Clase 03 inmigración

SEPTIEMBRE 2014
Seminario de inmigración, diversidad y derechos humanos en la escuela. Una introducción a la temática
Clase 03
Derechos y trayectorias migratorias
En la primera clase hicimos referencia a cómo, desde el sentido común, la comprensión de los
procesos migratorios hacia la Argentina tiende a estar dominada por el relato épico de la
migración ultramarina y la desestimación de la migración latinoamericana. Ambos argumentos
se apoyan enormemente en cómo se supone que son, por “naturaleza”, los inmigrantes de una
y otra procedencia continental (“civilizadores” unos; “bárbaros”, “perjudiciales” o “indeseables”
los otros) y minimizan muy significativamente los contextos políticos, sociales,
institucionales y de derechos en que se desplegaron las diversas trayectorias
migratorias. Veamos.
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En los relatos de los antiguos migrantes de ultramar
prácticamente no hay referencia a leyes o a
instituciones. Quienes tuvieron abuelos o bisabuelos
europeos nunca escucharon que debieran concurrir a
la Dirección Nacional de Migraciones cada tres o seis
meses para renovar una residencia “precaria”, o cada
dos años para renovar una residencia “temporaria”.
O que la policía los parara por la calle para verificar
su estatus migratorio. Tampoco escucharon que
carecieran de cédula de identidad o de documento
argentino, y que por ese motivo no pudieran abrir
una caja de ahorro en un banco. En la medida en
que tuvieran el dinero y los recursos para hacerlo, su
calidad de extranjeros no les impidió alquilar o adquirir propiedades, establecer sociedades
comerciales, invertir en empresas o contratar trabajadores. Su nacionalidad no fue un obstáculo
a la hora de atenderse en los hospitales públicos o enviar a sus hijos a la escuela y a la
universidad. Sin duda, nada de esto tuvo que ver con sus características como personas, sino
con el hecho de que no existían aún leyes o disposiciones que limitaran sistemáticamente sus
oportunidades por su condición de extranjeros. Esto no significa que no hubiera prejuicios,
estigmatización y desvalorización por parte de la élite criolla (prueba de ello son los
estereotipos del “tano”, “ruso” o “gallego”) e incluso percepción de amenaza política (como
veremos más adelante).
A la inversa, en los relatos de las personas provenientes de países limítrofes, durante décadas
abundaron las frustrantes referencias institucionales: larguísimas filas para renovar residencias
precarias en la Dirección Nacional de Migraciones; acumulación de documentos, legalizaciones,
tasas y comprobantes varios; estafadores que, abusando de la incomprensible telaraña
administrativa ofrecen soluciones fraudulentas como si fueran legítimas; pagos de multas para
salir del país, indignas requisas o revisaciones en frontera para ingresar, hostigamientos o
extorsiones policiales por “portación de rostro”; imposibilidad de ingresar al mundo “registrado”
–trabajo, vivienda, servicios, etc.- por falta del elusivo documento nacional de identidad que es
la irreemplazable llave de acceso. Igual que con los inmigrantes de ultramar, ninguna de estas
exigencias tiene que ver con las características de las personas, sino con las características de
la normativa migratoria que comenzó a perfilarse a partir de la década de 1960. Es decir,
cuando la migración ultramarina se encontraba prácticamente detenida y cuando la migración
limítrofe comenzó a volverse visible en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Entonces, es importante analizar cómo los cambios normativos condicionan
significativamente las trayectorias y las vidas de las personas migrantes. Las leyes y
las políticas públicas construyen y consolidan categorías clasificatorias (es decir, formas de
pensar, ordenar y regular a las personas – en la clase 4 retomaremos estas cuestiones). En el
caso que nos atañe, la legislación ha delineado distintas formas de clasificar a las personas
extranjeras, y en función de esas clasificaciones ha legitimado y promovido determinadas
prácticas institucionales y sociales cuyos efectos sobre los sujetos han sido bien concretos,
como veremos en las páginas a continuación.
La actual ley de Migraciones: un enfoque de derechos
En diciembre de 2003 el Poder Legislativo sancionó la ley de Migraciones Nº 25.871, que fue
promulgada en enero de 2004. Esta ley reemplazó a la llamada ley Videla (decreto–ley Nº
22.439/1981), que a su vez había derogado a la ley Avellaneda de 1876.
Ley de Migraciones 25.871 (2004)
ARTÍCULO 4° — El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la
República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad.
ARTÍCULO 6° — El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los
inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los
que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud,
educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social.
ARTÍCULO 7° — En ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su
admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea este público o privado;
nacional, provincial o municipal; primario, secundario, terciario o universitario. Las autoridades
de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los
trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria.
ARTÍCULO 8° — No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la
salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran,
cualquiera sea su situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios
deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los
efectos de subsanar la irregularidad migratoria.
Ver texto de la ley
A diferencia de la normativa anterior, la actual ley de Migraciones se asienta sobre dos pilares
novedosos: el énfasis en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, y
una perspectiva regional que reconoce la centralidad de la inmigración proveniente del
MERCOSUR en la conformación de la sociedad contemporánea. Anclada en la Constitución
Nacional y en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, la ley tiene
como propósito asegurar a todas las personas que residen en el territorio nacional —
sea cual sea su situación migratoria— el ejercicio igualitario de un conjunto de
derechos: salud, educación, justicia, protección social (entre otros).
Esto sin duda supone desafíos administrativos y de implementación de políticas. Pero incluye
también un reto mayor: prevenir y desarmar los discursos, las creencias y las prácticas
xenófobas, y a la vez construir un concepto de igualdad, capaz de contener y reconocer las
diferencias (étnicas, culturales, de género, etc.) que conforman la sociedad argentina,
independientemente del origen de sus habitantes. Al fortalecer una perspectiva de
derechos se promueve la protección de todas las personas que integran la comunidad
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—ya sean argentinas o extranjeras— y un mejor abordaje de los desafíos que impone
la diversidad, muy próximos a las experiencias cotidianas de docentes y estudiantes.
De la ley Avellaneda a la ley de Residencia (o de la promesa a la amenaza)
El debate social, político y parlamentario que culminó en 1876 con la ley Avellanedaocurrió en
un contexto donde la población era escasa y la presencia de extranjeros exigua y novedosa.
Para la élite, pensar la Nación era pensar acerca de la (poca) población. Los migrantes
europeos fueron llamados a “civilizarnos”, a conjurar el “desierto” social y cultural
que se cernía sobre nosotros. En este contexto, la ley Avellaneda estaba dirigida a un
inmigrante imaginario, que aún no había arribado, y que en verdad era un
desconocido. Para ese extranjero, imaginado como una poderosa fuerza civilizadora, se
estableció un vasto conjunto de derechos (que solo excluía el derecho al voto en el nivel
nacional), disponibles con sólo declararse inmigrante.
La Constitución Nacional de 1853 fomentó “la inmigración europea” y aseguró a los extranjeros
los mismos derechos civiles de los ciudadanos. En 1876 la ley Avellaneda (ley Nº 817, de
Inmigración y Colonización) inauguró la inmigración como política del estado nacional. Creó un
Departamento General de Inmigración (actual Dirección Nacional de Migraciones) como
instancia administrativa que asegurara la aplicación de la ley, definió quiénes podían
considerarse inmigrantes y qué beneficios les correspondían (por oposición a los viajeros,
equivalentes al turista contemporáneo) y estableció mecanismos para vigilar a los buques de
transporte y a los empleadores, controlando (con muy diversa suerte) que estos últimos
pagaran salarios dignos y cumplieran las condiciones de trabajo pactadas.
Un cuarto de siglo después de la sanción de la ley Avellaneda, y ya en los albores del siglo XX,
la situación había cambiado. En esos 25 años se habían establecido en el país casi un millón de
inmigrantes; en 1914 la cifra superaría los 2.000.0001. Los recién llegados no eran
predominantemente ingleses, suizos, franceses ni alemanes, como habían deseado Sarmiento y
Alberdi. Más del 70% eran españoles e italianos, principalmente campesinos, jornaleros u
obreros escasamente calificados y sin tradiciones republicanas. El inmigrante efectivamente
arribado ya no era una promesa para las elites políticas. Incluso comenzaba a ser percibido
como una amenaza. La inexistencia de créditos bancarios impidió su acceso a la tierra y lo volcó
sobre las principales ciudades, que se vieron “invadidas” por los recién llegados. Además,
comenzaron a sindicalizarse y a introducir reclamos y disputas clasistas en una sociedad que,
hasta ese entonces, sólo conocía el enfrentamiento entre fracciones de la burguesía.
Título de inmigrante
Artículo 12: “Repútase inmigrante para los efectos de esta ley a todo extranjero jornalero,
artesano, industrial, agricultor o profesor que siendo menor de sesenta años y acreditando su
moralidad y sus aptitudes, llegase a la República para establecerse en ella, en buque a vapor o
a vela, pagando pasaje de segunda o tercera clase, o teniendo el viaje pagado por cuenta de la
Nación, de las provincias, o de las empresas particulares protectoras de la inmigración y la
colonización”.
Ley 817/1876
En 1902, a instancias de Miguel Cané, el Congreso Nacional aprobó la ley de Residencia y
Extrañamiento de Extranjeros (Nº 4.144, de 1902), que autorizaba al Poder Ejecutivo a ordenar
la salida de “todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el
orden público” y a detenerlo hasta el momento del embarque. La ley de Residencia quebró
la igualdad jurídica entre nacionales y extranjeros consagrada en la Constitución
Nacional y recogida en la ley Avellaneda: un argentino que perturbara el orden público
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sería llevado ante un juez que evaluaría los hechos y el castigo en función del Código Penal. En
cambio, un extranjero que hiciera lo mismo resultaría detenido, acusado y deportado por el
Poder Ejecutivo, sin que mediara nunca intervención judicial. Poco después, en 1910 (año del
Centenario), la ley de Defensa Social (Nº 7.029) prohibió el ingreso de quienes hubieran sido
condenados por delitos comunes, de “anarquistas y demás personas que preconicen el ataque
contra las instituciones”, así como de quienes hubieran sido expulsados en el marco de la ley de
Residencia.
Hacia 1920 ya habían comenzado a aparecer diversos proyectos legislativos que proponían
modificaciones a la ley Avellaneda, con el propósito de actualizarla y adecuarla a los cambios
que se percibían en las migraciones. Sin embargo, ninguno de ellos prosperó, de modo que las
modificaciones a la ley se realizaron por la vía de decretos del Poder Ejecutivo o de resoluciones
o disposiciones de la Dirección Nacional de Migraciones.
La normativa migratoria dejó de expresarse en forma de leyes con trámite
parlamentario regular para comenzar a conformarse como un conjunto asistemático y
fragmentario dominado por los decretos del Poder Ejecutivo. Esto ocurrió durante
décadas, tanto en el marco de dictaduras como de gobiernos constitucionales con parlamentos
funcionando normalmente. Uno de los efectos de esta dispersión normativa fue la sistemática
fragmentación de las categorías de admisión y de residencia. Las dos grandes categorías de la
ley Avellaneda (inmigrante y viajero, ninguna de ellas con restricción temporal) se fueron
multiplicando y vinculando a permisos de residencia de duraciones acotadas.
Este proceso de fragmentación de categorías de ingreso y permanencia iniciado a fines de la
década de 1930 y consolidado a partir de la década de 1960 incidió sobre todo en la trayectoria
de los inmigrantes provenientes de países limítrofes, que se convirtieron en los principales
ingresantes una vez que se detuvieron los flujos de ultramar. Los sucesivos decretos y
reglamentos permitían su ingreso en calidad de turistas, pero dificultaban su radicación
o residencia regular. El control tendió a focalizarse en el control de la permanencia y en
interminables requisitos para la residencia y el trabajo formal.
El pasaje de leyes a decretos fue paralelo a una política migratoria crecientemente restrictiva,
incluso cuando conviviera con ocasionales programas especiales de regularización migratoria (a
menudo denominados “amnistías”). Este proceso fue simultáneo a la mayor visibilización
de la inmigración limítrofe y a su tratamiento explícito como “problema” que el Estado
debía abordar.
Las diferentes categorías de admisión presentes en diversos decretos (tales como turista,
inmigrante, ex – residente, familiar de argentino, trabajador de temporada, estudiante, etc.)
dieron lugar a distintos tipos de residencia (permanente, temporaria, o transitoria) a las que
estaban asociados diversos derechos. Típicamente, sólo se autoriza a trabajar a quienes
cuentan con residencia permanente o temporaria. Con el tiempo, las exigencias fueron
aumentando, y se fue volviendo cada vez más difícil ingresar con categorías diferentes a la de
turista (que autoriza a residir por un período breve –entre 15 días y 3 meses- y prohíbe
trabajar).
La “ley” Videla (1981)
La ley Avellaneda no fue derogada formalmente hasta 1981 cuando, en el marco de la
dictadura, fue remplazada por la llamada Ley Videla (Nº 22.439). Esta ley estableció quelas
escuelas medias o superiores sólo podrían inscribir como alumnos a los extranjeros
debidamente documentados, y obligaba a hospitales y otros organismos
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administrativos a denunciar ante la autoridad migratoria a los residentes irregulares.
Además, autorizaba a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a “entrar libremente y sin
notificación previa a los lugares o locales comerciales, industriales, educacionales, hospitalarios,
asistenciales y todo aquel en el que exista o medie presunción de infracción a la presente ley”.
Es decir que el poder de policía acordado a la DNM la autorizaba a allanar cualquier lugar sin
orden ni presencia de juez, y ante la sola sospecha de infracción a la ley migratoria.
Esta ley tuvo dos reglamentos sucesivos: el primero de ellos en 1987 (gobierno de Alfonsín)
y el segundo en 1994 (gobierno de Menem). Ambos dificultaron aún más la regularización
migratoria de las personas extranjeras (que podían ingresar como turistas sin mayores
dificultades). Estos decretos establecíanque sólo podrían solicitar la residencia quienes fueran
migrantes “con capital propio” o quienes contaran con un contrato de trabajo en relación de
dependencia (algo cada vez más difícil –para nacionales o extranjeros- a medida que avanzaba
la década del ’90). Estas exigencias podían exceptuarse cuando la persona solicitante revistiera
“un interés especial para el país”.
¿Quiénes revestían un interés especial para el país y podían ser exceptuados de las exigencias
de la ley? Una resolución de la Dirección Nacional de Migraciones de 1988 lo indica claramente:
“corresponde valorar la situación de aquellos inmigrantes originarios de los países
europeos, de los que han provenido mayoritariamente las corrientes inmigratorias que han
servido de base al crecimiento y desarrollo de nuestra nación, que con los países aludidos nos
unen lazos sanguíneos, similitud de costumbres, identidad de creencias, razones de por sí
valederas para considerarlos comprendidos en el régimen de excepciones”.
Es decir que las generales de la ley dificultaban la regularización de la inmigración limítrofe (que
debía cumplir con todas las exigencias de los reglamentos migratorios) en tanto que las
excepciones allanaban el camino de las personas provenientes de países europeos (y también
de Estados Unidos), que por su sola nacionalidad estaban —en la práctica― exentas de
demostrar “capital propio” o contrato de trabajo.
Una fábrica de vulnerabilidades
Sin temor a exagerar, puede afirmarse que a partir de la década de 1960 la normativa
migratoria se fue consolidando como un mecanismo cuya regla consistió en la
obstaculización de la regularización de la residencia para una parte significativa de los
migrantes que llegaban al país. A diferencia de otros países, Argentina no prohibió el ingreso
(como “turistas”, a sabiendas de que se trataba de inmigrantes, de trabajadores/as) de
personas provenientes de los países de la región. Al permitir el ingreso, pero bloquear la
regularización, el dispositivo migratorio devino el instrumento necesario para la
producción de población en situación vulnerable.
Por la vía de exigencias para la radicación que eran inexistentes en el paso del siglo XIX al XX,
se limitó o se prohibió a los inmigrantes limítrofes que trabajaran, que invirtieran, que pudieran
educarse o atenderse en los hospitales públicos. Sin embargo, al no restringir el ingreso, la
propia normativa generó grandes masas de población en situación vulnerable, obligada entre
otras cosas a trabajar de manera informal, fuera de la ley laboral (para beneficio de
empleadores inescrupulosos) y a conseguir su vivienda también por vías informales.
Por otra parte, las personas solían ser responsabilizadas por su irregularidad migratoria, que a
menudo era esgrimida como prueba de la falta de voluntad para cumplir con las normas del
país. Sin embargo, cuando se abrían procesos especiales de regularización, que simplificaban
las exigencias, las personas provenientes de los países limítrofes se acogían masivamente. Por
ejemplo, en la regularización de 1964 se documentaron 216.000 personas, la de 1974 alcanzó a
147.000 personas, la de 1984 a 157.000 y la de 1992 a 215.000.
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En cualquier lugar del mundo, la falta de permiso de
residencia (temporaria o definitiva) arroja a las personas
a circuitos de marginalidad o clandestinidad: en el
trabajo y en la vivienda principalmente, pero también en
la salud, la educación y el acceso a la justicia. Expone a
vulneraciones y abusos por parte de empleadores, y muy
particularmente por parte de las fuerzas policiales o de
seguridad, que siempre pueden amenazar y chantajear a
quien sospechan presa fácil. De más está decir que el
abuso y la clandestinidad afectan directamente a los
inmigrantes, pero también a la sociedad en su conjunto.
En este contexto, la actual ley de Migraciones (Nº
25.871) introdujo la “nacionalidad” como criterio para solicitar la residencia. Es decir que
quienes provienen de los Estados parte del MERCOSUR y Estados asociados (Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) pueden acceder a un permiso
de residencia temporaria (por dos años, renovable) en virtud de su propia nacionalidad de
origen. Este criterio ha resuelto en buena medida la falta de documentación de grandes
sectores. Prueba de ello son las aproximadamente 800.000 residencias permanentes acordadas
entre 2004 y 2014 –muchas de ellas a personas que llevaban 10 y 15 años viviendo en el país
de manera irregular. Sin embargo, quienes no provienen de países del Mercosur encuentran aún
dificultades.
En síntesis, cuando la legislación facilita la regularización de la residencia (cuando las personas
extranjeras pueden residir legalmente y contar con su DNI) se desactivan muchos de los
mecanismos que producen (y se benefician de) la informalidad laboral, la falta de aportes
sociales, la precariedad en el acceso a vivienda, etcétera. En cierto sentido, podemos pensar
que el acceso a la residencia legal es la “llave de oro”, o el gran mecanismo de integración
social de las personas extranjeras, ya que las sustrae de los circuitos de explotación,
vulneración y marginación. La trayectoria de integración, movilidad social y legitimación de la
migración ultramarina contribuye a mostrarnos con mayor claridad la relevancia de un encuadre
institucional y de derechos.
Los links a continuación los llevarán a notas periodísticas de 1999 que ilustran las dificultades
que enfrentaban las personas provenientes de países vecinos para regularizar su situación
migratoria hace 15 años.
http://edant.clarin.com/diario/1999/01/21/e-03401d.htm
http://edant.clarin.com/diario/1999/02/03/e-03801d.htm
Las y los esperamos en el Foro "Derechos y trayectorias" para dialogar en torno a estas noticias
y a los contenidos de la clase
[1] Se estima que en este período llegaron al país aproximadamente 4 millones de personas, y que aproximadamente la mitad volvió a
sus países de origen o reemigró hacia terceros destinos.

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