su propiedad, pagando al
propietario de la pared la mitad del valor de la parte que hace medianera y la mitad del
valor del terreno sobre el cual se ha construido la pared; y con la obligación de hacer
efectuar los trabajos necesarios, para no causar ningún perjuicio al vecino.
Esta disposición no es aplicable a los edificios destinados a uso público.
Artículo 693 Cada propietario de una pared medianera podrá usar de ella en proporción
al derecho que tenga en la comunidad. Podrá, por tanto, edificar su obra, apoyándola en
la pared medianera o introduciendo vigas, sin impedir el uso común y respectivo de los
demás medianeros.
Para usar de este derecho ha de obtener previamente el medianero el consentimiento de
los demás interesados en la medianería; y, en caso de negativa, deberán arreglarse, por
medio de peritos, las condiciones necesarias para que la nueva obra no perjudique los
derechos de aquéllos.
Artículo 694 No se puede poner contra una pared medianera ninguna acumulación de
basura, tierra, estiércol u otras materias semejantes.
Artículo 695 Cada propietario puede compeler a su vecino a contribuir a los gastos de
construcción o reparación de las paredes que separen sus casas respectivas, patios,
jardines y corrales, situados en las ciudades y poblaciones.

La altura de estas paredes se determinará por los reglamentos locales y, a falta de
reglamentos o de convención, toda pared divisoria entre vecinos, que se haya de
construir en lo porvenir a expensas comunes, tendrá tres metros de altura.
Artículo 696 Cuando en las ciudades y poblaciones una pared separe dos terrenos
situados naturalmente en planos diferentes, el propietario del predio superior debe hacer
él solo los gastos de construcción y de reparación de la pared hasta la altura de su suelo;
pero la parte del muro que se eleve del piso del predio superior hasta la altura indicada
en el artículo precedente, se construirá y reparará a expensas comunes.
Artículo 697 Cuando los diferentes pisos de una casa pertenecen a distintos
propietarios, si los títulos de propiedad no arreglan los términos en que deben los
dueños contribuir a las obras necesarias, se observarán las reglas siguientes:
1º. Las paredes maestras, el tejado y las demás cosas de uso común, estarán a cargo de
todos los propietarios, en proporción al valor de su piso.
2º. Cada propietario costeará el suelo de su piso. El pavimento del portal, puerta de
entrada, patio común y demás obras comunes a todos, se costeará a prorrata por todos
los propietarios.
La escalera que desde el portal conduce al piso primero, se costeará a prorrata entre
todos, excepto el dueño del piso bajo; la que desde el piso primero conduce al segundo
se costeará por todos, excepto los dueños de los pisos bajos y primero, y así
sucesivamente.
Artículo 698 Las reglas establecidas para la contribución a los gastos de reparación o de
construcción de los techos de una casa perteneciente a muchos propietarios, se
observarán también en caso de reparación de los terrados o azoteas.
Si el uso de estos terrados no es común a los diversos propietarios de la casa, los que
tienen su uso exclusivo deben contribuir por este respecto con el cuarto de los gastos de
reparación y conservación, y los otros tres cuartos se pagarán por ellos mismos y por los
demás propietarios de la casa, en la proporción fijada en el artículo precedente, salvo lo
que se establezca por convenios particulares.
Los árboles que sirven de linderos o forman parte de una cerca, no se pueden cortar,
sino de común acuerdo, o cuando la autoridad judicial haya declarado la necesidad o la
conveniencia de cortarlos.
Artículo 699 Los árboles que crecen en el seto medianero son comunes, y cada uno de
los propietarios tiene derecho a pedir que se los corte.
Los árboles que se hallen en la línea divisoria entre dos propiedades se reputan
comunes, si no hay título o prueba en contrario.
§ 4º
De las distancias y obras intermedias que se requieren para ciertas construcciones,
excavaciones, plantaciones y establecimientos

Artículo 700 Nadie puede edificar ni plantar cerca de las plazas fuertes, fortalezas,
iglesias, calles y caminos públicos, sin sujetarse a todas las condiciones exigidas por las
Ordenanzas y Reglamentos especiales de la materia.
Artículo 701 Nadie puede construir cerca de una pared ajena o medianera, aljibes,
pozos, cloacas, letrinas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos o caballerizas,
depósitos de materias corrosivas, artefactos que se muevan por vapor u otra fuerza,
fábricas destinadas a usos peligrosos o nocivos, ni poner establecimientos industriales o
de cualquiera otra especie que causen ruido que exceda la medida de las comodidades
ordinarias de la vecindad, sin guardar las distancias exigidas por los Reglamentos y usos
del lugar, o sin construir las obras de resguardo necesarias. y sujetándose en el modo de
construirlas a todas las condiciones que los mismos reglamentos ordenen. A falta de
Reglamentos se ocurrirá al juicio de peritos.
Artículo 702 Nadie puede plantar árboles cerca de una casa ni de otras construcciones
ajenas, sino a distancia de dos metros de la línea divisoria, si la plantación se hace de
árboles altos y robustos; y a la de un metro, si la plantación es de arbustos o árboles
bajos.
Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen o destruyan los arboles
plantados o que nazcan espontáneamente a menor distancia, y aun los que están a una
distancia mayor, si le perjudican.
Artículo 703 Si las ramas de algunos árboles y arbustos se extendieren sobre una
heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos el derecho a los frutos que
caen naturalmente de esas ramas, sin perjuicio del de reclamar que se las corte en cuanto
se extiendan a su propiedad.
Si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se extendieren en suelo ajeno, aquél
en cuyo suelo se introduzcan podrá hacerlas cortar dentro de su heredad.
Es imprescriptible la acción para reclamar que se corten las ramas o hacer cortar las
raíces a que se refiere el presente Artículo.
§ 5º
De las luces y vistas de la propiedad del vecino
Artículo 704 Ningún medianero puede abrir en pared común ventana ni tronera alguna
sin consentimiento del otro.
Artículo 705 El dueño de una pared no medianera, contigua a finca ajena, puede abrir
en ella ventanas o troneras para recibir luces, a la altura de dos y medio metros, por lo
menos, del suelo o pavimento que se quiere iluminar y de las dimensiones de
veinticinco centímetros por lado, a lo más; y, en todo caso, con reja de hierro remetida
en la pared y con red de alambre.
Sin embargo, el dueño de la finca o propiedad contigua a la pared donde estuvieren
abiertas las ventanas o troneras, podrá adquirir la medianería y cerrarlas, siempre que
edifique apoyándose en la misma pared medianera.

La existencia de tales ventanas o troneras no impide al propietario del predio vecino
construir pared contigua al edificio donde aquéllas estén, aunque queden las luces
cerradas.
Artículo 706 No se pueden tener vistas rectas o ventanas para asomarse, ni balcones ni
otros voladizos semejantes sobre la propiedad del vecino, si no hay un metro y medio de
distancia entre la pared en que se construyan y dicha heredad. Esta prohibición cesa
cuando hay, entre dos paredes una vía pública.
Tampoco pueden tenerse vistas laterales y oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay
cincuenta centímetros de distancia. Esta prohibición cesa, cuando la vista lateral y
oblicua forma al mismo tiempo una vista directa sobre una vía pública.
Artículo 707 Las distancias de que trata el artículo anterior se cuentan desde el filo de
la pared, en los huecos donde no haya voladizos; desde el filo exterior de éstos, donde
los haya; y para las oblicuas, desde el filo de la pared o desde el filo exterior de los
voladizos, respectivamente, hasta la línea de separación de las dos propiedades.
Cuando por contrato, o de cualquier otra manera, se haya adquirido el derecho de tener
vistas rectas sobre el predio del vecino, el propietario de este predio no podrá edificar a
menos de tres metros de distancia, medidos como se ha dicho en el párrafo anterior.
§ 6º
Del desagüe de los techos
Artículo 708 El propietario de un edificio está obligado a construir sus tejados de tal
manera que las aguas pluviales caigan sobre su propio suelo, o sobre la calle o sitio
público, de acuerdo con lo que se disponga en las ordenanzas y Reglamentos sobre la
materia.
Sección II
De las servidumbres
§ 1º
De las especies de servidumbre que pueden establecerse sobre los predios
Artículo 709 Por el hecho del hombre puede establecerse la servidumbre predial que
consiste en cualquier gravamen impuesto sobre un predio para uso y utilidad de otro
perteneciente a distinto dueño, y que no sea en manera alguna contraria al orden
público.
El ejercicio y extensión de la servidumbre se reglamenta por los respectivos títulos, y a
falta de éstos, por las disposiciones de los artículos siguientes.
Artículo 710 Las servidumbres son continuas o discontinuas.

Son continuas aquellas cuyo ejercicio es o puede ser continuo, sin que haya necesidad
del hecho actual del hombre para tal ejercicio; tales son los acueductos, los desagües de
los techos, las vistas y otras semejantes.
Son discontinuas las que tienen necesidad del hecho actual del hombre para su ejercicio;
tales son las de paso, las de tomar aguas, las de pasto, y otras semejantes.
Artículo 711 Las servidumbres son aparentes o no aparentes.
Son aparentes las que se muestran por señales visibles, como una puerta, una ventana,
un acueducto.
Son no aparentes aquéllas cuya existencia no se indica por ninguna señal visible, como
a de no edificar en un predio o no edificar sino hasta una altura determinada.
Artículo 712 Las servidumbres de tomar agua por medio de un canal o de otra obra
visible y permanente, cualquiera que sea el uso a que se la destine, se coloca entre las
servidumbres continuas y aparentes, aun cuando no se tome el agua sino por intervalos
o por serie de días o de horas.
Artículo 713 Cuando para la derivación de una cantidad constante o determinada de
agua corriente, se hubiese convenido en la forma del orificio y del aparato, deberá
conservarse dicha forma, y las partes no podrán impugnarla bajo pretexto de exceso o
falta de agua, a menos que el exceso o falta provengan de variaciones acaecidas en el
canal de distribución o en la corriente de las aguas que por el mismo pasen.
Si no se hubiese convenido en la forma, pero el orificio y aparato de derivación se
hubiesen construido y poseído pacíficamente durante cinco años, no se admitirá
tampoco después de este plazo ninguna reclamación de las partes, bajo pretexto de sobra
o falta de agua, a no ser en el caso de haberse verificado alguna variación en el canal o
en las corrientes de las aguas, de la manera expresada anteriormente.
A falta del convenio y de la posesión mencionados se determinará la forma por la
Autoridad Judicial.
Artículo 714 En las concesiones de agua hechas para un uso determinado, sin que se
haya fijado su cantidad, se reputará concedida la suficiente para este uso; y el interesado
en esto podrá hacer fijar en todo tiempo la forma de la derivación, de modo que a la vez
quede asegurado dicho uso e impedido el abuso.
Sin embargo, si se hubiese convenido en la forma del orificio y del aparato de
derivación, o si, a falta de convenio, la derivación se ha hecho pacíficamente, durante
cinco años, en una forma determinada, no podrán admitirse a las partes reclamaciones, a
no ser en el caso indicado en el artículo precedente.
Artículo 715 El derecho a tomar agua de una manera continua podrá ejercerse en
cualquier tiempo.

Artículo 716 En la distribución de que disfruten muchos por turno, el tiempo que tarde
el agua para llegar al orificio de derivación del que tiene su uso, correrá a su cargo, y el
residuo final de agua pertenecerá a aquél cuyo turno cese.
Artículo 717 En los canales sujetos a distribución por turno, las aguas que saltan o se
escapan, pero que están contenidas en el lecho del canal, no pueden detenerse ni
derivarse por un usuario, sino en el momento de su turno.
Artículo 718 En los mismos canales los usuarios pueden cambiar o variar entre sí el
turno, con tal que este cambio no cause ningún perjuicio a los demás.
Artículo 719 Quien tiene derecho a usar del agua como fuerza motriz, no puede, si en
su título no hay disposición expresa para ello, paralizar o hacer más lento su curso,
ocasionando rebosamiento o estagnación.
§ 2º
Del modo como se establecen las servidumbres
Artículo 720 Las servidumbres se establecen por título o, por prescripción o por
destinación del padre de familia.
La posesión útil para la prescripción en, las servidumbres continuas aparentes y
discontinuas aparentes, se contará desde el día en que el dueño del predio dominante
haya comenzado a ejercerlas sobre el predio sirviente. Respecto a las servidumbres
continuas no aparentes y discontinuas no aparentes, la posesión útil para la prescripción
se contará desde el día en que el propietario del predio dominante manifieste por escrito
al propietario del predio sirviente su pretensión sobre ellas.
Artículo 721 La destinación del padre de familia procede solamente respecto de las
servidumbres aparentes, continuas o discontinuas y cuando consta, por cualquier género
de prueba, que dos fundos actualmente divididos han sido poseídos por el mismo
propietario, y que éste ha puesto o dejado las cosas en el estado del cual resulta la
servidumbre.
También podrá el propietario de dos predios gravar con servidumbre de cualquier
especie, uno de ellas en beneficio del otro, siempre que lo haga en escritura
protocolizada en la Oficina Subalterna de Registro a que corresponda la ubicación de
los inmuebles.
Si los dos predios dejan de pertenecer al mismo propietario, en uno cualquiera de los
casos señalados en los dos párrafos anteriores, sin ninguna disposición relativa a
servidumbre, ésta se reputa establecida activa y pasivamente sobre cada uno de dichos
predios.
Artículo 722 El propietario no puede, sin el consentimiento de quien tenga un derecho
personal de goce, o un derecho real sobre el predio, imponer a éste servidumbres que
perjudiquen al tercero que tiene ese derecho.

Artículo 723 La servidumbre concedida por un copropietario de un predio indiviso, no
se reputa establecida y realmente eficaz, sino cuando los demás la han concedido
también, juntos o separados.
Las concesiones hechas bajo cualquier título por los primeros, quedarán siempre en
suspenso hasta que el último las haya otorgado.
Sin embargo, la concesión hecha por uno de los copropietarios, independientemente de
los demás, obligará al concedente y a sus sucesores y causahabientes, aunque sean
singulares, a no poner impedimento al ejercicio del derecho concedido. Del mismo
modo, efectuada la partición, la servidumbre tendrá toda su validez en lo que afecte a la
parte del predio que se adjudique al concedente.
Artículo 724 Las aguas que corren de predio ajeno pueden constituir una servidumbre
activa en favor del predio que las recibe, al efecto de impedir su extravío. Cuando se
funde esta servidumbre en la prescripción, no se considerará comenzada ésta sino c
desde el día en que el propietario del predio dominante haya hecho en el predio sirviente
obras visibles y permanentes, destinadas a recoger y conducir dichas aguas para su
propia utilidad; o desde el día en que el propietario del fundo dominante haya
comenzado o continuado el goce de la servidumbre, no obstante cualquier acto de
oposición por escrito, de parte del propietario del predio sirviente.
Artículo 725 La limpia regular y la conservación de los bordes de un receptáculo
abierto en el fundo de otro, destinado y utilizado de hecho para recoger y conducir la
aguas, hace presumir que el receptáculo es obra del propietario del predio dominante,
cuando no hay título, seña ni prueba en contrario.
Se reputará señal en contrario la existencia de obra construidas y conservadas en el
receptáculo por el propietario del predio donde tal receptáculo esté abierto.
Sección III
De la manera de ejercer el derecho proveniente de las limitaciones legales y de las
servidumbres
Artículo 726 El derecho de servidumbre comprende todo lo necesario para su ejercicio.
Así la servidumbre de tomar agua en manantial ajeno envuelve el derecho de paso por el
predio donde esté el manantial.
Del mismo modo, el derecho de hacer pasar las aguas por predio ajeno comprende el de
pasar por la orilla del acueducto para vigilar la conducción de las aguas y hacer la
limpia y las reparaciones necesarias.
En el caso de que el predio llegue a estar cercado, el propietario deberá dejar libre y
cómoda entrada al que ejerce el derecho de servidumbre para el objeto indicado.
Artículo 727 La persona a quien se debe una servidumbre, al hacer las obras necesarias
para su uso y conservación, debe elegir el tiempo y el modo convenientes, a fin de
ocasionar la menor incomodidad posible al propietario del predio sirviente.

Artículo 728 Estas obras se harán a expensas de quien goce de la servidumbre, a menos
que se haya estipulado lo contrario en el título.
Sin embargo, cuando el uso de la cosa en la parte sujeta a servidumbre sea común al
propietario del predio dominante y al del sirviente, aquellas obras se harán por ambos en
proporción a las ventajas respectivas, salvo que por el título se haya estipulado otra
cosa.
Artículo 729 El propietario del predio dominante deberá en todo caso ejecutar los
trabajos necesarios para conservar la servidumbre en condiciones de que no ocasione
daños al propietario del predio sirviente.
Artículo 730 Aun cuando el propietario del fundo sirviente esté obligado, en virtud del
título, a hacer los gastos necesarios para el uso y conservación de la servidumbre, podrá
siempre librarse de ello, abandonando el predio sirviente al propietario del predio
dominante.
Artículo 731 Si se dividiere el predio en cuyo favor exista una servidumbre, ésta se
deberá a cada parte, sin que la condición del predio sirviente se haga más onerosa; así, si
se tratare de un derecho de paso, los propietarios de las distintas partes del predio
dominante deberán ejercerlo por el mismo lugar.
Artículo 732 El propietario del predio sirviente no puede hacer nada que tienda a
disminuir el uso de la servidumbre o hacerlo más incómodo.
No puede, pues, cambiar el estado del predio, ni pasar el ejercicio de la servidumbre a
un lugar diferente de aquél en donde fue originariamente establecida.
Con todo, si el ejercicio se ha hecho más oneroso al propietario del predio sirviente, o si
le impide hacer en aquellos lugares, trabajos, reparaciones o mejoras, puede ofrecer al
propietario del otro predio un lugar igualmente cómodo para el ejercicio de sus
derechos, y éste no puede rehusar el ofrecimiento.
El propietario del predio dominante tiene igual derecho, siempre que pruebe que el
cambio es para él de manifiesta utilidad y que no produce daño alguno al predio
sirviente.
En ambos casos, el cambio debe hacerse a cargo de quien lo solicita.
Artículo 733 Quien tiene un derecho de servidumbre no puede usar de él sino según su
título y su posesión, y sin poder hacer en ninguno de los dos predios innovación alguna
que haga más onerosa la condición del predio sirviente.
Artículo 734 En caso de duda sobre la extensión de la servidumbre, su ejercicio debe
limitarse a lo necesario para el destino y conveniente uso del predio dominante, con el
menor perjuicio para el predio sirviente.
Artículo 735 El derecho a la conducción del agua no atribuye a quien lo ejerce, ni la
propiedad del terreno lateral ni la del terreno situado debajo del manantial o del canal

conductor. Los impuestos y demás cargas inherentes al fundo son de cargo del
propietario de éste.
Artículo 736 A falta de convenios particulares, el propietario o cualquiera otro que
conceda agua de un manantial o un canal, estará obligado, respecto de los usuarios, a
hacer las obras ordinarias y extraordinarias para la derivación y conducción del agua,
hasta el sitio en que la suministre; a mantener en buen estado las obras, conservar el
lecho y los bordes del manantial o del canal; a practicar las limpias acostumbradas y a
emplear la diligencia, custodia y vigilancia debidas, a fin de que la derivación y regular
conducción del agua se efectúe oportunamente.
Artículo 737 Sin embargo, si quien concede el agua justifica que la falta de la misma es
por causa natural, o por un acto de tercero que no pueda de ninguna manera imputársele
directa o indirectamente, no estará obligado a la indemnización de daños, sino
solamente a una disminución proporcional del arrendamiento o precio convenido, que
haya de pagarse o que esté ya pagado, sin perjuicio del derecho que para reclamar los
perjuicios tienen, lo mismo el concedente que el concesionario, contra los autores de la
falta de agua.
Cuando los mismos autores sean perseguidos por los usuarios, podrán éstos obligar a
quien hizo la concesión a que intervenga en el litigio y a secundarlos con todos los
medios que estén en su poder para conseguir, de quien haya dado lugar a la falta de
agua, el resarcimiento de los daños.
Artículo 738 Debe soportar la falta de agua aquél que tiene el derecho de tomarla y de
usarla en el tiempo en que ella falte, salvo el derecho a los daños o a la disminución del
precio del arrendamiento o de la concesión, como en el artículo precedente.
Artículo 739 Cuando escaseen las aguas de un río, de un manantial o una acequia cuyo
uso sea común a varios predios, de manera que la parte que, corresponda a cada
interesado no baste al fin a que está destinada, la distribución podrá hacerse por tiempo,
dándose a cada uno, ya el todo, ya parte de las aguas, por un número de horas o de días
en la semana, proporcional a su respectivo derecho. Esta disposición no perjudica a los
derechos que resulten preferentes, y queda a salvo el resarcimiento de daños y perjuicios
contra quien dio causa a la escasez.
Artículo 740 Cuando el agua se haya concedido, reservado o poseído para un uso
determinado, con la obligación de restituir al concedente o a otro lo que quede, no podrá
cambiarse este uso en perjuicio del fundo al cual se deba la restitución.
Artículo 741 El propietario del fundo obligado a la restitución de los derrames o de las
aguas sobrantes, no puede desviar una parte cualquiera de ellos bajo pretexto de haber
introducido mayor cantidad de agua viva o nueva masa de agua, sino que debe dejarlos
caer en su totalidad, en favor del fundo dominante.
Artículo 742 La servidumbre de los derrames no quita al propietario del predio
sirviente el derecho de usar libremente del agua para el aprovechamiento de su fundo,
cambiar la explotación de este fundo y aun abandonar total o parcialmente su riego.

Artículo 743 El propietario del predio sujeto a la servidumbre de los derrames o
sobrantes de agua, podrá librarse de este gravamen en cualquier tiempo mediante la
concesión y garantía, a favor del predio dominante, de una masa de agua cuyo volumen
determinará la Autoridad Judicial, apreciando todas las circunstancias.
Artículo 744 Quienes tengan interés común en la derivación y t uso del agua, o en la
bonificación o desecación de terrenos, podrán reunirse en sociedad con objeto de
ejercer, conservar y defender sus derechos.
El acuerdo de los interesados y los reglamentos sociales deberán consignarse por
escrito.
Artículo 745 Constituida la sociedad, sus acuerdos tomados por mayoría, en los límites
y conforme a las reglas establecidas en el reglamento respectivo, producirán efecto
conforme a las disposiciones del artículo 764.
Artículo 746 No procederá la disolución de la sociedad sino cuando se acuerde por una
mayoría que exceda de las tres cuartas partes de los socios, o cuando, pudiendo
efectuarse la división sin un grave perjuicio, la pide cualquiera de los interesados.
Artículo 747 Por lo demás, se observarán, respecto de estas sociedades, las reglas
establecidas para la comunidad, la sociedad y la partición.
Sección IV
Del modo de extinguirse las limitaciones legales de la propiedad y las servidumbres
Artículo 748 Cesarán las servidumbres cuando las cosas se encuentren en un estado que
haga imposible su uso.
Artículo 749 Las servidumbres reaparecerán cuando las cosas se restablezcan de modo
que pueda hacerse uso de ellas, a no ser que haya transcurrido tiempo bastante para que
la servidumbre quede extinguida. Si se reconstruyere en el mismo período una pared o
una casa, se conservarán las servidumbres preexistentes.
Artículo 750 Se extingue toda servidumbre cuando la propiedad del predio sirviente y
la del dominante se reúnen en una misma persona.
Artículo 751 Las servidumbres adquiridas por el enfiteuta en favor del predio
enfitéutico, no cesan por la extinción de la enfiteusis. Cesarán, sin embargo, las que
sobre el mismo fundo haya impuesto el enfiteuta.
Artículo 752 Se extinguen las servidumbres cuando no se ha hecho uso de ellas por el
término de veinte años.
Este término principiará a contarse desde el día en que dejo de usarse la servidumbre,
respecto de las continuas aparentes y discontinuas aparentes; y desde el día en que se
haya verificado un acto contrario a la servidumbre, respecto de las continuas no
aparentes y discontinuas no aparentes.

Artículo 753 El modo de la servidumbre se prescribe de la misma manera que la
servidumbre.
Artículo 754 La existencia de vestigios de obras con cuyo auxilio se haya practicado
una toma de agua, no impedirá la prescripción; para impedirla se requiere la existencia
de la toma misma de agua o del canal de derivación, y la conservación de éstos en
estado de servicio.
Artículo 755 El ejercicio de una servidumbre en un tiempo diferente del que
determinen la posesión o el contrato, no impedirá la prescripción.
Artículo 756 Si el predio dominante perteneciere proindiviso a muchas personas, el uso
de la servidumbre hecho por una de ellas impedirá la prescripción respecto de todas.
Artículo 757 La suspensión o interrupción de la prescripción en favor de uno de los
copropietarios, aprovecha igualmente a los demás.
Artículo 758 Las disposiciones de la presente Sección regirán, en cuanto sean
aplicables, la extinción de las limitaciones legales de la propiedad contenidas en este
Capítulo.
Título IV
De la comunidad
Artículo 759 La comunidad de bienes se regirá por las disposiciones del presente
Título, a falta de pacto entre los comuneros o de disposiciones especiales.
Artículo 760 La parte de los comuneros en la cosa común, se presume igual, mientras
no se pruebe otra cosa.
El concurso de los comuneros, tanto en las ventajas como en las cargas de la
comunidad, será proporcional a las respectivas cuotas.
Artículo 761 Cada comunero puede servirse de las cosas comunes, con tal que no las
emplee de un modo contrario al destino fijado por el uso, y de que no se sirva de ellas
contra el interés de la comunidad, o de modo que impida a los demás comuneros
servirse de ellas según sus derechos.
Artículo 762 Cada comunero tiene derecho de obligar a los demás a que contribuyan
con su porción a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común, salvo a
éstos la facultad de libertarse de tal deber con el abandono de su derecho en la cosa
común.
Artículo 763 Ninguno de los comuneros podrá hacer innovaciones en la cosa común,
aunque reporte a todos ventaja, si los demás no consienten en ello, salvo lo dispuesto en
el artículo siguiente.
Artículo 764 Para la administración y mejor disfrute de la cosa común, pero nunca para
impedir la partición, serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los comuneros,
aun para la minoría de parecer contrario,

No hay mayoría sino cuando los votos que concurren al acuerdo representan más de la
mitad de los intereses que constituyen el objeto de la comunidad.
Si no se forma mayoría, o si el resultado de estos acuerdos fuese gravemente perjudicial
a la cosa común, la autoridad judicial puede tomar las medidas oportunas y aun
nombrar, en caso necesario, un administrador.
Artículo 765 Cada comunero tiene la plena propiedad de su cuota y de los provechos o
frutos correspondientes. Puede enajenar, ceder o hipotecar libremente esa parte, y aun
sustituir otras personas en el goce de ellas, a menos que se trate de derechos personales;
pero no puede cercar fracciones determinadas del terreno común ni arrendar lotes del
mismo a terceros. El efecto de la enajenación o de la hipoteca se limita a la parte que le
toque al comunero en la partición.
Artículo 766 Los acreedores de un comunero pueden oponerse a que se proceda a la
división sin su intervención, y pueden intervenir a su costa; pero no pueden impugnar
una división consumada, excepto en caso de fraude o de que dicha división se haya
efectuado a pesar de formal oposición, y salvo siempre a ellos el ejercicio de los
derechos de su deudor.
Artículo 767 Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de
unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestre que ha vivido
permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer
aparezcan a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte efectos legales entre
ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos
del otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica si uno de ellos está casado.
Artículo 768 A nadie puede obligarse a permanecer en comunidad y siempre puede
cualquiera de los partícipes demandar la partición.
Sin embargo, es válido el pacto de que se deba permanecer en comunidad por un tiempo
determinado, no mayor de cinco años.
La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias,
puede ordenar la división de la cosa común, aun antes del tiempo convenido.
Artículo 769 No podrá pedirse la división de aquellas cosas que, si se partieran,
dejarían de servir para el uso a que están destinadas.
Artículo 770 Son aplicables a la división entre comuneros las reglas concernientes a la
división de la herencia y las especiales que, en cuanto al procedimiento para llevarla a
cabo, establezca el Código de Procedimiento Civil.
Título V
De la posesión
Artículo 771 La posesión es la tenencia de una cosa, o el goce de un derecho que
ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que detiene la cosa o ejerce
el derecho en nuestro nombre.

Artículo 772 La posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida, pacífica,
pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia.
Artículo 773 Se presume siempre que una persona posee por sí misma y a título de
propiedad, cuando no se prueba que ha empezado a poseer en nombre de otra.
Artículo 774 Cuando alguien ha principiado a poseer en nombre de otro, se presume
que la posesión continúa como principió, si no hay prueba de lo contrario.
Artículo 775 En igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee.
Artículo 776 Los actos meramente facultativos, y los de simple tolerancia no pueden
servir de fundamento para la adquisición de la posesión legítima.
Artículo 777 Tampoco pueden servir de fundamento a la adquisición de la posesión
legítima, los actos violentos ni los clandestinos; sin embargo, ella puede comenzar
cuando ha cesado la violencia o la clandestinidad.
Artículo 778 No produce efecto jurídico la posesión de las cosas cuya propiedad no
puede adquirirse.
Artículo 779 El poseedor actual que pruebe haber poseído en un tiempo anterior, se
presume haber poseído durante el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario.
Artículo 780 La posesión actual no hace presumir la anterior, salvo que el poseedor
tenga títulos en este caso se presume que ha poseído desde la fecha de su título, si no se
prueba lo contrario.
Artículo 781 La posesión continúa de derecho en la persona del sucesor a título
universal.
El sucesor a título particular puede unir a su propia posesión la de su causante, para
invocar sus efectos y gozar de ellos.
Artículo 782 Quien encontrándose por más de un año en la posesión legítima de un
inmueble, de un derecho real, o de una universalidad de muebles, es perturbado en ella,
puede, dentro del año, a contar desde la perturbación, pedir que se le mantenga en dicha
posesión.
El poseedor precario puede intentar esta acción en nombre y en interés del que posee, a
quien le es facultativo intervenir en el juicio.
En caso de una posesión por menor tiempo; el poseedor no tiene esta acción sino contra
el no poseedor o contra quien lo fuere por un tiempo más breve.
Artículo 783 Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una
cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él,
aunque fuere el propietario, que se le restituya en la posesión.

Artículo 784 La restitución de la posesión en caso de despojo no excluye el ejercicio de
las demás acciones posesorias de parte de cualquier poseedor legítimo.
Artículo 785 Quien tenga razón para temer que una obra nueva emprendida por otro,
sea en su propio suelo, sea en suelo ajeno, cause perjuicio a un inmueble, a un derecho
real o a otro objeto poseído por él, puede denunciar al Juez la obra nueva, con tal que no
esté terminada y de que no haya transcurrido un año desde su principio.
El Juez, previo conocimiento sumario del hecho, y sin audiencia de la otra parte, puede
prohibir la continuación de la nueva obra o permitirla, ordenando las precauciones
oportunas; en el primer caso, para asegurar el resarcimiento del daño producido por la
suspensión de la obra, si la oposición a su continuación resultare infundada por la
sentencia definitiva; y en el segundo caso, para la demolición o reducción de la obra y
para el resarcimiento de los daños que puedan sobrevenir al denunciante, si éste obtiene
sentencia definitiva favorable, no obstante el permiso de continuar la obra.
Artículo 786 Quien tuviere motivo racional para temer que un edificio, un árbol o
cualquiera otro objeto amenace con daño próximo un predio u otro objeto poseído por
él, tendrá derecho de denunciarlo al Juez y de obtener, según las circunstancias, que se
tomen las medidas conducentes a evitar el peligro, o que se intime al interesado la
obligación de dar caución por los daños posibles.
Artículo 787 En todas las cuestiones de posesión en materia de servidumbre, el uso en
el año precedente y, cuando se trate de servidumbres ejercidas en intervalos que
excedan de un año, el uso del último período de disfrute, determinarán el estado de
cosas que deba protegerse con las acciones posesorias.
Artículo 788 Es poseedor de buena fe quien posee como propietario en fuerza de justo
título, es decir, de un título capaz de transferir el dominio, aunque sea vicioso, con tal
que el vicio sea ignorado por el poseedor.
Artículo 789 La buena fe se presume siempre; y quien alegue la mala, deberá probarla.
Bastará que la buena fe haya existido en el momento de la adquisición.
Artículo 790 El poseedor de buena fe hace suyos los frutos, y no está obligado a
restituir sino los que percibiere después que se le haya notificado legalmente la
demanda.
Artículo 791 El poseedor, aunque sea de buena fe no puede pretender indemnización
alguna por mejoras, si éstas no existen al tiempo de la evicción.
Artículo 792 El poseedor de buena o mala fe no puede reclamar por mejoras, sino la
suma menor entre el monto de las impensas y el mayor valor dado a la cosa.
Artículo 793 Sólo al poseedor de buena fe compete el derecho de retención de los
bienes por causa de mejoras realmente hechas y existentes en ellos, con tal que las haya
reclamado en el juicio de reivindicación.

Artículo 794 Respecto de los bienes muebles por su naturaleza y de los títulos al
portador, la posesión produce, en favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que
el título. Esta disposición no se aplica a la universalidad de muebles.
Sin embargo, quien hubiese perdido una cosa o aquel a quien la hubiesen quitado,
podrán reclamarla de aquel que la tenga, sin perjuicio de que este último pueda exigir
indemnización a aquel de quien la haya recibido.
Artículo 795 Si el actual poseedor de la cosa sustraída o perdida la hubiere comprado
en una feria o mercado, en una venta pública, o a un comerciante que vendiese
públicamente objetos semejantes, no podrá el propietario obtener la restitución de su
cosa, sin reembolsar al poseedor la cantidad que le haya costado.
Libro Tercero
De las maneras de adquirir y transmitir la propiedad y demás Derechos
Disposición General
Artículo 796 La propiedad se adquiere por la ocupación.
La propiedad y demás derechos se adquieren y transmiten por la Ley, por sucesión, por
efecto de los contratos.
Pueden también adquirirse por medio de la prescripción.
Título I
De la ocupación
Artículo 797 Las cosas que no son de la propiedad de nadie, pero que pueden llegar a
serlo de alguien, se adquieren por la ocupación; tales son los animales que son objeto de
la caza o de la pesca, el tesoro y las cosas muebles abandonadas.
Artículo 798 El ejercicio de la caza y de la pesca se reglamentará por leyes especiales.
No se permitirá, sin embargo, introducirse en un fundo ajeno, contra la prohibición del
poseedor, para el ejercicio de la caza.
Artículo 799 Todo propietario de enjambres de abejas tendrá derecho de seguirlos en
fundo ajeno, pero con la obligación de reparar los perjuicios que ocasione al poseedor
del fundo.
Cuando el propietario no los haya seguido en los dos días inmediatos, o haya dejado de
seguirlos durante dos días, el poseedor podrá tomarlos y retenerlos.
Igual derecho tendrá el propietario de animales domesticados, salvo la disposición del
artículo 570; pero pertenecerán a quien los haya tomado y retenido, si no se los
reclamare dentro de veinte días.

Artículo 800 Es tesoro todo objeto mueble de valor que haya sido ocultado o enterrado
y cuya propiedad nadie pueda justificar.
El tesoro pertenece al propietario del inmueble o mueble en donde se encuentre. Si el
tesoro se encontrare en un inmueble o mueble ajenos, con tal que haya sido encontrado
por el solo efecto de la casualidad, pertenecerá de por mitad al propietario del inmueble
o mueble donde se haya encontrado y al que lo hubiere hallado.
Artículo 801 Quien encontrare un objeto mueble, que no pueda considerarse como
tesoro, deberá restituirlo al precedente poseedor, y, si no conociere a éste, deberá
consignarlo inmediatamente en poder de la Primera Autoridad Civil de la parroquia o
Municipio del lugar donde lo haya encontrado.
Artículo 802 La autoridad hará publicar la consignación en uno de los periódicos del
lugar, si lo hubiere, y por carteles que permanecerán fijados en los lugares más públicos
de la población por espacio de quince días, renovándolos en ese término, si fuere
necesario.
Artículo 803 Pasados seis meses después del término fijado en el artículo anterior, sin
que se haya presentado el propietario, la cosa, o el precio de ella, si las circunstancias
hubiesen hecho necesaria su venta, pertenecerán a quien la haya encontrado.
El propietario de la cosa perdida, o quien la haya encontrado, en su caso, deberán, al
tomar la cosa o el precio, pagar los gastos, que aquélla hubiere ocasionado.
Artículo 804 El propietario de la cosa o aquel que por sus relaciones con éste responde
de la pérdida de la cosa, deberá pagar, a título de recompensa, a quien la haya
encontrado, si éste lo exigiere, el diez por ciento de su valor, según la estimación
común. Si este valor excediere de dos mil bolívares, la recompensa por el exceso será
únicamente el cinco por ciento.
Artículo 805 Los derechos sobre las cosas arrojadas al mar, o que provinieren de
naufragio, se arreglarán según lo dispuesto en los artículos 801 y siguientes, sobre las
cosas encontradas, y se publicarán también los avisos por la prensa.
Artículo 806 Los derechos sobre los productos del mar que se extraen de su seno o se
encuentren en sus olas o riberas, y sobre las plantas y yerbas que crecen en éstas, se
arreglarán por leyes especiales, y, a falta de éstas, se adquirirán por ocupación.
Título II
De las sucesiones
Artículo 807 Las sucesiones se defieren por la Ley o por testamento.
No hay lugar a la sucesión Intestada sino cuando en todo o en parte falta la sucesión
testamentaria.
Capítulo I
De las Sucesiones Intestadas

Sección I
De la capacidad de suceder
Artículo 808 Toda persona es capaz de suceder, salvo las excepciones determinadas por
la Ley.
Artículo 809 Son incapaces de suceder los que en el momento de la apertura de la
sucesión no estén todavía concebidos. A los efectos sucesorios la época de la
concepción se determinará por las presunciones legales establecidas en los artículos 201
y siguientes para la determinación de la filiación paterna.
Artículo 810 Son Incapaces de suceder como indignos:
1º. El que voluntariamente haya perpetrado o intentado perpetrar un delito, así como sus
cómplices, que merezca cuando menos pena de prisión que exceda de seis meses, en la
persona de cuya sucesión se trate, en la de su cónyuge, descendiente, ascendiente o
hermano.
2º. El declarado en juicio adúltero con el cónyuge de la persona de cuya sucesión se
trate.
3º. Los parientes a quienes incumba la obligación de prestar alimentos a la persona de
cuya sucesión se trate y se hubieren negado a satisfacerla, no obstante haber tenido
medios para ello.
Artículo 811 Quien haya incurrido en la indignidad puede ser admitido a suceder,
cuando la persona de cuya sucesión se trate lo haya rehabilitado por acto auténtico.
Artículo 812 El excluido como Indigno quedará en el deber de restituir todos los frutos
de que haya gozado desde la apertura de la sucesión.
Artículo 813 La indignidad del padre, o de la madre, o de los descendientes, no daña a
sus hijos, o descendientes, ora sucedan por derecho propio, ora sucedan por
representación. en este caso ni el padre ni la madre tienen, sobre la parte de la herencia
que pasa a sus hijos, los derechos de administración que acuerda la Ley a los padres de
familia.
Sección II
De la representación
Artículo 814 La representación tiene por efecto hacer entrar a los representantes en el
lugar, en el grado y en los derechos del representado.
Artículo 815 La representación en la línea recta descendente tiene efecto
indefinidamente y en todo caso, sea que los hijos del de cujus concurran con los
descendientes de otro hijo premuerto, sea que, habiendo muerto todos los hijos del de
cujus antes que él, los descendientes de los hijos concurran a heredarlos; ya se
encuentren entre sí en grados iguales, ya en grados desiguales, y aunque encontrándose
en igualdad de grados, haya desigualdad de número de personas en cualquiera
generación de dichos descendientes.

Artículo 816 Entre los ascendientes no hay representación: el más próximo excluye a
los demás.
Artículo 817 En la línea colateral la representación se admite en favor de los hijos de
los hermanos y de las hermanas del de cujus, concurran o no con sus tíos.
Artículo 819 En todos los casos en que se admite la representación, la división se hará
por estirpes.
Si una estirpe ha producido más de una rama, la subdivisión se hace por estirpes
también en cada rama; y entre los miembros de la misma rama, la división se hace por
cabezas.
Artículo 820 No se representa a las personas vivas, excepto cuando se trata de personas
ausentes o incapaces de suceder.
Artículo 821 Se puede representar a la persona cuya sucesión se ha renunciado.
Sección III
Del orden de suceder
Artículo 822 Al padre, a la madre y a todo ascendiente suceden sus hijos o
descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada.
Artículo 823 El matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge de la persona de
cuya sucesión se trate. Estos derechos cesan con la separación de cuerpos y de bienes
sea por mutuo consentimiento, sea contenciosa, salvo prueba, en ambos casos, de
reconciliación.
Artículo 824 El viudo o la viuda concurre con los descendientes cuya filiación esté
legalmente comprobada, tomando una parte igual a la de un hijo.
Artículo 825 La herencia de toda persona que falleciere sin dejar hijos o descendientes
cuya filiación esté legalmente comprobada, se defiere conforme a las siguientes reglas:
Habiendo ascendientes y cónyuge, corresponde la mitad de la herencia a aquéllos y a
éste la otra mitad. No habiendo cónyuge la herencia corresponde íntegramente a los
ascendientes.
A falta de ascendientes, corresponde la mitad de la herencia al cónyuge y la otra mitad a
los hermanos y por derecho de representación a los sobrinos.
A falta de estos hermanos y sobrinos, la herencia corresponde íntegramente al cónyuge
y si faltare éste corresponde a los hermanos y sobrinos expresados.
A falta de cónyuge, ascendientes, hermanos y sobrinos, sucederán al de cujus sus otros
colaterales consanguíneos.

Artículo 826 Una vez que haya sido establecida su filiación, el hijo nacido y concebido
fuera del matrimonio tiene, en la sucesión del padre y de la madre, en la de los
ascendientes, y demás parientes de éstos, los mismos derechos que el hijo nacido o
concebido durante el matrimonio.
Artículo 827 Salvo lo previsto en el artículo 219, el padre y la madre, sus ascendientes
y demás parientes del hijo nacido y concebido fuera del matrimonio, tienen en la
sucesión de este último y en la de sus descendientes, los mismos derechos que la Ley
atribuye al hijo nacido o concebido durante el matrimonio.
Artículo 828 Cuando concurran hermanos de doble conjunción, aun cuando hayan sido
concebidos y nacidos fuera del matrimonio, con hermanos de simple conjunción, a estos
últimos les corresponderá una cuota igual a la mitad de lo que a cada uno de aquéllos
corresponda.
Artículo 829 Los hijos adoptivos en adopción simple tienen, en la herencia del
adoptante o adoptantes, los mismos derechos que los otros hijos.
Artículo 830 Cuando los llamados a suceder son los colaterales distintos a los hermanos
y sobrinos, sucederán al de cujus según las reglas siguientes:
1º. El o los colaterales del grado más próximo excluyen siempre a los demás.
2º. Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más allá del sexto grado.
Artículo 831 Los colaterales de simple conjunción gozan de los mismos derechos que
los colaterales de doble conjunción.
Artículo 832 A falta de todos los herederos abintestato designados en los artículos
precedentes, los bienes del de cujus pasan al patrimonio de la Nación, previo el pago de
las obligaciones insolutas.
Capítulo II
De las sucesiones testamentarias.
Artículo 833 El testamento es un acto revocable por el cual una persona dispone para
después de su muerte de la totalidad o de parte de su patrimonio, o hace alguna otra
ordenación, según las reglas establecidas por la Ley.
Artículo 834 Las disposiciones testamentarias que comprendan la universalidad de una
parte alícuota de los bienes del testador, son a título universal y atribuyen la calidad de
heredero. Las demás disposiciones son a título particular y atribuyen la calidad de
legatario.
Artículo 835 No pueden dos o más personas testar en un mismo acto, sea en provecho
recíproco o de un tercero.

Sección I
De la capacidad para disponer por testamento
Artículo 836 Pueden disponer por testamento todos los que no estén declarados
Incapaces de ello por la Ley.
Artículo 837 Son incapaces de testar:
1º. Los que no hayan cumplido dieciséis años, a menos que sean viudos, casados o
divorciados.
2º. Los entredichos por defecto intelectual.
3º. Los que no estén en su juicio al hacer el testamento.
4º. Los sordomudos y los mudos que no sepan o no puedan escribir.
Artículo 838 Para calificar la capacidad de testar se atiende únicamente al tiempo en
que se otorga el testamento.
Sección II
De la capacidad para recibir por testamento
Artículo 839 Pueden recibir por testamento todos los que no estén declarados incapaces
de ello por la Ley.
Artículo 840 Son incapaces para recibir por testamento los que son incapaces para
suceder abintestato.
Sin embargo, pueden recibir por testamento los descendientes inmediatos, es decir, los
hijos de una persona determinada que viva en el momento de la muerte del testador,
aunque no estén concebidos todavía.
Artículo 841. Son igualmente incapaces de heredar por testamento:
1º. Las Iglesias de cualquier credo y los Institutos de manos muertas.
2º. Los ordenados in sacris y los ministros de cualquier culto, a menos que el instituido
sea cónyuge, ascendiente, descendiente o pariente consanguíneo dentro del cuarto grado
inclusive del testador.
Artículo 842 Los descendientes del indigno tienen siempre derecho a la legítima que
debería tocarle al que es excluido.
Artículo 843 Son aplicables al indigno para recibir por testamento las disposiciones de
los artículos 811 y 812 y las de la primera parte del artículo 813.
Artículo 844 El tutor no podrá aprovecharse jamás de las disposiciones testamentarias
de su pupilo, otorgadas antes de la aprobación de la cuenta definitiva de la tutela,
aunque el testador muera después de la aprobación de la cuenta.

Son eficaces, sin embargo las disposiciones otorgadas en favor del tutor, cuando es
ascendiente, descendiente, hermano, hermana o cónyuge del testador.
Artículo 845 El cónyuge en segundas o ulteriores nupcias no puede dejar al cónyuge
sobreviviente una parte mayor de la que le deje al menos favorecido de los hijos de
cualquiera de los matrimonios anteriores.
Artículo 846 Las instituciones y legados en favor del Registrador o de cualquiera otro
oficial civil, militar, marino o consular que haya recibido el testamento abierto, o de
alguno de los testigos que hayan intervenido en él, no tendrán efecto.
Artículo 847 Carecerán igualmente de efecto las instituciones y legados en favor de la
persona que haya escrito el testamento cerrado, a menos que la disposición fuere
aprobada en cláusula escrita de mano del testador, o verbalmente por éste, ante el
Registrador y testigos del otorgamiento, haciéndose constar estas circunstancias en el
acta respectiva.
Artículo 848 Las disposiciones testamentarias en favor de las personas incapaces,
designadas en los artículos 841, 844, 845, 846 y 847 son nulas, aunque se las haya
simulado bajo la forma de un contrato oneroso, o se haya otorgado bajo nombre de
personas interpuestas.
Se reputan personas Interpuestas, al padre, la madre, los descendientes y el cónyuge de
la persona Incapaz.
Sección III
De la forma de los testamentos
§ 1º
De los testamentos ordinarios
Artículo 849 El testamento ordinario es abierto o cerrado.
Artículo 850 Es abierto o nuncupativo el testamento cuando el testador, al otorgarlo,
manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto,
quedando enteradas de lo que en él se dispone.
Artículo 851 Es testamento cerrado aquél en que se cumplen las formalidades
establecidas en el artículo 857.
Artículo 852 El testamento abierto debe otorgarse en escritura pública con los
requisitos y formalidades exigidos por la Ley de Registro Público para la
protocolización de documentos.
Artículo 853 También podrá otorgarse sin protocolización ante el Registrador y dos
testigos, o ante cinco testigos sin la concurrencia del Registrador.
Artículo 854 En el primer caso del artículo anterior, se llenarán las formalidades
siguientes:

1º. El testador declarará ante el Registrador y los testigos su voluntad que será reducida
a escrito bajo la dirección del Registrador, si el otorgante no presentare redactado el
documento.
2º. El Registrador, si el testador no prefiere hacerlo, leerá el testamento a quienes
concurran al acto, sin que baste que la lectura se' haga separadamente.
3º. El Registrador y los testigos firmarán el testamento.
4º. Se hará mención expresa del cumplimiento de estas formalidades.
Este testamento se protocolizará sin ninguna otra formalidad, no pudiendo deducirse
derecho alguno derivado del mismo sin que antes se haya verificado su protocolización
en la Oficina de Registro correspondiente al Registrador que autorizó el acto.
Artículo 855 En el segundo caso del artículo 853, todos los testigos firmarán el
testamento, y dos por lo menos reconocerán judicialmente su firma y el contenido del
testamento, dentro de los seis meses siguientes al otorgamiento, bajo pena de nulidad; lo
que deberá hacer también el testador si viviere en la fecha del reconocimiento, a menos
que se pruebe que estuvo en la imposibilidad de hacerlo.
Artículo 856 El testamento en ambos casos deberá firmarse por el testador, si supiere y
pudiere hacerlo; en caso contrario, se expresará la causas por qué no lo firma, y lo
suscribirá a su ruego la persona que él designe en el acto, la cual será distinta de los
testigos instrumentales.
Artículo 857 En el testamento cerrado deberán observarse las solemnidades siguientes:
1º. El papel en que esté escrito el testamento, o por lo menos el que le sirva de cubierta,
estará cerrado y sellado de manera que el testamento no pueda extraerse sin ruptura o
alteración del pliego, o se hará cerrar y sellar de esa misma manera en presencia del
Registrador y de tres testigos.
2º. El testador, al hacer la entrega, declarará en presencia de los mismos, que el
contenido de aquel pliego es su testamento.
3º. El testador expresará si el testamento está o no escrito y firmado por él. Si no lo
firmó porque no pudo, lo declarará en el acto de la entrega.
4º. El Registrador dará fe de la presentación y entrega con expresión de las formalidades
requeridas en los números 1,2º y 3, todo lo cual hará constar encima del testamento o de
su cubierta, y firmarán también el testador y todos los testigos.
5º. Si el testador no pudiere firmar en el acto en que hace la entrega, el registrador hará
también constar en la cubierta esta circunstancia, y firmará a ruego del testador la
persona que éste designe en el mismo acto, la cual será distinta de los testigos
instrumentales.
Artículo 858 El testador que sepa leer, pero no escribir, o que no haya podido poner su
firma cuando hizo escribir sus disposiciones, deberá también declarar haberlas leído e

indicar la causa o motivo que le haya impedido firmarlas, y de todo esto se hará
mención en el acta.
Artículo 859 Quienes no sepan o no puedan leer no podrán hacer testamento cerrado.
Artículo 860 El acta en la cual el Registrador da fe de la presentación del testamento
cerrado y de cumplimiento de las formalidades requeridas por la Ley, será protocolizada
si así lo exigiere la Ley de Registro Público vigente al tiempo de su otorgamiento, sin
que la falta de protocolización pueda en ningún caso producir su nulidad.
Artículo 861 El sordomudo y el mudo pueden hacer testamento, si saben y pueden
escribir.
Al hacer testamento abierto, deben manifestar por escrito ante el Registrador y los
testigos su voluntad; y después que esta esté redactada, deben poner al pie su
aprobación. En caso de presentar escrito el testamento, deberán escribir a su pie,
también en presencia del Registrador y testigos, la nota que exprese que aquél es su
testamento.
Al hacer testamento cerrado, deben escribir, a la cabeza de la cubierta que lo contenga y
en presencia del registrador y testigos, que el pliego presentado contiene su testamento,
y si lo ha escrito un tercero deben agregar que lo han leído.
El Registrador expresará en el acta del otorgamiento que el testador ha escrito en su
presencia y la de los testigos las palabras antes indicadas. Además, se observará todo lo
que establece el artículo 857.
Artículo 862 El absolutamente sordo, que quiera haber testamento abierto, debe,
además de las otras formalidades necesarias, leer el acta testamentaria, y en la misma se
hará mención de esta circunstancia.
Si el testador no sabe o no puede leer, se necesitan dos testigos mas de los requeridos en
el artículo 853 y debe expresar de palabra su voluntad ante ellos.
Artículo 863 Si el testador no hablare ni entendiere el idioma castellano, deberá ser
asistido en todo caso por un intérprete que él mismo elegirá y que deberá también.
firmar el acta.
Artículo 864 Los testigos en los testamentos deben ser mayores de edad, conocer al
testador y saber leer y escribir.
No pueden ser testigos en los testamentos los ciegos y los totalmente sordos o mudos,
los que no entienden e' idioma castellano, los parientes dentro del cuarto grado da
consanguinidad o segundo de afinidad del Registrador que autoriza el acto: los
herederos y legatarios instituidos en el testamento y los parientes de los mismos dentro
de los grados expresados, respecto de los testamentos abiertos; ni, en fin, el que tuviere
algún impedimento general para declarar en todo juicio.
§ 2º

De los testamentos especiales
Artículo 865 los lugares donde reine una epidemia grave que se repute contagiosa, es
válido el testamento hecho por escrito ante el Registrador o ante cualquiera Autoridad
Judicial de la jurisdicción, en presencia de dos testigos, no menores de dieciocho años y
que sepan leer y escribir.
El testamento siempre será suscrito por el funcionario que lo recibe y por los testigos, y,
si las circunstancias lo admiten, por el testador. Si el testador no firmare, se hará
mención expresa de la causa por la cual no ha sido cumplida esta formalidad.
Artículo 866 Estos testamentos caducarán tres meses después que la epidemia haya
dejado de reinar en el lugar donde se encuentre el testador, o tres meses después que
éste se haya trasladado a un lugar no dominado por la epidemia.
Si el testador muere entretanto, el testamento mantiene su carácter de instrumento
público, pero no podrá deducirse ninguna acción derivada del mismo, mientras no sea
protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro correspondiente al lugar del
otorgamiento.
Artículo 867 Los testamentos hechos a bordo de los buques de la marina de guerra,
durante un viaje, se otorgarán en presencia del Comandante o del que haga sus veces.
A bordo de los buques mercantes se otorgarán ante el Capitán o patrón, o el que haga
sus veces.
En ambos casos deben presenciar el otorgamiento, además de las personas
anteriormente expresadas, dos testigos mayores de edad.
Artículo 868 En los buques de la marina de guerra el testamento del Comandante o del
que haga sus veces, y en los mercantes el del Capitán o patrón o del que haga sus veces,
se otorgarán ante quienes estén; llamados a subrogarlos, según el orden del servicio,
observándose siempre las formalidades establecidas en el artículo precedente.
Artículo 869 El testamento mencionado en los dos artículos anteriores se hará por
duplicado.
Artículo 870 El testamento hecho a bordo de buques de guerra o mercantes, debe
firmarse, por el testador, por la persona que lo haya autorizado y por los testigos.
Si el testador o los testigos no saben o no pueden firmar, se debe indicar el motivo que
les haya impedido hacerlo.
Artículo 871 Los testamentos hechos durante el viaje se conservarán entre los papeles
más importantes del buque, y se hará mención de ellos en el diario y a continuación del
rol de la tripulación.
Artículo 872 Si el buque arriba a un puerto extranjero donde resida un Agente
Diplomático o Consular de la República, quienes hayan autorizado el testamento o

quienes les reemplacen, le entregarán uno de los originales y una copia de la nota puesta
en el diario y en el rol de la tripulación.
Al llegar el buque a cualquier puerto de la República, se entregarán a la Primera
Autoridad local, marítima o civil, los dos ejemplares del testamento, o el que quede, en
el caso de haberse entregado el otro durante el viaje, junto con copia de las notas
indicadas.
Al margen de la nota escrita en el diario y en el rol de la tripulación, se pondrá otra en
que se diga haberse hecho la entrega.
Artículo 873 los Agentes Diplomáticos o Consulares y las Autoridades locales de
quienes se ha tratado en el artículo anterior, formarán un acta de la entrega del
testamento, suscrita también por las personas que lo consignen, y remitirán todo al
Ministro de Guerra y Marina, quien ordenará el depósito de uno de los originales en su
archivo y remitirá otro a la Oficina de Registro del lugar del domicilio o de la, última
residencia del testador. En el caso de ignorarse estos, o de que nunca los hubiere tenido
en la República, la remisión se hará a una de las Oficinas Subalternas de Registro del
Departamento Libertador del Distrito Federal. Si sólo hubiere recibido un ejemplar, lo
remitirá a la Oficina de Registro, dejando copia certificada.
Artículo 874 El testamento hecho a bordo en el curso de un viaje, según la forma
establecida en los artículos precedentes, tendrá efecto únicamente en el caso de que el
testador muera durante e viaje, o dentro de dos meses después que haya desembarcado
en un lugar en donde hubiere podido hacer nuevo testamento según las formas
ordinarias.
Artículo 875 Pueden recibir el testamento de los militares y de las demás personas
empleadas en el ejército: un Jefe de batallón o cualquier otro oficial de grado igual o
superior, o un Auditor de Guerra, o un comisario de guerra, en presencia de dos testigos
mayores de edad. El testamento se reducirá a escrito y se firmará. por quien lo escriba y,
si fuere posible, por el testador y los testigos, expresándose, caso de que éstos no lo
hagan, el motivo que lo haya impedido.
El testamento de militares pertenecientes a cuerpos o puestos destacados del ejército,
puede también recibirlo el capitán o cualquiera otro oficial subalterno que tenga el
mando del destacamento.
Si el testador se halla enfermo o herido, puede también recibir el testamento, el Capellán
o el Médico Cirujano de servicio, en presencia de dos testigos, de la manera establecida
en el artículo precedente.
Artículo 876 Los testamentos de que trata el artículo anterior deben transmitirse a la
brevedad posible al Cuartel General, y por éste al Ministro de Guerra, quién ordenará su
depósito en la Oficina de Registro del lugar del domicilio o de la última residencia del
testador, emitiéndose copia certificada, así en el Cuartel General como en el Ministerio.
En el caso de ignorarse el domicilio o última residencia del testador, o de no haberlos
tenido nunca en la República, se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 873.

Artículo 877 Pueden testar en. la forma establecida en el artículo 875, solamente los
que estén en expedición militar por causa de guerra, así en país extranjero como en el
interior de la República, o en cuartel o Guarnición fuera de la República, o en una plaza
o fortaleza sitiada por el enemiga, o en otros lugares en que las comunicaciones estén
interrumpidas.
Artículo 878 El testamento de los militares, hecho según los artículos anteriores,
caducará dos meses después de la llegada del testador a un lugar donde pueda hacer
testamento en la forma ordinaria.
§ 3°
Del testamento otorgado en país extranjero
Artículo 879 Los venezolanos y los extranjeros podrán otorgar testamento en el exterior
para tener efecto en Venezuela, sujetándose en cuanto a la forma 2 las disposiciones del
país donde se realice el acto. Sin embargo, el testamento deberá otorgarse en forma
auténtica, no se admitirá el otorgado por dos o más personas en el mismo acto, ni el
verbal ni el ológrafo.
Artículo 880 También podrán los venezolanos o los extranjeros otorgar testamento en
el exterior para tener efecto en Venezuela, ante el Agente Diplomático o Consular de la
República en el lugar del otorgamiento, ateniéndose a las disposiciones de la Ley
venezolana. En este caso, el funcionario Diplomático o Consular hará las veces de
Registrador y cumplirá en el acto del otorgamiento con los preceptos del Código Civil.
Artículo 881 El Agente Diplomático o Consular que presencia el acto, remitirá copia
certificada del testamento abierto o del acta de otorgamiento del cerrado, al Ministerio
de Relaciones Exteriores, el cual a su vez remitirá dicha copia por el medio legal al
Registrador del último domicilio de testador en el país; y si no fuese conocido o no lo
hubiere tenido nunca en el mismo. se le enviará a uno de los Registradores Subalternos
del Departamento Libertador del Distrito Federal, para su protocolización.
§ 4°
Disposiciones comunes a las diversas especies de testamento
Artículo 882 Las formalidades establecidas por el artículo 854, en sus disposiciones 1°,
2° , 3° y 4° y por los artículos 855, 856, 857, 858, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868,
869, 870 y 875, deben observarse bajo pena de nulidad.
Sección IV
De la legítima
Artículo 883 La legítima es una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a
los descendientes, a los ascendientes y al cónyuge sobreviviente que no esté separado
legalmente de bienes, con arreglo a los artículos siguientes.
El testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni condición.

Artículo 884 La legítima de cada descendiente o ascendiente, legítimos o naturales, y la
del cónyuge, será la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión intestada; y
concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas establecidos para
dicha sucesión.
Artículo 885 Cuando el testador dispone de un usufructo o de una renta vitalicia. cuyo
rendimiento exceda el de la porción disponible, los legitimarios pueden optar entre
ejecutar esta disposición o abandonar la propiedad de la porción disponible.
La misma elección pertenece a los legitimarios en el caso en que se haya dispuesto de la
propiedad de una cantidad que exceda de la porción disponible.
Artículo 886 El valor en plena propiedad de los bienes enajenados en provecho de un
legitimario, a fondo perdido o con reserva de usufructo, se imputará a la porción
disponible y el excedente se colacionará en la masa.
La colación y la imputación referidas no pueden pedirse sino por los legitimarios que no
hayan dado su consentimiento para la enajenación.
Artículo 887 Se imputarán al cónyuge sobre su legítima, además de todo lo que se le
haya dejado por testamento, todo cuanto haya adquirido por las capitulaciones
matrimoniales y por donación, y a los demás legitimarios, todo cuanto hayan recibido
en vida del de cujus o por testamento del mismo, y que esté sujeto a colación, de
acuerdo con lo dispuesto en la Sección IV, Capítulo III de este Título.
Sección V
De la reducción de las disposiciones testamentarias
Artículo 888 Las disposiciones testamentarias que excedan de la porción disponible, se
reducirán a dicha porción en la época en que se abra la sucesión.
La acción para pedir esta reducción prescribe a los cinco años.
Artículo 889 Para determinar la reducción se suma el valor de los bienes pertenecientes
al testador en el momento de la muerte, y se deducen las deudas. Se agrega luego
ficticiamente, el valor de los bienes de que él haya dispuesto a título de donación
durante los diez últimos años de su vida. Formada así la masa, se calcula la porción de
que el testador haya podido disponer.
Cuando se trate de cosas de consumo o de cosas tangibles, el valor se determina por el
que tuvieren en la época de la donación. En los demás casos de muebles y en todos de
inmuebles, se les da el valor que habrían tenido en la época de la muerte del testador,
según el estado que tenían cuando fueron donados.
Artículo 890 Si el valor de las donaciones excede de la cuota disponible o es igual a
ella, todas las disposiciones testamentarias quedan sin efecto.
Artículo 891 Si las disposiciones testamentarias exceden de la cuota disponible o de la
parte que de ésta quedare después de hecha la deducción del valor de las donaciones, la

reducción se hará proporcionalmente, sin hacer distinción entre quienes tengan el
carácter de herederos y quienes tengan el de legatarios.
Artículo 892 Sin embargo, siempre que el testador declare su voluntad de que una
liberalidad tenga efecto con preferencia a las demás, esta preferencia tendrá efecto, y tal
disposición no se reducirá, sino en tanto que el valor de las otras liberalidades no baste a
completar la porción legítima.
Artículo 893 Cuando el legado sujeto a reducción fuere un inmueble, la reducción se
hará por la segregación de una parte equivalente del mismo inmueble, si puede
verificarse cómodamente.
Cuando el legado sujeto a reducción consista en una finca que no admita cómoda
división, tendrá derecho a la finca el legatario, si la reducción no absorbe la mitad del
valor de dicha finca, y en caso contrario, tendrán este derecho los herederos forzosos,
pero aquél y éstos deberán abonarse sus respectivos haberes en dinero.
Sin embargo, si el Legatario fuere legitimario podrá retener todo el inmueble, con tal de
que su valor no exceda de la porción disponible y de la cuota que le toque en la
legítima.
Artículo 894 Si los herederos y los legatarios no quisieren tomar la finca, ésta se
venderá en pública subasta. a instancia de cualquiera de los interesados.
Sección VI
De la institución de herederos y de los legados
Artículo 895 Las disposiciones testamentarias pueden hacerse a Título de institución de
heredero, o de legado, o bajo cualquiera otra denominación propia para manifestar la
voluntad del testador.
Artículo 896 Las disposiciones a título universal o particular. motivadas por una causa
que se reconociere como errónea, no tendrán ningún efecto cuando aquella causa sea la
única que haya determinado la voluntad del testador.
§ 1°
De las personas y de las cosas que forman el objeto de las disposiciones
testamentarias
Artículo 897 No se admitirá ninguna prueba para demostrar que las disposiciones
hechas en favor de una persona designada en el testamento son sólo aparentes. y que en
realidad se refieren a otra persona, no obstante cualquiera expresión del testamento que
lo indique o pueda hacerlo presumir.
Esto no se aplicará al caso en que la institución o el legado se ataquen como hechos en
favor de incapaces por medio de persona interpuesta.
Artículo 898 Es nula toda disposición:

1º. Que instituya heredero o legatario a una persona incierta, hasta el punto de no
podérsela determinar.
2º. Que se haga a favor de una persona incierta, cuya designación se encomiende a un
tercero; pero será válida la disposición a título particular en favor de una persona a
quien haya de elegir un tercero entre varias determinadas por el testador, o
pertenecientes a familias o a cuerpos morales designados por él.
3º. Que deje al heredero o a un tercero libre facultad de determinar el objeto de un
legado. Se exceptúan los legados que se ordenen a título de remuneración por servicios
prestados al testador en su última enfermedad.
Artículo 899 La disposición universal o parcial que haga de sus bienes el testador en
favor de su alma, sin determinar la aplicación o simplemente para misas, sufragios usos
u obras pías, se entenderá hecha en favor del patrimonio de la Nación.
Esto no obsta para que el testador pueda disponer que sus herederos o albaceas lleven a
efecto sufragios determinados, con tal que la suma de tales mandas no exceda del dos
por ciento líquido de su herencia.
Artículo 900 Las disposiciones en favor de los pobres u otras semejantes, expresadas en
general, sin que se determine la aplicación o establecimiento público en cuyo favor se
han hecho, o cuando la persona encargada por el testador de determinarlo no puede o no
quiere aceptar este cargo, se entenderán hechas en favor del patrimonio de la Nación.
Artículo 901 Si la persona del heredero o del legatario se ha designado con inexactitud,
la disposición tiene efecto cuando el contexto del testamento u otros documentos o
hechos claros, demuestren cuál es la persona que el testador ha querido indicar.
Lo mismo sucederá cuando la cosa se ha indicado o descrito inexactamente, si se
reconoce de una manera cierta de qué cosa ha querido disponer el testador.
Artículo 902 El legado de cosa ajena es nulo, a menos que e declare en el testamento
que el testador sabía que la cosa pertenecía a otra persona. En este caso, el heredero
podrá optar entre adquirir la cosa legada para entregarla al legatario o pagarle su justo
precio.
Sin embargo, si la cosa legada pertenecía a otro cuando se otorgó el testamento, y se
hallare en la propiedad del testador al tiempo de su muerte, el legado será válido.
Artículo 903 Si el testador ordena entregar a un tercero una cosa perteneciente al
heredero o legatario, deberá entregarse la cosa para tener derecho a la disposición
testamentaria Sin embargo, si la cosa hubiere salido del patrimonio del heredero o
legatario, podrá optar entre entregar la cosa o pagar su justo precio,.
Artículo 904 Si el testador, el heredero o el legatario son propietarios sólo de una parte
de la cosa legada o de un derecho sobre ella, el legado no será válido sino relativamente
a aquella parte o a este derecho; a menos que aparezca en el mismo testamento que el
testador conocía tal circunstancia: en tal caso se procederá de conformidad con el
artículo 902.

Artículo 905 Es válido el legado de una cosa mueble indeterminada, de un género o
especie, aunque nada de aquel género o especie se encontrare en el patrimonio del
testador cuando se otorgó el testamento ni en la época de la muerte del testador.
Artículo 906 Cuando el testador haya dejado como de su propiedad una cosa particular
o comprendida en cierto género o especie, el legado no tendrá efecto si la cosa no se
encuentra en el patrimonio del testador al tiempo de su muerte.
Si la cosa se encuentra en el patrimonio del testador en el momento de su muerte, pero
no en la cantidad indicada en la disposición, el legado no tendrá efecto sino por la
cantidad que se encuentre en él.
Artículo 907 El legado de una cosa o de una cantidad designada como existente en
cierto lugar, tiene efecto sólo si la cosa se encuentra en él, y por la parte que se halla en
el lugar indicado por el testador.
Artículo 908 Es nulo el legado de una cosa que era ya de la propiedad del legatario
cuando se otorgó el testamento.
Si él la ha adquirido después de dicho otorgamiento, del mismo testador o de otra
persona, tendrá derecho a su precio, cuando se reúnan las circunstancias de los Artículos
902 ó 903 y no obstante lo que se establece en el artículo 955; a menos que en uno u
otro caso la cosa haya llegado al legatario por un título puramente gratuito.
Artículo 909 El legado de un crédito o de la liberación de una deuda, no tiene efecto
sino en la parte que exista en la época de la muerte del testador.
El heredero está obligado únicamente a entregar al legatario los títulos del crédito
legado que se encontraban en poder del testador.
Artículo 910 Si el testador, sin hacer mención de su deuda, hace un legado a su
acreedor, no se juzga hecho el legado para pagar su crédito al legatario.
Artículo 911 El legado de alimentos comprende la comida, el vestido, Ia habitación y
demás cosas necesarias durante la vida del legatario: y puede extenderse, según las
circunstancias, a la instrucción conveniente a su condición social.
Artículo 912 Cuando quien haya legado la propiedad de un inmueble le ha agregado
adquisiciones posteriores, estas adquisiciones bien que contiguas, no formarán parte del
legado sin una nueva disposición.
Sin embargo, forman parte de él los embellecimientos, las nuevas construcciones sobre
el inmueble legado y la ampliación que venga a quedar comprendida dentro de un
mismo cercado.
§ 2º
De las disposiciones condicionales o a término

Artículo 913 La disposición a título universal o particular puede hacerse bajo
condición.
Artículo 914 En los testamentos se consideran como no escritas las condiciones
imposibles y las que sean contrarias a las leyes y a las buenas costumbres.
Artículo 915 Es contraria a la ley la condición que impida las primeras o las ulteriores
nupcias.
Artículo 916 Se tiene por no puesto en una disposición a título universal, el día desde el
cual deba la misma comenzar o cesar.
Artículo 917 Es nula la disposición a título universal o particular hecha por el testador,
bajo la condición de que sea él a su vez beneficiado en el testamento de su heredero o
legatario.
Artículo 918 Toda disposición testamentaria hecha bajo condición suspensiva quedará
sin efecto, si la persona favorecida en ella muriere antes del cumplimiento de la
condición.
Artículo 919 La condición que según la intención del testador no hace más que
suspender la ejecución de la disposición, no impide que el heredero o legatario tenga un
derecho adquirido y transmisible a sus herederos, aun antes del cumplimiento de la
condición.
Artículo 920 Si el testador ha dejado la herencia o el legado, imponiendo al heredero o
legatario la obligación de no hacer o no dar algo, el heredero o legatario está obligado a
dar caución suficiente sobre el cumplimiento de aquella voluntad, en favor de quienes
hayan de adquirir la herencia o el legado, para el caso de no cumplirse la obligación
impuesta.
Artículo 921 Si se ha dejado un legado bajo condición, o para ser ejecutado después de
cierto tiempo, puede obligarse al encargado de cumplirlo a dar al legatario caución u
otra garantía suficiente.
Artículo 922 Si se ha instituido al heredero bajo una condición suspensiva, se nombrará
administrador a la herencia hasta que se cumpla la condición o hasta que haya certeza
de que no puede cumplirse.
Lo mismo se hará en el caso de que el heredero o el legatario no cumplan la obligación
de dar la caución exigida por los dos artículos precedentes.
Artículo 923 Se confiará la administración al coheredero a los coherederos, instituidos
sin condición, cuando entre ellos y el heredero condicional pueda ser procedente el
derecho de acrecer.
Artículo 924 Si el heredero instituido bajo condición no tiene coherederos, o cuando
entre éstos y aquél no puede haber lugar al derecho de acrecer, la administración se
confiará al presunto heredero ab intestato del testador, a menos que la autoridad judicial
disponga otra cosa.

Artículo 925 Las disposiciones de los tres artículos anteriores son aplicables también al
caso en que se llame a suceder una persona no concebida, hija inmediata de otra viva y
determinada, según el artículo 840.
Si el heredero instituido está concebido, la administración corresponde al padre, y, en su
defecto, a la madre.
Artículo 926 Los administradores mencionados en los artículos precedentes tienen los
mismos derechos y obligaciones que los curadores de las herencias yacentes.
§ 3º
De los efectos de los legados y de su pago
Artículo 927 Todo legado puro y simple da al legatario, desde el día de la muerte del
testador, el derecho transmisible a sus herederos de recibir la cosa legada.
Artículo 928 El legatario debe pedir al heredero la posesión de la cosa legada.
Artículo 929 Los intereses o los frutos de la cosa legada corren en provecho del
legatario desde el día de la muerte del testador:
1º. Cuando el testador lo ha dispuesto así expresamente.
2º. Cuando el legado es de un fundo, de un capital o de otra cosa productiva de frutos.
En los demás casos, los intereses o los frutos corren en provecho del legatario desde que
el heredero incurre en mora.
Artículo 930 Si el legado consiste en una renta vitalicia o pensión, ésta comienza a
correr desde el día de la muerte del testador.
Artículo 931 En el legado de una cantidad determinada, que deba ser pagada cada mes,
cada año, o en otros períodos, el primer plazo principia a la muerte del testador y el
legatario adquiere el derecho a toda la cantidad debida por el plazo corriente, aun
cuando muera antes del vencimiento de este plazo.
Sin embargo, el legado no puede exigirse sino después del vencimiento del plazo, a no
ser que se haya dejado a título de alimentos, caso en el cual puede exigirse al principio
del plazo.
Artículo 932 Si entre muchos herederos ninguno ha sido encargado particularmente de
cumplir el legado, cada uno está obligado a cumplirlo en proporción a la parte que le
haya tocado en la herencia.
Artículo 933 Si la obligación de pagar el legado se ha impuesto a uno de los herederos,
él solo está obligado a pagarlo.
Si se ha legado una cosa perteneciente a un coheredero, el otro o los demás coherederos
están obligados a indemnizarle su valor en dinero o inmuebles hereditarios, en

proporción a la parte que les haya tocado en la herencia, a menos que conste haber sido
otra la voluntad del testador.
Artículo 934 En el legado de una cosa indeterminada, comprendida en un género o en
una especie, toca al heredero la elección; pero no podrá ofrecer una cosa de la peor
calidad ni estará obligado a darla de la mejor.
La misma regla se observará cuando la elección se deja al arbitrio de un tercero.
Artículo 935 Si el tercero rehúsa hacer la elección, o no puede hacerla por algún
impedimento. o por causa de muerte, la hará la Autoridad Judicial observando la misma
regla.
Artículo 936 Si se deja la elección de la cosa al legatario, éste podrá elegir la mejor de
entre las que se encuentren en la herencia; si en ella no se encuentra ninguna, se aplica,
a la elección que ha de hacer el legatario, la regla establecida para la que ha de hacer el
heredero.
Artículo 937 En el legado alternativo se presume dejada la elección al heredero.
Artículo 938 Si el heredero o legatario a quien compete la elección no ha podido
hacerla, este derecho se trasmite a su heredero. La elección hecha será, irrevocable.
Si no existe en el patrimonio del testador más de una cosa perteneciente al género o la
especie legada, el heredero o legatario no puede elegir otra fuera del patrimonio, salvo
disposición contraria del testador.
Artículo 939 La cosa legada se entregará con sus accesorios necesarios, y en el estado
en que se encuentre el día de la muerte del testador.
Artículo 940 Los gastos necesarios para la entrega del legado serán de cargo de la
herencia, pero sin que por ello se disminuya la legítima.
El pago de los derechos de sucesión será de cargo de los herederos, salvo el recurso de
éstos contra los legatarios, si la cosa legada está sujeta a tales derechos. En este último
caso, si se suscitare cuestión sobre dichos derechos, deberá oírse a los legatarios.
Artículo 941 Si la cosa legada estuviere gravada Con una pensión, canon, servidumbre
u otra carga inherente al fundo, tal carga recaerá sobre el legatario.
Si la cosa legada estuviere empeñada por una obligación o deuda de la herencia o de un
tercero, el heredero estará obligado al pago de los intereses de la deuda, y al pago del
capital según la naturaleza de la deuda o de la obligación, a menos que el testador haya
dispuesto otra cosa.
§ 4º
Del derecho de acrecer entre coherederos y colegatarios.

Artículo 942 Si uno de los herederos instituidos muere antes que el testador, o renuncia
la herencia, o es incapaz, su porción pasará al coheredero o a los coherederos cuando
haya lugar al derecho de acrecer, salvo lo que se establece en el artículo 953.
Artículo 943 El derecho de acrecer procede entre coherederos, cuando en un mismo
testamento y por una misma disposición se les haya llamado conjuntamente. sin que el
testador haya hecho entre ellos designación de partes.
Artículo 944 La designación de partes se juzga hecha sólo en el caso en que el testador
haya indicado expresamente una cuota para cada uno. La simple expresión por iguales
partes u otras semejantes, no excluyen el derecho de acrecer.
Artículo 945 Los coherederos a quienes, en virtud del derecho de acrecer, pasare la
parte del heredero que falte, soportarán las obligaciones y las cargas a que él hubiese
quedado sometido.
Artículo 946 Cada vez que el derecho de acrecer no sea procedente, la parte del
heredero que falte pasará a los herederos ab intestato del testador.
Estos tendrán que soportar las cargas y las obligaciones a que habría estado sometido el
heredero que falte.
Artículo 947 Cuando uno de los legatarios haya muerto antes que el testador. o si
renunciare el legado, o fuere incapaz de recibirlo, o cuando faltare la condición bajo la
cual reclamado, procederá también entre los legatarios el derecho de acrecer, de
conformidad con los artículos 943 y 944. Lo mismo sucederá cuándo una cosa se haya
legado a varias personas en un mismo testamento, aun por disposición separada.
Artículo 948 Si se ha dejado un usufructo a varias personas, de manera que, según las
reglas arriba establecidas, haya entre ellas derecho de acrecer, la parte del que falte, aun
después de la aceptación del legado, acrecerá siempre a los demás usufructuarios.
Si no fuere procedente el derecho de acrecer, la parte del que falte se consolida con la
propiedad.
Artículo 949 Cuando no procede el derecho de acrecer entre los legatarios, la parte del
que falte aprovechará al heredero o a los legatarios personalmente encargadas del pago
del legado; o a todos los herederos en proporción a sus partes hereditarias, cuando el
pago esté a cargo de toda la herencia.
Artículo 950 La disposición del artículo 945, referente a las obligaciones a que estaría
sometido el coheredero que falte, se aplicará también al colegatario en cuyo provecho
sea procedente el derecho de acrecer y al heredero o al legatario, a quienes sea
beneficiosa la caducidad del legado.
§ 5º
De la revocación y de la ineficacia de las disposiciones testamentarias

Artículo 951 Las disposiciones a título universal o particular hechas por quien al
tiempo de su testamento no tenía o ignoraba tener hilos o descendientes, aun solamente
concebidos, son revocables por la existencia o supervivencia de un hijo, descubierta
aquélla o verificada éste después de la muerte del testador, salvo que el testador haya
previsto en el mismo testamento o en otro posterior o anterior, no revocado ni siquiera
tácitamente, el caso de existencia o supervivencia de hijos o descendientes de éstos.
Artículo 952 La acción de que trata el artículo anterior corresponde a los hijos o a sus
descendientes, y prescribe a los cinco años de haber tenido ellos conocimiento del
testamento, no pudiendo en ningún caso intentarse después de veinte años de la muerte
del testador, salvo siempre la suspensión de la prescripción en favor de los menores.
Artículo 953 Queda sin efecto toda disposición testamentaria, si el favorecido por ella
no ha sobrevivido al testador o es incapaz.
Sin embargo, los descendientes del heredero o legatario premuerto o incapaz
participarán de la herencia o del legado en el caso de que la representación se hubiere
admitido en su provecho, si se tratase de sucesión abintestato; a menos que el testador
haya dispuesto otra cosa, o que se trate de legados de usufructo o de otro derecho
personal por su naturaleza.
Artículo 954 La disposición testamentaria caduca para el heredero o el legatario que
renuncie a ella.
Artículo 955 La enajenación de la totalidad o de parte de la cosa legada, hecha por el
testador, produce la revocación del legado respecto de todo cuanto se haya enajenado,
aunque la enajenación sea nula o la cosa haya vuelto al poder del testador.
Igual revocación se efectuará si el testador ha transformado la cosa legada en otra, de
manera que haya perdido su precedente forma y su denominación primitiva.
Artículo 956 No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando el testador haya
vendido con pacto de retracto la cosa legada y la haya rescatado en vida, el legado
quedará subsistente.
Si no la ha rescatado, el legado valdrá únicamente respecto del derecho de rescate.
Artículo 957 El legado no tendrá efecto si la cosa legada ha perecido completamente
durante la vida del testador. Tampoco lo tendrá si ha perecido después de la muerte de
éste sin intervenir hecho o culpa del heredero, aunque éste haya incurrido en mora
respecto de la entrega, cuando la cosa hubiera igualmente perecido en manos del
legatario
Artículo 958 Cuando se hayan legado varias cosas alternativamente, el legado
subsistirá, aun cuando no quede sino una.
Sección VII
De las sustituciones

Artículo 959 Puede sustituirse en primero o ulterior grado otra persona al heredero o al
legatario para el caso en que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el
legado.
Se pueden sustituir varias personas a una o una a varias.
Artículo 960 Si en la sustitución se ha expresado solamente uno de los dos casos. el de
no querer o el de no poder, y si el primer llamado no quiere o no puede obtener la
herencia o el legado, el otro caso se entiende tácitamente comprendido siempre que no
conste la voluntad contraria del testador.
Artículo 961 Los sustitutos deben cumplir las cargas impuestas a las personas a quienes
sustituyan; a menos que sea evidente la voluntad del testador, de limitar estas cargas a
las personas llamadas en primer lugar.
Sin embargo, las condiciones que se refieran especialmente a la persona del heredero o
del legatario, no se en tenderán repetidas con respecto al sustituto, sino cuando así se
haya declarado expresamente
Artículo 962 Si en el testamento se ha establecido entre más de dos herederos o
legatarios, en partes desiguales, una sustitución recíproca, la parte fijada en la primera
disposición se presume repetida también en la sustitución.
Si otra persona es llamada a la sustitución en concurrencia con los llamados en primer
lugar, la porción vacante pertenecerá por partes iguales a todos los sustitutos.
Artículo 963 Toda disposición por la cual el heredero o legatario quede con la
obligación, de cualquiera manera que esto se exprese, de conservar y restituir a una
tercera persona, es una sustitución fideicomisaria.
Esta sustitución es válida aunque se llame a recibir la herencia o el legado a varias
personas sucesivamente, pero sólo respecto de las que existan a la muerte del testador.
Artículo 964 La nulidad de la sustitución fideicomisaria no perjudica a la validez de la
institución del heredero o a la del legado.
Artículo 965 Puede el testador dar sustituto a los incapaces de testar, respecto de los
bienes que les deje, para el caso en que el incapaz muera en la incapacidad de testar,
excepto respecto de lo que tengan que dejarles por razón de legítima.
Artículo 966 El padre, y en su defecto, la madre podrán hacer testamento por el hijo
incapaz de testar para el caso en que éste muera en tal incapacidad, cuando el hijo no
tenga herederos forzosos, hermanos, ni sobrinos.
Sección VIII
De los albaceas o testamentarios
Artículo 967 El testador puede nombrar uno o más albaceas.
Artículo 968 No puede ser albacea quien no puede obligarse.

Artículo 969 El menor no puede ser albacea, ni aun con la autorización del padre o del
tutor.
Artículo 970 El Juez, a instancia de cualquiera de los interesados en la sucesión, debe
señalar un plazo razonable dentro del cual comparezca el albacea a aceptar su cargo o a
excusarse de servirlo.
Si el albacea está en mora de comparecer, puede darse por caducado su nombramiento.
Artículo 971 Las atribuciones de los albaceas serán las que designe el testador con
arreglo a las leyes.
Existiendo herederos forzosos, no podrá el testador autorizar a los albaceas para que se
apoderen de los bienes hereditarios, pero sí ordenar que para apoderarse de ellos los
herederos, sea necesaria la intervención, o citación en forma, de los albaceas.
A falta de herederos forzosos, podrá el testador autorizar a los albaceas para que se
apoderen de dichos bienes, mas, para ejecutarlo, será siempre necesaria la intervención
y citación en forma de los herederos, si el testador no hubiere dispuesto otra cosa.
Artículo 972 El heredero puede hacer cesar la tenencia de los albaceas, consignando
una cantidad de dinero suficiente para el pago de las deudas y legados, o justificando
haberlos satisfecho, o asegurando su pago en el modo y tiempo ordenados por el
testador; salvo, en el último caso, disposición en contrario do éste.
Artículo 973 Las atribuciones de los albaceas, además de las que designe el testador,
serán las siguientes:
1º. Disponer y pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordenado por éste, y en
defecto de tal disposición, según la costumbre del lugar y las facultades de la herencia.
2º. Pagar los legados que consistan en cantidades de dinero, haciéndolo saber al
heredero y no contradiciéndolo éste.
3º. Vigilar la ejecución de lo demás ordenado en el testamento; y sostener, siendo ello
justo su validez en juicio o fuera de él.
4º. Si por disposición del testador está en posesión de todos los bienes, sus atribuciones
se extienden a pagar las deudas.
Artículo 974 En el caso del artículo anterior, si no hubiere en la herencia dinero
bastante para hacer los pagos de que trata dicho Artículo, y los herederos no lo
afrontasen de lo suyo, solicitarán los albaceas autorización del Tribunal para la venta de
bienes, previa notificación a los herederos.
Artículo 975 Los albaceas no podrán, so pretexto de pagos de legados y funerales,
proceder al inventario de los bienes del de cujus, contra la voluntad de los herederos.

Artículo 976 Procederán a la formación de inventario siempre que el testador lo hubiere
ordenado o entraren en posesión de los bienes, a menos que, siendo los herederos
capaces de administrar sus bienes, se opongan a ello.
Si alguno de los herederos no tuviere la libre administración de sus bienes o fuere
alguna corporación o establecimiento público. deberán los albaceas poner
inmediatamente en conocimiento del padre, tutor, curador o administrador, que debe
procederse a la formación del inventario, y hallándose éstos fuera del domicilio del de
cujus, procederán los albaceas a la formación del inventario sin necesidad de aquella
participación.
Si el heredero libre en la administración de sus bienes no se hallare presente, bastará
darle el aviso ordenado anteriormente, si fuere posible.
Artículo 977 En todos los casos de los artículos anteriores se observará para la
formación del inventario, lo dispuesto en el Parágrafo 3º, Sección II, Capítulo III de este
Título.
Artículo 978 El albacea debe cumplir su encargo en el término señalado por el testador.
Si el testador no lo señaló, tendrá el de un año, a contar desde la muerte de aquél,
término que el Juez podrá prolongar, según las circunstancias, a petición de cualquiera
heredero o del mismo albacea.
Artículo 979 Los herederos pueden pedir la terminación del albaceazgo desde que el
albacea haya cumplido su encargo, aunque no esté vencido el plazo señalado por el
testador o por la Ley.
Artículo 980 No es motivo para la prolongación del plazo ni para que continúe el
albaceazgo, la existencia de legados o fideicomisos cuyo día o condición esté pendiente,
a menos que el testador haya dado expresamente al albacea la tenencia de las
respectivas especies, o la parte de bienes destinada a cumplirlos, caso en el cual se
limita el albaceazgo a esta sola tenencia.
Lo dicho se extiende a las deudas cuyo pago se ha encomendado al albacea, y cuyo día,
condición y liquidación estén pendientes, y sin perjuicio de los derechos conferidos a
los herederos en los artículos precedentes.
Artículo 981 Si muchos albaceas han aceptado el encargo, uno solo puede intervenir a
falta de los demás, salvo disposición contraria del testador; pero están obligados
solidariamente a dar cuenta de los bienes que se les haya confiado, con tal que el
testador no haya dividido sus funciones y que cada uno de ellos se haya limitado a los
que se le hubieren atribuido.
Artículo 982 Sin expresa autorización del testador, el albacea no puede delegar sus
funciones, las cuales terminan por su muerte o remoción o por la expiración del lapso
señalado por el testador o por la Ley.
Artículo 983 El cargo de albacea es gratuito y voluntario; pero una vez aceptado pasa a
ser obligatorio si no sobreviniere excusa admisible al prudente arbitrio del Juez.

Artículo 984 Si el testador legó o señaló conjuntamente a los albaceas alguna
retribución, la parte de los que no admitan el cargo, acrecerá a los que lo admitan.
Artículo 985 Los gastos hechos por el albacea para el inventario y el rendimiento de las
cuentas, y los demás indispensables para el desempeño de sus funciones, le serán
abonados de la masa de la herencia.
Sección IX
De la apertura, publicación y protocolización de testamento cerrado
Artículo 986 Toda persona que tenga en depósito un testamento cerrado, está en la
obligación de manifestarlo ante el Juez de Primera Instancia más cercano tan pronto
como conozca la muerte del testador, para que sea abierto y publicado.
Cualquiera que se crea interesado puede solicitar del mismo funcionario que ordene la
entrega del testamento comprobando la muerte del testador
Artículo 987 En la misma audiencia en que se presente la solicitud o se haga la
manifestación a que se refiere el artículo anterior, el Juez fijará audiencia y hora para la
consignación, apertura y publicación del testamento El auto del Juez se publicará
oportunamente por la prensa en los lugares en que la hubiere o por carteles donde no
existan periódicos.
Artículo 988 En la audiencia y a la hora fijada se procederá a la consignación, apertura
y publicación del testamento en presencia de dos testigos por lo menos, prefiriéndose, si
fuere posible, dos de los que suscribieron el acta del testamento. Se verificará
previamente el estado en que se encuentre el pliego y si t hay o no indicios de haber sido
alterados o violados los sellos. De todo se levantará acta en que se hará constar
expresamente la verificación del estado del pliego Dicha acta será firmada por el Juez,
los testigos, los interesados que hayan concurrido y el Secretario.
Artículo 989 En la misma audiencia, el Juez ordenará que se expida copia certificada
del testamento y del acta de consignación, apertura y publicación, para su remisión al
Registrador Subalterno de la jurisdicción donde se hubiere otorgado el testamento para
su protocolización.
Si el testamento se hubiere otorgado en país extranjero. pero ante el Agente Diplomático
o Consular de la República, las copias certificadas se remitirán, por el órgano legal
correspondiente, para su protocolización, a la Oficina Subalterna de Registro donde fue
protocolizada la copia del acta del otorgamiento de dicho testamento.
Si el testamento se otorgó ante un funcionario de país extranjero, las copias certificadas
se remitirán para su protocolización, a una cualquiera de las Oficinas Subalternas de
Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal.
Sección X
De la revocación de los testamentos
Artículo 990 Todo testamento puede ser revocado por el testador, de la misma manera
y con las mismas formalidades que se requieren para testar.

Este derecho no puede renunciarse. ni en forma alguna restringirse.
Artículo 991 La revocación del testamento puede ser parcial.
En este caso, o cuando el testamento posterior no contiene revocatoria expresa, los
anteriores testamentos subsisten en todas aquellas disposiciones que no resulten
incompatibles o contrarias a las nuevas
La revocación total o parcial puede también ser revocada en cuyo caso renace la
disposición anterior.
Artículo 992 La revocación producirá todos sus efectos aun cuando el testamento que la
contenga quede sin ejecución por muerte o incapacidad del heredero o legatario
instituido, o porque renuncien a la herencia o al legado.
Capítulo III
Disposiciones comunes a las sucesiones intestadas y a las testamentarias
Sección I
De la apertura de la sucesión y de la continuación de la posesión en la persona del
heredero
Artículo 993 La sucesión se abre en el momento de muerte y en el lugar del último
domicilio del de cujus.
Artículo 994 Si hubiere duda sobre cuál de dos o mas individuos llamados
recíprocamente a sucederse, haya muerto primero que el otro. el que sostenga la
anterioridad la muerte del uno o del otro deberá probarla. A falta prueba, se presumen
todos muertos al mismo tiempo no hay transmisión de derechos de uno a otro.
Artículo 995 La posesión de los bienes del de cujus pasa de derecho a la persona del
heredero, sin necesidad de toma de posesión material.
Si alguno que no fuere heredero tomare posesión de los bienes hereditarios, los
herederos se tendrán por despojados de hecho, y podrán ejercer todas las acciones que
les competan.
Sección II
De la aceptación y de la repudiación de la herencia
§ 1º
De la aceptación
Artículo 996 La herencia puede aceptarse pura y simplemente o a beneficio de
inventario.
Artículo 997 La aceptación no puede hacerse a término ni condicional ni parcialmente.

Artículo 998 Las herencias deferidas a los menores y a los entredichos no pueden
aceptarse válidamente, sino a beneficio de inventario.
Artículo 999 Los inhabilitados no pueden aceptar sino con el consentimiento de su
curador y a beneficio de inventario. Si el curador se opusiere a la aceptación, puede el
Tribunal, a solicitud del inhabilitado, autorizarle para que acepte bajo dicho beneficio.
Artículo 1.000 Las herencias deferidas a los establecimientos públicos o a otras
personas jurídicas, no podrán aceptarse sino por sus respectivas direcciones, conforme a
sus reglamentos, y a beneficio de inventario.
Artículo 1.001 El efecto de la aceptación se retrotrae al momento en que se abrió la
sucesión. Sin embargo, quedan a salvo los derechos adquiridos por terceros en virtud de
convenciones a título oneroso hechas de buena fe con el heredero aparente. Si éste ha
enajenado de buena fe una cosa de la herencia, solamente está obligado a restituir el
precio recibido y a ceder su acción contra el comprador que no lo hubiese pagado
todavía.
El heredero aparente de buena fe no está obligado a la restitución de frutos sino desde el
día en que se le haya notificado legalmente la demanda.
Artículo 1.002 La aceptación puede ser expresa o tácita.
Será expresa, cuando se tome el título o cualidad de heredero en un instrumento público
o privado.
Será tácita, cuando el heredero ejecute un acto que suponga necesariamente la voluntad
de aceptar la herencia, acto que no tendrá derecho de ejecutar sino en calidad de
heredero.
Artículo 1.003 Los actos meramente conservatorios, de guarda y de administración
temporal no envuelven la aceptación de la herencia, si la persona no ha tomado en ellos
el título o cualidad de heredero.
Artículo 1.004 La donación, cesión o enajenación hecha por el heredero a un extraño, a
sus demás coherederos o a alguno de ellos, de sus derechos hereditarios, envuelve su
aceptación de la herencia.
Artículo 1.005 El mismo efecto tendrá la renuncia hecha por uno de los coherederos en
favor de uno o de algunos de los demás, aunque sea gratuitamente, y la hecha en favor
de todos sus coherederos indistintamente, cuando haya estipulado precio por su
renuncia.
Artículo 1.006 La renuncia hecha por un coheredero no envuelve aceptación de la
herencia cuando se hace gratuitamente en provecho de todos los coherederos abintestato
o testamentarios, a quienes se deferiría la parte del renunciante, en caso de faltar éste.
Artículo 1.007 Si la persona en cuyo favor se ha abierto una sucesión, muere sin
haberla aceptado expresa o tácitamente, trasmite a sus herederos el derecho de aceptarla.

Artículo 1.008 Si estos herederos no están de acuerdo para aceptar o para renunciar la
herencia, el que la acepta adquiere solo todos los derechos y queda sometido a todas las
cargas de la herencia, considerándose al renunciante como extraño.
Artículo 1.009 Los herederos que hayan aceptado la herencia del heredero fallecido,
podrán renunciar a la herencia que se había deferido a este último y que no había
aceptado todavía; pero la renuncia de la herencia del heredero fallecido envuelve la de
aquella que se le había deferido.
Artículo 1.010 La aceptación de la herencia no puede atacarse a no ser que haya sido
consecuencia de violencia o de dolo.
No puede tampoco impugnarse la aceptación, por causa de lesión.
Sin embargo en caso de descubrirse un testamento, desconocido en el momento de la
aceptación, el heredero no está obligado a pagar los legados contenidos en aquel
testamento, sino hasta cubrir el valor de la herencia, salvo siempre la legítima que pueda
debérsele.
Artículo 1.011 La facultad de aceptar una herencia no se prescribe sino con el
transcurso de diez años.
Sección II
De la aceptación y de la repudiación de la herencia
§ 2°
De la repudiación
Artículo 1.012 La repudiación de la herencia debe ser expresa y constar de instrumento
público.
Artículo 1.013 La aceptación de la herencia no puede atacarse, a no ser que haya sido
consecuencia de violencia o de dolo.
No pueda tampoco impugnarse la aceptación, por causa de lesión.
Sin embargo, en caso de descubrirse un testamento, desconocido en el momento de la
aceptación, el heredero no está obligado a pagar los legados contenidos en aquel
testamento, sino hasta cubrir el valor de la herencia salvo siempre la legítima que pueda
debérsele.
Artículo 1.014 En las sucesiones intestadas, la Parte del que renuncia acrece a Sus
coherederos; si no hay otro heredado, la herencia se defiere al grado subsiguiente.
Artículo 1.015 No se sucede por representación de un heredero que haya renunciado. Si
el renunciante fuere el único heredero en su grado, o si todos los coherederos
renunciaren, los hijos de ellos suceden por derecho propio y por cabeza.

Artículo 1.016 En las sucesiones testamentarias la parte del renunciante se defiere a sus
coherederos o a los herederos abintestato, según lo establecido en los artículos 943 y
946.
Artículo 1.017 Cuando alguien renuncia una herencia en perjuicio de los derechos de
sus acreedores, éstos podrán hacerse autorizar judicialmente para aceptarla en nombre y
lugar de su deudor.
En este caso, la renuncia se anula, no en favor del heredero que la ha renunciado, sino
solo en provecho de sus acreedores, y hasta concurrencia de sus créditos.
Artículo 1.018 Mientras el derecho de aceptar una herencia no se haya prescrito, los
herederos que la hayan renunciado pueden aceptarla. si no ha sido aceptada por otros
herederos, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros sobre los bienes de la
herencia, tanto en virtud de prescripción como de actos válidamente ejecuta dos con el
curador de la herencia yacente.
Artículo 1.019 Todo el que tenga acción contra la herencia, o derecho de suceder a falta
del llamado actualmente, tiene derecho de pedir al Tribunal que compela al heredero,
sea abintestato o testamentario, a que declare si acepta o repudia la herencia.
El Juez, procediendo sumariamente, fijará un plazo para esta declaración, el cual no
excederá de seis meses.
Vencido este plazo sin haberla hecho, se tendrá por repudiada la herencia.
Artículo 1.020 No obstante, de lo establecido en los artículos precedentes los llamados
a una herencia que se encuentren en posesión real de los bienes que la componen,
pierden el derecho de repudiarla, si dentro de tres meses de la apertura de la sucesión, o
desde el día en que se les ha informado de habérseles deferido la herencia, no han
procedido conforme a las disposiciones concernientes al beneficio de inventario, y se
reputarán herederos puros y simples, aun cuando pretendiesen poseer aquellos bienes
por otro título.
Artículo 1.021 Los herederos que hayan sustraído u ocultado bienes pertenecientes a la
herencia, perderán el derecho de repudiarla y quedarán constituidos en herederos puros
y simples.
Artículo 1.022 No se puede, ni aun por contrato de matrimonio, renunciar a la herencia
de una persona viva ni enajenar los derechos eventuales que se puedan tener a aquella
herencia.
§ 3º
Del beneficio de inventario, de sus efectos y de las obligaciones del heredero
beneficiario
Artículo 1.023 La declaración del heredero de que pretende tomar este carácter bajo
beneficio de inventario, se hará por escrito ante el Tribunal de Primera Instancia del

lugar donde se abrió la sucesión, se publicará en extracto en el periódico oficial o en
otro a falta de éste, y se fijará por edictos en la puerta del Tribunal.
Artículo 1.024 El heredero puede pedir que se le admita al beneficio de inventario, no
obstante prohibición del testador.
Artículo 1.025 Aquella declaración no produce efecto si no la precede o sigue el
inventario de los bienes, de la herencia, formado con las solemnidades establecidas en el
Código de Procedimiento Civil y en los términos fijados en este parágrafo.
Artículo 1.026 Cuando haya varios herederos, bastará que uno declare que quiere que la
herencia se acepte a beneficio de inventario, para que así se haga.
Artículo 1.027 El heredero que se halle en posesión real de la herencia, deberá hacer el
inventario dentro de tres meses a contar desde la apertura de la sucesión, o desde que
sepa que se le ha deferido aquella herencia. Si ha principiado el inventario y no lo
pudiere terminar en este plazo, ocurrirá al Juez de Primera Instancia del lugar donde se
ha abierto la sucesión, para obtener una prórroga, que no excederá de otros tres meses, a
menos que graves circunstancias particulares hagan necesario que sea mayor.
Artículo 1.028 Si en los tres meses dichos no ha principiado el heredero a hacer el
inventario, o si no lo ha concluido en el mismo término, o en el de la prórroga que haya
obtenido, se considerará que ha aceptado la herencia pura y simplemente.
Artículo 1.029 Después de haber terminado el inventario el heredero que no haya hecho
la declaración preceptuada en el artículo 1.023, tendrá un plazo de cuarenta días, a
contar desde la conclusión del inventario, para deliberar sobre la aceptación o
repudiación de la herencia.
Pasado este término sin haber hecho su declaración, se le considerará como heredero
puro y simple.
Artículo 1.030 Cuando el heredero no esté en posesión real de la herencia, ni se haya
mezclado en su administración, conserva el derecho de aceptarla bajo beneficio de
inventario, mientras no se haya prescrito la facultad de aceptar la herencia.
Una vez hecha la declaración a que se refiere el artículo 1.023, de acogerse al beneficio
de inventario, el heredero deberá dejar concluido el inventario dentro del término de tres
meses contados desde la declaración a menos que obtenga una prórroga del Juez de
Primera instancia en la forma prevista en el artículo 1027. La falta en el oportuno
levantamiento del inventario hace que la aceptación se tenga por pura y simple.
Cuando el inventario ha sido terminado, el heredero debe hacer la manifestación de
aceptación dentro de los cuarenta días siguientes. A falta de esta declaración, se tiene
por repudiada la herencia.
En el caso del artículo 1.019, el heredero que no se encuentra en la posesión real de la
herencia, deberá concluir el inventario dentro del mismo plazo que le haya fijado el
Tribunal para su aceptación o repudiación, salvo que haya obtenido una prórroga de ese

Tribunal. Si hace la declaración y no hace el inventario se le tiene por heredero puro y
simple.
Artículo 1.031 Los menores, los entredichos y los inhabilitados, no se consideran
privados del beneficio de inventario sino al fin del año siguiente a la mayor edad, o a la
cesación de la interdicción o de la inhabilitación si en este año no han cumplido las
disposiciones del presente parágrafo.
Artículo 1.032 Durante el plazo concedido para hacer inventario y para deliberar, el
llamado a la sucesión no está obligado a tomar el carácter de heredero.
Sin embargo, se le considerará como curador de derecho de la herencia, y con tal
carácter se le puede demandar Judicialmente para que la represente y conteste las
acciones intentadas contra la herencia. Si no compareciere el Juez nombrará un curador
a la herencia para ese caso.
Artículo 1.033 Si en la herencia se encontraren objetos que no puedan conservarse o
cuya conservación sea costosa el heredero, durante los plazos que quedan establecidos
podrá hacerse autorizar para venderlos, de la manera que juzgue más conveniente la
autoridad judicial.
Sin que se pueda concluir de allí que haya aceptado la herencia.
Artículo 1.034 Si el heredero repudia la herencia durante los plazos establecidos, o la
prórroga, los gastos que haya hecho legítimamente hasta la repudiación, serán de cargo
de la herencia.
Artículo 1.035 El heredero que de mala fe haya dejado de comprender en el inventario
algún objeto perteneciente a la herencia, quedará privado del beneficio de inventario.
Artículo 1.036 Los efectos del beneficio de inventario consisten en dar al heredero las
ventajas siguientes:
No estar obligado al pago de las deudas de la herencia ni al de los legados, sino hasta
concurrencia del valor de los bienes que haya tomado, y poder libertarse de unas y otras
abandonando los bienes hereditarios a los acreedores y a los legatarios.
No confundir sus bienes personales con los de la herencia, y conservar contra ella el
derecho de obtener el pago de sus propios créditos.
Artículo 1.037 El heredero a beneficio de inventario tiene la obligación de administrar
los bienes de la herencia y de dar cuenta de su administración a los acreedores y a los
legatarios.
No puede compelérsele a pagar con sus propios bienes, sino en el caso de que, estando
en mora para la rendición de la cuenta, no satisficiere esta obligación.
Después de la liquidación de la cuenta no puede compelérsele a hacer el pago con sus
bienes personales, sino hasta concurrencia de las cantidades por las cuales sea deudor.

Artículo 1.038 El heredero a beneficio de Inventarlo prestará la culpa que presta todo
administrador de bienes ajenos.
Artículo 1.039 Los acreedores y los legatarios pueden hacer fijar un término al heredero
para el rendimiento de cuentas.
Artículo 1.040 El heredero a quien se deba la legítima, aunque no haya aceptado la
herencia a beneficio de inventario, podrá hacer reducir las donaciones y legados hechos
a sus coherederos.
Artículo 1.041 El heredero queda privado del beneficio de inventario, si enajena los
inmuebles de la herencia sin autorización judicial.
Artículo 1.042 Queda privado igualmente del beneficio de inventario, si vende los
bienes muebles de la herencia sin autorización judicial, antes de que hayan transcurrido
dos años de la declaración de la aceptación bajo beneficio de inventario; después de este
plazo, puede vender los bienes muebles sin ninguna formalidad.
Artículo 1.043 Si los acreedores u otras personas interesadas lo exigieren, el heredero
dará garantía suficiente respecto de los bienes muebles comprendidos en el inventario,
de los frutos de los inmuebles y del precio de los mismos inmuebles que quede después
del pago de los créditos hipotecarios. A falta de aquellas garantías, el juez proveerá a la
seguridad de los interesados.
Artículo 1.044 El heredero paga legítimamente a los acreedores y a los legatarios que
se presenten, salvo los derechos de preferencia de ellos, a no ser que algún acreedor u
otro interesado se oponga a que haga los pagos extrajudicialmente o promueva
preferencia en alguno o algunos pagos, pues entonces se harán éstos por el orden y
según el grado que el Juez señale, conforme a las disposiciones de este Código.
Artículo 1.045 Los acreedores que no hayan hecho oposición y se presentaren después
de haberse agotado toda la herencia en pagar a los demás acreedores y a los legatarios,
no tendrán acción sino contra los legatarios.
Esta acción se extingue por el transcurso de tres años a contar desde el día del último
pago.
Artículo 1.046 Quedan exceptuados de la disposición del artículo anterior los
acreedores hipotecarios, quienes conservarán su acción para cobrarse de los bienes que
estén afectos al pago de su crédito, aunque no hayan hecho oposición.
Artículo 1.047 Los gastos de inventario y rendición de cuentas son de cargo de la
herencia.
Artículo 1.048 El heredero que haya seguido un pleito temerario, será condenado
personalmente en las costas.
§ 4º
De la separación de los patrimonios del de cujus y del heredero

Artículo 1.049 Los acreedores de la herencia y los legatarios, pueden pedir la
separación del patrimonio del de cujus y el del heredero, aun cuando tengan una
garantía especial sobre los bienes de la herencia.
Artículo 1.050 La separación tiene por objeto el pago, con el patrimonio del de cujus, a
los acreedores y a los legatarios que la han pedido, con preferencia a los acreedores del
heredero.
Artículo 1.051 Los acreedores y los legatarios que hayan aceptado al heredero por
deudor, no tienen derecho a la separación.
Artículo 1.052 El derecho a pedir la separación no puede ejercerse sino dentro del
perentorio plazo de cuatro meses, a contar desde la apertura de la sucesión.
Artículo 1.053 La aceptación de la herencia a beneficio de inventario, no dispensa a los
acreedores del de cujus y a los legatarios que pretendan hacer uso del derecho de
separación, de observar lo establecido en este parágrafo.
Artículo 1.054 Cuando alguna de las personas a quienes se refiere el artículo 1.049,
pidiere la separación de patrimonios, se procederá a la formación del Inventarlo
solemne de todos los bienes de la herencia, tanto muebles como Inmuebles, y terminado
que sea se enviará a las Oficinas de Registro de los Departamentos o Distritos a que
correspondan las respectivas situaciones de los inmuebles, copla auténtica de las
partidas del inventarlo que se refieran a inmuebles, juntamente con la de la solicitud del
peticionario, a fin de que dichas copias sean protocolizadas en los protocolos de
hipotecas correspondientes.
Artículo 1.055 Respecto de los muebles ya enajenados, el derecho de separación se
referirá únicamente al precio que se deba.
Artículo 1.056 Las hipotecas de los inmuebles de la herencia, otorgadas en favor de los
acreedores del heredero y las enajenaciones de aquellos inmuebles, aunque estén
registradas, no perjudican los derechos de los acreedores del de cujus ni los de los
legatarios, siempre que unos y otros hayan llenado los requisitos establecidos en este
parágrafo y en los plazos expresados en el mismo.
Artículo 1.057 La separación de los patrimonios aprovecha únicamente a quienes la han
pedido, y no modifica entre éstos, respecto de los bienes del de cujus, la condición
Jurídica originaria de los títulos respectivos, ni sus derechos de prelación.
Artículo 1.058 El heredero puede Impedir o hacer cesar la separación, pagando a los
acreedores y a los legatarios, o dando caución suficiente para el pago de aquellos cuyo
derecho estuviere pendiente de alguna condición o de algún plazo, o fuere
controvertido.
Artículo 1.059 Todas las disposiciones relativas a las hipotecas, son aplicables al
vínculo que se deriva de la separación de los patrimonios, siempre que se haya
verificado el registro legal sobre los Inmuebles de la herencia.
§ 5º

De la herencia yacente y de la vacante
Artículo 1.060 Cuando se Ignora quién es el heredero, o cuando han renunciado los
herederos testamentarios o ab intestato, la herencia se reputa yacente y se proveerá a la
conservación y administración de los bienes hereditarios por medio de un curador.
Artículo 1.061 El Juez de Primera Instancia con Jurisdicción en el lugar donde se haya
abierto la sucesión, nombrará el curador, a petición de persona Interesada o de oficio.
Artículo 1.062 El curador está obligado a hacer formar el inventario de la herencia, a
ejercer y hacer valer los derechos de ésta, a seguir los Juicios que se le promuevan, a
administrarla, a depositar en un Instituto bancario el dinero que se encuentre en la
herencia y el que perciba de la venta de los muebles y, de los Inmuebles, y, por último, a
rendir cuenta de su administración.
El curador nombrado deberá dar caución por la cantidad que fije el Tribunal, sin lo cual
no podrá entrar en el ejercicio de sus funciones.
Si la caución dada no hubiere sido suficiente a cubrir las resultas de la curatela, el Juez
será responsable de los daños y perjuicios sobrevenidos a los interesados.
Artículo 1.063 Las disposiciones del parágrafo 3º de esta Sección sobre inventario,
sobre la manera de administrar la herencia y rendición de cuentas por parte del heredero
beneficiario, son comunes a los curadores de las herencias yacentes.
Artículo 1.064 El Juez deberá emplazar por edicto y por la imprenta si fuere posible, a
los que se crean con derecho a la herencia, para que comparezcan a deducirlo.
Artículo 1.065 Pasado un año después de fijados los edictos a que se refiere el artículo
anterior, sin haberse presentado nadie reclamando fundadamente derecho a la herencia
reputada yacente, el Juez que haya intervenido en las diligencias de su administración
provisional, declarará vacante la herencia, y pondrá en posesión de ella al empleado
fiscal respectivo, previo inventario y avalúo que se hará de acuerdo con el curador.
Sección III
De la partición
Artículo 1.066 Puede encargarse a otra persona la simple facultad de hacer la partición
de los bienes que alguien deje a su fallecimiento, con tal de que no sea a uno de los
coherederos.
Esta facultad deberá darse en testamento o en Instrumento público.
Artículo 1.067 Se puede pedir la partición de una herencia, no obstante cualquiera
prohibición del testador.
Sin embargo, cuando todos los herederos Instituidos o algunos de ellos sean menores, el
testador puede prohibir la Partición de la herencia hasta un año después que hayan
llegado a la mayor edad los menores. La Autoridad Judicial podrá, no obstante, permitir
la Partición, cuando así lo exijan circunstancias graves y urgentes.

Artículo 1.068 La partición procede aunque uno de los coherederos haya gozado
separadamente de una parte de la herencia a menos que haya habido una posesión
suficiente para la prescripción, cuando haya lugar a esta.
Artículo 1.069 Cuando los coherederos no puedan acordarse para practicar una
partición amistosa, se observarán las reglas de los artículos siguientes.
Artículo 1.070 Cada uno de los coherederos puede pedir en especie su parte de bienes
muebles o inmuebles de la herencia. sin embargo, si hubiere acreedores que hayan
embargado los muebles o que se opusieren a ello. o si la mayoría de los coherederos
juzgare necesaria la venta para el pago de las deudas y cargas de la herencia, los
muebles se venderán en pública subasta. En todo caso el mueblaje y otros enseres de
uso inmediato y personal del cónyuge del de cujus se considerarán como bienes propios
de este y no se incluirán en el acervo hereditario.
Artículo 1.071 Si los inmuebles no pueden dividirse cómodamente, se hará también su
venta por subasta pública.
Cuando las partes sean todas mayores y consientan en ello, la venta podrá hacerse por
las personas que designen.
Artículo 1.072 Los pactos y las condiciones de la venta, si los copartícipes no se
pusieren de acuerdo, se establecerán por la autoridad judicial con arreglo a derecho.
Artículo 1.073 Cada uno de los coherederos traerá a colación, según las reglas que más
adelante se establecen, lo que se le haya dado y las cantidades de que sea deudor.
Artículo 1.074 Si no se hace en especie la colación, los coherederos a quienes se les
deba tienen derecho a una parte igual de la masa hereditaria, que debe adjudicárseles, en
cuanto sea posible, en objetos de la misma naturaleza y calidad de los que no se han
traído a colación en especie.
Artículo 1.075 En la formación y composición de los lotes se debe evitar, en cuanto sea
posible, desmembrar los fundos y causar perjuicios por la división a la calidad de las
explotaciones; y se procederá de manera que entre en cada parte, en lo posible, igual
cantidad de muebles, inmuebles, derechos y créditos de la misma naturaleza y valor.
Artículo 1.076 Un partidor nombrado por la mayoría de los interesados, formará las
partes y las adjudicará a cada heredero.
Para formar la mayoría se necesita el concurso de la mayoría absoluta de personas y de
haberes: caso de no obtenerse esta mayoría, el Juez elegirá el partidor.
Artículo 1.077 Practicada la partición, cualquier interesado podrá objetarla si no la
creyere Justa, y continuar la controversia en juicio ordinario con los demás.
Artículo 1.078 Si dentro de un término que fijará el Juez ninguno de los copartícipes
hiciere objeción, la partición quedará concluida, y así lo declarará el Tribunal.

Si entre los herederos hubiere menores, entredichos o inhabilitados, será necesaria la
aprobación del Tribunal, previo detenido examen de la partición, para que ésta quede
sellada.
Artículo 1.079 Si la objeción se declarare fundada por sentencia ejecutoriada, la
partición se reformará en el sentido que indique la sentencia, quedando concluida la
partición después que esto se verifique.
Artículo 1.080 Concluida la partición, se entregarán a cada uno de los copartícipes los
documentos relativos a los bienes y derechos que se les hayan adjudicado.
Los documentos de una propiedad adjudicada a varios y los comunes a toda la sucesión,
quedarán en poder del copropietario elegido por la mayoría formada con arreglo al
artículo 1.076. Si la mayoría no pudiere avenirse en la elección, o si alguno de los
interesados lo pretendiere, los documentos se archivarán en el Registro Principal de la
jurisdicción donde se abrió la partición.
Artículo 1.081 Los acreedores hereditarios podrán oponerse a que se lleve a efecto toda
partición de la herencia, hasta que se les pague o afiance.
Artículo 1.082 En todo aquello a que no se haya previsto en la presente acción, se
observarán las reglas establecidas en el Título de la comunidad.
Sección IV
De la colocación y de la imputación
Artículo 1.083 El hijo o descendiente que entre en la sucesión, aunque sea a beneficio
de inventario, junto con sus hermanos o hermanas, o los descendientes de unos u otras,
deberá traer a colación todo cuanto haya recibido del de cujus por donación, directa o
indirectamente, excepto el caso en que el donante haya dispuesto otra cosa.
Artículo 1.084 Aunque el hijo o descendiente haya sido dispensado de la obligación de
traer a colación lo recibido, no podrá retener la donación sino hasta el monto de la cuota
disponible. El exceso está sujeto a colación.
Artículo 1.085 El heredero que renuncie la sucesión podrá, sin embargo, retener la
donación o pedir el legado que se le haya hecho hasta el monto de la porción disponible;
pero no podrá retener o recibir nada a título de legítima
Artículo 1.086 Las donaciones hechas al descendiente del heredero, se considerarán
siempre hechas con la dispensa de la colación.
El ascendiente que suceda al donante, no estará obligado a la colación.
Artículo 1.087 Igualmente el descendiente que suceda en nombre propio al donante, no
estará obligado a traer a colación las cosas donadas a su propio ascendiente, aun en el
caso de haber aceptado su herencia.
Si sucede por derecho de representación, debe traer a colación lo que se haya dado al
ascendiente, aun en el caso de qué haya repudiado la herencia de éste.

Artículo 1.088 Las donaciones en favor del cónyuge de un descendiente, se presumen
hechas con la dispensa de la colación.
Si las donaciones se han hecho conjuntamente a dos cónyuges, uno de los cuales sea
descendiente del donante, sólo la porción de éste está sujeta a colación.
Artículo 1.089 Queda sujeto a colación lo gastado por el de cujus en constituir a sus
descendientes un patrimonio separado, ya con el fin de matrimonio u otro cualquiera, o
de pagar las deudas de aquéllos; pero si el patrimonio constituido a una hija fuera
entregado a su marido sin las garantías suficientes, la hija sólo queda obligada a traer a
colación la acción que tenga contra el patrimonio del marido.
Artículo 1.090 Lo dejado por testamento no queda sujeto a colación, salvo el caso de
disposición en contrario y de lo establecido en el artículo 1.108.
Artículo 1.091 No se debe traer a colación los gastos de manutención, curación,
educación, Instrucción ni los ordinarios por vestido, matrimonio y regalos de
costumbre.
Artículo 1.092 Tampoco se traerán a colación las ganancias que el heredero haya
obtenido en virtud de contratos celebrados con el de cujus, con tal de que éstos no hayan
contenido alguna ventaja indirecta en el momento de su celebración.
Artículo 1.093 No se debe colación por consecuencia de las sociedades formadas sin
fraude entre el de cujus y alguno de sus herederos, si las condiciones se han establecido
por un acto que tenga fecha cierta.
Artículo 1.094 El inmueble que haya perecido por caso fortuito y sin culpa del
donatario, no está sujeto a colación.
Artículo 1.095 Los frutos y los intereses de las cosas sujetas a colación, se deberán sólo
desde el día de la apertura de la sucesión.
Artículo 1.096 Se debe la colación sólo por el descendiente coheredero a sus
coherederos descendientes, según el artículo 1.083. No se debe ni a los demás
herederos, ni a los legatarios, ni a los acreedores de la herencia, salvo disposición
contraria del donador o del testador, y salvo lo que se establece en el artículo 1.108.
Sin embargo, el legatario de la porción disponible, que sea al mismo tiempo heredero
legitimario, puede pretender la colación al sólo efecto de establecer la cuota de su
legítima, pero nunca para integrarla a la porción disponible.
Artículo 1.097 La colación se hace, sea presentando la cosa en especie, sea haciendo
que se impute su valor a la respectiva porción, a elección del que hace la colación.
Artículo 1.098 Cuando el donatario de un inmueble lo haya enajenado o hipotecado, la
colación se hará sólo por imputación.
Artículo 1.099 La colación por imputación se hará atendiendo al valor del inmueble en
el momento de la apertura de la sucesión.

Artículo 1.100 En todo caso deberán abonarse al donatario las impensas con que haya
mejorado la cosa, habida consideración a su mayor valor en el momento de la apertura
de la sucesión.
Artículo 1.101 También se abonarán al donatario las impensas necesarias que haya
hecho para la conservación de la cosa, aunque no la haya mejorado.
Artículo 1.102 El donatario, por su parte, será responsable de los deterioros y
desmejoras provenientes de hecho, culpa y negligencia suyas, que hayan disminuido el
valor del inmueble.
Artículo 1.103 Caso de haber el donatario enajenado el inmueble, las mejoras y los
deterioros causados por el adquirente se tendrán en cuenta, con arreglo a los tres
artículos anteriores.
Artículo 1.104 La donación hecha a un descendiente heredero con dispensa de colación,
tiene por objeto un inmueble que exceda de la porción disponible, el donatario deberá
traer a colación el inmueble en especie, o, puede retenerlo todo, según las reglas
establecidos en el artículo 893.
Artículo 1.105 El coheredero que trae a colación un inmueble en especie, puede retener
su posesión hasta el reembolso efectivo de las cantidades que se le deban por impensas
y mejoras.
Artículo 1.106 La colación de los muebles se hace por imputación y atendido el valor
que tenían cuando se verificó la donación, si se trata de cosas de consumo o fungibles.
En los demás casos de muebles, la imputación se hará conforme lo dispuesto para los
inmuebles en los artículos anteriores,.
Artículo 1.107 La colación del dinero se hace agregando ficticiamente el donado al que
haya en la herencia.
Si no hubiere dinero, o si el que hubiere no bastare para dar a cada heredero el que le
corresponda, el donatario puede eximirse de la colación, abandonando, hasta la debida
concurrencia, el equivalente en muebles y, a falta de éstos, en inmuebles.
Artículo 1.108 No obstante las disposiciones de los artículos 1.088 y 1.096, el donatario
o legatario que tenga derecho a la legítima, y que pida la repudiación de las
liberalidades hechas en favor de un donatario, de un coheredero o de un legatario,
aunque sea extraño, como excedente de la porción disponible, debe imputar a su
legítima las donaciones y legados que se le hayan hecho, a menos que se le haya
dispensado formalmente de tal imputación.
Sin embargo, la dispensa no tiene efecto en perjuicio de los donatarios anteriores.
Artículo 1.109 Cualquiera otra liberalidad que, según las reglas precedentes esté exenta
de la colación, lo estará también de la imputación.
Sección V
Del pago de las deudas

Artículo 1.110 Los coherederos contribuyen al pago de las deudas y cargas de la
herencia en proporción a sus cuotas hereditarias, salvo que el testador haya dispuesto
otra cosa.
Artículo 1.111 Cuando alguno o algunos inmuebles de una herencia estén gravados con
el pago de una renta redimible, cada coheredero puede exigir que los inmuebles queden
libres antes de que se proceda a la formación de las cuotas hereditarias. Si los
coherederos dividen la herencia en el estado en que se encuentra, los inmuebles
gravados se estimarán del mismo modo que los demás; y de su valor se deducirá el
capital correspondiente a la pensión o renta.
El heredero a quien se adjudique el fundo o fundos gravados, quedará obligado al pago
de la pensión, con la obligación de garantizar a sus coherederos.
Artículo 1.112 Los herederos están obligados a satisfacer las deudas y cargas
hereditarias personalmente, en proporción a su cuota, e hipotecariamente por el todo,
salvo su recurso, si hay lugar, contra los coherederos en razón de la parte con que deben
contribuir.
Artículo 1.113 El coheredero que, en fuerza de la hipoteca, haya pagado una deuda
común superior a su parte, no tiene recurso contra los demás coherederos, sino por la
parte que corresponda a cada uno de ellos personalmente, aunque se haya hecho
subrogar en los derechos de los acreedores. Este coheredero conserva en lo demás la
facultad de reclamar su crédito personal como cualquiera otro acreedor, con deducción
de la parte que él debe pagar.
Artículo 1.114 En caso de insolvencia de un coheredero, su parte en la deuda
hipotecaria se repartirá proporcionalmente entre todos los demás.
Artículo 1.115 El legatario no está obligado a pagar las deudas de la herencia, sin
perjuicio de la acción hipotecaria que competa a los acreedores sobre el fundo legado, y
salvo también el derecho de separación; pero el legatario que haya satisfecho la deuda
con que estaba gravado el fundo, se subroga en los derechos del acreedor contra los
herederos.
Sección VI
De los efectos de la partición y de la garantía de los lotes
Artículo 1.116 Se reputa que cada coheredero ha heredado salo e inmediatamente todos
los efectos comprendidos en su lote, o que le hayan tocado en subasta entre los
coherederos, y que no ha tenido jamás la propiedad de los otros bienes de la herencia.
Artículo 1.117 Los coherederos se deben mutuo saneamiento por las perturbaciones y
evicciones procedentes de causa anterior a la partición.
No se debe saneamiento si la evicción se ha efectuado expresa y señaladamente en la
partición, o si aquélla se verifica por culpa del coheredero.

Artículo 1.118 Cada coheredero queda obligado personalmente a indemnizar, en
proporción a su parte, a los demás coherederos, de la pérdida ocasionada por la
evicción.
Si algún coheredero es insolvente, concurrirán proporcionalmente, en la parte con que él
debiera contribuir, los coherederos solventes, inclusive el que haya padecido la pérdida.
Artículo 1.119 La garantía de la solvencia del deudor de una renta, no dura más de
cinco años después de la partición.
No ha lugar a la garantía por la insolvencia del deudor de un crédito, si ésta ha
sobrevenido después de la partición.
Sección VII
De la rescisión en materia de partición
Artículo 1.120 Las particiones pueden rescindirse por las mismas causas que dan lugar
a la rescisión de los contratos.
Puede también haber lugar a la rescisión, cuando uno de los coherederos ha padecido
lesión que exceda del cuarto de su parte en la partición. La simple omisión de un objeto
de la herencia, no da lugar a la acción de rescisión, sino a una partición suplementaria.
Artículo 1.121 La acción de rescisión se da contra todo acto que tenga por objeto hacer
cesar entre los coherederos la comunidad de los bienes de la herencia, aun cuando se lo
califique de venta, de permuta, de transacción o de cualquiera otra manera.
La acción de rescisión no será procedente contra la transacción celebrada después de la
partición, o acto que la supla, sobre dificultades reales que haya presentado el primer
acto, aunque no se haya intentado ningún juicio sobre el asunto.
Artículo 1.122 Esta acción no se admite contra la venta del derecho hereditario hecha
sin fraude a uno de los herederos a su riesgo, por uno o más coherederos.
Artículo 1.123 Para averiguar si ha habido lesión, se procede a la estimación de los
objetos, según su estado y valor en la época de la partición.
Artículo 1.124 El demandado por rescisión puede detener el curso de la acción e
impedir una nueva partición, dando al demandante el suplemento de su porción
hereditaria en dinero o en especie.
Artículo 1.125 El coheredero que ha enajenado su haber en todo o en parte, no tiene
derecho a intentar la acción de rescisión por dolo o violencia, si la enajenación se ha
verificado después de haber conocido el dolo, o después de haber cesado la violencia.
Sección VIII
De la partición hecha por el padre, por la madre o por otros ascendientes entre sus
descendientes.

Artículo 1.126 El padre, la madre y demás ascendientes pueden partir y distribuir sus
bienes entre sus hijos y descendientes, aun comprendiendo en la partición la parte no
disponible.
Artículo 1.127 Estas particiones pueden hacerse por acto entre vivos o por testamento,
con las mismas formalidades, condiciones y reglas establecidas para las donaciones y
testamentos.
Las particiones por acto entre vivos no pueden comprender sino los bienes presentes.
Artículo 1.128 El ascendiente puede sujetarse a la regla del artículo 1.075
Artículo 1.129 Los copartícipes se considerarán entre sí como herederos que hubieren
hecho la partición de la herencia. Están obligados al pago de las deudas, se deben
saneamiento y gozan de los privilegios que la Ley acuerda a los copartícipes.
Artículo 1.130 Si en la partición no se han comprendido todos los bienes que a su
muerte ha dejado el ascendiente, los omitidos se partirán con arreglo a la Ley.
Artículo 1.131 Es nula la partición en que no se han comprendido todos los hijos y
descendientes de los premuertos llamados a la sucesión. entre sus descendientes.
En este caso, así los hijos y descendientes a quienes no se ha hecho adjudicación, como
aquéllos a quienes se ha hecho, pueden promover una nueva partición.
Artículo 1.132 La partición hecha por el ascendiente puede atacarse si resulta de la
partición, o de cualquiera otra disposición hecha por el ascendiente, que alguno de los
comprendidos en aquélla ha padecido lesión en su legítima.
Si la partición se hace por acto entre vivos puede también atacarse por causa de lesión
que pase del cuarto, según el artículo 1.120.
Título III
De las obligaciones
Capítulo I
De las fuentes de las obligaciones
Sección I
De los contratos
§ 1º
Disposiciones preliminares
Artículo 1.133 El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir,
reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico.
Artículo 1.134 El contrato es unilateral, cuando una sola de las partes se obliga; y
bilateral, cuando se obligan recíprocamente.

Artículo 1.135 El contrato es a título oneroso cuando cada una de las partes trata de
procurarse una ventaja mediante un equivalente; es a título gratuito o de beneficencia
cuando una de las partes trata de procurar una ventaja a la otra sin equivalente.
Artículo 1.136 El contrato es aleatorio, cuando para ambos contratantes o para uno de
ellos, la ventaja depende de un hecho casual.
Artículo 1.137 El contrato se forma tan pronto como el autor de la oferta tiene
conocimiento de la aceptación de la otra parte.
La aceptación debe ser recibida por el autor de la oferta en el plazo fijado por ésta o en
el plazo normal exigido por la naturaleza del negocio.
El autor de la oferta puede tener por válida la aceptación tardía y considerar el contrato
como perfecto siempre que el lo haga saber inmediatamente a la otra parte.
El autor de la oferta puede revocarla mientras la aceptación no haya llegado a su
conocimiento. La aceptación puede ser revocada entre tanto que ella no haya llegado a
conocimiento del autor de la oferta.
Si el autor de la oferta se ha obligado a mantenerla durante cierto plazo, o si esta
obligación resulta de la naturaleza del negocio, la revocación antes de la expiración del
plazo. no es obstáculo para la formación del contrato.
La oferta, la aceptación o la revocación por una cualquiera de las partes, se presumen
conocidas desde el instante en que ellas llegan a la dirección del destinatario, a menos
que éste pruebe haberse hallado, sin su culpa en la imposibilidad de conocerla.
Una aceptación que modifica la oferta, tendrá únicamente el valor de una nueva oferta.
Artículo 1.138 Si a solicitud de quien hace la oferta, o en razón de la naturaleza del
negocio, la ejecución por el aceptante debe preceder a la respuesta, el contrato se forma
en el momento y en el Jugar en que la ejecución se ha comenzado.
El comienzo de ejecución debe ser comunicado inmediatamente a la otra parte.
Artículo 1.139 Quien promete públicamente remunerar una prestación o un hecho, no
puede revocar la promesa después que la prestación o el hecho se han cumplido.
La revocación hecha con anterioridad debe fundarse en una justa causa y hacerse
pública en la misma forma que la promesa, o en una forma equivalente.
En este caso, el autor de la revocación está obligado a reembolsar los gastos hechos por
aquéllos que, de buena fe y antes de la publicación de la revocación, han comenzado a
ejecutar la prestación o el hecho, pero sin que la suma total a reembolsar pueda exceder
del montante de la remuneración prometida.
La acción por reembolso de los gastos prescribe a los seis meses de la publicación de la
revocación.

Artículo 1.140 Todos los contratos, tengan o no denominación especial, están
sometidos a las reglas generales establecidas en este Título, sin perjuicio de las que se
establezcan especialmente en los Títulos respectivos para algunos de ellos en particular,
en el Código de Comercio sobre las transacciones mercantiles y en las demás leyes
especiales.
Artículo 1.141 Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son:
1°. Consentimiento de las partes;
2°. Objeto que pueda ser materia de contrato; y
3°. Causa lícita.
Artículo 1.142 El contrato puede ser anulado:
1°. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; y
2°. Por vicios del consentimiento.
§ 2º
De los requisitos para la validez de los contratos
I
De la capacidad de las partes contratantes.
Artículo 1.143 Pueden contratar todas las personas que no estuvieren declaradas
incapaces por la Ley.
Artículo 1.144 Son incapaces para contratar en los casos expresados por la Ley: los
menores, los entredichos, los inhabilitados y cualquiera otra persona a quien la Ley le
niegue la facultad de celebrar determinados contratos.
No tienen capacidad para adquirir bienes inmuebles los institutos llamados de manos
muertas, o sea los que por las leyes o reglamentos de su constitución no pueden
enajenarlos.
Artículo 1.145 La persona capaz de obligarse no puede oponer la incapacidad del
menor, del entredicho, ni del inhabilitado con quien ha contratado.
La incapacidad que se deriva de la interdicción por causa de condenación penal, puede
oponerse por todos aquellos a quienes interese.
II
De los vicios del consentimiento

Artículo 1.146 Aquel cuyo consentimiento haya sido dado a consecuencia de un error
excusable, o arrancado por violencia o sorprendido por dolo, puede pedir la nulidad del
contrato.
Artículo 1.147 El error de derecho produce la nulidad del contrato solo cuando ha sido
la causa única o principal.
Artículo 1.148 El error de hecho produce la anulabilidad del contrato cuando recae
sobre una cualidad de la cosa o sobre una circunstancia que las partes han considerado
como esenciales, o que deben ser consideradas como tales en atención a la buena fe y a
las condiciones bajo las cuales ha sido concluido el contrato.
Es también causa de anulabilidad el error sobre la identidad o las cualidades de la
persona con quien se ha contratado, cuando esa identidad o esas cualidades han sido la
causa única o principal del contrato.
Artículo 1.149 La parte que invoca su error para solicitar la anulación de un contrato,
está obligada a reparar a la otra parte los perjuicios que le ocasione la invalidez de la
convención si el error proviene de su propia falta y la otra parte no lo ha conocido o no
ha podido conocerlo.
No procederá la nulidad por error, si antes de deducirse la acción o hasta el acto de la
contestación de la demanda, la otra parte ofrece ejecutar su prestación subsanando el
error sin perjuicios para el otro contratante.
Artículo 1.150 La violencia empleada contra el que ha contraído la obligación es causa
de anulabilidad, aun cuando haya sido ejercida por una persona distinta de aquélla en
cuyo provecho se ha celebrado la convención.
Artículo 1.151 El consentimiento se reputa arrancado por violencia, cuando ésta es tal
que haga impresión sobre una persona sensata y que pueda inspirarle justo temor de
exponer su persona o sus bienes a un mal notable. Debe atenderse en esta materia a la
edad, sexo condición de las personas.
Artículo 1.152 La violencia es también causa de anulabilidad del contrato, cuando se
dirige contra la persona o los bienes del cónyuge, de un descendiente o de un
ascendiente del contratante. Si se trata de otras personas, toca al Juez pronunciar sobre
la anulabilidad, según las circunstancias.
Artículo 1.153 El solo temor reverencial, sin que se haya ejercido violencia, no basta
para anular el contrato.
Artículo 1.154 El dolo es causa de anulabilidad del contrato, cuando las maquinaciones
practicadas por uno de los contratantes o por un tercero, con su conocimiento, han sido
tales que sin ellas el otro no hubiera contratado.
III
Del objeto de los contratos

Artículo 1.155 El objeto del contrato debe ser posible lícito, determinado o
determinable.
Artículo 1.156 Las cosas futuras pueden ser objeto de los contratos, salvo disposición
especial en contrario.
Sin embargo, no se puede renunciar una sucesión aún no abierta, ni celebrar ninguna
estipulación sobre esta sucesión, ni aun con el consentimiento de aquél de cuya sucesión
se trate.
IV
De la causa de los contratos
Artículo 1.157 La obligación sin causa, o fundada en una causa falsa o ilícita, no tiene
ningún efecto.
La causa es ilícita cuando es contraria a la Ley, a las buenas costumbres o al orden
público.
Quien haya pagado una obligación contraria a las buenas costumbres, no puede ejercer
la acción en repetición sino cuando de su parte no haya habido violación de aquéllas.
Artículo 1.158 El contrato es válido aunque la causa no se exprese.
La causa se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario.
§ 3º
De los efectos de los contratos
Artículo 1.159 Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse
sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley.
Artículo 1.160 Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a
cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los
mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley.
Artículo 1.161 En los contratos que tienen por objeto la transmisión de la propiedad u
otro derecho, la propiedad o derecho se trasmiten y se adquieren por efecto del
consentimiento legítimamente manifestado; y la cosa queda a riesgo y peligro del
adquirente, aunque la tradición no se haya verificado.
Artículo 1.162 Cuando por diversos contratos se hubiese alguien obligado a dar o
entregar alguna cosa mueble por naturaleza, o un título al portador, a diferentes
personas, se preferirá la persona que primero haya tomado posesión efectiva con buena
fe, aunque su título sea posterior en fecha.

Artículo 1.163 Se presume que una persona ha contratado para sí y para sus herederos y
causahabientes, cuando no se ha convenido expresamente en lo contrario, o cuando no
resulta así de la naturaleza del contrato.
Artículo 1.164 Se puede estipular en nombre propio en provecho de un tercero cuando
se tiene un interés personal, material o moral, en el cumplimiento de la obligación.
El estipulante no puede revocar la estipulación si el tercero ha declarado que quiere
aprovecharse de ella.
Salvo convención en contrario, por efecto de la estipulación el tercero adquiere un
derecho contra el promitente.
Artículo 1.165 El que ha prometido la obligación o el hecho de un tercero, está
obligado a indemnizar al otro contratante si el tercero rehusa obligarse o no cumple el
hecho prometido.
Artículo 1.166 Los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes no
dañan ni aprovechan a los terceros, excepto en los casos establecidos por la Ley.
Artículo 1.167 En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la
otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución
del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello.
Artículo 1.168 En los contratos bilaterales, cada contratante puede negarse a ejecutar su
obligación si el otro no ejecuta la suya, a menos que se hayan fijado fechas diferentes
para la ejecución de las dos obligaciones.
§ 4º
De la representación
Artículo 1.169 Los actos cumplidos en los límites de sus poderes por el representante
en nombre del representado, producen directamente sus efectos en provecho y en contra
de este último.
El poder para celebrar en nombre de otro un acto para el cual exija la Ley instrumentos
otorgado ante un Registrador Subalterno, debe ser hecho en esta misma forma. Si el
poder se refiere a actos para los cuales es necesaria y suficiente la escritura privada,
puede ser hecho en esta misma forma, aunque el acto se otorgue ante un Registrador.
Artículo 1.170 El representado que había limitado o revocado la facultad conferida al
representante, no puede oponer esta limitación o revocación a los terceros que no hayan
tenido conocimiento de ellas al tiempo de la celebración del acto o contrato.
Artículo 1.171 Ninguna persona puede, salvo disposición contraria de la Ley, contratar
consigo mismo en nombre de su representado, ni por cuenta propia, ni por cuenta de
otro, sin la autorización del representado. En todo caso, éste puede ratificar el contrato.

Artículo 1.172 No se requiere que el representante tenga capacidad para obligarse,
basta que el sea capaz de representar a otro conforme a la Ley y que el acto de que se
trate no esté prohibido al representado.
Si la voluntad del representante está viciada, el acto anulable en beneficio del
representado.
Si la voluntad del representado está viciada, el acto anulable siempre que el
representante no haya hecho sino expresar la voluntad del representado.
Sección II
De la gestión de negocios
Artículo 1.173 Quien sin estar obligado asume conscientemente la gestión de un
negocio ajeno, contrae la obligación de continuar la gestión comenzada y de llevarla a
término hasta que el dueño se halle en estado de provee por sí mismo a ella; y debe
también someterse a toda las consecuencias del mismo negocio y a todas las
obligaciones que resultarían de un mandato.
El gestor procurará mediante avisos por la prensa y por cualquier otro medio ponerse en
comunicación con el dueño
Quien es incapaz de aceptar un mandato es también incapaz de obligarse como gestor de
negocios; será siempre responsable de los daños que ha causado y estará obligado en
razón de su enriquecimiento sin causa.
Artículo 1.174 Está también obligado a continuar la gestión, aun cuando el dueño
muera antes de que el negocio esté concluido, hasta que el heredero pueda tomar su
dirección.
Artículo 1.175 Está igualmente obligado a poner en gestión todo el cuidado de un buen
padre de familia.
La autoridad judicial puede, sin embargo, moderar el valor de los daños que hayan
provenido de culpa o negligencia del gestor, según las circunstancias que lo han movido
a encargarse del negocio.
Artículo 1.176 El dueño cuyo negocio ha sido bien administrado, debe cumplir las
obligaciones contraídas por el gestor en su nombre, indemnizarlo de todas las
obligaciones que haya contraído y reembolsarle los gastos necesarios o útiles, con los
intereses desde el día en que haya hecho esos gastos.
Esta disposición no se aplica a la gestión comenzada o a los actos de gestión ejecutados
a pesar de la prohibición del dueño, a menos que esta prohibición sea contraria a la Ley,
al orden público o a las buenas costumbres.
Artículo 1.177 La ratificación del dueño produce los efectos del mandato en lo que
concierne a la gestión, aunque ésta haya sido cumplida por una persona que creía
gestionar su propio negocio.

Sección III
Del pago de lo Indebido
Artículo 1.178 Todo pago supone una deuda: lo que ha sido pagado sin deberse está
sujeto a repetición.
La repetición no se admite respecto de las obligaciones naturales que se han pagado
espontáneamente.
Artículo 1.179 La persona que por error ha hecho un pago a quien no era su acreedor,
tiene el derecho de repetir lo que ha pagado.
Este derecho no pertenece a aquél que, creyéndose deudor, paga al verdadero acreedor,
cuando este se ha privado de buena fe de su título o de las garantías de su acreencia, o
ha dejado prescribir su acción. En este caso, el que ha pagado tiene un recurso contra el
verdadero deudor.
Artículo 1.180 Si quien recibió el pago lo hizo de mala fe, está obligado a restituir tanto
el capital como los Intereses, o los frutos desde el día del pago.
Artículo 1.181 Quien ha recibido indebidamente una cosa determinada, está obligado a
restituirla, si subsiste.
Quien la ha recibido de mala fe, estará obligado a restituir el valor de la cosa que ha
perecido o se ha deteriorado aun por caso fortuito, según la estimación que se haga para
el día del emplazamiento para la contestación de la demanda de restitución, salvo el
derecho, para quien ha dado la cosa indebida de exigir la misma cosa deteriorada y
además una indemnización por la disminución de su valor.
Quien recibió de buena fe la cosa Indebida estará obligado, en caso de que no subsista o
de deterioro, a la Indemnización hasta él monto de lo que se ha convertido en su
provecho.
Artículo 1.182 Quien haya recibido la cosa de buena fe y la enajena antes de conocer su
obligación de restituirla, está obligado a restituir el equivalente por él recibido, o a ceder
la acción para obtenerlo. Si la enajenación ha sido hecha a Título gratuito, el tercer
adquirente queda obligado, dentro del limite de su enriquecimiento, para con el que ha
hecho el pago Indebido.
Quien ha recibido la cosa de buena fe y la enajena después de haber tenido
conocimiento de su obligación de restituir, queda obligado a restituir la cosa en especie
o su valor, según la estimación que se haga para el día en que se exija la restitución,
salvo, para quien haya pagado Indebidamente, el derecho de exigir la prestación
recibida en virtud de la enajenación, o la acción para obtenerla. En caso de enajenación
a título gratuito, el adquirente, a falta de restitución de parte del enajenante, queda
obligado dentro del limite de su enriquecimiento para con el que ha hecho el pago
Indebido.

Artículo 1.183 Aquel a quien se hubiere restituido la cosa, deberá reembolsar, aun al
poseedor de mala fe, los gastos hechos para la conservación de la cosa, así como los
gastos útiles, de conformidad con el artículo 792.
Sección IV
Del enriquecimiento sin causa
Artículo 1.184 Aquél que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona, está
obligado a Indemnizarla dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo lo que
aquélla se haya empobrecido.
Sección V
De los hechos Ilícitos
Artículo 1.185 El que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado
un daño a otro, está obligado a repararlo.
Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el
ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del
cual le ha sido conferido ese derecho.
Artículo 1.186 El incapaz queda obligado por sus actos ilícitos, siempre que haya
obrado con discernimiento.
Artículo 1.187 En caso de daño causado por una persona privada de discernimiento, si
la víctima no ha podido obtener reparación de quien la tiene l bajo su cuidado, los
jueces pueden, en consideración a la situación de las partes, condenar al autor del daño a
una indemnización equitativa.
Artículo 1.188 No es responsable el que causa un daño a otro en su legítima defensa o
en defensa de un tercero.
El que causa un daño a otro para preservarse a si mismo o para proteger a un tercero de
un daño inminente y mucho más grave, no está obligado a reparación sino en la medida
en que el Juez lo estime equitativo.
Artículo 1.189 Cuando el hecho de la víctima ha contribuido a causar el daño, la
obligación de repararlo se disminuirá en la medida en que la víctima ha contribuido a
aquél.
Artículo 1.190 El padre, la madre, y a falta de éstos, el tutor, son responsables del daño
ocasionado por el hecho ilícito de los menores que habiten con ellos.
Los preceptores y artesanos son responsables del daño ocasionado por el hecho ilícito
de sus alumnos y aprendices, mientras permanezcan bajo su vigilancia.
La responsabilidad de estas personas no tiene efecto cuando ellas prueban que no han
podido impedir el hecho que ha dado origen a esa responsabilidad; pero ella subsiste
aun cuando el autor del acto sea irresponsable por falta de discernimiento.

Artículo 1.191 Los dueños y los principales o directores son responsables del daño
causado por el hecho ilícito de sus sirvientes y dependientes, en el ejercicio de las
funciones en que los han empleado.
Artículo 1.192 El dueño de un animal o el que lo tiene a su cuidado, debe reparar el
daño que éste cause, aunque se hubiese perdido o extraviado, a no ser que pruebe que el
accidente ocurrió por falta de la víctima o por el hecho de un tercero.
Artículo 1.193 Toda persona es responsable del daño causado por las cosas que tiene
bajo su guarda, a menos que pruebe que el daño ha sido ocasionado por falta de la
víctima, por el hecho de un tercero, o por caso fortuito o fuerza mayor.
Quien detenta, por cualquier título, todo o parte de un inmueble, o bienes muebles, en
los cuales se inicia un incendio, no es responsable, respecto a terceros, de los daños
causados, a menos que se demuestre que el incendio se debió a su falta o al hecho de
personas por cuyas faltas es responsable.
Artículo 1.194 El propietario de un edificio o de cualquiera otra construcción arraigada
al suelo, es responsable del daño causado por la ruina de éstos, a menos que pruebe que
la ruina no ha ocurrido por falta de reparaciones o por vicios en la construcción.
Artículo 1.195 Si el hecho ilícito es imputable a varias personas, quedan obligadas
solidariamente a reparar el daño causado.
Quien ha pagado íntegramente la totalidad del daño, tiene acción contra cada uno de los
coobligados por una parte que fijará el Juez según la gravedad de la falta cometida por
cada uno de ellos. Si es imposible establecer el grado de responsabilidad de los
coobligados, la repartición se hará por partes Iguales.
Artículo 1.196 La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral
causado por el acto ilícito.
El Juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión
corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su familia, a su libertad
personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto
concerniente a la parte lesionada.
El Juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines, o
cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima.
Capítulo II
De las diversas especies de obligaciones
Sección I
Obligaciones condicionales
Artículo 1.197 La obligación es condicional cuando su existencia o resolución depende
de un acontecimiento futuro e incierto.

Artículo 1.198 Es suspensiva la condición que hace depender la obligación de un
acontecimiento futuro e incierto.
Es resolutoria, cuando verificándose, repone las cosas al estado que tenían, como si la
obligación no se hubiese Jamás contraído.
Artículo 1.199 La condición es causal, cuando depende enteramente de un
acontecimiento fortuito, que no está en la potestad del acreedor ni del deudor.
Es potestativa, aquélla cuyo cumplimiento depende de la voluntad de una de las partes,
y mixta cuando depende a un mismo tiempo de la voluntad de las partes contratantes y
de la voluntad de un tercero, o del acaso.
Artículo 1.200 La condición imposible o contraria a la ley o a las buenas costumbres,
hace nula la obligación que depende de ella si es suspensiva; y se reputa no escrita si es
resolutoria.
En todo caso, la condición resolutoria contraria a la Ley o a las buenas costumbres, hace
nula la obligación de la cual ha sido causa determinante.
Artículo 1.201 La obligación contraída bajo la condición de no hacer una cosa
imposible, se reputa pura y simple.
Artículo 1.202 La obligación contraída bajo una condición que la hace depender de la
sola voluntad de aquél que se ha obligado, es nula.
Artículo 1.203 Cuando la obligación se contrae bajo condición suspensiva, y antes de
su cumplimiento perece o se deteriora la cosa que forma su objeto, se observarán las
reglas siguientes:
Si la cosa perece enteramente sin culpa del deudor la obligación se reputa no contraída.
Si la cosa perece enteramente por culpa del deudor, éste queda obligado para con el
acreedor al pago de los daños.
Si la cosa se deteriora sin culpa de la deudora el acreedor debe recibirla en el estado en
que se encuentre, sin disminución del precio.
Si la cosa se deteriora por culpa del deudor, el acreedor tiene el derecho de resolver la
obligación. o de exigir la cosa en el estado en que se encuentre, además del pago de los
daños.
Artículo 1.204 La condición resolutoria no suspende la ejecución de la obligación;
obliga únicamente al acreedor a restituir lo que ha recibido cuando se efectúe el
acontecimiento previsto en la condición.
Artículo 1.205 Toda condición debe cumplirse de la manera como las partes han
querido o entendido verosímilmente que lo fuese.

Artículo 1.206 Cuando una obligación se ha contraído bajo la condición de que un
acontecimiento suceda en un tiempo determinado, esta condición se tiene por no
cumplida si el tiempo ha expirado sin que el acontecimiento se haya efectuado. Si no se
ha fijado tiempo, la condición puede cumplirse en cualquier tiempo, y no se tiene por no
cumplida sino cuando es cierto que el acontecimiento no sucederá.
Artículo 1.207 Cuando se ha contraído una obligación bajo la condición de que no
suceda un acontecimiento en un tiempo dado, la condición se juzga cumplida cuando ha
expirado este tiempo sin que el acontecimiento haya sucedido; se juzga igualmente
cumplida, si antes del término es cierto que el acontecimiento no debe tener efecto; y si
no se ha fijado tiempo, no se tiene por cumplida sino cuando es cierto que el
acontecimiento no ha de cumplirse.
Artículo 1.208 La condición se tiene por cumplida cuando el deudor obligado bajo esa
condición impide su cumplimiento.
Artículo 1.209 Cumplida la condición, se retrotrae al día en que la obligación ha sido
contraída, a menos que los efectos de la obligación, o su resolución deban ser referidos
a un tiempo diferente, por voluntad de las partes o por la naturaleza del acto.
Artículo 1.210 El acreedor puede, antes del cumplimiento de la condición, ejecutar
todos los actos que tiendan a conservar sus derechos.
Sección II
Obligaciones a término
Artículo 1.211 El término estipulado en las obligaciones difiere de la condición en que
no suspende la obligación, y sólo fija el momento de la ejecución o de la extinción de la
misma.
Artículo 1.212 Cuando no haya plazo estipulado, la obligación deberá cumplirse
inmediatamente si la naturaleza de la obligación, o la manera como deba ejecutarse, o el
lugar designado para cumplirla, no hagan necesario un término, que se fijará por el
Tribunal.
Si el plazo se hubiere dejado a la voluntad del deudor. se fijara también por el Tribunal.
Artículo 1.213 Lo que se debe en un término fijo no puede exigirse antes del
vencimiento del término; pero no se puede repetir lo que se ha pagado anticipadamente,
aunque el deudor ignorase la existencia del plazo.
Sin embargo, si el deudor pagó ignorando el término, tiene el derecho de reclamar, en la
medida de su perjuicio. el enriquecimiento que su pago anticipado haya procurado al
acreedor.
Artículo 1.214 Siempre que en los contratos se estipula un término o plazo, se presume
establecido en beneficio del deudor, a no ser que del contrato mismo o de otras
circunstancias, resultare haberse puesto en favor del acreedor, o de las dos partes.

Artículo 1.215 Si el deudor se ha hecho insolvente, o por actos propios hubiere
disminuido las seguridades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obligación,
o no le hubiere dado las garantías prometidas, no puede reclamar el beneficio del
término o plazo.
Sección III
Obligaciones alternativas
Artículo 1.216 El deudor de una obligación alternativa se liberta con la entrega de una
de las cosas separadamente comprendidas en la obligación; pero no puede obligar al
acreedor a recibir parte de la una y parte de la otra.
Artículo 1.217 En las obligaciones alternativas la elección pertenece al deudor, si no ha
sido expresamente concedida al acreedor.
Si la elección debe ser hecha por varias personas, el Juez puede señalar un plazo para
que se acuerden y hagan la declaración de su elección. A falta de declaración en el
tiempo fijado, la elección será hecha por el Juez.
Cuando el deudor, condenado alternativamente a la entrega de una de varias cosas, no
cumple su obligación, el acreedor puede hacerse poner en posesión de una cualquiera de
ellas, a su elección, salvo para el deudor el derecho de libertarse entregando en ese
momento al acreedor cualquiera de las otras.
Si la elección corresponde al acreedor, y éste no la ha ejercido después del vencimiento
de la obligación, el Juez, a solicitud del deudor, le acordará un plazo, transcurrido el
cual la opción la ejercerá el deudor.
Artículo 1.218 Si sólo una de las cosas prometidas alternativamente subsiste para el
momento de la exigibilidad, la obligación es pura y simple. De Igual manera se
considerará pura y simple la obligación, cuando solo una de las cosas prometidas puede
ser objeto de obligación.
El precio de la cosa que subsiste o que puede ser objeto de la obligación, no puede ser
ofrecido en su lugar.
Si todas las cosas han perecido y una lo ha sido por culpa del deudor, éste debe pagar el
precio de la última que pereció.
Artículo 1.219 Cuando la elección corresponde al acreedor, si han perecido todas las
cosas menos una sin culpa del deudor, el acreedor debe recibir la que subsista; si han
perecido por culpa del deudor, el acreedor puede exigir la que subsista o el precio de
cualquiera de las otras.
Si han perecido todas, ya sea que todas lo hayan sido por culpa del deudor, ya que unas
lo hayan sido y otras no, el acreedor puede exigir el precio de cualquiera de ellas.
Artículo 1.220 Si las cosas han perecido sin culpa del deudor y antes que haya habido
mora de su parte, la obligación se extingue de conformidad con el artículo 1.344.

Sección IV
De las obligaciones solidarias
Artículo 1.221 La obligación es solidaria cuando varios deudores están obligados a una
misma cosa de modo que cada uno pueda ser constreñido al pago por la totalidad y que
el pago hecho por uno solo de ellos liberte a los otros o cuando varios acreedores tienen
el derecho de exigir cada uno de ellos el pago total de la acreencia y que el pago hecho a
uno solo de ellos liberte al deudor para con todos.
Artículo 1.222 La obligación puede ser solidaria tanto en el caso de que los deudores
estén obligados cada uno de una manera diferente como en el de que el deudor común
se encuentre obligado de manera diferente para con cada uno de los acreedores.
Artículo 1.223 No hay solidaridad entre acreedores ni deudores sino en virtud de pacto
expreso o disposición de la Ley.
Artículo 1.224 El deudor solidario puede oponer al acreedor todas las excepciones que
le son personales; y también las comunes a todos los codeudores; pero no puede
oponerle las que sean puramente personales a los demás codeudores.
Artículo 1.225 Salvo disposición o convención en contrario la obligación solidaria se
divide en parees iguales entre los diferentes deudores o entre los diferentes acreedores.
§ 1º
De las obligaciones solidarias entre deudores
Artículo 1.226 Las acciones judiciales intentadas contra uno de los deudores no
impiden al acreedor ejercerlas también contra los otros.
Artículo 1.227 Cada uno de los deudores solidarios responde solamente de su propio
hecho en la ejecución de la obligación y la mora de uno de ellos no tiene efecto respecto
de los otros.
Tampoco produce efecto contra los otros deudores solidarios el reconocimiento de la
deuda hecho por uno de ellos.
Artículo 1.228 Las causas de interrupción y de suspensión de la prescripción que exista
respecto a uno de los deudores solidarios no pueden ser invocadas contra los otros.
Sin embargo el deudor que haya sido obligado a pagar conserva su acción contra sus
codeudores aun cuando hayan sido liberadas por la prescripción.
Artículo 1.229 La novación hecha por el acreedor con uno de los deudores solidarios
liberta a todos los demás.
Sin embargo 81 el acreedor ha exigido el consentimiento de los codeudores para la
novación y ellos rehusan darlo la antigua acreencia subsiste.

Artículo 1.230 El deudor solidario no puede oponer la compensación de lo que el
acreedor deba a su codeudor sino por la porción correspondiente a su codeudor en la
deuda solidaria.
Artículo 1.231 La remisión o condonación hecha a uno de los codeudores solidarios no
liberta a los otros, a menos que el acreedor lo haya declarado. La entrega voluntaria del
título original del crédito bajo documento privado, hecha por el acreedor a uno de los
codeudores, es una prueba de liberación, tanto en favor de este deudor como en el de
todos los codeudores solidarios.
El acreedor que ha hecho la condonación no puede perseguir a los otros deudores
solidarios sino deduciendo la parte de aquél en cuyo favor hizo la remisión, a menos
que se haya reservado totalmente su derecho contra ellos. En este último caso, el deudor
que ha sido beneficiado por la remisión, no queda libre del recurso de sus codeudores.
Artículo 1.232 La confusión liberta a los otros codeudores por la parte que corresponda
a aquél en quien se hayan reunido las cualidades de acreedor y deudor.
Artículo 1.233 El acreedor que renuncia a la solidaridad respecto de uno de los
codeudores, conserva su acción solidaria contra los demás por el crédito íntegro.
Artículo 1.234 Se presume que el acreedor ha renunciado a la solidaridad respecto a
uno de los deudores:
1º. Cuando recibe separadamente de uno de los deudores su parte en la deuda, sin
reservarse expresa mente la solidaridad o sus derechos en general; y
2º. Cuando ha demandado a uno de los codeudores por su parte y éste ha convenido en
la demanda o ha habido sentencia condenatoria.
Artículo 1.235 El acreedor que recibe separadamente y sin reservas de uno de los
codeudores su parte de frutos naturales o de réditos o intereses de la deuda, no pierde la
solidaridad en cuanto a ese deudor, sino por los réditos o intereses vencidos y no
respecto de los futuros ni del capital, a menos que el pago separado haya continuado por
diez años consecutivos.
Artículo 1.236 La sentencia dictada contra uno de los deudores solidarios no produce
los efectos de la cosa juzgada contra los otros codeudores. La sentencia dictada en favor
de uno de los deudores aprovecha a los otros, a menos que se la haya fundado en una
causa personal al deudor favorecido.
Artículo 1.237 El juramento rehusado por uno de los deudores solidarios o el juramento
prestado por el acreedor a quien le haya sido referido por uno de los deudores, no daña a
los otros.
El juramento prestado por uno de los deudores solidarios aprovecha a los otros, siempre
que le haya sido deferido sobre la deuda y no sobre la solidaridad.
Artículo 1.238 El codeudor solidario que ha pagado la deuda íntegra, no puede repetir
de los demás codeudores sino por la parte de cada uno.

Si alguno de ellos estaba insolvente, la pérdida ocasionada por su insolvencia se
distribuye por contribución entre todos los codeudores solventes, inclusive el que ha
hecho el pago.
Artículo 1.239 En el caso de que el acreedor haya renunciado a la solidaridad respecto
de uno de los codeudores, si alguno de los otros se hace insolvente, la parte de éste se
repartirá por contribución entre todos los deudores, incluyéndose a aquél que había sido
libertado de la solidaridad.
Artículo 1.240 Si el negocio por el cual la deuda se contrajo solidariamente, no
concierne sino a uno de los deudores solidarios, éste será responsable de toda ella a los
otros codeudores, quienes respecto a él sólo se considerarán como fiadores.
§ 2º
De las obligaciones solidarias respecto de los acreedores
Artículo 1.241 El deudor puede pagar a cualquiera de los acreedores solidarios,
mientras no haya sido notificado de que alguno de ellos le haya reclamado
Judicialmente la deuda.
Artículo 1.242 La sentencia condenatoria obtenida por uno de los acreedores contra el
deudor común, aprovecha a los otros. La sentencia dictada en favor del deudor
aprovecha a éste contra todos los acreedores, a menos que se la haya fundado en una
causa personal al acreedor demandante.
Artículo 1.243 Todos los acreedores solidarios pueden aprovecharse de la negativa del
deudor a prestar el juramento deferido por uno de ellos.
El juramento deferido por uno de los acreedores solidarios al deudor, no lo liberta sino
por la parte correspondiente a ese acreedor.
Artículo 1.244 El deudor no puede oponer a uno de los acreedores solidarios la
compensación de lo que otro de los acreedores le deba, sino por la parte de este acreedor
Artículo 1.245 La confusión que se verifica por la reunión en la persona de uno de los
acreedores de las cualidades de deudor y de acreedor, no extingue la deuda sino por su
parte.
Artículo 1.246 La remisión hecha por uno de los acreedores solidarios no liberta al
deudor sino por la parte de este acreedor.
Artículo 1.247 La novación hecha entro uno de acreedores y el deudor común, no
produce ningún efecto respecto de los otros acreedores.
Artículo 1.248 La mora del deudor respecto de uno de los acreedores solidarios
aprovecha a todos los otros.
Artículo 1.249 Todo acto que interrumpe la prescripción respecto de uno de los
acreedores solidarios aprovecha a los otros.

La suspensión de la prescripción respecto de uno de los acreedores solidarios no
aprovecha a los otros.
Sección V
De las obligaciones divisibles y de las indivisibles
Artículo 1.250 La obligación es indivisible cuando tiene por objeto un hecho
indivisible, la constitución o la transmisión de un derecho no susceptible de división.
Artículo 1.251 La obligación estipulada solidariamente no adquiere el carácter de
indivisibilidad.
§ 1º
De la obligación divisible
Artículo 1.252 Aun cuando una obligación sea divisible, debe cumplirse entre el deudor
y el acreedor como si fuera indivisible.
La divisibilidad no es aplicable sino respecto de los herederos de uno y otro, los cuales
no pueden demandar el crédito, o no están obligados a pagar la deuda, sino por la parte
que les corresponde o por aquella de que son responsables como representantes del
acreedor o del deudor.
Artículo 1.253 La obligación no es divisible entre los herederos del deudor:
1º. Cuando se debe un cuerpo determinado.
2º. Cuando uno solo de los herederos está encargado, en virtud del Título, del
cumplimiento de la obligación.
3º. Cuando aparece de la naturaleza de la obligación, o de la cosa que forma su objeto, o
del fin que se propusieron los contratantes, que la intención de éstos fue que la deuda no
pudiera pagarse parcialmente.
El que posee la cosa y el que esta encargado de pagar la deuda, en los dos primeros
casos, y cualquiera de los herederos en el tercer caso, pueden ser demandados por el
todo, salvo su recurso contra los coherederos.
§ 2°
De la obligación indivisible
Artículo 1.254 Quienes hubieran contraído conjuntamente una obligación indivisible,
están obligados cada uno por la totalidad.
Esta disposición es aplicable a los herederos de quien contrajo una obligación
indivisible.

Artículo 1.255 Cada uno de los herederos del acreedor puede exigir el total
cumplimiento de la obligación indivisible, con el cargo de dar caución conveniente para
la seguridad de los demás coherederos, pero no puede remitir él solo la deuda integra ni
recibir el precio en lugar de la cosa.
Si uno solo de los herederos ha remitido la deuda o recibido el precio de la cosa, el
coheredero no puede pedir la cosa indivisible sino abandonando la parte del coheredero
que ha hecho remisión o recibido el precio.
Artículo 1.256 El heredero del deudor de una obligación Indivisible, a quien se haya
reclamado el pago de la totalidad de la obligación, puede hacer citar a sus coherederos
para que vengan al Juicio, a no ser que la obligación sea tal que sólo pueda cumplirse
por el heredero demandado el cual en este caso podrá ser condenado solo, salvo sus
derechos contra sus coherederos.
Sección VI
De las obligaciones con cláusula penal
Artículo 1.257 Hay obligación con cláusula penal cuando el deudor, para asegurar el
cumplimiento de la obligación, se compromete a dar o a hacer alguna cosa para el caso
de inejecución o retardo en el cumplimiento.
Artículo 1.258 La cláusula penal es la compensación de los t daños y perjuicios
causados por la inejecución de la obligación principal.
El acreedor no puede reclamar a un mismo tiempo la cosa principal y la pena, si no la
hubiere estipulado por simple retardo.
Artículo 1.259 El acreedor puede pedir al deudor que esté constituido en mora, la
ejecución de la obligación principal, en lugar de la pena estipulada.
Artículo 1.260 La pena puede disminuirse por la Autoridad Judicial cuando La
obligación principal se haya ejecutado en parte.
Artículo 1.261 Cuando la obligación principal contraída con cláusula penal sea
indivisible, se incurre en la pena por contravención de uno solo de los herederos del
deudor; y puede demandársela, ya íntegramente al contraventor, ya a cada heredero por
su parte correspondiente, salvo siempre el recurso contra aquél por cuyo hecho se ha
Incurrido en la pena.
Artículo 1.262 Cuando la obligación principal contraída con cláusula penal es divisible
no se incurre en la pena sino por el heredero del deudor que contraviniere a la
obligación, y sólo por la parte que le corresponde cumplir en la obligación principal, sin
que pueda obrar contra los que la han cumplido.
Esto no sucede cuando habiéndose establecido la cláusula penal para que no pueda
hacerse parcialmente el pago, un coheredero ha impedido que la obligación se cumpla
totalmente. En este caso puede exigirse de él la pena íntegra, o bien a los demás
herederos la porción correspondiente, salvo a éstos la acción de regreso contra aquél por
cuyo hecho se haya incurrido en la pena.

Artículo 1.263 A falta de estipulación contraria, lo que se da en arras al tiempo de la
celebración del contrato o con anterioridad a este acto, se considera como garantía de
los daños y perjuicios para el caso de contravención.
Si la parte que no ha incurrido en culpa no prefiere exigir el cumplimiento de la
convención, puede retener las arras que haya recibido o exigir el doble de las que haya
dado.
Capítulo III
De los efectos de las obligaciones
Artículo 1.264 Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido
contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios, en caso de contravención.
Artículo 1.265 La obligación de dar lleva consigo la de entregar la cosa y conservarla
hasta la entrega.
Si el deudor ha incurrido en mora, la cosa queda a su riesgo y peligro, aunque antes de
la mora hubiere estado a riesgo y peligro del acreedor.
Artículo 1.266 En caso de no ejecución de la obligación de hacer, el acreedor puede ser
autorizado para hacerla ejecutar él mismo a costa del deudor.
Si la obligación es de no hacer, el deudor que contraviniere a ella quedará obligado a los
daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención.
Artículo 1.267 No se permite ni es válida la estipulación según la cual una persona se
comprometa a no enajenar ni gravar inmuebles determinados, por virtud de una
negociación de préstamo con hipoteca.
Artículo 1.268 El acreedor puede pedir que se destruya lo que se haya hecho en
contravención a la obligación de no hacer, y puede ser autorizado para destruirlo a costa
del deudor, salvo el pago de los daños y perjuicios.
Artículo 1.269 Si la obligación es de dar o de hacer, el deudor se constituye en mora
por el solo vencimiento del plazo establecido en la convención.
Si el plazo vence después de la muerte del deudor, el heredero no quedará constituido en
mora, sino por un requerimiento u otro acto equivalente; y, únicamente ocho días
después del requerimiento.
Si no se establece ningún plazo en la convención, el deudor no quedará constituido en
mora sino por un requerimiento u otro acto equivalente.
Artículo 1.270 La diligencia que debe ponerse en el cumplimiento de la obligación, sea
que ésta tenga por objeto la utilidad de una de las partes o la de ambas, será siempre la
de un buen padre de familia, salvo el caso de depósito.
Por lo demás, esta regla debe aplicarse con mayor o menor rigor, según las
disposiciones contenidas, para ciertos casos, en el presente Código.

Artículo 1.271 El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por
inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, si no prueba que la
inejecución o el retardo provienen de una causa extraña que no le sea imputable, aunque
de su parte no haya habido mala fe.
Artículo 1.272 El deudor no está obligado a pagar daños y perjuicios, cuando, a
consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor, ha dejado de dar o de hacer aquello
a que estaba obligado o ha ejecutado lo que estaba prohibido.
Artículo 1.273 Los daños y perjuicios se deben generalmente al acreedor, por la pérdida
que haya sufrido y por la utilidad de que se le haya privado, salvo las modificaciones y
excepciones establecidas a continuación.
Artículo 1.274 El deudor no queda obligado sino por los daños y perjuicios previstos o
que han podido preverse al tiempo de la celebración del contrato, cuando la falta de
cumplimiento de la obligación no proviene de su dolo.
Artículo 1.275 Aunque la falta de cumplimiento de la obligación resulte de dolo del
deudor, los daños y perjuicios relativos a la pérdida sufrida por el acreedor y a la
utilidad de que se le haya privado, no deben extenderse sino a los que son consecuencia
inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación.
Artículo 1.276 Cuando en el contrato se hubiere estipulado que quien deje de ejecutarlo
debe pagar una cantidad determinada por razón de daños y perjuicios, no puede el
acreedor pedir una mayor, ni el obligado pretender que se le reciba una menor.
Sucede lo mismo cuando la determinación de los daños y perjuicios se hace bajo la
fórmula de cláusula penal o por medio de arras.
Artículo 1.277 A falta de convenio en las obligaciones que tienen por objeto una
cantidad de dinero, los daños y perjuicios resultantes del retardo en el cumplimiento
consisten siempre en el pago del interés legal, salvo disposiciones especiales.
Se deben estos daños desde el día de la mora sin que el acreedor esté obligado a
comprobar ninguna pérdida.
Artículo 1.278 Los acreedores pueden ejercer, para el cobro de lo que se les deba, los
derechos y las acciones del deudor, excepto los derechos que son exclusivamente
inherentes a la persona del deudor.
Artículo 1.279 Los acreedores pueden atacar en su propio nombre los actos que el
deudor haya ejecutado en fraude de sus derechos.
Se consideran ejecutados en fraude de los derechos de los acreedores los actos a título
gratuito del deudor insolvente al tiempo de dichos actos, o que ha llegado a serlo por
consecuencia de ellos.
También se consideran ejecutados en fraude de los derechos de los acreedores los actos
a Título oneroso del deudor insolvente, cuando la insolvencia fuere notoria o cuando la
persona que contrató con el deudor haya tenido motivo para conocerla.

El acreedor quirografario que recibiere del deudor insolvente el pago de una deuda aún
no vencida, quedará obligado a restituir a la masa lo que recibió.
Presúmense fraudulentas de los derechos de los demás acreedores, las garantías de
deudas aún no vencidas que el deudor insolvente hubiere dado a uno o más de los
acreedores.
La acción de que trata este artículo dura cinco años a contar desde el día en que los
acreedores tuvieron noticia del acto que da origen a la acción, y la revocatoria no
aprovecha sino a los acreedores anteriores a dicho acto, que la hayan demandado.
Artículo 1.280 Dicha acción no puede intentarse por un acreedor cuya acreencia sea
posterior en fecha al acto cuya revocación demanda, a menos que se presente como
causahabiente de un acreedor anterior.
En todos los casos la revocación del acto no produce efecto en perjuicio de los terceros
que, no habiendo participado en el fraude, han adquirido derecho sobre los inmuebles
con anterioridad al registro de la demanda por revocación.
Si los terceros han procedido de mala fe, quedan no sólo sujetos a la acción de
revocación, sino también a la de daños y perjuicios.
Artículo 1.281 Los acreedores pueden también pedir la declaratoria de simulación de
los actos ejecutados por el deudor.
Esta acción dura cinco años a contar desde el día en que los acreedores tuvieron noticia
del acto simulado.
La simulación, una vez declarada, no produce efecto en perjuicio de los terceros que, no
teniendo conocimiento de ella, han adquirido derechos sobre los inmuebles con
anterioridad al registro de la demanda por simulación.
Si los terceros han procedido de mala fe quedan no sólo sujetos a la acción de
simulación sino también a la de daños y perjuicios.
Capítulo IV
De la extinción de las obligaciones
Artículo 1.282 Las obligaciones se extinguen por los medios a que se refiere este
Capítulo y por los demás que establezca la Ley.
Sección I
Del pago
§ 1º
Del pago en general
Artículo 1.283 El pago puede ser hecho por toda persona que tenga interés en ello, y
aun por un tercero que no sea interesado, con tal que obre en nombre y en descargo del

deudor, y de que si obra en su propio nombre no se subrogue en los derechos del
acreedor.
Artículo 1.284 La obligación de hacer no se puede cumplir por un tercero contra la
voluntad del acreedor, cuando éste tiene interés en que se cumpla por el mismo deudor.
Artículo 1.285 El pago que tiene por objeto transferir al acreedor la propiedad de la
cosa pagada, no es válido, sino en cuanto el que paga es dueño de la cosa y capaz para
enajenarla.
Sin embargo, cuando la cosa pagada es una cantidad de dinero o una cosa que se
consume por el uso, y el acreedor la ha consumido de buena fe, se valida el pago aunque
lo haya hecho quien no era dueño o no tenía capacidad para enajenarla.
Artículo 1.286 El pago debe hacerse al acreedor o a una persona autorizada por el
acreedor mismo, por la Autoridad Judicial o por la Ley para recibirlo.
El pago hecho a quien no estaba autorizado por el acreedor para recibirlo, es válido
cuando éste lo ratifica o se ha aprovechado de él.
Artículo 1.287 El pago hecho de buena fe a quien estuviere en posesión del crédito, es
valido, aunque el poseedor haya sufrido después evicción.
Artículo 1.288 El pago hecho al acreedor, no es válido, si éste era incapaz de recibirlo,
a menos que el deudor pruebe que la cosa pagada se ha convertido en utilidad del
acreedor.
Artículo 1.289 El pago hecho por el deudor a su acreedor, no obstante embargo de la
deuda o acto de oposición en las formas establecidas por la Ley, no es válido respecto
de los acreedores en cuyo favor se ordenó el embargo, o de los oponentes: éstos, en lo
que les toca, pueden obligarlo a pagar de nuevo, salvo en este caso únicamente su
recurso contra el acreedor.
Artículo 1.290 No puede obligarse al acreedor a recibir una cosa distinta de la que se le
debe, aunque el valor de la cosa ofrecida sea igual o aun superior al de aquélla.
Artículo 1.291 El deudor no puede constreñir al acreedor a recibir en parte el pago de
una deuda, aunque ésta fuere divisible.
Artículo 1.292 Si la deuda fuere en parte líquida y en parte ilíquida, podrá exigirse por
el acreedor y hacerse por el deudor el pago de la parte liquida, aun antes de que pueda
efectuarse el de la parte ilíquida, si no apareciere que debe procederse de otro modo.
Artículo 1.293 Si deudor de una cosa cierta y determinada se liberta entregándola en el
estado en que se encuentre al tiempo de la entrega, con tal que los deterioros que le
hayan sobrevenido no provengan de culpa o hecho del deudor o de las personas de que
el sea responsable, y que no se haya constituido en mora antes de haber sobrevenido los
deterioros.

Artículo 1.294 Si la deuda es de una cosa determinada únicamente en su especie, el
deudor, para libertarse de la obligación, no está obligado a dar una de la mejor calidad
ni puede dar una de la peor.
Artículo 1.295 El pago debe hacerse en el lugar fijado por el contrato Si no se ha fijado
el lugar, y se trata de cosa cierta y determinada, el pago debe hacerse en el lugar donde
se encontraba la cosa que forma su objeto, en la época del contrato.
Fuera de estos dos casos, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo lo que
se establece en el artículo 1.528.
Artículo 1.296 Cuando la deuda sea de pensiones o de cualquiera otra clase de
cantidades que deben satisfacerse en periodos determinados, y se acreditare el pago de
las cantidades correspondientes a un periodo, se presumen pagadas las anteriores, salvo
prueba en contrario.
Artículo 1.297 Los gastos del pago son de cuenta del deudor.
§ 2º
Del pago con subrogación
Artículo 1.298 La subrogación en los derechos del acreedor a favor de un tercero que
paga, es convencional o legal.
Artículo 1.299 La subrogación es convencional:
1º. Cuando el acreedor, al recibir el pago de un tercero, lo subroga en los derechos,
acciones, privilegios o hipotecas, que tiene contra el deudor; esta subrogación debe ser
expresa y hecha al mismo tiempo que el pago.
2º. Cuando el deudor toma prestada una cantidad a fin de pagar su deuda y de subrogar
al prestamista en los derechos del acreedor.
Para la validez de esta subrogación es necesario que el acto de préstamo y el de pago
tengan fecha cierta; que en el acto de préstamo se declare haberse tomado éste para
hacer el pago, y que en el de pago, se declare que éste se ha hecho con el dinero
suministrado a este efecto por el nuevo acreedor. Esta subrogación se efectúa sin el
concurso de la voluntad del acreedor.
Artículo 1.300 La subrogación se verifica por disposición de la Ley:
1º. En provecho de quien, siendo acreedor, aun quirografario, paga a otro acreedor que
tiene derecho a ser preferido por razón de privilegio o hipoteca.
2º. En provecho del adquirente de un inmueble que emplea el precio de su adquisición
en pagar a los acreedores en cuyo favor está hipotecado el fundo.
3º. En provecho de quien, estando obligado con otros o por otros al pago de la deuda,
tenía interés en pagarla.

4º. En provecho del heredero a beneficio de inventario que ha pagado con sus propios
fondos las deudas de la herencia.
Artículo 1.301 La subrogación establecida en los artículos precedentes ha lugar tanto
contra los fiadores como contra los deudores.
El acreedor a quien se ha pagado en parte y quien le ha hecho el pago parcial, concurren
juntos para hacer valer sus derechos, en proporción de lo que se les debe.
§ 3º
De la imputación de los pagos
Artículo 1.302 Quien tuviere contra sí varias deudas de la misma especie tendrá
derecho de declarar, cuando pague, cual de ellas quiere pagar.
Artículo 1.303 El obligado por una deuda que produce frutos o intereses no podrá, sin
el consentimiento del acreedor, imputar sobre el capital lo que pague, con preferencia a
los frutos e intereses. El pago hecho a cuenta del capital e intereses, si no fuere íntegro,
se imputará primero a los intereses.
Artículo 1.304 Si quien tuviere contra sí varias deudas en favor de la misma persona
aceptare un recibo en el cual el acreedor imputare especialmente la cantidad recibida a
una de ellas, no podrá hacer la imputación sobre una deuda diferente, cuando no haya
habido dolo o sorpresa de parte del acreedor.
Artículo 1.305 A falta de declaración el pago debe ser imputado primero sobre la deuda
vencida; entre varias deudas vencidas sobre la que ofrezca menos seguridades para el
acreedor; entre varias igualmente garantizadas sobre la más onerosa para el deudor;
entre varias igualmente onerosas sobre la más antigua; y en igualdad de circunstancias
proporcionalmente a todas.
§ 4º
De la oferta de pago y del depósito
Artículo 1.306 Cuando el acreedor rehusa recibir el pago, puede el deudor obtener su
liberación por medio del ofrecimiento real y del depósito subsiguiente de la cosa debida.
Los intereses dejan de correr desde el día del depósito legalmente efectuado, y la cosa
depositada queda a riesgo y peligro del acreedor.
Artículo 1.307 Para que el ofrecimiento real sea válido es necesario:
1º. Que se haga al acreedor que sea capaz de exigir, o a aquél que tenga facultad de
recibir por él.
2º. Que se haga por persona capaz de pagar.

3º. Que comprenda la suma íntegra u otra cosa debida, los frutos y los intereses debidos,
los gastos líquidos y una cantidad para los gastos ilíquidos, con la reserva por cualquier
suplemento.
4º. Que el plazo esté vencido si se ha estipulado en favor del acreedor.
5º. Que se haya cumplido la condición bajo la cual se ha contraído la deuda.
6º. Que el ofrecimiento se haga en el lugar convenido para el pago, y cuando no haya
convención especial respecto del lugar del pago, que se haga a la persona del acreedor,
o en su domicilio, o en el escogido para la ejecución del contrato.
7º. Que el ofrecimiento se haga por ministerio del Juez.
Artículo 1.308 Para la validez del depósito no es necesario que sea autorizado por el
Juez; basta para ello:
1º. Que lo haya precedido un requerimiento hecho al acreedor, que contenga la
indicación del día, hora y lugar en que la cosa ofrecida se depositará.
2º. Que el deudor se haya desprendido de la posesión de la cosa ofrecida,
consignándola, con los intereses corridos hasta el día del depósito, en el lugar indicado
por la Ley para recibir tales depósitos.
3º. Que se levante un acta, por el Juez, en la cual se indique la especie de las cosas
ofrecidas, la no aceptación por parte del acreedor o su no comparecencia, y en fin, el
depósito.
4º. Que cuando el acreedor no haya comparecido, se le notifique el acto del depósito,
con la intimación de tomar la cosa depositada.
Artículo 1.309 Los gastos del ofrecimiento real y del depósito, si estos actos fueren
válidos, son de cargo del acreedor.
Artículo 1.310 Mientras el acreedor no haya aceptado el depósito, el deudor podrá
retirarlo; y si lo retira, sus codeudores y sus fiadores no se libertan de la obligación.
Artículo 1.311 Cuando el deudor ha obtenido una sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada, la cual haya declarado buenos y válidos la oferta y el depósito, no puede, ni
aun con el consentimiento del acreedor, retirar el depósito en perjuicio de sus
codeudores o de sus fiadores.
Artículo 1.312 El acreedor que ha consentido en que el deudor retire el depósito,
después que éste ha sido declarado válido por una sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada, no puede prevalerse, para el pago de su crédito, de los privilegios e hipotecas
que lo garantizaban.
Artículo 1.313 Si la cosa debida es un objeto determinado que debe entregarse en el
lugar donde se encuentra, el deudor requerirá al acreedor para que la tome hecho este

requerimiento, si el acreedor no toma la cosa, el deudor puede hacerla depositar por
medio del Tribunal en otro lugar.
Si el objeto de la deuda es un inmueble por su naturaleza o por su destinación, el deudor
puede, después de requerir al acreedor para que tome posesión de aquéllos, obtener del
Juez que nombre un depositario.
Las disposiciones de los artículos 1.309, 1.310, 1.311 y 1.312, son aplicables a los casos
previstos en este Artículo.
Sección II
De la novación
Artículo 1.314 La novación se verifica:
1º. Cuando el deudor contrae para con su acreedor nueva obligación en sustitución de la
anterior, la cual queda extinguida.
2º. Cuando un nuevo deudor se sustituye al anterior dejando el acreedor a éste libre de
su obligación.
3º. Cuando, en fuerza de nueva obligación, un nuevo acreedor se sustituye al anterior,
quedando libre el deudor para con éste.
Artículo 1.315 La novación no se presume: es necesario que la voluntad de efectuarla
aparezca claramente del acto.
Artículo 1.316 La novación que consiste en sustituir un nuevo deudor, en lugar del
primitivo, puede hacerse sin el consentimiento de éste.
Artículo 1.317 La delegación por la cual un deudor designa al acreedor otro deudor, el
cual se obliga hacia el acreedor, no produce novación, si el acreedor no ha declarado
expresamente su voluntad de libertar al deudor que ha hecho la delegación.
Artículo 1.318 El acreedor que ha libertado al deudor por quien se ha hecho la
delegación, no tiene recurso contra él, si el delegado se hace insolvente, a menos que el
acto contenga reserva expresa, o que el delegado estuviese ya en estado de insolvencia o
quiebra en el momento de la delegación.
Artículo 1.319 No produce novación la simple indicación hecha por el deudor de una
persona que debe pagar en su lugar.
Tampoco la produce la simple indicación hecha por el acreedor de una persona que debe
recibir por él.
Artículo 1.320 Los privilegios e hipotecas del crédito anterior no pasan al que lo
sustituye, si el acreedor no ha hecho de ellos reserva expresa.

Artículo 1.321 Cuando la novación se efectúa por la sustitución de un nuevo deudor,
los privilegios e hipotecas primitivos del crédito no se transfieren a los bienes del nuevo
deudor.
Artículo 1.322 Si la novación se verifica entre el acreedor y uno de los deudores
solidarios, los privilegios y las hipotecas del crédito anterior no pueden reservarse sino
sobre los bienes del deudor que contrae la nueva obligación.
Artículo 1.323 El deudor que ha aceptado la delegación no puede oponer al segundo
acreedor las excepciones que había podido oponer al acreedor primitivo, salvo su acción
contra este último.
Sin embargo, tratándose de excepciones que dependen de la cualidad de la persona, el
deudor puede oponerlas, si tal cualidad subsistía al tiempo en que consintió en la
delegación.
Artículo 1.324 La novación carece de efecto si la antigua obligación era nula; a menos
que la nueva haya sido contraída en mira al mismo tiempo de confirmar la antigua,
conforme a las reglas legales, y de reemplazarla.
Artículo 1.325 El que ha aceptado la delegación queda válidamente obligado para con
el delegatario, aun cuando su obligación para con el delegante o del delegante para con
el delegatario, sea nula o esté sujeta a excepción.
Sección III
De la remisión de la deuda
Artículo 1.326 La entrega voluntaria del Título original bajo documento privado, hecha
por el acreedor al deudor, es una prueba de liberación.
Artículo 1.327 La entrega de la prenda no basta para hacer presumir la remisión de la
deuda.
Artículo 1.328 La remisión o quita concedida al deudor principal aprovecha a sus
fiadores; pero la otorgada a éstos no aprovecha a aquel.
Artículo 1.329 La remisión hecha por el acreedor a uno de los fiadores sin
consentimiento de los demás, aprovecha a éstos por la parte de deuda de aquél a quien,
se hizo la remisión.
Artículo 1.330 En todo caso, lo que el acreedor haya recibido de un fiador para
libertarlo de la fianza, debe imputarse a la deuda en descargo del deudor principal y de
los demás fiadores.
Sección IV
De la compensación
Artículo 1.331 Cuando dos personas son recíprocamente deudoras, se verifica entre
ellas una compensación que extingue las dos deudas, del modo y en los casos
siguientes.

Artículo 1.332 La compensación se efectúa de derecho en virtud de la Ley, y aun sin
conocimiento de los deudores, en el momento mismo de la existencia simultánea de las
dos deudas, que se extinguen recíprocamente por las cantidades concurrentes.
Artículo 1.333 La compensación no se efectúa sino entre dos deudas que tienen
igualmente por objeto una suma de dinero, o una cantidad determinada de cosas de la
misma especie, que pueden en los pagos sustituirse las unas a las otras, y que son
igualmente líquidas y exigibles.
Artículo 1.334 Los plazos concedidos gratuitamente por el acreedor no impiden la
compensación.
Artículo 1.335 La compensación se efectúa cualesquiera que sean las causas de una u
otra deuda, excepto en los siguientes casos:
1º. Cuando se trata de la demanda de restitución de la cosa de que ha sido injustamente
despojado el propietario.
2º. Cuando se trata de la demanda de la restitución de un depósito o de un comodato.
3º. Cuando se trata de un crédito inembargable,
4º. Cuando el deudor ha renunciado previamente a la compensación.
Tampoco se admite la compensación respecto de lo que se deba a la Nación, a los
Estados o a sus Secciones por impuestos o contribuciones.
Artículo 1.336 El fiador puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba a su
deudor principal, pero éste no puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba
al fiador.
Artículo 1.337 El deudor que ha consentido sin condición ni reserva en la cesión que el
acreedor ha hecho de sus derechos a un tercero, no puede oponer al cesionario la
compensación que habría podido oponer al cedente antes de la aceptación.
En todo caso, la cesión no aceptada por el deudor, pero que le ha sido notificada, no
impide la compensación, sino de los créditos posteriores a la notificación.
Artículo 1.338 Las deudas pagaderas en diferentes lugares pueden compensarse
mediante la indemnización de los gastos de transporte o cambio al lugar del pago.
Artículo 1.339 Cuando la misma persona tenga varias deudas comensales, se
observarán para la compensación las mismas reglas que se han establecido para la
imputación en el artículo 1.305.
Artículo 1.340 La compensación no se verifica con perjuicio de derechos adquiridos
por un tercero.

Sin embargo, el que, siendo deudor, llega a ser acreedor después del embargo hecho en
bienes suyos a favor de un tercero, no puede oponer la compensación en perjuicio de
quien ha obtenido el embargo.
Artículo 1.341 Quien ha pagado una deuda que estaba extinguida de derecho en virtud
de la compensación, y que después persigue el crédito por el cual no ha opuesto la
compensación, no puede en perjuicio de terceros, prevalerse de los privilegios,
hipotecas o fianzas unidas a su crédito, a menos que haya tenido justa causa para ignorar
el crédito que habría debido compensar su deuda.
Sección V
De la confusión
Artículo 1.342 Cuando las cualidades de acreedor y de deudor se reúnen en la misma
persona, la obligación se extingue por confusión.
Artículo 1.343 La confusión que se efectúa en la persona del deudor principal
aprovecha a los fiadores.
La que se efectúa en la persona del fiador, no envuelve la extinción de la obligación
principal.
Sección VI
De la pérdida de la cosa debida
Artículo 1.344 Cuando una cosa determinada, que constituía el objeto de la obligación,
perece, o queda fuera del comercio, o se pierde de modo que se ignore absolutamente su
existencia, la obligación se extingue, si la cosa ha perecido o se ha puesto fuera del
comercio o perdido, sin culpa del deudor y antes de que haya incurrido en mora.
Aun cuando el deudor haya incurrido en mora, si no ha tomado a su cargo el peligro de
los casos fortuitos, se extingue la obligación, si la cosa hubiera perecido igualmente en
poder del acreedor, caso de que se le hubiese entregado.
El deudor está obligado a probar el caso fortuito que alega.
De cualquier manera que haya perecido o se haya perdido una cosa indebidamente
sustraída, su pérdida no dispensa a aquél que la ha sustraído de restituir su valor,.
Artículo 1.345 Cuando la cosa ha perecido, se ha puesto fuera del comercio o se ha
perdido sin culpa del deudor, los derechos y las acciones que le pertenecían respecto de
esta cosa pasan a su acreedor.
Sección VII
De las acciones de nulidad
Artículo 1.346 La acción para pedir la nulidad de una convención dura cinco años,
salvo disposición especial de la Ley

Este tiempo no empieza a correr en caso de violencia, sino desde el día en que ésta ha
cesado; en caso de error o de dolo, desde el día en que han sido descubiertos: respecto
de los actos de los entredichos o inhabilitados, desde el día en que haya sido alzada la
interdicción o inhabilitación; y respecto de los actos de los menores, desde el día de su
mayoridad.
En todo caso, la nulidad puede ser opuesta por aquel que ha sido demandado por la
ejecución del contrato.
Artículo 1.347 En las obligaciones de los menores, la acción por nulidad se admite:
1º. Cuando el menor no emancipado ha ejecutado por su cuenta un acto, sin la
intervención de su legítimo representante.
2º. Cuando el menor emancipado ha ejecutado por su cuenta un acto para el cual la Ley
requiere la asistencia del curador.
3º. Cuando no se han observado las formalidades establecidas para ciertos actos por
disposiciones especiales de la Ley.
Artículo 1.348 La obligación no puede atacarse por el menor que, por maquinaciones o
medios dolosos ha ocultado su minoridad. La simple declaración de ser mayor hecha
por el menor no basta para probar que ha obrado con dolo.
Artículo 1.349 Nadie puede reclamar el reembolso de lo que ha pagado a un incapaz, en
virtud de una obligación que queda anulada, si no prueba que lo que ha pagado se ha
convertido en provecho de tales personas.
Artículo 1.350 La rescisión por causa de lesión no puede intentarse aun cuando se trate
de menores sino en los casos y bajo las condiciones especialmente expresadas en la Ley.
Dicha acción, en los casos en que se admite, no produce efecto respecto de los terceros
que han adquirido derechos sobre los inmuebles con anterioridad al registro de la
demanda por rescisión.
Artículo 1.351 El acto de confirmación o ratificación de una obligación, contra la cual
admite la Ley acción de nulidad, no es válido si no contiene la sustancia de la misma
obligación, el motivo que la hace viciosa, y la declaración de que se trata de rectificar el
vicio sobre el cual está fundada aquella acción.
A falta de acto de confirmación a ratificación, basta que la obligación sea ejecutada
voluntariamente, en totalidad, o en parte, por quien conoce el vicio, después de llegado
el tiempo en que la obligación podía ser válidamente confirmada o ratificada.
La confirmación, ratificación o ejecución voluntaria, según las formas y en los plazos
preceptuados por la Ley, produce la renuncia a los medios y a las excepciones que
podían oponerse a este acto, salvo los derechos de terceros.
Las disposiciones de este artículo no se aplican a la acción en rescisión por causa de
lesión.

Artículo 1.352 No se puede hacer desaparecer por ningún acto confirmatorio los vicios
de un acto absolutamente nulo por falta de formalidades.
Artículo 1.353 La confirmación, ratificación o ejecución voluntaria, de una donación o
disposición testamentaria por parte de los herederos o causahabientes del donador o
testador, después de la muerte de éstos, lleva consigo la renuncia a oponer los vicios de
forma y cualquiera otra excepción.
Capítulo V
De la prueba de las obligaciones y de su extinción
Artículo 1.354 Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien
pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha
producido la extinción de su obligación.
Sección I
De la prueba por escrito
Artículo 1.355 El instrumento redactado por las partes y contentivo de sus
convenciones es sólo un medio probatorio; su validez o su nulidad no tiene ninguna
influencia sobre la validez del hecho jurídico que está destinado a probar, salvo los
casos en que el instrumenta se requiera como solemnidad del acto.
Artículo 1.356 La prueba por escrito resulta de un instrumento público o de un
instrumento privado.
§ 1º
Del instrumento público
Artículo 1.357 Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las
solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado
público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se
haya autorizado.
Artículo 1.358 El instrumento que no tiene la fuerza de público por incompetencia del
funcionario o por defecto de forma es válido como instrumento privado, cuando ha sido
firmado por las partes.
Artículo 1.359 El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto
de terceros, mientras no sea declarado falso:1º, de los hechos jurídicos que el
funcionario público declara haber efectuado, si tenia facultad para efectuarlos; 2º, de los
hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído, siempre que este
facultado para hacerlos constar.
Artículo 1.360 El instrumento publico hace plena fe, así entre las partes como respecto
de terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la
realización del hecho jurídico a que el instrumento se con trae, salvo que en los casos y
con los medios permitidos por la ley se demuestre la simulación.

Artículo 1.361 Igual fuerza probatoria que la determinada en el artículo anterior
producen el instrumento público y el instrumento privado, entre las partes, aun de las
cosas que no han sido expresadas sino de una manera enunciativa, con tal que la
enunciación tenga una relación directa con el acto Las denunciaciones extrañas al acto
sólo pueden servir de principio de prueba.
Artículo 1.362 Los instrumentos privados, hechos para alterar o contrariar lo pactado en
instrumento público, no producen efecto sino entre los contratantes y sus sucesores a
Título universal. No se los puede oponer a terceros.
§ 2º
De los instrumentos privados
Artículo 1.363 El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido,
tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el
instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe,
hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones.
Artículo 1.364 Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de
un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo
hiciere, se tendrá igualmente como reconocido.
Los herederos o causahabientes pueden limitarse a declarar que no conocen la firma de
su causante.
Artículo 1.365 Cuando la parte niega su firma o cuando sus herederos o causahabientes
declaran no conocerla, se procederá a la comprobación del instrumento como se
establece en el Código de Procedimiento Civil.
Artículo 1.366 Se tienen por reconocidos los instrumentos autenticados ante un Juez
con las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil.
Artículo 1.367 Aun cuando el instrumento privado haya sido reconocido por la parte
contra quien se produce, le quedarán a esta a salvo las acciones o excepciones que le
correspondan respecto a las obligaciones expresadas en el mismo, aunque no haya
hecho ninguna reserva en el momento del reconocimiento.
Artículo 1.368 El instrumento privado debe estar suscrito por el obligado, y, además
debe expresarse en letras la cantidad en el cuerpo del documento, en aquéllos en que
una sola de las partes se obligue hacia otra a entregarle una cantidad de dinero u otra
cosa apreciable en dinero.
Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, y se tratare de obligaciones para cuya
prueba se admiten testigos, el instrumento deberá estar suscrito por persona mayor de
edad que firme a ruego de aquél, y, además, por dos testigos.
Artículo 1.369 La fecha de los instrumentos privados no se cuenta, respecto de terceros,
sino desde que alguno de los que hayan firmado haya muerto o haya quedado en la
imposibilidad física de escribir: o desde que el instrumento se haya copiado o

incorporado en algún Registro público, o conste habérsele presentado en juicio o que ha
tomado razón de él o lo ha inventariado un funcionario público, o que se haya archivado
en una Oficina de Registro u otra competente.
Artículo 1.370 El instrumento privado tiene la fuerza probatoria que le atribuyen los
artículos anteriores, aunque no esté extendido en papel sellado, ni conste haberse
satisfecho el impuesto de estampillas correspondiente. Esto sin perjuicio de la
responsabilidad en que hayan incurrido los otorgantes por tales omisiones.
Artículo 1.371 Pueden hacerse valer en juicio como prueba o principio de prueba por
escrito, las cartas misivas dirigidas por una de las partes a la otra, siempre que en ellas
se trate de la existencia de una obligación o de su extinción, así como de cualquier otro
hecho jurídico relacionado con los puntos que se controviertan.
El autor de la carta puede exigir la presentación de ésta a la persona a quien fue
destinada o ésta producirla en juicio para los efectos mencionados.
Artículo 1.372 No puede una parte requerir la presentación de una carta dirigida a un
tercero por alguno de los interesados en el juicio, o por personas extrañas, si el tercero y
el autor de la carta no prestan su consentimiento para ello. El tercero tampoco puede
valerse de la carta como prueba, contra la voluntad del autor de ella.
Las cartas misivas, dirigidas y recibidas entre terceros, no pueden, en ningún caso,
emplearse como medios de prueba en juicio por personas para las cuales los terceros no
eran causantes o mandatarios.
Los herederos y causahabientes de las personas que dirigieron o recibieron las cartas
misivas antedichas, pueden emplearlas como medios de prueba en los mismos casos en
que aquéllas habrían podido hacer uso de ellas.
Artículo 1.373 Las cartas misivas de carácter confidencial, es decir, en que no se trata
de los asuntos expresados en el artículo 1.371. no pueden publicarse ni presentarse en
juicio, sin el consentimiento del autor y de la persona a quien fueron dirigidas,.
Artículo 1.374 La fuerza probatoria de las cartas misivas producidas en juicio, se
determina por las reglas establecidas en la Ley respecto de los instrumentos privados y
de principio de prueba por escrito; pero carecerán de valor las que no estén firmadas por
la persona a quien se atribuyan, salvo que hubieren sido escritas de su puño y letra, y
remitidas a su destino.
El Juez desestimará las que se hayan presentado en contravención con la Ley, sin
perjuicio de los derechos que correspondan al agraviado por violación del secreto
debido a la correspondencia epistolar.
Artículo 1.375 El telegrama hace fe como instrumento privada, cuando el original lleva
la firma de la persona designada en él como remitente, o cuando se prueba que el
original se ha entregado o hecho entregar en la Oficina Telegráfica en nombre de la
misma persona, aunque ésta no lo haya firmado, siempre que la escritura sea autógrafa.

Si la firma del original se ha autenticado legalmente, se aplicarán las disposiciones que
quedan establecidas respecto de los instrumentos privados.
Si la identidad de la persona que lo ha firmado o que ha entregado el original se ha
comprobado por otros medios establecidos en los reglamentos telegráficos, se admitirá
la prueba contraria.
La fecha del telegrama establece, hasta prueba de lo contrario, el día y la hora en que
fue efectivamente expedido o recibido por las Oficinas Telegráficas.
Artículo 1.376 En los casos de error, alteraciones o retardo en los telegramas, las
rectificaciones a que haya lugar deben resultar de la prueba que se haga, y a ella se
atendrá el Tribunal; sin que esto obste a las responsabilidades legales que puedan
originarse de la falta. Si quien envía el telegrama ha tenido cuidado de hacerlo verificar
o repetir, o de certificarlo, según las disposiciones de los reglamentos telegráficos, se
presume que no hay falta.
Artículo 1.377 Los libros de los comerciantes hacen fe contra ellos; pero la parte
contraria no podrá aceptar lo favorable sin admitir también lo adverso que ellos
contengan.
Artículo 1.378 Los registros y papeles domésticos no hacen fe en favor de quien los ha
escrito; pero hacen fe contra él:
1º. Cuando enuncian formalmente un pago que se le ha hecho.
2º. Cuando contienen mención expresa de haberse hecho la anotación para suplir la falta
de documento en favor del acreedor.
Artículo 1.379 Toda anotación puesta por el acreedor a continuación, al margen o al
dorso de su título de crédito, cuando tiende a demostrar la liberación del deudor, hace
fe, aunque no lleve la fecha ni la firma del acreedor, con tal que el Título haya
permanecido siempre en sus manos.
Lo mismo sucederá con las anotaciones puestas por el acreedor a continuación, al
margen o al dorso del duplicado de un título personal al deudor, o de un recibo
precedente, con tal que este documento se encuentre en manos del deudor.
§ 3º
De la falsedad de los instrumentos
Artículo 1.380 El instrumento público o que tenga las apariencias de tal puede tacharse
con acción principal o redargüirse incidentalmente como falso, cuando se alegare
cualquiera de las siguientes causales:
1º. Que no ha habido la intervención del funcionario público que aparezca autorizándolo
sino que la firma de éste fue falsificada.

2º. Que aun cuando sea auténtica la firma del funcionario público la del que apareciere
como otorgante del acto fue falsificada.
3º. Que es falsa la comparecencia del otorgante ante el funcionario, certificada por éste,
sea que el funcionario haya procedido maliciosamente o que se le haya sorprendido en
cuanto a la identidad del otorgante.
4º. Que aun siendo auténtica la firma del funcionario publico y cierta la comparecencia
del otorgante ante aquél, el primero atribuya al segundo declaraciones que éste no ha
hecho; pero esta causal no podrá alegarse por el otorgante que haya firmado el acta, ni
respecto de él.
5º. Que aun siendo ciertas las firmas del funcionario y del otorgante, se hubiesen hecho,
con posterioridad al otorgamiento, alteraciones materiales en el cuerpo de la escritura
capaces de modificar su sentido o alcance.
Esta causal puede alegarse aun respecto de los instrumentos que sólo aparezcan
suscritos por el funcionario público que tenga la facultad de autorizarlos.
6º. Que aun siendo ciertas las firmas del funcionario y los otorgantes, el primero hubiese
hecho constar falsamente y en fraude de la Ley o perjuicio de terceros, que el acto se
efectuó en fecha o lugar diferentes de los de su verdadera realización.
Artículo 1.381 Sin perjuicio de que la parte a quien se exija el reconocimiento de un
instrumento privado se limite a desconocerlo, puede también tacharlo formalmente con
acción principal o incidental:
1º. Cuando haya habido falsificación de firmas.
2º. Cuando la escritura misma se hubiere extendido maliciosamente, y sin conocimiento
de quien aparezca como otorgante, encima de una firma en blanco suya.
3º. Cuando en el cuerpo de la escritura se hubiesen hecho alteraciones materiales
capaces de variar el sentido de lo que firmó el otorgante.
Estas causales no podrán alegarse, ni aun podrá desconocerse el instrumento privado,
después de reconocido en acto auténtico, a menos que se tache el acto mismo del
reconocimiento o que las alteraciones a que se refiere la causal 3º se hayan hecho
posteriormente a este.
Artículo 1.382 No dan motivo a la tacha del instrumento, la simulación, el fraude, ni el
dolo en que hubieren incurrido sus otorgantes, sino a las acciones o excepciones que se
refieran al acto jurídico mismo que aparezca expresado en el instrumento.
§ 4º
De las tarjas
Artículo 1.383 Las tarjas que corresponden con sus patrones hacen fe entre las personas
que acostumbran comprobar con ellas las provisiones que hacen o reciben en detal.

§ 5º
De las copias de documentos auténticos
Artículo 1.384 Los traslados y las copias o testimonios de los Instrumentos públicos o
de cualquier otro documento auténtico, hacen fe, si los ha expedido el funcionario
competente con arreglo a las leyes.
Artículo 1.385 Las partes no pueden exigir que el original o la copia que estén
depositados en una Oficina pública, sean presentados en el lugar donde está pendiente el
juicio; pero sí pueden exigir, en todo caso, la confrontación de la copia con el original o
la copia depositada en la Oficina pública.
§ 6º
De los instrumentos de reconocimiento
Artículo 1.386 Los nuevos títulos o instrumentos de reconocimiento hacen fe contra el
deudor, sus herederos y causahabientes, si éstos no probaren, con la presentación del
título primitivo que ha habido error o exceso en el nuevo título o instrumento de
reconocimiento. Entre varios instrumentos de reconocimiento prevalece el más reciente.
Sección II
De la prueba de testigos
Artículo 1.387 No es admisible la prueba de testigos para probar la existencia de una
convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el
valor del objeto exceda de dos mil bolívares.
Tampoco es admisible para probar lo contrario de una convención contenida en
instrumentos públicos o privados o lo que la modifique, ni para justificar lo que se
hubiese dicho antes al tiempo o después de su otorgamiento, aunque se trate en ellos de
un valor menor de dos mil bolívares.
Queda, Sin embargo, en vigor lo que se establece en las leyes relativas al comercio.
Artículo 1.388 La prueba de testigos se admite en el caso de que la acción exceda de
dos mil bolívares, cuando el exceso se deba a la acumulación de los intereses.
Artículo 1.389 A quien proponga una demanda por una suma que exceda de dos mil
bolívares, no se le admitirá la prueba de testigos, aun cuando restrinja su primitiva
demanda.
Artículo 1.390 La prueba de testigos no puede admitirse cuando se demanda una
cantidad menor de dos mil bolívares, si resulta que ésta es residuo o parte de un crédito
mayor, que no está probado por escrito.
Artículo 1.391 Si en o un mismo juicio se demandan varias cantidades que reunidas
excedan de dos mil bolívares puede admitirse la prueba de testigos respecto de los

créditos que procedan de diferentes causas o que se hayan contraído en épocas distintas
y si ninguno, de ellos excediere de dos mil bolívares.
Artículo 1.392 También es admisible la prueba de testigos cuando hay un principio de
prueba por escrito
Este principio de prueba resulta de todo escrito emanado de aquél a quien se le opone o
de aquél a quien él representa que haga verosímil el hecho alegado.
Es, asimismo, admisible dicha prueba cuando las presunciones o indicios resultantes de
hechos ciertos probados no por testigos sean bastantes para determinar la admisión de
esa prueba.
Artículo 1.393 Es igualmente admisible la prueba de testigos en los casos siguientes:
1º. En todos los casos en que haya existido para el acreedor la imposibilidad material o
moral de obtener una prueba escrita de la obligación;
2º. Cuando el acreedor haya perdido el Título que le servía de prueba, como
consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor; y
3º. Cuando el acto es atacado por ilicitud de la causa.
Sección III
De las presunciones
Artículo 1.394 Las presunciones son las consecuencias que la Ley o el Juez sacan de un
hecho conocido para establecer uno desconocido.
§ 1º
De las presunciones establecidas por la Ley
Artículo 1.395 La presunción legal es la que una disposición especial de la Ley atribuye
a ciertos actos o a ciertos hechos. Tales son:
1º. Los actos que la Ley declara nulos sin atender más que a su cualidad, como hechos
en fraude de sus disposiciones.
2º. Los casos en que la Ley declara que la propiedad o la liberación resultan de algunas
circunstancias determinadas.
3º. La autoridad que da la Ley a la cosa juzgada.
La autoridad de la cosa juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la
sentencia. Es necesario que la cosa demandada sea la misma; que la nueva demanda esté
fundada sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes, y que éstas vengan al
juicio con el mismo carácter que en el anterior.

Artículo 1.396 La demanda de daños y perjuicios por razón de los causados por un acto
ilícito, no puede ser desechada por la excepción de cosa juzgada que resulte de la
decisión de una jurisdicción penal que, al estatuir exclusivamente sobre la cuestión de
culpabilidad, hubiera pronunciado la absolución o el sobreseimiento del encausado.
Artículo 1.397 La presunción legal dispensa de toda prueba a quien la tiene en su favor.
Artículo 1.398 No se admite ninguna prueba contra la presunción legal, cuando,
fundada en esta presunción, la Ley anula ciertos actos o niega acción en justicia, a
menos que haya reservado la prueba en contrario.
§ 2º
De las presunciones no establecidas por la ley
Artículo 1.399 Las presunciones que no estén establecidas por la Ley quedaran a la
prudencia del Juez quien no debe admitir sino las que sean graves, precisas y
concordantes, y solamente en los casos en que la Ley admite la prueba testimonial.
Sección IV
De la confesión
Artículo 1.400 La confesión es judicial o extrajudicial.
Artículo 1.401 La confesión hecha por la parte o por su apoderado dentro de los límites
del mandato, ante un Juez, aunque éste sea incompetente, hace contra ella plena prueba,.
Artículo 1.402 La confesión extrajudicial produce el mismo efecto, se hace a la parte
misma o a quien la representa.
Si se hace a un tercero produce sólo un indicio.
Artículo 1.403 La confesión extrajudicial no puede probarse por testigos, sino en los
casos en que la Ley admite la prueba de testigos.
Artículo 1.404 La confesión judicial o extrajudicial no puede dividirse en perjuicio del
confesante. Este no puede revocarla si no prueba que ella ha sido resultado de un error
de hecho. No puede revocarse so pretexto de un error de derecho.
Artículo 1.405 Para que la confesión produzca efecto debe hacerse por persona capaz
de obligarse en el asunto sobre que recae.
Sección V
Del juramento
Artículo 1.406 El juramento debe prestarse siempre personalmente, y no por medio de
mandatario.
Artículo 1.407 El juramento es de dos especies:

1º. El que una parte defiere a la otra para hacer depender de él la decisión del juicio, y se
llama desisorio.
2º. El que defiere el Juez, de oficio, a una u otra parte.
§ 1º
Del juramento decisorio
Artículo 1.408 El juramento decisorio puede deferirse en toda especie de juicio civil.
No puede deferirse sobre un hecho delictuoso ni sobre una convención para cuya
validez exige la Ley un acto escrito; ni para contradecir un hecho que un instrumento
público atestigua haber pasado en el acto mismo ante el funcionario público que lo ha
recibido.
Artículo 1.409 No puede deferirse sino sobre un hecho determinado y personal de aquél
a quien se le defiere; o sobre el simple conocimiento de un hecho.
Artículo 1.410 Puede deferirse en cualquier estado de la causa y aun cuando no haya
ningún principio de prueba de la demanda o de la excepción sobre las cuales se defiere
el juramento.
Artículo 1.411 La parte a quien se defiere el juramento puede referirlo a su adversario.
Artículo 1.412 Aquél a quien se defiere el juramento y rehúsa prestarlo, y no lo refiere
a su adversario, debe sucumbir en la demanda o la excepción; y del mismo modo debe
sucumbir aquél a quien se le ha referido, si rehúsa prestarlo.
Artículo 1.413 La parte a quien se ha deferido el Juramento no puede referirlo después
que ha declarado que está dispuesta a prestarlo.
Artículo 1.414 No puede referirse el juramento cuando el hecho sobre que ha de recaer
no es común a las dos partes, sino personal de aquélla a quien se ha deferido,
Artículo 1.415 Si se ha prestado el juramento deferido o referido, no se admite a la otra
parte probar su falsedad.
Artículo 1.416 El que ha deferido o referido el juramento puede dispensar de prestarlo a
su adversario que haya declarado estar dispuesto a hacerlo; pero el juramento se
considera como prestado en contra de quien lo dispensa.
Artículo 1.417 La parte que ha deferido el juramento puede retractarse mientras que su
adversario no haya declarado que lo acepta o lo refiere, o mientras que no haya recaído
decisión irrevocable sobre la admisión del juramento.
Puede retractarse aun después de la decisión, y después que la parte contraria ha
declarado que está dispuesta a prestarlo, si la fórmula propuesta se ha cambiado en la
decisión, a menos que por un acto posterior a ésta, haya aceptado la alteración de la
fórmula.

La parte que ha referido el juramento no puede retractarse si la otra parte ha declarado
que está dispuesta a prestarlo.
Artículo 1.418 El juramento prestado o rehusado no hace prueba, sino en provecho o en
contra de quien lo ha deferido, y de sus herederos o causahabientes.
Deferido al deudor principal, liberta igualmente a los fiadores.
Deferido al fiador, aprovecha al deudor principal.
En el último caso, el juramento del fiador no aprovecha al deudor principal, sino cuando
se ha deferido sobre la deuda, y no sobre el hecho de la fianza.
§ 2º
Del juramento deferido de oficio
Artículo 1.419 En los juicios sobre obligaciones civiles, procedentes de hecho ilícito,
culpa o dolo, puede el Juez deferir el juramento al demandante, con las circunstancias y
efectos siguientes:
1º. El hecho ilícito, la culpa o del dolo, han de resultar debidamente probados.
2º. La duda del Juez ha de recaer sobre el número o valor real de las cosas, o el importe
de los daños y perjuicios.
3º. Que sea imposible probar de otra manera el número o valor de las cosas demandadas
o el importe de los daños y perjuicios.
Artículo 1.420 El Juez puede moderar a su prudente arbitrio la fijación hecha por el
demandante.
Artículo 1.421 El juramento deferido de oficio a una de las partes no puede referirse
por ésta a la otra parte.
Sección VI
De la experticia
Artículo 1.422 Siempre que se trate de una comprobación o de una apreciación que
exija conocimientos especiales, puede procederse a una experticia.
Artículo 1.423 La experticia se hará por tres expertos, a menos que las partes
convengan en que la haga uno solo.
Artículo 1.424 Los expertos serán nombrados por las partes, de común acuerdo y a falta
de acuerdo de las partes, cada una de ellas nombrará un experto y el Tribunal nombrará
el otro

Artículo 1.425 El dictamen de la mayoría de los expertos se extenderá en un solo acto
que suscribirán todos y debe ser motivado, circunstancia sin la cual no tendrá ningún
valor.
Si no hubiere unanimidad, podrán indicarse las diferentes opiniones y sus fundamentos.
Artículo 1.426 Si los Tribunales no encontraren en el dictamen de los expertos la
claridad suficiente, podrán ordenar de oficio nueva experticia por uno o más expertos,
que también nombraran de oficio, siempre en número impar, los cuales podrán pedir a
los anteriores expertos las noticias que juzguen convenientes.
Artículo 1.427 Los jueces no están obligados a seguir el dictamen de los expertos, si su
convicción se opone a ello.
Sección VII
De la inspección ocular
Artículo 1.428 El reconocimiento o inspección ocular puede promoverse como prueba
en juicio para hacer constar las circunstancias o el estado de los lugares o de las cosas
que no se pueda o no sea fácil acreditar de otra manera sin extenderse a apreciaciones
que necesiten conocimientos periciales.
Artículo 1.429 En los casos en que pudiera sobrevenir perjuicio por retardo, los
interesados podrán promover la inspección ocular antes del juicio para hacer constar el
estado o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del
tiempo.
Artículo 1.430 Los Jueces estimarán en su oportunidad el mérito de la prueba dicha.
Título IV
De la donación
Artículo 1.431 La donación es el contrato por el cual una persona transfiere
gratuitamente una cosa u otro derecho de su patrimonio a otra persona que lo acepta.
Artículo 1.432 También es donación la liberalidad hecha por agradecimiento al
donatario, o en consideración de sus méritos, o por especial remuneración, así como la
que va acompañada de alguna obligación impuesta al donatario.
Artículo 1.433 La donación no puede comprender sino bienes presentes del donante; si
comprende bienes futuros es nula respecto de éstos.
Sin embargo, cuando se trate de una universalidad de cosas, cuyo goce y tenencia haya
conservado el donante, se considera que las cosas que haya podido ir agregando quedan
comprendidas en la donación, salvo que el donante haya expresado una voluntad
diferente.
Artículo 1.434 La Donación que tenga por objeto prestaciones periódicas, se extingue
con la muerte del donante, a menos que del contrato resulte una voluntad distinta.

Capítulo I
De la capacidad para disponer y para recibir por donación
Artículo 1.435 No pueden donar quienes no tienen la libre disposición de sus bienes,
salvo lo dispuesto en los artículos 146 y 147.
A partir del día en que se promueva el juicio de inhabilitación, serán nulas las
donaciones que haga el inhabilitado.
Artículo 1.436 No pueden adquirir por donación, ni aun bajo el nombre de personas
interpuestas, los incapaces de recibir por testamento, en los casos y del modo
establecido en el Capítulo que trata de las sucesiones testamentarias.
Artículo 1.437 Toda donación hecha en favor de una persona incapaz para recibirla, es
nula, aunque se la presente bajo la forma de cualquier otro contrato.
Artículo 1.438 Si mandato para donar debe determinar la cosa o derecho objeto de la
donación. El donante debe igualmente mencionar la persona del donatario, o por lo
menos autorizar al mandatario para que la elija entre varias personas que le indique, o
perteneciente a familias o a cuerpos morales designados por el mismo donante.
Además, el mandato habrá de otorgarse en forma auténtica, si se trata de cosas o
derechos cuya donación deba hacerse en dicha forma.
Capítulo II
De la forma y efecto de las donaciones
Artículo 1.439 Para que sean válidas las donaciones, deben hacerse en forma auténtica,
y del mismo modo debe otorgarse su aceptación; pero cuando se refieran a inmuebles,
no surtirán efecto alguno contra terceros sino después que sean registrados ambos actos.
Cuando la donación sea de cosa mueble, cuyo valor no exceda de dos mil bolívares, no
se necesitará escritura de ninguna especie.
Artículo 1.440 No produce efecto la donación sino cuando el donante esté en
conocimiento de la aceptación, personalmente o por medio del mandatario que hubiere
constituido para la donación La aceptación debe ser hecha en vida del donante.
Artículo 1.441 Si el donatario es mayor, la aceptación debe prestarse por él en persona,
o por mandatario cuyo mandato se haya otorgado en forma auténtica y que exprese la
facultad de aceptar una donación determinada, o la general de aceptar donaciones.
Artículo 1.442 El menor emancipado y el inhabilitado puede también aceptar
donaciones. Sólo cuando estén sujetas a cargas o condiciones se requiere, además el
consentimiento del curador.
Los otros menores y los entredichos prestarán su consentimiento por medio de sus
representantes legales; debiendo procederse como en el caso del artículo 268 cuando el
tutor no quiera o no pueda aceptar una donación.

Artículo 1.443 Los hijos por nacer de una persona viva determinada pueden recibir
donaciones, aunque todavía no se hayan concebido.
Para la aceptación, los hijos no concebidos serán representados por el padre o por la
madre indicados por el donante, según el caso.
A menos que el donante disponga otra cosa, la administración de los bienes donados la
ejercerá él, y en su defecto, sus herederos, quienes pueden ser obligados a prestar
caución.
Artículo 1.444 Las donaciones hechas a los cuerpos jurídicos no pueden aceptarse sino
conforme a sus reglamentos.
Artículo 1.445 Si la aceptación no se presta según las disposiciones de los artículos
precedentes, la nulidad de la donación puede solicitarse aun por el donante, sus
herederos o causahabientes.
Artículo 1.446 La donación debidamente aceptada es por fecha y se transmite la
propiedad de los objetos donados sin necesidad de tradición, desde que el donante esté
en conocimiento de la aceptación.
No pueden atacarse por falta de aceptación las donaciones hechas en atención a un
matrimonio futuro determinado, bien sea por los esposos entre sí, bien por un tercero en
favor de los esposos, o de los descendientes por nacer de su matrimonio.
Artículo 1.447 Es nula toda donación hecha bajo condiciones imposibles, o contrarias a
la Ley o a las buenas costumbres.
Artículo 1.448 Es igualmente nula toda donación hecha bajo condiciones cuyo
cumplimiento dependa de la exclusiva voluntad del donante.
Artículo 1.449 Es igualmente nula si se hubiese hecho con la condición de satisfacer
deudas o cargas distintas de las que ya existían al tiempo de la donación, a menos que
estén específicamente designadas en la misma
Artículo 1.450 La donación hecha en consideración de un matrimonio futuro quedará
sin efecto si el matrimonio no se verifica.
Si el matrimonio es declarado nulo, se produce de pleno derecho la nulidad de la
donación, salvo los derechos adquiridos por terceros de buena fe en el tiempo
intermedio.
En cuanto a los hijos, la donación hecha en atención a ellos se mantiene eficaz si se
llenan las condiciones del artículo 127.
En caso de divorcio o separación de cuerpos se aplicará lo dispuesto por el artículo 195.
Artículo 1.451 Las donaciones entre cónyuges son siempre revocables por la sola
voluntad del donante, manifestada expresamente en la misma forma en que hayan sido

realizadas aquéllas. La revocatoria deberá ser notificada por el donante al donatario o a
sus herederos.
Artículo 1.452 Cuando el donante se haya reservado la facultad de disponer de algún
objeto comprendido en la donación, o de una cantidad determinada sobre los bienes
donados, y muriere sin haber dispuesto nada, el objeto o la cantidad pertenecerán a sus
herederos, no obstante cualquiera cláusula o estipulación en contrario.
Artículo 1.453 El donante puede estipular la reversión de las cosas donadas, pero sólo
en provecho de si mismo, tanto para el caso de que el donatario muera antes que el
donante, como para aquel en que mueran el donatario y sus descendientes.
Artículo 1.454 En el caso de reversión quedan resueltas todas las enajenaciones de los
bienes donados, los cuales vuelven al donante libres de toda carga e hipoteca;
exceptúase solamente la hipoteca relativa a las convenciones matrimoniales, cuando los
demás bienes del esposo donatario no fueren bastantes, y la donación se hubiese hecho
por el mismo contrato de matrimonio de que resulte la hipoteca.
Artículo 1.455 No son válidas las sustituciones en las donaciones, sino en los casos y
en los limites establecidos para los actos de última voluntad.
La nulidad de las sustituciones no invalida la donación.
Artículo 1.456 Puede el donante reservarse en provecho propio, y después de él en
provecho de una a más personas que existan al hacerse esta reserva, el uso o el
usufructo de las cosas donadas.
Artículo 1.457 Si la donación de cosas muebles se hubiese hecho con reserva de
usufructo, el donatario recibirá a la terminación de éste, las cosas donadas en el estado
en que se encuentren; y, respecto de las cosas que no existan, tendrá acción contra el
donante y sus herederos hasta por el valor que se les dio o que tenían al tiempo de la
donación, a menos que el perecimiento haya sido por caso fortuito.
Artículo 1.458 El donante no queda obligado al sanea miento por vicios ocultos de las
cosas donadas, sino al resarcimiento de los daños ocasionados al donatario por los
vicios ocultos de las mismas, y sólo cuando haya declarado que la cosa no tenia vicios,
o cuando, conociéndolos, los haya ocultado.
El donante no queda obligado al saneamiento por evicción de las cosas donadas sino:
1º. Cuando lo ha prometido expresamente.
2º. Cuando la evicción proviene de dolo o de hecho personal del donante; y
3º. Cuando las donaciones se hacen en consideración de un matrimonio futuro.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en el caso de donaciones remuneratorias o
que impongan cargas al donatario, el donante queda obligado al saneamiento por
evicción o por vicios ocultos de la cosa donada hasta concurrencia de la remuneración o
del monto de las cargas.

Capítulo III
De la revocación de las donaciones
Artículo 1.459 La donación puede revocarse por causa de ingratitud del donatario o por
supervivencia de hijos.
Artículo 1.460 El donante puede revocar la donación por las mismas causas de
indignidad para suceder a que sé refiere el artículo 810 y porque el donatario rehuse
indebidamente dar alimentos al donante, aun en el caso de que no sea de las personas
que están obligadas a prestarlo.
Artículo 1.461 La revocación por causa de ingratitud debe demandarse por el donante o
sus herederos, contra el donatario o sus herederos. Esta acción prescribe al término de
un año a contar del día en que el donante haya podido tener conocimiento del hecho en
que se funda.
Cuando el donante hubiere muerto sin haber podido tener conocimiento de la ingratitud,
el término para proponer la acción se contará a partir del día en que el heredero hubiere
tenido noticias de la causa de revocación.
Artículo 1.462 Las donaciones hechas por personas que no tengan o ignoren tener hijos
o descendientes vivos al tiempo de la donación, pueden revocarse por la superveniencia
o existencia de un hijo o descendientes del donante, aunque sean póstumos, con tal que
hayan nacido vivos. Esta disposición se aplica únicamente a los hijos cuya filiación esté
legalmente probada, salvo que, en caso de reconocimiento voluntario, se pruebe que el
donante tenía conocimiento de la existencia del hijo al tiempo de la donación.
Artículo 1.463 No es válida la renuncia anticipada al derecho de pedir la revocación por
causa de ingratitud o por superveniencia de hijos.
Artículo 1.464 La acción de revocación por superveniencia de hijos prescribe a los
cinco (5) años a contar del día del nacimiento del hijo o descendiente, o desde el día en
que fue reconocido el hijo concebido y nacido fuera del matrimonio.
La acción no puede intentarse ni continuarse después de la muerte de los hijos y de sus
descendientes.
Artículo 1.465 La revocación puede pedirse aun cuando el hijo estuviere ya concebido
al tiempo en que se hizo la donación.
Artículo 1.466 La revocación por ingratitud o por superveniencia o existencia de hijos
o descendientes a que se refiere el artículo 1.462, no perjudica los derechos adquiridos
por terceros con anterioridad al registro de la demanda.
Si el donatario hubiere enajenado los bienes, debe restituir su valor calculado al tiempo
de la demanda, de acuerdo con el estado y condiciones que tenían cuando fueron
donados.
Los frutos los debe desde que haya sido emplazado para la contestación de la demanda.

Si el donatario hubiere constituido sobre las bienes donados algún derecho real con
anterioridad al registro de la demanda, o en otra forma hubiere disminuido el valor de
esos bienes, debe indemnizar al donante la pérdida sufrida.
En los casos de revocación de donaciones con cargas apreciables en dinero, el donante
deberá indemnizar al donatario por ese respecto.
Artículo 1.467 Se exceptúan de las disposiciones precedentes, y por lo tanto son
irrevocables, las donaciones puramente remuneratorias, y las hechas en consideración
de un matrimonio determinado, sin perjuicio del derecho que puedan tener los hijos del
donante a pedir la reducción, si las donaciones exceden de la cuota disponible.
Capítulo IV
De la reducción de las donaciones
Artículo 1.468 Las donaciones de toda especie que una persona haya hecho durante los
diez últimos años de su vida, por cualquier causa y en favor de cualquiera persona,
quedan sujetas a reducción si se reconoce que, en la época de la muerte del donador
excedían de la porción de bienes de que pudo disponer el mismo donador, según las
reglas establecidas en el Capítulo II, Título II, de este Libro.
Esta disposición no se aplica a los casos previstos en la Sección IV, Capítulo III, Título
II, de este Libro.
Las reglas establecidas en el artículo 885 y en los artículos 888 y siguientes para la
reducción de las disposiciones testamentarias, se observarán para la reducción de las
donaciones.
Artículo 1.469 La reducción de las donaciones no puede pedirse sino por aquéllos a
quienes la Ley reserva legítima y por sus herederos o causahabientes.
La acción para demandar esta reducción prescribe a los cinco años.
No puede renunciarse este derecho durante la vida del donante ni por una declaración
expresa ni dando su consentimiento para la donación
Ni los donatarios ni los legatarios, ni los acreedores del de cujus pueden pedir la
reducción ni aprovecharse de ella.
Artículo 1.470 No se procede a reducir las donaciones sino después de haber agotado el
valor de los bienes de que se haya dispuesto por testamento: y, si hubiere lugar a esta
reducción, se principiará por la última en fecha y se continuará subiendo de las más
recientes a las más antiguas.
Artículo 1.471 El donatario debe restituir los frutos de aquello en que la donación
exceda de la porción disponible desde el día en que se le haya emplazado para la
contestación de la demanda.
Artículo 1.472 Los inmuebles recobrados a consecuencia de la reducción, quedan libre
de toda deuda e hipoteca impuestas por el donatario o por sus causahabientes.

Artículo 1.473 La acción de reducción, o la de reivindicación, pueden ejercerse por los
herederos contra los terceros detentadores de los inmuebles que formaban parte de la
donación y que fueron enajenados por los donatarios de la misma manera y en el mismo
orden en que podrían ejercerlas contra los mismos donatarios hecha exclusión previa de
los bienes de éstos. Estas acciones deben ejercerse en orden inverso de las fechas de las
enajenaciones, comenzando por la última.
Título V
De la venta
Capítulo I
De la naturaleza de la venta
Artículo 1.474 La venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la
propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio.
Artículo 1.475 Cuando se trata de mercancías vendidas con sujeción al peso, cuenta o
medida, la venta no es perfecta en el sentido de que las cosas vendidas quedan a riesgo y
peligro del vendedor, hasta que sean pesadas, contadas o medidas.
Artículo 1.476 Si, al contrario, las mercancías se han vendido alzadamente o en globo,
la venta queda perfecta inmediatamente.
Se juzga que la venta se ha hecho alzadamente o en globo, si las cosas se han vendido
por un solo precio, sin consideración al peso al número o la medida, o cuando, aunque
se haya hecho mérito de esto ha sido únicamente para determinar el monto del precio
Artículo 1.477 En cuanto a las mercancías que se acostumbra gustar o probar antes de
comprarlas, no queda perfecta la venta hasta que el comprador no haya hecho conocer
su aceptación en el plazo fijado por la convención o por el uso.
Artículo 1.478 La venta sujeta a ensayo previo se juzga hecha siempre bajo condición
suspensiva.
Artículo 1.479 El precio de la venta debe determinarse y especificarse por las partes.
Sin embargo el precio puede quedar sometido al arbitrio de un tercero nombrado por las
partes en el acto de la venta También puede estipularse que la elección del tercero se
haga con posterioridad por las partes, de común acuerdo, con tal de que quede
estipulado en la convención el modo de nombrar el tercero a falta de acuerdo entre las
partes. Si el tercero escogido no quiere o no puede hacer la determinación del precio, la
venta es nula.
También puede convenirse en que el precio se fije con referencia al corriente en un
mercado y en un día determinado.
Artículo 1.480 Lo dispuesto en el presente Título no obsta para que se dicten leyes
especiales sobre venta de bienes muebles a crédito, con o sin reserva de dominio. Estas
leyes se aplicarán preferentemente en los casos a que ellas se contraigan.

Capítulo II
De las personas que no pueden comprar o vender
Artículo 1.481 Entre marido y mujer no puede haber venta de bienes.
Artículo 1.482 No pueden comprar, ni aun en subasta pública, ni directamente, ni por
intermedio de otras personas:
1°. El padre y la madre los bienes de sus hijos sometidos a su potestad.
2°. Los tutores, protutores y curadores, los bienes de las personas sometidas a su tutela,
protutela o curatela.
3°. Los mandatarios, administradores o gerentes, los bienes que estén encargados de
vender o hacer vender.
4°. Los empleados públicos, los bienes de la Nación, de los Estados o sus Secciones, o
de los establecimientos públicos de cuya administración estuvieren encargados, ni los
bienes que se venden bajo su autoridad o por su ministerio.
5°. Los Magistrados, Jueces, Fiscales, Secretarios de Tribunales y Juzgados y Ofíciales
de Justicia, los derechos o acciones litigiosos de la competencia del Tribunal de que
forman parte. Se exceptúa de las disposiciones que preceden el caso en que se trate de
acciones hereditarias entre coherederos, o de cesión en pago de créditos, o de garantía
de los bienes que ellos poseen. Los abogados y los procuradores no pueden, ni por si
mismos, ni por medio de personas interpuestas, celebrar con sus clientes ningún pacto ni
contrato de venta, donación, permuta u otros semejantes sobre las cosas comprendidas
en las causas a que prestan su ministerio.
Capítulo III
De las cosas que no pueden ser vendidas
Artículo 1.483 La venta de la cosa ajena es anulable y puede dar lugar al resarcimiento
de daños y perjuicios si ignoraba el comprador que la cosa era de otra persona.
La nulidad establecida por este artículo no podrá alegarse nunca por el vendedor.
Artículo 1.484 Es inexistente la venta de los derechos sobre la sucesión de una persona
viva aun con su consentimiento.
Artículo 1.485 Si en el momento de la venta la cosa vendida ha perecido en totalidad, la
venta es inexistente.
Si sólo ha perecido parte de la cosa, el comprador puede elegir entre desistir del contrato
o pedir la parte existente determinándose su precio por expertos.
Capítulo IV
De las obligaciones del vendedor

Artículo 1.486 Las principales obligaciones del vendedor son la tradición y el
saneamiento de la cosa vendida.
Sección I
De la tradición de la cosa
Artículo 1.487 La tradición se verifica poniendo la cosa vendida en posesión del
comprador.
Artículo 1.488 El vendedor cumple con la obligación de hacer la tradición de los
inmuebles con el otorgamiento del instrumento de propiedad
Artículo 1 489 La tradición de los muebles se hace por la entrega real de ellos, por la
entrega de las llaves de los edificios que los contienen, o por el solo consentimiento de
las partes si la entrega real no puede efectuarse en el momento de la venta, o si el
comprador los tenia ya en su poder por cualquier otro título.
Artículo 1.490 La tradición de las cosas incorporales se verifica por la entrega de los
títulos o por el uso que de ellas hace el comprador con el consentimiento del vendedor.
Artículo 1.491 Los gastos de la tradición son de cuenta del vendedor salvo los de
escritura y demás accesorios de la venta que son de cargo del comprador. También son
de cargo de éste los gastos de transporte, si no hay convención en contrario.
Artículo 1.492 La tradición debe hacerse en el lugar donde la cosa se encontraba en el
acto de la venta, si no se ha estipulado otra cosa.
Artículo 1.493 El vendedor que no ha acordado plazo para el pago, no está obligado a
entregar la cosa si el comprador no paga el precio.
Tampoco está obligado a hacer la entrega, aun cuando haya acordado plazo para el pago
del precio, si después de la venta el comprador se hace insolvente o cae en estado de
quiebra de suerte que el vendedor se encuentre en peligro inminente de perder el precio,
a menos que se de caución de pagar en el plazo convenido.
Artículo 1.494 La cosa debe entregarse en el estado en que se halle en el momento de la
venta. Desde el día de la venta todos los frutos pertenecen al comprador.
Artículo 1.495 La obligación de entregar la cosa comprende la de entregar sus
accesorios y todo cuanto este destinado a perpetuidad para su uso.
Está obligado igualmente a entregar los títulos y documentos concernientes a la
propiedad y uso de la cosa vendida.
Artículo 1.496 El vendedor está obligado a entregar la cosa en toda la cantidad
expresada en el contrato, salvo las modificaciones siguientes:
Si la venta de un inmueble se ha hecho con expresión de su cabida, a razón de tanto por
medida, el vendedor está obligado a entregar al comprador que lo exija, la cantidad
expresada en el contrato.

Cuando esto no sea posible, o el comprador no lo exija, el vendedor estará obligado a
sufrir una disminución proporcional en el precio.
Si se encuentra que la cabida del inmueble es superior a la expresada en el contrato, el
comprador debe pagar la diferencia del precio; pero puede desistir del contrato si el
excedente del precio pasa de la veintava parte de la cantidad declarada.
Artículo 1.497 En todos los demás casos en que la venta sea de un cuerpo determinado
y limitado, o de fundos distintos y separados, sea que el contrato comience por la
medida;, sea que comience por la indicación del cuerpo vendido seguida de la medida,
la expresión de la medida no da lugar a ningún aumento de precio en favor del vendedor
por el exceso de la misma, ni a ninguna disminución del precio en favor del comprador
por menor medida, sino cuando la diferencia entre la medida real y la indicada en el
contrato sea de una veintava parte en mas o en menos, habida consideración al valor de
la totalidad de los objetos vendidos, si no hubiere estipulación en contrario.
Artículo 1.498 En el caso de que según el artículo precedente, haya lugar a aumento de
precio por exceso de la medida, el comprador puede elegir entre desistir del contrato o
pagar el aumento de precio con sus intereses si retiene el inmueble.
Artículo 1.499 En todos los casos en que el comprador ejerza el derecho de desistir del
contrato el vendedor estará obligado a reembolsarle además del precio recibido los
gastos del contrato.
Artículo 1.500 En todos los casos expresados en los artículos anteriores, la acción por
aumento de precio que corresponde al vendedor y la que corresponde al comprador,
para la disminución del precio o la resolución del con trato, deben intentarse dentro de
un año a contar desde el día de la celebración de éste so pena de la pérdida de los
derechos respectivos.
Artículo 1.501 Si se han vendido dos fundos por un mismo contrato y por un solo
precio, con designación de la medida de cada uno y se encuentra que la cabida es menor
en el uno y mayor en el otro se hace compensación hasta la debida concurrencia; y la
acción, tanto por aumento como por disminución del precio no procede sino de
conformidad con las reglas que quedan establecidas.
Artículo 1.502 No se aplicarán las disposiciones del artículo 1.497 cuando se pruebe
que la venta ha tenido por objeto un cuerpo cierto sin consideración a una medida
determinada, habiendo apreciado el comprador, aunque solo de visu, y hallado
convenientes las dimensiones o cabida, antes de la redacción del instrumento de venta.
La prueba de estas circunstancias puede hacerse por testigos, y aun por presunciones, y
no la desvirtúa el solo hecho de que en la escritura se haya expresado la medida de la
cosa materia del contrato.
Sección II
Del saneamiento
Artículo 1.503 Por el saneamiento que debe el vendedor al comprador, responde aquél
1º. De la posesión pacífica de la cosa vendida.

2º. De los vicios o defectos ocultos de la misma.
§ 1º
Del saneamiento en caso de evicción
Artículo 1.504 Aunque en el contrato de venta no se haya estipulado el saneamiento, el
vendedor responderá al comprador de la evicción que le prive de, todo o parte de la cosa
vendida, y de las cargas con que se pretenda gravarla, que no hayan sido declaradas en
el contrato.
Artículo 1.505 Los contratantes pueden, por convenios particulares aumentar o
disminuir el efecto de esta obligación legal, y convenir también en que el vendedor
quede libre de ella
Artículo 1.506 Aunque se haya estipulado que el vendedor no quede obligado al
saneamiento, responderá, sin embargo, del que resulte de un hecho que le sea personal.
Toda convención contraria es nula.
Artículo 1.507 Aunque se haya estipulado que el vendedor no queda obligado al
saneamiento en caso de evicción deberá restituir el precio, a menos que el comprador
hubiese tenido conocimiento del riesgo de la evicción en el momento de la venta o que
haya comprado a todo riesgo.
Artículo 1.508 Si se ha prometido el saneamiento o si nada se ha estipulado sobre él, el
comprador que ha padecido la evicción tiene derecho a exigir del vendedor:
1º. La restitución del precio.
2º. La de los frutos, cuando está obligado a restituirlos al propietario que ha
reivindicado la cosa.
3º. Las costas del pleito que haya causado la evicción y las del que hubiese seguido con
el vendedor para el saneamiento en lo conducente.
4º. Los daños y perjuicios y los gastos y costas del contrato.
Si la restitución de frutos se hubiese impuesto al comprador, como poseedor de mala fe,
cesará la obligación impuesta al vendedor en el número 2º de este Artículo.
Artículo 1.509 Si al verificarse la evicción, la cosa vendida se halla disminuida en
valor, o considerablemente deteriorada, ya sea por negligencia del comprador, ya por
fuerza mayor, el vendedor está, sin embargo, obligado a restituir el precio integro.
Si el comprador ha sacado provecho de los deterioros que ha causado, el vendedor tiene
derecho a retener una parte del precio equivalente a ese provecho.
Artículo 1.510 Si la cosa vendida ha aumentado en valor para la época de la evicción,
aun independientemente de hechos del comprador, el vendedor está obligado a pagar el
exceso de valor, además del precio que recibió.

Artículo 1.511 El vendedor está obligado a reembolsar al comprador, o a hacerle
reembolsar por quien ha reivindicado, el valor de las refacciones y mejoras útiles que
haya hecho al fundo y a que tenga derecho.
Artículo 1.512 Si el vendedor vendió de mala fe el fundo ajeno, está obligado a
reembolsar al comprador de buena fe todos los gastos aún voluntarios, que este haya
hecho en el fundo.
Artículo 1.513 Si ha habido evicción de una parte de la cosa, y esta parte es de tal
importancia relativamente al todo, que el comprador no la hubiera comprado sin aquella
parte, puede éste hacer resolver el contrato de venta.
Artículo 1.514 Si en el caso de evicción de una parte del fundo vendido no se resolviere
la venta, el valor de la parte sobre la cual se ha efectuado la evicción se pagará al
comprador por el vendedor, según la estimación que se haga en la época de la evicción,
y no en proporción del precio total de la venta, ya haya aumentado ya haya disminuido
el valor total de la cosa vendida.
Artículo 1.515 Si el fundo vendido está gravado con servidumbres no aparentes que no
se hayan declarado en el contrato, y que sean de tal importancia que se presuma que si
el comprador las hubiere conocido no habría comprado el fundo el comprador puede
pedir la resolución del contrato, a menos que prefiera una indemnización.
Artículo 1.516 Cuando el comprador ha evitado la evicción del fundo, mediante el pago
de una cantidad de dinero, el vendedor puede libertarse de todas las consecuencias del
saneamiento, reembolsándole la cantidad pagada, sus intereses y gastos.
Artículo 1.517 Cesa la obligación de sanear por causa de evicción, cuando el
comprador no hace notificar al vendedor la demanda de evicción en los términos
señalados en el Código de Procedimiento Civil y el vendedor prueba que tenia medios
de defensa suficientes para ser absuelto de la demanda.
§ 2°
Del Saneamiento por los Vicios o Defectos Ocultos de la cosa vendida
Artículo 1.518 El vendedor está obligado al saneamiento de la cosa vendida por los
vicios o defectos ocultos que la hagan impropia para el uso a que esté destinada o que
disminuya el uso de ella de tal manera que si el comprador los hubiera conocido, no la
habría comprado o hubiera ofrecido un precio menor.
Artículo 1.519 El vendedor no está obligado por los vicios aparentes y que el
comprador habría podido conocer por si mismo.
Artículo 1.520 Es responsable el vendedor por los vicios ocultos, aunque el no los
conociera a menos que hubiese estipulado no quedar obligado en este caso al
saneamiento.

Artículo 1.521 En los casos de los artículos 1.518 y 1.520 el comprador puede escoger
entre devolver la cosa haciéndose restituir el precio, o retenerla haciéndose restituir la
parte del precio que se determine por expertos.
Artículo 1.522 Si el vendedor conocía los vicios de la cosa vendida, está obligado a
pagar daños y perjuicios al comprador, además de restituir el precio.
Artículo 1.523 Si el vendedor ignoraba los vicios de la cosa, no está obligado sino a
restituir el precio recibido y a reembolsar al comprador los gastos hechos con ocasión de
la venta.
Artículo 1.524 Si la cosa que tenia vicios ha perecido por causa de sus defectos, la
pérdida es de cargo del vendedor, quien está obligado a restituir el precio y hacer las
demás indemnizaciones indicadas en los artículos precedentes, pero la pérdida
ocasionada por un caso fortuito es de cuenta del comprador.
Artículo 1.525 El comprador debe intentar la acción redhibitoria que proviene de vicios
de la cosa, en el término de un año a contar desde el día de la tradición, si se trata de
inmuebles, si se trata de animales, debe intentarse dentro de cuarenta días, y si se trata
de otras cosas muebles, dentro de tres meses; en uno u otro caso, a contar desde la
entrega.
La acción redhibitoria en las ventas de animales no es procedente sino por los vicios
determinados por la Ley o por los usos locales. La acción redhibitoria no es procedente
en los remates judiciales.
§ 3°
De la Garantía Convencional de Buen Funcionamiento
Artículo 1.526 En los casos en que el vendedor haya garantizado el buen
funcionamiento de la cosa vendida durante un tiempo determinado, el comprador que
advierta un defecto de funcionamiento debe, bajo pena de caducidad, denunciarlo al
vendedor dentro del mes de descubierto e intentar las acciones correspondientes en el
plazo de un año a contar de la denuncia, en caso de inejecución de la obligación del
vendedor.
Capítulo V
De las obligaciones del comprador
Artículo 1.527 La obligación del comprador es pagar el precio en el día y en lugar
determinado por el contrato.
Artículo 1.528 Cuando nada se ha establecido respecto de esto, el comprador debe
pagar en el lugar y en la época en que debe hacerse la tradición.
Si el precio no ha de ser pagado en el momento de la tradición, el pago se hará en el
domicilio del comprador según el artículo 1.295.

Artículo 1.529 A falta de convención especial el comprador debe intereses del precio
hasta el día del pago, aun cuando no haya incurrido en mora, si la cosa vendida y
entregada produce frutos u otra renta
Artículo 1.530 Si el comprador fuere perturbado o tuviere fundado temor de serlo por
una acción sea hipotecaria, sea reivindicatoria, puede suspender el pago del precio hasta
que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o el peligro, a no ser que el vendedor
dé garantía suficiente, o que se haya estipulado que, no obstante cualquiera contingencia
de esta clase, el comprador verifique el pago.
Artículo 1.531 Cuando se trata de cosas muebles, La resolución de la venta se verifica
de pleno derecho en interés del vendedor si el comprador no se ha presentado a recibir
antes que haya expirado el término para la entrega de la cosa vendida, o si, aunque se
haya presentado a recibirla, no ha ofrecido el precio, a menos que se le haya otorgado
plazo más largo para esto.
Artículo 1.532 Si se ha hecho la venta sin plazo para el pago del precio, puede el
vendedor, por falta del pago del precio, reivindicar las cosas muebles vendidas, mientras
que las posea el comprador, o impedir que las venda, con tal que la demanda en
reivindicación se entable dentro de los quince días de la entrega y que las cosas
vendidas se encuentren en el mismo estado en que se hallaban en la época de la entrega.
El derecho de reivindicación no tiene efecto con perjuicio del privilegio acordado al
arrendador, cuando no consta que, al tiempo de la introducción de los muebles en la
casa o fundo alquilados, haya sido informado el arrendador de que aún se debía el
precio.
Las disposiciones de este artículo no derogan las Leyes y usos comerciales respecto a la
reivindicación.
Capítulo VI
De la resolución de la venta
Artículo 1.533 Independientemente de las causas de nulidad y de resolución ya
explicadas en este Título y de las comunes a todas las convenciones, el contrato de
venta puede resolverse por el ejercicio del derecho de retracto.
§ 1º
Del retracto convencional
Artículo 1.534 El retracto convencional es un pacto por el cual el vendedor se reserva
recuperar la cosa vendida, mediante la restitución del precio y el reembolso de los
gastos que se expresan en el artículo 1.544.
Es nula la obligación de rescatar que se imponga al vendedor.
Artículo 1.535 El derecho de retracto no puede estipularse por un plazo que exceda de
cinco años.

Cuando se haya estipulado por un tiempo más largo, se reducirá a este plazo.
Si no se ha fijado tiempo para ejercer el derecho de retracto, la acción para intentarlo se
prescribe por el término de cinco años, contados desde la fecha del contrato.
Las disposiciones de este artículo no impiden que puedan estipularse nuevas prórrogas
para ejercer el derecho de rescate, aunque el plazo fijado y esas prórrogas lleguen a
exceder de cinco años.
Artículo 1.536 Si el vendedor no ejerce el derecho de retracto en el término convenido,
el comprador adquiere irrevocablemente la propiedad.
Artículo 1.537 El término corre contra toda persona, aun menor, salvo el recurso contra
quien haya lugar.
Artículo 1.538 El vendedor que ha estipulado el retracto puede intentar su acción contra
los terceros adquirentes, aun cuando en los respectivos contratos de éstos no se haya
hecho mención del retracto convenido.
Artículo 1.539 El comprador con pacto de retracto ejerce todos los derechos de su
vendedor.
La prescripción corre en su favor, tanto contra el verdadero propietario como contra los
que pretendan tener hipotecas u otros derechos sobre la cosa vendida.
Puede oponer el beneficio de exclusión a los acreedores de su vendedor.
Artículo 1.540 Si el comprador con el pacto de retracto de una parte indivisa de un
fundo se ha hecho adjudicatario del fundo entero por licitación provocada contra él,
podrá obligar al vendedor a rescatar todo el fundo, si quisiere hacer uso del retracto.
Artículo 1.541 Cuando varias personas han vendido conjuntamente y por un solo
contrato un fundo común, o cuando un solo vendedor ha dejado varios herederos, el
comprador no puede ser obligado a consentir rescates parciales. En este caso, si no hay
acuerdo entre los vendedores o los herederos, puede cualquiera de ellos verificarlo en
totalidad y por su propia cuenta.
Artículo 1.542 Si los copropietarios de un fundo no lo han vendido conjuntamente y en
totalidad, sino que cada uno ha vendido sólo su parte, pueden ejercer el derecho de
retracto separadamente, cada uno por la porción que le corresponda.
El comprador no puede obligar al que ejerce la acción de esa manera a que rescate el
fundo entero.
Artículo 1.543 Si el comprador hubiere dejado varios herederos, el derecho de retracto
no podrá ejercerse sino contra cada uno de ellos y por la parte que le corresponda, sea
que la cosa vendida esté indivisa o que se la haya dividido entre ellos.
Si la herencia se hubiere dividido y la cosa vendida se hubiere comprendido en la
porción de uno de los herederos, la acción podrá intentarse contra éste por el todo.

Artículo 1.544 El vendedor que hace uso del derecho de retracto, debe reembolsar al
comprador no sólo el precio recibido, sino también los gastos y costos de la venta, los
de las reparaciones necesarias y los de las mejoras que hayan aumentado el valor del
fundo hasta concurrencia del mayor valor que éste tenga. No puede entrar en posesión
sino después de haber satisfecho todas estas obligaciones.
El vendedor que entra en posesión del fundo en virtud del retracto, lo toma libre de
todas las cargas que le haya impuesto el comprador.
Artículo 1.545 Si en el contrato de venta con pacto de retracto se ha estipulado que el
vendedor quede como arrendatario o inquilino del fundo, será nula toda cláusula por la
cual se pene la falta de pago de pensiones con la pérdida del derecho de rescate.
Las pensiones de arrendamiento podrán cobrarse ante el Tribunal competente, según su
cuantía, y podrá pedirse la desocupación de la casa en juicio breve, o que el
subarrendatario, si lo hubiere, se entienda directamente con el comprador bajo pacto de
retracto, sin que en ninguno de estos casos se menoscabe el derecho de rescate ni el
término estipulado para usarlo.
§ 2º
Del retracto legal
Artículo 1.546 El retracto legal es el derecho que tiene el comunero de subrogarse al
extraño que adquiera un derecho en la comunidad por compra o dación en pago, con las
mismas condiciones estipuladas en el contrato. Este derecho sólo podrá ejercerse en el
caso de que la cosa no pueda dividirse cómodamente o sin menoscabo.
En el caso de que dos o más copropietarios quieran usar del retracto, sólo podrán
hacerlo a prorrata de la porción que tengan en la cosa común.
Artículo 1.547 No puede usarse del derecho de retracto sino dentro de nueve días,
contados desde el aviso que debe dar el vendedor o el comprador al que tiene este
derecho o a quien lo represente. Si no estuviese presente y no hubiere quien lo
represente, el término será de cuarenta días, contados desde la fecha del registro de la
escritura.
Artículo 1.548 En el retracto legal se aplicará lo dispuesto en los artículos 1.539 y
1.544.
Capítulo VII
De la cesión de créditos u otros derechos
Artículo 1.549 La venta o cesión de un crédito, de un derecho o de una acción son
perfectas, y el derecho cedido se transmite al cesionario, desde que haya convenio sobre
el crédito o derecho cedido y el precio, aunque no se haya hecho tradición,
La tradición se hace con la entrega del título que justifica el crédito o derecho cedido.

Artículo 1.550 El cesionario no tiene derecho contra terceros sino después que la cesión
se ha notificado al deudor, o que éste la ha aceptado.
Artículo 1.551 El deudor queda válidamente libre si paga al cedente antes que por éste
o por el cesionario se le haya notificado la cesión.
Se exceptúan los documentos que llevan la aceptación explícita o implícita del deudor.
Artículo 1.552 La venta o cesión de un crédito comprende los accesorios de ese crédito,
tales como las cauciones, privilegios o hipotecas.
Artículo 1.553 Quien cede un crédito u otro derecho responde de la existencia del
crédito al tiempo de la cesión, a no ser que se haya cedido como dudoso o sin garantía.
Artículo 1.554 El cedente no responde de la solvencia del deudor, sino cuando lo ha
prometido expresamente, y sólo hasta el monto del precio que se le haya dado por el
crédito cedido.
Artículo 1.555 Cuando el cedente ha garantizado la solvencia del deudor y nada se ha
convenido sobre la duración de esta responsabilidad, se presume haberla limitado a un
año, a contar desde la época de la cesión del crédito, si el plazo de éste estaba ya
vencido.
Si el crédito es pagadero en un término que aún no está vencido, el año correrá desde el
vencimiento.
Si el crédito es de una renta perpetua, la responsabilidad de solvencia se extinguirá por
el lapso de diez años, a partir de la fecha de la cesión.
Artículo 1.556 Quien vende una herencia sin especificar los objetos de que se compone,
no está obligado a garantir sino su calidad de heredero.
Si se había aprovechado ya de los frutos de algún fundo o cobrado algún crédito
perteneciente a la herencia, o vendido algunos efectos de la misma, está obligado a
reembolsarlos al comprador a menos que se los haya reservado expresamente en la
venta.
El comprador, por su parte, debe reembolsar al vendedor lo que éste haya pagado por
las deudas y cargas de la herencia y abonarle lo que éste le deba, cuando no haya
estipulación en contrario.
Artículo 1.557 La cesión que hiciere alguno de los litigantes de los derechos que ventila
a quien no es parte de la causa, después del acto de la contestación al fondo de la
demanda y mientras no sea dictada sentencia definitivamente firme, no surte efectos
sino entre el cedente y el cesionario.
Sin embargo, cuando se haga constar en los autos que la parte contraria acepta la cesión,
surtirá ésta inmediatos efectos contra aquélla, y en sustitución del cedente, se hará el
cesionario parte en la causa.

Título VI
De la permuta
Artículo 1.558 La permuta es un contrato por el cual cada una de las partes se obliga a
dar una cosa para obtener otra por ella.
Artículo 1.559 La permuta se perfecciona, como la venta, por el solo consentimiento.
Artículo 1.560 Si uno de los permutantes ha recibido ya la cosa que se le dio en
permuta, y prueba que el otro contratante no era dueño de ella no puede obligársele a
entregar lo que le prometio dar, y cumple con devolver la que recibió.
Artículo 1.561 El permutante que ha padecido evicción de la cosa que recibió, puede, a
su elección, demandar la indemnización de perjuicios o repetir la cosa que dio.
Artículo 1.562 En los casos de resolución indicados en los dos artículos precedentes,
quedan sin perjuicio los derechos adquiridos sobre los inmuebles por terceros, antes del
registro de la demanda de resolución.
Respecto de los muebles, el conocimiento de la demanda que tenga el tercero, equivale
al registro respecto de los inmuebles.
Artículo 1.563 Las demás reglas establecidas para el contrato de venta se aplican al de
permuta.
Artículo 1.564 Salvo convención en contrario, los gastos de escritura y demás
accesorios de la permuta, serán satisfechos de por mitad por los contratantes.
Título VII
De la enfiteusis
Artículo 1.565 La enfiteusis es un contrato por el cual se concede un fundo a
perpetuidad o por tiempo determinado, con la obligación de mejorarlo y de pagar un
canon o pensión anual expresado en dinero o en especie.
Artículo 1.566 La enfiteusis se supone perpetua, a menos que conste habérsele querido
dar una duración temporal.
Artículo 1.567 La enfiteusis se regla por las convenciones de las partes, siempre que no
sean contrarias a las disposiciones de los artículos 1.573, 1.574 y 1.575.
A falta de convenios especiales se observarán las reglas contenidas en los artículos
siguientes.
Artículo 1.568 Los impuestos territoriales y cualesquiera otras cargas que graven el
fundo son de cargo del enfiteuta.
Artículo 1.569 El pago de la pensión será anual.

Artículo 1.570 El enfiteuta no puede pretender la remisión o reducción de la pensión
por esterilidad, aunque sea extraordinaria, ni aún por pérdida de frutos.
Artículo 1.571 Si el fundo enfitéutico perece enteramente, el enfiteuta se liberta de la
carga de la pensión anual.
Si el fundo solo se destruye en parte, el enfiteuta no puede exigir ninguna disminución
de renta, cuando la parte que queda es bastante para pagarla integra. En este caso, sin
embargo, si una parte notable del fundo ha perecido, el enfiteuta puede renunciar su
derecho cediendo el fundo al concedente,.
Artículo 1.572 El enfiteuta se hace propietario de todos los productos del fundo y de
sus accesorios.
Tiene los mismos derechos que tendría el propietario respecto del tesoro y de las minas
descubiertas en el fundo enfitéutico.
Artículo 1.573 El enfiteuta puede disponer del fundo enfitéutico y de sus accesorios por
acto entre vivos o por acto de última voluntad.
Por la transmisión del fundo enfitéutico, de cualquiera manera que sea, no se debe
ninguna prestación al concedente.
La subenfiteusis no se admite.
Artículo 1.574 Cada diecinueve años puede el concedente pedir reconocimiento de su
derecho a quien se encuentre en posesión del fundo enfitéutico.
Por el acto de reconocimiento no se debe ninguna prestación: los gastos son de cargo
del poseedor del fundo.
Artículo 1.575 El enfiteuta puede siempre rescatar el fundo enfitéutico mediante el
pago de un capital que colocado al interés del tres por ciento anual produzca en un año
una suma igual al canon enfitéutico, o al valor de la misma pensión, si esta es en frutos
sobre la base de su precio medio en los diez últimos años.
Las partes pueden, sin embargo, convenir en el pago de un capital inferior a lo dicho.
Cuando se trata de enfiteusis concedida por tiempo determinado que no exceda de
treinta años, pueden también convenir en el pago de un capital superior que no podrá
exceder de la cuarta parte del establecido arriba.
Artículo 1.576 El concedente puede pedir la entrega del fundo enfitéutico cuando el
enfiteuta no prefiera rescatarlo en los términos del artículo precedente, y si concurre
alguna de las circunstancias siguientes:
1º. Si después de interpelado no ha pagado el enfiteuta la pensión por dos años
consecutivos.
2º. Si el enfiteuta deteriora el fundo o no cumple con la obligación de mejorarlo.

Los acreedores del enfiteuta pueden intervenir en el juicio para conservar sus derechos,
sirviéndose, en caso necesario, del derecho de rescate que pertenece al enfiteuta y
pueden ofrecer el pago de los daños y dar fianza por lo futuro.
Artículo 1.577 En caso de entrega del fundo, el enfiteuta tiene derecho a indemnización
por las mejoras que haya hecho en el fundo enfitéutico.
Esta indemnización se debe hasta el monto de la suma menor entre lo gastado y el valor
de las mejoras al tiempo de la entrega del fundo, si la devolución se ha verificado por
culpa del enfiteuta.
Cuando la entrega se ha hecho por vencimiento del término de la enfiteusis, se debe la
indemnización en razón del valor de las mejoras en la época de la entrega.
Artículo 1.578 En caso de devolución, las hipotecas constituidas contra el enfiteuta se
transfieren sobre el precio debido por mejoras.
En caso de redención, las hipotecas adquiridas contra el concedente se transfieren sobre
el precio debido por la redención.
Título VIII
Del arrendamiento
Capítulo I
Del arrendamiento de cosas
Artículo 1.579 El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes
contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble, por cierto
tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar a aquélla.
Se entenderá que son ventas a plazo, los arrendamientos de cosas muebles con la
obligación de transmitir al arrendatario en cualquier tiempo la propiedad de las cosas
arrendadas.
Capítulo II
Reglas comunes al arrendamiento de casas y de predios rústicos
Artículo 1.580 Los inmuebles no pueden arrendarse por más de quince años. Los
arrendamientos celebrados por más de aquel tiempo se limitan a los quince años. Toda
estipulación contraria es de ningún efecto.
Si se trata del arrendamiento de una casa para habitarla, puede estipularse que dure
hasta por toda la vida del arrendatario.
Los arrendamientos de terrenos completamente incultos, bajo la condición de
desmontarlos y cultivarlo si pueden extenderse hasta cincuenta años.
Artículo 1.581 El propietario de un inmueble hipotecado no puede arrendarlo a término
fijo sin consentimiento del acreedor; si así lo hiciere, el término se reducirá al año
corriente al tiempo del vencimiento de la hipoteca; a no ser que, tratándose de fundos

rústicos, se requiera más de un año para la recolección de la cosecha, pues, en tal caso,
el arrendamiento durará hasta dicha recolección.
Artículo 1.582 Quien tiene la simple administración no puede arrendar por más de dos
años, salvo disposiciones especiales.
Artículo 1.583 El arrendatario tiene derecho de subarrendar y ceder, si no hay convenio
expreso en contrario.
Artículo 1.584 El subarrendatario no queda obligado para con el arrendador, sino hasta
el monto del precio convenido en el subarrendamiento de que sea deudor al tiempo de la
introducción de la demanda, y no puede oponer pagos hechos con anticipación.
No se reputan anticipados los pagos hechos por el subarrendatario de conformidad con
los usos locales.
Artículo 1.585 El arrendador está obligado por la naturaleza del contrato y sin
necesidad de convención especial:
1º. A entregar al arrendatario la cosa arrendada.
2º. A conservarla en estado de servir al fin para que se la ha arrendado.
3º. A mantener al arrendatario en el goce pacífico de la cosa arrendada, durante el
tiempo del contrato.
Artículo 1.586 El arrendador está obligado a entregar la cosa en buen estado y hechas
las reparaciones necesarias.
Durante el tiempo del contrato debe hacer todas las reparaciones que la cosa necesite,
excepto las pequeñas reparaciones que, según el uso, son de cargo de los arrendatarios.
Artículo 1.587 El arrendador está obligado para con el arrendatario al saneamiento de
todos los vicios y defectos de la cosa arrendada que impidan su uso, aunque no los
conociera al tiempo del contrato; y responde de la indemnización de los daños y
perjuicios causados al arrendatario por los vicios y defectos de la cosa, a menos que
pruebe que los ignoraba.
Artículo 1.588 Si durante el arrendamiento perece totalmente la cosa arrendada, queda
resuelto el contrato. Si se destruye sólo en parte, el arrendatario puede, según las
circunstancias, pedir la resolución del contrato o disminución del precio. En ninguno de
los dos casos se debe indemnización, si la cosa ha perecido por caso fortuito.
Artículo 1.589 El arrendador no puede, durante el arrendamiento, variar la forma de la
cosa arrendada.
Artículo 1.590 Si durante el contrato es preciso hacer en la cosa arrendada alguna
reparación urgente que no pueda diferirse hasta la conclusión del arrendamiento, tiene el
arrendatario la obligación de tolerar la obra aunque sea muy molesta y aunque durante
ella se vea privado de una parte de la cosa.

Si la reparación dura más de veinte días, debe disminuirse el precio de arrendamiento,
en proporción del tiempo y de la parte de la cosa de que el arrendatario se ve privado.
Si la obra es de tal naturaleza que impida el uso que el arrendatario hace de la cosa,
puede aquél, según las circunstancias, hacer resolver el contrato.
Artículo 1.591 El arrendador no responde de la perturbación que un tercero causare de
mero hecho en el uso de la cosa arrendada sin pretender derecho en ella; pero el
arrendatario tendrá acción directa contra el perturbador.
Si, por el contrario, el arrendatario fuere perturbado en su goce a consecuencia de una
acción relativa a la propiedad de la cosa, tendrá derecho a una indemnización
proporcional en el precio del arrendamiento, siempre que la molestia y el impedimento
se hayan denunciado al arrendador.
Artículo 1.592 El arrendatario tiene dos obligaciones principales:
1º. Debe servirse de la cosa arrendada como un buen padre de familia, y para el uso
determinado en el contrato, o, a falta de convención, para aquél que pueda presumirse,
según las circunstancias.
2º. Debe pagar la pensión de arrendamiento en los términos convenidos.
Artículo 1.593 Si el arrendatario emplea la cosa para un uso distinto de aquél a que se
la ha destinado o de modo que pueda venirle perjuicio al arrendador, éste puede, según
las circunstancias, hacer resolver el contrato.
Artículo 1.594 El arrendatario debe devolver la cosa tal como la recibió de conformidad
con la descripción hecha por él y el arrendador, excepto lo que haya perecido o se haya
deteriorado por vetustez o por fuerza mayor.
Artículo 1.595 Si no se ha hecho la descripción se presume que el arrendatario ha
recibido la cosa en buen estado y con las reparaciones locativas, y debe devolverla en la
misma condición, salvo prueba en contrario.
Artículo 1.596 El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del propietario,
en el más breve término posible, toda usurpación o novedad dañosa que otra persona
haya hecho o manifiestamente quiera hacer en la cosa arrendada.
También está obligado a poner en conocimiento del dueño, con la misma urgencia, la
necesidad de todas las reparaciones que debe hacer el arrendador.
En ambos casos será responsable el arrendatario de los daños y perjuicios que por su
negligencia se ocasionaren al propietario.
Artículo 1.597 El arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que sufriera la
cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya.
También responde de las pérdidas y deterioros causados por las personas de su familia y
por los subarrendatarios.

Artículo 1.598 La responsabilidad del arrendatario en caso de incendio cesa si el
arrendador puede ser indemnizado por el asegurador, salvo a éste el recurso contra el
arrendatario si él prueba que el incendio se ha causado por falta de éste.
Artículo 1.599 Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determinado, concluye en el
día prefijado, sin necesidad de desahucio.
Artículo 1.600 Si a la expiración del tiempo fijado en el arrendamiento, el arrendatario
queda y se le deja en posesión de la cosa arrendada, el arrendamiento se presume
renovado, y su efecto se regla por el artículo relativo a los arrendamientos hechos sin
determinación de tiempo.
Artículo 1.601 Si ha habido desahucio, el arrendatario aun cuando haya continuado en
el goce de la cosa, no puede oponer la tácita reconducción.
Artículo 1.602 En el caso de los dos artículos precedentes, la garantía o fianza dadas
por el arrendamiento, no se extienden a las obligaciones resultantes de la prolongación
del plazo.
Artículo 1.603 El contrato de arrendamiento no se resuelve por la muerte del
arrendador ni por la del arrendatario.
Artículo 1.604 Aunque se enajene la finca, subsistirá el arrendamiento durante el plazo
convenido, siempre que conste por instrumento público o por instrumento privado que
tenga fecha cierta, a no ser que se hubiese estipulado lo contrario.
Lo dispuesto en este artículo se entiende con sujeción a lo que se determina en el Título
sobre Registro
Artículo 1.605 Aunque el arrendamiento no conste de instrumento público, o privado
con fecha cierta si el arrendatario tiene el goce de la cosa arrendada con anterioridad a la
venta, el comprador debe dejársela durante el tiempo por el cual se presumen hechos los
arrendamientos en que no se ha determinado su duración.
Caso de que el comprador quiera despedir al arrendatario a la expiración de ese tiempo,
debe hacerle oportuna participación
Artículo 1.606 Si en el contrato se hubiese estipulado que en el caso de enajenación
pueda el nuevo adquirente despedir al arrendatario antes de cumplirse el término del
arrendamiento, no se deberá ninguna indemnización, a no ser que se hubiese pactado lo
contrario.
En el caso de haberse estipulado la indemnización, el arrendatario no está obligado a
entregar la cosa sin que se le satisfagan por el arrendador, o por el nuevo dueño, los
daños y Perjuicios.
Artículo 1.607 Si el nuevo dueño quiere usar de la facultad reservada en el contrato,
debe avisarlo al arrendatario con la anticipación que para el desahucio se determinará
según la naturaleza de la finca.

Artículo.1.608 El arrendatario despedido por el comprador puede, en caso de falta de
instrumento público, o privado con fecha cierta, reclamar del arrendador la
indemnización de daños y perjuicios.
Artículo 1.609 El arrendador no está obligado a reembolsar el costo de las mejoras
útiles en que no haya consentido con la expresa condición de abonarlas; pero, el
arrendatario puede separar y llevarse los materiales sin detrimento de la cosa arrendada,
a menos que el arrendador esté dispuesto a abonarle lo que valdrían los materiales
considerándolos separadamente.
Esta disposición no es aplicable al caso en que se hayan dado en arrendamiento tierras
incultas para labrarlas al arrendatario, quien tiene entonces derecho a que se le
indemnice el valor de sus plantaciones, obras y construcciones, si no se hubiese
estipulado otra cosa.
Artículo 1.610 El comprador con pacto de rescate no puede usar de la facultad de
despedir al arrendatario hasta que, por la expiración del plazo fijado para el rescate, se
haga irrevocablemente propietario del inmueble.
Artículo 1.611 Las disposiciones de este Código referentes al arrendamiento de casas y
al de predios rústicos tendrán aplicación en tanto que leyes especiales no las modifiquen
total o parcialmente.
Sección I
Reglas particulares sobre arrendamiento de casas
Artículo 1.612 Se estará a la costumbre del lugar respecto a las reparaciones menores o
locativas que hayan de ser a cargo del inquilino.
En caso de duda serán de cuenta del propietario.
Artículo 1.613 Cuando el arrendador de una casa o de parte de ella, destinada a la
habitación de una familia, o a tienda, almacén o establecimiento industrial, arrienda
también los muebles, el arrendamiento de éstos se entenderá por el tiempo que dure el
de la casa.
Artículo 1.614 En los arrendamientos hechos por tiempo determinado, si el inquilino
continuare ocupando la casa después de vencido el término, sin oposición del
propietario, se juzga que el arrendamiento continúa bajo las mismas condiciones; pero,
respecto al tiempo, se procederá como en los que se hacen sin tiempo determinado.
Artículo 1.615 Los contratos verbales o por escrito sobre alquiler de casas y demás
edificios, en que no se hubiere determinado el tiempo de su duración, pueden
deshacerse libremente por cualquiera de las partes, concediéndose al inquilino noventa
días para la desocupación, si la casa estuviese ocupada con algún establecimiento
comercial o fabril, y sesenta si no estuviese en este caso, y esto se verificará aunque el
arrendador haya transferido a un tercero el dominio de dichas casas o edificios.
Los mismos plazos se concederán por el arrendador al inquilino para el aumento de
precio en el alquiler.

No se concederán al inquilino los plazos de que trata este Artículo, en caso de que no
esté solvente por alquileres, o cuando la casa se esté arruinando, o el inquilino no la
conserve en buen estado, o la aplique a usos deshonestos.
Artículo 1.616 Si se resolviera el contrato celebrado por tiempo determinado, por falta
del arrendatario, tiene éste obligación de pagar el precio del arrendamiento por todo el
tiempo que medie hasta que se pueda celebrar otro, o por el que falte para la expiración
natural del contrato, si este tiempo no excede de aquél, además de los daños y perjuicios
que se hayan irrogado al propietario.
Artículo 1.617 Cuando se haya estipulado que el arrendador pueda venir a ocupar la
casa, debe acordar al inquilino al término de treinta días desde el aviso para entregarla.
Artículo 1.618 Si el contrato de arrendamiento hubiere durado por más de cinco años,
el inquilino tiene un derecho preferente sobre otras personas que pretendan arrendar la
finca. En este caso, puede continuar el arrendamiento en las mismas condiciones que el
tercero hubiere estipulado.
No gozan de este derecho sino los arrendatarios que no estuvieren incurso en
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, y deberán hacer uso de él dentro de
los ocho días inmediatos a la notificación que se les haga.
Sección II
Reglas particulares sobre el arrendamiento de predios rústicos
Artículo 1.619 Si en el arrendamiento de un predio rústico se le da mayor o menor
cabida de la que realmente tiene, no hay lugar a aumento o disminución de precio sino
en los casos señalados y según las reglas establecidas para la venta.
Artículo 1.620 El arrendatario está particularmente obligado a la conservación de los
árboles y bosques si no se hubiere estipulado otra cosa.
No habiendo estipulación, debe limitarse el arrendatario a usar del bosque para los fines
que conciernan al cultivo y beneficio del mismo fundo; pero no puede cortarlo para la
venta de madera, leña o carbón.
Artículo 1.621 Las facultades que tenga el arrendatario para sembrar o plantar, no
incluyen la de derribar los árboles frutales o aquellos de que se pueda sacar madera leña
o carbón, para aprovecharse del lugar ocupado por ellos, salvo que así resulte del
contrato.
Artículo 1.622 Cuando se arrienda un predio con ganados y bestias y no hay acerca de
ellos estipulación contraria, pertenecen al arrendatario todas las utilidades de dichos
ganados o bestias y los animales mismos con la obligación de dejar en el predio, al fin
del arrendamiento igual número de cabezas de las mismas edades y calidades.
Si al fin del arrendamiento no hay en el predio suficientes animales, de las edades y
calidades dichas, para efectuar la restitución, debe el arrendatario pagar la diferencia en
dinero.

Artículo 1.623 Si el arrendatario no provee el fundo de los animales y útiles necesarios
para su explotación; si abandona el cultivo o no lo hace como un buen padre de familia,
si aplica el fundo a otro uso que aquel para que está destinado, y, en general si no
cumple las cláusulas del contrato, en perjuicio del arrendador, éste puede, según los
casos hacer resolver el contrato
En todo caso, el arrendatario debe indemnizar los daños y perjuicios que resulten de su
culpa.
Artículo 1.624 El arrendatario no tendrá derecho a rebaja de la renta por esterilidad de
la tierra arrendada, o por pérdida de frutos proveniente de casos fortuitos ordinarios;
pero si lo tendrá en caso de pérdida de más de la mitad de los frutos, por casos fortuitos
extraordinarios e imprevistos, salvo siempre pacto especial en contrario.
Entiéndese por casos fortuitos extraordinarios: incendio, peste, inundación insólita,
terremoto u otro igualmente desacostumbrado, que las partes no han podido
razonablemente prever.
Estas disposiciones son aplicables a lo de uno o de varios años.
Artículo 1.625 Tampoco tiene derecho a la reducción si la pérdida ha ocurrido después
que los frutos han sido separados de raíz o tronco, a menos que esté estipulada para el
arrendador una parte de los frutos en especie, pues entonces éste debe soportar la
pérdida en proporción a su parte, siempre que el arrendatario no haya incurrido en culpa
o en mora de entregarle los frutos.
Artículo 1 626 El arrendamiento de un predio rústico, cuando no se fija su duración, se
entiende hecho por un año, a menos que se necesite más tiempo para la recolección de
los frutos que la finca produzca por una vez, aunque ese tiempo pase de dos o más, pues
entonces se entenderá el arrendamiento por tal tiempo.
Artículo 1.627 El arrendamiento de que trata el artículo anterior cesa, sin necesidad de
desahucio, desde que se concluye el término por el cual se entiende hecho según lo
dispuesto en el mismo artículo.
Si a la expiración del arrendamiento de los fundos rústicos por tiempo indeterminado, el
arrendatario continúa sin oposición en posesión del fundo, se entenderá verificado un
nuevo arrendamiento, cuyo efecto se determina por el artículo anterior.
Artículo 1.628 El arrendatario saliente debe dejar al que le sucede en la explotación los
edificios convenientes y las demás facilidades para los trabajos del año siguiente; y
recíprocamente, el nuevo arrendatario debe dejar al que sale, los edificios convenientes
y las demás facilidades, para las recolecciones y beneficios que queden por hacerse.
En ambos casos debe procederse conforme a los usos de los lugares.
Título IX
De la prestación de servicios

Capítulo I
Del contrato de trabajo
Artículo 1.629 Los derechos y las obligaciones de los patronos y trabajadores, con
ocasión del trabajo, se regirán por la legislación especial del trabajo.
Capítulo II
Del contrato de obras
Artículo 1.630 El contrato, de obras es aquel mediante el cual una parte se compromete
a ejecutar determinado trabajo por sí o bajo su dirección, mediante un precio que la otra
se obliga a satisfacerle.
Artículo 1.631 Puede contratarse la ejecución de una obra, conviniéndose en que quien
la haya de ejecutar ponga solamente su trabajo o su industria, o que también provea el
material.
Artículo 1.632 Si no se ha fijado precio, se presume que las partes han convenido en el
que ordinariamente se paga por la misma especie de obras; y a falta de éste, por el que
se estime equitativo a juicio de peritos.
Artículo 1.633 Si se ha convenido en dar a un tercero la facultad de fijar el precio, y
muere éste antes de procederse a la ejecución de la obra, es nulo el contrato; si muere
después de haberse procedido a ejecutar la obra debe fijarse el precio por los peritos.
Artículo 1.634 Si quien contrató la obra se obligó a poner el material, debe sufrir la
pérdida en el caso de destruirse la obra antes de ser entregada, salvo si hubiere habido
mora en recibirla.
Si ha puesto sólo su trabajo o su industria, no es responsable sino por culpa.
Artículo 1.635 En el segundo caso del artículo precedente si la cosa perece sin que haya
culpa por parte del obrero antes de ser entregada la obra, y sin que el dueño esté en
mora de examinarla, el obrero no tiene derecho para cobrar su salario, a menos que la
cosa haya perecido por vicio de la materia o por causa imputable al arrendador.
Artículo 1.636 Cuando se trata de un trabajo cuya obra conste de piezas, o que haya de
ejecutarse por medida, la verificación puede hacerse por parte, y se presume hecha por
todas las partes pagadas, si el dueño paga al obrero en proporción del trabajo efectuado.
Artículo 1.637 Si en el curso de diez años a contar desde el día en que se ha terminado
la construcción de un edificio o de otra obra importante o considerable, una u otra se
arruinaren en todo o en parte, o presentaren evidente peligro de ruina por defecto de
construcción o por vicio del suelo, el arquitecto y el empresario son responsables.
La acción de indemnización debe intentarse dentro de dos años, a contar desde el día en
que se ha verificado uno de los casos mencionados.
Artículo 1.638 Cuando un arquitecto o un empresario se han encargado de construir un
edificio a destajo, conforme a un Plano convenido con el propietario del suelo, no

pueden pedir ningún aumento de precio, ni bajo pretexto de que el precio de la obra de
mano o de los materiales ha aumentado, ni bajo pretexto de que se han hecho al plano
cambios o aumentos, si estos cambios o aumentos no han sido autorizados por escrito y
al precio convenido con el propietario.
Artículo 1.639 El dueño puede desistir por su sola voluntad de la construcción de la
obra, aunque se haya empezado, indemnizando al contratista de todos sus gastos, de su
trabajo y de la utilidad que hubiese podido obtener de ella.
Artículo 1.640 El contrato de arrendamiento de obras se resuelve por la muerte del
obrero, del arquitecto o del empresario de La obra.
Artículo 1.641 El dueño de la obra debe, sin embargo, pagar a los herederos de aquél en
proporción del precio convenido, el valor de los trabajos hechos y de los materiales
preparados, cuando esos trabajos o materiales pueden ser útiles.
Lo mismo se entenderá si el que contrató la obra no puede acabarla por alguna causa
independiente de su voluntad.
Artículo 1.642 El empresario es responsable del trabajo ejecutado por las personas que
ocupe en la obra.
Artículo 1.643 Salvo lo que establezca la Legislación especial del Trabajo, los
trabajadores empleados en la construcción de un edificio o de otra obra hecha por
ajuste, no tendrán acción contra aquél para quien se hayan hecho las obras, sino hasta el
monto de lo que él deba al empresario en el momento en que intente su acción.
Artículo 1.644 Los albañiles, carpinteros y demás obreros que contraten directamente
por un precio único, quedarán sometidos a las reglas establecidas en este Capítulo, y se
les reputará empresarios por la parte de trabajo que ejecuten.
Artículo 1.645 Cuando se conviniere en que la obra haya de hacerse a satisfacción del
propietario o de otra persona, se entenderá reservada la aprobación al juicio de peritos,
si hubiere desacuerdo entre los interesados.
Artículo 1.646 Si no hubiere pacto o costumbre en contrario, el precio de la obra deberá
pagarse al hacerse su entrega.
Artículo 1.647 Quien haya ejecutado una obra sobre cosa mueble tendrá derecho a
retenerla en prenda hasta que se le pague.
Artículo 1.648 Las actividades de los constructores que ofrezcan sus servicios al
público y los contratos que ellos celebren podrán ser objeto de leyes especiales.
Título X
De la sociedad
Artículo 1.649 El contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas
convienen en contribuir, cada uno con la propiedad o el uso de las cosas, o con su
propia industria, a la realización de un fin económico común.

Artículo 1.650 Se prohíbe toda sociedad a título universal, sea de bienes presentes y
venideros o de unos u otros.
Se prohíbe asimismo, toda sociedad de ganancias a título universal, excepto entre
cónyuges.
Pueden, con todo, ponerse en sociedad cuantos bienes se quieran, especificados.
Artículo 1.651 Las sociedades civiles adquieren personalidad jurídica y tienen efecto
contra terceros desde que se protocoliza el respectivo contrato en la Oficina Subalterna
de Registro Público de su domicilio.
Si las sociedades revisten una de las formas establecidas para las sociedades
mercantiles, adquieren personalidad jurídica y tendrán efecto contra terceros,
cumpliendo las formalidades exigidas por el Código de Comercio.
Respecto de los socios entre si, la prueba de la sociedad deberá hacerse según las reglas
generales establecidas en el presente Código para la prueba de las obligaciones.
Capítulo I
De las obligaciones de los asociados
Sección I
De las obligaciones de los asociados entre sí
Artículo 1.652 La sociedad comienza desde el momento mismo de la celebración del
contrato, si no se ha pactado otra cosa.
Artículo 1.653 Si no hay convención sobre la duración de la sociedad, se entiende
contraída por tiempo ilimitado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.677. Si se
trata de un negocio que no debe durar sino por un tiempo determinado, la sociedad se
presume contraída por todo el tiempo que debe durar este negocio.
Artículo 1.654 Cada asociado es deudor a la sociedad de todo cuanto ha prometido
aportar a ella.
El socio que ha aportado a la sociedad un cuerpo cierto está obligado al saneamiento de
la misma manera que el vendedor lo está respecto del comprador.
Artículo 1.655 El socio que se ha obligado a aportar una cantidad de dinero y no lo
hiciere oportunamente, responderá de los intereses desde el día en que debió entregarla,
y también de los daños y perjuicios si hubiere lugar a ello.
Esta disposición se aplica al socio que toma para su utilidad personal alguna cantidad
perteneciente a la sociedad, a contar del día en que la tome.
Artículo 1.656 El socio industrial debe a la sociedad las ganancias que durante ella
haya obtenido en el ramo de industria que sirve de objeto a la misma.

Artículo 1.657 Si uno de los socios es acreedor, por su cuenta particular, de una
cantidad exigible a una persona que es también deudora a la sociedad de una cantidad
igualmente exigible, debe imputar lo que recibe del deudor sobre el crédito de la
sociedad y sobre el suyo, en la proporción de los dos créditos, aun cuando por el recibo
hubiese hecho la imputación integra sobre su crédito particular; pero si ha declarado en
el recibo que la imputación se había hecho íntegramente sobre el crédito de la sociedad,
esta declaración tendrá efecto.
Artículo 1.658 Si uno de los socios ha recibido por entero su parte en un crédito social,
y el deudor se hace después insolvente, este socio debe traer a la masa cuanto ha
recibido, aunque haya dado recibo especialmente por su parte.
Artículo 1.659 Todo socio debe responder a la sociedad de los perjuicios que por su
culpa le haya causado, y no puede compensarlos con los beneficios que le haya
proporcionado en otros negocios.
Artículo 1.660 Si las cosas cuyo solo goce ha sido puesto en la sociedad, consisten en
cuerpos ciertos y determinados que no se consumen por el uso, quedan a riesgo del
socio que sea su propietario.
Si las cosas se consumen por el uso, si se deterioran guardándolas, si se han destinado a
la venta, o si se han puesto en sociedad con estimación constante de inventario, quedan
a riesgo de la sociedad.
Si la cosa se ha estimado, el socio no puede repetir sino el monto de la estimación.
Artículo 1.661 El socio tiene acción contra la sociedad, no sólo por la restitución de los
capitales desembolsados por cuenta de ella, sino también por las obligaciones contraídas
de buena fe en los negocios de la sociedad y por los riesgos inseparables de su gestión.
Artículo 1.662 Si el contrato de sociedad no determina la parte de cada socio en los
beneficios o en las pérdidas, esta parte es proporcional al aporte de cada uno al fondo
social.
Respecto de aquél que no ha aportado sino su industria su parte en los beneficios o en
las pérdidas se regula como la parte del socio que ha aportado menos.
Artículo 1.663 Si los socios han convenido en confiar a un tercero la designación de la
parte de cada uno en las ganancias y pérdidas, solamente podrá impugnarse la
designación hecha, cuando evidentemente se haya faltado a la equidad; y ni aun por esta
causa podrá reclamar el socio que haya principiado a ejecutar la decisión del tercero, o
que no la haya impugnado en el término de tres meses, contados desde que le fue
conocida.
Artículo 1.664 Es nula la cláusula que aplique a uno solo de los socios la totalidad de
los beneficios, y también la que exima de toda parte en las pérdidas la cantidad o cosas
aportadas por uno o más socios.
El socio que no ha aportado sino su industria puede ser exonerado de toda contribución
en las pérdidas.

Artículo 1.665 El socio encargado de la administración por una cláusula especial del
contrato de sociedad puede ejecutar, no obstante la oposición de los demás socios todos
los actos que dependan de la administración con tal que no lo hagan con fraude.
Esta facultad no puede revocarse sin causa legítima mientras exista la sociedad; pero si
se ha dado por acto posterior al contrato de sociedad, es revocable como un simple
mandato.
Artículo 1.666 Cuando dos o más socios han sido en cargados de la administración
social, sin determinarse sus funciones o sin haberse expresado que no podrían obrar los
unos sin el consentimiento de los otros, cada cual puede ejercer todos los actos de
administración separadamente.
Artículo 1.667 Si ha sido convenido que los administradores deben decidir por
unanimidad o por mayoría, no puede prescindirse de la una ni de la otra sino en el caso
de que se trate de un acto urgente, de cuya omisión pueda resultar un grave e irreparable
perjuicio para la sociedad
Artículo 1.668 A falta de estipulaciones especiales sobre el modo de administración, se
observaran las reglas siguientes:
1º. Se presume que los socios se han dado recíprocamente el poder de administrar el uno
por el otro. Lo que cada uno hace es válido aun por la parte de sus consocios, sin que
haya obtenido consentimiento de ellos salvo a cada uno de éstos el derecho de oponerse
a la operación antes de que ésta esté concluida.
2º. Cada socio puede servirse de las cesas pertenecientes a la sociedad, con tal que la,
emplee según el destino que les haya fijado el uso, y que no se sirva de ellas contra el
interés de la sociedad, o de modo que impida a sus compañeros servirse de ellas, según
sus respectivos derechos.
3º. Cada socio tiene derecho de obligar a los demás a contribuir con el a los gastos
necesarios para la conservación de las cosas de la sociedad.
4º. Uno de los socios no puede hacer innovaciones sobre las cosas de la sociedad,
aunque las crea ventajosas a ésta, si los demás socios no consienten en ello.
Artículo 1.669 Los socios no administradores no pueden inmiscuirse en la
administración; pero, tienen el derecho de imponerse personalmente de los libros,
documentos y correspondencia de la sociedad. Toda cláusula contraria es nula.
Artículo 1.670 Cuando una decisión deba tomarse por mayoría, ésta se computará por
personas y no por haberes, salvo convención en contrario.
Sección II
De las obligaciones de los socios para con los terceros
Artículo 1.671 En las sociedades que no sean de comercio, los socios no son
responsables solidariamente de las deudas sociales, y uno de los socios no puede obligar
a los demás, si éstos no le han conferido poder para ello.

Artículo 1.672 Los socios son responsables para con el acreedor con quien han
contratado, cada uno por una cantidad y partes iguales, aunque alguno de ellos tenga en
la sociedad una parte menor, si el contrato no ha restringido especialmente la obligación
de este a esta última parte.
Capítulo II
De los modos de extinguirse la sociedad
Artículo 1.673 La sociedad se extingue:
1º. Por la expiración del plazo por el cual se ha constituido.
2º. Por la consumación del negocio o la imposibilidad de realizarlo.
3º. Por la muerte de uno de los socios.
4º. Por la interdicción, insolvencia o quiebra de uno de los socios.
5º. Por la voluntad expresa de uno o varios socios de no querer continuar la sociedad.
Artículo 1.674 La prorrogación de una sociedad, contraída por un tiempo limitado, no
puede probarse sino por los medios admisibles para probar la existencia misma del
contrato de sociedad.
Artículo 1.675 Si uno de los socios ha prometido poner en común la propiedad de una
cosa, y ésta perece antes de haber sido realmente aportada, la sociedad queda disuelta
respecto de todos los socios.
Queda igualmente disuelta en todos los casos por la pérdida de la cosa, cuando el solo
goce ha sido puesto en común y la propiedad continúa correspondiendo al socio.
No se disuelve por la pérdida de la cosa cuya propiedad se ha aportado a la sociedad.
Artículo 1.676 Se puede estipular que en caso de muerte de uno de los socios continúe
la sociedad con sus herederos, o sólo entre los socios sobrevivientes.
En el segundo caso, los herederos no tienen derecho sino a que se haga la partición,
refiriéndola al día de la muerte de su causante; y no participan en los derechos y
obligaciones posteriores, sino en cuanto sean consecuencia necesaria de las operaciones
ejecutadas antes de la muerte del socio a quien suceden.
Artículo 1.677 La disolución de la sociedad por la voluntad de una de las partes, no se
aplica sino a las sociedades cuya duración es ilimitada, y se efectúa por una renuncia
notificada a todos los socios con tres meses de anticipación. En todo caso, la renuncia
debe ser de buena fe y no intempestiva.
Artículo 1.678 La renuncia no es de buena fe cuando el socio la hace para apropiarse él
solo los beneficios que los socios se habían propuesto sacar en común.

Es inoportuna e intempestiva cuando las cosas no están íntegras, e interesa a la sociedad
que la disolución se difiera.
Artículo 1.679 La disolución de la sociedad contraída por un tiempo limitado, no puede
pedirse por uno de los socios antes de la expiración del tiempo convenido, a menos que
haya justos motivos, como en el caso de que uno de los socios falte a su compromiso, o
de que una enfermedad habitual lo haga inhábil para los negocios de la sociedad, u otros
casos semejantes.
Capítulo III
De la liquidación y partición
Artículo 1.680 Las reglas concernientes a la partición de la herencia, a la forma de esta
partición y a las obligaciones que de ella resultan entre los coherederos, son aplicables
en cuanto sea posible a las particiones entre los socios.
Artículo 1.681 La personalidad de la sociedad subsiste para las necesidades de la
liquidación, hasta el fin de ésta.
Artículo 1.682 Con la disolución de la sociedad cesan los poderes de los
administradores.
Llegado el caso de proceder a la liquidación, ésta se hará por todos los asociados o por
un liquidador que ellos designarán por unanimidad. En caso de desacuerdo, el
nombramiento será hecho por el Juez a solicitud de cualquiera de los asociados. El
liquidador, en ambos casos, no podrá ser removido sino por justos motivos.
Artículo 1.683 Después de pagados los acreedores sociales, de separadas las sumas
necesarias para el pago de las deudas no vencidas o litigiosas, y después de haber
reembolsado los gastos o anticipos que hubiere hecho cualquiera de los asociados en
interés de la sociedad, el activo social será repartido entre todos los socios.
Cada uno tomará una suma igual al valor de su aporte, a menos que éste haya consistido
en su industria o en el uso o goce de una cosa. Si aún quedare un excedente, éste será
repartido entre los asociados en proporción a la parte de cada uno en los beneficios.
Si el líquido partible es insuficiente para cubrir la totalidad de los aportes, la pérdida se
repartirá entre los asociados en la proporción estipulada.
Título XI
Del Mandato
Capítulo I
De la naturaleza del mandato
Artículo 1.684 El mandato es un contrato por el cual una persona se obliga
gratuitamente, o mediante salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, que
la ha encargado de ello.
Artículo 1.685 El mandato puede ser expreso o tácito.

La aceptación puede ser tácita y resultar de la ejecución del mandato por el mandatario.
Artículo 1.686 El mandato es gratuito si no hay convención contraria.
Artículo 1.687 El mandato es especial para un negocio o para ciertos negocios
solamente, o general para todos los negocios del mandante.
Artículo 1.688 El mandato concebido en términos generales no comprende más que los
actos de administración.
Para poder transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto que exceda de la
administración ordinaria, el mandato debe ser expreso.
Artículo 1.689 El mandatario no puede exceder los límites fijados en el mandato. El
poder para transigir no envuelve el de comprometer.
Artículo 1.690 Si el mandato ha sido conferido a un incapaz, éste puede representar
válidamente al mandante, pero no queda obligado para con él sino en los límites dentro
de los cuales puede ser obligado como incapaz.
Artículo 1.691 Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene
acción contra aquellos con quienes ha contratado el mandatario, ni éstos contra el
mandante. En tal caso, el mandatario queda obligado directamente hacia la persona con
quien ha contratado, como si el negocio fuera suyo propio.
Capítulo II
De las obligaciones del mandatario
Artículo 1.692 El mandatario está obligado a ejecutar el mandato con la diligencia de
un buen padre de familia.
Artículo 1.693 El mandatario responde no sólo del dolo, sino también de la culpa en la
ejecución del mandato.
La responsabilidad en caso de culpa es menor cuando el mandato es gratuito que en
caso contrario.
Artículo 1.694 Todo mandatario está obligado a dar cuenta de sus operaciones, y a
abonar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato, aun cuando lo recibido
no se debiera al mandante.
Artículo 1.695 El mandatario responde de aquel en quien ha sustituido su gestión:
1º. Cuando no se le dio poder para sustituir.
2º. Cuando el poder para sustituir ha sido conferido sin designación de persona,
responde solamente de la culpa cometida en la elección y en las instrucciones que
necesariamente debió comunicar al sustituto.

En estos casos, el mandante puede obrar directamente contra la persona que haya
sustituido al mandatario.
Artículo 1.696 El mandatario debe intereses de las cantidades que aplicó a usos
propios, desde el día en que lo hizo; y de las que aparezca deber, desde que se ha
constituido en mora.
Artículo 1.697 El mandatario que, contratando como tal, ha dado a la parte con quien
contrata conocimiento suficiente de las facultades que se le hayan conferido, no es
responsable para con ella de lo que haya hecho fuera de los límites del mandato, a
menos que se haya obligado personalmente.
Capítulo III
De las obligaciones del mandante
Artículo 1.698 El mandante debe cumplir todas las obligaciones contraídas por el
mandatario dentro de los límites del mandato.
En lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante, sino cuando
lo ratifica expresa o tácitamente.
Artículo 1.699 El mandante debe reembolsar al mandatario los avances y los gastos que
éste haya hecho para la ejecución del mandato, y pagarle sus salarios si lo ha prometido.
Si no hay ninguna culpa imputable al mandatario, el mandante no puede excusarse de
hacer este reembolso y pago, aunque el negocio no haya salido bien, ni hacer reducir el
monto de los gastos y avances bajo pretexto de que habrían podido ser menores.
Artículo 1.700 El mandante debe igualmente indemnizar al mandatario de las pérdidas
que éste haya sufrido a causa de su gestión, si no se le puede imputar culpa alguna.
Artículo 1.701 El mandante debe al mandatario los intereses de las cantidades que éste
ha avanzado, a contar del día en que se hayan hecho los avances.
Artículo 1.702 El mandatario podrá retener en garantía las cosas que son objeto del
mandato, hasta que el mandante cumpla con las obligaciones de que tratan los tres
artículos anteriores.
Sin embargo, el mandante podrá sustituir la garantía por otros bienes o pedir que se la
limite, a cuyo efecto ocurrirá al Juez de Primera Instancia de la jurisdicción, quien
ordenará la citación del mandatario. Si éste objetare la eficacia o suficiencia de la nueva
garantía ofrecida, o impugnare por excesiva la limitación solicitada, el Juez abrirá una
averiguación por ocho días y al noveno resolverá lo conducente.
De la decisión que acuerde la sustitución o la limitación de la garantía, se oirá apelación
en un solo efecto.
Artículo 1.703 Si el mandato se ha conferido por dos o más personas para un negocio
común, cada una de ellas es responsable solidariamente al mandatario de todos los
efectos del mandato.

Capítulo IV
De la extinción del mandato
Artículo 1.704 El mandato se extingue:
1º. Por revocación
2º. Por la renuncia del mandatario.
3º. Por la muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandante o del
mandatario.
4º. Por la inhabilitación del mandante o del mandatario, si el mandato tiene por objeto
actos que no podrían ejecutar por sí, sin asistencia de curador.
Artículo 1.705 En los casos indicados en los números 1º y3º del artículo precedente, no
se extingue el mandato cuando haya sido conferido en ejecución de una obligación del
mandante para con el mandatario.
Artículo 1.706 El mandante puede revocar el mandato siempre que quiera, y compeler
al mandatario a la devolución del instrumento que contenga la prueba del mandato.
Artículo 1.707 La revocación del mandato notificada solamente al mandatario, no
puede perjudicar a terceros que, ignorando la revocación, han contratado de buena fe
con el mandatario, salvo al mandante su recurso contra el mandatario.
Artículo 1.708 El nombramiento de nuevo mandatario para el mismo negocio produce
la revocación del anterior, desde el día en que se hace saber el nuevo nombramiento.
Artículo 1.709 El mandatario puede renunciar el mandato notificándolo al mandante.
Si la renuncia perjudica al mandante, debe indemnizársele por el mandatario, a menos
que éste no pueda continuar en ejercicio del mandato sin sufrir un perjuicio grave.
Artículo 1.710 Lo que hace el mandatario en nombre del mandante ignorando la muerte
de éste o una de las otras causas que hacen cesar el mandato, es válido, con tal que
aquellos con los cuales ha contratado hayan procedido de buena fe.
Artículo 1.711 El mandatario está obligado a terminar el negocio ya comenzado en la
época de la muerte del mandante, si hay peligro en la demora.
Artículo 1.712 En caso de muerte del mandatario, sus herederos, si tienen conocimiento
del mandato, deben avisar al mandante y proveer entre tanto a lo que exijan las
circunstancias en interés de éste.
Título XII
De la transacción
Artículo 1.713 La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante reciprocas
concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.

Artículo 1.714 Para transigir se necesita tener capacidad para disponer de las cosas
comprendidas en la transacción.
Artículo 1.715 Se puede transigir sobre la acción civil proveniente de delito; pero la
transacción no impide el juicio penal por parte del Ministerio Público.
Artículo 1.716 La transacción no se extiende a más de lo que constituye su objeto. La
renuncia a todos los derechos y acciones comprende únicamente lo relativo a las
cuestiones que han dado lugar a la transacción.
Artículo 1.717 Las transacciones no ponen fin sino a las diferencias que se han
designado, sea que las partes hayan manifestado su intención por expresiones especiales
o generales, sea que esta intención aparezca como una consecuencia necesaria de lo que
se haya expresado.
Artículo 1.718 La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa
juzgada.
Artículo 1.719 La transacción no es anulable por error de derecho conforme al artículo
1.147, sino cuando sobre el punto de derecho no ha habido controversia entre las partes.
Artículo 1.720 Se puede también atacar la transacción hecha en ejecución de un Título
nulo, a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad.
Artículo 1.721 La transacción fundada en documentos que después se reconocen como
falsos, es enteramente nula.
Artículo 1.722 Es igualmente nula la transacción sobre un litigio que ya estaba decidido
por sentencia ejecutoriada, si las partes o alguna de ellas no tenían conocimiento de esta
sentencia.
Artículo 1.723 Cuando las partes hayan comprendido en la transacción con la
designación debida todos los negocios que pudieran tener entre sí, los documentos que
entonces les fuesen desconocidos y que luego se descubran, no constituirán un título
para impugnar la transacción, a menos que los haya ocultado una de las partes
contratantes.
La transacción será nula cuando no se refiera mas que a un objeto, y se demuestre por
documentos nuevamente descubiertos, que una de las partes no tenía ningún derecho
sobre dicho objeto.
Título XIII
Del Comodato
Capítulo I
De la naturaleza del comodato
Artículo 1.724 El comodato o préstamo de uso es un contrato por el cual una de las
partes entrega a la otra gratuitamente una cosa para que se sirva de ella, por tiempo o
para uso determinados, con cargo de restituir la misma cosa.

Artículo 1.725 Las obligaciones y derechos que nacen del comodato pasan a los
herederos de ambos contrayentes, a no ser que el préstamo se haya hecho en
contemplación a sólo la persona del comodatario, pues entonces los herederos de éste no
tienen derecho a continuar en el uso de la cosa dada en préstamo.
Capítulo II
De las obligaciones del comodatario
Artículo 1.726 El comodatario debe cuidar la cosa dada en préstamo como un buen
padre de familia, y no debe servirse de ella sino para el uso determinado por la
convención, o, a falta de ésta, por la naturaleza de la cosa y la costumbre del lugar, so
pena de daños y perjuicios.
Artículo 1.727 El comodatario responde del caso fortuito:
1º. Cuando ha usado de la cosa indebidamente, o ha demorado su restitución, a menos
que aparezca o se pruebe que el deterioro o pérdida por el caso fortuito habrían
sobrevenido igualmente sin el uso ilegítimo o la mora.
2º. Cuando la cosa prestada perece por caso fortuito y el comodatario hubiere podido
evitar la pérdida usando una cosa propia en vez de aquélla.
3º. Cuando en la alternativa de salvar de un accidente la cosa prestada o la suya, ha
preferido deliberadamente la suya.
4º. Cuando expresamente se ha hecho responsable de casos fortuitos.
5º. Cuando la cosa se hubiese estimado al tiempo del préstamo, aunque la pérdida
acaezca por caso fortuito, ésta será de cuenta del comodatario, si no hubiese pacto en
contrario.
Artículo 1.728 Si la cosa se deteriora únicamente por efecto del uso para el cual se dio
en préstamo y sin culpa del comodatario, éste no responde del deterioro.
Artículo 1.729 El comodatario que ha hecho algún gasto para usar de la cosa dada en
préstamo, no puede pedir el reembolso.
Artículo 1.730 Si son dos o más los comodatarios, es solidaria su responsabilidad para
con el comodante.
Artículo 1.731 El comodatario está obligado a restituir la cosa prestada a la expiración
del término convenido. Si no ha sido convenido ningún término, debe restituir la cosa al
haberse servido de ella conforme a la convención. El comodante puede igualmente
exigir la restitución de la cosa cuando haya transcurrido un lapso conveniente dentro del
cual pueda presumirse que el comodatario ha hecho uso de la cosa
Cuando la duración del comodato no haya sido fijada y no pueda serlo según su objeto,
el comodante puede exigir en cualquier momento la restitución de la cosa.

Artículo 1.732 Si antes del término convenido o antes de que haya cesado la necesidad
del comodatario, sobreviniere al comodante una necesidad urgente e Imprevista de
servirse de la cosa, podrá obligar al comodatario a restituirla.
Capítulo III
De las obligaciones del comodante
Artículo 1.733 Si durante el préstamo se ha visto el comodatario obligado a hacer para
la conservación de la cosa algún gasto extraordinario, necesario, y tan urgente que no
haya podido prevenir de él al comodante, éste debe pagarlo.
Artículo 1.734 El comodante que, conociendo los vicios de la cosa dada en préstamo,
no previno de ellos al comodatario, responderá a éste de los daños que por aquella causa
hubiese sufrido.
Título XIV
Del Mutuo
Capítulo I
De la naturaleza del mutuo
Artículo 1.735 El mutuo es un contrato por el cual una de las partes entrega a otra cierta
cantidad de cosas, con cargo de restituir otras tantas de la misma especie y calidad.
Artículo 1.736 Por efecto del mutuo, el mutuario se hace propietario de la cosa que se
le dio en préstamo, y ésta perece para él, de cualquier manera que suceda la pérdida.
Artículo 1.737 La obligación que resulta del préstamo de una cantidad de dinero, es
siempre la de restituir la cantidad numéricamente expresada en el contrato.
En caso de aumento o disminución en el valor de la moneda antes de que esté vencido el
término del pago, el deudor debe devolver la cantidad dada en préstamo, y no está
obligado a devolverla sino en las monedas que tengan curso legal al tiempo del pago.
Artículo 1.738 La regla del artículo precedente no rige cuando se han dado en préstamo
monedas de oro o plata determinadas, y se ha estipulado que la restitución se haga en la
misma especie de moneda y en, igual cantidad.
Si el valor intrínseco de las monedas se ha alterado, si no se pueden encontrar aquellas
monedas, o si se las ha puesto fuera de circulación, se devolverá el equivalente del valor
intrínseco que tenían las monedas en la época del préstamo.
Artículo 1.739 Si el préstamo consiste en barras metálicas o en frutos, el deudor no
debe restituir sino la misma cantidad y calidad, cualquiera que sea el aumento o
disminución de su precio
Capítulo II
De las obligaciones del mutuante

Artículo 1.740 En el mutuo, el mutuante tiene la misma responsabilidad que la
establecida en el artículo 1.734 para el comodato.
Artículo 1.741 El mutuante no puede pedir antes del término convenido las cosas que
dio en préstamo.
Artículo 1.742 Si no hay término fijado para la restitución, el Tribunal puede acordar
un plazo para ella, según las circunstancias.
Artículo 1.743 Si sólo se ha convenido en que el mutuario pagará cuando pueda o
cuando tenga medios, el Tribunal fijará un término para el pago, según las
circunstancias.
Capítulo III
De las obligaciones del mutuario
Artículo 1.744 El mutuario está obligado a restituir las cosas de la misma calidad y en
la misma cantidad de las que recibió, y en el término convenido, y a falta de esto, está
obligado a pagar su valor en el tiempo y en el lugar en que según el contrato debía hacer
la restitución.
Si no se han determinado el tiempo y el lugar, el pago debe hacerlo el mutuario según el
valor corriente en el tiempo en que ha quedado en mora y en el lugar donde se hizo el
préstamo.
Capítulo IV
Del préstamo a interés
Artículo 1.745 Se permite estipular intereses por el préstamo de dinero, frutos u otras
cosas muebles.
Artículo 1.746 El interés es legal o convencional.
El interés es el tres por ciento anual.
El interés convencional no tiene más límites que los que fueren designados por Ley
especial; salvo que, no limitándolo la Ley, exceda en una mitad al que se probare haber
sido interés corriente al tiempo de la convención, caso en el cual será reducido por el
Juez a dicho interés corriente, si lo solicita el deudor.
El interés convencional debe comprobarse por escrito cuando no es admisible la prueba
de testigos para comprobar la obligación principal.
El interés del dinero prestado con garantía hipotecaria no podrá exceder en ningún caso
del uno por ciento mensual.
Artículo 1.747 Si se han pagado intereses, aunque no se hayan estipulado, no pueden
repetirse ni imputarse al capital.

Artículo 1.748 El recibo del capital, dado sin reserva de intereses, hace presumir el
pago de éstos, y verifica la liberación, salvo prueba en contrario.
Título XV
Del depósito y del secuestro
Artículo 1.749 El depósito en general es un acto por el cual una persona recibe la cosa
ajena con obligación de guardarla y restituirla.
Artículo 1.750 Hay dos especies de depósitos: el depósito propiamente dicho y el
secuestro.
Capítulo I
Del depósito propiamente dicho
Artículo 1.751 El depósito propiamente dicho es un contrato gratuito, salvo convención
en contrario, que no puede tener por objeto sino cosas muebles.
No se perfecciona sino por la tradición de la cosa.
La tradición se verifica por el mero consentimiento, en caso de que la cosa esté ya en
poder del depositario por cualquier otro título, y de que se convenga que quede en
depósito.
Artículo 1.752 El depósito es voluntario o necesario.
Sección I
Del depósito voluntario
Artículo 1.753 El depósito voluntario se efectúa por el espontáneo consentimiento del
que da y del que recibe la cosa en depósito.
Artículo 1.754 El depósito voluntario no puede efectuarse sino entre personas capaces
para contratar.
Sin embargo, si una persona capaz para contratar acepta el depósito hecho por otra
incapaz, queda sujeta a todas las obligaciones de un verdadero depositario, y pueden
perseguirla el tutor, el curador o el administrador de la persona que hizo el depósito, o
ésta misma, si llega a tener capacidad.
Artículo 1.755 Si el deposito se ha hecho por una persona capaz en otra que no lo sea,
sólo tendrá la capaz acción para reivindicar la cosa depositada, mientras exista en poder
del depositario, o para que éste le restituya la cantidad hasta la cual se haya enriquecido
con la cosa o con su precio.
Sección II
De las obligaciones del depositante
Artículo 1.756 El depositario debe poner en la guarda de la cosa depositada la misma
diligencia que en la de las cosas que le pertenecen.

Artículo 1.757 El depositario prestará la diligencia de un buen padre de familia en la
guarda de la cosa depositada, en los casos siguientes:
1º. Cuando se haya convenido expresamente en ello.
2º. Cuando el depositario se ha ofrecido para recibir el depósito.
3º. Cuando ha estipulado una remuneración por la guarda del depósito.
4º. Cuando el depósito se ha hecho únicamente en interés del depositario.
Artículo 1.758 El depositario es responsable de accidente producido por fuerza mayor,
cuando se haya constituido en mora para la restitución de la cosa depositada.
Artículo 1.759 Cuando el depositario tiene permiso de servirse o usar de la cosa
depositada, el contrato cambia de naturaleza y ya no es depósito, sino mutuo o
comodato, desde que el depositario haga uso de ese permiso.
Artículo 1.760 El depositario no debe tratar de conocer cuáles son las cosas depositadas
en su poder, si le han sido confiadas en un cofre cerrado o bajo una cubierta sellada.
Artículo 1.761 El depositario debe devolver idénticamente la cosa que ha recibido.
Artículo 1.762 El depositario cumple con restituir la cosa en el estado en que se halle al
tiempo de la restitución. Los deterioros sobrevenidos sin su culpa son de cargo del
depositante.
Artículo 1.763 El depositario a quien se haya arrebatado por fuerza mayor la cosa
depositada y que haya recibido en su lugar una cantidad de dinero u otra cosa, debe
entregar lo que haya recibido.
Artículo 1.764 El depositario debe entregar los frutos que haya percibido de la cosa;
pero no debe intereses del dinero depositado, sino desde el día en que se haya
constituido en mora de hacer la restitución.
Artículo 1.765 El depositario no debe restituir la cosa sino a quien se la entregó, o a
aquél en cuyo nombre se hizo el depósito, o que fue designado para recibirlo, salvo lo
dispuesto en el artículo 1.754.
Artículo 1.766 No puede exigir el depositario que el depositante pruebe ser propietario
de la cosa depositada.
Sin embargo, si llega a descubrir que la cosa es hurtada, r quién es su verdadero dueño,
debe hacer saber a éste el depósito. Si éste descuida reclamar el depósito, el depositario
se liberta válidamente por la entrega del depósito a aquél de quien lo haya recibido, con
tal que haya hecho la entrega después de vencido el tiempo determinado y suficiente,
dado por él al verdadero dueño para su reclamación.
Artículo 1.767 En caso de haber muerto el depositante, la devolución deberá hacerse a
su heredero.

Si hay dos o más herederos y no se ha hecho la partición, deberán ponerse de acuerdo
sobre la devolución del depósito. Después de la partición, se devolverá a quien según la
misma resulte tener derecho.
Artículo 1.768 Si por un cambio sobrevenido en su estado pierde el depositante la
capacidad para administrar sus bienes después de constituido el depósito éste no debe
restituirse sino a quien tenga la administración de los bienes del depositante
Artículo 1.769 Si el deposito se ha hecho por un tutor administrador, con ese carácter, y
su administración ha cesado en la época de la restitución, ésta debe hacerse a la Persona
representada o al nuevo administrador, según los casos.
Artículo 1.770 Si al hacerse el depósito se designa el lugar para la devolución, el
depositario deberá llevar a él la cosa depositada; pero los gastos que ocasione la
traslación serán a cargo del depositante.
No habiéndose designado lugar para la devolución, deberá hacerse ésta donde se halle la
cosa depositada, aunque no sea el mismo donde se hizo el deposito con tal que no haya
en ello malicia por parte del depositario.
Artículo 1.771 La restitución es a voluntad tanto del depositante como del depositario.
Si se fija tiempo para la restitución, esta cláusula sólo es obligatoria para el depositario,
quien en virtud de ella no puede devolver el depósito antes del tiempo estipulado,
excepto en los casos expresados por la Ley.
La obligación de guardar la cosa continúa en este caso hasta que el depositante la pida,
pero el depositario puede exigir que el depositante disponga de ella cuando se cumpla el
término estipulado para la duración del depósito, o cuando antes de cumplirse el
termino, peligra el depósito en su poder o le causa perjuicio.
Si el depositante no dispone de ella puede consignarse a sus expensas con las
formalidades legales.
Cuando el depósito haya cambiado de naturaleza, en virtud de lo dispuesto en el artículo
1.759, no puede pedirse la devolución de la cosa antes del término fijado en el contrato.
Artículo 1.772 Todas las obligaciones del depositario cesan desde que descubre y
prueba que es suya la cosa depositada.
Sección III
De las obligaciones del depositante
Artículo 1.773 El depositante está obligado a reembolsar al depositario los gastos que
haya hecho para la conservación de la cosa depositada, y a indemnizarle los daños que
le haya causado el depósito.
Artículo 1.774 El depositario puede retener el depósito hasta el pago total de todo
cuanto se le deba en razón del depósito.

En este caso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 1.702.
Sección IV
Del depósito necesario
Artículo 1.775 Depósito necesario es el que hace alguna persona apremiada por algún
accidente: como ruina, incendio, saqueo, naufragio u otro imprevisto.
Artículo 1.776 El depósito necesario se rige por las reglas establecidas para el depósito
voluntario; pero siempre se podrá probar de acuerdo con el artículo 1.393.
Artículo 1.777 Se reputa depósito necesario el de los efectos introducidos por los
viajeros en las posadas, fondas o mesones donde se alojan, o en las naves y demás
vehículos que los conducen; y los posaderos, fondistas, mesoneros, patrones y
conductores, responden de ellos como depositarios.
Artículo 1.778 La responsabilidad comprende tanto los hurtos como los daños causados
en los efectos de los viajeros por los criados, encargados, dependientes de los
posaderos, fondistas, mesoneros, patrones, marineros, conductores o porteadores y por
los extraños que frecuentan las mismas posadas, fondas, mesones, naves y vehículos;
pero no los ocasionados por fuerza mayor o negligencia grave del viajero.
Artículo 1.779 El viajero que lleva consigo efectos de gran valor, debe hacerlo saber al
posadero o a las personas arriba expresadas, y aun mostrárselos, si éstas lo exigen, para
que se emplee especial cuidado en su custodia.
Capítulo II
Del secuestro
Sección I
De las diversas especies de secuestro
Artículo 1.780 El secuestro es convencional o judicial.
Sección II
Del secuestro convencional
Artículo 1.781 El secuestro convencional es el depósito de una cosa litigiosa hecho por
dos o mas personas en manos de un tercero, quien se obliga a devolverla después de la
terminación del pleito, a aquél a quien se declare que deben pertenecer.
Artículo 1.782 El secuestro es remunerado, salvo convención en contrario.
Cuando es gratuito, está sometido a las reglas del depósito propiamente dicho, con las
diferencias que se indicaran.
Artículo 1.783 El secuestro puede tener por objeto bienes muebles o inmuebles.
Artículo 1.784 No puede libertarse del secuestro al depositario, antes de la terminación
del pleito, sino por consentimiento de todas las partes o por una causa que se juzgue

legítima. Sus derechos arancelarios los cobrará a las partes que constituyeron el
depósito.
Sección III
Del Secuestro Judicial
Artículo 1.785 El depositario debe poner en la conservación de los efectos embargados
el cuidado de un buen padre de familia, y tenerlos a disposición del Tribunal.
Si pierde la tenencia de la cosa puede el depositario reclamarla contra toda persona,
inclusa cualquiera de las partes que la haya tomado sin licencia del Tribunal.
Artículo 1.786 El depositario está obligado a hacer los gastos necesarios para la
conservación de la cosa, y para la recolección, el beneficio y la realización de los frutos;
pero no podrá comprometer anticipadamente éstos sin la autorización del Tribunal.
Artículo 1.787 El depositario podrá cobrar sus derechos arancelarios de los frutos
mismos, o del producto del remate de las cosas depositadas, y, en todo caso, de aquél a
cuya solicitud se acordó el embargo a reserva de cobrar los éste de quien haya lugar.
Título XVI
De la Renta Vitalicia
Capítulo I
De las condiciones requeridas para la validez del contrato de renta vitalicia
Artículo 1.788 La renta vitalicia puede constituirse a título oneroso, mediante una
cantidad de dinero u otra cosa mueble, o mediante un inmueble.
Artículo 1.789 También puede constituirse a título puramente gratuito, por donación o
por testamento, debiendo entonces hacerse con las formalidades que establece la Ley
para tales casos.
Artículo 1.790 La renta vitalicia, constituida por donación o por testamento, es
reducible si excede de la porción de que se puede disponer: es nula si se ha hecho en
favor de una persona incapaz de recibir
Artículo 1.791 La renta vitalicia puede constituirse por la duración de la vida de quien
da el precio o por la de un tercero que no tiene derecho a la renta.
Artículo 1.792 Puede constituirse por la duración de la vida de una persona o de varias.
Artículo 1.793 Puede constituirse en provecho de un tercero, distinto de quien da el
precio.
En este caso, aunque la renta vitalicia constituya una liberalidad, no queda sujeta a las
formas establecidas para las donaciones; pero es reducible o anulable con arreglo al
artículo 1.790.

Artículo 1.794 El contrato de renta vitalicia, constituida por la vida de una persona ya
muerta cuando se celebró el contrato, no produce ningún efecto.
Capítulo II
De los efectos del contrato de renta vitalicia entre las partes contratantes
Artículo 1.795 La persona en cuyo provecho se ha constituido la renta vitalicia a título
oneroso, puede hacer que se resuelva el contrato, si no se le otorgan las seguridades
estipuladas para su cumplimiento.
Si la renta se hubiere constituido en testamento sin designación de bienes determinados,
el legatario tendrá derecho a que el heredero señale bienes bastantes sobre los que haya
de constituirse la hipoteca.
Artículo 1.796 La sola falta de pago de los atrasos de la renta no autoriza a aquél en
cuyo favor se ha constituido ésta, a pedir el reembolso del capital a entrar en posesión
del fundo enajenado. Tiene aquél solamente derecho de embargar y hacer vender los
bienes de su deudor y pedir que se ordene, si el deudor no consiente en ello, que del
producto de la venta se tome la cantidad suficiente para pagar los atrasos.
Artículo 1.797 El deudor de la renta no puede libertarse de ella ofreciendo el reembolso
del capital y renunciando al cobro de las anualidades pagadas; está obligado a pagar la
renta durante toda la vida de la persona o de las personas por quienes se ha constituido,
cualquiera que sea la duración de la vida de estas personas, o por oneroso que haya
podido llegar a ser el pago de la renta.
Artículo 1.798 La renta vitalicia se debe al propietario, en proporción del número de
días que haya vivido.
Sin embargo, si se ha convenido en pagarla por plazos anticipados, se debe toda la
pensión desde el día en que haya de hacerse el pago.
Artículo 1.799 Sólo en el caso de que la renta vitalicia se haya constituido a Título
gratuito, se puede estipular que no estará sujeta a embargo.
Título XVII
Del seguro, del juego y de la apuesta
Capítulo I
Del seguro
Artículo 1.800 Todo lo relativo al contrato de seguro se regirá por las disposiciones del
Código de Comercio y por leyes especiales.
Capítulo II
Del juego y de la apuesta
Artículo 1.801 La Ley no da acción para reclamar lo que se haya ganado en juego de
suerte azar o envite, o en una apuesta.

Las loterías están comprendidas en las disposiciones de este Artículo, excepto aquéllas
que se constituyan para beneficencia o para algún otro fin de utilidad pública, y que las
garantice el Estado.
Artículo 1.802 Se exceptúan los juegos de fuerza o destreza corporal como el de armas,
carreras a pie o a caballo, pelota y otros semejantes.
Artículo 1.803 Quien haya perdido en el juego o apuesta no puede repetir lo que haya
pagado voluntariamente, a menos que haya habido fraude o dolo de parte de quien
hubiese ganado o que quien hubiese perdido sea menor, entredicho o Inhabilitado.
Título XVIII
De la fianza
Capítulo I
De la naturaleza y extensión de la fianza
Artículo 1.804 Quien se constituye fiador de una obligación queda obligado para con el
acreedor a cumplirla, si el deudor no la cumple.
Artículo 1.805 La fianza no puede constituirse sino para garantizar una obligación
válida.
Sin embargo es válida la fianza de la obligación contraída por una persona legalmente
incapaz, si el fiador conocía la incapacidad.
Artículo 1.806 La fianza no puede exceder de lo que debe el deudor, ni constituirse
bajo condiciones más onerosas.
Puede constituirse por una parte de la deuda únicamente y bajo condiciones menos
onerosas. La fianza que exceda de la deuda o que se haya constituido bajo condiciones
más onerosas, no será válida sino en la medida de la obligación principal.
Artículo 1.807 Se puede constituir la fianza sin orden del obligado por quien se
constituye y aun ignorándola éste. Se puede también constituir no sólo por el deudor
principal sino por otro fiador.
Artículo 1.808 La fianza no se presume: debe ser expresa y no se puede extender más
allá de los límites dentro de los cuales se la ha contraído.
Artículo 1.809 La fianza indefinida de una obligación principal comprende todos los
accesorios de la deuda, y aun las costas judiciales.
Artículo 1.810 El obligado a dar fiador debe dar por tal a personas que reúnan las
cualidades siguientes.
1º. Que sea capaz de obligarse y que no goce de ningún fuero privilegiado.
2º. Que esté sometido o que se someta a la jurisdicción del Tribunal que conocería del
cumplimiento de la obligación principal.

3º. Que posea bienes suficientes para responder de la obligación; pero no se tomarán en
consideración los bienes embargados o los litigiosos, ni los que estén situados fuera del
territorio de la República.
Artículo 1.811 Caso de estar obligado el deudor a dar una fianza, si el fiador aceptado
por el acreedor se hiciere insolvente, podrá el acreedor exigir otro en su lugar
Cuando se haya exigido y pactado fianza de una persona determinada, la insolvencia de
ésta no obligara al deudor a dar nueva fianza.
Capítulo II
De los efectos de la fianza,
Sección I
De los efectos de la fianza entre el acreedor y el fiador
Artículo 1.812 No puede compelerse el fiador a pagar al acreedor, sin previa exclusión
de los bienes del deudor
Artículo 1.813 No será necesaria la exclusión:
1º. Cuando el fiador haya renunciado expresamente a ella.
2º. Cuando se haya obligado solidariamente con el deudor o como principal pagador.
3º. En el caso de haber quebrado o de haber hecho cesión de bienes el deudor.
Artículo 1.814 La demanda contra el deudor principal podrá extenderse al fiador para
que pague inmediatamente si no hubiere lugar a la excusión según el artículo
precedente.
Artículo 1.815 El acreedor debe poner en conocimiento del fiador la mora del deudor
inmediatamente que ésta ocurra.
Artículo 1.816 La excusión no tendrá efecto si no la exigiere el fiador al contestar la
demanda.
El fiador que pida la excusión deberá indicar bienes suficientes del deudor principal y
anticipar la cantidad necesaria para hacer la excusión.
No producirá efecto la designación que haga de bienes del deudor que sean litigiosos o
que se hallen fuera del territorio de la República o de que no esté en posesión el deudor
aunque se hallen hipotecados
Tampoco surtirá efectos ulteriores la acusación de bienes que en el segundo acto de
remate no se hubieren rematado por falta de postor o de postor aceptable
Artículo 1.817 Cuando el fiador haya hecho la indicación de los bienes de conformidad
con el artículo precedente, y haya provisto a los gastos necesarios para la excusión el

acreedor será responsable para con el fiador hasta concurrencia de los bienes Indicados,
de la insolvencia del deudor principal sobrevenida por el retardo en la ejecución
Artículo 1.818 Siendo varios los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda
cada uno de ellos responderá de toda la deuda
Artículo 1.819 Sin embargo, Podrá cada una de dichas partes exigir que el acreedor
divida preventivamente su acción, reduciéndola a la parte que a cada cual corresponda
cuando no haya renunciado al beneficio de división.
Si alguno de los fiadores no fuere solvente al tiempo en que uno de ellos haya obtenido
la división estará obligado este último proporcionalmente a la insolvencia; pero no
Podrá demandarse de nuevo por razón de otra insolvencia sobrevenida después de la
división
Artículo 1.820 El fiador del fiador no estará obligado para con el acreedor sino en el
caso en que el deudor principal y todos los fiadores sean insolventes o hayan quedado
libertados por virtud de excepciones personales al deudor y a los fiadores.
Sección II
De los efectos de la fianza entre el deudor y el fiador
Artículo 1.821 El fiador que haya pagado tendrá recurso contra el deudor principal aun
cuando éste no haya tenido conocimiento de la fianza dada.
El recurso procederá tanto por el capital como por los intereses y los gastos El fiador no
tendrá, sin embargo recurso sino por los gastos hechos por el después que haya instruido
al deudor principal de las gestiones contra él.
Tendrá también derecho a los intereses de todo cuanto haya pagado por el deudor aun
cuando la deuda no produjera intereses y aun a la indemnización de daños, si hubiere
lugar.
En todo caso los intereses que no se debieran al acreedor no correrán en favor del fiador
sino desde el día en que éste haya notificado su pago.
Artículo 1.822 El fiador se subroga por el pago de todos los derechos que el acreedor
haya tenido contra el deudor
Sin embargo si hubiere transigido con el acreedor no podrá Pedir al deudor más de lo
que realmente haya pagado a menos que el acreedor le haya hecho cesión expresa del
resto.
Artículo 1.823 Si fueren varios los deudores principales y estuvieren obligados
solidariamente el fiador de todos que haya pagado podrá dirigir su acción contra
cualquiera de ellos por la totalidad de la deuda.
Artículo 1.824 El fiador que haya pagado no tendrá acción contra el deudor principal
que haya pagado también, cuando el pago hecho por el fiador no hubiese sido avisado
previamente al deudor

Si el fiador hubiere pagado sin habérsele requerido y sin haber avisado al deudor
principal, este podrá oponer a las acciones del fiador todas las excepciones que hubiera
podido oponer al acreedor principal en el momento del pago.
En ambos casos, el fiador tiene la acción de repetición contra el acreedor.
Artículo 1.825 El fiador tendrá derecho para que el deudor principal le obtenga el
relevo o le caucione las resultas de la fianza o consigne medios de pago, en los casos
siguientes:
1º. Cuando se le demanda para el pago.
2º. Cuando el deudor disipe o aventure temerariamente sus bienes.
3º. Cuando el deudor haya quebrado o se encuentre en estado de insolvencia.
4º. Cuando el deudor se haya obligado a obtenerle el relevo de la fianza dentro de cierto
plazo, y éste haya vencido.
5º. Cuando resulte que haya temor fundado de que el deudor se fugue o se separe de la
República, con ánimo de establecerse en otra parte sin dejar bienes suficientes.
6º. Cuando haya vencido el plazo o se haya cumplido en todo o en parte la condición
que haga inmediatamente exigible la obligación principal.
7º. Al vencimiento de cinco años, cuando la obligación principal no tenga término
fijado para el vencimiento, siempre que la obligación principal no sea de naturaleza tal
que no pueda extinguirse antes de un tiempo determinado, como sucede respecto de la
tutela, o que no haya habido estipulación en contrario.
Sección III
De los efectos de la fianza entre los cofiadores
Artículo 1.826 Cuando varias personas hayan fiado a un mismo deudor por una misma
deuda, el fiador que haya pagado en uno de los casos expresados en el artículo
precedente, tendrá acción contra los demás fiadores por su parte respectiva.
Si alguno de ellos resultare insolvente, la parte de éste recaerá sobre todos en
proporción.
En todo caso, podrán los cofiadores oponer al que paga las mismas excepciones que
habrían correspondido al deudor principal contra el acreedor y que no fueren puramente
personales del mismo deudor.
Capítulo III
De la fianza legal y la judicial
Artículo 1.827 El fiador que haya de darse por disposición de la Ley o de providencia
judicial, deberá tener las cualidades exigidas en el artículo 1.810.

Artículo 1.828 El obligado a dar fiador en los casos del artículo anterior, podrá dar en
su lugar una prenda o una hipoteca que a juicio del Tribunal sea suficiente para asegurar
el crédito.
Artículo 1.829 El fiador judicial no podrá pedir la excusión del deudor principal.
El subfiador, en el mismo caso, no podrá pedir ni la de deudor ni la del fiador.
Capítulo IV
De la extinción de la fianza
Artículo 1.830 La obligación del fiador se extingue por la extinción de la obligación
principal y por las mismas causas que las demás obligaciones.
Artículo 1.831 La confusión que se verifica en la persona del deudor principal y de su
fiador cuando uno de ellos hereda al otro, no extingue la acción del acreedor contra
quien haya prestado fianza por el fiador
Artículo 1.832 El fiador puede oponer al acreedor todas las excepciones que
pertenezcan al deudor principal y que a éste no sean personales
Artículo 1.833 El fiador aunque sea solidario se liberta cuando por hecho del acreedor
la subrogación de los derechos, hipotecas y privilegios de este último no pueda tener ya
efecto en su favor.
Artículo 1.834 Si el acreedor acepta voluntariamente un inmueble u otros cualesquiera
efectos en pago de la deuda aunque después los pierda por evicción queda libre el
fiador.
Artículo 1.835 La simple prórroga del plazo, concedida por el acreedor al deudor
principal, no liberta al fiador quien puede en este caso obrar contra el deudor para
obligarle al pago.
Artículo 1.836 El fiador que haya limitado su fianza al mismo plazo acordado al deudor
principal quedará obligado aun más allá de este término y por todo el tiempo necesario
para apremiarle al pago, siempre que el acreedor en los dos meses siguientes al
vencimiento del término haya intentado sus acciones y las haya seguido con diligencia
hasta su definitiva decisión.
Título XIX
De la prenda
Artículo 1.837 La prenda es un contrato por el cual el deudor da a su acreedor una cosa
mueble en seguridad del crédito, la que deberá restituirse al quedar extinguida la
obligación.
Artículo 1.838 La prenda confiere al acreedor el derecho de hacerse pagar con
privilegio sobre la cosa obligada.

Artículo 1.839 Este privilegio no es procedente sino cuando hay instrumento de fecha
cierta que contenga la declaración de la cantidad debida así como de la especie y de la
naturaleza de las cosas dadas en prenda, o una nota de su calidad peso y medida.
Sin embargo, la redacción del contrato por escrito no se requiere sino cuando se trate de
un objeto cuyo valor exceda de dos mil bolívares.
Artículo 1.840 El privilegio no tiene efecto sobre los créditos sino cuando la prenda
resulte de un instrumento de fecha cierta y se le haya notificado al deudor del crédito
dado en prenda.
La notificación no es necesaria respecto de los documentos a la orden o al portador.
Artículo 1.841 En todo caso, el privilegio no subsistirá sobre la prenda sino cuando se
la haya entregado y esté en poder del acreedor o de un tercero escogido por las partes.
Artículo 1.842 No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la prenda
consiste en semovientes podrá pactarse que el dueño conserve la tenencia de la misma
con las condiciones y limitaciones que se establezcan; pero, para que la prenda así
constituida produzca efecto contra tercero será necesario que los semovientes dados en
prenda se marquen en lugar visible con un hierro o ferrete especial y que el contrato en
que se constituye dicha prenda se protocolice en la Oficina Subalterna de Registro a
cuya jurisdicción corresponda el inmueble donde se encuentren los bienes para la fecha
del contrato
Artículo 1.843 Un tercero puede dar la prenda por el deudor
Artículo 1.844 El acreedor no podrá apropiarse la cosa recibida en prenda ni disponer
de ella, aunque así se hubiere estipulado: pero cuando haya llegado el tiempo en que
deba pagársele tendrá derecho a hacerla vender judicialmente
Podrá admitirse al acreedor a la licitación de la prenda que se remate
Artículo 1.845 El acreedor es responsable, según las reglas establecidas en el Título de
las obligaciones, de la pérdida o del deterioro de la prenda sobrevenidos por su
negligencia
El deudor debe por su parte reembolsar al acreedor los gastos necesarios que éste haya
hecho para la conservación de la prenda
Artículo 1.846 Si se hubiere dado en prenda un crédito productivo de intereses, el
acreedor deberá imputar estos intereses sobre los que se le deban.
Si la deuda Para cuya seguridad se haya dado en prenda el crédito, no produjere
intereses la imputación de éstos se hará sobre el capital de la deuda.
Artículo 1.847 Si lo que se hubiere dado en prenda es una acreencia, el acreedor
prendario tendrá derecho a cobrarla judicial o extrajudicialmente.

Artículo 1.848 Si el acreedor abusare de la prenda el deudor podrá pedir que ésta se
ponga en secuestro.
Artículo 1.849 Si la cosa dada en prenda se deteriora o disminuye de valor al extremo
de que se tema su insuficiencia para la seguridad del acreedor, éste puede solicitar del
Juez competente que se venda en subasta o al precio de bolsa o de mercado, si existen.
El deudor prendario puede oponerse a la venta y obtener la restitución de la cosa
ofreciendo otra garantía que la reemplace.
Si el acreedor objetare la suficiencia de la nueva garantía ofrecida. el Juez abrirá una
averiguación por cuatro días y al quinto resolverá lo conducente.
El Juez que autorice la venta proveerá sobre el depósito del precio o de la nueva
garantía aceptada para la seguridad de la acreencia.
En todo caso de la decisión del Juez se oirá apelación.
Artículo 1.850 El deudor prendario puede igualmente, en caso de deterioro o
disminución del valor de la cosa dada en prenda, solicitar del Juez competente que se
venda en las mismas condiciones del artículo precedente. Sin embargo si lo prefiere.
puede solicitar la restitución de la prenda ofreciendo otra garantía que la reemplace.
Si el acreedor objetare la nueva garantía ofrecida, se procederá conforme a lo prescrito
en el artículo anterior.
Artículo 1.851 El deudor prendario puede, en caso de que se presente oportunidad
ventajosa para la venta de la cosa dada en prenda, solicitar del Juez que autorice la
venta. Si se acordare la autorización, el Juez establecerá las condiciones de la venta y el
deposito del precio.
Artículo 1.852 El deudor no podrá exigir la restitución de la prenda, sino después de
haber pagado totalmente la deuda para cuya seguridad se haya dado la prenda, los
intereses y los gastos. Si el mismo deudor hubiere contraído otra deuda con el mismo
acreedor, con posterioridad a la tradición de la prenda, y esta deuda se hiciere exigible
antes del pago de la primera no podrá obligarse al acreedor a desprenderse de la prenda
antes de que se le hayan pagado totalmente ambos créditos, aunque no haya ninguna
estipulación para afectar la prenda al pago de la segunda deuda.
Artículo 1.853 La prenda es indivisible aunque la deuda se divida entre los
causahabientes del deudor o del acreedor.
El heredero del deudor que haya pagado su parte en la deuda, no podrá pedir la
restitución de su parte en la prenda, mientras la deuda no esté del todo satisfecha.
Recíprocamente, el heredero del acreedor que haya recibido su parte en el crédito, no
podrá restituir la prenda con perjuicio de sus coherederos no satisfechos todavía.

Artículo 1.854 Las disposiciones precedentes no se oponen a las leyes y reglamentos
particulares respecto de materia comercial, agrícola e industrial, y respecto de los
establecimientos especialmente autorizados para hacer préstamos sobre prendas.
Título XX
De la anticresis
Artículo 1.855 La anticresis es un contrato por el cual el acreedor adquiere el derecho
de hacer suyos los frutos del inmueble que se le entregue, con la obligación de
imputarlos a los intereses, si se le deben, y luego al capital de su acreencia.
Artículo 1.856 Si no hubiere pacto en contrario, el acreedor debe pagar las
contribuciones y las pensiones a que esté sujeto el inmueble que tiene en anticresis;
igualmente debe hacer las reparaciones necesarias del inmueble, so pena de indemnizar
el perjuicio que sobrevenga; pero tiene derecho al reembolso de estos gastos con
privilegio sobre los frutos,.
Artículo 1.857 El deudor no podrá pedir la restitución de la cosa dada en anticresis,
sino después de la extinción total de la deuda; pero el acreedor que quiera librarse de las
obligaciones impuestas en el artículo anterior, podrá restituirla en cualquier tiempo y
perseguir el pago de su crédito por otros medios legales, sin perjuicio de lo que se
hubiere estipulado en contrario.
Artículo 1.858 Es nula de pleno derecho toda convención que autorice al acreedor a
apropiarse el inmueble, caso de no serle pagada la deuda.
Artículo 1.859 Puede estipularse que los frutos se compensen con los intereses, en todo
o en parte.
Artículo 1.860 Las disposiciones de los artículos 1.843, 1.852 y 1.853, son aplicables a
la anticresis.
Artículo 1.861 La anticresis no concede ningún privilegio al acreedor. Este tiene
solamente el derecho de retener el inmueble hasta que su acreencia sea totalmente
pagada.
Artículo 1.862 La anticresis no puede ser estipulada por un tiempo mayor de quince
años. En el caso de que el contrato no establezca ningún término, o establezca uno
mayor de quince años, la anticresis concluirá al vencimiento del decimoquinto.
La anticresis debe ser registrada en la Oficina que corresponda a la ubicación del
inmueble para que pueda ser opuesta a terceros.
Título XXI
De los privilegios e hipotecas
Artículo 1.863 El obligado personalmente está sujeto a cumplir su obligación con todos
sus bienes habidos y por haber.

Artículo 1.864 Los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores, quienes
tienen en ellos un derecho igual; si no hay causas legítimas de preferencia.
Las causas legítimas de preferencia son 109 privilegios y las hipotecas.
Artículo 1.865 Si las cosas sujetas a privilegio o hipoteca han perecido o se han
deteriorado, las cantidades debidas por los aseguradores, por indemnización de la
pérdida o del deterioro, quedan afectas al pago de los créditos privilegiados o
hipotecarios, según su graduación, a menos que se hayan empleado en reparar la pérdida
o el deterioro.
Los aseguradores quedan libres sin embargo, cuando hayan pagado después de treinta
días contaderos desde la publicación que hayan hecho durante tres días consecutivos en
un periódico de amplia circulación editado en la capital de la República, avisando la
pérdida o el deterioro, sin que se haya hecho ninguna oposición. La publicación deberá
hacerse dentro de los ocho días siguientes a aquél en que reciban los aseguradores la
participación que el asegurado o tenedor de la póliza les haya hecho sobre el siniestro.
También quedan afectas al pago de dichos créditos las cantidades debidas por
expropiación forzosa por causa de utilidad pública, o de servidumbre impuesta por la
Ley.
En todo caso, se aplicará con preferencia a lo establecido en este artículo, lo que
dispongan sobre la materia el Código de Comercio o las leyes especiales de seguros.
Capítulo I
De los Privilegios
Artículo 1.866 privilegio es el derecho que concede la Ley a un acreedor para que se le
pague con preferencia a otros acreedores en consideración de la causa del crédito.
Artículo 1.867 El crédito privilegiado tiene preferencia sobre todos los demás, inclusive
los hipotecarios.
Entre varios créditos privilegiados la prelación la determina la Ley, según la calidad del
privilegio.
Artículo 1.868 Los créditos privilegiados de un mismo grado concurren entre sí en
proporción de su monto.
Sección I
De los privilegios sobre los muebles
Artículo 1.869 Los privilegios sobre los muebles son generales o especiales.
Los primeros comprenden todos los bienes muebles del deudor; los segundos afectan a
determinados muebles
§ 1°

De los privilegios sobre todos los bienes muebles
Artículo 1.870 Gozan de privilegio sobre todos los bienes muebles del deudor los
créditos siguientes:
1°. Por los gastos de justicia hechos en actos conservatorios o ejecutivos sobre muebles,
en interés común de los acreedores.
2º. Por los gastos funerales del deudor y por los de su consorte e hijos sometidos a la
patria potestad, si no tuvieren bienes propios y hasta donde sean proporcionados a las
circunstancias del deudor.
3º. Por los gastos de la última enfermedad de las mismas personas y bajo la misma
condición, causados en los tres meses precedentes a la muerte, a la quiebra, a la cesión
de bienes o al concurso de acreedores que han dado lugar a la distribución de su haber
entre los acreedores.
4º. Por los salarios debidos a individuos del servicio doméstico de la familia. que no
excedan de un trimestre.
5º. Por los suministros de alimentos al deudor y a su familia en los últimos seis meses.
6º. Por los impuestos y contribuciones nacionales y municipales correspondientes al año
corriente y al precedente.
Recaudados estos impuestos y contribuciones, el privilegio de que aquí se trata se
trasladará sobre los bienes de la persona directa o indirectamente encargada de
recaudarlos o percibirlos, para garantizar las resultas de la recaudación o percepción.
Este privilegio no se extiende a las contribuciones e impuestos establecidos sobre los
inmuebles.
§ 2°
De los privilegios sobre ciertos bienes muebles
Artículo 1.871 Gozan de privilegio especial sobre los bienes muebles que
respectivamente se designan:
1°. Los créditos prendarios sobre los muebles dados en prenda.
2º. Los créditos por construcción, conservación y mejora de un objeto mueble, sobre ese
objeto, mientras esté en poder del acreedor.
3º. Las cantidades debidas por semillas o por los trabajos indispensables de cultivo y
recolección, sobre los respectivos frutos.
4°. Los alquileres y rentas de bienes inmuebles, sobre los frutos cosechados en el año,
sobre los productos que se encuentren en las habitaciones y edificios dependientes de
los fundos rurales y provenientes de los mismos fundos, y sobre todo cuanto sirva para

cultivar el predio arrendado, o, para proveerlo de lo necesario al uso o negocio a que
esté destinado.
Este privilegio es procedente por los arrendamientos devengados en los dos últimos
años; por lo que corresponda al corriente y al siguiente, si el contrato tiene fecha cierta;
y sólo por el año corriente y el siguiente, si no la tiene. En estos dos casos, los demás
acreedores tienen derecho de subrogarse en los derechos del arrendatario, de
subarrendar por la duración del término por el cual el arrendador ejerce su privilegio,
aunque el contrato no lo permita, y de exigir los alquileres y rentas, pagando al
arrendador todo cuanto se le deba dar privilegio, y dándole además seguridad por la
parte de su crédito aún no vencido.
El mismo privilegio procede en favor del arrendador por los perjuicios causados en los
edificios y fundos arrendados, por las reparaciones locativas, por la restitución de los
objetos que haya entregado y por todo lo demás que concierna a la ejecución del
arrendamiento.
El privilegio que aquí se concede al arrendador sobre los muebles de que esté provisto
el predio, se extiende a los pertenecientes a los arrendatarios y subarrendatarios y
también a los que sean de la propiedad de otras personas, mientras se encuentren en el
predio arrendado; a menos que se trate de cosas robadas o perdidas, o que se pruebe que
el arrendador sabía que pertenecían a terceros cuando se las introdujo.
El privilegio sobre los frutos procede aun cuando pertenezcan a un subarrendatario.
El privilegio sobre los objetos que sirven para proveer el Inmueble arrendado, o para su
explotación, si pertenecen al subarrendatario, es procedente por lo que éste debe, sin
tener en cuenta sus pagos anticipados.
El arrendador puede hacer embargar los muebles afectos al privilegio, cuando del predio
arrendado se los haya transportado a otra parte sin su consentimiento; y conserva sobre
ellos su privilegio con tal que haya ejercido su acción en el término de cuarenta días, si
se trata de muebles destinados a un predio rural, o en el de quince días, si se trata de los
destinados a una casa alquilada, salvo, sin embargo, los derechos adquiridos por
terceros, después del transporte de estos muebles.
5°. El haber de los posaderos por razón de hospedaje, sobre los efectos del huésped
existentes en la posada.
6°. Los gastos de transporte, sobre los efectos transportados que se encuentren en poder
del conductor, o que él haya entregado, con tal que en este último caso estén aún en
manos de aquél a quien han sido remitidas, y que se ejerza la acción en los tres días
siguientes a la entrega.
7°. Los créditos por pensiones o rentas, sobre los frutos del fundo enfitéutico recogidos
en el año. y sobre los que se encuentren en las habitaciones y edificios dependientes del
fundo, y que provengan del mismo fundo.
Este privilegio procede por la acreencia del año corriente y la del precedente.

8°. Las cantidades de que deben responder los empleados públicos por razón de su
oficio, sobre los sueldos que se les deban o sobre los valores dados en garantía,
9°. Los sueldos de los dependientes de una casa de comercio o de cualquier
establecimiento industrial. que no pasen de un trimestre anterior al día de la quiebra,
cesión de bienes o declaratoria del concurso sobre los muebles que correspondan al
establecimiento.
§ 3º
Del orden de los privilegios sobre los muebles
Artículo 1.872 El privilegio contenido en el número 1º del artículo 1.870, se preferirá a
todos los privilegios especiales expresados en el artículo 1.871.
Los demás privilegios generales expresados en los números 2º,3º,4º y 5º del artículo
1.870, se preferirán igualmente al del número 6º ejusdem; aquéllos y éste tendrán
prelación sobre el privilegio especial indicado en el número 4º del artículo 1.871, pero
se pospondrán a los demás privilegios especiales allí enumerados.
Artículo 1.873 Cuando dos o más privilegios especiales concurran sobre un mismo
objeto, la preferencia se ejercerá en el mismo orden en que están colocados en el
artículo 1.871.
Sección II
De los privilegios sobre los inmuebles
Artículo 1.874 Tendrá privilegio sobre un inmueble el crédito proveniente de los gastos
hechos en beneficio común de los acreedores en su embargo, depósito o remate.
Artículo 1.875 Son igualmente privilegiados los créditos fiscales por contribución
territorial del año corriente y del precedente, sobre los inmuebles que sean objeto de
ella, por los derechos de registro de los instrumentos que versen sobre tales bienes, Y
por los derechos de sucesión que deban satisfacerse por la herencia en que estén
comprometidos los inmuebles.
Este privilegio no podrá perjudicar los derechos reales de cualquier género adquiridos
sobre el inmueble por terceros, antes del acto que haya originado el crédito fiscal;
tampoco, por lo que respecta al crédito por impuestos hereditarios, en perjuicio de los
acreedores que oportunamente hubieren obtenido el beneficio de separación de
patrimonios.
Es aplicable a este caso lo dispuesto en el número 6º del artículo 1.870, respecto de la
persona directa o Indirectamente encargada de recibir o de percibir tal contribución,
para garantizar las resultas de estos actos.
Artículo 1.876 Los créditos Indicados en el artículo 1.870, se colocan subsidiariamente
sobre el precio de los Inmuebles del deudor, con preferencia a los créditos
quirografarios.

Capítulo II
De las hipotecas
Artículo 1.877 La hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o
de un tercero, en beneficio de un acreedor, para asegurar sobre estos bienes el
cumplimiento de una obligación.
La hipoteca es indivisible y subsiste toda ella sobre todos los bienes hipotecados, sobre
cada uno de ellos y sobre cada parte de cualquiera de los mismos bienes.
Está adherida a los bienes y va con ellos, cualesquiera que sean las manos a que pasen.
Artículo 1.878 El acreedor no se hace propietario del inmueble hipotecado por la sola
falta de pago en el término convenido. Cualquiera estipulación en contrario es nula.
Artículo 1.879 La hipoteca no tiene efecto si no se ha registrado con arreglo a lo
dispuesto en el Título XXII de este Libro, ni puede subsistir sino sobre los bienes
especialmente designados, y por una cantidad determinada de dinero.
Artículo 1.880 La hipoteca se extiende a todas las mejoras, a las construcciones y
demás accesorios del inmueble hipotecado.
Artículo 1.881 Son susceptibles de hipoteca
1º. Los bienes inmuebles, así como sus accesorios reputados como inmuebles.
2º. El usufructo de esos mismos bienes y sus accesorios, con excepción del usufructo
legal de los ascendientes.
3º. Los derechos del concedente y del enfiteuta sobre los bienes enfitéuticos.
Artículo 1.882 El acreedor puede ceder su crédito hipotecario.
Puede también hipotecarlo para seguridad de una deuda suya o de un tercero; pero el
dueño de los bienes hipotecados no podrá pagar a uno de los acreedores, sin el
consentimiento del otro, su deuda, ni la contraída por su acreedor: a este fin le instruirá
del nuevo contrato hipotecario.
Artículo 1.883 El acreedor hipotecario puede ceder a favor de otro acreedor del deudor
común el grado y aun la hipoteca independientemente del crédito, pero sólo hasta el
límite de éste. El deudor puede oponer al cesionario todas las excepciones que le
correspondan contra el cedente, respecto a la validez originaria del crédito y de la
hipoteca correspondiente pero no las relativas a la extinción posterior del crédito.
Si el acreedor tiene hipoteca sobre varios fundos, no puede cederla sino conjuntamente a
favor de la misma persona
Artículo 1.884 La hipoteca es legal judicial o convencional.

Sección I
De la hipoteca legal
Artículo 1.885 Tienen hipoteca legal:
1º. El vendedor u otro enajenante sobre los bienes inmuebles enajenados para el
cumplimiento de las obligaciones que se derivan del acto de enajenación, bastando para
ello que en el instrumento de enajenación conste la obligación.
2º. Los coherederos socios y demás copartícipes, sobre los inmuebles que pertenecen a
la sucesión, sociedad o comunidad, para el pago de los saldos o vueltas de las
respectivas partes, bastando asimismo que conste en el instrumento de adjudicación la
obligación de las vueltas.
3º. El menor y el entredicho, sobre los bienes del tutor, que se determinen con arreglo a
los artículos 360 y 397.
Sección II
De la hipoteca judicial
Artículo 1.886 Toda sentencia ejecutoriada que condene al pago de una cantidad
determinada, a la entrega de cosas muebles, o al cumplimiento de cualquiera otra
obligación convertida en la de pagar una cantidad líquida, produce hipoteca sobre los
bienes del deudor en favor de quien haya obtenido la sentencia, hasta un valor doble del
de la cosa o cantidad mandada a pagar.
El acreedor favorecido por la sentencia deberá designar ante el Tribunal los bienes
especiales del deudor en los cuales pretenda establecer la hipoteca, con expresión de su
situación y linderos; y si el Tribunal, con conocimiento de causa, encontrare que
representan el valor doble de la cantidad a cuyo pago se haya condenado al deudor,
ordenará que se registre la sentencia junto con la diligencia del acreedor y el auto que
haya recaído.
En el caso de que los bienes sobre los cuales se pretenda la hipoteca judicial excedan del
doble del valor antes dicho, el deudor podrá pedir al Juez competente que la limite a una
cantidad de bienes cuyo valor sea suficiente para garantizar el pago en conformidad con
el párrafo anterior. El Juez hará la determinación previo conocimiento sumario de causa.
También podrá en todo caso solicitar que se traslade el gravamen hipotecario a otros
bienes determinados y suficientes, a cuyo efecto se seguirá el mismo procedimiento.
Artículo 1.887 Las sentencias condenatorias no producen hipoteca judicial sobre los
bienes de la herencia yacente o aceptada a beneficio de inventario.
Artículo 1.888 Las sentencias arbitrales producirán hipoteca sólo desde el día en que se
hayan hecho ejecutorias por decreto de la Autoridad Judicial competente.
Artículo 1.889 Las sentencias dictadas por autoridades judiciales extranjeras, no
producirán hipoteca sobre los bienes situados en la República, sino desde que las

autoridades judiciales de ésta hayan decretado su ejecución salvo las disposiciones
contrarias que contengan los tratados internacionales.
Sección III
De la hipoteca convencional
Artículo 1.890 No podrá hipotecar válidamente sus bienes sino quien tenga capacidad
para enajenarlos.
Artículo 1.891 Los bienes de las personas incapaces de enajenar y los de los ausentes,
podrán hipotecarse solamente por las causas y con las formalidades establecidas en la
Ley.
Artículo 1.892 Quienes tienen sobre un inmueble un derecho suspenso por una
condición, o resoluble en ciertos casos o dependientes de un título anulable no pueden
constituir sino una hipoteca sujeta a las mismas eventualidades, con excepción de los
casos en que la Ley dispone expresamente que la resolución o rescisión no tienen efecto
en perjuicio de terceros.
Artículo 1.893 No puede constituirse hipoteca convencional sobre bienes futuros.
Artículo 1.894 Cuando los bienes sometidos a hipoteca perezcan, o padezcan un
deterioro que los haga insuficientes para garantir el crédito, el acreedor tendrá derecho a
un suplemento de hipoteca y, en su defecto, al pago de su acreencia, aunque el plazo no
esté vencido.
Artículo 1.895 La hipoteca voluntaria puede constituirse puramente, bajo condición, o a
tiempo limitado.
Sección IV
De la graduación entre las hipotecas
Artículo 1.896 La hipoteca produce efecto y toma su puesto en la graduación desde el
momento de su registro aunque se trate de una obligación futura o simplemente
eventual.
Artículo 1.897 Las hipotecas se graduarán según el orden en que se hayan registrado, y
se registrarán según el orden de su presentación.
Artículo 1.898 Cuando un acreedor que tiene hipoteca sobre uno o más inmuebles no es
satisfecho, o lo es sólo en parte, porque un acreedor preferente se haya hecho pagar con
el precio de aquél o de aquellos inmuebles y cuando la hipoteca de este último se
extendía a otros bienes, el acreedor no satisfecho o satisfecho sólo en parte se
considerará subrogado en la hipoteca que pertenecía al acreedor a quien se haya pagado;
pero de modo que no puede cobrar, en perjuicio de otros acreedores, de cada una de las
fincas hipotecadas, la totalidad de la acreencia sino la prorrata correspondiente,
tomando por base el monto de la deuda satisfecha y el valor de las cosas hipotecadas
inclusa la que lo estaba por su crédito.

Sección V
De los efectos de la hipoteca con relación a terceros poseedores
Artículo 1.899 El acreedor hipotecario puede trabar ejecución sobre la cosa hipotecada
y hacerla rematar, aunque este poseída por terceros.
Esta disposición no producirá efecto contra el tercero que haya adquirido la cosa
hipotecada en remate judicial con citación de los acreedores hipotecarios, cuyo derecho
se traslada al precio del remate
El acreedor no podrá ejercer este derecho respecto de los bienes muebles que son
accesorios del inmueble hipotecado, que hubieren sido enajenados a título oneroso sin
fraude de parte del adquirente
Artículo 1.900 El tercer poseedor de la cosa hipotecada no podrá alegar el beneficio de
excusión, aunque se haya constituido la hipoteca por un tercero, a menos que haya pacto
en contrario.
Artículo 1.901 El tercer poseedor podrá deducir los derechos que le correspondan y aun
hacer uso de los medios dé que no se valió el deudor, con tal que no sean personales a
éste.
Artículo 1.902 El abandono del inmueble sometido a la hipoteca podrá efectuarse por
todo tercer detentador que no esté obligado personalmente a la deuda, y que tenga
capacidad de enajenar o esté debidamente autorizado para hacerlo
Este abandono no perjudicará las hipotecas constituidas por el tercer poseedor y
debidamente registradas.
Artículo 1.903 Las servidumbres, las hipotecas y los demás derechos reales, que
pertenecían al tercer poseedor sobre el inmueble, renacen todos como existían antes de
su adquisición, después del abandono hecho por él, o después que se haya hecho la
adjudicación.
Artículo 1.904 Mientras no se haya pronunciado la adjudicación, el tercer poseedor
podrá recuperar el inmueble abandonado por él.
Artículo 1.905 El tercer poseedor está obligado a reembolsar los daños ocasionados al
inmueble por culpa grave de su parte, en perjuicio de acreedores que hayan registrado
su título, y no podrá invocar contra ellos retención por causa de mejoras.
Tiene, sin embargo, derecho de hacer sacar del precio la parte correspondiente a las
mejoras hechas por él, después del registro de su Título, hasta concurrencia de la suma
menor entre la de las impensas y la del mayor valor en la época del abandono, o de la
venta en publica subasta.
Artículo 1.906 El tercer poseedor que haya pagado los créditos registrados, abandonado
el inmueble o sufrido la expropiación, tiene derecho a que le indemnice su causante.

Tiene también derecho a que se le subrogue contra los terceros detentadores de otros
inmuebles hipotecados por las mismas acreencias; pero no puede cobrar solidariamente
de los poseedores de dichas cosas, sino a prorrata, tomando por base el monto de la
deuda y el valor de las cosas hipotecadas, incluso la que él mismo poseía cuando se
intentó la acción.
Sección VI
De la extinción de las hipotecas
Artículo 1.907 Las hipotecas se extinguen:
1º. Por la extinción de la obligación.
2º. Por la pérdida del inmueble gravado, salvo los derechos conferidos en el artículo
1.865
3º. Por la renuncia del acreedor.
4º. Por el pago del precio de la cosa hipotecada.
5º. Por la expiración del término a que se las haya limitado.
6º. Por el cumplimiento de la condición resolutoria que se haya puesto en ellas.
Artículo 1.908 La hipoteca se extingue igualmente por la prescripción, la cual se
verificará por la prescripción del crédito respecto de los bienes poseídos por el deudor
pero si el inmueble hipotecado estuviere en poder de tercero, la hipoteca prescribirá por
veinte años.
Artículo 1.909 La hipoteca renace con la acreencia cuando se anula el pago que la
extinguió.
Artículo 1.910 Cuando la hipoteca renace, tiene efecto sólo desde la fecha del nuevo
registro, si el anterior ha sido cancelado.
Sin embargo, si se hubiera cancelado la hipoteca dando en pago el inmueble hipotecado
y esta operación es anulada, la hipoteca renace retrotrayéndose sus efectos a la época en
que fue constituida.
Artículo 1.911 La cosa hipotecada que se vende en remate judicial, con citación de los
acreedores hipotecarios, pasa al comprador, después que se pague el precio, libre de
todo gravamen de hipoteca sobre ella, reputándose que dicho gravamen se ha trasladado
al precio del remate.
La venta en remate judicial no hace fenecer la acción reivindicatoria que tenga un
tercero sobre la cosa que se remató, en el concepto de pertenecer dicha cosa en dominio
al deudor.

Artículo 1.912 Lo dispuesto en el presente Título no obsta para que se dicten leyes
especiales sobre cédulas hipotecarias u otras de crédito territorial, las cuales se aplicarán
preferentemente en los casos a que ellas se contraigan.
Título XXII
Del Registro Público
Artículo 1.913 Todo título que se llevé a registrar debe designar claramente el nombre,
apellido, edad, profesión y domicilio de las partes, y la fecha de la escritura, en letras.
La designación de las corporaciones o establecimientos se hará bajo la denominación
con la cual fueren conocidos con expresión del domicilio o residencia de la dirección
del establecimiento.
En el acto del registro se expresará también el nombre apellido, edad, profesión y
domicilio de la persona que presente el título para registrarlo.
Artículo 1.914 Todo título que deba registrarse designará los bienes sobre los cuales
verse, por su naturaleza, situación, linderos, nombre específico cuando lo tenga, Estado,
Distrito, Departamento, Parroquia o Municipio, y demás circunstancias que sirvan para
hacerlos conocer distintamente.
Artículo 1.915 El registro debe hacerse en la Oficina del Departamento o Distrito donde
esté situado el inmueble objeto del acto.
Artículo 1.916 Si hubieren de trasmitirse o gravarse por un mismo título inmuebles
situados en diferentes jurisdicciones, o de constituirse, reconocerse, imponerse o
concederse algún derecho sobre ellos, se hará dicho registro en todas las Oficinas
correspondientes.
Artículo 1.917 El título registrado en el cual no se llenen las formalidades establecidas
en los dos artículos anteriores, no tendrá efecto contra tercero, respecto de la parte
donde ocurriere la omisión.
Artículo 1.918 La omisión o la inexactitud de alguna de las indicaciones mencionadas
en los artículos 1.913 y 1.914, no daña la validez del registro, a menos que resulte una
incertidumbre absoluta sobre el traspaso del derecho o sobre el inmueble que forma su
objeto.
Artículo 1.919 El registro del título aprovecha a todos los interesados.
Capítulo II
Reglas particulares
Sección I
De los títulos que deben registrarse
Artículo 1.920 Además de los actos que por disposiciones especiales están sometidos a
la formalidad del registro, deben registrarse:

1º. Todo acto entre vivos, sea a título gratuito, sea a Título oneroso, traslativo de
propiedad de inmuebles, o de otros bienes o derechos susceptibles de hipoteca.
2º. Los actos entre vivos que constituyan o modifiquen servidumbres prediales,
derechos de uso o de habitación, o que transfieran el ejercicio del derecho de usufructo.
3º. Los actos entre vivos, de renuncia a los derechos enunciados en los dos números
precedentes.
4º. Los actos de adjudicación judicial de inmuebles u otros bienes y derechos
susceptibles de hipoteca.
5º. Los contratos de arrendamiento de inmuebles que excedan de seis años.
6º. Los contratos de sociedad que tengan por objeto el goce de bienes inmuebles,
cuando la duración de la sociedad exceda de seis años o sea indeterminada.
7º. Los actos y las sentencias de los cuales, resulte la liberación o la cesión de alquileres
o de rentas aun no vencidas, por un término que exceda de un año.
8º. Las sentencias que declaren la existencia de una convención verbal de la naturaleza
de las enunciadas en los números precedentes.
Artículo 1.921 Deben igualmente registrarse para los efectos establecidos por la Ley:
1º. El decreto de embargo de inmuebles.
2º. Las demandas a que se refieren los artículos 1.279, 1.281, 1.350, 1.466 y 1.562.
Bastará para los efectos de este artículo que se ponga nota al margen de los
instrumentos respectivos, en la cual se haga referencia del decreto de embargo o de las
demandas propuestas.
Artículo 1.922 Toda sentencia ejecutoriada que pronuncie la nulidad, la resolución, la
rescisión o la revocación de un acto registrado, debe registrarse, y se hará referencia de
ella al margen del acto a que aluda.
Artículo 1.923 Los instrumentos privados no pueden registrarse, si la firma de los
contratantes, o la de aquél contra quien obran, no han sido autenticadas o comprobadas
judicialmente.
Las sentencias y los actos ejecutados en país extranjero deben legalizarse debidamente.
Artículo 1.924 Los documentos, actos y sentencias que la Ley sujeta ya las
formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen
ningún efecto contra terceros, que por cualquier título, hayan adquirido y conservado
legalmente derechos sobre el inmueble.
Cuando la Ley exige un título registrado para hacer valer un derecho, no puede suplirse
aquél con otra clase de prueba, salvo disposiciones especiales.

Sección II
De la forma de registro
Artículo 1.925 Todo el que quiera registrar un documento deberá presentarlo a la
Oficina respectiva, la cual lo insertará íntegro en los protocolos correspondientes,
debiendo también firmar en ellos el presentante o los presentantes.
Artículo 1.926 Cuando se registre un instrumento en el cual se renuncie, se rescinda, se
resuelva, se extinga, se ceda o traspase algún derecho, o se modifique algún acto, se
pondrá en el instrumento donde se había declarado o creado el mismo derecho, o hecho
constar el acto, una nota marginal en la cual se expresen dichas circunstancias, y la
fecha y la Oficina en que se ha efectuado el registro.
Si este instrumento se halla en una Oficina o en un despacho distintos de aquel donde se
registre el instrumento de renuncia, rescisión, resolución, cesión, traspaso o
modificación, el Registrador de este último, a solicitud de cualquiera de los interesados,
dirigirá un oficio al Registrador de la otra jurisdicción con inserción del instrumento
registrado para que se ponga en el instrumento correspondiente la nota marginal de que
se trata en este Artículo, y para que lo inserte en el respectivo protocolo. Este oficio se
conservará en el respectivo cuaderno de comprobantes.
Artículo 1.927 El Registrador pondrá al pie del instrumento o de la copia que se lleve a
registrar, una nota en la cual se exprese haberse efectuado el registro, con indicación del
número del protocolo y el del instrumento, y entregará al interesado el instrumento o la
copia así anotados.
Sección III
De la publicidad del registro
Artículo 1.928 Los Registradores darán a todo el que lo pida, copia simple o autorizada
de los instrumentos que haya en su Oficina.
Deben igualmente permitir la inspección de los protocolos en las horas fijadas.
También darán copia simple o autorizada de los documentos que se hayan archivado
como comprobantes de los Instrumentos.
Título XXIII
De las ejecuciones de la cesión de bienes y del beneficio de competencia
Capítulo I
De las ejecuciones
Artículo 1.929 Las sentencias que hayan de ejecutarse por los Tribunales de la
República, se llevarán a efecto sobre los bienes muebles o inmuebles del deudor y sobre
sus derechos y acciones que puedan enajenarse o cederse.
No están sujetos a la ejecución:
1º. El lecho del deudor, de su cónyuge y de sus hijos.

2º. La ropa de uso de las mismas personas y los muebles y enseres de que estrictamente
necesiten el deudor y su familia.
3º. Los libros, útiles e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u
oficio del deudor.
4º. Los dos tercios del sueldo o pensión de que goce el deudor.
5º. El hogar constituido legalmente.
6º. Los terrenos o panteones y sus accesorios, en los cementerios.
Artículo 1.930 Los bienes, derechos y acciones, sobre los cuales haya de llevarse a
cabo la ejecución, no podrán rematarse sino después que haya una sentencia
ejecutoriada o un acto equivalente, y que se haya determinado el crédito, cualquiera que
sea su naturaleza, en una cantidad de dinero; ni podrá decretarse el embargo preventivo
antes de haberse propuesto la demanda sin que haya a lo menos presunción grave de la
obligación.
Artículo 1.931 El acreedor hipotecario no podrá, sin el consentimiento del deudor,
hacer subastar los inmuebles que no le estén hipotecados, sino cuando los hipotecados
hubieren resultado insuficientes para el pago de su crédito.
Artículo 1.932 Para proceder a la ejecución sobre los inmuebles del deudor, el acreedor
no está obligado a hacer previa excusión de los bienes muebles de aquél.
Artículo 1.933 Los bienes, derechos o acciones sobre los cuales haya de llevarse a
efecto la ejecución, no podrán rematarse sino con los requisitos establecidos en el
Código de Procedimiento Civil.
Capítulo II
De la cesión de bienes
Artículo 1.934 La cesión de bienes es el abandono que un deudor hace de todos los
suyos en favor de sus acreedores.
La cesión puede hacerse aun cuando sea uno solo el acreedor.
Artículo 1.935 La cesión de bienes puede ser convencional o judicial.
Artículo 1.936 La cesión judicial es un beneficio concedido por la Ley a los deudores
de buena fe que, por consecuencias de desgracias inevitables, se ven imposibilitados de
pagar a sus acreedores: este beneficio no se puede renunciar.
Artículo 1.937 Para que la cesión judicial de bienes sea admisible, deberá hacerse en la
forma que establece el Código de Procedimiento Civil.
Artículo 1.938 El Tribunal concederá la cesión de bienes siempre que no ocurra alguna
de las circunstancias siguientes:

1º. Que el deudor enajene una parte de sus bienes en los seis meses anteriores al día en
que hace la cesión quedando sin lo suficiente para pagar todas sus deudas.
2º. Que pague a algún acreedor, que no sea el más privilegiado, dentro de los seis meses
anteriores a la cesión, siempre que de ello resulte perjuicio a los demás acreedores.
3º. Que el deudor haya dilapidado sus bienes o aparezca culpado del atraso que
experimente.
4º. que haya obtenido prórroga o moratoria respecto del crédito o créditos en ella
comprendidos.
5º. Que el deudor haya manejado caudales de la Nación, de los Estados o de sus
secciones, o de establecimientos públicos, y esté alcanzado en sus cuentas, mientras no
reintegre todo cuanto deba por este respecto
6º. Que el deudor haya ocultado alguna parte de sus bienes.
7º. Que el deudor haya colocado en la lista de sus acreedores uno o más que no lo sean
en realidad, o por mayores cantidades de las que en efecto les deba, si no acredita
satisfactoriamente haber procedido por error.
En los cuatro primeros casos de este artículo podrá admitirse la cesión estando de
acuerdo todos los acreedores; pero de ningún modo en los tres últimos.
Artículo 1.939 Desde el día en que se introduzca la cesión de bienes cesarán los
intereses, sólo respecto de la masa, sobre todo crédito no garantizado con privilegio,
prenda o hipoteca.
Los intereses de los créditos garantidos no podrán cobrarse sino del producto de los
bienes afectos al privilegio, a la prenda o a la hipoteca.
Los créditos de plazos no vencidos contratados sin intereses, sufrirán un descuento a la
rata legal por lo que falte del plazo, desde el mismo día en que se declare introducida la
cesión.
Artículo 1.940 Son nulos, y no surtirán efecto con respecto a los acreedores del
concurso, los actos siguientes efectuados por el deudor después de la introducción de la
cesión o en los veinte días precedentes a ella:
La enajenación de bienes muebles o inmuebles a título gratuito.
Con relación a las deudas contraídas antes del término indicado, los privilegios
obtenidos dentro de él por razón de hipoteca convencional u otra causa.
Los pagos de plazo no vencido.
Los pagos de deudas de plazo vencido que no sean hechos en dinero o en papeles
negociables.

Las disposiciones de este artículo se entienden sin perjuicio de que se puedan atacar las
enajenaciones hechas en fraude de acreedores dentro del término que este Código señala
a tales acciones.
Artículo 1.941 La cesión de bienes hace exigibles las deudas de plazo no vencido.
Artículo 1.942 Por la cesión de bienes queda el deudo inhabilitado para disponer de sus
bienes y contraer sobre ellos nuevas obligaciones.
Artículo 1.943 La cesión de bienes produce los efectos siguientes:
1º. Las deudas se extinguen hasta la cantidad en que sean satisfechas con los bienes
cedidos.
2º. Si los bienes cedidos no hubiesen bastado para la completa solución de las deudas, y
el deudor adquiriere después otros bienes, estará obligado a completar el pago con éstos.
La cesión judicial no confiere a los acreedores la propiedad de los bienes cedidos, sino
el derecho de hacerlos vender, y de que su importe, como el de las rentas, se invierta en
el pago de sus créditos.
Artículo 1.944 Puede el deudor retirar la cesión en cualquier tiempo, pagando
previamente sus deudas, sin perjuicio de los derechos que hayan adquirido terceros en
virtud de remate de bienes.
Artículo 1.945 La cesión de bienes de un deudor no aprovecha a sus deudores
mancomunados, ni a sus fiadores, sino hasta el importe de los pagos hechos con los
bienes cedidos.
Tampoco aprovecha a los herederos de quien hizo la cesión, si han recibido su herencia
sin el beneficio de inventario.
Artículo 1.946 Los acreedores pueden dejar al deudor la administración de sus bienes, y
hacer con él los arreglos o convenios que tuvieren por convenientes; siempre que en ello
se conformaren las dos terceras partes de los acreedores concurrentes que reúnan las tres
cuartas partes de créditos, o las tres cuartas partes de acreedores concurrentes que
reúnan los dos tercios de créditos.
Artículo 1.947 El acuerdo de los acreedores hecho con arreglo al artículo anterior, es
obligatorio para todos los interesados en la masa, siempre que hayan sido citados, según
se preceptúa en el Código de Procedimiento Civil.
Artículo 1.948 Los acreedores hipotecarios y privilegiados no quedan sujetos al
convenio celebrado por los demás acreedores, con tal que se abstengan de votar, aunque
tomen parte en las deliberaciones.
Artículo 1.949 Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por
razón de dominio y que existen en poder del deudor, conservan sus derechos los
respectivos dueños, quienes pueden pedir su separación de la masa común; pero la
devolución de la cosa mueble vendida, sea al contado o a plazo, sin haber recibido su

precio, no tendrá efecto en caso de cesión de bienes, si no se intenta o resulta intentada
la acción dentro de los ocho días posteriores a la entrega de la cosa hecha al comprador.
Capítulo III
Del beneficio de competencia
Artículo 1.950 En virtud del beneficio de competencia, el deudor tiene derecho a que al
ejecutársele, se le deje lo necesario para vivir honestamente, según acostumbran
generalmente las personas pobres de su educación, y con cargo de devolución, cuando
mejore de fortuna.
Los acreedores hipotecarios o privilegiados están excluidos de contribuir al beneficio de
que trata este Artículo.
Artículo 1.951 Gozan de este beneficio:
1º. Los ascendientes respecto de sus descendientes, y viceversa.
2º. Los hermanos.
3º. Los cónyuges.
4º. Los ascendientes del cónyuge y los cónyuges de los descendientes.
5º. Los deudores a quienes se les haya admitido la cesión de bienes, aunque sea
extrajudicialmente, y los fallidos que hayan sido declarados excusables, respecto de los
créditos comprendidos en la cesión de bienes o en la quiebra.
Título XXIV
De la prescripción
Artículo 1.952 La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de
una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones; determinadas por la Ley.
Artículo 1.953 Para adquirir por prescripción se necesita posesión legítima.
Artículo 1.954 No se puede renunciar a la prescripción sino después de adquirida.
Artículo 1.955 Quien no puede enajenar no puede renunciar a la prescripción.
Artículo 1.956 El Juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta.
Artículo 1.957 La renuncia de la prescripción puede ser expresa o tácita. La tácita
resulta de todo hecho incompatible con la voluntad de hacer uso de la prescripción.
Artículo 1.958 Los acreedores o cualquier otra persona interesada en hacer valer la
prescripción, pueden oponerla, aunque el deudor o el propietario renuncien a ella.
Artículo 1.959 La prescripción no tiene efecto respecto de las cosas que no están en el
comercio.

Artículo 1.960 El Estado por sus bienes patrimoniales, y todas las personas jurídicas,
están sujetos a la prescripción, como los particulares.
Capítulo II
De las causas que impiden o suspenden la prescripción
Artículo 1.961 Quien tiene o posee la cosa en nombre de otro, y sus herederos a título
universal, no pueden jamás prescribirla, a menos que se haya cambiado el título de su
posesión por causa procedente de un tercero, o por la oposición que ellos mismos hayan
hecho al derecho del propietario.
Artículo 1.962 Pueden prescribir aquéllos a quienes han cedido la cosa a título de
propiedad los arrendatarios, depositarios u otras personas que la tenían a título precario.
Artículo 1.963 Nadie puede prescribir contra su título, en el sentido de que nadie puede
cambiarse a sí mismo la causa y el principio de su posesión.
Cualquiera puede prescribir contra su título, en el sentido de que se puede obtener por la
prescripción la liberación de una obligación.
Artículo 1.964 No corre la prescripción:
1º. Entre cónyuges.
2º. Entre la persona que ejerce la patria potestad y la que está sometida a ella.
3º. Entre el menor o el entredicho y su tutor, mientras no haya cesado la tutela, ni se
hayan rendido y aprobado definitivamente las cuentas de su administración.
4º. Entre el menor emancipado y el mayor provisto de curador, por una parte, y el
curador por la otra.
5º. Entre el heredero y la herencia aceptada a beneficio de inventario.
6º. Entre las personas que por la Ley están sometidas a la administración de otras
personas, y aquéllas que ejercen la administración.
Artículo 1.965 No corre tampoco la prescripción:
1º. Contra los menores no emancipados ni contra los entredichos.
2º. Respecto de los derechos condicionales, mientras la condición no esté cumplida.
3º. Respecto de los bienes hipotecados por el marido, para la ejecución de las
convenciones matrimoniales, mientras dure el matrimonio.
4º. Respecto de cualquiera otra acción cuyo ejercicio esté suspendido por un plazo,
mientras no haya expirado el plazo.
5º. Respecto a la acción de saneamiento, mientras no se haya verificado la evicción.

Artículo 1.966 En la prescripción por veinte años, las causas de impedimento
contenidas en el artículo anterior, no tienen efecto respecto del tercero poseedor de un
inmueble o de un derecho real sobre un inmueble.
Capítulo III
De las causas que interrumpen la prescripción
Artículo 1.967 La prescripción se interrumpe natural o civilmente.
Artículo 1.968 Hay interrupción natural, cuando por cualquiera causa deje de estar el
poseedor en el goce de la cosa por más de un año.
Artículo 1.969 Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se
haga ante un Juez incompetente de un decreto o de un acto de embargo notificado a la
persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera
otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción
de créditos, basta el cobro extrajudicial.
Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina
correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo
con la orden de comparecencia del demandado autorizada por el Juez; a menos que se
haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso.
Artículo 1.970 Para interrumpir la prescripción, la demanda judicial puede intentarse
contra un tercero a efecto de hacer declarar la existencia del derecho, aunque esté
suspenso por un plazo o por una condición.
Artículo 1.971 El registro por sí solo no interrumpe la prescripción de la hipoteca.
Artículo 1.972 La citación judicial se considerará como no hecha y no causará
interrupción:
1º. Si el acreedor desistiere de la demanda, o dejare extinguir la instancia, con arreglo a
lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.
2º. Si el deudor demandado fuere absuelto en la demanda.
Artículo 1.973 La prescripción se interrumpe también civilmente, cuando el deudor o el
poseedor reconocen el derecho de aquél contra quien ella había comenzado a correr.
Artículo 1.974 La notificación de un acto de interrupción al deudor principal, o el
reconocimiento que él haga del derecho, interrumpen la prescripción respecto del fiador.
Capítulo IV
Del tiempo necesario para prescribir
Sección I
Artículo 1.975 La prescripción se cuenta por días enteros y no por horas.

Artículo 1.976 La prescripción se consuma al fin del último día del término.
Sección II
De la prescripción de veinte y de diez años
Artículo 1.977 Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales
por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y
salvo disposición contraria de la Ley.
La acción que nace de una ejecutoria se prescribe a los veinte años, y el derecho de
hacer uso de la vía ejecutiva se prescribe por diez años.
Artículo 1.978 El deudor de una renta o de cualquiera prestación anual, que deba durar
más de veinte años, debe dar a su costa, dentro de los dos últimos años del tiempo
necesario para prescribir, un nuevo título a su acreedor, si éste lo exige.
Artículo 1.979 Quien adquiere de buena fe un inmueble o un derecho real sobre un
inmueble, en virtud de un título debidamente registrado y que no sea nulo por defecto
de forma, prescribe la propiedad o el derecho real por diez años, a contar de la fecha del
registro del título.
Sección III
De las prescripciones breves
Artículo 1.980 Se prescribe por tres años la obligación de pagar los atrasos del precio
de los arrendamientos, de los intereses de las cantidades que los devenguen, y en
general, de todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos.
Artículo 1.981 Los abogados, procuradores, patrocinantes y demás defensores quedan
libres de la obligación de dar cuenta de los papeles o asuntos en que hubiesen
Intervenido, tres años después de terminados éstos, o de que aquéllos hayan dejado de
intervenir en dichos asuntos; pero puede deferirse Juramento a las personas
comprendidas en este Artículo, para que digan si retienen los papeles o saben dónde se
encuentran.
Artículo 1.982 Se prescribe por dos años la obligación de pagar:
1º. Las pensiones alimenticias atrasadas.
2º. A los abogados, a los procuradores, y a toda clase de curiales, sus honorarios,
derechos, salarios y gastos.
El tiempo para estas prescripciones corre desde que haya concluido el proceso por
sentencia o conciliación de las partes, o desde la cesación de los poderes del Procurador,
o desde que el abogado haya cesado en su ministerio.
En cuanto a los pleitos no terminados, el tiempo será de cinco años desde que se hayan
devengado los derechos, honorarios, salarios y gastos.

3º. A los registradores, los derechos de los instrumentos que autorizaren, corriendo el
tiempo para la prescripción desde el día del otorgamiento.
4º. A los agentes de negocios, sus salarios; y corre el tiempo desde que los hayan
devengado.
5º. A los médicos, cirujanos, boticarios y demás que ejercen la profesión de curar, sus
visitas, operaciones y medicamentos; corriendo el tiempo desde el suministro de éstos o
desde que se hayan hecho aquéllas.
6º. A los profesores, maestros y repetidores de ciencias, letras y artes, sus asignaciones.
7º. A los ingenieros, arquitectos, agrimensores y liquidadores, sus honorarios;
contándose los dos años desde la conclusión de sus trabajos.
8º. A los dueños de casas de pensión, o de educación e instrucción de toda especie, el
precio de la pensión de sus pensionistas, alumnos o aprendices.
9º. A los comerciantes, el precio de las mercancías que vendan a personas que no sean
comerciantes.
10º. A los Jueces, secretarios, escribientes y alguaciles de los Tribunales, los derechos
arancelarios que devenguen en el ejercicio de sus funciones; contándose los dos años
desde la ejecución del acto que haya causado el derecho.
11º. A los sirvientes, domésticos, jornaleros y oficiales mecánicos, el precio de sus
salarios, jornales o trabajo.
12º. A los posaderos y hoteleros, por la comida y habitación que hayan dado.
Artículo 1.983 En todos los casos del artículo anterior, corre la prescripción aunque se
hayan continuado los servicios o trabajos.
Artículo 1.984 Sin embargo, aquéllos a quienes se opongan estas prescripciones,
pueden deferir el juramento a quienes las opongan, para que digan si realmente la deuda
se ha extinguido.
El juramento puede deferirse a los herederos y a sus tutores, si aquéllos son menores o
entredichos, para que digan si saben que la deuda se ha extinguido.
Artículo 1.985 Las prescripciones de que trata esta Sección corren aun contra los
menores no emancipados y los entredichos, salvo su recurso contra los tutores.
Artículo 1.986 La acción del propietario o poseedor de la cosa mueble, para recuperar
la cosa sustraída o perdida, de conformidad con los artículos 794 y 795, se prescribe por
dos años.
Artículo 1.987 En las prescripciones no mencionadas en este Título, se observarán las
reglas especiales que les conciernen, y las generales sobre prescripción, en cuanto no
sean contrarias a aquéllas.

Sección IV
Disposiciones transitorias
Artículo 1.988 Las prescripciones que hubiesen comenzado a correr antes de la
publicación de este Código, se regirán por las leyes bajo cuyo imperio principiaron;
pero si desde que éste estuviere en observancia, transcurriere todo el tiempo en él
requerido para las prescripciones, surtirán éstas su efecto, aunque por dichas leyes se
requiera mayor lapso.
Artículo 1.989 Los actos jurídicos que versan sobre los bienes de la comunidad
conyugal, a los cuales se refiere el artículo 168 del presente Código, realizados, por
quien tenía su administración, se regirán por las disposiciones del Código anterior
siempre y cuando tengan fecha cierta anterior a la entrada en vigencia de la presente
Ley.
Artículo 1.990 En las separaciones de cuerpos en curso, la duración del término
requerido para solicitar la conversión en divorcio, se regirá por lo previsto en la presente
Ley.
Artículo 1.991 En los casos en que, bajo la vigencia de la Ley anterior, haya quedado
disuelto el vínculo matrimonial por sentencia definitivamente firme y ejecutada que
decrete el divorcio, o cuando ha sido declarada la nulidad del matrimonio, el progenitor
a quien no se haya atribuido el ejercicio de la patria potestad lo reasumirá
conjuntamente con el otro progenitor, siempre y cuando haya dado cumplimiento a sus
obligaciones de alimentación y educación para con su hijo.
Artículo 1.992 Las acciones de filiación se regirán exclusivamente por la legislación
anterior cuando el progenitor cuestionado o el hijo hubiere fallecido al entrar en vigor la
presente Ley.
Artículo 1.993 Las sucesiones abiertas antes de entrar en vigencia esta Ley se regirán
por la legislación anterior.
Disposiciones Finales
Artículo 1.994 Se derogan todas las disposiciones legales contrarias a la presente Ley.
Artículo 1.995 El presente Código reformado empezará a regir desde su publicación en
la Gaceta Oficial de la República de Venezuela.
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Publicada en Gaceta Oficial Nº 2.990 de fecha 26 de julio de 1982
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