Clase poltica

JOSÉ RIVERO

Es educador. Con estudios de educación
superior en Arequipa y de postgrado en
Michoacán, México, y Santiago, Chile.

Se inició como docente en centros educa-
tivos públicos de Nasca y Arequipa. Con-
dujo entre 1973 y 1977 la modalidad de
Extensión Educativa en la Reforma de los
setenta. Se desempeñó durante dos dé-
cadas como especialista regional de la
UNESCO con sede en Santiago de Chi-
le. Actualmente es miembro del Consejo
Nacional de Educación y directivo de Foro
Educativo así como consultor en políticas
educativas con diversas entidades nacio-
nales e internacionales. Ha sido distingui-
do con las Palmas Magisteriales en el
grado Amauta por el jurado nombrado por
el Ministerio de Educación el año 2005.

Ha publicado libros y artículos en revistas
especializadas. Pueden citarse “Educación
y exclusión en América Latina. Reformas
en tiempos de globalización” (ediciones en
Madrid/Buenos Aires, Lima y Brasilia
1999 - 2000). “Educación de adultos en
América Latina. Desafíos de la equidad y
la modernización” (ediciones en Madrid,
1993, Lima, Bogotá, Caracas, Tegucigalpa,
1994). “Políticas regionales andinas para
el desarrollo de la escuela rural” (Lima,
2005). “Globalización, educación y pobre-
za en América Latina” (Xavier Bonal ed.
Barcelona, 2006). Coordinó las consultor-
ías que dieron origen a las publicaciones
“Nueva docencia en el Perú” (Lima, 2003)
y “La otra educación. Educación Básica
Alternativa” (Lima, 2005).

CAC DO CL POLÍTICA
E D U CAC IÓN, DO C E N C I A Y CL A S E PO LÍTICA
EL PE
E N EL PE RÚ

José Rivero

© José Rivero Herrera.

© De esta edición:
Ayuda en Acción
Av. Jorge Basadre 1216, San Isidro. Teléfono (51 1) 422 6292
Tarea Asociación de Publicaciones Educativas
Parque Osores 161, Pueblo Libre. Teléfono (51 1) 424 0997

DISEÑO DE CARÁTULA E INTERIORES:
Evelyn Núñez Alayo.

CORRECCIÓN DE TEXTOS:
José Luis Carrillo Mendoza (Parte III) y Carolina Teillier Arredondo (Partes I y II).

DIAGRAMACIÓN:
Lluly Palomino Vergara.

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN:
Asociación Gráfica Educativa Tarea.

Lima, setiembre 2007.
Primera edición, 1000 ejemplares.
I.S.B.N. 978-9972-235-09-2

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2007-09424.

A Charo, nuestros hijos y nuestros nietos

A los educadores peruanos

A Juan Abugattas y Simón Romero Lozano, en el recuerdo

ODINETNOC
CONTENIDO
PRÓLOGO / Carlos Amat y León 9

PRESENTACIÓN / José Rivero 17

PARTE I
LA EDUCACIÓN PERUANA: CRISIS Y POSIBILIDAD

1. Crecimiento económico y desigualdad social, factor
condicionante de la educación peruana 32
2. La grave situación educativa peruana 37
3. Educación en el medio rural peruano: principal expresión
de desigualdad de oportunidades 65
4. Las iniciales respuestas a la crisis educativa 79
5. Principales tendencias mundiales de cambio en la educación 86
6. Las visiones del Banco Mundial 94
7. ¿Es posible transformar nuestra educación? Algunos signos de
esperanza 104
8. El Proyecto Educativo Nacional 115
9. Regionalización: ventana de oportunidades 125
10. Buenas prácticas y potencialidad institucional 145

ODINETNOC
CONTENIDO

PARTE II
EL FACTOR DOCENTE

1.Las actuales demandas a la profesionalización docente 175
2.La realidad del docente peruano 196
3.Aspectos críticos que afectan la política magisterial en el Perú 204
4.La actual política magisterial en el Perú 221
5.Las aspiraciones y los aportes de los docentes 238
6.Prerrequisitos en materia de políticas de desarrollo magisterial 253
7.La profesionalización docente; un objetivo central del
Proyecto Educativo Nacional 259
8. Desafíos de la formación docente 261
9. Regionalización y desarrollo magisterial 280
10. La nueva carrera pública magisterial 285

ANEXOS
Anexo 1. Ley General de Educación (Artículos directamente
vinculados al ejercicio docente) 326
Anexo 2. Resumen de normas legales sobre el magisterio 331
Anexo 3. Carrera Pública Magisterial: Los proyectos de ley
presentados al Congreso de la República 340

PARTE III
CLASE POLÍTICA Y EDUCACIÓN

A modo de introducción 353
La cultura política 356
El militarismo en el Perú 356
Los tres componentes de esta Parte III 358

1.La acción educativa en gobiernos militares durante el siglo XX 359

a. Las construcciones de locales escolares del general Manuel A. Odria 359
b. La reforma educativa de la decada de 1970: sus expresiones
participativas 364

2. Clase política y educación: historia de desencuentros 400

a. La clase política y sus influencias en la educación durante
el siglo XX 401
b. Las respuestas políticas ensayadas en los últimos decenios 404
c. Escenarios de desencuentro entre lo político y lo educativo 415
d. La educación en las elecciones de 2006 430

3. Las agendas educativas del presidente García 437

a. De las promesas electorales a la nueva agenda presidencial 438
b. Las principales iniciativas presidenciales en materia educativa 439
c. El recuento oficial de lo realizado hasta marzo 2007 451
d. Temas no asumidos o insuficientemente asumidos hasta
abril 2007 453
e. Dos actores influyentes en las agendas presidenciales 455
f. El Proyecto Educativo Nacional como factor transformador 457

9

PRÓLOGO
La sociedad forma y educa a sus miembros por medio de las múltiples

PRÓLOGO
actividades que se desarrollan en la vida familiar y comunal. En este pro-
ceso se adquieren los conocimientos, se ejercitan las habilidades, se es-
timulan las actitudes, se expresan los sentimientos y se practican los
valores. En las sociedades modernas sigue siendo fundamental el núcleo
familiar en la socialización de los individuos, particularmente en la infan-
cia. En la medida en que uno va creciendo se va incorporando a un tejido
de relaciones más diversas y dinámicas con los otros miembros de la
comunidad local, nacional e internacional. El aprendizaje del lenguaje,
por ejemplo, es un proceso muy complejo desde el nacimiento, pero el
dominio del idioma no solo es un medio para comunicarse, sino también
un instrumento de inclusión en una cultura para compartir una cosmovisión
del mundo, de la vida y de uno mismo. El idioma es una construcción
social que estructura la manera de ver, pensar, sentir y actuar en ese
mundo. Este es, en efecto, el gran proceso educativo.

Sin embargo, todavía no comprendemos que la calidad y la efectividad de
la organización social es la expresión de la calidad y la efectividad del
sistema educativo que prevalece en una sociedad. Por ejemplo, los pe-
ruanos de estos días estamos fascinados con la elección de Machu Picchu
como una de las maravillas modernas del mundo y orgullosos de que
haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Además, abrigamos la
esperanza de impulsar el crecimiento económico del país con la puesta
en valor de Caral, Sechín, Chavín, Paracas, Nasca, Sipán, Chan Chan,
Kuélap y, por supuesto, todo el Cusco. Estos productos turísticos, sin
duda, serán en el futuro muy rentables, pero nuestro entusiasmo mone-
tario no nos induce a preguntarnos: ¿Quiénes construyeron estos edifi-
cios monumentales durante los últimos cinco mil años? ¿Cómo elabora-
ron esos tejidos, cerámicas y orfebrería, de gran complejidad conceptual,
belleza estética y despliegue técnico? ¿Qué cosmovisión, organización
social, conocimientos científicos y habilidades técnicas tuvieron para rea-

10

lizar tanta maravilla? ¿Qué sistema educativo formó a esa población para que pu-
dieran construir esas grandes obras? Obviamente, la perfección de la ingeniería y
la armonía de la arquitectura con la naturaleza de Machu Picchu no ha sido el
trabajo de gente torpe y desorganizada, sino el resultado del conocimiento y del
esfuerzo tesonero de seres humanos que creían en algo sublime y que trabajaban
con mística, cariño y mucha disciplina. Contrasta esta experiencia con el pueblo
vecino de Aguas Calientes, expresión de la sociedad moderna peruana.

Por eso es tan valioso el enfoque sistémico de José Rivero para analizar la educa-
ción en el Perú, pues nos advierte que «la educación es una experiencia social». En
este libro el autor presenta la cruda situación de la educación peruana como resul-
tado de la explosiva expansión demográfica, de la mala organización social, del
crecimiento económico inestable y desigual, y del torpe e irresponsable comporta-
miento de los políticos que han gobernado el país durante los últimos cincuenta
años. Desde la vorágine social de los últimos lustros, se percibe a la escuela perua-
na como un «barquito de papel» en un tsunami.

Para que las sociedades contemporáneas puedan funcionar y progresar en la co-
munidad internacional, requieren que toda su población comprenda un mínimo de
conocimientos básicos, comparta sentimientos de convivencia pacífica y democrá-
tica, aspire a propósitos comunes y ajuste sus conductas, voluntaria y espontánea-
mente, a un elemental código de valores. La construcción de este gran acuerdo
nacional es, precisamente, la tarea y la responsabilidad de las instituciones educa-
tivas. Si ellas fallan, la arquitectura de toda la sociedad se desestabiliza y entorpece
el desarrollo de sus miembros. Lo visto y vivido en el reciente terremoto en Pisco,
Ica y Chincha ha sido un claro reflejo del nivel y de la calidad de la educación
nacional, expresada en el desempeño de las instituciones del Estado y en las con-
ductas individuales y colectivas de toda la población.

El libro de José Rivero es de gran trascendencia porque nos muestra la gravedad de
la situación educativa del país, pero también nos explica la manera de superarla. La
baja calidad del sistema educativo es alarmante. Nos presenta los hechos siguientes
como prueba suficiente para declarar la educación peruana en emergencia:

• La cuarta evaluación nacional del rendimiento académico efectuada en noviembre
de 2004 a los alumnos de quinto de secundaria comprobó que solo lograron nive-
les satisfactorios en Comunicaciones el 9,8%, y en Matemáticas, apenas el 2,9%.
• En la prueba PISA realizada en 2001 por la OCDE y Unesco en varios países para
medir el desempeño de jóvenes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, el
Perú resultó en el último lugar con un puntaje de 333, mientras Finlandia ocupaba
el primer lugar con un puntaje de 546 gracias a su excelente educación pública.

11

• Inversión anual por estudiante (OEI 2001) Perú > US$ 251; Chile > US$ 660;
Argentina > US$ 1 134; España > US$ 2 713.
• La evaluación docente realizada por el Ministerio de Educación a inicios de 2007
demostró que solo el 24% alcanzó un nivel 3 óptimo. El 86% de los docentes no
está en capacidad de resolver operaciones y ecuaciones fundamentales.
• La proporción del Presupuesto Nacional de 2007 asignado a la educación es el
3% del PBI, aunque la meta propuesta es el 6%.
• El Fondo para la Educación Pública (FONDEP) dispone de US$ 571 000, mien-
tras el Fondo para las Fuerzas Armadas es de US$ 45 millones.
• El docente mejor pagado recibe S/. 1 800 al mes, lo que representa el 50% del
valor de la canasta básica para la familia de un profesional de esa edad y de esa
categoría.

El autor nos recuerda lo siguiente: «Si en los tres primeros grados de enseñanza
primaria no aprenden a tener suficiente comprensión lectora, están condenados a
fracasar como estudiantes». Por eso llega a una terrible conclusión y sentencia,
indignado: «Lo más grave es que el sistema se ha habituado a esto y hay una
suerte de complicidad e indiferencia institucionalizada. Se asume como natural que
los alumnos fracasen y se atribuye esto a la pobreza, es decir, a causas completa-
mente ajenas a la docencia, a la escuela y al sistema».

Se tiene que reconocer que el país ha experimentado durante los últimos cincuen-
ta años un profundo, intenso y masivo proceso de cambio social y económico, que
ha demolido las instituciones del Estado y ha desprestigiado a la llamada «clase
política», pues ha demostrado su incapacidad para gobernar este proceso. Detonaron
estos cambios la explosión demográfica desde mediados del siglo XX, junto con la
introducción al país de las aplicaciones de la revolución tecnológica generada en
los países industrializados. La creciente población, la migración masiva a las ciuda-
des y el mayor acceso a los medios de información y comunicación originaron una
onda expansiva de las demandas sociales, a la cual la economía tradicional y la
clase gobernante no pudieron responder.

Señala José Rivero que entre los años 1958 y 1968 la población escolar tuvo un
crecimiento vertiginoso: la de primaria aumentó en 78%, la de secundaria en 166%
y la universitaria en 281%. Cita una información de Norman S. Gall: la población
escolar era de 87 000 alumnos en 1904 y 3 265 000 alumnos en 1973. Durante
este periodo la tasa de crecimiento escolar fue de 5,4%, y la de la población fue de
1,9%.

No fue casual la emergencia del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas
en 1968 para imponer la reforma agraria y la construcción del Estado Nacional a

12

partir de la estatización de la explotación de los recursos naturales, base de la eco-
nomía peruana. Pero la aplicación de una política económica populista por todos los
gobiernos de turno para responder a la presión social originó una estampida
inflacionaria que devastó la economía, los ingresos reales de los trabajadores y los
recursos fiscales para atender esas demandas. Si añadimos las brutales acciones de
Sendero Luminoso en todo el país, la demolición institucional del binomio Fujimori-
Montesinos y la sistemática corrupción en el manejo de los recursos públicos, ten-
dremos un escenario tortuoso y frustrante en el cual se ha pretendido implementar
sucesivas reformas al sistema educativo peruano. Por ejemplo, en los diez años del
Gobierno de Fujimori ocuparon el cargo de Ministro de Educación once personalida-
des con las más variadas y extrañas calificaciones profesionales.

Por eso José Rivero responsabiliza a los gobernantes y a la sociedad civil por haber
provocado y aceptado la contracción de los ingresos reales de los docentes y la
penosa situación de las condiciones de trabajo, como resultado de los sucesivos
ajustes económicos para estabilizar la economía durante los últimos treinta años.
En este caso la indolencia del peruano no se ha sacudido. Es comprensible, enton-
ces, que el conflicto entre Estado y magisterio se haya exacerbado entre los ajus-
tes fiscales y la angustia de los docentes para asegurar su estabilidad laboral y
obtener un ingreso mínimo.

Por otro lado, es muy importante subrayar que la sociedad peruana tiene un alto
aprecio por la educación. En una gran diversidad de investigaciones para explicar
el motivo de las migraciones, se reconoce que uno de los factores que han impul-
sado a las familias a desarraigarse de su lugar de origen ha sido la búsqueda de
una mejor educación para sus hijos y la percepción de que una mejor educación
significaría mayores ingresos y oportunidades de progreso. Definitivamente, la edu-
cación es considerada como un instrumento de ascenso social y bienestar futuro.
Hace poco se informó que uno de los principales usos del dinero enviado del ex-
tranjero por los emigrantes peruanos es destinado a financiar la educación de sus
familiares.

Estamos viviendo un momento histórico sin precedentes. La economía ha crecido
sostenidamente durante los últimos cinco años con tasas mayores del 5% y con
una inflación del orden del 2%. Se proyecta que esta tendencia continuará durante
el próximo quinquenio, dado que la economía internacional, con el protagonismo de
China e India, mantendrá altos los niveles de los precios de las materias primas que
el Perú exporta. Los ingresos y el ahorro del Estado crecen, la proporción de la
deuda pública se reduce y el riesgo país alcanza mínimos históricos. Todo ello con-
figura un entorno muy positivo para atraer más inversiones y asegurar un creci-
miento futuro vigoroso y sostenido. El gran desafío radica en impulsar un creci-

13

miento de calidad, pero que incorpore a la población más pobre y marginada del
país con más y mejores empleos, ingresos y servicios públicos. Para lograr estos
objetivos se tiene que emprender una verdadera revolución del sistema educativo.

Es evidente que la sociedad no forma de manera espontánea a sus médicos, inge-
nieros y ejecutivos y a los trabajadores calificados que requiere el desarrollo del
país, en un contexto de gran competitividad internacional. Los conocimientos y las
habilidades se crean y recrean en los procesos de investigación y enseñanza y se
ejercitan y perfeccionan en los sistemas formales. La magnitud de la tarea es enor-
me. José Rivero nos informa que el Ministerio de Educación gestiona 60 000 cole-
gios con 8 millones de alumnos y paga a 320 000 docentes.

El autor nos invita a superar los siguientes desencuentros:

• Magisterio desengañado.
• Incompetencia política para asumir las reformas.
• Indiferencia ante las demandas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
• Desacuerdos frente al Acuerdo Nacional.
• Una emergencia no correspondida.
• Militarización de la educación.
• Mala culminación del proceso de Carrera Pública Magisterial.

Nos señala también el enorme despliegue de los propios docentes que participan
en un sinnúmero de organizaciones y en múltiples jornadas de trabajo para elabo-
rar propuestas importantes orientadas a enriquecer la visión y el diseño de la nueva
educación y nutrir con su experiencia sus contenidos. Subraya el hecho expresado
en la evaluación reciente a los docentes en la que la mitad de ellos manifiesta estar
satisfecho con el ejercicio de la docencia y que la principal fuente de satisfacción
proviene de la misma docencia y del trabajo con sus alumnos. Esta actitud es alen-
tadora, pues se cuenta con esta base de apoyo para emprender la reforma de la
educación: «La docencia es una profesión moral e intelectual y no solo una profe-
sión técnica; y la enseñanza es una actividad construida sobre bases emocionales
e intelectuales».

En efecto, la sociedad civil ha construido un rico tejido institucional y ha formulado
propuestas muy valiosas. Tan solo en este siglo XXI existen las siguientes: la Con-
sulta Nacional (2001), el Foro del Acuerdo Nacional (2004), la Ley General de
Educación, el Consejo Nacional de Educación, el Pacto Social de Compromisos
Recíprocos por la Educación (2004), el Foro Nacional Educación para Todos y el
Proyecto Educativo Nacional (resolución suprema de 2007).

14

También nos indica que no solo hay documentos con propuestas, sino muchos casos
exitosos en marcha y que están ofreciendo su experiencia durante varias décadas.
Son organizaciones que muestran métodos educativos innovadores en diversos lu-
gares del país: Fe y Alegría, Ayuda en Acción, CARE, Centros de Alternancia, Cepeser
y Promev en Piura, Formabiab en la Amazonía, Tarea en Cusco y Ayacucho,
Pukllasunchis en Cusco, entre otras.

La nueva aula, afirma el autor, tiene que recuperar al alumno como el protagonista
para enfrentar los problemas: «la pedagogía de la pregunta». En ella se debe ejer-
citar permanentemente la reflexión, entender los hechos y actuar transformando la
realidad. Esto demanda ingeniosidad y capacidad para actuar de manera
interrelacionada e interdisciplinaria, para fortalecer su capacidad de adquirir nue-
vos conocimientos, resolver nuevos problemas, ejercitar la creatividad y el pensa-
miento crítico y la actitud de abordar los problemas de manera diferente. En resu-
men, el niño debe capacitarse para:

• Aprender a tener opinión.
• Situarse frente a las cosas.
• Expresar sus puntos de vista.
• Tener sentido de la inter y la multiculturalidad.

Para lograr estos objetivos el autor plantea una idea central: el eje motriz de la
reforma educativa del país es la ESCUELA, donde el Director es el líder de un
equipo de profesores vinculados con las organizaciones sociales y atentos a las
necesidades de la comunidad. Por eso, la descentralización en torno de los gobier-
nos regionales y locales es una extraordinaria oportunidad histórica para implementar
una vigorosa y efectiva reforma educativa que, a su vez, fortalecerá la institucionalidad
local.

Para este propósito contamos con 5 621 directores de colegios secundarios y 30
000 directores de colegios primarios. Estos deben ser los impulsores del cambio.
Para ello los profesores tienen que capacitarse trabajando en equipo en la misma
acción de enseñar y liderando a los alumnos a aprender resolviendo los problemas
de la comunidad. Sugiere que la capacitación docente debe comprender métodos
y didácticas, relaciones humanas de trabajo en equipo, cultura de los alumnos,
tecnologías de la información, y actualización de contenidos. ¡Cuán urgente sería
para Pisco contar con este tipo de escuelas, y con docentes y alumnos que contri-
buyan a organizar a la población en este tipo de circunstancias!

Finalmente, el autor recomienda captar a las personas e instituciones convencidas
del cambio para emprender las siguientes actividades:

15

• Investigación.
• Producción de textos.
• Formación de docentes.
• Comunicación con la comunidad.
• Renovar técnicas, materiales y medios didácticos.
• Infraestructura.
• Adaptarse a lo que necesita la comunidad.

El libro que nos ofrece José Rivero es un compendio sobre los problemas de la
educación en el Perú; pero, sobre todo, es un cálido e indignado recuento de lo
ocurrido con los denodados esfuerzos para mejorar nuestra educación y una siste-
matización de las propuestas para emprender la reforma educativa. Recursos hay;
también tenemos el conocimiento acerca de cómo realizarla y, además, contamos
con gente capaz y creativa dispuesta a sumarse a este empeño. Lo demuestran
sus testimonios. Es evidente que se necesita una vigorosa voluntad política de los
gobernantes y una participación efectiva de la sociedad civil, sostenida durante los
próximos veinte años.

Este es, por eso, un libro de lectura obligada para la «clase política», para los docen-
tes, para los universitarios, para nuestros hijos y para todos aquellos que están con-
vencidos de que el motor del progreso de una sociedad es su sistema educativo.

Por todo lo comentado, debemos agradecer a José Rivero por haber dedicado su
vida a la educación de nuestros pueblos con profesionalismo y cariño; y también
con una santa indignación que motiva hacer cosas buenas y grandes.

Carlos Amat y León Ch.

Agosto de 2007

17

PRESENTACIÓN
El presente y el futuro de la educación están estrechamente ligados,
condicionados o estimulados por decisiones políticas y contextos
socioeconómicos. Concebirla como una herramienta decisiva para un tra-
bajo de ciudadanía y de creación de capital social debiera ser determi-
nante para que ella no sea asunto que concierna solo al Ministerio de
Educación y los órganos descentralizados del sector, sino a un conjunto
coherente que contemple la participación de todos los interesados en el
futuro de nuestro país: maestros, padres de familia, medios de comunica-

PRESENTACIÓN
ción e información, empresarios, políticos y, por supuesto, los propios es-
tudiantes.

La bonanza que hoy vive el país, expresada en indicadores económicos
saludables, es importante aunque no suficiente para aliviar males
ancestrales. Un círculo vicioso de pobreza afecta a 14 millones de perua-
nos, 5,6 millones de ellos en pobreza extrema, sin salud, sin educación y
servicios básicos, sin empleo.

Manejar y ejecutar bien los recursos actuales y enfrentar a la vez el mal
de la pobreza, la injusticia y la desigualdad de oportunidades para alcan-
zar una vida digna, demanda pensar en el futuro: en los niños insuficien-
temente educados y en los jóvenes que, al no encontrar trabajo en el
núcleo moderno de la economía, han multiplicado la informalidad en sus
diversas expresiones.

Apostar por la educación de las nuevas generaciones exige, a su vez,
superar la arraigada idea de que los problemas que ella afronta se corri-
gen en los centros educativos con disposiciones administrativas o lega-
les del Ministerio de Educación y del Congreso de la República. Esta
forma de pensar, atada al corto plazo, debe ser superada por políticas de
mediano y largo alcance que movilicen voluntades de la sociedad políti-
ca, la sociedad civil y la sociedad económica.

18

Tales políticas debieran partir por reconocer que en nuestro país conviven todas las
formas educativas, que no garantizan buenos rendimientos y carecen además de
instrumentos de medición de resultados que permitan hacer correcciones. Por ello, el
principal problema económico de nuestra educación son los costos que representa
para el país el número de alumnos desaprobados y desertores, en cuya educación se
ha invertido un capital económico que termina simplemente por perderse.

Este libro, amigo lector, que propone una mirada global e intenta explicar la com-
pleja realidad educativa peruana, es abierto y necesariamente inconcluso. Se ha
organizado con ilusión y esperanza, y con la convicción de que la crítica situación
de nuestra educación tiene salidas y de que las fuerzas endógenas son y serán
principal sustento de ellas.

El libro está dividido en tres partes. En la primera se presenta un amplio panorama
de la aguda crisis educativa, así como las múltiples evidencias de que es posible
remontarla a pesar de los reiterados desencuentros y las desconfianzas generadas
entre quienes dirigen y quienes ejecutan las políticas del sector. Las otras dos
están referidas a categorías específicas de actores claves involucrados en la edu-
cación y su desarrollo: los docentes y la clase política.

El contenido de la primera parte tiene su origen en el trabajo que me fuera solicita-
do por los amigos del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación con
motivo de la edición número 100 de su revista institucional. La vorágine de aconte-
cimientos políticos y educativos desarrollados en el país desde agosto de 2005
demandó una nueva lectura y recientes desarrollos. Así, el nuevo texto aborda en
conjunto y explica tanto la grave crisis de nuestra educación como la posibilidad de
remontarla.

La globalización como factor demandante de nuevas respuestas en el país ocupa
los capítulos referidos no solo a las principales tendencias mundiales de cambio
sino también a las visiones e influencia en el país del Banco Mundial. La situación
del magisterio, los insuficientes presupuestos y el descrédito de los mecanismos y
organismos de gestión son señalados como problemas sustantivos.

¿Es posible transformar nuestra actual educación? El Proyecto Educativo Nacional
y la forma como fue construido son la principal respuesta a este interrogante. Asu-
mido oficialmente por el Gobierno de Alan García, ha generado creciente concien-
cia en estamentos representativos de nuestra sociedad, de nuestra economía, en
agremiaciones docentes y de la clase política, sobre su potencialidad para servir de
línea orientadora de lo que hay que hacer en materia educativa en los próximos
tres lustros. Representa, pues, el norte que debe construirse desde hoy.

19

Hay, además, otros signos de esperanza. Ellos comprenden iniciativas populares
con enorme potencialidad para influir en la propia educación de nuestra población
más pobre, la apertura e interés de empresarios por apoyar innovaciones educati-
vas, nuevos escenarios no rutinarios para docentes y una persistente presencia
educativa de entes no educativos de la administración pública. Los últimos años, y
el primer semestre de este 2007, han revelado el creciente interés de los medios
de comunicación y la opinión pública por elevar el nivel de la educación como
medio esencial para encarar mejor nuestro futuro. La regionalización, a pesar de
sus insuficiencias, está significando un formidable impulso para despertar y orga-
nizar fuerzas de nuestras provincias y regiones en la construcción de proyectos
educativos regionales.

Desmintiendo un pesimismo casi absoluto, sustentado en los pobrísimos resulta-
dos conseguidos en pruebas aplicadas a docentes y alumnos, es posible afirmar
que a lo largo del país se pueden encontrar multitud de esfuerzos en redes educa-
tivas y grupos docentes y de experiencias calificadas promovidas por instituciones
de la sociedad civil que alientan, en escuelas fiscales del medio rural y urbano
marginal, la modificación de prácticas y la renovación de materiales y estrategias
pedagógicas. Los buenos resultados de esas experiencias debieran merecer mejor
y mayor atención del Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y los órga-
nos descentralizados.

En la segunda parte, relativa al factor docente, se constata una realidad severa:
contamos con un magisterio instalado en la franja salarial de la pobreza, con baja
autoestima, en precarias condiciones de vida y con una débil formación inicial res-
pecto de las influencias de los medios masivos. Ello impide a muchos docentes
convertirse en líderes capaces de influir decisivamente en el logro de una sociedad
más educada.

Por una serie de circunstancias, en la propia acción magisterial y en la visión del
Estado y la sociedad acerca del magisterio están ausentes, en la práctica, el senti-
do que tiene la educación. Hoy el maestro sigue educando sin preguntarse cómo
aplicar mejor el inmenso poder que les da su condición docente con núcleos de
niños y jóvenes a su cargo, sin internalizar suficientemente que de él se espera,
sobre todo, que el alumno logre aprender. En el texto se parte de reconocer que el
docente es a la vez un trabajador y un profesional, pero que debe ser o tratar de ser
fundamentalmente un profesional. Esto tiene que ver con su paso por instituciones
de educación superior y con los estímulos que implican el ingreso y los ascensos
en una carrera profesional.

20

En esta segunda parte se cuestiona también el facilismo con que la clase dirigente
y algunos medios de comunicación cargan la principal responsabilidad de nuestros
endémicos males educativos a la inacción del docente o a la conducción
unidireccional de su sindicato por dirigencias que mantienen hegemonía político-
partidaria por más de tres décadas.

Tratar de responsabilizar solo a los docentes de nuestros bajos niveles educativos es
a todas luces injusto. El papel ejercido por el Estado y sus representantes tiene
mucho que ver con la precariedad docente. Hay muchos profesores verdaderamente
entregados a su labor y con genuina vocación de maestros. Pero si el sistema no les
entrega el mínimo de recursos que una educación de calidad exige, si los recién
egresados son fagocitados por un cuerpo docente cansado y en gran parte inamovi-
ble en su descontento y su recelo, será difícil reconstruir nuestra educación.

Esta segunda parte se inicia con las principales demandas de profesionalización
docente de los nuevos escenarios educativos en el recién iniciado siglo XXI, en los
que sobresale la idea de educación a lo largo de la vida y el uso cada vez mayor de
nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Los principales aspectos
críticos que han afectado una política magisterial en el país, así como las caracte-
rísticas más relevantes de esta, son abordados en sendos capítulos.

Las organizaciones representativas de los docentes, sus planteamientos y las opi-
niones de maestros y maestras de base en la encuesta nacional Unesco desarro-
llada a inicios de la presente década, ofrecen importantes elementos de juicio para
valorar aportes y reflexiones magisteriales sobre temáticas que, a pesar de ser
propias y atañer directamente a docentes, no han tenido la posibilidad de ser sufi-
cientemente canalizadas.

Culminar este libro demandó conocer el desenlace de la aprobación y promulgación
de la nueva Carrera Pública Magisterial. Como en pocas ocasiones, el país fue
testigo del modo como el factor político coyuntural —derivado del enfrentamiento
Gobierno/SUTEP— convirtió en fuente de sospecha magisterial un texto legal con
elementos importantes orientados a una mayor profesionalización y mejor recono-
cimiento de los esfuerzos de muchos buenos docentes. La apresurada aprobación
—sin debate en el Congreso—, y la posterior promulgación de la ley 29062, Ley de
Carrera Pública Magisterial, significó la pésima culminación de un proceso que
tuvo antecedentes significativos y que mereció mejor final.

La tercera parte revela, en tres escenarios, las múltiples iniciativas de nuestra clase
política en materia educativa, y las serias dificultades que han debido enfrentar

21

gobiernos de todas las tendencias para culminar bien esas iniciativas y superar tales
obstáculos.

Un primer escenario está ligado a la acción educativa de diversos gobiernos milita-
res. Los avances en materia de infraestructura educativa durante el ochenio odriista
y la reforma educativa de la década de 1970 son particularmente reseñados. El
lúcido —y, a la vez, controversial— proceso de reforma educativa desarrollado en el
Gobierno Militar del general Juan Velasco Alvarado, conducido por personalidades
como Augusto Salazar Bondy o Emilio Barrantes, es analizado desde mi doble
condición de partícipe en su ejecución y de observador del quehacer educativo que
se aproxima a la reforma transcurridas tres décadas. Considerada como el esfuer-
zo nacional más serio realizado por peruanos mirando el largo plazo, la mencionada
reforma tuvo, desgraciadamente, escasos años de aplicación de acuerdo con sus
planteamientos originarios; devino luego frustración colectiva en la segunda fase
del Gobierno Militar, y se extinguió por último con la democracia belaundista.

El análisis de la acción educativa de los gobiernos nacionales desde la década de
1980 hasta los primeros años de este nuevo siglo indica con claridad que los
distintos gobiernos de este periodo no han creído en sus propias propuestas de
cambio educativo como para asumirlas y tratar de llevarlas a cabo en serio. Ningu-
no logró modificar o hacer los cambios deseados en la base del sistema educativo
nacional. Para cada Ministro, para cada Gobierno, la educación ha sido «su proble-
ma», de manera que las discusiones quedaron reducidas muchas veces a horarios
y textos, a traslados y ascensos; lo burocrático fue tan o más importante que lo
pedagógico. En este segundo escenario se presentan hasta siete claros ejemplos
de desencuentro entre la clase política y aspectos sustantivos de nuestra educa-
ción, que refuerzan los juicios anteriores.

El tercer escenario es la acción educativa del segundo Gobierno del presidente
Alan García. Esta parte del libro tiene como base un artículo de opinión publicado
en la revista Tarea. Las características de la acción gubernamental y la dinámica
generada en materia educativa demandaron un incremento notorio de textos y
comentarios adicionales hasta el mes de julio de 2007.

Podemos afirmar que somos un país duro, difícil, y, a la vez, de formidables poten-
cialidades. Con frecuencia nos referimos al Perú como el país de las oportunidades
perdidas, donde rara vez se concreta un proyecto de largo plazo. Esa enorme po-
tencialidad reside en que se cuenta con una Ley General de Educación, con regio-
nes movilizadas en procura de ejecutar o culminar procesos referidos a proyectos
educativos regionales, con múltiples actores magisteriales y entidades de la socie-

22

dad civil dispuestas a cooperar, y con un Proyecto Educativo Nacional con políticas
y resultados pensados en el largo plazo y con el concurso de todos los actores. Por
eso, la responsabilidad del Gobierno del presidente Alan García es enorme, y consis-
te en no frustrar esa potencialidad y canalizarla con voluntad política, decisión y au-
dacia, expresada en mayores presupuestos y renovados mecanismos de gestión.

El clima de recelo y confrontación vivido durante julio de 2007 es perjudicial para el
país, pues augura, sea cual fuere su desenlace, largos conflictos que perjudicarán
sobre todo a los alumnos de la escuela pública. El tormentoso julio, que coincidió
con la culminación de este trabajo, mostró mayores capacidades de movilización
de organizaciones sociales que protestaban por distintas razones, sin que se haya
dado una reactivación de los entes políticos. Ese escenario confirma que la priori-
dad debe ser el combate contra la exclusión social. La mejor educación para quie-
nes acuden a una escuela pública empobrecida es una demanda perentoria.

Este libro está dedicado a seres queridos y a los educadores de nuestro país. En
recuerdo de los entrañables colegas y amigos Juan Abugattas y Simón Romero
Lozano, tempranamente desaparecidos, quiero testimoniar mi gratitud tanto a los
educadores que me acogieron al volver a este amado Perú después de dos déca-
das de desempeñar tareas internacionales, como a maestros que influyeron en mi
crecimiento profesional en el exterior. Juan dejó como recuerdo perenne de su
paso por el Ministerio de Educación, y demanda aún pendiente, la conversión de
nuestras escuelas públicas en ámbitos amables donde nuestros niños y niñas se
sientan estimulados y escuchados. Simón supo generar y conducir con maestría,
desde su condición de Director Regional de la Unesco, el Proyecto Principal de
Educación en América Latina y el Caribe, pieza clave para acentuar en la región la
idea de la educación como derecho básico antes que como servicio.

Buen número de las ideas aquí presentadas han sido estimuladas en dos institu-
ciones que me ayudaron a reinsertarme mejor en mi país luego de dos décadas
trabajando al servicio de la educación latinoamericana, pues me permitieron apor-
tar individual y colectivamente al país y también crecer aprendiendo de colegas y
amigos en ámbitos plurales y respetuosos de las opiniones ajenas. Me refiero a
Foro Educativo y al Consejo Nacional de Educación.

Agradezco a Ayuda en Acción y a Tarea, instituciones calificadas en sus servicios a
nuestra educación, por su confianza y generosas contribuciones, sin las que no
hubiese sido posible que estos textos estén en sus manos.

Los amigos de SNV-Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo tuvieron la
iniciativa de aportar con CD impresos con el texto del libro. Mi gratitud a ellos.

23

Quiero reconocer también las opiniones, críticas y sugerencias recibidas de los
lectores de los tres textos, amigos y colegas: Luis Guerrero, lector de la Parte I;
Marta López de Castilla y Miguel Saravia, de la Parte II; y Manuel Bello, de la Parte
III. Sus aportes y su generosidad significaron importantes estímulos.

El lúcido y generoso prólogo de Carlos Amat y León honra a este libro. Se lo agra-
dezco de veras.

En recientes declaraciones, nuestra ilustre historiadora María Rostworowski afir-
maba refiriéndose al futuro del Perú: «Aunque no lo deseemos, tenemos porvenir.
La corriente hacia delante es tan fuerte, que ya no nos podemos quedar más tiem-
po atrás […] [debemos] tener conciencia de lo que somos, despertar, tener con-
ciencia de que somos un pueblo que está en devenir […]».

Sus palabras, su convicción, son necesarias para asumir que, como se postula en
este libro, los graves obstáculos y las reconocidas e innumerables carencias de
nuestra educación deben ser acicate y no derrota anunciada. La palabra problema
no debiera ser término extraño en la actividad educativa. La crisis es oportunidad
de recreación y de construir un futuro mejor. Contamos con fuerzas propias para
concretarlo.

José Rivero

Lima, agosto de 2007

PARTE I

LA EDUCACIÓN PERUANA
S I S I RC
CRISIS
Y POSIBILIDAD

PARTE I

LA EDUCACIÓN PERUANA:
CRISIS Y POSIBILIDAD

1. Crecimiento económico y desigualdad social, factor condicionante
de la educación peruana 32
a. Entre el crecimiento y la pobreza acumulada 32
b. Expresiones educativas de la desigualdad social 35

2. La grave situación educativa peruana 37
a. Un diagnóstico importante 37
b. Tres elementos centrales de la crisis: magisterio, financiamiento y gestión 39
c. Las evidencias de una baja calidad educativa en el Perú 56
d. La corrupción en el sistema educativo 62

3. Educación en el medio rural peruano: principal expresión de
desigualdad de oportunidades 65
a. Las principales expresiones educativas de la pobreza en medios rurales 66
b. La escuela rural: identificación de situaciones críticas que obstaculizan
su desarrollo 71

4. Las iniciales respuestas a la crisis educativa 79
a. El Foro del Acuerdo Nacional y el Pacto Social de Compromisos Recíprocos
para la Educación 79
b. Las exigencias de la Emergencia Educativa 81
c. Avances en el Ministerio de Educación durante los últimos años 83

5. Principales tendencias mundiales de cambio en la educación 86
a. Las nuevas teorías educativas 87
b. Las estrategias de cambio educativo; prioridad a los cambios institucionales 88
c. Recursos financieros: condición necesaria pero no suficiente para el
cambio educativo 91
d. Las nuevas demandas a la educación: la sociedad del conocimiento,
los requerimientos de calificación de los recursos humanos, y el control
social de la democratización educativa 91

6. Las visiones del Banco Mundial 94
a. El sentido de las acciones educativas promovidas por el Banco Mundial 94
b. La influencia del Banco Mundial en el Perú 99
c. Las dificultades operativas de proyectos tipo Banco Mundial 101

7. ¿Es posible transformar nuestra educación?
Algunos signos de esperanza 104
a. Elevación de conciencia sobre importancia de la buena educación para
el buen desarrollo nacional 105
b. Potencialidad de iniciativas populares 107
c. Magisterio: nuevos escenarios 110
d. Mayor interés de empresarios por la educación 112
e. Papel educativo de diversos entes de la administración pública 112

8. El Proyecto Educativo Nacional 115
a. La construcción del Proyecto Educativo Nacional 115
b. Los objetivos y políticas del PEN 118

9. Regionalización: ventana de oportunidades 125
a. La segunda regionalización 125
b. Principales avances en la construcción de proyectos educativos regionales 129
c. Algunos problemas que afectan a la regionalización 138

10. Buenas prácticas y potencialidad institucional 145
a. Redes institucionales en pro de mejores gestiones y aprendizajes 146
b. Experiencias innovadoras en nuestras tres regiones naturales 151
c. Movilización institucional en apoyo al PEN 159

Bibliografía 164

28 PARTE I LA EDUCACIÓN PERUANA: CRISIS Y POSIBILIDAD

“ Entendemos que el Perú quiere una radical renovación...”
Jorge Basadre, historiador peruano.
“Con el pueblo y con la patria”.

“ La palabra ‘crisis’ en griego significa un tiempo de reflexión.
Un tiempo para tomarle pulso a las cosas, para descubrir lo
que ya no camina, pero que ha permitido abrir una nueva
etapa. No sólo es la descripción de algo que se deteriora,
sino es más bien el reconocimiento de un tiempo fuerte, en
el que se está pariendo una novedad”
Alejandro Cussianovich, educador peruano.
Educación popular en debate

PARTE I LA EDUCACIÓN PERUANA: CRISIS Y POSIBILIDAD 29

A
mediados de la primera década del siglo veintiuno, el Perú acusa marcados con-
trastes entre su crecimiento económico y claros desajustes de orden social, parti-
cularmente en el ámbito educativo.

Un informe macroeconómico de medición y monitoreo de la gestión gubernamen-
tal entregado al país en marzo del 2007 por el equipo del Centro de Investigacio-
nes de la Universidad del Pacífico (CIUP) es revelador: remarca un claro creci-
miento del país durante períodos prolongados, con una reciente oleada de inver-
sión privada. El crecimiento económico peruano de los últimos seis años (con pro-
medios anuales que oscilan entre 5% y 7%) no tiene precedentes desde 1970.
Explican este desempeño el buen rendimiento mundial de los precios de los mine-
rales, el crecimiento de sectores no tradicionales (distintos a los productos bási-
cos), la exportación de productos agrícolas y el mantenimiento ordenado de las
cuentas fiscales. En contraste, según señala el informe, el área que congrega el
mayor número de indicadores negativos en el país es la educación.

El bajo desempeño educativo deja traslucir las desigualdades y la exclusión del
sistema. El mencionado estudio observa que las brechas entre las zonas rurales y
urbanas se han ampliado; es decir, las mejoras en cobertura benefician en mayor
medida a la población urbana y, peor aún, la calidad educativa en la zona rural va
menguando.1

1
“La parte urbana del mercado laboral goza de mayores ingresos y en la parte rural las familias no están
mejorando lo suficiente como para enviar a los chicos al colegio. Y encima la calidad se está deterioran-
do”, precisa Eduardo Morón, investigador responsable del proyecto del CIUP, citado por Patricia Salas,
presidenta del Consejo Nacional de Educación, en su artículo “Desigualdades en el sistema educativo
opacan el crecimiento en otras áreas”, publicado en El Comercio (8.4.2007). Ella puntualiza, además, en


LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN PERUANA SE EXPRESA EN LA CONTRADICCIÓN EXISTENTE
ENTRE LOS GRANDES ESFUERZOS QUE HACE LA CASI TOTALIDAD DE LAS FAMILIAS PERUA-
NAS PROPUGNANDO PARA SUS HIJOS EL ACCESO A UNA EDUCACIÓN ADECUADA Y LA NO
CORRESPONDENCIA DE ESTOS ESFUERZOS CON UN SISTEMA QUE NO SE CENTRA EN EL
ALUMNO COMO SU FIN ÚLTIMO.

Hace una década, la visión oficial sobre nuestra educación era mucho más opti-
mista. En agosto de 1997, a propósito del seguro escolar gratuito anunciado por el
gobierno de Alberto Fujimori, se reiteraba en espacios publicitarios televisivos la
consigna “Para hacer de nuestra educación la mejor de América”. Sin embargo, a
pesar de tales anuncios, divulgados con la complacencia de medios de comunica-
ción utilizados entonces arbitrariamente, la educación peruana no sólo distaba de
ser una de las mejores sino que presentaba algunas de las más alarmantes situa-
ciones de involución educativa de la región. En el primer estudio regional compara-
tivo desarrollado por la UNESCO entre 1997 y 1998, el gobierno del Perú fue el
único de los trece países participantes que no autorizó publicar los bajos resulta-
dos de sus estudiantes.

Si bien la educación peruana inició la década de 1990 en una situación crítica
influida por el colapso de la economía hacia finales del primer gobierno de Alan
García, más preocupante aún es que iniciara el nuevo siglo en una situación agra-
vada. Los considerables avances en materia de expansión de la matrícula y de la
universalización de la educación primaria han sido insuficientes2.

La educación peruana lleva casi tres décadas de deterioro progresivo. Los princi-
pales problemas son la baja calidad de la enseñanza y los magros resultados, en
materia de aprendizaje, de los estudiantes y los egresados.

el mismo artículo, que “En el Proyecto Educativo Nacional hemos hecho hincapié en este apartheid
educativo, es decir, una educación para la gente pudiente y otra para los pobres, lo cual es una situación
de injusticia terrible. Y cuidado que la violencia se desata por carencias, pero más por desigualdades y
resentimientos”.
2
El sistema educativo peruano cuenta con más de 60 000 centros educativos, cerca de 400 000 docen-
tes (320 413 pagados por el Estado) y más de 18 000 programas no escolarizados. Al 2003 había
8 570 065 alumnos en el sistema educativo formal en centros educativos públicos (85,2% del total de la
matrícula) y privados entodos los niveles, excepto el universitario (Unidad de Estadística del Ministerio de
Educación, 2003).


La crisis peruana se expresa en la contradicción entre los grandes esfuerzos de
casi la totalidad de las familias del país, que propugnan para sus hijos el acceso a
una educación adecuada, y la falta de correspondencia de esos esfuerzos con un
sistema cuyo fin último no es el alumno.

En el sistema educativo peruano, la capacidad de retención de los estudiantes es
débil. Agrava esta situación un gasto público que representa alrededor de 3% del
producto bruto interno (PBI), menos que el promedio latinoamericano (4,6%). La
creciente demanda colectiva de mayores recursos para la educación no sólo tiene
como principal obstáculo la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos
por priorizar la educación, sino también los esquemas de asignación del gasto, la
carencia de incentivos, la no focalización de las políticas en el bienestar de los
alumnos y una normatividad poco efectiva.

El año 2003 la educación peruana fue declarada en estado de emergencia nacio-
nal. En esta publicación se asocia esa emergencia a la pobreza creciente, así como
a la desigualdad de oportunidades sociales y educativas imperante; asimismo, se
señalan los elementos centrales de la crisis. En la parte final se abordan las res-
puestas políticas ensayadas durante la última década y los principales programas,
consensos y propuestas como posibles salidas a la crisis.3

3
El análisis de la educación superior o universitaria no forma parte de este trabajo. Cabe señalar, sin
embargo, que forman parte del actual escenario universitario la falta de una política de educación supe-
rior, los escasos fondos asignados a la investigación científica y tecnológica y el caótico gobierno de
acuerdo con el libre albedrío de cada universidad, así como muchas universidades sin acreditación sufi-
ciente.


1. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESIGUALDAD
SOCIAL, FACTOR CONDICIONANTE DE LA
EDUCACIÓN PERUANA

a. ENTRE EL CRECIMIENTO Y LA POBREZA ACUMULADA
Desde la década de 1990, en Latinoamérica se experimentó un cambio radical
que permitió recobrar la estabilidad macroeconómica perdida en el decenio de
1980. Esto se logró vía la adopción de profundas reformas económicas, con resul-
tados que han agravado la ya precaria equidad de entonces.

De acuerdo con un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID 1999),
América Latina tenía, al finalizar la década anterior, la peor distribución de ingresos
del mundo. El informe agrega que, a pesar de las reformas macroeconómicas, la
desigualdad en los ingresos demuestra que no hay “señales visibles de mejora-
miento” (CEPAL 2004). El 10% más rico incrementó sus ingresos treinta veces más
que los más pobres en la escala social latinoamericana y concentró 40% de los
ingresos.

Las cifras de la CEPAL indican que si bien en el 2004 los latinoamericanos en situa-
ción de pobreza disminuyeron levemente, sumaron 224 millones de personas, equi-
valentes a 43,2% de la población. Además, se incrementó la desigualdad: el número
de indigentes (personas que viven con menos de un dólar por día) se situó en 98
millones, es decir, 18,9 % de la población total de América Latina (CEPAL 2004).

El Perú no es la excepción. A pesar del excelente desempeño ya señalado en
materia de crecimiento económico sostenido, no hay una reducción similar de la
enorme pobreza vigente: se calcula en apenas 2,7% durante el período del presi-
dente Alejandro Toledo (Vásquez y Franco 2007), uno de cada dos peruanos sigue
siendo pobre y el ingreso per cápita da muestras de involución respecto a otros
países.

Las cifras del Censo Nacional de Población del 2005 arrojan un total de 27 219 264
habitantes, cifra menor que lo esperado. Una razón esgrimida para explicarlo es
que entre el 2001 y el 2005 salieron del país alrededor de 210 mil personas por


año, expulsadas por la pobreza y la falta de oportunidades laborales. Cifras de la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) (INEI 2005) indican que más de la mitad
de la población peruana es pobre y casi un quinto se halla en situación de pobreza
extrema, es decir, no accede a una canasta mínima de bienes y servicios básicos.
Estos datos reflejan, además, diferencias entre zonas urbanas y rurales. Lima Me-
tropolitana muestra menores grados de pobreza; la sierra, el mayor. Las más altas
tasas de pobreza y extrema pobreza se encuentran en Huancavelica: 88% y 74%
respectivamente.

En el Perú, la pobreza está asociada a grandes desigualdades en la distribución del
ingreso. Una familia del segmento D tiene un ingreso promedio de 230 dólares al
mes; el sector A gana en promedio 3 320 dólares; y algunas familias del sector E a
veces no superan los 60 dólares mensuales. La proporción del consumo del quintil
más pobre, en relación con el consumo total, equivale a 5,91% del total del consu-
mo urbano y a 7,68% del total del consumo en zonas rurales (ONU-Perú 2004).

El nivel educativo de los jefes de hogar está estrechamente relacionado con la
situación de pobreza de sus familias: un jefe de hogar pobre promedio tiene sólo
estudios primarios; los jefes de hogares no pobres, por lo menos tienen estudios
secundarios.

Otro aspecto importante desde lo socioeducativo es el laboral. El empleo continúa
siendo un débil eslabón de la actual transformación productiva. Según cifras oficia-
les, la población económicamente activa (PEA) está conformada por aproximada-
mente 12,8 millones de personas, dos terceras partes en áreas urbanas y un tercio
en el área rural. La precariedad laboral caracteriza a una amplia proporción de la
mano de obra: casi la mitad de la fuerza laboral del área urbana se encuentra en
situación de subempleo con bajos ingresos. En el 2001, el promedio de ingreso
mensual de todos los ocupados del país fue de 698 soles, aunque con grandes
diferencias: en el área rural apenas ascendió a 292 soles y en el área urbana a
890 soles.4 Además, los salarios cayeron en 6% para el grueso de la población en
el período 1997-1999 (Francke 1999).

Las diferencias educativas son evidentes. Mientras que en el ámbito urbano 22%
de los ocupados tienen educación superior (universitaria y no universi-taria), en el
rural sólo 5% alcanzan ese nivel. Esto repercute en mayores ingresos y oportunida-
des de empleo para quienes viven en las áreas urbanas (MED et al. 2007). A lo

4
Convenio Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Encuesta Nacional de Hogares Especializada en Empleo, 2001.


LAS POLÍTICAS DE EDUCACIÓN DEBEN CONSIDERAR MÁS ENFÁTICAMENTE EL CONTEXTO
SOCIAL DE POBREZA Y, EN ESPECIAL, CÓMO CONTRIBUIR A SUPERAR EL «CÍRCULO VICIO-
SO DE LA POBREZA» ASOCIANDO LOS APRENDIZAJES A FACTORES PRODUCTIVOS.

anterior se añade el impacto de la aplicación de nuevas tecnologías, determinante
para que trabajadores escasamente calificados se vean enfrentados al desempleo,
la pérdida de participación en el ingreso o ambas situaciones, generándose así una
creciente desigualdad respecto a los altamente calificados, cuyas oportunidades
económicas van en aumento.

Un hecho peculiar es el aumento de la informalidad: de 45% del PBI en la década
de 1980 pasó a 60,9% en el año 2000, según un estudio de la Universidad de Linz
dada a conocer en el diario El Comercio (10.1.2005) que sindica a la economía
peruana como la sexta más informal del mundo, antecedida sólo por Bolivia, Geor-
gia, Panamá, Zimbabwe y Azerbaiyán. Un alto porcentaje de la población ocupada
no tiene formación profesional o técnica completa; es un grupo heterogéneo con
experiencia empírica, poca capacitación laboral y sin conocimientos para el trabajo
(MED et al. 2007).

Los elementos expuestos refuerzan la importancia de que las políticas de educa-
ción consideren más enfáticamente el contexto social de pobreza y, en especial,
cómo contribuir a superar el “círculo vicioso de la pobreza” asociando los aprendi-
zajes a factores productivos.

En el Perú, la formación profesional se brinda en centros de educación secundaria,
centros educativos ocupacionales (CEO) y programas educativos ocupacionales
(ambos en proceso de conversión a centros de educación técnico-productiva, CE-
TPRO), en institutos superiores tecnológicos (IST), universidades y servicios secto-
riales de formación profesional. El diseño y la ejecución de un sistema de forma-
ción profesional tiene como principales entes responsables a los ministerios de
Trabajo y Promoción del Empleo y al de Educación.

La evidente desarticulación de los procesos formativos respecto a los requerimien-
tos del mercado laboral y productivo impide que los egresados de los centros de
formación profesional accedan al mercado laboral. A esta realidad se suma la pos-
tergación que sufren los centros de formación técnica, con enfoques formativos


obsoletos, docentes sin actualización y huérfanos de equipos, e insuficientes he-
rramientas e infraestructura (Añaños 2007).

b. EXPRESIONES EDUCATIVAS DE LA DESIGUALDAD SOCIAL
En los procesos educativos, la desigualdad social se manifiesta de múltiples for-
mas:

• Cerca de 13% de los niños de hogares pobres declaran no asistir a la escuela, en
contraste con 8% de hogares no pobres. Esta diferencia es más notoria en las
zonas rurales y en los niveles educativos más altos. Un hallazgo importante es que
existen importantes disparidades entre los hogares pobres: los hijos de hogares
con una jefa de familia presentan tasas de matrícula inferiores que aquéllos con un
jefe de familia.

• El porcentaje de niños en edad escolar no matriculados en la escuela es más alto
en las zonas rurales (14%) que en las urbanas (9,7% en Lima Metropolitana y
8,2% en otras). Esta diferencia es mayor en los primeros niveles de escolarización
y entre niños más pequeños. En áreas urbanas, la falta de matrícula en primaria es
más alta en barrios marginales que en los más pudientes.

• Aun cuando la mayoría de los estudiantes se matriculan en la escuela primaria,
sólo un bajo porcentaje de los inscritos —los que provienen de hogares con mayo-
res ingresos— la culmina y continúa estudios en secundaria y la universidad. De
900 500 niños y niñas que ingresaron a la primaria en 1992, 233 230 no la culmi-
naron y sólo 444 847 terminaron la secundaria, aunque 76,4% con cinco repeti-
ciones en primaria o secundaria (Orihuela 2004).

• Las diferencias de género son más notables entre los niños de hogares pobres y
entre los que residen en zonas rurales; las tasas de matrícula de varones es supe-
rior a la de las mujeres, especialmente en los grupos de más edad y a niveles
superiores de escolarización. Sobre todo en la escuela secundaria, las muchachas
de hogares con una mujer como jefe de familia tienen menos posibilidades de
matricularse que los chicos, en contraste con hogares conducidos por varones,
independientemente de los ingresos (Sánchez-Páramo 2006).

• Las tasas de matrícula son inferiores entre los niños pobres indígenas frente a los
pobres no indígenas; igual situación se da con los no pobres indígenas y no indíge-
nas de las zonas rurales (Sánchez-Páramo 2006).


• Los estudiantes que proceden de familias con más altos ingresos tienen acceso a
mejores escuelas públicas o privadas. En estas escuelas, los maestros —más capa-
citados y mejor organizados— facilitan un mejor aprendizaje porque dedican más
tiempo a tareas de enseñanza y tienen más recursos para facilitar sus tareas. Los
sectores sociales menos favorecidos reciben, en cambio, una educación mediante
procedimientos y con docentes no preparados para responder a los requerimien-
tos ni a la heterogeneidad característica de estos estratos.

• En hogares con más altos ingresos, por lo general los padres procuran mejores
condiciones para que sus hijos accedan a libros, medios de comunicación e infor-
mación (televisión por cable, internet) y, en no pocos casos, profesores particulares
para afianzar materias o conocer otras. El tiempo que destinan a conversar con sus
hijos y su mayor bagaje cultural repercuten también en la formación de éstos. En
contraposición, los padres con bajos niveles educativos y acuciados por la supervi-
vencia diaria no están en condiciones de estimular la educación de sus hijos.

• Los cuidados y estímulos durante la primera infancia y la expansión de la educa-
ción inicial corresponden por lo general a niños de familias con mejores condicio-
nes de vida. A fines de la década pasada, los porcentajes de niños del quintil más
pobre que disfrutaban de la educación temprana eran muy inferiores a los de niños
provenientes de familias más pudientes.

El acceso a computadoras está determinado por la estructura de la distribución de
ingresos: en los segmentos de mayores ingresos (A y B) de Lima Metropolitana,
38% de hogares tienen computadoras; en el sector de menores ingresos (E), ape-
nas 0,3% (Manrique 2005).


2. LA GRAVE SITUACIÓN EDUCATIVA PERUANA

a. UN DIAGNÓSTICO IMPORTANTE
En el año 1993, a solicitud del Ministerio de Educación (MED), el Programa de la
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Cooperación Técnica Alemana (GTZ,
por sus siglas en alemán), el Banco Mundial y la UNESCO (Oficina Regional para
América Latina y el Caribe-OREALC) elaboraron, en diálogo con representantes del
Estado y de la sociedad civil, el “Diagnóstico general de la educación”. Una de las
principales conclusiones de este informe es que si bien el sistema educativo pe-
ruano tiene importantes índices de acceso en los niveles preescolar, primario, se-
cundario y universitario —respecto a los demás países de la región latinoamerica-
na—, la calidad impartida es particularmente crítica.

Seis son los aspectos más resaltantes encontrados al realizar el diagnóstico:

• Falta de un programa nacional de educación. El informe subraya la total ausencia de
liderazgo del Ministerio de Educación, con influencia sólo en Lima y el Callao.

• Reducida inversión en el sector, limitada conforme se agudizaron las restricciones
fiscales hacia fines de la década de 1980 e inicios de la siguiente.

• Rígida burocracia, unida a un exceso de normas y procedimientos superpuestos,
con predominio de la gestión administrativa y financiera sobre la pedagógica. Des-
aliento a iniciativas de los actores del sector, sumado a la baja preparación e inope-
ratividad de los funcionarios de organismos intermedios.

• Falta de idoneidad del currículo para la educación básica. Entre otros problemas, está
cargado de contenidos, prioriza la educación memorística, hay poca articulación en-
tre materias y no se ajusta a las características de un educando heterogéneo.5

5
El Perú es uno de los países que más tiempo y recursos (además de conflictos) ha destinado a la
construcción de sucesivos currículos. La misión interagencias es particularmente severa al señalar la


• Falta de materiales educativos pertinentes. Existen títulos producidos por casas
editoriales en su mayoría de corte fundamentalmente “enciclopedista” y con auto-
res sin especialización en temas específicos, materiales que no reflejan las realida-
des de los alumnos ni la de sus áreas geográficas y culturales.

• Deterioro y falta de infraestructura y mobiliario escolar. En su mayoría, los centros
educativos y el mobiliario se encuentran en condiciones deplorables. Las construc-
ciones y los materiales de construcción no tienen las condiciones mínimas para
favorecer las actividades educativas.

La respuesta central a estas dificultades no fue, sin embargo, una reforma educa-
cional acorde con lo que demandaba el diagnóstico. Se asemejó, más bien, a las
ensayadas por agencias de cooperación financiera, vía préstamos, en otros países
de la región: en 1994 se creó el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la
Educación Peruana (MECEP), en convenio con el Banco Mundial. Al préstamo que
conllevó el MECEP se unió otro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), or-
ganizado en cuatro componentes: a) educación inicial; b) educación secundaria; c)
educación para el trabajo; y d) fortalecimiento institucional. Los montos invertidos
por estos préstamos sirvieron para incrementar obligaciones financieras naciona-
les y no para transformar la educación.

Obtenidos esos préstamos, se apostó por los insumos (edificios, textos, materiales,
metodologías), suponiendo que al maestro le hacían falta medios y herramientas; y
por el currículo, asumiendo que normar un nuevo paquete de aprendizajes, más
sintonizados con las demandas de la época, arrastraría necesariamente una trans-
formación total de la calidad de la educación. Por lo demás, la opción de inaugurar
escuelas construidas con intenciones electorales, más que educativas, fue un sig-
no de esos tiempos.

En suma, el aparato público de gestión educativa no logró consolidar una mirada
sistémica de los problemas y desafíos, ni menos aún de las políticas educativas;
confundió medios con fines y se satisfizo en el procurar respuestas aisladas a
problemas específicos. No hubo, por lo demás, una preocupación por el feed back
ni por conocer el impacto final de esas políticas. Esta deficiencia la arrastramos
hasta hoy.

contradicción básica entre tratar de formular buenos currículos y no dar similar importancia a su com-
prensión y ejecución por parte de los maestros y padres de familia.


b. TRES ELEMENTOS CENTRALES DE LA CRISIS: MAGISTERIO,
FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN

• LA CONDICIÓN DOCENTE EN EL PERÚ

La docencia es objeto de una doble percepción social: se considera que el maestro
lo es todo y se le atribuyen muchas funciones sociales; y, en contraste, se la califica
como una profesión de bajo prestigio social, lo que se expresa en reducidos sala-
rios (con la idea de que cualquier persona puede ejercerla, aun sin una formación
específica para ello) y en la falta de estímulos para que los maestros se actualicen,
mejoren su labor e innoven. Este último juicio tiene implicancias desfavorables que
afectan el futuro de la profesión, pues desmotiva a los egresados de secundaria a
elegir la carrera docente o alienta a que quienes acceden a ella lo hagan como
segunda opción.6

En contraposición, se reconocen algunas ventajas de la profesión docente respec-
to a otras: la estabilidad laboral, la seguridad de recibir un ingreso fijo al mes en un
medio caracterizado por agudos índices de desempleo, y el contar con un período
vacacional extenso. Estas “ventajas” pueden haber influido para que opten por la
docencia sectores poco aptos para desempeñar profesiones más exigentes, asu-
miéndola como un refugio frente el desempleo antes que como una opción en la
cual pesan las aptitudes y las valoraciones. Aferrarse a estas prerrogativas, como
lo hacen determinadas dirigencias gremiales, puede abonar más bien contra el
prestigio de la profesión.

Las percepciones sobre los docentes definen en alguna medida los cambios de
sus roles sociales. El sentido y la autoridad de la práctica docente se vinculan con
los contextos en los que se desenvuelve dicha práctica; y la revalorización o reno-
vación de la imagen docente se dará en la realidad cotidiana del contexto en el que
se desempeñan. Mas, como veremos en otras secciones de este libro, los roles
sociales también se están jugando hoy en el debate sobre la profesionalización
docente y en lo que resulte de la nueva Carrera Pública Magisterial.

6
Esto es relativo cuando se trata de ciudades pequeñas, donde no hay universidades o no se ofertan
carreras atractivas. Allí, un instituto superior pedagógico suele ser la mejor opción para los mejores
estudiantes egresados de la secundaria.


Cuatro factores conspiran contra la revalorización de la carrera magisterial: a) el
bajo desempeño de muchos docentes, que se expresa en los resultados de varios
concursos de selección para plazas nombradas en el sistema educativo público,7
incluso entre formadores y directores de institutos pedagógicos;8 b) la proliferación
y heterogeneidad de instituciones formativas, muchas de muy baja calidad, resulta-
do de decisiones políticas para satisfacer demandas de los pueblos por la creación
o reapertura de instituciones, o del simple afán de lucro de sus promotores; c) una
práctica sindical economicista y cortoplacista, con dirigencias que siguen consig-
nas partidarias similares a las de hace tres décadas; y d) los pobres resultados de
las evaluaciones nacionales de rendimiento escolar.9

Analizando los datos del Ministerio de Educación,10 se puede señalar que:

• por sus valores y por su estructura, el sistema remunerativo vigente para los do-
centes peruanos no representa un mayor estímulo;11

• los docentes mejor remunerados apenas llegan a cubrir 50% de la canasta familiar
básica, calculada en 1 800 soles;

• la estructura vigente no contempla mayores diferencias entre el monto remunera-
tivo de un nivel magisterial y otro; el grupo de docentes mejor remunerado (V Nivel
Magisterial) se diferencia del grupo con menores ingresos (estrato E) en 22,7%;

7
La importante iniciativa de convocar un concurso para llenar plazas vacantes ocupadas por maestros
contratados, en el año 2001, durante la gestión ministerial de Nicolás Lynch, tuvo un final azaroso: se
nombró a una gran mayoría de profesores que no aprobaron la prueba (ver Trahtemberg 2002).
8
Al examen público de enero de 1999, convocado para nombrar a 29 256 docentes y directores de los
diferentes niveles educativos del sistema, se presentaron 107 979 postulantes. Sólo 16,2% lo aproba-
ron; y de ellos, 60% lo hicieron con la nota mínima de 11, mientras que 27% obtuvieron 12 y fracción
(sobre un puntaje de 20). Sólo cerca de 1% de los que aprobaron el examen obtuvieron 14 o más (INIDEN
1999).
9
Si bien es cierto que los rendimientos escolares —buenos o insuficientes— no se pueden atribuir exclu-
sivamente a los maestros, ante la opinión pública los bajos resultados escolares afectan la imagen del
magisterio.
10
De acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Educación, el año 2004 trabajaron en el conjunto
del sistema educativo 413 268 docentes distribuidos por niveles: en educación inicial, 10,8%; en prima-
ria, 46,0%; en secundaria, 39,3% y en otras modalidades —comprendidas la educación especial y la
ocupacional—, 3,9%.
11
La desvalorización de la profesión docente tiene que ver con las bajas remuneraciones y con un sistema
caótico de incentivos y bonificaciones que, contra toda norma racional, constituyen el mayor porcentaje
de los pagos mensuales que se hacen a los maestros. Esto no asegura una remuneración básica sufi-
ciente para cubrir las necesidades del docente y sus responsabilidades familiares.


• la diferencia entre un nivel magisterial y otro no llega, en el mejor de los casos, a
4%;

• no se vislumbra un conjunto estructurado de retribuciones monetarias y no mone-
tarias que se incluyan o adicionen al sistema remunerativo; y

• formalmente, la vigente Ley del Profesorado contempla múltiples bonificaciones,
algunas de las cuales se podrían asumir como incentivos. Sin embargo, respecto a
los incentivos reconocidos por ley se dan tres situaciones negativas: formalmente,
no llegan a constituir un cuerpo orgánico; privilegian una suerte de estabilidad
laboral permanente, ajena a incentivos y ascensos asociados a evaluaciones; y, en
la práctica, no se cumplen a cabalidad.

Lo descrito evidencia la poca atención de los gobiernos al ejercicio profesional de
la docencia y la falta de una política de Estado que garantice los recursos necesa-
rios para revertir esta situación de manera sostenida. Tanto el gremio docente como
el Estado, al poner el acento más en los aspectos laborales que en los profesiona-
les, han contribuido a construir una imagen docente de asalariado o empleado
público antes que de profesional.

Es sintomático que la dación de los dispositivos legislativos y estatutos que norman
la vida docente hayan coincidido con el final de los períodos presidenciales de
Fernando Belaunde y de Alan García: el estatuto docente en 1985 y su reglamen-
tación recién en el año 1990, respectivamente. En ambos casos se optó por dictar
medidas populistas, pensando en que el costo de su ejecución lo asumiría el go-
bierno siguiente.

El régimen de Alberto Fujimori, que siguió al de García, ignoró y “congeló” la aplica-
ción de esos dispositivos legales, reforzando la desconfianza entre los maestros
sobre el comportamiento de quienes tienen a cargo administrar el Estado.

El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) ha sido un
actor preponderante desde su creación. Su vinculación con el Estado se ha carac-
terizado por la denuncia y la pugna por mejores salarios y derechos laborales, in-
cluidos algunos hoy muy cuestionados, como la estabilidad a toda prueba. La reite-
rada utilización del derecho a la huelga como principal medio de lucha ha afectado
la educación del país y la imagen pública del gremio.12

12
En las secciones II y III de este libro se hacen referencias más extensas sobre este gremio docente.


• EL SIEMPRE INSUFICIENTE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

Históricamente, el desarrollo de la educación peruana muestra como constante dos
variables que se cruzan: una ascendente, correspondiente a la cobertura de la edu-
cación estatal gratuita —desde la educación inicial hasta la educación universitaria—, y
otra descendente, vinculada al cada vez menor financiamiento público de la educa-
ción, fuente de recursos más importante de la educación estatal (Díaz 2004).

Los recursos públicos para la educación llegaron a su nivel más bajo en 1990
(1,6% del PBI). Desde entonces comenzó una tendencia hacia la recuperación,
hasta bordear 3,2% de participación el año 2000, aunque todavía por debajo de
los promedios latinoamericanos.

El gasto público en educación

La inversión pública peruana en educación es una de las más bajas de Latinoamé-
rica. Entre los años 1992 y 2001 el gobierno central asignó un promedio anual de
16,5% de su inversión al sector educación (ONU 2004). De modo similar a otros
países de la región, este gasto está entre 85% y 90% destinado al pago de remu-
neraciones.

El gasto por alumno tuvo un importante proceso de recuperación en la década de
1990, al pasar de 368 a 730 soles anuales. Sin embargo, como se observa en el
cuadro 1, esta inversión, traducida a dólares, es una de las más bajas de los países
iberoamericanos.

Cuadro 1
INVERSIÓN PROMEDIO POR ESTUDIANTE
(dólares)

País Inversión por alumno

España 2 713
Argentina 1 134
Brasil 947
México 734
Chile 660
Costa Rica 592
Colombia 430
Perú 251
Ecuador 226

FUENTE: tomado de Antonio Sancho (2001).


Cabe añadir otros datos (INIDEN 2004b):

• Chile, para una matrícula que es casi la tercera parte del alumnado peruano, invier-
te anualmente 3 400 millones de dólares; es decir, 1 100 millones de dólares más
que el Perú.
• La matrícula pública en Colombia es 30% superior a la peruana; su presupuesto es
80% mayor que el asignado en el Perú.
• Estados Unidos, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y España invierten respectivamente, en educación primaria,
36, 28 y 18 veces lo que el Perú.
• De cada sol incluido en el presupuesto para educación de los gobiernos regionales
del Perú, la mitad (50 céntimos) se destina a bienes y servicios. Se estima que lo
asignado a las escuelas está entre 0,30 y 0,35 céntimos de sol. A cada alumno le
corresponde un promedio de 0,5 dólares al mes.

El problema se agrava debido al alto número de repitentes y desertores. En el año
2002, en primaria y secundaria fueron desaprobados 813 mil alumnos y abandona-
ron sus estudios 279 mil. La inversión del Estado en ellos fue de 190 millones de
dólares. Una suma similar se debió invertir nuevamente en el 2003, puesto que esos
alumnos volvieron a las escuelas para intentar pasar al grado siguiente (INIDEN 2003).

El gasto de capital se incrementó con el ya mencionado MECEP (fondos del Ban-
cos Mundial y el BID) y los programas del Ministerio de la Presidencia, orientados
fundamentalmente a obras de infraestructura. Esta mayor injerencia de programas
nacionales del Ministerio de Educación con un componente de endeudamiento
significó la reducción de los recursos provenientes del Tesoro Público.

La retórica de la clase política —gobernantes y opositores— que sucedió a Fujimori
y anunció que daría prioridad a la educación no se hizo efectiva en el ámbito del
empobrecido presupuesto del sector. A contracorriente de las tendencias observa-
das en países vecinos, en el Perú no se ha iniciado el camino hacia una participa-
ción del presupuesto público del 6% del PBI en educación ni del 30% del presu-
puesto público total.

El incremento de recursos asignados al sector sólo cubre los aumentos remunerati-
vos otorgados en el 2004. Las partidas de remuneraciones y pensiones representan
85% del presupuesto del sector educación; restan sólo 10% para bienes y servicios
y 5% para gastos de capital. De los recursos para bienes y servicios lo que llega a las
escuelas es la menor parte, pues la administración insume la mayor cantidad de
recursos.


A pesar de que el Foro del Acuerdo Nacional acordó que se destinase un incre-
mento anual del porcentaje de participación del gasto público en educación res-
pecto del PBI en 0,25%, y de haberse declarado al sector educativo en situación
de emergencia, los presupuestos de los últimos años no incluyeron mayores refor-
mas en los procesos de asignación de recursos. Así, es escasa la flexibilidad de un
gasto educativo casi exclusivamente destinado al pago de planillas y pensiones.13

Sumadas, las mejoras remunerativas de los docentes entre los años 2001 y 2004
representan un enorme esfuerzo financiero de la administración gubernamental.
No obstante, dar prioridad a una mejor remuneración docente, sin asociarla a me-
jores rendimientos profesionales, no asegura que mejore la condición profesional
del magisterio ni los aprendizajes de los alumnos.

Los factores asociados a resultados educativos son los menos financiados. Es el
caso de las inversiones dirigidas a lograr más y mejores aprendizajes; a implemen-
tar sistemas de gestión basados en el desarrollo de una cultura de evaluación,
rendición de cuentas e incentivos al desempeño; a poner en marcha una carrera
pública magisterial moderna y basada en el mérito. Para nuevas medidas de políti-
ca, en el presupuesto 2005 del sector educación sólo existía una disponibilidad

PRESUPUESTO 2007 DEL SECTOR EDUCACIÓN
• El Ministerio de Economía y Finanzas asignó al Ministerio de Educación un monto de 1 265 millones
de soles menor que el solicitado por este último.
• Durante el ejercicio del año 2007, la demanda no atendida podrá ser cubierta en parte o totalmente
mediante créditos suplementarios, teniendo en cuenta la evolución de los ingresos y gastos públicos.
• Según un estudio de Pedro Francke (2003), en el Ministerio de Educación hay una tendencia a
gastar más de lo presupuestado. Lamentablemente, este mayor expendio no se destina a la inver-
sión sino al gasto corriente.
• A pesar de que el Partido Aprista Peruano prometió incrementar anualmente el presupuesto del
sector educación en 0,25% del PBI hasta bordear el 6% en el 2011, esta participación se reducirá
de 3,1% a 3%. No obstante, habrá más dinero a disposición del Ministerio, pues en términos abso-
lutos el PBI nacional ha crecido. El presupuesto del 2007 terminará siendo aproximadamente 1 300
millones más alto que el del 2006, que apenas superó los 8 300 millones de soles.

El Educador, año 3, n.º 9, Grupo Editorial Norma, Lima, abril del 2007.

13
Si el acuerdo de participación porcentual se hubiese cumplido, el presupuesto educativo debió represen-
tar 4,4% del PBI en el 2004 y 4,65% en el 2005. Lo concreto es que para el 2005, el Ministerio de
Economía y Finanzas asignó 8 899 millones de soles al sector educación, y su participación en el PBI
fue de 3,6%, invariable respecto al 2004. En relación con el presupuesto público total desciende en
0,3%, alcanzando el 18% (CNE 2004).


real de nuevos recursos de 36 millones de soles (10 millones 300 mil dólares)
(CNE 2004).

La educación en el Marco Macroeconómico Multianual 2005-2007

Como constatación del creciente interés de los equipos del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas por la cuestión educativa, el Marco Macroeconómico Multianual
2005-2007 da un particular relieve al papel de la educación en la economía (INI-
DEN 2004a). En dicho documento se explicita que la educación de calidad y una
política agresiva de capacitación laboral son fundamentales para alcanzar y soste-
ner las metas macroeconómicas. En cuanto al gasto en educación, admitiendo que
se requieren más recursos para asumir los desafíos, también precisa la perentoria
necesidad de hacer eficiente el uso del presupuesto asignado.

Sostiene dicho documento que el régimen laboral de los maestros, “caracterizado
por una estabilidad laboral sin límites” y un régimen de ascensos y de remuneracio-
nes privilegiando la antigüedad docente, constituye uno de los mayores impedi-
mentos para reformar la educación. De allí, afirma, la importancia de una carrera
magisterial orientada a superar esas situaciones.

El Marco Macroeconómico también propone desarrollar mecanismos que permitan
a los jóvenes egresados de la educación básica adquirir conocimientos específicos
que posibiliten su adecuada inserción en el mercado laboral. A su vez, plantea
poner en práctica mecanismos de acreditación de centros de educación ocupacio-
nal y de institutos superiores tecnológicos, así como de certificación de competen-
cias de los trabajadores.

Habría que añadir que en la visión de los modernos sistemas de formación profe-
sional hay una presencia destacada de la formación en valores como la honradez,
la responsabilidad, la convivencia armónica y el trabajo en equipo, destinados a
reforzar el crecimiento personal. Éste es un aspecto de importancia capital, sobre
todo en un sistema como el nuestro, que no garantiza a sus egresados de la secun-
daria conocimientos básicos ni el desarrollo de actitudes que les posibiliten ingre-
sar con éxito a procesos de formación profesional centrados exclusivamente en
una formación de tipo tecnológico.

Tampoco se vislumbran opciones para mejorar la inversión educativa en las zonas
de pobreza y extrema pobreza, ni el establecimiento de mecanismos de compensa-
ción en la educación primaria estatal para asegurar una distribución territorial y
social más equitativa.


Por lo demás, todo parece indicar que aun asignando más recursos será difícil
enfrentar esta crisis mientras no se modifique el modelo arcaico de gestión educa-
tiva ni se ataquen integralmente los mecanismos y los viejos patrones de reproduc-
ción de la exclusión social, así como de inequidades étnico-culturales y de género
que permanecen arraigados en la sociedad peruana.

Finalmente, invertir más en educación demanda que los funcionarios de los ministerios
de Economía y Finanzas (MEF) y de Educación (MED) comiencen a hablar el mismo
lenguaje, en términos de prioridades de políticas y de financiamiento. Hay especialistas
que opinan que los argumentos empleados por los técnicos de educación para funda-
mentar la necesidad de nuevos recursos son poco convincentes, como producto de la
falta de comprensión de lo que necesita la educación para despegar, y por el afán, en el
MEF, de buscar sobre todo frenar las demandas de gasto.

La no correspondencia entre el MED y el MEF pone en clara desventaja a quienes
no controlan los recursos. En este caso, habría que tomar en cuenta los grados de
modernidad aplicados en la concepción de las políticas públicas. La visión tecno-
crática y racionalista del MEF está más preocupada por las consecuencias de la
acción educativa en tanto representa inversión. Las políticas del MED tienen como
base que invertir en educación es algo bueno de por sí; la preocupación por los
resultados de esa inversión no es un problema lo suficientemente asumido. La falta
de un organismo encargado de organizar las prioridades estratégicas del Estado
peruano agudiza el desencuentro.

Lo anterior hace más imperioso que un incremento sustantivo a favor de la educa-
ción demande como contrapartida políticas coherentes de largo plazo, en un marco
de crecimiento constante de nuestra economía y una presión tributaria mucho más
fuerte. De allí la necesidad de tomar como referente principal un instrumento como
el Proyecto Educativo Nacional, oficializado en enero del 2007.

Los aportes de las familias

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) descubrió en el 2004 que
sólo ocho países del continente (Argentina, Brasil, Cuba, Jamaica, México, Pana-
má, Trinidad y Tobago y Uruguay) aseguran las asignaciones de financiamiento
necesarias para sostener la educación básica universal. Hay un creciente desequi-
librio entre la inversión pública y privada en educación, lo que demuestra que gran
cantidad del costo se ha transferido a las familias. El gasto privado en educación es
de un promedio de 1,3% del PBI en los países de la OECD, mientras que es de 6%
en Jamaica, 3,6% en Colombia, 2,6% en Chile y 2% en el Perú (Tomasevsky 2006).


Experiencias a tomar en cuenta
materia educativo:
en materia de financiamiento educativo:
CAS DE ARG NTIN BRA
LO S CAS O S DE ARG E NTIN A Y BRA S I L

ARGENTINA
El constante reclamo de una mayor inversión pública en el sector educación obtuvo su principal
respuesta en la Ley de Financiamiento Educativo (n.º 26075, sancionada el 21 de diciembre del
2005), que establece un incremento presupuestario gradual que alcanzará para el año 2010 una
inversión equivalente a 6% del PBI.(i)
Para su viabilidad, el Ejecutivo y el Congreso han concordado en que la Ley tenga particularidades
como las siguientes:
• Fijar objetivos claros, consensuados, posibles de cumplir y sistemáticamente evaluables. No plantea
sólo invertir más recursos; también define las prioridades a las que deben estar destinados: superar
el analfabetismo, incorporar a los más pequeños a jardines de infantes y al preescolar, lograr que
todos los jóvenes puedan terminar el nivel medio.
• Otras metas están referidas a la calidad educativa: no menos de 30% de alumnos deben acceder
a la jornada extendida o completa; que en todas las escuelas se enseñe informática y una segunda
lengua.
• Pautas para mejorar las condiciones salariales, de trabajo y profesionalización de la carrera docente.
• Mayor inversión destinada a la educación técnica, las universidades y el desarrollo científico.

BRASIL
El Fondo de Desarrollo de la Enseñanza Fundamental y Valorización del Magisterio (FUNDEF) se
aprobó en septiembre de 1996 mediante una reforma constitucional. Gracias a éste se produjo un
cambio radical en la repartición de los recursos fiscales en el ámbito de cada estado y entre los
estados y sus municipios, en función del número de alumnos de las escuelas estatales o municipales.
Además, el gobierno federal pasó a garantizar un gasto mínimo anual por alumno en los lugares
donde la cifra no se alcanzaba con los recursos propios. Se fijó también que, en cada estado o
municipio, por lo menos 60% de los recursos del Fondo sean utilizados exclusivamente en el pago
de profesores en ejercicio efectivo en el sistema de enseñanza. Esto impulsó un importante proceso
de mejora de los salarios de los maestros, especialmente en las regiones más rezagadas del país.(ii)
A partir del 2001, la universalización del acceso a la enseñanza fundamental se debió también a
la creación del Programa Bolsa Escola Federal. Su gran novedad fue la emisión de una tarjeta
magnética —semejante a una tarjeta de crédito— a nombre de cada madre de las familias de
ingresos más bajos. El monto otorgado variaba de acuerdo con el número de hijos de entre 6 y 15
años que estuviesen asistiendo efectivamente a la escuela. En sólo ocho meses el gobierno de
Fernando Henrique Cardoso emitió cinco millones de tarjetas que beneficiaron a cerca de nueve
millones de alumnos.
Sobre la base del FUNDEF, el gobierno de Luis Inacio Lula Da Silva creó el Fondo de Mantenimiento
y Desarrollo de la Educación Básica y Valorización de los Profesionales de la Educación (FUNDEB)
y aumentó los recursos para que financie también la educación básica, desde las creches (jardines
infantiles) hasta la enseñanza media. (iii)

(i) La base de partida fue el 4,4% del PBI. La meta anual es la siguiente: el año 2006, alcanzar el 4,7% del
PBI; el 2007, 5%; el 2008, 5,3%); el 2009, 5,6%; y el 2010, 6% (Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de Argentina 2006).
(ii) Ver El acceso a la educación básica en Brasil, de Paulo Renato Costa (2006), ministro de Educación de
Brasil durante el período 1995-2002.
(iii) Página web de GRUHBAS, Projetos Educacionais e Culturais, <www.gruhbaspe.com.br> (consulta: 21
de abril del 2007).


En nuestro país, uno de los grandes incentivos del cambio y de la expansión del
sistema educativo ha sido el acceso gratuito a la educación pública.14 Sin embargo,
como se ha señalado, los menos favorecidos económicamente acceden a los cen-
tros de enseñanza de peor calidad, contribuyendo así el sistema educativo a que
las desigualdades sociales se reproduzcan. Además, cada vez es más evidente que
la tal gratuidad es algo relativo y que los aportes de las familias, aun las más po-
bres, se dan de modo directo o indirecto.

De acuerdo con diversas fuentes, las familias peruanas representan un importante
aporte al financiamiento del servicio público y privado (Saavedra y Suárez 2002).15
En 1994, las familias gastaron en la educación de sus hijos que asistían a centros
educativos públicos 0,8% del PBI, lo que significa que financiaron 20% del total
del sistema público de educación. El gasto familiar por niveles educativos, en com-
paración con el del Estado, es mucho mayor para los hijos que asisten a la secun-
daria (más del doble de lo que gastan en uno de primaria).

Saavedra y Suárez muestran que casi un tercio de lo que la sociedad peruana en
su conjunto gasta en los niños matriculados en las escuelas públicas corresponde
a contribuciones de las familias. Una parte consiste en libros, uniformes y materia-
les; otra son aportes monetarios directos por concepto de matrículas, cuotas para
las asociaciones de padres de familia (APAFA) y pagos para la compra de materiales
y el financiamiento de actividades escolares. Por otro lado, los padres también
contribuyen con su trabajo y bienes para el centro educativo, modalidades de cola-
boración más difíciles de cuantificar.16

Según cifras oficiales de la Encuesta Nacional de Hogares del 2002, el gasto
anual por alumno de primaria en las escuelas públicas fue de 201 dólares, de los
cuales las familias aportaron más de la tercera parte (34%, 44 dólares), mientras
que el Estado aportó el 66% restante (156 dólares). En secundaria, con un gasto
total de 295 dólares anuales por alumno, el Estado aportó 64% (224 dólares),
mientras que las familias asumieron el 36% restante (71 dólares).

14
Martín Benavides afirma que gracias a dicha gratuidad en el Perú se pasó de un promedio de dos años
de educación para la población adulta, a mediados del siglo pasado, a los casi nueve años de promedio
actuales: «Sin dicha transición, nuestra sostenibilidad como país habría sido mucho peor» (Perú.21,
20.2.2007).
15
Un importante estudio al respecto es el de Saavedra y Suárez (2002). Asimismo, en el Plan Nacional de
Educación para Todos (documento base) hay explícitas referencias a la importancia de los aportes fami-
liares a la educación.
16
El nivel del gasto público en educación básica es tan bajo que en muchas escuelas —en particular fuera de
Lima— el pago de los servicios públicos depende de las contribuciones de los padres, tanto en dinero como
en materiales de enseñanza, artículos de limpieza, servicios de mantenimiento de enseres, etcétera.


Estas contribuciones se producen a pesar de que existe un marco legal según el
cual la educación primaria y la secundaria son obligatorias y gratuitas, tal como lo
establece la Constitución Política. Sin embargo, en la práctica, la gratuidad no se
verifica. Para que los colegios operen, los directores y las asociaciones de padres
de familia se ven obligados a recurrir a los padres, salida que logran con distinto
éxito, sobre todo de acuerdo con el nivel socioeconómico de estos últimos.

En el Proyecto Educativo Nacional vigente desde el 2006 se señala como tesis
que el Estado peruano se ha habituado a una modalidad no declarada de «cofinan-
ciamiento» de la educación pública, motivada por su baja inversión en calidad edu-
cativa. Si las familias no pueden aportar más de lo que ya dan en medio de su
precariedad, la educación pública no tendría salida. La negativa de los gobiernos a
dar recursos financieros suficientes para la educación de quienes asisten a escue-
las públicas es uno de los nudos más graves de inequidad, además de constituir un
signo de la segmentación del sistema educativo nacional.

• LOS PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
PÚBLICO

El sistema educativo público peruano sufrió una considerable fragmentación en su
organización institucional, lo que propició la ineficiencia y ahondó la falta de calidad
de su servicio. Una de las decisiones más polémicas, a todas luces vinculada con
esta fragmentación, es la división del Ministerio de Educación en dos viceministe-
rios, uno referido a la «gestión» pedagógica y otro asociado sobre todo a la «ges-
tión» administrativa, divorciando así estos ámbitos e impulsando, un buen número
de veces, disputas territoriales y competencias de poder. La excesiva comparti-
mentación impide la colaboración horizontal de sus propias oficinas, en función de
objetivos y desafíos comunes.

Esta situación es fruto de sucesivas improvisaciones y de la falta de un norte con-
sensuado. El desorden y la corrupción han sido constantes en medio de una políti-
ca que privilegió el cumplimiento de frondosas normas antes que garantizar la ca-
lidad de los servicios educativos.

A pesar de ser cabeza técnica y normativa del sector, hasta el año 2002 el Minis-
terio de Educación no tenía injerencia sobre la totalidad de los recursos asignados
a los centros educativos: en las regiones, el principal presupuesto fue administrado
por el Ministerio de la Presidencia, que transfería los recursos a los órganos inter-
medios de las regiones vía los Consejos Transitorios de Administración Regional


(CTAR). Sólo en el caso de Lima y el Callao el MED manejó los presupuestos de los
centros educativos, confirmando así la vigencia de dos modelos organizativos pa-
ralelos: uno para la capital del país y otro para las otras regiones.

La Ley General de Educación atribuye al MED, además de la función de normar,
las de proveer, financiar y garantizar la educación; y adicionalmente, informar, pro-
mover y articular. No obstante, la costumbre pesa más que la ley y en el MED
siguen convencidos de que su tarea central, además de ofrecer y financiar servi-
cios educativos, es normar.

Al mismo tiempo, urge una reforma de las capacidades y del propio sistema de
gestión presupuestal. La ineficacia del MED en la gestión de recursos y políticas
es clamorosa: no hay mecanismos para monitorear la calidad de los procesos ni
para evaluar el resultado de sus políticas. Es lamentable la distancia entre sus
planes operativos y el concepto que se expresa en sus proyectos matrices. Se
gasta mal y sin preocupación por el efecto de la inversión sobre los objetivos que la
motivan (los beneficios se suponen, no se comprueban). Se cambian las jefaturas
sin mayor aprensión por la memoria de los procesos iniciados, o se reinician irres-
ponsablemente, y se segmenta la intervención, diluyendo así la responsabilidad.
Incluso se devuelve dinero al MEF, dándole con ello argumentos para que no acoja
solicitudes de recursos incluso cuando hay importantes iniciativas de inversión.

Una mala gestión disminuye los efectos de procesos de innovación

En cuanto a las importantes prácticas y procesos de evaluación de docentes y
estudiantes iniciados en el país, algunos especialistas muestran su desencanto
respecto a la aplicación de sus resultados. Así, en el INIDEN se señala que

La falta de comunicación entre quienes dirigen la evaluación y los que norman el
proceso pedagógico es una de las razones del porqué, luego de cuatro evaluacio-
nes nacionales, el impacto de sus resultados haya sido casi imperceptible. No cam-
biaron los criterios y estrategias de capacitación, no se ha producido una amplia
reflexión y consulta a los maestros sobre la pertinencia de los enfoques y prácticas
de los diseños curriculares y de la evaluación del alumno que se utilizan en la
educación primaria y secundaria, ni se ha evaluado las bondades y limitaciones de
las políticas de adquisición de textos y otros materiales. (INIDEN 2006: 3)

Esto representa un gravísimo problema de gestión. La deficiente comunicación es
sólo un síntoma. Quienes evalúan, quienes organizan el currículo, quienes capaci-
tan y quienes norman la gestión escolar constituyen grupos humanos distintos que


Algunas claves para la gestión institucional

Existe el creciente convencimiento de que una buena gestión mejora el aprendizaje de
los alumnos. Algunas experiencias muestran que escuelas de buen nivel socioeconómi-
co pueden obtener malos resultados y, por el contrario, escuelas con alumnos que sufren
carencias pueden llegar, buena gestión de por medio, a obtener mejores resultados.

La descentralización no debe quedarse en regiones o municipios; debe llegar fundamen-
talmente a los centros educativos. Éstos deben tener locales adecuados, materiales edu-
cativos y biblioteca.

¿Qué signos permiten reconocer una escuela con una buena gestión?

1 Tiene un fococurrículo y claro, que permite priorizar y concentrar energías en aspec-
tos clave del
curricular
no en todo el currículo.

2 Poseelas mismas. Vela por saber qué logran cada profesoruna evaluación sistemáti-
ca de
metas claras de aprendizaje para sus alumnos, con
y cada alumno, y por que
el colectivo docente obtenga un sistema que le permita dialogar sobre sus logros y difi-
cultades en el aula y fuera de ella. Los docentes asumen el éxito o el fracaso de sus
alumnos.

3 Lalaconvivencia armónica entre así comoNocrear segregación por inteligencia, raza oy
derechos claros y específicos,
docentes y padres o apoderados exige deberes

centro buena educación de los alumnos. hay
un clima emocional teniendo como

género.

Los padres no son ajenos a la escuela. No sólo están motivados para formar parte
4 importante de la tarea educativa sino que están permanentemente al día de lo que
sucede. Esto significa contar con equipos docentes que no recelen de la participación de
padres o apoderados.

El director (o la directora) ejerce un liderazgo fuerte, no centrado en la administra-
5 ción financiera o el control burocrático sino en una gestión pedagógica que alienta a
docentes y estudiantes. Son muy recomendables sus constantes visitas a aulas, el cono-
cimiento in situ de lo que aprenden los alumnos y el diálogo con sus colegas.

6 Un equipo docente conducido por directivos. Esto es indispensable.profesores se
institucional es mejor en la medida en que las competencias de los
El rendimiento

trabajan permanentemente y se favorece el trabajo colegiado.

7 Se construyefamilias. Esto ayuda aproyecto educativo institucional yantes mencionados.
mismo a las
colectivamente un
conseguir y sostener los logros
se informa sobre el


funcionan de manera independiente, en función de sus propios planes, cronogramas
y presupuestos. Hay claras evidencias de que así ocurre, y de que no hay autoridad
ni liderazgo capaz de romper esta dinámica o por lo menos de buscar sinergias y
articulaciones para superar una manera esquizofrénica de gestionar las políticas
educativas.

¿Qué impide, por ejemplo, que las oficinas del MED elaboren sus planes operativos
de manera conjunta, sobre la base de una priorización común y una comunidad de
propósitos? ¿Qué impide que esa planificación se concerte con las Direcciones
Regionales de Educación a fin de cohesionarla alrededor de una visión común
sobre los problemas y las soluciones en este campo?

Valiosos esfuerzos del Estado se diluyen en esta opción improductiva. El caso del
incipiente Proyecto Piloto de Educación Secundaria en Alternancia es revelador: si
bien las principales iniciativas para crear este tipo de centros correspondió a enti-
dades privadas, a partir del 2004 el MED inició tres experiencias de origen y con
apoyo estatales.17 En estos centros educativos, chicos y chicas alternan su perma-
nencia quince días en el colegio —incluidos sábados y domingos—, con quince días
en sus hogares, donde se reencuentran con sus familias y ayudan en los trabajos
de la chacra. La potencialidad de esta experiencia es alta y por ello merece un
largo aliento; además, el régimen académico, con equipos de estudio y la «pedago-
gía de la pregunta», ha eliminado las tradicionales «clases». Sin embargo, el entu-
siasmo, favorecido por los resultados de las primeras visitas evaluativas, se diluyó
cuando «por razones de austeridad» el MED decidió suprimirlo del Plan Operativo
Anual del 2007.18 Lo deseable y lógico era que la experiencia durase por lo menos
hasta que egresara la primera promoción.

Ésta es una demostración más de la pésima capacidad de gestión en el nivel cen-
tral; pero no de gestión institucional sino de gestión de políticas. Las experiencias
piloto, como se sabe desde hace mucho, jamás trascienden su escala así demues-
tren hasta el cansancio sus ventajas. Lo más que logran es mantenerse como
«piloto» durante muchos años, hasta que una decisión administrativa como la re-

17
En el valle Arriba del Tambo (distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Arequipa), en San Antonio de
Chipao (provincia de Lucanas, Ayacucho) y en la zona yarina Isla del Río Napo (distrito de Mazán, provin-
cia de Maynas, Loreto).
18
Cada uno de los tres centros secundarios estatales de alternancia tiene en su plana docente cuatro
profesores de áreas académicas (Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencia/Tecnología/
Ambiente). La «austeridad» determinó que fuesen despedidos los docentes contratados para la impor-
tante área de Ciencias Sociales.


UNO DE LOS MAYORES PROBLEMAS QUE ACUSA NUESTRA BUROCRACIA ES SU DIFICULTAD
PARA TOMAR DECISIONES, AUN CUANDO DE ELLAS DEPENDA EL USO DE RECURSOS EXIS-
TENTES Y NECESARIOS. SON MÚLTIPLES LAS DIFICULTADES POR FALTA DE CAPACIDAD
OPERATIVA.

cién mencionada termina por anularlas. Este problema no es coyuntural sino que
tiene connotaciones estructurales.

Dificultades y moraleja de un shock de inversiones

Uno de los mayores problemas que acusa nuestra burocracia es su dificultad para
tomar decisiones, aun cuando de ellas dependa el uso de recursos existentes y
necesarios. Son múltiples las dificultades por falta de capacidad operativa.

En agosto del 2005, una publicación periódica alertó sobre la posibilidad de perder
30 millones de euros aportados por la Comunidad Europea para la ejecución, en
cinco años, de un programa de formación profesional a cargo de los ministerios de
Educación y Trabajo. Habían transcurrido dos años de iniciado su plazo de ejecu-
ción y estos ministerios no habían logrado siquiera designar un coordinador nacio-
nal del proyecto; menos aún cumplir con los otros resultados programados. Los 5
millones de euros previstos para la primera etapa pactada entre las partes no se
habían utilizado y era alto el riesgo de perder esa cooperación externa.19

El mal antecedente de esa fallida experiencia se confirmó cuando, a propuesta del
Ejecutivo, el Congreso aprobó un crédito suplementario en el presupuesto público
del 2006 destinado a gastar, entre noviembre y diciembre del 2007, en proyectos
de inversión en todo el país.20 Los recursos ascendían a 1 937 millones de soles,
de los que se asignaba 13% a los gobiernos regionales para financiar proyectos
productivos, de saneamiento y de electrificación rural, entre otros. En enero del
2007, un informe de control preventivo de la Contraloría mostró que, al 31 de di-
ciembre, sólo se había girado 25% de este crédito suplementario. El Ministerio de

19
En su Informe de Educación, el INIDEN (2005) se refiere al Programa de Apoyo a la Formación Profesio-
nal para la Inserción Laboral en el Perú «Capacítate Perú» (APROLAB).
20
La Ley 28880 se aprobó el 9 de septiembre del 2006.


Educación (sólo 7,3% de avance) y otros sectores clave para la política social, como
el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social (12,5%) y Vivienda y Construcción
(10,9%), mostraron el menor avance. Los gobiernos regionales sólo habían gastado
4,4% de sus recursos adicionales.

El presidente Alan García y otros voceros gubernamentales pusieron énfasis en
que el menor gasto obedecía a la incapacidad de los gobiernos regionales y muni-
cipales, y no tanto a la del gobierno central. Por otra parte, se cuestionó duramente,
desde el propio Ejecutivo, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

La situación se agravó al denunciar la prensa licitaciones lesivas a la economía
fiscal en la compra de patrulleros por el Ministerio del Interior, de ambulancias por
el Ministerio de Salud y de útiles para el Ministerio de Educación, así como en la
inversión de obras de infraestructura de este último.21

Respecto a la capacidad de gasto de los gobiernos regionales y las municipalida-
des, el Grupo Propuesta Ciudadana (2007) señala algunas realidades ignoradas al
momento de transferirles recursos adicionales justo en el último trimestre del año:

• los gobiernos regionales y municipales concentran sus gastos de inversión en ese
mismo período (el último trimestre del año);
• el inicio de un proyecto no es inmediato, así cuente con la viabilidad del SNIP, pues
requiere un expediente técnico y organizar la licitación o los procedimientos nece-
sarios para su administración directa;
• las regiones y los municipios dispusieron de los recursos recién entre mediados de
octubre y noviembre; y
• el contexto electoral municipal y regional también afectó el proceso de gasto.

El Ministerio de Educación invirtió más de 200 000 500 soles en mejorar la infra-
estructura educativa de colegios considerados de alto riesgo por problemas de
infraestructura y en dotarlos de nuevo mobiliario escolar.22 De acuerdo con el MED,
se atendió a 1 800 colegios de todo el país, y se instalaron 38 950 módulos (sillas
y mesas) y 300 aulas prefabricadas. Según declaraciones del viceministro de Ges-
tión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez, recogidas por el diario El Comercio (Lima,

21
Estas acusaciones ocasionaron la renuncia de la ministra del Interior Pilar Mazzetti y el despido de los
burócratas encargados de las licitaciones.
22
Este monto es diez veces mayor que el presupuesto aprobado para el 2006 en materia de infraestructu-
ra: 23 millones de soles.


Prioridad absoluta:
E S C U E L A S DI G N A S Y SA LUD A B LES(I)
DI SALUD LES
La abundancia de recursos contrasta con una realidad lacerante: cerca de dos millo-
nes de niños acuden a escuelas convertidas en focos infecciosos por su falta de
agua o desagüe, y se hace poco o nada por enfrentar esta situación. Se requieren
230 millones de soles para empezar a tener escuelas públicas dignas y saludables e
implementar progresivamente el servicio de agua en todas las escuelas.

ALGUNOS DATOS:
9 477 Locales escolares sin servicio de agua: (23%).

15 138 Locales escolares sin servicio de desagüe: (37%).

1,7 millones de niños que estudian en colegios sin servicio de agua.
La falta de agua en las escuelas contribuye a que los estudiantes
contraigan enfermedades estomacales y respiratorias, lo cual puede
afectar el objetivo del Ministerio de Educación de superar las mil
horas efectivas de clase por año escolar.
12,1 millones de atenciones a enfermedades estomacales, respiratorias
y de la piel (prevenibles y relacionadas con el uso del agua) a niños
de 0 a 15 años realizó en el 2003, el Ministerio de Salud.
Las enfermedades estomacales y respiratorias son evitables y no
deberían contraerse ni propagarse en la escuela.
30% Según el Ministerio de Salud, el uso del agua en la higiene disminu-
ye en la incidencia de enfermedades estomacales.

ADEMÁS:

75% de los techos de las aulas de locales escolares públicos son de ca-
lamina o Eternit. En los departamentos de Apurímac, Madre de Dios,
Pasco, Puno, San Martín y Tumbes, ese porcentaje supera el 90%.
En los departamentos de Ayacucho, Huánuco y La Libertad, no me-
nos de uno de cada cinco alumnos estudia en aulas con piso de
tierra o arena.

(i) En su documento «Invirtamos en escuelas dignas y saludables que fomenten el logro de apren-
dizajes», de marzo del 2005, el Consejo Nacional de Educación señala y pegunta: «Según la
Oficina de Infraestructura Educativa, se requiere 260 millones de nuevos soles para reparar
662 centros educativos con deficiencias estructurales, pero hay 9 477 que no tienen agua. ¿No
debería acaso esto considerarse una «deficiencia estructural»?


7.3.2007), sólo en Lima se habrían recuperado 144 planteles escolares, con una
inversión de 9 424 000 soles.

Las informaciones proporcionadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDE-
CI) antes del inicio de clases del año 2007 fueron bastante menos optimistas que
las del sector educación. En todo el país, por lo menos 4 700 centros educativos se
encontraban en emergencia; y en Lima, de los 1 440 locales existentes, 25% pre-
sentaban serias deficiencias. El INDECI inspeccionó 64 colegios públicos en distri-
tos de clase media o media alta como Magdalena, San Isidro, Surco, San Luis y La
Victoria, con resultados poco alentadores: 41% corrían un alto riesgo23 y 57% un
riesgo moderado (2% prohibieron el ingreso a sus inspectores). Datos proporcio-
nados por el diario El Comercio (17.2.2006) indican que en el 2006, el mismo
instituto supervisó 216 locales escolares y halló que más de 90% presentaban
riesgo alto o moderado.

En las regiones, las demandas para enfrentar el déficit de infraestructura son ma-
yores. Lo ocurrido en Ayacucho con motivo del shock de inversiones ha sido reve-
lador. En abril del 2007, el director regional de Educación de Ayacucho se negó a
recibir 96 obras de mantenimiento correspondientes a otros tantos centros educa-
tivos de su jurisdicción, porque la inspectoría de obras realizadas por tres empresas
constructoras mostró serias fallas y uso de material deficiente. La Dirección Regio-
nal de Educación no había sido consultada por el MED sobre estas obras.24 Así, las
buenas intenciones del shock de inversiones se estrellaron con perjudiciales méto-
dos y procedimientos administrativos difíciles de superar.

c. LAS EVIDENCIAS DE UNA BAJA CALIDAD EDUCATIVA EN EL PERÚ
• EL PERÚ EN LA EVALUACIÓN COMPARADA LATINOAMERICANA PROPICIADA
POR LA UNESCO

En 1998 se presentaron los resultados del estudio regional comparativo de Lengua-
je, Matemática y Factores Asociados, organizado por la UNESCO en el marco del
Proyecto «Laboratorio de Medición de Calidad», primer esfuerzo por realizar un aná-

23
Riesgo alto: cableado expuesto o propenso a cortocircuitos, construcciones endebles, ventanas rotas o
con vidrios inadecuados.
24
La grave denuncia la hizo el director regional de Educación, licenciado Ricardo Arone, en el acto oficial
de presentación del libro Propuestas para nueva escuela, nueva ruralidad y diversidad en el Perú
(26.4.2007).


lisis comparativo sobre la educación básica entre trece países de la región.25 En dicho
estudio se aplicaron más de 54 000 pruebas de Lenguaje y Matemática a estudiantes
de tercero y cuarto grado de esos países; paralelamente, se administraron cuestiona-
rios a alumnos y a directores y tutores de estos mismos estudiantes.

Los alumnos del Perú obtuvieron calificaciones muy bajas respecto a los cubanos;
bajas respecto a Argentina, Chile y Brasil; y comparables sólo a los de Honduras,
Venezuela y República Dominicana, países con los que compartió los más deficien-
tes resultados de la muestra.

• EL PERÚ EN LAS PRUEBAS PISA26

Cinco mil jóvenes peruanos de 15 años de edad, de diversos estratos sociales, que
en el 2001 rindieron las pruebas de Lectura, Matemática y Ciencias del Proyecto
PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos), de la OCDE, obtu-
vieron un puntaje que ubicó al Perú al final de una lista de 41 países, la mayoría
europeos y asiáticos, pero que incluyó también a Argentina, Brasil, Chile y México.

El 54% de nuestros jóvenes se situó en el nivel 0, en una escala de cinco niveles
de competencia lectora. Esta escala mide capacidades para obtener información
de un texto, interpretarlo, reflexionarlo y evaluarlo (ver el cuadro 2).27

Un resultado que se debe destacar es que la baja calidad educativa no se expresa
únicamente en los estudiantes de 15 años procedentes de centros estatales, sino
que afecta a casi la totalidad de centros de enseñanza. Si bien ninguno de los
alumnos procedentes de centros estatales alcanza el nivel 4 de la escala combina-

25
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, Repúbli-
ca Dominicana y Venezuela. El tamaño de la muestra fue determinado con un mínimo de 40 alumnos por
escuela, 20 por grado, 100 escuelas como unidades primarias y 4 000 alumnos como unidades de
agregación secundaria (OREALC/ UNESCO 1998).
26
Realizada por la OCDE-UNESCO en el 2001. El énfasis fundamental de esta prueba fue la comprensión
lectora de textos como parte de un proceso amplio de alfabetización. Así, la «alfabetización lectora»
consiste, para PISA, en la comprensión, el empleo y la reflexión a partir de textos escritos, con el fin de
alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal, y participar de modo
efectivo en la sociedad.
27
Al no lograr acreditar el nivel 1, los estudiantes peruanos muestran graves dificultades para emplear la
lectura como herramienta eficaz que les permita aprender durante su vida. Corren serios riesgos de no
aprehender futuros conocimientos.


Cuadro 2
RESULTADOS GLOBALES DE LA PRUEBA PISA (2001)

Lectura Matemáticas Ciencias

Puesto / País Puntos País Puntos
Pu ntos País Puntos

1 / Finlandia 546 1 / Hong Kong-China 560 1 / Corea 552
2 / Canadá 534 2 / Japón 557 2 / Japón 550
3 / Nueva Zelanda 529 3 / Corea 554 3 / Hong Kong-China 541
4 / Australia 528 4 / Nueva Zelanda 537 4 / Finlandia 538
5 / Irlanda 527 5 / Finlandia 536 5 / Gran Bretaña 532
34 / México 422 34 / Argentina 388 34 / México 422
35 / Argentina 418 35 / México 387 35 / Chile 415
36 / Chile 410 36 / Chile 384 36 / Macedonia 401
37 / Brasil 396 37 / Albania 381 37 / Argentina 396
38 / Macedonia 373 38 / Macedonia 381 38 / Indonesia 393
39 / Indonesia 371 39 / Indonesia 367 39 / Albania 376
40 / Albania 349 40 / Brasil 334 40 / Brasil 375
41 / Perú 327 41 / Perú 292 41 / Perú 333

Fuente: OCDE-UNESCO (2005), Informe PISA 2003.

da de alfabetización lectora, únicamente 6% de los alumnos de centros no estatales
lo logra.28

Los resultados de estas pruebas internacionales, unidos a otras mediciones nacio-
nales, resultaron el detonante principal para que el gobierno declarara en emer-
gencia el sector educativo en el 2003.

• ALARMANTES RESULTADOS DE EVALUACIONES NACIONALES DE RENDIMIENTO

Los resultados de la cuarta evaluación nacional del rendimiento académico de los
alumnos, aplicada del 15 al 19 de noviembre del 2004, fueron insatisfactorios.

28
En aptitud para las matemáticas y para las ciencias, el Perú ocupó también el último lugar de los 41
países participantes. El 95% de sus estudiantes partícipes en la prueba alcanzó un puntaje inferior a
90% de los estudiantes de países que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas, como Hong
Kong, Japón y Corea; esto implica que los estudiantes peruanos no están en capacidad de realizar tareas
simples como producir hechos o procesos matemáticos básicos, ni aplicar habilidades computacionales
simples (OCDE-UNESCO 2005).


Como en anteriores ocasiones, las áreas evaluadas fueron Comunicación y Mate-
mática, esta vez en segundo y sexto grados de educación primaria, y en tercero y
quinto grados de educación secundaria. Adicionalmente, se recogió información
sobre el desempeño en algunas competencias del eje Formación Ciudadana.29

Los resultados que más preocuparon entonces fueron los de quinto de secundaria:
2,9% lograron niveles satisfactorios en Matemática y 9,8% en Comunicación. Los
demás jóvenes, ya por concluir su secundaria y educación básica, se incorporarían
al trabajo o continuarían estudios de educación superior con grandes dificultades
para aplicar la competencia lectora como herramienta para impulsar y ampliar sus
conocimientos y habilidades en otras áreas. Por su impericia lectora, también ten-
drán dificultades para seguir aprendiendo a lo largo de la vida.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Educación y publicada
por el diario El Comercio (5.3.2007), a fines del 2006 se realizó una Evaluación
Censal de Comprensión de Lectura mediante una prueba aplicada a 305 135 ni-
ños de segundo de primaria de todo el país. La evaluación duró cincuenta minutos
y constó de dos partes, una de lectura de palabras y otra de comprensión de textos.
Cabe señalar que la evaluación sólo representó a 44% de los alumnos que cursa-
ban este grado y sólo cubrió parcialmente departamentos con población pobre del
país como Huancavelica, Ayacucho y Cajamarca.30 En cuanto a sus resultados, la
prueba reveló que 26% alcanzaron el nivel óptimo (nivel 3), es decir, entendieron la
totalidad de un texto narrativo. El 29,2% de los alumnos evaluados alcanzó el nivel
2 (pudieron deducir las ideas no escritas en el texto, mas no el significado de las
palabras por el contexto de la lectura ni la idea principal), y 29,1% el nivel 1, es
decir, no pudieron encontrar la información en un texto; los demás (15,8%) no
entendieron nada del texto leído.

Además de ser un indicador de que 74% de los alumnos evaluados no alcanzaban
lo suficiente para aprobar el segundo grado de primaria, la evaluación censal sirvió
para confirmar la precariedad de la escuela pública ante resultados obtenidos por
niños de centros particulares de enseñanza. En efecto, en el máximo nivel de com-
prensión lectora se encontró a 20,9% de alumnos de centros estatales, mientras

29
Las pruebas fueron aplicadas a alrededor de 14 500 estudiantes de cada grado seleccionado, de 843
escuelas primarias polidocentes y multigrado, y de 636 colegios secundarios. La muestra cubrió centros
de enseñanza pública y privada de áreas urbanas y rurales.
30
La ausencia de docentes, los paros regionales convocados por el SUTEP en esas fechas y la inasistencia
de los niños determinaron el carácter parcial de dicha evaluación.


que en los particulares la cifra ascendió a 41,6%. En cambio, en el nivel inferior los
estatales llegaron a 31,9% y los no estatales alcanzaron 20,3%.31

Comparados los resultados de ciudades como Arequipa, Callao, Lima, Moquegua,
Tacna y Tumbes,32 la mejor representada resultó Arequipa (33,6% de niños entendie-
ron todo el texto narrativo e informativo); le siguieron Lima (33,1%), Callao (31,2%),
Moquegua (29,2%) y Tumbes (29,2%). El mayor porcentaje de estudiantes que no
lograron entender lo que leyeron correspondió a Tumbes (20,8%), seguido del Callao
(10,1%), Arequipa (10%), Moquegua (9,7%), Lima (8,7%) y Tacna (7,2%).

Los resultados confirman la precaria base de una educación que, en otras condi-
ciones, permitiría a nuestros estudiantes obtener el mayor provecho de sus escue-
las. Si en los tres primeros grados de enseñanza primaria no alcanzan una suficien-
te comprensión lectora, están condenados a fracasar como estudiantes.33 Lo más
grave es que el sistema se ha habituado a esto y hay una suerte de complicidad e
indiferencia institucionalizada. Se toma como algo natural que los alumnos fraca-
sen y se atribuye esto a su pobreza, es decir, a causas completamente ajenas a la
docencia, a la escuela y al sistema. Esto confirma lo que en el documento del
Proyecto Educativo Nacional se denomina «un pacto de mediocridad»: los pobres
están condenados a no aprender y los responsables de su educación se desen-
tienden de esta situación.

No será suficiente tomar precauciones en el ámbito escolar. Es importante y deci-
sivo asumir la atención de la primera infancia (0 a 3 años), dándole la mayor priori-
dad nacional, así como universalizar una educación inicial calificada a párvulos de 3
a 5 años, sobre todo en las áreas rurales.

• LA PRECARIEDAD DOCENTE

Los resultados de la evaluación censal docente de inicios del 2007 indican que un
tercio de los docentes no alcanzan a resolver preguntas necesarias para ubicarse

31
En un país como el Perú es difícil comparar la educación privada con la pública sin tomar en cuenta los
distintos antecedentes de vida y la situación cultural de la mayoría de los niños que asisten a uno u otro
tipo de centro educativo. Sin embargo, estos resultados debieran hacer que se redoblen los esfuerzos
por atender a las escuelas públicas con más y mejores recursos.
32
El MED señala que estas regiones ofrecen mejores cifras representativas pues la prueba se aplicó a un
mayor porcentaje de estudiantes que en otras (donde se aplicó a menos de 65% del universo). Ver la
revista Caretas (22.2.2007).
33
En Matemáticas, los datos de la evaluación del 2004 fueron aún más alarmantes.


en el nivel básico. De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de
Educación a la prensa, 32,6% de los maestros evaluados no ubicaron datos litera-
les ni reconocieron el tema central en una lectura; 15,9% apenas llegaron al nivel
1; y 27,2% sólo lograron relacionar dos o más ideas del texto (nivel 2). Escasamen-
te, la cuarta parte de los evaluados (24,3%) alcanzaron un óptimo nivel 3.

Los resultados en Matemáticas son más preocupantes: 85,7% de los evaluados no
estuvieron en capacidad de resolver operaciones y ecuaciones fundamentales (en
niveles 0, mayoritario, y 1 en razonamiento lógico-matemático).

Las regiones en situación más alarmante coinciden con el grupo más pobre: Aya-
cucho, Huancavelica y Loreto. Las tres presentan un cuadro de docentes con más
de 55% en nivel 0 y nivel 1 en comprensión de textos. Arequipa, Tacna, Callao,
Lima y Moquegua son las únicas regiones donde más de 30% de los docentes
alcanzan el nivel 3 de comprensión de textos.34

La solución aplicada por el MED se basa en incentivar nuevas estrategias de capa-
citación docente, esta vez dando un particular protagonismo a las universidades.
Cabe señalar que, según estadísticas del Ministerio, en los últimos años fueron
capacitados 269 420 maestros con una inversión de 229 839 980 soles.

A la luz de los resultados señalados, todo indica que las políticas de formación
inicial y de capacitación en servicio han fracasado; no han tenido el impacto espe-
rado en la mejora profesional de nuestros docentes, y menos aún en el aprendizaje
de sus alumnos. La respuesta oficial, sin embargo, ignora los antecedentes, como
si el Estado peruano se enterara recién de esta situación o no hubiera tomado
decisiones antes en relación con este problema.

Habrá que modificar de manera sustantiva las estrategias de formación inicial y
continua de docentes, y apostar por medidas que asuman sistémicamente el «pro-
blema docente». Urge una evaluación seria de las políticas de formación docente
para no repetir viejos errores, evitar eslóganes y afirmaciones simplistas, sin sus-
tento real en evidencia alguna. Optar por las universidades no representa un giro
en las estrategias de capacitación docente; lo que cambia son los operadores y los
contenidos del plan de formación.

Al convocar a los docentes como individuos a recibir conocimientos, pautas e indi-
caciones, para devolverlos después a sus aulas, se sigue optando por la formación

34
En las partes II y III de esta publicación se ofrecen más elementos sobre esta evaluación censal y las
posibles causas del deterioro de las competencias docentes.


como un asunto individual antes que como un desafío institucional que deben asu-
mir las escuelas, como si la palabra del «capacitador» bastara para la conversión
personal.

d. LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO
Hay quienes señalan, con razones suficientes, que de poco servirán los esfuerzos
por mejorar los aprendizajes y capacitar a los docentes si no se enfrenta el gravísi-
mo problema de la corrupción institucionalizada en el sistema educativo nacional.

La Encuesta Nacional de Educación 2005 que Foro Educativo encomendara a la
consultora Apoyo Opinión y Mercado35 revela con claridad que 62% de los encues-
tados percibe la corrupción en el sector como el principal problema de la educa-
ción peruana. A fines del 2006, en una encuesta de la Universidad de Lima, 60%
de los interrogados consideraron que existe bastante o mucha corrupción en los
colegios. Los estamentos con más corrupción, de acuerdo con los encuestados,
son las asociaciones de padres de familia (47,7%), los directores (29,5%) y los
profesores (20,5%).

El propio Ministerio de Educación, al inicio del gobierno de Alejandro Toledo (2001),
identificó una estructura de poder corrupta que manejaría aspectos importantes
como nombramientos, reasignaciones, contratos en plazas orgánicas, autorización
para apertura de instituciones educativas (centros educativos particulares, institu-
tos superiores pedagógicos , entre otros) (Helfer et al. 2006).36 En esta red esta-
rían implicadas las oficinas nacionales a cargo del control de procesos administra-
tivos y de la emisión de dictámenes y visados de resoluciones, y ejercerían su poder
sobre los directores regionales mediante chantajes «legales», «informativos», «pre-
supuestales» y hasta «pedagógicos».37 El informe remarca que «Los especialistas
que llegan a las Direcciones de Gestión Pedagógica generalmente son profesores
y directores cuestionados o expulsados de los centros educativos por diversas
causas y que por tener la condición de ‘nombrados’ no pueden ser despedidos del
sector».

35
Aplicada entre el 28 de septiembre y el 10 de octubre del 2005 en zonas urbanas y rurales de once
regiones del país a 1 504 hombres y mujeres de 18 a 65 años de todos los niveles socioeconómicos
(disponible en <http://www.foroeducativo.org/encuesta.pdf>).
36
Informe de la Comisión Reorganizadora del MED 2001-2002 (citado en Helfer 2006).
37
El informe se refiere a las oficinas de Auditoría Interna y de Asesoría Jurídica, a las direcciones de
Gestión Institucional y de Gestión Pedagógica, y a la Oficina de Administración.


El informe «Con corrupción no hay educación», elaborado por la Defensoría del Pue-
blo y la Asociación Civil Proética, presentado el 28 de febrero del 2007 en la ciudad
del Cusco, es el resultado de un primer proyecto piloto aplicado en seis regiones del
país: Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lambayeque y Loreto. La Defensoría
recibió 307 denuncias vinculadas a corrupción: 52 por incumplimiento en el dictado
de clases, 48 por irregularidades en los procesos administrativos, 38 por contrata-
ciones irregulares, 30 contra atentados a la integridad física, 20 por uso indebido de
los cargos, 19 por deficiencias en las medidas de control y muchas más de diversa
índole; incluso hubo 7 denuncias por violación sexual y 6 por acoso sexual (Defen-
soría de Pueblo 2006).

Según el informe, en Ayacucho y Huancavelica la corrupción se centra en contra-
taciones irregulares. En Junín, el problema principal es la inasistencia de docentes
y el incumplimiento con sus horas de enseñanza. En Lambayeque, las denuncias
se centran en irregularidades en procedimientos administrativos. En Loreto, lo que
más dificulta el dictado de clases son los continuos desplazamientos de los profe-
sores. En el Cusco, más de un tercio de las denuncias recibidas responden a aten-
tados contra la integridad de los alumnos.38

Es gravísimo para el país que una de las conclusiones del informe señale que «[…]
el fenómeno de la corrupción […] atraviesa todo el sistema organizacional, a todo
nivel, constituyéndose en espina dorsal de una estructura que no sólo es ineficien-
te para sancionar los actos indebidos, sino que permite o reúne las condiciones
para que este se reproduzca y extienda» (Defensoría del Pueblo 2007: 72).

Lo señalado en ese valioso informe confirma otras múltiples apreciaciones. El año
2005 pude comprobar, entrevistando a representantes regionales de la Defensoría
del Pueblo en Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Cusco, varias cons-
tantes:39

El sector educación es el que más trabajo da a las oficinas regionales de la Defen-
soría del Pueblo, institución cada vez más apreciada por su disposición a atender
denuncias contra la corrupción en organismos intermedios.

38
Los asistentes a la presentación de este informe en el Cusco fueron particularmente impactados con la
denuncia contra una profesora que castigó a un grupo de alumnas por llegar un poco tarde con una
ducha helada en el baño de hombres del colegio Diego Quispe Tito, en San Sebastián, Cusco.
39
Las entrevistas se desarrollaron en el marco de un trabajo que me encomendara el Servicio Holandés de
Cooperación al Desarrollo (SNV).


Son constantes las denuncias de violación y acoso sexual de docentes a sus alum-
nos, así como de solicitud de pagos en efectivo o de favores sexuales por traslados
de docentes.

Es frustrante para los denunciantes (padres, alumnos o docentes) comprobar que
quienes cometen faltas por lo general no son castigados; a lo más, son trasladados
a las unidades de gestión educativa local (UGEL) o a las Direcciones Regionales.
Incluso hay casos en los que docentes acusados de violación o acoso sexual han
retornado a sus centros educativos.

El miedo y la alta tolerancia de la propia población a comportamientos corruptos o
cercanos a la corrupción tienen que ver con la falta de confianza en instancias
educativas que recojan sus denuncias y apliquen una justicia reparadora.

Alientan por ello la decisión y el empeño de la Defensoría del Pueblo en focalizar su
lucha contra la corrupción en lo educativo. Será tanto o más importante que el
propio Ministerio de Educación lidere y muestre con hechos la posibilidad de rever-
tir una situación con efectos perversos no sólo en lo ético y moral, sino también en
lo económico y en el propio sistema político que lo posibilita.


3. EDUCACIÓN EN EL MEDIO RURAL PERUANO:
PRINCIPAL EXPRESIÓN DE DESIGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

La población rural peruana está distribuida en 75 000 pequeños poblados organiza-
dos de manera diversa, según la región. De esta población, 89% vive en asenta-
mientos de menos de 500 habitantes esparcidos en ambientes no plenamente
cubiertos por redes de caminos y carreteras; en estos poblados hay casi 6 millo-nes
de habitantes —más de la mitad de ellos en situación de extrema pobreza—, que
representan 76% de la población cuyo consumo alimentario no cubre los requeri-
mientos básicos para la supervivencia humana.

Hay claras señales de que, confirmando la segmentación social peruana, las peo-
res evidencias de la crisis de la educación nacional se focalizan en las áreas rura-
les. En 1996, una valoración del aprendizaje nacional encontró que sólo 38,5% de
niños escolares rurales dominaban 9 de 14 competencias básicas, comparadas
con 63,5% de niños urbanos que lograron esos dominios. Los resultados iniciales
de una valoración del aprendizaje realizada el 2001 mostraron que en escuelas
multigrados los alumnos rinden menos que en escuelas polidocentes, y que los
niños de habla quechua y aimara tienen los más bajos porcentajes de comprensión
lectora. La precariedad educativa de las mujeres sigue siendo alta: 32% de las
niñas campesinas repiten de año o abandonan la escuela, y las mujeres rurales
promedian solo 4,9 años de escolaridad; además, en el medio rural, 7 de cada 10
personas analfabetas son mujeres.

Los alarmantes déficits de las escuelas rurales deben ser asociados a variables
geográficas, económicas, sociales y culturales. Las razones por las cuales la edu-
cación rural es tan deficitaria tienen que ver con el lugar en el que se da y lo que
ese lugar representa para la sociedad nacional. La asociación de la ruralidad con
«lo pobre», «lo atrasado», «lo marginado» repercute directamente en los tipos de
atención educativa que el país dispensa en sus medios rurales.

Hace varias décadas que los diagnósticos y las cifras que se manejan oficialmente
y en investigaciones independientes son coincidentes. Múltiples son, además, las
soluciones pensadas y propuestas. ¿Cuál es la reflexión, cuáles son las conclusio-
nes que se pueden obtener de estas cifras y de la no aplicación de las propuestas?


Muchas explicaciones se asocian a los siempre insuficientes recursos. Pesa más,
sin embargo, la escasa disposición y voluntad política que ha habido en estas déca-
das para otorgar un servicio educativo adecuado y de calidad suficiente en medios
rurales; para que estos servicios tengan como características el respeto a las dife-
rencias culturales y la incorporación de los saberes de esos pueblos y comunida-
des; y para responder a las necesidades y expectativas de las poblaciones rurales.

a. LAS PRINCIPALES EXPRESIONES EDUCATIVAS DE LA POBREZA
EN MEDIOS RURALES
Las principales expresiones educativas de la pobreza en medios rurales del Perú
se pueden agrupar en tres áreas de inequidad: el analfabetismo, las oportunidades
de estudio y exclusión educativa, y la interculturalidad no asumida.

• ANALFABETISMO

El Perú tiene desde 1940 (la fecha más lejana en cuanto a datos sobre este tema)
un número de analfabetos difícil de reducir, que oscila entre 1 700 000 personas
(según el último censo) y los 2 millones de personas.40 El mayor porcentaje corres-
ponde a áreas rurales y a mujeres. El 64% de analfabetos de entre 15 y 24 años
son mujeres, y 40% del total de analfabetos corresponde a mujeres que viven en
áreas rurales. En poblaciones indígenas, la proporción de mujeres sin escolaridad
es mucho mayor que la de hombres analfabetos; en comunidades indígenas, 7 de
cada 10 personas analfabetas son mujeres.

En el analfabetismo femenino rural e indígena peruano influyen no sólo situaciones
derivadas del papel de la mujer en sus núcleos sociales —su rol en la familia, su ciclo
vital, su responsabilidad en la crianza de sus hijos—, sino también las condiciones de
pobreza en las que transcurre la vida de las analfabetas. Sus actividades agropecua-
rias son múltiples, desde llevar la comida y el agua a los hombres que trabajan en el
campo y desarrollar tareas artesanales hasta participar en tareas comunales de pro-
ducción rural dependientes del mercado o de una empresa exterior.41

40
Según información difundida en el diario El Comercio (29.8.2005), la Unidad de Estadística del Ministe-
rio de Educación señala las siguientes cifras para el año 2004: 2 211 000 personas analfabetas; de
éstas, 1 474 000 nunca asistieron a una escuela y 737 000 tienen algún grado de instrucción.
41
Durante el régimen de Alberto Fujimori se encomendó la alfabetización al Servicio Nacional de la Mujer
(SERNAM, posteriormente Ministerio de la Mujer), con pobres resultados y grosera manipulación estadística.


• OPORTUNIDADES DE ESTUDIO Y EXCLUSIÓN EDUCATIVA

La educación primaria es prácticamente el único servicio educativo que se brinda
en las áreas rurales. No todos los jóvenes de estas zonas tienen acceso a la educa-
ción secundaria: la matrícula es de menos de 50% de la población de 12 a 16
años. Los resultados de las pruebas nacionales señalan que la gran mayoría de
ellos están en condición de analfabetos funcionales.

Los docentes carecen de la capacitación para trabajar en medios rurales que de-
bieron recibir en los institutos superiores pedagógicos o en las universidades a
cargo de su formación inicial; los calendarios escolares siguen siendo inapropia-
dos respecto a las faenas agrícolas; la adaptación curricular se encuentra en una
fase inicial; el tratamiento de la interculturalidad y el bilingüismo es aún insuficien-
te, a pesar de los esfuerzos públicos por producir materiales educativos adecua-
dos; y es notoria la falta de políticas específicas para escuelas unidocentes y mul-
tigrado, mayoritarias en el país.

De acuerdo con la investigadora Patricia Oliart (2000), el promedio de escolaridad
en mujeres rurales de 15 y más años es de 3,7 años, y en hombres es de 5,1. A los
17 años, el promedio de años de estudio aprobados en zonas rurales es de 6,4.
Ocho de cada 10 niñas rurales de tercero de primaria y 9 de cada 10 de cuarto
grado tenían extraedad.42

A los abundantes factores de pobreza rural e indígena habría que añadir situacio-
nes límite como la siguiente: los niños campesinos e indígenas y de núcleos subur-
banos que asisten a los programas no escolarizados de educación inicial (PRO-
NOEI) significan 34 dólares anuales de gasto al Estado, mientras que en los niños
que acuden a centros formales urbanos de educación inicial se invierten 230 anuales,
es decir, alrededor de seis veces más que en los niños rurales (MED 2000).

Por lo demás, los intentos para innovar la educación rural son difíciles de concretar,
tal como se señaló antes al mencionar la experiencia piloto de educación secunda-
ria en alternancia.

Proyectos con más recursos, como el Proyecto de Educación en Áreas Rurales
(PEAR), no contemplan este tipo de centros educativos ni pueden derivar sus fon-
dos hacia ideas innovadoras, por carecer de la flexibilidad suficiente para asumirlas

42
La misma investigadora señala que alrededor de 200 000 niñas no acceden a la escuela en medios
rurales; muchas de ellas tienen dificultades para desplazarse a los centros educativos, lejanos y escasos.


Huataccoc
taccocha
El ejemplo del internado en Huataccocha

Durante 33 años, la Escuela Unitaria Mixta 24355 de Huataccocha (Lucanas, Aya-
cucho) no lograba responder a las expectativas de los estudiantes y la comunidad.
Esto, por razones no sólo pedagógicas sino fundamentalmente sociales, económi-
cas y geográficas:

• Los viajes diarios de entre dos y seis horas de ida y vuelta (hogar-escuela-hogar),
que producen desgaste físico e influyen en la disminución de las capacidades de
atención y retención de los niños.
• La extrema pobreza, sobre todo de las zonas más altas, que genera una desnutrición
infantil aguda y crónica que es necesario enfrentar en ambientes no familiares.
• Los constantes cambios climáticos (lluvias, heladas, nevadas, crecidas de riachuelos,
rayos), que ponen en riesgo a los niños y originan constantes faltas a las escuelas, a
veces por varias semanas.
• Los frecuentes viajes de los padres acarreando auquénidos o ganado lanar y, en el
caso de los agricultores, para recolectar sus productos, actividades en las cuales por
lo general los niños mayores los acompañan.

En junio del 2005, docentes y padres de familia de la escuela decidieron seguir el
ejemplo de las escuelas de alternancia para jóvenes. Con el apoyo de la Unidad de
Gestión Educativa Local de Lucanas, crearon un Centro Rural Bilingüe Internado
que beneficia a 55 niños y niñas. Ellos acuden quince días de cada mes al internado,
y las siguientes dos semanas viven en sus casas, donde complementan su educa-
ción con vivencias familiares y comunales también vinculadas al programa de estu-
dios. La acción en educación intercultural bilingüe, respetando la diversidad cultural,
es otro valor del internado.

Los resultados iniciales son prometedores. La escuela:

• brinda alimentación y alojamiento diario, acorde con las necesidades;
• garantiza un número mayor de horas de clase; y
• desarrolla una labor de formación orientada al aprendizaje de normas, valores y for-
mación de hábitos. Esto convierte a los alumnos en agentes que repercuten en el
establecimiento de mejores condiciones de vida y relaciones más positivas en su
grupo familiar.

Fuente: Carmen Montero y Manuel Valdivia (editores). Propuestas para nueva escuela, nueva rurali-
dad y diversidad en el Perú. Aprendes, ACDI, CARE, CNE, Educa, Fe y Alegría, Foro Educativo, Pro-
Educa GTZ, SNV y USAID. Lima, marzo del 2007.


o apoyarlas. Sin embargo, alentadas por esas iniciativas, han surgido otras experien-
cias como la que se reseña en el recuadro sobre Huataccocha.

• LA INTERCULTURALIDAD NO ASUMIDA

La tercera parte de los habitantes de las áreas rurales tienen una lengua materna
vernácula; 7 de cada 10 vernaculohablantes viven en el campo y hablan quechua,
aimara o una de las cuatro decenas de lenguas de grupos etnolingüísticos de la
Amazonía. El aprendizaje en una lengua y una cultura ajena continúa siendo una
barrera que separa del resto del Perú a los estudiantes no castellanohablantes. A
pesar de los avances en la producción de materiales de lectura básica en lenguas
nativas, persisten la falta de materiales para el aprendizaje del castellano como
segunda lengua y el déficit en la formación de maestros en enseñanza bilingüe e
intercultural.43

La interculturalidad no ha sido lo suficientemente asimilada ni asumida en el Perú.
Cuando hay referencias a la educación bilingüe intercultural (EBI) prima más lo
bilingüe que lo intercultural. Existe una dificultad real para concretar —en idea y
acción— esa interculturalidad.

Habría que recordar que los sistemas educativos son estructuras etnocéntricas
por definición. En su génesis histórica, aparecieron para borrar las diferencias y
homogeneizar a poblaciones culturalmente diversas. La mejor herramienta para
esta tarea de imposición cultural ha sido la construcción central de un currículo: las
escuelas deben enseñar lo normado desde el nivel central, sin dialogar con las
culturas locales ni rescatar algo de ellas, menos aún con el propósito de enrique-
cerlas de manera respetuosa, propiciando intercambios con otras culturas y con la
cultura universal. Lo máximo que el sistema ha concedido es enseñar a la gente en
su propia lengua.

Difícilmente se avanzará hacia el cambio en las escuelas rurales peruanas, más
aún en las ubicadas en ámbitos indígenas, si no se reconoce el profundo racismo
vigente en el país. No habrá inversión que funcione sin modificar las condiciones
en las que se produce la educación rural. No se trata solamente de dotar a las
comunidades de más recursos; hay que realizar esfuerzos mayúsculos para que se

43
En 1998 eran 98 000 los niños vernaculohablantes atendidos en 16 departamentos. En el país existen
3 177 938 quechuahablantes, 440 380 aimarahablantes, 45 137 aguarunahablantes, 222 513 hablan
quechua de Lamas, 20 169 hablantes de shipibo-conibo y aproximadamente 20 000 hablantes de as-
háninka (MED 2000).


asuma de verdad que los indígenas —hombres y mujeres— son personas iguales a
las demás. Es la creencia profunda en la desigualdad lo que termina justificando el
abandono, la negligencia y el desinterés.44

En este contexto, un paso importante ha sido la creación de la Dirección Nacional
de Educación Bilingüe Intercultural (DINEBI). Sucesivas evaluaciones de la acción
estatal desde 1999 señalan algunos alentadores avances en materia de esta edu-
cación.45 Sin embargo, los lineamientos de política quedan cortos respecto a los
desafíos de una realidad como la peruana. Así, la direccionalidad de la EBI sigue
centrada en atender educativamente a la población indígena que tiene un idioma
propio, cuando tendría que ir más allá de la escuela y afianzar un trabajo realmente
intersectorial, con el Ministerio de Educación como pieza importante pero no exclu-
siva ni, en no pocos casos, más importante.

Por otra parte, no se vislumbra aún la participación de las poblaciones indígenas en
el diseño, la implementación y la evaluación de estas políticas. En la medida en que
la educación en las zonas indígenas del país incluya la participación social y comu-
nitaria como uno de sus principales componentes, la EBI será más pertinente y
afianzadora de la democracia peruana, como expresión de la diversidad caracterís-
tica del Perú.

Para que la interculturalidad sea posible en las aulas, es necesario que los planes
de clases y el proyecto curricular de la escuela nazcan de una negociación equita-
tiva entre las demandas del currículo y las demandas de las culturas locales. Asi-
mismo, es preciso que el objeto principal de referencia para toda clase de aprendi-
zajes sea la experiencia sociocultural de los estudiantes: sus fortalezas, sus proble-
mas, sus desafíos.

Una referencia final a los wawawasi, programa que desde la década pasada no
depende del sector educativo. A pesar de que la cuna de este modelo de educa-
ción temprana nació en la sierra sur y en comunidades quechuas y aimaras, desde
la década de 1990 el desarrollo de estos programas ha tenido como elemento

44
El informe de la Comisión de la Verdad es la prueba más clara de este racismo y olvido colectivo con
poblaciones como las ayacuchanas de habla quechua, principales víctimas de la violencia terrorista y la
represión militar. La difusión e internalización colectiva de sus conclusiones es una de las tareas priorita-
rias pendientes en nuestra educación.
45
Las principales propuestas y avances están referidos a mejoras en las prácticas pedagógicas, a cambios
en el uso de lenguas en el aula y, particularmente, a la elaboración y distribución de material educativo
consistente en cuadernos de trabajo para las áreas de Comunicación Integral y Lógico-Matemática en
catorce lenguas, entre andinas y amazónicas; asimismo, a la producción de materiales de apoyo para el
desarrollo de la segunda lengua.


común la disminución —y en algunos casos hasta la desaparición— de las estrate-
gias pedagógicas y el casi abandono de metodologías específicamente referidas a
un trabajo en áreas indígenas.46

No es extraño, por todo ello, que la tasa de desaprobación en la educación primaria
en áreas rurales sea prácticamente el doble que en las urbanas (UNESCO 2001).

b. LA ESCUELA RURAL:
SITUACIONES CRÍTICAS QUE OBSTACULIZAN SU DESARROLLO47
De los múltiples problemas detectados en las escuelas rurales, seleccionamos a
continuación cuatro particularmente importantes.

PROBLEMA ESPECÍFICO 1
El precario proceso pedagógico en las aulas

En un contexto con predominio de escuelas unidocentes y multigrado, interesa
indagar específicamente cómo elaborar la programación de aula y la correspon-
diente adecuación curricular; qué contenidos priorizar; de qué manera organizar el
espacio físico del aula; cómo organizar y desarrollar la sesión de enseñanza, dosi-
ficándola en el tiempo; qué técnicas y recursos emplear; qué papel debe cumplir el
docente durante el proceso de enseñanza; y qué tipos y formas de retroalimenta-
ción utilizar.

En situaciones como las que predominan en las escuelas rurales del Perú a veces
se tiende a ocultar lo que verdaderamente importa; en este caso, que aún es nece-
sario garantizar los primeros tramos de la educación básica. La etapa crítica son
los cuatro o primeros cinco años de estudio; quienes los superan tienen ciertas
posibilidades de no recaer en el analfabetismo y de mantenerse en el sistema
educativo. De ahí que sea muy importante para la sociedad rural peruana que los

46
Importa revisar la pertinencia de la atención preescolar en el campo, sobre todo en términos de la
«interculturalidad» y de los ciclos de transmisión de conocimiento y socialización. Habrá que preguntarse
si con estas intervenciones se procura modificar de manera sustantiva los patrones de crianza vigentes
en comunidades indígenas. Es necesario revisar la naturaleza misma de la intervención y lo que significa
para el futuro de las culturas locales y la valoración de las formas de crianza importantes para la repro-
ducción de esas culturas.
47
En este acápite se toma como base la información que aparece en Políticas regionales para el desarrollo
de la escuela rural (Rivero 2005).


niños obtengan, entre otros logros, un dominio adecuado y temprano de las técnicas
de comunicación, así como el empleo funcional de la lectura, la escritura y el cálculo
básico. Es esencial, por esta razón, un funcionamiento eficaz de los primeros grados
de la enseñanza, en los cuales se establecen las bases de aquellos aprendizajes.

Ahora bien: es precisamente en esos primeros grados de enseñanza donde se
observan las mayores deficiencias. Uno de los más interesantes trabajos de inves-
tigación y observación de la práctica pedagógica en escuelas de áreas rurales
señala, entre otras, las siguientes limitaciones de la enseñanza en el aula rural
peruana (Montero et al. 2001):

• El aula no es plenamente utilizada como recurso pedagógico. En una situación de
clase «normal», la mayor parte del tiempo se ocupa en el dictado o copiado de la
pizarra y en la revisión individual o colectiva de las tareas escolares.

• El tiempo utilizado en las aulas no se rige por las necesidades del ciclo escolar; las
clases se interrumpen, prolongan o suspenden de acuerdo con los intereses y las
necesidades de los profesores, de los padres u otro agente distinto de los niños.

• La atención docente se centra en el «tema que toca enseñar», más que en activida-
des que promuevan el aprendizaje.

• La pizarra es el principal recurso pedagógico utilizado por los docentes, y de mane-
ra limitada: para escribir o dibujar lo que los niños deben copiar en sus cuadernos.
El uso de materiales del medio (verbigracia, frutas o semillas como recurso didác-
tico para sumas y restas) es más frecuente en la sierra y la selva que en la costa.

• Los docentes sobreestiman la importancia de los libros de texto en el proceso
pedagógico; tienen dificultades para utilizar sus propios conocimientos e iniciati-
vas, así como para recurrir a las habilidades y destrezas adquiridas por sus alumnos
en su vida cotidiana.

• Los docentes no estimulan ni alientan con premios a los niños y las niñas que se
esfuerzan; en contraste, el castigo es usado constantemente como recurso para
mantener el orden o como sanción por el no cumplimiento de tareas.


El poco uso y el mal manejo de libros y materiales

Garantizar la existencia de libros y materiales didácticos en escuelas de contextos
rurales contribuye a compensar algunas limitaciones de la pobreza. Sin embargo,
no basta ni es suficiente.

La investigación sobre el impacto de los materiales didácticos en la escuela rural es
aún incipiente. Uno de los pocos trabajos sobre maestros y textos escolares en el
mundo rural peruano es el de Patricia Ames (2001), del que se colige lo siguiente:

• Es escaso el uso de libros en clases.

• Es mayor el uso de suministros básicos como papelógrafos, plumones y otros do-
nados a escuelas rurales.

• Las bibliotecas escolares, cuando existen, no ponen los libros al alcance de los
niños. Por lo general se guardan en la dirección o en los cuartos de los profesores,
quienes siempre hacen de intermediarios entre los estudiantes y los libros.

• Los cuadernos de trabajo diseñados para ser utilizados en el aula sirven más bien
para dejar tareas para la casa.

¿Por qué no se usan los libros?

Explicaciones de los docentes

• Dificultades debido al lenguaje utilizado y las actividades planteadas (demandan
libros y cuadernos de trabajo más simples).

• Poca relación de los contenidos con el contexto vital y comunal de los niños. Esto
es particularmente grave en contextos de habla materna quechua, aimara o de
lenguas habladas en la selva. Los textos y dibujos son pensados en realidades
urbanas o de Lima, capital de la república.

• Dificultades por tener que atender varios grados a la vez con libros diferentes para
cada grado. Los textos son pensados para cada grado y no para su uso en centros
multigrado.

• Escasa orientación a los docentes para trabajar con los materiales.


Otras explicaciones:

La investigadora se pregunta hasta qué punto las dificultades esgrimidas por los
docentes no reflejan cierta subvaloración de los alumnos y las alumnas rurales. La
visión de los maestros está muy marcada por el contexto de pobreza que rodea a
los niños; es más: en muchos casos tratan de reforzar sus argumentos señalando
el origen campesino, la pobreza y la falta de apoyo en sus casas debido a la igno-
rancia paterna, el déficit alimentario y la consiguiente desnutrición.

La crítica de los maestros sobre la escasa adecuación de los textos a la realidad
del niño merece ser examinada con más detenimiento. Su uso como excusa para
no trabajar con los textos se contradice con la evidencia de que en la escuela, más
allá de la existencia o no de textos, se tratan temas también ajenos a la realidad
concreta de los alumnos.

Por otro lado, es evidente la falta de capacitación de los docentes para utilizar
mejor los libros y los cuadernos de trabajo; incluso algunos docentes manifestaron
dificultades para entender los textos y las indicaciones.

La difícil relación entre padres y maestros

El mundo de la educación en medios rurales no se puede limitar a la alfabetización
de niños y niñas en centros escolares. Siempre será clave la presencia de la propia
comunidad para poder transformar, con apoyo educativo, el futuro de esas mismas
comunidades.

¿Cuál es la relación que las comunidades han querido establecer con el Estado
respecto a la educación de sus hijos? La validez de la pregunta está directamente
asociada a una doble circunstancia: por una parte, uno de los principales impulsos
del crecimiento del sistema educativo en las zonas rurales ha sido la demanda de
las comunidades; y, por otra parte, casi la generalidad de los docentes rurales opi-
nan que existe desinterés de los padres por la educación de sus hijos.

Los padres y las madres de las zonas rurales valoran positivamente la escuela y
tienen expectativas frente a ésta, pues la asocian con la mejora de sus condiciones
de vida. Dan particular valencia al aprendizaje de la lectura y la escritura; y, en el
caso de las comunidades bilingües, al conocimiento y la enseñanza del castellano.
Suelen ver a la educación como el medio por el cual los niños y las niñas obtendrán


mejores herramientas para salir de su comunidad, encontrarán trabajos mejor remu-
nerados o, con más suerte, serán profesionales. La educación es especialmente
importante, consideran, para dejar de ser engañados y tener más posibilidades de
relacionarse con entidades públicas y privadas que influyen en la comunidad. A
partir de sus expectativas, madres y padres suelen demandar a la escuela que
brinde desde conocimientos básicos (lectura, matemáticas y castellano) hasta com-
putación e inglés.

A pesar del contexto de pobreza, los esfuerzos de los padres de familia campesinos
para enviar a sus hijos a la escuela y efectuar aportaciones por lo general son signi-
ficativos. Especialmente en la sierra y selva, son múltiples los ejemplos de aportes
familiares en la construcción, reparación o mejoramiento de locales escolares, así
como en la organización del desayuno escolar. Muchos prescinden del trabajo de sus
hijos en faenas de producción o en labores domésticas para asegurar su educación,
a pesar de que ello significa un costo para sus precarias economías.

Sin embargo, el interés de las familias por la educación no equivale necesariamen-
te a su confianza en la escuela. Es ilustrativo recordar estudios sobre el Programa
para Rebatir el Rezago Educativo (PARE),48 en México, indicativos de la dificultad
docente para responder a un triple reclamo unánime de los padres de familia en
medios rurales: que maestras y maestros asistan regularmente, que traten bien a
sus estudiantes, y que enseñen y respeten las costumbres y creencias del lugar.
Esto puede ser perfectamente extensivo a escuelas rurales peruanas.

Los docentes, por su lado, parten de la opinión generalizada de que el interés de
los padres por la educación de sus hijos es prácticamente nulo. Los bajos niveles
educativos serían el obstáculo insalvable para que cooperen complementando en
el hogar las enseñanzas recibidas por sus hijos en la escuela. En suma, los califican
como «poco responsables», por alentar sus ausencias y atrasos, y «poco coopera-
dores» con el aprendizaje de sus hijos.

La tensión entre las demandas familiares y las opiniones de los docentes se expli-
ca en alguna medida por el lugar preponderante de los niños y las niñas en la
precaria economía familiar, en la cual el trabajo de cada uno tiene un valor tangible.
Si padres y madres observan que el docente no cumple con acudir regularmente a
su centro de trabajo, y que los avances en el aprendizaje son muy lentos, lo más
probable es que opten por tener a sus hijos apoyando las labores domésticas o
productivas de sus hogares.

48
Este programa funcionó en los estados mexicanos rurales más pobres: Chiapas, Guerrero, Oaxaca e
Hidalgo (ver Rivero 2000).


Respecto a los mecanismos de participación creados desde Lima, hay una verdade-
ra incongruencia en la generalización del sistema de asociaciones de padres de
familia (APAFA) en el territorio nacional: no se considera la diversidad de los esta-
blecimientos educativos, ni que en medios rurales la comunidad tiene más relevan-
cia que tales asociaciones. El nuevo reglamento de las APAFA postula la creación de
muchos órganos sin ninguna posibilidad de concreción en centros unidocentes y
multigrado. Los consejos escolares consultivos terminan siendo instancias que re-
emplazan a la comunidad; y al asumir funciones ejecutivas, pueden debilitar la au-
toridad del director de los centros. Estos consejos, como otros mecanismos de
participación, deben ser adaptados al medio rural si se quiere que funcionen.

Carlos Monge
DEM ED CATIVAS DE LA NU
TIVA RU LID
DEM A N D A S ED U CATIVAS DE LA NU E VA RU R A LID A D

Las políticas, programas y proyectos de educación rural no pueden ser pensados
imaginando:

Una población rural decreciente y marginal. Por el contrario, se trata de una porción
significativa de la población, con vitalidad demográfica.

Una población rural ajena al mercado, sus demandas, sus dinámicas y sus valores. Por
el contrario, se trata de manejar contenidos que preparen a los estudiantes para su
inevitable futura acción en el mercado.

Una población rural ajena a la información y los valores que provienen de otros espacios
culturales. Por el contrario, la educación rural debe tomar en cuenta que la niñez y la
juventud rurales ya son consumidoras de información y valores globales, con una alta
predisposición a migrar al extranjero.

Una población rural que vive en una situación idílica, ajena al conflicto. El conflicto, su
prevención y su encauzamiento deben ser temas obligados de una nueva política
educativa.

Una población rural que vive ajena al proceso político nacional. Por el contrario, la
población rural participa activa y críticamente en la política nacional.

Fuente: Carlos Monge, «La nueva ruralidad peruana», en Carmen Montero y Manuel Valdivia (editores),
Propuestas para nueva escuela, nueva ruralidad y diversidad en el Perú. Aprendes, ACDI, CARE, CNE,
Educa, Fe y Alegría, Foro Educativo, Pro-Educa GTZ, SNV y USAID. Lima, 2007, pp. 41 y 42.


La no correspondencia entre la normatividad pública y la realidad
educativa rural49

La legislación y las normas referidas a la educación rural son numerosas (y tam-
bién existe una importante institucionalidad educativa preocupada por su mejor
desarrollo); sin embargo, el sentido declarativo constituye tal vez su mayor coinci-
dencia. El deber ser y la aspiración de logros óptimos en bien fraseados párrafos
son constantes en la mayoría de los documentos consultados.

La coincidencia en el señalamiento de la pobreza generalizada del país, que tiene
su máxima expresión en medios rurales e indígenas, facilita que en casi todas las
estrategias educativas y los considerandos legales se asocie la prioridad de la
educación rural con la superación de la pobreza estructural. Sin embargo, no hay
correspondencia entre la profusión de normas, las posibilidades de real aplicación
de las mismas y la necesidad de estrategias para enfrentar efectivamente el de-
sastre educativo nacional que, según se admite, tiene en la escuela rural sus mayo-
res expresiones de baja calidad e inequidad colectiva.

Un factor limitante no sólo de la vigencia de esa normatividad sino también de la
renovación educativa del país es la falta de voluntad de la clase política peruana
para priorizar efectivamente la educación. Esto tiene una clara expresión en los
magros presupuestos del sector, en el incumplimiento de acuerdos nacionales y en
la falta de continuidad de políticas públicas en el Ministerio de Educación.

En un buen número de estos documentos predomina la visión del largo plazo. Esto
es explicable en el caso de instrumentos como el Acuerdo Nacional (décimo se-
gunda política de Estado) o en el Plan Nacional de Educación para Todos; empero,
la gravedad de la situación nacional demanda que el corto plazo sea considerado y
explicitado en las áreas prioritarias de esos instrumentos.

Los denominados «planes maestros» del Ministerio de Educación para la educa-
ción rural y la alfabetización son una buena iniciativa del sector. No se explica, en
cambio, que en el que corresponde a la educación rural el principal esfuerzo se
haya dirigido a imaginar lo que debiera darse en materia educativa rural el año
2021. La visión estratégica del país al 2021 no se complementa con la priorización
de medidas urgentes para el plazo inmediato.

49
Para conocer más información sobre este tema, ver Rivero 2003a.


Durante la gestión gubernamental del presidente Alejandro Toledo, la alfabetización
fue situada como una de las cuatro prioridades de política. Sin embargo, el Plan
Maestro para hacerla factible y, sobre todo, los recursos asignados, mostraron una
evidente precariedad. En junio del 2003, los recortes del presupuesto regular del
Ministerio de Educación a los que se comprometió el ministro de entonces para
asumir parte del aumento de 100 soles a los maestros afectaron programas como
el de alfabetización, a pesar de su «prioridad» nominal.50

Una constante en los documentos de política es que no abordan con el énfasis
necesario las medidas integrales que demanda el problema específico de las es-
cuelas unidocente y multigrados.

Por otra parte, una de las normas más estimulantes de la última década es que un
tercio del programa curricular debe ser adaptado a las realidades locales. Sin em-
bargo, hay indicios consistentes para afirmar que uno de los problemas irresueltos
en las escuelas es la posibilidad de concretar esa adaptación. No se conocen pau-
tas que la estimulen y orienten acerca de cómo llevarla a cabo.

Respecto a los incentivos para los docentes, existe consenso en cuanto a otorgar
un pago adicional a los maestros rurales. Subsisten, empero, dos problemas: por un
lado, muchos docentes dejaron de trabajar en áreas rurales y siguen cobrando por
«asignación a áreas rurales o zonas de frontera»; y por otro, la definición de a
quiénes pagarles basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática (INEI). Ante esto, es fundamental que el propio Ministerio sincere sus plani-
llas y acabe con el desestímulo que significa para los docentes que efectivamente
trabajan en el medio rural, la extendida práctica de que docentes trasladados a
centros urbanos continúen recibiendo esas bonificaciones. Además, se requiere
definir desde el Ministerio de Educación cuáles son las condiciones de trabajo que
ameritan esas bonificaciones, en vez de asociarlas sólo al INEI. En este caso, es
muy importante resaltar las implicancias de enseñar en un medio rural apartado, y
lo que esto significa para los maestros.

Por lo demás, es importante una nueva concepción respecto a estos estímulos
docentes: no basta premiar el hecho de trabajar en una determinada zona geográ-
fica y en determinadas condiciones de vida; es necesario introducir con urgencia la
valía de ese trabajo en términos pedagógicos y personales. Es decir, se trata de
premiar sobre todo la motivación y la responsabilidad.

50
La suma inicialmente comprometida se redujo a 10 millones de soles sin modificar la meta de 250 000
alfabetizados por alcanzar ese año.


4. LAS INICIALES RESPUESTAS A LA CRISIS
EDUCATIVA

Desde hace cuatro años se han generado importantes consensos en educación,
expresados en programas y propuestas de acción que tienden a enfrentar las di-
versas manifestaciones de la crisis educativa. A la nueva Ley General de Educa-
ción y la Consulta Nacional por la Educación desarrollada el 2001 se suman el
Foro del Acuerdo Nacional (2004), el Pacto de Compromisos Recíprocos por la
Educación (2004) y políticas propiciadas por el MED para enfrentar la emergencia
educativa.

a. EL FORO DEL ACUERDO NACIONAL Y EL PACTO SOCIAL DE
COMPROMISOS RECÍPROCOS POR LA EDUCACIÓN51
El Acuerdo Nacional consta de treinta políticas de Estado orientadas por cuatro
objetivos básicos: democracia y Estado de derecho; equidad y justicia social; com-
petitividad del país; y Estado eficiente, transparente y descentralizado. En la política
sobre educación del Acuerdo Nacional se le reconocen a este ámbito importantes
funciones sociales, asociándolas a una idea de desarrollo humano que demanda
cambios paralelos en lo político, lo económico y lo social.

Por la composición y naturaleza convocadora y representativa del Foro del Acuerdo
Nacional,52 es importante remarcar que en la política acordada en materia educativa
hay catorce objetivos de Estado consensuados entre las fuerzas allí representadas.

El Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la Educación fue demandado por
el Acuerdo Nacional al Consejo Nacional de Educación. Su construcción significó

51
El Pacto Social fue organizado y presentado por el Consejo Nacional de Educación al Foro del Acuerdo
Nacional, donde fue adoptado en mayo del 2004.
52
Este importante Foro fue constituido el 2002 por las principales fuerzas políticas del país y por entida-
des representativas empresariales, sindicales, universitarias, eclesiales y de la sociedad civil; en él tam-
bién están representados el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. Si bien sus acuerdos y mandatos
no son imperativos, constituyen una importante expresión colectiva y expresión de vigilancia ciudadana.


la posibilidad de concertar con actores clave como la Presidencia del Consejo de
Ministros, los ministerios de Educación y de Economía y Finanzas, el Congreso de
la República, los sindicatos más representativos (el SUTEP y la Confederación Ge-
neral de Trabajadores del Perú), las fuerzas políticas, los otros sectores sociales y
los empresarios participantes en el Acuerdo Nacional, así como con entidades re-
presentativas de la sociedad civil (Foro Educativo) y las mesas nacionales y regio-
nales de concertación.

El Pacto Social optó por seleccionar, para el período 2004-2006, las siguientes
áreas estratégicas de acción:

• Movilización nacional por aprendizajes de calidad: se dará prioridad a los valores, el
razonamiento lógico-matemático y la comunicación integral, atendiendo la diversidad
cultural y sociolingüística, para que todos los estudiantes sean capaces de desarro-
llar sus vidas asumiendo valores nacionales y democráticos, de calcular, de compren-
der lo que leen y escriben, y de expresar con libertad lo que piensan y sienten.

• Estrategia de desarrollo profesional docente: para el 2006 se contará con una
propuesta concertada de nueva carrera pública magisterial y se habrá aplicado una
política salarial que conjugue el derecho de los profesores a una remuneración y
un trato justos, con el derecho de los estudiantes a contar con docentes prepara-
dos y comprometidos con su aprendizaje.

• Moralización del sector educación: al 2006 se habrá enfrentado y se ejercerá vigi-
lancia ciudadana efectiva sobre los actos de corrupción en todos los ámbitos de la
gestión educativa, desarrollando un ejercicio ético de la función pública y un com-
promiso con los resultados educativos.

• Financiamiento de la educación: se atenderán las necesidades del sector garanti-
zando el incremento anual del presupuesto, en cumplimiento del Acuerdo Nacio-
nal, y mecanismos de uso eficiente.

A pesar de que el año 2004, en el discurso anual ante el Congreso, el presidente
Alejandro Toledo asumió este Pacto Social como eje de la política educativa, no
hubo correspondencia suficiente respecto a los programas organizados en función
de este compromiso y los recursos asignados. Los pasos en materia de moviliza-
ción nacional por aprendizajes de calidad registran algunas iniciativas del Ministe-
rio de Educación creativas y concertadoras,53 aunque con más énfasis en directi-

53
Ver Un país que lee, un país que cambia, separata del MED distribuida con el diario El Comercio (Lima,
14.11.2004).


vas que en presupuestos operativos y acciones movilizadoras. La batalla por
obtener más recursos presupuestales para el sector no tuvo eco suficiente en
el propio Ministerio, condicionado por los criterios para distribuir recursos y las
visiones para asignar prioridades imperantes en el Ministerio de Economía y
Finanzas. A pesar de ello, se avanzó de modo sustantivo en la concreción de la
propuesta de una nueva carrera pública magisterial y se registraron iniciativas
importantes en el Congreso para legislar contra la corrupción imperante en la
gestión y administración en unidades de ejecución descentralizada y en los
propios centros educativos.

b. LAS EXIGENCIAS DE LA EMERGENCIA EDUCATIVA
La declaración de la emergencia educativa el 2003 exigió al MED readecuar sus
prioridades de acción. Durante la gestión del ministro Javier Sota Nadal hubo im-
portantes esfuerzos para reformular la agenda del sector y producir iniciativas para
reglamentar la Ley General de Educación; asimismo, en términos del desarrollo de
una lógica de concertación, de propugnar una mayor transparencia estableciendo
mecanismos de información y rendición de cuentas, y de proponer al país un docu-
mento preliminar sobre la ley de carrera pública magisterial.

El enfrentamiento de la emergencia, sin embargo, dejó mucho que desear. El Pro-
grama Nacional de Emergencia Educativa no significó una convocatoria al país ni
un esfuerzo de movilización nacional para enfrentar colectivamente la dramática
situación que le dio origen. El proyecto planteaba cuatro líneas de política para el
2004: a) mejorar las oportunidades de logros de aprendizaje; b) superar las bre-
chas de inequidad; c) revalorar al magisterio; y d) desarrollar una gestión moderna,
democrática y descentralizada.

El Ministerio de Educación, confirmando algunos temores, convertía en sinónimo de
la emergencia educativa el plan de desarrollo de la educación vigente, y priorizaba la
programación de las actividades bajo su responsabilidad sin prestar suficiente aten-
ción a lo que podrían hacer otros actores sociales en el campo de la educación.

Dicho programa tenía entre sus propósitos oficialmente explicitados asegurar los
requerimientos económicos exigidos por la emergencia y comprometidos en el Acuerdo
Nacional, así como impulsar el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Perua-
na (FONDEP).54 A pesar de esto, la situación de emergencia se enfrentó sin fondos

54
Creado el 13 de agosto del 2004 por Ley 28332.


adicionales, lo que imposibilitó toda acción trascendente y todo cambio esencial,
como los requeridos por el actual sistema. El plan se redujo a tratar de organizar
mejor y hasta innovar las acciones propias de toda administración educativa.55

Ha sido incoherente reducir todo aumento presupuestal al incremento indiscrimi-
nado de los salarios docentes, presiones sindicales de por medio. Esto, siendo
importante, es a todas luces insuficiente para remontar las razones de esa declara-
ción de emergencia. Grafica mejor esa incongruencia el caso del FONDEP, organis-
mo clave en la nueva Ley General de Educación para financiar iniciativas y proyec-
tos de desarrollo diferentes a las acciones rutinarias del sector, que nació con sólo
2 millones de soles (571 000 dólares), en contraste con los 45 millones de dólares
asignados al Fondo de Defensa Nacional.56

Obtener más recursos presupuestales es importante, pero también resulta insufi-
ciente si de verdad se quiere enfrentar una emergencia. Por eso, era indispensable
que el MED y las Direcciones Regionales modificaran de modo significativo sus
agendas en función de la emergencia, que exigía una drástica reestructuración de
las prioridades rutinarias. Así pues, se careció de visión suficiente y de voluntad
política para allanar esas barreras y posibilitar una verdadera sinergia en el accio-
nar de las unidades operativas, en función de resultados concretos en el ámbito de
los aprendizajes en los centros educativos. La inercia del aparato público se limitó
a plantear iniciativas puntuales sostenidas por un grupo pequeño de especialistas.

Una omisión mayúscula fue no considerar que la instancia en mejor posición para
definir la emergencia educativa era el centro educativo. Allí, con el liderazgo de
cada director, se debían establecer los objetivos, metas y medidas necesarias, para
trabajarlas con alumnos, profesores, padres de familia y comunidad del entorno. La
capacitación requerida por los profesores, los ajustes de las asignaturas y los gra-
dos respecto a planes de estudio, las medidas para combatir el ausentismo de
estudiantes y profesores, todo ello tenía como mejor escenario los propios centros
educativos.

Es sintomático, asimismo, que la emergencia educativa no haya considerado una
exigencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: «Para que la historia no se
repita, es imprescindible una profunda reforma de la educación pública, sobre todo
en las zonas más pobres».

55
Nélida Céspedes (2005) señala que «[…] las medidas y acciones desarrolladas hasta ahora parecen
confundir la emergencia con la ejecución de un plan general de gestión ministerial [...] no han logrado
cumplir con los objetivos planteados».
56
Creado en diciembre del 2004 por Ley 28455, entró en vigencia el 1 de enero del 2005.


No bastaba con llamar la atención sobre la mala calidad de la educación y sus
efectos para el desarrollo del país. Importaba también, en coincidencia con la CVR,
resaltar la urgencia de una transformación educativa.

Algunas sugerencias específicas del informe final de la CVR constituyen un impe-
rativo para enfrentar la emergencia educativa:

• El mejoramiento de la infraestructura de las escuelas rurales («[…] las escuelas
destartaladas son un signo visible de desprecio que debe ser erradicado»).

• El establecimiento de un sistema de incentivos y premios a los profesores que
opten por ejercer su profesión en zonas rurales o remotas del país («[…] sistema
que ayude a tener maestros de calidad en dicho ámbito»).

• La promoción de equipos multidisciplinarios que acompañen al magisterio para
brindar apoyo y orientación sobre salud, alimentación y manejo antropológico ade-
cuado de la población. («[…] la contratación de profesionales de la psicología so-
cial y antropología en las Direcciones Regionales de Educación y en las Unidades
de Servicios Educativos [hoy UGEL] es indispensable»).

• Promoción de una educación en el respeto de las diferencias étnicas y culturales.
(«[…] adaptar la escuela en todos sus aspectos a la diversidad étnico lingüística,
cultural y geográfica del país»).

c. AVANCES EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DURANTE LOS
ÚLTIMOS AÑOS
El MED es uno de los ministerios más complejos. Con una inercia acumulada du-
rante muchos años de funcionamiento centralista y con un presupuesto insuficien-
te, debe asumir o facilitar la gestión de 60 000 instituciones a las que asisten 8
millones de alumnos y más de 300 000 docentes. Las tareas de un ministro de
Educación son de por sí difíciles, pues debe administrar un enorme y complejo
aparato nacional, afrontar demandas coyunturales permanentes y, a la vez, propo-
nerse objetivos de real cambio educativo. Pero serán más difíciles aún si se realizan
sólo con las fuerzas internas, excluyendo —o no convocando— a otros estamentos
institucionales.

De los últimos tres años en el MED se pueden resaltar varios logros del ministro
Javier Sota Nadal y su equipo ministerial. Enfrentaron con relativo éxito situaciones


delicadas que encontraron al inicio de la gestión y avanzaron, aunque con dificulta-
des, en la racionalización de personal de los centros educativos y en la mejora del
sistema de planillas y de control de plazas docentes. Asimismo, la adquisición de
textos escolares se realizó sin los cuestionamientos de que había sido objeto la
compra del 2003, que terminó involucrando a varios funcionarios en procesos
administrativos o denuncias penales. Lograron también la reglamentación de la
nueva Ley General de Educación57 y de las asociaciones de padres de familia,
promulgaron el Estatuto del Colegio de Profesores e iniciaron el proceso de ins-
cripción de los docentes.

Esta administración ministerial mostró una mayor predisposición para trabajar con-
certadamente con instituciones sociales como el Acuerdo Nacional, el Consejo
Nacional de Educación, Foro Educativo y el SUTEP. Facilitó trabajos concertados
como el Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la Educación, aprobado por
el Acuerdo Nacional, y evitó una huelga anunciada por el SUTEP para mayo del
2004.

La continuidad del equipo pedagógico coordinado por el viceministro Idel Vexler
durante la gestión del ministro del nuevo gobierno aprista, José A. Chang, facilitó la
concreción de algunos procesos y la continuidad de lo acumulado durante los últi-
mos años del presidente Alejandro Toledo. ¿Cuáles son las medidas rescatables,
tomando en cuenta su persistencia y el hecho de que resultan de procesos acumu-
lados?

• El inicio de las clases en marzo, desde el 2005, y la difusión, dos meses antes, de
las normas para el año escolar —con cierta flexibilización en medios rurales—, en
procura de llegar a metas cercanas a las mil horas de clase.58

• El encomiable y persistente trabajo de la Unidad de Medición de la Calidad Docen-
te para organizar e institucionalizar experiencias de evaluación del rendimiento es-
tudiantil, lo que ha posibilitado identificar nudos de problemas en las áreas de Co-
municación y Matemática. Esta entidad mide cada vez con mayor precisión las
brechas entre la realidad y aquello que los alumnos deberían saber hacer de acuer-

57
Entre las normas que se aprobaron están los reglamentos de educación básica regular, educación básica
alternativa y educación técnico-productiva.
58
Hay dudas razonables de que en las condiciones actuales se cumpla la meta trazada de horas efectivas
de clase. El valor de las medidas es ir creando conciencia colectiva respecto a que los alumnos deben
tener más tiempo para sus aprendizajes. El año 2007 las clases se iniciaron el 1 de marzo.


do con el grado que cursan. Asimismo, posibilita que se conozca mejor por qué unos
obtienen mejores resultados que otros.59

• La simplificación de los componentes del currículo de educación secundaria y la
reducción de las evaluaciones, facilitando así el trabajo del profesor.60 En educa-
ción básica regular, la adopción de un diseño curricular nacional como primer paso
para articular las estructuras curriculares de la educación inicial, primaria y secun-
daria.61

• La persistencia, durante toda la administración del presidente Toledo y luego en la
gestión del ministro Chang, en la construcción de una propuesta de carrera pública
magisterial, presentada, con variantes, a las representaciones congresales de cada
mandato.

• El esfuerzo del Estado por dotar de textos escolares y materiales de biblioteca a
centros educativos y alumnos del sector estatal. El criterio seguido en la selección
de textos ha sido anteponer el factor pedagógico al precio, procurando que los
alumnos trabajen con mejores materiales.62

• El pase (por fin) del área de Educación Inicial a ser nuevamente una Dirección
Nacional. Esto ha fortalecido la capacidad de esta instancia para formular proyec-
tos de inversión de mediano plazo, lo que permitirá el desarrollo del nivel educativo.
Además, ha dado pasos destacables en articulación intersectorial y se prepara
para la primera evaluación externa de resultados de aprendizaje a niños de 5 años
de edad en el 2007.63

59
La experiencia acumulada ha posibilitado que desde noviembre del 2005 se distribuyan a cada centro
educativo participante los reportes sobre niveles de desempeño de su alumnado en los grados evalua-
dos.
60
Las anteriores catorce y quince asignaturas de cuarto y quinto de secundaria se han reducido a diez
áreas de formación.
61
Tal integración se dificulta al optarse por competencias en la educación inicial y primaria y por capacida-
des en la secundaria.
62
El Plan operativo 2005 incluyó adquirir cerca de 22 millones de textos, guías, cuadernos de trabajo y otros
materiales a un costo cercano a los 130 millones de soles. En su mensaje al país de abril del 2007, el
ministro Chang señaló que se habían distribuido 8 millones de textos escolares en educación primaria y
secundaria, además de la instalación de módulos de bibliotecas en las escuelas urbanas y rurales del país.
63
La UMC y la Dirección Nacional de Educación Inicial han diseñado la primera prueba de medición de la
calidad de educación inicial, paso importante para mostrar el impacto de este nivel en los desempeños
posteriores de los niños, en particular durante el crítico primer ciclo de la Educación Básica Regular


5. PRINCIPALES TENDENCIAS MUNDIALES
DE CAMBIO EN LA EDUCACIÓN64

En Latinoamérica, a pesar de la concentración de ingreso y capital, y de la distancia
efectiva entre la calidad de vida de los distintos estratos sociales, los sectores
populares no creen que su deprimida condición social constituya un obstáculo in-
salvable para que sus hijos sigan estudios prolongados y obtengan los grados uni-
versitarios más elevados. Esta percepción encuentra apoyo en la debilidad de la
educación como institución y cuerpo profesional. De hecho, parece haber una creen-
cia casi mágica en el poder de transformación que tendrían los centros de ense-
ñanza. La paradoja de la acción igualitaria en el acceso a la educación media y
superior es que se produjo en sociedades que continuaron siendo profundamente
desiguales.

En los países europeos más desarrollados, en cambio, fueron mayores los logros
en igualdad por la vía de la distribución del ingreso monetario y de la redistribución
por políticas sociales que aquéllos obtenidos ampliando oportunidades vía la edu-
cación, que tuvo más que ver con el propósito de asegurar la enseñanza básica
requerida para cada etapa de desarrollo. Esto posibilitó la politización de una masa
social más educada, que presionó al poder hacia cambios en la igualdad de oportu-
nidades.

Los extraordinarios avances económicos del Sudeste asiático se asocian con su
compromiso por priorizar la educación. El caso de los países asiáticos merece sin
embargo una consideración aparte, debido a la significativa influencia de los facto-
res culturales en general y al rol de la familia en particular.

En los países del África, donde son igualmente significativos los factores cultura-
les, el cambio educativo está íntimamente asociado al problema de las condiciones
materiales de vida de la población, que inciden directamente sobre las posibilida-
des de éxito de cualquier estrategia de aprendizaje.

64
Este acápite toma como base informativa las investigaciones de Juan Carlos Tedesco (2001), José
Rivero (1999), Hernando Gómez Buendía (1998) y Ricardo Diez Hochleiner (2000).


Finalmente, la educación en los países islámicos se asemeja en algo a la de los anterio-
res países, salvo en aquéllos con una fuerte influencia del integrismo islámico, donde
los cambios educativos se asocian a la pugna entre tradicionalismo y modernización.

a. LAS NUEVAS TEORÍAS EDUCATIVAS
La tesis de la educación durante toda la vida, promovida desde Jomtien, y las pro-
puestas para la educación en el siglo veintiuno, desde la UNESCO, siguen teniendo
una vigencia gravitante. La opción por una educación permanente demanda variar
los enfoques tradicionales que asociaban el hecho educativo a la institución esco-
lar o universitaria, y que especificaban «edades para aprender». A partir de esta
iniciativa, la educación tiene cabida en cada etapa de la vida y se da incluso antes
del nacimiento, con madres educadas.

La educación, de acuerdo con el llamado Informe Delors (UNESCO 1996), tiene
como fundamento cuatro grandes pilares o aprendizajes: a) aprender a conocer, b)
aprender a hacer, c) aprender a convivir con los demás y d) aprender a ser. Todo
esto significa que la calidad educativa no puede resultar de la excelencia lograda
en una sola de sus áreas.65

En el inicio de un nuevo siglo destacan particularmente los principios de cuatro
teorías vigentes e influyentes: la teoría de las inteligencias múltiples,66 el construc-
tivismo,67 la teoría de la conversación68 y la teoría del conocimiento situado.69 Una

65
Ello debiera repercutir también en propiciar evaluaciones integrales y no parciales.
66
La teoría de las inteligencias múltiples planteada por el investigador Howard Gardner (1987), de la
Universidad de Harvard, propone que cada ser humano tiene inteligencias con una localización precisa
en la corteza cerebral. La diferencia radica en la forma como cada cual desarrolla cada una de esas
inteligencias: lógico-matemática, verbal o lingüística, espacio-temporal, cinético-corporal, musical, per-
sonal (intrapersonal e interpersonal), naturista y existencial (en proceso de fundamentación).
67
En los últimos tiempos, la teoría del constructivismo y el diseño de entornos de aprendizaje constructivis-
ta han suscitado considerable interés. Según Bodner (1986), el modelo constructivista de conocimiento
se puede resumir en la siguiente frase: «El conocimiento es construido en la mente del aprendiz». Desde
un punto de vista constructivista, los datos que percibimos con nuestros sentidos y los esquemas cogni-
tivos que utilizamos para explorar esos datos existen en nuestra mente.
68
La teoría de la conversación sigue el punto de vista de Lev Vigotski sobre el hecho de que aprender es
por naturaleza un fenómeno social; que la adquisición de nuevo conocimiento es el resultado de la
interacción de gente que participa en un diálogo; y que aprender es un proceso dialéctico en el que un
individuo contrasta su punto de vista personal con el de otro hasta llegar a un acuerdo. La noción
vigotskiana de interacción entre gente trae diferentes niveles de experiencia a una cultura tecnológica.
69
De acuerdo con la teoría del conocimiento situado, el conocimiento es una relación activa entre un
agente y el entorno, y el aprendizaje ocurre cuando el aprendiz está activamente envuelto en un contexto


de sus características comunes está asociada a propiciar aprendizajes utilizando
nuevas tecnologías.

Es bueno subrayar que las nuevas teorías —las mencionadas y algunas otras más—
no surgen como producto de la imaginación de un ensayista ni a modo de proposi-
ciones hipotéticas, sino que tienen evidencia empírica detrás. Hay investigación
que las respalda y que ha probado que funcionan; expresan avances significativos
en la comprensión de los procesos mentales y, en general, de la subjetividad huma-
na, de cómo los seres humanos procesan la información y la transforman en cono-
cimiento; representan el esfuerzo por construir nuevas respuestas ante viejos pro-
blemas y nuevos desafíos que anteriores paradigmas pedagógicos ya no son ca-
paces de resolver, en la medida en que varias de sus premisas centrales perdieron
validez ante el avance de la ciencia.

b. LAS ESTRATEGIAS DE CAMBIO EDUCATIVO: PRIORIDAD A LOS
CAMBIOS INSTITUCIONALES
El cambio educativo ha superado la tendencia a enfocarse en un factor considera-
do clave —aumento de salarios a docentes, reformas curriculares, cambios admi-
nistrativos, infraestructura, etcétera—, que por lo general no logra efectos perdura-
bles. Se asume que el cambio educativo de hoy depende de múltiples factores que
actúan en forma sistémica.

Sin embargo, esta opción sistémica no significa necesariamente tratar de modifi-
car todo al mismo tiempo. El problema central de un cambio educativo consiste en
establecer la secuencia y el peso en el que debe cambiar cada insumo. Es preciso
hacerse cargo de los efectos de la modificación de un factor específico sobre el
resto de insumos.70

instruccional complejo y realístico. La posición más extrema del aprendizaje situado sostiene que no
sólo el aprender sino también el pensar es situado, y que por lo tanto debería ser considerado desde
una perspectiva ecológica. Tal posición se basa en el trabajo de Gibson (1986) que enfatiza que se
aprende a través de la percepción y no de la memoria.
70
Los casos de África y América Latina son elocuentes en el sentido de que los cambios radicales
provenientes del exterior o de agencias de financiamiento internacional originan resistencias de los
actores nacionales; por el contrario, los procesos de cambio basados exclusivamente en factores
endógenos y en la capacidad interna para autotransformarse suelen ser muy lentos y terminan
cediendo a presiones corporativas.


Hoy prevalece la tendencia a priorizar el cambio educativo en el aspecto institucio-
nal, abriendo las escuelas a los requerimientos de la sociedad e introduciendo fac-
tores de dinamismo en sus mecanismos internos de gestión. Es fuerte la tendencia
a priorizar proyectos por establecimiento, buscando autonomía para definir estra-
tegias propias de mejora y cambio. La experiencia señala que la secuencia y el
peso de los cambios se pueden definir mejor a nivel local que a nivel central.71

Un punto clave acerca de las transformaciones institucionales pasa por definir el
rol del Estado.72 Las discusiones actuales se resumen en: a) determinación de
prioridades mediante mecanismos de discusión democrática; b) diseño y opera-
ción de mecanismos evaluativos de resultados obtenidos en el cumplimiento de las
prioridades determinadas, dando alta autonomía a instituciones; y c) aplicación de
mecanismos eficientes de compensación de diferencias que neutralicen el riesgo de
una mayor inequidad a partir de la aplicación de estrategias descentralizadas (esto
es particularmente importante en países con grandes desequilibrios sociales).

La privatización de los servicios educativos está asociada por lo general a la priva-
tización de empresas y servicios públicos, en el contexto de la liberalización promo-
vida por el Consenso de Washington. De hecho, globalmente considerados, la edu-
cación privada es más importante en los países en desarrollo que en los desarrolla-
dos; pero esta mayor cobertura no está asociada con resultados satisfactorios, ni
desde el punto de vista económico ni desde el educativo. Finlandia, con los mejores
resultados mundiales en varias mediciones comparadas de aprendizaje, es la mejor
expresión de una excelente educación pública.73

Importa destacar la actual tendencia a cuestionar un funcionamiento dual de los
sistemas educativos que propicia la atención de necesidades masivas sin una aten-
ción personalizada, y que ésta última sea menos necesaria en los servicios destina-
dos a sectores de bajos recursos. De allí que la aplicación de estrategias diferen-
ciadas para el logro de resultados homogéneos sea un criterio necesario para el
logro de objetivos democráticos.

71
También es reconocido como un importante factor de éxito de innovaciones institucionales el que
estén asociadas, más que a «experiencias piloto», a su adecuación a las condiciones locales.
72
Las opciones facilistas por estatizar o privatizar, por centralizar o descentralizar las decisiones sobre la
educación, demuestran una escasa consistencia según el análisis comparativo internacional. Así, los mejo-
res procesos de descentralización son acompañados en general por sólidas administraciones centrales.
73
En la década pasada, la revista estadounidense Newsweek presentó un informe especial sobre las diez
mejores experiencias educativas del mundo. En la gran mayoría de casos, la intervención y la inversión
estatales eran decisivas para el impacto y la duración de tales experiencias.


Cecilia Braslavski
DIEZ FACTORES DE PRIMORDIAL IMPORTANCIA PARA ALCANZAR CALIDAD
EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO VEINTIUNO

1 La pertinencia personal y social como foco de la educación Una educación de calidad permite que todos
educación.
aprendan lo que necesitan aprender, en el momento oportuno de su vida y de sus sociedades, y además con
felicidad. Ciertas competencias comunicativas y matemáticas, así como ciertas habilidades, son claves para seguir
aprendiendo a lo largo de toda la vida.

2 La convicción, estima y autoestima de los estratos involucrados. Una experiencia educativa de calidad debe
generar una atmósfera de bienestar. Las sociedades, sus dirigencias políticas y las administraciones valoran de
manera especial la educación de sus pueblos y su capacidad de aprendizaje, pero además estiman a sus profesores. A
su vez, los profesores se estiman a sí mismos y no se culpabilizan de los errores —ni culpan a los alumnos— sino que los
corrigen y sacan provecho de ellos.

3 profesional
La fortaleza ética y profesional de los profesores La construcción de la docencia exige cuatro condiciones:
profesores
esores.
buena formación profesional; actualización y perfeccionamiento periódicos o permanentes y de calidad; efectiva
dirección y supervisión en la escuela; participación en la producción de didácticas (dispositivos de mediación entre el
saber elaborado y el saber escolar).

4 La capacidad de conducción de los directores y el personal intermedio Tres características distinguen a los
intermedio.
buenos directores: otorgan un gran valor a la función formativa de sus instituciones educativas; están capacitados
para darle sentido al conjunto de su institución, a cada grupo y a cada persona que la integran; y son capaces de
construir la eficacia institucional.

5 El trabajo en equipo al interior de la escuela y del sistema educativo Los estudios revelan la importancia del
educativo.
desarrollo curricular compartido entre docentes de varias instituciones educativas, las reuniones periódicas de
directores, las evaluaciones externas y el diálogo sobre los resultados de dichas evaluaciones.

6 comunicación son factores importantes en el compromiso conjunto de construir una educación de calidad me-
Las alianzas entre las escuelas y otros agentes educativos Las familias, los empresarios y los medios de
educativos.

diante las escuelas.

7 El currículo en todos los niveles educativos El aspecto disciplinar del currículo tiene que ver con orientar cada
educativos.
materia teniendo un foco claro y pertinente. Elementos básicos y cotidianos del currículo son, entre otros, leer un
libro semanal; llevar a cabo encuestas, organizar, procesar e interpretar la información, discutirla y enriquecerla; estu-
diar un tema social emergente por mes, de ámbito mundial, nacional, local o comunitario, planteando preguntas y
buscando respuestas; usar activamente alguna tecnología moderna en un proyecto real y no sólo percibirla pasivamen-
te; asistir a un espectáculo audiovisual acorde con la oferta comunitaria (cine, fiesta cívica, teatro, etcétera); realizar una
actividad solidaria y evaluarla; e identificar y resolver algún problema propio de la escuela en forma conjunta.

8 La cantidad, calidad y disponibilidad de materiales educativos Los estudiantes de los países que obtuvieron
educativos.
mejores resultados en las evaluaciones PISA leen más que los de otros países y sobre temas más variados. Hace
la diferencia el buen libro de texto asociado con la utilización de una gama amplia de materiales impresos o concretos.
Así como la televisión, el cine, internet, los mapas y los museos, bien utilizados, son recursos educativos, también lo
pueden ser la frutería o la tienda del barrio, la naturaleza que rodea a la escuela, los conocimientos y la experiencia de
los padres de familia, etcétera.

9 La pluralidad y la calidad de las didácticas Se enseña y se aprende mejor cuando se acepta que diversos
didácticas.
caminos pueden conducir al aprendizaje con sentido y bienestar, precisamente porque los estudiantes son diver-
sos, tal como los profesores y los contextos. Una didáctica específica sirve si los profesores la conocen y creen en ella,
y si es consistente con la sociedad y con las prácticas familiares de cada país o región.

10Losdifícil conseguir la los salarios, incentivoslasocioeconómicos Losculturales Elalimentados adebajo de losque los
es muy
mínimos materiales y los
educación, incluidos incide en calidad educativa.
y culturales. presupuesto dedicado al sector
materiales mínimos, por
calidad, deben garantizar que los niños vayan debidamente las escuelas,
cuales

salarios de los profesores sean dignos y que el equipamiento esté disponible. Para alcanzar estos mínimos es indispensa-
ble que se priorice la educación, se establezcan alianzas en el aparato estatal y entre el Estado y la sociedad civil.

Fuente: Cecilia Braslavsky, Diez estrategias para promover la calidad de la educación en un mundo en movimiento, documento presentado
en la XIX Semana Monográfica Santillana (22-26 de noviembre del 2004), disponible en <http://www.fundacionsantillana.org> (consulta:
4 de septiembre del 2007). La autora, una excepcional educadora argentina, murió tempranamente mientras era directora de la Oficina
Internacional de la Educación de la UNESCO con sede en Ginebra.


c. RECURSOS FINANCIEROS: CONDICIÓN NECESARIA PERO NO
SUFICIENTE PARA EL CAMBIO EDUCATIVO
Los recursos destinados a la educación son escasos en la mayoría de los países;
éste es un factor recurrente para explicar los bajos resultados. Sin embargo, hay
casos nacionales que en alguna medida constituyen ejemplos contradictorios.74

Si se compara el gasto militar con la inversión en educación, los datos muestran
que en América Latina el compromiso por la educación, reflejado en la asignación
presupuestaria, es mucho mayor que en Asia o África: ha habido un gasto militar
decreciente, a medida que acababan las dictaduras. Colombia es una excepción,
así como lo es también Chile, con un gasto militar de 3,9% del PBI en el 2002,
igual al gasto en educación, «lo que ilustra el largo proceso que implica el priorizar
el gasto social tras un gobierno militar» (Tomasevski 2006: 67).

El tema del financiamiento debe estar necesariamente asociado a la gestión de los
recursos. Es un elemento adicional que confirma la hipótesis de la necesidad de un
cambio educativo global, y no simplemente seguir agregando recursos a sistemas
tal cual existen.

d. LAS NUEVAS DEMANDAS A LA EDUCACIÓN: LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO, LOS REQUERIMIENTOS DE
CALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, Y EL
CONTROL SOCIAL DE LA DEMOCRATIZACIÓN EDUCATIVA
La globalización impone exigencias de competitividad con consecuencias en la
educación y la fuerza de trabajo de los países: a) ciertos tipos de industrias de
exportación exigen altas y específicas calificaciones de la mano de obra a contra-
tar; b) la mano de obra sin calificación educativa mínima registra bajas considera-
bles de sus salarios reales y elevada subocupación; c) el sector informal se expan-
de en países en vías de desarrollo y registra un descenso de ingresos debido al

74
Los ejemplos de Estados Unidos y Cuba son antagónicos en esta materia. En el primero se
triplicaron los gastos reales por alumno entre 1960 y 1988, con clases más reducidas y con maestros
más educados y experimentados, pero el rendimiento bajó (Chub y Hanushek 1991). En el caso
cubano, una década después de la caída del bloque soviético, que sumió al país en una severa crisis
económica, los alumnos cubanos obtuvieron las mejores calificaciones en la evaluación regional
comparada que propiciara la UNESCO a fines de la década. Por otra parte, Cuba fue el único país
latinoamericano que no recibió apoyo crediticio de los organismos multilaterales de financiamiento.


LO QUE DIFERENCIA LOS REQUERIMIENTOS DEL ACTUAL CAMBIO EDUCATIVO DE LOS DE
LA EDUCACIÓN ANTERIOR ES QUE ANTES SE TRATABA DE FORMAR PERSONAS CON CONO-
CIMIENTOS ÚTILES PARA TODA LA VIDA, Y AHORA SE REQUIEREN MECANISMOS FLEXIBLES
QUE PERMITAN APRENDER PERMANENTEMENTE.

menor consumo nacional y a la mayor competencia de productos industriales
—nacionales o extranjeros— de menor costo; y d) los ingresos por trabajo se pola-
rizan según el tipo de actividad y el valor económico de la calificación, y las políticas
redistributivas tienen muy poco o nulo alcance.

El sistema económico, que antes se satisfacía con la socialización cultural de la
mano de obra y que suponía que la mejor calidad estaba asociada a un mayor
número de años de estudio, ahora en sus sectores modernos y competitivos recla-
ma conocimientos y competencias técnicas acordes con el desarrollo tecnológico.
Pero en regiones como Latinoamérica no hay correspondencia entre la tasa de
crecimiento de los puestos medios y altos en la estructura ocupacional y la tasa de
crecimiento de los diplomas de la educación secundaria y superior. Según la insti-
tución que los dispensa, los títulos universitarios son válidos para distintos segmen-
tos del mercado del empleo. De cierta forma, la proliferación de universidades res-
pondió a una exigencia del mercado.

Los oficios de la sociedad del conocimiento tienen un creciente contenido técnico
y cada vez es mayor el número de ocupaciones de alta tecnología.75

Las industrias dinámicas de la sociedad del conocimiento son las de la inteligencia:
la biotecnología, la informática, la microelectrónica, las telecomunicaciones, la ro-
bótica, la industria de nuevos materiales y la aviación civil, entre otras, son las acti-
vidades bandera del nuevo siglo. Dentro de un enfoque ecológico, ninguna de es-

75
No da lo mismo manejar un arado que un tractor, una máquina de escribir que un computador, un
bisturí que un rayo láser. Y en la cima de la pirámide ocupacional hay una nueva clase de talentos,
dedicados a diseñar soluciones únicas para problemas únicos. Cada día, las competencias que
exige la sociedad son más sofisticadas: ya no será suficiente con ser un ingeniero o un administra-
dor, sino que se exigirán competencias que cambiarán el perfil del profesional: ingeniero administra-
tivo de sistemas, administrador de política de productos, etcétera.


tas industrias depende de los recursos naturales ni de la mano de obra barata, ni
siquiera del capital, que va donde lo llaman con la velocidad de la luz. Estas indus-
trias dependen de un nuevo factor de producción: el conocimiento.76

Una tesis central que diferencia los requerimientos del actual cambio educativo de
los de la educación anterior es que antes se trataba de formar personas con cono-
cimientos que servían para toda la vida, y ahora se requieren mecanismos flexibles
que permitan aprender permanentemente. Antes se le daba demasiada importan-
cia a lo que se enseñaba; hoy se trata de descubrir qué tipo de profesionales y
ciudadanos necesita una sociedad.

Los hacedores de políticas educativas tienen que tomar en cuenta que en este
siglo, para desempeñarse eficientemente en su trabajo, los individuos necesitarán
—más que un alto número de características o un gran repertorio de habilidades
específicas— la capacidad de adquirir nuevo conocimiento para resolver nuevos
problemas, así como emplear la creatividad y el pensamiento crítico en el diseño de
formas diferentes de aproximación a los problemas. Encontrar soluciones deman-
dará ingenio y actuar de manera interrelacionada e interdisciplinaria.

El debate internacional muestra que existen condiciones favorables para estable-
cer nuevas alianzas en torno a estrategias educativas; sectores que en el pasado
tenían intereses diferentes pueden facilitar que ciertos objetivos educacionales
básicos se conviertan en objetivos de consenso nacional.

El consenso nacional y el largo plazo son condiciones de éxito de todo cambio
educativo que se pretenda perdurable. Hoy se demanda que las políticas educati-
vas no sean de corto plazo ni dependientes de un único sector. Dicho éxito requiere
estrategias educativas, transformadas en políticas de Estado, caracterizadas por la
continuidad en su aplicación; y para esto, es necesario el consenso y el compromi-
so de todos los actores. Responsabilizar a la sociedad en su conjunto por las accio-
nes educativas implica otorgarle autoridad para que defina orientaciones.77

76
En la sociedad del conocimiento, el valor agregado ya no proviene de los factores clásicos de
producción «tierra, capital y trabajo»; proviene, antes que todo, de la tecnología.
77
La traducción práctica de esta tendencia significa despartidarizar la gestión educativa, revalorizar
ciertas fórmulas de gobierno educativo —como los consejos de educación— y promover estableci-
mientos autónomos.


6. LAS VISIONES DEL BANCO MUNDIAL

a. EL SENTIDO DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS PROMOVIDAS POR
EL BANCO MUNDIAL
La influencia del Banco Mundial en la agenda latinoamericana de modernización y
cambio institucional fue notoria en la década de 1990 y propició cambios en la
retórica del capital humano.78 Para el Banco Mundial, el principal agente de regula-
ción social es el mercado; atribuye al Estado opciones compensatorias en casos
de extrema desigualdad.

La agenda neoliberal y la significativa disminución de la acción estatal en lo econó-
mico tienen, con la acción del Banco Mundial, un directo complemento en lo edu-
cativo. Si bien reconoce como tarea impostergable focalizar la atención en los sec-
tores más empobrecidos, víctimas precisamente de las políticas de ajuste, dicha
focalización está por lo general asociada a la idea de reducir gastos (Arretche,
citada en Zibas 1996).

Algunas de las más importantes prioridades y estrategias del Banco Mundial para
la educación reflejan el sentido de ciertas acciones promovidas por esta institución
(Banco Mundial 1996):

• «La educación es crucial para el crecimiento económico y la reducción de la pobre-
za». Para ello, el Banco Mundial demanda «Educación básica gratuita, que incluya
costos compartidos con las comunidades y estipendios para los niños de familias
pobres. Cobro selectivo de derechos de matrícula para la educación secundaria del
segundo ciclo […] Cobro de derechos de matrícula para toda la enseñanza pública
superior, combinado con préstamos, impuestos y otros sistemas […]».

78
Para Luis Ratinoff (1994), la retórica del capital humano es producto del discurso de la globalización
y el dominio de la lógica del mercado. En ella se asigna a la escuela el papel de habilitar a los
individuos para que obtengan ingresos compatibles con un nivel de vida «civilizado». Tiene como
elementos centrales la eliminación de la movilidad social como objetivo y la subordinación de los
procesos educativos a las necesidades económicas.


• El Banco Mundial considera la educación como una «inversión en el capital huma-
no». La tasa de rentabilidad en educación «[…] se expresa como rendimiento anual
(porcentaje), similar al cotizado para las cuentas bancarias de ahorro o los bonos
del Estado».

• El gasto educacional es motivo de especial atención en el Banco Mundial: «Las
escuelas de los países de ingreso bajo y mediano podrían ahorrar costos y mejorar
el aprendizaje aumentando el coeficiente profesor/alumnos. Utilizarían así menos

Katarina Tomasevski
Katarina Tomasevski
POR QUÉ LA ED CAC NO SE DE HA CO
POR QUÉ LA ED U CAC IÓN NO SE DE B I E R A HA B E R CO N F I A D O
LO EC STA DE BAN MUN
A LO S EC O N O M I STA S DE L BAN C O MUN D I A L

E
n el ámbito de los derechos humanos, la cooperación internacional es vista
como apoyo a los gobiernos para cumplir sus obligaciones en torno a los dere-
chos humanos; también en el caso de educación: los gobiernos que desean
pero no pueden asegurar la educación primaria obtienen así los fondos que necesi-
tan. Sin embargo, la obtención de esos fondos suele ser menor que la necesaria, así
como tardía, y estar sujeta a condicionalidades que a menudo ignoran garantías
relacionadas con los derechos humanos.

Cuando la educación se reduce a un instrumento de reducción de pobreza, algunos
economistas caen en la tentación de verla como una provisión eficiente de servicios
para la producción masiva y rápida de fuerza de trabajo. Sin embargo la educación
es más que eso; se hizo gratuita para que pudiera ser obligatoria, y a través de ella se
formaron los estados nacionales.

Que la educación debe ser gratuita y obligatoria está fuera del lenguaje del Banco
Mundial, que la analiza en términos de oferta y demanda. Al mismo tiempo, las polí-
ticas de eficiencia que promueve atentan contra los derechos de los docentes.

La resistencia a definir la educación como un derecho es parte de las estrategias
globales de educación […] Para los bancos de desarrollo, la educación opera como
un ítem de gasto que debiera disminuir para disminuir el déficit fiscal. Esta visión
choca con el requerimiento desde los derechos humanos, que requiere priorizar el
derecho a la educación […].

Fuente: Katerina Tomasevski, El asalto a la educación, Barcelona, Intermon Oxfam, 2004. Katarina
Tomasevski (1953-2006), profesora de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales, fue
una figura excepcional del sistema de Naciones Unidas, donde libró sostenidas luchas por el dere-
cho a la educación.


maestros y podrían asignar los recursos a otros insumos». «Los edificios escolares no
son del todo necesarios para obtener los resultados académicos deseados […] Hoy
día el aprendizaje se logra todavía en muchos países sin que haya edificios, como
ocurre en zonas rurales de la India». En otra parte de su documento, el Banco Mun-
dial sugiere reducir presupuestos de «grandes y costosos programas de alimenta-
ción escolar».

El impacto del Banco Mundial sobre las políticas educativas es doble: por un lado,
los préstamos ofrecidos en cartera a países que los necesitan para emprender
determinados cambios o, incluso, reformas educacionales; y por otro, la orientación
a los gobiernos, generalmente representados por los funcionarios responsables de
los largos procesos de gestión y aprobación de los préstamos.

Éstos y otros énfasis han sido objeto de creciente crítica. Para algunos, los plantea-
mientos del Banco Mundial representan «una propuesta formulada por economis-
tas para ser ejecutadas por educadores», en la cual «la relación costo-beneficio y la
tasa de retorno constituyen las categorías centrales desde las cuales se define el
quehacer educativo, las prioridades de inversión (niveles educativos e insumos a
considerarse), los rendimientos y la calidad misma […] El modelo educativo que
nos propone el Banco Mundial es un modelo esencialmente escolar que tiene dos
grandes ausentes: los maestros y la pedagogía» (Torres 1999: 28).

El Informe sobre Desarrollo Mundial 2006, «Equidad y desarrollo», presentado en
la sede del Banco Mundial en Washington, pone énfasis en que el mercado es un
mecanismo que puede solucionar el problema, pues la inequidad ocurre en mayor
medida «en mercados inexistentes o imperfectos», y apela a varios ejemplos para
argumentar que la equidad tiene consecuencias en el desarrollo de un país.

Soren Ambrose (citado en Shirin 2007), de la red Cincuenta Años son Suficientes,
dedicada a la «democratización» de esa institución multilateral y del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), señala, a propósito de los ejemplos del informe, que «El
Banco Mundial tiene en su escaparate contradicciones fundamentales a la vista de
todos […]. Brasil es mencionado como ejemplo de menor equidad, y se trata de un
país en que se han practicado las políticas de mercado del Banco. En su propio
informe, el Banco figura como un espectador, cuando sus políticas son grandes
responsables de la inequidad». Al mismo tiempo, los países escandinavos son puestos
como ejemplo de éxito en materia de bienestar social, Rick Rowden (citado en
Shirin 2007), analista político de la organización humanitaria estadounidense Ac-
tionAid USA, por su parte, subraya que los países escandinavos, que son puestos
como ejemplo en cuanto al bienestar social, «[…] han podido asignar gastos socia-


les de modos vedados a África, dadas las condiciones impuestas por el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) al gasto en salud y educación».

Lo que el informe plantea, según los críticos al Banco Mundial, sólo se podrá con-
vertir en realidad si se establecen políticas en favor de la gente y no guiadas por el
lucro. Desde esta perspectiva, un desarrollo equitativo y con igualdad de oportuni-
dades sólo será posible si se sacude el actual sistema económico, que favorece a
los países ricos y a las personas adineradas.

Jaime Quijandría
BAN MUN SU PR LEM
EL BAN C O MUN D I A L Y SU S PR O B LEM A S

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta?

• El B M debe reestructurar su órgano de gobierno. Existe la dicotomía países apor-tantes
BM
y países receptores, y en el interior de ambos grupos existen concepciones muy diferen-
tes sobre el BM. Esto determina que las discusiones sean ‘circulares’, sin acuer-dos defi-
nitivos. La nueva arquitectura del BM y del FMI lleva dos décadas de discusión sin con-
senso ni decisión […] un proyecto de infraestructura de complejidad media demora dieci-
séis meses en llegar al directorio para su aprobación. Este plazo, difícil de ser aceptado
por los gobiernos e imposible de ser entendido por los clientes privados, se debe a innu-
merables condiciones previas acordadas por el propio directorio […].
• El reclutamiento de técnicos no puede seguir restringido a egresados de unas po-
EE. UU.
cas universidades de E E. U U. y de Europa Los países con mayores logros en la lucha
Europa.
contra la pobreza (China e India) no son los que recibieron mayor apoyo técnico del BM ni
los que contaron con técnicos de ese perfil académico […] los actuales niveles remune-
rativos del personal del BM los ubican en el 5% más alto de los ingresos en EE. UU. Más
que altos beneficios económicos, las tareas vinculadas al desarrollo requieren de una alta
dosis de mística y trabajo en equipo, algo que se ve cada vez menos en el Banco
• El B M debe ser austero. Ésta ha sido una de las batallas más difíciles que me tocó dar
BM
en el directorio. En los viajes internacionales, el BM pagaba tarifa «Full Business» a todos
sus funcionarios […] Propuse que pagara «Full Economy» […], con un ahorro de decenas
de millones de dólares. Me tomó dos años convencer a la administración de lo adecuado
de esta propuesta […].

Fuente: Fragmentos del artículo del mismo nombre, publicado en el diario Perú 21. Lima, 10.5.2007
(resaltados agregados).
Jaime Quijandría, ministro de Estado en varias carteras durante el gobierno de Alejandro Toledo, se
desempeñó posteriormente como director ejecutivo del Banco Mundial. El artículo lo escribió en su
condición de ex funcionario directivo del Banco Mundial.


Las actuales dificultades del Banco Mundial tienen distintos orígenes. El escandalo-
so comportamiento profesional de su presidente, Paul Wolfowitz, es uno de ellos.79
Sin embargo, es motivo de mayor preocupación el deterioro de su otrora enorme
influencia para colocar préstamos en países hoy más reticentes a ellos. Eric Tous-
saint, directivo del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo y autor
de Banco Mundial, el golpe de estado permanente, explicita las siguientes dificul-
tades en el accionar de esta institución de financiamiento internacional:

• Países con medianos ingresos, como Brasil o México, hacen mucho menos uso del
Banco; y son, en efecto, los intereses de los préstamos a países como ésos, los que
le permiten mantenerse al Banco Mundial.

• Los países en vía de desarrollo nunca dispusieron de tantas reservas de divisas.80

• China reemplaza cada vez más al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacio-
nal, y presta especialmente a los países africanos, para consolidar sus relaciones
comerciales con ellos.

• Argentina y Venezuela, con Brasil, Ecuador, Bolivia y Paraguay, crearon un Banco
del Sur, dotado de un capital de partida de 7 mil millones de dólares (Toussaint
2007).81

Algunas conclusiones de una reciente evaluación sobre la investigación del Banco
Mundial entre 1998 y 2005, realizada por un grupo de investigadores de diversas
universidades estadounidenses y organismos internacionales, son también revela-
doras:

79
Wolfowitz dañó severamente la credibilidad institucional para pontificar sobre una «correcta gober-
nabilidad», pues transfirió a su novia, Shaha Riza —con aumento salarial de por medio– al Departa-
mento de Estado de Estados Unidos, donde ella cobró 61 000 dólares por mes durante dos años sin
siquiera haber laborado en el Banco. El 12 de abril del 2007, el sindicato del Banco Mundial, que
representa a diez mil empleados, solicitó la renuncia de Wolfowitz por aumentar sin justificación el
sueldo de su novia e intentar ocultarlo.
80
Toussaint hace hincapié en que 135 de los 165 países en vías de desarrollo vieron crecer sus
reservas. Las reservas acumuladas por los países en vías de desarrollo llegan actualmente a
300 000 millones de dólares, contra 160 000 millones de los países de la zona europea y menos de
40 000 millones de Estados Unidos.
81
Según Toussaint (2007), «Este nuevo banco financiará, por ejemplo, a Bolivia, que ha decidido la
nacionalización del gas y del petróleo, y que tiene necesidad para ello de dotarse de un complejo
industrial de transformación de hidrocarburos. La Paz no tendrá necesidad de acudir al BID, que está
relacionado con el Banco Mundial, ni al FMI. Ecuador decidió de pasar la parte de su presupuesto
destinado a reembolsar la deuda externa de 38%, a principios del 2007, al 11% en el 2010.
Actualmente está ya en el 28%».


Los investigadores del Banco también han hecho extremadamente visible el trabajo
sobre globalización, eficacia de la ayuda (internacional), crecimiento y pobreza. En
muchos sentidos han liderado estos temas. Pero el grupo tuvo críticas sustanciales
en torno a la manera como dicha investigación se ha usado para hacer proselitismo
a favor de las políticas del Banco, a menudo sin asumir una visión balanceada de la
evidencia, y sin expresar un nivel adecuado de escepticismo. Se ha dado gran promi-
nencia a la investigación interna favorable a las posiciones del Banco, al tiempo que
investigación desfavorable (a dichas posiciones) ha sido ignorada…El grupo reafir-
ma el derecho de los líderes del Banco a defender y abogar en favor de sus propias
políticas. Pero cuando apelan, de manera selectiva, a investigación relativamente
nueva y poco probada como evidencia dura de que sus políticas preferidas funcio-
nan, esto arroja dudas sobre las prescripciones del Banco. Ubicar en un pedestal
resultados seleccionados y frágiles de investigación, invita a una recriminación pos-
terior que mina la credibilidad y la utilidad de la investigación realizada por el Banco.
(Banerjee et al. 2006).

b. LA INFLUENCIA DEL BANCO MUNDIAL EN EL PERÚ
En pocos países persiste, como en el Perú, la presencia e influencia del Banco
Mundial. La pérdida de protagonismo de esta entidad de financiamiento internacio-
nal en otras áreas de la región latinoamericana no se refleja en nuestro país.

En sucesivos documentos, el Banco Mundial se ocupa de la educación en el Perú.
Algunos énfasis puestos en ellos pueden devenir en préstamos para abordarlos.
En abril del 2007 presentó el documento Por una educación de calidad para el
Perú. Estándares, rendición de cuentas y fortalecimiento de capacidades (BM 2006),
en una ceremonia presidida por el ministro de educación, José A. Chang. En este
texto se afirma que las inequidades en la educación y la baja calidad educativa
tienen que ver sobre todo con la falta de estándares en la educación, lo que permi-
te que no se mida con la misma valla la educación de los peruanos más pobres y,
sobre todo, de los que se encuentran en el interior del país.

Para el Banco Mundial, la necesidad de crear estándares está relacionada con el
desarrollo de una cultura de la evaluación en el Perú. Se postula la simplificación
de dichos estándares, de modo que todos los comprendan. Un ejemplo persistente
en la prédica de esta entidad de financiamiento es que los niños deben estar en
condición suficiente para leer correctamente sesenta palabras por minuto al finali-
zar el segundo grado; otro es que los objetivos de la educación secundaria deben
plasmarse en un examen o certificado nacional al concluir dicho nivel educativo.


La rendición de cuentas, supeditada a tener antes estándares claros, es el otro
tema central de la propuesta del Banco Mundial. Para ello se requiere que los
padres de familia, organizados en las APAFA, soliciten al director y a los docentes de
las escuelas una rendición de cuentas de la calidad de la educación que reciben
sus hijos. Se requerirá, remarca la entidad, que maestros y estudiantes tengan
expectativas claras sobre lo que deben lograr. Los padres tendrían que vigilar los
estándares de aprendizaje, los servicios y la asignación de recursos.

Para el Banco Mundial, el mayor gasto en educación no tendría la urgencia que
demandan entidades como el Consejo Nacional de Educación, el Foro Educativo,
organizaciones docentes o el propio Acuerdo Nacional. Sus conclusiones señalan
que el gasto en educación «no parece ser» una limitación vinculada con la mejora en
los aprendizajes. Señala que los salarios docentes se elevaron de 71% del gasto
total en 1999 a 75% en el 2005; no así el gasto en bienes y servicios, que se ha
mantenido en alrededor del 12% o 13% del gasto total, y remarca que la calidad
educativa se ha relacionado sólo con los insumos, sin tener conciencia del resultado.

En la misma lógica, la heterogeneidad cultural y geográfica del país —que muchos
reclaman que sea tomada en cuenta, sobre todo por nuestra condición de país
pluriétnico y diverso— no debiera ser impedimento ni excusa para no decidirse a
hablar y concretar estándares de calidad. Según declaraciones de Luis Crouch,
consultor del Banco Mundial, al diario El Comercio (Lima, 6.4.2007), «no hay que
utilizar la diversidad cultural como una excusa para seguir tolerando un sistema
que da educación de segunda o tercera clase a los grupos rurales o indígenas».

En el caso de los últimos documentos del Banco Mundial, éstos no corresponden a la
agenda de reformas que el país exige para su educación. Señalar como única agenda
educativa una política de estándares y de rendición de cuentas basada en esos están-
dares, sumada a políticas de subsidios condicionados a la demanda, es absolutamente
insuficiente para dar respuesta al cambio drástico que demanda nuestra educación.

Insistir en que el problema de la baja calidad de los aprendizajes es fundamental-
mente técnico y se resuelve técnicamente es ignorar otras explicaciones —inclui-
das las de tipo político— como la segmentación y discriminación del sistema edu-
cativo peruano.

Puede haber coincidencia en que un sistema de estándares debe ser el referente
principal de todos los procesos de evaluación; en especial, de los referidos a la
medición de logros de aprendizajes, el ingreso y la evaluación del desempeño labo-
ral del personal docente y la gestión de la administración educativa. Empero, la
elaboración de estándares y la logística de su implementación, además de encar-


garse a organismos especializados que trabajen con autonomía suficiente, deberán
evitar todo intento de uniformidad y de estándares únicos en un país heterogéneo y
pluricultural como el nuestro.

En un documento de trabajo presentado al Consejo Nacional de Educación, Luis
Guerrero objeta, en cuanto al tema de la rendición de cuentas, que ésta pueda
funcionar rápidamente con sólo decidirse a establecer un conjunto de estándares:
«Para que el triángulo de la rendición de cuentas se verifique en sus dinámicas
laterales —ciudadanía y decidores / decidores-implementadores y proveedores—
se requiere necesariamente cambios profundos en el modelo de gestión del siste-
ma, empezando por su moralización, su descentralización y su interculturalidad».82

Por lo demás, la concepción de la educación como una mercancía, característica
de los documentos del Banco Mundial, identificando a usuarios como «clientes o
consumidores» y estimulando la competencia entre centros educativos y regiones
en función del logro de determinados estándares de aprendizaje, puede ser explo-
siva en un país con características de profunda inequidad y de grave discriminación
como el Perú. Recomendar el montaje de un sistema de rendición de cuentas —
idea necesaria y útil— que condicione el posterior financiamiento educativo al logro
de determinados estándares de aprendizaje, en ese contexto de profundas des-
igualdades, confirma dicha preocupación.

Por los antecedentes institucionales, cabe preguntarse si se está iniciando la cons-
trucción de otro proyecto financiado por el Banco Mundial, y que pagará el país,
destinado esta vez a la construcción de estándares para medir la calidad de nues-
tra educación.

c. LAS DIFICULTADES OPERATIVAS DE PROYECTOS TIPO BANCO
MUNDIAL
Sería injusto señalar al Banco Mundial como una entidad que impone sus
criterios al país. Ningún proyecto desarrollado con préstamos —provenientes
de ésta83 u otras instituciones de financiamiento, como el Banco Interamericano

82
Luis Guerrero, en un documento interno de análisis del Consejo Nacional de Educación (abril del
2006), basado en la experiencia chilena, señala como poco efectivo distribuir «información de
mercado» a una población con capacidades muy desiguales de procesamiento de información, pero
además con hábitos de selección del servicio «muy influidos por criterios de clase».
83
El Plan Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD), el Plan Nacional de Capacitación en Gestión
(PLANGED) y el actual Proyecto de Educación en Áreas Rurales (PEAR), entre los más conocidos.


de Desarrollo (BID)— se ha concretado sin el diálogo y la aprobación de compromi-
sos por los correspondientes gobiernos, generalmente representados por el Minis-
terio de Educación y el de Economía y Finanzas. Más aún: la lentitud en la toma de
decisiones y los cambios sucesivos de autoridades educativas son causa de retra-
sos en la ejecución de proyectos no atribuibles a los bancos.

Sin embargo, es clara la opción del Banco Mundial por tratar de influir en gobiernos
con equipos insuficientemente conformados para ser una contraparte idónea a la
tecnocracia internacional integrante de sus misiones o las del BID. De allí que, en
la orientación de los proyectos, por lo general prime el interés de los entes financia-
dores, antes que los intereses que demanda la realidad del país. Por la debilidad de
las contrapartes nacionales en la negociación de los préstamos operados, no se
llegan a establecer con claridad los parámetros de las negociaciones ni se logra
adecuar los proyectos a las peculiaridades locales.

Dicha debilidad se hace evidente en hechos como los siguientes: el rigor en la
formulación de una determinada política se maximiza sólo cuando es condición
para obtener un préstamo de la banca multilateral; y el rigor en la rendición de
cuentas respecto a la marcha de una política se acrecienta sólo cuando las misio-
nes de evaluación de los bancos la exigen como condición para el siguiente des-
embolso.

Por ello, tal vez la consecuencia más lamentable no sea la falta de adecuación de
un determinado proyecto a la realidad del país, sino la definición de la agenda
misma. Son los bancos los que suelen poner la agenda (por lo general una agenda
común a los países del Tercer Mundo) y en muchos de nuestros funcionarios en-
cuentran a gente siempre bien dispuesta a identificarse con esa agenda. En este
contexto, no debiera extrañar que, recientemente, la propuesta del Banco Mundial
para la educación, se haya superpuesto al propio Proyecto Educativo Nacional.

• EL CASO DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN EN ÁREAS RURALES

Pocos proyectos son tan difíciles de organizar y ejecutar como el vigente PEAR
(Proyecto de Educación en Áreas Rurales). Sus contradicciones y constantes mo-
dificaciones dicen muy poco a favor del nivel de operatividad alcanzado entre el
Banco Mundial y el Estado peruano (representado por el MEF y el MED), tanto en
su concepción como en su concreción.


Se ha previsto que sus tres componentes principales —acceso con calidad a la
educación en ámbito rural, mejoramiento de la calidad de la educación rural, y
fortalecimiento de la gestión educativa y reforma de la carrera magisterial— sean
desarrollados en un horizonte de diez años, con una inversión total de 347,2 millo-
nes de dólares. La primera fase (2003-2007), destinada a atender 139 distritos
rurales de once departamentos, está valorizada en 93,2 millones de dólares.

En diversos diálogos sostenidos con distintas directivas burocráticas en el Ministe-
rio de Educación, muchas veces han sido funcionarios de la sede del Banco Mun-
dial en Lima quienes han puesto su mejor voluntad por concretar los pasos corres-
pondientes a este proyecto,84 y en el MED se ha obstaculizado su viabilidad y buen
desarrollo. Al respecto, es ilustrativo el comentario de Mirko Lauer publicado en
«Nuevas perlas de Ayzanoa», título que da a una de sus columnas diarias de opi-
nión del diario La República (15.1.2003):

Se ha congelado el Proyecto de Educación Rural, que era el proyecto más grande del
ministerio e iba a suponer un gasto de US$ 200 millones en los próximos cuatro
años en el nivel más deprimido de la educación peruana, de los cuales el Banco
Mundial iba a poner, luego de gran tira y afloja con la administración anterior, US$
120 millones. El proyecto ya estaba listo en el mes de junio luego de ocho meses de
trabajo, pero al ministro le pareció insuficiente. El BM habría dicho que si no hay una
respuesta para fines de febrero suspende su financiamiento. Los 300 mil niños que
se iban a beneficiar con el inicio del plan piloto el año 2003 ya no podrán hacerlo.

A pesar de que el impasse denunciado por Lauer se logró superar con cambios minis-
teriales y con la aprobación del proyecto, éste ha funcionado en medio de dificultades
evidentes. Si bien se registran avances y logros conseguidos en los últimos años para
su mejor operatividad, el PEAR continúa en riesgo: la capacidad del Ministerio de Edu-
cación sigue siendo deficiente para cumplir las metas previstas, con un norte que sea
común a sus órganos de línea a cargo de los distintos ámbitos del proyecto, y es difícil
adecuar el proyecto a las exigencias del proceso de descentralización y a las deman-
das que están generando los Proyectos Educativos Regionales.

84
Hay claras y positivas referencias sobre la idoneidad profesional de funcionarios del Banco Mundial
que trabajan en la sede de Lima, como Livia Benavides, quienes se esfuerzan por superar las
barreras burocráticas.


7. ¿ES POSIBLE TRANSFORMAR NUESTRA
EDUCACIÓN? ALGUNOS SIGNOS DE ESPERANZA

La educación peruana enfrenta desafíos de enorme magnitud. En primer término,
debe cumplir las asignaturas del siglo veinte aún pendientes, tales como: a) univer-
salizar la alfabetización, la cobertura preescolar, básica y media; b) incorporar a las
poblaciones indígenas al sistema escolar respetando sus identidades culturales; c)
mejorar la calidad y los resultados de la enseñanza de competencias básicas, par-
ticularmente entre los sectores más pobres de la población infantil, juvenil y adulta;
d) modernizar la educación técnica de nivel medio y superior; y e) masificar la
enseñanza de nivel terciario. Todo ello condicionado por la creciente pobreza de la
población peruana, que demanda estrategias especiales para mejorar la educabili-
dad85 de los más desposeídos.

Por otro lado, la educación peruana debe ingresar al siglo veintiuno y emprender
nuevas tareas considerando los contextos de información y conocimiento, labora-
les, tecnológicos y de significados culturales en que se desenvuelven los procesos
de enseñanza y aprendizaje, influenciados por fenómenos como la globalización.
Ambas agendas son exigentes y costosas. Los cambios requerirán más recursos,
así como maestros y administradores de escuela mejor capacitados y un vínculo
más directo entre educación y oportunidades de trabajo.

La premisa de que la educación es un factor de equidad social tiene difícil concre-
ción en un país con desigualdades e inequidades como el Perú, más aún si las
condiciones de vida de la gran mayoría de alumnos son precarias. El posible impac-
to de los sistemas y las instituciones educativas será reducido si se trabaja con
alumnos que no han recibido atención temprana en sus primeros años de vida,
carecen de alimentación y sanidad básicas en sus hogares, y tienen padres de
bajos o nulos niveles de escolaridad. Se requiere, por lo mismo, políticas y acciones

85
El término ‘educabilidad’ se refiere a la capacidad de cada persona «de ir adquiriendo nuevos
conocimientos integradores en el orden social, lo que le permitirá un mejor desenvolvimiento y
mejora en ámbitos individuales y colectivos» (Silvia Bugeda Bel). También es «el grado de instrucción
que puede recibir una persona» (María Eugenia Koller). Definiciones tomadas de la página electró-
nica Psicología de la Educación para Padres y Profesionales, <www.PsicoPedagogia.com> (con-
sulta: 4 de septiembre del 2007).


—no sólo educativas— que posibiliten a los estudiantes y las familias que viven en
situación de pobreza lograr mejores condiciones de educabilidad: ambientes que
estimulen afectiva, lúdica e intelectualmente, a partir de una mejor calidad de vida,
lo que a la vez posibilitará la exigencia de mejores servicios educativos. Éstas son
tareas pendientes e ineludibles.

La crisis educativa demanda rescatar las potencialidades de cambio en un país
también en crisis. Perú tiene recursos humanos y posee un rico historial educativo.
La reforma educativa de la década de 1970 no requirió acompañamiento ni apoyo
de la banca internacional de financiamiento para ser precursora de cambios que
aun hoy proponen los consensos latinoamericanos.86 A pesar de su aplicación frus-
trante y contradictoria, asumió el desafío de organizarse con recursos humanos
básicamente nacionales y usando recursos financieros en su mayor parte propios
para enfrentar las tareas propuestas.

Resolver el problema de la baja calidad de la educación y superar las condiciones
en las que se reproduce requiere el esfuerzo de toda la sociedad. Las esperanzas
de un cambio educativo sobrepasan con creces las hoy escasas posibilidades del
aparato público. Me limitaré a resaltar cinco de los nuevos factores que permiten
abrigar esperanzas de un cambio educativo en el país:

a. ELEVACIÓN DE CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO NACIONAL
En el contexto latinoamericano, el Perú sobresale por la convicción de sus habitan-
tes pobres respecto a que ningún bien es tan valioso como una educación que
califique a sus hijos. Los más pobres intuyen que la educación es la vía insustituible
para acceder a un mejor nivel de vida. Sus importantes aportes financieros a la
educación, en medio de su precariedad económica, así lo confirman.

86
Dicha reforma –que es analizada en la Parte II de este libro– marcó claras diferencias entre educa-
ción y escuela («lo que tipifica una actividad educativa es su naturaleza y no la persona o entidad
que la realiza»); optó entonces por considerar al alumno como «centro y agente principal» del acto
educativo, adelantándose dos décadas al consenso de Jomtien (citas obtenidas tanto del Informe
General de la Reforma Educativa como del DL 19326, Ley General de Educación, publicados por el
Ministerio de Educación en 1970). Sobresale asimismo su opción por dar particular importancia a la
educación inicial o parvularia, hoy reconocida como llave maestra de todo aprendizaje. Tuvo, sin
embargo, pocos años de aplicación. Las contradicciones del gobierno militar que le dio origen fueron
más fuertes que la estrategia acordada para su aplicación.


Los recientes debates sobre la urgencia de destinar más recursos e inversiones a la
educación nacional87 son prolegómenos de debates mayores. Lo son también aqué-
llos sobre la importancia de contar con mecanismos que concedan autonomía a los
directores de establecimientos educativos e incentivos a los mejores docentes, y
que permitan sancionar a quienes no cumplan adecuadamente sus tareas profesio-
nales. Los principales líderes políticos han sido explícitos al señalar como acción
perentoria de sus posibles gobiernos atender la crisis educativa nacional y sentar
bases para resolverla.

La opción del Consejo Nacional de Educación por definir entre las principales prio-
ridades la atención integral de la primera infancia (0-3 años), unida a iniciativas de
instituciones y sectores públicos que reafirman la importancia capital de ejecutar
acciones intersectoriales en esa perspectiva, es una idea poderosa para el desa-
rrollo humano en el país. También es un factor central la educación de padres y
madres sobre nuevos hábitos de crianza y comunicación con sus hijos.

Se adolece, sin embargo, de una mayor conciencia colectiva sobre qué es educa-
ción de calidad y sobre la necesidad de demandar buenos aprendizajes a los maes-
tros y los centros educativos. Un riesgo evidente es que la aspiración educacional
de los más pobres se puede empezar a restringir a la certificación, preocupándose
menos por la calidad y más por que los niveles de exigencia no rebasen sus limita-
das posibilidades.

Lo anterior contrasta con fenómenos educativos como el que experimenta la popu-
losa Lima Norte: de acuerdo con diversos estudios, sus habitantes destinan a la
educación un porcentaje de sus ingresos más alto que los de distritos como Mira-
flores, el Callao o sus vecinos del Rímac.88 La convicción de que las siguientes
generaciones requieren mucho más para seguir avanzando, junto con las deficien-
cias de una escuela pública desatendida, tiene como resultado la instalación de
cientos de colegios particulares en el antes denominado Cono Norte de Lima Me-
tropolitana, con una oferta que va desde casas improvisadas como escuelas hasta
grandes infraestructuras e instituciones que aseguran el inglés a niños de 10 años.

87
La campaña liderada por el Consejo Nacional de Educación para lograr el cumplimiento del Acuerdo
Nacional de elevar cada año el presupuesto destinado a educación en 0,25% del PBI tuvo un importante
eco entre líderes de opinión, miembros del Congreso de la República e instituciones de la sociedad civil.
En una encuesta de opinión realizada por Radio Programas del Perú en agosto del 2005, ante la pregun-
ta «Si Ud. fuera ministro de Economía ¿a qué sector le daría mayor presupuesto?», 60,39% de los 3 500
participantes prefirieron Educación antes que Salud (19,75%), Seguridad (16,23%) o Justicia (3,9% ).
88
Datos de MED/UGEL 02/ Arellano consultores (en «Día 1», suplemento económico del diario El Co-
mercio, 5.3.2007).


Cadenas como Trilce89 o Pamer ya están invirtiendo allí; el Nido Casuarinas, propio
del segmento A, ha abierto un local en Los Olivos.

La variación porcentual de la matrícula de los estudiantes de secundaria en el
Cono Norte entre 1998 y 2004 fue de 81% en educación privada, frente a 12,6%
en centros públicos; en primaria, la educación privada tuvo 42% de variación por-
centual frente a 7% de la pública.

Se prevé que esta tendencia tendrá repercusiones en los distritos populosos de
Lima Sur, particularmente en San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

b. POTENCIALIDAD DE INICIATIVAS POPULARES
Más que las tradicionales habilidades del trabajador industrial, en adelante serán
decisivas la creatividad y la capacidad para innovar, que se desarrollan mejor en un
medio multicultural que en uno homogéneo.90 En el Perú, las redes sociales y fami-
liares son un capital que debe ser valorizado; las redes electrónicas pueden ayudar
a potenciar esas otras redes, sobre todo considerando el amplio segmento de po-
blación juvenil con más posibilidades de asimilar las innovaciones.91 Una tarea bá-
sica de la educación peruana está asociada a generar habilidades que permitan
aprovechar mejor nuestra multiculturalidad y la existencia de las redes sociales y
familiares como factor positivo para un proyecto de desarrollo aplicable a una nue-
va sociedad. Los tres ejemplos que se ofrecen a continuación son ilustrativos.

• CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO

La informalidad peruana se puede ver también desde otros ángulos. Las grandes
empresas han dado paso a las medianas y pequeñas como abanderadas de la

89
La Organización Trilce no tiene fines de lucro (se propone reinvertir todo lo ganado en educación, evitando
de este modo pagar impuestos). Actualmente, tras una inversión de un millón de dólares, construye un local
de 10 000 m2 en Los Olivos y otros en Chorrillos y Jesús María; el año 2008 construirá uno en Comas.
90
Nelson Manrique (2005) subraya que las nuevas tecnologías son compatibles con la diferencia y
que, requiriendo el conocimiento —factor productivo esencial— y capacidad de innovación, es más
fácil que ésta surja de lo diverso que de lo homogéneo: «[…] allí donde el repertorio cultural es más
variado es más probable que emerja lo nuevo».
91
Algunos padres y educadores tienen dudas e incluso críticas respecto a la real utilidad del acceso de
los jóvenes a internet, por el tiempo que dedican al chat o a ver páginas pornográficas. No las
comparto, por su carácter unilateral.


productividad nacional. Según una investigación de la Universidad Internacional de
La Florida (Estados Unidos), comentada en el diario El Comercio (30.6.2005), el
Perú destaca como país con la población más emprendedora del mundo: 40 de
cada 100 personas en edad económicamente activa (de entre 18 y 64 años) admi-
nistran su propio negocio. Es válido preguntarse qué sucedería si estos compatrio-
tas obtuviesen una mayor educación y un mínimo de apoyo para sus iniciativas.

• ACCESO POPULAR A INTERNET

Si bien el acceso a las computadoras está determinado por la actual distribución
de ingresos, en el Perú el acceso a internet ha tenido un desarrollo espectacular.
Los 100 000 usuarios de abril de 1999, un año más tarde eran 820 000. El Perú
tiene hoy, de acuerdo con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Teleco-
municaciones (OSIPTEL), alrededor de cuatro millones de internautas. Las cabinas
de internet son un factor esencial de este crecimiento, pues 83% de los usuarios
se conectan desde ellas; más aún, entre los más pobres el porcentaje llega a 91%.
Sin ningún apoyo estatal, las cabinas han permitido abaratar significativamente las
tarifas de conexión hasta ubicarlas entre las más bajas de la región. De acuerdo
con Nelson Manrique (2005), 54% de la población de Lima Metropolitana es usua-
ria de internet; y a nivel nacional, 17%.

A pesar de que la incomunicación persiste en muchos pueblos del interior,92 estos
son datos relevantes en un mundo que exige al país interactuar eficientemente con
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Parte importante de la
tarea educativa es tratar de convertir a los actuales consumidores en productores,
aprovechando el desarrollo de una cultura informática popular de carácter masivo.

• REMESAS DESTINADAS A LA EDUCACIÓN

El masivo éxodo de peruanos ha significado que las remesas de dinero para sus
familiares que se quedan en el país aumenten progresivamente. La inversión de
esas remesas en educación también crece.

92
En diciembre del 2003, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones posibilitó que 6 460 poblados
tengan acceso a servicios, y Telefónica del Perú instaló 3 600 teléfonos públicos rurales. Esta expansión
abarca a menos de 10% de los centros poblados que necesitan ser interconectados (Manrique 2005).


iniden
LOS DE FÍOS PA IN NU VAS TEC GÍAS
LO S D E S A FÍO S PA R A I N C O R P O R A R N U E VA S TE C N O LO GÍA S A
STRA ED CAC
N U E STRA ED U CAC IÓN
• Necesidad de que más estudiantes accedan a la computadora e Internet. Quizá la
principal posibilidad a explorar sea que el gobierno promueva el mayor acceso de los
hogares de clase media y baja a las nuevas tecnologías dando facilidades tributarias,
de crédito o de otra índole. Otras opciones son reciclar computadoras dadas de baja
por empresas para que se usen en centros de enseñanza y concebir modelos de
gestión de aulas de innovación que tengan como objetivo complementario el auto-
sostenimiento.
• Creación de comunidades virtuales con usuarios protagonistas de la generación de
contenidos o de su adecuación a los contextos locales. Los blogs, las webquest, el
podcasting y los wikis son herramientas de enorme potencial creativo aún no em-
pleadas por el portal Huascarán. El uso de videoconferencias y audioconferencias,
así como el acceso e intercambio de contenido multimedia en la red, obligarán a los
profesores a cambiar progresivamente sus enfoques metodológicos al pasar de un
aprendizaje individual a otro que implique una mayor colaboración.
• Potenciar la integración de las comunidades locales al mundo de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC). Ayudaría a esto que en las escuelas donde
funciona el Programa Huascarán se promueva un mayor uso de las aulas de innova-
ción en horarios extra jornada escolar. Esto facilitaría el acceso a Internet de padres
de familia y miembros de la comunidad para, por ejemplo, realizar un creciente núme-
ro de trámites ya informatizados o para capacitarse en su utilización básica. Los
consejos educativos institucionales —o comités que involucren la participación de los
padres— podrían asumir la administración, el mantenimiento y la vigilancia del buen
uso de la infraestructura informática y de los recursos que se capten.
• Mejor uso de portales educativos públicos como el del Proyecto Huascarán. Algunos
ministerios de educación de países asiáticos emplean su portal educativo para orien-
tar diariamente a sus profesores respecto al desarrollo de las actividades curricula-
res a realizarse en cada grado educativo o para controlar el avance de la programa-
ción curricular y como fuente de retroalimentación. Asimismo, las páginas web de las
escuelas son un medio de comunicación con los padres para informarles acerca del
progreso educativo de sus hijos.
• Imitar iniciativas que permiten que cada alumno y cada profesor tenga una dirección
electrónica y que los centros educativos desarrollen su página web, lo que estimula
el uso del Internet. Chile firmó con la Unión Europea un convenio para que los egre-
sados de la secundaria obtengan la Licencia Internacional para Manejar Computa-
doras, que los habilita como usuarios de las herramientas digitales con reconoci-
miento en los países miembros de la OCDE.

Fuente: INIDEN, Informe de Educación, año XVI, n.º 41, abril del 2007.


Efectivamente, el año 2006 el monto de las remesas fue de casi 1 800 millones de
dólares y se espera que para el 2008 lleguen a 2 300 millones de dólares. Recien-
tes resultados de un estudio especializado de Arellano Marketing sobre remesas
de peruanos en el exterior (citado por el diario El Comercio el 14.4.2007) indican
que, además de alimentación y salud, estos recursos se utilizan con fines educati-
vos. La encuesta, aplicada a 1 400 peruanos en siete ciudades de Estados Unidos
y Europa, señala además que es en provincias —no en Lima, como se podría supo-
ner— donde se destina una proporción mayor de este dinero a solventar estudios
superiores. Esto explicaría en parte, según otro estudio de la misma empresa, la
reciente mejora en los niveles de educación de algunas provincias: mientras que la
fuerza laboral con estudios completos en Lima no pasa de 19% en promedio, en
ciudades como Arequipa, Cusco, Cajamarca, Ica, Huancayo, Tacna y Piura supera
el 20%.

c. MAGISTERIO: NUEVOS ESCENARIOS
Tanto en el gobierno de Alejandro Toledo como en el de Alan García, el Ministerio
de Educación puso en debate una nueva Carrera Pública Magisterial, producto de
un proceso en el que tuvieron una particular relevancia las iniciativas de los minis-
tros Nicolás Lynch y Javier Sota Nadal. La gestión del ministro José A. Chang, ya
durante el gobierno aprista, tomó la propuesta de su antecesor como base del
proyecto de ley que envió al Congreso.93

La primera gestión ministerial del gobierno de Toledo, además de definir la revitali-
zación de la escuela pública como un objetivo de acción prioritario, pugnó por crear
una cultura meritocrática en el magisterio. Convocó un concurso nacional para
cubrir las plazas docentes vacantes y propició un significativo estudio sobre la do-
cencia en el Perú.94 La gestión Sota Nadal promovió la creación de una comisión
técnica encargada de formular la propuesta de una nueva Carrera Pública Magis-
terial,95 generó sesiones de consulta con entidades clave, publicó el texto de la

93
La crítica situación gremial producto del enfrentamiento entre el gobierno de Alan García y el SUTEP
se analiza en las partes II y III de este libro.
94
Producto de una consultoría amplia y participativa, los resultados de este estudio contienen tres
propuestas específicas: a) perfiles de los nuevos docentes que el país requiere; b) creación de un
subsistema de acreditación de instituciones formadoras de docentes; y c) bases para una nueva
Carrera Pública Magisterial (Rivero 2003b). En la Parte II de este libro hay una referencia más amplia
sobre la Propuesta «Nueva docencia en el Perú», resultado de esa consultoría
95
Comisión coordinada por el consultor Hugo Díaz, integrada además por los ex ministros de educa-
ción Andrés Cardó Franco y Dante Córdova, y por el consultor Víctor Montero.


LAS CABINAS DE INTERNET SON FACTOR ESENCIAL, 83% DE LOS USUARIOS SE CONECTAN
DESDE ELLAS; MÁS AÚN, ENTRE LOS MÁS POBRES EL PORCENTAJE LLEGA A 91%. SIN
APOYO ESTATAL, LAS CABINAS HAN ABARATADO SIGNIFICATIVAMENTE LAS TARIFAS DE CO-
NEXIÓN QUE ESTÁN ENTRE LAS MÁS BAJAS DE LA REGIÓN.

propuesta como documento de trabajo, lo puso en debate y encomendó la tarea de
su discusión al Grupo de Impulso del Pacto Social de Compromisos Recíprocos
por la Educación en el Acuerdo Nacional.96

La constitución del Colegio de Profesores del Perú, con una masiva inscripción de
los docentes del país, forma parte del nuevo escenario. Su concreción, sin embar-
go, originó dos directivas que siguen actuando paralelamente, a pesar de haber
resoluciones judiciales que, hasta la fecha, 97 dan la razón a la directiva presidida
por el profesor Carlos Gallardo. Esta última también presentó al Congreso, en nom-
bre del magisterio que representa, una propuesta de Proyecto de Ley de Carrera
Pública Magisterial.

Nuevas demandas del SUTEP, como ampliar a ocho horas diarias la jornada de
estudios en las escuelas públicas para reforzar el aprendizaje,98 son demostrativas
de estrategias sindicales distintas a las de tipo clasista reivindicativo, comunes a
esta entidad gremial.

96
La decisión ministerial de no liderar la coordinación del debate y encomendarla al Acuerdo Nacional
fue objeto de críticas de la oposición parlamentaria. Hugo Díaz, en su calidad de coordinador de la
comisión técnica a cargo de la propuesta de Carrera Pública Magisterial, señaló en el programa de
televisión Sin rodeos (Canal N, 31.7.2005) que se requerirían como mínimo cuatro meses para
recoger opiniones; informó, además, que la Ley de Carrera Magisterial exige un presupuesto de
1 128 millones de soles para un período de ocho años (Educación al día, síntesis informativa del
CNE, 1.8.2005).
97
La otra directiva, presidida por la profesora Soledad Lozano y afín al núcleo dirigente del SUTEP,
presentó sucesivos recursos de apelación ante el Poder Judicial.
98
Caridad Montes, en ese entonces secretaria general del gremio docente, señaló en declaraciones al
diario La República (1.8.2005) que de esta manera se mejorará el salario docente y se crearán más
plazas de trabajo para maestros desempleados.


d. MAYOR INTERÉS DE EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN
La participación activa de empresarios en el Foro del Acuerdo Nacional y el real
interés mostrado por sus más importantes organizaciones gremiales respecto a la
educación y para coordinar tareas con el Consejo Nacional de Educación en la
construcción y difusión del Proyecto Educativo Nacional, son un nuevo signo pro-
metedor: Señalo algunos pasos significativos registrados recientemente:

• Los empresarios privados acordaron el 2006 formar la Asociación de Empresarios
por la Educación en el Perú para articular los esfuerzos de las empresas privadas
con claros objetivos. Un primer paso considerado es realizar un inventario de las
iniciativas educativas existentes para desarrollar una política estratégica con el
Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación, a fin de implementar
distintos proyectos, en especial el Proyecto Educativo Nacional. Prevén proyectar
perfiles y carreras con universidades e institutos tecnológicos, promover la defini-
ción de indicadores de eficiencia en los resultados de la educación y crear un
premio anual para las escuelas unidocentes del interior del país.

• En octubre del 2006 la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Peruanas (CONFIEP) realizó el XVI Congreso Nacional de la Empresa Privada, que
llevó como título «Nuestro compromiso con la educación» y se orientó a «sensibili-
zar a la sociedad acerca de la necesidad de mejorar significativamente el nivel de la
educación peruana».

• En la línea de fortalecer la movilización por la educación, empresas privadas y di-
versas organizaciones de la sociedad civil «adoptaron» 1 494 colegios de las zonas
más pobres del país para mejorar su infraestructura y equipamiento.

e. PAPEL EDUCATIVO DE DIVERSOS ENTES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Hay varios ejemplos de que el Ministerio de Educación no es la única entidad
pública que se preocupa por la formación de nuestros niños y jóvenes. He aquí
algunos de ellos:

• El Consejo Nacional del Ambiente, que mediante su programa de certificación
ambiental aplicado en más de 280 colegios, sobre temas como el reciclaje y la
prevención de la contaminación, logró eliminar botaderos y clausurar desagües (en
Pisco y Pucallpa respectivamente).


Carlos Amat y León
GR CAM NA OTR ED CAC
TRA
EL GR A N CAM B I O NA C I O N A L: OTRA ED U CAC IÓN
a dinámica demográfica ofrece la posibilidad de mejorar el capital humano del

L país en un período de 20 años, formando a los niños y jóvenes con las calida-
des personales para vivir en una democracia participativa y con las capacida-
des y habilidades para emprender proyectos rentables, creando su propio empleo,
produciendo los bienes y servicios necesarios para el progreso de todos, así como
capacitados para trabajar en las grandes empresas como especialistas de primer
nivel. Si nuestra ventaja comparativa es la biodiversidad y la originalidad de la geo-
grafía, entonces debiéramos ser los líderes en el mundo de la investigación, en la
enseñanza y en la aplicación de estas disciplinas en las industrias derivadas de la
biología y en el turismo especializado en la naturaleza.

La nueva educación requiere definir un perfil de egresado de acuerdo con el estilo
de vida, la organización social y el sistema productivo que se quiere crear. Por lo
tanto, se tiene que elaborar contenidos y metodologías educativas para formar y
ejercitar valores, actitudes, conocimientos y habilidades consistentes con ese mode-
lo de vida y de sociedad. Si queremos cambiar la sociedad y no reproducir el «orden
social» existente, la cultura combi, entonces no tiene sentido insistir en el aula tradi-
cional donde el profesor va a dictar clases y los alumnos concurren simplemente
para copiar a tomar apuntes de lo que se les dicta. Sobre una relación dictador-
súbdito no se puede recrear una sociedad democrática, participativa, creativa y, mucho
menos, emprendedora. Por eso se necesita una nueva aula. El ciudadano compro-
metido y emprendedor se forma trabajando en los escenarios reales de la vida social
y en la actividad productiva para producir y construir lo que necesita su familia y su
comunidad. [ …]

Si se emprendiera una gran cruzada nacional para construir un nuevo sistema edu-
cativo, entonces se podría modificar sustancialmente la fuerza laboral en el curso de
20 años. […]

Si en el año 2006 se emprendiera una sustantiva y masiva revolución educativa
educativa,
entonces el año 2024 se tendría prácticamente otro país. El relevo generacional
produciría un cambio cualitativo en la calidad de la población y en sus capacidades
productivas para construir otro país y para relacionarse con el mundo afirmando
nuestra propia identidad.

Fuente: Carlos Amat y León, El Perú nuestro de cada día. Nueve ensayos para discutir y decidir
(fragmentos). Universidad del Pacífico, 1.ª edición, Lima, 2006 (resaltados originales).


• La Municipalidad Distrital de Jesús María, que en el 2006 promovió la participación
activa de más de 4 600 niños y adolescentes en la formulación del presupuesto
participativo. Se aprobaron dos de las cinco propuestas que ellos plantearon.

• OSINERG, que llegó a 180 mil niños mediante su campaña de uso responsable de
energía.

• La Municipalidad de Trujillo, que organizó talleres de poesía que contribuyeron a
mejorar la autoestima de los niños respecto a sus capacidades literarias.

Todas estas experiencias fueron calificadas por la organización no gubernamental
Ciudadanos al Día, presidida por Beatriz Boza, como «Buenas prácticas guberna-
mentales». En «¿Y los niños», artículo publicado en el diario El Comercio (22.3.2007),
Boza plantea una pregunta motivadora: cuánto se podría aportar a la educación
desde la administración pública mediante páginas web orientadas a los niños, difu-
sión de boletines informativos del Estado haciendo pedagogía para niños, facilida-
des para el uso de museos e infraestructura oficial y organización de museos inte-
ractivos para niños.


8. EL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL

a. LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL
La necesidad de contar con un Proyecto Educativo Nacional (PEN) dialogado y
consensuado fue una de las principales demandas del país desde la década de
1990.

En el proceso de transición posterior al gobierno de Alberto Fujimori tuvo una par-
ticular influencia la Consulta Nacional de Educación del 2001. En ella se recogió la
convicción de especialistas, así como de instituciones y foros de discusión, respec-
to a la urgencia de optar por políticas de Estado pensadas para el largo plazo,
superando la visión coyuntural de períodos gubernamentales o de gestiones minis-
teriales.

Antes de dicha Consulta Nacional, ya varios demandaban un Proyecto Educativo
Nacional: destacan institucionalmente el Foro Educativo, desde la década de 1990,
y el SUTEP, que lo menciona en varios planteamientos y comunicados.

El gobierno de Alejandro Toledo alentó importantes pasos que precedieron lo que
sería el Proyecto Educativo Nacional. Destaca particularmente el Acuerdo Nacio-
nal, convocado en julio del 2001, representativo de fuerzas políticas, sociales y
empresariales, que define como su décimo segunda política el «Acceso universal a
una educación pública, gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y
del deporte».

Asimismo, por iniciativa del Poder Legislativo se promulgó una nueva Ley General
de Educación, con artículos explícitos que dieron al Consejo Nacional de Educa-
ción la finalidad de «participar en la formulación, concertación, seguimiento y eva-
luación del Proyecto Educativo Nacional, de las Políticas y Planes educativos de
mediano y largo plazo y de las Políticas Intersectoriales que contribuyen al desarro-
llo de la educación peruana».


La gestión ministerial de Nicolás Lynch, con el apoyo calificado de su viceministro
Juan Abugattás, promovió la creación del Consejo Nacional de Educación (CNE),
plural y representativo de distintas visiones y experiencias de desarrollo educativo.
El CNE fue el motor principal, aunque no único, de la construcción del Proyecto
Educativo Nacional.

• PRINCIPALES PREMISAS E HITOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL
PEN

Las premisas que orientaron la construcción del PEN son:

• Debe ser entendido como un amplio acuerdo sobre el sentido y el papel de la
educación en el desarrollo del país y de las personas en los siguientes quince años.

• Debe representar la concreción de un conjunto de objetivos y políticas educativas
que comprometan a todas las instancias del Estado y movilicen a la sociedad.

• Debe proponer un cambio estructural y un nuevo pacto social que aumente las
expectativas en nuestra educación.

• Debe asegurar la continuidad y coherencia de los procesos educativos evitando «el
borrón y cuenta nueva» tan lamentablemente familiar a la educación nacional. Obli-
gará a tres sucesivos gobiernos y a todo el Estado a articular los planes y progra-
mas sobre educación en un solo y sostenido esfuerzo nacional en función de obje-
tivos comunes.

• Debe ser concebido como un proyecto amplio, inacabado y en construcción. No
debiera aspirarse a un consenso total y absoluto, sino a un conjunto de consensos
sobre derroteros a seguir, como aprendizaje social necesario para lograr un proce-
so participativo y una mayor cultura política.

En síntesis, el PEN debe ser una herramienta para lograr una buena educación,
fortalecer a la sociedad y construir una nueva institucionalidad con personas con-
vencidas de su rol para hacer viable al país.

La construcción del PEN demandó cuatro procesos simultáneos:

• Un proceso participativo de diálogo y consulta con múltiples actores y sectores de
la ciudadanía.


• Un proceso técnico de análisis y formulación de propuestas con expertos y comu-
nidad académica.

• Un proceso político para incidir y llegar a acuerdos con autoridades públicas, parti-
dos políticos y organizaciones o gremios.

• Un proceso comunicacional para informar y procurar impacto en la opinión pública.

Una apretada síntesis de los pasos más significativos en la construcción del PEN
da una mejor idea de este proceso:

Año 2002. Instalación del CNE (mayo) y desarrollo de un proceso previo a su elabo-
ración. Establecimiento de diálogos sobre todo con actores sociales y docentes.

Años 2003-2004. Contacto con cada una de las veinticuatro regiones, lo que
significó dialogar con más de 2 500 actores (50% sociales, 30% técnicos y 20%
políticos, según sistematización del CNE). Desarrollo de estudios sobre temas crí-
ticos vinculados a la construcción del PEN. En atención a una demanda del Acuer-
do Nacional, el CNE generó un proceso orientado al establecimiento de un Pacto
de Compromisos Recíprocos en Educación, como preámbulo de una decidida lu-
cha por mayores recursos presupuestales para el sector.

Año 2005. Publicación del documento «Hacia un Proyecto Educativo Nacional»,
base para la discusión del PEN, como principal resultado de las anteriores activida-
des. Esta propuesta generó nuevos diálogos con la participación de 863 institucio-
nes y miles de actores (en las veinticuatro regiones, con autoridades, partidos po-
líticos y organizaciones sociales). De todo ello se recogieron enriquecedores apor-
tes para el documento preliminar. Se apoyó el establecimiento de Proyectos Edu-
cativos Regionales en la mayoría de regiones.

Año 2006. Análisis de los planes de gobierno de las fuerzas políticas y diálogo con
2006.
sus representantes. Elaboración de la segunda versión preliminar integrando más
voces. Diálogo con el nuevo gobierno (primer ministro y ministro de Educación),
con la Comisión de Educación del Congreso y con el Acuerdo Nacional, para pro-
mover la oficialización del PEN. En noviembre, presentación del PEN al país, te-
niendo como escenario la Gran Unidad Escolar Melitón Carvajal.

En la construcción del PEN se procuró articular sus objetivos y políticas con otros
importantes esfuerzos como el Foro Nacional Educación para Todos, con el cual


coincide en señalar como preocupación central la equidad y la calidad educativas.
Asimismo, se tomaron en cuenta otros planes vinculados a la educación.99

El 6 de enero del 2007 el Proyecto Educativo Nacional fue reconocido como política
de Estado por el presidente Alan García, vía la Resolución Suprema 001-2007-ED.

b. LOS OBJETIVOS Y LAS POLÍTICAS DEL PEN
PRIMER OBJETIVO ESTRATÉGICO
Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos

El énfasis central del Proyecto Educativo Nacional es enfrentar el problema de la
exclusión educativa cerrando las brechas de inequidad educativa.

Su primer resultado está orientado a atender a la primera infancia como prioridad na-
cional, mediante la acción concertada del Estado en cada región, apoyando a la familia
para una crianza sana y estimulante, y promoviendo entornos comunitarios para lograr
un óptimo desarrollo educativo desde la primera infancia (ver el recuadro).

El segundo resultado supone lograr trece años de buena educación sin exclusio-
nes. Para ello, se universaliza el acceso a la educación inicial y secundaria de cali-
dad, se alfabetiza y se desarrollan las capacidades tecnológicas de jóvenes y adul-
tos excluidos de la básica regular. Este segundo resultado articula políticas de
equidad educativa con programas de desarrollo y lucha contra la pobreza, asegu-
rando las condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos
públicos de las provincias más pobres y tomando medidas para prevenir el fracaso
escolar en los grupos sociales más vulnerables, incluyendo en ello el enfrenta-
miento de la discriminación por género o discapacidad.

Los programas de alimentación y salud escolar son reforzados para garantizar
mejores condiciones de educabilidad. En secundaria hay modalidades flexibles
asociadas a las condiciones de la vida, la cultura y la producción en zonas rurales,
con énfasis en las competencias productivas. La educación básica alternativa y la
educación técnico-productiva son especialmente promovidas.

99
Entre otras iniciativas, se pueden mencionar las siguientes: Plan Nacional de Acción por la Infancia;
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; Plan Nacional de Competitividad;
Plan Nacional de Reparaciones en Educación; Medidas de Urgencia de la Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza; Plan Nacional de Derechos Humanos; Plan Nacional de Descen-
tralización y Lineamientos de Política de Juventudes.


Consejo Nacional de Educación
ATEN DE LA PR INFAN CO PR
ATEN C IÓN DE LA PR I M E R A IN FAN C I A CO M O PR I O R I D A D
Desde que fue creado, el Consejo Nacional de Educación promueve la inclusión de la atención
al niño de 0 a 3 años, en el marco del desarrollo de la educación inicial, como tema prioritario de
la agenda nacional. Desde entonces, las Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobre-
za han venido dando prioridad a la primera infancia en sus propuestas y se ha establecido una
alianza por la infancia entre el sector empresarial y el sector público. Esto coincide con la impor-
tancia que la nueva Ley General de Educación otorga a la educación inicial.

En consonancia con lo anterior, el Proyecto Educativo Nacional plantea asegurar el desarrollo
óptimo de la infancia mediante la acción intersectorial concertada del Estado en cada región.
Esta política se orienta a resolver los problemas de salud, nutrición y protección que ponen en
riesgo la vida de un millón de niños menores de 3 años afectados por la pobreza, mediante una
acción intersectorial sostenida, basada en metas e indicadores de impacto distrital y regional y
en estrecha alianza con las comunidades. Busca, además, promover el desarrollo de las diferen-
tes capacidades infantiles desde el nacimiento en los ámbitos cognitivo, social, emocional, físico
y motriz.

El Proyecto Educativo Nacional comprende las siguientes políticas específicas:

• Satisfacer las necesidades básicas de niños y niñas de 0 a 3 años
La sobrevivencia de los niños en sus primeros años no está asegurada; la desnutrición crónica
infantil afecta a dos de cada tres niños en las regiones más pobres del país. Esta política busca
contribuir, desde la educación, a asegurar la nutrición adecuada para todos los niños, así como
madres informadas y apoyo efectivo del Estado a las familias en el cuidado de sus hijos peque-
ños y la atención a sus necesidades básicas

• Apoyar a la familia para una crianza sana, estimulante y respetuosa
Con espeluznante normalidad, muchos niños conviven en su propia familia con la violencia, el
maltrato constante, la indiferencia o el abandono. Muchos padres no reciben orientación ni
apoyo especializado para cumplir mejor sus responsabilidades. Esta política busca que el Esta-
do ofrezca a padres, madres o tutores, en especial a los que viven en condiciones de pobreza,
oportunidades continuas para reforzar sus capacidades de crianza y desarrollo familiar, a partir
de sus saberes más valiosos y sus mejores prácticas.

• Promover entornos comunitarios saludables, amables y estimulantes
Esta política busca promover, desde la educación, la salud ambiental, el respeto a los derechos
del niño y oportunidades públicas de óptima calidad para el desarrollo infantil, empezando por
las comunidades más pobres y mediante alianzas entre las Direcciones Regionales de Educa-
ción, los gobiernos locales y otros sectores del Estado.

• Promover un óptimo desarrollo humano desde la primera infancia
La educación de los más pequeños no está asociada al desarrollo de capacidades y aptitudes,
desalentando así el desarrollo de muchas cualidades infantiles en embrión. Esta política busca
garantizar desde el Estado oportunidades educativas para los niños menores de 3 años que pro-
muevan el desarrollo óptimo y oportuno de sus capacidades cognitivas, sociales, emocionales,
físicas y motrices, y que privilegien a la población en situación de pobreza y extrema pobreza.


SEGUNDO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Estudiantes e instituciones educativas que logran aprendizajes
pertinentes y de calidad

Este objetivo está referido a elevar la calidad educativa.

La nueva escuela es amable, segura, con servicios básicos y estudiantes que tra-
bajan en equipo, en un clima de respeto, donde cada alumno descubre con el
apoyo docente sus propias habilidades.

La heterogeneidad y los valores culturales regionales y locales se reflejan en un
currículo nacional intercultural, integrador y ajustado a estándares internacionales,
y en currículos regionales adaptados a las características de cada localidad o ins-
titución educativa.

Los centros educativos son un foco de innovación, con metas conocidas por los
padres y las madres de familia, y con un apoyo pedagógico e institucional a la
totalidad de escuelas y redes de escuelas. El director lidera el equipo docente e
incentiva su creatividad, organizados en redes de intercambio.

Se usan estándares nacionales de aprendizaje y se amplían, mejoran e instituciona-
lizan las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje. Al mismo tiempo, se pro-
picia el uso eficaz, creativo y culturalmente pertinente de las nuevas tecnologías de
información y comunicación en todos los niveles educativos. De igual modo, la jorna-
da escolar y el tiempo efectivo de aprendizaje se incrementan progresivamente.

TERCER OBJETIVO ESTRATÉGICO
Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia

Son dos los grandes resultados previstos para asegurar el desarrollo profesional
docente:

• un sistema integral de formación inicial y continua, con estándares claros sobre la
buena docencia, que acredita las instancias de formación y desarrollo profesional
docente y reestructura y fortalece la formación docente en servicio, articulada con
la formación inicial. Los maestros tienen una formación intercultural basada en la
diversidad, y la comunidad reconoce y valora su trabajo como tarea fundamental; y


RE CATE DE LA LECTUR
EL RE S CATE DE LA LECTUR A

E
l Perú no es un país de lectores. La encuesta Hábitos de lectura y ciudadanía informa-
da que realizara la Biblioteca Nacional el 2005 señala datos contradictorios: el índice
de lectura de libros por ciudadano en nuestro país es de 1,30, uno de los más bajos de
la región latinoamericana, pero a la vez alienta señalando que 55% de los peruanos leerían
libros.
La enseñanza de la lectura en los centros escolares se suele limitar a los primeros años y
termina cuando el estudiante aprende a decodificar, es decir, aprende a leer mecánicamente
pero sin comprender lo que lee. Los resultados obtenidos en pruebas evaluativas nacionales e
internacionales así lo confirman.
Hay que empezar por una verdadera sensibilización en favor de la lectura, desde todos los
ámbitos: hogar, ministerios, estadios, centros educativos, universidades, medios de comunica-
ción... El amor por la lectura se puede incentivar desde los primeros días de nacido. Un niño
que ve leer a sus padres integrará al libro como parte de su vida. Tal como lo declara Teresa
Belloso al suplemento «Somos» del diario El Comercio (4.8.2007), «La primera lectura que
ejecutan los niños es gráfica. Luego querrán saber cuál es la palabra que acompaña aquello
que ven y van a tratar de leer. Es ahí cuando hay que iniciarlos en la lectura».
Las ferias del libro son loables, pero distan de ser una solución. Las campañas de promoción,
las mejoras en la educación inicial y primaria, y las redes de bibliotecas son esenciales. Un
error reiterado es que todas las iniciativas están en Lima y no en provincias, donde práctica-
mente no hay librerías. Que los libros vayan a zonas deprimidas de Lima y a provincias es
responsabilidad del Estado y no de la filantropía de empresas privadas; es decir, debe ser
parte de la distribución de riqueza que al Estado corresponde liderar. El Estado peruano pro-
mueve desde el 2005 un «Plan Nacional de Lectura», encabezado por el Consejo Nacional de
Democratización del Libro (Promolibro), y el 2006 lanzó el Plan Lector, que busca que todos
los escolares lean un libro por mes.
Por otro lado, internet puede ser un buen aliado en este afán por promover la lectura: una
encuesta de la Universidad Católica (abril del 2007) señala que casi 50% de limeños leen en
internet
Los ejemplos de Colombia, Chile y México son significativos; allí el Estado compra libros a las
editoriales y abastece con ellos sus bibliotecas. El Ministerio de Cultura colombiano ha imple-
mentado una red de 1 210 bibliotecas locales en todo el país, y en Bogotá hay tres de gran
nivel; también cuenta con una industria editorial vigorosa y con leyes del libro que ayudaron
mucho. En Chile, el Sistema de Bibliotecas ya tiene algunos años; el proyecto costó 25 millo-
nes de dólares, 11 de los cuales fueron donados por el empresario Bill Gates. En México, la
red nacional está integrada por 7 010 bibliotecas y cuenta con 31 millones de libros.
Cabe mencionar un dato dado a conocer por Sinesio López, ex director de la Biblioteca Nacio-
nal del Perú, en declaraciones a la revista Caretas (2.9.2004) «se reciben [en la BNP] aproxi-
madamente 500 mil lectores al año; ese mismo número reciben las bibliotecas de Colombia y
Chile en sólo un mes».

Fuentes: Alonso Cueto, «Más y menos libros», Perú.21 (6.8.2007); Diego Avendaño, Lectores en fuga, suplemento
«Somos» del diario El Comercio (4.8.2007); Boletín de la Biblioteca Nacional del Perú, n.º 114 (abril 2005); y
Dante Antonioli, El sector editorial: entre librerías y sellos editoriales, Palestra, Portal de Asuntos Públicos de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004.


• una nueva Carrera Pública Magisterial que posibilita evaluar a los docentes para su
ingreso y permanencia en ella, que vincula los ascensos e incrementos salariales al
desempeño profesional y a las condiciones de trabajo, y que promueve la revalora-
ción social de la profesión docente sobre la base del reconocimiento de sus bue-
nas prácticas. Los mejores docentes son ubicados en escuelas de zonas de mayor
necesidad, reciben incentivos por su trabajo, como formación y acompañamiento
pedagógico permanente, y viviendas dignas y adecuadas.

CUARTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es
financiada con equidad

La autonomía de las escuelas permite que éstas administren sus recursos, contra-
ten docentes y se hagan responsables del éxito de los aprendizajes de sus estu-
diantes. El sector educativo se organiza a partir del marco de la descentralización
educativa y la regionalización, con criterios de coordinación intersectorial y de ejer-
cicio de una ética pública. Existe una estricta rendición de cuentas de la autoridad
regional y nacional, con la participación informada de la ciudadanía.

El Estado asigna al sector educativo un presupuesto que garantice una mejor cali-
dad y un mejor uso de recursos públicos con mecanismos efectivos de evaluación
y monitoreo. Se promueve una educación tributaria para poder destinar más recur-
sos a la educación, e incentivos legales que permitan una mayor participación del
sector productivo empresarial en el financiamiento de la educación.

Se toman previsiones para que el financiamiento por alumno en medios rurales
empobrecidos sea mayor.

QUINTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
La educación superior de calidad se convierte en factor favorable para
el desarrollo y la competitividad nacional

Existe un sistema de educación superior articulado con el desarrollo, que fija prio-
ridades teniendo en cuenta la inserción competitiva del Perú en el plano mundial.
Esto supone renovar la estructura del sistema universitario y técnico-profesional, lo
que se expresa en una nueva Ley de Educación Superior que consolida y da fun-
cionamiento efectivo al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifica-
ción de la Calidad (SINEACE), con parámetros de calidad aplicables a la evaluación
de la gestión institucional.


Los centros universitarios y técnicos forman profesionales éticos, competentes y pro-
ductivos. Tienen niveles de producción de conocimientos y de investigación compara-
bles a otros países latinoamericanos, e ingresan al terreno competitivo con países del
norte desarrollado. Un referente importante será el Plan Nacional de Ciencia y Tecno-
logía que elabore el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC).

SEXTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su
comunidad

Las calles, los parques, los mercados, los medios de comunicación social y otros
ámbitos similares también son lugares y medios de aprendizaje. En este contexto,
las municipalidades fomentan la identidad local y generan espacios y oportunida-
des de integración social. Las empresas, las organizaciones sociales y los líderes
se comprometen con la educación, fomentan la participación ciudadana en el go-
bierno de la comunidad, la lectoescritura y el acceso a la información, así como la
mejor calidad de vida, mediante la educación ambiental. Las familias asumen un rol
educador y cooperan con los aprendizajes de sus hijos y con prácticas de vida en
comunidad. La totalidad de las provincias del país tiene un sistema de bibliotecas
municipales y, en caso se amerite, bibliotecas itinerantes.

Al conjunto de estos objetivos corresponden 14 resultados, 42 políticas generales
y 59 específicas.

Tal como se señala en la presentación del Proyecto Educativo Nacional, éste repre-
senta, en buena cuenta, un mayor desarrollo de la 12.ª Política de Estado del Acuerdo
Nacional, «especificando un conjunto consistente de políticas y medidas que per-
mitirían concretarla».

El PEN es un aporte fundamental al país, una propuesta de especialistas peruanos
con distintas experiencias profesionales y visiones plurales. Además, como se ha
señalado, su construcción significó un movimiento ciudadano de transformación
educativa con mucho debate interno y múltiples núcleos institucionales en las re-
giones y en la capital del país.

Pocas voces tan autorizadas en el país como la del maestro Luis Jaime Cisneros y
la de Juan Cuquerella (director de Fe y Alegría), y ambos expresan convicción y
esperanza frente al PEN. En su artículo «Educación, una política de largo plazo»,
publicado en el diario La República (17.12.2006), el educador Luis Jaime Cisneros
sostiene que

[…] hay que celebrar (y celebrar con entusiasmo y fe) que el Consejo Nacio-
nal de Educación haya dado a luz un documento de veras ponderado, fecun-


do en ideas, técnicamente concebido, donde lo pedagógico tiene prioridad y
permite que se asuman los fueros correspondientes y donde lo político reco-
bra su viejo sentido aristotélico. Por fin un documento que mira resuelta-
mente al siglo en que vivimos.

Por su parte, en declaraciones al diario El Comercio (18.2.2007), el educador Juan
Cuquerella afirma que

«El PEN es una visión de la educación nacional para el 2021, es un sueño
común que deberíamos tener todos los peruanos. Significa contar con un
marco con el cual movernos […] Lo hemos construido entre todos: intente-
mos ponerlo en marcha».

Para ser operativo, el PEN debe trascender los procesos generados en la mesa de los
especialistas que lo proponen y ser asumido como resultado de un proceso de diálogo
y concertación social, deviniendo en compromisos de acción concretos de parte de los
agentes educativos: los docentes, los padres de familia y la sociedad educadora.

Para la clase política y los tres gobiernos y congresos que abarcan el período 2006-
2021, debiera significar un instrumento clave para concretar —invirtiendo suficien-
tes esfuerzos y recursos— los impostergables cambios estructurales que el país
necesita en materia educativa. Ejecutar el PEN demanda mantener vivas la apertu-
ra y la flexibilidad que caracterizaron su construcción y convocatoria.

El reconocimiento del PEN por la clase política representada en el Acuerdo Nacio-
nal, por organizaciones docentes como el Colegio de Profesores y el SUTEP, y por
muchas entidades nacionales y regionales identificadas con la búsqueda de una
mejor educación en el país, son un buen preludio de que se alentará y ejercerá vigi-
lancia para que el Estado (Ejecutivo y Legislativo) posibilite la concreción de los seis
objetivos y las 33 políticas especificados en el PEN. Un primer paso será la adecua-
ción de las políticas gubernamentales y la dación de leyes clave demandadas en el
PEN, así como la provisión de recursos fiscales muy superiores a los actuales.

Generar las mejores condiciones para la transformación del Estado en el nivel
central y en las regiones es una acción indispensable. La concreción del PEN es
imposible en el esquema de organización actual del sector educación, que sólo
permitiría acciones aisladas o medidas puntuales teniendo como marco una nor-
matividad y un presupuesto desfasados. Su ejecución demanda también la apertu-
ra de los organismos oficiales a la sociedad civil y a la regionalización educativa.


9. REGIONALIZACIÓN: VENTANA DE OPORTUNIDADES

a. LA SEGUNDA REGIONALIZACIÓN
El carácter centralista, patrimonial y excluyente del Estado peruano se puso en
cuestión con el segundo proceso de descentralización, luego del desarrollado en el
país desde fines de la década de 1980.100 La actual regionalización, a pesar de no
ser parte de un contexto mayor de reformas y de estar rodeada de problemas y
dificultades, es importante para lograr un desarrollo integral y asumir la globaliza-
ción con mayores y mejores posibilidades de éxito. Por ello, representa una venta-
na de oportunidades para la formulación de planes de desarrollo concertados y
para que los ciudadanos sientan al Estado como una realidad más propia y signifi-
cativa.101

Importa asociar la regionalización a la necesaria reforma del Estado peruano. La
administración del gobierno del presidente Alan García la ha puesto en agenda con
anuncios que, más allá de su posible desarticulación, son claros indicios de que se
quiere avanzar en la descentralización.102 A los anuncios se suman medidas como la
creación de un Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local, con
650 millones de soles, para financiar y cofinanciar estudios y proyectos de inversión
pública, así como el antes mencionado shock de inversiones, que supone más de
200 millones de soles para financiar cerca de 800 proyectos descentralizados.

100
El primer proceso de regionalización se desarrolló en los tramos finales del primer gobierno de Alan
García. Su inviabilidad quedó establecida con la decisión de truncarlo que tomó el presidente Alberto
Fujimori.
101
Esto, aunque se inicia sin haberse dado paralelamente una reforma del Estado que, junto con reordenar
el aparato estatal, identifique mecanismos que establezcan una prioridad de la inversión pública más
clara y justa. El referéndum del 30 de octubre, convocado para constituir las cinco primeras regiones,
cobra particular importancia en este contexto.
102
Plan de Regionalización, relanzamiento de las juntas de coordinación interregional, desactivación del
Consejo Nacional de Descentralización, experiencias piloto para la municipalización de la salud y la
educación, e implementación de un programa de capacitación de los gobiernos regionales desde el
2007, amén de la iniciativa de desarrollar sesiones de gabinete en regiones (las primeras seleccionadas
han sido Piura y Lambayeque).


Grupo Propuesta Ciudadana
¿CÓMO MEJEJO LA CAP DE GE DE LA RE
¿CÓMO MEJO R A R LA CAPA C I D A D DE GE STIÓN DE LA S RE G I O N E S?

Se han sugerido al Poder Ejecutivo medidas concreta, tales como:

• fortalecer las capacidades de formulación y evaluación de proyectos generando
economías de escala;

• acompañar la descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
y hacer menos rígidos sus criterios de evaluación;

• agilizar y simplificar los procesos de selección;

• aprobar la ley de carrera pública para incentivar el ingreso de profesionales com-
petentes; e

• implementar el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional (CEPLAN) que, bien
conducido, ayudará a mejorar la planificación y gestión de proyectos con una
visión territorial.

Sugerencias del Grupo Propuesta Ciudadana para responder las críticas contra
el SNIP y el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(CONSUCODE) formuladas a raíz de las dificultades de implementación del llama-
do shock de inversiones. Extraído de «Participa Perú», n.º 38, suplemento distri-
buido con el diario La República (9.3.2007).

El Grupo Propuesta Ciudadana, el consorcio más articulado en materia de descen-
tralización y, a la vez, representativo de importantes entidades de la sociedad ci-
vil,103 junto con reconocer las bondades y expectativas de los anuncios y las accio-
nes, muestra su preocupación porque no se evidencian propuestas ni estrategias
articuladas en ejes críticos como la descentralización fiscal, ni se está ante un plan
definido para asegurar una efectiva y eficiente transferencia de competencias que
supere problemas y trabas. La transparencia y la participación ciudadana en la

103
Integran el Grupo Propuesta Ciudadana: IEP (Instituto de Estudios Peruanos), DESCO (Centro de
Estudios y Promoción del Desarrollo), CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado),
CEPES (Centro Peruano de Estudios Sociales), CEDEP (Centro de Estudios para el Desarrollo y la Partici-
pación), Asociación Arariwa, Centro de Estudios Bartolomé de Las Casas., CEDER (Centro de Estudios
para el Desarrollo Regional), CEDEPAS (Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social), Alternativa-
Centro de Investigación Social y Educación Popular, e IDS (Instituto de Diálogo y Propuesta).


gestión pública no se consolida ni se profundiza.104 Nada se dice, afirma, sobre el
Plan de Reordenamiento Territorial ni sobre las Juntas Interregionales ni se trata el
tema de las regiones piloto.

Lo coherente sería que, al ser la descentralización una política de Estado, los cam-
bios que supone afirmen una instancia nacional intergubernamental, en la cual los
tres niveles de gobierno (nacional, regionales y locales) asuman, concertada y com-
partidamente, la responsabilidad de conducir la reforma que supone la descentra-
lización. En este sentido, la decisión colectiva de conformar una Asamblea Nacio-
nal de Presidentes Regionales como ente orgánico, institucional y representativo,
es un avance importante. En su reunión fundacional (Huánuco, 20 de marzo del
2007) se eligió como coordinador del Consejo Directivo por un período de seis
meses al titular de la Región Junín, Vladimiro Huároc, y se aprobó el estatuto de la
asamblea que tendrá como su primera sede la ciudad de Ica, mientras que la re-
gión Callao fue designada como sede de una Secretaría Técnica que acompañe y
sustente las iniciativas regionales.105

En la Declaración de Huánuco, rubricada por los presidentes regionales asistentes
a la reunión, se solicita al gobierno central la descentralización del Sistema Nacio-
nal de Inversión Pública (SNIP), la transferencia de empresas y programas regio-
nales, la distribución equitativa del canon y la renegociación y revisión de los con-
tratos de concesión. Se plantea, además, que el órgano que reemplace al Consejo
Nacional de Descentralización esté constituido por los gobiernos regionales y lo-
cales y cuente con plena autonomía.

La potencialidad de esta Asamblea como organismo que genera credibilidad y
puede ejercer canales de intermediación, se manifestó con motivo de la huelga
magisterial del mes de julio del 2007. Su intervención fue decisiva para lograr que
la dirigencia gremial levantara una medida extrema con repercusiones en el mayor
deterioro de la educación de nuestros niños y jóvenes.

104
«La desaparición arbitraria e inconsulta del Consejo Nacional de Descentralización no resuelve el
problema de la conducción intergubernamental sino que concentra las decisiones en el Ejecutivo».
Ver suplemento «Participa Perú», n.º 38, 9 de marzo del 2007, distribuido con el diario La República.
105
El Consejo Directivo está integrado por los presidentes de las regiones Junín, Tumbes, Lambayeque,
Ica, Tacna, Huánuco y Apurímac. Se ha encomendado a Francisco Guerra García organizar la
Secretaría Técnica de esta Asamblea Nacional.


• LA DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA106

Según Efraín González de Olarte, el problema mayor no es que el Estado sea cen-
tralizado sino que es pequeño.107 El desafío de la descentralización será, entonces,
cómo hacer que el Estado crezca al mismo tiempo que se lo descentraliza. Esta
constatación trae por lo menos tres implicancias para la descentralización educati-
va (CNE 2005b):

• La descentralización educativa está atada al avance de las definiciones de una
región sobre su desarrollo, tanto en términos económicos como de generación de
capacidades para el desarrollo humano.

• La descentralización educativa no será tanto de transferencia de recursos del nivel
central al nivel regional, sino de un crecimiento del Estado descentralizado en edu-
cación; es decir, más recursos económicos pero sobre todo más recursos institu-
cionales y humanos.

• El desarrollo institucional del Estado en forma descentralizada exige una clara re-
distribución de las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno, pues
la actual base de distribución de poderes es impedimento para que las regiones
crezcan en sus capacidades para dar pertinencia a su educación.

La descentralización educativa fue ubicada en el último tramo de la transferencia
de competencias sectoriales del poder central a los gobiernos regionales y locales
en la agenda del entonces vigente Consejo Nacional de Descentralización.108 Un
factor negativo es que, instalados los gobiernos regionales, la transferencia a las
Direcciones Regionales y las Unidades de Gestión Local (UGEL) se hizo sin me-
diar transformación alguna de su pesada carga burocrática, los bajos sueldos y la
corrupción imperante (Iguíñiz 2005).

Existen, sin embargo, expresiones de que el centralismo está siendo rebasado en
varias regiones por medidas como la elección por concurso público de directores

106
Las experiencias piloto de municipalización educativa que está propiciando el gobierno aprista se
analizan en la Parte III, sección 3 de este libro.
107
El Estado peruano abarca 13%-14% del PBI frente a 25% en países vecinos. De ese porcentaje,
González de Olarte señala que 3% va al pago de la deuda y de pensiones a los jubilados; 2% ya ha
sido descentralizado vía gobiernos regionales, y queda 8% o 9% para compartir entre el gobierno
central y las regiones.
108
La Ley de Bases de la descentralización señaló que durante 2005 no se realizaría ninguna transferencia
de las funciones en educación establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Iguiñiz 2005).


regionales y de directivos de la UGEL, y la elección de directores de instituciones
educativas con participación de los consejos educativos institucionales. Se regis-
tran, igualmente, iniciativas en materia de construcción de proyectos educativos
regionales (PER) y de asumir autonomías impensadas antes de la constitución de
las nuevas estructuras regionales.

Una acción significativa es la concertada entre el Consejo Nacional de Educación,
el MED y la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que en un año
sostenido de acción (2004-2005) constituyó bases de redes de acción intersecto-
rial en pro de la primera infancia en seis regiones del país. En dos de ellas los
gobiernos regionales dictaron ordenanzas; en otra, una directiva de una red ya
aprobada ha reconocido a la primera infancia como parte constitutiva de ella; y en
todas esas regiones las mencionadas redes han participado activamente en la cons-
trucción de los planes educativos regionales, posicionando en éstos el tema de la
primera infancia.109

b. PRINCIPALES AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE
PROYECTOS EDUCATIVOS REGIONALES
Un conjunto valioso de documentos y leyes aprobados en el último lustro (algunos
ya mencionados) constituyen un marco que estimula la constitución de proyectos
educativos regionales con claras opciones por la equidad educativa y social:

• Acuerdo Nacional,
• Carta Social de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza,
• Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación,
• Plan Nacional de Acción por la Infancia,
• Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la Educación del Foro del Acuerdo
Nacional,
• Ley de Educación de las Niñas Rurales,
• Política Nacional para la Juventud,
• Ley de Integración de Personas con Discapacidad, y
• Plan Nacional de Competitividad.

109
De acuerdo con datos del MED, la Dirección de Educación Inicial y el CNE, en informe conjunto de
julio del 2005.


Si bien la mayoría de estos compromisos, promesas y mandatos legales no han
tenido cumplimiento, cabe pensar, como señala Manuel Bello (2007), que «tan ele-
vada cantidad de normas, pactos y declaraciones son la expresión de un sentido
común y de una expectativa nacional que cobra creciente fuerza».110

De acuerdo con información proporcionada por el Consejo Nacional de Educación,
todas las regiones han iniciado su proceso de construcción del proyecto educativo
regional (PER). Los resultados, sin embargo, han sido tan heterogéneos como las
propias regiones. Un primer balance del Encuentro Nacional de Intercambio de
Experiencias de Formulación de Proyectos Educativos Regionales y Proyecto Edu-
cativo Nacional111 y datos actualizados del Equipo Técnico del CNE112 muestran
hasta cuatro grupos de regiones con diferente avance en sus procesos:

• Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Madre de Dios, Piura y San
Martín: PER culminados y oficializados por resolución directoral u ordenanza regio-
nal; políticas priorizadas, consejo participativo regional de educación (COPARE) o
grupo impulsor activo, y financiamiento.

• Amazonas, Arequipa, Huancavelica y Puno: PER culminado, en proceso de priori-
zación de políticas y de oficialización. Tienen COPARE y/o grupo impulsor activos.

• Áncash, Callao, Ica, Junín, La Libertad, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco,
Tacna, Tumbes y Ucayali: PER elaborados con poca movilización y concertación
social y/o en proceso muy inicial, con dificultades en su continuidad. El COPARE
está inactivo o débil (no hay datos sobre la aprobación del PER de las regiones
Huánuco y Ucayali).

• Lima Metropolitana no ha sido asumida como región por el alcalde de Lima, Luis
Castañeda Lossio.

Una nota a destacar es que las regiones de la Amazonía —San Martín, Loreto,
Huánuco y Amazonas—, reunidas en el encuentro, al momento de formular sus
agendas para retroalimentar sus procesos discutieron en términos de una cosmo-
visión amazónica y de la necesidad de integración como espacio amazónico, y se
propusieron una reunión previa al segundo encuentro nacional.

110
Manuel Bello (2007) señala, además, que el proceso de descentralización y regionalización, pese a
sus problemas, constituye «una oportunidad para generar espacios de participación social y construir
una nueva ética de servicio público».
111
Realizado en Lima por el Consejo Nacional de Educación del 26 al 28 de mayo del 2005.
112
Equipo técnico que en materia de regionalización es integrado por Emma Yep y Ana Montenegro.


Hacia marzo del 2007, el informe CNE sobre las regiones ofrecía los datos que se
resumen a continuación.

Amazonas
PER culminado y en proceso de entrega al Consejo Regional. Total respaldo del
Presidente Regional y de la Gerencia de Desarrollo Social. En el marco del shock
de inversiones, el Comité Impulsor elabora una estrategia con municipalidades pro-
vinciales y distritales para priorizar el PER y acciones por la infancia (salud, seguri-
dad alimentaria, etcétera) mediante una cartera de proyectos de inversión social.
Las coordinaciones se dan prioritariamente en las provincias de Condorcanqui,
Chachapoyas, Luya y Utcubamba, que ya comenzaron a elaborar sus proyectos de
inversión.

UNICEF se ha comprometido a apoyar a la Gerencia de la Municipalidad de Condor-
canqui instalando una oficina de promoción social.

En la localidad de Nieva se llevó a cabo (19-23 de marzo del 2007) una reunión
organizada por el Gobierno Regional, mediante la Gerencia de Desarrollo Social,
en la que se convocó a todas las instituciones cooperantes que intervienen en
Amazonas para definir líneas de intervención comunes a partir de la cartera de
proyectos prioritarios que se están elaborando.

El director regional de Educación está ratificado hasta octubre del 2007. Tiene
mucha disposición y apoya el trabajo del PER.

Existe COPARE pero débil. El mayor protagonismo lo tiene el Comité Impulsor crea-
do por ordenanza regional.

Áncash
Las políticas ya han sido formuladas y está pendiente el proceso de consulta y
priorización de las mismas. Opera un activo Comité Impulsor del PER (CIPER) crea-
do por ordenanza regional. El CIPER se reunió en enero con los gerentes de Desa-
rrollo Social y de Planificación del nuevo gobierno regional para presentar los avances
del proceso de construcción del PER. Los funcionarios manifestaron su respaldo al
proceso y su compromiso de impulsar la aprobación del perfil de proyectos del
PER. Sin embargo, aún no hay señales de una gestión activa de las autoridades
para el financiamiento del perfil, y se generó una huelga en la Dirección Regional
de Educación (DRE) cuando su nuevo director trató de cambiar el personal sin
mayores argumentos técnicos.


Apurímac
El PER ha sido aprobado por resolución directoral y está en proceso de implemen-
tación. El COPARE y los consejos participativos locales (COPAL) funcionan activa-
mente. Cuenta con apoyos del Fondo Contravalor Ítalo-Peruano y la Agencia Ca-
nadiense de Desarrollo Local (ACDI). Las nuevas autoridades regionales (presi-
dente y gerente de Desarrollo Social) han mostrado apertura y disposición para
apoyar el PER, con particular disposición por respaldar políticas referidas a la pri-
mera infancia.

Arequipa
Culminó la fase de consulta de la propuesta PER en siete de las ocho provincias de
la región; están en proceso de sistematización los resultados de talleres. Según la
Dirección Regional, el PER está listo (se aprobó en reunión del COPARE el 2 de
febrero) y están preparando su publicación con el apoyo de la organización no
gubernamental Solaris. El COPARE está en funcionamiento e impulsó la formula-
ción del PER.

Ayacucho
En diciembre del 2006 se culminó la constitución del PER con aprobación de
organismos regionales. El Grupo Impulsor fue decisivo. El Gobierno Regional ha
constituido el Consejo Regional de Educación (CREA) que está asumiendo funcio-
nes del COPARE porque éste se encuentra inactivo. Organismos de cooperación
como el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) –y UNICEF mues-
tran interés por apoyar el PER.

Cajamarca
El PER se culminó con la activa participación del COPARE, que cuenta con un Comi-
té Técnico y una Secretaría Ejecutiva. Se emitió una resolución directoral que in-
corpora el PER a los planes anuales de las UGEL. Hubo reuniones con las nuevas
autoridades y con una mesa de organizaciones no gubernamentales interesadas
en apoyar la implementación del PER; en ellas se discutieron los alcances de la
resolución directoral con directores de las UGEL.

Callao
Esta región cuenta con el perfil de proyecto para la formulación del PER, pero no
tiene financiamiento. El diagnóstico empezó conducido por el equipo técnico del
COPARE, entidad creada por resolución directoral. Éste elaboró el perfil de proyecto
del PER, pero sus integrantes carecían de poder de negociación y compromiso. El
nuevo subgerente de Educación manifestó su interés por apoyar el proceso. El
director regional de Educación, elegido por concurso público, ofreció apoyo al COPARE:


material logístico, compromiso con la gestión del financiamiento del proceso, un
local y dos personas adicionales para el equipo técnico.

Cusco
Luego de un proceso participativo inédito en la región, el PER fue aprobado por el
saliente Gobierno Regional mediante una ordenanza regional del 28 de diciembre
del 2006. Esta versión está siendo revisada por las nuevas autoridades de la Ge-
rencia de Desarrollo Social y por la Dirección Regional de Educación. Impulsaron el
proceso el COPARE y el Comité Técnico. Hubo, en lo que va del 2007, dos reuniones
entre la Red Educativa Regional y el gerente de Desarrollo Social de la región, con
la asistencia de representantes de la DRE-Cusco y del Colegio de Profesores de la
región, y se acordó revisar el documento aprobado. El Gobierno Regional se ha
comprometido en la revisión y publicación del PER. El 25 de enero fue la primera
reunión entre el COPARE, la Red Educativa, el responsable de la UGEL, el Comité
Técnico del PER y los directores de Sistema de la DRE-Cusco.

Huancavelica
El PER fue aprobado por Ordenanza Regional 08-2006, pero no se publicó ni fue
lo suficientemente difundido. El COPARE es débil; lo más sobresaliente ha sido el
Grupo Impulsor del PER, con apoyo de entidades como Educa y GTZ, así como la
decisión del anterior Gobierno Regional de destinar un millón de soles para su
elaboración. Las nuevas autoridades han tomado la iniciativa de revisar nuevamen-
te el documento producido.

Huánuco
El Plan Regional de Educación, equivalente al PER, fue elaborado por una Mesa de
Trabajo conformada por el Gobierno Regional, la Mesa de Concertación de Lucha
contra la Pobreza y Pathfinder, entre otras instituciones. El documento fue elabora-
do entre el 2003 y el 2004, antes de que se conformaran el COPARE y la Mesa de
Trabajo, que aún siguen inactivos.

Ica
La nueva Dirección Regional de Educación está comprometida a impulsar el pro-
ceso del PER y a reactivar el COPARE, que cuenta con pocos miembros activos sin
lograr impulsar el PER de manera sostenida con el apoyo de la DRE. El nuevo
director regional de Ica, de anterior relevante actuación en Apurímac, ha realizado
coordinaciones con los integrantes de instituciones representativas de la comuni-
dad educativa para reiniciar el trabajo del COPARE Ica.

Los acuerdos del COPARE fueron: a) aprobar las etapas de formulación del PER
durante el año 2007; b) aprobar como lema regional para el 2007 «Año de la


movilización y de la concertación social para la construcción del proyecto educativo
regional de Ica»; c) aprobar el Reglamento del COPARE, con la participación de la
Coordinadora de Municipios Escolares Regional, Provincial y Distrital, y la creación
del Consejo Participativo Distrital Educativo; d) presentación pública del equipo
técnico del COPARE integrado por dos especialistas de la DRE-Ica y docentes con
experiencia; e) compromiso de la gerenta de Desarrollo Social para viabilizar la
utilización de 100 mil nuevos soles para la formulación del PER-Ica, procedentes
del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional de Ica.

Junín
Proceso inicial en el 2007 (cuentan con un diagnóstico). El proceso está conduci-
do por el Gobierno Regional, con participación de la DRE hasta enero, cuando se
paralizó por el cambio de autoridades. El presidente regional tiene buena disposi-
ción para retomar el proceso. Su COPARE, instituido por resolución directoral y or-
denanza regional, estuvo activo hasta enero del 2007 pero paralizó su funciona-
miento.

La Libertad
Elaboración de una versión muy preliminar de lineamientos de su PER, que se
pondrá a consulta ciudadana. Tiene un COPARE creado por ordenanza regional, con
mucho protagonismo de los funcionarios del sector; su presidencia está a cargo
del director de la DRE, con poca convocatoria a instituciones de sociedad civil y
poco diálogo. La primera versión de estos lineamientos se aprobó el 30 de enero
del 2007 y se presentó al presidente regional el 12 de febrero, para lograr el apoyo
político y convocar la posterior consulta ciudadana. En esa reunión, el Gobierno
Regional manifestó su intención de apoyar la difusión de esta primera versión de la
propuesta y financiar la culminación del proceso de formulación del PER.

Lambayeque
Culminó la construcción del PER, impulsado por el COPARE, y fue oficializado por
ordenanza regional. La continuidad del Gobierno Regional que le dio origen facilitó
que el año 2007 el COPARE señalara como ejes de trabajo: a) la construcción del
proyecto curricular intercultural diversificado; b) las actividades de vigilancia del
COPARE; y c) la realización de un megaevento sobre políticas educativas regiona-
les. Sin embargo, no hay certeza de apoyo presupuestal para el COPARE, que debe-
rá buscar otras fuentes para operar.

La DRE, mediante la Dirección de Gestión Pedagógica, organizó el Taller de Articu-
lación del PEN y el PER Lambayeque, que tuvo lugar del 25 al 27 de enero del
2007 en el auditorio del Colegio de Abogados.


El 8 de febrero, con la participación de diversos sectores del Estado, se llevó a
cabo un taller sobre formulación de políticas intersectoriales, en el marco del Pro-
yecto que el Foro Educativo ejecuta en Lambayeque.

Lima Metropolitana
Esta región no ha sido asumida como tal por el alcalde de Lima Metropolitana. Con
la anterior directora regional de Educación, Elvira Paredes, se realizó una primera
reunión que convocó a instituciones involucradas en el trabajo educativo y de de-
sarrollo en distintos ámbitos de la capital, y se llegó a formular una ruta para el PER
de Lima Metropolitana, pero no ha sido retomada por los posteriores directores.

Lima (provincias)
Existe el PER «Caral al 2020» aprobado en el 2005, documento en cuya forja
hubo una escasa concertación.

Tiene un COPARE muy esporádico; hasta el 31 de enero del 2006 no había sesio-
nado ni mantenido reuniones con las nuevas autoridades. La Mesa de Concerta-
ción para la Lucha Contra la Pobreza se reunió con el presidente regional el 25 de
enero del 2007 para comunicarle las prioridades de la agenda. Es iniciativa del
nuevo Gobierno Regional retomar el proceso del PER y alentar un COPARE con
más participación.

Loreto
El proceso está detenido. Sólo llegaron a formular los Lineamientos de Política
Educativa, labor a cargo de un grupo técnico designado por el Gobierno Regional.
El COPARE se encuentra inactivo. En el 2006 se conformó el Foro Educativo Regio-
nal de Loreto.

Madre de Dios
Posee un COPARE activo, con apoyo de entidades como GTZ, que impulsó la formu-
lación y aprobación del PER (Ordenanza Regional 022), que contiene 33 políticas,
de las cuales se priorizaron 12. Se encuentra en marcha un proceso de formula-
ción de proyectos de inversión, gestionando su financiamiento. La directora de la
DRE convoca a reuniones y apoya el proceso PER. Se ha iniciado el proceso de
formulación de estatutos y plan de trabajo 2007 del COPARE.

Moquegua
Proceso inicial de formulación. El COPARE, recientemente relanzado, no está activo.
Hay buena disposición de la directora regional de Educación para iniciar una ruta
de formulación del PER y reactivar el COPARE.


Pasco
El Plan Educativo Regional ha sido aprobado por resolución directoral. Si bien el
COPARE está en funciones, no tiene un rol protagónico en el impulso de esta acción
regional.

Piura
El PER culminó con la activa participación del COPARE; cuenta con una ordenanza
regional de oficialización de diciembre del 2006. El Gobierno Regional y la DRE
apoyaron la planificación, el financiamiento y el soporte técnico para alcanzar este
logro regional. La Mesa Educativa Regional tuvo un carácter precursor en el país;
sus consultas a padres y madres, especialistas y gobiernos locales, así como la
construcción de 32 indicadores asociados a un Decálogo de Necesidades Funda-
mentales, fueron relevantes e importantes antecedentes de la construcción del
PER.

Puno
Ha culminado el proceso de construcción del PER, aunque está pendiente su ofi-
cialización. El COPARE ha dado muestras de actividad, cohesión e independencia
respecto a una Dirección Regional inestable, con la que ha tenido algunos conflic-
tos. La vicepresidencia del COPARE está a cargo de un representante de la socie-
dad civil, y este organismo no depende exclusivamente de la convocatoria del di-
rector de la DRE. El director regional, que asumió el cargo en la última semana de
febrero del 2007, se reunió con los integrantes del COPARE y los invitó al Gobierno
Regional para que dialogaran con los asesores y nuevos consejeros. El 27 de fe-
brero hubo una reunión ordinaria del COPARE para elaborar un plan de trabajo de
incidencia y vigilancia.

San Martín
El PER, construido con apoyo de USAID/Aprendes fue aprobado por ordenanza
regional y está en proceso de implementación. Es uno de los pocos proyectos ya
aprobados por el SNIP y con financiamiento propio. Las nuevas autoridades regio-
nales han explicitado su interés por considerar al Proyecto Educativo Regional de
San Martín (PERSAM) en sus planes de gestión y está en marcha la implementación
de políticas referidas al fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades
de los actores educativos, y la reorganización de instancias de gestión descentra-
lizada. El COPARE acusa debilidad, pero hay comisiones de trabajo que lo integran y
son muy activas para desarrollar áreas del PER como la capacitación de docentes.
Los COPAL son dinámicos, participaron en la formulación del PER y conformaron
los proyectos educativos locales en procesos complementarios.


APURÍMAC: UN CASO EMBLEMÁTICO
Caso simbólico es el de Apurímac, una de las regiones más pobres del país, que sorprende con un
esfuerzo por aplicar una reforma educativa «autónoma y participativa» basada en las propias fuerzas
regionales, como un proceso que pretende ser sostenible mediante fases que significarán un es-
fuerzo de varios años.
El PER se construyó durante el 2005 en un proceso que comprendió seis fases, incluida una con-
sulta en toda la región como paso previo principal de la reforma educativa objetivo de este proceso.(i)
Se puso en marcha un acuerdo social que compromete a los principales actores educativos de las
siete provincias de la región en la construcción e implementación del PER y se ha avanzado en
materias sustantivas como la capacitación de docentes impulsores. Los responsables han logrado
convocar en este proceso a todas las fuerzas, incluidos los dirigentes provinciales del SUTEP.(ii) Por
todo ello, el PER —con sus 42 lineamientos de política educativa regional— está siendo asumido
como un instrumento de gestión que orientará todos los aspectos de la educación en proceso de
cambio y definirá el tipo de educación que requiere la niñez apurimeña.
La iniciativa de la sociedad civil fortaleció el compromiso de la Dirección Regional de Educación (a
pesar de los varios cambios habidos en su jefatura), con tres de sus especialistas dedicados a
tiempo completo y recursos económicos básicos para solventar sus viajes a todas las provincias de
la región. También se han fortalecido los consejos participativos locales de educación, con reuniones
estables y productivas. La campaña de motivación hizo uso de afiches alusivos y de spots radiales y
televisivos que se difundieron en todas las provincias; además, comprendió una fase de consulta
mediante la aplicación de 1 990 encuestas y talleres en más de 45 municipios de toda la región, así
como eventos en cerca de 1 500 instituciones o redes educativas apurimeñas.(iii)

¿Qué políticas se están implementando?
• Avances en la construcción de un Currículo Regional Intercultural y Descentralizado.
• Formación de líderes del proceso de cambio educativo a través de un diplomado organizado con las
universidades Micaela Bastidas (pública, con sede en Abancay) y Antonio Ruiz de Montoya (privada,
con sede en Lima).(iv)
• El programa «Quechua para todos», cuyo proceso de generalización «progresiva y obligatoria» ha
significado un acuerdo social concertado, actividades de motivación social, concertación con espe-
cialistas para lograr la escritura común de las dos variantes existentes en la región, capacitar durante
el 2007 a 601 docentes del nivel inicial en un enfoque intercultural y lograr el apoyo de la coopera-
ción internacional para avanzar en el bienio 2007-2008.
• Organización de Bibliotecas Municipales Provinciales (se inauguraron las de Abancay y Grau).
• Implementación de una Consulta Estudiantil a 135 mil estudiantes de la región.
Mientras en Lima la Comisión de Defensa del Congreso de la República plantea volver a instaurar el
curso de Instrucción Premilitar, a partir del año 2005 en Apurímac se ha reemplazado el típico y
marcial desfile escolar por una manifestación cultural que permite a miles de estudiantes recuperar
saberes históricos y asumir nuevas formas de patriotismo ciudadano.

(i) Las fases fueron: a) acuerdo de participación y organización del proceso; 2) motivación de actores y de la sociedad regional; 3)
consulta regional sobre aspiraciones y problemática; 4) definiciones estratégicas para el PER; 5) formulación y aprobación del
PER; y 6) Acuerdo de impulso de la reforma educativa regional.
(ii) En nota de difusión enviada por la Asociación Tarparisunchis, una de las principales impulsoras de este proceso, se precisa que
«A pesar del acuerdo de la dirigencia regional del SUTE de no participar en el proceso hasta que la DREA les destaque 8
docentes con plaza y todo para que se dediquen a tiempo completo al PER en la capital de la región, los SUTE provinciales y los
docentes vienen participando igual en los COPAL de las siete provincias, confirmando que hay una actitud crítica frente a las
cúpulas y un gran potencial, entre el magisterio, para liderar procesos de cambio» (carta a la opinión pública suscrita por Javier
Malpartida, director ejecutivo de dicha asociación, el 13 de mayo del 2005).
(iii) El propósito de «devolver» el PER a la población que lo posibilitó ha significado la edición de 15 mil ejemplares con su contenido
en versión popular y 200 en versión formal, y la elaboración de seis microprogramas de televisión y radio con todas las políticas
aprobadas.
(iv) Este diplomado llega a equipos docentes de las siete provincias elegidos en riguroso proceso de selección y cuenta con la
presencia de expertos y aliados de ámbito nacional.


Tacna
El PER fue aprobado por ordenanza regional, pero hay coincidencia en que falta
trabajar más en la consistencia técnica del documento. La administración regional
anterior dejó culminado un Proyecto de Optimización de la Gestión Educativa. El
COPARE no cuenta con actores comprometidos; su funcionamiento ha sido esporá-
dico y formal, y sus miembros tienen escasas iniciativas.

Tumbes
Hay un proceso muy inicial de formulación del PER. El COPARE existe y funciona,
pero tiene pocos miembros activos.

Ucayali
El proceso de elaboración del PER está detenido; existe una propuesta inicial, pero
está pendiente el trabajo de darle consistencia técnica y señalar las prioridades. El
vicepresidente regional y gerente de desarrollo social tiene iniciativas en el ámbito
de la capacitación docente, aunque falta una mayor vinculación con el PER y el
PEN y no tienen un objetivo claro ni resultados explícitos. El COPARE está inactivo.
La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) se muestra
activa y con disposición a apoyar el PER.

c. ALGUNOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA REGIONALIZACIÓN
• MED CENTRALIZADOR Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUNDAMENTALMENTE ADMINISTRATIVOS

En un esquema centralista, el Ministerio de Educación no ejerce el rol de garante ni
el de promotor; menos aún el de informante y articulador con los actores del área o
con la ciudadanía en general. En un contexto de descentralización, el cumplimiento
de éstas y otras funciones recolocan a la sede central como un factor de impulso,
apoyo y dinamización de los esfuerzos de las regiones. En el Perú, estamos lejos de
concretar esta opción institucional: a pesar de la descentralización, el MED sigue
desempeñando o tratando de desempeñar tareas que corresponden a las regiones
y no se vislumbra una articulación entre las políticas nacionales y regionales. El
diálogo y la concertación entre el nivel central y los niveles regionales no forma
parte de las actuales estrategias institucionales.

El marco legal es insuficiente para definir los papeles correspondientes al Ministe-
rio, a los gobiernos regionales y a las instituciones educativas en cuanto a la pro-
ducción de textos escolares, la selección de docentes o el logro de aprendizajes de


los estudiantes. En el ámbito educacional, la Ley de Bases de la Descentralización
señala que las competencias serán compartidas entre los niveles regional y nacio-
nal, pero esto es una fuente de constantes conflictos (y puede serlo de más aún)
en la medida en que no se definen bien las responsabilidades correspondientes.

Hay disposiciones del MED, como la que ordena aplicar los programas de forma-
ción continua mediante entes universitarios, que representan una imposición que
ignora realidades e iniciativas regionales. En Madre de Dios, la Universidad Nacio-
nal Amazónica, con pocos años de creación y sin cuadros suficientes, debió recu-
rrir a docentes de institutos pedagógicos, instituciones vetadas para ejercer esta
iniciativa del gobierno central; esto se repite en un buen número de casos regiona-
les. En San Martín y Apurímac, la sede central ha ignorado los valiosos esfuerzos
por contar con programas regionales de formación continua de sus docentes en el
marco de sus respectivos PER.

Las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Subregionales son un segun-
do nivel administrativo y normativo. Las UGEL y las Áreas de Desarrollo Educativo
(ADE), dependientes de las DRE, se debieran haber encargado del soporte pedagó-
gico, institucional y administrativo de los centros y programas educativos; sin embar-
go, se limitan básicamente a ejercer una labor administrativa y de fiscalización nor-
mativa, más que de apoyo a los centros educativos o de facilitación de su labor;
además, muchas veces realizan sus funciones con escasa transparencia y en prove-
cho de intereses particulares. Los roles específicos de estas tres instancias no están
perfectamente establecidos, con el agravante de que no en todas las regiones coin-
ciden los organismos de tercer nivel, y algunas ex Unidades de Servicios Educativos
(USE) y ex ADE también tenían la condición de unidades ejecutoras.113

El proceso de descentralización está influyendo en el traspaso de tareas ejecutivas
a las Direcciones Regionales. Esto supone superar la concentración de decisiones
en la sede central, así como funciones relacionadas con la formulación y gestión de
políticas educativas en los ámbitos regionales y locales. Un problema irresuelto es
que estas instancias están diseñadas para ser simples operadoras de las decisio-
nes adoptadas en Lima y hoy enfrentan el desafío de diseñar sus propios planes de
intervención en función de su realidad educativa, sin tener recursos ni competitivi-
dad para ello. Las flamantes UGEL reemplazan a las anteriores USE sin haber
construido estructuras ni asumido tareas que justifiquen el cambio de denomina-
ción. Su accionar no se ha modificado, y no muestran una comprensión cabal de

113
Hacia el año 2001 había un total de 313 órganos intermedios: 25 Direcciones Regionales de
Educación, 17 Direcciones Subregionales, 82 Unidades de Servicios Educativos y 189 Áreas de
Desarrollo Educativo.


las demandas que les plantea la nueva Ley General de Educación ni de sus impli-
cancias para el modelo de organización y gestión educativa local.

La descentralización todavía no llega a los centros educativos. Los directores tie-
nen un margen muy reducido de atribuciones en materia de gestión, y sus escasos
salarios no se diferencian mayormente del que reciben los docentes de aula: reci-
ben apenas una bonificación no mayor de 10% del sueldo promedio docente. No
deciden administrativamente en la selección, contratación o evaluación de los do-
centes del centro bajo su responsabilidad ni en la planificación de mediano pla-
zo.114 Importa señalar, por otro lado, que las normas y la costumbre tienden a limitar
la función de los directores a lo administrativo y a los aspectos laborales del des-
empeño del personal, quedando usualmente al margen de los problemas relativos
a la calidad de la enseñanza y los aprendizajes; asimismo, no asumen responsabi-
lidades por los resultados.

En este contexto, resulta paradójico que maestros con problemas de conducta y
faltas continuas en sus centros educativos terminen trabajando en organismos inter-
medios y asumiendo instancias administrativas, mientras se resuelven los procesos
abiertos en sus centros de origen. Se estimula así la desmoralización y desmotiva-
ción de los mejores maestros y, a la vez, se desprofesionaliza aún más la gestión
educativa, reduciéndola a una simple tramitación al alcance de cualquier lego.

Las Direcciones Regionales de Educación son afectadas por la inestabilidad en el
cargo de sus directores, sean nombrados por el MED o por los gobiernos regiona-
les. Los vínculos políticos (antes que técnicos) de estos directores con los gobier-
nos regionales afectan su liderazgo en el ámbito educativo. Agrava esta situación
el que los gerentes de Desarrollo Social ignoren o suplan muchas veces a los
propios directores regionales.

Todo ello está avalado por un enfoque burocrático y centralista de la gestión del
sistema educativo, que impide dar poder a las escuelas y a las regiones en el
ejercicio de sus propios roles y que —más grave aún— no resuelve problemas ni
está orientado a la obtención de mejores resultados educativos.

Simplificando: la falta de un control de calidad en el gasto de un sector como el
educativo, que llega a absorber 20% del presupuesto nacional, es la génesis de
muchos de los males acumulados; entre otros, no asegurar un financiamiento per

114
La autorización de plazas permanentes corresponde al MED central; los órganos intermedios se
encargan de aprobar las solicitudes de reasignaciones de docentes, lo que en muchos casos genera
una mafia de «venta» de plazas urbanas por parte de algunos funcionarios


cápita suficiente y que la mayoría de escuelas no puedan recibir visitas de supervi-
sores de los organismos intermedios.

• DIFICULTADES CON EL CAMBIO DE AUTORIDADES REGIONALES

Gracias a la experiencia de los gobiernos regionales que iniciaron el proceso de
descentralización, las nuevas autoridades elegidas el 2006 son en su mayor parte
líderes más representativos de la voluntad de sus votantes, y así lo expresa la crea-
ción de la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales.

Sin embargo, en varios casos las autoridades regionales han identificado los pro-
cesos de construcción de los PER como acciones restringidas a la anterior ges-
tión, punibles de reparos y hasta de nuevos procesos para volver a definirlos. En
algunos casos, la selección de directores regionales sin procesos transparentes
dificulta más la demandada solución de continuidad de las políticas.

Por lo general, las regiones donde las DRE fueron las principales impulsoras del PER
sufrieron la falta de continuidad por parte de los gobiernos regionales y sus geren-
cias de Desarrollo Social, y tuvieron más dificultades para obtener fondos adicionales
específicamente destinados a la construcción y consolidación de los PER.

• DEBILIDAD DE ÓRGANOS PARTICIPATIVOS

Los procesos de construcción de los PER están dejando como ganancia neta la
participación de actores nacionales e institucionales en la organización y planifica-
ción de propuestas educativas. La acumulación del capital social lograda marca un
giro positivo en la realidad y potencialidad educativa de las regiones.

Sin embargo, en un buen número de regiones hay evidencia de que los órganos de
participación definidos en la Ley General de Educación no han sido constituidos,
no son representativos o funcionan mediatizadamente.

Una inadecuada interpretación del reglamento de la Ley General de Educación
determina que en muchas regiones la presidencia de los COPARE sea asumida por
el director regional. Sin embargo, la calidad de principal órgano de vigilancia de
estos organismos se contrapone con su conducción por quien debe rendir cuentas
o alentar la cooperación de sus integrantes para el desarrollo de las políticas edu-
cativas regionales.


En la mayoría de los COPARE constituidos, si bien la representación formal es amplia
pues cuentan con integrantes de la sociedad civil y de sectores distintos al educati-
vo, se reconoce que no están todos los que deben formar parte de esta instancia
participativa. La abrumadora presencia de educadores, así como el hecho de tener
como casi única contraparte a las DRE, conspira contra el espíritu de amplia repre-
sentatividad y con la opción de conformar una sociedad educadora que representan
dichos consejos participativos.

Aún hay una escasa intersectorialidad y poca concreción práctica de alianzas con,
por ejemplo, las áreas de salud, trabajo o agricultura, que debieran tener propues-
tas a ser consideradas. En todo caso, es posible que la opción de priorizar la aten-
ción de la primera infancia, ya vigente en la mayoría de los PER, ayude a concretar
este trabajo intersectorial.

Dos actores ausentes en la mayoría de las regiones son la universidad y la empre-
sa privada. Los aportes de ambos sectores en Cajamarca y Apurímac son una
muestra de la potencialidad de estos protagonismos institucionales.

Son escasos los COPARE cuyas actividades responden a un plan de trabajo anual y
concertado; escasos son también los que ejercen actividades de vigilancia como
parte implícita de su labor. En la mayoría no hay claridad sobre las acciones indis-
pensables para el mejor ejercicio de sus funciones —y lo mismo pasa en los CO-
PAL—; es decir, sobre la construcción de planes de monitoreo, la definición de indi-
cadores para medir las políticas regionales (o locales) y los acuerdos con las DRE
o las UGEL para la organización y presentación periódica de «reportes escolares».
Esto demandaría que los PER considerasen acciones de formación y de trabajo
grupal con miembros de dichas entidades.

Los órganos participativos tendrían que servir como principal tamiz para organizar
un mapa de potencialidades institucionales en la región, y para definir criterios de
concertación con instituciones interesadas en cooperar con la educación regional.
Cajamarca, por ejemplo, ha logrado importantes avances para que su COPARE sea
la instancia de definición y concertación de la cooperación nacional e internacional.

• DEFINICIÓN DE MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

El proceso de descentralización educativa exige la transferencia de los recursos
necesarios para cumplir con las obligaciones asignadas a las instancias descentra-
lizadas.


Muy pocas regiones gestionaron con éxito el financiamiento para apoyar la formula-
ción del PER o implementar sus propuestas con fondos del propio gobierno regio-
nal; en varios casos, los recursos no provinieron de instituciones integrantes del
COPARE sino de fuentes de financiación y asesoría internacionales. Son escasas
las regiones que han logrado incorporar actividades del PER en los presupuestos
participativos. El caso de San Martín es ejemplar, pues en esta región, con apoyo
de Aprendes, se ha formulado el Proyecto de Inversión en Educación, que ha ser-
vido para la gestión de recursos públicos orientados a mejorar la calidad educativa
regional; es más, la aprobación de este proyecto pasó por los rigores del SNIP.

Las transferencias vigentes no poseen un diseño específico que posibilite la satis-
facción de los objetivos de política del sector y la superación de la forma como se
han distribuido históricamente los recursos —y se distribuyen aún—, que acentúa
las inequidades en el sector. Por eso, es fundamental examinar el diseño de meca-
nismos de transferencia de fondos a los gobiernos regionales.

A continuación recurrimos a reflexiones desarrolladas luego de analizar en detalle
las experiencias latinoamericanas de transferencias orientadas al sector educativo
(casos de Bolivia, Chile, Brasil y Colombia), para su posible aplicación en el Perú:115

Posibilidad de transferencia en bloque al sector educativo

A pesar de la flexibilidad de hacer las transferencias en bloque, fijar los condiciona-
mientos parece más recomendable en pro de la generación de incentivos para el
cumplimiento de los objetivos del sector.

Fijación de límites por tipo de gasto (transferencias categóricas)

La imposición de condicionamientos parece adecuada para alcanzar los objetivos
educativos específicos.

Se sugiere la suscripción de convenios de gestión con los gobiernos regionales en
los que se fijen las obligaciones asumidas por éstos.

Cofinanciamiento

Una opción es combinar las mencionadas transferencias con un mecanismo com-
petitivo de financiamiento de proyectos en el nivel de las escuelas, tal como el
FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana).
115
Ver Alcázar y Lovatón (2005).


Asignación per cápita sobre la base del número de alumnos

De acuerdo con los autores, esta fórmula permitiría satisfacer el principio de equi-
dad y la transparencia en la asignación de recursos.

Una alternativa simple sería aplicar la fórmula de distribución sobre la base del
número de alumnos. Debería haber un mecanismo de implementación progresiva.

Reembolso total de costos para gastos específicos

El único concepto que podría utilizar este tipo de transferencia corresponde al
gasto en salarios docentes. Demanda información sustentatoria representada por
las planillas.

Competencia por proyectos

Este mecanismo parece más adecuado para el financiamiento de proyectos en el
nivel de las escuelas, y podría ser combinado con un esquema de cofinanciamiento.

Una alternativa para la implementación de este mecanismo es aplicarlas mediante
el FONDEP.


10. BUENAS PRÁCTICAS Y POTENCIALIDAD
INSTITUCIONAL

Si bien son alentadoras algunas iniciativas del Ministerio de Educación y de algunos
pocos gobiernos regionales, es indispensable tomar en cuenta la activa participa-
ción social de diversas entidades de la sociedad civil y de experiencias innovadoras
que se alejan de los pesados cánones oficiales o son expresión de autonomía. La
constitución de grupos de interés que durante la última década han abordado las
políticas educativas desde diversos ángulos debe ser parte de un renovado escena-
rio donde confluyan lo público, lo social y lo privado.

En el debate desarrollado en la construcción del Proyecto Educativo Nacional, re-
flejado en el documento que lo sustenta, se señaló que la realidad educativa perua-
na muestra la existencia de un proyecto educativo «implícito», con un sistema que
condena a los pobres a una mala educación; con un «contrato de mediocridad» sin
esperanzas, pues, además de exigírsele poco, a la educación se le da poco; y con
una creciente pérdida de relevancia, pues está alejada de las demandas de desa-
rrollo productivo, y de la construcción de relaciones interculturales y ciudadanas.

Este proyecto «implícito» muestra tendencias difíciles de revertir. Unido a los malos
resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales, ha generado no sólo
un clamor por modificarlo sino también críticas a una enseñanza pública sin posibi-
lidad de remediarse, y que debiera dar paso, para algunos, a su gradual privatiza-
ción. En materia de gestión, la prédica privatizadora plantea cambiar el actual mo-
delo, centralizado en un MED con la autoridad debilitada, por otro descentralizado
donde sólo el mercado sea lo determinante.

Sin embargo, importa más bien incentivar la búsqueda de opciones intermedias
sobre la base de experiencias peruanas y de países vecinos, en las que el rol del
Estado se visibilice con claridad, sobre todo en la corrección de las inequidades y
en la promoción de soluciones —informadas y concertadas— frente a los principa-
les problemas que afectan a la calidad educativa.

Al margen de esto, es importante recordar que en lugares alejados y pobres del
país hay experiencias exitosas con instituciones públicas, que no forman parte de


dicho perverso proyecto «implícito» y que merecen ser difundidas y constituir una
fuente de inspiración para el trabajo educacional.

a. REDES INSTITUCIONALES EN PRO DE MEJORES GESTIONES Y
APRENDIZAJES
La eficiencia en la gestión y los resultados de aprendizajes logrados en las aulas
de los colegios Fe y Alegría; en proyectos alentados por Ayuda en Acción, Proedu-
ca-GTZ o Diaconïa; en redes como Recrea y Titikaka; o por la Asociación Civil Pro-
Rural, que promueve los Centros Rurales de Formación en Alternancia (CRFA),
son importantes referentes que, unidos a centros educativos públicos y privados
que pueden ser seleccionados por su excelencia, expresan una potencialidad insu-
ficientemente reconocida y aprovechada.

El Programa de Educación Básica PROEDUCA, que alienta la GTZ, tiene como eje
central el mejoramiento del desempeño docente. Trabaja en tres áreas temáticas:
la formación docente (inicial y en servicio), la gestión de instituciones de formación
docente y la gestión de políticas educativas asociadas al ámbito docente. Desde
noviembre del 2002 trabaja en Huancavelica, Madre de Dios, Piura y Lambayeque,
en coordinación con el nivel central del MED y con los gobiernos regionales, insti-
tutos superiores pedagógicos y COPARE de esas regiones. Ha desarrollado en cada
región diagnósticos sociolingüísticos sobre el uso oral y escrito de lenguas que-
chua y castellano en la formación docente, así como la determinación consensua-
da de cinco líneas de acción para el tratamiento de lenguas (perfiles del ingresan-
te, del egresado y del formador; enseñanza de quechua como segunda lengua a
estudiantes; tratamiento de contenidos curriculares; promoción de espacios de uso
de quechua fuera del aula; y formación de grupos de interaprendizaje para dinami-
zar acciones). En Madre de Dios y en Huancavelica dio apoyo específico a la cons-
trucción de los PER correspondientes.

Diaconia (Asociación Evangélica Luterana para el Desarrollo Comunal) opera, en
convenio con el MED, en 214 escuelas rurales andinas ubicadas en Áncash, Caja-
marca y Lima. Posee tres líneas eje de trabajo: técnico-pedagógica, con el huerto
como foco central de actividades de aprendizaje; técnico-productiva, incentivando
cultivos para el consumo familiar; y educativo-comunal, promoviendo huertos fami-
liares en coordinación con clubes de madres y asociaciones de padres de familia.


LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJES EN LAS EXPERIENCIAS
AQUI SELECCIONADAS SON IMPORTANTES REFERENTES QUE, UNIDOS A CENTROS EDUCATIVOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE PUEDEN SER SELECCIONADOS POR SU EXCELENCIA, EXPRESAN
UNA POTENCIALIDAD INSUFICIENTEMENTE RECONOCIDA Y APROVECHADA.

La Red Recrea, impulsada por el Foro Educativo, agrupa a 22 instituciones de 19
regiones del país.116 Constituye un soporte social orientado a fortalecer la inciden-
cia de la población en el diseño y la discusión de políticas educativas en el marco
de la Campaña Mundial Educación Para Todos. Sus variadas acciones instituciona-
les representan un significativo esfuerzo de docentes y otros actores de la educa-
ción; en su mayoría esas instituciones adscriben a propuestas por la calidad edu-
cativa en el área rural donde se desempeñan.

La Red Titikaka (Puno) propone la identificación de experiencias innovadoras loca-
les para difundirlas y ponerlas en contacto con otras, en una estrategia para alentar
la innovación y descubrir experiencias de las que es posible obtener lecciones y
aprender. La Red seleccionó diez, luego de que sus actores resolvieran un cuestio-
nario que obliga a la fundamentación y precisión de qué se hace y cómo lo logran.

Los fundamentos de Fe y Alegría, de Ayuda en Acción y de los centros de alternan-
cia se presentan en recuadros.

116
Conforman la Red Recrea instituciones de las siguientes regiones: Amazonas, Áncash, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima,
Loreto, Pasco, Piura, Puno y San Martín.


LAS RAZONES DE FE Y ALEGRÍA
Fe y Alegría cuenta con 67 colegios en el país, que brindan educación primaria y
secundaria a niños y jóvenes de barrios urbano-marginales y de zonas rurales empo-
brecidas. Cuatro de estos centros en realidad constituyen redes rurales que, a su vez,
comprenden 98 pequeños centros educativos (algunos unidocentes). Sus 77 000
alumnos y 3 500 maestros representan alrededor de 1% del estudiantado y del
magisterio nacionales.

La excelencia de los resultados de sus centros educativos obliga a preguntarse por
qué sus docentes muestran un mejor profesionalismo y los alumnos tienen mejores
rendimientos que el 99% restante de maestros con similares sueldos y de estudian-
tes de la misma procedencia.

He aquí algunas de las razones:

• Lo que más importa en Fe y Alegría es que el estudiante que concluya su educación
secundaria «sea capaz y tenga fuerza dentro de sí para poder leer su realidad, leer la
pobreza, saber de dónde viene ésta y qué es lo que puede hacer desde la sociedad
con su capacidad personal, para transformar eso». Es decir, además de que sepa leer
y escribir y obtenga buenos resultados en matemática, cosa que se logra con buenos
aprendizajes, importa que pueda insertarse mejor como ciudadanos.
• En Fe y Alegría se procura vencer la desesperanza en los niños y jóvenes pobres,
dándoles elementos para que tengan capacidad de propuesta y optimismo en cuan-
to a su futuro, y para que sean emprendedores. Se pone especial empeño en gene-
rar personas con capacidad de crecimiento, capacidad personal y capacidades éti-
cas. Se parte de la premisa de que ser pobre no significa una negación a aprender o
fortalecer valores.
• El diseño de la propuesta educativa tiene como pieza fundamental a sus docentes.
Involucrarlos en la propuesta, lograr que estén convencidos de la misma y manifes-
tarles respeto y confianza en cuanto a sus capacidades, constituye una razón de
éxito de estos establecimientos. El sentirse acogidos por una institución como Fe y
Alegría es una fortaleza de sus docentes, en contraste con docentes públicos que no
se sienten representados ni acogidos por las DRE o las UGEL.
• Las familias, la comunidad y los docentes son testigos del empeño puesto por Fe y
Alegría ante las UGEL, las DRE y el propio MED para que sus centros educativos
empiecen cada año escolar con todos los docentes nombrados o contratados, para
que éstos reciban a tiempo sus salarios. Las largas filas de padres de familia que se
amanecen en los locales de Fe y Alegría para matricular allí a sus hijos es una cons-
tatación de que identifican a la institución con la mejor enseñanza para ellos.

Fuente: «En nuestras escuelas sí se involucra al maestro», entrevista con el director de Fe y Alegría, sacerdote
jesuita Juan Cuquerella, publicada en el diario El Comercio (18.2.2007).


LAS RAZONES DE AYUDA EN ACCIÓN
Ayuda en Acción es una entidad precursora en materia de dar importancia a la necesidad de
remarcar la vigencia de una nueva ruralidad en el país.(i) Su acción educativa está asociada a un
enfoque transversal que orienta y centra la tarea institucional en el desarrollo de las capacida-
des de las personas. Su propuesta educativa rural tiene dos espacios de intervención: la educa-
ción escolar formal y la educación no formal o de adultos. Atiende a 92 089 alumnos de 649
centros educativos.(ii)

Impactos principales

• Centros de educación temprana: 211 centros, destinados a la educación y nutrición de infantes
de 0 a 3 años, basados en metodología Pikler.(iii) Sus resultados muestran una práctica más
afectuosa de crianza y un notable desempeño de la libertad y creatividad.

• Centros de educación básica: afianzan el desarrollo de la autoestima, y el respeto y la equidad
entre niñas y niños. El aprendizaje solidario y la cogestión escolar favorecen los liderazgos
democráticos. Utilizan la metodología CATE (conocer, analizar, transformar y evaluar) partiendo
del análisis común de la realidad y afianzando tanto el conocimiento y los saberes comunales
como la transformación de la realidad, con la activa participación de niños y adultos (maestros y
padres).

• Centros de educación secundaria: enseñan a gestionar con eficiencia los agronegocios esta-
blecidos en las escuelas, así como el uso de tecnologías tradicionales y modernas aplicadas al
desarrollo sostenible.

• Original infraestructura educativa: poseen una infraestructura tipo «honguitos» circulares, que
favorecen la comunicación entre estudiantes y con los docentes. Las comunidades y los case-
ríos han colaborado con la construcción y el mantenimiento de 144 aulas, y con la rehabilitación
de 131. Coexisten los centros de educación temprana con los de primaria, unidos a centros
informáticos alimentados con energía solar, centros de primeros auxilios y pequeñas parcelas
demostrativas que afianzan la comunicación, la expresión y el razonamiento matemático relacio-
nados con la realidad rural.

• Docentes capacitados y organizados: 2 172 docentes trabajan en 92 redes de interaprendizaje
y participan activamente en ellas.

• Programa de alfabetización Reflexión-Acción, con eficaces resultados, basado en una combina-
ción del diagnóstico rural participativo y la propuesta de Paulo Freire.

(i) Ayuda en Acción propició reuniones pioneras en este sentido. La publicación La nueva ruralidad. Desafíos y propuestas. (Lima,
2005), por ella promovida, es un ejemplo de ello.
(ii) El Programa Nacional de Ayuda en Acción tiene previsto ampliar el radio institucional con actividades en las regiones Huancave-
lica, Apurímac, Ayacucho y Puno, y en los distritos de Incahuasi y Cañaris de la región Lambayeque.
(iii) Basándose en una experiencia de medio siglo en el instituto que hoy lleva su nombre en Budapest, Emile Pikler, educadora
húngara, hizo importantes descubrimientos acerca del desarrollo postural y motor autónomo y su incidencia en la personalidad del
niño; su estrategia educativa pone en el centro al niño y no al adulto como sujeto de su formación, reservando para éste la función de
brindar afecto y seguridad al niño durante su proceso de desarrollo. La Asociación Mundial de Salud Mental Infantil reconoció en
1995 explícitamente los importantes aportes de Pikler y de Winnicott para el cuidado del desarrollo infantil (apuntes personales de la
educadora peruana María del Rosario Rivero, Lima, 2006).

Fuente: Carmen Montero y Manuel Valdivia (editores), Propuestas para nueva escuela, nueva ruralidad y diversidad en el Perú. Apren-
des, ACDI, CARE, CNE, Educa, Fe y Alegría, Foro Educativo, Pro-Educa GTZ, SNV y USAID, Lima, marzo del 2007; y en José Rivero
(coordinador), Políticas educativas en áreas rurales. Ayuda en Acción, Lima, 2003.


LAS RAZONES DE LOS CENTROS DE ALTERNANCIA
Los quince centros rurales de formación en alternancia (CRFA),(i) promovidos por la Asociación
Civil Pro-Rural en coordinación con la organización no gubernamental Adeas Qullana y con el
Ministerio de Educación, representan un encuentro entre escuela, familia y comunidad en el
Perú. (ii)

• El eje central está trazado por la educación-formación-capacitación, que se imparte en ciclos
alternados de quince días en los centros escolares y quince días con las familias en las comuni-
dades, donde los alumnos participan en sus chacras (parcelas o granjas). La práctica docente, a
cargo de jóvenes profesores, abarca la formación en conocimientos y habilidades, pero sobre
todo en actitudes para la vida. La relación con los alumnos es de confianza, amistad y respeto.
Esto se debe al compromiso que cada uno asume en el desempeño de sus labores, así como al
deseo de ser agentes de cambio.
• Los dos grandes objetivos de las escuelas de educación rural por alternancia son favorecer el
arraigo del joven al medio rural y mejorar las condiciones de producción y trabajo. El sistema
está dirigido a contribuir a que la persona sea responsable y produzca cambios allí donde vive y
trabaja. Los adultos son beneficiarios indirectos porque participan en el manejo de la actividad
formativa de los jóvenes, por medio del consejo de padres y de los talleres formativos de carác-
ter técnico desarrollados por los docentes.
• Los cursos de la escuela-familia prevén alternancia equilibrada y complementaria entre un pe-
ríodo de internado escolar y uno en la empresa familiar, con tres aspectos originales y caracte-
rísticos:
a) La responsabilidad real de los padres y la comunidad familiar en la gestión de la escuela;
participación en la formación de los alumnos.
b) Una pedagogía que se extiende al desarrollo global de los jóvenes con períodos estructura-
dos en una sucesión de fases divididas entre la escuela y su propia chacra.
c) Una participación constante y responsable en la vida de la comunidad local, a cuyo desarro-
llo la educación por alternancia contribuye de manera concreta con un conjunto de iniciati-
vas culturales, de promoción y asociativas.

• La Asociación Promotora se conforma en su mayoría por padres de familia, aunque también se
pueden integrar habitantes de la comunidad que cuenten con un nivel de instrucción y social
aceptado y muestren responsabilidad e interés por participar. Esta instancia se encarga de las
gestiones necesarias para obtener recursos económicos o en especie que requieren los CRFA
y de proporcionar a los alumnos las condiciones adecuadas para recibir clases, alimentarse y
hospedarse durante el tiempo que están en los centros.

Las evaluaciones realizadas por Pro-Rural y el Ministerio de Educación demuestran que el rendi-
miento de los alumnos que asisten a los CRFA es igual o mejor que el de los chicos de otras
escuelas secundarias, pues ocupan los primeros lugares en las pruebas de su zona.(iii)

(i) Gracias a las acciones lideradas por Pro-Rural, se han establecido centros rurales de formación en alternancia en Piura (3),
Lambayeque (1), La Llibertad (1), Huánuco (2), Cusco (5), Arequipa (1) y Cajamarca (1), a los que debe sumarse el que funciona en
la isla Yarina, en Loreto.
(ii) Los antecedentes de los CRFA están en el sistema de alternancia del modelo de enseñanza francés, conocido como Maisons
familiales rurales (MFR, casas familiares rurales) y el sistema dual alemán. En América Latina comenzaron esta experiencia Brasil
(1968) y Argentina (1969), que a la actualidad tienen 186 y 46 centros respectivamente.
(iii) David Barman, director de la propuesta Pro-Rural, sostiene que el trabajo en equipo y la comunicación con la comunidad y las
diferentes asociaciones de los CRFA son satisfactorios.

Fuente: Elena Quiroz, «Referencias a la educación en alternancia en el Perú», en Carlos Ornelas (coordinador), Buenas prácticas de
educación básica en América Latina. Un proyecto del Consejo Empresariado en América Latina y del Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa (ILCE). ILCE, México DF, 2005.


b. EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN NUESTRAS TRES REGIONES
NATURALES
Pocos países como el nuestro para ofrecer una gama variada y experimentada de
instituciones de la sociedad civil con capacidad de convocatoria y que pueden ha-
cer aportes para un cambio educativo. La acción de éstas, algunas con recursos de
cooperación internacional, se desarrolla en escuelas públicas e implican a los mis-
mos docentes que con insuficiente apoyo del MED y de organismos descentraliza-
dos no alcanzan convenientes logros de aprendizaje.

En el oriente destacan programas como:

FOR MABIAB (Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía
MABIAB (Programa Formación
Peruana). Emprendido en 1998 como una iniciativa de los grupos de la AIDESEP
(Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), forma parte de la estruc-
tura del Instituto Superior Pedagógico Loreto, tiene como ámbito de acción los pue-
blos indígenas de la Amazonía peruana y cuenta con una sede en Iquitos y subsedes
en San Lorenzo (Bajo Marañón) y Urakusa (Alto Marañón). Sus modalidades educa-
tivas son la formación y profesionalización magisterial y la primaria de menores. Has-
ta el 2004 había atendido a 400 jóvenes de diversas etnias de la región,117 y en la
modalidad de formación en servicio atendió a 539 maestros-alumnos. La elabora-
ción del currículo de Educación Intercultural Bilingüe de primaria sirvió de base para
la profesionalización de maestros aguarunas y guambisas. En ésta y las demás acti-
vidades se prioriza un enfoque intercultural orientado a recuperar la herencia cultural
indígena como base para la formación de futuras generaciones.

CE PCO (Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente). Organización no
PCO Promoción
gubernamental de Tarapoto, San Martín, con marcado liderazgo regional en materia
de educación y participación, lideró la formulación de una propuesta curricular regio-
nal que logró el respaldo oficial, buscando concretar en ella la vinculación entre apren-
dizajes escolares y la vida cotidiana de los estudiantes. Fue reconocida por el magis-
terio regional como la institución más confiable en materia de capacitación docente
en la ejecución del Plan Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD).

Red Lupuna (Coordinadora de Educación para el Desarrollo Amazónico en
Lupuna
Loreto). Tiene a su cargo una experiencia en educación intercultural bilingüe con
pueblos que persisten en la conservación de sus lenguas y tradiciones culturales y

117
Fueron capacitados jóvenes de los pueblos achuar, awajún, asháninka, bóóraá, kandozi, shawi,
tikuna y kiwicha.


en su transmisión a las nuevas generaciones. La Red parte de una concepción
integral del desarrollo regional que hace de la educación ambiental una dimensión
básica del quehacer educativo y enlaza el trabajo educativo con el productivo. Pos-
tula una formación magisterial intercultural y hace de cada escuela un proyecto
educativo «en la vida y no para la vida».

Proyecto USAI D/Aprendes en San Martín y Huallaga (ver recuadro «Las razo-
SAID
nes de Aprendes»).

Pedagógico
Instituto Superior Pedagógico Víctor Andrés Belaúnde (Jaén, Cajamarca). Pro-
mueve un esfuerzo de atención educativa al sector rural mediante ensayos, valida-
ciones y difusión de alternativas de trabajo pedagógico orientadas al mejor desa-
rrollo de aprendizajes. Enfatiza la recreación de enfoques pensados en otras reali-
dades y su adaptación al contexto, las necesidades y las demandas locales.

En la costa sobresalen, entre otros, los siguientes programas:

CE PESE R (Central Peruana de Servicios). Con larga data en la Región Piura y el
ESE Peruana
norte peruano, muchos de sus elementos fundamentales están inspirados en la
valiosa experiencia educativa desarrollada décadas atrás en la Colonización San
Lorenzo con el liderazgo de Elsa Fung. Desde el 2003 propicia el establecimiento
de Redes Educativas Rurales Técnicas Agropecuarias en la Cuenca Catamayo
(Chira, Piura). Así ha logrado la conformación de cinco redes, con 71 centros edu-
cativos y la activa participación de 236 docentes que educan a 4 431 alumnos.
Hay, además, una mayor organización y participación de la comunidad educativa en
los procesos de gestión administrativa y pedagógica. Las acciones de las redes se
vinculan a las necesidades y demandas locales, potenciándose así las capacidades
profesionales, y los aspectos afectivos y valorativos de sus actores. Esta iniciativa
ha obtenido el reconocimiento oficial de la DRE de Piura y de la UGEL de Ayaba-
ca, entidades con las que ha interactuado.

PR OM E B en Piura (ver recuadro «Las razones del PR OM E B»).

Tarea Asociación de Publicaciones Educativas. Ha desarrollado en el distrito de
Publicaciones
Independencia, de la zona norte de Lima Metropolitana, importantes proyectos edu-
cativos como el denominado «Democratizando la escuela pública».

Educa Instituto de Fomento de una Educación de Calidad. Desarrolla, particu-
Fomento
larmente en San Juan de Lurigancho, extenso distrito de la zona sur de Lima Me-
tropolitana, proyectos innovadores como «Ludoteca» y «Educentros, un lugar para
crear, inventar y ser mejores».


LAS RAZONES DE APRENDES

El programa Aprendes es una de las pocas iniciativas con apoyo externo destina-
do fundamentalmente a trabajar con escuelas unidocentes y multigrado. Su ám-
bito de trabajo son las regiones de San Martín (140 escuelas, desde el 2004) y
Ucayali (45 escuelas desde el 2006), en el oriente peruano. La Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés),
es la principal fuente de su financiamiento, estimado en 10,5 millones de dólares.

Sus logros más relevantes, respaldados por evaluaciones de impacto a cargo del
Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), son los siguientes:

• 6 600 niños y niñas aprenden con la metodología activa, utilizando guías de
autoaprendizaje para el trabajo en el aula.(i)

• Capacitación de 288 docentes de San Martín, los que también son apoyados
con nueve centros de recursos (uno por provincia) que ofrecen servicios para
mejorar la calidad de la enseñanza de maestros y maestras.

• Importantes avances en el aprendizaje obtenidos en el 2006 respecto a la línea
de base encontrada el 2004: a) en los estudiantes de primero, tercero y sexto
grados de las escuelas públicas involucradas en el proyecto, el número que al-
canzó un nivel suficiente o avanzado de comprensión lectora subió de 5% a
16%; y b) mientras que en el 2004 el 58% de los alumnos no conseguía siquiera
un nivel básico en esa competencia, en el 2006 esa proporción se redujo drásti-
camente, a 25%.

• Activa participación de las comunidades en los consejos educativos instituciona-
les.

• Aplicación exitosa de trabajo respetuoso con los gobiernos y las Direcciones
Regionales de Educación de ambas regiones. Un logro distinguible es el eficaz
apoyo técnico a los gobiernos regionales de San Martín y Ucayali para la elabo-
ración de sus correspondientes proyectos educativos regionales.

(i) La base de la metodología activa es la experiencia Escuela Nueva, aplicada con éxito en medios rurales de
Colombia. Esta experiencia fue replicada o adaptada posteriormente en varios países, particularmente en América
Central.

Fuente: Carmen Montero y Manuel Valdivia (editores), Propuestas para nueva escuela, nueva ruralidad y diversi-
dad en el Perú. Aprendes, ACDI, CARE, CNE, Educa, Fe y Alegría, Foro Educativo, Pro-Educa GTZ, SNV y USAID,
Lima, 2007.


LAS RAZONES DEL PROMEB
El Proyecto de Mejoramiento de la Educación Básica (PROMEB) se aplica con
éxito en 18 caseríos de Piura, en los distritos de Lancones (Sullana), Bigote,
Salitral (Morropón) y Lalaquiz (Huancabamba). Un acuerdo entre el Perú y Cana-
dá ha posibilitado que la ACDI apoye el proyecto con 4 200 000 dólares.

El éxito alcanzado por el PROMEB del año 2003 al 2006 al beneficiar a ocho mil
niños y capacitar a trescientos profesores se puede resumir en los siguientes
logros:

• En el 2003 el promedio de niños que leía adecuadamente en los 18 colegios era
de 13%; al finalizar el 2006 llegó a 60,42%.
• La adecuada expresión oral subió de 19% a 68,15%.
• El promedio de alumnos que resuelven los problemas matemáticos mejoró de
8,7% a 38,71%.
• Desarrollo exitoso de cuatro programas: a) Educación Temprana, dirigido a desa-
rrollar capacidades en las familias; (b) Gestión Pedagógica, orientado a elevar el
rendimiento docente; c) Gestión Institucional, con énfasis en el liderazgo de los
directores; y d) Fortalecimiento de Capacidades, con un diplomado en educación
rural a cargo de cuatro universidades.(i)
• Para lograr todo lo anterior, han conseguido incentivar el interés de los padres
por la educación.
• Se ha elevado la autoestima de los niños y fomentado la lectura en casa con
estrategias como el Festival de Cuento, gracias a la cual los cuentos escritos por
los propios alumnos se editan en un libro que llevarán posteriormente a casa.
• Se alienta la conservación de biohuertos: separados en grupos, los alumnos siem-
bran, riegan y cuidan plantas en los colegios.

El PROMEB se ampliará a otras zonas de la región piurana: La Arena (Piura),
Vichaya (Paita), La Matanza (Morropón), Canchaque, El Faique y Sóndor (Huan-
cabamba). Hay también la intención de ejecutar el proyecto en otras regiones
norteñas como Tumbes, Cajamarca y Lambayeque.

(i) Universidad de York (Canadá), Universidad Autónoma de Baja California (Estados Unidos), Universidad Nacional
de La Plata (Argentina) y Universidad de Piura.

Fuentes: Carmen Montero y Manuel Valdivia (editores), Propuestas para nueva escuela, nueva ruralidad y diversi-
dad en el Perú. Aprendes, ACDI, CARE, CNE, Educa, Fe y Alegría, Foro Educativo, Pro-Educa GTZ, SNV y USAID,
Lima, 2007; y reseña sobre el PROMEB publicada en el diario El Comercio (9.4.2007).


En nuestra sierra trabajan programas como:

Pukllasunc
ukllasunchis
Asociación Pukllasunchis (Cusco). Promueve experiencias que privilegian la opi-
nión de los actores educativos. Trabaja con los niveles inicial, primario y secundario
con tres ejes de acción: actividad académica, trabajo productivo y educación inter-
cultural bilingüe. Sus principales resultados de impacto han sido la formación de un
equipo interinstitucional que asocia a entes estatales y de la sociedad civil para
desarrollar programas conjuntos e investigaciones y promueve el intercambio de
materiales, información y estrategias de acción; la movilización de grupos de pa-
dres para participar en actividades de capacitación docente; un mayor desarrollo
de la educación intercultural bilingüe e implementación de bibliotecas rotativas en
beneficio de instituciones educativas de las áreas rurales; la elevación del nivel
participativo de niños en clase, con una mayor confianza para la comunicación en
quechua y castellano y un mejor rendimiento en la producción escrita del quechua.

Tarea, en Ayacucho y Cusco (ver recuadro «Las razones de Tarea en Canchis»).

Educa. Desarrolla en Huancavelica un Programa de Salud Integral en la Escuela
para la Comunidad Rural, con 38 instituciones educativas (4 842 estudiantes, 156
directivos y docentes y 1 900 padres), un Proyecto de Salud Integral en la Escuela
para la Comunidad Rural que tiene como principios básicos la prevención de enfer-
medades y la promoción de los ambientes donde alumnos y docentes actúan coti-
dianamente. Sus resultados de impacto son: abordaje conjunto entre los sectores
salud y educación de los temas de salud y ambientales, mejorando así el uso de
estrategias metodológicas de los integrantes del sector salud; la población deman-
da atención de la salud, consume agua segura y desarrolla hábitos de higiene
personal; incremento del aseo en los centros educativos, así como más materiales
de limpieza y tachos de basura.

CAR E Internacional. Desarrolla actividades educativas en Puno y Áncash. Su pro-
ARE
yecto Nueva Educación Bilingüe y Multicultural en los Andes (EDUBIMA) tiene como
escenario el distrito puneño de Azángaro. Mediante actividades de gestión comu-
nal y capacitación comunitaria,118 capacitación docente y trabajo con promotores
juveniles y de comunicación, ha logrado generalizar el uso del quechua o aimara en
escuelas de la región focalizada, formular políticas de educación intercultural bilin-
güe; asimismo, la utilización por los maestros de la región de los libros Cultura
andina y Etnohistoria del Altiplano, y el fortalecimiento de las capacidades de la
población comunal respecto a su identidad cultural.

118
Diagnósticos educativos, elaboración de módulos de capacitación, talleres comunales e intercomu-
nales y encuentros, además de visitas y reuniones comunales.


Tierra de Niños (Anchonga, Huancavelica). Esta asociación se ha propuesto
(Anchonga,
probar la eficacia de la educación intercultural bilingüe aun con escasos recursos
materiales. Los resultados de las evaluaciones y la atención de niños con extrae-
dad son compartidos con los padres y la comunidad. Ejecutan un programa de
alfabetización en quechua, con énfasis en las mujeres y posibilitando la lectura
posterior en castellano, usando un método de base oracional y analizando situacio-
nes vivenciales. A partir del 2006, además de las promotoras y los alfabetizadores,
intervienen un especialista agropecuario y uno de salud. El uso de guías didácticas
detalladas para docentes y la distribución entre los niños de un equipo básico de
material educativo ayudan favorablemente al logro de objetivos propuestos.

Instituto Superior Pedagógico Túpac Amaru (Tinta, Cusco). Desarrolla un pro-
Pedagógico (Tinta,
grama de capacitación docente en educación intercultural bilingüe en el ámbito de
la UGEL de Canas, en convenio con el MED y en el marco del Proyecto de Educa-
ción en Áreas Rurales (PEAR). Sus principales actividades con docentes de edu-
cación inicial (35), de educación primaria (212), profesores comunitarios (36) y
especialistas UGEL/DR (4) han sido la realización de talleres, el monitoreo y el
asesoramiento en aula, el trabajo con padres y la comunidad. Se ha logrado un
marco conceptual de la educación intercultural bilingüe, un buen tratamiento y uso
de lengua originaria y del castellano como segunda lengua, la utilización de estra-
tegias de diversificación curricular, el diseño y la implementación de un sistema de
evaluación que complementa la aplicación de una propuesta curricular de educa-
ción intercultural bilingüe, y el manejo de conceptos y procedimientos de investiga-
ciones básicas como insumo para un mejor desarrollo de la educación intercultural
bilingüe.

Asociación Tarpurisunchis (Apurímac). Esta entidad tiene un claro liderazgo en la
Tarpurisunc
arpurisunchis
construcción del actual cambio educativo apurimeño, como se señala en el Recua-
dro «Apurímac: un caso emblemático».

Warmayllu (Cajamarca y Andahuaylas). Programa orientado a valorar la herencia
indígena y la cultura diversa mediante la educación por el arte. Sus principales
resultados de impacto en 68 instituciones (3 210 niños y niñas) han sido: la mejora
de las capacidades docentes en cuanto a investigación y al cambio de actitud ante
los niños; la participación activa de los estudiantes en proyectos de investigación
sobre arte local, mejorando así sus habilidades comunicativas; la consideración de
la escuela, por parte de las comunidades, como un espacio donde compartir sus
conocimientos; y la obtención de un banco de datos representativo y extenso del
arte peruano.


LAS RAZONES DE TAREA EN CANCHIS

Entre enero del 2002 y diciembre del 2005 Tarea desarrolló la primera fase de
un eficaz proyecto de educación intercultural bilingüe en el distrito de Maranganí,
en la provincia cusqueña de Canchis. Su escaso financiamiento(i) no ha condicio-
nado los logros, evidentes en 1 200 estudiantes de instituciones educativas bi-
lingües primarias rurales, con 40 docentes y 800 padres y madres de familia
involucrados:

• Los niños y las niñas han sido alfabetizados en su lengua materna, lo que ha
mejorado los resultados del aprendizaje en Comunicación Integral y ha logrado
una mayor valoración de la cultura y la lengua propias.

• Los docentes han asumido una opción pedagógica por una educación intercultu-
ral bilingüe y son capaces de dar cuenta de los resultados del aprendizaje de sus
estudiantes y de la articulación de su trabajo a la vida comunal.

• Se ha alentado a los docentes a investigar, aumentando así el conocimiento sobre
la cultura andina y la realidad de las comunidades. Esto fortalece, además, la iden-
tidad del maestro de educación intercultural bilingüe.

• Mediante las principales radios de difusión local y reuniones de trabajo con auto-
ridades locales se ha logrado introducir el tema de la educación intercultural bilin-
güe en la agenda pública.

• Se ha logrado superar la anterior participación «utilitaria» de los padres dándole un
carácter más pedagógico; es mayor la presencia de padres y madres participando
en los procesos de aprendizaje de sus hijos.

• El modelo Casa-Escuela, articulado a la participación de padres y de la comuni-
dad, mejora las condiciones del proceso educativo, facilita el acceso y la perma-
nencia de los niños en ella y mejora los resultados del aprendizaje.

(i) Su presupuesto anual ha sido estimado en 60 000 dólares, donados por HEIVerden (Noruega) y
la ACDI.

Basado en: Carmen Montero y Manuel Valdivia (editores), Propuestas para nueva escuela, nueva
ruralidad y diversidad en el Perú. Aprendes, ACDI, CARE, CNE, Educa, Fe y Alegría, Foro Educativo,
Pro-Educa GTZ, SNV y USAID, Lima, 2007.


Todos los ejemplos reseñados son semillas de esperanza que están en la línea de
uno de los aportes más valiosos de la Ley General de Educación: asignar respon-
sabilidades específicas en el cambio educativo y la calidad de la educación a la
sociedad civil, ya sea en tareas de concertación, de animación de innovaciones o
de vigilancia.

La condición de «laboratorio» con fuentes externas de varias de las experiencias
mencionadas no invalida su enorme potencialidad para que se constituyan en refe-
rentes dignos de ser expandidos y en importantes aportes a las políticas nacionales.

Respecto a las experiencias innovadoras analizadas y a otras similares, cabe for-
mular las siguientes preguntas:

• ¿Cómo hacer sostenible el cambio educativo que encarnan?
• ¿Cómo lograr que se repliquen en ambientes diferentes y sin las facilidades obte-
nidas desde el punto de vista institucional o de recursos invertidos en ellas?
• ¿Quién o quiénes asumirán la continuidad de las experiencias sin perder de vista la
necesaria integralidad de los proyectos?
• ¿Cómo medir y valorar su costo-eficiencia?
• ¿Cuánto están ayudando a que en las UGEL y DRE se avance en cambiar dinámi-
cas de gestión con las escuelas?

El Estado peruano no ha sabido aprovechar o canalizar los aportes de las experien-
cias innovadoras en apoyo a las políticas educativas, las que suelen permanecer a
pequeña escala por tiempo indefinido o extinguirse con el tiempo. El desafío ha
sido y sigue siendo nutrir la acción pública en educación con las lecciones más
importantes de estas experiencias, llegando en determinados casos a convenios
que posibiliten su franca expansión.

La concreción y el buen desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación, Acredita-
ción y Certificación de la Calidad Educativa, con recursos suficientes, considerado
en la Ley General de Educación, tendrán particular importancia en este propósito.

Recurrir a núcleos de investigación educativa como GRADE, el Instituto de Pedago-
gía Popular o centros vinculados a determinadas universidades públicas o privadas,
será también particularmente importante.


c. MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO AL PEN
• EL PRIMER OBJETIVO DEL PEN COMO MOTIVACIÓN INTERINSTITUCIONAL

La gestión renovada supone una mayor responsabilidad colectiva, institucional e
individual (establecimientos y actores educativos), en cuanto a los resultados de la
propia gestión y los aprendizajes, sin que esto implique atenuar la responsabilidad
pública. Los valiosos esfuerzos de iniciativas privadas que tratan de incidir educati-
vamente en determinadas áreas o regiones focalizadas tienen por lo general ca-
racterísticas de aislamiento respecto a otras experiencias de similar orientación y
un escaso éxito en el establecimiento de vínculos con el Estado. Sin embargo, esta
situación puede estar cambiando.

Coincidiendo con la conclusión del documento que dio origen al Proyecto Educati-
vo Nacional se produjo una movilización inédita de instituciones nacionales e inter-
nacionales orientada a apoyar y proponer políticas públicas al Poder Ejecutivo y a
los gobiernos regionales, vinculadas con la creación de condiciones para lograr en
el país una nueva escuela en el medio rural considerando las características de una
nueva ruralidad y la enorme diversidad vigente en el país.

Ante una iniciativa del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), que
incursionaba en el apoyo a la educación, se desarrolló un ejercicio de diálogo y
consenso pocas veces visto entre cinco instituciones nacionales representativas
de nuestra mejor tradición educativa y seis instituciones internacionales de coope-
ración.119 Así, se organizó y desarrolló un trascendente seminario taller120 que con-
vocó a experiencias probadamente exitosas en educación primaria en medios rura-
les para analizar los porqués de sus resultados y cómo se consiguieron, con el
propósito de formular propuestas de política que beneficien a la escuela pública
rural.

Son dos los principales resultados de este esfuerzo colectivo:

a) La constitución de un Grupo Impulsor de la Educación Rural en el que se han ido
añadiendo a las once instituciones mencionadas otras entidades nacionales

119
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), Asociación Fe y Alegría, Asociación
Tarea, Ayuda en Acción, CARE, Consejo Nacional de Educación, Foro Educativo, Instituto de Fo-
mento de una Educación de Calidad «Educa», Preeduca-GTZ, SNV, USAID/Aprendes.
120
Seminario-taller «Propuestas para nueva escuela, nueva ruralidad y diversidad en el Perú», desarro-
llado en Cieneguilla, Lima, del 5 al 8 de septiembre del 2007.


e internacionales. Esta instancia se está encargando de generar consensos y accio-
nes convergentes sobre propuestas de políticas para el desarrollo educativo en me-
dios rurales, que valoren la diversidad y lleven a superar las condiciones de exclusión
e inequidad en ellos imperante.

En coincidencia con el primer objetivo del Proyecto Educativo Nacional, este Grupo
Impulsor hizo públicas, en octubre del 2006, las siguientes propuestas aprobadas
por consenso:

• Priorizar la atención de las necesidades básicas de niñas y niños de 0 a 5 años en
materia de educación, salud, nutrición, saneamiento, cuidado infantil y desarrollo
temprano, en diálogo con prácticas de crianza y comunicación propias de cada
lengua y de cada cultura.

• Asegurar logros de aprendizajes básicos en la educación primaria, atendiendo a la
diversidad de lenguas y culturas y convirtiendo las escuelas rurales en centros de
interaprendizaje en conexión con la comunidad, dotándolas de equipamiento ade-
cuado, programas de alimentación y saneamiento básico.

• Ampliar y fortalecer la calidad y pertinencia de la educación secundaria y técnico-
productiva en áreas rurales, asegurando el pleno ejercicio de derechos ciudadanos
de jóvenes y adolescentes, tomando en cuenta tanto la diversidad y las potenciali-
dades existentes como las necesidades y expectativas de inserción social y pro-
ductiva.

• Garantizar a maestras y maestros rurales condiciones de vida dignas, acompaña-
miento y soporte pedagógico y de gestión, con el propósito de contribuir a mejorar
su desempeño profesional.

• Fortalecer la participación de la comunidad en el mejoramiento del proceso educa-
tivo y la gestión de las escuelas.

• Estimular la responsabilidad social empresarial para que la participación y el aporte
de las empresas se articulen con las políticas educativas nacionales, regionales y
locales.

• Incrementar el presupuesto de educación, priorizar el gasto en los ámbitos rurales
y modificar las normas del canon para que los gobiernos regionales y municipales
puedan financiar a este sector.


b) La publicación del libro Propuestas para nueva escuela, nueva ruralidad y diversidad
en el Perú, que expresa la riqueza producida en el seminario taller antes menciona-
do. En esta publicación se desarrollan las propuestas de políticas —y las bases para
su construcción— de atención a los educandos en instituciones de educación prima-
ria, de promoción del mejoramiento de los aprendizajes, de atención a los docentes
de educación primaria y a la institución educativa, de impulso a la relación escuela-
comunidad y del mejoramiento de la gestión. Se presentan, sistematizados en fichas
descriptivas, los dieciocho proyectos y experiencias convocados al seminario taller
por la calidad de sus logros.121

Como signo de los nuevos tiempos descentralizados, la primera presentación públi-
ca de dicho libro se realizó en Ayacucho,122 y se prevén presentaciones en Cajamar-
ca, Piura, Apurímac, Cusco, Ica, San Martín, Huancavelica y, finalmente, en Lima.

• AGENDA CONCERTADA DE POLÍTICAS ENTRE EL CNE Y LAS REGIONES

Finalizando la redacción de este capítulo se desarrolló el III Encuentro Nacional
CNE-Regiones «Concertando políticas educativas», una bien aprovechada ocasión
para auscultar los vínculos PEN-PER y las importantes dinámicas de cambio edu-
cativo en las regiones.123

Los dos encuentros nacionales anteriores (mayo y noviembre del 2005) estuvieron
dirigidos a reflexionar sobre los procesos de formulación de los PER retroalimen-
tando dichos procesos (primer encuentro), y a contribuir con la articulación de las

121
Centro Rural Bilingüe Internado, IEP 2435, de Huataccocha, Lucanas (Ayacucho); EDUBIMA, Nueva
EBI en los Andes, CARE, Azángaro (Puno); FORMABIAB, Programa de Formación de Maestros Bilin-
gües Interculturales de la Amazonía Peruana; ISP Tinta (Cusco); ISP Jaén (Cajamarca); Programa de
Educación Básica Proeduca-GTZ (apoyo a ISP incidiendo en áreas rurales e indígenas); Programa
EBI Paruro, Asociación Pukllasunchis (Cusco); Programas de Educación Rural Fe y Alegría, Quispi-
canchis, Andahuaylillas (Cusco); PROMEB (Piura); Proyecto Educativo Rural de Ayuda en Acción
(Cajamarca, Cusco, Piura y otras cuatro regiones); Proyecto USAID/Aprendes (San Martín); Proyecto
Tierra de Niños, Anchonga (Huancavelica); Proyecto de Salud Integral en la Escuela para la Comu-
nidad Rural EDUCA (Huancavelica); Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Locales para el
Monitoreo de la Inclusión Rural, Red Recrea, CENEPA, Foro Educativo (Amazonas); Proyecto de
Educación en Áreas Rurales, PEAR-Ministerio de Educación (en varias regiones del país); Redes
educativas rurales técnico-agropecuarias en la Cuenca Catamayo Chira CEPESER-Educación Sin
Fronteras (Piura); TAREA, Canchis (Cusco); Warmayllu (Cajamarca, Andahuaylas).
122
A cargo del Grupo Impulsor de Ayacucho, en coordinación con el Gobierno Regional (26 de abril del
2007).
123
La reunión se desarrolló los días 21 y 22 de junio del 2007 en el Hotel Bolívar, ubicado en el centro
histórico de Lima.


EL PROGRAMA «CRECER»

Anunciado en junio del 2007, el Programa «Crecer» es un signo de esperanza para
enfrentar la desnutrición crónica de nuestra infancia en situación de pobreza.

Iniciado en 330 distritos y atendiendo inicialmente a 219 000 niños menores, se
orienta como acción intersectorial a lograr lo previsto en el Proyecto Educativo Na-
cional. Con Crecer y los programas sociales que lo integran se está estructurando
una estrategia de acercamiento al sector rural, donde no han disminuido los indica-
dores de pobreza. En una segunda etapa llegará a 600 distritos, hasta cubrir los 811
distritos más pobres del país. El presupuesto del programa asciende a mil millones
de soles
Entre sus objetivos contempla dotar de identidad construyendo un registro civil úni-
co de beneficiarios, atender la salud integral de madres y niños, dotar de agua y
saneamiento y un cambio de conducta en los hábitos de consumo para utilizar ali-
mentos de las zonas en la mejor nutrición de niños y niñas.

Si bien está pendiente aún reforzar su componente educativo y la articulación del
programa al desarrollo de las localidades atendidas, representa una alternativa gu-
bernamental alentadora para asumir responsabilidades de cara a la primera infancia.
Habrá que darle tiempo para su ejecución y debida evaluación

políticas educativas expresadas en el PEN y en los avances de los PER (segundo
encuentro).

En el III Encuentro las regiones estuvieron representadas por sus gerentes de
Desarrollo Social, los directores regionales de Educación, y delegados de la socie-
dad civil y de las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza.

El encuentro sirvió para analizar las acciones de política educativa regionales puestas
en marcha, identificando sus potencialidades y puntos críticos, para trabajar en
grupos macrorregionales discutiendo sobre las condiciones necesarias para el buen
inicio de los PER.124 Fueron presentadas propuestas de buen inicio del PEN desde

124
Los grupos macrorregionales fueron: 1) Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad; 2)
Lima Metropolitana, Lima Provincias, Ica, Callao, Áncash, Huancavelica, Ayacucho; 3) Huánuco,
Pasco, Junín y Apurímac; 4) Moquegua, Tacna, Puno, Arequipa y Cusco; y 5) Amazonas, San Martín,
Madre de Dios, Ucayali y Loreto.


las escuelas y en los niveles nacional, regional y local, y se definió una agenda
concertada para garantizar este comienzo promisorio del PEN y de los PER.

Los distintos avances de los PER no fueron obstáculo para el desarrollo de apor-
tes, intercambios y estímulos orientados a perfeccionar y hacer más viables los
documentos y las estrategias regionales. La calidad de las intervenciones y la con-
vicción mostrada por los representantes de las regiones confirman que las accio-
nes más prometedoras de la educación nacional tienen como principal escenario
el de nuestras regiones. El país se encuentra ante un movimiento social capaz de
movilizar voluntades y acciones que establecerán las bases de un nuevo proyecto
político educativo.

El principal producto de la reunión fue una propuesta de agenda concertada de
políticas educativas prioritarias 2007-2008, en el marco del Proyecto Educativo
Nacional y de cada PER. Se priorizaron cinco políticas, para ser puestas en marcha
a nivel regional y concertadas con el Poder Ejecutivo, con la intención de que sean
asumidas como políticas prioritarias e incluidas en el presupuesto de educación del
año 2008.

Una vez más, la importancia de esta reunión no se vio reflejada en los principales
medios de comunicación, más interesados en resaltar los problemas y la supuesta
inviabilidad de nuestra educación.

Lo analizado permite afirmar que las respuestas a los problemas de la educación
que se están ensayando en el Perú, siendo importantes, distan de aproximarse a la
reforma integral y radical que la situación de deterioro a la que ha llegado el siste-
ma educativo está demandando. Sin embargo, los factores resumidos permiten
avizorar nuevas promesas y mejores escenarios para modificar la educación y dar-
le un mejor sentido de existencia nacional, cambiando así el curso de la historia de
niñas, niños y adolescentes peruanos.

A pesar de los desencuentros y las desconfianzas, el Perú se encuentra en un
momento único para aprovechar la disponibilidad de recursos y la voluntad social
de cambiar el curso educativo. Una señal decisiva será ingresar en una lógica de
convertir los objetivos del Proyecto Educativo Nacional en planes, programas y
presupuestos articulados entre el poder central y las regiones.


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PARTE II

EL FACTOR
DOCENTE
ETN ECOD

PARTE II

EL FACTOR DOCENTE

1. Las actuales demandas a la profesionalización docente 175
a. Los nuevos escenarios educativos 175
b. El factor calidad y la renovación de los ambientes pedagógicos 180
c. El factor curricular 181
d. Exigencias de la profesionalización docente 184
e. Recuperar en el aula la relación entre comunicación y educación 186
f. Demandas pedagógicas para la utilización de las nuevas tecnologías 188
g Superar la difícil relación docentes/nuevas tecnologías electrónicas 193

2. La realidad del docente peruano 196
a. Percepción social del docente peruano 197
b. La población docente 199
c. Las remuneraciones 201

3. Aspectos críticos que afectan a la política
magisterial en el Perú 204
a. Insensibilidad histórica del Estado 206
b. Falta de una carrera pública magisterial 209
c. Carencia de visión política en la planificación:
desbalance entre demanda y oferta de docentes 212
d. Formación inicial y continua de docentes: sin reglas claras 216

4. La actual política magisterial en el Perú 221
a. Principales lineamientos normativos 221
b. La Ley del Profesorado 226
c. La formación docente 228

5. Las aspiraciones y los aportes de los docentes 238
a. La representatividad gremial 238
b. Planteamientos de organizaciones docentes 224
c. Qué opinan y sugieren los docentes de base 249

6. Prerrequisitos en materia de políticas de desarrollo magisterial 253
a. Prerequisitos básicos 253
b. Nueva visión y perfiles para la nueva docencia 257

7. La profesionalización docente: un objetivo central
del Proyecto Educativo Nacional 259
Resultado 1: Sistema integral de formación docente 259
Resultado 2: Carrera pública magisterial renovada 260

8. Desafíos de la formación docente 261
a. Panorama y desafíos centrales 261
b. Las lecciones del PLANCAD y del PLANCGED 264
c. El tema curricular en la formación inicial docente: 268
d. Hacia un sistema eficiente de formación docente en servicio 272
e. Atender demandas de la formación de formadores 273
f. El Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente 2007–2011 276

9. Regionalización y desarrollo magisterial 280
Acción 1: Reconstruir los organismos intermedios 280
Acción 2: Propiciar la autonomía de los centros educativos asociada al
fortalecimiento de la sociedad civil 282

10. La nueva carrera pública magisterial 285
a. Las demandas de una nueva carrera pública magisterial 285
b. Puntos críticos del debate sobre una nueva carrera pública magisterial 291
c. La promulgación de la Ley de Carrera Pública Magisterial No 29062, significados
de la forma como fue aprobada y sus contenidos centrales 298
d. Los riesgos no superados en la discusión y aprobación de
la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial 318

ANEXOS
Anexo 1.
Ley General de Educación
(Artículos directamente vinculados al ejercicio docente) 326
Anexo 2.
Resumen de normas legales sobre el magisterio 331
Anexo 3.
Carrera pública Magisterial: proyectos de ley presentadas al Congreso de
la República 340

Bibliografía 344

174 PARTE II EL FACTOR DOCENTE

AGRADECIMIENTO
Esta segunda parte del libro se ha construido sobre la base de fuentes bibliográficas
y diálogos con muchos especialistas. Quisiera remarcar los importantes comentarios
de profesionales como Shona García, Marta López de Castilla, Miguel Saravia y
Rosario Valdeavellano.

Con motivo de un trabajo encomendado por la Cooperación Técnica Alemana (GTZ,
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), a fines del año 2004 pude realizar
entrevistas a maestros de base y a especialistas de instituciones educativas en las regiones
de San Martín, Piura y Cusco, así como en Lima. Mi reconocimiento a los aportes de
Manuel Bello, Ricardo Cuenca, Manuel Franco, Marguerette Rolfes, Manuel Valdivia y
Karima Wanuz, y a las personas que entrevisté en Cusco (Heriberto Bustos, María
Gutiérrez, Efraín Portillo, César Sánchez, Aurora Toledo y Nayruth Triveño), en Piura
(Santiago Araujo, Robespierre Bayona, Javier Castillo, Elsa Fung, Oscar Infante, Martín
Olivares y Enrique Rivera) y en San Martín (Fidel Boada, César Delgado, Rosa Enríquez,
Neder Hidalgo, Roberto Lay, Teócrito Pinedo, Eliana Tafur, Sócrates Vela y Ludvin
Villanueva).

PARTE II EL FACTOR DOCENTE 175

1. LAS ACTUALES DEMANDAS
A LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE

a. LOS NUEVOS ESCENARIOS EDUCATIVOS
Una premisa aceptada sobre las políticas educativas es que tienen efectos en el
largo plazo y, por lo tanto, se requiere una fuerte capacidad para anticipar las futu-
ras demandas y situaciones. La capacidad de anticipación supone lograr acuerdos
en torno a las metas nacionales entre las partes involucradas y, a la vez, riqueza
informativa sobre las tendencias mundiales, los mecanismos evaluativos de las
acciones confiables y los sistemas de información.

El abanico de las reformas emprendidas en América Latina es múltiple. Hay países
que han superado la etapa de diseño y países que han logrado una continuidad
técnico-política a lo largo de la década en la ejecución del cambio educativo. Algu-
nos han llegado a ella inspirados por el ejemplo de países vecinos o instados por
agencias de financiamiento y cooperación internacionales. Hay los que dan indebi-
damente el nombre de reforma a acciones puntuales que responden a situaciones
priorizadas por distintas fuentes de presión interna y externa, y los que recién se
plantean la necesidad de iniciar procesos globales. Son pocos los que han optado
por el análisis y el cambio en la educación secundaria.

En todos los casos y circunstancias, los procesos iniciados o por madurar se ten-
drían que tomar como oportunidades que alienten y posibiliten cambios profundos
y no superficiales, pensados en el largo plazo y con visiones estratégicas, persis-
tentes en el tiempo y en la lucha por llegar a la raíz de los problemas, que convo-
quen y no prejuzguen la posibilidad de lograr con ellas una real participación social,
incluida por supuesto la de maestros y padres de familia.

Como se ha señalado en la primera parte, los requerimientos del cambio educativo
se diferencian en que antes se trataba de formar personas con conocimientos que
servían para toda la vida y ahora se requieren mecanismos flexibles que permitan
aprender permanentemente. Uno de los principales resultados del Informe de la
Comisión Mundial sobre la Educación para el Siglo XXI presidida por Jacques


Delors es asumir la educación como un proceso que se da a lo largo de toda la vida,
en múltiples ambientes, y que se tendría que construir mediante cuatro pilares
básicos de todo aprendizaje: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer
y aprender a convivir (UNESCO 1996).

Antes se dio demasiada importancia a lo que se enseñaba; hoy se trata de descubrir
qué tipo de profesionales y de ciudadanos necesita una sociedad. Este cambio de
perspectiva está asociado a nuevos enfoques acerca del crecimiento económico.

La convicción de que la educación progresó mucho más lentamente en América
Latina que en el resto del mundo, y de que era necesario aproximarnos a regiones
como la asiática —donde la fuerza laboral tiene un promedio de nueve años de
educación contra apenas cinco en América Latina— ha sido uno de los estímulos
principales de este cambio educativo.

Desde fines de la década de 1980, las reformas tuvieron por objeto acrecentar los
recursos destinados a la educación provenientes de fuentes nacionales, uniendo las
de carácter público con las privadas y mejorando la calidad de la educación con una
serie de medidas como componentes de este cambio educativo: reducción de minis-
terios centrales, mayores atribuciones de responsabilidad por las escuelas a los usua-
rios y a los docentes a cargo de la educación local, refuerzo de la descentralización
tratando de llegar con ella hasta el propio centro educativo e introducción de meca-
nismos de evaluación. La hipótesis de que la educación es una fuente mayor de
equidad social fue otra de las principales motivaciones de estas reformas.1

Los cambios en la gestión de la educación —vía la descentralización de las decisio-
nes— están asociados a esfuerzos por reducir el gasto del gobierno central en
educación, disminuyendo la escala de la burocracia central y trasladando funcio-
nes a unidades municipales, departamentales, provinciales o estaduales según sea
el contexto nacional.

Son reconocidos como condiciones indispensables para el éxito de las reformas: el
desarrollo de estrategias pedagógicas acordes con las transformaciones propues-
tas; el establecimiento de mecanismos jurídicos que posibiliten la reestructuración
parcial o, en algunos casos, total de los sistemas educativos; una mayor asignación
de recursos para poner en marcha y sostener estos procesos; y, sobre todo, una
voluntad política que fundamente y haga posible la propuesta.

1
América Latina es una de las regiones con mayor desigualdad en el acceso y la distribución de la riqueza.
Todo esfuerzo de cambio educativo tendría que considerar este escenario básico de exclusión educativa
de las mayorías y tener como propósito fundamental modificarlo.


UNA PREMISA ACEPTADA SOBRE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS ES QUE TIENEN EFECTOS EN
EL LARGO PLAZO Y REQUIEREN UNA FUERTE CAPACIDAD DE ANTICIPACIÓN PARA LOGRAR:
ACUERDOS EN TORNO A LAS METAS NACIONALES; INFORMACIÓN SOBRE LAS TENDENCIAS
MUNDIALES; MECANISMOS EVALUATIVOS; Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

Es difícil clasificar las reformas según su énfasis. Todas, por lo menos en su retóri-
ca, «se dijeron encaminadas a elevar de manera significativa la calidad de la educa-
ción a un costo público inferior» (Carnoy y De Moura Castro 1997). El conjunto de
sus iniciativas plantea nuevas estrategias para superar constantes crisis sociales,
con la educación en medio de ellas, y para estar en sintonía con las nuevas circuns-
tancias internacionales. Su universo evidencia, sin duda, una mayor voluntad y con-
ciencia pública sobre la necesidad e importancia de una educación calificada «para
todos» en cualquier estrategia de desarrollo.

Como se señalara en la primera parte de este libro, además del factor político hay
que considerar como parte intrínseca de estos nuevos escenarios la aparición de
otros enfoques pedagógicos y psicológicos. En el inicio de un nuevo siglo, tienen
particular vigencia e influencia teorías como las siguientes:

• TEORÍA CONSTRUCTIVISTA

El diseño de entornos de aprendizaje constructivista ha suscitado un considerable
interés. El modelo constructivista de conocimiento se puede resumir en la siguien-
te frase: «El conocimiento es construido en la mente del aprendiz» (Bodner 1986).
De acuerdo con esta teoría, los datos que percibimos con nuestros sentidos y los
esquemas cognitivos que utilizamos para explorar esos datos existen en nuestra
mente.

• TEORÍA DE LA CONVERSACIÓN

En esta teoría y en la anterior tiene una gran influencia el pensamiento de Lev
Vigotski, para quien el aprender es por naturaleza un fenómeno social. La adquisi-


ción de nuevos conocimientos es el resultado de la interacción de gente que parti-
cipa en un diálogo, y aprender es un proceso dialéctico en el que un individuo
contrasta su punto de vista con el de otro hasta llegar a un acuerdo. La noción
vigotskiana de interacción entre gente traza caminos para la vinculación de adultos
(padres, maestros) con niños y asocia los diferentes niveles de experiencia a una
cultura tecnológica.

• TEORÍA DEL CONOCIMIENTO SITUADO

Según este enfoque, el conocimiento es una relación activa entre un agente y el
entorno; y el aprendizaje ocurre cuando el aprendiz está activamente envuelto en
un contexto instruccional complejo y de aplicación real. La posición más extrema
del aprendizaje situado sostiene que no sólo el aprender sino también el pensar es
situado; y que, por lo tanto, debería ser considerado desde una perspectiva ecoló-
gica. Tal posición se basa en el trabajo de Gibson (1986) que enfatiza como princi-
pal factor del aprendizaje la percepción y no la memoria.

• TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

El investigador Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, es principal artífice
de esta teoría (Gardner 1987, citado en Borrás 2005). En ella se propone que cada
ser humano tiene inteligencias con una localización precisa en la corteza cerebral.
La diferencia radica en la forma como cada cual desarrolla esas inteligencias. Gar-
dner privilegia siete: la lógico-matemática, la verbal o lingüística, la que posibilita el
espacio-temporal, la cinético-corporal, la musical, la personal (intrapersonal e inter-
personal), la naturista y la existencial (en proceso de fundamentación).

Una de las características comunes de estas nuevas teorías es propiciar aprendi-
zajes utilizando nuevas tecnologías.

Con mayor influencia en Europa que en América Latina, el lúcido pensamiento del
sociólogo y biólogo francés Edgar Morin es un precursor del siglo veintiuno.


Edgar Morin
LOS SIETE SABERES NECESARIOS PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO
Una educación que cure la ceguera del conocimiento. Todo conocimiento conlleva el riesgo del
1 error y de la ilusión. El conocimiento humano es frágil y está expuesto a alucinaciones, a errores
de percepción o de juicio […] La primera ineludible tarea de la educación es enseñar un conoci-
miento capaz de criticar el propio conocimiento […] El primer objetivo de la educación del futuro
será dotar a los alumnos de la capacidad para detectar errores e ilusiones del conocimiento y, al
mismo tiempo, enseñarles a convivir con sus ideas, sin ser destruidos por ellas.

2 Una educación que garantice el conocimiento pertinente. Ante el aluvión de informaciones es
necesario discernir cuáles son las informaciones clave. Ante el número ingente de problemas es
necesario diferenciar los que son problemas clave […] Como consecuencia, la educación deberá
promover una «inteligencia general» apta para referirse al contexto global, a lo multidimensional y a
la interacción compleja de los elementos. Esta inteligencia general se construye a partir de los
conocimientos existentes y de la crítica de los mismos. Su configuración fundamental es a capaci-
dad de plantear y de resolver problemas.
Enseñar la condición humana. Una aventura común ha embarcado a todos los humanos de
3 nuestra era. Todos ellos deben reconocerse en su humanidad común y, al mismo tiempo, reco-
nocer la diversidad cultural inherente a todo lo humano. Conocer el ser humano es situarlo en el
universo y, simultáneamente, separarlo de él. Al igual que cualquier otro conocimiento, el del ser
humano también debe ser contextualizado: «quiénes somos» es una cuestión inseparable de «dónde
estamos», «de dónde venimos» y «a dónde vamos».
Enseñar la identidad terrenal. La historia humana comenzó con una dispersión, una diáspora de
4 todos los humanos hacia regiones que permanecieron durante milenios aisladas, produciendo
una enorme diversidad de lenguas, religiones y culturas. En los tiempos modernos se ha producido
la revolución tecnológica que permite volver a relacionar esas culturas, volver a unir lo disperso […]
La perspectiva planetaria es imprescindible en la educación. Pero no sólo para percibir mejor los
problemas, sino para elaborar un auténtico sentimiento de pertenencia a nuestra Tierra, considerada
nuestra última y primera patria […].
Enfrentar la incertidumbre. La educación debe hacer suyo el principio de la incertidumbre […]
5 Pero la incertidumbre no versa sólo sobre el futuro. Existe también la incertidumbre de la validez
del conocimiento. Y existe, sobre todo, la incertidumbre derivada de nuestras propias decisiones […]
Nos hemos educado bien en un sistema de certezas, pero nuestra educación para la incertidumbre
es deficiente […].
Enseñar la comprensión. […] la educación tiene que abordarla de manera directa y en dos
6 sentidos: a) la comprensión interpersonal e intergrupal y b) la comprensión a escala planetaria
[…] La verdadera comprensión exige establecer sociedades democráticas […] Por eso, la educa-
ción del futuro deberá asumir un compromiso sin fisuras por la democracia, porque no cabe la
comprensión a escala planetaria entre pueblos y culturas más que en el marco de una democracia
abierta.

7 La ética del género humano. Además de las éticas particulares, la enseñanza de una ética
válida para todo el género humano es una exigencia de nuestro tiempo […] En el bucle indivi-
duo-sociedad surge el deber ético de enseñar la democracia […] El respeto a la diversidad significa
que la democracia no se identifica con la dictadura de la mayoría […].

Fuente: Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, publicado por la UNESCO (París, 1999). La Derrama
Magisterial y la Biblioteca Nacional del Perú promovieron la visita de Edgard Morin al Perú en junio del 2007. La institución magisterial
tuvo la iniciativa, además, de editar y difundir su libro entre los maestros peruanos.


b. EL FACTOR CALIDAD Y LA RENOVACIÓN DE LOS AMBIENTES
PEDAGÓGICOS
La calidad educativa es el principal foco de atención de los actuales procesos de
reforma y modernización educacional. Son los aprendizajes y sus resultados los
que tienen prioridad.

Es posible afirmar, con los principales trabajos sobre el tema, que una educación
de calidad es aquélla que establece objetivos socialmente relevantes, que demues-
tra eficacia logrando que estos objetivos sean alcanzados por un mayor número de
alumnos, que posibilita ayudar diferencialmente a éstos de acuerdo con sus reque-
rimientos individuales y su entorno social y cultural, y que muestra eficiencia lo-
grándolo con los costos más económicos posibles, perdurando en el tiempo por su
significación.

La calidad educativa supone, asimismo, el establecimiento de un ambiente y una
relación socioemocional y afectiva que permita a los profesores estimular la au-
toestima de sus alumnos y guiarlos en su desarrollo.

El dominio de los códigos de transmisión, circulación y procesamiento de la infor-
mación —que van desde la lectoescritura y el cálculo básico hasta la computación
y otros medios masivos y electrónicos de comunicación—, así como la elevación de
la capacidad y del sentido práctico para que el estudiante aprenda a encontrar
soluciones y resolver problemas cotidianos o a formar parte activa de otras inicia-
tivas de tipo colectivo, como los ambientales o ecológicos, constituyen también
elementos importantes de la calidad educativa.

Si bien hay consenso sobre los diversos elementos que incluye la calidad en la
educación, el más importante tal vez sea el del rendimiento escolar.2

La calidad no existe en abstracto. La calidad se da «en situación». Los parámetros
de la calidad educativa se centran en cómo lograr desempeños sociales encamina-
dos a mejorar la calidad de vida y el bienestar social y económico de una sociedad.
Para ello, se plantea la necesidad de analizar los procesos, los productos y los
servicios educativos, estableciendo criterios que, contrastados con la realidad, per-

2
«Si mejora la eficiencia terminal, señala el sentido común [...] significa que hay niños que aprueban los
cursos, que incrementan los años promedio de educación de la población, que disminuye la deserción y
que, en contraste, no se puede apuntar con precisión que la calidad vaya a la baja», afirma Carlos Ornelas
(1998).


mitan establecer elementos de certidumbre sobre dicha calidad educativa (Benavi-
des 1998). En este sentido, la calidad educativa será siempre un anhelo y, por lo
mismo, se debe vislumbrar en el contexto de una educación permanente.

Los anteriores elementos, aplicados en reformas educativas que privilegian la vida
escolar, demandan más atención a los procesos que se desarrollan en el aula,
priorizando recursos para cubrir una quíntuple necesidad: a) el aumento sustantivo
del actual número de horas en los establecimientos educativos; b) la transforma-
ción curricular; c) la incorporación de nuevas tecnologías y el refuerzo de metodo-
logías y nuevos materiales que permitan a los docentes ayudar a los niños, jóvenes
o adultos a aprender, desempeñando nuevos roles de mediación, monitoría y ase-
soría, en vez de la tradicional exposición frontal de contenidos; d) el incremento de
la investigación educacional y la reorientación de sus prioridades; y e) la obtención
de una profesionalización docente como factor esencial de una mejor calidad.

Para un real cambio en toda educación, las políticas de Estado tendrían que asegu-
rarlo abordando estas cinco necesidades en la mencionada perspectiva de calidad.
Habría que señalar, sin embargo, que el discurso oficial peruano abunda en la retó-
rica sobre la calidad como objetivo, sin conceptualizar suficientemente lo que se
entiende por ésta en el país.

Un ejemplo claro de ello se dio en la década fujimorista, cuando la publicidad oficial
afirmaba que teníamos la mejor educación en la región latinoamericana y lo mejor
que podía mostrar la acción gubernamental reducía la calidad a obras de infraes-
tructura y a textos de dudoso contenido.

c. EL FACTOR CURRICULAR
Varios países han hecho de los dispositivos curriculares de alcance nacional una
de sus principales preocupaciones educativas.

Los puntos centrales que merecen mayor atención son la articulación entre la re-
forma curricular y la reforma de los estilos de gestión, quiénes deben definir el
currículo, y los métodos y la personalización del proceso de enseñanza-aprendiza-
je. La definición de si se comienza con la reforma pedagógica o con la reforma
institucional es el primer dilema a resolver por quienes toman decisiones referidas
a la educación (Schiefelbein y Tedesco 1995).


La influencia de los especialistas en currículo y el tiempo destinado a las reformulacio-
nes curriculares son sin embargo excesivos, al extremo de que en varios países toda
idea de reforma es asociada de modo casi automático a la transformación curricular
como componente principal e indispensable.3 Empero, hay escepticismo sobre las po-
sibilidades de éxito de las reformas que ponen énfasis sólo en la reforma curricular.

• HACIA UNA CONSTRUCCIÓN CURRICULAR DISTINTA

Para responder a la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, hoy se
asume la necesidad de incorporar a nuevos actores que canalicen los requerimien-
tos sociales externos al propio aparato escolar. Se trata de ampliar el carácter
pedagógico de la construcción curricular mediante una operación sociopolítica que
debería incluir a actores sociales externos al sistema escolar. El supuesto del que
parte esta propuesta es que un individuo se educa para desempeñarse en múlti-
ples y complejos ámbitos de la sociedad, tomando en cuenta el mercado de traba-
jo, la familia, y las agrupaciones políticas, culturales, religiosas, empresariales, sindi-
cales o comunitarias.4

Aun cuando hay una saludable propensión a incorporar contenidos de tipo trans-
versal y de optar por metodologías que dan cabida a las iniciativas locales en la
construcción curricular, persisten por lo menos dos vicios difíciles de superar: en
primer lugar, la tendencia a incorporar el mayor número de materias y contenidos
de tipo universal y nacional; y en segundo lugar, más grave todavía, que el loable
perfeccionismo en la determinación de contenidos básicos o indispensables no se
corresponde con las insuficiencias y vaguedades de los pasos metodológicos para
su aplicación en las aulas. Es constante la tendencia a convertir el lenguaje y los
manuales curriculares en algo abstracto y de difícil seguimiento por los docentes.
El problema crucial, una vez definido el qué, sigue siendo el cómo.

Será difícil cimentar en la escuela la propuesta de Jomtien y del Informe Delors
—crear condiciones para un aprendizaje que se logre durante toda la vida— si en los

3
«Finalmente, la relevancia de los contenidos de la educación se desvanece porque aparentemente no
sirven para otra cosa más que para aprobar los exámenes, pasar a otro ciclo u obtener un diploma o
certificado. Lo cual ciertamente es útil para ganarse la vida de una forma legítima. Mas, se puede pregun-
tar si vale la pena pasar tanto tiempo en la escuela si no se reproducen los valores a los que se aspira»
(Ornelas 1998).
4
La costumbre o tradición de encomendar la definición del currículo sólo a docentes, a autoridades
administrativas y a especialistas en educación, ha sufrido las demandas de incorporar nuevos actores en
la Conferencia Mundial «Educación para Todos» de Jomtien y en reuniones ministeriales clave como la
llevada a cabo en 1991 por la UNESCO en Quito.


esfuerzos de transformación curricular sigue primando la idea de una educación
especializada, en el entendido de que sus contenidos serán útiles para aprobar
exámenes u obtener empleo, y se siga excluyendo la vida cotidiana de las propues-
tas curriculares.

El desempleo, la violencia urbana y el efecto de los medios de comunicación en el
crecimiento personal y en la vida familiar son reconocidos en múltiples encuestas
de opinión como temas relevantes y que demandan atención prioritaria en los paí-
ses latinoamericanos. Sin embargo, a la hora de construir currículos por lo general
son ignorados o minimizados. Por ejemplo, no tratar en clases el problema del
empleo torna en lugar común los esfuerzos de centros educativos, en el último año
de secundaria, para que sus próximos egresados descubran la singularidad de las
profesiones u oficios a los que deberán postular. Aun entonces, no se analiza el
problema del desempleo creciente ni sus expresiones en el trabajo informal.

El Perú tiene una amplia experiencia en materia curricular. Los esfuerzos por lograr
altos grados de perfeccionamiento en la construcción de los sucesivos currículos
no guardan relación con su pobre desarrollo y ejecución. Se ha puesto casi toda la
energía en producir currículos y muy poca en lograr que sean comprendidos por los
docentes, así como en la orientación sobre cómo implementarlos.

La falta de una evaluación rigurosa de los currículos formulados y «oficializados»,
así como la profusión de éstos, no ha provocado sino desconcierto entre maestros
y estudiantes. Hay escolares peruanos que han «sufrido» el cambio de por lo me-
nos tres currículos. Incluso los docentes mejor preparados no lo están para asumir
estos cambios, que suelen ser producto del afán protagónico de las autoridades y
de la inveterada discontinuidad de las políticas.

En algunas ocasiones agravó el problema la falta de equipos especializados que
reflexionasen sobre el tema. Varias de las nuevas teorías pedagógicas antes men-
cionadas influyeron en sendas renovaciones curriculares que trataron de respon-
der a la demanda de esas teorías antes que a las necesidades reales.

En el caso peruano, otro factor perturbador es no haber contado con una estrate-
gia adecuada para informar y formar a los docentes. Hubo situaciones en las que,
pese a contar con separatas oficiales asociadas a los nuevos currículos, éstas se
quedaron en los almacenes del Ministerio de Educación (MED) por falta de recur-
sos para su envío. Más graves han sido situaciones generadas en algunas Unida-
des de Gestión Educativa Local (UGEL) donde determinados funcionarios lucra-
ron con la venta de esta información a los docentes.


d. EXIGENCIAS DE LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE
El Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el
Siglo XXI es enfático al otorgar la mayor importancia a la función docente como
medio para alcanzar la calidad de la enseñanza.5

Juan Carlos Tedesco, en su condición de director de la Oficina Internacional de
Educación de la UNESCO (1992-1997), sostuvo que una política integral para los
docentes debe incluir por lo menos los siguientes componentes:6

• Medidas destinadas a atraer hacia la docencia a jóvenes talentosos, con la motiva-
ción y los rasgos de personalidad más adecuados para el ejercicio de esta profesión.

• Reformas en la formación inicial de los docentes destinadas a superar la fuerte
disociación entre esa formación inicial y los requerimientos de su desempeño, par-
ticularmente los demandados por alumnos en situaciones de pobreza y en contex-
tos culturales heterogéneos.

• Políticas destinadas a atender las exigencias del primer puesto de trabajo de los
docentes. Por lo general, la carrera docente se inicia desempeñando los puestos
más difíciles: los primeros grados de escuelas rurales o urbanomarginales. Es ne-
cesario evitar que los primeros grados sean puestos como entrada al mercado de
trabajo, convirtiéndolos así, además, en parte del proceso de formación inicial.

• Formación en servicio permanente tanto en el ámbito individual como a nivel del
equipo institucional. Lograr que las metodologías de capacitación en servicio equi-
libren las modalidades individuales y las institucionales, sin perder de vista que la
capacitación permanente es una necesidad para adaptarse a la rápida evolución
de los conocimientos.

5
«En una etapa temprana de la enseñanza básica es cuando se forman en lo esencial las
actitudes del alumno hacia el estudio y la imagen que tiene de sí mismo. En esta etapa el
personal docente desempeña un papel decisivo. Cuanto más graves son los obstáculos que
debe superar el alumno —pobreza, medio social difícil, incapacidades físicas—, más se le exige
al maestro. Para obtener buenos resultados, éste debe poder ejercer competencias pedagógi-
cas muy variadas y poseer cualidades humanas, no sólo de autoridad, sino también de empa-
tía, paciencia y humildad. Si el primer maestro que encuentra un niño o un adulto está insufi-
cientemente formado y poco motivado, son las bases mismas sobre las que se debe edificar el
aprendizaje futuro las que carecerán de solidez [...] Así pues, mejorar la calidad y la motivación
docente debe ser una prioridad en todos los países» (UNESCO 1996: 168-169).
6
Estas apreciaciones fueron planteadas concluido el proceso de organización y desarrollo de la 45.ª
Conferencia Internacional de la Educación desarrollada en Ginebra, el año 1996, por la Organiza-
ción Internacional de la Educación de la UNESCO (ver Tedesco 1998).


• Mejorar significativamente las condiciones de trabajo. Los salarios docentes están
muy lejos de la significación social que se otorga a su tarea. Sin embargo, es impor-
tante no considerarlos aisladamente de las perspectivas de carrera y de los cam-
bios en los estilos de gestión institucional. Sólo en el marco de una política de
profesionalización (más autonomía en las decisiones, más responsabilidad por los
resultados, formación continua, etcétera), el problema salarial puede tener solucio-
nes de largo plazo.

En síntesis, se está ante un problema de gran complejidad que demanda estrate-
gias sistémicas de acción y no políticas parciales. El carácter sistémico debe ser
entendido como la necesidad de definir una secuencia de acciones que ponga de
manifiesto cuándo y cómo serán enfrentadas las distintas dimensiones del proble-
ma. La heterogeneidad de las situaciones nacionales impide definir una secuencia
de validez general; por ello, «Las estrategias deben adecuarse a las condiciones
locales y será necesario introducir modalidades de gestión que permitan adminis-
trar procesos con secuencias diversificadas. Sobre un punto, sin embargo, existe
un consenso general: los docentes no pueden ser el eslabón final de la secuencia»
(Tedesco 1998: 256).

Es necesario advertir que los significativos avances que representan para el mun-
do de la educación conferencias internacionales como las de Jomtien o Dakar
devienen en letra muerta cuando muchos gobiernos —los del Perú incluidos— se
limitan a suscribir documentos mandatarios sin asumirlos verdaderamente. La falta
de difusión oficial de los acuerdos y las recomendaciones es un signo que confir-
ma lo señalado. La mayoría de veces, los documentos producidos en conferencias
internacionales o regionales, así como sus decisiones y mandatos, sólo son cono-
cidos por quienes asisten a los eventos.

Los esfuerzos del Ministerio de Educación del Perú por elaborar un informe sobre
Educación Para Todos exigido en Dakar a los países suscriptores no guardan rela-
ción con la importancia dada a la presentación oficial de este valioso trabajo de
concertación.7

7
Para presentar los avances en el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos de Dakar, los países
latinoamericanos tuvieron como principal escenario la reunión EPT/PRELAC II (Proyecto Regional de
Educación para América Latina y el Caribe) que organizara la UNESCO en marzo del 2007 en Buenos
Aires. El ministro de Educación del Perú no asistió, pues la fecha coincidió con la presentación al país de
un informe del Banco Mundial. El viceministro que había tenido activa participación en el impulso del
Informe EPT no fue seleccionado; en su reemplazo asistió un alto funcionario que no había tenido la
menor vinculación con el seguimiento oficial de Dakar.


e. RECUPERAR EN EL AULA LA RELACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN
Y EDUCACIÓN
Los métodos de enseñanza aplicados por el docente siguen siendo lo más signifi-
cativo en el logro de resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso,
la opción por métodos de atención personalizada o por la supervisión de proyectos
de grupo, reduciendo así el tiempo que pierde el docente dando instrucciones y
dictando clases en voz alta, a la vez que enfrenta la heterogeneidad de los salones
de clase, es decisiva para una mejor calidad educativa. Son cruciales también la
organización del aula para propiciar una mayor participación y mejores trabajos en
equipo, el buen uso de renovados libros de texto y el incremento de bibliotecas de
aula.

La disyuntiva actual no es elegir entre las nuevas tecnologías y los docentes, pues
tienen papeles insustituibles; sin embargo, se deben redefinir los papeles tradicio-
nales del maestro. En este contexto, es necesario abordar demandas como una
mejor formación profesional, talleres de intercambio periódico de ideas entre do-
centes, enseñanza del uso de computadoras y otros medios electrónicos, y esta-
blecimiento de módulos de aprendizaje en redes locales o regionales. Igualmente,
aprender a codificar y descodificar mensajes, así como conocer más de televisión y
computación, ayudará al docente a comprender que estos medios rompen la se-
cuencia lineal de la construcción curricular tradicional.

Los requerimientos de ampliación de oportunidades para el uso y el acceso a las
nuevas tecnologías, particularmente en escuelas públicas y en ambientes pobres y
sin recursos familiares para contar con esos equipos, están asociados con la ob-
tención de más espacios democráticos en las sociedades latinoamericanas.

En un ambiente colectivo que estimula a los niños a tener un bagaje cultural audio-
visual, informático y electrónico, la falta de oportunidades de uso y acceso a este
tipo de medios agrava las desigualdades sociales. Las diferencias visibles entre
centros educativos con buena infraestructura y otros —la mayoría— con locales
precarios, serán mucho mayores aún entre centros que incorporan la informática y
los que no accedan a ella.

De acuerdo con Teresa Quiroz (1999), la escuela debería ser el lugar donde los
educandos dan cuenta de todos los referentes que hoy día maneja un niño. La
importancia de recuperar en el aula la relación entre comunicación y educación
estriba en que el niño debe aprender a tener una opinión, a situarse frente a los
acontecimientos, a expresar sus puntos de vista, a tener sentido de la inter y la


LA ENSEÑANZA POR EL DOCENTES SIGUE SIENDO LO MÁS SIGNIFICATIVO EN LOS RESULTA-
DOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. LA DISYUNTIVA ACTUAL NO ES ELEGIR
ENTRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOS DOCENTES, PUES TIENEN PAPELES INSUSTITUIBLES;
SIN EMBARGO, SE DEBEN REDEFINIR LOS PAPELES TRADICIONALES DEL MAESTRO.

multiculturalidad. En un mundo crecientemente relacionado, el niño debe tener crite-
rio suficiente para entender a los otros, situarse frente a ellos, afirmar su identidad y
enriquecer su cultura con los aportes de los demás.

En este sentido, un problema aún no analizado son los efectos que están teniendo,
en la relación maestro-alumno y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la mayor
exposición de los niños a la televisión, en comparación con sus maestros, y sus
mejores habilidades para acceder y comprender un medio como la computación.
Hoy un niño puede saber más de un tema que sus propios maestros o que sus
padres; y si bien tal circunstancia no cuestiona ni desacredita la labor de éstos,
implica la necesidad de modificar el sentido tradicional del acto educativo.

Además, no hay otra alternativa para lograr la modernización y más espacios de
democratización en la enseñanza que apostar por revitalizar la enseñanza pública.
De igual modo, dotar al maestro de calificación profesional, conocimiento y puesta
al día en materia tecnológica.

Sin duda, lo más interactivo en la educación sigue siendo la relación entre maes-
tros y alumnos. En países como el Perú, complejos por su rica diversidad cultural,
es mayor aún la importancia de recuperar en el aula la relación entre comunicación
y educación. En este sentido, una tarea urgente es superar los estereotipos con los
que han sido formados la mayoría de nuestros docentes, privilegiando formas, es-
tilos y costumbre de urbes costeñas que han tratado de ser estandarizadas. La
pobreza de nuestra educación en los medios rurales tiene aquí una de sus razones
centrales. La enseñanza primera en lengua materna no tiene, en los hechos, la
fuerza demandada por un país con nuestras características étnicas y culturales.


f. DEMANDAS PEDAGÓGICAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS
La historia del siglo veinte es pródiga en ejemplos del entusiasmo con que la edu-
cación ha acogido como potenciales medios educativos el cine, la radio, la televi-
sión, el video y, más recientemente, la computadora. Pareciera que cada nuevo
medio significaba, para algunos innovadores, la respuesta final a problemas educa-
tivos acumulados. Sin embargo, al cabo de años de aplicación, cada medio resultó
efímero en cuanto a las potencialidades que se le atribuían, en gran medida porque
se trató de implantarlos como mecanismos educativos sin antes tomar en cuenta
los fines perseguidos con su empleo.

La teleeducación, una de las principales opciones de educación a distancia de
carácter «abierto», fue considerada durante décadas como «la» alternativa a la es-
colaridad formal. Su ostensible fracaso se debió a que se quiso considerar el uso
de la televisión como una extensión del sistema escolar. Por otro lado, su alto costo
económico obligaba a mantener una inversión permanente, que muchos niveles
descentralizados no estaban en condiciones de asumir. Además, el lenguaje televi-
sivo no es apto para la abstracción escolar; afecta la fantasía y el deseo antes que
la razón analítica demandada por el proceso de enseñanza-aprendizaje. En gene-
ral, los fuertes impactos emocionales de la narración dramática televisiva disminu-
yen o distraen el aprendizaje.8

Ante las nuevas tecnologías, es frecuente encontrar posiciones que van desde las
utópicas (la tecnología como panacea resolviendo los principales problemas del
aprendizaje) a las escépticas (la televisión y las computadoras son nocivas para los
niños y estimulan un aprender inocuo). Ambas posturas obedecen a una visión
tecnocéntrica del problema, que no considera elementos humanos, culturales y
contextuales, privilegiando así lo tecnológico y sustituyendo indebidamente un fin
por los medios. La cuestión fundamental no es qué se puede hacer con el compu-
tador o el televisor o qué hacen estos instrumentos a los niños. Es más útil pregun-
tarse qué pueden hacer los niños y sus padres con las computadoras o la televi-
sión; qué pueden construir con ellos; y cómo hacer competentes a niños, maestros
y padres, para que se muevan en el mundo de la computación y de la televisión.

8
Un trabajo de Valerio Fuenzalida para analizar los mitos y realidades sobre la teleeducación («Edu-
cación y lenguajes en el mundo contemporáneo») es citado en Trahtemberg 1999.


Importa admitir que toda nueva tecnología no reemplaza a la anterior. La computa-
dora no sustituye a la máquina de escribir ni al video, éste no reemplaza al televisor,
ni éste a la radio. Cada tecnología tiene su función, sus potencialidades y limitacio-
nes. Se trata de que los niños, desde pequeños, sepan de su existencia y sean
motivados para usarlos con mente alerta y atenta.

La «invasión» de la tecnología no debiera ser obstáculo para promover en el aula la
vinculación entre comunicación y educación. Por el contrario, se debe trabajar des-
de las posibilidades que presenta, conociéndolas previamente.

• EL «PROBLEMA» DE LA TELEVISIÓN

En el caso de la televisión, es considerada cada vez más como un medio de entre-
tención y «escapista». No se puede decir lo mismo de los efectos sobre la mente y
el modo de mirar el mundo de los niños, de una adicción infantil a la televisión, ni de
la difusión videográfica de cómics cargados de violencia.

Un informe de la UNESCO (1998) señala que «El 91 por ciento de los niños con
acceso al televisor en sus hogares, pasan un promedio de tres horas diarias delan-
te de la pantalla y le dedican más de un 50 por ciento que a cualquier otra activi-
dad». La encuesta que sirvió para elaborar dicho informe estableció que una hora
de programa contiene, en promedio, de cinco a diez escenas de violencia, presen-
tadas en su mayoría como agradables o benéficas.9

Los niños —y la mayoría de veces también los padres— no van más allá del proce-
samiento superficial del material televisivo. A pesar de su innegable influencia, la
televisión no está en la escuela ni sus efectos son tomados en cuenta en el apren-
dizaje de los niños.

Una tarea pendiente es precisamente agregar como un problema por resolver la
actitud de los padres o progenitores respecto al uso del medio televisivo y la adic-
ción que muchas veces inutiliza a los niños. Aproximarse al problema supone, ade-
más, admitir que la televisión tiene una enorme potencialidad para entretener e
informar, ampliar el mundo de la cultura y estimular muchos más sentidos de lo que
puede lograr un maestro en el aula. Las sesiones de audiovisión crítica entre maes-

9
Según el trabajo realizado con cinco mil niños de 12 años de 23 países, personajes de acción como
‘Terminator’ son conocidos por 88% de los niños y 51% de ellos desean imitarlos (noticia cablegráfica
publicada por rotativos del mundo el día 24 de febrero de 1998).


tros y padres de los distintos niveles educativos, estimuladas por los centros o pro-
gramas educativos, pueden constituir una salida a esta inercia colectiva.

Respecto a la relación docente-medio televisivo, son escasas las referencias a la
televisión y su uso pedagógico en la formación inicial del magisterio. Las iniciativas
docentes para considerar a la televisión como auxiliar educativo llegan a lo más a la
entretención de los alumnos para que luego realicen una composición sobre lo
visto. No se trabaja con ella como medio potencial para el desarrollo de procesos
cognitivos y de aprendizaje, propiciando la reflexión mediante las imágenes.

• LA INCURSIÓN DE LAS COMPUTADORAS

Con referencia a las computadoras, hay que partir de reconocer que tienen carac-
terísticas distintas a otros medios, algunas de ellas muy ligadas a sus potencialida-
des para el aprendizaje. Varios autores sostienen incluso que estaríamos en un
punto de la historia de la educación en el que son posibles cambios radicales; y que
la concreción de esos cambios tiene en las computadoras un medio indispensable
para lograrlos.

Sin coincidir con dichas posturas, una innegable ventaja de la computadora es su
capacidad de ser un medio interactivo, sobre todo desde que se volvieron «conver-
sacionales».10 Esta interactividad le da una mayor potencialidad para proveer nue-
vas formas de aprendizaje mediante actividades de construcción. La aplicación
—con padres, maestros y niños— de formas interactivas y constructivistas de aprender
con la tecnología, podría dar resultados sorprendentes.

A estas alturas será difícil ignorar a las computadoras como elementos de la vida
moderna que se están llegando a universalizar incluso en lugares insospechables
de comodidad o riqueza. De allí la importancia de aproximarse a su uso con fines
pedagógicos, considerando que el contexto está formado por el niño, su ambiente
y su cultura, y no la tecnología. A pesar de ello, el uso de la computadora con fines
pedagógicos se encuentra aún en un período experimental, y hasta la fecha ape-
nas ha afectado a un mecanismo básico de la educación: el contacto directo entre
el maestro y el alumno en el aula.

10
En su artículo «Aprender interactivamente», publicado en el suplemento «Artes y Letras» del diario El
Mercurio (Santiago de Chile, 10.5.1998), Jaime Sánchez define la interactividad como «la respuesta por
medio del lenguaje al lenguaje» y sostiene que «Un medio es interactivo cuando tiene la capacidad de
implicar activamente al aprendiz a la actividad que viene implícita en el diseño».


Actualmente, en los países desarrollados11 las computadoras desempeñan las si-
guientes funciones principales: a) son instrumentos útiles para la adquisición de
conocimientos informáticos básicos; b) sirven de apoyo y complemento de los pla-
nes de estudio; y c) constituyen medios de interacción entre profesores y alumnos,
de alumnos entre ellos mismos y de profesores entre sí. De estas tres funciones, la
segunda empieza a ocupar un espacio importante. Crece, asimismo, la convicción
de que las computadoras aportan ventajas importantes como la simulación, visua-
lización, demostración, reprogramación e interacción; y surge asimismo la certi-
dumbre de que se necesitan nuevos parámetros de evaluación y valoración que
reflejen los procesos de aprendizaje cognoscitivo (UNESCO 1998).

En los países latinoamericanos, uno de los escasos proyectos con resultados eva-
luativos es el «Enlaces», de Chile, que privilegia el uso de redes de computación en
las escuelas. Una evaluación preliminar sobre sus efectos indica que los beneficios
de contar con tecnologías informáticas y de comunicaciones se resumen en los
siguientes: a) las escuelas se pueden sentir «parte de una comunidad escolar»,
independientemente del lugar geográfico donde se encuentren; b) los profesores
incentivan su profesionalización al compartir experiencias, guías de trabajo y gru-
pos de reflexión mediante las redes de enlace; c) los directores y docentes pueden
modernizar su gestión administrativa, aplicando la computación para planillas de
notas, comunicados, apuntes, archivos de datos, pruebas, registros de alumnos,
contabilidad, etcétera; d) profesores y alumnos pueden aprovechar la creciente
oferta —en calidad y amplitud— de programas educativos (software) como material
didáctico, modificando la práctica pedagógica; y e) los alumnos presentan una alta
motivación al trabajar con computadoras, y los profesores pueden aprovechar este
estímulo de manera educativa y creativa (Heppk y Rehbein 1996).

En el caso peruano, el gobierno del presidente Alejandro Toledo hizo de la retórica
del Plan Huascarán un elemento simbólico del cambio educativo. Si bien su lema
primigenio fue «Internet para todos los colegios», terminó concebido como un pro-
yecto con más elementos pedagógicos en el uso de información y comunicación.
De acuerdo con declaraciones del entonces jefe del Plan Huascarán, Sandro Mar-
cone, al diario El Comercio (9.1.2002), en el ámbito pedagógico se contemplaban
tres componentes: capacitación de docentes, desarrollada de modo progresivo;12

11
En Estados Unidos, por ejemplo, para todos los niveles de educación se cuenta con un computador
por cada seis alumnos. No se cuenta con estadísticas precisas, pero se presume que en Europa la
relación sea superior (UNESCO 1998).
12
Además, «El primer año recibirán instrucción básica para iniciar el proceso con los alumnos. Lo que se
busca es que el docente perciba lo valioso que será incluir las nuevas tecnologías en su enseñanza, lo
que permitirá que el contenido de los cursos ya no sea tan estricto y que la educación responda a las
necesidades de cada colegio o región» (El Comercio 9.1.2002).


adaptación de las tecnologías de información al currículo actual, combinando meto-
dologías y materiales tradicionales con la computadora e Internet; y nuevas compe-
tencias por las que el alumno deberá llegar al conocimiento mediante su capacidad
de investigación y sistematización.

Hubiese sido útil que, en la construcción y aplicación de este proyecto potencial-
mente importante, las autoridades, los técnicos a cargo de su concepción y organi-
zación, así como los docentes y las comunidades involucrados, tomaran en cuenta
los elementos que la experiencia acumulada en la región latinoamericana aconse-
jaba. Así, respecto al uso de nuevas tecnologías como mecanismos de enseñanza,
importa hacer referencia a por lo menos tres aspectos problemáticos:

• Los software educativos a menudo no son hechos por educadores sino por técni-
cos de computación que conocen poco los procesos de aprendizaje.

• Los líderes de opinión ligados a la utilización de las computadoras como instrumen-
tos educativos son las propias empresas encargadas de su producción. A pesar de
que no hay comprobación de que con estos equipos se mejoren los aprendizajes, hoy
las compras masivas de computadoras para las escuelas son una característica de
modernización educativa en varios países. La rápida obsolescencia de equipos debi-
do a los avances tecnológicos de las transnacionales a cargo de su diseño y produc-
ción hace suponer que, en la mayoría de los casos, mejor sería invertir en la contrata-
ción de servicios que destinar recursos a la adquisición de equipos, con los inevita-
bles costos adicionales de instalación, capacitación de usuarios y mantenimiento de
la maquinaria adquirida. Una de estas posibles salidas podría ser contratar servicios
locales asociados a Internet.13

• El uso de computadoras como medio educativo será distinto si se trata de países ricos
o pobres. En los primeros, por lo general, las tecnologías educativas no sirven para
ahorrar recursos sino para elevar la calidad de los aprendizajes. En los países pobres, la
opción de usar computadoras en las aulas debe pasar por analizar factores de por sí
escasos: recursos financieros y maestros bien entrenados.14

13
En el Perú, un especialista en educación y gerente de un instituto especializado señala: «Si la
mensualidad del cable es de 35 dólares y la de Internet es más o menos equivalente, sumando
costos adicionales podríamos hablar de unos 250 dólares mensuales. En cambio, si cada libro de
texto cuesta unos tres dólares y cada alumno debe comprar por lo menos tres de ellos, estamos
hablando de 9 dólares por alumno en colegios que tienen un promedio de mil alumnos» (fuente:
diario El Comercio, Suplemento Especial «El futuro está aquí», Lima, 21.3.1999).
14
Se estima que por cada hora presencial de clase, el profesor invierte una hora en prepararla y el material
impreso para la misma sesión puede exigir unas 30 horas de trabajo. En cambio, una hora de instrucción
con un disco compacto interactivo necesita unas 300 horas de preparación. La dificultad de generalizar


DURANTE SU FORMACIÓN EL DOCENTE NO HA REFLEXIONADO SOBRE EL DESAFÍO QUE LE
SIGNIFICAN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. EN MUCHAS
CAPACITACIONES HA PRIMADO EL MIEDO A SER REEMPLAZADOS O DESPLAZADOS POR
UNA O VARIAS MÁQUINAS.

Un elemento conclusivo es el carácter efímero que ha tenido muchas veces la utiliza-
ción de estos medios con fines educativos. Su aplicación sin una reflexión pedagógi-
ca y metodológica previa, y sin establecer vínculos con otras experiencias valiosas
con capacidad de ser potenciadas con las nuevas tecnologías, ha conspirado contra
su eficacia y pertinencia. Con ello se repite el escenario de libros de texto multiplica-
dos y distribuidos sin una reflexión pedagógico-metodológica sobre su utilización y
sin una motivación en pro de la creatividad e iniciativa de los docentes.

g. SUPERAR LA DIFÍCIL RELACIÓN DOCENTES/NUEVAS
TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS
Introducir la tecnología en la educación demanda a los maestros nuevos e impor-
tantes roles, y que conozcan y dominen esa tecnología. La presencia del docente
es esencial para que incorpore elementos de humanidad, impidiendo así que el
medio distorsione los fines educacionales y logrando que todas las potencialida-
des del niño estén involucradas en los procesos de aprendizaje.

A pesar de ello, la función que se está dando a los docentes en varios de estos
programas es intrascendente. Se ha llegado incluso a caricaturizarla al asignarles
tareas limitadas a la transmisión de información o, cuando más, de «moderador» o
«entrenador». Conspira contra una mejor ubicación del docente, en esta introduc-
ción tecnológica, su inercia acostumbrada sólo al lenguaje escrito; lo virtual, como
dimensión nueva, desborda los elementos con los que está trabajando.

la computación en los países pobres se agrava si se calcula una vida útil de cinco años por computador
y unos 300 dólares de mantenimiento por año: se necesitarían 600 dólares por computador al año.
Uniendo a lo anterior una estimación de 60 dólares por estudiante al año —un computador por cada diez
estudiantes—, «[…] el uso de esta tecnología incrementaría en 20 por ciento el presupuesto del sector, lo
cual no es factible en términos políticos» (De Moura Castro en PNUD 1998: 247).


En la evaluación externa del Plan Social Educativo (PSE) argentino, desarrollado
durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, se señala que 89% de las escuelas
comprendidas por éste tenían equipamiento informático. Los testimonios de los
docentes y alumnos encuestados reflejan lo que significó para ellos la llegada de la
informática a la escuela. Los responsables del área refieren que las computadoras
son más accesibles al uso que la percepción que tienen al respecto los alumnos.
Uno de ellos afirmó: «Yo antes veía las computadoras y creía que nunca las iba a
poder tocar ni usar y ahora hasta la sé manejar».

El informe evaluativo del PSE sostiene preliminarmente que

[…] la mayoría de profesores están impulsando el uso de la herramienta
informática en los alumnos a través del pedido de producciones, a través de
la solicitud de información, pero aún prefieren permanecer distantes de las
máquinas en sus tareas cotidianas de enseñanza […] Esto podría vincularse
con cierto temor, por el desconocimiento, a sentir que los alumnos saben
más que ellos, y al tiempo que lleva el repensar y revisar las estrategias
didácticas a la luz de las nuevas tecnologías. (Ministerio de Educación de
Argentina 1999: 87-88)

De acuerdo con la misma fuente, los directivos de los centros educativos consulta-
dos señalaron que el principal motivo de la falta de uso de las computadoras era
que los docentes no sabían operarlas.

En el caso del Proyecto Huascarán, del Perú, varias tribulaciones centrales han
estado asociadas a no contar con una planificación y estrategia desde el inicio. No
dar suficiente importancia a los nexos de las localidades y de los docentes con las
nuevas tecnologías en cabinas públicas de Internet fue contraproducente e influyó
para mediatizar las acciones de capacitación.

Otro factor condicionante fue no considerar los aportes de comunidades ni los
costos del mantenimiento de equipos y de la conexión a Internet. Son múltiples y
variadas las experiencias de iniciativas comunales y docentes no vinculantes con la
política del Estado representada por el Proyecto Huascarán, como las desarrolla-
das en escuelas públicas del distrito limeño de Ate y otras, de carácter mayoritario
en escuelas particulares, que han significado importantes esfuerzos colectivos de
padres y maestros.

En esta área específica destacan algunas experiencias en Colombia, en las cuales
la alianza entre escuelas y comunidades tiene un rol protagónico. Las computado-


ras son adquiridas por los gobiernos departamentales y las comunidades se encar-
gan de su cuidado y mantenimiento (cobran una suma simbólica); se motiva a los
docentes para que escriban sus experiencias sobre el uso del medio y a los alum-
nos para que las utilicen en sus tareas.

No es suficiente ofrecer a los profesores cursos de procesadores de texto. Es
indispensable demostrarles cómo utilizar mejor estas herramientas para despertar
un mayor interés entre los alumnos y, en consecuencia, obtener mejores resulta-
dos. En un buen número de casos parece no haber mayor diferencia entre la piza-
rra y la computadora, porque los papeles del maestro y del alumno siguen siendo
los tradicionales: dictar y copiar. Falta afinar técnicas orientadas a estimular el pen-
samiento lógico y la selección de fuentes de información más adecuadas.

Por lo demás, durante su formación el docente no ha reflexionado sobre estas
demandas educativas ni sobre el desafío que le significan las tecnologías de infor-
mación y comunicación. El enfoque y énfasis de muchas capacitaciones ha sido el
miedo a ser reemplazados o desplazados por una o varias máquinas. Es necesario
abordar, en esa formación docente, los nuevos roles frente al desafío que repre-
sentan dichos medios para su cultura y capacidad profesional.


2. LA REALIDAD DEL DOCENTE PERUANO

No son muchos los estudios sobre la docencia en el Perú y son varios los enfoques
y las vertientes que los motivaron.

La desvaloración social del magisterio se vincula también con la escasa importan-
cia que se da en el país a las duras condiciones en que desarrollan su trabajo la
mayoría de nuestros maestros y maestras, y a los significativos aportes que la labor
docente representa para la construcción y el desarrollo del país.

Los resultados de las evaluaciones aplicadas a estudiantes y sus maestros revelan
los bajos niveles de aprendizaje y la insuficiente formación de unos y otros. La
tendencia de los medios de comunicación y de las voces oficiales ha sido una
injusta generalización: asociar esos resultados con el magisterio en su conjunto,
sin distingos, subrayando fundamentalmente lo negativo15 y cuestionando toda
opción de cambio para la docencia. Las graves responsabilidades del Estado y de
la clase política en la crisis educativa, así como las duras condiciones de vida que
influyen en la atención y en el aprendizaje de niños y niñas que acuden a escuelas
públicas, son generalmente amenguadas frente al factor docente, principal res-
ponsable de la situación para esos críticos.

Aproximarse a la realidad docente peruana será siempre un desafío.16 En este
capítulo la asociaremos a la percepción social del docente que impera en el país, a
la actual población de maestros y maestras, y a las remuneraciones que reciben
por sus servicios profesionales.

15
Es común encontrar afirmaciones falsas en los medios de comunicación respecto a los resultados de
evaluaciones comparadas en las que intervinieron estudiantes peruanos: si bien fueron pobres, no es
exacto decir que «Somos los últimos en América Latina», que «Sólo superamos a Haití» (en la evaluación
comparada de la UNESCO) o que «Perú ocupa último lugar en el mundo» cuando en la prueba PISA que
generó dicha frase u otras similares sólo participaron 42 países (entre éstos, seis latinoamericanos).
16
Este tema será desarrollado también en otras secciones de esta Parte II del libro.


a. PERCEPCIÓN SOCIAL DEL DOCENTE PERUANO
La educación es esencial para todo intento de lograr cambios en las personas y en
la sociedad. Para hacer factibles esos cambios es indispensable contar con bue-
nos profesores. En el Perú, más de siete millones de personas viven una situación
de enseñanza y aprendizaje en instituciones educativas, por lo cual reciben la in-
fluencia de un docente.

A pesar de su innegable importancia, en el país la docencia adolece de limitaciones
que recorren desde las motivaciones para el ingreso a los centros de formación
magisterial hasta la conclusión del ejercicio profesional. La literatura y la realidad
coinciden en señalar que los maestros inician su trabajo en condiciones desventa-
josas, como contratados o cubriendo licencias —muchas veces en lugares muy
alejados o de difícil acceso—, y que transcurren su vida laboral con escaso o ningún
apoyo oficial significativo.

La profesión docente tiene en el Perú una doble percepción social. Por un lado se
considera que el maestro lo es todo y se le atribuyen una infinidad de funciones
sociales. En contraste, hay otra percepción de la docencia como una profesión de
bajo prestigio social, que se expresa en sus aún escasos salarios, en la idea gene-
ralizada de que cualquier persona puede ejercer la docencia sin una formación
específica para ello, y en la falta de estímulos para actualizarse, mejorar su trabajo
e innovar.

Esta última percepción tiene implicancias desfavorables que afectan el propio fu-
turo de la profesión docente, pues desmotivan a los egresados de secundaria a
elegir la carrera docente o alientan a que quienes acceden a ella lo hagan como
segunda opción.17

En contraposición a esa percepción negativa, se reconoce la existencia de algunas
ventajas que tendría la profesión docente respecto a otras. Destacan la estabilidad
laboral, la seguridad de recibir un ingreso fijo al mes, en un medio caracterizado por
agudos índices de desempleo, y contar con un período vacacional extenso; ade-
más, los maestros tienen más vacaciones y un menor número de horas de trabajo
semanales que otros profesionales.

17
Esto es relativo cuando se trata de ciudades pequeñas donde no hay universidades o no se ofertan
carreras atractivas. Allí, los mejores postulantes egresados de secundaria suelen tener su mejor opción
en un instituto superior pedagógico.


Dichas imágenes sobre los docentes definen en alguna medida los cambios en sus
propios roles sociales. El sentido y la autoridad de la práctica docente tienen vincu-
lación con los contextos en que ésta se desenvuelve. La revalorización de la ima-
gen docente se dará en la realidad cotidiana, allí donde los maestros se desempe-
ñan. Cinco factores que conspiran contra esa revalorización son:

• El bajo desempeño de muchos docentes, expresado en varios concursos públicos
de selección para nombramiento en el sistema educativo público, incluidos los de
formadores y directores de institutos pedagógicos.18

• La proliferación y heterogeneidad de instituciones formativas, muchas de ellas re-
sultado de decisiones políticas para satisfacer demandas locales de creación (o
reapertura) de centros cuya acreditación deja mucho que desear.

• La selección de estudiantes para mantener la existencia de un buen número de
institutos superiores pedagógicos (ISP), con la complicidad de autoridades locales
y de padres de familia para no exigir más que el cupo y luego el cartón, obtenido de
cualquier manera.

• La mal llamada «profesionalización» de fines de la década de 1980, un regalo de
títulos compasivo o interesado —por proselitismo partidario— a los profesores de
tercera categoría según el escalafón del Ministerio de Educación.

• La escasa importancia que da la universidad a la formación de los docentes. Las
contadas excepciones no logran modificar la imagen de una carrera hecha sobre la
base de utilizar sólo «tiza y pizarra» (es decir, con mucho ahorro), lo que ayuda a
empobrecer la imagen de la profesión docente ante otras que demandan más re-
cursos y atención institucional.

La mayoría de estos factores sugieren preguntas como las siguientes: ¿quiénes
escogen ser docentes en el Perú?; ¿qué razones explican que la mayoría de las
anteriores escuelas normales, hoy ISP, sean acogidas y propiciadas en el interior
del país?; ¿ha sido la profesión docente el «mal menor» para los jóvenes empobre-
cidos de zonas rurales o urbanomarginales sin posibilidad de acceder a centros
universitarios más exigentes?; ¿por qué se posibilitó la creación indiscriminada de
instituciones de formación docente?

18
En el examen público de enero de 1999, para nombrar a 29 256 docentes y directores de los
diferentes niveles educativos del sistema se presentaron 107 979 postulantes. Sólo 16,2% aproba-
ron el examen; y de ellos, 60% con la nota mínima de 11 (en una escala de 1 a 20) y 27% con 12 y
fracción. Sólo cerca de 1% obtuvieron 14 o más (INIDEN 1999).


A pesar de dichos factores, es importante reconocer, a la vez, que muchos docen-
tes peruanos dan reiteradas muestras de interés por capacitarse. Son múltiples los
casos de maestros con escasos recursos que hacen lo posible por acudir a cuanta
oportunidad de formación se les posibilite, o de postular a bachilleratos y licencia-
turas por lo general autofinanciados. Eventos organizados por la Derrama Magiste-
rial, por el Foro Educativo u otras entidades no gubernamentales —como el Instituto
de Pedagogía Popular, Tarea o Educa—, así como por diversas universidades, han
albergado a esos docentes. Se han formado, además, numerosos círculos de estu-
dio de maestros y redes de institutos superiores pedagógicos que se reúnen en
congresos periódicos.

b. LA POBLACIÓN DOCENTE
El Ministerio de Educación cuenta con una Unidad de Estadística que da informa-
ción sobre el número de docentes en el país; sin embargo, no siempre coincide con
otras fuentes como el Colegio de Profesores y revistas como Perú en Números. A
pesar de las nuevas tecnologías en uso, las bases estadísticas no superan determi-
nadas distorsiones; una de ellas es la producida por el constante cambio o desta-
que de maestros de un distrito a capitales de provincia o región. Las estadísticas
no suelen precisar si el destacado cubre otra plaza existente o se le crea nueva
plaza. Al parecer, la frondosa normatividad puesta en manos de funcionarios sin
preparación y rutinarios no ofrece la posibilidad de velar por la calidad de los repor-
tes.

En el país siempre han existido dificultades para encontrar igualdad entre el núme-
ro de docentes en centros y programas educativos y el número de plazas-docente
pagadas por el Estado; o, de lo contrario, no se ha presentado y difundido la distri-
bución de docentes por gestión y origen del gasto.

Según la Estadística Básica del año 2003 producida por la Unidad de Estadística
del Ministerio de Educación, el Estado paga a 320 413 docentes del servicio de
Sistema Educativo Formal: 301 473 que laboran en centros educativos, 2 634 en
programas no escolarizados, 13 934 auxiliares de educación19 y 2 372 en las se-
des de los órganos intermedios.20 Conviene precisar que la estadística básica re-

19
Los auxiliares de educación forman parte del grupo de docentes sin título pedagógico, en la
categoría E, con jornada laboral de treinta horas semanales.
20
En este grupo no están incluidas las plazas-docente del organismos central, las de la gestión
estatal-municipal y las de otros sectores públicos.


gistra a los docentes con los que opera el sistema; esto quiere decir que en el total
de docentes (320 413) no están incluidos los eventuales que cubren licencias, ni
los llamados «docentes fantasmas» (gente que figura en planillas y no asiste a
trabajar), que existen en una cantidad muy reducida.

Según se muestra en el cuadro 3, el Estado subvenciona con más de 15 000
plazas a centros y programas educativos de gestión parroquial, a centros fiscaliza-
dos y a instituciones benéficas y de bien social.

Cuadro 3
Perú: docentes pagados por el Estado, según gestión
del centro o programa educativo (2003)

Cargo e institución educativa Número de docentes
Parcial Total %

Total de docentes pagados por Estado 320 413 100,0

Total docentes directivos y de aula en CE 301 473 94,1
En centros educativos de gestión estatal-MED 286 498 89,4
En centros educativos de gestión parroquial 13 513 4,2
En centros educativos fiscalizados 636 0,2
En centros educativos benéficos y de bien social 826 0,3

Total docentes en Programas No Escolarizados de
gestión estatal MED 2 566 0,8
Total docentes en Programas No Escolarizados de
gestión parroquial 68 0,0

Total auxiliares de educación 1/ 13 934 4,3
En centros educativos de gestión estatal MED 13 250 4,1
En centros educativos de gestión parroquial 505 0,2
En centros educativos fiscalizados 31 0,0
En centros educativos benéficos y de bien social 148 0,0

Total docentes en sedes de órganos intermedios 2/ 2 372 0,7
En sedes de regiones de educación 312
En sedes de UGEL 2 060

1/ Los auxiliares de educación están comprendidos en la categoría de docentes sin título pedagógico:
Categoría E-30
2/ Estimado con Organización y Métodos (OM)
Fuente: EsBas 03. Unidad de Estadística. Ministerio de Educación.
Elaboración: Pedro Orihuela


De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, en diciembre del 2006, trabaja-
ban 284 569 docentes con título pedagógico y 38 101 sin el correspondiente
título (de 99 no se tenía información).

• AUMENTO DE LAS PLAZAS DOCENTES

Uno de los principales resultados de la confusa e incoherente diversidad de órga-
nos intermedios que existe en el Perú es la disparidad entre el número de docentes
pagados por el Estado y el de las «plazas docentes». En el primer caso, se trata de
las personas con nombre propio pagadas por el Estado para laborar como docen-
tes en la educación pública. En el segundo, de las «vacantes» o cupos realmente
presupuestados por el Ministerio de Educación.

El aumento de las plazas no es sinónimo de la demanda de docentes para la educa-
ción pública, conformada por el número de nuevos maestros requeridos (plazas do-
centes) y un número adicional de maestros para reemplazar a quienes, por diversas
razones (viajes, ceses, fallecimientos, etcétera), se retiran o dejan la docencia. De
acuerdo con fuentes del Ministerio de Educación, la tasa de retiro de los maestros
equivale a 1,2% al año, lo que significaría una demanda anual de 3 760 docentes.

Para establecer el promedio de los nuevos docentes requeridos en formación ma-
gisterial, habría que sumar a los que se necesitan por crecimiento vegetativo (nue-
vas plazas) aquéllos que se precisan para sustituir a los que se retiran del ejercicio
docente. Así, el total anual de crecimiento de plazas sería de 6 874 docentes.

Ahora bien: mientras el número de matrículas se estabiliza o disminuye, según las
proyecciones demográficas el número de docentes aumenta considerablemente.
Esta situación demanda múltiples acciones de racionalización, y una de las princi-
pales —dadas las circunstancias imperantes, caracterizadas por una sobreoferta
de maestros y por el mantenimiento de instituciones formadoras sin la acreditación
debida— es tomar previsiones para que ingresen a la carrera pública magisterial
(CPM) los mejores docentes.

c. LAS REMUNERACIONES
Un estudio del Banco Mundial de fines de la década pasada formuló las siguientes
preguntas referidas a la condición salarial docente, aún en vigor:


• ¿Cómo se comparan los salarios de los docentes con los de otros profesionales con
un número similar de años de educación superior?

• ¿Las estructuras salariales constituyen incentivos para que los profesores acepten
nombramientos en condiciones difíciles (como en áreas rurales), para que sigan
desarrollando sus habilidades profesionales y para mejorar el aprendizaje de los
alumnos?

• ¿Cuáles son las implicancias de costos que permitan reestructurar la escala de
salarios?

La desvalorización de la profesión docente tiene que ver con las bajas remuneracio-
nes y con un sistema caótico de incentivos y bonificaciones que, contra toda norma
racional, constituyen el mayor porcentaje de los pagos mensuales a los maestros.
Esto no asegura una remuneración básica suficiente para que el docente cubra sus
necesidades y responda a sus responsabilidades familiares.

Considerando la información proporcionada por la Oficina de Administración-Uni-
dad de Personal del Ministerio de Educación21 y las remuneraciones que incluyen
los aumentos generales otorgados durante el gobierno de Alejandro Toledo (50
soles en el año 2001 y 100 soles después de la huelga magisterial del 2003), se
obtienen los siguientes promedios salariales: para los profesores titulados, de 913
soles en el Nivel I a 1 005 soles en el Nivel V; para los no titulados, de 799 soles en
el segmento E a 836 soles en el segmento A.

Analizando la información del Ministerio de Educación, se puede señalar que:

• Por sus valores y por su estructura, el sistema remunerativo vigente para los do-
centes peruanos no representa un mayor estímulo.

• El docente mejor remunerado apenas llega a cubrir 50% de la canasta familiar
básica calculada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en
1 800 soles.

• La estructura vigente no contempla mayores diferencias entre los montos remune-
rativos de un nivel magisterial a otro.

21
Datos de esta entidad correspondientes al año 2000 revelaban que los promedios de remuneración
mensual entre los profesores titulados iban de los 765 soles (Nivel I) a los 840 soles (Nivel V), mientras
que los no titulados recibían de 648 soles (segmento E) a 687 soles (segmento A).


• El grupo de docentes mejor remunerado (V Nivel Magisterial) se diferencia del gru-
po con menores ingresos (Estrato E) en 22,7%.

• La diferencia entre un nivel magisterial y otro no llega, en el mejor de los casos, a
4%.

• No se vislumbra un conjunto estructurado de retribuciones monetarias y no mone-
tarias que se incluyan o adicionen al sistema remunerativo de los docentes.

• Formalmente, la Ley del Profesorado vigente contempla múltiples bonificaciones,
algunas de las cuales se podrían asumir como incentivos; sin embargo, respecto a
los incentivos legalmente reconocidos se dan dos situaciones negativas: no llegan
a constituir un cuerpo orgánico y en la práctica no se cumplen a cabalidad.

• La cultura de la «bonificación especial» se impuso en las últimas décadas; y al no
incrementarse el sueldo básico, éste tiene un importante acumulado de valor per-
dido.

Lo descrito evidencia la poca atención del gobierno al ejercicio profesional de la
docencia, y la falta de una política de Estado que garantice los recursos necesarios
para revertir esta situación de una manera sostenida. Resulta evidente que no será
posible mejorar la calidad educativa empobreciendo a los maestros.


3. ASPECTOS CRÍTICOS QUE AFECTAN LA
POLÍTICA MAGISTERIAL EN EL PERÚ

Una política no es nunca una decisión inédita; forma parte de una
historia de decisiones de la que se conocen los logros y fracasos de sus
operaciones e intentos [...] no es algo que acontece de una vez por
todas. Es algo que se rehace sin cesar, es un proceso de
aproximaciones sucesivas hacia algunos objetivos deseados que van
cambiando a la luz de nuevas consideraciones.
Charles Lindblom, La hechura de las políticas, Grupo Editorial Porrúa, México, 1992.

La consigna «Educación como política de Estado», que surgió en el Perú y América
Latina hace más de dos décadas, alude sobre todo a la necesidad de que el Estado
se responsabilice de la educación y de que haya continuidad en las políticas, más
allá de los cambios gubernamentales. La importancia de la vinculación de la edu-
cación con el Estado sigue siendo válida en un país tan fragmentado y desigual
como el Perú. Sin embargo, la continuidad puede constituir un gran interrogante,
pues apostar por ella supone que en el país haya satisfacción con lo que actual-
mente se tiene.

Algunos rasgos propios de la experiencia peruana combinaron innovaciones inte-
resantes e incluso contradictorias con el «modelo» de desarrollo educativo. En cuanto
a la docencia, empero, lo transformado fue insuficiente y, por el contrario, se con-
servó mucho de una legislación inadecuada.

El énfasis en «las políticas» a lo largo de todos estos años ha sido acompañado por
una escasa, débil y hasta nula atención a la implementación de las mismas, así
como a lo que sucede con la educación, con el sistema escolar y con los docentes
—como personas y profesionales—. Es fundamental reabordar las políticas, aso-
ciándolas a los pasos que hay que dar o que se están dando para su pronta y buena
ejecución. Importa por ello establecer bisagras entre el mundo de los gobiernos y el
de las agencias especializadas, por un lado, con el mundo de los actores y sujetos
de la educación, en este caso los docentes.


Ahora bien: el factor docente demanda un enfoque necesariamente sistémico y
sistemático. Esto es válido no sólo cuando se trata de abordar una nueva carrera
pública magisterial; nada, por ejemplo, debiera escapar de la visión integradora y
orgánica de lo que se entiende por «formación docente» y por «descentralización
de la docencia».

La ausencia de investigaciones y la no consideración de la realidad y sus deman-
das acentúa la precariedad del sustento de determinadas políticas. Así, en un país
múltiple y diverso como el nuestro no existe una política de formación docente
estructurada, con un sustento teórico de lo que debe significar formar docentes
funcionales a nuestra diversidad. Se ha optado por «modas» y «tendencias» que, al
no estar lo suficientemente estudiadas, se convierten en malas copias. Los cuer-
pos de asesoría ministerial no juegan el papel clave de convencer a las autoridades
de que toda decisión necesita pasar por un análisis riguroso de cada problema y
que su solución tiene costos reales que, sumados a los préstamos internacionales
aplicados en formación docente, llegan a cifras considerables (¿alguien ha evalua-
do la inversión y los resultados obtenidos con los préstamos?).

Incluso las mejores intenciones de optimizar la calidad docente —como la aplica-
ción de evaluaciones para concursos de puestos y de tipo censal o el aumento
indiscriminado de los salarios— pueden naufragar si no se toman en cuenta suge-
rencias sobre una nueva normatividad y no se revisan las frondosas y a menudo
inútiles normas vigentes.

Habría que comenzar por ubicar y explicitar los puntos críticos que impiden a los
docentes ser sujetos o beneficiarios de las políticas de Estado, y analizar por qué
éstas no constituyen salidas alternativas a la situación de emergencia del magiste-
rio. Cabe avanzar en la revisión y consolidación de los Cuadros de Asignación de
Personal, ajustar el excesivo número de ISP y los vínculos de éstos con las univer-
sidades, evaluar los proyectos y programas que funcionan con fondos nacionales o
préstamos internacionales, promover un cambio sostenido de la relación con los
medios de comunicación social en beneficio de una mejor docencia, impulsar el
trabajo de informar y de vincularse con los padres de familia, y procurar la reorga-
nización y descentralización de órganos clave como la Dirección Nacional de For-
mación y Capacitación Docente (DINFOCAD).

Las principales políticas educativas referidas al magisterio se tendrán que orientar
a superar los aspectos críticos que afectan el sentido mismo y la calidad de los
servicios de la profesión docente. Son cuatro los aspectos críticos aquí selecciona-
dos: la insensibilidad del Estado, la falta de una carrera pública magisterial, la falta


de visión política en la planificación educativa, y una formación inicial y continua de
docentes sin reglas de juego claras.

a. INSENSIBILIDAD HISTÓRICA DEL ESTADO
El mayor desencuentro entre las políticas de Estado y las de educación se expresa
en que el crecimiento explosivo de la matrícula escolar se ha dado, paradójicamen-
te, con un mínimo gasto público destinado a este sector. El creciente empobreci-
miento de la educación y de la acción docente se vincula con esta situación endé-
mica. Son escasas las evidencias de que el Estado y la sociedad peruana hayan
dado importancia al maestro como profesional y servidor público. No han sido re-
sueltas —y en algunos casos, ni siquiera planteadas— preguntas básicas como
¿quién es el maestro?, ¿de dónde procede?, ¿cómo vive?, ¿cuáles son sus relacio-
nes sociales?, ¿cómo motivarlo más y fortalecer su autoestima? y ¿cómo elevar su
desarrollo humano atendiendo su educación y su salud?

La vinculación Estado-magisterio ha estado históricamente referida a conflictos
por mejores salarios. Es más: algunas prolongadas huelgas fueron el corolario de
ese tipo de conflictos.

La actual Ley del Profesorado se aprobó en 1985 y su reglamentación recién en
1990, cuando expiraban respectivamente el gobierno de Fernando Belaúnde y el
de Alan García. Por su parte, al no aplicar estos dispositivos legales, el régimen de
Alberto Fujimori reforzó entre los maestros la desconfianza frente al Estado.

En las comisiones de evaluación del profesorado, responsables de los ingresos,
ascensos, reasignaciones y estímulos, durante la última década se marginó la par-
ticipación de los representantes del gremio magisterial —establecida por ley—, con
el argumento de que éste carece de personería jurídica. Las comisiones en funcio-
namiento son instancias integradas sólo por funcionarios, que rara vez dan cuenta
de sus actos; es prácticamente imposible que un docente ejerza un reclamo o una
apelación, incluso cuando las leyes lo reconocen como su derecho.

En el caso de los ascensos de nivel (III, IV y V), las evaluaciones de desempeño no
tienen vigencia. En la práctica, no se permiten ascensos a los profesores nombra-
dos más allá del segundo nivel. Desde 1990 (gobierno de Fujimori) se congeló
todo cambio de nivel, vulnerando así el mandato de la Ley del Profesorado vigente.
A pesar de que la asignación de nuevas funciones a los directivos de los centros
educativos conllevó la promesa de remunerarlos adecuadamente, de acuerdo con


las responsabilidades asumidas, la bonificación asignada por desempeño efectivo
del cargo de director o subdirector, además de insuficiente, no tiene carácter pen-
sionable.22

Por otro lado, no se han instalado las comisiones que deben otorgar los estímulos
a los docentes. Ni en las dependencias administrativas del Ministerio de Educación
ni en los centros educativos se cumple en toda su extensión esta responsabilidad,
vigente desde 1996 según la Resolución Ministerial 016-96-ED.

Tampoco se ha cumplido cabalmente la decisión de incentivar a los profesores que
laboran de manera efectiva en zonas rurales y de frontera, declaradas de necesi-
dad y utilidad pública para la promoción de la educación estatal (Decreto Ley 25951).
Según mandato expreso, la bonificación de 45 soles establecida en enero de 1993
se debió modificar anualmente.

La carencia de estímulos va más allá del campo remunerativo: el profesorado no
recibe un conjunto de beneficios que por ley le corresponden, lo que ha terminado
por afectar aún más su calidad de vida.

Para algunos investigadores peruanos,

[…] el talón de pago mensual que reciben los profesores evidencia el trato
remunerativo que el Estado dispensa a los maestros del Perú. En el pago
mensual se objetivan varios hechos inocultables sobre la situación docente:
su creciente pauperización y relegamiento remunerativo, el recorte de bene-
ficios consignados expresamente en la Ley del Profesorado, el congelamiento
de los principales conceptos remunerativos y la carencia de incentivos para
el desarrollo profesional. (Palacios y Paiba 1997: 57)

• LA PRECARIEDAD DE LOS ORGANISMOS INTERMEDIOS

La principal relación del Estado con los docentes se da a través de órganos inter-
medios (USE y ADE, hoy UGEL) caracterizados por su inoperancia y por ser el
escenario de maltrato a los docentes y de graves expresiones de corrupción admi-
nistrativa. La precariedad de los órganos intermedios tiene algunas principales ex-
presiones problemáticas:

22
En el mejor de los casos, la diferencia remunerativa entre un director y un profesor es de 40, 65 o 75
soles, según el tamaño del centro educativo.


• Personal directivo y de supervisión que no ha llegado allí por méritos profesionales
sino por militancia partidaria o cercanía a las autoridades educativas de turno. Se
dan muchos casos de docentes con procesos administrativos y penales que son
«refugiados» en los órganos intermedios. Para muchos docentes, las UGEL son un
ámbito donde se acoge a «residuos sólidos» de la burocracia corrupta que ha sido
expulsada de las escuelas.

• Dificultades para lograr una administración y gestión de personal ágil y operativa.
Los órganos intermedios presentan un cuadro de limitada capacidad para gestio-
nar el sector y apoyar a instituciones educativas. En algunos casos, buenos espe-
cialistas, que trabajan bien en sus primeros años, «se congelan» académicamente
al estar lejos de la presión de los estudiantes para actualizarse.

• Mal manejo de presupuesto, lo que repercute en la asignación inadecuada de pla-
zas docentes y en la mala definición de contratos con docentes, sobre todo en las
áreas rurales. Esto deviene en dificultades para obtener estadísticas anuales sobre
docentes y alumnos.

• Pérdida de imagen y prestigio ante los docentes y la comunidad educativa. Las
decisiones se toman sin mayor contacto con los docentes y con los actores de la
comunidad. Los burócratas de estas unidades intermedias no asumen el liderazgo
en materia pedagógica ni presupuestal.

En las regiones, exdirectivos consultados señalan que la normatividad sobre la do-
cencia es abultada y da «para todos los gustos». Es muy difícil, casi imposible, que
un director o un profesor común y corriente maneje esta normatividad. En los pro-
pios órganos intermedios se aplica la norma tal cual se interpreta, llegando veces a
su distorsión.

Un problema común a muchas de estas unidades intermedias es el desconoci-
miento de la cifra total de maestros y de centros educativos de su jurisdicción, así
como de su ubicación real, y la falta de seguimiento de los cambios de personal por
reasignaciones y enfermedad. Algunos exdirectivos consultados tienen todavía el
temor de que «se estuvo pagando de más».

En síntesis, los organismos intermedios conforman una estructura del Estado indi-
ferente a los problemas reales de la educación. Están diseñados con poca repre-
sentatividad, sin identidad —todo es «así lo dispone la superioridad»— y sin autono-
mía. Se han ensayado muchos diseños y cambios de denominación, pero ninguno
ha servido para responder a las necesidades sino para abordar viejos vicios que se
han reproducido.


NO HAN SIDO RESUELTAS PREGUNTAS BÁSICAS COMO ¿QUIÉN ES EL MAESTRO?, ¿DE
DÓNDE PROCEDE?, ¿CÓMO VIVE?, ¿CUÁLES SON SUS RELACIONES SOCIALES?, ¿CÓMO
MOTIVARLO MÁS Y FORTALECER SU AUTOESTIMA? Y ¿CÓMO ELEVAR SU DESARROLLO
HUMANO ATENDIENDO SU EDUCACIÓN Y SU SALUD?

Continúa siendo una señal de alarma la falta de una política de desarrollo de las
capacidades locales o regionales, para que los gobiernos regionales puedan asu-
mir las tareas de formación continua de los docentes. Se sigue enviando especia-
listas desde Lima a desarrollar tareas de capacitación para programas como el de
la «anterior» emergencia educativa o proyectos ya mencionados como el Proyecto
de Educación en Áreas Rurales, con una considerable inversión de recursos. La
presencia de docentes jóvenes en las regiones y los actuales procesos de regiona-
lización son la esperanza de que esas capacidades sean obtenidas sin depender
de decisiones centrales.

Finalmente, cabe preguntarse si podrán renovarse organismos que deben servir de
manera eficiente a las escuelas y los maestros cuando están dirigidos por personal
sin preparación, ignorantes de su responsabilidad en el apoyo a la educación na-
cional.

b. FALTA DE UNA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL
La normatividad magisterial y la realidad sectorial no se corresponden con una
carrera pública magisterial que debe propiciar la profesionalización docente y la
excelencia educativa. Al escaso sueldo docente se suman situaciones como las
siguientes: ingreso a la carrera sin demandas de calificación; vigencia de una esta-
bilidad absoluta en el cargo; falta de evaluaciones de los procesos educativos y del
desempeño profesional que permitan diferenciar a los buenos maestros y estimu-
lar el mejor desempeño; e indiferenciación significativa de las remuneraciones en-
tre nivel y nivel, ni siquiera entre los maestros titulados y los que no tienen título.
Esto se agrava con la falta de una cultura de la responsabilidad por resultados y
con la escasa percepción de los padres de familia sobre sus deberes y derechos
respecto a una educación mejor calificada para sus hijos.


La Ley del Profesorado responde a un modelo de carrera tradicional o funcionaria,
basado en años de experiencia y nivel de educación formal, en el que se progresa
a un ritmo previsible, de manera mecánica, se haga bien el trabajo o no. Esta carre-
ra, que norma la vida profesional docente, está estructurada en «niveles». La Ley
15215, promulgada durante el gobierno militar iniciado a fines de la década de
1970, fijaba ocho niveles; las últimas versiones los han reducido a cinco. A los
«niveles» se deben unir como componentes de la carrera las «áreas de desempe-
ño» (docencia y gestión), la «jornada laboral» (de 24, 30 y 40 horas, según el nivel
o la especialidad educativa) y la «especialidad» (inicial, primaria, secundaria; Histo-
ria, Geografía, Matemáticas, etcétera).

Características comunes de la
carrera docente en América Latina

• Carrera profesional diseñada en niveles (de cuatro a siete) en los cuales se avan-
za en forma automática según el paso del tiempo o alguna combinación de fac-
tores explícitamente determinados (antigüedad, capacitación, méritos, etcétera).

• Estabilidad en los cargos titulares.

• Salida a funciones directivas o administrativas como única posibilidad de progre-
so.

• Sistemas de puntajes centrados en la antigüedad y la capacitación.

• Evaluación del desempeño: cuando existe, constituye una formalidad. No hay
sistemas estructurados de evaluación del desempeño docente.

• Estructura salarial centrada en un sueldo básico más adicionales. Los aumentos
se otorgan al pasar de un nivel a otro. La antigüedad es el factor preponderante
en el avance entre niveles.

• Salida de la enseñanza como única posibilidad de aumento salarial.

• No hay vínculo entre el desempeño y el salario individualmente considerado.

Fuente: Alejandro Morduchowicz, Carreras, incentivos y estructuras salariales docentes, Programa
de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina (PREAL), Buenos Aires, mayo del 2002.


«La estabilidad laboral en el cargo, plaza y lugar» es considerada por muchos maes-
tros y por su principal organismo gremial, el Sindicato Unitario de Trabajadores de
la Educación del Perú (SUTEP), como una importante conquista de la lucha gremial
del siglo pasado. Desde el punto de vista sindical, dicha estabilidad sería una ga-
rantía contra las reiteradas muestras de arbitrariedad de diversas administraciones
gubernamentales en las que ha primado una visión patrimonialista del Estado. Por
su parte, los críticos de la estabilidad manifiestan que la forma como se plantea y
ejecuta, considerándosela casi «absoluta» e «intocable», la ha convertido en un las-
tre para obtener servicios educativos de calidad y para la profesionalización magis-
terial.

La jornada laboral medida por semana alcanza escasas 24 horas, una de las más
bajas de América Latina.23 En el caso de los docentes del nivel primario, el patrón
es el aula y el grupo o sección de niños o niñas a su cargo; en los secundarios, el
sistema laboral está asociado a «la hora» y a la «especialidad». En este último caso,
la elaboración del cuadro de horas se convierte en una perenne lucha de intereses
personales si la escuela no cuenta con un director capaz de conducir y participar
en su distribución. Éste es uno de los principales conflictos cuando se trata de
reformar el desempeño docente sin tocar la institución escolar.24

El régimen salarial magisterial se rige por el Decreto Ley 276-84 (Ley del Profeso-
rado) y sus modificatorias, además de las leyes anuales de presupuesto. Alfredo
Rodríguez afirma que «El monto de los sueldos magisteriales es un conjunto casi
ilimitado de rubros y subrubros, fijados sin ninguna justificación técnica y con el
único propósito de no desbordar los límites de la caja fiscal» y que el deterioro de
las condiciones salariales de los maestros «se debe también al cierre de la carrera
magisterial y a la distorsión de los mecanismos de promoción de nivel en la carre-
ra» (Rodríguez 2003: 32).

Las opiniones recogidas en las regiones coinciden en criticar no sólo los bajos
salarios sino también las dificultades de los buenos maestros para ser reconocidos
como tales con el régimen salarial vigente.25

23
En Chile, la jornada laboral semanal tiene 44 horas; en Bolivia, de 36 a 50 horas semanales; y en
Ecuador, 30 horas.
24
«El trabajo por horas convierte al docente secundario en un visitante semanal de las aulas; y cuando es
un profesor de cursos de una o dos horas semanales se pasa toda su jornada visitando salones y
tratando de conocer a los grupos de chicos de quienes no llega a recordar siquiera sus nombres» (Rodrí-
guez 2003).
25
En Piura, los docentes entrevistados critican el actual escalafón docente, sobre todo por no permitir ni
alentar que el docente ascienda considerando una evaluación justa y la experiencia acumulada. El


Más adelante se abordarán los procesos seguidos en los últimos años respecto a
una nueva ley de carrera pública magisterial.

c. CARENCIA DE VISIÓN POLÍTICA EN LA PLANIFICACIÓN:
DESBALANCE ENTRE DEMANDA Y OFERTA DE DOCENTES
La falta de estudios actualizados y de planificación ha llevado al país a tener cerca
de 400 institutos de formación docente y más de 120 000 docentes excedentes.
El año 2001 había 290 000 docentes pagados por el Estado. El decrecimiento de
la población de 0 a 17 años permite calcular 50 000 alumnos más por año. Entre
1995 y el 2010 el alumnado de Educación Inicial, Primaria y Secundaria solamen-
te crecerá un promedio anual de 49 167 alumnos en los sectores público y priva-
do, por lo que se necesitarían aproximadamente 3 100 nuevos docentes al año
para atender este crecimiento (Chiroque 2000). A esto hay que sumarle lo corres-
pondiente a cubrir las cerca de 3 700 plazas de docentes que se retiran. Para el
año 2002 se estimaba una sobreoferta de 83 558 docentes con título pedagógico.
Por otro lado, datos de 1997 indican que en los ISP había 110 337 estudiantes,
aproximadamente 73% de los alumnos de carreras pedagógicas del país. La esta-
dística de 1999 mostró un total de 40 450 estudiantes en las facultades de edu-
cación de las universidades.26 En síntesis, entre ISP y facultades de educación se
estarían formando cerca de 30 000 profesores por año (por promoción), lo que
supera en una proporción de 10 a 1 la demanda estimada.

El Instituto Apoyo (2000) identificó un problema de exceso de oferta de docentes
entre los años 1998 y 2005, mayor aún para la especialidad de secundaria. Según
el Ministerio de Educación, el ratio deseable de alumnos por profesor es de 35,
aunque puede ser de 20 a 25 en zonas rurales; sin embargo, para el año 2000
este ratio era de 20 a nivel nacional, estimándose que para el 2005 será de 13, si
se consideran todos los docentes que egresarán de los centros de formación ma-
gisterial.27 Dado que el sistema no podrá absorberlos, muchos quedarán desem-
pleados.

actual congelamiento de niveles y la escasa diferencia remunerativa entre nivel y nivel también son
motivo de crítica. Se señala, además, que la remuneración docente no considera la calidad del
desempeño profesional, y que los haberes de los profesores debieran ser equivalentes a los sueldos
de los magistrados del Poder Judicial.
26
Los datos sobre ISP provienen del Censo Nacional de Educación Técnica y Pedagógica de 1997.
27
Cabe señalar que, de acuerdo con las estadísticas disponibles, actualmente 80% de los egresados
ejercen la docencia.


Los departamentos del país con una mayor sobreoferta de docentes de primaria son
Arequipa, Ayacucho, Ica, Lima y Moquegua. En el caso de secundaria, el mayor
exceso de oferta se daría en Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Ica y Puno,
con un ratio de 5 y 6 alumnos por docente.

A pesar del excedente de docentes, en varias UGEL se sigue enviando a supervi-
sar escuelas a personal no profesional, sin preparación pedagógica alguna.28 La
situación se agrava cuando cada año las regiones tienen que programar en su
presupuesto recursos para contratar a docentes por nueve meses; a mediados de
año el país se va enterando de que hay decenas de miles de niños sin maestros o
maestras a su cargo, debido a fallas en el reclutamiento docente o en la asignación
de fondos.

• ALGUNAS RAZONES DE LA SOBREOFERTA DOCENTE

La alarmante sobreoferta de docentes con título pedagógico generada desde ini-
cios de la década de 1990 obedece a cuatro factores:

• Desaceleración de la población demandante de servicios educativos, al decrecer
relativamente la población demográfica de 0 a 17 años, por múltiples motivos.

• Crecimiento irracional de los centros de formación magisterial.

• Canalización de la pauperización poblacional y crecimiento de exigencias en estu-
dios superiores, en los estudios de formación magisterial.

• La juventud del magisterio actual —43% de los docentes se concentran en el gru-
po etario de 24 a 35 años de edad—, asociada a la legislación de cesantía por límite
de edad, que determina una tasa anual de retiro muy baja: 1,2%. La tasa de retiros
ha disminuido significativamente en los últimos años y seguirá haciéndolo en los
próximos, contribuyendo así a la reducción de la demanda de nuevos docentes.

28
En algunos casos esta situación se ve precipitada por la negativa de los docentes titulados de ir a
trabajar en lugares apartados.


• LOS INCENTIVOS PARA OPTAR POR LA CARRERA DOCENTE

Se señalan tres incentivos causantes de la masiva afluencia hacia la carrera do-
cente, a pesar de los bajos salarios profesionales (Abugattás 2004):

• Las facilidades para el ingreso otorgadas por las universidades y los ISP, por lo
general mayores que para otras especialidades. Esto no sólo ayuda a masificar la
carrera sino que es un elemento importante de la propia minusvalía de la profesión
magisterial.

• La Ley del Profesorado, que garantiza una estabilidad laboral absoluta a los nom-
brados, coincidiendo esto con una reducción de la oferta de puestos de trabajo y
con avances en los procesos de flexibilización laboral.

• A pesar de que lo pedagógico es parte esencial de la formación profesional, se
observa una excesiva «pedagogización» de la carrera, sin correspondencia con
demandas de realidades culturales y diversas. En muchos ISP y facultades de edu-
cación se disminuye la exigencia de cursos de formación profesional más amplia.29

Por las razones señaladas, se puede afirmar que estos incentivos no son suficien-
tes para alentar una profesionalización docente. Importa sobremanera una renova-
da oferta de carrera docente y reforzar, acreditándolo, el modelo de institución que
forma y alberga docentes.

En muchos ISP se trata al futuro docente como un escolar más, impidiéndole ejer-
cer su criticidad por el recorte de sus derechos de participación. La formación que
se oferta en esos institutos de formación docente no es asumida como manda la
ley, desde una perspectiva de educación superior y de adultos.

• ¿SOBRAN DOCENTES O FALTAN BUENOS DOCENTES?

A pesar de las cifras antes mencionadas, los magros resultados de las evaluacio-
nes comparadas en las que intervinieron estudiantes del Perú indicarían que es
riesgoso poner énfasis sólo en la sobreoferta docente, sin antes hacer esfuerzos
por ubicar a los mejores profesores tanto dentro como fuera del actual escalafón

29
Juan Abugattás (2004) señala que «El efecto de esto ha sido desastroso y es, sin duda, uno de los
elementos claves para explicar el bajísimo nivel de aprendizaje y la mala calidad de la enseñanza».


magisterial. Es perentoria la creación de un sistema que promueva una evaluación
nacional sostenida del trabajo docente y que estimule realmente a los mejores pro-
fesionales de la educación.

Debiera partirse de la premisa de que faltan docentes, si se consideran realidades
como que solamente la mitad de nuestros jóvenes estudiantes acceden a la secun-
daria y muchos menos la concluyen; asimismo, que existen sostenidos déficits —
sobre todo en las áreas rurales— de una educación inicial que debe llegar realmente
a todo niño en edad de recibirla.

Sin embargo, el aumento del número de docentes viene siendo muy superior al de
niños y jóvenes atendidos. Dicho crecimiento no significa, entonces, más atención
en áreas rurales deprimidas y dispersas sino que se concentra fundamentalmente en
áreas urbanas, donde decrece el número de niños y jóvenes atendidos por cada
profesor.

Lo perverso de esta expansión de contratos de nuevos maestros y de la pugna por
más plazas docentes en regiones o UGEL es que ambas iniciativas muchas veces
se convierten en el principal mecanismo para obtener clientela y conseguir respaldo
político. La atención educativa a los niños sin escuela no es la principal motivación.

La nueva carrera pública magisterial tendría que abordar y dar respuestas adecua-
das a este tipo de situaciones. Será fundamental la incorporación de criterios bási-
cos generalizables a todos los docentes (nombrados y contratados) que quieran
ocupar una plaza disponible, en los que prevalezcan requisitos para saber enseñar.
Sigue sin respuesta satisfactoria la pregunta «¿Cuáles son los criterios que definen
a un buen docente?». Si analizamos los perfiles de postulantes y egresados, se pue-
de afirmar que los buenos docentes con que cuenta el país saben de metodologías
y técnicas, aunque su aporte teórico es superficial por falta de investigación y actua-
lizaciones.

Estudios que nos proporcionen referentes sobre el desempeño docente en el aula
ayudarán a diseñar una nueva política de formación de formadores y al rediseño del
concepto de práctica docente.


d. FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DE DOCENTES: SIN REGLAS
CLARAS
¿Qué demanda la profesión docente? ¿Qué implica ser un profesional docente?
La razón fundamental para definir perfiles y competencias es la necesidad de
fortalecer la docencia como profesión para que ésta sea eficaz en un país signa-
do por la pobreza creciente y por la urgencia de asumir los desafíos de la globa-
lización. Se demanda un perfil básico e integral del docente que considere tanto
su dimensión personal como la pedagógica, la institucional y la social ciudadana.
Para que esto sea posible son indispensables una sólida formación inicial docen-
te y acciones de capacitación continua, en el marco de una estrategia integral de
desarrollo magisterial.

La política de formación docente no se resume sólo en unir la formación inicial a la
continua y en servicio, sino en el modelo y la concepción que se adopten. En el
Perú son varios los modelos adoptados, sin que al hacerlo se revalúen o asuman
experiencias exitosas. Ha primado elegir lo que podría resultar financiado; por tal
motivo, quienes pusieron la agenda en materia de formación docente han sido los
consultores de agencias de financiamiento internacional, optándose finalmente por
modelos reducidos a lo técnico-pedagógico.

El actual sistema de formación docente dista del requerido por el país y por una
nueva docencia, pues presenta serias distorsiones y deficiencias como las si-
guientes:

• El número de instituciones y programas formadores de docentes supera en alta
proporción la cantidad que el país necesita.

• En la gran mayoría de los casos, la calidad de la formación dista de alcanzar los
niveles básicos deseables. A metodologías que privilegian el trabajo con grupos de
estudiantes homogéneos se suma la falta de bibliotecas, laboratorios y nuevas
tecnologías. En muchos ISP públicos éste es un problema menor; por el contrario,
es una gran dificultad en muchas facultades de educación e ISP privados creados
al amparo del Decreto Ley 882.

• Faltan estímulos para atraer a estudiantes talentosos. En general, el alumnado
inscrito tiene calificaciones menores y, en comparación con todas las carreras, pa-
dres con el nivel educativo más bajo. La excepción, como se señaló, está en ciuda-


des medianas o pequeñas, donde la mejor opción para los estudiantes aventajados
siguen siendo los ISP cercanos.30

• Depende excesivamente de un Ministerio de Educación sin reflejos ni orientación
clara. Además, los esfuerzos por incorporar entes distintos a los burocráticos, como
el que se realizara en el PLANCAD, no han merecido evaluaciones ni sistematizacio-
nes.

• La formación continua no tiene norte; se limita a impartir los cursos tradicionales
que aprovechan la época de vacaciones del magisterio. Una muestra de ello es la
convocatoria a universidades públicas para que capaciten a los docentes que par-
ticiparon en la evaluación censal docente a inicios del 2007.

Los problemas de la formación docente en los institutos superiores pedagógicos
son, de acuerdo con un estudio especializado (Escobar 2002), básicamente los
siguientes:31

• Currículo con problemas de orientación, pertinencia y racionalidad; de contenidos
fragmentados y escasa atención a las necesidades de integración y de aprendizaje
activo y reflexivo.

• Metodología inadecuada, con formas de enseñanza predominantemente lectivas,
basadas en la comunicación oral, y con poco requerimiento de trabajo práctico,
lectura e investigación. Además, la metodología limita el compromiso activo de los
estudiantes en la construcción de sus conocimientos disciplinarios y pedagógicos.

• Insuficiente equipamiento de las bibliotecas y los laboratorios, para apoyar el traba-
jo académico de modo que se adecue a las exigencias modernas en la formación
docente.

• Práctica profesional con pocas oportunidades de crecer en la tarea de enseñar
mediante procesos apropiados que favorezcan el análisis reflexivo, tanto del alum-
no-profesor como de los docentes a cargo de la enseñanza de la didáctica.

30
Aun en Lima, directores de ISP reconocidos por su buena organización señalan que hay estudiantes
de poblaciones marginales que eligen la carrera docente porque el modelo de adulto conocido que
mejor valoran es el de sus maestros.
31
Shona García, en nota personal enviada con motivo de la preparación del presente texto, señala la
necesidad de establecer las diferencias entre los currículos de 1985 y el de 1996. En este último se
plantearon canales para corregir los problemas planteados en los puntos a) y b), y se introdujo la práctica
temprana y permanente, paralela a la investigación, precisamente para abordar el punto d) señalado.


• LA IRRACIONALIDAD EN LA CREACIÓN DE ISP Y FACULTADES DE EDUCACIÓN

El aumento irracional de los centros de formación magisterial tiene mucho que ver
con el exceso de la oferta docente. A inicios del nuevo siglo, el país contaba con
470 instituciones de formación magisterial (416 ISP y 54 facultades de educa-
ción); desde 1991 al 2000 el número de ISP se multiplicó por cuatro, siendo la
mayoría de estas entidades de tipo privado.

El clientelismo político es el principal causante de esta sobrecarga; otro factor es el
ánimo mercantilista de promotores privados que descubrieron una veta por explo-
tar ofertando todo tipo de oportunidades institucionales para la formación docente
sin que exista control de la calidad. Desde 1996 se estimuló más aún esta multipli-
cación de centros privados, por la Ley de Promoción de la Inversión en la Educa-
ción (DL 882). Este decreto legislativo representa una época en la que primó un
afán por privatizar la educación; mantenerlo redactado tal como entonces es con-
tradictorio con las nuevas opciones de política educativa.

Legisla
egislativo
Decreto Legislativo 822
LEY DE PRO M O C IÓN DE LA INV E R S IÓN EN LA EDU CAC IÓN
LEY DE PRO DE LA INV EN LA EDUCAC

Artículo 2: Toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa priva-
da, para realizar actividades en la educación. Este derecho comprende los de fundar,
promover, conducir y gestionar instituciones educativas particulares, con o sin finali-
dad lucrativa.

Artículo 4: Las instituciones educativas particulares, deberán organizarse jurídica-
mente bajo cualquiera de las formas previstas en el derecho común y en el régimen
societario, incluyendo las de asociación civil, fundación, cooperativa, empresa indivi-
dual de responsabilidad limitada y empresa unipersonal.

Artículo 6: El personal docente y los trabajadores administrativos de las institucio-
nes educativas particulares, bajo relación de dependencia, se rigen exclusivamente
por las normas del régimen laboral de la actividad privada.

Artículo 23: Las instituciones educativas particulares o públicas estarán inafectas al
pago de derechos arancelarios correspondientes a la captación de bienes que efec-
túen para sus fines propios.
Diario Oficial El Peruano, 9 de noviembre de 1996.


A INICIOS DEL NUEVO SIGLO, EL PAÍS CONTABA CON 470 INSTITUCIONES DE FORMACIÓN
MAGISTERIAL (416 ISP Y 54 FACULTADES DE EDUCACIÓN); DESDE 1991 AL 2000 EL NÚME-
RO DE ISP SE MULTIPLICÓ POR CUATRO, SIENDO LA MAYORÍA DE ESTAS ENTIDADES DE
TIPO PRIVADO.

En el caso de las facultades de educación, la «autonomía universitaria» ha significa-
do campo libre para ofertar tanto formación inicial como segundas especializacio-
nes y posgrados, en muchos casos de dudosa calidad

La oferta de formación docente en el Perú es predominantemente estatal. Aunque
los ISP públicos representan sólo 43% del total, albergan a 61% de los alumnos;
en el caso de las universidades, se cumple la misma tendencia en cuanto al núme-
ro de facultades y la población estudiantil. Sin embargo, este mayor índice de pres-
tación del servicio no se expresa en los recursos: según Apoyo, la inversión por
estudiante en los ISP públicos asciende a 474 soles por semestre, mientras que los
ISP privados gastan en promedio 1 357 soles por alumno (Rivero 2003).

Se estima que hacia el 2000 «[…] el total de docentes dedicados a la formación
magisterial en el Perú ascendía a nueve mil [en ISP públicos y privados]» (Escobar
2002). Los ISP públicos cuentan con 3 200 formadores, con sueldos por lo gene-
ral bajos y poco estimulantes a pesar de las exigencias académicas a las que son
sometidos.32 Un aspecto crucial que diferencia a los ISP y las universidades es la
autonomía respecto al Ministerio de Educación: las universidades tienen una auto-
nomía garantizada por ley y, por lo mismo, están facultadas para elaborar sus pro-
pios contenidos curriculares y propuestas de formación; los ISP públicos, en cam-
bio, dependen del Ministerio de Educación, encargado además de proporcionarles
un currículo único (MED 2003). Cabe recordar que los ISP proceden de las anti-
guas escuelas normales, mientras que en algunas universidades la formación do-
cente es una inclusión relativamente reciente.

No existen indicadores científicos y comprobables acerca del mayor o menor ren-
dimiento de los egresados de ISP o de universidades. El grupo de trabajo del Foro

32
Por lo general se exige a cada formador 18 a 20 horas de clase con alumnos, además de observa-
ción de prácticas y asesoría de tesis, sin contar con el tiempo dedicado a tutorías y labores adminis-
trativas. Su acceso a Internet es limitado, pues el tiempo disponible en las computadoras de las
instituciones se agota en abrir los correos electrónicos (García 2003).


Nacional Educación para Todos intenta una aproximación al referirse a los resulta-
dos del concurso para plazas docentes, cuya prueba evaluó tres áreas: cultura
general, cultura pedagógica y aptitud docente, con ítems que sumaban un máximo
de 40 puntos. Los resultados de las pruebas, aplicadas a 95 219 docentes, deja-
ron mucho que desear: en términos generales alcanzaron un promedio de 11,84
puntos, es decir, 30% del máximo esperado. Los egresados de universidades al-
canzaron 18,6 puntos como promedio, mientras que los de ISP promediaron me-
nos de 15,4 puntos. Si bien dichas pruebas no implican una evaluación del desem-
peño docente, dan una información básica sobre la generalmente baja calificación
de los concursantes (MED 2003).

En cuanto al ejercicio de la docencia por profesionales de otras ramas, algunas
universidades dictan cursos de complementación pedagógica.33 Una contradicción
básica reside en el perfil del egresado que se exige a los futuros docentes que
estudian en los institutos y las reales posibilidades de desarrollar ese perfil. Los
niveles de exigencia son altos y entran en contradicción con las escasas facilida-
des que se dan a los egresados para superar esos niveles con el reconocimiento
oficial y social.

33
Shona García señala que los evaluados corresponden casi en su totalidad a los que utilizaron el
currículo de formación docente de 1985. Las universidades no atienden zonas alejadas y la diferen-
cia con los egresados de los ISP se podrían explicar por las dificultades de la educación de estas
zonas.


4. LA ACTUAL POLÍTICA MAGISTERIAL EN EL PERÚ

a. PRINCIPALES LINEAMIENTOS NORMATIVOS
La carrera pública magisterial ha sido objeto de referencia por diversas normas
legales. En la actual Constitución se señala que «El profesorado en la enseñanza
oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como
director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones.
El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y
promoción permanentes».34

• LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 28044

La Ley 28044 o Ley General de Educación representa un avance respecto a las
anteriores en cuanto a artículos directamente vinculados al ejercicio docente.35
Destacan en ella los siguientes elementos:

• Ubica como factores que favorecen el mejoramiento de la calidad de la educación
a la formación inicial y permanente de docentes y a una Carrera Pública que incen-
tive el desempeño profesional y buen desempeño laboral (Art. 13).

• Crea un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa encargado de promover una cultura de calidad entre docentes e institu-
ciones educativas, de aplicar sistemas y mecanismos de evaluación, y la certifica-
ción y acreditación de competencias (Art. 14 y 16).

34
Constitución del Perú 1993 (Art. 15).
35
En el Anexo 1, se explicitan los artículos de la Ley General de Educación directamente vinculados al
ejercicio docente.


• Reconoce la importancia de la comunidad educativa (Art. 52) y, en ella, de las fun-
ciones y del origen por concurso público del director como líder del Consejo Educa-
tivo Institucional (Art. 55).

• Da al profesor la condición de «agente fundamental del proceso educativo», con
derechos y deberes referidos en buena medida al logro de aprendizajes de sus
estudiantes (Art. 56).

• Precisa que, en las instituciones del Estado, el profesor se desarrolla profesional-
mente en el marco de una carrera pública docente y está comprendido en el res-
pectivo escalafón; asimismo, que el ingreso a la carrera se realiza mediante con-
curso público (Art. 57). Especifica que el título pedagógico será requisito básico
para el ejercicio de la docencia (Art. 58). Indica que las áreas de desempeño laboral
del profesor son la docencia, la administración y la investigación (Art. 59). Señala el
régimen laboral del profesor que trabaja en entidades privadas (Art. 61) y establece
alcances para el personal administrativo (Art. 62).

• El Estado garantiza el funcionamiento de un Sistema de Formación y Capacitación
Permanente que vincule la formación inicial del docente, su capacitación y actuali-
zación en el servicio (Art. 60).

• Crea como instancias de participación, concertación y vigilancia los Consejos Partici-
pativos Locales de Educación (Art. 75) y los Consejos Participativos Regionales de
Educación (Art. 78). Las autoridades locales y regionales, así como los representantes
de los docentes, son considerados como integrantes de los mismos, sin exigencias,
para que entre ellos se elija a quienes conduzcan estos Consejos.

Han transcurridos pocos años desde la promulgación de esta ley. Sin embargo, es
posible afirmar que conceptos alentados en el espíritu y letra de la Ley General de
Educación 28044 como «democracia», «educación de calidad», «participación» y
«equidad» forman parte del discurso, pero no tienen correlato con las medidas que
se diseñan ni con los énfasis que se aplican en el sector.

• EL ACUERDO NACIONAL

El ámbito de la educación constituye la Décimo Segunda Política de Estado del
Acuerdo Nacional —un compromiso de los actores políticos, gremiales e institucio-
nales en torno a objetivos de largo plazo suscrito el 2001—, rotulada «Acceso uni-
versal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la
cultura y del deporte». Esta política señala que los suscriptores del Acuerdo


Nos comprometemos a garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación
integral, pública, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y
mujeres, afiance los valores democráticos y prepare ciudadanos y ciudadanas para
su incorporación activa a la vida social. Reconoceremos la autonomía en la gestión
de cada escuela, en el marco de un modelo educativo nacional y descentralizado,
inclusivo y de salidas múltiples. La educación peruana pondrá énfasis en valores
éticos, sociales y culturales, en el desarrollo de una conciencia ecológica y en la
incorporación de las personas con discapacidad.

Dos incisos de esta política se refieren a la docencia. En ellos se señala que el
Estado «Promoverá el fortalecimiento y la revaloración de la carrera magisterial,
mediante un pacto social que devenga en compromisos recíprocos que garanticen
una óptima formación profesional, promuevan la capacitación activa al magisterio y
aseguren la adecuada dotación de recursos para ello» (inciso c) y «Creará los me-
canismos de certificación y calificación que aumenten las exigencias para la insti-
tucionalización de la educación pública o privada y que garanticen el derecho de
los estudiantes» (inciso g).

Sin embargo, los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional siguen siendo
poco conocidos por los funcionarios del Ministerio de Educación. No han sido lo
suficientemente difundidos y no sería extraño que no constituyan un referente al
momento de trazar lineamientos o establecer directivas.

• PRINCIPALES DISPOSITIVOS NORMATIVOS

En marzo de 1996 se aprobó la Resolución Ministerial 016-96-ED, que norma la
gestión y el desarrollo de actividades en los centros y programas educativos. A
partir de entonces, la figura del director del centro educativo adquiere mayor im-
portancia como primera autoridad responsable de la preparación del personal do-
cente y no docente, del Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) del centro edu-
cativo y del plan de trabajo anual. El plan deberá ser aprobado por los representan-
tes del Ministerio de Educación al inicio de cada año escolar y su estructura debe
incluir la programación, las actividades de desarrollo del plan de estudios, el calen-
dario cívico, el sistema de evaluación, la calendarización de las actividades, el con-
trol estadístico, el inventario de bienes, y el programa de mantenimiento y mejora
de la infraestructura y equipos. El director será evaluado cada dos años, y la norma
menciona el otorgamiento de premios o estímulos, así como sanciones en caso de
incumplimiento.


Una clara limitación de dicha Resolución es que en la práctica no señala, ni en su
contenido inicial ni en las normas complementarias, cómo conseguir la autonomía
brindada a los centros educativos y el liderazgo del director. El Manual del Director
distribuido en 1997 y la posterior elaboración de manuales de apoyo sobre presu-
puesto, administración de personal, administración de recursos directamente re-
caudados y abastecimiento, fueron un intento de precisar los alcances de dicha
Resolución Ministerial.

En 1999 se organizaron eventos de gestión para dar a conocer a las Direcciones
Regionales, a la Dirección de Educación de Lima y Callao y a las unidades de
gestión educativa las actividades que el Ministerio había planificado para mejorar la
gestión de los centros educativos y contar con el compromiso de las autoridades.36
Cabe señalar que muchas de estas normas y reglamentos son disposiciones que
se tendrían que observar. En su estructura básica sobresale un espíritu punitivo
que genera dependencia —si no temor— entre los funcionarios de los niveles des-
centralizados del sector educativo. La inamovilidad es uno de sus resultados.

• EL MAGISTERIO Y LA EMERGENCIA EDUCATIVA: LA VISIÓN DEL GOBIERNO

El 18 de julio del 2003, veinte días después de haber asumido su gestión, la enton-
ces presidenta del Consejo de Ministros, Beatriz Merino Lucero, se presentó ante
el Congreso a presentar las políticas de gobierno, agrupadas en tres rubros: políti-
ca económica, política social y políticas sectoriales.

Al abordar el tema de la educación, que junto con la salud consideró «uno de los
dos principales servicios sociales básicos que debe brindar el Estado por su impor-
tante cobertura y efectos en el tiempo», se refirió en primer lugar al bajo rendimien-
to escolar y a «la crisis fiscal y las remuneraciones insuficientes», para luego decla-
rar a la educación «en estado de emergencia».

Poco después, en su mensaje del 28 de julio del 2003, el presidente Toledo hizo
referencia a un «punto de quiebre» y dictó quince medidas para guiar el nuevo
rumbo del país. La segunda medida que expuso fue el «Programa Nacional de
Emergencia Educativa», comprometiéndose a que antes del 1 de diciembre se
tendría un plan de acción para atender dicha emergencia.

36
En el Anexo 2 se presenta el listado de normas y reglamentos vinculados con la docencia en el país.
Este trabajo fue realizado por el Equipo Técnico del Consejo Nacional de Educación como aporte al
debate sobre Carrera Pública Magisterial.


Como se ha señalado en la primera parte de este libro, el «Programa Nacional de
Emergencia Educativa 2004» —aprobado el 13 de diciembre por DS 029-2003
ED— constituyó un serio revés público del gobierno y de su Ministerio de Educa-
ción. Mereció críticas del Consejo Nacional de Educación, de otros actores y de los
medios de comunicación por la falta de acciones concretas con alumnos y maes-
tros, así como por no focalizar poblaciones prioritarias, ni señalar instrumentos,
plazos, presupuestos asignados ni indicadores de evaluación que asegurasen que
todos los alumnos que ingresen al colegio en marzo 2004 lo terminarán en diciem-
bre dominando la lectura, escritura y los cálculos aritméticos.37

La prepublicación del documento «[…] para recoger opiniones y recomendaciones
de la comunidad educativa nacional», en un encarte distribuido con el diario El
Comercio, (25.1.2003), en el que se ampliaba el texto y la fundamentación de
dicho programa, si bien constituyó un esfuerzo mayor del Ministerio de Educación
para precisar programas y recursos, confirmó un enfoque que identificó la declara-
ción de emergencia del sector con un plan general de la gestión ministerial. Los
plazos que supone la propuesta ministerial no se condicen con las medidas inme-
diatas que demandaba la situación de emergencia reconocida oficialmente.

En cuanto al Programa Formación y Revalorización Magisterial, la misma publica-
ción señala como lineamientos de política que «Se promoverá el inicio del desplie-
gue de la carrera magisterial, mediante un Pacto Social que devenga en compro-
misos recíprocos, así como una óptima formación inicial y en servicio del docente y
la adecuada dotación de recursos para ello».38

La «declaración de emergencia» fue bien recibida, pero mal efectivizada en cuanto
sus lineamientos de política. Esto se expresó en la no consideración de los docen-
tes como actores, de modo que se valorasen sus posibles aportes y experiencias.
Mientras que el Ministerio de Educación hacía las pautas y establecía alianzas en la
capital del país, las UGEL y otras instituciones del interior se sentían utilizadas.

Su progresiva minimización terminó convirtiendo a la situación de emergencia en
algo que se perdió en el lenguaje cotidiano del Ministerio de Educación.

37
¿Se podía lograr lo allí señalado en un año? ¿Con respecto a qué vocabulario y complejidad de texto
de lectura? Esa comprensión de cualquier lectura, ¿era para todas las edades? Al parecer, no se
tomaron en cuenta los procesos básicos de aprendizaje.
38
Asimismo, «A solicitud de los integrantes del Foro del Acuerdo Nacional, el Consejo Nacional de
Educación liderará los trabajos sobre dicho Pacto Social, que servirá de base, entre otros aspectos,
para establecer mejoras anuales de remuneraciones del magisterio hasta el 2006».


b. LA LEY DEL PROFESORADO

La Ley 24029 comprende a los profesores activos, cesantes y jubilados; a los
docentes en ejercicio y a administradores; a otros profesionales y docentes sin
título profesionales que ejercen la docencia; a docentes del sector público y priva-
do, en cuanto les sean compatibles las normas considerando su régimen laboral.
El sindicato docente y los políticos que participaron en la aprobación del estatuto
vigente suelen señalar que no se requiere una nueva ley de carrera pública magis-
terial y que bastaría con hacer algunos cambios en la 24029.39

Hay dos evidencias de que ello no es posible ni conveniente: su origen hace dos
décadas, como producto de mutuas concesiones entre el poder político y las direc-
tivas magisteriales, determinó una concepción adaptada a requerimientos de un
tiempo pasado que no calza con los actuales; y, lo que es peor, es prácticamente
inaplicable.

En la vigente nueva Ley General de Educación se opta en la práctica por una nueva
carrera pública magisterial. No hay referencias en ella ni en su reglamento a su
relativo menor alcance respecto a la Ley del Profesorado.

Además de lo señalado, hay varios otros argumentos válidos para sustituir la Ley
del Profesorado:

• El ingreso a la docencia pública se da sin las suficientes demandas de calificación.
Su reglamentación se limita a señalar que para el nombramiento se tendrá en
cuenta, además de la especialidad, la antigüedad en la obtención del título profe-
sional; la residencia y procedencia del postulante y la antigüedad en la presenta-
ción de la solicitud. La competencia profesional del candidato es relegada a una
menor prioridad: sólo se tomará una prueba de aptitud en caso de que dos o más
postulantes concursen en igualdad de condiciones para acceder a una misma pla-
za. En suma, no hay filtros de exigencia para el ingreso a la carrera docente.

39
Uno de los principales argumentos está fundado en una estabilidad casi irrestricta en el puesto
obtenido. Según el Art. 33 del Reglamento de la Ley del Profesorado, «Los profesores al servicio del
Estado tienen derecho a la estabilidad laboral en la plaza, nivel, cargo, lugar, centro de trabajo. Estos
derechos de estabilidad se pierden por sentencia judicial ejecutoriada por delito común o por sanción
de separación a través de proceso administrativo; excepcionalmente por racionalización de personal,
resultado de los procesos de reestructuración supresión o adecuación total o parcial del centro de
trabajo; finalmente, por situaciones que alteren el clima de trabajo en el centro educativo».


• Señala que el desempeño laboral es un aspecto básico a tener en cuenta en la
evaluación de los profesores (junto con los antecedentes profesionales y méritos),
otorgándole un peso de 30%; rige, por lo tanto, para el ingreso en la carrera pública
y para los ascensos, así como para el otorgamiento de estímulos. Sin embargo, en
el caso del ingreso, los actuales concursos públicos de nombramiento, convocados
por ley, no toman en cuenta el desempeño laboral pues consideran como único
criterio válido la aprobación de una prueba objetiva.

• No distingue entre el buen y el mal desempeño profesional. Los títulos y años de
servicio son determinantes en los ascensos en la carrera; con ello, queda en evi-
dencia la primacía de la antigüedad sobre el mérito. Como al Ministerio de Educa-
ción no se le señalan plazos para la convocatoria a concursos públicos de ascenso,
éstos no se habían realizado desde hace por lo menos dos décadas. Ésta es una de
las principales razones por la que profesores con más de veinte años de servicio se
encuentran en el II Nivel magisterial y, por ende, sin el menor incentivo respecto a
una promoción a la que merece aspirar como profesional.40
• La diferencia remunerativa entre niveles es mínima, lo que desalienta a los mejores
maestros y diluye el interés por asumir cargos directivos. La Ley del Profesorado
menciona los puestos, pero no los describe. El hecho de que no los señale como
unidades básicas de selección y remuneración pone en evidencia que a los maes-
tros se los selecciona y se les asigna una determinada remuneración independien-
temente de lo que hagan.

• Los mecanismos señalados para la contratación, el nombramiento y los ascensos
son deficientes. De acuerdo con un documento de Hugo Díaz (2003), las políticas
inorgánicas de expansión del sistema educativo vía la creación indiscriminada de
plazas docentes durante las gestiones gubernamentales de las últimas décadas y
la defensa gremial a rajatabla de la estabilidad laboral de todo maestro sindicaliza-
do, conspiraron para que los índices de crecimiento de los presupuestos educati-
vos fueran menores en la mitad de los registrados para los profesores. La peor
parte fue para los sueldos docentes (Díaz 2003).

40
Si bien el Art. 191 de la Ley del Profesorado establece que el MED realice la evaluación por
ascensos entre los meses de septiembre a octubre, y que el ascenso rija desde el 1 de enero del año
siguiente, la no concreción de esas evaluaciones convirtió en letra muerte tal disposición.


c. LA FORMACIÓN DOCENTE
• LOS INTENTOS ESTATALES DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA ÚNICO

La formación continua es un concepto planteado en el Ministerio de Educación
como un proceso articulado y permanente, concebido desde la formación inicial y
activo durante toda la carrera, teniendo como eje la mejora permanente de la ense-
ñanza. Con él se trató, en una etapa de la Dirección Nacional de Formación y
Capacitación Docente (DINFOCAD ), de «[…] construir un sistema único, procesal,
en dos fases sucesivas, en el que participen todos, aportando cada uno lo que ya
logró así como lo que trae de nuevo. En él se cuenta la experiencia ya acumulada,
con la riqueza y la diversidad de las interrelaciones formadores/docentes, ISP/
escuela, magisterio/otros actores sociales, como constitutivas de la propuesta y
aplicación de la formación continua, en una retroalimentación constante» (Valdea-
vellano 2002: 98).

El 2001 se planteó como desafío «[…] una estrategia de formación continua del
maestro a partir de una formación inicial redefinida y una formación en servicio
más integrada y relevante, ambas en un contexto de: a) racionalidad de la oferta de
formación inicial; y b) profesionalización y flexibilidad de la carrera magisterial» (MED
2001: 26) El sistema de formación continua aludido en este párrafo sería una de
las piezas del programa de Revalorización de la Carrera Magisterial propuesto por
la DINFOCAD, que incluía, además, el Sistema de Acreditación de Instituciones y
Profesores, y la estructura y el funcionamiento de la carrera docente.

En el proyecto original de la DINFOCAD se establecía que los programas y las acti-
vidades de formación inicial de los profesionales de la educación serán evaluados
permanentemente, a nivel de sistema y de institución, «[…] mediante mecanismos
referenciados a patrones básicos de funcionamiento y de acuerdo con las metas
fijadas en el Proyecto Educativo Institucional».41 Además de evaluaciones internas,
basadas en instrumentos acordados a nivel del sistema, se realizarían evaluaciones
externas periódicas. Los resultados de tales evaluaciones guardan relación con la
acreditación institucional:

• Se identificaron y seleccionaron los ISP y las escuelas superiores de formación
artística con mejores condiciones para ofrecer formación inicial en cada región.

41
Hasta el 2001 se conocía como Plan de Desarrollo Institucional (PDI).


• Fueron seleccionados 120 ISP públicos, divididos en tres grupos (García 2003): el
primero, formado por 22 pedagógicos denominados «institutos piloto», selecciona-
dos por tener los mejores grupos de docentes; el éxito de la capacitación durante
1996 y 1997 posibilitó un documento curricular consensuado para la especialidad
de educación primaria y proyectar un Plan de Fortalecimiento para esos 22 ISP
con apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, alentándose la for-
mación de redes donde interactuaron estos centros piloto con otros ISP vecinos a
los 22 seleccionados. Un segundo grupo compuesto por ISP partícipes de un Plan
de Modernización con apoyo financiero del Banco Mundial, contó con el apoyo de
los «institutos piloto». Finalmente, el año 2000 se asistió a los 46 ISP restantes,
aunque sólo con escasa financiación nacional.

• Se reconvirtieron las formas y funciones de los institutos reorientando las carreras
teniendo en cuenta las necesidades regionales y locales y el fortalecimiento de sus
planteles de formadores, particularmente en función de las nuevas carreras y/o
especializaciones que ofrecen.42

• Se consideró la promoción de proyectos de innovación educativa y sistematización
de experiencias exitosas, vía fondos otorgados por concursos y otros mecanismos
de estímulo.

• Se fortalecieron las redes regionales de instituciones formadoras, tendiéndose a
su interrelación nacional periódica.

Respecto a la capacitación en gestión, en su normatividad se advierten cambios que
van desde la preocupación por la acción de los directores para asumir la pregonada
autonomía de los centros educativos (a través de la RM 016-96-ED) hasta la referi-
da a instancias de participación como los Consejos Escolares Consultivos y los Co-
mités de Moralización (CODEMOS) (DS 007, Directiva VMGI 004), antecedente de los
actuales COPARE (Consejos Regionales de Participación). En los Lineamientos de
Política Educativa 2001-2006, este tipo de capacitación forma parte de una opción
para mejorar la calidad en la educación pública apuntando al fortalecimiento de la
democracia. La poca solidez de los órganos intermedios del Ministerio de Educación
determinó que la capacitación de los responsables de la educación en las regiones
forme parte de los planes de formación para la gestión educativa.

Ése fue el período más esperanzador de la DINFOCAD. Sin embargo, los continuos
cambios de responsable y la inadecuada interpretación de la propuesta hicieron

42
La Resolución 023-2001 tuvo aportes interesantes en materia de formación magisterial. Disponía,
por ejemplo, dos plazas en los ISP para los mejores estudiantes de la localidad.


que el proyecto abortara; se atendió más a la coyuntura política que al trabajo que
demandaba la propuesta.

Las comisiones especializadas se mediatizaron y su personal se destinó a otras
tareas exigidas por la coyuntura: estructuración del currículo diversificado, progra-
ma de emergencia, construcción del denominado Proyecto Educativo en Áreas
Rurales, entre otras. El debate brilló por su ausencia en estas decisiones y se evi-
denció la pérdida de liderazgo de esa unidad institucional en el sector.

LAS PROPUESTAS CURRICULARES

En cuanto a las propuestas curriculares, destaca el proceso seguido en la construc-
ción de los perfiles que debieran obtenerse en la formación docente, revisado en
1997 y aprobado por los formadores de los 22 institutos que ese año iniciaron el
Plan de Fortalecimiento apoyado por el BID. Posteriormente esos perfiles fueron
aceptados por los 53 institutos incluidos en el Plan de Modernización y no fueron
objetados por los 46 restantes que se integraron entre el 2000 y el 2001. Los perfi-
les obtenidos fueron sometidos a dos evaluaciones internas y a una evaluación ex-
terna según la cual «[…] el personal directivo y los docentes consideran que lo más
innovador de la propuesta curricular es la práctica profesional temprana». De esta
afirmación se puede colegir que las apuestas del perfil básicamente son reconocidas
por la comunidad profesional de formadores de docentes en el ámbito de los ISP.
Serían entonces tres las reformas curriculares más sentidas para la formación do-
cente en los ISP, en orden de aceptación: a) la práctica profesional temprana; 2) la
investigación-acción; y c) la interacción didáctica constructivista (Escobar 2002).

Lo crítico de este proceso es que los institutos de formación docente (IFD) no se
apropiaron del mensaje implícito en el proyecto, que demandaba replantear su pro-
pia realidad institucional. La transferencia de la experiencia a otros IFD se desgas-
tó y hasta sufrió distorsiones.

Cabe comentar, respecto a las tres reformas más demandadas, que son escasos
los aportes sobre la práctica profesional temprana, caracterizada por su falta de
seguimiento y de monitoreo; igualmente, son contados los trabajos realizados por
formadores y alumnos sobre la investigación-acción o sobre la interacción didácti-
ca constructivista.

El Currículo de Formación Docente en la especialidad de Primaria es el documento
más conocido de la modernización educativa impulsada en la década anterior. En él


SALVO ALGUNAS EXCEPCIONES, LA FORMACIÓN EN LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE
DOCENTES NO ES ADECUADA NI SUFICIENTE PARA ENFRENTAR PEDAGÓGICAMENTE LAS
DIVERSAS REALIDADES FAMILIARES Y LA HETEROGENEIDAD DE LOS ALUMNOS CON LOS
QUE LOS PROFESORES TRABAJAN.

se describen, brevemente, las innovaciones que introduce la reforma en la estructura
curricular y el plan de estudio.

Shona García (2003) señala las principales dificultades de implementación del
currículo para la formación docente:

• Lentitud y dificultad de la capacitación: la confusión de términos y conceptos, la
falta de información sobre diversos temas y la falta de tiempo para estudiar son las
constantes más recurrentes.

• Carga horaria abusiva: 18 a 20 horas de clases exigida a los formadores.

• Obstáculos insalvables para la práctica en escuelas unidocentes y multigrado de
ámbitos rurales.

• Problemas de comprensión de la interdisciplinariedad y debilidad en materia de
investigación y desarrollo del pensamiento formal en muchos formadores.

A partir de este conjunto de observaciones es evidente que, aunque podemos eva-
luar que la propuesta curricular es una fortaleza según el balance planteado, no
llegó a constituir un tema resuelto.

Se considera un grave problema adicional la aparición de un currículo nuevo en el
año 2003, «[…] elaborado sin participación de los formadores que se ha impuesto
a 25 nuevos pilotos, entre los cuales hay algunos de los pilotos antiguos. Este
hecho, además de desconocer a la comunidad de formadores que ha venido fun-
cionando todos estos años, tiene características que hacen retroceder la forma-
ción al menos un par de décadas» (García 2003: 34). Transcurridas las dos gestio-
nes ministeriales que ampararon políticamente esta contradictoria iniciativa, fueron
los propios IFD los que solicitaron regresar al anterior currículo. Mas, cabe pregun-
tar quién asume las responsabilidades de esta evidente distorsión, así como los
gastos y la desinstitucionalización que significó para el país.


LAS INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD

En la década de 1990 sobresalieron importantes iniciativas de la sociedad que
plantearon propuestas alternativas a las oficiales (Cuba 2003):

• En 1994, el Movimiento Pedagógico, conformado por un conjunto de organizacio-
nes no gubernamentales cuya labor se orienta a los sectores populares, publicó el
documento Calidad de la educación en la formación magisterial, producto de un
encuentro en el que se analizó el tema (citado en Cuba 2003).

• En 1999, Tarea realizó el seminario internacional Perspectivas y Propuestas para el
Desarrollo Magisterial, que planteó objetivos y estrategias para el lustro siguiente.

• En 1999, el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), en coordinación con el
BID y el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina
(PREAL), desarrolló el seminario internacional Formación y Desarrollo Profesional
Docente. Experiencias innovadoras en América Latina.

• El Instituto Superior La Salle, de Urubamba, organizó el año 2000 el Tercer Con-
greso Nacional de ISP, que convocó a 1 200 participantes de todo el país y a
importantes especialistas nacionales e internacionales.43

• En agosto del 2003, el Instituto de Pedagogía Popular llevó a cabo el seminario
internacional Políticas de Formación Docente en la Lucha contra la Pobreza, que
convocó a más de 600 formadores y estudiantes de ISP y de facultades de educa-
ción.

• En el 2004, GTZ y la UNESCO tuvieron la iniciativa de organizar en Lima el encuen-
tro «Situación de la formación docente inicial y en servicio en Bolivia, Paraguay y
Perú», sobre desarrollo profesional docente, de relativo impacto.

Más adelante en el texto se destacan iniciativas de entidades vinculadas al mundo
empresarial, como el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), y de
organizaciones internacionales como la GTZ en la organización de actividades es-
pecíficamente destinadas al fortalecimiento de una mejor gestión educativa.

La mayoría de estas experiencias e iniciativas no encontró eco en el sector oficial;
hubo temor de convocarlas o asumirlas, en parte por la connotación política de
algunas de las instituciones que las proponían.
43
Fue también el primer congreso internacional de formación docente realizado en el país.


• LA FORMACIÓN DE DOCENTES
EN CONTEXTOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL

En este ámbito sobresalen particularmente el Programa de Formación de Maes-
tros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP)44 y las experiencias en áreas
andinas.

Desde el año 2000, GTZ, en coordinación con la DINFOCAD del Ministerio de Edu-
cación, organiza actividades de formación en EBI en razón de la demanda crecien-
te de institutos superiores pedagógicos del sur andino (sobre todo los ubicados en
Cusco, Puno y Andahuaylas, con acciones aisladas desde 1966). Para dichas acti-
vidades fueron considerados aportes anteriores del FORMABIAP del ISP de Loreto y
del ISP La Salle de Urubamba, que posibilitaron las condiciones básicas para refor-
zar algunas experiencias piloto que se venían desarrollando e iniciar otras.45

En la zona andina, los institutos pedagógicos que se incorporaron a este esfuerzo
de reflexión sobre la EBI son: ISP «Huancavelica», de la ciudad del mismo nombre;
ISP «Nuestra Señora de Lourdes», de Huamanga, Ayacucho; ISP «José Salvador
Valle», de Huanta, Ayacucho; ISP «José María Arguedas», de Andahuaylas, Apurí-
mac; e ISP «Túpac Amaru», de Tinta, Cusco.46

• LA ACREDITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES

Hay importantes indicios para afirmar que, salvo algunas excepciones, la formación
recibida en las facultades de educación y los institutos pedagógicos no es adecua-
da ni suficiente para enfrentar pedagógicamente las diversas realidades familiares
y la heterogeneidad de los alumnos con los que los profesores trabajan en aulas.
Incluso en muchos casos la labor del docente debería ser complementada por
psicólogos y asistentes sociales. Estamos entonces ante un doble problema: lo
pedagógico es insuficiente en la formación inicial y la realidad exige un abordaje
pluriprofesional.

44
Sobre el programa FORMABIAP hay referencias específicas en la Parte I de esta publicación.
45
La experiencia del Pedagógico de Urubamba, con su programa de Profesionalización, entregó
importantes aportes al currículo de formación docente de 1996, al igual que los amazónicos de
Loreto y Jaén.
46
GTZ-PROEDUCA , página web de presentación, en la página central del Ministerio de Educación.
<www.minedu.gob.pe>.


En los últimos años, las instituciones que forman profesionales de la educación en el
Perú han identificado la acreditación de programas e instituciones como un meca-
nismo conveniente para regular la calidad de la formación de profesores. Tanto la
DINFOCAD, de la que dependen los institutos superiores pedagógicos, como las fa-
cultades de educación de las universidades del país, que son autónomas respec-
to al Ministerio de Educación, se han propuesto poner en marcha un sistema de
acreditación y han dado los pasos preliminares para hacerlo realidad. Los párrafos
siguientes reseñan los planteamientos de estas instituciones, así como la situación
de partida que esta acreditación ayudaría a superar.

Existen los siguientes antecedentes:

• La política de formación continua de docentes aplicada actualmente por la DINFO-
CAD considera la acreditación como uno de los mecanismos principales de la estra-
tegia orientada a racionalizar la oferta de formación inicial de docentes; para ello,
se prevé el funcionamiento de un organismo acreditador.

• El Reglamento General de los ISP públicos y privados establece que la acredita-
ción se sustenta en la evaluación del desempeño institucional y en la calidad peda-
gógica de las carreras ofertadas, de acuerdo con estándares de calidad aprobados
por el sector. El mismo Reglamento define la acreditación como un mecanismo de
autorregulación y control de la fortaleza y la coherencia institucional.47

• Las facultades de educación han realizado, entre 1998 y 2000 y con el auspicio de
la Asociación Nacional de Rectores, tres encuentros nacionales encaminados a la
definición de un sistema nacional de acreditación de la calidad. En ellos se decidió
construir un sistema de acreditación basado en estándares de calidad aprobados
por consenso.

En el campo de los especialistas, de los educadores profesionales y de la sociedad,
es creciente el consenso sobre la conveniencia de establecer mecanismos de ra-
cionalización, regulación y aseguramiento de la calidad de la formación de los pro-
fesionales de la educación. El sindicato de educadores coincide también con la
necesidad de desarrollar una política de acreditación de instituciones de formación
de los profesionales de la educación. En el año 2001, uno de sus secretarios gene-

47
El Reglamento define la acreditación como «un proceso complejo, permanente, que toma en cuenta
estándares externos, pero también, y sobre todo, obliga a desarrollar la gestión y la práctica en forma
congruente con los valores, principios, misión y visión, objetivos y documentos curriculares del propio
Proyecto de Desarrollo Institucional. Es un mecanismo de autorregulación y control de la fortaleza y
la coherencia institucional.»


rales afirmó que, en opinión del sindicato, los institutos pedagógicos y las facultades
de educación deben «cumplir con una acreditación de calidad. Nos oponemos tajan-
temente a que el criterio mercantil y rentista atente contra la calidad formativa de
los profesores».48

PROPUESTAS DE FORMACIÓN EN SERVICIO

Con la gestión del ministro Dante Córdova, uno de los pocos bien recordados de la
administración Fujimori, se puso en marcha el PLANCAD, mediante el llamado a
concurso de entes ejecutores. También se desarrolló un programa de capacitación
que en formación docente logró resultados hasta donde dio la financiación. Los
ministros que sucedieron a Dante Córdova dejaron que el programa de capacita-
ción siguiera sin apoyos explícitos.

Con las gestiones de Marcial Rubio y Nicolás Lynch, durante el gobierno de transi-
ción y el de Alejandro Toledo respectivamente, se continuó y hasta se trató de
potenciar lo que ya se estaba haciendo. La DINFOCAD logró avances al perfilar los
siguientes elementos básicos para una política articulada de la formación de do-
centes en servicio:

• Identificación y selección de las instituciones acreditadas (ISP, universidades y aso-
ciaciones) con mejores condiciones para ofrecerla, con sistemas de seguimiento
permanente a los docentes en aula.

• Programas diversos y abiertos de capacitación, actualización y especialización de
docentes y formadores en función de las demandas institucionales definidas en los
proyectos institucionales, en las redes, las provincias y regiones, según el caso.

• Programas formales de posgrados (maestrías, doctorados y posdoctorados) orien-
tados a segmentos selectos identificados en las prioridades de desarrollo, orienta-
dos a la producción de profesionales avanzados de la política, la planificación, la
evaluación y la investigación educativas, a cargo de las universidades.
• Paquetes de programas de formación en gestión y administración educativa (para
directivos y administradores del sector).

48
Olmedo Auris (2001), «Carrera Pública Magisterial en el Perú del siglo XXI», ponencia presentada al
Taller Internacional sobre Carrera Magisterial, realizado en Lima del 22 al 24 de noviembre del 2001.
Ministerio de Educación, DINFOCAD.


Bajo la conducción de Rosario Valdeavellano, dicha dependencia ministerial propu-
so la creación de los Centros Amauta de Desarrollo Profesional, con capacidad
para gestionar descentralizadamente la formación continua en sus regiones de
influencia. En cada región se seleccionaría al ISP o la universidad más competente
y con capacidad de influir sobre una red de instituciones responsables de la forma-
ción docente. La estrategia de creación de estos Centros Amauta suponía aplicar
cambios en las instancias, así como generar espacios que hicieran posible el diag-
nóstico, planeamiento y ejecución de las medidas de política antes reseñadas. Se
demandaba entonces la reorganización de los órganos intermedios y las regiones,
así como la reorganización de la propia Dirección Nacional de Formación y Capaci-
tación Docente (DINFOCAD), dentro de la sede central, para «generar una instancia
orgánica de conducción orientadora y programática de los procesos de formación
continua». Lamentablemente, cambios ministeriales que definieron rumbos distin-
tos a las políticas trazadas influyeron para aletargar —si no distorsionar— los propó-
sitos iniciales de esta estrategia.

Asimismo, la formación desde el Ministerio de Educación, que demandaba que los
docentes tomasen distancia del memorismo y asumieran un pensamiento crítico,
contrastó con los concursos convocados para cubrir plazas para seleccionar nue-
vos maestros desarrollados el 2001, una de cuyas características principales fue el
enciclopedismo y la opción memorística.

La importante idea de organizar centros «Amauta» ha sido, en la práctica, paraliza-
da. A la fecha hay sólo tres Centros Amauta reconocidos oficialmente en el país, lo
que ha convertido al modelo en un pálido reflejo de lo que se quería lograr. Su
monitoreo sigue estando a cargo de la sede central del Ministerio de Educación.

• LA FORMACIÓN DE FORMADORES

Los formadores son en su mayoría maestros de aula que concursan para acceder
a puestos de trabajo en ISP o universidades, provenientes de la clase media baja o
de grupos populares. En muchos casos, los formadores de las universidades son
titulados de otras carreras «y muchas veces carecen de toda formación para la
docencia» (García 2003: 38). Han sido escasos los esfuerzos en ese sentido. Sho-
na García destaca que los formadores de ISP realizaron, en una estrategia de
construcción participativa de la propuesta curricular, una auténtica dinámica de
autoformación, lo que dio lugar al desarrollo de una comunidad profesional de for-
madores de maestros.


Una de las más significativas experiencias en esta área es la Segunda Especialidad
en Formación Docente, puesta en marcha en 1995 por la Pontificia Universidad
Católica del Perú, en el marco del Proyecto Educación y Desarrollo Regional. Des-
taca en ella la creación de redes de institutos pedagógicos que se reúnen por inicia-
tiva propia para discutir sus avances y problemas, y que organizan congresos regio-
nales de reflexión sobre la formación docente. Estas redes han posibilitado, en algu-
na medida, que entre los formadores se propicie el ejercicio de la autonomía, crean-
do así las condiciones para constituir una comunidad profesional.

Otros miles de estudiantes de pedagogía participaron desde 1996 hasta el 2004
en el Plan Piloto de Modernización de la Formación Docente, que supuso reorgani-
zar los currículos de formación de los institutos superiores pedagógicos —en las
especialidades de educación primaria y secundaria— e iniciar acciones de forma-
ción a cargo de especialistas nacionales e internacionales, para unos 500 forma-
dores de los primeros institutos piloto.

En dicha experiencia no se retomó lo iniciado, en el sentido de tomar una parte de
la población de formadores (docentes ISP) «realmente existentes» y con formación
de varios años por DINFOCAD para apoyar la formación continua, ni se comprendió
que reducir el número de ingresantes debiera ir aparejado con medidas de recon-
versión institucional y estrategias nacionales.

Tampoco hubo la iniciativa de conformar una comunidad de formadores ni de dise-
ñar un programa de formación de formadores. No basta con tener una segunda
especialización o posgrado para ser formadores competentes; esto demanda so-
bre todo pensar en la sostenibilidad de un programa con enfoques diferentes, que
consideren, entre otros aspectos, la participación ciudadana, la adaptación a las
diversidades regionales, una cultura crítica de interpretación de la realidad nacional
y educativa, y la debida valoración del acervo cultural con el que están vinculados
los institutos formadores docentes.


5. LAS ASPIRACIONES Y LOS APORTES DE LOS
DOCENTES

a. LA REPRESENTATIVIDAD GREMIAL
• EL SUTEP

Desde su creación contestataria al régimen militar de Juan Velasco Alvarado, el
SUTEP es sinónimo de lucha gremial contraria a todo gobierno que se haya sucedi-
do durante las últimas tres décadas.

Para bien o para mal, dependiendo de la perspectiva de quien lo diga, el SUTEP
—encarnado en sus sucesivas dirigencias— ha sido el único portavoz de maestros
sin voz en el país. Sus características gremiales, con dirigencias asociadas a un
único grupo político, Patria Roja, desde sus inicios hasta el presente, lo convierten
en una institución donde lo gremial y lo político se mezclan con facilidad.

La última vez que el Estado recibió un empadronamiento de afiliados del SUTEP
fue en el ahora lejano 1984, cuando se presentaron las firmas de 123 300 pro-
fesores. En su condición de secretaria general del SUTEP, en declaraciones al
diario El Comercio (14.1.2007), Caridad Montes afirmó que al 2007 tenían
320 000 afiliados.49

El SUTEP ha tenido iniciativas para defender derechos y prerrogativas propiamente
profesionales en el campo de la docencia pública, y se mantiene vigente como
organización social que vela por los intereses y las mejores condiciones laborales y
salariales de sus asociados. En estos casos, su accionar es necesario y bien valo-
rado por sus bases magisteriales.

Los problemas surgen cuando sus dirigentes conciben al SUTEP como una instan-
cia alternativa de decisiones ligadas a la educación. Así, si las fuerzas políticas de
un Congreso debaten una nueva ley general del sector, en el SUTEP se generan
procesos que apuntan a plantear una propuesta «alternativa»; cuando se enco-
mendó al Consejo Nacional de Educación la construcción consensuada del Pro-

49
La profesora Caridad Montes ejerció el cargo de secretaria general del SUTEP hasta marzo del 2007.


yecto Educativo Nacional (PEN), cumpliendo el mandato para el que fue creado,
durante meses el SUTEP planteó como «alternativo» un proyecto que debía recoger
«el sentir y las perspectivas del magisterio»; cuando se presentan propuestas legis-
lativas producto de consensos o de metodologías que los directivos del Ministerio
de Educación se imponen para lograr resultados positivos —como una nueva pro-
puesta de carrera pública magisterial—, en el SUTEP se descalifica todo intento de
ofrecer alternativas a una Ley del Profesorado obsoleta, a la que presentan como
el mejor instrumento legislativo referido al magisterio… a pesar de conocer de su
inviabilidad.

Muchos de los numerosos compromisos del SUTEP con sucesivos gobiernos se
suscribieron sin reconocer el principio de autoridad de quienes conducían el sector
educación, y con la convicción, por parte de los dirigentes gremiales, de constituir
una instancia con legítima injerencia en decisiones a cargo del Estado.

¿Qué ha mantenido a tantos maestros durante tanto tiempo leales a directivas del
SUTEP impregnadas de un maoísmo trasnochado, al cual Nicolás Lynch llama «pen-
samiento arcaico»?

Existen varias evidencias políticas de que no hay correspondencia entre la ideo-
logía de Patria Roja, representativa de sus dirigencias, y las opciones electorales
por las cuales generalmente votan, en procesos electorales más amplios, tanto el
maestro de base como sus familias. En el propio gremio esas ideas perdieron por
un estrecho margen a la hora de elegir la primera directiva del Colegio de Profe-
sores, de acuerdo con las cifras oficiales. Por lo demás, la sigla SUTEP funciona
como contenedora de variadas posiciones en el espectro ideológico, algunas de
las cuales son tan radicales que convierten en partido conservador a Patria Roja;
el gremio aglutina también a maestros de muchas tendencias, independientes en
su gran mayoría, sin canales de expresión política ni de organización dentro del
propio gremio.

Nuestra derecha neoliberal clama por la desaparición del SUTEP. Según sus voce-
ros, sólo así el Estado (léase Ministerio de Educación) podría efectuar los cambios
urgentes que nuestra educación reclama. Se olvida con frecuencia que existen
instancias o niveles educativos en los que el SUTEP no tiene representatividad y
que están preñados de la misma mediocridad; por ejemplo, el sistema de educa-
ción superior.

La razón fundamental de la adhesión y el seguimiento al gremio de decenas de
miles de maestros de base no radica en la ideología de Patria Roja; está más bien
en el desamparo de que son objeto por parte del Estado peruano. Se puede afirmar


incluso que el pensamiento de las dirigencias es funcional al maestro peruano,
dadas las condiciones en las que desarrolla su trabajo. La precariedad y el maltrato
—bajos salarios y malas condiciones de trabajo— determinan que, más allá de su
posible no identidad con el pensamiento político de sus directivos, el maestro de
base reconozca al SUTEP como su interlocutor con un Estado que representa y es
símbolo de su precariedad. Requiere de su gremio para estar en condiciones rea-
les de exigir mejoras salariales, más aún cuando en el país hay un mayor creci-
miento económico y los ingresos se mantienen estacionarios o disminuyen.

Es cierto que los dirigentes gremiales poco pueden exhibir en cuanto a luchas por
una reforma educativa y mucho en cuanto a manejo del gremio en forma de secta
partidaria, con prácticas tradicionales de jugadas bajo la mesa o de negociar movi-
lizaciones; es cierto, asimismo, que en la práctica el gremio ha sido concesivo con
la mala calidad educativa y ha asumido una conducta conservadora sin la apertura
suficiente a un cambio drástico en nuestra educación. En los años que lleva desde
su fundación, el SUTEP no ha sido capaz de dar sugerencias específicas para una
respuesta pedagógica alternativa. Ha llevado a cabo un sinnúmero de congresos
pedagógicos que no han significado reflexión ni aportes serios para renovar nues-
tra educación; el marco teórico desde el que desarrollan sus propuestas se alimen-
ta en la ideología de Patria Roja, que es una escisión de otros partidos. No existe ni
se propicia en el gremio el surgimiento de una masa crítica de cara a los problemas
educativos, sino únicamente acorde con sus reivindicaciones. Hasta ahora, la única
figura con la que se moviliza a sus bases sigue siendo la de Horacio Zeballos, quien
en vida mostró un particular coraje para la lucha reivindicativa gremial durante el
gobierno militar de hace tres décadas,50 pero poco liderazgo en lo pedagógico.

No obstante todo lo anterior, el principal responsable de la mala formación docente
y de la proliferación de ISP de mala calidad es el Estado; no son los maestros ni su
gremio.

No cabe duda que el SUTEP necesita urgentes reformas. La elección de sus direc-
tivos nacionales y regionales a través del voto universal de sus afiliados es un
clamor que debe ser oído y puesto en práctica. La falta de una experiencia gremial
a nivel de los docentes impide vislumbrar lo que sería un adecuado desarrollo ins-
titucional del gremio; sin embargo, el aumento de los docentes jóvenes en el gre-
mio puede ser un factor de cambio.

50
En su biografía se señala: «[…] de Horacio se puede decir que fue guerrero toda la vida». Fuente:
<http://siempre_horacinos.pe.tripod.com>.


Lo acontecido a partir de la abierta pugna del gobierno del presidente Alan García
con el gremio magisterial al optar por una evaluación censal del magisterio a pesar
de las presiones y amenazas sutepistas, que resultaron al final inútiles, marca un
punto de quiebre que debe hacer reflexionar a todos los actores.

El SUTEP, además de revisar críticamente su accionar y de su representatividad
gremial, debe optar por trabajar de manera decidida por el Proyecto Educativo
Nacional, no sólo demandando al gobierno su aplicación sino también orientando a
sus afiliados respecto a lo que pueden aportar para el cumplimiento de los objeti-
vos y de las políticas acordadas en el PEN. Asimismo, se requiere del SUTEP una
renovada actitud de defensa de la probidad y de la profesionalización magisterial,
demandando efectivas sanciones a funcionarios y maestros con probadas accio-
nes de corrupción.

El gobierno, por su parte, en lugar de pugnar por hacer desaparecer al SUTEP o por
dividir el gremio en tantas facciones como corrientes políticas existan en su inte-
rior, debiera convocar al gremio a participar en la urgente renovación del sector
precisando su respeto por la vigencia de una organización sindical que vele por las
legítimas reivindicaciones laborales de sus afiliados.

Es evidente que para que ambas situaciones se concreten deberá haber cambios
en el Ministerio de Educación y en el SUTEP, y superar la idea de oposición perma-
nente en sus vínculos. Una clara definición sindical por sobre la partidaria ayudará
a lograr estos propósitos.

• EL COLEGIO DE PROFESORES

Luego de la masiva inscripción de docentes para participar en el Colegio de
Profesores, presentado por el gobierno de Alejandro Toledo como una instancia
que posibilitará el ejercicio profesional de sus afiliados, hubo la esperanza de que
los comicios para elegir su primera directiva marcarían nuevos rumbos, con una
representatividad magisterial distinta a la de un sindicato con las características
señaladas.

La realidad ha sido distinta. Como producto del proceso electoral sin resultados
definitorios, y de posteriores pugnas judiciales, en junio del 2007 dos juntas direc-
tivas reclaman la representatividad del Colegio y despachan a diario en diferentes
oficinas. Mal inicio para una institución de la que se esperaba que animara y pro-
moviera el debate pedagógico y una efectiva profesionalización docente.


Luego de las elecciones realizadas en julio del 2006 el comité electoral del Cole-
gio de Profesores del Perú nombrado para esa ocasión proclamó como decano a
Carlos Gallardo Gómez, con 42,6% de los votos válidos, contra 40,34% de la lista
rival. Sin embargo, una facción disidente del mismo comité electoral proclamó como
ganadora a la lista encabezada por Soledad Lozano, la que, junto con la dirigencia
del SUTEP, denunció ante el Ministerio Público a los otros integrantes del Comité
Electoral por presunto fraude para perjudicar a su lista. Mientras tanto, el Ministerio
de Educación decidió no reconocer a directiva alguna hasta cuando el Poder Judi-
cial emita una sentencia final. El caso sigue en el Poder Judicial. El 24 Juzgado
Civil de Lima declaró improcedente dicha demanda; sin embargo, dicho fallo fue
apelado y pasó a la Cuarta Sala Civil. De acuerdo con la Resolución 08, del 9 de
mayo del 2007, la Sala Superior Civil confirmó la desestimación de todos los recur-
sos judiciales presentados por Soledad Lozano y mandó a archivar todo lo actuado.
Sin embargo, la directiva dirigida por Soledad Lozano sigue difundiendo comunica-
dos refutando tal noticia.

Para mayor confusión de los maestros, Carlos Gallardo despacha como decano en
oficinas situadas en el distrito de Jesús María y Soledad Lozano, afín a Patria Roja,
hace lo propio en una oficina ubicada contigua a la sede principal del SUTEP (Av.
Camaná, en el Cercado de Lima).

Un colegio bicéfalo muestra la realidad de nuestra docencia y la interferencia de la
autoridad, con la falsa creencia de la no intervención para preservar la integridad
institucional. En suma, una experiencia frustrada y frustrante.

Se espera que, superada la incertidumbre del reconocimiento legal, el Colegio de
Profesores asuma sus tareas optando por reforzar su posibilidad de convertirse en
un ente autónomo capaz de contribuir al desarrollo y mejoramiento continuo de la
educación fomentando la responsabilidad en el trabajo y la honestidad como valo-
res fundamentales de los docentes, tal como lo señalan sus estatutos.

• LA DERRAMA MAGISTERIAL

Desde hace más de treinta años, los maestros de todo el país aportan mensual-
mente 3% de su sueldo a un fondo de pensiones. El descuento ha sido automático
y obligatorio hasta el 2007, cuando el gobierno, para golpear al SUTEP por sus
vínculos directivos con la Derrama, eliminó el descuento obligatorio por planilla.
Hoy, con más de 230 000 docentes aportantes en todo el Perú, mensualmente se
reúnen cerca de 4 millones de soles, y la recaudación anual bordea los 50 millones
de soles.


LA RAZÓN FUNDAMENTAL DE LA ADHESIÓN Y EL SEGUIMIENTO AL GREMIO DE DECENAS
DE MILES DE MAESTROS DE BASE NO RADICA EN LA IDEOLOGÍA DE PATRIA ROJA; ESTÁ
MÁS BIEN EN EL DESAMPARO DE QUE SON OBJETO POR PARTE DEL ESTADO PERUANO.

La institución encargada de administrar y vigilar estas sumas es la Derrama Magis-
terial. Asociación mutualista creada en 1932, su principal función es financiar prés-
tamos a todos los profesores. La diferencia con los bancos es que la devolución del
dinero está totalmente garantizada, ya que el cobro se hace directamente en cada
planilla.

En 1984 el Ministerio de Educación aprobó el estatuto de la Derrama Magisterial,
uno de cuyos artículos ordenaba que cuatro de sus seis miembros directivos de-
bían estar afiliados al en ese entonces Sindicato Único de Trabajadores de la Edu-
cación Peruana, el SUTEP (años más tarde, «Sindicato Unitario»). Los miembros del
SUTEP que componen la Derrama Magisterial son elegidos por los votos de cada
representante de dicho sindicato en los 24 departamentos del país, y el control de
Patria Roja sobre estas agrupaciones gremiales en provincias es, prácticamente,
total.

En 1993 se facultó la indexación de los aportes mensuales de los docentes al
equivalente del 0,5% del monto de la Unidad Impositiva Tributaria. La administra-
ción de los fondos sociales del magisterio por la Derrama Magisterial busca obte-
ner rentabilidad mediante créditos sociales y otras inversiones debidamente auto-
rizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros.51

Esta historia ha sido interrumpida por el segundo gobierno aprista. A raíz de los
enfrentamientos con el SUTEP por la evaluación docente, el Ministerio de Educa-
ción dispuso la no obligatoriedad del pago de los maestros a la Derrama; un com-
plemento de esta acción ha sido otro decreto que autoriza al Banco de la Nación
para dar crédito a los maestros con menos intereses que la propia Derrama.

Por lo general, las actividades institucionales de la Derrama Magisterial superan la
unilateralidad ideológica de la dirigencia del SUTEP. Su revista de debate magiste-

51
Ver <www.derrama.org.pe>.


rial, y sus iniciativas en apoyo a las discusiones sobre la carrera pública magisterial
y a la construcción del Proyecto Educativo Nacional han marcado matices y énfa-
sis diferenciados respecto al SUTEP.

Las iniciativas pedagógicas de la Derrama Magisterial tienen su principal expre-
sión en los Foros Internacionales «Encinas». La selección de conferencistas magis-
trales considera por lo general los altos méritos profesionales, y varios de estos
foros han servido de plataforma para la presentación de ideas renovadoras, no
necesariamente coincidentes con la ideología de sus organizadores. La presencia
de educadores cubanos es particularmente privilegiada en estas iniciativas; esto
se evidencia, por ejemplo, en la opción por el método cubano «Yo sí puedo» en
materia de alfabetización.

b. PLANTEAMIENTOS DE ORGANIZACIONES DOCENTES52
En la gran mayoría de los muchos pronunciamientos del SUTEP priman, más que las
propuestas, la denuncia y el uso de epítetos contra el gobierno o los funcionarios
adversarios. A contracorriente, el texto que presentara el SUTEP a través de su
entonces directivo Olmedo Auris al Taller Internacional sobre carrera pública ma-
gisterial (septiembre del 2001), en representación de su gremio, privilegió un len-
guaje no confrontacional y planteó propuestas de tipo técnico.53

En el texto aludido, el SUTEP plantea la necesidad de una visión integral de la
educación, como parte de un proyecto educativo y en el marco del contexto econó-
mico, social, político y cultural del país, como garantía de una propuesta de carrera
pública magisterial que responda a ese contexto.

Asimismo, señala que en el siglo veinte existieron primero las mutuales y luego los
sindicatos, a partir de los cuales el magisterio organizado ha tenido una presencia
activa en defensa de sus derechos. La CPM se ha ido así rediseñando para incluir
nuevos componentes: nombramiento, estabilidad laboral, política de ascensos, es-
calafón, remuneración personal y familiar, bonificaciones por preparación de cla-
ses, zona de trabajo, cargo directivo, etcétera.

52
La reacción gremial frente a iniciativas sobre la CPM del segundo gobierno aprista tiene otros
elementos de análisis que se registran en la Parte III de este libro. Asimismo, los principales elemen-
tos contenidos en la propuesta de ley de Carrera Pública Magisterial del Colegio de Profesores
presidido por Carlos Gallardo se resumen en el Anexo 3 de esta Parte II.
53
En dicho taller tuvieron un particular papel la consultora Françoise Delanoy y caracterizados repre-
sentantes gremiales de Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay.


Haciendo un repaso histórico, en el documento se señala que en la década de
1980 el SUTEP propugnó una Ley del Profesorado que incluía un título sobre CPM.
En ese entonces se promulgaron la Ley 24029 (1984) y su Reglamento (1985), y
luego de luchas gremiales en el año 1990 se promulgó la Ley del Profesorado
25212, que modificó la Ley anterior y normó la CPM.

En el texto se vincula la CPM al compromiso social y pedagógico del docente en
una sociedad del conocimiento, lo que a su vez implica la necesidad de que el
Estado y la sociedad reconozcan y valoren al docente, señalando que si éste «in-
fringe su noble condición de maestro tendrá que ser sancionado». Se establece,
además, que el maestro debe estar suficientemente capacitado en las áreas cultu-
ra general, pedagogía, especialización y práctica profesional.

Se analiza luego la situación actual, que tiene como referencia la década 1990-
2000, y se constata que la normatividad «vigente» no se cumplió. A continuación se
subrayan los aspectos que constituyen la preocupación central del gremio:

• La estabilidad laboral, lesionada por la flexibilización impuesta por el mercado de
trabajo, que la vincula a la evaluación de un desempeño estandarizado en el marco
de esas relaciones de mercado.

• La evaluación del desempeño docente, que se vincula al rendimiento de los alum-
nos como indicador principal de resultados, es decir, al aprendizaje, como indicador,
a su vez, de la calidad de la educación.

• El maestro es considerado, en esta óptica como un insumo funcional y descartable
para el logro de la calidad educativa y debe, en consecuencia, ser evaluado por su
eficacia.

• La concepción neoliberal de la educación, que lleva a una cultura del individualismo
y la alienación que considera a la educación como mercancía y a la escuela como
empresa, con una visión de gestión empresarial y asumiendo un contenido tecnó-
crata del currículo.

La oposición gremial a las políticas implementadas desde el gobierno de Fujimori
en la década pasada se resume en esta frase: «[…] no se trata de aceptar un
simple nexo del trabajo docente con la calidad educativa, sino el trabajo docente
liberalizado con una calidad educativa también sometida al criterio de mercado
libre. El núcleo de pensamiento asume una opción político-ideológica: la del libre
mercado. No se trata, por lo tanto, de una simple formulación técnica, sino de una


propuesta ideológico política enmascarada de argumentación técnica y educacio-
nal».

Con el objeto de rediseñar con seriedad la CPM, se proponen los siguientes crite-
rios: entender la educación como política de Estado; revalorar al maestro garanti-
zando su adecuada formación profesional; actualización pedagógica permanente y
salario justo, decoroso y digno; los maestros, como sujetos, deben participar en las
decisiones de política magisterial; reconocimiento del impacto relativo de los maes-
tros en el desarrollo de la calidad educativa; en toda política magisterial, se deben
combinar los derechos de los alumnos y los derechos de los docentes; se deben
dar los recursos financieros que garanticen poner en marcha las decisiones sobre
mejoramiento de la calidad educativa y de la calidad docente; y es posible concer-
tar sobre política magisterial, siempre y cuando existan interlocutores válidos.

La propuesta formulada por el gremio en el documento presentado por Olmedo
Auris, precisa los siguientes componentes:

a. Estructura (niveles) de la CPM, ingreso a la CPM, requisitos y evaluación para
los ascensos en la CPM, cese o retiro de la CPM y reingreso, remuneraciones,
reasignaciones y permutas, profesorado cesante y docentes sin título pedagó-
gico.

b. Partiendo de considerar que «la vigente Ley del Profesorado contiene los com-
ponentes más importantes de la CPM», se plantea su rediseño con algunas
precisiones sobre puntos que se considera importante actualizar:

• Cinco niveles de CPM: Nivel I como inicial y de tránsito, en el que no debería haber
más de 6 000 maestros en los siguientes años; y Nivel V, reservado a la excelencia,
que tampoco tendría un gran volumen de maestros. La mayoría se ubicarían en los
Niveles II-III y IV.

• Diferenciación salarial significativa entre nivel y nivel para hacer atractiva la CPM.
La actual escala es prácticamente plana (si el Nivel I es 100% se llega al Nivel V
con 111,37%); la propuesta es que la diferenciación entre ambos niveles llegue a
60%, lo que significa una distancia de 15% entre niveles.

• Ingreso a la carrera conservando «plenamente el tenor del Art. 34 de la vigente Ley
del Profesorado».

• En relación con la evaluación del desempeño como requisito para los ascensos en
la CPM, después de una serie de consideraciones concluyen aceptándola, siempre


y cuando: a) no sea un factor único y aislado para valorar el trabajo del maestro; b)
se asuma como punto de partida una digna base remunerativa y de condiciones de
trabajo; y que el SUTEP intervenga para precisar qué, quién, con qué, dónde y cuán-
do se evalúa.

• En relación con los factores a evaluar, consideran que el art. 38.° de la vigente Ley
del Profesorado señala los requisitos para pasar de un nivel al otro, que se precisan
en los artículos 177 y 178 del Reglamento. Se afirma que se deben conservar esos
tres factores tal como aparecen y se entienden en la Ley, modificando sus puntajes
y estableciendo el tiempo mínimo de trabajo docente (los factores son: desempeño
laboral, antecedentes profesionales y méritos).

• Sobre las remuneraciones, proponen como referencia la canasta básica familiar
calculada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el su-
puesto de que el ingreso familiar se complementa con el de otro miembro de la
familia, las remuneraciones deben representar el 66,7% de esa canasta familiar
(es decir 1 200 soles cuando se presentó tal documento, respecto a los 1 800
soles, valor de la canasta básica familiar de entonces) para el Nivel I, proponiendo
una escala ascendente de 1 380 soles para el Nivel II, 1 587 soles para el Nivel III,
1 825 soles para el Nivel IV y de 2099 para el Nivel V. (Propone también una
escala para los docentes sin título profesional). Estas remuneraciones deberían
ajustarse al valor de la canasta básica familiar.

• Se establece que los ingresos propuestos deben representar el total de remunera-
ciones pensionables y constituir no menos del 80% de la remuneración básica de
los trabajadores de la educación. A estos ingresos deben adicionarse bonificacio-
nes por cargos, área rural y reconocimientos profesionales especiales (Palmas
Magisteriales). Deben considerarse también incentivos no monetarios en consulta
con el SUTEP.

• Finalmente señalan que el gobierno actual debe recuperar en primer lugar el poder
adquisitivo de las remuneraciones docentes perdido en más del 45% en la década
pasada. La propuesta de remuneraciones parte del supuesto de que se orientará a
Educación el 8% del PBI.

Refiriéndose a la creación de un Sistema de Evaluación y Certificación establecida
en la Ley General de Educación 28044, en su «Moción sobre la nueva Ley General
de Educación» presentada en el II Congreso Extraordinario (Lima, 29-31 de agos-
to del 2003 ), el SUTEP sostiene que:


Todos sabemos que una correcta visión de la educación y de los factores que
intervienen en ella nos lleva obligatoriamente a plantearnos no sólo un equi-
librio entre «evaluación y capacitación», sino que la «formación y capacita-
ción» debe privilegiarse sobre la evaluación y certificación. Por otro lado, si
bien es correcto que se instituya un Sistema de Evaluación y Certificación,
sin embargo, tal como está planteado y de acuerdo al credo y lógica neolibe-
ral de «flexibilizar» el empleo y de precarizar la carrera pública magisterial
(Art. 57 y 58), tenemos fundadas sospechas que ello finalmente se convier-
ta en un sistema represivo de chantaje y exclusión.

En este II Congreso, el SUTEP tomó como acuerdo central la ratificación de tesis
centrales sobre los componentes de la carrera magisterial: a) que sea una carrera
pública.; b) que contenga y mantenga todos los beneficios de la última Ley del
Profesorado y su modificatoria; c) que garantice la «estabilidad»; y d) que se vincule
a un escalafón docente.

Respecto a la propuesta de carrera pública magisterial elaborada durante el go-
bierno del presidente Toledo, el SUTEP, en distintos medios y en diferentes oportu-
nidades, ha planteado objeciones a la forma de convocatoria y se ha opuesto a
aspectos específicos de la propuesta.

En cuanto al procedimiento, señaló que en la práctica no había quien se hiciera
responsable de la propuesta. Según el SUTEP, el Ministerio de Educación no asu-
mía la responsabilidad central ni en la formulación del documento propuesto ni en
su difusión, y buscó otros interlocutores en lugar de buscar al magisterio. Igual-
mente, criticó que el Ministerio de Educación no se pusiera a la cabeza del debate:
el documento en análisis ni siquiera fue presentado como propuesta o creación del
Ministerio de Educación; por el contrario, se especificaba en él la autoría de cuatro
consultores, y el Ministerio acudió al Acuerdo Nacional para liderar la discusión que
le correspondía. Además, enfatizó el gremio, la CPM propuesta no formaba parte
de una estrategia global en pro de una mejor calidad en la educación: se limitaba a
la CPM y no consideraba, entre otros importantes aspectos, la formación inicial y
continua de los maestros.

Por su parte, el Colegio de Profesores del Perú (liderado por Carlos Gallardo) pre-
sentó al Congreso un proyecto de ley alternativo al del Ejecutivo y a tres propues-
tas de sendos grupos políticos representados en el Congreso.


c. QUÉ OPINAN Y SUGIEREN LOS DOCENTES DE BASE
La opinión de los docentes se asocia generalmente a los pronunciamientos de su
sindicato o a las interpretaciones oficiales u oficiosas sobre su sentir. La opinión
del docente de base no tiene suficientes canales de expresión. La vida sindical no
se caracteriza precisamente por alentar consultas democráticas, y las consultas
generadas desde entes oficiales suelen tener objetivos preestablecidos que pue-
den condicionar sus resultados. De allí que sean relevantes los esfuerzos por rea-
lizar consultas abiertas a un universo muestral significativo de docentes.

• LA ENCUESTA NACIONAL UNESCO54

La encuesta UNESCO, que dio resultados dignos de ser destacados, se aplicó a
cerca de dos mil profesores del país durante los últimos meses del 2001. El son-
deo representó un esfuerzo por recoger opiniones de docentes de base sin inter-
mediación alguna.

Respecto a la situación actual del docente y su visión prospectiva sobre la misma,
sólo cuatro de cada diez docentes perciben que su situación es mejor, comparada
con la época de su infancia, y tres de cada diez la consideran peor. Su situación
futura es proyectada en términos positivos sólo por 25% de los docentes encues-
tados; la mayoría (60%) la vislumbra en términos negativos.

Sin embargo, algo más de la mitad de los profesores se encuentran satisfechos
con el ejercicio de la docencia. Una quinta parte siente que su situación profesional
ha empeorado y se sienten menos satisfechos, y otra quinta parte sienten que sus
condiciones no habrían variado. Las principales fuentes de satisfacción provienen
de la misma actividad docente y del trabajo con sus alumnos. La menor satisfac-
ción de los docentes está referida a sus bajas condiciones salariales y a la escasa
participación en su gremio magisterial.

54
El propósito de la encuesta fue construir un perfil de los maestros tomando en consideración las
dimensiones sociodemográficas, laboral y profesional. El diseño original del cuestionario fue elabo-
rado por el IIPE-UNESCO y aplicado inicialmente en Argentina y Uruguay. Luego se adecuó el
cuestionario a la realidad peruana y se encomendó su aplicación a la organización no gubernamen-
tal Calandria. Participaron 1 989 docentes de Lima y de otros ocho departamentos considerando su
representatividad en las regiones naturales del país. En Lima urbana fueron entrevistados 520
docentes, 890 en el resto urbano y 579 en el resto rural; 1 528 docentes de colegios estatales y 461
de privados; 1 171 del nivel primario y 818 del nivel secundario (MED, UNESCO e IIPE 2002).


Sólo 20% de los docentes encuestados desean continuar su trabajo actual, mientras
que tres cuartas partes de ellos asocian sus aspiraciones de mejora a un cambio
laboral. La mayoría de estos últimos ubica ese cambio en el ámbito educativo, reafir-
mándose en su condición docente; sólo un grupo menor se plantea dedicarse a una
ocupación distinta. La tendencia es a mejorar dentro del sector, pasando a ocupar
cargos de gestión y de dirección.

La situación salarial deseada es una muy superior a la actual. Los resultados mues-
tran que, en términos gruesos, los maestros se equiparan en cuanto a lo que debe
ser su recompensa salarial con profesionales médicos, jueces y gerentes de me-
diana empresa.55 En estas respuestas se aprecia una demanda de índole económi-
ca y otra de mayor estatus social. Entre los dos principales niveles de enseñanza, la
tendencia es a proyectar una ligera mayor remuneración para los de primaria que
para los de secundaria.56

El rol del maestro es asociado al de un facilitador del aprendizaje de los alumnos,
antes que un transmisor de cultura y conocimiento. En alguna medida, esto es
producto de los cambios que trataron de introducirse en la década de 1990.

Los encuestados dan mucha importancia a la capacitación que debieran recibir.
Los cinco temas calificados con la más alta importancia y que reciben una mayor
demanda son: a) estrategias, métodos y didácticas; b) relaciones sociales y huma-
nas (manejo de conflictos, trabajo en equipo, etcétera); c) la psicología y la cultura
de los alumnos; d) nuevas tecnologías de la información; e) contenidos de la ense-
ñanza (áreas, cursos, etcétera).

Para los docentes, los tres criterios más importantes que definen un «buen progra-
ma» de perfeccionamiento son: a) el nivel profesional de los responsables de los
cursos; b) el interés y la pertinencia de los temas; c) la participación de los propios
docentes, vía experiencias de trabajo en grupo.

El cuestionario propuso a los docentes evidenciar sus criterios sobre la relación
entre la profesionalización de los docentes y la calidad de la educación. El encues-

55
En el cuestionario se partía de otorgar el sueldo de mil soles a un empleado bancario y se solicitaba
ubicar posibles salarios por asignar a un ministro, un congresista, un médico de hospital, un juez, un
gerente de mediana empresa, un guardia civil o policía y un obrero no especializado. La mediana dio, a
partir de la opinión de los encuestados, 1 761 soles a profesores secundarios y 1 905 soles mensuales
a docentes primarios.
56
En el cuestionario se especificó una antigüedad de diez años en ambos casos, pero con treinta
horas de dedicación semanal en el caso del primario y veinticuatro horas en el de secundaria.


PARA LOS DOCENTES DE BASE, UN «BUEN PROGRAMA» DE PERFECCIONAMIENTO ES
DEFINIDO POR: A) EL NIVEL PROFESIONAL DE LOS RESPONSABLES DE LOS CURSOS: B) EL
INTERÉS Y LA PERTINENCIA DE LOS TEMAS; C) LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROPIOS DOCENTES,
VÍA EXPERIENCIAS DE TRABAJO EN GRUPO.

tado debía calificar de 1 a 10 su grado de acuerdo con una lista de criterios para
determinar posibles aumentos de salario. El que obtuvo el promedio más alto (7,9)
fue «la evaluación periódica de la calidad del desempeño profesional». Luego, con
7,8 le sigue el «titulo académico de grado». En tercer lugar (7,6) aparece un criterio
no tradicional, como es el «desarrollo de investigación o innovaciones educativas».
Sólo en cuarto lugar y con un promedio de 7 ubican uno de los criterios más reite-
rados para determinar el salario docente: la antigüedad en el servicio. El promedio
más bajo (6,3) correspondió a «otros antecedentes académicos». En síntesis, el
criterio con mayor consenso en el cuerpo docente entrevistado es «la evaluación
periódica de rendimiento», lo que contrasta con criterios esgrimidos como priorita-
rios por las dirigencias gremiales.

Una gran mayoría de los docentes encuestados (76%) cuestionan la práctica actual
y consideran que los mecanismos de evaluación vigentes docente son inadecuados.
Respecto a las instituciones o personas que debieran participar en la evaluación
docente, muestran un criterio amplio; las dos opciones más votadas corresponden a
técnicos y expertos del Ministerio de Educación y el equipo directivo del centro edu-
cativo; en segundo término, un tercio de los docentes señalan a colegas docentes
más calificados, a otros expertos y especialistas en educación y a la comunidad
docente de cada escuela. Dos tercios de los encuestados consideran que se deben
tomar en cuenta, para efecto de la evaluación del desempeño docente, los aprendi-
zajes de los alumnos, es decir los resultados de la propia labor docente.

La búsqueda de mecanismos de evaluación docente pertinentes y consensuados
resulta particularmente importante si se tiene en cuenta que la mayor parte de los
profesionales de la educación manifiestan estar de acuerdo en que los mejores
docentes ganen más que los demás. En efecto, 64,3% de los docentes peruanos
están de acuerdo con esta proposición. Sin embargo, cerca de un tercio no lo
están. El desacuerdo es más elevado (42%) entre los docentes rurales; asimismo,
los estatales son más críticos de esta propuesta que sus colegas no estatales, las
mujeres más que los varones, los de nivel socioeconómico bajo que los del nivel
alto, y los de trayectoria descendente en comparación con los que dicen tener una
experiencia opuesta (ascenso social).


Un criterio polémico que se pretenden incorporar para evaluar la calidad del trabajo
de los docentes es la calidad de los aprendizajes logrados por los alumnos. Una
clara mayoría de docentes (68,4%) manifestó estar de acuerdo con esta propues-
ta y poco menos de un tercio (29,1%) se manifestó contrario. Las actitudes críticas
son significativamente más frecuentes entre los docentes de áreas rurales (42%)
y los que trabajan en centros estatales en el nivel primario.

¿Cuáles debieran ser los criterios para definir a «un buen docente»? Las respues-
tas señalan como prioridades la vocación docente, el compromiso con la tarea
educativa y con los niños, y las cualidades éticas y morales. En segundo término se
ubican los criterios técnico-profesionales, entre los que destacan el dominio de
tecnologías y didácticas más actualizadas, el conocimiento actualizado del conteni-
do a desarrollar y la programación e implementación curricular. Importa señalar que
en la definición del «buen» ejercicio docente la exigencia de una neutralidad ideo-
lógica y político partidaria aparece como un campo de controversia frente al cual
los maestros se dividen, mitad a mitad, a favor y en contra.

Un porcentaje mayoritario de docentes (69,8%) tienen una opinión positiva sobre
una posible autonomía en la gestión de los centros educativos. Esta proporción es
más alta aún entre los docentes de medios rurales, lo que resulta explicable por el
predominio de las escuelas unidocentes. Sin embargo, cuando se les pregunta por
la autonomía deseada en el ejercicio de su propia docencia, un mayor número se
inclina por no pedir más de la que hay; aquéllos que la reclaman sólo se refieren a
los métodos pedagógicos, los contenidos y las prioridades.

Las ex USE y hoy UGEL son las instituciones con el mayor índice de desconfianza
(35,1%). Las universidades públicas e instituciones internacionales como la UNES-
CO y UNICEF les merecen mayor confianza.

Los profesores encuestados fueron consultados también sobre su acuerdo o des-
acuerdo con las políticas y los programas impulsados durante los últimos años: la
«Consulta para un Acuerdo Educativo Nacional», aplicada por el gobierno de tran-
sición del presidente Valentín Paniagua, generó el máximo acuerdo (92,7%); en
contraste, el discutido programa de bachillerato sólo concitó 33% de opiniones
favorables. Otros programas bien valorados fueron el de Equipamiento e Infraes-
tructura (80%) y el PLANCAD (77%), ambos correspondientes a la gestión de Al-
berto Fujimori.

Las prácticas atentatorias contra la ética laboral, como «faltar al trabajo simulando
una enfermedad» y «mentir para conseguir un trabajo», resultaron rechazadas por
la inmensa mayoría docente (86,4% y 79,4%).


6. PRERREQUISITOS EN MATERIA DE POLÍTICAS DE
DESARROLLO MAGISTERIAL

¿Cómo se explica que en una sociedad como la peruana se dé tanto valor a la
educación escolar y no se valore en la misma medida a los maestros? ¿Por qué se
ha ignorado la cuestión docente durante tantos años? ¿Es la cuestión docente
principalmente un problema de formación profesional, de un salario suficiente y de
un escalafón con incentivos? ¿O lo es también de control social de la calidad de la
enseñanza, de mejor selección de postulantes y de severos ajustes a la oferta de
formación inicial y continua de los docentes?

Ser educador en un país como el Perú debiera significar un permanente desafío. La
tarea demanda convicciones e ideales, unidos a vocaciones suficientemente sólidas,
para poder trabajar en condiciones cuyo denominador común es la precariedad.

El educador debe asumir que su trabajo es importante y que su buena calificación
resulta indispensable para acompañar el crecimiento de sus alumnos y obtener
buenos aprendizajes. Debe ser muy consciente para no trasladar hacia sus alum-
nos sus convicciones políticas, en caso que las tenga, ni sus estados de bajo áni-
mo, en caso que deba soportarlos.

El liderazgo de todo profesor está basado sobre todo en el ejemplo y el buen uso
del poder de la palabra. La rutina y el seguimiento de pautas administrativas, única-
mente, son insuficientes para lograr las modificaciones sustantivas que demandan
el país y la sociedad peruana en el terreno de la educación.

a. PRERREQUISITOS BÁSICOS
• ACTUALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS Y DAR CONTINUIDAD A LAS POLÍTICAS

El país no cuenta con diagnósticos actualizados de las formas y los efectos de los
aprendizajes que se dan tanto dentro como fuera del sistema educativo. La actua-
lización de los diagnósticos sobre el rendimiento en los centros educativos del país


y sobre las condiciones del ejercicio de la docencia puede ofrecer importantes pis-
tas para mejorar la realidad docente.

La falta de continuidad en las políticas influye sobremanera en el escepticismo
magisterial. Como pocos servidores públicos, los maestros son testigos y víctimas
de los cambios inconclusos que en cada gobierno se ha intentado realizar, la mayo-
ría de los cuales han fracasado, incluidos algunos que tuvieron un prometedor co-
mienzo.

Durante el gobierno de Alejandro Toledo algunas autoridades hicieron declaracio-
nes públicas en contra de los diagnósticos («se han hecho tantos y es momento de
ejecutar»). La cultura del conformismo sin aplicar lo existente y sin actualizar los
datos genera inercia en funcionarios encargados de aplicar políticas.

• REVISAR LOS ROLES Y REESTRUCTURAR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El proceso de descentralización supone una revisión profunda del rol del Ministerio
de Educación como instancia directriz de las políticas educativas públicas. A pesar
de la opción de trasladar funciones a regiones y órganos intermedios, aún subsis-
ten contradicciones en sus directrices.

Los escenarios educativos que suponen la nueva Ley General de Educación, el
Proyecto Educativo Nacional y las crecientes exigencias de la descentralización
plantean interrogantes como los siguientes:

• ¿Se justifica la subsistencia de dos viceministerios de Educación, uno de Gestión
Pedagógica y otro de Gestión Institucional ?

• ¿Tiene vigencia la actual composición de las Direcciones Nacionales y su condi-
ción de «direcciones estanco» no vinculantes?

• ¿Se justifica mantener la excesiva normatividad y dependencia de los institutos
superiores pedagógicos respecto al Ministerio de Educación? ¿Tiene sentido man-
tener la preeminencia curricular del Ministerio sobre el conjunto de ISP del país?

• ¿Cómo hacer más viables y efectivas las vinculaciones del Ministerio con organis-
mos de cooperación financiera y de asistencia técnica nacional e internacional?


• ¿Cómo convertir la estructura y las funciones del Ministerio en unidades bastante
más eficientes que las actuales?

• ¿Cuándo y cómo establecer en el Ministerio una carrera funcionaria que impida los
cambios de personal por motivos político-partidarios o por decisiones arbitrarias de
las autoridades de turno?

• ¿Cómo generar en el Ministerio un mayor liderazgo y poder de convocatoria?

• ¿Cómo impulsar la descentralización sin dejar de tratar de controlar la acción de
los órganos descentralizados?

A la urgencia de mayores recursos para la educación se debe sumar la falta de
calidad y eficiencia en el gasto imperante en el Ministerio. Tres hechos concretos
sustentan esta afirmación:

• En los últimos años, el sector educación dejó de gastar un promedio de 250 millo-
nes de soles anuales: tal es la diferencia entre los recursos aprobados y los efecti-
vamente gastados. Se calcula en 360 millones de dólares la cifra no gastada en el
último quinquenio (Oroza 2003).

• Alrededor de 3 500 maestros contratados deben esperar hasta fin de año para
recibir sus remuneraciones por un trabajo que inician en marzo o abril de cada año.
Si no se someten a esta injusticia, corren el riesgo de no cobrar.

• Durante varios meses del segundo semestre del 2003, el Ministerio de Educación
destinó a sus principales cuadros a elaborar tanto la propuesta de un Programa
Nacional de Emergencia Educativa como un Proyecto de Reglamento de la Ley
General de Educación. Anteriormente se ha hecho referencia a los insuficientes
lineamientos y convocatoria para enfrentar dicha emergencia. El Proyecto de Re-
glamento tiene graves omisiones, distorsiones e insuficiencias; además, presenta
la insólita característica de tener un articulado considerablemente menor que el de
la propia ley.


Abugattás
Juan Abugattás
MED BÁSI CAS PA EN NTA UN SITU ITUA DE
MED I D A S BÁSI CAS PA R A EN F R E NTA R UN A SITUA C IÓN DE
EMERGENCIA

• Disminuir considerablemente el número de instancias de formación inicial de maes-
tros, tanto universitarias como no universitarias, y suspender durante un período no
menor de diez años el ingreso a las facultades de educación y pedagógicos. Salvo,
claro está, para aquéllos que quieran especializarse en áreas pedagógicas en las que
faltan cuadros, que son de hecho muy pocas.
• Elevar los requisitos y las exigencias para acceder a la carrera magisterial a un nivel
igual o superior que los exigidos para otras carreras.
• Despedagogizar la formación de profesores, demandando que aquéllos que preten-
dan enseñar en secundaria concluyan primero una carrera profesional en el área que
corresponda y que adquieran destrezas pedagógicas en estudios de posgrado.
• Derogar de inmediato la Ley del Profesorado y sustituirla por una nueva que incluya
el escalafón de una carrera magisterial basada en el reconocimiento de méritos y
esfuerzos tanto para ascender en la carrera, como para permanecer en ella. Obvia-
mente, esto supone introducir mecanismos de evaluación permanente y eliminar la
fórmula actual de estabilidad absoluta de los nombrados.
• Establecer, por un período no menor de diez años, la jubilación obligatoria de los
maestros luego de treinta años de servicio, independientemente de la edad.
• Poner en marcha de inmediato el Sistema Nacional de Formación Continua de Maes-
tros, que permita a todos los que estén en servicio capacitarse, profesionalizarse,
reciclarse o actualizarse permanentemente. Esta iniciativa es evidentemente un com-
plemento justo y necesario de las anteriores medidas, pues nadie puede exigir a los
maestros mayor rendimiento si no se les da la oportunidad de mejorar su calificación.
• Establecer nuevas escalas de remuneraciones para los maestros, ligándolas, a partir de
un mínimo, al escalafón de la carrera magisterial y con incentivos especiales para aqué-
llos que opten por desempeñar sus funciones en zonas rurales o urbano-marginales.
• Otorgar a las escuelas una mayor participación en los procesos de contratación y
nombramiento de maestros, de modo que las comunidades educativas asuman una
responsabilidad directa en la fiscalización y acompañamiento de las actividades do-
centes.
• Establecer una carrera de administración educativa, que implique la preparación y el
entrenamiento de las personas que deberán desempeñarse en cargos administrati-
vos y directivos de las escuelas, incluyendo, de manera especial, a los directores.
• Reformar la ley sindical que impide la formación de otros sindicatos magisteriales
aparte del SUTEP y la democratización de la vida sindical, incluyendo el principio «un
maestro, un voto» para la designación de directivos en la Derrama Magisterial y otras
instancias.

Fuente: Juan Abugattás, «Políticas educativas y magisterio», exposición en el Instituto Social Cristia-
no (ISC), Lima, noviembre del 2003, publicada en Crisis y desafíos de la educación en el Perú, ISC,
Lima, 2004.


b. NUEVA VISIÓN Y PERFILES PARA LA NUEVA DOCENCIA
Una visión renovada de la docencia se debe asociar a la necesidad de contar con
maestros y maestras reconocidos como una comunidad profesional con capacidad
para intervenir en la crítica y la transformación de la escuela. Para ello se requiere
que sean formados como profesionales, con lo intelectual directamente asociado a
lo ético y lo cultural; asimismo, alentarlos a asumir la responsabilidad por sus accio-
nes y decisiones en el aula y en la escuela. Se aspira también a que lleguen a ser
creadores de saber pedagógico referido a su quehacer profesional. De acuerdo
con esta visión, se asume que la docencia es una profesión moral e intelectual, y no
sólo una profesión técnica; y que la enseñanza es, además, una actividad construi-
da sobre bases emocionales e intelectuales.

La educación requiere el diseño de perfiles adecuados a la realidad de la labor
docente y a los ámbitos en los que se desarrolla esta labor. Los nuevos perfiles
tendrían que estar asociados a las demandas de la sociedad, que debieran ser
asumidas con creatividad e iniciativa.

Los perfiles propuestos en Nueva docencia en el Perú merecen más atención y
debate. Allí se afirma la necesidad de contar con un perfil docente básico e integral
organizado en cuatro dimensiones:

• La dimensión personal, que asume al docente desde la perspectiva del desarrollo
humano en relación con los ciclos de su carrera profesional; en este ámbito, se
destaca la necesidad de trabajar la autoestima, el desarrollo de las habilidades
sociales y las actitudes para la convivencia.

• La dimensión pedagógica, referida al aprendizaje de los alumnos, enfatizando la
necesidad de que éstos desarrollen competencias para aprender y de que el do-
cente adquiera conocimientos específicos de acuerdo con la región o población
donde se desempeñará; en este ámbito, se estimulará la identificación de criterios
referentes para reconocer distintos niveles de desarrollo de cada competencia.

• La dimensión institucional, referida al ejercicio de la profesión en el aula y el centro
educativo como derecho y responsabilidad; en este ámbito se estimula la constitu-
ción de equipos docentes que hagan del trabajo en la escuela un ejercicio de con-
vivencia pedagógica y democrática.

• La dimensión social-ciudadana, que estimula la participación del docente en la
comunidad, su comprensión del mundo en el que vive y su conocimiento de las


demandas del futuro; en este ámbito se reconoce su condición ciudadana como
sujeto y promotor de derechos.

En el documento mencionado se proponen cuatro competencias e indicadores
para la dimensión personal e igual número para la dimensión pedagógica, y dos
competencias e indicadores para las dimensiones institucional y social-ciudadana.
Sin embargo, es prudente reconocer que será difícil que un perfil basado en los
roles del docente, bastante antiguo como planteamiento, sea traducido en térmi-
nos operativos sin evitar pérdidas de tiempo y serios traslapes. Optar por perfiles
renovados requiere un «clima» de cambio e innovación que hoy el país está lejos de
sostener.57

Las cuatro dimensiones propuestas tienen vinculación con lo planteado en la Co-
misión Delors sobre los saberes de una persona que se implican mutuamente:
saber ser, saber convivir, saber pensar y saber hacer.

57
Alfredo Rodríguez hace referencia a los efectos de la reforma educativa de la década de 1970 que
alteraron notablemente los perfiles de desempeño docente: «[…] aparece con fuerza la necesidad de
maestros de educación inicial especializados; el maestro primario ingresa a una etapa de entrenamiento
para una reingeniería de su trabajo y el desarrollo de un enfoque de tecnología educativa promovido
desde el gobierno [...]. Por su parte, los maestros del nivel secundario se ven invadidos por discursos
extraños al su statu quo profesional: incremento de horas de ‘Formación laboral’ [...]; aparecen las ‘Áreas’
y las ‘Líneas de acción educativa’ y se inician los primeros ejercicios de planificación a nivel del NEC
[Núcleo Educativo Comunal] con los ‘diagnósticos situacionales’» (Rodríguez 2003: 27).


7. LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE:
UN OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO
EDUCATIVO NACIONAL

En el Proyecto Educativo Nacional es clara la opción por privilegiar que «enseñar bien es
factor clave para el cambio»; así está señalado en su tercer objetivo estratégico, «Maes-
tras y maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia».

El Proyecto parte de la convicción de que si bien el magisterio no es el único actor en
la educación nacional, ésta depende sobremanera del buen desempeño cotidiano de
sus docentes. Asimismo, tiene como premisa que la razón de ser de las maestras y
los maestros es promover aprendizajes óptimos y pertinentes en sus estudiantes.

La variedad cultural y productiva de nuestro país demanda renovar los desempe-
ños docentes, para que los profesionales de la educación sean a la vez germen y
mediadores de la nueva educación encarnada en el PEN. Esa renovación supone
una sólida formación inicial, oportunidades de formación continua en el desarrollo
de sus etapas profesionales y, particularmente, prácticas docentes y buenas condi-
ciones de trabajo que posibiliten transformar la educación y la propia sociedad.

Los deberes que el Estado y la sociedad deben cumplir con sus maestros y maes-
tras suponen, a la vez, requerimientos mínimos que cada docente debe garantizar
para sus estudiantes y para la sociedad.

La aplicación del Proyecto Educativo Nacional como política de Estado supone
asegurar el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el marco de
una carrera pública centrada en el desempeño responsable y efectivo, así como
una formación continua de carácter integral.

Son dos los principales resultados considerados en el mencionado tercer objetivo
estratégico:

RESULTADO1
Sistema integral de formación docente

Comprende las siguientes políticas:


• Generar estándares claros sobre la buena docencia y acreditar instancias de forma-
ción y desarrollo profesional docente
Con esta política se busca acreditar la calidad de la formación docente, evaluando y
racionalizando los centros de formación docente públicos y privados con base en
criterios claros, y fomentando una cultura de evaluación y autoevaluación de la ges-
tión orientada a la acreditación. Se busca, asimismo, superar un modelo de docencia
caracterizado por el facilismo y la repetición de hechos o datos.

• Reestructurar y fortalecer la formación docente en servicio, articulada con la for-
mación docente inicial
Esta política busca establecer un sistema nacional integrado y descentralizado de
formación de docentes en servicio articulado con la formación inicial, enfocado en
el logro de metas efectivas y evaluables de desarrollo profesional, y con un enfo-
que multicultural.

RESULTADO 2
Carrera pública magisterial renovada

Implementar una nueva carrera pública magisterial comprende como políticas prin-
cipales:

• Evaluar a los docentes para el ingreso y la permanencia en la carrera pública ma-
gisterial y su asignación laboral
Con esta política se procura instalar y fortalecer un sistema efectivo de evaluación
docente que sirva para alimentar el sistema de formación continua del magisterio,
así como la selección y certificación que exigen el ingreso y la permanencia en la
CPM. Esto posibilitará la asignación de los maestros mejor preparados a las zonas
más vulnerables y revalorar socialmente la función docente.

• Vincular los ascensos e incrementos salariales al desempeño profesional y a las
condiciones de trabajo
Esta política se orienta a crear mecanismos y condiciones laborales básicas que
aseguren a los maestros su derecho a ser ascendidos por progresos y méritos en
el marco de la carrera docente, así como la remuneración que corresponde a su
nivel de desempeño profesional.

• Promover la revaloración social de la profesión docente, sobre la base del recono-
cimiento de sus buenas prácticas
Esta política se propone contribuir a revalorar la profesión docente mediante el
estímulo y el reconocimiento público de las buenas prácticas y los resultados posi-
tivos.


8. DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE

a. PANORAMA Y DESAFÍOS CENTRALES
Un primer desafío de la formación docente consiste en adecuar la organización y
las estrategias de la formación inicial y continua a las características heterogéneas
de los sujetos que hoy componen el magisterio. Un segundo reto es mejorar y
garantizar la calidad de la formación inicial. Otra tarea pendiente es integrar la
formación inicial y continua en un sistema de educación permanente. Asimismo,
enfrentar con éxito el factor curricular, sobre todo en la formación inicial, seguirá
teniendo una especial gravitación.

En estos desafíos se evidencia la tensión entre la formación inicial y en servicio. La
buena formación inicial es reconocida como esencial e importante para el ejercicio
profesional; por lo mismo, debe ser sólida y exigente. La formación en servicio, en
cambio, da continuidad y actualiza esa formación inicial, en una perspectiva de
educación permanente.

También existe tensión entre la formación general y la formación por niveles. Esta
última prepara a los docentes para ejercer su profesión en determinado nivel edu-
cativo; la formación general, en cambio, representa la posibilidad teórica de forjar
un solo tipo de docente que se pueda desempeñar en cualquier nivel. Parte del
debate pendiente es cuán viable es formar a este docente «polivalente», capaz de
trabajar en inicial, primaria y secundaria, con niños y adolescentes, y capaz también
de relacionarse con los padres y de trabajar con la comunidad.

La formación de formadores, como parte importante de la formación inicial y de la
continua, es otro desafío por resolver. En cuanto a esto, una premisa que genera la
experiencia acumulada es que ninguna formación docente es posible sin el interés
de los propios profesores. Hay maestros que consideran la formación en servicio
como un derecho; otros, en cambio, la toman como una obligación; y la actitud
favorable o desfavorable se relaciona con el modo de resolver esta tensión. Supe-
rar la tensión entre la formación docente como «derecho» o como «obligación»


demanda que la sociedad, el Estado y los profesores asuman la docencia como una
profesión que exige actualización y perfeccionamiento; y que, por lo tanto, es nece-
sario establecer las condiciones para que esto sea una realidad.

En este contexto es posible rescatar algunos avances realizados en el sector edu-
cativo para perfilar los elementos básicos de una política articulada de la formación
en servicio. De la experiencia acumulada durante los dos últimos lustros sobresa-
len acciones como las siguientes:

• Identificación y selección de las instituciones acreditadas (ISP, escuelas superiores
de formación docente, universidades y asociaciones) con mejores condiciones para
ofrecer formación en servicio y sistemas de seguimiento permanente a los docen-
tes en las aulas.

• Aliento de programas diversos y abiertos de capacitación, actualización y especia-
lización de docentes y formadores en función de las demandas institucionales de-
finidas en proyectos institucionales, redes, provincias y regiones, según el caso.

• Creación de tres Centros Amauta de desarrollo profesional con capacidad para
gestionar descentralizadamente la formación continua en sus regiones de in-
fluencia.

• Establecimiento de programas formales de posgrado (maestrías, doctorados y pos-
doctorados) a cargo de las universidades, dirigidos a segmentos selectos identifi-
cados en las prioridades de desarrollo y orientados a la producción de profesiona-
les avanzados de la política, la planificación, la evaluación y la investigación educa-
tivas.

• Aplicación de paquetes de programas de formación en gestión y administración
educativa (para directivos y administradores del sector).

• LA RACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA DE FORMACIÓN DOCENTE

En el año 2002, la DINFOCAD inició un proceso de racionalización de la oferta de
formación docente. Esto significó la reinscripción de los ISP y la clausura de 47 de
éstos en el 2003. Igualmente, se ha suspendido la creación de instituciones de
formación docente públicas y privadas hasta el 31 de diciembre del año 2011, así
como la de facultades universitarias para estudiar las carreras de educación inicial,


primaria y secundaria (especialidades de Comunicación, Matemática, Ciencias Na-
turales y Sociales).58

Los resultados de la intervención del Equipo de Evaluación de la DINFOCAD, que
examinó 396 IFD, determinaron que cuarenta de éstas no pudieran solicitar meta
de ingresantes el 2004, ocho el 2005 y cuarenta el 2006.

Los resultados de la evaluación el año 2006 fueron los siguientes: 18 IFD califica-
ron en el nivel «Óptimo satisfactorio», 100 en «Muy bueno o satisfactorio», 204 en
«Bueno satisfactorio» y 45 en «No satisfactorio» (29 no fueron evaluadas). Las que
lograron el resultado «Muy bueno» o el «Óptimo satisfactorio» quedaron aptas para
solicitar al MED su calificación para brindar formación en servicio.

No se conocen suficientemente los procedimientos utilizados ni el tipo de especia-
listas que actuaron en esos procesos evaluativos; tampoco se sabe si primaron los
elementos evaluativos externos o la autoevalución institucional. Sin embargo, hay
indicios que permiten suponer que sólo 118 de los 396 ISP evaluados serían me-
recedores de confianza institucional.

Ante la magnitud del problema de la formación inicial y de la continua, ¿qué hacer
con los otros 278 ISP? ¿Cuántos son «rescatables»? ¿A cuáles se les podría asig-
nar otras tareas educativas no necesariamente ligadas a la formación inicial? ¿Qué
pasos dar para que la creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación resuelva éstas y otras cuestiones similares?

Por otro lado, varias de las escasas iniciativas tomadas por la DINFOCAD para hacer
cumplir la normatividad han tenido al propio Poder Judicial como singular aliado de
la mediocridad de los ISP que se resisten a ser clausurados. El director nacional de
esa Dirección ha tenido que acudir a juzgados provinciales a causa de juicios or-
questados entre directivos de ISP y algunos jueces.

La situación descrita ha sido alterada con la modificación, vía el Decreto Supremo
006-2007-ED, del artículo 18 del Reglamento General de los ISP y de escuelas
superiores de formación docente públicas y privadas, que establece las normas
correspondientes a la selección de postulantes a partir del proceso de admisión
del 2007 y fija en catorce (14) la nota mínima. La no consulta de esta medida con
los ISP agrava la situación de muchos de éstos.

58
En este contexto, el 2007 hubo una meta de 19 937 ingresantes, alrededor de diez mil menos que
el 2002.


b. LAS LECCIONES DEL PLANCAD Y DEL PLANCGED
LAS LECCIONES DEL PLANCAD

El Plan Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD) representa el mayor esfuer-
zo del Estado peruano en la inversión de recursos a favor de la capacitación do-
cente. Entre 1995 y el 2001, más de 50% de docentes y directores de los centros
estatales de educación inicial, primaria y secundaria participaron en ese programa
(176 256 favorecidos) (Carrillo y Cuenca 2001).

Principales resultados

De la bibliografía consultada se reconocen como principales logros del PLANCAD:

• Involucrar en la ejecución del Plan de Capacitación a instituciones de la sociedad
civil, algunas con importante trayectoria en la renovación pedagógica.

• Haber estimulado cambios en la relación docente-alumnos y en el clima afectivo
de las aulas; la sensibilización de los docentes en su nuevo rol dentro de los cam-
bios operados en el sector educación.

• Procurar que los docentes le den una mayor importancia a su papel como facilita-
dores de la educación, objetando la concepción del docente como transmisor de
conocimientos. Esto dio lugar a un mayor uso de metodologías activas, especial-
mente del trabajo en grupos.

• Influir en despertar interés por capacitarse. En esta área destaca el seguimiento in
situ de la práctica docente como estrategia de capacitación.

• El Ministerio de Educación ganó cierta credibilidad entre el magisterio, que lo vio
comprometido con la ejecución de este Plan.

El Foro Educación Para Todos afirma que

[…] no se ha encontrado un impacto real de la capacitación, es decir, una
tendencia que afirme una relación entre un mejor rendimiento de los alum-
nos y la capacitación docente. Sin embargo, ello no implica que las prácticas
docentes que el PLANCAD quería transmitir no ayuden a mejorar el aprendi-


SE IDENTIFICO EL CONSTRUCTIVISMO CON MÉTODOS ACTIVOS Y TRABAJO EN GRUPO;
MUCHOS DOCENTES CAPACITADOS EN EL PLANCAD SE LIMITARON A REPETIR FRASES ASO-
CIADAS AL «NUEVO ENFOQUE PEDAGÓGICO», SIN ENTENDERLO SUFICIENTEMENTE.

zaje (como sí se concluye en un conjunto de estudios internacionales), sino
que, probablemente, la capacitación tiene algunas debilidades o no es sufi-
ciente por sí misma para lograr un mejor rendimiento» (MED 2003: 55).

Como una de las principales debilidades de la capacitación, se señala que ésta

[…] se ha desarrollado en el marco de una política centralista y homogénea,
que no considera las características locales ni las necesidades específicas
que podrían demandar las diferentes modalidades de enseñanza. Así, por ejem-
plo, no existe un plan especial de capacitación para los docentes de centros
educativos con aulas multigrado y los de centros educativos unidocentes, los
que principalmente se encuentran en áreas rurales. Esta deficiencia en la
capacitación docente no permite acortar la brecha entre la calidad de la
educación urbana y la rural. (MED 2003: 57)

El carácter limitado del tiempo dado a esa capacitación influyó para que en muchas
aulas y centros educativos no se hayan palpado algunos de los productos pedagógi-
cos del PLANCAD.

Se puede señalar el olvido de que el medio urbano hace aprender permanentemente
cosas nuevas, reforzando con ello a la escuela, lo que no puede hacer el entorno
rural; y que, además, no se miden los aprendizajes específicos de las poblaciones
rurales —pesca, caza, agricultura, uso de plantas medicinales, conocimiento y mane-
jo del entorno— que se deberían tener en cuenta para el aprendizaje nuevo, pensado
generalmente para zonas urbanas. Además, los maestros que van a los lugares más
alejados suelen ser los que tienen menos competencia profesional, y no llegan a
adquirirla dadas las condiciones en las que tienen que vivir y porque su obsesión es
tratar de salir lo más pronto a áreas urbanas, ante la ausencia de incentivos reales
para permanecer donde están.


El reconocimiento en el MED de su insuficiencia para asumir aisladamente tareas
de formación significó un paso positivo al delegar tareas, vía contrato, a entes ejecu-
tores. Sin embargo, hay coincidencia en criticar la selección de determinados entes
ejecutores: no se tuvo en cuenta la capacidad y la experiencia institucional, y primó
más bien la acumulación de papeles que registraban supuestos méritos para asumir
tan importante tarea. A pesar de esto, la incorporación de actores de la sociedad civil
como entes ejecutores fue una señal positiva para los participantes, frente a los
cuales el MED tenía una desgastada imagen como único ofertante de capacitación
docente.

Este Plan permitió al MED asumir un nuevo rol que le posibilitó recuperar cierto
liderazgo frente al magisterio. En este sentido, es significativo que en la encuesta a
docentes aplicada con apoyo del Instituto Internacional de Planeamiento de la Edu-
cación de la UNESCO (IIPE-Buenos Aires) un alto porcentaje (alrededor de 75%)
dijo valorar positivamente la capacitación ofrecida por el PLANCAD.

Respecto a los avances en la difusión del enfoque «constructivista» en
el PLANCAD

Las experiencias impulsadas por el PLANCAD contribuyeron a difundir el enfoque
«constructivista», a demandar propuestas pedagógicas concretas y a cuestionar
discursos y prácticas tradicionales sobre el currículo, el aprendizaje y la enseñanza.
Se estuvo lejos, sin embargo, de plasmar un cambio pedagógico en las aulas. Lo
realizado fue insuficiente respecto a las metas trazadas y no se dio un cambio
sistémico que incidiese simultáneamente en otras dimensiones de lo educativo
Una crítica común es la de haber limitado la capacitación a los aprendizajes masi-
ficados de metodologías, sin detenerse en el sentido mismo de la acción educativa.
Se identificó el constructivismo con métodos activos y trabajo en grupo; muchos
docentes capacitados en el PLANCAD se limitaron a repetir frases asociadas al
«nuevo enfoque pedagógico», sin entenderlo suficientemente. Los criterios cualita-
tivos de la evaluación, aprendidos en cortos seminarios, chocaron y no lograron
superar las notas numéricas que tienen en mente los docentes; las estrategias y
los métodos rígidos que muchos utilizan, así como —algo decisivo— el contexto
autoritario del gobierno que le dio origen, contrastaron con las demandas de edu-
cación democrática en las aulas planteadas en los seminarios a los que habían
asistido los docentes. Esto imposibilitó convertir el proceso educativo en una expe-
riencia de construcción de conocimientos y de educación en valores.


El PLANCGED y otras iniciativas en materia de capacitación en gestión
(MED-MECEP 2001)

El Plan de Capacitación en Gestión de la Educación (PLANCGED) se organizó te-
niendo como objetivo mejorar la gestión institucional, administrativa y pedagógica
de los centros educativos públicos capacitando a los directores de educación pri-
maria y secundaria.

En 1999 se implementó el primer taller de capacitación a directores, a cargo de
instituciones ejecutoras públicas o privadas, con la finalidad de uniformizar la apli-
cación de los contenidos de la capacitación entre los diferentes entes ejecutores y
todas las sedes. Ese mismo año se inició la capacitación de los órganos interme-
dios para que supervisaran adecuadamente a los directores.

Fueron detectados como problemas en el estudio evaluativo de Apoyo a partir de la
aplicación del PLANCGED: la existencia de diferentes criterios y objetivos entre los
entes ejecutores; la imposibilidad de conocer la eficacia de la capacitación, limitán-
dose a obtener la relación de los que habían sido capacitados; y el que los entes
ejecutores funcionaran sin articularse con los órganos intermedios. Posteriormen-
te se aplicó un Plan Piloto sobre Capacitación en Gestión para Directores en su
Modalidad a Distancia (PLANCGED a Distancia), que se aplicó en Cusco, Madre de
Dios, Cajamarca, Piura, Lima-Huarochirí y Amazonas con directores de centros
multigrado y unidocentes; sin embargo, no hay informes sobre los resultados de
esta acción piloto.

El Ministerio de Educación impulsó además algunas actividades orientadas a re-
forzar la gestión institucional:

• Un proyecto piloto de Redes Educativas Rurales, nacido en la Unidad de Descen-
tralización de Centros Educativos del MED, que conformó y consolidó cuatro re-
des: Huarochirí, Yauyos (ambas en Lima), Santa Clotilde y Jenaro Herrera (ambas
en Loreto). Estas redes tuvieron problemas de accesibilidad geográfica y presu-
puestales, así como dificultades técnicas para operar entre ellas.

• Mejora de gestión en 43 centros educativos urbanos —la mitad de los centros
educativos previstos— en diez departamentos y en Lima, validando la propuesta
con la participación de los diferentes órganos intermedios y directores de los cen-
tros educativos.

• Talleres de Innovación de Gestión de Centros Educativos Públicos en 53 centros
educativos públicos de Junín, San Martín, Tarapoto, Mariscal Cáceres, Alto Hualla-


ga, Moquegua, Sullana, Moyobamba, Tacna, Piura-Tumbes y la USE 02, monitorea-
dos por órganos intermedios. Se intentó mejorar las capacidades de éstos usando
materiales impresos.

• Una reunión nacional y cuatro eventos descentralizados sobre gestión, realizados
en Cusco, Chiclayo, Arequipa y Lima (1999).

Hay tres iniciativas dignas de mención en materia de aliento a una mejor gestión
educativa:

• La impulsada por GTZ a través del Programa PROFORMA y del Proyecto de Fortale-
cimiento de la Gestión Educativa con los institutos superiores pedagógicos Nues-
tra Señora del Rosario (Madre de Dios), José Salvador Cavero Ovalle (Ayacucho),
José Jiménez Borja (Tacna), David Sánchez Infante (La Libertad) y Santa Rosa
(Cusco). Esta acción se propuso mejorar la oferta de los ISP y fortalecer su gestión
y la de los centros educativos de cada región. La capacitación se centró básica-
mente en tareas concretas para poner en práctica un modelo de gestión educativa
participativa y eficiente. Participaron en estas acciones de la capacitación los con-
sejos escolares consultivos, los consejos educativos de los ISP y los representan-
tes de órganos intermedios.59

• La experiencia de formación continua desarrollada por Tarea en Tinta con el ISP
local (ver recuadro en la Parte I de esta publicación).

• La desarrollada por el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), enti-
dad que desde 1990 participa en el debate educativo, dando a la educación un papel
clave en materia de competitividad. Además de organizar una Conferencia Anual de
Ejecutivos (CADE) con la educación como tema central, y encuentros regionales en
Cusco y Piura,60 creó un fondo editorial para la elaboración de textos escolares y
decidió la creación de una Escuela para Directores de centros educativos; dichos
encuentros regionales enfatizaron mucho el nexo entre educación y producción.

c. EL TEMA CURRICULAR EN LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE
Es fundamental tomar en cuenta que la implementación del currículo debe lograr,
sobre todo, aprendizajes concretos. Directivos y docentes de los ISP o de faculta-

59
Ver <www.proeduca-gtz.org.pe>.
60
Organizados por el IPAE, institución con sede en Lima.


des de educación, junto a los alumnos (futuros docentes), tendrían que entender que
los currículos se desarrollan mediante contenidos y actividades, estén o no estas
últimas contenidas en los programas. Los aprendizajes previos, sus estilos de apren-
der, sus intereses, necesidades y motivaciones deben ser dados a conocer cuando
los alumnos de estas instituciones formadoras inicien sus estudios, pues son facto-
res que pueden influir en su formación como docentes.

Es necesario revisar el hecho de que los currículos para la formación docente apli-
cados en los ISP sean diseñados en la sede central del Ministerio de Educación.
Dichos currículos se elaboran sobre la base de demasiados supuestos prácticos y
teóricos que evolucionan muy rápido, lo que dificulta enormemente su implementa-
ción, más aún cuando los entes ejecutores, los ISP, tienen escasa o ninguna parti-
cipación en su construcción. Los cambios sucesivos de currículos manifestarían
que la realidad desborda las posibilidades del sector educación; y no pudiendo el
MED implementar los currículos allí producidos, no tiene mejor opción que impul-
sar sucesivos cambios curriculares sin que los vigentes hayan sido lo suficiente-
mente evaluados. La aplicación, los años 2002 y 2003, del currículo aplicado en
ISP seleccionados por el MED fue clara expresión de lo anterior.

El éxito del currículo de formación docente lanzado en 1996 se basó en que reco-
gió las innovaciones exitosas de institutos que lucharon largamente y lograron una
cierta autonomía para experimentar y abrir nuevos caminos. Desde 1989 irrumpie-
ron como modelos para solucionar algunos problemas entonces vigentes las expe-
riencias del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, de Lima, y de los ISP bilin-
gües Loreto, de Iquitos (amazónico, origen del FORMABIAP) y Urubamba, de Cusco
(andino). En 1996 se recogió también, para Ciencias Naturales, la experiencia de
dieciocho pedagógicos andinos sobre el sistema agroecológico escolar.

Al respecto, la educadora Shona García61 sugiere asegurar la existencia de por lo
menos unos cuantos «pulmones» para el sistema de formación docente, que per-
mitan mantener currículos oxigenados y permanentemente actualizados. Esto sig-
nificaría autorizar la autonomía controlada que poseen algunos ISP para realizar
innovaciones curriculares que vayan enriqueciendo la evolución de los otros, y que
no comprometan a mucha gente con posibles fracasos.

El diseño de políticas curriculares que orienten y regulen la formación de los futu-
ros docentes debe considerar, asimismo, los distintos tipos de población estudiantil
con que trabajan. En esta formación inicial, así como en la que se imparta durante

61
Shona García fue distinguida el año 2004 con las Palmas Magisteriales en el grado Amauta, en
razón de sus excepcionales aportes a la formación inicial y continua de docentes.


el servicio, será importante considerar, además, la difusión y el diálogo con la comu-
nidad.

En el ISP Santa Rosa del Cusco se considera que el nuevo currículo propuesto por
el MED para la formación docente representa un retroceso respecto al que se
estaba validando: se limita a un listado de contenidos. Lo mismo sostienen otras
voces de especialistas contactados para este trabajo. Además, afirman haber en-
contrado una alta intolerancia contra los ISP entre los principales propulsores de lo
que consideran una «nueva aventura curricular» en el país.

Los cambios curriculares impuestos desde la sede central del MED demandan
volver a atender anteriores reflexiones y recomendaciones sobre currículos en
materia de formación docente (Reátegui 1998):

• «[...] para que sea un aporte en la línea de formación docente, requiere además del
diseño de la propuesta, desarrollar el proceso y definir el resultado. Esto con el fin
de actuar en términos de retroinformación y corregirla» (Reátegui 1998: 19).

• Discutir y fundamentar las áreas y la naturaleza de las disciplinas que conforman la
propuesta en términos de disciplinas intermedias y aplicadas, tomando a las bási-
cas como punto de partida.

• Discutir el núcleo curricular de la propuesta, a la luz de la epistemología, ya que
ésta lo centra en lo pedagógico y lo didáctico.62

• Pensar en la posibilidad de reducir el diseño a sus elementos estructurales básicos,
para evitar la posible rigidez de los contenidos.

• Completar el diagnóstico del proceso de formación del docente con una investiga-
ción de base que recoja las necesidades del maestro, además de sus posibilidades
reales de asumir una propuesta como la que se presenta.

• A todo esto se puede añadir la urgencia de introducir en la propuesta contenidos
multiculturales, que puedan crear la posibilidad de un currículo único para los pro-
fesores peruanos, expuestos a la multiculturalidad como una exigencia social, cul-
tural y lingüística. De igual modo, considerar seriamente la inclusión de contenidos
remediales o de nivelación pedagógica, para evitar la deserción y la repitencia en el
sistema educativo peruano

62
Shona García afirma que la propuesta de 1996 formuló sus bases teóricas a pedido de los formadores,
pero que en el MED no se permitió su publicación. Se recurrió entonces a publicarla con el material del
curso de Teoría de la Educación I que la GTZ hizo llegar a todos los pedagógicos estatales.


Las recomendaciones mencionadas serán más positivas aún si se toma en cuenta
el nuevo escenario que genera la regionalización. Aplicarlas en forma general trae-
ría riesgos innecesarios. Un proceso serio de acreditación determinaría que sólo
los ISP acreditados podrían intentar ganarse el derecho de formular sus propios
currículos.

Una cuestión no resuelta es la vigencia de la actual normatividad, que establece un
currículo nacional de formación docente formulado desde la sede central del MED
sin alentar una autonomía curricular de los ISP.

CAS DE IS «PAU FRE DE COM
EL CAS O DE L IS P «PAU LO FRE I R E» DE COM A S

La acción de este instituto pedagógico privado es digna de mencionarse. El ISP
«Paulo Freire» se ha convertido en una entidad educativa que está favoreciendo
el cambio educativo entre las poblaciones del Cono Norte de Lima Metropolitana.

Creado en 1992 con el apoyo generoso de entidades de cooperación alemana,
muestra la potencialidad de una iniciativa privada para la cual los fines de servi-
cio, antes que los de lucro, son los predominantes. Entre otros, destacan impac-
tos institucionales como los siguientes:

• Sus egresados provienen de Comas, y trabajan en este distrito y en otros populo-
sos ámbitos aledaños.
• La acción institucional del ISP «Paulo Freire» está totalmente integrada al Cono
Norte de Lima Metropolitana.
• Es reconocido como una entidad que forma bien a sus estudiantes en un am-
biente que estimula el crecimiento y la autoestima de ellos y que, además, es un
pilar del desarrollo educativo del Cono Norte.
• Ha innovado la formación docente poniendo un especial acento en las prácticas
y los compromisos sociales de sus estudiantes. Traduce el 30% de la iniciativa
curricular en un programa especial de educación social y comunitaria aplicado al
ámbito poblacional de su influencia, y desarrollado por los alumnos hasta su oc-
tavo ciclo de estudios.
• Sus egresados están siendo reconocidos como un factor de cambio y desarrollo.
Es una constante su vinculación con el Instituto Peruano de Educación en Dere-
chos Humanos y la Paz (IPEDEPH) y su metodología participativa en lo referente a
la práctica de derechos humanos y el ejercicio de valores.
• Ha creado el Instituto de Investigación Educativa, que reforzará la sistematiza-
ción y los fundamentos de sus objetivos institucionales.


d. HACIA UN SISTEMA EFICIENTE DE FORMACIÓN DOCENTE EN
SERVICIO

Hay por lo menos tres propuestas de formación docente en servicio presentadas al
Ministerio de Educación, todas ellas con elementos valiosos por considerar o com-
binar. Diversas circunstancias impidieron que esas propuestas sean suficientemente
conocidas y aplicadas.

La experiencia del PLANCAD, con todas sus inconsistencias y limitaciones, sigue
siendo la acción concreta más significativa emprendida en el ámbito nacional por
el Estado peruano. De allí que el país y la educación perdieran al no emprenderse
una evaluación y sistematización que arrojase luces sobre lo que tendría que con-
servarse y lo que no debiera repetirse de esa experiencia. No se trata de abogar
por repetir una experiencia similar, sino de proponer e imaginar nuevos escenarios
de una acción masiva a favor de la formación continua de los docentes del país.
¿Qué sugiere la experiencia acumulada, en cuanto a la formación de los docentes
en servicio?

• Realizar un buen diagnóstico de lo que realmente se necesita organizar y desarro-
llar en esta materia. Es inconveniente que ese diagnóstico trate de recoger y aco-
ger indiscriminadamente las múltiples demandas vigentes.

• Posibilitar un equilibrio entre la fundamentación pedagógica y las demandas meto-
dológicas del accionar docente.

• Trabajar con equipos docentes más que con docentes individualmente selecciona-
dos y convocados.

• Conferir una función significativa a las Direcciones Regionales y otros organismos
intermedios, eliminando toda posibilidad de disputa entre el nivel central y estas
unidades pedagógico-administrativas.

• Insistir en la estrategia de que el Ministerio de Educación no se constituya en el
único órgano ejecutor, y establecer convenios con unidades ejecutoras seleccio-
nadas obedeciendo a exigentes parámetros de eficacia y responsabilidad profe-
sional.

• Procurar que esta formación no se imparta vía grandes concentraciones en la ca-
pital del país y con jornadas únicas de escasa duración, sino en cada región y
siguiendo diversas etapas.


• Dar mucha importancia, en el diseño de esta acción estratégica, al trabajo con
docentes en redes de centros educativos, así como al seguimiento y el acompaña-
miento de los docentes capacitados.

• Establecer evaluaciones intermedias y una evaluación global que incluya la meto-
dología y los contenidos seleccionados, así como el trabajo de los organismos eje-
cutores en cada región. El diseño de la evaluación debiera ser nacional, tal vez
conducida por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación Edu-
cativa creado en la Ley General de Educación (Art. 15).

e. ATENDER LAS DEMANDAS DE LA FORMACIÓN DE FORMADORES
El sistema educativo demanda la formación de una masa crítica de formadores,
articulada nacionalmente y por ámbitos regionales. Ninguna reforma de la forma-
ción docente puede tener éxito si no cuenta con buenos formadores de maestros.
Atender dicha demanda significaría:

• Establecer un sistema de evaluación y selección de profesionales idóneos para en-
señar en los institutos pedagógicos, fortaleciendo una comunidad nacional de for-
madores articulada regional y nacionalmente.

• Involucrarlos en un programa de formación continua que incluya estudios de pos-
grado en universidades nacionales o extranjeras, en función de sus necesidades de
formación profesional, las del ISP en que servirán y las de los estudiantes.

• Asegurar su dedicación exclusiva al trabajo en los institutos pedagógicos, de modo
que puedan adecuar el currículo a las necesidades de su alumnado y a los proble-
mas educativos de la región; y además, preparar materiales, hacer investigación-
acción, monitorear las prácticas de sus alumnos en las escuelas y capacitar en el
servicio a docentes de educación básica.

• Incrementar sus remuneraciones para compensar la pérdida de ingresos por otros
empleos.

• Facilitar estudios de complementación pedagógica para los formadores que provie-
nen de otras carreras profesionales.

• Diversificar los sistemas de formación, para atender las distintas realidades de la
docencia y la educación escolar en el país.


EL SISTEMA EDUCATIVO DEMANDA LA FORMACIÓN DE UNA MASA CRÍTICA DE FORMADORES,
ARTICULADA NACIONALMENTE Y POR ÁMBITOS REGIONALES. NINGUNA REFORMA DE LA
FORMACIÓN DOCENTE PUEDE TENER ÉXITO SI NO CUENTA CON BUENOS FORMADORES DE
MAESTROS.

Es importante que la formación de formadores de maestros de inicial y primaria
mejore con estrategias específicas las actuales prácticas en escuelas multigrado y
unidocente, y busque la formación de maestros polivalentes capaces de asumir lo
pedagógico con niños, adolescentes y adultos, así como de trabajar con los padres
y las comunidades. En el caso de los maestros de educación secundaria tiene que
considerarse que no pueden ser especialistas en todas las áreas.

La formación de formadores debiera ser repensada tomando a la escuela concreta
en sus múltiples expresiones como verdadero telón de fondo, buscando superar la
proverbial disociación entre formación y práctica de la enseñanza. Con este propó-
sito, es necesario alentar, en cada región, la mayor presencia de universidades y de
organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema

La evaluación de la calidad y los resultados de la formación inicial y continua, ten-
dría que comprender diversos métodos que incluyan la opinión de los docentes. Es
conveniente que los procesos evaluativos signifiquen una mejor concepción de lo
que hace un formador calificado; asimismo, deben generar condiciones para que
los formadores revisen sus marcos conceptuales y sus prácticas. Otro de sus re-
sultados debiera dar lugar a la revisión de los propios programas de formación de
formadores, sobre todo en lo referente al conocimiento profesional de los formado-
res. Las condiciones efectivas de tiempo y el financiamiento correspondiente de-
bieran ser evaluados respecto a si han sido suficientes para concretar oportunida-
des de aprendizaje continuo de los formadores. Importa destacar que en el caso
peruano, los formadores han contribuido a su autoformación al organizarse en re-
des con encuentros anuales para el intercambio de experiencias y para profundizar
temas específicos u otros en los cuales se sienten deficitarios; incluso han finan-
ciado con sus propios sueldos bachilleratos, maestrías y segundas especialidades.


• FORMACIÓN NO SÓLO ACADÉMICA Y TEÓRICA

Un objetivo estratégico de toda política de formación docente es lograr que el
profesor asuma como propia una propuesta de democratizar el aula y que obtenga
métodos efectivos para cumplir con las demandas curriculares y atender los distin-
tos niveles de aprendizaje de sus alumnos. Las bases teóricas de su profesión son
importantes. Sin embargo no se debe eludir la inmensa posibilidad de alentar, en la
formación, que se imparta una buena práctica pedagógica en las aulas, con los
alumnos concretos.

El currículo de formación docente de 1996 promovió precisamente una serie de
cambios para que la carrera no fuese sólo académica y teórica. En este sentido, las
áreas Sociedad, Ecosistema, Comunicación Integral, Matemática y Educación Re-
ligiosa de la especialidad de Primaria comprendían tres subáreas:

• El área y el currículo: estudio del currículo de menores del área equivalente, para
permitir una práctica temprana, orientando y confrontando la formación teórica.

• Estudio teórico-práctico del área: formación estrictamente académica y teórica,
pero tomando en cuenta lo necesario para hacer aprender a menores.

• Proyectos o talleres de contacto con la comunidad, para intercambiar saberes y
servicios. Los estudiantes aprovechaban lo que la comunidad podía darles y prepa-
raban actividades para devolverles la información o el servicio.

El área Educación era estructuralmente polivalente y comprendía las subáreas de
Investigación, Práctica, Psicología, Currículo, Tecnología y Gestión, y Teoría de la Edu-
cación.

La potencialidad de la capacitación docente mediante mecanismos no convencio-
nales se expresa en múltiples experiencias. La del Instituto Peruano de Educación
en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEPH) es significativa: en cuatro años logró
capacitar a ocho mil docentes en materias vinculadas con derechos humanos. Los
maestros capacitados estuvieron motivados y fueron capaces de difundir la meto-
dología utilizada.

• ATENCIÓN DE DEMANDAS DE FORMACIÓN DE LOS DIRECTORES
Actualmente hay 5 621 directores de educación secundaria a nivel nacional y aproxi-
madamente 30 000 de primaria de centros educativos públicos. Todos ellos de-
mandan capacitaciones específicas.


Una cuestión previa importante se vincula a la elección de los directores de centros
educativos. Habría por lo menos dos planteamientos complementarios:

a) Los maestros eligen a sus directores. Para ello habría que definir tanto perfiles
básicos de este cargo para cada tipo de centro educativo como una metodología
previa.

b) La comunidad y los padres también intervienen en la elección.

Cualquiera de las dos opciones significa un cambio de la normatividad y tomar en
cuenta antecedentes valiosos como los que se dan en los colegios Fe y Alegría,
donde los maestros evalúan su propio desempeño dando lugar incluso a cambios
en la constitución del plantel docente.

Las preguntas centrales de los directores demandan respuestas específicas para
la gestión a su cargo: ¿cómo dirigir la escuela?, ¿cómo construir un proyecto edu-
cativo institucional y articularlo con proyectos educativos más amplios? Las de-
mandas administrativas básicas se refieren a ayudas para organizar y ejecutar pre-
supuestos y para intervenir en el manejo de los bienes de la escuela, interpretación
de hojas de Excel, etcétera. Los más interesados en mejorar los aprendizajes de
sus alumnos se preguntan cómo alentar y lograr espacios de capacitación externa
e interna, cómo organizar equipos docentes y trabajar con ellos, cuáles son los
mejores mecanismos para trabajar con los padres de familia.

Es importante que los directores puedan tener stages o vinculaciones con institu-
ciones especializadas u organismos no gubernamentales de desarrollo, para am-
pliar su visión de la sociedad y valorar el trabajo interinstitucional e intersectorial.
La capacitación brindada a directores de escuela por el IPAE fue una excelente
iniciativa; sin embargo, adolece de falta de continuidad y, en cuanto al aprendizaje,
da un énfasis excesivo a la consecución de «productos» como el proyecto educati-
vo institucional de la escuela.

f. EL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PERMANENTE 2007-2011
Como efecto de la evaluación censal de docentes aplicada en el segundo gobierno
del presidente Alan García —sobre la que se hará referencia en la Parte III de este
libro— se creó, vía el Decreto Supremo 007-2007-ED, el Programa Nacional de
Formación y Capacitación Permanente 2007-2011. La finalidad del mismo es «[…]


desarrollar en los profesores capacidades personales, pedagógicas y sociocomuni-
tarias, que redundarán en la mejora de su desempeño profesional y por ende en la
calidad de los aprendizajes de sus estudiantes, transformando las instituciones edu-
cativas».

Como parte de su enfrentamiento con el SUTEP generado por la evaluación censal,
el gobierno decidió que serían capacitados solamente los maestros que hubieran
participado en ella.

La capacitación docente se ha encargado a universidades. Aunque el decreto
mencionado incluye a ISP que tengan «experiencia en la formación y/o capacita-
ción» (¿habrá alguno que no la posea?), posteriormente, en la publicación de los
términos de referencia para convenios institucionales, se hace referencia a univer-
sidades públicas y se excluye a los ISP.

De acuerdo con información del MED, para el 2007 las metas de atención son
37 685 docentes de Educación Básica Regular (EBR) y 5 702 de EBR/Educa-
ción Intercultural Bilingüe, distribuidos en la totalidad de regiones del país.63

El programa pone énfasis en tres tipos de capacidades: comunicativas, lógico-
matemáticas, y dominio del currículo y de la especialidad académica según cada
nivel. La duración de la capacitación será de 220 horas, desarrolladas en cinco
meses. Cuarenta horas serán destinadas al monitoreo (veinte al docente y veinte a
la institución educativa). El primer grupo tendrá un presupuesto de 17 355 800
soles, que considera pagos a los maestros por asistir a las actividades de capacita-
ción y un apoyo económico adicional o bonificación por haber sido capacitado.64

La organización de esta acción nacional se inició el 20 de marzo con una charla
informativa a representantes de 31 universidades convocadas, a quienes se les
entregó el Proyecto Educativo Nacional, el Diseño Curricular Nacional de Educa-
ción Básica Regular e información adicional sobre el Programa Nacional de For-
mación y Capacitación Permanente.

63
Según información proporcionada en la exposición sobre este Programa Nacional 2007-2011, a
cargo de Guillermo Molinari Palomino, director de Educación Superior Pedagógica del MED, en
reunión convocada por el Consejo Nacional de Educación (16 de junio del 2007), los docentes de
educación inicial serían 3 620 de EBR y 821 de EBR/EIB; los de educación primaria, 15 493 de EBR
y 4 881 de EBR/EIB; y los de educación secundaria, 18 572 sólo de EBR.
64
El programa prevé pagos de 50 soles para quienes acudan a capacitarse y bonificaciones de 100
y 150 soles para quienes aprueben la capacitación.


Los criterios de supervisión y evaluación o conformidad de la ejecución de este
programa comprenden el plan de capacitación, el equipo de catedráticos y/o capa-
citadores, los syllabus, la metodología presencial y a distancia, el monitoreo en el
aula y en la institución educativa, la infraestructura y el equipamiento, y los materia-
les educativos.

En análisis de este programa, Marta López de Castilla (2007) reconoce los si-
guientes aciertos:

• que el MED ponga en agenda el tema de la formación en servicio;
• que haya horas de monitoreo orientadas al conjunto de la institución educativa;
• que los profesores reciban clases directamente de los especialistas en distintos
temas educativos;
• que se considere una prueba de entrada y otra de salida para evaluar los avances
de los profesores; y
• que la prueba de evaluación no haya sido digitada por el MED, sino elaborada por
la universidad.

La misma especialista y otras voces coinciden en señalar que esos aciertos se
pierden y contradicen en medio de muchos desaciertos, siendo los principales la
concepción que anima esta iniciativa y la clara improvisación que representa en su
conjunto.

Por otra parte, el rótulo «capacitación» es objeto de cada vez más críticas fundadas,
más aún si en la práctica la tarea se plantea como sustitutiva de la formación
docente en servicio. En el caso de este proyecto gubernamental, representa sobre
todo una forma de actualización para poner en práctica un nuevo programa, con
contenidos específicos. Así pues, no se enfatiza lo suficiente la formación perma-
nente como un proceso necesario para los maestros en ejercicio, más duradera
que tratar de suplir una posible deficiente formación inicial. A la actualización re-
presentada por la capacitación habría que unir acciones de perfeccionamiento que
enfrenten integralmente la mejora del ejercicio profesional.65 Por lo demás, los con-
tenidos y la metodología de la capacitación, determinados en el MED y no en las
universidades, parecen estar referidos a una formación previa o inicial y no a una
formación en servicio.

En cuanto a la elección de las 31 universidades, subsisten dudas sobre los criterios
aplicados para la convocatoria, pues no todas están en condiciones de capacitar

65
Marta López (2007) menciona, por ejemplo, cursos de posgrado y de segunda especialización,
grupos de reflexión entre docentes y grupos de interaprendizaje.


docentes. Esta acción, no prevista en sus planes, ha determinado que varias recurran
a contratar docentes externos para que se encarguen de la nueva tarea. Lo paradó-
jico es que en buen número de casos serán docentes de ISP —vetados como tales
para desarrollar la capacitación—, ahora convocados por las universidades, quienes
ejecutarán la labor encomendada a éstas. La imagen de la institución universitaria
se mella, además, al aceptar que el MED establezca los requisitos para nombrar al
coordinador del programa y a los capacitadores en cada centro universitario, su-
puestamente poseedor de la autonomía suficiente para encargarse de seleccionar
su personal.

El pago a los docentes por acudir a la capacitación y por concluirla contradice la
idea de acentuar el profesionalismo en el magisterio, pues éste va unido a su sen-
tido de responsabilidad y autonomía para asociar su educación permanente a una
necesidad profesional. Estas previsiones de «apoyo económico» parecen haberse
dado, más bien, en la lógica de enfrentamiento con el gremio magisterial, para
«disputarle» a sus afiliados de modo que no hagan eco de los posibles intentos de
boicotear esta iniciativa oficial. Un agravante es que la capacitación no será para
todos los docentes, sino sólo para los que acudieron a evaluarse; sin embargo, al
castigar a los demás, en la lógica del objetivo propuesto para este Programa Na-
cional, se estará castigando también a los alumnos de esos docentes.

Finalmente, este Programa Nacional no ha tomado en cuenta la descentralización
educativa ni los actuales procesos de formación de los Proyectos Educativos Re-
gionales. El centralismo en materia de formación docente tiene ahora el perjuicio
agregado de que hay regiones que se están preocupando por construir sus currí-
culos regionales, así como otras —San Martín y Apurímac, por ejemplo— que se
enteraron de esta decisión oficial cuando habían realizado encomiables esfuerzos
autónomos por contar con estrategias para la constitución de sistemas regionales
de formación docente.


9. REGIONALIZACIÓN Y DESARROLLO MAGISTERIAL

La descentralización es una gran oportunidad para revertir situaciones ancestrales
que afectan al magisterio y condicionan su desempeño. Se requiere romper la ruti-
na, y los procesos de descentralización que supone la regionalización lo pueden
posibilitar. Dos son las principales medidas aquí propuestas: reconstruir los orga-
nismos intermedios y propiciar la autonomía de centros educativos asociada al
fortalecimiento de la sociedad civil.

ACCIÓN 1
Reconstruir los organismos intermedios

La regionalización debe servir para encarar una situación insostenible: la inoperancia
y el descrédito generalizado de los organismos intermedios. Se trata de construir, con
nuevos parámetros, la institucionalidad educativa regional —las sedes regionales y
las unidades de gestión educativa local—. Opiniones recogidas en las zonas visitadas
sostienen que es tal la corrupción e incapacidad de estos organismos que será impo-
sible intentar cambio alguno en las políticas magisteriales si no se renuevan sustan-
tivamente las direcciones regionales y las unidades de gestión local, en su calidad de
principales entidades de vinculación con los docentes. Mantenerlos sin modificacio-
nes sustantivas pone en riesgo la propia descentralización. Una acción preliminar
tendría que ser evaluar al personal y proponerse como política que algunos regresen
a las aulas, al menos temporalmente. Los nuevos técnicos debieran ser elegidos por
concurso, con candidatos por centros educativos. Aun a los especialistas académi-
cos les convendría tener un período concreto de trabajo y luego volver a las aulas, en
vez de asumir, como empleados, tareas administrativas.

Algunos profesionales entrevistados coinciden al sugerir medidas drásticas como
las siguientes:

• Invitar al retiro a todos los funcionarios de las direcciones regionales y unidades de
gestión educativa local, como paso previo de una convocatoria a concurso público
que permita renovar el perfil del personal profesional a cargo de las tareas adminis-


trativas y pedagógicas. Esta convocatoria debe considerar la posibilidad de que
postulen los mejores funcionarios hoy en actividad, libres de antecedentes de co-
rrupción.

• Una medida que incentivaría el retiro anticipado de muchos de los actuales funcio-
narios es la supresión del «plus» creado por el DS 025, del gobierno de Fujimori,
que autoriza el pago de sumas adicionales a sus actuales salarios por la realización
de labores extrahorarias.

• Una vez renovados, estos organismos intermedios debieran constituirse en entes
decisivos tanto en el ejercicio de liderazgos regionales y locales como en la convo-
catoria a docentes y comunidades educativas para mejorar sustantivamente los
aprendizajes. Se trata de convertirlos en reales factores de interlocución política
ante las autoridades regionales y locales. La simplificación de los mecanismos de
control y procedimiento debe estar acompañada por limitar al mínimo las exigen-
cias documentarias, tomando como parámetro el recurrir sólo a aquéllas indispen-
sables que cada órgano intermedio esté en condiciones de leer y procesar.

• Siendo de especial magnitud en determinadas provincias el uso de licencias médi-
cas, es necesario introducir medidas que permitan la atención médica oportuna, así
como recurrir a médicos que certifiquen la oportunidad y validez de los descansos
médicos y determinen si las recetas tienen correspondencia con la enfermedad
motivo de la licencia.

• Modificar la actual situación pasa por reforzar sustantivamente las capacidades de
estas unidades en el acompañamiento de los procesos de enseñanza y de apren-
dizaje en los centros educativos.

• Concentrar buenos equipos docentes en cada organismo intermedio facilitará ta-
reas como las siguientes:
– influir en los lineamientos curriculares regionales y locales, y convocar el es-
fuerzo y la reflexión de los maestros y las instituciones educativas de sus res-
pectivos ámbitos;
– ejecutar proyectos locales, alentar la constitución y capacitación de equipos
docentes, y establecer convenios con entidades capaces de sistematizar e in-
vestigar los problemas pedagógicos por resolver en los centros educativos de
sus jurisdicciones;
– apoyar a los docentes en su tarea formativa; y
– promover la evaluación de la gestión pedagógica e institucional de los centros
educativos.


Un propósito colectivo de la regionalización debiera ser la revalorización regional de
la vocación docente, mediante estrategias que reconozcan los esfuerzos desplega-
dos por los docentes en su trabajo. Se requiere crear comisiones con participación
de docentes de áreas urbanas y rurales que rescaten las innovaciones pedagógicas
aplicadas en diferentes ámbitos (comunicación, medio ambiente, conformación de
redes, etcétera). Al gobierno regional y a los municipios les corresponde asumir
estrategias que los comprometan en la formación de los maestros de sus localida-
des.

ACCIÓN 2
Propiciar la autonomía de los centros educativos asociada al
fortalecimiento de la sociedad civil

Uno de los puntos más sensibles de la aplicación de la nueva Ley General de
Educación es dar el poder de decidir a los centros educativos, a su director y a los
miembros de la comunidad educativa: maestros, alumnos y padres organizados en
el consejo escolar. Esto, porque todo esfuerzo en este sentido se estrellará con la
mentalidad centralista extendida hasta en las propias regiones. La experiencia de
transferencia de poder deberá pasar por un período de aprendizaje que no estará
exento de conflictos entre los miembros de esas comunidades, ni de errores en las
decisiones.

La autonomía escolar es parte esencial del proyecto de descentralización educati-
va. Esto significa garantizar que los centros educativos se responsabilicen, ante la
comunidad, de los aprendizajes y las competencias establecidos en el currículo
nacional, del movimiento de personal y de la gestión institucional y pedagógica.

Sin embargo, la escuela, con escasas excepciones, no tiene prestigio suficiente
para ser ella sola motor de cambio. En medios empobrecidos, como los rurales y los
indígenas, la escuela tendrá que refundarse tomando como base prácticas innova-
doras aplicadas en el país e innovaciones institucionales precisadas en la Ley Ge-
neral de Educación, con procesos participativos que impliquen a padres y comuni-
dades.

La generalización de procesos que permitan conformar equipos docentes en cada
centro educativo y el funcionamiento de redes de estos mismos centros, así como
la organización de planes de desarrollo institucional, podrían ser piezas clave en el
desarrollo magisterial y en logro de escuelas mejor constituidas, que brinden mejo-
res servicios a sus alumnos y comunidades.


Será fundamental el papel de las comunidades comprometiéndose para contar con
buenas escuelas y dar los pasos para lograr ese objetivo. Habrá que considerar, sin
embargo, los problemas que puede generar la lógica tradicional de muchos padres
de familia respecto a lo que consideran una «buena escuela»: maestros severos que
dan muchas tareas para el hogar, etcétera.

La deseada y anunciada autonomía de los centros educativos será más factible de
concretar si en el Estado se instalan mecanismos que permitan que los incremen-
tos presupuestales en el sector tengan como destinatario principal los centros edu-
cativos, eliminando varios pasos de intermediación.

Los nuevos roles asignados a los centros educativos influirán —o debieran influir—
en las políticas que se adopten para el ejercicio docente. Algunos de ellos están
referidos a tareas como las siguientes:

• Participar en la contratación y el nombramiento de los docentes (quienes reciben
un servicio deben tener derecho a participar en la selección del personal que se los
brindará).66

• Elaborar y ejecutar, con autonomía de la comunidad docente, el proyecto educativo
institucional, vinculado a los proyectos educativos de ámbito nacional, regional y
local (con la opción de que lo elaboren, en conjunto, varios centros educativos
cercanos).

• Administrar un presupuesto para bienes y servicios asignado por la unidad de ges-
tión educativa y buscar «fondos propios». Estas tareas no deben ir en desmedro de
las labores pedagógicas.

• Coparticipar en la evaluación del desempeño de la institución y de quienes la inte-
gran, en la perspectiva de que cada quien asuma responsabilidades por la marcha
institucional y por los aprendizajes de los alumnos.

• Formar parte de redes educativas o ayudar a establecerlas con las que se enri-
quezca la reflexión y los intercambios pedagógicos y administrativos.

Lo anterior supone generar institucionalidad en el propio centro educativo, vía la
constitución y el fortalecimiento de entidades como el consejo escolar, el municipio
escolar —con alumnos que desde pequeños cumplan roles que afiancen su ciudada-

66
Habría que asegurar que verdaderamente decida la comunidad educativa, para que la elección no
dependa de las preferencias del director.


LA DESEADA Y ANUNCIADA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SERÁ MÁS FACTI-
BLE DE CONCRETAR SI EN EL ESTADO LOS INCREMENTOS PRESUPUESTALES EN EL SECTOR
TENGAN COMO DESTINATARIO PRINCIPAL LOS CENTROS EDUCATIVOS, ELIMINANDO VA-
RIOS PASOS DE INTERMEDIACIÓN.

nía—, y la asociación de madres y padres de familia, dándoles la posibilidad de opinar
y decidir, hasta donde sea pertinente.

La rendición de cuentas a la comunidad y la transparencia en la comunicación de
los resultados del proceso de aprendizaje propiciarán la demanda social de una
educación de buena calidad, compartiendo con el magisterio, en consonancia con
los criterios de evaluación del servicio. Esto supone, asimismo, lograr que cambie el
tradicional rol de los padres de familia —como elementos de apoyo económico o al
momento de construir la infraestructura del centro educativo—, de modo que pasen
a vigilar la calidad de la educación. Evidentemente, esto será más factible en la
medida en que se eleve la conciencia colectiva sobre lo que es calidad en la educa-
ción, y cómo se debe expresar en las aulas y en el conjunto del centro educativo.


10. LA NUEVA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL

a. LAS DEMANDAS DE UNA NUEVA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL

El importante trabajo colectivo que significó la propuesta Nueva docencia en el
Perú demandó superar el actual modelo de carrera tradicional por otro basado en
cuatro grandes premisas:67

• Que esté estructurado desde y para los alumnos y sus aprendizajes, lo que supone
que los docentes acepten: a) su responsabilidad en el logro de aprendizajes signi-
ficativos por parte de sus alumnos; y b) la evaluación de su propio desempeño,
dándole más importancia a la calidad profesional que a la antigüedad en el puesto.

• Que el Estado, asumiendo un papel rector en la educación, valore la profesión
docente con remuneraciones dignas, propiciando mejores condiciones de trabajo y
apoyando efectivamente la formación en servicio, así como estableciendo un siste-
ma de evaluación e incentivos que aliente mejores desempeños.

• Que los centros educativos y organismos intermedios tengan una autonomía cre-
ciente y sean el principal escenario institucional para valorar el desempeño profe-
sional. Hay quienes señalan, con razón, que puede ser menos costoso dar más
autonomía a las instituciones educativas, que podrían ser controladas por sus re-
des, y dejar a los órganos intermedios el control administrativo y financiero, mejor
conocido por éstos.68

• Que se concrete la vigilancia ciudadana en pro de una educación de buena calidad,
dando en este empeño un rol predominante a los padres de familia, particularmente

67
Estas premisas sirvieron de base para los planteamientos sobre la Carrera Pública Magisterial de
Excelencia contenidos en Propuesta. Nueva docencia en el Perú (Rivero 2003). Sobre esta publica-
ción se hace referencia más adelante.
68
La mayor autonomía de los organismos intermedios puede sonar a broma de mal gusto sin un
esfuerzo mayor para modificar la estructura y las funciones de las unidades de gestión educativa,


en la elección de los directores y en el acompañamiento de la acción de los docen-
tes a cargo de sus hijos.

La opción por una educación de buena calidad debe presidir los criterios de cual-
quier propuesta renovadora; esto requiere voluntad política para definir la tarea
como una prioridad y asignarle los recursos presupuestales que correspondan a
esa prioridad.

Por otro lado, mejorar la calidad requiere atraer a la carrera docente a los jóvenes
más calificados. Sin embargo, una carrera con salarios bajos, y con remuneracio-
nes y ascensos que dependan fundamentalmente de la antigüedad, no puede re-
sultar atractiva para estos jóvenes.

La experiencia latinoamericana señala la importancia de contar con una carrera
magisterial definida como un sistema de promoción del desarrollo de las compe-
tencias profesionales de los docentes, que asegure la calidad de los aprendizajes
de los alumnos. Esto se observa en los sistemas educativos de países como Méxi-
co, Bolivia, Colombia, Chile y Argentina.

México, por ejemplo, define el modelo de carrera magisterial que está implemen-
tando como un «sistema de promoción horizontal dirigido a los profesores de Edu-
cación Básica, en el cual tienen la posibilidad de acudir a diferentes niveles de
estímulo sin cambiar de función».69 Colombia tiene una carrera con catorce grados
y, en acción conjunta entre el Ministerio de Educación Nacional y la Federación
Colombiana de Educadores, estimula los postítulos de sus docentes. En Chile, tras
un acuerdo entre el presidente Ricardo Lagos y el Colegio de Profesores, se refor-
mó el Estatuto Docente vigente desde 1990. A partir de ello se establecieron me-
joras salariales entre los años 2001 y 2003, así como nuevos criterios que asocian
el progreso en la carrera docente con evaluaciones individuales de desempeño y
acreditaciones voluntarias de competencias en el aula; con retribuciones ligadas a
la excelencia docente y a la creación de una «red de maestros de maestros» inte-
grada por profesores «acreditados por su excelencia pedagógica».70

cuyos técnicos debieran tener más contacto con la realidad de las aulas y renovarse periódicamente
para regresar a la experiencia directa, que es lo que más promueve las innovaciones válidas.
69
Ver la página web de la Secretaría de Educación Pública de México: <http://www.sep.gob.mx/
wb2>.
70
Ver Inés Picazo Verdejo, «Sindicalismo y gobierno: una agenda para el diálogo en torno a la reforma
educativa. El caso de Chile», documento presentado en el Seminario Internacional FLACSO/PREAL
Reformas Educativas y Concertación Gobierno-Sindicatos en América Latina (Ciudad de Guatema-
la, enero del 2004).


EL DOCUMENTO PROPUESTA. NUEVA DOCENCIA EN EL PERÚ(1)

La propuesta de nueva docencia para el Perú contenida en el libro Propuesta. Nueva
docencia en el Perú se inscribe en la búsqueda de una auténtica condición profesional
para los profesores peruanos, como factor esencial de una mejor educación en nuestra
patria. Su texto final ha concitado el interés y reconocimiento de eventos representati-
vos, así como de destacados especialistas nacionales e internacionales.(i)

PRINCIPALES CONTENIDOS

1 Perfilesentoncesnuevos docentes. El equipoTarea, plantea que una por Luisa Pinto,
en ese
de los
directora de la Asociación
de trabajo coordinado
visión renovada
de la docencia se debe asociar a la necesidad de contar con maestros y maestras reco-
nocidos como una comunidad profesional capaz de intervenir en la crítica y la transfor-
mación de la escuela. El perfil docente básico e integral se organiza en cuatro dimensio-
nes: a) la dimensión personal, b) la dimensión pedagógica, c) la dimensión institucional y
d) la dimensión social-ciudadana.(ii) A cada dimensión se le asignan diferentes compe-
tencias e indicadores.

2 Sistema deporHeredia, tuvodeBello,propósitodeformadoras de Educación de equipo
coordinado
acreditación

versidad Cayetano
el Dr. Manuel
instituciones

como
decano la Facultad de
docentes. El
la Uni-
establecer un sistema de acreditación
que enfrente la proliferación de instituciones y programas formadores de profesionales de

1
En agosto del 2001 fui convocado por el Ministerio de Educación para conducir tres grupos de
consultorías que debían abordar y formular propuestas sobre la profesionalización del docente pe-
ruano. Éstas fueron ejecutadas en un intenso proceso entre septiembre del 2001 y mayo del 2002
. Juan Abugattás y Rosario Valdeavellano, principales autoridades vinculadas a estas consultorías
(como viceministro de Gestión Pedagógica y directora nacional de Formación y Capacitación Do-
cente, respectivamente) durante la gestión del ministro Nicolás Lynch, dieron plena libertad para el
desarrollo de las mismas y respetaron a cabalidad el hecho de que las propuestas no representaran
necesariamente el punto de vista del gobierno o del ministro de turno, sino la evaluación de un
núcleo de especialistas nacionales e internacionales, como producto de un proceso rico en inter-
cambios y puestas en común. Por otra parte, fue importante — y lo destaco— que las autoridades
aceptaran asumir como propio nuestro planteamiento de optar fundamentalmente por consultores
peruanos en vez de una anterior estrategia que partía por dar un mayor peso específico a la acción
y las opiniones de consultores internacionales. Mi exposición en calidad de coordinador de la con-
sultoría que dio origen al libro, en la ceremonia de su presentación oficial al país durante la gestión
del ministro Sota Nadal (auditorio del Museo de la Nación, 22 de abril del 2004), sirve de base para
elaborar esta sección del presente texto.
(i) Cabe mencionar los elogios de especialistas internacionales como Richard Kraff (Estados Uni-
dos), Francoise Delannoy (Francia), Beatrice Ávalos (Chile), Susana Decibe (Argentina) y Wolfgang
Köper (Alemania), así como los de docentes convocados para su presentación no oficial en Lima,
Arequipa y Piura. Los 650 docentes que participaron en el Seminario Internacional sobre Políticas
de Formación Docente y Lucha contra la Pobreza, organizado por el Instituto de Pedagogía Popular
en agosto del 2003, señalaron entre sus conclusiones que «Importa además perfilar una nueva


la educación, sin garantía de calidad institucional y en un contexto de sobreoferta docente.
Se plantea la regulación desde el nivel central, a cargo de una «Comisión para la acredita-
ción de la formación de profesionales de la educación» integrada por académicos y profe-
sionales de reconocida trayectoria, con independencia y autoridad suficiente para ser ga-
rantes de la objetividad y transparencia en los procesos de evaluación. Destacan los siguien-
tes pasos estratégicos:

a) Incluir en el proceso de acreditación una autoevaluación institucional, la evaluación
externa y la decisión de acreditación a cargo de esa Comisión.
b) Establecer como estándares de calidad en cada institución de educación superior: i)
el proyecto institucional; ii) la organización, administración y gestión; iii) el perfil pro-
fesional y la estructura curricular; iv) los procesos de enseñanza y aprendizaje; v) los
docentes y estudiantes; vi) la infraestructura y los recursos educativos; vii) la interac-
ción con el medio; y viii) los egresados.

Además se establecen ocho pasos y acciones específicas, como la creación de un fondo
concursable para el mejoramiento y la reconversión de los ISP que no puedan seguir
operando como tales, y la generación de compromisos con entidades nacionales e inter-
nacionales especializadas.

Posteriormente el gobierno aprobó la Ley General de Educación, que considera la crea-
ción del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad. Los
resultados aquí reseñados tendrían que constituirse en insumos de ese Sistema.

3 Carrera pública magisterial de excelencia. El equipo dedetrabajo, coordinado por
excelencia
Julia Alba, consultora y ex miembro del Consejo Superior Educación que acom-
pañó el inicio de la reforma de la década de 1970, señala como elementos fundamenta-
les de una carrera pública magisterial de excelencia:
• La profesionalización docente. Esto implica mejores salarios, una sólida formación
inicial y aprendizajes permanentes, la necesidad de evaluaciones periódicas, la crea-
ción de un sistema de asesoría acompañante, y establecer estímulos económicos
significativamente diferenciados entre nivel y nivel, acordes con mejores desempe-
ños y mayores responsabilidades profesionales.

• Clara distinción entre el ingreso al servicio y el ingreso a la carrera. Obtenido el título
profesional, el nuevo docente que aspire a ingresar a la carrera pública magisterial
tendría un período de inserción durante el cual desarrollará trabajo de aula, contrata-
do por un año con derecho a remuneración y con una «asesoría acompañante». Si

docencia en el Perú. Un documento inicial de debate debiera ser la propuesta elaborada por José
Rivero y equipo. El seminario solicita al MED que esta propuesta sea sometida masivamente a deba-
te en la comunidad educativa». (CIBERDOCENCIA, Información especializada del Sistema de Forma-
ción Continua para docentes. Ministerio de Educación, <www.ciberdocencia.gob.pe>).
(ii) Explicitadas en el numeral 6.2. de este texto.


aprueba una evaluación del desempeño, se le otorgaría una certificación profesional
que habilitaría su ingreso al Nivel I de la carrera. En caso de no aprobarla se le daría una
segunda oportunidad; y si desaprobara por segunda vez sólo podría ejercer la docencia
fuera de la carrera pública.

• Estructuración de la carrera en cinco niveles. Paso de un nivel a otro por evaluacio-
nes que significarían reconocimiento y estímulo para los mejores maestros. En los
dos primeros niveles, estabilidad laboral asociada a la idoneidad profesional El as-
censo de un nivel al siguiente significaría haber tenido un buen desempeño y evalua-
ciones aprobadas (se prevé otorgar nuevas oportunidades con un sistema de apoyo
a los docentes que no las aprobaran al postular su ascenso).

Desde el tercer nivel, el docente estará en condiciones de aspirar a ser director de centro
educativo. A partir de mediados del tercer nivel, los docentes podrán aspirar a ascensos por vía
rápida (fast track) a los siguientes niveles. A partir del Desempeño Profesional Destacado (IV
Nivel) estarán en condiciones de ser asesores acompañantes o desarrollar labores de evalua-
ción del desempeño, de conducción de investigaciones, etcétera.

La propuesta plantea, además, que en el nivel secundario podrían ejercer la docencia
profesionales de otras carreras.(iv) Esto significaría superar dos tipos de oposición: la de
aquellos maestros que demandan una carrera pública exclusiva para los pedagogos y, en
la vertiente opuesta, la de quienes creen que hay que abrir las puertas de la enseñanza a
otros buenos profesionales, sin establecer condición alguna. La nueva Ley General de
Educación, en su artículo 58, abre a profesionales de otras carreras la posibilidad de
ejercer la docencia no sólo en el nivel secundario sino en toda la educación básica

La no continuidad de la propuesta, incluso durante el gobierno que le dio origen

Las autoridades de entonces autorizaron la edición de tres mil ejemplares para difundir
las propuestas planteadas en este documento, como material de discusión para centros
universitarios, institutos pedagógicos, organizaciones no gubernamentales, gremios e
instituciones docentes, así como en los órganos intermedios del Ministerio de Educación
y en núcleos de poder de decisión como el Congreso de la República. Se trataba de
iniciar, sobre la base de la propuesta comentada, un esclarecedor debate nacional.

Sin embargo, confirmando la precaria continuidad de las políticas educativas en el país,
las dos gestiones ministeriales que sucedieron a la que posibilitó la elaboración de este
documento no cumplieron con la impresión del libro y su distribución oportuna, ni con la
estrategia de impulsar su debate en la opinión pública y los actores educativos.

(iii) «[...] podrá considerarse que otros profesionales sin título pedagógico puedan aspirar a ingresar a
la carrera en el nivel de educación secundaria, siempre que tengan un nivel de estudios pedagógicos
que los habilite para enseñar y aprueben un examen de suficiencia pedagógica» (Rivero 2003: 186).


Desde su culminación y presentación al Ministerio de Educación en julio del 2002, el docu-
mento demoró más de dos años en ser publicado y distribuido. El ministro Gerardo Ayzanoa,
que ejerció el cargo de julio del 2002 a junio del 2003, se encargó de desconocer los
acuerdos, y sus apreciaciones ante funcionarios del Ministerio, señalando que la propuesta
era «un mal documento, lleno de generalidades», motivó que Rosario Valdeavellano, una de
las principales impulsoras de este trabajo, le enviara una carta abierta, con fecha 11 de
enero del 2003, de la que transcribo los siguientes párrafos:

La selección del equipo de profesionales para realizarlo fue fruto de una consulta inte-
rinstitucional, basada en la idoneidad y capacidad de sus integrantes [... ] Me refiero no
sólo a los nacionales de primera línea, sino también al asesoramiento valioso de perso-
nalidades del mundo educativo internacional de renombre. Me parece ofensivo calificar
el producto de su trabajo colectivo como mediocre.

El documento «Propuesta. Nueva docencia en el Perú» recoge un proceso de elabora-
ción y de puesta en común felicitado por expertos, autoridades y docentes a lo largo y
ancho del país, presentado y debatido en diversas y numerosas instancias (tres talleres
nacionales, un simposio internacional de ISP, un encuentro Facultades de Educación-
ISP, entre decenas de encuentros regionales), siempre con participación amplia y pre-
sencia de maestros sindicalizados, intelectuales, formadores, catedráticos universitarios,
administrativos y representantes de organizaciones de la sociedad civil de Lima y de
Provincias. El Taller Internacional sobre Carrera Magisterial fue particularmente notable y
posibilitó la presencia de excelentes dirigentes magisteriales procedentes de Argentina,
Chile, Colombia, México y Uruguay así como representantes del SUTEP.

Es un tipo de consultoría con una metodología innovadora, cuya pertinencia han recono-
cido propios y extraños.

El trabajo final fue sometido a crítica, observaciones y sugerencias de una veintena de
especialistas del Ministerio y prominentes intelectuales de la educación, y enriquecido
con sus aportes, el mismo que se presentó a la Comisión de Educación del Congreso de
la República, a las autoridades del Ministerio, a los representantes de los organismos
financieros comprometidos (Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial), así
como a la representante de UNESCO en el país.

En el marco de esta misma consultoría se desarrolló una importante encuesta a dos mil
docentes peruanos, con el apoyo del IIPE UNESCO, presentándose públicamente sus
primeros resultados y habiéndose entregado para su edición el conjunto del trabajo y los
comentarios de un sociólogo nacional.

Constantemente se nos inquiere por parte de educadores peruanos y organismos inter-
nacionales por la difusión de «Nueva docencia en el Perú», pues no se comprende el
motivo de impedir su publicación pese a haberse entregado para la licitación del caso a


medio año en el 2002 y con la financiación asegurada. Incluso la carátula estaba impresa,
para permitir mayor rapidez y su entrega en las reuniones latinoamericanas previstas.

Finalmente, la publicación Nueva docencia en el Perú fue presentada al país el 22 de
abril del 2004, durante la administración del ministro Javier Sota Nadal. En esa misma
gestión se convocó a un núcleo de profesionales para que estructuraran la propuesta de
nueva carrera pública magisterial del Poder Ejecutivo. Según ha sido explicitado tanto en
los proyectos de ley sobre CPM del presidente Alejandro Toledo como en el del presi-
dente Alan García, el texto Nueva docencia en el Perú constituyó una de las principales
fuentes de trabajo.

Sin embargo, más allá de las bondades o dificultades que muestren los procesos poste-
riores a Nueva docencia..., haber abortado desde el propio Ministerio de Educación el
plan primigenio de poner en debate nacional su texto, con una amplia participación do-
cente y social, anuló la posibilidad de construir una carrera pública magisterial que pudie-
se haber sido asumida por docentes y no docentes.

En el caso peruano, las características del proceso de elaboración del documento
Propuesta. Nueva docencia en el Perú y la riqueza innovadora de su contenido
determinan la pertinencia de sintetizar los principales componentes de la carrera
pública magisterial de Excelencia allí contenidos (ver recuadro). Es importante re-
marcar que un buen número de temas son relativamente nuevos en el país o no se
habían abordado en forma sistémica. Además, aun cuando existan experiencias
internacionales positivas y sea posible adoptar y adaptar de éstas algunas estrate-
gias o conceptos nuevos para iniciar la experiencia peruana, es necesario conti-
nuar y generalizar experiencias nacionales aisladas y exitosas que han servido, en
mucho, de inspiración a varios de los elementos de esta Propuesta.

b. PUNTOS CRÍTICOS DEL DEBATE SOBRE UNA NUEVA CARRERA
PÚBLICA MAGISTERIAL
• ASOCIACIÓN DE LA ESTABILIDAD LABORAL CON LA EVALUACIÓN DOCENTE

La estabilidad laboral es para muchos docentes el aspecto más importante de la
relación contractual, tanto en el sector público como en el privado.

La experiencia de los últimos concursos de la primera gestión ministerial del go-
bierno de Alejandro Toledo fue esperanzadora, debido a la alta participación de


padres y docentes de centros educativos, y a la vez traumática, a causa del enciclo-
pedismo de las pruebas y los bajos rendimientos mostrados por los participantes.
Esto dejó lecciones que deben servir en el futuro.71

Algo no suficientemente debatido en el país ni denunciado con énfasis por el sin-
dicato magisterial son los efectos perversos, para el magisterio, de la no aplicación
práctica de criterios de Carrera Magisterial en los años de labor docente, y la dis-
torsión de los mecanismos de promoción de nivel. La promoción «automática» por
tiempo de servicio, aún vigente, ha significado anular la evaluación de desempeño
y, con ello, congelar toda posibilidad de negociar incrementos sustantivos de sala-
rio por cada promoción de nivel.

La invariable actitud gremial ha consistido en manifestar el temor de que los proce-
sos de evaluación terminen afectando la estabilidad laboral. Así, Nílver López, cuando
se desempeñaba como secretario general del SUTEP, señaló: «la evaluación no es
mala, es importante, el problema es que sea utilizada para despedir trabajadores.
En eso sí hay temor, hay duda. Nosotros señalamos sí a la evaluación para los
ascensos, promociones, para estimular, pero no para despedir» (Villarán 2004).

Respecto a las evaluaciones, los maestros tienen objeciones legítimas. La arbitra-
riedad ha sido una constante en el ejercicio del poder en materia educativa, y el
temor de que esto sea parte de lo mismo los sitúa en una actitud de prevención.
Según la encuesta nacional de la UNESCO a la que se hace referencia en esta
publicación, afirman categóricamente que quieren ser evaluados pero no confían
en los mecanismos usuales de evaluación utilizados en el sector. Las arbitrarieda-
des cometidas en las UGEL respecto a los contratos, despidos de contratados y
traslados de docentes, se reflejan en esta percepción. Por lo demás, la forma de
introducir las evaluaciones, sin el pilotaje indispensable y sin establecer consenso,
hace que los maestros las vean como instrumentos de autoridad y no formativos; y,
peor aún, como instrumentos que vulneran la profesión docente.

71
Hay trabajos anteriores que pueden ser rescatados respecto a los concursos públicos para el
nombramiento de docentes y directores en plazas vacantes del sistema público. María Amelia
Palacios, por ejemplo, propone que continúen dichos concursos con los siguientes ajustes: a)
elaborar pruebas estandarizadas, que incluyan una sección diversificada que evalúe si el postulante
cubre los criterios establecidos por las direcciones regionales de educación: por ejemplo, dominio de
la educación bilingüe; b) establecer los procedimientos adecuados para garantizar la validez y
confiabilidad de las pruebas para el ingreso a la carrera pública; c) publicar los resultados de las
pruebas en diarios de circulación nacional; d) proteger el derecho de apelación de los concursantes;
e) constituir comités de calificación descentralizados, y uno nacional integrado por representantes
del Ministerio de Educación, el gremio magisterial y el gobierno local; y f) definir mecanismos para
que, en la selección de los ganadores del concurso público que se integran a su centro, los
directores y las directoras tengan poder de decisión (Palacios 2000).


Sin embargo, esto no quita que la sociedad tenga derecho a saber cuáles y cómo
son los beneficios o problemas de la educación como pieza clave del desarrollo
nacional.

Un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Edu-
cativa debiera crear un escenario distinto, mediante dos organismos —uno para la
educación básica y otro para la educación superior—: instaurar evaluaciones for-
mativas antes que punitivas, y que los resultados ayuden a los docentes y cuerpos
de docentes de los centros educativos a aprender y mejorar a partir de sus propias
prácticas pedagógicas. Para ello, la evaluación educacional no tendría que ser un
fin en sí misma, para buscar sólo defectos y fallas docentes, sino un medio de
desarrollo profesional y de mejora de la calidad educativa al servicio de los apren-
dizajes.

¿EVALUACIÓN DOCENTE O EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE?

La mayoría de los trabajadores y profesionales reciben remuneraciones que guar-
dan relación con la calidad de su trabajo. Si lo hacen bien, son promovidos y sus
salarios aumentan; si lo hacen mal, hasta pueden perder sus puestos de trabajo. La
situación del profesor es distinta: sus escasos incrementos salariales están asocia-
dos principalmente al paso del tiempo, sin importar si se desempeñó bien o mal en
el aula y en el centro educativo, si corrigió las tareas en serio o si puso calificativos
similares a todos sus alumnos, si buscó nuevos y mejores textos para enseñar la
materia a su cargo o se limitó a repetir lo que venía enseñando hace años... Se
puede (y debe) hacer mucho más para ligar las remuneraciones de los profesores
a su desempeño.

Múltiples pruebas aplicadas han detectado que los profesores no manejan bien las
materias de Lenguaje y Matemáticas, provocando ritmos y énfasis distintos al mo-
mento de enseñar respecto a las necesidades de los alumnos y, por ende, retrasos
en éstos. Por ello, se requiere un sistema para certificar a los profesores con prue-
bas que los habiliten, y se demanda una formación especializada en básica y una
acreditación obligatoria de la pedagogía utilizada y del docente.

Algunos países han avanzado en estos aspectos. En 1996 Chile puso en marcha el
Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño, que premia a los profesores de
los mejores colegios de cada región hasta completar 25% de la matrícula regional.
El año 2000, 28% de los profesores recibieron un complemento salarial gracias a


la aplicación de este sistema. Se critica, sin embargo, el carácter «tímido» aún de
esta propuesta, pues los premios para los beneficiados son de 5% de su salario, muy
inferiores a los que reciben los trabajadores destacados de otros rubros.

La idea es que, con una acción concertada sobre la evaluación del desempeño
docente, se revaloren y reconozcan los esfuerzos de los docentes por mejorar los
aprendizajes en sus aulas y en sus centros educativos, y por hacer investigaciones
que influyan en su entorno y en la localidad donde se ubica su centro educativo.

La evaluación del desempeño docente está hoy en el centro del debate educativo.
Como se ha señalado, el incumplimiento de las normas nacionales no contribuye a
alentarla. Estas normas tienen como ejes: a) la acreditación de diplomas, grados,
especialidades, tipos de capacitación recibida, etcétera; b) la acreditación del tiem-
po de servicio como docente; y c) la acreditación del desempeño propiamente
dicho. Sin embargo, a causa del incumplimiento de las normas, el único criterio que
ha prevalecido para promocionar a un maestro o maestra de un nivel a otro es la
«antigüedad» o, en términos más propios según muchos docentes, la «experiencia».
Dos razones lo explican: a la resistencia directa o implícita de los dirigentes gre-
miales a la evaluación se suma —como factor de aún mayor gravitación—la probada
incapacidad política de los gobiernos nacionales para hacer cumplir lo normado.

Un criterio para evaluar a los docentes ha sido la construcción de un adecuado
ambiente de aula. Pero lo «adecuado» para un profesor rural no lo es para uno de
Matemáticas en secundaria o en formación docente, en cuyas instituciones la ins-
trucción está organizada de otro modo. A la postre, los resultados devienen en
evaluaciones injustas. Para que haya una evaluación adecuada, el docente debiera
tener la certeza de que el esfuerzo nacional que significa ponerlo a prueba se
reflejará en los ascensos, en la diferenciación de salarios, etcétera.

En el país no existe una cultura de la evaluación lo suficientemente asumida. Los
docentes la relacionan con perder el trabajo, ser sancionados o sometidos a crite-
rios no siempre aceptados por ellos. Por tal razón, es interesante traer a colación
los resultados de la encuesta que se aplicara con la UNESCO a dos mil docentes de
base, pues contiene respuestas que es necesario tener en cuenta: en primer lugar,
la gran mayoría tiene serias dudas sobre los mecanismos de evaluación, pero al
preguntárseles cuáles debieran ser los criterios para ascender en su carrera, el
rubro «evaluación» obtuvo el mayor puntaje, por encima de los años de servicio, el
título pedagógico y otros. Éste es un antecedente a tomar en cuenta.


Es necesario partir por reconocer que diseñar evaluaciones válidas es muy complejo
y demanda tiempo y recursos. En general, se requiere medir los conocimientos y las
habilidades de los docentes; y en el caso de secundaria, por áreas de especializa-
ción. Además, es preciso medir el desempeño pedagógico con los alumnos, los
aportes a la escuela y los vínculos con los colegas. Finalmente, en un escenario
donde la corrupción es pan de cada día, cabe una especial valoración de lo que el
docente significa para sus estudiantes desde el punto de vista ético y ciudadano.

¿QUÉ EVALUAR?

Es importante medir cuánto dominan los maestros determinadas capacidades aca-
démicas fundamentales, como la comprensión lectora y el razonamiento matemáti-
co, así como su familiaridad con el currículo. Pero es igualmente importante evaluar
cómo planifican y manejan los procesos que se dan en el aula, cómo se comunican
con sus estudiantes y los orientan, cómo asignan y revisan las tareas, cómo evalúan
los avances.

Dominio curricular. Con las pruebas aplicadas el 2001 para el ingreso a la carrera
curricular.
pública magisterial se intentó evaluar el conocimiento del currículo escolar de cerca
de cien mil postulantes, pero dichas pruebas contenían preguntas que medían prin-
cipalmente la retención memorística de conceptos y contenidos teóricos. En el 2004,
cerca de diez mil docentes de las escuelas que participaron en la Evaluación Nacio-
nal de Estudiantes se sometieron voluntariamente a una prueba diagnóstica que
confirmó la importancia que tiene para el aprendizaje de los alumnos el que sus
maestros tengan dominio de las capacidades que necesitan para enseñar.

Desempeño pedagógico. Es urgente que docentes, especialistas, evaluadores, pro-
fesionales y otros actores definan conjuntamente cuáles son las características fun-
damentales de un buen desempeño profesional docente y cómo pueden y deben
evaluarse. Para ello sería útil revisar las experiencias de otros países que, luego de
varios años de ensayos, cuentan ya con sistemas de evaluación del desempeño. El
SINEACE debería considerarlo entre sus primeras tareas.

Calidad del trato y conducta ética. El conocimiento de conceptos y didácticas no
garantiza una buena enseñanza. Hace falta evaluar también el trato que los docen-
tes dan a los alumnos y analizar las costumbres, creencias, valores y motivaciones en
que basan su comportamiento para buscar modificarlas en lo que sea necesario.

Fuente: página electrónica del Consejo Nacional de Educación, <http://www.cne.gob.pe>, julio del 2007.


Sin embargo subsiste la pregunta ¿cuánto es deseable evaluar? Y la respuesta
corresponde más a una decisión política que técnica. Desde el punto de vista técni-
co, es encomiable lo realizado por la Unidad de Medición de Calidad del Ministerio
de Educación. Sus progresos en la elaboración, aplicación y sistematización de prue-
bas para medir el rendimiento escolar se han concretado aun sin la comprensión ni
el apoyo de algunas gestiones ministeriales.

Sin embargo, corresponde fundamentalmente a decisiones políticas la consolida-
ción de un sistema de evaluación con estándares consensuados, que considere
asociar los procesos evaluativos también a requerimientos de entrenamiento y a
mejora de materiales de texto, y que, en suma, forme parte de una respuesta para
apoyar a los propios evaluados y alcanzar los resultados educativos propuestos.

¿QUÉ POLÍTICA DE INCENTIVOS APLICAR?

Las políticas de incentivos debieran fortalecer el reconocimiento del carácter pro-
fesional de la docencia y considerar el desarrollo personal de los docentes. Con
ellas habría que lograr que ellos se sientan ciudadanos encargados de brindar
importantes servicios al país, formando parte de un Estado que reconoce el valor
de esos servicios con salarios suficientes e incentivos que estimulen su afianza-
miento como personas.

Los incentivos podrían beneficiar al conjunto de docentes y, a la vez, ser parte de
una política que reconozca la mayor dedicación y los esfuerzos que realizan los
mejores profesionales del magisterio. Una política integral de incentivos que bene-
ficie a los docentes públicos tendría que considerar componentes como los si-
guientes:

• facilidades para acceder a una vivienda propia en áreas urbanas, y para que los
docentes que ejercen su labor en apartadas áreas rurales encuentren viviendas
básicas para ellos y sus familias (aunque la solución integral del problema de vi-
vienda docente en medios rurales es bastante más complicada);72 y

• acceso estimulado —vía compras masivas y descuentos— a instrumentos de traba-
jo como libros y computadoras, así como menores costos para acudir a espectácu-
los culturales.

72
Hay preguntas válidas como qué pasa con los profesores que ya están casados y trabajan en
distintos lugares: ¿se separa la familia?, ¿se trunca la carrera del cónyuge para conservar la familia?,
¿no importa si el cónyuge es mujer?


Evaluar el desempeño docente y de los centros educativos permitiría entregar in-
centivos por rendimiento a los docentes con mejor desempeño en el aula y a los
equipos de los centros educativos destacados. Esto puede dar lugar a:

• incentivos económicos a los centros educativos que desarrollen innovaciones cu-
rriculares o en sus formas de enseñanza y aprendizaje, destacando el carácter
grupal del esfuerzo: el conjunto de los docentes y el director del centro educativo;

• incentivos académicos, como becas y facilidades para estudiar e investigar, para
los docentes que destaquen por su calidad y entrega al trabajo con los alumnos o
la comunidad; y

• estímulos anuales para los mejores docentes de un distrito o localidad, a partir de
dictámenes de juntas calificadoras integradas por directores, representantes del
profesorado, de los padres, del consejo municipal y de la autoridad educativa local,
sobre la base de las evaluaciones de desempeño y los aportes a la comunidad,
entre otros criterios. Una acción de esta naturaleza tendría que organizarse de
modo tal que no perturbe el clima institucional de los centros educativos.

Colombia muestra ejemplos estimulantes: padres, estudiantes y docentes del cen-
tro educativo eligen al mejor docente, quien obtiene un puntaje acumulable para su
ascenso en el escalafón magisterial. Chile tiene un sistema de pasantías naciona-
les e internacionales; para elegir a los favorecidos, convoca a todas las escuelas
del país a compartir experiencias significativas o para postular a maestros destaca-
dos interesados en conocer experiencias internacionales previamente selecciona-
das y concertadas con países amigos.

• ¿QUIÉNES Y CÓMO DEBEN INGRESAR A LA CARRERA PÚBLICA
MAGISTERIAL?

Son varias las opiniones respecto a quiénes deben ingresar a la carrera pública
magisterial. Una primera, expresada en documentos surgidos en el proceso de
construcción de la CPM y en algunos proyectos de ley, sostiene que deben hacerlo
sólo los profesionales docentes egresados de instituciones de educación superior
acreditadas. Otra posición considera que es necesario superar el carácter estricta-
mente magisterial y posibilitar el ingreso de profesionales de otras especialidades
con capacidad para enseñar, previa especialización o formación pedagógica adi-
cional. No hay consenso respecto a si estos profesionales tendrían derecho a in-
gresar a la CPM o sólo a enseñar sus materias.


En el debate sobre la nueva CPM la discusión principal se ha centrado en quienes
recién ingresarán a ella. Un conflicto irresuelto es la escasa confianza en la ense-
ñanza ofrecida por muchos ISP y facultades de educación, pues no se ha avanzado
lo suficiente en su acreditación. Por ello, muchos planteamientos coinciden en de-
mandar exámenes previos a los postulantes recién egresados, y por lo menos un
año de práctica con docentes que los acompañen en su desempeño. Una vez se-
guros de su competencia en el aula, ingresarían a la CPM. Una variante de esta
posición sostiene que bastaría el examen inicial de postulación a una plaza, sin
excluir la posibilidad de nombrarles docentes acompañantes.

Los dirigentes gremiales recusan estas opciones con la idea de que los egresados
no son culpables de que el Estado no haya velado por la idoneidad de las institucio-
nes formadoras. Además, afirman que dichas fórmulas estarían avalando la política
de contratos sin seguridad en los cargos, que han generado muchas situaciones
de injusticia para con los docentes.

En todo caso, la creación y consolidación del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE ) como eficaz órgano
encargado de la acreditación y de las prácticas evaluativas, es fundamental para
estas definiciones. Mientras no se identifique claramente a los ISP y facultades de
educación que están en condiciones de dar una buena formación inicial, será indis-
pensable tomar medidas para que ingresen a la CPM sólo los docentes con títulos
otorgados por entidades acreditadas y con capacidad o potencialidad de hacer que
sus alumnos aprendan.

c. LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE CARRERA PÚBLICA
MAGISTERIAL NO 29062, SIGNIFICADOS DE LA FORMA COMO
FUE APROBADA Y SUS CONTENIDOS CENTRALES
• EL PROCESO

El debate sobre la nueva carrera pública magisterial tiene antecedentes importan-
tes previos a los afanes de quienes propusieron proyectos de ley en el Congreso.
Esos antecedentes ayudaron a crear un ambiente favorable para que la ley estu-
viera considerada en el Proyecto Educativo Nacional, y fuera reconocida por la
opinión pública y los decisores políticos como una medida de urgente aprobación
para superar los actuales niveles de la educación básica. La propuesta Nueva do-
cencia en el Perú, de la que se ha hecho explícita referencia, es uno de ellos.


LAS AFIRMACIONES SOBRE LA NULA PARTICIPACIÓN DOCENTE EN LOS DEBATES SOBRE LA
CPM SE CONTRADICEN CON INICIATIVAS EXITOSAS COMO LA JORNADA NACIONAL DE RE-
FLEXIÓN DOCENTE, PROPICIADA POR EL CNE EN 17 REGIONES Y EN CERCA DE CINCO MIL
ESCUELAS EN ABRIL DEL 2005.

Durante el gobierno de Alejandro Toledo, las iniciativas en pro de una carrera pública
magisterial tuvieron particular peso durante la gestión del ministro Javier Sota Na-
dal, quien encomendó a tres calificados profesionales elaborar la propuesta de ley
que sería después presentada en el Congreso.73

El segundo gobierno del presidente Alan García optó por no partir de cero. El mi-
nistro José Antonio Chang, en labor coordinada con el consultor Hugo Díaz, tomó
como base, para la propuesta del Ejecutivo, el texto heredado de la gestión de Sota
Nadal.

Sin embargo, el Ministerio de Educación no propició la participación de los docen-
tes en el debate sobre las propuestas. Por otro lado, la administración Toledo no
estableció con claridad el carácter de urgencia que el Congreso debía dar al deba-
te y la promulgación de la nueva ley de carrera pública magisterial, mientras que
con el presidente García, sucedió exactamente lo opuesto, pues se coordinó la
urgencia con la presidencia del Congreso.

El Consejo Nacional de Educación (CNE) dedicó muchas horas de trabajo institu-
cional al análisis de las propuestas de ley de ambos ejecutivos y a propiciar deba-
tes con maestros de base. En el año 2004, en cinco plenos del CNE74 se debatie-
ron los contenidos generales de la CPM y se revisó la propuesta de ley elaborada
por la comisión Díaz, sobre la cual el ministro Sota Nadal había solicitado una opi-
nión al propio CNE. La Comisión sobre Docencia tuvo un intenso trabajo de aliento
de procesos participativos con docentes, y durante el primer año del gobierno de
Alan García la Comisión de Incidencia del CNE focalizó su acción en el tema do-

73
Se encomendó a un equipo integrado por Hugo Díaz, Andrés Cardó y Dante Córdova, estos dos
últimos exministros de educación.
7
4
Desarrollados los días 16 de julio, 6 de agosto, 1º de octubre, 3 y 17 de diciembre del 2004.


cente. Por último, con apoyo logístico de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
en mayo del 2007 se desarrolló una teleconferencia con reconocidos especialistas
latinoamericanos,75 a la que asistieron el presidente y otros miembros de la Comi-
sión de Educación del Congreso, el secretario general del SUTEP, Luis Muñoz, y el
presidente del Colegio de Profesores, Carlos Gallardo.

Jornada de reflexión docente sobre CPM

Las afirmaciones de algunos dirigentes magisteriales sobre la nula participación
docente en los debates sobre la CPM se contradicen con iniciativas exitosas como
la Jornada Nacional de Reflexión Docente sobre la carrera pública magisterial,
propiciada por el CNE en diecisiete regiones y en cerca de cinco mil escuelas del
país el 2 de abril del 2005.76 El CNE invitó al MED posibilitando su participación en
el planeamiento y la ejecución de esta jornada, en el marco de los compromisos
adquiridos en el Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la Educación del
Acuerdo Nacional.

Los cinco temas tratados en esa jornada fueron: a) alcances y estructura de la
CPM; b) ingreso a la CPM; c) mecanismos de movilidad en la CPM; d) salarios e
incentivos; y d) formación docente y acreditación de centros de formación. En cuanto
a los materiales, en noviembre del 2004 se publicaron noventa mil cartillas infor-
mativas con el apoyo de la Derrama Magisterial distribuidas con la revista Palabra
del Maestro, que servirían de referente para la jornada de reflexión. Esta cartilla fue
producto de reuniones de las instituciones involucradas en la planificación de la
jornada, que discutieron y priorizaron los ejes y temas del documento.

La participación organizada y voluntaria de 13 122 docentes fue articulada con
grupos que mantienen una tradición de trabajo conjunto —como Fe y Alegría, Equi-
pos Docentes, Círculos de Educación y Tarea— y con colectivos docentes organiza-
dos alrededor de sus escuelas. Llamó positivamente la atención que se incorporara
la participación de padres y madres de familia y de la sociedad civil.

75
Desde sus respectivos países participaron Walter Grahovac (ex presidente de la Unión de Educado-
res de la Provincia de Córdova y actual funcionario del Ministerio de Educación de Argentina), Oscar
Ibarra (rector de la Universidad Pedagógica de Bogotá, Colombia), Carlos Eugenio Beca (director
nacional del Centro de Perfeccionamiento e Investigación Docente en Lo Barnechea, de Santiago
de Chile) e Inés Vaillant (coordinadora de la Red PREAL sobre temática docente, con sede en
Montevideo, Uruguay).
76
Hubo flexibilidad para que los grupos de maestros que no pudieran reunirse ese día, debido a su
poca disponibilidad de tiempo y a que los materiales no llegaron siempre de manera satisfactoria, lo
hicieran después.


El informe sobre la jornada (Cuenca y O’Hara 2005) reconoce que el CNE no tuvo
la capacidad suficiente para explicar a los maestros la diferencia entre un debate
nacional y una consulta específica. Este punto era importante, porque para el CNE
y por los acuerdos del Pacto Social, parte del objetivo de la jornada era recoger una
opinión sobre aspectos de la carrera magisterial que pudieran servir como insumos
de la propuesta. Al Ministerio le fue más difícil entender que la propuesta de la
comisión Díaz era uno de los puntos de la discusión y no el único o central punto de
discusión.

¿Qué opinaron los docentes respecto a la CPM?

Sobre la naturaleza de la profesión docente: el reconocimiento del profesio-
nal docente pasa por la obtención del título de tal. Más allá de la práctica de la
enseñanza, hacen una defensa cerrada del estudio de pedagogía (o de educación)
como carrera profesional. Si bien consideran la necesidad de contar con profesio-
nales de otras áreas o especialidades para coadyuvar en el proceso educativo, ser
docente es, en palabras de muchos docentes, estar preparado para «enfrentar un
aula» con conocimientos y vocación.

Sobre las demandas de calidad: estas demandas están dirigidas hacia la for-
mación docente inicial y en servicio. Es una de las razones por las que están mayo-
ritariamente contra el período de inserción: sostienen que la calidad de los egresa-
dos es un problema que debe ser solucionado por la formación inicial y que por lo
tanto el principal responsable de ello es el Estado. De allí la necesidad de contar
con procesos de acreditación válidos que empiecen a funcionar cuanto antes.

Sobre la evaluación: sostienen que se evalúa para aprender y no para sancio-
nar. Por eso la opinión mayoritaria desconoce las propuestas de CPM que plantean
que luego de varias evaluaciones y los acompañamientos del caso, los docentes
que no aprueben deben ser retirados del servicio. Los argumentos más utilizados
están asociados a una interpretación de la Ley del Profesorado y a «los derechos
adquiridos». Para ellos, la evaluación debe servir sólo para que el MED tenga insu-
mos que le permitan diseñar programas de capacitación o formación en servicio.
Se tiene que evaluar el desempeño del docente y no sólo sus conocimientos sobre
determinadas disciplinas. Las definiciones más comunes respecto al desempeño
se asocian al manejo de métodos y técnicas, conocimientos didácticos, aspectos
de salud mental y comportamiento ético y moral. Llama favorablemente la atención
que la antigüedad en el ejercicio de la docencia, asociada por lo general a la expe-
riencia, ocupa un segundo plano.


Sobre el acceso y la permanencia en el cargo directivo: consideran que los
criterios para acceder a un cargo directivo deben tener en cuenta características
personales y profesionales relacionadas con la gestión y la administración, así como
experiencia laboral. Están de acuerdo en que el desempeño del director se debe
evaluar; sin embargo, muy pocos señalan la posibilidad de revocarlo si no tiene un
buen desempeño.

Sobre la estructura salarial y la remuneración por nivel: la mayoría de los
maestros que dan prioridad a este asunto señalan que las remuneraciones se
deben dar en función del nivel, el cargo y la jornada. Además, la estructura de la
CPM debe considerar el trabajo en zonas rurales y de frontera. Un número con-
siderable de docentes señaló que las remuneraciones deben se establecidas
tanto en consonancia con la canasta familiar como condicionadas al aprendizaje
de los alumnos.

Sobre la formación docente inicial y continua: 80% de los docentes que
participaron en la jornada opinaron que la formación docente deben impartirla
instituciones acreditadas. Un porcentaje aún mayor, 95%, consideran que el Es-
tado debe garantizar la formación continua del magisterio, que se debe basar en
las demandas reales, organizarse por niveles de especialización y posgrado, y
articular la formación inicial con la formación en servicio. Finalmente, reconocen
la importancia de la autoformación, aunque entendida en el marco de su desem-
peño laboral.

La importancia de esta jornada radica en la participación voluntaria de más de
trece mil docentes que decidieron aprovechar un espacio para discutir temas fun-
damentales asociados a su profesión y a su ansiada revaloración. Lamentablemen-
te, fueron escasos los ejercicios como éstos, que son un buen reflejo de que es
posible aproximar al Estado con la sociedad civil y establecer canales democráti-
cos de participación.

La acción de la Derrama Magisterial

La Derrama Magisterial fue un valioso aliado del Consejo Nacional de Educación
en las iniciativas en apoyo al debate sobre la situación de los docentes y la carrera
pública magisterial. A la multiplicación de materiales en función de la preparación y
difusión de la jornada comentada, se suma una mesa redonda sobre CPM coordi-
nada con la Comisión de Magisterio del CNE, cuyo desarrollo fue publicado en
Palabra de Maestro (diciembre del 2004).


Entre diciembre del 2005 y febrero del 2006 la Derrama publicó setenta mil carti-
llas informativas y las repartió entre los docentes de muchas ciudades del país
como encartes de la revista Palabra de maestro o como folletos. Un número espe-
cial de la mencionada revista institucional que se distribuye en todo el país, publica-
do en febrero del 2006, recogió diversas opiniones y reflexiones sobre la carrera
pública magisterial.

• SIGNIFICADOS DE LA FORMA COMO FUE APROBADA77

Una breve cronología del inconcluso debate congresal sobre la Ley de Carrera
Pública Magisterial indica que además de un predictamen elaborado en la Subco-
misión de Educación Básica, coordinada por el congresista Francisco Escudero
(Unión por el Perú), algunos asesores de congresistas integrantes de la Comisión
elaboraron otro por iniciativa de la propia presidenta del Congreso, Mercedes Ca-
banillas, denominado «texto consensuado», el que fue asumido por congresistas
del APRA y de la bancada fujimorista (la representación de Unidad Nacional hizo
suyos sólo algunos planteamientos). En pleno debate del artículo 13, el congresis-
ta Wilder Calderón (APRA) propuso que se votase el «texto consensuado» en blo-
que, y que tal texto fuese asumido como dictamen en mayoría; así, se «aprobaron»
por mayoría cincuenta artículos y disposiciones complementarias sin debatirlos.

En la siguiente instancia, la Junta Permanente del Congreso aprobó dicho texto
legal en primera votación. No se dio la segunda votación exigida como paso previo.
La Junta de Portavoces del Congreso, con el respaldo de varios grupos parlamen-
tarios, decidió exonerarla de esa votación, de acuerdo con el artículo 73 del Regla-
mento del Congreso.78

Lo anterior hizo que el presidente Alan García promulgara la Ley de Carrera Públi-
ca Magisterial teniendo como telón de fondo un séptimo día de huelga indefinida
de maestros sutepistas movilizados en calles y plazas del país exigiendo, entre
otros puntos, que se ampliara el debate de la norma antes de su publicación.

77
En la parte III.2 de este libro se detallan los pasos del Congreso de la República en el fallido debate
sobre la CPM en la Comisión de Educación. En el Anexo 3 de esta Parte II se compendian los cinco
proyectos de ley sobre Carrera Pública Magisterial presentados (cuatro por bancadas políticas y uno por
el Colegio de Profesores encabezado por Carlos Gallardo).
78
Según el diario Perú.21 (12.7.07), Mercedes Cabanillas, en su calidad de Presidenta del Congreso,
afirmó que «En el acta aparecen las firmas de los voceros titulares del APRA, Unidad Nacional, el
Grupo Fujimorista y Alianza Parlamentaria que representan, en total, 75 votos. Es más de las tres
quintas partes que exige el Reglamento.


La confrontación entre el sindicato magisterial y el gobierno tuvo su máxima expre-
sión en el escenario generado y en la forma como se aprobó la nueva Ley de
Carrera Pública Magisterial. Los intercambios de descalificaciones entre el presi-
dente Garcia y las bases magisteriales violentistas, y el uso de falsos argumentos
por la dirigencia más radicalizada del SUTEP —la CPM conduce a la privatización y
la implantación de la meritocracia conduce a un despido masivo de docentes—
enrarecieron más el ambiente. Las masivas movilizaciones en todo el país pusieron
al descubierto que no sólo los maestros estaban disconformes con la política eco-
nómica y social del gobierno aprista, sino también otras fuerzas sociales de las
regiones. Los gobiernos regionales de Puno, Cajamarca, San Martín, Áncash y Pasco
declararon legal la huelga de docentes, y los presidentes regionales de Lambaye-
que,79 Moquegua, Tacna, Cusco y Arequipa se solidarizaron con el gremio de maes-
tros y anunciaron que no descontarían los sueldos a los profesores huelguistas.

Diversos analistas políticos se ocuparon del escenario descrito, en sendos medios
de comunicación. En el diario Perú.21 (11.7.07), por ejemplo, Santiago Pedraglio
afirmó que

La confrontación se ha planteado entre el SUTEP, que se niega a aceptar la
evaluación tal como está planteada en el proyecto, y el Gobierno, que quiere
liquidar el sindicato, con la idea de que es el principal responsable del mal
estado de la educación en el país[¼] [El Gobierno] [e]valuó mal al creer que,
porque los docentes participaron en la evaluación de enero a pesar de la opo-
sición de la directiva del SUTEP, ahora no encontraría resistencia corporativa
frente a la imposición de una norma con la que los maestros discrepan.

Por su parte, en el diario La República (9.7.07), Carlos Reyna sostuvo que

El conflicto entre el gobierno y la dirigencia del SUTEP puede tener conse-
cuencias muy graves. Ambos dicen tener como principal interés el de la me-
jora de la calidad de los docentes. La coincidencia es meramente discursiva.
Hay otros móviles no dichos [...]
[El gobierno tiene] la decisión de propinarle una derrota aplastante y definitiva
al sindicato —para anular un gremio demandante de mejoras salariales que
pondrían en peligro las opciones económicas del gobierno— La imagen pú-

79
De acuerdo con lo publicado en el diario La República (8.7.07), Yehude Simon, presidente del
Gobierno Regional de Lambayeque, fue enfático al declarar «Aquí falta diálogo. Debemos dejar los
adjetivos para ver cómo solucionaremos este problema. El gobierno tiene que demostrar que se han
hecho todos los esfuerzos, pero si no hace eso y dice que [los maestros] son comunistas, lo que hace
es unirlos más».


blica del SUTEP está ahora en los niveles más bajos de su combativo historial
y a pesar de ello ha optado por una huelga indefinida ¿Para qué? Para no ser
rebasada por sus opositores más radicales [¼] Al país, a la democracia, no les
conviene el aplastamiento de ningún sindicato desde el Estado. A los maes-
tros no les conviene una dirigencia sectaria.

Nicolás Lynch, por su parte, ministro de Educación durante el gobierno de Alejan-
dro Toledo, afirmó que

En estos días de huelga magisterial corre el análisis fácil de que la culpa por la
situación de la educación peruana la tienen los maestros y en particular su
sindicato, el radicalizado SUTEP. Esto no es verdad, la situación de los maes-
tros y la existencia de un sindicato radicalizado son consecuencia y no causa
de la crisis educativa. La causa es el abandono por el Estado de la educación
pública, como parte del abandono de la mayoría de los servicios públicos en el
Perú, en especial los que atienden a los sectores menos favorecidos [...] La
situación es complicada porque la confrontación ha hecho las posiciones más
irreductibles y no será posible aplicar ni ésta ni ninguna otra carrera pública
magisterial en contra de la mayoría de los maestros peruanos. Es indispensa-
ble entonces el camino del diálogo, del reconocimiento de los errores y de la
necesidad de marchar juntos autoridades, maestros y padres de familia, en la
implementación de una nueva carrera pública magisterial.

Importantes entidades vinculadas a la educación explicitaron también su opinión y
sus demandas para superar el escenario confrontacional. En comunicado dirigido
a los maestros del Perú, el Consejo Nacional de Educación expresó su «[…] firme
convicción de que el Proyecto Educativo Nacional sólo es posible con los maestros
y no contra ellos». Asimismo, afirmó que comprendía y lamentaba la incredulidad y
la desconfianza magisterial «[…] sobre la veracidad de los propósitos de promover
la calidad profesional y de vida de los docentes y propiciar mejores condiciones de
su trabajo, explícitamente establecidos en la Ley de Carrera Pública Magisterial».
Subrayó asimismo la urgencia de salir del entrampamiento y generar las condicio-
nes para revertir el conflicto y el escepticismo imperantes. Por todo eso, propuso
una agenda inicial de temas «[…] cuya resolución cabal —en fondo y forma— ga-
rantice que la nueva Ley de Carrera Pública cumpla los objetivos que se propone»,
a ser asumida de forma transparente por los profesionales de la educación, con el
Foro del Acuerdo Nacional, los gobiernos regionales, el Consejo Nacional de Edu-
cación y los representantes del Ministerio de Educación.80

80
El comunicado del Consejo Nacional de Educación «A los maestros del Perú» publicado los días 14
y 15 de julio 2007 en el diario La República plantea como puntos de agenda el reglamento de la Ley,


El Foro Educativo, a través de un comunicado hecho público en el diario La Repúbli-
ca (18.7.07), hizo un llamado «[…] para que cesen de inmediato las acciones que
polarizan aún más las relaciones entre los peruanos, que denigran al magisterio y
tensan aún más las relaciones de diálogo y entendimiento que debe haber necesa-
riamente entre el Estado y el Magisterio Nacional». Asimismo, consideró que

[…] se ha llegado a un punto en que se necesita urgentemente la interven-
ción de mediadores en el marco del Acuerdo Nacional, cuya legitimidad pueda
ser aceptada tanto por el gremio magisterial como por el Ministerio de Edu-
cación. Su intervención debe ayudar a restablecer un ambiente básico de
confianza que haga posible reinstalar la conversación y llegar a acuerdos,
necesarios no sólo para concluir esta huelga de docentes que perjudica a
miles de niños y adolescentes con pérdida de horas que, a juzgar por los
antecedentes, jamás se habrán de recuperar; sino, lo que es más importante,
para abrir un camino de encuentro de voluntades que hagan posible el per-
feccionamiento y la concreción de la Ley de CPM. Ello otorgará no sólo
fuerza legislativa, sino legitimidad y viabilidad a un nuevo sistema de carrera
pública que la educación nacional requiere con urgencia.

La huelga indefinida fue suspendida por la dirigencia nacional del SUTEP el día 19
de julio. El día 20 se instaló una Mesa de Diálogo entre el Ministerio de Educación
y el SUTEP.

En un mensaje al país difundido en su página electrónica (www.tarea.org.pe), la
Asociación de Publicaciones Educativas Tarea señaló el 20 de julio del 2007, una
vez levantada la huelga, que

La huelga del sindicato magisterial, las medidas desarrolladas por la actual
gestión ministerial desde agosto pasado y la forma como el Congreso de la
Repúbica aprobó la ley de carrera pública magisterial han expresado una
estrategia que va a contracorriente del aprendizaje histórico del pueblo pe-
ruano. Expresan una estrategia de confrontación, donde en primer lugar pier-
den nuestros hijos e hijas. Y el gobierno y la dirigencia no ganan [...] Invoca-
mos al gobierno nacional y a la dirigencia sindical, así como a los maestros y
maestras, a los estudiantes, a los centros de formación docente, a las auto-

una estrategia clara y debidamente financiada de formación en servicio, un procedimiento público y
ajustado a la nueva CPM para el anunciado nombramiento de docentes; la definición de metas
anuales para incorporación de docentes, la definición de metas presupuestales para el ascenso de
los docentes, el pronto funcionamiento del SINEACE, y los mecanismos necesarios para recuperar las
horas no dictadas a causa de la huelga.


ridades regionales y a los alcaldes a promover acciones de diálogo y reflexión
constructivas sobre el derecho a la educación, y en particular sobre el desa-
rrollo profesional de la docencia. Se requieren espacios para desarrollar la
reflexión crítica de la ley y para concertar propuestas.

Del modo como se desarrollen y culminen las negociaciones entre los represen-
tantes del MED y los del gremio magisterial dependerán en buena medida las
perspectivas de la nueva Ley de CPM, de su reglamentación y de su cumplimiento
efectivo. Para ello es indispensable mejorar los mecanismos de información y diá-
logo del gobierno con los maestros, así como establecer consensos para instaurar
procedimientos y criterios de evaluación transparentes y suficientemente funda-
dos en lo técnico. Se requiere superar la enorme desconfianza mostrada por los
docentes sobre el modo como se aprobó la Ley de CPM y el temor de que las
evaluaciones impliquen irregularidades como las producidas al final del primer go-
bierno aprista.81

• LOS CONTENIDOS CENTRALES DE LA LEY 29062

Al asociar los incrementos salariales al desempeño de los docentes, la Ley de
Carrera Pública Magisterial aprobada el 11 de julio del 2007 ayuda en alguna
medida a diferenciar a los maestros y las maestras que trabajan bien y estudian de
aquéllos que hacen poco o nulo esfuerzo por mejorar su condición profesional.
Además, supera criterios tradicionales que privilegian la antigüedad en los cargos
o el cúmulo de papeles obtenidos luego de penosas gestiones y capacitaciones a
las que el maestro ha sido sometido. A pesar de las imperfecciones y los ajustes —
y hasta modificaciones— que demanda el texto, constituye un avance respecto a
una situación plana, sin motivaciones ni recompensas, para docentes necesitados
de asumir y exigir, como profesionales, el mejor ejercicio de su carrera.82

Precisamente porque la Ley aprobada recoge importantes demandas para forjar
mejores profesionales docentes, y porque asume buena parte de las recomenda-
ciones del Proyecto Educativo Nacional para la implementación de su política 11,

81
Hay coincidencia en publicaciones especializadas y en comunicados del gremio docente en denun-
ciar el ingreso masivo como docentes a planillas del sector educativo, de personas cuyo principal
mérito fue el ser miembro del partido aprista. «Contratación de profesores no titulados, aumento de
cargos burocráticos y desorden de las finanzas impidieron encaminar la educación por mejores
derroteros» afirma Herbert Morote (2006) refiriéndose al primer gobierno de Alan García.
82
El texto legal significa también avances en materia de un mayor equilibrio entre los derechos (23) y
los deberes (17) de los docentes, respecto a la Ley del Profesorado vigente.


referida a una nueva carrera pública magisterial, es deplorable la forma como el
Ejecutivo y el Legislativo dieron por concluida una discusión pública que no se
había culminado, sobre aspectos que ameritaban una base consensuada. Se pro-
cedió a promulgarla rehuyendo el debate y sin construir el consenso necesario.

El mal manejo político, la nula difusión de sus aspectos positivos, la arrogancia del
poder —que llegó a descalificar e insultar a docentes—, la intransigencia gremial
explicitada en una huelga general indefinida que restó nada menos que cerca de
dos millones de horas de clase a nuestros ahora doblemente empobrecidos alum-
nos y que ahonda una imagen colectiva vandálica y poco docente de maestros «en
pie de lucha», son parte del escenario que es indispensable remontar y modificar
para que las lecciones de esta confrontación negativa permitan al Ministerio de
Educación y a los dirigentes magisteriales tomar en serio la necesidad de una
carrera pública magisterial que estimule y reivindique al magisterio en el fondo y en
las formas.

Se pueden señalar como características centrales de la Ley 29062:

Varios artículos asocian el buen desempeño profesional y el logro de
aprendizajes de los alumnos con los ascensos, las remuneraciones y
la permanencia en la carrera

El Art. 9 dispone dos clases de evaluación:

• obligatoria: para el ingreso a la carrera pública magisterial y el desempeño labo-
ral; y

• voluntaria: para el ascenso y para verificar el dominio de competencias que per-
mitan postular a cargos en las áreas de Gestión Institucional o Investigación.

El Art.29º señala como factores esenciales para la evaluación del desempeño pro-
fesional:

• los logros obtenidos en función de la tarea pedagógica;

• el grado de cumplimiento de las funciones y las responsabilidades;

• el dominio del currículo, de los contenidos pedagógicos del área o nivel, de aspec-
tos metodológicos y de los procesosde evaluación;


• la innovación pedagógica; y

• la autoevaluación

La ley comentada precisa que los docentes tendrán dos oportunidades para capa-
citarse y ser asistidos en caso de desaprobar las dos primeras evaluaciones. Si en
una tercera evaluación vuelven a reprobar, serán retirados de la carrera pública
magisterial. Éste es el tema que ha generado mayor controversia pública; tanta,
que circunscribió las demandas de los docentes y el interés de articulistas y edito-
riales periodísticos como la prueba mayor para definir la ley como aceptable o no.
La huelga indefinida, generada inicialmente en ámbitos influidos por el liderazgo
de Robert Huaynalaya83 y posteriormente propiciada por el propio Comité Ejecuti-
vo Nacional del SUTEP, tuvo como un argumento central evitar el despido masivo de
maestros.

La evaluación de desempeño no debe ser punitiva; y una lectura desprejuiciada del
texto legal deja ver que la ley precisamente carece de esa característica. Sin em-
bargo, las dirigencias magisteriales y muchos docentes, justificadamente temero-
sos de ser burlados por evaluaciones no técnicas y por la primacía de intereses
políticos o de grupo, no lo consideran así, y enfatizan que toda posibilidad de cese
atenta contra la estabilidad y los derechos adquiridos por el magisterio en su con-
junto.

Lamentablemente, hay pruebas más que suficientes de que —como producto de su
mala formación, nulos estímulos y la desatención del Estado— hay maestros que
no cuentan con las competencias mínimas para transmitir conocimientos, lo que
afecta en primer lugar a las niñas y los niños a su cargo. Si aceptamos que la
educación es un derecho básico y no sólo un servicio, tendríamos que asumir tam-
bién que nuestros estudiantes merecen tener garantías básicas de contar con do-
centes que les posibiliten crecer en el estudio y lograr aprendizajes efectivos. ¿Qué
ganan el país y la educación de nuestros niños manteniendo como docentes a

83
Robert Huaynalaya tiene influencia en bases magisteriales de Ayacucho, Junín y Huancavelica.
Utiliza como banderas reivindicatorias la demanda de la derogatoria de la Ley General de Educación
28044 aduciendo que promueve la privatización de la educación, la pérdida de la gratuidad y la
eliminación de la estabilidad laboral magisterial. Cuando Nílver López fue secretario general del
SUTEP, en el 2004, acusó a Huaynalaya de «violentista» y de ser representante de corrientes que
«siempre convivieron con el narcoterrorismo, con el cupo y los asaltos»; otro dirigente nacional del
SUTEP, Orlando Luján, señaló que «la facción de Huaynalaya tiene lazos con Sendero Luminoso»
(revista Caretas 1831, 8.4.04). En el marco de la huelga indefinida inicialmente convocada el 2007 en
las regiones de su predominio, Huaynalaya se negó a hacer deslindes con Sendero Luminoso en
entrevista televisada (programa Prensa Libre, 3.7.2007) con la periodista Rosa María Palacios.


maestros que no están en condiciones de enseñar? Si la Ley de CPM se implemen-
ta bien, habrá tres oportunidades de evaluación y se brindará formación y asistencia
adicional al maestro que desapruebe dos evaluaciones. Con todo ello, si en la tercera
evaluación el docente vuelve a obtener malos resultados ¿qué debe primar?, ¿los
derechos de este profesor incompetente para enseñar, adquiridos merced a una Ley
del Profesorado inoperante?, ¿o los derechos de los niños y niñas a su cargo de
asistir a centros educativos que garanticen su buena educación?

La discusión sobre si el Estado es el principal responsable de la precariedad peda-
gógica de ese docente, o si lo es él mismo, sigue siendo válida; pero no exime de la
responsabilidad de garantizar a los niños que tengan maestros con competencias
básicas. Otra discusión necesaria es si será posible derivar a los docentes mal
calificados a tareas distintas a las pedagógicas, con posibles modificaciones sala-
riales. La experiencia cubana, valorada por dirigentes gremiales afines al proyecto
político de este país y por la comunidad internacional debido a los excelentes resul-
tados obtenidos por sus estudiantes en las evaluaciones regionales comparadas,
merece ser tomada en cuenta: en ese país es causal de retiro del trabajo en el aula
la desaprobación de un maestro, quien pasa a cumplir tareas administrativas con
una remuneración menor.

Del articulado de la Ley de CPM se desprende que los logros de desempeño de los
alumnos dependen fundamentalmente del factor docente. Esto debiera precisarse
más y ser motivo de debate en la reglamentación correspondiente.

El Art. 65 señala otras causas de retiro: renuncia, destitución, límite de edad o
jubilación;84 no precisa causas de destitución ni los límites de edad. El Art. 35 pre-
cisa que son causales de destitución y término de la relación laboral, si son debida-
mente comprobadas, originar perjuicio grave al estudiante o a la institución educa-
tiva, maltratar física o psicológicamente a estudiantes, el hostigamiento sexual, acudir
ebrio o drogado al centro laboral, abandonar injustificadamente el cargo, haber
sido condenado por delito doloso, falsificar documentos vinculantes a su actividad
profesional, y reincidir en faltas castigadas con la suspensión.85

La evaluación para el ascenso considera como criterios (Art. 24) la formación, la
idoneidad profesional, el comportamiento ético y la calidad de desempeño según lo
señalado en el Art. 29.
84
El mismo artículo confirma lo correspondiente al despido por no aprobar tres evaluaciones y señala
que el fallecimiento es otra causa de «retiro».
85
El Art. 35 señala incluso nuevas causales de suspensión tales como desarrollar acciones de prose-
litismo político partidario; ejecutar actos de violencia física, de injuria, calumnia o difamación; y no
presentarse a la evaluación de desempeño docente sin causa justificada.


El reglamento será decisivo para despejar dudas y sentar doctrina sobre cómo se
llevarán a cabo las evaluaciones y cómo se determinarán los ascensos. Se reque-
rirá definir mecanismos de evaluación basados en la transparencia, la diversidad,
los estándares concertados y el rigor pedagógico, así como metas concretas sobre
la incorporación de los maestros a la carrera magisterial o a los niveles superiores
correspondientes, en los plazos establecidos. Hacer que los ascensos dependan
del número de vacantes presupuestadas por nivel podría tornar inmanejable la si-
tuación de maestros competentes que aprueben el concurso pero que no logren el
puntaje para cubrir las pocas vacantes establecidas para cada categoría.86

La ley aprobada señala que las remuneraciones se establecen de acuerdo con el
nivel magisterial al que pertenece cada docente. Las asignaciones, en cambio, se
otorgan por el ejercicio de cargos directivos, por trabajar en instituciones unido-
centes o multigrado de ámbitos rurales o zonas de fronteras, por asesorías, por
excelencia profesional y por desempeño docente. En cuanto a los índices remune-
rativos, dictamina que el del Nivel II es 15% mayor que la remuneración fijada para
el profesor del Nivel I; el del III, 30% más alto; el del IV, 50% mayor; y el del V, 100%
superior al de la remuneración del Nivel I.

En el Reglamento correspondiente se tendría que analizar si el acceso a esas
remuneraciones mayores dependerá exclusivamente de las evaluaciones, o si ha-
brá que considerar un tope o porcentaje predeterminado en él para cada nivel. Las
afirmaciones optimistas de funcionarios de gobierno en el sentido de que la Ley de
CPM posibilita duplicar los sueldos necesitan una sustentación adicional. Asimis-
mo, es preciso que el Reglamento esclarezca los pasos que corresponde dar a los
docentes con veinte o más años de servicio en el más alto nivel del actual escala-
fón, de modo que puedan acceder al Nivel V de la nueva legislación. Por lo demás,
ésta no precisa si se respetarán los derechos adquiridos por los docentes según la
actual Ley del Profesorado, ni cómo se adecuarán los niveles hoy vigentes a las
características y los requisitos de cada nuevo nivel instaurado.

Respecto a las asignaciones y derivaciones prácticas, será difícil convencer a los
docentes, en la mesa de negociaciones, de que no existe lo que ellos consideran
«pérdidas en sus derechos económicos» al comprobar que la nueva ley elimina los
aumentos por el costo de vida y la bonificación por preparar clases.

Los directores de las instituciones educativas percibirán distintas asignaciones
dependiendo de si éstas tienen un turno de funcionamiento (15% de su remunera-

86
Más adelante se hará referencia al significado de las responsabilidades que se están dando a las
UGEL en estos procesos.


ción íntegra mensual), dos (20% adicional) o tres (40% adicional). Los subdirecto-
res, en tanto desempeñen dicho cargo, percibirán una asignación equivalente a
10% de su remuneración íntegra mensual (Art. 46). Según lo normado, la adecua-
da decisión de reconocer las responsabilidades que implica el ejercicio de un cargo
directivo significa paralelamente la reafirmación práctica de la existencia, perma-
nencia y consolidación de escuelas con dos o tres turnos, una realidad nada auspi-
ciosa para mejorar nuestra enseñanza y, evidentemente, un obstáculo difícil de
superar para cualquier director que desee dirigir concienzudamente una institución
educativa.

En la Ley se hace referencia al liderazgo del director. Habría que señalar, además,
como una de sus principales funciones, constituir equipos docentes en el centro
bajo su dirección y apoyarlos.

El MED establece, de acuerdo con el Art. 48 de esta ley, un programa especial de
reconocimiento a la excelencia profesional, y da facilidades a los profesores que
destaquen en su especialidad. Quienes deseen participar en este programa ten-
drán derecho a una asignación anual equivalente a una remuneración mensual de
su nivel magisterial, por un período que será precisado en el Reglamento de la Ley.
Por el Art. 49 se estimula con una asignación equivalente a 10% de su remunera-
ción mensual a los docentes que realicen tareas de asesoría a uno o más profeso-
res en período de inserción.

Se dan pasos para que los postulantes a la CPM sean seleccionados
por concurso público con la activa participacion de la institución
educativa y los padres de familia

El ingreso a la CPM estará abierto sólo a postulantes con títulos profesionales
otorgados por instituciones acreditadas, miembros del Colegio de Profesores del
Perú. Por otra parte, es innovadora la demanda del dominio de la lengua materna
de los educandos y el conocimiento de la cultura local a los profesores que traba-
jarán en áreas con uso predominante de lenguas originarias.

El concurso público se realizará en dos etapas; la primera estará a cargo del MED,
que acreditará las capacidades y competencias de los docentes mediante una prue-
ba nacional que comprenderá la evaluación pedagógica; y la segunda correspon-
derá a la institución educativa a la que pertenecen los que aprobaron la primera
etapa, y evaluará la capacidad didáctica y el conocimiento de la cultura y de la
lengua materna de los educandos. En coordinación con el SINEACE, el Ministerio


elaborará indicadores e instrumentos de evaluación considerando la pluriculturali-
dad y diversidad regional. Las unidades de gestión educativa local se encargarán
de preparar la relación de plazas vacantes por institución educativa, que será re-
frendada a nivel regional y nacional «en función de las necesidades de los servicios
educativos».87

En la institucion educativa se instituirá un comité de evaluación presidido por el
director e integrado por el coordinador académico del área y un representante de
los docentes del nivel educativo del evaluado; participarán también, con voz y voto,
dos representantes de los padres de familia. La evaluación para ingresar a la CPM
en escuelas unidocentes y multigrado estará a cargo de las UGEL, que además
tendrán a su cargo las labores de asesoría y apoyo técnico que precisen las institu-
ciones educativas.

El profesor que obtenga la más alta calificación en el concurso público realizado
por la institución educativa será declarado ganador e ingresará a la carrera pública
magisterial. La inserción del nuevo profesor se desarrollará con la asesoría y orien-
tación a cargo del profesor mejor calificado de la institución educativa.88 Se des-
echó así que el período de inserción completado satisfactoriamente, con acompa-
ñamiento de un mentor calificado, fuese —junto con la prueba previa— un prerre-
quisito para el ingreso a la carrera.

La comentada ley no considera, tampoco, que los profesionales de otras carreras
puedan ingresar a la CPM, previo apoyo pedagógico; se limita a señalar, en su
quinta disposición complementaria, que «La docencia ejercida por profesionales
con títulos universitarios distintos al pedagógico se rige por lo establecido en el Art.
58 de la Ley 28044» (LGE).89 La actividad de otros profesionales se justifica sobre
todo en educación secundaria y en áreas científicas que demandan refuerzo. Un
afán por magisterializar todo cargo impedirá también que ingresen a la gestión edu-
cativa otros profesionales indispensables para mejorar el actual funcionamiento de
las entidades y los organismos descentralizados del sector. En muchos casos no

87
Art.17 de la Ley 29062 referido al concurso público para cubrir cargos directivos.
88
El Reglamento de la Ley debiera ser explícito en señalar los criterios para seleccionar en cada centro
al profesor «mejor calificado».
89
Art. 58 de la Ley General de Educación (requisitos para el ejercicio del profesorado): «En la Educa-
ción Básica, es requisito indispensable el título pedagógico para el ejercicio de la docencia. Profesio-
nales con títulos distintos de los profesionales en educación, ejercen la docencia si se desempeñan
en áreas afines a su especialidad. Su incorporación en el escalafón magisterial está condicionada a
la obtención del título pedagógico o posgrado en educación».


habría necesidad de que dichos profesionales ingresen a la CPM, sino simplemente
que puedan prestar sus servicios como docentes o gestores administrativos.

Otro elemento preocupante es que en el texto de la ley no se vislumbra el alza
progresiva de la remuneración actual del Nivel I, que sigue siendo muy baja para
que pueda atraer a los mejores egresados de la escuela secundaria.

Insuficiente abordaje del sistema de formación continua

Los cinco artículos del Capítulo VIII (Programa de Formación y Capacitación Per-
manente)90 distan mucho de responder a las demandas de un sistema de forma-
ción continua con efectivas oportunidades de desarrollo profesional para el con-
junto de docentes. Al MED se le sigue encomendando la organización y gestión del
Programa de Formación y Capacitación Permanente, así como dictar la normativi-
dad y organizar otro programa de formación y capacitación de directores y subdi-
rectores de instituciones educativas.

Las iniciativas regionales no son consideradas ni estimuladas; desaparece toda
mención a los Consejos Educativos Institucionales (CONEI), creados por la Ley
General de Educación, como entidad con posibilidades de identificar y recomendar
las formas de atender las necesidades de capacitación del profesor de institucio-
nes educativas.

Es perentorio discutir estrategias y enfoques basados en el largo plazo, que posibi-
liten a los maestros ampliar el conjunto de sus competencias y reforzar cada vez
más la formación del docente como profesional de la educación.

Precaria atención a una demandada prioridad de equidad educativa

Uno de los ocho temas clave planteados por el Consejo Nacional de Educación
para lograr una buena carrera pública magisterial era la inserción del docente en la
comunidad, con respeto a la diversidad y multiculturalidad, asignando a los más
competentes a zonas de menor desarrollo. Este planteamiento, íntimamente ligado
al primero de los objetivos del Proyecto Educativo Nacional referido a una mayor
equidad educativa y al mejor cumplimiento del derecho a la educación, no ha sido
considerado en la nueva ley.

90
Artículos 38 a 42 de la Ley 29062.


El Art. 7 de la Ley 29062, dedicado a la estructura de la CPM, distingue el tiempo
mínimo de permanencia en los cinco niveles magisteriales para postular al respec-
tivo ascenso. Así, instaura un menor número de años para los profesores de institu-
ciones educativas unidocentes y multigrado, sin establecer un correlato con la exi-
gencia de una mejor condición profesional para ser asignado a dichos centros,
ubicados por lo general en áreas calificadas como rurales o zonas de frontera. En
el Art. 47, los incentivos para trabajar en esos medios apuntan a las condiciones de
trabajo y a las características de las zonas, y no a la mejor calidad de los docentes;
ninguno de estos incentivos garantiza que se revierta el cuadro de cuasi abandono
de esas numerosas escuelas, mediante la selección de los mejores docentes ca-
paces de trabajar en áreas rurales. Por esto, no sería raro que los docentes sin
título pedagógico sigan siendo los que más interés manifiesten por trabajar en
esos difíciles ámbitos.

Motivar que los mejores docentes opten por trabajar en medios rurales significaría
ofrecer más incentivos que los señalados en el nuevo texto legal, así como estable-
cer más exigencias. En Colombia, por ejemplo, uno de los países con mejor educa-
ción en medios rurales, se computan 1,5 años por cada año trabajado, para efectos
de la jubilación de los docentes que laboran en medios rurales alejados y en zonas
de frontera.

• FINANCIAMIENTO CON INTERROGANTES

La ley es positiva en cuanto a lograr una estructura significativamente diferenciada
entre los cinco niveles asignados a la CPM y una estructura también diferenciada
entre directores y docentes de base.

Tanto en el último gabinete de Alejandro Toledo como en el primero de Alan García,
los textos legales sobre CPM fueron presentados y analizados en sesiones donde
los respectivos ministros de Economía y Finanzas participaron en la aprobación de
las cifras previstas para el desarrollo inicial de la CPM. En el caso del proceso de la
actual Ley de CPM, la única propuesta de las cinco presentadas al Congreso tra-
ducida en costos y valorada en su factibilidad fue la del Ejecutivo. Los cálculos
realizados con participación de funcionarios de Economía y Finanzas señalan que
las remuneraciones de los cinco niveles y una compensación por tiempo de servi-
cios (CTS) calculada en función de los sueldos totales ascienden a 1 380 millones
de soles en un período de diez años, lo que equivaldría a 138 millones de soles
anuales, cifra considerada financiable. Esto es a todas luces positivo, y se diferen-
cia de la anterior aprobación del texto legal y reglamento de la Ley del Profesorado
vigente, donde el análisis de costos brilló por su ausencia.


Sin embargo, el factor financiero es uno de los que genera mayor desconfianza
entre los maestros y especialistas educativos conocedores de los procedimientos
burocráticos a los que se apela para incumplir las normas. El Art. 26 da pie a esos
temores al especificar que los porcentajes de distribución de las vacantes para los
ascensos por niveles y regiones se determinarán «en función de la disponibilidad
presupuestaria»; es decir, se deja a criterio del Ejecutivo la concreción de esas
cifras, sin asegurarlas como era indispensable dados los pésimos antecedentes de
incumplimiento, «por razones presupuestarias», de La Ley del Profesorado.

La situación se enrarece si trasladamos las dudas y desconfianzas de los docentes
—razonables de acuerdo con sus experiencias de vida profesional— a los beneficia-
rios de los ascensos. Los primeros ascendidos serían los profesores que, ingresan-
do al Nivel I de la nueva CPM el año 2008, después de cumplir tres años de servi-
cios y ganar el respectivo concurso ascenderían al Nivel II en el año 2011; a con-
tinuación, los ascensos a los niveles III al V se producirían sólo a partir de los años
2013 y 2014. La ley no establece cuándo se lograría la meta de una remuneración
básica del Nivel V consistente en el doble de la correspondiente al Nivel I. Según
maestros que han leído el texto, llegar a los niveles IV o V sería prácticamente
imposible para muchos, pues, además de los requisitos que establece, la norma
restringe el número de vacantes: 10% para el Nivel IV y 5% para el Nivel V.

Un texto sobre la carrera pública magisterial escrito por Carlos Malpica Faustor
(ministro de Educación entre junio del 2003 y febrero del 2004) y difundido en la
página electrónica del Foro Educativo (www.foroeducativo.org.pe), proporciona más
elementos al respecto cuando especifica que las remuneraciones por niveles ma-
gisteriales son fijadas en un baremo estático que tiene como base la remuneración
fijada para el Nivel I (Art. 45), cuyo monto en soles no se fija; tampoco se aprueba
algún compromiso plurianual para la aplicación progresiva del nuevo sistema de
remuneraciones, y se deja al MED la responsabilidad de reglamentar la ley esta-
bleciendo un cronograma de aplicación.

Será definitorio para una mayor credibilidad de la aplicación de la Ley de CPM el
modo como se estructure el presupuesto del 2008. El incumplimiento de aumentar
recursos equivalentes al 0,25% del PBI al sector educación en el presupuesto del
2007 es un mal antecedente. Si bien en términos absolutos el presupuesto educa-
tivo ha crecido, este incremento es a todas luces menor que el crecimiento experi-
mentado en nuestra economía, lo que determinó ese no cumplimiento de promesa
electoral de Alan García.


El ministro de Educación José A. Chang anunció que se convocará un concurso
público para cubrir 25 000 plazas docentes del primer nivel dentro del nuevo marco
legal (con inscripción el 15 de septiembre del 2007) y que los primeros meses del
2008 habrá otro concurso para 30 000 profesores en servicio: 12 000 para el pri-
mer nivel y 18 000 para los restantes. Para que estos anuncios sean operativos,
deben tener correspondencias presupuestales concretas y estrategias transparen-
tes.

Respecto al presupuesto educativo del 2008, es importante tomar en cuenta reco-
mendaciones como las del Consejo Nacional de Educación referidas a que se lo
vincule a la aplicación de la Ley de CPM. El CNE sugiere que ese presupuesto
contemple recursos suficientes para:

• convocar una primera evaluación de ascensos con plazas financiadas;

• ejecutar un programa de formación en servicio que prevea un sistema de apoyo a
los docentes en aula para mejorar los aprendizajes, sin exclusión de ningún maes-
tro;

• poner en marcha los organismos del SINEACE necesarios contemplados en la ley;

• definir metas de cobertura nacional para el programa de excelencia profesional
(Art. 48), debidamente financiadas, de modo que se genere un grupo de docentes
dedicados a la formación de sus colegas en cada región; y

• poner en el centro de la opinión pública la propia Ley de CPM; el porqué de la
evaluación de los profesores, señalando con claridad qué indicadores e instrumen-
tos —transparentes, justos y pertinentes— se usarán para llevarla a cabo.

Clara disminución y hasta anulación de poder gremial en la CPM

Al definir la educación como «un servicio público esencial», la Ley 29062 recorta el
derecho a la sindicalización y bloquea el derecho de huelga garantizado por la
Constitución de la República. Es cierto que el SUTEP ha abusado varias veces de
este último derecho, pero el problema no se soluciona anulando toda opción de
ejercerlo. La solución a la desconfianza cada vez mayor de los maestros frente a la
clase política, sea cual fuera su tendencia, y de los gobiernos de turno, no reside en
obsesionarse con la liquidación del sindicato. Como bien se ha señalado, el proble-
ma de la educación no radica sólo en las huelgas del SUTEP, sino también en lo que


sucede entre huelga y huelga; y en ese lapso, los gobiernos y el gremio son cómpli-
ces del problema de nuestra baja educación.91

Por otra parte, la Ley de CPM elimina la participación gremial en las comisiones
evaluadoras establecidas en la Ley General de Educación. Las facciones más radi-
calizadas del SUTEP se oponen a la CPM porque representa una evidente pérdida
de poder sindical para influir en los nombramientos y ascensos, lo que, unido al
predominio de lo evaluativo, significa también pérdida de influencia y clientela polí-
tica. Además, a diferencia de la Ley del Profesorado, que autorizaba el descuento
por planilla de las cotizaciones gremiales, la nueva Ley señala que los maestros
gozan de libre asociación y sindicalización, con lo que se anula la obligatoriedad de
que el Estado realice dichos descuentos.

Después de aprobada la ley —y con el estímulo de la huelga indefinida de maestros
y el abierto apoyo a ésta de varios gobiernos regionales—, en el MED se creó la
Superintendencia Nacional de Educación (DS 19-2007-ED, publicado el 17 de
julio), con el encargo de recomendar medidas correctivas para ejecutar la política
educativa nacional. Para fiscalizar a los gobiernos regionales se nombrará un in-
tendente que controlará la aplicación de las políticas nacionales de su sector y
supervisará si se hacen efectivos los descuentos por inasistencias. Para algunos,
esta medida es una muestra de la preocupación del MED por la necesaria unidad
de la política sectorial. Sin embargo, la oportunidad en que se da representa otra
típica reacción ante hechos agravados por la propia inoperancia ministerial para
informar bien y tratar de persuadir al magisterio; tiene muchos elementos que re-
cuerdan las clásicas y obsoletas inspectorías de antaño y que forman parte de una
estrategia de lucha frontal contra el sindicato. Sería más efectivo que el MED ini-
ciara un real liderazgo contra la corrupción en el sector, considerando estrategias
de coordinación con la Defensoría del Pueblo y con los órganos de participación
creados en la Ley General de Educación.

d. LOS RIESGOS NO SUPERADOS EN LA DISCUSIÓN Y
APROBACIÓN DE LA LEY DE CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL
Mas allá de cómo ha culminado el accidentado proceso de debate y aprobación de
la Ley de Carrera Pública Magisterial, subsisten riesgos que pueden distorsionar

91
Posición expresada por Mirko Lauer en su artículo «Necesitan un centro de conciliación», publicado
en La República (12.7.2007).


su sentido y enfoque. Los más evidentes, algunos de las cuales se vislumbraban en
los predictámenes sobre la CPM antes mencionados, son:

La CPM coexiste con y forma parte de la actual Ley del Profesorado

La Ley 29062 ha sido aprobada como «Ley que modifica a la Ley del Profesorado
en lo referido a la carrera pública magisterial». La dualidad de regímenes laborales
debe tener límites claros que no se precisan en el nuevo texto legal.

Algunos artículos de la Ley del Profesorado aún vigente serán motivo de fricción
constante para la aplicación de la nueva normatividad o demandarán modificarla.
Van algunos ejemplos:

• Al quedar vigente la Ley del Profesorado, los maestros continuarán rigiéndose por
ésta en la medida en que no se incoporen a la nueva CPM. Será inevitable la
generación de demandas administrativas y judiciales de docentes y posibles ten-
siones entre padres, maestros y autoridades respecto a la interpretación de la vi-
gencia o no de cada texto legal.

• Un conflicto entre ambos textos legales es la posibilidad de cese que se abre con
lo señalado en el Art. 29 de la Ley de CPM. De acuerdo con la Ley del Profesorado
(Art. 45) y el Decreto Legislativo 276 la suspensión, el cese y la destitución de los
servidores públicos no dependen de evaluaciones; la inhabilitación profesional sólo
puede ser impuesta por sentencia judicial que sancione un delito común (Art. 27).92

• La Ley del Profesorado considera un 30% de la remuneración total por prepara-
ción de clases (Art. 48), mientras que la de CPM no fija ningún porcentaje por este
concepto (Art.52).

• La Ley del Profesorado (Art. 50) señala que por razones de enfermedad degenera-
tiva o incapacidad física los docentes tienen derecho al goce íntegro de sus remu-
neraciones si han sido contraídas en servicio o con ocasión del mismo; la Ley de
CPM elimina este beneficio.

• La asignación por el grado académico de maestría es de 170 soles mensuales. La
Ley de CPM señala (Art. 42) que habrá recursos financieros para que los docentes
las obtengan, y especifica (Art. 48) que quienes voluntariamente deseen participar

92
Aporte de Carlos Malpica en su mencionado texto.


Consejo Nacional de Educación
CON PA LA IM LEM NTA DE UN CAR
CO N D I C I O N E S PA R A L A I M P LE M E NTA C IÓN D E U N A CA R R E R A
PÚBLI
LICA MA STER
PÚBLICA MA G I STER I A L

Proyecto Educativo Nacional La CPM cobra sentido si se articula a un conjunto integral de políti-
Nacional.
cas como el contenido en el PEN.
Presupuesto Existe una condición esencial que se debe trabajar en simultáneo con la aplicación de
resupuesto.
la ley: el proceso de reconversión. El principal riesgo es que no se garanticen los recursos para el
ascenso de los docentes, como ha ocurrido hasta ahora en el país. Una posible solución es que la ley
establezca una proporción de docentes en cada nivel de la carrera y un cronograma para lograrlo.
SI N EAC E . Es necesario concretar la existencia y funcionamiento del Sistema Nacional de Evalua-
EAC
ción, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa para la educación básica y la superior. Hay
urgencia de que se empiece por las instituciones de formación docente.
Descentralización Este componente debe estar presente a lo largo de la propuesta, de modo tal
Descentralización.
que se ponga en evidencia la voluntad de otorgarle a las escuelas y a las instancias regionales
mayores competencias en los distintos ámbitos de la formación y en el ejercicio de la docencia,
reconociendo que estos mecanismos deben garantizar logros concretos en cada institución educa-
tiva. Es necesario reforzar las autonomías que la nueva Ley General de Educación otorga a las
instituciones educativas.
Derecho a una educación de calidad El servicio docente no se justifica per se, sino en su relación
Derecho calidad.
con el derecho a la educación. Por lo tanto, la finalidad de la CPM no es solamente lograr un buen
servicio, sino concretar el derecho a la educación. Este principio debiera reflejarse a lo largo de la
propuesta.
Prioridad por los pobres y la interculturalidad Una educación de calidad para todos, en el Perú,
interculturalidad.
implica necesariamente considerar dos criterios esenciales: la pobreza y la pluriculturalidad. El enfo-
que intercultural debe estar presente en todas las escuelas y en todas las aulas, respondiendo de
manera eficiente y responsable a nuestra realidad pluricultural, y no restringirse únicamente a las
escuelas bilingües.
Revalorización del trabajo colectivo de los maestros La CPM debe ir más allá de encarar el
maestros.
trabajo docente como una simple práctica individual y revalorar el trabajo colectivo de los maestros
en materia de incentivos, autocontrol grupal y formación continua desde la articulación de los nú-
cleos docentes.
Criterios e indicadores La CPM debe responder a criterios e indicadores establecidos a escala
indicadores.
nacional, regional y local. Debe precisar las capacidades y competencias que se esperan de un buen
profesional, considerando tanto la diversidad del país como las diversas especialidades y modalida-
des que exige la educación. Estos criterios e indicadores deben ser establecidos con participación
de los propios docentes y en el marco de un sistema gradual de exigencia creciente.
Equipos multiplidisciplinarios para una educación de calidad El debate sobre CPM no debe
calidad.
hacer perder de vista la importancia de contar con equipos multidisciplinarios de profesionales para
una adecuada atención de los estudiantes, y que éstos cuenten con una normatividad clara en el
marco de la mejora de la calidad educativa.

Fuente: <www.cne.gob.pe>.


en el programa de reconocimiento a la excelencia profesional tendrán derecho a
recibir una asignación anual equivalente a una remuneración mensual de su nivel
magisterial «durante el período que establezca el reglamento de la presente Ley».
A partir de lo señalado en la Ley del Profesorado, cuadros comparativos hechos en
grupos magisteriales señalan que para mantener ese monto el profesor debiera
tener una remuneración de 1 700 nuevos soles.

Como se ha señalado, la Ley de Profesorado corresponde a otra mirada sobre
docencia y educación. Si se quiere renovar de verdad la legislación sobre profesio-
nalización del magisterio, no se puede supeditar lo nuevo a lo antiguo.93 Cabe re-
flexionar sobre la conveniencia de derogar la Ley del Profesorado como una nece-
sidad para renovar realmente la condición profesional de los docentes, tal como lo
proponía el ex viceministro Juan Abugattás. Esto supondría ampliar los elementos
que abarca la Ley de Carrera Pública Magisterial incluyendo algunos que contem-
pla la Ley del Profesorado; por ejemplo, normas para docentes que trabajan en el
sector privado y para docentes en condición de cesantes y jubilados.

La CPM está desligada del Proyecto Educativo Nacional

La Ley 29062 desliga la carrera pública magisterial del Proyecto Educativo Nacio-
nal. Los legisladores que propusieron y aceptaron eliminar del primer artículo toda
mención al Proyecto Educativo Nacional olvidaron que una renovación real de la
profesionalización docente no se puede dar de modo aislado; su concepción e
implementación deben formar parte de una visión y un plan mayores e integrales,
como es el Proyecto Educativo Nacional.

Si el PEN ha sido asumido por el gobierno de Alan García como una política de
Estado; si las principales fuerzas políticas y sociales representadas en el Acuerdo
Nacional lo han hecho suyo; si el propio SUTEP demanda su implementación como
parte de un deber colectivo, cabe colegir que la carrera pública magisterial debe
estar estrechamente ligada al tercer objetivo del Proyecto Educativo Nacional
(«Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia») y ser par-
te de la propuesta integral de cambio educativo que encarna este Proyecto.

93
Ha subsistido, en el título y en la ley misma, el sentido de la nota enviada por la presidenta del Congreso
el 4 de junio del 2007 al presidente de la Comisión de Educación enfatizando que el nuevo «texto
consensuado» sobre la CPM, se hace «respecto a la Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo
referido a la Carrera Pública Magisterial» (ver la Parte III, sección 2, de este libro).


Vincularla con la visión, las prioridades, las opciones y las decisiones que cada uno
de los seis objetivos del PEN demanda como política de Estado, le dará a la carrera
pública magisterial más posibilidades de concreción y viabilidad; así estará unida a
una matriz de políticas con plazos, logros y resultados verificables, asegurando su
continuidad y coherencia en una perspectiva de largo plazo.

No se ha debatido la incorporación del conjunto de docentes en
actividad y la tarea se encomendó al Ministerio de Educación

El proyecto de ley del Ejecutivo y los otros cuatro presentados a consideración de
la Comisión de Educación del Congreso coincidieron en derivar a una de las «dis-
posiciones complementarias» la incorporación gradual a la carrera pública magis-
terial de los profesores que están bajo los alcances de la Ley del Profesorado
vigente, encomendando al Ministerio de Educación la tarea de diseñar un progra-
ma que posibilite dicha incorporación.

Se evitó así discutir un tema delicado, urgente e importante; tan sólo este punto
hubiera ameritado no apresurarse en la promulgación de la nueva Ley. Encargar al
Ministerio de Educación esa tarea supone correr todos los riesgos de la unilatera-
lidad burocrática y de la improvisación, más aún cuando «dentro de los 180 días de
la publicación de la presente Ley de CPM» deberá estar diseñada y sustentada la
incorporación de los profesores en servicio. Un MED aislado, enfrentado frontal-
mente con el magisterio y sin liderazgo en la sociedad para la búsqueda de con-
sensos no es el mejor actor institucional para lograrlo. Además, la centralización de
funciones puede implicar retrocesos en materia de participación, y obstaculizar los
avances en materia de regionalización y democratización de la escuela pública.

Dadas las circunstancias y consecuencias de la apresurada aprobación congresal
de la Ley de CPM, sería un grave error que al discutir su reglamento no se estable-
cieran canales de participación al magisterio; así se podrán recoger sus opiniones
y sugerencias específicas sobre plazos, estrategias y condiciones en las que se
debe dar esa incorporación gradual.

Eliminación del período de prueba como prerrequisito para
nombramiento de nuevos docentes en la CPM.

En el Capítulo IV de la Ley de CPM se ha optado por dispensar del período de
prueba o etapa de acompañamiento a los nuevos docentes que aspiran a ingresar
a la CPM. Con esto, al nombrarlos inmediatamente después de que aprueban la


evaluación, se sigue apostando por un trámite procesal antes que por asegurar si
el postulante está realmente apto para enseñar y lograr aprendizajes en sus alum-
nos.

La opción no propicia el ingreso de los profesores más competentes; tampoco
toma en cuenta la abrumadora cantidad de maestros titulados sin puesto de traba-
jo ni las dudas razonables que generan los egresados de ISP no acreditados. Si se
estiman en más de cien mil los maestros titulados que no pueden ejercer como
docentes, en cerca de treinta mil los egresados anualmente de centros de educa-
ción superior universitaria y no universitaria, y en sólo seis mil las nuevas plazas
anuales —incluidas las de los docentes que se retiran—, tendríamos que concluir en
que no todos pueden ingresar a la CPM y que es necesario implementar un tamiz
efectivo para que ingresen los mejores. Es decir, un período de prueba con un
docente seleccionado por su alta competencia, que pueda asistir al postulante, y a
cargo de una institución educativa interesada en comprobar que el postulante tie-
ne condiciones para ser el profesional que aporte pedagógicamente en el centro
educativo

Habría que distinguir entre el derecho a enseñar, que tiene todo egresado de una
institución acreditada, y el derecho a ingresar a la carrera. En el ingreso a la CPM,
el Estado y la comunidad educativa tendrían que ser cuidadosos y establecer pará-
metros para que ingresen los que tendrán un buen ejercicio profesional. Por eso,
los primeros años de ejercicio profesional deben ser los más exigentes.

Las opiniones en el sentido de que el período de prueba puede prestarse a subje-
tividad y hasta a diversas formas de presión o chantaje sobre los postulantes se
derivan de la no aplicación de la Ley General de Educación, que ha creado organis-
mos y mecanismos de control y vigilancia que deben reforzarse y hacerse más
efectivos. Por lo demás, es preciso persistir en esta medida por lo menos hasta
cuando, constituido el SINEACE, el país tenga un cuadro confiable de ISP y faculta-
des de educación debidamente acreditados.

Insistencia en instituciones cuestionadas e insuficiente atención a
demandas de acreditación de otras

Las tareas que la Ley de CPM asigna a las UGEL en los ascensos, el control de la
creación de plazas y la supervisión o ejecución (en caso de unidades unidocentes
o multigrado) de la evaluación de los directores y subdirectores, serán motivo de
permanente duda y falta de credibilidad dada la pésima imagen de muchas de ellas
en materia de corrupción administrativa y maltrato a docentes. Importa por ello


propiciar y estimular que los directores, docentes y padres de familia participen en
estos procesos.

Las UGEL no constituyen hoy por hoy una garantía para racionalizar las vacantes;
pesan muchas dudas sobre su capacidad para eliminar las mafias y la corrupción
engendradas en su seno. Según los resultados de la encuesta nacional sobre ma-
gisterio aplicada por la UNESCO, anteriormente explicitados, la institución peor eva-
luada y que merece la mayor desconfianza de los docentes son precisamente las
UGEL, y esto hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, la propia Ley proporciona
una salida institucional distinta al señalar que el concurso lo ejecuta la UGEL o «la
entidad correspondiente» (Art. 25).

Asimismo, los textos de artículos comprendidos en el Capítulo VIII destinados al
programa de Formación y Capacitación Docente se plantean como si la realidad
institucional de entidades formadoras de docentes fuese óptima. No ayudan a re-
conocer y enfrentar el exceso numérico de instituciones de formación profesional
docente, muchas sin calificación suficiente para su posible certificación. La reali-
dad de muchos ISP y facultades de educación exige más precisiones respecto a
plazos para aplicar un proceso de acreditación que califique a las realmente aptas
para tan difícil e importante tarea.

Por lo demás, hubiera sido útil que la Ley estimule la posibilidad de reconvertir a
varias de esas instituciones de educación superior en entidades organizadoras de
formación continua o de modalidades, cuya demanda es clamorosa. Por ejemplo,
especializarse en educación inicial para medios rurales o en educación básica al-
ternativa, esta última dirigida, de acuerdo con la Ley General de Educación, a enca-
rar la labor de atender a los niños trabajadores y niños de la calle, y a los jóvenes y
adultos sin educación.

La coincidencia de concluir esta segunda parte del presente libro cuando el Poder
Ejecutivo suscribía la Ley de Carrera Pública Magisterial en el marco de un país
erizado por la pobreza, el descontento, la manipulación y la desconfianza; la impo-
sición de la propuesta por parte de una mayoría del Congreso siguiendo la voluntad
presidencial; docentes reclamando más diálogo y arrojados por sus directivos a
una huelga que se constituyó en expresión del no diálogo, termina siendo un mal
corolario de un proceso prometedor y de una ley indispensable y con un buen
número de elementos positivos, pero que demandaba mucho una opinión pública
más informada y debate, así como prolijidad final.


Para ser eficaz, la implementación de esta ley tendría que empezar con la discusión
sobre sus potencialidades y limitaciones, así como por la elaboración de su regla-
mento. Esta discusión no se debiera limitar a superar diferencias entre la dirigencia
del SUTEP y representantes del Ministerio de Educación. Lograr justicia para una
docencia más profesional exige una cultura política renovada, que se base en el
diálogo y no en el enfrentamiento y los prejuicios, así como el reconocimiento de la
relevancia política de todos los actores educativos, la concertación y el respeto de
los acuerdos.

Es fundamental asegurar el financiamiento de la nueva carrera pública magisterial,
para evitar una frustración similar a la no aplicación de la Ley del Profesorado aún
vigente. La calidad cuesta; y cabe insistir en que el futuro de los niños y jóvenes
que tienen derecho a una educación óptima, así como la atención a las demandas
magisteriales justas y racionales, requieren una firme voluntad política. Una refor-
ma del Estado puede posibilitar una reasignación sectorial de recursos y liberar los
montos necesarios para asegurar la viabilidad de una carrera pública magisterial
como parte medular del Proyecto Educativo Nacional. Invertir para una mejor do-
cencia, vital para el desarrollo de nuestro capital humano, es una acción decisiva
para el futuro del Perú.


ANEXO 1
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN94
(artículos directamente vinculados al ejercicio docente)

TÍTULO II. UNIVERSALIZACIÓN, CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN

CAPÍTULO III. LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Artículo 13.- Calidad de la educación

El Estado atiende los factores que favorecen al mejoramiento de la calidad de la educación y le
corresponde:
[...]
d) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y autoridades edu-
cativas.
e) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo, que
incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral.

Artículo 14.- Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa

El Estado garantiza el funcionamiento de un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa, que abarca todo el territorio nacional y responde con
flexibilidad a las características y especificidades de cada región del país.

El Sistema opera a través de organismos autónomos, dotados de un régimen legal y administra-
tivo que garantiza su independencia.

Artículo 16.- Funciones de los Órganos del Sistema Nacional de Evaluación, Acredi-
tación y Certificación de la Calidad Educativa

En el ámbito de sus competencias, los organismos del Sistema Nacional de Evaluación, Acredi-
tación y Certificación:

a) Promueven una cultura de calidad entre los docentes y las instituciones educativas.
b) Evalúan, en los ámbitos nacional y regional, la calidad del aprendizaje y de los procesos
pedagógicos y de gestión.

94
Ley 28044, promulgada el 28 de julio del 2003.


c) Acreditan, periódicamente, la calidad de las instituciones educativas públicas y privadas.
d) Certifican y recertifican las competencias profesionales.
e) Difunden los resultados de las acciones evaluadoras y acreditadoras de las instituciones
educativas, haciendo uso de los medios de comunicación.
f) Desarrollan programas orientados a formar profesionales especializados en evaluar logros y
procesos educativos.
g) Compatibilizan los certificados, grados, diplomas y títulos educativos nacionales y estable-
cen su correspondencia con similares certificaciones expedidas en el extranjero.
h) Elaboran, con participación de las instancias descentralizadas, los indicadores de medición
de la calidad que contribuyan a orientar la toma de decisiones.

Título IV. La comunidad educativa

Artículo 52.- Conformación y participación

La comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, direc-
tivos, administrativos, ex alumnos y miembros de la comunidad local. Según las características
de la Institución Educativa, sus representantes integran el Consejo Educativo Institucional y
participan en la formulación y ejecución del Proyecto Educativo en lo que respectivamente les
corresponda. La participación de los integrantes de la comunidad educativa se realiza mediante
formas democráticas de asociación, a través de la elección libre, universal y secreta de sus
representantes.

Artículo 55.- El Director

El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es respon-
sable de la gestión en el ámbito pedagógico, institucional y administrativo. Le corresponde:

a) Conducir la institución educativa de conformidad con lo establecido en el artículo 68º de la
presente ley.
b) Presidir el Consejo Educativo Institucional, promover las relaciones humanas armoniosas, el
trabajo en equipo y la participación entre los miembros de la comunidad educativa.
c) Promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión y dar cuenta de ella
ante la comunidad educativa y sus autoridades superiores.
d) Recibir una formación especializada para el ejercicio del cargo, así como una remuneración
correspondiente a su responsabilidad.
e) Estar comprendido en la carrera docente cuando presta servicio en las instituciones del
Estado.

El nombramiento en los cargos de responsabilidad directiva se obtiene por concurso público.
Los concursantes están sujetos a evaluación y certificación de competencias para el ejercicio de
su cargo, de acuerdo a ley.


Artículo 56.- El profesor

El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficaz-
mente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por
la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor
idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la
integridad de los estudiantes. Le corresponde:

a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los
estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de
convivencia en la comunidad educativa que integran.
b) Participar en la Institución Educativa y en otras instancias a fin de contribuir al desarrollo del
Proyecto Educativo Institucional así como al Proyecto Educativo Local, Regional y Nacional.
c) Percibir remuneraciones justas y adecuadas y también las bonificaciones establecidas por
ley; estar comprendido en la carrera pública docente; recibir debida y oportuna retribución
por las contribuciones previsionales de jubilación y derrama magisterial; y gozar de condi-
ciones de trabajo adecuadas para su seguridad, salud y el desarrollo de sus funciones.
d) Participar en los programas de capacitación y actualización profesional, los cuales constitu-
yen requisitos en los procesos de evaluación docente.
e) Recibir incentivos y honores, registrados en el escalafón magisterial, por su buen desempe-
ño profesional y por sus aportes a la innovación educativa.
f) Integrar libremente sindicatos y asociaciones de naturaleza profesional; y
g) Los demás derechos y deberes establecidos por ley específica.

Artículo 57.- La carrera pública magisterial

El profesor, en las instituciones del Estado, se desarrolla profesionalmente en el marco de una
carrera pública docente y está comprendido en el respectivo escalafón. El ingreso a la carrera se
realiza mediante concurso público. El ascenso y permanencia se da mediante un sistema de
evaluación permanente que se rige por los criterios de formación, idoneidad profesional, calidad
de desempeño, reconocimiento de méritos y experiencia. La evaluación se realiza descentraliza-
damente y con participación de la comunidad educativa y la institución gremial. Una ley especí-
fica establece las características de la carrera pública docente.

Artículo 58.- Requisitos para el ejercicio del profesorado

En la Educación Básica, es requisito indispensable el título pedagógico para el ejercicio de la
docencia. Profesionales con títulos distintos de los profesionales en educación, ejercen la do-
cencia si se desempeñan en áreas afines a su especialidad. Su incorporación en el escalafón
magisterial está condicionada a la obtención del título pedagógico o postgrado en educación.


Artículo 59.- Áreas de desempeño del profesor

Las áreas de desempeño laboral del profesor son la docencia, la administración y la investiga-
ción. Los cargos de director y subdirector o sus equivalentes son administrativos y a ellos se
accede por concurso público.

Artículo 60.- Programa de Formación y Capacitación Permanente

El Estado garantiza, el funcionamiento de un Sistema de Formación y Capacitación Permanente
que vincule la formación inicial del docente, su capacitación y actualización en el servicio. Este
Programa se articula con las instituciones de educación superior. Es obligación del Estado pro-
curar los medios adecuados para asegurar la efectiva participación de los docentes.

Artículo 61.- Régimen laboral del Profesor en la Educación Privada

El profesor que trabaja en instituciones educativas privadas se rige por lo establecido en el
régimen laboral de la actividad privada. Puede incorporarse en la carrera pública magisterial si
ingresa al servicio del Estado, previo cumplimiento de los requisitos de ley.

Artículo 62.- Personal administrativo

El personal administrativo de las instituciones educativas públicas coopera para la creación de
ambiente favorable para el aprendizaje. Se desempeña en las diferentes instancias de gestión
institucional, local, regional y nacional, en funciones de apoyo a la gestión educativa. Ejerce
funciones de carácter profesional, técnico y auxiliar. Participa en la formulación y ejecución del
Proyecto Educativo Institucional. Le corresponde:

a) Formación especializada para el ejercicio del cargo.
b) Remuneración adecuada a su responsabilidad.
c) Inclusión en la carrera pública correspondiente.

Título V. La gestión del sistema educativo

Capítulo III. La Unidad de Gestión Educativa Local

Artículo 75.- Órgano de participación y vigilancia

El Consejo Participativo Local de Educación es un órgano de participación, concertación y vigi-
lancia educativa durante la elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Local
en el ámbito de su jurisdicción. Está integrado por el Director de la Unidad de Gestión Educativa
Local y los representantes de los estamentos que conforman la comunidad educativa, de los


sectores económicos productivos, de las municipalidades y de las instituciones públicas y priva-
das más significativas. Participa anualmente en la elaboración y rendición de cuentas del presu-
puesto de la Unidad de Gestión Educativa Local.

Capítulo IV. La Dirección Regional de Educación

Artículo 78.- Órgano de participación y vigilancia

El Consejo Participativo Regional de Educación es una instancia de participación, concertación
y vigilancia en la elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Regional. Está
integrado por el Director Regional de Educación y representantes de docentes, universidades e
Institutos Superiores, sectores económicos productivos, comunidad educativa local e institucio-
nes públicas y privadas de la región.


ANEXO 2
RESUMEN DE NORMAS LEGALES
SOBRE EL MAGISTERIO95

Este anexo es una recopilación de las normas legales (leyes, decretos leyes, decretos legislati-
vos, decretos de urgencia, resoluciones ministeriales) promulgadas en torno a la carrera pública
magisterial, presentadas en orden cronológico a partir de la dación de la Ley del Profesorado
(Ley 24029) y su modificatoria (Ley 20530). Por razones metodológicas, en el Consejo Nacio-
nal de Educación se han clasificado en torno a ocho ejes temáticos, sobre los cuales se han
legislado con mayor incidencia durante las dos últimas décadas.

1. LEY DEL PROFESORADO, REGLAMENTO Y MODIFICATORIAS

Fecha Denominación Rango Número

14/12/1984 Ley del Profesorado (vigente). Ley 24029
Modificada parcialmente por la Ley 25212.
Art. 47 dejado en suspenso por el Art. 6 del DS
276-91-EF.

03/05/1985 Reglamento de la Ley del Profesorado. DS 31-85-ED
Derogada por el Art. 3 del DS 19-90-ED del
29/07/90.

10/12/1985 Adicionan párrafo al Art. 98 del reglamento de DS 059-85-ED
la Ley del Profesorado-DS 31-85-ED.
Modificada por el Art. 3 del DS 19-90-ED.

07/03/1986 Modifican el Art. 134 del Reglamento de la Ley DS 05-86-ED
del Profesorado (DS 31-85-ED).

27/05/1988 Derogada por el Art. 3 del DS 19-90-ED. DS 008-88-ED
Sustituyen el cuarto párrafo del Art. 134 del
Reglamento de la Ley del Profesorado.
Derogada por el Art. 3 del DS 19-90-ED

95
Fuente: página web del Consejo Nacional de Educación: <www.cne.gob.pe>.


1. LEY DEL PROFESORADO, REGLAMENTO Y MODIFICATORIAS


06/07/1990 Modifican el Art. 98 del Reglamento de la Ley DS 15-90-ED
del Profesorado 31-85-ED
Concordancia con Numeral 11 del Art. 211 de
la Constitución.

19/07/1990 Aprueban Reglamento de la Ley del Profesora- DS 19-90-ED
do (vigente).

20/05/1990 Prorrogan la Ley del Profesorado (vigente). Ley 25212

2. NORMAS LEGALES REFERIDAS AL INGRESO A LA CARRERA MAGISTERIAL


18/10/1994 Autorizan al MED para que efectúe el nombra- Ley 26368
miento de profesores que se encuentran laborando
en calidad de contratados en los niveles inicial,
primaria y secundaria.
Derogada por el Art. 5 de la Ley 27382.

17/06/1997 Autorizan al MED a convocar concurso público Ley 26815
para cubrir plazas docentes de los niveles inicial,
primaria, secundaria, superior no universitario y
modalidades en especial y ocupacional.
Derogada por el Art. 5º de la Ley 27382.

10/09/1998 Autoriza al MED a convocar y ejecutar un Ley 26974
concurso público a nivel nacional para cubrir
plazas docentes vacantes en diferentes niveles y
modalidades.
Derogada por el Art. 5 de la Ley 27382.

17/06/1999 Autoriza un Concurso Público para cubrir plazas Ley 27142
docentes.
Derogada por el Art. 5º de la Ley 27382.

17/06/1999 Establece las condiciones de renovación Ley 27257
automática y contratación de los docentes de
Centros Educativos Públicos
Derogada por Art 6 de la Ley 27491.




26/12/2001 Ley de Nombramiento de Profesores Contrata- Ley 27382
dos al Servicio del Estado para su ingreso a la
Carrera Pública
Modificada por Art 1 y 2 de la Ley 27430.

12/02/2001 Reglamento de la ley de nombramiento de DS 006-2001-
profesores. ED
Se deja en suspenso por el Art. 2 de la Ley
27430.

21/02/2001 Suspenden cronograma de evaluación a que se DS 010-2001-
refiere el Reglamento de la Ley de Nombra- ED
miento de Profesores Contratados al servicio
del Estado para su ingreso a la Carrera Pública.

23/02/2001 Modificatoria de la Ley 27382 de nombramien- Ley 27430
to de profesores contratados al servicio del
Estado para su ingreso a la carrera pública del
profesorado.
Concordancia con la RM 126-2001-ED.

27/02/2001 Constituyen Comisión encargada de elaborar el RM 126-2001-
proyecto de Reglamento de ley de Nombra- ED
miento de Profesores Contratados al servicio
del Estado para su ingreso a la Carrera Pública.

19/03/2001 Aprueban Reglamento de la ley de Nombra- DS 017-2001
miento de Profesores para su Ingreso a la
Carrera Pública del Profesorado. DS

06/04/2001 Autoriza al Ministerio de Educación a reubicar Ley 27443
al personal administrativo que haya obtenido su
título profesional en educación en el cargo de
profesor.
Concordancia con el DS 030-2001-ED.

28/06/2001 Establece como plazas orgánicas del Sector Ley 27491
Educación las generadas como consecuencia
del crecimiento vegetativo o por la modificación
de planes de estudio. Ley




07/11/2001 Aprueban el Reglamento del Concurso Público DS 065-2001-
para Nombramiento en Plazas Docentes, ED
autorizado por la Ley 27491. DS

17/12/2001 Reconocen participación de observadores en DS 071-2001-
procesos de evaluación y modifican el regla- ED
mento del concurso público para nombramien-
to en plazas docentes aprobado mediante el
DS 065.2001-ED (vigente).

01/02/2002 Autorizan adecuar plazos, establecidos por los DS 002-2002-
DS 065 y 071-2001 y Modifican el Reglamen- ED
to del Concurso Público para el Nombramiento
de Plazas Docentes. DS

3. PERMANENCIA, MOVILIDAD Y ASCENSO EN LA CARRERA MAGISTERIAL


09/01/1985 Dictan normas específicas para ascenso a nivel DS 01-85 -ED
inmediato superior de la Carrera Pública del
Profesorado.

09/01/1985 Aprueban las normas para la provisión de RM 310-85-ED
cargos directivos y jerárquicos en centros y
programas Educativo Estatales Concordancia
con Art. 4 del DS 015-81-ED.

09/01/1985 Aprueban los requisitos de los cargos directi- Res. VM 433-85
vos y jerárquicos de escuelas y colegios
estatales.
Concordancia con el Art. 5 del DS 015-81-ED.

09/01/1985 Disponen que el personal comprendido en la RM 1126-85-ED
Ley 24029, Ley del Profesorado, con título
profesional en Educación, agregará a su
tiempo de servicio cuatro años de formación
profesional, cualquiera sea el régimen de
pensiones en el que se encuentre.




Concordancia con Ley 24156, Ley 1137, DL
135, Art. 4 del DS 015-81-ED.

07/02/1986 Aprueban normas para la selección de RM 72-86-ED
personal y provisión de cargos directivos y
jerárquicos los centros y programas educativos
estatales. Derogada por el Art. 4 de la RM
328-88-ED.

15/03/1992 Prohíben determinados destaques de los DS 0034-92-ED
trabajadores de la educación.

16/03/1993 Facultan al Ministerio de Educación para que DS 010-93-ED
efectúe la reasignación interina de los auxilia-
res de Educación que en el año 1992 estuvie-
ron destacados como Profesores de Aula o por
horas.

11/07/1997 Suspenden acciones administrativas de RM 162-97-ED
desplazamiento de personal docente hasta
concluir concurso público para cubrir plazas
vacantes

16/03/2001 Autorizan al ME a reubicar al personal adminis- Ley 27443
trativo que haya obtenido su título profesional
en Educación, en el cargo de profesor.

07/05/2001 Aprueban Reglamento de la Ley que autoriza al DS 030-2001-
Ministerio de Educación a reubicar al Personal ED
Administrativo que haya obtenido su título
Profesional en Educación en el cargo de
Profesor.

11/05/2001 Modifican artículo del Reglamento de Contrata- DS 033-2001
ción de Profesores en Centros y Programas
Educativos Públicos.

21/06/2001 Autorizan a órganos intermedios del sector DS 043-2001-
educación efectuar excepcionalmente durante ED
los meses de junio y julio el proceso de
reasignación correspondiente al año 2001.




20/12/2001 Convocan a concurso público para nombra- RM 576-2001-
miento en cargos vacantes y disponen evalua- ED
ción para ratificación de personal directivo y
jerárquico titular de centros y programas
educativos estatales.

08/01/2002 Amplían plazo para conclusión de procesos de DS 001-2002-
nombramientos y ratificación de personal ED
directivo y jerárquico de centros y programas
educativos estatales.

4. NORMAS LEGALES REFERIDAS A LA SALIDA O CESE DE LA CARRERA
MAGISTERIAL


19/10/1994 Dictan normas parta el reconocimiento de RM 309-85-ED
tiempo de servicios del profesorado y los
goces derivados de éste
Concordancia con Art. 4 del DS 015-81-ED.

29/05/1986 La interrupción en el servicio en casos de cese DS 010-86-ED
a solicitud del docente podrá hacerse efectiva
de conformidad con lo previsto en el Art. 173
del Reglamento de la Ley del Profesorado.
Dejado sin efecto por el DS 08-90-ED.

12/12/2002 Ley que regula medidas administrativas Ley 27911
extraordinarias para el personal docente o
administrativo implicado en delitos de violación
de la libertad sexual (vigente).

02/07/1990 Modifican el inc. c) del Art. 54 del DL 276 Ley 25224
referente a la compensación por tiempo de
servicios al personal nombrado al momento del
cese.


5. REMUNERACIONES Y/O BONIFICACIONES


09/06/1990 Dictan normas complementarias para la DS 171-90-EF
correcta aplicación de la Alcabala Derogado no
expresamente por el Art. 21 del DL 619.

04/03/1991 Establecen en forma transitoria las normas DS 151-91-
reglamentarias orientadas a determinar los PCM
niveles remunerativos de los funcionarios
directivos, servidores y pensionistas del Estado,
en el marco del proceso de homologación,
carrera pública y Sistema Único Remunerativo y
Bonificaciones.
Concordancia Ley 25212.

13/07/1991 Establecen disposiciones generales y DS 154-91-EF
cronograma de pagos de la Bonificación
excepcional y reajuste de remuneraciones que
percibían los trabajadores docentes del Pliego
del Ministerio de Educación, Direcciones
Departamentales de Educación y Unidades de
Servicios Educativos a cargo de los gobiernos
regionales.

25/11/1991 Funcionarios y administrativos en servicio así DS 276-91-EF
como los pensionistas a cargo de entidades
públicas sea cual fuere su régimen laboral y de
pensión, percibirán a partir del mes de noviem-
bre de 1991, asignación excepcional.

13/03/1992 Modifican el ámbito de aplicación de la Asigna- DSE 21-PCM-92
ción Excepcional, otorgadas por el Decreto
Supremo 276-91-EF respecto de los trabajado-
res Docentes y No Docentes del MED, Org.
Púb. Desc. y Órganos de Ejecución
Desconcentrados y No Desconcentrados a
cargo de los Gobiernos Regionales.
Concordancia 276-91 inciso 20 Art. 211, C.P.P
Ley 25397.

18/09/1992 Otorgan asignación excepcional a los profesiona- D. Ley 25671
les de la salud y docentes de la carrera
magisterial, así como a los funcionarios y servido-
res de los Ministerios de Salud y Educación.


5. REMUNERACIONES Y/O BONIFICACIONES


10/05/1993 Otorga una Bonificación especial a los profe- DS 081-93-EF
sionales de la Salud, docentes del Magisterio y
a los trabajadores asistentes y administrativos
de los sectores de Salud y Educación.

25/11/1991 Otorgan una bonificación a los Directores y DSE 077-93-
Subdirectores de centros educativos pertene- PCM
cientes al pliego del Ministerio de Educación y
a los Programas Presupuestales de Educación
de los Gobiernos Regionales.

14/10/1994 Otorgan bonificación especial a los servidores D. de 80-94
de los sectores Educación y Salud. Urgencia

11/11/1996 Otorgan bonificación especial a los servidores D. de 090-96
de la administración pública de los sectores Urgencia
Educación, Salud, Seguridad Nacional, Servicio
Diplomático y personal Administrativo del
sector público.
Concordancia Art. 31 de la Ley 26553.

18/06/2001 Precisan alcances de los conceptos de DS 041-2001-
remuneraciones y remuneraciones íntegras a ED
que se refieren los Art. 51 y 52 de la Ley del
Profesorado.

18/06/1991 Normas Complementarias para el adecuado RM 761-91-ED
otorgamiento de bonificaciones por prestar
servicios en Zona de Frontera, Selva, Zona
Rural, Altura excepcional, Zona de menor
desarrollo y Emergencia.

07/11/1992 Establecen bonificaciones para los profesores D. Ley 25951
que prestan servicios en zonas rurales y de
fronteras.

03/03/2003 Disponen que el MEF presente proyecto para DS 076-2003
reestructurar el presupuesto del sector público EF
para el año fiscal 2003 para la cobertura de la
asignación especial por labor pedagógica de
julio a diciembre.


6. NORMAS LEGALES SOBRE PENSIONES DE DOCENTES


30/04/1973 Se crea el Sistema Nacional de Pensiones de la D. Ley 19990
Seguridad Social.

26/02/1974 Régimen de Pensiones y Compensaciones por D. Ley 20530
Servicios Civiles prestados al Estado no
comprendidos en el Decreto Ley 19990.

23/10/2002 Establece disposiciones relativas al reconoci- DS 159-2002
miento, declaración, calificación y pago de
derechos pensionarios a que se refiere el DL
20530 (vigente).

7. NORMAS LEGALES SOBRE CONTRATACIÓN DE DOCENTES


05/06/2000 Establece las condiciones de renovación Ley 27257
automática y contratación de los Docentes de
Centros Educativos Públicos.
Derogada por el Art. 6 de la Ley 2749 del 29.
6.2001.

13/04/2001 Reglamento de Contratación de Profesores de DS 020-2001-
Centro y programas Educativos Públicos. ED

11/05/2001 Modifican artículo de Reglamento de Contrata- DS 033-2001-
ción de Profesores en centro y programas ED
Educativos Públicos.


ANEXO 3
CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL: LOS
PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS AL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Los proyectos presentados al Congreso y considerados en el debate, fueron cinco,
correspondientes a:

• Unidad Nacional (n. º 881);
• el Poder Ejecutivo (n. º 969);
• la bancada de Partido Nacionalista (n. º 1101);
• el Colegio de Profesores conducido por Carlos Gallardo (n. º 1177); y
• la bancada de Unión por el Perú (n. º 1225).

El del Poder Ejecutivo se basó en el proyecto que el anterior Ejecutivo (presidido por Alejandro
Toledo y con Javier Sota Nadal como ministro de Educación) presentara a consideración del
Congreso de ese entonces; el de Unidad Nacional tiene el mismo molde de origen que el del
Poder Ejecutivo ; el de la bancada de Unión por el Perú recoge planteamientos del SUTEP
asociados a la Ley del Profesorado; y el del Colegio de Profesores sintetiza visiones de grupos
docentes adversos o diferenciados de la actual dirigencia sutepista.

A continuación se presenta un resumen del trabajo comparativo de estas propuestas elaborado
por el Consejo Nacional de Educación.

Respecto a la vinculación del ingreso, la permanencia y los ascensos

• Todos los proyectos establecen la verificación de requisitos y procesos de calificación, concurso
o evaluación para el ingreso, permanencia y ascensos.
• Todos los proyectos estructuran la carrera pública magisterial en cinco niveles. El Ejecutivo
propone veinte años de carrera para llegar al Nivel V; el Partido Nacionalista y Unión por el
Perú, dieciocho años; el Colegio de Profesores, sólo quince años; y Unidad Nacional se remite
a su regulación por el reglamento.
• Todos los proyectos postulan procesos de evaluación para ascender a niveles superiores. Unión
por el Perú se distingue en que considera que el ascenso del primer al segundo nivel debe ser
automático


• Unión por el Perú no considera consecuencia alguna por la desaprobación en las evaluaciones de
desempeño. El Ejecutivo y Unidad Nacional señalan que los maestros desaprobados por tercera
vez deben dejar la CPM.. El Colegio de Profesores y el Partido Nacionalista proponen la reconversión
laboral de los desaprobados.

Respecto a la implementación de un sistema de evaluación de desempeño para la
permanencia y para el ascenso

• Sólo el Ejecutivo y Unión por el Perú proponen criterios diferenciados para las evaluaciones de
ascenso y desempeño. Salvo Unión por el Perú y el Colegio de Profesores, todos los demás
establecen como un criterio de evaluación el logro de aprendizajes de los estudiantes.
• La ponderación de los criterios es similar: se prioriza el desempeño (salvo el caso del Colegio
de Profesores, que remite la ponderación al reglamento). Señalan como criterios
complementarios o con ponderación más baja que el desempeño, el reconocimiento de méritos
como la producción intelectual e innovaciones. Hay claras diferencias en cuanto la ponderación
de los demás criterios: mientras que para el Ejecutivo y Unidad Nacional el componente ético
es un criterio importante, esto no es tomado en cuenta por el Partido Nacionalista ni por Unión
por el Perú.
• La periodicidad de las evaluaciones varía: de desempeño, cada tres años (Ejecutivo, Unión por
el Perú, Colegio de Profesores) y cada dos años (Unidad Nacional); el Partido Nacionalista no
lo especifica. Para determinar los ascensos, cada tres años (Ejecutivo), cada dos años (Partido
Nacionalista y Colegio de Profesores) y anualmente (Unión por el Perú); Unidad Nacional no lo
especifica.

Respecto al establecimiento de una estructura remunerativa y un sistema de
incentivos económicos y no económicos

• Todos los proyectos establecen diferencias remunerativas entre los niveles, de modo que entre
el I y el V se alcance el doble de la remuneración. Las diferencias están en los porcentajes en
cada nivel: el Ejecutivo propone 15%, 30%, 50% y 100% mayor que el del Nivel I; el Partido
Nacionalista, Unión por el Perú y el Colegio de Profesores, 20%, 40%, 70% y 100% más que
el del Nivel I; y Unidad Nacional propone que se norme en el reglamento.
• Sólo el Partido Nacionalista y el Colegio de Profesores plantean una remuneración mínima
magisterial; el primero propone que sea equivalente a la canasta básica de consumo familiar; el
segundo considera que debe ser equivalente a la Unidad Impositiva Tributaria.(UIT).

Sobre la renovación del proceso de selección para propiciar el ingreso de los
profesores más competentes

• Para el Ejecutivo, Unidad Nacional y Unión por el Perú, el responsable de convocar a concurso
debe ser el Ministerio de Educación, directamente o delegando funciones a las Direcciones


Regionales de Educación. Para el Partido Nacionalista y el Colegio de Profesores, en cambio,
debe ser competencia de los gobiernos regionales.
• Todos los proyectos mencionan entre los criterios de evaluación del ingreso pruebas de
conocimientos pedagógicos y capacidades didácticas. Salvo Unión por el Perú, todos dan
preponderancia al título profesional otorgado por una institución acreditada como requisito
para concursar al ingreso a la carrera pública magisterial; Unidad Nacional menciona
específicamente a las entidades acreditadas por el SINEACE.
• El Ejecutivo, el Partido Nacionalista y Unión por el Perú establecen un solo concurso
descentralizado, en cada institución educativa, sobre la base de pruebas normadas por el MED.
E Unidad Nacional y el Colegio de Profesores plantean, en cambio, que previamente haya un
concurso público nacional realizado en cada Unidad de Gestión Educativa Local que evalúe
conocimientos y capacidad metodológica y didáctica, así como pruebas psicológicas y de uso
de la lengua originaria (Unidad Nacional); sólo los que aprobasen esta prueba pasarían a
concursar por las plazas vacantes de las escuelas.
• Respecto a la participación de la institución educativa en la selección de sus docentes, el
Ejecutivo y Unidad Nacional proponen que el concurso se realice en la escuela mediante un
consejo académico presidido por el director, con participación de los padres de familia (con voz
pero sin voto). El Partido Nacionalista y el Colegio de Profesores proponen una comisión de
evaluación presidida por el director, con participación de padres de familia y maestros designados
por sus pares en asambleas. Sólo UPP no establece participación de las instituciones educativas.
• El Ejecutivo considera que debe haber una etapa de acompañamiento como prerrequisito para
ingresar a la carrera. Unidad Nacional señala que el acompañamiento se debe dar dentro de la
carrera pública magisterial, como un mecanismo de inserción. En cambio el Partido Nacionalista,
Unión por el Perú y el Colegio de Profesores no consideran este punto en sus propuestas.

Respecto a la atención prioritaria a la formación docente en servicio, tomando
como punto de partida los resultados de las evaluaciones de desempeño

• Todos los proyectos consideran la necesidad de implementar programas de formación continua
como medio de perfeccionamiento profesional. El Ejecutivo y Unidad Nacional precisan que
los contenidos y necesidades de formación deben ser identificados por la institución educativa,
conforme al resultado de las evaluaciones. El Partido Nacionalista subraya el cumplimiento de
los objetivos de calidad de los proyectos educativos nacional, regional, local e institucional.
Unión por el Perú remarca los objetivos vinculados al maestro: actualización, especialización,
investigación, formación multidisciplinaria y socialización de experiencias.
• En cuanto a estos programas, el Ejecutivo establece que al MED le corresponde normarlos,
aunque pueden ser gestionados directamente por las instancias descentralizadas o las propias
entidades educativas, respetando las políticas de ámbito nacional, regional y local. El Partido
Nacionalista, Unión por el Perú y el Colegio de Profesores, si bien reconocen la competencia
normativa del MED, amplían la competencia de gestión a los gobiernos regionales y locales, al
sindicato y al Colegio de Profesores. Unidad Nacional se diferencia de las demás propuestas al
proponer un Bono de Capacitación con el cual los docentes podrán elegir la institución en la
que se capacite.


• Sólo el Partido Nacionalista y Unión por el Perú hacen explícita referencia a la acreditación de
instituciones formadoras por el SINEACE para la formación inicial, mas no para la formación
continua.

Sobre la inserción del docente en la comunidad, asignando a los más competentes
a zonas de menor desarrollo

• Los proyectos no mencionan la prioridad de seleccionar a los mejores docentes para las zonas
de menor desarrollo. Se limitan a hacer referencias a maestros postulantes para trabajar en
zonas rurales o al conocimiento de la lengua en contextos interculturales bilingües.
• Respecto a los incentivos, todos los proyectos plantean bonificaciones especiales a la
remuneración por el ejercicio profesional en escuelas unidocentes (Ejecutivo y Partido
Nacionalista, 50% más; Unidad Nacional, asignación mensual; Colegio de Profesores, 20%),
en escuelas multigrado o polidocentes en áreas rurales (Ejecutivo, Partido Nacionalista y el
Colegio de Profesores, 10% más; Unión por el Perú, 10% acumulativo por cada condición
especial de la zona: frontera, selva, rural, altura excepcional o menor desarrollo relativo).
• Solo el proyecto del Ejecutivo plantea beneficios relacionados con los requisitos de ascenso:
disminución de los años de permanencia mínimos en un nivel inferior para ascender al siguiente,
en caso de que esos años hayan sido trabajados en instituciones unidocentes y multigrado en
áreas rurales (dos años menos en el Nivel I y uno en los niveles II y IV).

Sobre avances progresivos para nivelar a 40 horas cronológicas la jornada de
trabajo
• El Ejecutivo, Unidad Nacional y el Colegio de Profesores proponen horas pedagógicas de 45
minutos, mientras que el Partido Nacionalista demanda horas cronológicas de 60 minutos.
• El Ejecutivo propone que la carga laboral sea de 30 horas cronológicas; el Partido Nacionalista
sostiene que deben ser 30 horas pedagógicas; Unidad Nacional y el Colegio de Profesores,
40 horas cronológicas.
• Salvo Unidad Nacional, que propone 30 días de vacaciones, los demás proyectos proponen 60
días de vacaciones.

Sobre la transición gradual y voluntaria a una nueva carrera pública magisterial.

Todos los proyectos, excepto el de de Unión por el Perú, establecen un programa de
incorporación gradual a la carrera pública magisterial de los profesores en servicio y señalan
un plazo de 180 días para que el MED diseñe dicho programa. Unión por el Perú plantea que,
por única vez, los profesores del área de docencia sean ubicados en el nivel de carrera que les
corresponda en función de sus años de servicio y del tiempo de permanencia.


BIBLIOGRAFÍA

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PARTE III

CLASE POLÍTICA
ACITÍLOP E SALC

Y EDUCACIÓN
NÓICACU D E Y

PARTE III

CLASE POLÍTICA
Y EDUCACIÓN
A modo de introducción 353
La cultura política 356
El militarismo en el Perú 356
Los tres componentes de esta Parte III 358

1. La acción educativa en gobiernos militares durante el siglo XX 359
a. Las construcciones de locales escolares del general Manuel A. Odría 359
• Gestión ministerial del general Mendoza Rodríguez 360
• Las grandes unidades escolares 361
• Las iniciativas en materia de educación de docentes 362

b. La reforma educativa de la década de 1970: sus expresiones
participativas 364
• Reflexiones sobre el contexto y el sentido de la reforma educativa 364
• La nuclearización educativa 373
• La participación de estudiantes y de padres de familia 381
• El magisterio 386
• Principales experiencias de educación no formal 398
A modo de síntesis 398

2. Clase política y educación: historia de desencuentros 400
a. La clase política y sus influencias en la educación durante el siglo XX 401
b. Las respuestas políticas ensayadas en los últimos decenios 404
• La década de 1980 404
• La pesada herencia fujimorista 407
• La corta transición de Valentín Paniagua 411
• El realismo desencantado de Alejandro Toledo 412
• Las potencialidades educativas e interrogantes de la gestión García 414

c. Escenarios de desencuentro entre lo político y lo educativo 415
Escenario 1: Magisterio desengañado 415
Escenario 2: Incompetencia política para asumir reformas integrales 416
Escenario 3: Indiferencia frente a las demandas educativas del
Informe de la CVR en materia de educación 419
Escenario 4: Los desacuerdos frente al Acuerdo 420
Escenario 5: Una emergencia no correspondida 421
Escenario 6: ¿Militarización de la educación? 424
Escenario 7: Mala culminación de proceso de Carrera Pública Magisterial 426

d. La educación en las elecciones de 2006 430
• Organización de escenarios específicos con demandas
de mayor exigencia a colectividades políticas 430
• Demandas explícitas de la población 432
• Proyecto Educativo Nacional y construcción de Proyectos Educativos
Regionales 433
• Principales énfasis educativos de algunos programas de gobierno 434

3. Las agendas educativas del presidente García 437

a. De las promesas electorales a la nueva agenda presidencial 438

b. Las principales iniciativas presidenciales en materia educativa 439
• La evaluación censal de docentes 439
• La municipalización de la educación 443
• El «shock de inversiones» 446
• La carrera pública magisterial 448
• La alfabetización 449

c. El recuento oficial de lo realizado hasta marzo 2007 451

d. Temas no asumidos o insuficientemente asumidos hasta abril 2007 453

e. Dos actores influyentes en las agendas presidenciales 455
• El Banco Mundial 455
• El SUTEP 456

f. El Proyecto Educativo Nacional como factor transformador 457
Políticas y metas prioritarias 2006-2011 en el marco del PEN 458

Bibliografía 463

352 PARTE III CLASE POLÍTICA Y EDUCACIÓN

« Lo que he hecho a lo largo de toda mi vida, luchar y combatir
por mejorar la educación en este país, y por eso postulo como
uno de los pilares de mi propuesta la revolución educativa, así
como luchar por la modernización y formalización de la
capacidad de producción de la pequeña y la mediana empresa
familiar que genera el 80 por ciento del empleo en el Perú. La
mayor ilusión que tienen los jóvenes es encontrarse con
oportunidades de trabajo, no solo para los que estudiaron en la
universidad, sino también para los que no tuvieron esta
oportunidad […] Los fondos existen para hacer la reforma
educativa, el Perú ha crecido a una tasa superior al 5 por
ciento, nosotros estamos fijando una meta de crecimiento del 7
por ciento, eso significaría incrementar muchísimo los ingresos,
no solamente se trata de lograr o de alcanzar mejores ingresos
sino de utilizar mejor los recursos disponibles, con ese criterio
se puede conseguir incrementar el presupuesto de educación
hasta alcanzar el 6 por ciento del Producto Bruto Interno-PBI»
Valentín Paniagua
Presidente Constitucional Transitorio del Perú en el periodo 22 noviembre de 2000-28 de julio de 2001.
Devolvió dignidad al país y al ejercicio de la Presidencia del Perú. Declaraciones en «Perú.com»
sesenta días antes de las elecciones generales de 2006.

« … en la duda hay que apostar por la educación».
Juan Pablo Terra
Arquitecto y político uruguayo con una visión de estadista poco común. Fue un político que creyó de
manera firme en la democracia de partidos. Su actividad estuvo movida por la búsqueda permanente de
la construcción de los mejores instrumentos políticos para servir a su país; luchó contra la dictadura
militar y posteriormente, en democracia, contra el neoliberalismo. Cuando falleció, en 1991, se dijo de
él: «Los niños uruguayos, los pobres, han perdido a un hombre que abogaba en favor de un modelo
económico-social que dé prioridad a la satisfacción de las necesidades humanas básicas, especial-
mente aquellas de los grupos de población más vulnerables».

PARTE III CLASE POLÍTICA Y EDUCACIÓN 353

A MODO DE INTRODUCCIÓN

Existen en la historia del pensamiento político, de acuerdo con López, por lo menos
cuatro elementos claves cuyas diversas concepciones permiten clasificar las ma-
trices culturales de la política y las formas de construcción de la ciudadanía: la
naturaleza del individuo, el rol del Estado, la idea de la comunidad política y la
definición de los fines de la políticas y del Estado:

Las diversas perspectivas que los hombres de pensamiento han asumido
sobre ellos han dado origen al estatismo orgánico, al liberalismo pluralista y
al marxismo. Estas diversas ideas, que surgieron en la cabeza de los filóso-
fos, se transformaron luego en propuestas y en prácticas políticas que, a su
vez, se convirtieron poco a poco en patrones generales de orientación de las
personas en lo referente a los temas del estado y de política, esto es, devi-
nieron en cultura política. Las élites políticas se inspiran en esas ideas rutini-
zadas y los diversos grupos sociales mismos se sienten a veces encarnados
en ellas, sin que ni unas ni otros conozcan realmente las fuentes originarias
de esas ideas. No lo saben pero lo hacen (López 1998).

La difícil diferenciación entre actores sociales y políticos que Touraine señala para
América Latina (Touraine 1987) tiene en nuestro país una connotación especial,
pues la separación entre Estado y sociedad no ha alcanzado en el Perú los niveles
que ha logrado en los países del Norte desarrollado. Hay quienes consideran que
en el Perú los actores político-partidarios nunca obtuvieron tanta autonomía como
para ser considerados unidades de análisis suficientemente separadas.

Las instituciones políticas modernas que se establecieron en los albores de la In-
dependencia buscaron reemplazar a las tradicionales de la Colonia, pero sin supe-
rar las dificultades que tal tránsito implicaba; lo mismo sucedió con las élites crio-
llas respecto de las coloniales. Según Basadre, el vacío social y el clima de inesta-


bilidad que ambas situaciones produjeron dieron origen al pretorianismo del siglo
XIX. Entre 1821 y 1895 el Perú tuvo 74 presidentes, cuyos mandatos duraron, en
promedio, un año. La que el propio Basadre llamó República Aristocrática (1895-
1918), constituida después de la traumática derrota en la guerra con Chile, abrió
paso a una relativa estabilidad política (Basadre 1983). La superposición de institu-
ciones modernas sobre una sociedad conservadora y tradicional constituyó lo que
Flores Galindo denominó «una república sin ciudadanos» (citado por López 1988).

La violencia y el autoritarismo han sido una constante en el Perú. Para Torres Aran-
civia,1 vivimos en una sociedad eminentemente autoritaria a pesar de nuestras le-
yes que proclaman derechos de avanzada, y aun cuando todos somos ciudadanos
que podemos elegir y ser elegidos. La ficción democrática se expresa en que el
siglo XX peruano no solo fue el más violento de la historia (desde el siglo XVII),
sino también el más autoritario. El más violento, porque el fracaso democrático ha
costado quizá la muerte de más de 100 mil personas (resultado de la explotación
cauchera en la selva, de los conflictos sociales y políticos de la década de 1930, de
la dictadura del decenio de 1950 y de la violencia terrorista desatada en el periodo
1980-2000); y el más autoritario, porque los pocos proyectos democráticos que se
consolidaron en la centuria se estrellaron contra una realidad signada aún por la
herencia colonial.

Esto explica, de algún modo, el porqué los intentos por constituir un sistema de
partidos en el Perú fueron tardíos respecto de los de otros países de América
Latina.2 Para algunos, esta tardanza está ligada a la demora para terminar con el
Estado oligárquico y a la incapacidad para construir un Estado populista que lo
reemplazara.3

En la segunda mitad del siglo pasado es casi unánime el reconocimiento de la crisis
de los partidos políticos. Esta se expresa en el hecho de que las transformaciones
lideradas por el Gobierno Militar de Juan Velasco Alvarado llevaron a la práctica los
programas máximos postulados en décadas anteriores por partidos como el APRA, y
en la ineficacia para lograr la consolidación democrática durante la década de 1980.
La acumulación de un conjunto de problemas sociales no resueltos y el agravamien-

1
El historiador Eduardo Torres Arancivia ganó el Premio de Ensayo 2006 de la PUCP con el trabajo
«Buscando un rey: El autoritarismo en la historia del Perú, siglos XVI-XXI». El extracto seleccionado
fue publicado en la edición de El Comercio del 19 de mayo de 2007.
2
Uruguay, Colombia y Chile lo están desarrollando desde el siglo XIX; Venezuela y Costa Rica,
después de la Segunda Guerra Mundial (véase Touraine 1987).
3
Lynch señala que la severa dependencia de los partidos más importantes respecto del Estado ha
afectado seriamente las posibilidades del Perú para enfrentar con una democracia de partidos las
exigencias de la globalización económica desde la década de 1980 (véase Lynch 1998).


LA DIFÍCIL DIFERENCIACIÓN ENTRE ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS QUE TOURAINE SEÑALA
PARA AMÉRICA LATINA TIENE EN NUESTRO PAÍS UNA CONNOTACIÓN ESPECIAL, PUES LA
SEPARACIÓN ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD NO HA ALCANZADO EN EL PERÚ LOS NIVELES DEL
NORTE DESARROLLADO.
to de muchos de ellos, amén del desmoronamiento de las instituciones públicas, dio
lugar a que ese decenio fuese llamado «la década perdida».

La violencia política desatada en la guerra interna por grupos armados como Sen-
dero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que originó decenas
de miles de muertos, así como la aguda crisis económica —la inflación bordeó el
2 000% anual a fines del decenio—, ratificaron y ahondaron la incapacidad para
hacer vida partidaria como dinámica principal de la actividad política nacional.

Abrir paso a los independientes sin ningún antecedente partidario como «salida» a la
crisis de los partidos ha sido una apuesta riesgosa. Las elecciones generales que
contaron con la participación de candidaturas independientes y prestigiosas como
las de Mario Vargas Llosa (1990) y Javier Pérez de Cuéllar (1995), que se enfrenta-
ron a la de Alberto Fujimori, alejadas todas ellas de vínculos con los «partidos tradi-
cionales», o la elección en 2001 de Alejandro Toledo, que creó un partido ad-hoc
para esos comicios, han sido una buena prueba nacional en ese sentido.

El inicialmente exitoso gobierno independiente de Fujimori desarrolló luego un enor-
me nivel de dependencia de «poderes fácticos» como el militar, el empresarial y el
ejercido por funcionarios de organismos financieros internacionales; peor aun: más
tarde se convirtió en un gobierno autocrático y en un pésimo ejemplo de corrupción
en todos los niveles.

Para muchos, el que el electorado haya elegido a Alan García en 2006 representa
dar una nueva opción a la suerte de caudillismo presidencial que significó su pri-
mera gestión.

La desconfianza frente al sistema político adopta en nuestro país características
más pronunciadas.4 La ilegitimidad del orden político aparece en la conciencia co-

4
«El Perú es uno de los países de la región que menos confían en el sistema político» fue titular del
diario El Comercio del 29 de abril de 2007. Este titular resume los resultados del informe del Proyecto
de Opinión Pública de América Latina asociado al Instituto de Estudios Peruanos. «La confianza en


lectiva como el reconocimiento de la incapacidad de los gobernados para influir en
la modificación del propio sistema.

LA CULTURA POLÍTICA

La cultura política se ha revelado como un concepto central para comprender el
Perú de hoy. Su gran heterogeneidad cultural y su excepcional biodiversidad de-
mandan que la construcción de ciudadanía no se reduzca al plano de la política y
tome particularmente en cuenta estrategias específicamente culturales.

López precisa que lo cultural ha posibilitado acercamientos y el establecimiento de
políticas de reconocimiento estrechamente vinculadas con la educación. Analiza
para ello las siguientes estrategias culturales: el acriollamiento forzado, el acriolla-
miento amable y la cholificación.

Las dos primeras, principalmente educativas, fueron impulsadas por el Estado. La
cholificación, en cambio, fue más allá de la educación y asumió otras formas, como
la migración a las ciudades y la inserción en el mercado, el abandono del quechua
y de la vestimenta: «[…] pero manteniendo los valores culturales indígenas y asu-
miendo los occidentales en una nueva identidad». Al revés del acriollamiento forza-
do, impulsado por el civilismo de comienzos del siglo XX, y del acriollamiento ama-
ble, promovido por una corriente intelectual indigenista en la década de 1940, la
cholificación fue una estrategia que asumió la propia población andina a partir del
decenio de 1950.

A fines de la década de 1960 el velasquismo desarrolló una política de reconoci-
miento del mundo indígena, tratando de hacer del Perú un país bilingüe: «En el
aspecto educativo, esta política de reconocimiento coincidía con el acriollamiento
amable, pero en el aspecto político coincidía más bien con la estrategia de la choli-
ficación» (López 1998).

EL MILITARISMO EN EL PERÚ

Cuando se hace alusión al término «clase política» se olvida con frecuencia que el
mayor número de gobiernos de nuestro país ha sido conducido por militares. Se-

instituciones vinculadas con la administración de justicia y la representación política es extremada-
mente baja», señala el informe. El nivel promedio de confianza política de los peruanos (37,8%) es el
penúltimo si se lo compara con el de los 15 países de América Latina considerados.


gún Cueto, el militarismo como concepción del mundo: […] es parte del código
genético de nuestra cultura. Lo vemos en nuestra conducta social todos los días.
Los fantasmas con galones reaparecen siempre. Lo dijo mejor que nadie el poeta
peruano Martín Adán cuando el general Odría dio el golpe de estado en 1948:
«Hemos vuelto a la normalidad».5

Un común denominador de los militarismos clásicos es una visión «atrincherada» del
mundo, que demanda mano fuerte para destruir «enemigos» focalizados o generali-
zados y «devolver» orden al país.6 Para esa visión, quien o quienes conduzcan el
Gobierno deben obedecer a criterios estratégicos castrenses; hay un fuerte predo-
minio del elemento militar en el gobierno del Estado y una tendencia a organizar
militarmente los cuerpos y servicios civiles.7

Nuestra historia política está caracterizada por golpes de Estado que han obedeci-
do a un sinnúmero de razones; una de las principales, la ambición personal de
quienes los propiciaron. Nuestros historiadores coinciden en señalar varios milita-
rismos; el primero se dio luego de la Independencia; el segundo, después de la
guerra con Chile; y el tercero, luego del Gobierno de once años de Leguía.

Según Basadre, los primeros presidentes, en su gran mayoría militares, relegaron a
la educación a los últimos lugares. En su Historia de la República del Perú es
posible encontrar un sinnúmero de dispositivos legales, de nombramientos y de
declaraciones sobre educación que denotan precariedad e inmadurez guberna-
mental. Manuel Burga, historiador y ex rector de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, señala que los peores gobernantes fueron los de los primeros gobier-
nos militares (Burga 2007).

No dieron adecuada respuesta a la preocupación que manifestara Simón Bolívar
en abril de 1825 luego de recorrer nuestro territorio nacional, cuando dejó cons-
tancia del «[…] grado de abandono en que se halla la educación pública en todos
los pueblos del Perú. En ninguno hay escuelas ni de primeras letras, y los niños y
los jóvenes crecen en la más absoluta ignorancia» (citado por Basadre 1983).

5
Texto tomado de una de las columnas semanales sobre cultura que escribe Alonso Cueto en el
diario Perú.21.
6
Si se toma en cuenta la preponderancia militar ocurrida en el Gobierno de Alberto Fujimori, este bien
puede ser calificado de «gobierno militarista».
7
Las turbulencias político-ideológicas de las décadas de 1960 y 1970 posibilitaron el surgimiento de
militarismos distintos de los tradicionales. Los casos de gobiernos militares que se hicieron del poder
para derrocar gobiernos civiles de izquierda y perseguir encarnizadamente a sus representantes (como
ocurrió en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), así como el del gobierno militar iniciado
en 1968 en el Perú con aspiraciones socialistas, son expresiones diferentes de ese militarismo clásico.


A FINES DE LOS 60 EL VELASQUISMO DESARROLLÓ UNA POLÍTICA DE RECONOCIMIENTO
HACIA EL MUNDO INDÍGENA, TRATANDO DE HACER DEL PERÚ UN PAÍS BILINGÜE. «EN EL
ASPECTO EDUCATIVO, ESTA POLÍTICA DE RECONOCIMIENTO COINCIDIA CON EL
ACRIOLLAMIENTO AMABLE PERO EN EL ASPECTO POLÍTICO COINCIDÍA MAS BIEN CON LA
ESTRATEGIA DE CHOLIFICACIÓN»

A mediados del siglo XIX, con los dos gobiernos del Mariscal Ramón Castilla,8 la
educación comenzó a dar signos de presencia en las decisiones públicas. Se otor-
gó entonces el control de las escuelas a las más altas autoridades políticas de los
departamentos, quienes demandaron a los gobernadores de distritos informar so-
bre la vida escolar a los subprefectos y prefectos. Asimismo, se promulgó el primer
Reglamento General de Instrucción Pública (1850), en el que se precisaron los
grados de instrucción, las materias y los organismos de control del sistema. Se
ordenó, además, la creación de escuelas de artes y oficios en las capitales de
departamento.

Burga señala que, en el siglo XX, los golpes de Estado correspondieron a coyuntu-
ras precisas: «Luis Sánchez Cerro se subleva contra la tiranía de Leguía y Manuel A.
Odría pone fin al caos creado por el gobierno del Frente Nacional. Y aunque no
parezca, Juan Velasco creó una paz social por un cierto tiempo en el país».

LOS TRES COMPONENTES DE ESTA PARTE III

Los hechos relativos a la educación correspondientes a la gestión dictatorial de
Manuel A. Odría y la reforma educativa propiciada en el denominado Gobierno
Revolucionario de las Fuerzas Armadas conciernen a la acción educativa de los
militares en el siglo XX.

Los desencuentros entre la llamada clase política y la educación en el país se
explicitan luego, en el segundo capítulo de esta parte.

En el tercero, finalmente, se analizan las medidas respecto de la educación de los
diez primeros meses del segundo periodo presidencial de Alan García.

8
El presidente Ramón Castilla ejerció el poder entre 1845-1851 y 1855-1862.


1. LA ACCIÓN EDUCATIVA EN GOBIERNOS MILITARES
DURANTE EL SIGLO XX

a. LAS CONSTRUCCIONES DE LOCALES ESCOLARES DEL GENERAL
MANUEL A. ODRÍA
La obra educativa del Gobierno del general Manuel Apolinario Odría fue significa-
tiva, sobre todo en materia de infraestructura escolar. Morote afirma. «Es verdad que
la economía ayudó, pero también es cierto que este dictador hizo el mayor esfuerzo
por la educación desde los tiempos del Presidente José Pardo y Barreda» (Morote
2006). Analizar esta obra demanda también hacer referencia a la militarización de
colegios emblemáticos o «insignia», como el Guadalupe, cuya dirección fue entre-
gada a los militares.

Saravia hace alusión a que profesores y alumnos debían dar parte, como en los
cuarteles, de las contingencias del día: asistencia, uso de uniforme, castigos.9 La
educación militarizada obligaba a los alumnos a utilizar uniforme caqui con hom-
breras, en las que se indicaba el grado en el que se encontraban, y con «cristina» o
boina de dos puntas. En los desfiles era obligatorio ponerse «escarpines» y guantes
blancos.

La ausencia de prácticas democráticas en las aulas no es, lamentablemente, un
fenómeno atribuible solo a la época de Odría. La relación autoritaria entre maestro
y alumnos es ancestral, y aún se mantiene; no existe todavía en los salones de
clase de las escuelas peruanas una cultura de diálogo y discusión, y las directivas
magisteriales, como en el campo militar, deben ser obedecidas «sin dudas ni murmu-
raciones». Gamio nos recuerda: «Si la vida en las aulas no constituye nuestra primera
experiencia de participación en un espacio público dialógico, la posibilidad de culti-
vo de hábitos democráticos en la adultez se debilita severamente» (Gamio 2006).

9
«El aula tenía como responsable de la disciplina (silencio, ponerse de pie cuando entraba el profesor,
hacer firmes cuando ingresaba el teniente responsable, etcétera) a un alumno al que se llamaba briga-
dier y que contaba con todas las licencias para proceder imitando a su superior» (Saravia 2007).


• GESTIÓN MINISTERIAL DEL GENERAL MENDOZA RODRÍGUEZ

La gestión ministerial del general Juan Mendoza Rodríguez fue el principal sostén
de la obra educativa del ochenio odriista. Este general, Ministro de Educación Pú-
blica durante cuatro años, realizó una importante labor en este campo, que se pro-
yectó desde los planes de estudio y la organización jerárquica de la docencia hasta
la construcción de locales escolares (30 grandes unidades escolares, 75 núcleos
escolares campesinos y numerosos locales aplicados a fines educativos), y en el
propio local del Ministerio de Educación en la avenida Abancay.

En la página web del Ministerio de Educación hay una síntesis del trabajo realizado
por los correspondientes ministros que han ocupado la cartera en las seis últimas
décadas. Los datos referidos a la gestión del general Mendoza Rodríguez en la
citada página web superan con largueza los de otros ministros. A continuación
algunos de ellos:

• Organizó y desarrolló un Plan de Educación Nacional, aprobado el 13 de enero de
1950 como documento básico en el que se indican los conceptos doctrinarios, el
antecedente de los diferentes problemas educativos, las soluciones y los procedi-
mientos pertinentes para su concreta realización. El Plan aborda las cuestiones
concernientes a educación primaria, secundaria y técnica.
• La primaria fue considerada una etapa predominantemente educativa antes que
instructiva. Su organización estaba apoyada en un plan de trabajo dentro de un
funcionamiento regular. En virtud del convencimiento de que el ausentismo y la
deserción escolar provenían de la clamorosa deficiencia de los locales, se conside-
ró como factor importante un plan de construcciones.
• La educación secundaria fue tomada como una continuación de los estudios pri-
marios, base de preparación del futuro ciudadano, y también como un ciclo previo
para estudios superiores. Su plan coordinó estudios de ciencias y letras —un tercio
para los primeros y dos tercios para los segundos—, y el resto se distribuyó entre el
esfuerzo físico y el trabajo manual.
• La educación técnica fue colocada al mismo nivel que la secundaria, y tuvo como
fin tender a la especialización.
• La educación normal, dedicada a la formación del personal docente y administrati-
vo de la educación infantil, primaria, secundaria y especial, buscó perfeccionar al
educador e investigador y divulgar el resultado de sus experiencias.
• Fueron organizados los Institutos Experimentales (Cusco, Barranco, Puno y Arequi-
pa), las Escuelas Experimentales (Lima, Barranco, San Miguel, Magdalena del Mar,


LA AUSENCIA DE PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS EN LAS AULAS NO ES, LAMENTABLEMENTE,
UN FENÓMENO ATRIBUIBLE SOLO A LA ÉPOCA DE ODRÍA. LA RELACIÓN AUTORITARIA ENTRE
MAESTRO Y ALUMNOS ES ANCESTRAL, Y AÚN SE MANTIENE.

Huancayo, Jauja y Puno) y los Institutos Especiales (dos en Miraflores y uno en
Barranco).

• Un balance de 1956 indica que las escuelas construidas y por construir se ubica-
ron preferentemente en provincias, donde la situación de los locales escolares era
muy deficiente. Las escuelas fueron de tres tipos (A, B, C), según la densidad de
las poblaciones.

• LAS GRANDES UNIDADES ESCOLARES

Fue modificado el tipo único de enseñanza, que variaba de acuerdo con las nece-
sidades de cada región. En Lima había equilibrio entre la población de los colegios
nacionales y la de los particulares, mientras en las provincias la de los primeros era
el doble que la de los segundos.

En aquel momento funcionaban 7 365 escuelas de primer grado, 19 escuelas
especiales y 90 jardines de infancia.

Había 99 colegios nacionales (24 de los cuales eran alquilados) y 42 secciones
anexas. Para superar la inadecuada infraestructura de estos locales escolares se
planeó crear las Grandes Unidades Escolares. Durante el ochenio se construyeron
55, luego de una intensa campaña de Cooperación Nacional con la Educación que
posibilitó recibir donaciones de terrenos para erigirlas.

Una Gran Unidad Escolar comprendía los dos últimos años de primaria y todos los
de secundaria, y la técnica un Centro de Atracción Social, Servicio Médico y casas
para maestros. Eran unidades, en cierta manera, autárquicas, y tenían una misión
directiva en su zona.10

10
Su distribución fue la siguiente: Lima con nueve de varones y seis de mujeres, Norte con cinco de
varones y cinco de mujeres, Centro con siete de varones y seis de mujeres, Sur con seis de varones y
cinco de mujeres, y Oriente con tres de varones e igual número para mujeres. A esto había que añadir
cinco colegios militares, ubicados en Lima, Chiclayo, Huancayo, Arequipa y Cusco (Fuente: Página web
del MED, abril de 2007).


La educación técnica fue colocada en el mismo nivel que la secundaria, y sus plan-
teles fueron incorporados en las Grandes Unidades. Este tipo de educación se desa-
rrollaba en cinco años y en dos etapas. La primera, vocacional, se impartía en los
colegios; la segunda, «con tendencia a la especialización», se brindaba en los insti-
tutos.11

Apoyándose en el modelo de enseñanza estadounidense, se mejoró el aprendizaje
de las ciencias con laboratorios y gabinetes; además, se obligó a los colegios de
secundaria a dar instrucción en talleres de oficios. El Servicio Cooperativo Peruano
Norteamericano de Educación (SECPANE) impulsó la aplicación del citado Plan
de Educación Nacional.

Luego de elogiar el que en el Gobierno de Odría se empezara a impulsar la educa-
ción de niños con retardo y problemas de aprendizaje y a crear escuelas para niños
de 4 a 6 años (transición), Morote señala: «Se sorprenderán de que hable bien de un
militar golpista, pues la verdad yo mismo me sorprendo pero no me queda otro
remedio que reconocer la labor educativa en tiempos de Odría».

Sin embargo, estas construcciones escolares, que el país recuerda bien, estaban
asociadas a la ya señalada militarización de la enseñanza, que hipotecaba la peda-
gogía a una formación rígida en la que el principal valor era el disciplinario.

• LAS INICIATIVAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN DE DOCENTES

Es relevante en la gestión de Mendoza Rodríguez, por último, su interés por la
educación normal, dedicada a la formación del personal docente y administrativo
de la educación infantil, primaria, secundaria y especial. La normal rural se hacía en
tres años, y para poder cursarla se exigía solo tres años de media; la normal urbana
se hacía en cuatro, y para entrar en ella había que tener media completa.

11
Morote (2006) se pregunta y responde: «¿De dónde obtuvo dinero Odría para invertir en educación?
Pues apenas expulsó de mala manera al Presidente Constitucional José Bustamante y Rivero creó
el Fondo de la Educación, cuyos ingresos provenían del impuesto a las apuestas de carreras de
caballos y espectáculos públicos. En ese tiempo las apuestas de caballos eran como ahora son los
casinos, ¿nos sugiere eso algo?».


En Lima funcionaban los Institutos Pedagógicos de Varones y los de Mujeres, y
Escuelas Normales Rurales.12

Merece ser destacada una acción trascendente dada en la época de la dictadura
de Odría pero no inspirada en ella. Paralelamente al Plan de Educación Nacional
promovido por el general Mendoza, ocurrió una importante transformación de la
formación docente en todos los niveles, iniciada en 1951 en el Instituto Pedagógi-
co Nacional de Varones bajo la conducción del doctor Walter Peñaloza Ramella,
quien posteriormente, como Director de La Cantuta, desarrolló encomiable labor.
Morillo señala que ello tuvo repercusión no solo en la formación de maestros sino
también en la educación universitaria del país, y especifica que creó el currículo
integral y flexible para la formación integral «en un ambiente de experimentación
pedagógica y de autogobierno», con lo que logró orientar la preparación docente a
nivel universitario en igualdad de condiciones para los profesores de todos los
niveles y modalidades (Morillo 2001).

12
Solo cuatro de las normales urbanas estaban a cargo del Estado, y las ocho restantes las dirigían
religiosos; de las rurales, cinco eran dirigidas por el Estado y tres por los religiosos. Todas eran
financiadas por el Gobierno.


b. LA REFORMA EDUCATIVA DE LA DÉCADA DE 1970: SUS
EXPRESIONES PARTICIPATIVAS
«Lo que tenemos que admitir, usted y yo, es que en el Perú no hubo una Política
de Estado a propósito de la Educación, por mucho tiempo ¡ni actualmente! Se
lanza decisiones sueltas, que luego se olvidan […] y sigue el desastre […] El
único proyecto serio, quizá, fue la Ley General de Educación del gobierno de
Velasco, en 1973 (¡y en un gobierno dictatorial!) […] Fue muy bien construido,
trabajado por valiosos/as hombres y mujeres muy conocedores del quehacer
educativo […] Pero rápidamente fue boicoteado por mucha gente, y sin sufi-
ciente dinero para ponerlo en práctica»
Amauta Juan Dumont Chauffoour Carta a Alejandro Miró Quesada, director del
diario El Comercio, Lima, 2 de enero de 2007).

¿Es capaz la educación, por sí sola, de lograr la transformación de la realidad?
¿Pueden los procesos educativos «ir conduciendo al cambio estructural»? ¿Deberán
más bien los educadores colocarse en una posición de expectativa y esperar pasiva-
mente a que se produzca el cambio social para adaptarse a él? ¿Cuán directa puede
llegar a ser la vinculación entre la aplicación de una reforma educativa y el desarro-
llo de un proceso político? ¿Cuán contradictorio fue que un régimen militar, a pesar
de sus características inéditas, se propusiera alentar la participación en la educa-
ción?

Estas y otras preguntas centrales surgen al intentar un apretado análisis de la
experiencia peruana de reforma educativa de la década de 1970, desarrollada con
recursos profesionales del país y considerada por especialistas y organismos inter-
nacionales de educación como uno de los intentos de transformación educativa
más originales y creativos en países en vías de desarrollo.

• REFLEXIONES SOBRE EL CONTEXTO Y EL SENTIDO DE LA REFORMA
EDUCATIVA

La Ley General de Educación (19326) surgió en un medio en el que el sistema y
las instituciones educativas, sus contenidos y métodos habían sido objeto de duras
críticas.13 Tuvo como marco el proceso de cambio social iniciado en 1968, liderado

13
Véanse, al respecto, las relaciones entre educación y sociedad que denuncia Basadre (vol. XV,
1983: 98), o el problema de la herencia cultural colonizadora y la ausencia de un espíritu nacional en
la educación que analiza José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad
peruana.


por la Fuerza Armada. En los discursos oficiales de entonces se recusaba el sistema
educativo tradicional, y se consideraba la educación como un factor decisivo para la
realización y consolidación de las transformaciones estructurales. Se señalaba con
énfasis que no habría efectiva transformación social ni podría establecerse un nuevo
tipo de ordenamiento de la vida nacional, capaz de superar los vicios de la sociedad
anterior, si la educación no sufría una reforma profunda, paralela a las demás refor-
mas sociales y económicas en marcha.

La opción gubernamental de poner el cambio educacional al servicio de la tarea de
transformar globalmente la sociedad entrañó una vinculación directa entre la edu-
cación y la política; con ella se reconocía, a la vez, que cualquier intento de resolver
los problemas que afectaban a la educación estaría condenado al fracaso sin el
respaldo de otros cambios estructurales.

Este criterio es clave para entender el sentido de la reforma educativa y, al mismo
tiempo, los obstáculos que debía superar para alcanzar sus objetivos.

La educación tradicional fue criticada no solo en lo que concernía a su estructura,
sus métodos de aprendizaje o su incapacidad para resolver cruciales problemas
educativos como la presión masiva por educación ocurrida a lo largo del siglo.14 La
objeción central contra ella era conceptual, pues atacaba un error de base que
corrompía toda la reflexión moderna sobre la educación, a saber, la confusión entre
escuela y educación, que no admitía que el edificio escolar, el maestro profesional,
la lectura, la escritura, el cálculo, no eran sino formas y programas de educación,
entre otros, y no «la educación». La escuela era considerada, poco más o menos,
como la única fuente de conocimientos para las generaciones jóvenes, lo que, en
cierta medida, determinaba el carácter de los programas de estudios, de los méto-
dos y de las formas de enseñanza, las particularidades del trabajo pedagógico y de
la relación maestro-alumno. No había habido un intento serio por vincular la educa-
ción con los procesos sociales, con las nuevas situaciones producidas por la deno-
minada «educación paralela», es decir, la adquisición de informaciones y conoci-
mientos sobre el mundo por medio de otras fuentes distintas de la escuela.

Pero en el caso peruano el sistema educativo reflejó además, y fundamentalmente,
«las características definitorias del orden social, económico y político del Perú tradi-

14
«Después de la tierra y el trabajo, la educación ha sido el tercer gran requerimiento de las grandes
mayorías peruanas en el presente siglo», señala Norman S. Gall (1976). En efecto, la población
escolar creció a lo largo del siglo en una progresión geométrica general de 5,4% al año, casi el triple
del crecimiento global de la población, calculado en 1,9% anual (tasas de crecimiento basadas en
matrículas de 87 000 en 1904 y 3 265 000 en 1973, para todas las escuelas primarias y secundarias
y las universidades existentes).


cional».15 La enseñanza rutinaria ponía el acento en la superioridad cultural de los
grupos dominantes y en un respeto inhibitorio a la autoridad y a las instituciones
existentes. El contenido y los métodos educacionales eran acríticos, y ayudaban a
perpetuar la práctica de colonización interna utilizada por los grupos dominantes
para mantener sus posiciones de privilegio (Paulston 1970: 100).

Una reforma educativa es un proceso que comprende un punto de llegada —en
este caso dirigido a consolidar un proyecto político—, pero también uno de partida.
La particular circunstancia de que en el país se estaba dando un proceso de cam-
bio social inédito y audaz, hizo posible la creación de una comisión para la reforma
de la educación a la que se le encargó analizar los problemas en este ámbito y
proponer las bases doctrinarias de la nueva política educativa, así como de un
nuevo sistema nacional de educación. El Informe General producido por un califi-
cado y multidisciplinario equipo de profesionales, además de establecer el marco
teórico y proponer la estructura del sistema educacional, enfatizaba los requisitos y
prioridades por considerar en la estrategia para su realización.16 Desde setiembre
de 1969, cuando la comisión fue establecida, hasta marzo de 1972, cuando se
promulgó la nueva Ley General de Educación, se dio en el Perú un debate intenso
sobre la educación de entonces y la que se proponía al país; la educación dejó de
ser algo que correspondía exclusivamente al Ministerio de Educación, a las escue-
las y a los maestros, y se convirtió en un centro de interés colectivo. El primer
impacto de esta reforma fue la toma de conciencia de vastos sectores de la situa-
ción real de la educación; estos se percataron de que las instituciones creadas o
introducidas en el curso del último siglo en el Perú habían sido extremadamente
ineficaces, tanto desde el punto de vista educativo propiamente dicho como desde
el cultural y el práctico. Se había despertado de la inercia educativa de las últimas
décadas.

La Ley General de Educación creada en el contexto de la mencionada reforma
marcó un enorme avance sobre los diseños legislativos y administrativos de ante-
riores esfuerzos de reestructuración educacional en el Perú. El contenido concep-

15
Discurso del presidente Juan Velasco Alvarado al inaugurar la Segunda Reunión de la Comisión
Ejecutiva Permanente para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CEPCIECC) de la OEA. Lima,
febrero de 1971.
16
En la convocatoria y constitución de la Comisión de Reforma de la Educación y, posteriormente, de los
cuadros directivos que conducirían la aplicación de la nueva Ley General de Educación, el Gobierno
Militar optó por un mecanismo de recambio de élites. El equipo que presidiera Emilio Barrantes y que
inspirara Augusto Salazar Bondy cumplió a plenitud tan importante misión, y provocó una inicial des-
orientación y posterior rechazo en quienes tenían de un modo u otro el poder en la educación de enton-
ces: burocracia tradicional del Ministerio de Educación, partidos políticos y grupos de presión magiste-
rial.


tual de la educación que se asume incluye no solo las acciones que se cumplen en
los centros educativos sino a todos los medios y elementos que atiendan la forma-
ción de individuos o grupos: «[…] lo que tipifica una actividad educativa es su natu-
raleza y no la persona o entidad que la realiza». Se separan con claridad los concep-
tos ‘educación’ y ‘escuela’, y se intenta enfrentar de modo distinto las necesidades
educativas, para lo cual se opta tanto por reformar la enseñanza y las relaciones
escolares como por favorecer todo acto educativo que se desarrolle fuera de la
escuela.

La interconexión de educación y sociedad se expresaba claramente en los diver-
sos documentos producidos por esta reforma. Más aun, se explicitaba que el sen-
tido y las metas del proceso educativo estarían ligados a dos factores centrales de
naturaleza extraeducacional: por un lado, la política nacional de desarrollo y, por
otro, la orientación política del Estado.17 La relación era clara: la transformación
educativa necesitaba un marco de cambios socioeconómicos, una política de Esta-
do decidida a transformar las relaciones sociales y de producción en el país; y, a la
vez, el nuevo ordenamiento social propuesto se consolidaba, se reorientaba y se
interiorizaba mediante el proceso educativo.

Varios de los aspectos innovadores de esta reforma fueron expresamente recono-
cidos en eventos internacionales y por organizaciones especializadas como la Unes-
co, y sirvieron de inspiración para otros países latinoamericanos.18 La íntima rela-
ción que se estableció entre educación, economía, sociedad y política, que concibió
a la educación como responsabilidad social y comunitaria; el reconocimiento de
una educación en el trabajo, por el trabajo y para el trabajo; la organización del
sistema por medio de núcleos educativos comunales previstos como instrumentos
de socialización educativa; la ampliación del universo de la educación de adultos
con modalidades propias en las que se dio especial valoración a la educación no
formal; la educación inicial, por la que se reconoció la obligación de atender educa-
tivamente a grupos etarios menores de 5 años; la superación de la educación
regular —la única que se había tomado en cuenta sistemáticamente en el régimen
tradicional— al plantearse un sistema integral de educación con niveles diversifica-
dos en modalidades que permitieran expresiones concretas de la concepción edu-
cativa propuesta y la atención de educandos con peculiaridades que desbordaban

17
Informe General de la Comisión de Reforma Educativa, p. 14.
18
Es básica la diferenciación que hace la reforma peruana entre educación y escuela. Pocos son los
países de América Latina que han tomado en serio la posibilidad de educar fuera del marco
tradicional del sistema escolar. En la década de 1970 fue notoria la influencia educativa peruana en
países como Costa Rica, Panamá, Venezuela, Honduras y, en menor grado, Ecuador. En Colombia se
reconoce una influencia gravitante de la educación inicial peruana.


la naturaleza y la capacidad de la educación regular; los esfuerzos por adecuar
contenidos educativos a cada realidad local y por impulsar desde el Estado la pro-
ducción de textos y publicaciones de gran calidad respecto de los precedentes; las
innovaciones en la educación superior, particularmente en el primer ciclo, por me-
dio de escuelas superiores de educación profesional con estudios conducentes al
bachillerato profesional; la descentralización administrativa que otorgaba funcio-
nes definidas y relativa autonomía a los niveles regional, zonal y de núcleos educa-
tivos comunales; la coordinación intra e intersectorial de actividades educativas,
que procuraban una armonización de programas y métodos entre distintos orga-
nismos gubernamentales y no gubernamentales a diferentes niveles de la estruc-
tura administrativa del Ministerio de Educación. Estos son, entre otros, los principa-
les elementos innovativos de una educación reformada cuyo principio generador
no fue una simple modificación didáctica y que se ofreció más bien como una
lúcida, creativa y nacional alternativa educacional.

De todo lo anterior se puede colegir que esta reforma constituyó desde su inicio
una ambiciosa empresa que recusaba las propias bases de la sociedad peruana de
entonces y aspiraba a ser la principal inspiradora de una política social y cultural
cualitativamente distinta. Ahora bien: el análisis de la Ley General de Educación y
de las situaciones coyunturales que primaron en su ejecución demandaba reflexio-
nes como las siguientes:

• La idea de la democratización de la educación, implícita en su concepción y desa-
rrollo, exigía enfrentar el problema de la desigualdad de acceso a ella y el de la
garantía de equidad de posibilidades en esta materia. Esta democratización supo-
nía asegurar a todos, pero en especial a los trabajadores y a sus hijos, no solo el
acceso a tal o cual centro educativo sino, además, la posibilidad de disponer de
medios reales para concluir sus estudios. Democratizar la educación implicaba un
conjunto de medidas sociales y pedagógicas en favor de los niños indígenas y de
los hijos de los trabajadores urbanos y rurales que les asegurasen condiciones
culturales y materiales mínimas para permitirles seguir sus estudios exitosamente.
En el Perú, como en otros países subdesarrollados, una verdadera democratización
de la educación es posible si va inserta en un conjunto de transformaciones eco-
nómicas y sociales tendientes a mejorar sustantivamente la condición de vastos
sectores de la población. La democratización de la educación estaba, pues, subor-
dinada a la democratización real de la sociedad.

• Al ser concebida como un todo y tener como opción «empezar de cero», su éxito no
dependería solo de las nociones nuevas y soluciones originales que aportaba. De-
bía, a su vez, ser realizada como un todo, con el riesgo de crear contradicciones y


desequilibrios. Demandaba de modo imperioso una planificación y una programa-
ción serias que procurasen resolver los problemas en su conjunto, identificando de
antemano las implicancias que suponían las disposiciones aprobadas, previendo
una red y un calendario detallados de las interacciones de la reforma con las nece-
sarias medidas de transición y de corrección. Había que congeniar, además, el
factor tiempo —una reforma educativa no se hace sino en un mediano y largo
plazo— con la urgencia política de una administración que deseaba exhibir los re-
sultados en el corto plazo. Tal planificación —por ejemplo, respecto del criterio de
democratización— tendría que proponer mecanismos capaces de corregir la des-
igual distribución de los recursos educativos en el espacio y entre zonas urbanas y
rurales.

• El cambio educativo se proponía en un medio con características de marcado con-
servadurismo en la materia, producto justamente de la educación tradicional que
se cuestionaba. Era fundamental dar atención especial al problema de las fuerzas
que podrían ayudar u obstaculizar la reforma. Esta iba a encontrar, y encontró,
resistencias de todo tipo. Al enfrentar intereses creados y la considerable inercia
educativa imperante, y al mostrarse demasiado radical para muchos, generó miedo
y hasta rechazo al cambio. ¿Cómo superar las resistencias administrativas y psico-
sociales con las que se encontraba? ¿Cómo vencer las resistencias de los profeso-
res, de los padres de familia y de los propios alumnos? ¿Cómo lograr que la educa-
ción fuese «tarea de todos»? Dos elementos cuya utilización tendría decisiva in-
fluencia para vencer o no estas resistencias eran la participación y la información. Si
bien en la exposición de motivos y en el articulado del propio instrumento legal se
optó por una educación para la participación y se hicieron referencias a la necesidad
de una adecuada información sobre la nueva propuesta educativa, «participación» e
«información» seguían siendo palabras muy genéricas, poco definidas. Una partici-
pación plena, del tipo que postulaba el régimen militar, suponía un alto grado de
integración de la sociedad, que era justamente el objetivo de la educación reforma-
da. Como esa integración era inexistente en la sociedad peruana, resultó doblemen-
te difícil instaurar mecanismos adecuados y representativos de participación en lo
educativo. La información, por otra parte, iba a ser imprescindible para dar a conocer
las características del nuevo sistema educativo, para esclarecer posibles malenten-
didos sobre las responsabilidades y sobre los derechos que la reforma suponía.

• Aun cuando los mecanismos de consulta y de información podrían ayudar a amen-
guar las resistencias, no les era posible constituirse en fuerza suficiente para pro-
mover la reforma. Era necesario, también, captar a las personas y a las institucio-
nes convencidas, o con posibilidad de serlo, acerca de la importancia histórica del
cambio educativo. La extensión paulatina de la experiencia pasaba por atraer nue-
vos cuadros técnicos al Ministerio de Educación, por la creación o adecuación de


institutos u organismos a cargo de tareas tan importantes como la investigación
educativa, la producción de textos escolares, la formación y capacitación de do-
centes; por captar a otros sectores públicos, a instituciones eclesiásticas y priva-
das, a organizaciones representativas de los trabajadores, procurando la concerta-
ción de los objetivos, programas, esfuerzos, recursos y actitudes. En este sentido,
era esencial lograr el concurso de los organismos de enseñanza superior, particu-
larmente las universidades, en su doble función de formación y de investigación;
los recursos humanos y la capacidad de organización de las universidades para la
investigación difícilmente podían estar ausentes de este proyecto nacional sin re-
sentirlo.

• La presencia masiva de una población aborigen con culturas, lenguas, reglas y
valores propios, durante mucho tiempo sojuzgada y considerada marginal y arcai-
ca, requería un tratamiento especial que hiciera posible la modernización educativa
que suponía la reforma, respetando la identidad cultural de los pueblos indígenas.
La alfabetización de adultos y la educación básica de niños indígenas implicaba
optar por una clara y realista política intercultural y bilingüe y por una acción educa-
tiva que el Ministerio de Educación no estaba en condiciones de asumir con sus
propios recursos.

• El problema del financiamiento educativo estaba vinculado a la estrategia de pla-
zos de conversión del sistema antiguo en el propuesto por la reforma. Parte del
reto que representaba este cambio educativo estaba constituido por el hecho de
que se daba en un país pobre, con recursos realmente escasos para enfrentar las
demandas de su ejecución.19 Era imprescindible un extraordinario esfuerzo de ima-
ginación creadora y de voluntad para renovar técnicas, materiales y medios didác-
ticos, para perfeccionar y actualizar a docentes, para renovar o adecuar la infraes-
tructura educativa, para ampliar el universo de la educación de adultos y de niños
de 0 a 5 años, o para adaptar los currículos a las características locales de los
núcleos educativos comunales. Lo era también concertar voluntades y el apoyo de
organismos internacionales con asistencia técnica y financiera oportunas y ade-
cuadas.

• Varios artículos de la ley, y esta en su conjunto, resultaban muy explícitos cuando
planteaban que la crítica y la cooperación eran objetivos por alcanzar por medio de
las diferentes modalidades y programas. Con la crítica se trataba de capacitar al
19
En el Plan Perú 1971-75, las inversiones educativas previstas para esos cuatro años ascendían a
8 026 millones de soles de entonces. Esta cifra es absolutamente escasa si se la compara con la de
Venezuela: con una población menor que la peruana, en este país el presupuesto educativo para un
solo año (1973) ascendía a 2 400 millones de bolívares o 21 360 millones de soles (Fuente: Cuader-
nos de Educación n.º 4. Caracas: Laboratorio Educativo, 1975. 3.ª edición).


educando para el ejercicio permanente de la reflexión, para entender los hechos y
para actuar transformando la realidad; ello requería condiciones adecuadas, maes-
tros tolerantes y motivadores, y, sobre todo, encontrar en los núcleos de decisión
política y administrativa local o nacional suficiente comprensión e inteligencia para
aceptar los efectos de una educación que promoviese la toma de conciencia de los
jóvenes y los adultos, privados por la educación anterior de la oportunidad de ex-
presar su propia interioridad y de desarrollar sus propios medios de expresión. La
ley suponía, además, que en cada proyecto educativo debía prepararse para el
ejercicio de la solidaridad en la vida cotidiana. Esta acción, a su vez, tendría corres-
pondencia con la modificación de las prácticas sociales en el conjunto de la socie-
dad, signadas por valores individualistas y no solidarios. Llegamos aquí a lo que en
el Informe General se planteaba como prerrequisito para la eficacia de la educa-
ción propuesta; que la ‘educación paralela’ brindada por los medios masivos de
comunicación orientase sus mensajes y contenidos de manera que no afectasen
los valores y planteamientos de la nueva educación.

• Finalmente, la gran contradicción consistió en tratar de impulsar la participación
con el liderazgo de civiles y militares que la asumían como el mejor medio para
alcanzar los propósitos de cambio que encarnaba el régimen, pero con una menta-
lidad y un esquema militares subyacentes que surgían al momento de tomar las
decisiones. La segunda fase del régimen militar se olvidó rápidamente de los pro-
pósitos participativos de esta reforma. Las prolongadas huelgas magisteriales fue-
ron expresión de la ausencia de diálogo y de que la cúpula militar optase por el
abierto enfrentamiento Estado-magisterio.

Estas reflexiones, obviamente, no agotan todos los aspectos que hoy considera-
mos necesario tomar en cuenta en la estrategia de ejecución de un proyecto edu-
cativo tan ambicioso y complejo. Tienen la desventaja de hacerse a posteriori, pero,
a la vez, la ventaja de que son realizadas desde una perspectiva global, luego de
conocer de cerca otros esfuerzos nacionales de cambio educativo y de participar
comprometidamente en el esfuerzo peruano. Confrontar estos elementos con el
proceso seguido en la instalación y el desarrollo inicial del nuevo sistema educativo
que se proponía ayudaría a adelantar conclusiones sobre la validez global o parcial
de este proceso.

Es necesario, sin embargo, tratar de situar la reforma en los momentos políticos
que correspondieron a su creación y a su ejecución. Mil novecientos setenta y dos
fue un año signado por enfrentamientos entre el Gobierno Militar y los sectores
económicos y sociales afectados por el inicio de las principales transformaciones
estructurales; las bases ideológicas de este proyecto político no serían explicitadas


sino hasta comienzos de 1975, y se podría decir que esta ley adelantó y sirvió de
sustento a varios aspectos considerados en tales bases ideológicas. En este contex-
to inicial, determinadas partes de la citada norma reflejaban una cierta visión ideal
contrapuesta a una realidad política y social que cambiaba más lentamente de lo
que se suponía en su exposición de motivos. Así, quedó en evidencia que la Ley
General de Educación era planteada con la intención de generar, ella misma, una
transformación social. La realidad, no obstante, no decía lo mismo: no fue posible,
como veremos más adelante, superar algunos de los obstáculos centrales que, como
era previsible, enfrentaría en su aplicación.

Ahora bien: la clara distorsión y hasta caricaturización de que fue objeto a partir de
197720 ha hecho afirmar a algunos de sus críticos que hubo una concepción casi
‘mágica’ del cambio y la creencia implícita de que este podía aplicarse a partir de la
creación de leyes y reglamentos o de la modificación de contenidos educativos.
Como veremos en el análisis posterior del factor «participación» en el sistema edu-
cativo, esta aseveración es inconsistente. Una voluntad seria de enjuiciamiento
podría descubrir, junto con las contradicciones, carencias e insuficiencias en su
estrategia de aplicación, un proceso dinámico con hechos y realidades inéditos en
la educación peruana, que otorgan validez al esfuerzo por aplicar la reforma educa-
tiva con voluntad política y calificación técnica, en permanente confrontación tanto
con las propias contradicciones del Gobierno Militar como con la inercia y el buro-
cratismo del aparato que tenía la mayor responsabilidad en su ejecución.

Analizar el tema de la participación en esta reforma supone detenerse fundamen-
talmente en el proceso de nuclearización educativa, en las modalidades de partici-
pación en los núcleos educativos comunales y en los centros educativos, así como
en importantes expresiones de educación no formal en las que se promovía y ex-
presaba esta participación.

20
A diferencia de otros proyectos del proceso liderado por Velasco, la reforma educativa no sufrió de
modo directo los efectos de la reorientación regresiva del Gobierno de Morales Bermúdez sino hasta
1977. El general Ramón Miranda Ampuero, ministro de Educación desde inicios de 1975 hasta fines
de 1976 y ligado a la reforma educativa desde su paso por el Comité de Asesoramiento de la
Presidencia (COAP), logró mantener en su gestión al equipo técnico que había participado en su
concepción y se hallaba comprometido en su ejecución, con lo que impidió que la reforma fuera
distorsionada. El equipo ministerial que ingresó en 1977 lo hizo con la convicción de que era
necesario «reformar» la reforma a escasos cuatro años de haberse iniciado, así como desplazar y
reemplazar al equipo civil comprometido con ella. La supresión del Consejo Superior de Educación
fue expresión de ello.


EL PRINCIPIO RECTOR DE LA NUCLEARIZACIÓN EDUCATIVA ERA, SIN EMBARGO, EL DE LA
MOVILIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA EDUCACIÓN, RESCATANDO PARA LA
COMUNIDAD LA RESPONSABILIDAD DE TOMAR INICIATIVAS Y REALIZARLAS.

• LA NUCLEARIZACIÓN EDUCATIVA

La creación de núcleos educativos comunales (NEC) significó la instauración de
una nueva estructura de los servicios educativos y la posibilidad de integrar a la
comunidad en los esfuerzos realizados en este ámbito como parte de un concepto
social amplio que iba más allá de la perspectiva que confinaba la educación al aula.
La formación de redes nucleares en todo el territorio nacional constituyó la colum-
na vertebral de la estrategia de implementación de la reforma educativa. Eran tres
los criterios básicos que sustentaban esta nuclearización educativa: (a) concebir la
labor educativa como una función social de responsabilidad colectiva; (b) integrar a
los centros educativos en redes interconectadas de servicios con funciones en
ámbitos territoriales específicos; y, (c) asegurar el proceso de conversión del ante-
rior al nuevo sistema educativo. El principio rector era, sin embargo, el de la movili-
zación y la participación popular en la educación, rescatando para la comunidad la
responsabilidad de tomar iniciativas y realizarlas.

En el análisis de los NEC es necesario considerar la evidente complejidad de su
naturaleza y de las tareas que les fueron asignadas. Respecto de lo primero, su
naturaleza, existía una doble caracterización: por una parte, se lo consideraba
como una «organización de base del sistema de educación nacional», y, por lo
mismo, estaba directamente ligado al aparato administrativo estatal, pues cum-
plía funciones burocrático-administrativas, de servicios y de ejecución de accio-
nes educativas formales, y estaba sujeto al control y supervisión de los organis-
mos superiores correspondientes (direcciones regionales y zonales y sede cen-
tral del Ministerio de Educación). Por otra parte, en lo que concierne a las tareas
que le fueron asignadas, era considerado una «organización comunal de base para
efectos de la cooperación y la gestión educativa», para lo cual debía servir de nexo
con la población y ser la primera instancia de participación en la gestión de la obra
educativa. Esta última caracterización no se producía automáticamente, y el logro
de sus objetivos estaba sujeto a múltiples y complejas acciones que escapaban,
muchas veces, del dominio o jurisdicción de los componentes del NEC y del pro-
pio sector público.


Es necesario, asimismo, referirse a las acciones implicadas en el propio proceso de
nuclearización: demarcación territorial y determinación de los centros educativos
incluidos en el ámbito del NEC; designación del Centro Base o del local escolar con
mejores recursos para convertirse en factor multiplicador de la aplicación de los
programas de reforma en otros centros; elección del NEC con participación de la
comunidad; designación e implementación de los equipos de promoción educativa
de los NEC (además del programador, en cada NEC participaban cuatro promotores
especialistas en las siguientes áreas: Educación Básica Regular, Educación Inicial y
Orientación-Bienestar del Educando, Extensión Educativa y Educación de Adultos);
el núcleo asumía también el adiestramiento del personal que tenía la responsabili-
dad de introducir este nuevo sistema y de promover la propia participación de la
comunidad.

Esta carga excesiva de tareas, la mayoría de ellas administrativas, condicionó en
gran medida la eficacia del núcleo educativo comunal como instrumento real y
efectivo de participación. Sus logros principales estuvieron más bien referidos a la
obtención de una zonificación educativa que permitió visualizar áreas prioritarias y
sus características en términos de población, grupos de edades, niveles de escola-
ridad, locales con ‘potencialidad educativa’, así como las apreciables economías de
escala que pudieron lograr.21 Con los NEC, asimismo, se pudo iniciar una descon-
centración administrativa con mayor iniciativa y responsabilidad locales, integrar a
los centros educativos de cada ámbito nuclear e introducir nuevos conceptos como
‘propiedad comunal educativa’, que, aun cuando no hayan podido materializarse,
impactaron en amplios sectores de la población que aceptaban como propia la
función social que debía cumplir la educación.

Salazar Bondy planteaba como premisa que la aplicación del sistema en materia
de promoción de la participación solo sería exitosa si se contaba con la acción
convergente de otros factores que propiciaran tal participación:

[…] la nuclearización ayuda a la participación y, a la vez, es promovida por
una población participante. Los NEC se integran y operan más eficazmente
en una comunidad que presente ciertas condiciones básicas de dinamismo
social y económico y propicien el cambio social y la concientización en pro-
fundidad (Salazar Bondy 1976: 101).

21
En algunos casos los NEC fueron demarcados solo con base en criterios cartográficos, lo que hizo
más difícil la integración de sus acciones. Hasta comienzos de 1977 se habían constituido 819 NEC.
Posteriormente se redujeron a 650 y se suprimió, además, la importante plaza del promotor de
extensión educativa, lo que dificultó el desarrollo de las actividades del equipo de promoción y de la
propia educación no formal.


Esta premisa implicaba, a su vez, la necesidad de definir adecuadamente la ‘comu-
nidad educativa’ y de propiciar la presencia activa en la educación de organizacio-
nes sociales con potencialidades o caracteres participatorios. Sin embargo, la in-
definición normativa sobre términos como ‘comunidad’ y ‘propiedad comunal edu-
cativa’ en la propia reglamentación de la ley, unida a la opción tradicional de los
docentes directivos de los NEC, impidieron el cumplimiento de ambas premisas.
Fue notoria, por ejemplo, la tendencia predominante a considerar a la ‘comunidad
educativa’ como un conjunto homogéneo de personas, recursos e instituciones
que actúan en el espacio geográfico de un NEC, lo que influyó para que se aplica-
ran los mismos criterios en todos los casos y para que los grupos e instituciones
sociales de mayor ‘prestigio social’ en la población representaran a la comunidad
en los consejos educativos.

La concepción del NEC suponía el desarrollo coordinado de los campos adminis-
trativo, técnico y político. La experiencia de esos años demostró no solo que se
trabajó por caminos diferentes, sino, lo que fue más grave, que no existían condi-
ciones reales para concretar los objetivos propuestos por la nuclearización. El NEC
funcionó en ámbitos en los que el sector Educación y su burocracia no tenían para
la población la representatividad y el poder político suficientes: este era ejercido
por otros sectores o corporaciones vinculados a otras reformas y campos de la
administración pública; la conducción de los NEC estaba en manos de una buro-
cracia no siempre renovada y sin actitud ni aptitud para la promoción.

De acuerdo con la normatividad legal de la reforma educativa, el Consejo Educati-
vo Comunal (CONSECOM) era el órgano asesor del Director del núcleo, que insti-
tucionalizaba la participación de la comunidad en la obra educativa y 1a represen-
taba en la administración de la ‘propiedad comunal educativa’.

Del análisis de la nuclearización recién expuesto se desprende el desafío que sig-
nificaba desarrollar, en esas condiciones, una propuesta de participación como la
que alentaba. Por medio de la nuclearización era preciso abrir y llevar la escuela a
la comunidad. Pero esto suponía un entendimiento cabal de la población de lo que
era y significaba un núcleo educativo comunal; de las posibilidades reales de re-
presentación y poder de la comunidad en los consejos educativos comunales; de la
conjunción coordinada, junto con el educativo, de los servicios de salud, agricultura,
comercio e industria brindados por el gobierno local y del poder central, canalizan-
do las iniciativas de tipo educativo. Y todo esto implicaba, a su vez —algo que no se
logró alcanzar—, un adecuado sistema de planificación educativa que llegase a la
base geográfica del NEC e iniciase su labor a partir de ella.


Los aspectos más destacables de esta experiencia pueden ser resumidos como
sigue:

• La introducción de la comunidad local como nueva categoría —distinta de la de
maestros y padres de familia— ayudó a superar la relación excluyente educación-
escuela y a potenciar la presencia de sectores hasta entonces marginados de la
gestión de su propia educación.

• Se logró desarrollar con la población múltiples tareas educativas, antes restringi-
das al ámbito burocrático docente y administrativo, y también proyectos de signifi-
cación real en localidades base de los NEC.

• Se favoreció una mayor presencia de los padres de familia en la educación de sus
hijos; en determinadas circunstancias los CONSECOM fueron efectivos canales
de participación y movilización social, en particular cuando asumieron la defensa
de los derechos de pobladores a locales escolares o a programas educativos, cuando
promovieron los consejos educativos en centros de enseñanza (CONSECE), o cuan-
do, en el nivel nacional, se dieron pasos iniciales para la transferencia del diario de
circulación nacional designado para la comunidad educativa.22

• Con los CONSECE constituidos se posibilitó el acceso de padres, maestros, repre-
sentantes de la localidad —y, en el caso de centros de educación básica laboral, de
los propios alumnos— a la responsabilidad en aspectos técnico-pedagógicos y ad-
ministrativos relacionados con la educación en el plantel.23

• Se generó, asimismo, una toma de conciencia de la población respecto de las
limitaciones financieras del sector Educación, lo que motivó a padres de familia y
organizaciones de la comunidad a compartir con el Estado, de modo activo, algu-

22
La expropiación de los diarios decretada en 1974 fue una medida precipitada y dictatorial; pese a que
en un primer momento convocó a gran parte de lo mejor de la intelectualidad de entonces, significó a
la postre una grave distorsión de sus objetivos originales. Respondiendo a la convocatoria realizada
para poner en marcha la asociación civil que representa a la comunidad educativa en el diario que le
fuera asignado (Expreso), participaron los CONSECOM de los 480 NEC constituidos hasta entonces,
por medio de 2 400 delegados que eligieron a 175 representantes de las 35 zonas educativas y,
posteriormente, a los 45 representantes de las 9 regiones educativas, que actuaron como delegados
de la denominada «comunidad educativa nacional» en la asamblea que eligió a la primera Junta
General de ese diario.
23
El proceso de constitución de los Consejos Educativos de Centros Educativos (CONSECE) adoleció de
una gran debilidad, y en muchos centros no se concretó. El problema magisterial no resuelto, el temor de
directores de plantel a la posible acción fiscalizadora de estos consejos educativos, y la negativa siste-
mática a aceptar la reforma educativa en determinados centros de educación privada, fueron las princi-
pales causas de ello.


nas responsabilidades del financiamiento, sobre todo el referido a infraestructura y
equipamiento de centros educativos y a la producción de material didáctico.

A pesar de estos notorios avances, la composición y la falta de representatividad de
muchos consejos educativos, el tipo de tareas realizadas y, fundamentalmente, las
condiciones administrativas y políticas en que se desarrollaron, hicieron de esta ex-
periencia una expresión mediatizada de participación.24

En la mayoría de los casos, esta se caracterizó por ser una colaboración con la
burocracia educativa en términos tradicionales, al punto que en algunos de ellos
los NEC fueron identificados con la oficina y con los funcionarios que supervisa-
ban a los centros educativos y a los maestros. El hecho de que primara el interés
inmediato de los padres por la educación de sus hijos y el de los maestros por
obtener mejores condiciones de vida, fue visto por la burocracia como que la refor-
ma educativa imponía a esta práctica participativa una normatividad basada en
nuevos principios que no fueron internalizados.

Causas de la relativa debilidad de los canales de participación en
NE
los N E C

Fueron varias. El estamento compuesto por los padres de familia —con una pre-
sencia cada vez mayor en los centros educativos— resultó el más dinámico de los
tres que componían los consejos. En el estamento de la comunidad local hubo
obstáculos burocráticos para la representación de las organizaciones populares de
base, y se observó una falta de identificación del grupo social con el canal partici-
pativo y la ausencia de concordancia entre los objetivos de los consejos y los inte-
reses específicos del grupo. Lo mismo ocurrió con la actitud de los docentes frente
a la comunidad magisterial —a la que no identificaban, a diferencia del sindicato,
como su organización social de base—, y también en relación con los obstáculos
que se presentaron para que las organizaciones populares de base estuviesen repre-
sentadas en el estamento correspondiente a la comunidad local.

24
A la predominancia de sectores tradicionales en cargos directivos de los CONSECOM, ya señalada,
se sumaron los porcentajes de representatividad otorgados en ellos (40% a la comunidad magiste-
rial, 30% a los padres de familia y el restante 30% a representantes de la comunidad local), que
condicionaron el tipo de interés y de problemas por resolver en su seno. Así, la mayor presencia de
los maestros determinó que problemas docente-administrativos, como las propuestas de ternas para
la dirección de los NEC, fueran los más demandantes de la participación de estos consejos educa-
tivos comunales.


Por otro lado, el CONSECOM aparecía como un canal de participación complemen-
tario y, en algunos casos, aun competitivo con otros surgidos como consecuencia de
diversas reformas (cooperativas agrarias de producción, SAIS, comunidades labora-
les, proyectos integrales de asentamiento rural, etcétera) y con otras instituciones
privadas que también pretendían centralizar en su organización la capacidad de
participación de la comunidad, lo que generaba el desgaste en la relación con los
pobladores. Esta situación se vio agravada por los problemas que surgieron al mo-
mento de llevar a la práctica la idea de propiedad comunal educativa, pues solo se
obtuvo la colaboración parcial de instituciones locales (municipalidades, asociacio-
nes culturales o deportivas, parroquias) que prestaban con frecuencia sus instalacio-
nes y ofrecían otras facilidades a los centros y programas educativos. En cambio, las
empresas privadas y estatales se resistieron con firmeza a brindar su capacidad
instalada. Se restringió así, en la práctica, el concepto de propiedad comunal educa-
tiva al centro educativo, y, en el mejor caso, a la red nuclearizada de centros y
programas de educación.

Importa relacionar lo anterior con las limitaciones en la información y la difusión
masivas de la reforma educativa y la nuclearización. Si bien las acciones de difu-
sión fueron consideradas como prioritarias en todos los niveles del sector, tuvieron
tres claras limitaciones:

• no se tuvo acceso suficiente a canales de difusión masiva, particularmente a la
televisión;25

• las acciones de difusión desarrolladas por el Ministerio de Educación fueron dirigi-
das preferentemente a docentes, directivos estatales y, en menor proporción, a
técnicos y promotores; no hubo interés explícito en llegar a sectores mayoritarios
de la población; y,

• la difusión a la comunidad asumió la forma de «publicidad oficial», y se cometió el
error de acentuar solo las bondades de la educación reformada y no las dificulta-
des a las que había que enfrentar de manera conjunta. Es decir, la difusión no llegó
a plantearse como parte de un proceso de educación política de la sociedad.

25
Las medidas derivadas de la creación del Sistema Nacional de Información (1972) no significaron un
real apoyo a la reforma educativa ni el acceso del sector Educación a espacios significativos y a la
determinación o supervisión de contenidos. La propiedad mayoritaria del Estado y la conducción de los
entes estatales de radio y televisión por funcionarios designados, impidieron que el espíritu y los objeti-
vos de la nueva educación fuesen expresados por medio de los programas emitidos, al punto que, en la
mayoría de los casos, fueron definitivamente contradictorios con ese espíritu y esos objetivos.


Dos casos efectivos: Convenio con la Confederación Nacional Agraria
y Programa «Unitaria»

El convenio entre la Confederación Nacional Agraria (CNA) y el Ministerio de Edu-
cación, suscrito a mediados de 1975, obligaba a ambas partes a la ejecución con-
junta de programas en áreas rurales y de acciones de capacitación requeridas por
esta organización campesina, a adecuar estas acciones educativas a las caracte-
rísticas socioculturales y a las necesidades de la población campesina, y a concre-
tar la participación de esta tanto en los programas educativos destinados a ella
como en los mecanismos de participación comprendidos en la nuclearización edu-
cativa.

En el marco del convenio se organizaron comisiones bilaterales en regiones y zo-
nas educativas con significativa población rural, así como una importante jornada
evaluativa (enero de 1976) entre dirigentes nacionales y regionales de la CNA y
representantes de modalidades y programas del sector Educación.26 La participa-
ción de las federaciones y ligas de base de la CNA se reveló como indispensable
para la solución de varios problemas educativos locales, aunque se topó por lo
general con una burocracia poco receptiva a un diálogo horizontal. El convenio se
prolongó hasta 1976 y, como producto de la nueva orientación en la conducción
política del Gobierno y del sector Educación, no fue renovado.

El programa «Unitaria» constituyó un esfuerzo por promover la participación directa
de las organizaciones representativas de la comunidad en la gestión y ejecución de
programas educativos considerando sus propias necesidades en esta materia, para
poner en función de la educación el potencial material —pero sobre todo humano—
de la comunidad y, a partir de ello, reforzar los CONSECOM. Con «Unitaria» se inten-
tó, asimismo, llamar la atención sobre la importancia y factibilidad de acciones no
escolarizadas y sobre la necesidad de que todas las modalidades educativas asu-
mieran su correspondiente responsabilidad en lo que a participación atañía.27

26
Los directivos de esa por entonces importante organización nacional campesina fueron muy explíci-
tos en señalar que el CONSECOM debía constituirse como un consejo rector y no solo asesor de la
educación en cada núcleo educativo, y que era necesario modificar su composición de modo que
sus miembros natos «debieran ser los padres de familia, los representantes de organizaciones
realmente populares y los alumnos». Rechazaban el hecho de que hasta ese entonces la educación
«[…] le sigue impidiendo al campesino encontrar su propio camino, le sigue imponiendo valores y
contenidos extraños a él», y demandaba la presencia campesina en la formulación y ejecución de los
planes y actividades del Ministerio de Educación en todas sus instancias (citas tomadas del docu-
mento «Informe de la Jornada de Trabajo Educación-CNA». Lima: Ministerio de Educación, enero de
1976).
27
El Programa «Unitaria» fue promovido por la Dirección General de Extensión Educativa entre 1974
y 1977. En su estrategia se contemplaba la selección de los NEC en función del trabajo efectivo que


El programa fue planteado como un proceso que debía ir enriqueciéndose y am-
pliándose con el tiempo hasta llegar a cubrir la totalidad de NEC del país. Se inició
como un intento por cubrir el periodo vacacional utilizando con la población la infra-
estructura educativa (experiencia correspondiente a los años 1974 y 1975); la
metodología, la creatividad y la participación comunal crecieron cuando adquirió
una dimensión nacional y se abordaron en los NEC seleccionados problemas edu-
cativos y de tipo comunal. El informe evaluativo de «Unitaria 76» destaca el desarro-
llo de un conjunto considerable de actividades de capacitación por medio de asam-
bleas populares, talleres, círculos de diálogo, etcétera, sobre temas seleccionados
por pobladores participantes. Pone en relieve, también, la prestación de servicios a la
comunidad (orientación sanitaria y médica, uso de fertilizantes e insecticidas, etcé-
tera); la utilización de medios de comunicación para motivar a los participantes y
para sesiones de audiovisión crítica sobre programas radiales o televisivos; la cons-
trucción de medios artesanales de comunicación; la realización de festivales de
cine, de funciones de títeres y de teatro, de actividades folclóricas, etcétera, organi-
zados en el 60% de los NEC participantes; en el 36% de ellos se realizaron obras de
mejoramiento de infraestructura educativa y comunal. En este informe se puntualiza
que los mayores logros se obtuvieron en el 40% de los NEC, donde los organismos
responsables de «Unitaria» fueron federaciones o ligas agrarias, comités vecinales,
sindicatos de trabajadores de mercados, comunidades laborales o asociaciones cul-
turales, pues ellos posibilitan, en muchos casos, el compromiso de participación de
los demás miembros de sus instituciones.28 «Unitaria» se había convertido así en un
programa movilizador. En 1977, el nuevo equipo ministerial ordenó reducir los 350
NEC seleccionados a 150, aduciendo el carácter no controlable del programa y
poniendo en duda su utilidad.29 En 1978 desapareció junto con la Dirección General
de Extensión Educativa.

hubiera desarrollado el promotor extensionista o el equipo de promoción educativa con organizacio-
nes populares y/o con el CONSECOM; su desarrollo en etapas de acción intensiva con periodos de
corta duración (15 a 30 días) que fuesen motivadores y movilizadores, para procurar que la población
conociese los distintos programas educativos y servicios de cada modalidad; la conformación en
cada NEC de un organismo representativo que asumiera la responsabilidad, en coordinación con los
CONSECOM, del desarrollo anual del programa socioeducativo acordado. La programación de
actividades era distinta y correspondía a la naturaleza de cada NEC, y así se propiciaba la participa-
ción en ella de distintos sectores públicos, así como la integración de las diferentes modalidades del
sistema educativo. Parte importante de sus acciones se sustentaba en la participación de volunta-
rios provenientes de organizaciones sociales, centros educativos regulares y superiores (graduan-
dos SECIGRA), etcétera.
28
«Unitaria 76»: Informe final. Lima: Ministerio de Educación-DIGEE, 1976.
29
A pesar de esta expresa indicación de reducir el número de NEC a 150, «Unitaria 77» se realizó en
240 NEC, para responder a demandas de equipos de promoción educativa de los NEC y de
organizaciones populares ante las direcciones de región y de zonas educativas.


• LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y DE PADRES DE FAMILIA

El término «comunidad educativa», en su sentido más amplio, estaba referido a toda
la sociedad, en tanto que a todos los peruanos se les reconocía la posibilidad de
ser educadores y educandos desde una perspectiva de educación permanente. En
un sentido más específico, el concepto aludía a los centros educativos y a la pre-
sencia activa de padres de familia, alumnos y maestros participando en las respon-
sabilidades educativas de estos centros.

Participación de los estudiantes

La participación estudiantil demandaba fortalecer, paralela o previamente, la per-
sonalidad de los educandos por medio del diálogo y la reflexión en el aula y en su
hogar. Se propuso conformar un ambiente educativo que propiciase diariamente el
cultivo de sus potencialidades creativas, para lo cual había que estimular la bús-
queda de respuestas a las distintas situaciones planteadas en los currículos co-
rrespondientes. Hubo marcada insistencia en valorar debidamente las expresiones
de la cultura nacional, en promover la solidaridad y la cooperación entre estudian-
tes y con la sociedad, procurando superar los criterios competitivos e individualis-
tas en las calificaciones y certificaciones; se capacitó a docentes para incentivar a
los estudiantes a la autoeducación a partir del manejo de instrumentos simples y
sencillos, y se optó por propiciar métodos dialógicos; se les estimuló, asimismo,
para que asumieran el mundo del trabajo por medio de ejercicios laborales en el
propio centro educativo y de vivencias en centros laborales.

Existen muchos ejemplos concretos, lamentablemente no sistematizados, de este es-
fuerzo por obtener una socialización infantil y juvenil no autoritaria, con sentido nacio-
nalista y espíritu crítico, y por impedir que la escuela reprodujese los roles sociales y los
valores de una sociedad organizada sobre relaciones sociales de dominación.

Ahora bien: la participación estudiantil demandaba dos situaciones centrales:

• la aceptación por padres y maestros de que la educación tuviera como «centro y
agente principal al educando»; y,

• que se propicien canales de participación en los que los educandos pudieran ejer-
cer sus responsabilidades y expresar los resultados de la autoeducación que se les
estaba proponiendo.


El camino fue difícil. Se inició como parte del desarrollo integrado y, a largo plazo, el
proceso tuvo varias etapas. Fue evidente, sin embargo, la ausencia de mecanismos
de participación estudiantil adecuados a sus niveles de estudio, y existió temor a
enfrentar el problema de la organización de estos por aula y por centros educativos.
Tampoco hubo preocupación por experimentar, confiando en las potencialidades
creativas de los estudiantes, la presencia de estos en tareas de organizaciones has-
ta entonces encomendadas solo al personal directivo o docente.30 Experiencias como
la de los consejos de autoformación creados en algunos centros educativos estata-
les de Lima Metropolitana fueron excepcionales en este sentido.

La presencia estudiantil en la educación estuvo también asociada a un conjunto de
aspectos de origen no educativo, vinculados a los esfuerzos por superar las des-
igualdades producidas por el carácter discriminador y selectivo del sistema escolar.
Si bien ello implicaba un proceso de largo aliento y modificar el sistema económico
capitalista, fue evidente que las circunstancias en las que se desarrolló la reforma
educativa impidieron escapar del carácter discriminatorio y selectivo anotado. Esto
atentó —y de modo directo, sobre todo en zonas deprimidas del país— no solo
contra la participación sino también contra la propia permanencia de los estudian-
tes en escuelas. Desde 1976, en parte por la agudización de la grave situación
económica del país,31 aumentó el número de niños en edad escolar que no accedía
a la escuela, y crecieron los índices de deserción y de atraso escolar. Asimismo, la
proletarización de determinadas profesiones, la docente incluida, condicionó los
intereses educativos de muchos escolares que observaban cómo el sistema edu-
cativo era incapaz de alentar sus aspiraciones de ascenso social.

A este respecto, los resultados de una investigación desarrollada a inicios de la
década de 1980 ofrecen datos dramáticos sobre la cobertura y el atraso escolar
en poblaciones indígenas monolingües, que obligaban a una política mucho más
ambiciosa que la sostenida por la educación bilingüe desde el Ministerio de Educa-
ción.32 En esa investigación se comprueba que hablar o no castellano es determi-
nante para tener o no acceso a la educación oficial; así, allí se presenta, entre otros,
el siguiente resultado: en 1972, 24,7% de la población monolingüe quechua de 6 a

30
Paradójicamente, la mayor movilización de estudiantes secundarios de educación pública ocurrió en
Lima y otras ciudades del país, contra una medida que desnaturalizaba varios de los anteriores
esfuerzos de la educación reformada: en 1978 se volvió a la calificación vigesimal y se impuso con
criterio vertical la nota 12 en vez de 11 para aprobar cada materia.
31
Los gastos del sector público destinados a satisfacer la demanda educativa disminuyeron del 18,4%
en 1975 al 10,1% en 1980 del total de gastos del Gobierno Central.
32
Se calculó en 250 000, para 1980, los alumnos atendidos en la sierra y en la selva por la educación
bilingüe oficial (Fuente: «Realizaciones del sector Educación 1968-1980". Informe. Lima: Ministerio
de Educación, 1980).


UNO DE LOS EFECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS ACCIONES DE REENTRENAMIENTO FUE EL
CONVENCIMIENTO DE LOS MAESTROS RESPECTO DE LA NECESIDAD DE CONVOCAR Y MOTI-
VAR A LOS PADRES DE FAMILIA ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE SU PRESENCIA EN LA TAREA
EDUCATIVA.

14 años asistía a la escuela, mientras en 1857, en Lima, hacía lo propio el 40,5% del
mismo grupo etario; es decir, la población de Lima de esas edades de hacía más de
un siglo tenía 1,6 veces más posibilidades de asistir a la escuela que los monolin-
gües quechuas en 1972 (Fernández y Montero 1982).

Participación de los padres

En cuanto a la participación de los padres de familia en la gestión educativa, se
evidenció que las distintas características familiares en los diversos grupos y cla-
ses sociales del país, así como la condición de familia rural o de familia urbana,
fueron determinantes respecto de los intereses y expectativas mostrados ante la
educación reformada.

Los programas educativos, el logro de sus objetivos, requerían del estímulo recibi-
do por niños y adolescentes en su núcleo familiar y en el medio social. La respues-
ta de los padres de familia fue singular, particularmente en sectores poblacionales
económicamente modestos de núcleos urbanos del país; se redobló su interés por
la educación de sus hijos y por participar cooperando con sus escuelas de diversas
formas.

El proceso de conversión del sistema educativo determinó que entre los años 1973
y 1976 los núcleos de padres con hijos en los primeros grados de educación bási-
ca fueran los más representativos de esta presencia inédita y sostenida de padres
en la educación peruana.

Uno de los efectos más importantes de las acciones de reentrenamiento fue el
convencimiento de los maestros respecto de la necesidad de convocar y motivar a
los padres de familia acerca de la importancia de su presencia en la tarea educati-
va. Surgieron, muchas veces por iniciativa de padres y madres de familia, variadas


actividades de participación: confección de material didáctico, formación de biblio-
tecas de aula, arreglo y decoración del salón de clases, poner a disposición de los
niños el oficio o profesión de los padres (por ejemplo: padres carpinteros conducien-
do a los niños a su taller),33 auxilio de madres como asistentes de maestras en la
organización y animación de grupos de niños, intercambio de experiencias entre
padres respecto de hábitos sanitarios y nutricionales de sus hijos, etcétera.

Esta multiplicidad de actividades de padres de familia no siempre fue acogida y
canalizada por directores y maestros de los centros educativos, que sentían me-
noscabada su ‘autoridad’ y ‘exclusividad profesional’ como agentes dadores de
educación.

En el medio rural, la participación de los padres campesinos se vio limitada por una
aplicación inadecuada de la reforma educativa entre estas poblaciones. Su ejecu-
ción fue más lenta que en el ámbito urbano, y no se hizo el suficiente esfuerzo por
adaptarla a las características propias de los espacios rurales. La desnutrición y la
miseria subsistente en vastas zonas del campo peruano seguían obligando a los
padres campesinos a utilizar a sus hijos como fuerza de trabajo. Ello demandaba
dar respuestas concretas a las necesidades educativas básicas que, según los
campesinos, debía otorgar la escuela a sus hijos (lectoescritura, dominio de aritmé-
tica básica), así como calendarios escolares distintos considerando las épocas de
siembra y cosecha.

Los maestros rurales, con menor calificación técnica y sin convicción sobre las
bondades del proyecto educativo, no fueron interlocutores ni promotores válidos
de los padres campesinos, a quienes debían explicar las ventajas de las nuevas
técnicas, como el método global de lectoescritura, o a quienes debían dar cuenta
de sus labores en el aula y de sus ausencias o tardanzas.34

El mencionado convenio con la CNA fue un paso importante: sirvió para recoger
por primera vez la visión de los campesinos organizados sobre la educación en

33
Uno de los aspectos más sobresalientes de los nuevos contenidos curriculares fue revalorar ante el
niño oficios y servicios que el medio social despreciaba y que en muchos casos eran ejercidos por
sus propios padres.
34
«La reforma educativa ha convertido a los padres en perros guardianes de los maestros. Cuando un
maestro falta o llega tarde, los padres se quejan a la zonal del Cusco y allí los jefes se ponen en
movimiento [...] Este es un gobierno pro campesino que favorece al campesino y les da la razón en
todo [...]». Expresiones de una joven maestra de quinto año en la comunidad de Huarocondo (Gall
1976: 90-91).


medios rurales,35 así como para iniciar experiencias con valor práctico y pedagógico.
Merecen ser destacadas las realizadas con niños campesinos de centros unitarios
en zonas marginales de población dispersa, donde se utilizó una metodología que
permitió a los niños descubrir situaciones vivenciales del pueblo que luego codifica-
ban por medio de dibujos y difundían en afiches artesanales puestos en cada vivien-
da para conversar con sus padres sobre su significado.36

Sin embargo, la presencia de padres de familia fue disminuyendo hasta retomar
formas tradicionales de participación en la medida en que los propios organismos
encargados de la aplicación de la reforma educativa fueron creando confusión
respecto de la validez de normas y orientaciones que estaban siendo internaliza-
das. El nuevo reglamento general de asociaciones de padres de familia, promulga-
do en julio de 1977 (DS 009-77-ED), fue una muestra de la nueva actitud del
aparato estatal ante la participación de los padres de familia, distinta y hasta con-
traria al sentido de la reforma: dado que buscaba «fortalecer en los centros educati-
vos los niveles de disciplina y autoridad», centralizó el poder en los directores de
centros, a quienes les otorgó calidad de «asesores» respecto de las asociaciones, al
tiempo que supeditó a su tutoría la convocatoria y el funcionamiento de las asam-
bleas de padres. Se dejaba así de lado el reglamento de 1975 que, en concordan-
cia con el espíritu de la reforma, alentaba la posibilidad de los padres de intervenir
en funciones técnico-pedagógicas y administrativas.37

35
«La escuela rural no ha cambiado [...] No está orientada a las necesidades ni a las actividades del
campesinado. Existe una total desconexión de la educación con la producción y el trabajo [...] Los
profesores de las escuelas rurales son también ajenos a los intereses de la población rural. No
participan de la vida de la comunidad e imparten una educación reaccionaria e impositiva. Las
decisiones educativas no parten de las bases» («Informe de la Jornada de Trabajo Educación-CNA».
Lima: Ministerio de Educación, enero de 1976).
36
En los centros unitarios (hoy escuelas unidocentes) el trabajo educativo se organizó sobre la base
de una sola programación curricular y de un solo docente para grupos de educandos pertenecientes
a diversos grados. La experiencia mencionada correspondía al Programa de Servicios Educativos en
Áreas Rurales. Los códigos pegados en cada vivienda motivaban a los adultos a conversar sobre la
situación descrita con sus hijos u otros familiares y vecinos, y así se creaban condiciones para
organizar desde el centro educativo asambleas comunales en las que se escenificaba el problema
por medio de sociodramas realizados por los estudiantes, lo que daba pie para un análisis comunal
de sus necesidades y la toma de decisiones al respecto («Experiencias y Perspectivas. Encuentro
Nacional de Coordinadores. Dirección General de Educación Básica Laboral y Calificación». Lima,
setiembre de 1976).
37
«Las Asociaciones de Padres de Familia podrán participar en las acciones tecnicopedagógicas [sic]
a través de sus delegados ante el Consejo Educativo del respectivo centro y NEC, así como
colaborar directamente en el mejor cumplimiento de las actividades administrativas y sociales»
(artículo 9.º del DS 014-75-ED).


• EL MAGISTERIO

El análisis de la relación magisterio-reforma es un elemento clave para entender las
posibilidades de realización del nuevo sistema educativo.

En la época de la reforma, los maestros peruanos provenían de los sectores más
pauperizados de la pequeña burguesía, y solo una minoría de ellos pertenecía a otros
grupos sociales. En tanto miembros de aquel estrato, sentían que su profesión, el
magisterio, era un canal de ascenso social. En la década de 1970 el mayor número
de docentes (más del 58%) era de sexo femenino, especialmente en educación
primaria (cerca del 64%). Estas circunstancias condicionaron la preocupación de un
gran sector del magisterio en torno de asuntos muy concretos e inmediatos relacio-
nados con su situación económica familiar.

La formación profesional recibida en escuelas normales y universidades era defi-
ciente y no confería un carácter científico a la profesión. La práctica profesional se
caracterizó más bien, con valiosas excepciones, por la rutina, el cumplimiento de
planes y programas contenidos en enciclopedias educativas, y por la falta de crea-
tividad, de criticidad y de relación con la comunidad. La estima y la posición de las
que gozaba antes el maestro fueron disminuyendo cada vez más rápidamente como
consecuencia de los procesos de urbanización, de la expansión de medios de co-
municación social y, evidentemente, de la pérdida de status a partir de la compro-
bación de algunas de las situaciones anteriores y de su situación económica apre-
miante.

¿Cómo afectaban al docente el planteamiento y la ejecución del nuevo sistema
educativo? En primera instancia, el tradicional y único papel que el Estado y la
sociedad le otorgaban en su relación con los alumnos era superado por la amplia-
ción considerable de la idea de educación y la concepción de educador, pues con
la reforma empezó a afirmarse que podían educar, además de los maestros, las
personas con posibilidades de transmitir experiencias de vida; se cuestionaba la
autoridad tradicional y verticalmente ejercida por el docente, y se permitía que pa-
dres de familia y otros ‘profanos no docentes’ participaran en cuestiones que otro-
ra solo él manejaba. Muchos maestros se quedaron sin argumentos profesionales
al comprender que ya no eran los únicos que enseñaban, y que no solo ellos goza-
ban de los conocimientos y de la autoridad otrora indispensables para el ejercicio
de su profesión. Desde entonces pasaron a ser considerados apenas como especia-
listas capaces de aportar lo distinto y lo específico de una profesión (la docente) al
conjunto del proceso educativo y a los demás pobladores que no contaban con tales
recursos profesionales.


A lo anterior se sumaron exigencias derivadas de la ejecución de la reforma: un
reentrenamiento con características de obligatoriedad para poder ejercer su profe-
sión en los ciclos y grados del nuevo sistema educativo; la disminución de la impor-
tancia de los libros de texto y el nuevo énfasis en la necesidad de propiciar la
discusión para que los estudiantes pudieran encontrar soluciones a problemas; el
evitar circunscribirse únicamente al dictado de normas; la obligación de usar nue-
vas formas de abordar los problemas de la enseñanza-aprendizaje (por ejemplo, en
las clases de matemática moderna se esperaba de él que propiciara el trabajo en
grupos reducidos de alumnos; en las de ciencias histórico-sociales, que muchas de
las actividades se desarrollasen fuera del centro educativo; en las de lenguaje,
cambiar el énfasis en la enseñanza de técnicas de lectoescritura por la promoción
de la expresión por los niños de todas sus vivencias con un sentido analítico y
crítico, entre otras); salir del aula para proyectarse a la comunidad y tener un mayor
conocimiento de la población, de sus problemas e intereses. Todo esto quería decir
que sus anteriores conceptos de educación y de práctica docente no tenían ya
prácticamente uso en el nuevo sistema educativo.

Fue en el Gobierno Militar cuando, por necesidades de servicio y como ‘medida
transitoria’, se dictaminó que determinados centros educativos funcionaran con dos
turnos; esta disposición se aplicaría a ciudades como Lima, en aquellos lugares
donde la demanda de matrículas era mayor que la oferta de locales escolares. Esta
medida persiste hasta hoy y se ha extendido a todo el país. En ese entonces signi-
ficó para muchos maestros y maestras cambios en su rutina profesional diaria no
suficientemente alertados.

La relación entre el Gobierno Militar y el magisterio estuvo marcada por agudas
contradicciones; los enfrentamientos con una radicalizada dirigencia magisterial
alcanzaron tal magnitud que pusieron en riesgo la ejecución misma de la reforma
educativa.

La crítica situación económica del magisterio, el tipo de formación profesional y los
hábitos de trabajo con los que acudía a la reforma educativa, así como el reconoci-
miento de su papel esencial en ella, demandaban del Gobierno una política inte-
gral, adecuada y dialógica.

Los primeros esfuerzos por mejorar los haberes magisteriales correspondieron a
distintas formas de presión de la dirigencia de los docentes.38 La creación de la

38
En setiembre de 1971, la FENEP (Federación Nacional de Educadores del Perú) inició una huelga
indefinida para exigir reivindicaciones económicas; el Gobierno Militar propuso un aumento de mil
soles y la ejecución de un estudio acerca de la problemática magisterial, con lo que logró el


Comisión de Estudio de la Situación Profesional, Económica y Social del Magisterio,
presidida por el maestro Emilio Barrantes, constituyó una iniciativa gubernamental
coherente. Esta Comisión ofreció un lúcido diagnóstico y sugerencias concretas
para enfrentar de modo integral la situación del magisterio. El informe fue presenta-
do en enero de 1972, pero no se lo publicó ni se implementaron sus recomendacio-
nes, y así se perdió una excelente oportunidad para iniciar un diálogo fructífero con
los maestros.

Fueron sin embargo los errores políticos del régimen militar los que reforzaron la
hegemonía que llegó a alcanzar la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores
de la Educación Peruana (SUTEP) y los que alentaron en buena medida su cerra-
da posición antigobiernista. Los planteamientos economicistas de esta dirigencia
magisterial no podían, por sí solos, ser suficientes para aglutinar tras de sí a la
inmensa mayoría de maestros pauperizados, ni para llegar a alcanzar la solidaridad
colectiva de padres de familia y de otros gremios en las huelgas nacionales que
propició en 1978 y 1979.39 Un primer error de percepción del Gobierno consistió en
no reconocer la evidente representatividad adquirida por el SUTEP, así como el no
intentar una estrategia que posibilitara distinguir el aspecto reivindicativo, que ex-
presaba al magisterio en su conjunto, de la intencionalidad político-partidaria de
sus cuadros directivos. Los sectores más conservadores del Gobierno Militar alen-
taron una actitud tan intolerante como la que asumió desde su perspectiva la diri-
gencia docente; la formación desde dichos sectores del Sindicato de Educadores
de la Revolución Peruana (SERP), organización de tipo corporativista que convocó
a maestros oportunistas y sin ascendiente en el magisterio, constituyó un mayús-
culo error político.

Respecto de la formación y la capacitación docentes, se optó por una estrategia de
reentrenamiento que consideró necesario, al principio, preparar a entrenadores pro-
venientes del mismo magisterio encargados de ejecutarla; hubo luego sucesivas
modificaciones en materia de delegación de responsabilidades en la ejecución del
reentrenamiento, que se derivó primero a las direcciones zonales, después a los
NEC y, finalmente, a los propios docentes. El procedimiento de concentraciones
masivas fue suplido por el de grupos funcionales organizados por grados correspon-

levantamiento de la huelga luego de 14 días por un sector minoritario de la dirigencia magisterial. La
FENEP se dividió y quedó acéfala; 7 dirigentes fueron deportados, y otros, arrestados. Esto dio
origen a la formación de los denominados «sutes» (sindicatos únicos de trabajadores de la educa-
ción) (Delgado 1981: 166).
39
Las administraciones de los generales Otto Eléspuru (1977-1978) y José Guabloche (1979-1980)
serán recordadas por la clara distorsión que hicieron de la reforma educativa, así como por las dos
huelgas magisteriales más prolongadas y combativas de la historia del país. La de 1978 fue suspendida
al cabo de 81 días, y la de 1979, luego de cuatro meses.


dientes al nuevo sistema educativo y por microconcentraciones a cargo de los equi-
pos de promoción educativa de los NEC.40

El considerable esfuerzo que representó ejecutar esta masiva acción educativa con
el magisterio peruano y algunos de sus positivos logros41 no pudieron superar los
problemas derivados del enfrentamiento entre el SUTEP y el Gobierno Militar. Más
aun, lo alimentaron a partir de tres iniciales errores de perspectiva que obstaculiza-
ron su propia actuación:

• generar en los maestros reentrenados una notoria sensación de minusvalía hacia su
formación y su práctica docente anteriores, en tanto se mostraba al nuevo sistema
educativo como la panacea en contraste con la dura crítica hecha al sistema anterior;

• presentar la reforma educativa como una acción de apoyo al Gobierno y no como un
servicio a largo plazo en favor de toda la nación, que demandaba la participación de
todos los docentes, independientemente de sus motivaciones políticas; y,

• privilegiar la teorización enfatizando aspectos doctrinarios que el régimen propicia-
ba y descuidando asuntos concretos vinculados al mejoramiento de técnicas de
aprendizaje y de los servicios educativos.

En paralelo a la ‘resistencia activa’ de los docentes, el proceso de reforma educativa
tuvo que enfrentar la ‘resistencia pasiva’ con raíces en la inercia de la burocracia.
Con la descentralización administrativa el poder burocrático se trasladó de la sede
central a los niveles regional y zonal, donde se constituyeron pequeños y autónomos
ministerios de control administrativo y de fiscalización de funcionarios y docentes; el
NEC fue, en muchas ocasiones, expresión deformada de este poder burocrático.
Vinculada a la inercia institucional del Ministerio de Educación, apareció la disputa
por el ascenso administrativo entre sus funcionarios y maestros de base, que vieron
en la estructura reformada un nuevo sistema de ascenso: de profesor a promotor de
NEC, a técnico profesional de zona y de región. Para los maestros, el paso de la

40
El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Educativo (INIDE) tuvo a su cargo el reentrena-
miento magisterial. Entre 1972 y 1976 se había reentrenado a 77 640 docentes (Fuente: «Informe
sobre el programa de reentrenamiento del magisterio y su proyección financiera para 1977-78".
Lima: INIDE, 1979).
41
Fueron evidentes aspectos favorables del reentrenamiento: propiciar oportunidades de diálogo y de
intercambio de experiencias profesionales entre docentes; la proyección del ejercicio magisterial hacia
la comunidad local y nacional; la conformación de buenos equipos de «reentrenadores», con lo que
alcanzaron calificación y especialización los maestros a cargo de las acciones de capacitación; el
esfuerzo editorial del Estado en apoyo al perfeccionamiento profesional docente, así como la promo-
ción de investigaciones educativas.


docencia a la administración ofrecía entonces el camino más seguro de escalar
posiciones hacia el poder en la carrera profesional. Esta situación estructural, así
como los comportamientos tradicionales de la vieja burocracia no erradicada ni
asimilada al proceso de reforma, hicieron que las exigencias burocráticas sobre el
magisterio crecieran muchas veces de modo artificial y fueran vistas por este como
una forma de opresión igual o mayor que sus estrecheces económicas; las concen-
traciones docentes, los controles, las sanciones disciplinarias y los traslados tuvieron
esos efectos. La reforma educativa tampoco hizo posible una carrera pública que
profesionalizara más a los docentes.

El peso del poder burocrático se expresó también privilegiando presupuestalmente
todas las acciones educativas de tipo escolarizado y obstaculizando las de naturale-
za no formal, no comprendidas y desvalorizadas a priori. Se tendió así, de modo
permanente, a anular cualquier nueva forma educativa que pudiera haber surgido de
condiciones creadas por la propia reforma.

• PRINCIPALES EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL

En las modalidades de educación inicial y de educación de adultos aparecieron
importantes prácticas de educación no formal, una de cuyas dimensiones principa-
les fue la participación en la gestión educativa.42

(PRONOEI)
ONOE
Los programas no escolarizados de educación inicial (PRONOE I)

Cuando se crearon, los PRONOEI tuvieron las siguientes características principales:
no estaban sujetos al régimen regular de centros de educación inicial, eran flexibles
y utilizaban al máximo los recursos humanos y los ambientes naturales de la propia
comunidad; eran coordinados y promovidos por jóvenes profesionales de educación
inicial o preescolar; estaban integrados con programas de otros sectores, particular-
mente con salud y alimentación. Su metodología exigía sucesivas reuniones de
motivación y análisis con la propia comunidad, para priorizar y cuantificar aquello
que afectare especialmente la vida familiar y al niño, y procurando llegar a una
programación conjunta de acciones.

42
La educación no formal es aquella que se da por lo general fuera del marco de las instituciones
educativas especializadas, para proveer educación a subgrupos particulares de la población por
medio de diferentes instituciones o personas, teniendo como marco de referencia prácticamente
toda la actividad social (véase Rivero 1979: 13).


La capacitación de animadores y promotores populares tuvo como mira obtener de
ellos el ejercicio de las siguientes funciones: trabajo con niños de 3 a 5 años en
recreación, dramatización, expresión corporal y plástica, actividades psicomotrices, et-
cétera; demostración en hogares sobre el modo de atender y estimular a niños de 0 a
5 años; estímulo a padres para que participen en la ambientación de áreas de recrea-
ción y trabajo para los niños, en la preparación de material educativo, en la atención de
la higiene y salud de los infantes, en la preparación de alimentos, etcétera.

En 1976, las metas de atención logradas en 2 500 programas fueron 42 056 niños
de 5 a 3 años y 47 736 padres de familia.43

La experiencia más valiosa fue la desarrollada desde 1973 en los «Wasi-Wasi» en
zonas quechuas y los «Wawa-Uta» en zonas aimaras (para ambos, la traducción al
castellano es «Casa del Niño»), programa que abarcó a 180 comunidades con ca-
pacitación de igual número de docentes campesinos elegidos por votación popular
para realizar el trabajo educativo en forma voluntaria, quienes desarrollaron las acti-
vidades educativas en la lengua nativa de cada comunidad.

Al principio, la motivación principal de estos campesinos quechuas y aimaras de la
sierra peruana fue la alimentación que recibían sus hijos, pero luego, a medida que
avanzaba el aprendizaje, fueron tomando conciencia de la importancia y potenciali-
dad del centro como lugar propiciatorio del crecimiento intelectual, motriz y social
de sus niños. Superando la precariedad de sus economías, se convirtieron en princi-
pal sostén del proyecto.44

Los resultados técnico-pedagógicos han sido evaluados positivamente.45

Programas destinados a la población adulta

Respecto de los programas destinados a una población adulta, se puede afirmar que
cobraron especial importancia educativa por las siguientes razones:

43
Véase «Información actualizada sobre la educación inicial en el Perú (1974-1977)». Lima: Dirección
General de Educación Inicial, julio de 1977.
44
En 1976 se llegó a atender a 7 826 niños indígenas. Unicef aportó 3 976 578 soles en equipos y
unidades móviles; el Ministerio de Educación, 2 702 000 soles en remuneraciones, bienes y servi-
cios; y las comunidades campesinas, 32 128 000 soles en locales, terrenos y alimentos.
45
Los resultados de una investigación realizada en 18 wawa-wasis y wawautas con una muestra
cercana a 300 niños con sus respectivas familias indicaron que, luego de pasar por estos centros, los
niños mostraban, en general, gran responsabilidad y mayor capacidad para valerse por sí mismos
(Llanos y Flores 1976).


• se crearon modalidades educativas de apoyo específico a este sector (educación
básica laboral, calificación profesional extraordinaria, extensión educativa);

• hicieron posible el empleo de la capacidad instalada de empresas, fábricas y locales
no escolares, en beneficio de la formación de trabajadores;

• las acciones de educación de adultos se coordinaron por primera vez con un Plan
Nacional de Desarrollo, y se creó en el Ministerio de Educación una Junta Perma-
nente de Coordinación Educativa, con la participación de los representantes de to-
dos los sectores públicos; y,

• se cambió la orientación de la formación laboral para ligar sus contenidos al proceso
político iniciado en 1968 y se alentó la participación de los trabajadores en la ges-
tión de su propia educación.

Fue posible, así, realizar una serie de programas con metodologías, contenidos y
públicos heterogéneos, la mayoría de los cuales asumían claras formas no escolari-
zadas.

Por los públicos a los cuales iban dirigidos y por su importancia en la estrategia de
la reforma educativa, seleccionamos para un breve análisis los siguientes progra-
mas: Alfabetización Integral (ALFIN) y Unidades de Instrucción y Servicio Civil de
Graduandos (SECIGRA).

ALFIN
El programa ALFI N

El analfabetismo es una consecuencia de la propia estructura socioeconómica del
país. El programa ALFIN constituyó una pieza fundamental en el esfuerzo por de-
mocratizar la educación superando una de las más graves expresiones de discrimi-
nación educativa: la situación de analfabetismo de 2 062 800 adultos de 15 y más
años, según cifras del censo de población de 1972.

Sus resultados, sin embargo, no contribuyeron a modificar sustancialmente esa si-
tuación. En cuatro años (1973-1976) se logró alfabetizar a 241 216 personas, cifra
que representó el 20% de la meta prevista para este periodo (1 260 000 personas)
(Lizarzaburu 1983: 1990).


Una de las mayores limitaciones del programa fue que no logró concretar una estra-
tegia y una metodología para alfabetizar a la población monolingüe quechua, aima-
ra o de otras lenguas aborígenes. Se concentró en la población de lengua materna
castellana y en los adultos bilingües.46

El análisis de la estrategia, la estructura, las funciones y la composición de la orga-
nización de ALFIN evidencia que el analfabetismo no llegó a ser asumido como
problema nacional cuya solución correspondía a todos los peruanos. Siguió siendo
un problema de los analfabetos, de las escasas instituciones y de 2 000 personas
participantes en un programa generado desde un ministerio público. La participa-
ción organizada de la población se redujo al apoyo a los comités comunales cons-
tituidos en función de este programa. A pesar de lo anterior, hubo valiosas expe-
riencias participativas, pero limitadas en términos de cobertura, consistencia e inten-
sidad.47

Además de los señalados, se reconocen como factores negativos en su ejecución:
a) acciones basadas en un personal de promotores heterogéneo y escaso, parte
del cual pugnaba por utilizar ALFIN como instrumento de penetración política des-
de posiciones contrarias al proceso generado por el Gobierno Militar; b) carencia
de estudios de base y de información estadística, así corno de programación y
ejecución presupuestaria, sujeta a un aparato administrativo pesado e ineficiente; c)
efectos muy limitados en materia de conocimiento y promoción del programa, con
uso escaso de medios masivos de comunicación; y, d) temor de importantes secto-
res del Gobierno y de la Fuerza Armada ante los códigos de tipo ‘concientizador’ que
suponía esta alfabetización, cuyos efectos podían sobrepasar las posibilidades de
control político.

46
El Gobierno de Velasco reconoció el quechua como lengua oficial en mayo de 1975. Se trató de una
medida impactante pero aislada, pues no fue planteada como parte de una política intercultural y bilin-
güe. La acción más importante que originó fue la creación y publicación de seis gramáticas y seis
diccionarios correspondientes a otras tantas regiones quechuas peruanas, elaborados con la participa-
ción de eminentes lingüistas como Alberto Escobar.
47
En Ica (1975), los hijos de socios de una cooperativa agraria solicitaron capacitación y lograron
enfrentar exitosamente el analfabetismo en su seno; la experiencia fue expandida en la región por
medio de la Central de Cooperativas, que apoyó la formación en cada cooperativa de brigadas
juveniles campesinas de alfabetización. En el Cusco (1976), la Federación Agraria Regional Túpac
Amaru (FARTAC), en coordinación con la regional de educación, realizó la evaluación y selección de
10 coordinadores de campo y de 122 alfabetizadores, la mayoría de los cuales eran campesinos
propuestos por esta federación.


SECIG
Las Unidades de Instrucción y el S E CIG RA

La creación de las Unidades de Instrucción (UI) en empresas y del Servicio Civil de
Graduandos Universitarios (SECIGRA) está ligada al derecho a la educación afir-
mado en la reforma educativa.

En la UI se partía de la premisa de que correspondía a toda empresa una parte
considerable de la responsabilidad educativa, pues se suponía que la inversión que
realizasen en la formación y el perfeccionamiento de sus trabajadores revertiría en
su propio beneficio.48 El SECIGRA postulaba una íntima relación entre el ejercicio
de la profesión y la educación, la sociedad y el desarrollo. Con él se trataba de cubrir
vacíos de atención profesional en el país, de complementar la educación de los
graduandos y de vincular a la Universidad con problemas concretos y urgentes de la
realidad nacional.49

Los resultados de un trabajo de investigación sobre ambos programas, realizado a
fines de 1978, indican que el conflicto primó en su implementación y que, con
diferencias derivadas de sus propias naturalezas, sus estrategias de ejecución y
sus resultados muestran evidentes diferencias entre la teoría y la doctrina educati-
va postuladas y la materialización de sus conceptos.50 Veamos por qué.

La cogestión iniciada en los diversos campos de la economía peruana por medio
de las comunidades laborales tuvo su correlato educativo en las UI. Ambas institu-
ciones fueron concebidas cuando en el país se desarrollaba un ambicioso plan que
buscaba modificar la estructura y las instituciones de la sociedad peruana, y comen-

48
Todo centro laboral debía «[...] tener un órgano denominado Unidad de Instrucción encargado de
promover y desarrollar programas de calificación profesional extraordinaria» (Reglamento del CPE,
artículo 259.º del DS 006-75-ED). La estructura básica de una UI comprendía: un Comité Directivo,
que debía estar conformado por el 50% de miembros designados por el órgano de dirección del
centro laboral y el otro 50% por los trabajadores, y un coordinador. En cada UI debía elaborarse el
reglamento interno como pauta que rigiera sus acciones, y que debía ser enviado al sector corres-
pondiente para su visación.
49
El SECIGRA era definido como el servicio que los educandos, varones y mujeres, debían prestar al
culminar sus estudios profesionales, en forma de trabajo calificado, como requisito para obtener el título
correspondiente a los dos primeros ciclos de la educación superior (Ley General de Educación, artículo
332.º). Los egresados prestaban trabajo por un máximo de 12 meses en lugares a los cuales eran
designados mediante sorteo público; al finalizar su trabajo presentaban un informe-memoria que los
calificaba para obtener el título profesional. Se les asignó en cada sector, además de viáticos y gastos de
instalación, un monto mensual que en algunos casos podía ser mayor si las comunidades locales no
podían asumir los costos del alojamiento y la alimentación.
50
Esta investigación se realizó sobre tres programas: Unidades de Instrucción, SECIGRA y Programas
No Escolarizados de Educación Básica Laboral-PEBAL.


EL PRINCIPAL PARA LA CONSTITUCIÓN DEL SECIGRA FUE ÉTICO-SOCIAL: EL EGRESADO
UNIVERSITARIO, PRIVILEGIADO EN UNA SOCIEDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PE-
RUANA, DEBÍA RETRIBUIR EN ZONAS DE POBREZA CRÍTICA, CARENTES DE SERVICIOS PROFE-
SIONALES, EL COSTO SOCIAL DE SU EDUCACIÓN.

zaron a implementarse en la denominada «segunda fase» del Gobierno Militar, que
reorientó la acción del Estado y de sus instituciones y afectó así el sentido y el
desarrollo de las reformas iniciadas, así como la relación con los trabajadores y sus
organizaciones, beneficiarios de tales reformas.

La suposición del ‘doble beneficio’ de las UI (para los trabajadores y para las empre-
sas) no fue compartida por los empresarios. El porcentaje de centros laborales que
respondieron a este llamado fue escaso, y la diferencia entre el número de empresas
y centros de trabajo y el de las unidades de instrucción instaladas, notable.51

En lo que concierne a los trabajadores, si bien algunos grupos reconocieron que
donde se implementaron UI se capacitó o pudo llegar a capacitarse mejor que con
anteriores mecanismos promovidos por centros laborales, las acciones educativas
se desarrollaron con metodologías tradicionales y estuvieron orientadas básica-
mente a atender los intereses de la empresa antes que los de los propios trabaja-
dores. Influyó en esta opción la forma como se designaba al coordinador, figura
central en el planeamiento y ejecución de esas acciones, quien, por su falta de
preparación pedagógica y administrativa, o debido a su extrema dependencia de
los órganos de dirección empresarial, tuvo en casi todos los casos un rol disminui-
do y sin posibilidades de eficacia. En parte por ello, los trabajadores, si bien distin-
guieron sus ventajas, no reconocieron a la UI como representativa de sus intere-
ses, ni encontraron estímulos suficientes para mejorar su situación laboral a partir

51
Las estadísticas señalan que de 142 623 centros laborales en todo el país, en diciembre de 1977 se
habían instalado 10 633 UI y que, de estas, 9 930 se habían inscrito; de estas últimas, a su vez, 5 745
tenían un reglamento interno, y 2 836 contaban con tal reglamento aprobado por los sectores
correspondientes. Solo 1 280 habían elaborado sus planes educativos, y 807 de estos habían sido
aprobados. El mayor número de UI correspondió a los sectores Industria y Turismo (1 958 UI
instaladas) y Comercio (6 434 UI instaladas) (datos extraoficiales obtenidos en documentos de la
Dirección General de Educación Básica Laboral y Calificación del Ministerio de Educación).


de la calificación obtenida. Agravó esta imagen la contradicción y hasta oposición
entre instrumentos legales dados en distintos momentos por el Gobierno Militar.52

En cuanto al SECIGRA, el principal argumento para su constitución fue ético-social: el
egresado universitario, privilegiado en una sociedad con las características de la perua-
na, debía retribuir en zonas de pobreza crítica, carentes de servicios profesionales, el
costo social de su educación. Las objeciones iniciales del sistema universitario fueron de
dos órdenes: a) los directivos de las universidades plantearon que el programa debía ser
organizado, dirigido y supervisado por cada una de ellas y no por los sectores públicos; y,
b) los dirigentes estudiantiles de los programas de medicina (el primer programa en
implementarse fue SECIGRA-Salud, en 1975) atribuían al SECIGRA el calificativo de
‘farsa’, sea porque utilizaba a estudiantes sin solidez ni recursos para desempeñarse en
su profesión, sea porque el «régimen militar burgués» trataba de usar «mano de obra
barata» con el fin de ampliar a su costa la cobertura sanitaria nacional.53

Hasta 1979 se ejecutaron los programas correspondientes a los sectores Salud,
Alimentación, Vivienda y Construcción, Industria y Turismo, y Energía y Minas. De
ellos, el más significativo fue el SECIGRA-Salud: entre agosto de 1975 y junio de
1978 habían participado en él 5 624 graduandos (médicos, enfermeras, odontólo-
gos, obstetras y farmacéuticos) distribuidos en las diez regiones de salud del sector.
Las cifras presentadas en los correspondientes informes fueron importantes para la
realidad sanitaria del país.54 El trabajo de campo demandó de los graduandos una
adaptación a la realidad sanitaria del medio, con patrones culturales y de vida distin-
tos de los de ellos y que contrastaban con la teoría recibida en aulas; les requirió,

52
Mientras el Reglamento de la Calificación Profesional Extraordinaria, expedido en 1975, precisaba
que esta modalidad debía tener corno objetivo fundamental la preparación integral del trabajador y
no obedecer solo a una perspectiva de crecimiento económico, el Reglamento de Unidades de
Instrucción aprobado en 1978 planteaba con claridad que la capacitación de los trabajadores debía
subordinarse a las empresas y que estas tendrían la potestad de designar al coordinador y aprobar
el reglamento interno y el plan educativo, instrumentos rectores de la actuación de la UI.
53
Este argumento no se utilizó para calificar la actitud de muchos egresados dispuestos a ser reclutados
en otros países como mercancía profesional a bajo costo. De manera contradictoria, la radicalizada
dirigencia estudiantil proponía establecer alternativamente un sistema de médicos rurales, previa obten-
ción del título profesional y de seguridades económicas.
54
En Medicina Humana, 2 216 128 consultas médicas, 54 184 hospitalizaciones, 59 811 atenciones de
emergencia; en Odontología, 1 064 252 UTOS (Unidades Taxonómicas Operacionales), 496 515 aten-
ciones odontológicas; en Farmacia y Bioquímica, atención de 1 207 396 recetas, 167 685 análisis
bioquímicos, 75 626 controles de calidad de alimentos; en Obstetricia, 201 685 consultas obstétri-
cas, 3 709 atenciones de parto, 73 849 visitas domiciliarias; en Enfermería, 2 882 544 vacunaciones,
379 660 visitas domiciliarias, 793 722 primeros auxilios. Se registró un conjunto de 409 283 trabajos
con la comunidad, de los que 271 047 correspondieron a las graduandas de Enfermería («Informe
de actividades a nivel nacional del programa piloto SECIGRA-Salud, Ministerio de Salud». Lima,
agosto de 1978).


también, habilidad para despertar interés por los asuntos comunales vinculados a la
higiene, la alimentación, el cuidado de recién nacidos y de gestantes, etcétera. En
general, los pobladores se mostraron receptivos a la acción de los graduandos, sobre
todo en localidades pequeñas y carentes de servicios profesionales.

Un problema no resuelto fue la ausencia o presencia mediatizada de las restitucio-
nes universitarias, lo que limitó la posible utilización de las experiencias alcanzadas
en beneficio de programas académicos más adecuados y útiles a la realidad perua-
na. Ello, y la impericia en algunos sectores, atentó contra una apropiada supervisión
y una capacitación más sólida antes de la salida al campo.

Por último, es necesario referirse a cuatro aspectos relativos a la presencia del Esta-
do en estos programas que condicionaron su desarrollo:

• El primero fue la incapacidad manifiesta de organismos estatales para hacer cum-
plir dispositivos legales y establecer los estímulos y las sanciones correspondientes
a su puesta o no en práctica (fue evidente el no cumplimiento de leyes y reglamen-
tos que exigían la contribución de «todas las empresas» al financiamiento de la
educación de sus trabajadores o a la formación en ellas de UI).

• El segundo fue la determinación de la estrategia, la programación y la evaluación de
tales programas solo por representantes de los sectores públicos, sin considerar la
opinión de los propios usuarios; esto afectó particularmente el sentido de las UI,
pues los representantes «oficiales», o eran intérpretes, o eran condicionados por los
cambios de orientación política que sufría el Estado.

• El tercer aspecto estuvo ligado al hecho de que el principal esfuerzo de financiación
de los programas correspondió a los ministerios públicos, pues no se obtuvieron
aportes del conjunto de la población ni de instituciones empresariales o financieras.
La crisis económica y la austeridad fiscal establecida en 1978 pusieron en riesgo y
anularon la continuidad de numerosas experiencias e iniciativas.

• El cuarto aspecto, vinculado a una política de recursos humanos, fue que el proble-
ma del empleo no se tomó como preocupación fundamental de la política educativa
y del resto de sectores, en contraste con una situación de desempleo, subempleo y
de baja productividad que afectaba a la mayoría de la población adulta. Los meca-
nismos de coordinación del Ministerio de Educación con el resto de sectores y la
planificación nacional no procuraron atraer al medio rural y a otros sectores deprimi-
dos, a profesionales y egresados de los niveles medio y superior de enseñanza, de la
misma manera como no consiguieron producir empleos autosostenidos con recur-
sos mínimos de capital en los que la educación pudiera tener un papel determinante.


A MODO DE SÍNTESIS

Con la reforma educativa peruana el discurso pedagógico surgió por primera vez
como componente primordial del discurso político en el país. El proyecto nacional
del Gobierno Militar tuvo la virtud de acoger y generar orientaciones pedagógicas
teóricas que sirvieron y explicaron prácticas educativas innovadoras. La educación
dejó de ser una variable dependiente y pasó a desempeñar el rol de variable inter-
viniente, se constituyó en un factor de movilización social y abrió su enfoque peda-
gógico hacia la interdisciplinariedad sin perder su especificidad.

El carácter innovador y transformador de esta reforma no llegó a provocar, por sí
mismo, un proceso educativo de igual signo, sino más bien uno contradictorio, en el
que el conflicto fue una de sus principales expresiones. Sin embargo, la inmediatez
de su impacto no puede ser la única ni la más importante medida para estimar su
peso transformador; ayudó, por ello, a su inmovilización y distorsión la reorientación
del aparato del Estado a escasos años de su inicio, así como el desplazamiento del
grupo y de las fuerzas sociales propulsores de este cambio educativo.

Su factibilidad tuvo relación con el grado de desarrollo y de continuidad del proce-
so social que la originó, con la fuerza y complejidad de las resistencias sociales
ante ella, así como con su propia capacidad de producir cambio social sostenible.
Su fuerza innovadora fue pues relativa, y no estuvo en relación con el carácter
global, crítico y transformador de sus planteamientos teóricos. Su carácter estruc-
tural concitó oposición no solo de carácter técnico-pedagógico sino, y fundamen-
talmente, disentimiento político; no logró, particularmente en el magisterio, los nive-
les de consenso requeridos para el cumplimiento de sus objetivos.

Esto repercutió de modo directo en la participación que ella misma proponía. La
participación careció de definición precisa y de mecanismos que realmente la hi-
cieran posible; se puede afirmar que no hubo correspondencia entre la naturaleza
de la reforma educativa y los términos en que tal participación era promovida. A
pesar de ello, despertó una alta motivación para modificar conductas anteriores
respecto de la educación. Esto se reflejó particularmente en una presencia inusual
de padres de familia en tareas educativas.

La participación de la educación fue limitada por contradictorios factores políticos
específicos: el Gobierno Militar combinó un autoritarismo tecnoburocrático con estí-
mulos concretos a sectores mayoritarios de la población para que asumieran sus
propios medios de vida, la educación incluida; pero, paralelamente, negaba legitimi-
dad a los efectos de una educación crítica y dialógica, así como a los grupos de
intereses y expresiones de conflictos de grupos sociales en el país.


A pesar de sus limitaciones, la nuclearización educativa y los programas de edu-
cación no formal otorgaron a la educación peruana un nuevo papel en la socie-
dad. La propuesta de núcleos educativos comunales y de canales de participa-
ción comunal implicó un cambio total de concepción respecto del sistema educa-
tivo tradicional.

Este esfuerzo nacional tuvo el especial mérito de ser obra de peruanos, y de que ni
su concepción ni su diseño dependieron de agencias o de bancos internacionales
de financiamiento. Otro de sus logros fue que se adelantó a la Conferencia Interna-
cional de Jomtien, desarrollada dos décadas después, en ideas como la educación
permanente, la educación temprana como factor clave de todo desarrollo, la des-
centralización a escala comunal y la convocatoria de nuevos y distintos actores
para que la educación fuese tarea de todos.

La base de este artículo fue escrita diez años después de iniciada la reforma edu-
cativa. Paradójicamente, el Perú «en democracia» ha procurado distanciarse lo más
que pudo de esa reforma, con una legislación educativa diferente que «rescataba»
muchos elementos de una educación que se creía superada. En cambio, en institu-
ciones como la Unesco los educadores que tuvieron vinculación con ella aún la
recuerdan.55

Por todo eso, son muy expresivos y significativos los estudios sobre educación y
desarrollo realizados por especialistas latinoamericanos que reconocieron el ca-
rácter de esfuerzo nacional autónomo, precursor e innovador que representó esta
reforma educativa para la educación de América Latina y el Caribe.56
55
Simón Romero Lozano, excepcional educador colombiano, precursor de la planificación educativa y
director de la Oficina Regional de Educación de la Unesco (OREALC), señaló en foros internaciona-
les y en tertulias con colegas que pocas veces había visto a un país tan comprometido con su propio
cambio educativo como el Perú de la década de 1970. Falleció el 15 de abril de 2007. En una nota
en su memoria, Miguel Soler, maestro símbolo en Uruguay y colega de Romero en la Unesco de
entonces, señala: «[...] en lo externo su agudo olfato político le permitía detectar las coyunturas
neurálgicas a los efectos de una acción que, ante todo, debía ser oportuna. Un ejemplo: la misión de
seis miembros de la OREALC, que Simón Romero coordinó durante todo un mes en Perú, cuando el
gobierno deVelasco Alvarado lanzó en 1970 su interesante Reforma Educativa. Fue, para mí,una
inolvidable instancia de intercambios profesionales con insignes educadoresperuanos. Y tras aque-
lla misión, la Oficina dirigida por Simón siguió apostando por aquella experiencia«.
56
Véanse Las tendencias pedagógicas en América Latina, de Ricardo Nassif; Las reformas de la
educación en América Latina: Análisis de algunos procesos nacionales, de Norberto Fernández
Lamarra e Inés Aguerrondo; Estilos de desarrollo y educación: Un inventario de mitos, recomenda-
ciones y potencialidades, de Marshall Wolfe, así como Estructura y movimientos sociales en el
desarrollo de la educación popular, de Germán Rama (estos trabajos se encuentran en la publica-
ción El cambio educativo: Situación y condiciones, que forma parte del Informe Final del Proyecto
Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe, auspiciado por la Unesco, la CEPAL y el
PNUD. Buenos Aires, agosto de 1981).


2. CLASE POLÍTICA Y EDUCACIÓN: HISTORIA DE
DESENCUENTROS

«A los gobiernos peruanos les importa un pepino lo que
ocurra con la cultura y la educación en el Perú. La razón:
creen que no les dan votos»
Alonso Cueto, en Perú.21, Lima, 6 de marzo de 2006.

«El Estado, es decir los sucesivos gobiernos, comparte la
culpa de la profunda, al grado de ser grotesca, crisis
educativa. No hay pedido de disculpas por ese lado, sino
una docena de ministros que circulan de lo más orondos y
que nunca se dan por aludidos»
Mirko Lauer, en La República, Lima, 28 de febrero de 2007.

En el Perú, la opción, con diversos matices, por un modelo que ha permitido alcanzar
equilibrios macroeconómicos pero, a la vez, ha producido crecientes procesos de
concentración de la riqueza y de exclusión social, ha determinado que, en materia de
eduación, las políticas estatales se reduzcan al intento de que los pobres asistan a
una escuela pública sin recursos mientras el sector privado y el mercado asumen la
educación del sector moderno y con más posibilidades de ser productivo. Esta pola-
rización pone en riesgo tanto el proceso económico como el de democratización
política.

Si la lógica de los cambios educativos que se pretende desarrollar en nuestro país
se sujeta solo a las demandas de los procesos productivos y del modelo económi-
co imperante, la polarización se acentuará. Si, por otro lado, esos cambios enfatizan
la acción directa de la pedagogía en el logro de aprendizajes efectivos sin conside-
rar la condición de país fragmentado, diverso y con graves elementos de exclusión
social, los resultados serán similares a los que han desnudado las pruebas de eva-
luación nacionales e internacionales y que han dado lugar a que nuestra educación
sea declarada en emergencia. De ahí la enorme importancia que cobra la variable
política para enfrentar todo desafío de cambio educativo.


Esta variable política será factor relevante en el éxito o fracaso de un cambio soste-
nido de la educación en cualquier país. El análisis comparado de reformas educati-
vas producidas en Latinoamérica en la década recién pasada da cuenta de que,
desde el punto de vista político, todas han abordado de uno u otro modo el tema de
los consensos y los acuerdos, el de la descentralización, el de mayores recursos
para la educación y el de los contenidos en términos de valores, socialización polí-
tica y cultural y participación.

¿Podemos asociar a la clase política peruana a un escenario similar?

Todo parece indicar que no. Más aun, el que en nuestro país no se haya desarrolla-
do reforma educativa alguna desde aquella de la década de 1970, y el que el nivel
de nuestra educación, sobre todo la pública, sea cada vez más precario, son ele-
mentos indicativos de un divorcio de esa clase respecto de sus indelegables res-
ponsabilidades en materia educativa.

Existe la idea generalizada de que nuestros políticos toman la educación como un
tema más en su ejercicio tradicional, como parte del «toma y daca» que ponen en
acción cuando pueden obtener alguna ventaja. Subsiste asimismo la percepción
de que buena parte de su interés por el sector reside en que este sigue siendo el
más grande aparato burocrático y llega hasta los últimos rincones del país. Sucesi-
vos gobiernos (a los nacionales deben sumarse esta vez los de nivel regional) si-
guen dando la penosa impresión de que el Estado es una suerte de botín que
debiera servir en primer lugar a los militantes o amigos que hicieron posible tal o
cual elección.

a. LA CLASE POLÍTICA Y SUS INFLUENCIAS EN LA EDUCACIÓN
DURANTE EL SIGLO XX
Para Basadre, los cuatro primeros años del Gobierno de José Pardo y Barreda
(1904-1908) merecieron el calificativo de «un hermoso capítulo en la historia repu-
blicana». En ese periodo se aumentó considerablemente el presupuesto destinado a
educación: en 1907 representó el 15,44% del presupuesto total.57 Se decretó que la
escuela elemental fuese gratuita y obligatoria para varones de 6 a 16 años y para
mujeres de 6 a 12 años.

57
Comentando este hecho, Morote (2006: 98) precisa: «Es decir que, proporcionalmente, fue 50% más
de lo que asignó a educación el gobierno de Toledo».


Se instituyó un fondo para la educación primaria constituido por el 5% de los ingre-
sos fiscales, el 30% de las rentas de las juntas departamentales e impuestos crea-
dos por leyes especiales como el destinado a las bebidas alcohólicas, cuyo cobro
estaba a cargo de las municipalidades. Ese fondo sirvió para la construcción de 26
escuelas modelo en pueblos como Ayaviri, Huancabamba, Cotahuasi y Mollendo, y
de 8 escuelas en Lima; fueron entregados gratuitamente a alumnos de primaria
150 mil libros de texto y 3 mil mapas del Perú. Se apoyó a las escuelas con formu-
larios de matrícula y asistencia, libretas y registros. Basadre relata que casi sesenta
años más tarde encontró en escuelas de la costa y de la sierra equipos y material
educativo comprado en época de Pardo.58

La convicción presidencial de que la educación peruana no debía contentarse con
mejorar lo que ya se tenía, sino que era necesario ponerla al nivel de la de Europa
o los Estados Unidos, se tradujo en medidas como las siguientes: al reabrir la Es-
cuela Normal de Lima y la Escuela de Artes y Oficios se les otorgaron, a diferencia
de lo que habían hecho gobiernos anteriores, fondos suficientes, locales y maes-
tros, y se trajeron profesores de Francia y Alemania; se crearon becas para enviar
a los mejores estudiantes a perfeccionarse en el exterior;59 se privilegió al colegio
Guadalupe con la contratación de un grupo de profesores de la Universidad de
Lovaina, Bélgica, y de un maestro alemán para su dirección.60 Varios colegios nacio-
nales de provincias fueron dirigidos también por docentes alemanes; más tarde se
convocó a profesores suizos, franceses y estadounidenses.

Resulta fácil imaginar los problemas de adaptación que sufrieron los docentes ex-
tranjeros convocados y los propios maestros y estudiantes peruanos con los que
se relacionaron; las medidas, por lo demás, denotaban excesiva centralización en
las decisiones. Sin embargo, el ostracismo y el atraso de la educación peruana de
entonces convirtieron esas medidas en excepcionales y memorables.

Los presidentes que sucedieron a Pardo y Barreda hicieron méritos para que la
educación perdiera importancia. Según Basadre:

58
Los útiles de enseñanza se importaron de Francia, de la entonces famosa librería Hachette; las
bancas y carpetas se trajeron de Nueva York; los sillones para maestros y otros artículos llegaron de
Hamburgo.
59
Los de la Escuela Normal fueron a los Estados Unidos, y a seis de los 150 estudiantes de Artes y
Oficios se les enviaba cada año a estudiar construcción civil en Inglaterra con contrato para regresar
al Perú.
60
Basadre refiere el nombre del educador alemán Carlos Hilburg, quien fue sustituido por el doctor
Alberto Giesecke.


No sólo el cambio de un gobierno a otro sino, a veces, el cambio de ministro
implicó la ruptura o estancamiento de iniciativas útiles, de obras en marcha.
Hubo, de cuando en cuando, leyes elocuentes; pero su aplicación perentoria o
gradual no quedó bajo vigilancia de organismos estables y eficaces. Faltó
visión de conjunto que tomara en cuenta, en primer lugar, la realidad con
todas sus facetas […] y la necesidad de crear una estructura educacional
sólida, ágil debajo de las alternativas de la política y por encima de los capri-
chos y de las pequeñeces de los hombres.

En el segundo Gobierno de Manuel Prado destacó particularmente el nombra-
miento y la gestión de Jorge Basadre como Ministro de Educación. En la primera
Administración del arquitecto Fernando Belaunde los ministros que convocó fue-
ron calificados profesionales;61 estableció la gratuidad de la enseñanza y aumentó
en 25% los fondos para la educación.

A partir de fines de la década de 1950 el sistema educativo tuvo una expansión
vertiginosa: entre 1958 y 1968 la población escolar matriculada aumentó en casi
100% (78,12% en primaria, 165,8% en secundaria y 280,9% la universitaria). Sin
embargo, las cifras absolutas revelaban serias carencias: de 400 845 alumnos
matriculados en transición, apenas 43 226 concluyeron la secundaria; 366 619
niños y jóvenes desertaron en diversas etapas de su escolaridad. Estas cifras die-
ron sustento a la reforma educativa del decenio de 1970.

La Constitución de 1979 recogió gran parte del diseño del Estado promovido por
las reformas velasquistas, que heredaron el segundo Gobierno de Belaunde y lue-
go el primero de Alan García. El desmontaje del Estado instituido por Velasco se
completó con las reformas neoliberales de Fujimori, y así las reglas del ajuste es-
tructural promovidas desde los organismos multilaterales fueron plenamente asu-
midas por el proyecto autocrático de Fujimori y Montesinos.62

Desde el punto de vista ideológico, el historiador Manuel Burga precisa los contra-
dictorios resultados de una educación influenciada por adalides políticos como
Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui, y por forjadores del APRA y
de diversos socialismos.

61
En su primer Gobierno sobresale particularmente el educador Carlos Cueto Fernandini; otras figuras
intelectuales convocadas fueron Francisco Miró Quesada, filósofo y catedrático en San Marcos;
Enrique Tola, ingeniero y catedrático; y el historiador José Jiménez Borja.
62
La influencia corruptora del ex capitán Vladimiro Montesinos sobre nuestra Fuerza Armada y la clase
política de entonces fue uno de los signos principales del Gobierno de Alberto Fujimori.


Según Burga, hasta la década de 1960 la mayoría de los partidos políticos tenían
como propósito la construcción de una república y una sociedad diferentes:

Pensando en la universidad y en los latifundios altoandinos, tengo la impre-
sión de que todo el proceso histórico del siglo XX no culminó exitosamente.
Las realidades sociales y económicas no coincidieron con el discurso político.
Si hay factores y causales que desaceleran la historia del Perú en el siglo XX,
profundizando en el caos y en la entropía, es gracias a este ideal socialista. En
1920 Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui tenían discursos
paradigmáticos que había que admirar y seguir. Construyeron un intelectual
peruano que era socialista, diferente al brasileño o mexicano. Esa ilusión del
siglo XX nos hizo perder el tiempo. No miramos la historia del siglo XX en
términos de desarrollo, sino en términos de explotación. La reflexión de la
intelectualidad peruana fue buscar las causas de la explotación, de la margi-
nación, de nuestro atraso, mirar atrás Tomado de Burga 2007).

b. LAS RESPUESTAS POLÍTICAS ENSAYADAS EN LOS ÚLTIMOS
DECENIOS63
• LA DÉCADA DE 1980

Transcurridos doce años de Gobierno Militar con dos fases diferenciadas, se trata-
ba de transitar a la democracia con autoridades electas. El país que recibieron los
gobernantes elegidos era diferente del de 1968. Neira es explícito respecto de ese
nuevo escenario:

Cuando cayó Velasco, la vieja clase política celebró el acontecimiento, se abrió el
champán del regocijo, retornaban los buenos tiempos. Pero lo que siguió fue tam-
bién una sorpresa. El postvelasquismo no se pareció en nada a lo que habían previs-
to sus enterradores. De alguna manera, el velasquismo no solo había ensanchado el
Estado (del Estado gerente al Estado-nación) sino el campo de lo popular […] El
terremoto velasquista echó en las arenas políticas otras clientelas, otras necesida-
des, desafiando el talento de una clase política que salió renovada de esa experien-
cia, pero enfrentando un paisaje social diferente, convulso, donde esta vez lo popular
tuvo vida y fuerza. El Perú, pase lo que pase, no se podrá volver más a gobernar sin
los humildes, los cholos, los zarrapastrosos. Y eso también es Velasco (Neira 1997).

63
Periodo 1980-2007.


Los primeros actos del segundo Gobierno de Belaunde Terry fueron disponer la
vigencia de la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente —presidida
por Víctor Raúl Haya de la Torre— en 1979, y devolver a sus propietarios los diarios,
televisoras y radios que el Gobierno anterior había incautado.

La reforma educativa de la década de 1970, herida de muerte por los cinco años
de Morales Bermúdez, terminó su agonía en la segunda Administración de Fernan-
do Belaunde. La clase política de entonces, el Ejecutivo y el Congreso presidido
por Luis Alberto Sánchez, se propusieron dar una lección a quienes se habían
atrevido a realizar cambios en un contexto militar ajeno a las denominadas costum-
bres democráticas. No debía quedar vestigio alguno de aquello. La nueva ley edu-
cativa que engendraron, la 23384, trató de detener el reloj de la historia, volver al
pasado: había que distinguir claramente la educación en democracia del anterior
intento de reformar la educación y de sustituir un sistema anticuado centrado en la
escolarización por otro que buscaba una nueva sociedad por medio de una educa-
ción creadora orientada a establecer una relación justa entre entre las personas y
el diálogo social. En la ley con la que se trató de sustituir la mencionada reforma, la
añeja educación primaria reemplazó a la educación básica;64 se trató de escolarizar
todo atisbo de educación que saliera del marco formal, la educación inicial perdió
su impulso y vigencia original, se eliminó la educación básica laboral y se alejó la
educación del trabajo, con lo que se desechó la calificación profesional extraordi-
naria; desaparecieron las ESEP y, con ellas, las posibilidades de educación ocupa-
cional no universitaria. A pesar de la convicción sobre las bondades de la nucleari-
zación educativa, esta fue condenada a la extinción.65

Ese fue el marco que condicionó el denominado «Quinquenio de la Educación» que
intentó desarrollar el conservador Fernando Belaunde en su retorno a la Presiden-
cia en 1980.

La probidad y la experiencia profesional de ministros de Educación como Valentín
Paniagua y Andrés Cardó no fueron suficientes para superar esa caja de Pandora
legal. De ese quinquenio destacan, entre otras iniciativas, el reinicio del diálogo con
dirigencias magisteriales, que dio como resultado el ofrecimiento al magisterio de

64
«[…] resultó un error regresar al concepto de ciclo primario con 6 años de estudio y secundario, con
5. A partir de la educación básica se habría podido inducir a los padres de familia de pueblos
marginales y campesinos para que sus hijos siguieran nueve años y no solamente seis de educa-
ción» (Palomino 1997).
65
Sobre la nuclearización, Andrés Cardó, quien fue viceministro en el Gobierno Militar y ministro de
Educación en el de Belaunde, señaló con acierto: «[…] el sistema de nuclearización ha sido una de
las innovaciones de la reforma de la educación más naturalmente aceptada por la Comunidad
Nacional, lo cual significa que colmó una aspiración popular».


viviendas construidas como parte del Plan Nacional de Vivienda y la posibilidad de
realizar estudios de perfeccionamiento. Parte central de la estrategia educativa
consistió en promover la mejora de la infraestructura escolar: se construyeron
23 000 aulas con la colaboración de la ciudadanía bajo el sistema de Cooperación
Popular. El apoyo del Gobierno a la educación privada hizo posible el incremento del
número de colegios, favorecido por un nuevo factor: la aparición de ONG dedicadas
a la educación, dirigidas la mayoría de ellas por profesionales que habían tenido
vínculos con la reforma velasquista.

La década de 1980 y el retorno de las instituciones democráticas coincidieron con
una degradación notable del nivel de vida de la población. La informalidad desplazó el
espacio de la economía asalariada: en 1981 los trabajadores formales eran el 35% de
la PEA; en 1992, apenas el 10%. La democratización institucional, que había desper-
tado un sentimiento de esperanza con las elecciones municipales, tuvo un recalcitran-
te opositor que impidió el sufragio en 4 provincias y 27 distritos ayacuchanos. La
aparición y crecimiento de Sendero Luminoso significaron una grave amenaza para el
país y sembraron la incertidumbre sobre su destino. Por esos días Flores Galindo escri-
bió: «Desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, cementerios clandestinos han deve-
nido en parte sustancial de la vida política nacional» (Flores Galindo 1988).

La elección del joven Alan García en 1985 expresó una mayoritaria opción contra
el pasado; la vieja derecha y los modernos sectores empresariales ocuparon una
porción reducida del espectro electoral. La esperanza de cambio y de un «futuro
diferente» que encarnaba García fue pronto desplazada por los gestos, el efectismo
y el personalismo del mandatario, que predominaron sobre la realidad: «[…] el mal-
entendido entre el García electo y sus electores fue gigantesco, no le votaron
para batir todos los récords de presidencialismo radicalizado» (Neira 1997). Sus
decisiones políticas y económicas generaron el desastre inflacionario y la pauperi-
zación: «El Estado peruano —y no sólo el Estado aprista— quedó desacreditado para
promover toda política de largo plazo que atienda el desarrollo industrial, agrícola y
tecnológico» (Neira 1997).

En materia educativa no hubo solución de continuidad con el Gobierno anterior. Bajo
el lema «Educación para la vida» se produjeron varios documentos programáticos
que proponían un proyecto educativo,66 un diseño de ley para cambiar la estructura
del sistema y la municipalización de la instrucción primaria. El Parlamento desapro-
bó estas dos últimas iniciativas. Se planteó también que la alfabetización y la educa-

66
Durante la gestión de Mercedes Cabanillas se conformó una importante comisión integrada por
José Matos Mar, Luis Jaime Cisneros, Luis A. Ratto, entre otros profesionales. Lamentablemente,
sus productos han sido muy poco divulgados en el país.


ción primaria fueran ofertas prioritarias para el crecimiento de la matrícula (UNESCO
2001). El quinquenio tuvo solo ministros de filiación aprista, todos ellos profesionales
docentes: Gróver Pango (dos años) y Mercedes Cabanillas (dos años y tres meses)
figuran entre quienes ocuparon la Cartera por mayor tiempo; Efraín Orbegozo duró
solo nueve meses.

El contexto de superposición de la guerra y la política condicionó toda iniciativa
gubernamental. En los últimos años del Gobierno aprista la aguda crisis fiscal gol-
peó varios niveles de la estructura del Estado, Ministerio de Educación incluido. El
primer impacto fue institucional, y afectó la posibilidad de atender la educación
como necesidad social:

[…] abriendo paso a formas tradicionales basadas en el patrimonialismo, la
clientela y la prebenda. La modernización y la institucionalización del Estado
cedieron su lugar, en este período, a las formas tradicionales de dominación
que se habían resignado a cumplir un papel subordinado (Silva 2002).

Al finalizar el régimen, el ingreso masivo como docentes de personas que no tenían
otro título o mérito que el partidario en las planillas del sector educativo fue expre-
sión de esa situación de anomia institucional.

El propio Alan García brindó una muy escasa importancia a los productos educati-
vos de su gestión. En su «Carta al Pueblo Peruano» (Bogotá, 10 de enero de 2001),
en la que hace un breve recuento de las principales obras de su primer Gobierno,
dedica un solo párrafo a su obra educativa: «Imprimimos 14 millones de libros gra-
tuitos para los colegios del Estado, elevamos los sueldos del magisterio y de la
policía, que entonces tuvieron el doble del poder adquisitivo que con el fujimorato».
La crisis generó las condiciones favorables para la implementación de una econo-
mía de libre mercado y un Estado neoliberal, como lo confirma su aplicación con la
llegada de Alberto Fujimori al poder en 1990.

• LA PESADA HERENCIA FUJIMORISTA

El régimen de la década de 1990 representa una clara expresión de lo que muchos
estudiosos definen como el «populismo neoliberal» que caracterizó a varios gobier-
nos en América Latina.

El nombre de Alberto Fujimori está ligado a la mejoría en materia de lucha contra la
inflación y el terrorismo, a las privatizaciones y a la inserción en la economía mun-
dial, pero también a los efectos negativos de su opción neoliberal: aumento brutal de


la pobreza, suspensión de la legalidad constitucional con el autogolpe de abril de
1992 (cierre del Congreso de la República), y a un estilo no consensual y excluyente
de hacer política. Fue decisiva la captura de Abimael Guzmán luego del paciente y
eficaz trabajo de la Policía peruana, logro del que se apropió el Gobierno y que le
valió buena parte de su popularidad en los años siguientes.

El carácter de dictadura conferido a su Gobierno obedece a sus graves violaciones
de derechos humanos, a medidas legales aprobadas por una institución parlamen-
taria cautiva y al control de los medios de comunicación masiva, en especial la
televisión. Todo esto tuvo vinculación con el fortalecimiento de la figura de Vladimiro
Montesinos como asesor de Fujimori y del Servicio de Inteligencia Nacional, desde
el cual organizó una red de espionaje dedicada a obtener información tanto de
enemigos como de aliados políticos. Se empezó así a gestar lo que luego sería el
sistema organizado de corrupción gubernamental más grande de la historia del
Perú, lo que incluyó no solo el robo de dinero del erario público sino también la total
utilización de los poderes del Estado a favor del régimen, así como el de algunas
empresas privadas como los canales de televisión, entre otras. La Constitución de
1993, ratificada por referéndum, daba a Fujimori la posibilidad a una reelección
inmediata en los comicios de 1995. Sin embargo, ello no fue suficiente: se presen-
tó en el año 2000 a una segunda reelección en medio de un contexto de estanca-
miento económico y de denuncias de todo calibre contra su Gobierno. Su huida al
Japón fue un mal final de su gestión, y hoy se encuentra en la condición de prófugo
de la justicia peruana.

Desde el punto de vista educativo, un referente que merece ser analizado son los
déficits señalados en el diagnóstico general de la educación primaria elaborado en
1993 por una misión interaagencial a pedido del Ministerio de Educación y al que
ya se ha hecho referencia. El deterioro educativo descrito en ese diagnóstico suge-
ría estrategias de acción que no tuvieron correspondencia ni interlocución sufi-
cientes en el mundo oficial presidido por Alberto Fujimori.

La principal respuesta a ese diagnóstico fue el diseño, con el apoyo de los organis-
mos multilaterales, del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación
Peruana (MECEP),67 que inició sus actividades solo dos años después y focalizó la
mayor parte del gasto en obras de infraestructura educativa.
67
El MECEP, instituido con el Banco Mundial, estuvo conformado por tres componentes: Mejoramiento
de la calidad de los procesos de enseñanza (consolidación curricular, capacitación docente, materia-
les educativos); Modernización de la administración educativa (modernización del sistema de ges-
tión, implementación de los centros educativos, sistemas de información, sistema de evaluación del
rendimiento estudiantil); e Infraestructura educativa (sustitución y rehabilitación de locales escolares
y mobiliario).


La reforma curricular permitió, en el plano propositivo, la incorporación de nuevos
contenidos: prevención de la violencia familiar, equidad de género y capacitación en
actividades productivas, así como los prolegómenos de un enfoque intercultural, al
reconocer el carácter pluricultural y multilingüe del país.

El proceso de descentralización fue limitado y cerrado. El manejo presupuestal otor-
gó más facultades a las direcciones regionales, y se estableció una línea que iba
desde ellas a los Comités Transitorios de Administración Regional (CTAR) y termi-
naba en el MEF, que tenía la decisión final (Béjar 2001). Un intento por transferir la
educación a las municipalidades, realizado al promediar la década, no continuó por
presión de organizaciones de educadores, de padres y de la sociedad civil, y porque
las municipalidades no estaban aptas para asumir estas nuevas funciones. Se volvió
a imponer entonces la línea centralista del Gobierno.

El seguro escolar para alumnos de entre 3 y 18 años de centros educativos estata-
les, los planes para enfrentar la formación inicial y la capacitación de los maestros y
otras acciones específicas68 aunque inorgánicas desarrolladas por el núcleo centra-
lizado ministerial, pueden ponderarse como esfuerzos por aproximarse a una mejoría
de la educación nacional.69 Otros intentos en esta dirección se registran en los
propios centros educativos y en iniciativas de la sociedad civil.

El descenso de la calidad educativa y la ingobernabilidad del sector se vieron condi-
cionados por seis factores propios de la administración gubernamental en la década
de 1990:

• Una crisis de la institucionalidad política nacional, que presentaba un cuadro de
gobierno centralizador del poder.70 Al centralismo asfixiante se sumaron los excesi-

68
Además de los programas comprendidos en el MECEP, pueden mencionarse medidas dirigidas a la
redefinición de la educación secundaria, desarrollo de la educación rural, redefinición de la educación de
niños trabajadores, desarrollo de la educación especial, y diseño e implementación del bachillerato.
69
«[...] a pesar de contar con recursos para una ambiciosa política de renovación de la primaria y otras
propuestas sobre secundaria, bachillerato y educación rural, el Ministerio desarrolla políticas de oferta
sin introducir mecanismos de control de logros. Aunque el efecto de la reforma pedagógica parece
haber tenido éxito en cambiar el paradigma educativo, de centrado en la enseñanza a centrado en el
aprendizaje, es probable que la medida política más recordada sea la que permitió la inauguración de una
nueva escuela diaria«, señala Juan Fernando Vega, directivo del MED de entonces (véase Para que
la educación (pública) eduque. Lima: Instituto Peruano de Economía Social de Mercado, 2005).
70
La acción contra la subversión y la violencia irracional de Sendero Luminoso y del MRTA fue
determinante y, a la vez, pretexto para la gradual concentración del poder.


vos cambios ministeriales en el sector —11 ministros en una década,71 algunos de
deplorable recuerdo—, clara muestra no solo de la discontinuidad de las políticas
sino también de la enorme dependencia de esos cambios de las marchas y contra-
marchas de la voluntad presidencial.

• Importantes decisiones educativas, como la masiva construcción de establecimien-
tos escolares, fueron tomadas y llevadas a cabo considerando los afanes electorales
del mandatario gobernante y no como resultado de ejercicios de planificación y
redistribución de inversiones socioeducativas.

• El programa de ajuste y estabilización económica que ordenó la macroeconomía del
país sacrificó las políticas sociales. No hubo en el ámbito educativo estrategias
integrales de atención a zonas excluidas.

• La aguda politización del debate educativo por acciones gubernamentales apresu-
radas72 e incluso bien intencionadas.73

• La escasa o nula voluntad para cumplir con dispositivos de la Constitución reforma-
da en 199374 y para generar consensos con importantes actores de la educación
peruana.

• La falta de transparencia en la gestión pública75 y en la difusión de resultados de
evaluación.76

71
Las gestiones de Gloria Helfer, al inicio del primer Gobierno de Fujimori, y de Dante Córdova,
constituyeron esfuerzos aislados de una administración proba respecto de la desarrollada por la
mayoría de los demás ministros.
72
En 1993 el Gobierno intentó y luego desechó introducir cambios en la prestación de servicios
educativos, inspirado en el modelo chileno de subsidio directo al alumno. Ello coincidió con la
elaboración, debate y ratificación por referéndum de la Constitución de ese año. En la nueva
estructura del sector educativo y en la definición e implementación del bachillerato no se alentó el
diálogo ni consensos. Estos desencuentros, además de politizar el debate educativo, impidieron en
buena medida que el tema de un proyecto educativo nacional sea abordado y concretado tanto por
el Estado como por la sociedad civil.
73
«[...] la improvisación, la politiquería, la demagogia y el cortoplacismo mataron al bachillerato. Su
implementación algo bueno tuvo: poner en evidencia la espantosa situación de la educación secun-
daria [...]» (Andrade 2005).
74
El artículo 17.° de la Constitución vigente declara la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y
secundaria. Fue notorio el desinterés por hacerlo efectivo sobre todo en los niveles inicial y secundario,
así como por mejorar la calidad de los servicios en cada uno de estos niveles.
75
Fue brutal para el país cuando se conoció que se había vivido gobernado por una mafia que había
hecho del crimen y del saqueo de lo público su principal doctrina.
76
Los malos resultados peruanos en la evaluación regional comparada propiciada por el Laboratorio
de Medición de Calidad de la Educación no pudieron ser conocidos en el Informe Unesco corres-


AL CENTRALISMO ASFIXIANTE SE SUMARON EXCESIVOS CAMBIOS MINISTERIALES EN EL
SECTOR —11 MINISTROS, ALGUNOS DE DEPLORABLE RECUERDO—, CLARA MUESTRA DE
DISCONTINUIDAD DE POLÍTICAS Y DE LA ENORME DEPENDENCIA DE LA VOLUNTAD
PRESIDENCIAL.

• LA CORTA TRANSICIÓN DE VALENTÍN PANIAGUA

Valentín Paniagua devolvió dignidad al ejercicio presidencial luego de la delictiva
gestión de Alberto Fujimori. En sus escasos nueve meses de Gobierno logró resta-
blecer el principio de la legalidad y el respeto por la división de poderes. Su gestión
se orientó fundamentalmente a organizar un proceso electoral transparente y a ele-
var el diálogo político entre los peruanos. Destacan en su periodo el combate contra
la corrupción del régimen anterior y la constitución de una Comisión de la Verdad a
la que se le encargó elaborar un informe sobre las dos décadas de violencia política.
Su mandato, sin embargo, fue insuficiente para intentar transformaciones de media-
no o largo plazo.

En materia educativa merecen ser destacadas particularmente la incorporación de
cuadros profesionales a los que había negado diálogo la administración fujimorista
y la Consulta Nacional de Educación realizada entre los meses de enero y julio de
2001, con la que se trató de recoger opiniones de distintos sectores del país y sentar
las bases para un Acuerdo Nacional por la Educación.

El proceso seguido y el informe obtenido en esta consulta, dirigida por una comisión
independiente, tuvieron el especial mérito de poner la educación en la agenda na-
cional, de proponer objetivos prioritarios para ella y de vincular las salidas educativas
al marco de crisis y desarrollo del país.

Esta importante consulta propuso como objetivos de la educación:

• La preparación para ser ciudadanos incorporados plenamente a la sociedad.

• La revaloración de la profesión docente.
pondiente. El Gobierno de Fujimori, que sostenía públicamente que estaba convirtiendo la educa-
ción peruana en «la mejor de América», no autorizó su difusión. Fueron publicados para el país y para
Latinoamérica por la gestión del ministro Marcial Rubio ante dicho organismo internacional en el
Gobierno de Transición del presidente Valentín Paniagua.


• La educación como tarea de todos, y el derecho de todos, sin discriminación alguna,
a una educación de calidad.

• La descentralización y democratización de la educación.

• El derecho de conocer y evaluar los avances de la educación, ejerciendo vigilancia
ciudadana.

• El aumento de la inversión en educación, para generar esfuerzos por una mejor
gestión.

• La elevación de la educación superior hacia estándares de calidad internacional.

Constituyó motivo de debate, por sus posibles implicancias posteriores, el nombra-
miento de 20 mil profesores contratados sin posibilidad de realizar una evaluación
básica de la relación de estos profesionales con los alumnos a su cargo.

• EL REALISMO DESENCANTADO DE ALEJANDRO TOLEDO

El Gobierno de Toledo no fue capaz de satisfacer las expectativas ciudadanas res-
pecto de su capacidad de producir un cambio drástico en materia de políticas públi-
cas. Los anuncios de reformas para cumplir con sus múltiples promesas electorales
fueron disminuyendo uno a uno, hasta que la comunicación con el Jefe de Estado y
el aprecio popular por sus dichos y sus hechos se cerraron.

Enfrentar las desigualdades, acortar la brecha que separa a ricos de pobres y man-
tener la lucha frontal contra la corrupción eran acciones claves del nuevo Gobierno
constitucional. Mas esos desafíos tenían que abarcar, además de la distribución del
ingreso, la igualdad de oportunidades, el acceso igualitario a una educación de
calidad, entre otros asuntos prioritarios.

Un debate-balance inicial afirma que en sus cinco años de Gobierno se modificó
insuficientemente el contexto político y social heredado de la década del fujimoris-
mo.77 El inicio de la descentralización y de una bonanza económica sustentada en

78
En opinión de Franco: «[...] un enfoque realista de la situación que presentaba el país al inicio del
proceso de reformas exigía combinar la promoción y el logro de cambios en las políticas económicas
y sociales del gobierno y la creación y apoyo a los espacios institucionales para la concertación y la
participación ciudadana, con el reconocimiento de que, sin aquellos cambios, estos espacios corre-
rían la suerte que hoy registran la mayoría de investigaciones revisadas» (Franco 2005). Adrianzén
(2005), refiriéndose al Mensaje Presidencial de julio de 2005, señala: «En realidad, al gobierno de


los altos precios de los minerales y en nuevos esfuerzos agroexportadores será lo
mejor que se recuerde de la Administración de Toledo.

En lo económico, es conocido que la bonanza macroeconómica no ha amenguado
el malestar microeconómico. Resulta paradójico que, por un lado, el crecimiento
supere el 5% anual, las exportaciones aumenten en 30% en el mismo periodo, se
cumplan las metas de inflación, siga disminuyendo el déficit fiscal y aumenten las
reservas internacionales netas y que, por otro lado, no aumenten los salarios ni se
incremente el empleo, la pobreza se estanca en 52% y se acentúa la distribución
desigual del ingreso.

El debate sobre los espacios de encuentro Estado-sociedad coloca en la agenda de
trabajo un aspecto central: la urgencia de que instancias como las educativas cuen-
ten con un activo apoyo ciudadano y político, que debe ser ganado gracias a las
propuestas de reformas desde distintos canales, la consiguiente sensibilización so-
cial y el diálogo.

En ese contexto, importa señalar que en el periodo presidencial de Alejandro Toledo,
a pesar de las contradicciones de su gestión, sobresalen varios cambios, algunos de
los cuales pueden aportar a la solución de los graves problemas de la educación
peruana:

• Una nueva Ley General de Educación,78 que constituye un avance importante para
incorporar elementos de reforma y de reconversión del sistema educativo. En ella se
afirma la centralidad del educando; se entiende la educación como un proceso
permanente durante toda la vida y en ámbitos sociales diferentes; se incorpora la
responsabilidad por los resultados educativos por medio de la evaluación del siste-
ma, de los aprendizajes y de los docentes; se estimula la acreditación de institucio-
nes educativas. Sus fundamentos y su articulado conceden particular valor a la par-
ticipación de la sociedad civil, al estímulo del compromiso responsable de los distin-
tos actores educativos, y a la acción activa e intersectorial del Estado en sus distin-
tos niveles de gobierno.

Alejandro Toledo hay que criticarlo no por lo poco que ha hecho sino más bien por lo que no ha
hecho o, mejor dicho, por lo que no ha querido hacer […]. Ni el gobierno ni la oposición han tenido
el talante reformista que el país exigía y que la población demandaba. Porque ahora gobernar es
reformar y ello es, justamente, lo que más se ha extrañado todos estos años».
78
La LGE (28044), promulgada el 28 de julio de 2003, fue una iniciativa que surgió y se promovió
desde el Congreso de la República.


• Inicio de un proceso de descentralización que podría significar el fortalecimiento de
la autonomía de las instituciones educativas, un mayor protagonismo de la escuela
pública y de la comunidad educativa por intermedio de los Consejos Regionales de
Participación, impactos en la gestión y administración del sistema y en la diversifi-
cación curricular, privilegiando la selección de directores regionales y de las UGEL
por concurso público.

• Creación de un Consejo Nacional de Educación (CNE)79 como organismo autóno-
mo con mandatos específicos respecto de la organización de un Proyecto Educati-
vo Nacional y la participación en políticas y planes educativos de mediano y largo
plazo.80

• LAS POTENCIALIDADES EDUCATIVAS E INTERROGANTES DE LA GESTIÓN
DE GARCÍA

Pocos escenarios más favorables para intentar cambios sistémicos en la educación
nacional como el que encontró Alan García cuando asumió su segundo mandato en
julio de 2006.

La Ley General de Educación presenta potencialidades que el Gobierno de Toledo
no concretó suficientemente. Había culminado el proceso de construcción del Pro-
yecto Educativo Nacional 2007-2021, luego de un amplio proceso de consulta en
regiones liderado por el CNE. Se registraban en las regiones importantes procesos
de consulta en la construcción de los Proyectos Educativos Nacionales. Una socie-
dad civil calificada en materia educativa y con instituciones a cargo de proyectos y
programas innovadores mostró claras expresiones de interés en apoyar las mejores
iniciativas del nuevo Gobierno. Los medios de comunicación muestran mayor inte-
rés que hace un lustro en la educación.

79
Durante la gestión del ministro Nicolás Lynch se creó, mediante DS 007-2002-ED, el CNE como
organismo especializado, consultivo y autónomo del MED. Se instaló el 8 de abril de 2002, y convocó
a titulo personal a 25 especialistas y profesionales seleccionados en función de sus experiencias y
capacidad de aporte a la educación del país. En la Ley General de Educación promulgada en 2003
se ratificó su existencia y sus funciones básicas.
80
«El Consejo Nacional de Educación es un organismo plural, autónomo consultivo y especializado.
Tiene como finalidad promover la cooperación y concertación entre la Sociedad Civil y el Estado en
la formulación, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Nacional, las políticas y planes
educativos de mediano y largo plazo, y las políticas intersectoriales que contribuyen al desarrollo de
la educación peruana [...]» (Ley General de Educación, artículo 82.º).


Las circunstancias políticas de gobernar prácticamente sin oposición orgánica ni en
el Congreso ni fuera de él facilitaban también la promoción de medidas orientadas a
enfrentar colectivamente los graves problemas de nuestra educación. Es sin embar-
go todavía muy temprano para hecer juicios definitivos sobre la segunda gestión de
García en materia educativa.

Es alentadora la oficialización del Proyecto Educativo Nacional y la presentación en
el Congreso, para su discusión, de una propuesta de Carrera Pública Magisterial, así
como la convicción de que el Gobierno ha defendido algunas de sus iniciativas.

Desalienta, en cambio, comprobar que se está confundiendo reforma educativa con
enfrentamiento con la cúpula dirigente del SUTEP, y la ausencia de consistencia y
de un norte en el conjunto de medidas emprendidas.

Hemos dedicado otra parte de este trabajo a un análisis más pormenorizado de los
primeros diez meses de gestión educativa del actual Gobierno.81

c. ESCENARIOS DE DESENCUENTRO ENTRE LO POLÍTICO Y LO
EDUCATIVO
Múltiples ejemplos refuerzan los juicios anteriores. Limitémonos aquí a señalar siete
escenarios de este desencuentro entre lo político y lo educativo en el Perú.

ESCENARIO 1:
Magisterio desengañado

Son escasas las evidencias de que el Estado y la sociedad peruana hayan dado impor-
tancia específica al maestro como profesional y servidor público. Las preguntas bási-
cas no han sido resueltas, y en algunos casos ni siquiera se las ha planteado: ¿Quién
es el maestro? ¿Cómo vive? ¿Cómo motivarlo más y fortalecer su autoestima? ¿Cómo
elevar su desarrollo humano atendiendo su propia educación y su salud?

El vínculo Estado-magisterio se ha referido históricamente a conflictos respecto de
mejores salarios; algunas prolongadas huelgas han sido corolario de esos conflictos.
Pero es quizá la aún vigente Ley del Profesorado (25212) la que mejor grafica el
divorcio entre la clase política y el magisterio nacional.

81
Véase, en esta misma publicación, «Las agendas educativas del presidente García».


Resulta sintomático que la dación de las disposiciones legislativas y la de los esta-
tutos que hoy norman la vida docente hayan coincidido con la culminación de los
periodos presidenciales de Fernando Belaunde y de Alan García. El actual estatuto
docente fue aprobado en 1985, cuando expiraba el segundo belaundismo, y esta
ley fue reglamentada apenas en mayo de 1990, en el último trimestre del primer
Gobierno aprista. En ambos casos se optó por acuerdos con el gremio docente,
con evidentes elementos de tinte populista, con la idea de que el costo de su ejecu-
ción sea asumido por el siguiente Gobierno. En la década de Fujimori se ignoró y
«congeló» la aplicación de esos dispositivos legales, y así se reforzó aun más la
desconfianza entre los maestros para con el comportamiento de quienes tienen a
su cargo la administración del Estado.

La pasada y la actual defensa de este estatuto por los dirigentes gremiales del
magisterio se estrella contra una dura realidad: su inaplicabilidad financiera. Ade-
más, los diez años de fujimorismo, que silenciaron este instrumento legislativo, in-
fluyeron para que una gran masa de docentes no lo conozca, y para que quienes lo
conocen no lo hagan suficientemente suyo.

Otro ejemplo que abona lo anterior es el referido al denominado Colegio de Profe-
sores. La ley 25231, que lo creó, se aprobó y promulgó también al borde de la
extinción del primer Gobierno del presidente García. Transcurridos 13 años de no
aplicación de esta ley, en junio de 2003 se recurrió a ella, justo cuando finalizaba
una huelga magisterial. Entonces, el Ministerio de Educación alentó la concreción
del Colegio, combinando entre sus propósitos la necesidad real de la institución y
la creación de una alternativa institucional al sindicato docente.

Finalmente, lo ocurrido en los diez primeros meses del segundo Gobierno aprista es
indicativo de que se trata de asociar los cambios, y hasta una posible reforma educa-
tiva, a la victoria mediática sobre un sindicato magisterial contestatario al cambio
educativo. En este caso ha importado menos si con un conjunto de medidas necesa-
rias y con efecto mediático no solo se derrota a la dirigencia magisterial sino se
consiguen también efectos que agudizan la precariedad docente en el país.82

ESCENARIO 2:
Incompetencia política para asumir reformas integrales

Respecto de la educación, la década pasada fue contradictoria. En contraste con los
afanes de reforma educativa en la mayoría de países, en el Perú el Gobierno se
82
Ibid.


EL VÍNCULO ESTADO-MAGISTERIO SE HA REFERIDO HISTÓRICAMENTE A CONFLICTOS
RESPECTO DE MEJORES SALARIOS. PERO ES QUIZÁ LA AÚN VIGENTE LEY DEL PROFESORADO
(25212) LA QUE MEJOR GRAFICA EL DIVORCIO ENTRE LA CLASE POLÍTICA Y EL MAGISTERIO
NACIONAL.

limitó a tratar de modernizarla. Las políticas fueron adoptadas contando con présta-
mos y asesorías internacionales, en medio de una tendencia a la homogeneización
regional de las acciones por desarrollar: focalización en la pobreza, programas com-
pensatorios, «mejoramiento de la calidad», visión sectorial de la educación, devalua-
ción del rol de los docentes, tendencias privatizadoras, etcétera.

El Perú fue uno de los escasos países que no se animó a iniciar el camino de una
reforma educativa aprovechando los créditos brindados por los organismos financie-
ros internacionales, no obstante su urgente demanda.

A solicitud del Ministerio de Educación (MED), agencias internacionales como el
PNUD, la GTZ, el Banco Mundial y Unesco (OREALC) elaboraron durante 1993, en
diálogo con representantes del Estado y de la sociedad civil, el informe titulado
«Diagnóstico general de la educación». Una de las principales conclusiones a las
que se llegó en él fue que, si bien el sistema educativo peruano, comparado con el
de otros países de la región, mostraba altos índices de acceso en los niveles prees-
colar, primario, secundario y universitario, la situación de la calidad impartida era
particularmente crítica.

Seis fueron los aspectos más resaltantes de ese diagnóstico:83

• Ausencia de un programa nacional de educación.
• Carencia de inversión en el sector.

• Burocracia rígida unida a un exceso y superposición de normas y procedimientos,
con predominio de la gestión administrativa y financiera sobre la pedagógica.

• Falta de idoneidad del currículo para la educación básica.

83
El documento explicitaba con sólidos argumentos cada uno de estos elementos críticos y la necesi-
dad de organizar respuestas sistémicas (Rivero 2006).


• Carencia de materiales educativos pertinentes.

• Deterioro y falta de infraestructura y de mobiliario escolar.

La principal respuesta a esa situación se asemeja a otras ya ensayadas por agen-
cias de cooperación financiera en la región: la concesión de préstamos. La opción
educativa del régimen consistió en construir indiscriminadamente locales escolares,
con la mira puesta más en aumentar sus posibilidades de reelección que en mejorar
la calidad educativa.

El afán publicitario de Fujimori por vender la idea de que estábamos construyendo
«la mejor» educación de Latinoamérica tuvo su epílogo en los pobres resultados
conseguidos por los estudiantes peruanos en la evaluación comparada de la Unes-
co. El Perú fue el único país cuyo Gobierno prohibió a la mencionada institución
divulgar los resultados.

Respecto del Gobierno de Alejandro Toledo, se puede señalar que el mandatario
dejó pasar lastimosamente su publicitada intención de ser recordado como «el Pre-
sidente de la educación». Su errático manejo político hizo que desaprovechara tanto
los resultados de la Consulta Nacional de Educación promovida en el Gobierno de
Paniagua como los lineamientos de política educativa de la gestión de Lynch en la
Cartera, que revaloró el interés del Estado por la educación pública. La prometida
reforma educativa nunca se concretó. Los significativos aumentos salariales conce-
didos a los docentes fueron generalizados, algunos de ellos bajo presión sindical; no
vislumbró exigencias de mejores calificaciones ni estímulos para restablecer buenos
desempeños profesionales. Ni la declaración de «emergencia educativa» se tradujo
en políticas y recursos para enfrentarla.

El actual Gobierno de Alan García ha oficializado el Proyecto Educativo Nacional,
base de toda reforma que se intente desarrollar en el país. Su necesaria implemen-
tación debiera significar que el Estado por él liderado asuma en toda su magnitud lo
que implica sentar bases sólidas para el inicio del cumplimiento de los seis objetivos
acordados. Lo que haga o deje de hacer su Gobierno puede significar el afianza-
miento del cambio educativo requerido o la distorsión y hasta anulación de todo
intento transformador.


ESCENARIO 3:
Indiferencia frente a las demandas del Informe de la CVR en
materia de educación

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), encargada de elaborar un informe
sobre las causas y los efectos de la violencia que azotó al país entre 1980 y 2000,
señaló en ese documento que un área particularmente crítica fue la de la escuela
rural, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto.

Sugería la CVR, entre otras tareas de naturaleza educativa, las siguientes:

Atender con urgencia a la población más vulnerable, empezando por los más pe-
queños de las zonas más necesitadas.

Impulsar un plan de alfabetización que priorizara a la mujer adolescente y adulta de
las zonas rurales.

Redefinir la educación en cuanto a contenidos, metodologías y cobertura, en fun-
ción de las capacidades de acceso al mercado laboral, poniendo énfasis en la
población rural.

Devolver dignidad y dar calidad a la educación rural

El 28 de agosto de 2003 la CVR presentó a los poderes del Estado y a la Nación
toda los nueve volúmenes y los anexos de su Informe final, a los que se añadió,
pocos meses después, la versión resumida titulada Hatun Willakuy (en castellano,
Gran relato), con el que se quiso rendir homenaje a las miles de personas que
confiaron sus historias de tragedia y dolor.

Ha transcurrido suficiente tiempo como para aseverar que los gobernantes y la
clase política, con escasas excepciones, no han asumido las demandas de este
importante Informe. Más aun, el balance sobre el cumplimiento de sus recomenda-
ciones es fundamentalmente negativo, y las señales de una eventual voluntad polí-
tica por incorporar el mensaje de la CVR en las decisiones de Estado son débiles o
inexistentes.

El país sigue en deuda con las víctimas de la violencia denunciada. La ausencia de
una respuesta educativa capaz de atender lo demandado es parte de una deuda


mayor, lo que confirma que la desigualdad por diferencias étnicas sigue siendo un
pesado lastre nacional.

ESCENARIO 4:
Los desacuerdos frente al Acuerdo

El Perú invierte solo 251 dólares anuales por alumno; Argentina quintuplica esa
cifra, Brasil la cuadruplica, Chile la triplica y Costa Rica la duplica. En esas condicio-
nes es imposible pensar en mayores niveles educativos y en la consiguiente com-
petitividad con los países de Latinoamérica —menos aun, por supuesto, con los del
Norte desarrollado—.

En julio de 2002, el Foro del Acuerdo Nacional84 planteó que al sector Educación se
debía asignar el 6% del PBI, con incrementos anuales no menores de 0,25%.85 Esta
es una de las escasas sugerencias del citado Foro que señala cifras imperativamente.

Desde que la educación fue declarada en emergencia, el Foro del Acuerdo Nacio-
nal encomendó al CNE que se encargase de estimular un Pacto Social de Com-
promisos Recíprocos por la Educación, al que se lo vinculó con la obtención de
logros concretos en los aprendizajes de los estudiantes, con la consecución de
más recursos presupuestales y su mejor uso, con la modernización de la política
magisterial y con la moralización del sector.

Respecto de la demanda de mayor presupuesto, de poco valieron una intensa cam-
paña del CNE en los medios, la intervención de ilustres personalidades del país
exigiendo esos indispensables recursos para un sector como el educativo declara-
do en emergencia nacional, así como las especificaciones sobre estrategias de
gasto prioritario y de asignación directa en escuelas y regiones.

Cuando se aprobó el Acuerdo Nacional, la relación Presupuesto de Educación/
PBI era del 3,2%. Si el compromiso de participación porcentual se hubiese cumpli-

84
Este importante Foro fue constituido en 2002 por las principales fuerzas políticas del país y por
entidades representativas empresariales, sindicales, universitarias, eclesiales y de la sociedad civil;
en él también están representados el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. Si bien sus acuerdos
y mandatos no son imperativos, constituyen importante expresión colectiva de vigilancia ciudadana.
85
El Acuerdo Nacional está conformado por treinta políticas de Estado orientadas por cuatro objetivos
básicos: democracia y Estado de derecho; equidad y justicia social; competitividad del país; y Estado
eficiente, transparente y descentralizado. En la Política en Educación del Acuerdo Nacional se le dan
importantes funciones sociales propias, asociadas a una idea de desarrollo humano que demanda
cambios paralelos en ámbitos sociales, políticos y económicos.


do, en 2005 el presupuesto educativo debió representar más del 4% del PBI. Lo que
ocurrió, sin embargo, es que ese año el Ministerio de Economía y Finanzas asignó
8 899 millones de nuevos soles al sector Educación (esto es, 2,9% del PBI).86 Ade-
más, de los recursos para bienes y servicios, lo que llega a las escuelas es la menor
parte, pues la mayor proporción se destina a la administración.87

En el caso del actual Gobierno, a pesar de que Alan García ofreció, cuando candida-
to, aumentar el presupuesto de Educación en 0,25% del PBI cada año, una vez
elegido no cumplió con esa oferta. En este 2007, el presupuesto para el sector
Educación representó un descenso respecto del de 2006 (3,51% y 3% respectiva-
mente). Además, ejecutar el «shock de inversiones», estimulado desde la Presiden-
cia de la República, fue uno de los más serios problemas con los que debió lidiar el
ministro Chang.88

Una vez más, la clase política representada en los poderes Ejecutivo y Legislativo y
en el Foro del Acuerdo Nacional no hizo honor a los compromisos pactados en
favor de la educación.

ESCENARIO 5:
Una emergencia no correspondida

El 18 de julio de 2003, veinte días después de haber asumido el cargo, la presiden-
ta del Consejo de Ministro, Beatriz Merino Lucero, se presentó ante el Congreso
para exponer las políticas de gobierno, agrupadas en tres rubros: política económi-
ca, política social y políticas sectoriales. Al abordar la educación, que junto al tema
de la salud consideró «uno de los dos principales servicios sociales básicos que debe
brindar el Estado por su importante cobertura y efectos en el tiempo», se refirió
primero al bajo rendimiento escolar, después a «la crisis fiscal y las remuneraciones
insuficientes», y terminó por declarar «la Educación en estado de emergencia».

En su discurso del 28 de julio de ese mismo año el presidente Toledo señaló un
«punto de quiebre» y dictó 15 medidas para guiar el nuevo rumbo del país. La prime-

86
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Instituto Nacional de Estadística:
Marco Macroeconómico Multianual 2005.
87
El incremento de recursos asignados al sector solo cubre los aumentos remunerativos otorgados en
2004. Las partidas de remuneraciones y pensiones representan el 85% del presupuesto de Educa-
ción; del resto, solo 10% se destina a bienes y servicios y 5% a gastos de capital (Fuente: CNE).
88
Asumir el gasto de fondos extrapresupuestarios en escaso tiempo ha significado el despido de
funcionarios acusados de ineptitud o de supuestos malos manejos en licitaciones.


ra era una «reforma tributaria en 90 días», por la que se establecían los impuestos
con los que iba a financiar educación, salud, seguridad, desarrollo vial, para que
estos ingresos fiscales no se queden en la burocracia. La segunda medida fue el
«Programa Nacional de Emergencia Educativa», que sería orientado por la Ley Ge-
neral de Educación, la «declaratoria de Emergencia de la Educación» y las «políticas
Décimo Segunda y Décimo Sexta del Acuerdo Nacional».

¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar tan drástica
decisión administrativa?

Desde el punto de vista internacional, los pobres resultados de la evaluación com-
parada de Unesco y el último lugar entre 42 países participantes en la Prueba
PISA, que medía fundamentalmente la capacidad de los jóvenes de 15 años de
leer y entender textos.

Influyó también la Evaluación Nacional del Aprendizaje correspondiente al año 2001,
realizada entre 40 mil estudiantes por el Ministerio de Educación, que arrojó resul-
tados pavorosos sobre todo para los centros de educación pública. Apenas el 44,6%
de los niños que se educan en los planteles estatales de Lima tienen capacidad
para comprender elementalmente un texto que leen; el 56,4% restante no lo en-
tiende. En las escuelas rurales y las poblaciones bilingües esos resultados se ex-
presan con mucho mayor dramatismo.

La declaración de emergencia educativa exigió al MED readecuar sus prioridades
de acción.89 Sin embargo, el Programa Nacional de Emergencia Educativa no signi-
ficó una convocatoria al país ni un esfuerzo de movilización nacional para enfrentar
colectivamente la dramática situación que le dio origen.90

El Programa tenía entre sus propósitos, oficialmente explicitados, asegurar los re-
querimientos económicos exigidos por la emergencia y comprometidos en el Acuer-
do Nacional, así como impulsar el recientemente creado Fondo Nacional de Desa

89
Los principales mecanismos administrativos que se dieron para enfrentar la emergencia fueron: (a)
Resolución ministerial 0853-2003-ED: «Disposiciones referentes a la aplicación progresiva de la Ley
General de Educación N° 28044, de las medidas de emergencia educativa ya dictadas, y del Programa
Nacional de Emergencia Educativa 2004"; (b) Directiva 063-2003-VMGP: «Orientaciones y activida-
des para atender la Emergencia de la Educación en el año 2003" (18 de agosto de 2003).
90
Muchas de las acciones iniciadas se trabaron en el propio aparato administrativo del Estado que,
escindido y segmentado, no está preparado para la flexibilidad y la urgencia, no estimula la iniciativa
y más bien tiende a restringir márgenes de acción.


rrollo de la Educación Peruana (FONDEP). No obstante esa intencionalidad, la emer-
gencia se enfrentó sin presupuesto propio y sin fondos adicionales; el plan se redujo
a tratar de organizar mejor y hasta innovar las acciones propias de toda administra-
ción educativa.91 Uno de los aspectos que mejor grafica esa incongruencia tiene
que ver con el FONDEP, organismo clave en la nueva Ley General de Educación
para financiar iniciativas y proyectos de desarrollo diferentes de las acciones rutina-
rias del sector. El Fondo ‘nació’ con apenas 2 millones de soles (571 000 dólares),
que contrastaban con los 45 millones de dólares asignados al por entonces recién
creado Fondo de Defensa Nacional.

Un análisis sobre la acción del Estado en esta emergencia educativa (Montero 2005).
incluye apreciaciones críticas como las siguientes:

• Es necesario destacar, en primer lugar, que la situación que provocó la declaratoria
de emergencia sigue teniendo hoy plena vigencia, como lo indican los resultados de
la última prueba de rendimiento estudiantil aplicada en noviembre de 2004. Se
mantiene la brecha entre instituciones estatales y no estatales a favor de estas
últimas.

• En materia de medición de logros de aprendizaje, el Programa de Emergencia no
tuvo ni tiene una línea de base rigurosa que permita conocer de manera sistemática
en qué medida se produjeron cambios por lo menos en las escuelas intervenidas por
el Programa.

• En las Orientaciones y Normas Nacionales para la gestión de instituciones educati-
vas de educación básica de 2006, el Programa Nacional de Emergencia ha sido
desactivado como programa especial. En ellas no se hace ninguna referencia al
término «emergencia» ni al Programa Nacional de Emergencia 2004-2006; sus
diversos componentes se subsumen o diluyen en otras actividades.92

Al finalizar el régimen de Alejandro Toledo y en lo que va del Gobierno de Alan
García se ha eliminado toda mención oficial a la «emergencia educativa». Como si
no mencionarla equivaliera a haberla solucionado.

91
Céspedes señala: «[…] las medidas y acciones desarrolladas hasta ahora parecen confundir la
emergencia con la ejecución de un plan general de gestión ministerial [...] no han logrado cumplir con
los objetivos planteados» (Céspedes 2005).
92
Se debe reconocer, sin embargo, que en el Ministerio de Educación hubo valiosas iniciativas,
aunque sin el impacto que un real compromiso gubernamental para abordar esa emergencia hubie-
se logrado.


EL PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA NO SIGNIFICÓ UNA CONVOCATORIA
AL PAÍS NI UN ESFUERZO DE MOVILIZACIÓN NACIONAL PARA ENFRENTAR COLECTIVAMENTE
LA DRAMÁTICA SITUACIÓN QUE LE DIO ORIGEN.

ESCENARIO 6:
¿Militarización de la educación?

Los recientes pedidos de la Comisión de Defensa del Congreso, referidos a la
reinstauración de la Instrucción Premilitar, tienen a la educación militarizada y a los
símbolos ceremoniales como bien deseable.93

La propuesta de la bancada aprista no es novedad. A lo largo de nuestra historia, y
desde que fuera establecida en 1905 por el Gobierno del presidente Manuel Par-
do y Barreda, se han presentado una serie de proyectos legislativos que han abo-
gado unos por su derogación y otros por su reimplantación. No es la primera vez
que el APRA apela por su restablecimiento. Lo hizo en 1989, cuando Mercedes
Cabanillas era ministra de Educación. En el subtítulo «El sistema educativo y el
magisterio», el Informe de la CVR señala que en ese entonces el curso de Instruc-
ción Premilitar se implantó en el sistema educativo bajo la responsabilidad del Mi-
nisterio de Defensa, con el objetivo de enfrentar a la subversión mediante el fo-
mento de las virtudes cívico-patrióticas y la identificación con los símbolos patrios
(CVR 2003), pues se consideraba que en el espacio educativo también se desarro-
llaba la subversión. Así, «la militarización de la escuela» por medio del curso de
Instrucción Premilitar se convirtió en otro componente de la lucha antisubversiva
(CVR 1993).

Resultados de encuestas de opinión revelan que este tipo de instrucción es popu-
larmente deseada, pues existe la falsa creencia de que ella «disciplinará y hará más
patriotas a nuestros jóvenes». Asimismo, la «popularidad» de anuncios como el de la
pena de muerte, destacada sin distinguir que nada incentiva más la violencia popu-
lar que la falta de justicia imperante, confirma que no siempre los resultados de
encuestas deben guiar decisiones políticas.
95
Sobresale en esta iniciativa, como presidente de esa Comisión, el congresista Luis Gonzales Posa-
da, del PAP. Posteriormente fue elegido Presidente del Congreso.


LA MIRADA CRÍTICA DE UN EX MINISTRO DE EDUCACIÓN

Los cinco escenarios aquí descritos tienen corolario en un ensayo polémico
de Nicolás Lynch, que es una aproximación más política que pedagógica al
tema educativo. En él, su autor hace un análisis tanto de su gestión ministe-
rial, en el que enfatiza los obstáculos que impedían el cambio en el sector,
como del desinterés de la clase política y del sindicalismo «arcaico» de la
dirección del SUTEP.(i) Presenta dos escenarios significativos sobre la vincu-
lación de la clase política con la educación (Lynch 2006: 11, 22 y 42):

• Refiriéndose a la Comisión de Educación del Congreso, afirma: «Allí, salvo
dos señoras congresistas, Mercedes Cabanillas y Gloria Helfer, que habla-
ban, una para atacar y otra para defender la voluntad de cambio expuesta,
nadie más parecía interesarse en el tema educativo, sus intereses eran pun-
tuales y en muchos casos personales prefiriendo tratarlos con el ministro
cuando terminaba la sesión. El partido que sí se interesó casi de inmediato
en el MED, aunque no por razones del tema que ocupa a ese despacho, fue
Perú Posible, el partido de gobierno […] cuyo interés fundamental era la
captura de puestos de trabajo a como diera lugar».

• Respecto del presidente Toledo, asevera: «Dependíamos de un Presidente
cuyo interés por la educación, más allá de la retórica que lo acompañaba, se
ha comprobado que era mínimo. Tuvo, además, la ligereza de afirmar, luego
de que el suscrito se retirara del gobierno, que no conocía que se hubiera
desarrollado programa de reforma alguno durante la gestión, cuando cada
paso que di se lo consulté escrupulosamente en las reuniones semanales
que sosteníamos, además de exponer y pedir la aprobación de las decisio-
nes más importantes en el Consejo de Ministros».

Los párrafos seleccionados merecen una reflexión sobre la tradicional in-
consecuencia entre la retórica electoral y la realidad del ejercicio guberna-
mental de congresistas y gobernantes.(ii)

(i)
Lynch fue ministro de Educación en el periodo julio 2001-julio 2002.
(ii)
Buen número de los congresistas del período 2001-2006 prometió en sus campañas electo-
rales preocuparse especialmente por la educación, y cuando candidato Toledo prometió que
su gobierno sería recordado como «el quinquenio de la educación».


La escasa cultura política y ciudadana predominante requiere, por el contrario, una
mentalidad secular y civil, básica para la práctica de la tolerancia y el espíritu crítico
y para el respeto de los derechos humanos. Al parecer, para los representantes de
nuestra clase política inspiradores de tal demanda ello no tiene la importancia su-
ficiente ni está ligado a la viabilidad de lo que entendemos por democracia; identi-
fican el «patriotismo» con la formación de cierto talante militarizado.

Los desfiles escolares por Fiestas Patrias han sido expresión de la educación de-
seada por quienes alientan la Instrucción Premilitar. Al respecto, Carvallo señala en
opinión principista:94

¿Qué tienen que ver las armas con demostrar el amor a la patria? Es inexplicable
que creamos que los escolares muestran el sentimiento de gratitud hacia el Perú
marchando con paso de militar por las calles de su distrito […] El amor de los
escolares por la patria tendría que manifestarse en su afán cumplidor, en su alegría
y su motivación. Marchar con fusiles en el hombro bajo el ritmo de un redoble de
guerra y con las trompetas que amenazan al enemigo no solo no fomenta ni exhibe
el amor a la patria sino que muchas veces lo desalienta y malogra. ¿Es el desfile,
como quiere la educación peruana, un acto inclusivo? ¿Pueden marchar los disca-
pacitados, los «chatos», los obesos? Hay una selección en las escuelas del mejor
biotipo para ganar un ridículo oropel. Y luego están esos «brigadieres» abusando con
su palo blanco del momentáneo poder.

Es alentador que, contradiciendo el espíritu de la iniciativa de la bancada congresal
aprista, el Ministerio de Educación —particularmente el viceministro de Gestión
Pedagógica Idel Vexler— haya dado directivas para que a partir del año 2007 los
ensayos para los militarizados desfiles escolares se realicen fuera del horario des-
tinado a clases, al tiempo que prohíbe el uso de uniformes de tipo militar y de
artefactos que representen objetos bélicos durante las actuaciones que acompañan
a los desfiles. Se están dando pasos importantes para no dar un significado castren-
se a un festejo que debiera ser eminentemente cívico.

ESCENARIO 7:
Mala culminación del proceso de Carrera Pública Magisterial

Como se ha señalado en la parte II de este libro, la Carrera Pública Magisterial
(CPM) ha sido objeto de análisis y de diversas propuestas que, sin excepción, tenían

94
Artículo «Adiós a las armas», en La República, Lima, 16 de abril de 2007.


como propósito introducir elementos meritocráticos que posibiliten una mayor profe-
sionalización y mejoras/estímulos en el ejercicio docente. El debate nacional se vio
empañado por la abierta actitud confrontacional entre el Gobierno y las dirigencias
magisteriales, y por la distorsión de que fue objeto el conjunto de elementos de esta
nueva CPM, muchos de ellos con carácter esperanzador e innovador para el magis-
terio. Así, el tema se redujo a la posibilidad o exigencia de salida de maestros que no
fueran capaces de aprobar hasta tres evaluaciones. El «debate parlamentario» fue
insuficiente, se festinaron procedimientos y acuerdos en la Comisión de Educación,
y se dieron argumentos a dirigencias radicalizadas del SUTEP opuestas a la apro-
bación de una nueva CPM que sustituyera, en la práctica, la Ley de Profesorado
vigente. La huelga indefinida iniciada el 5 de julio fue la triste culminación de esas
intransigencias y distorsiones.

El 6 de julio de 2007, Día del Maestro, fecha en la que dirigentes del Congreso, en
coordinación con el Ejecutivo, aspiraban a que la nueva Ley de Carrera Pública
Magisterial fuese aprobada, el país observaba un panorama difícil y alarmante sig-
nado por los elementos que a continuación se detallan.

En el Congreso95

• El 29 de mayo de 2007 el congresista Escudero, en su calidad de Presidente de la
Subcomisión de Educación Básica, y siguiendo la aprobación por unanimidad de la
Comisión de Educación, sustentó un predictamen sobre la base de los documentos
de proyectos de ley presentados y de los debates realizados.

• El 4 de junio de 2007 Mercedes Cabanillas, presidenta del Congreso, envió al Presi-
dente de la Comisión de Educación una carta remitiéndole «un texto consensuado
entre los Asesores de los Congresistas miembros de la Comisión de Educación,
respecto a la Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera
Pública Magisterial».

• El 5 de junio de 2007 se inició el debate de la Ley de CPM en la Comisión de
Educación, a partir del texto del predictamen elaborado por la Subcomisión presidida
por el congresista Escudero. En el debate de los tres primeros artículos, el congresis-
ta Calderón (APRA) presentó, en cada caso, textos sustitutorios con base en el texto
enviado por la Presidenta del Congreso, y que fueron sucesivamente aprobados por

95
La información cronológica de los hechos en el Congreso fue obtenida por Máximo Gallo, miembro
del equipo técnico del CNE, quien asistiera a las mencionadas sesiones.


representantes del APRA, UN y el fujimorismo. A pedido expreso del representante
aprista, se eliminó del artículo 1.º la mención que vincula a la CPM con el Proyecto
Educativo Nacional.

• El 12 de junio de 2007 se aprobaron los siguientes diez artículos sobre el «texto
consensuado» por Cabanillas y avalado por apristas y fujimoristas, con algunos aña-
didos propuestos fundamentalmente por UN. En pleno debate del artículo 13.º, el
congresista Calderón propuso que se vote el «texto consensuado» en bloque y que
este texto fuese asumido como dictamen en mayoría;. se «aprobaron» por mayoría
50 artículos y disposiciones complementarias sin debatirlos.

• Entre el 15 y el 21 de junio de 2007 se presentó al Congreso el Dictamen en
Mayoría firmado por cinco congresistas (tres del APRA y dos fujimoristas), y dos
dictámenes por Minoría firmados por cuatro congresistas (dos nacionalistas y dos de
UPP) y por un congresista de UN.

• El 5 de julio de 2007 inició sus sesiones la Comisión Permanente; el primer punto de
su agenda era Ley de CPM.

SUTE
UTEP
En el SUTE P

• La facción más radical, encabezada por el profesor Robert Huaynalaya, inició a media-
dos de junio una huelga indefinida para protestar contra la CPM, destinada a «despedir
docentes» y contra la municipalización, orientada a «privatizar la educación». La medi-
da tuvo un eco inicial en regiones de la sierra central del país.

• El 5 de julio, estimulada por el creciente poder de convocatoria de la facción enca-
bezada por Huaynalaya, el SUTEP nacional, liderado por el profesor Luis Muñoz,
empezó una huelga nacional indefinida destinada a frenar la aprobación del Proyec-
to de Ley de Carrera Pública Magisterial, demandó un mayor debate de él y denun-
ció la decisión del Congreso de aprobar «al caballazo, una norma que abre las com-
puertas del despido arbitrario». Muñoz señaló que sus demandas también compren-
dían el incremento del presupuesto para el sector Educación, el nombramiento de
docentes y sanciones a los responsables de la corrupción con motivo del «shock de
inversiones».96

96
Fuente: Diarios del día 3 de julio de 2007.


ME
En el Gobierno y el M E D

• El presidente García lanzó duras críticas a las dirigencias magisteriales, a las que
llamó «ociosos y sinvergüenzas»; el premier Jorge del Castillo les dijo «primos her-
manos de Sendero».97

• El 3 de julio se publicó en El Peruano la ley 2898, que declara la educación como
Servicio Público Esencial; la norma será reglamentada por un decreto supremo que
entrará en vigencia el día de su publicación. La ley tiene como objetivo garantizar
que el servicio de enseñanza de las instituciones educativas no se interrumpa por
paralizaciones o huelgas de docentes y de personal administrativo. Faculta a las
UGEL y a las DRE a contratar a «maestros sustitutos» inscritos en el Padrón Nacio-
nal de Docentes Alternos.

• El Ministro de Educación declaró ilegal la huelga sutepista y anunció en un progra-
ma televisivo que al quinto día de abandono de labores los docentes podrían ser
despedidos.98

En padres de familia

• En carta abierta dirigida a dirigentes del SUTEP, la Central Nacional de APAFA
calificó como «imprudente» la huelga magisterial, y acusó a ese gremio de que la
hacía «[…] sin importarles que los que sufren las consecuencias son siempre los
niños pobres de las escuelas públicas que ustedes dicen defender, porque ustedes
responden sólo a los intereses de su partido, especializado en crear el caos y la
violencia».99

• La presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Lima y Callao, Elvira Corra-
les, consideró como «una falta de respeto para los estudiantes» la huelga indefinida
del SUTEP.100

97
Respuestas de ambos dignatarios ante las agresiones de docentes radicalizados en Ayaviri dirigien-
do piedras y huevos al estrado desde donde se dirigía a los pobladores el presidente García, en la
última semana de junio 2007. Luis Muñoz, máximo dirigente del SUTEP, señaló al respecto que no
justificaba pero sí «entendía» la reacción de maestros insultados por el Primer Mandatario.
98
Declaraciones del ministro J. A. Chang en el Programa Prensa Libre, de canal 4, el 4 de julio de 2007.
Explicó que en Lima habían sido registrados unos 12 000 maestros alternos.
99
Comunicado suscrito por Adolfo Valdivieso, presidente de CENAPAFAS; Miguel Pinillos, presidente
de FRADEC, y Walter Pariona, presidente de FRADEL, publicado en Perú.21 el 5 de julio de 2007.
100
Diario El Comercio, Lima, 5 de junio de 2007.


Hacía mucho tiempo que el país no era escenario de una lucha tan maniquea entre
el Gobierno y el gremio docente.

El importante proceso de construcción de la CPM ha perdido toda posibilidad de
culminar bien. El apresuramiento de dirigentes del Poder Ejecutivo y del Congreso
para aprobar a como diera lugar un texto no consensuado, y la intransigencia de una
dirigencia magisterial propiciadora de una huelga general impopular, fomentada en
buena medida por actitudes de representantes de la clase política gobernante y por
sus temores de ser rebasada por núcleos más radicalizados en el propio magisterio,
han sido factores decisivos para esta indeseable situación.

La CPM, elemento esencial para la construcción del Proyecto Educativo Nacional,
tiene el peor de los escenarios para su viabilidad y posterior ejecución.

d. LA EDUCACIÓN EN LAS ELECCIONES DE 2006
Asociar el reciente proceso electoral a la educación debiera demandar, en primer
término, tratar de distinguir entre las candidaturas que se limitan a afirmar genéri-
camente su mayor interés en la educación de nuestros niños y jóvenes, de las que
ofrecen argumentos para modificar el actual rumbo de nuestra educación y propo-
nen hacer los cambios drásticos que la actual precariedad educativa exige.

La campaña para las elecciones de 2006 tendrían que haber significado un esfuer-
zo colectivo para que la señalada contradicción entre la oferta y el ejercicio político
no vuelva a afectar la credibilidad ciudadana, y en pro del fortalecimiento de la
organización y vigencia de comunidades educativas para ejercer vigilancia sobre el
buen uso de los mayores recursos que se podrían otorgar a la educación y para
lograr efectivos aprendizajes de nuestros niños y adolescentes. No fue eso, sin em-
bargo, lo que ocurrió.

En materia de educación, el último proceso electoral tuvo algunas características
que lo diferencian de campañas anteriores. En lo que sigue se señalan algunas.

• ORGANIZACIÓN DE ESCENARIOS ESPECÍFICOS CON DEMANDAS DE MAYOR
EXIGENCIA A COLECTIVIDADES POLÍTICAS

Confirmando la creciente importancia que se comienza a dar a la educación como
factor de desarrollo, por primera vez en los procesos electorales se organizaron
importantes conferencias y convocatorias con esta temática. En varias de ellas fue-


ron explícitamente convocados los cuatro candidatos con mayor intención de voto
en las encuestas de opinión. Lamentablemente, esta ocasión confirmó el bajo nivel
de importancia de la educación en sus agendas electorales; en ninguna de las
convocatorias asistió personalmente más de un candidato.

Foro Educativo desarrolló su Conferencia «Educación y Buen Gobierno» y planteó
que los candidatos reaccionaran frente a los resultados de una entonces reciente
Encuesta Nacional de Educación. El único postulante a la Presidencia que asistió
fue Valentín Paniagua, del Frente de Centro.101

La Universidad del Pacífico, Consigna Educación (entidad jesuita) y la Corporación
Andina de Fomento (CAF) organizaron el Intercampus «La Educación que quere-
mos: 2006-2011», y, con el concurso de especialistas, elaboraron un balotario de 22
preguntas que debieron escoger por sorteo los cuatro líderes convocados. La candi-
data Lourdes Flores (Unidad Nacional) asistió personalmente, y Valentín Paniagua
lo hizo utilizando tecnología a distancia.102

La Derrama Magisterial llevó a cabo un I Congreso Internacional de Educación
Encinas 2006, en cuyo programa se preveía la participación de candidaturas presi-
denciales. El único que acudió fue Alberto Moreno, del Movimiento Nueva Izquier-
da.103

La Universidad de San Martín de Porres realizó la VI Sesión de su Cátedra Perú en
programa transmitido por canal 7 en todo el país, con el título «El drama de la
educación y las promesas electorales». Especialistas del Frente de Centro, Unidad
Nacional, el Partido Aprista y el Partido Nacionalista Unión por el Perú analizaron
diversos aspectos de la realidad educativa vinculándolos a sus planes de gobierno.104

101
La Conferencia Nacional de Foro Educativo se desarrolló del 16 al 19 de enero de 2006. Las otras
tres fuerzas políticas convocadas estuvieron representadas por un candidato a la vicepresidencia
(Partido Nacionalista), una congresista y ex Ministra de Educación (APRA) y un especialista (Unidad
Nacional).
102
Intercampus se desarrolló el día 1 de marzo de 2006. El Partido Nacionalista fue representado por
su candidato a la vicepresidencia Gonzalo García y el educador Edmundo Murrugarra; el Partido
Aprista, por la congresista Mercedes Cabanillas.
103
Encinas 2006 se desarrolló del 20 al 24 de febrero, y asistieron 1 500 maestros. Las principales
fuerzas políticas fueron representadas por sus especialistas.
104
El programa se transmitió durante dos horas la noche del sábado 4 de marzo. Participaron represen-
tando a las fuerzas políticas convocadas: Mercedes Cabanillas (APRA), Edmundo Murrugarra (Par-
tido Nacionalista UP), Federico Prieto C. (Unidad Nacional) y Edgardo Pando (Frente de Centro).


Transparencia, Unicef y Save the Children, en el marco de su iniciativa «Elígeme a
mí, yo también cuento: Compromisos de política por la niñez peruana», organizaron
paneles de discusión con representantes de ocho fuerzas políticas para abordar los
planes de gobierno en materia de infancia. Los organizadores enviaron un cuestio-
nario de cuatro preguntas en los que demandaban respuestas escritas previas; fue-
ron convocados los ocho partidos que cumplieron con desarrollar las preguntas reci-
bidas.105

• DEMANDAS EXPLÍCITAS DE LA POBLACIÓN

Foro Educativo desarrolló, con la organización Apoyo, una importante encuesta
nacional sobre educación.105 Sus resultados señalan con claridad una opinión colec-
tiva desfavorable a la actual educación, a la que se asignó una calificación promedio
de 11,9; un 33% de los encuestados calificó de «mala» la calidad de la enseñan-
za.107

Los cinco principales problemas que afectan la calidad educativa son, según los
encuestados, los siguientes: 1) La corrupción en los diferentes niveles educativos.
2) La pobreza de las familias. 3) La baja calidad de los profesores. 4) La escasez de
recursos del Estado. 5) La escasa participación de los padres de familia.

Respecto de los valores que las escuelas imparten, las respuestas se asociaron
fundamentalmente con aquellos como «disciplina/sentido de responsabilidad»,108
«respeto a las personas» y «puntualidad». En cambio, la «alegría por el éxito de los
demás», el «espíritu emprendedor», la «perseverancia» y la «actitud no discriminato-
ria» ocuparon los últimos rangos de valor.

105
Esta actividad se desarrolló los días 27 y 28 de febrero de 2006; fueron representadas por especia-
listas las siguientes fuerzas políticas, que se mencionan en orden de presentación: Partido Aprista,
Concertación Descentralista, Partido Socialista, Unidad Nacional, Partido Nacionalista UP, Partido
con Fuerza Perú, Partido Alianza para el Progreso y Frente de Centro.
106
La encuesta se realizó entre el 28 de setiembre y el 10 de octubre en zonas urbanas y rurales de 11
regiones del país, con una muestra de representatividad nacional. Fueron entrevistados un total de
1504 hombres y mujeres de 18 a 65 años de todos los niveles socioeconómicos.
107
En este y otros resultados de la encuesta se expresan la escasa capacidad crítica y un evidente
conformismo de los niveles socioeconómicos D y E; sus calificativos elevaron el promedio (el NSE A
califica a la educación con un desaprobado 9,8, mientras el E la aprueba con 12,9 puntos).
108
Es signo de preocupación que en las expectativas de la población en relación con valores educa-
tivos sobresalgan los de disciplina y patriotismo, entre otros (muchos añoran el retorno de la Instruc-
ción Premilitar en los colegios). En términos generales, la gente asocia orden a disciplina, y libertad
a caos e indisciplina.


Un 50% de los entrevistados afirma que la educación actual es «mucho mejor» que
la de antes, aunque un 45% asume, esperanzadoramente, que en los próximos años
será «mejor» o «mucho mejor». Para un 76% la educación privada es mejor que la
pública (21%), y la religiosa (59%) mejor que la laica (34%). La educación que se
da en Lima (67%) es mejor que la de provincias (20%). La que se brinda en el
extranjero (80%) es mejor que la del Perú (11%). Las escuelas mixtas (53%) son
mejores que las no mixtas (40%).

Ante la pregunta «¿Qué debería hacer el nuevo gobierno?», las medidas que se
sugieren como urgentes son: Capacitación de maestros (74%) y el Aumento del
presupuesto para la educación (70%). Dar mayores sueldos a docentes (54%) está
ligado a la Evaluación Periódica del desempeño de maestros (47%). La Educación
básica de calidad para zonas rurales representa el quinto mandato (44%) de la
encuesta.

Respecto del perfil que debieran tener las autoridades educativas, alrededor del
80% de los entrevistados afirman que para ser buen ministro, director regional o
director de una institución del sector educativo se necesita ante todo ser honesto y
honrado. Al buen ministro de educación se le demanda como segunda cualidad
«tener autoridad/capacidad de mando»; al buen director regional, «ser buen adminis-
trador»; y al buen director de colegio, «ser buen pedagogo/maestro».

• PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS
EDUCATIVOS REGIONALES

La difusión y debate —más limitados de lo que desearan sus impulsores— del Proyec-
to Educativo Nacional, y la activa presencia de la sociedad civil en la construcción de
varios Proyectos Educativos Regionales, dieron nuevos parámetros al debate educati-
vo electoral; así, se demandó que las diferentes candidaturas establecieran su posición
frente a estos mecanismos y propuestas considerando el largo plazo.

En todos los eventos mencionados se hizo explícito énfasis en la importancia de
considerar como referente del cambio educativo demandado la propuesta de Pro-
yecto Educativo Nacional (PEN) por el CNE. En un país como el nuestro, donde la
opción por la coyuntura y la no continuidad de políticas es común en materia edu-
cativa, este PEN, su debate y concreción constituyen una prueba real de la visión de
la Educación como política de Estado en las diferentes propuestas electorales en
juego.


LOS CINCO PRINCIPALES PROGRAMAS QUE AFECTAN LA CALIDAD EDUCATIVA SON, SEGÚN
LOS ENCUESTADOS, LOS SIGUIENTES: 1) LA CORRUPCIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES
EDUCATIVOS. 2) LA POBREZA DE LAS FAMILIAS. 3) LA BAJA CALIDAD DE LOS PROFESORES.
4) LA ESCASEZ DE RECURSOS DEL ESTADO. 5) LA ESCASA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
DE FAMILIA.

• PRINCIPALES ÉNFASIS EDUCATIVOS DE ALGUNOS PROGRAMAS DE
GOBIERNO

Si bien no es propósito de este trabajo hacer un análisis pormenorizado de las
políticas educativas en los correspondientes planes de gobierno, importa señalar
algunos consensos destacables, como la coincidencia en el carácter severo de la
crisis educativa y la necesidad de priorizar el sector Educación incrementando su
participación en el presupuesto de manera significativa (la mayoría hace alusión a
lo demandado por el Foro del Acuerdo Nacional, esto es, un incremento anual de
no menos del 0,25% del PBI).

Por razones de espacio, aquí se señalan solo los diferentes énfasis de las cuatro
candidaturas presidenciales con mayor intención de voto:

• El APRA priorizó el programa de matrícula oportuna y enfatizó la ampliación de la
jornada de educación escolar incrementando una hora diaria en los turnos diurnos y
utilizando los sábados; explicitó una jornada semanal docente de 30 horas. Propuso
fortalecer la atención integral de la primera infancia y transferir INFES a regiones
para mejorar la infraestructura escolar. El soporte del programa Sierra Exportadora
sería la educación superior no universitaria. Prometió implementar el Sistema Na-
cional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, impulsar
el canje de deuda por educación y modernizar la Carrera Pública Magisterial.

• El Frente de Centro anunció una «revolución educativa» que tendría como pilar el
Proyecto Educativo Nacional que se acuerde sobre la base del planteado por el
CNE, que se aprobaría en los primeros sesenta días de legislatura. Propuso una
nueva Ley de Carrera Pública Magisterial, la expansión del nivel de educación ini-
cial, un promedio de escolaridad no menor de 8 años y secundaria completa para 9
de cada 10 peruanos. Planteó articular el sistema educativo con sectores de la


producción y hacer de la educación universitaria y tecnológica el motor del cambio.
Enfatizó la descentralización y regionalización del sistema educativo.

• El Partido Nacionalista Unión por el Perú remarcó los aspectos interculturales y
productivos en el currículo y la gestión y en el logro de los aprendizajes. Priorizó la
atención intersectorial a la primera infancia y el logro de estándares de comprensión
lectora disminuyendo la exclusión en los dos primeros grados. Demandó una nueva
Ley de Educación Superior poniendo en ejecución un sistema de evaluación y acre-
ditación de la calidad y pertinencia. Propuso la reestructuración del MED y una
descentralización educativa. Enfatizó la recuperación del prestigio magisterial por
medio de avances de aprendizajes, con una reorientación de formación docente y
una remuneración adecuada.

• Unidad Nacional remarcó la necesidad de elevar la calidad educativa en la escuela
pública creando una Superintendencia de Educación encargada de medir estánda-
res del rendimiento escolar y acreditar instituciones educativas (asumió el plantea-
miento del Banco Mundial de «lectura y comprensión de 60 palabras por minuto»).
Propuso como eje una nueva Ley de Carrera Pública Magisterial. Planteó «erradi-
car» el analfabetismo dando prioridad a la mujer rural e innovar la formación técnico-
productiva, replicando buenas prácticas de SENATI y SENCICO. Especificó la nece-
sidad de un diálogo permanente que permita, entre otros aspectos, erradicar la co-
rrupción administrativa.

Hubo, sin embargo, algunas notorias ausencias: ninguna de las cuatro propuestas
hacía referencia explícita sobre las importantes demandas educativas —aún no cum-
plidas— de la CVR.

La sensación final que dejó este proceso electoral fue que las propuestas educati-
vas resultaban muy insatisfactorias y representaron improvisados planteamientos
que no estuvieron a la altura de las expectativas ciudadanas respecto de la educa-
ción y la grave crisis que se afrontaba.

Cabe recordar que, por lo general, los comportamientos de los vencedores en comi-
cios generales no toman en cuenta sus programas o acciones prioritarias ofertadas.
Los casos de Alejandro Toledo y de Alan García confirman anteriores testimonios
poselectorales.

La falta de continuidad entre los sucesivos ministros que designó el presidente Tole-
do durante su gestión fue evidente. El país conoció hasta dos propuestas públicas de
políticas educativas: la presentada por el ministro Lynch, al comienzo del Gobierno
—que no tuvo continuidad en las dos siguientes gestiones ministeriales—, y la del
ministro Sota Nadal, durante los últimos años del quinquenio.


Como se especifica en otra parte de esta publicación, no ha habido correspondencia
entre el programa mínimo (puesto en marcha en los primeros 180 días) y el desarro-
llado durante los ocho primeros meses de gestión del Gobierno del presidente Gar-
cía, con el programa educativo ofrecido en la campaña electoral.


3. LAS AGENDAS EDUCATIVAS DEL PRESIDENTE
GARCÍA

«Una reforma radical en la educación plantea Chang»
(titular principal de portada del diario
El Comercio, Lima, 23 de febrero de 2007,
refiriéndose a declaraciones del Ministro de Educación).

«El cambio verdadero no se da por el camino de lo espectacular,
sino por el de procesos continuos y sistemáticos […]»
(carta al Ministro de Educación de directores de ISP
públicos y privados de la selva peruana, febrero de 2007).

Apenas instaurado su segundo Gobierno, el presidente García afirmó que aspiraba
a ser el Nicolás de Piérola del siglo XXI. En materia educativa, la administración de
Piérola no estuvo a la altura de otros reconocidos logros. Así, Basadre señala: «Ex-
trañará tal vez que habiendo abordado el segundo gobierno de Piérola problemas
trascendentales como el electoral, el militar, el hacendario, el monetario y otros, el
capítulo de la educación pública esté en blanco dentro de su historia».109

Por lo visto en sus primeros nueve meses de Gobierno, Alan García no aspira a
repetir la historia pierolista de un capítulo educativo vacío de propósitos y acciones.
Tiene los casi cuatro años que le restan de gobierno para demostrar que la lucidez
y la franqueza de Piérola, indispensables para una comunión entre gobernante y
gobernados, pueden ser emuladas para enfrentar con acierto el cambio radical que
requiere nuestra educación.

109
A pesar de esta afirmación, nuestro primer historiador elogia la claridad y franqueza del recordado
mandatario, aun cuando este afirmó que, respecto de la instrucción pública: «[…] nada eficaz he
podido intentar acerca de ella«. Piérola daba especial importancia a la mala educación como el
origen de los males nacionales: «[…] la verdad es que se estudia poco, muy poco, mal y se aprende
peor«. Refiriéndose a las instituciones educativas y al sentido de la educación, afirmaba: «En las
escuelas se pervierte la facultad de pensar; perversión que se acentúa con la lectura de malos
periódicos; y como es allí donde se forman las clases dirigentes naturales, lógicos, necesarios, son los
rumbos de extravío de la Nación entera. En cuanto a la educación, mucho más importante que la
instrucción misma, ¿quién se preocupa seriamente de ella?« (Basadre 1983).


a. DE LAS PROMESAS ELECTORALES A LA NUEVA AGENDA
PRESIDENCIAL
Los diversos análisis de las principales características del segundo Gobierno del
APRA coinciden en que el protagonismo mediático del presidente García marca la
pauta de los sucesivos énfasis de su gestión y de los temas que deben ser privile-
giados con el apoyo de los medios de comunicación. Y la educación no ha escapa-
do de esta dinámica.

Es tarea difícil tratar de analizar las iniciativas impulsadas hasta mayo de 2007 en
el ámbito de la educación, sobre todo si lo que se busca es su valía o insuficiencia
y sus correspondientes efectos en lo pedagógico. Respecto del tema educativo, la
labor del segundo Gobierno de Alan García ha tenido sobre todo connotaciones
políticas. La búsqueda de impactos en la opinión pública y su enfrentamiento con el
SUTEP han sido factores claves para la concreción de agendas en esta materia.
Los contrastes entre la propuesta educativa electoral del Partido Aprista y las ac-
ciones promovidas desde el inicio del periodo presidencial son tan significativos110
que hay razones para creer que el entorno que hoy influye en las decisiones del
Primer Mandatario no participó en la elaboración de aquella propuesta. Así, el balan-
ce de los medios de prensa considera que el Plan de Acción Inmediata (PAI), que
debía ser aplicado en los primeros 180 días de gestión, no ha sido puesto en prác-
tica.111

Las principales iniciativas presidenciales en materia educativa han sido:

• Evaluación censal de docentes como base para una acción nacional de capacita-
ción.

• Iniciar la municipalización de la educación.

• Alfabetización.

110
La campaña electoral resultó frustrante en materia de ofertas educativas; las propuestas fueron
pobres y presentadas sin mucha coherencia. Una saludable excepción fue la insistencia del doctor
Valentín Paniagua en propiciar un cambio educativo global que consideraba como eje el Proyecto
Educativo Nacional impulsado por el CNE.
111
Dicho PAI comprendía los programas «Volver a Leer» y «Libro de a Sol», aún desconocidos en el país;
la extensión «inmediata» de una hora adicional de la jornada educativa; y descentralizar, regional y
municipalmente, la gestión de la educación secundaria y primaria (Fuente: Perú.21, suplemento «Los
180 días de García». Lima, 28 de enero de 2007).


• Shock de inversiones en infraestructura.

• Aumento de una hora de clases.112

• Propuesta al Congreso de Ley de Carrera Pública Magisterial y de medidas sobre
ingreso a la carrera docente.

A ellas debe sumarse el reconocimiento del Proyecto Educativo Nacional113 como
política de Estado por la resolución suprema 001-2007-ED del 6 de enero de 2007.

Solo la alfabetización y el aumento de una hora de clases figuraban en el Plan de
Gobierno Aprista.

El Primer Mandatario está convencido de que tales medidas constituyen el inicio de
una revolución educativa. Influyentes medios de prensa dan importante cobertura a lo
educativo y, estimulados por las iniciativas presidenciales y la imposición de su autori-
dad sobre un gremio al que se atribuyen características de intransigencia como el
docente, asumen que se ha iniciado una reforma educativa que «no puede parar».114

Es preciso, entonces, un somero análisis de cada una de estas principales iniciativas
presidenciales.

b. LAS PRINCIPALES INICIATIVAS PRESIDENCIALES EN MATERIA
EDUCATIVA
• LA EVALUACIÓN CENSAL DE DOCENTES

El Gobierno recurrió inicialmente a una Misión Unesco para que «certificara» el
urgente pedido presidencial de realizar una evaluación censal a todos los estudian-

112
La «hora lectiva adicional» diaria se desarrollará en las instituciones educativas de gestión pública de
educación secundaria de un solo turno, a escala nacional, asignándose tres para el área de
Comunicación y dos para Matemática a la semana. El dispositivo ministerial (RM 0025-2007-ED del
1 de febrero de 2007) especifica que dichas instituciones extenderán su horario escolar a 8 horas
pedagógicas diarias, 40 horas semanales, cumpliendo un mínimo de 1 400 horas efectivas al año.
Los docentes recibirán 35 soles por hora adicional dictada. El total de colegios secundarios donde
se aplicará es de 6 267.
113
Hay que destacar la excelente disposición para el reconocimiento del PEN mostrada desde el inicio
de su gestión por el ministro Chang y por el premier del Castillo. Sin duda, ambos influyeron en la
decisión del Primer Mandatario de asumir su oficialización.
114
«La reforma educativa no puede parar». Editorial de El Comercio, Lima, 25 de febrero de 2007.


tes de segundo grado de educación básica y a la totalidad de los docentes peruanos
en diciembre de 2006. En sus recomendaciones y conclusiones, la Misión señaló
con claridad:115

• «Las acciones aisladas, no estructuradas en un marco de políticas educativas claras
y consistentes resultan de dudosa efectividad y sus potenciales efectos no desea-
dos, ni deseables, podrían comprometer resultados que no se alcancen sólo a partir
de la buena voluntad».

• «[…] la evidencia disponible es suficiente para dar cuenta, en trazos generales, de la
gravedad de los déficit formativos de los docentes y, dada dicha gravedad, las ur-
gencias pueden ser atendidas sin recurrir a una exhaustividad y detalle como la
evaluación censal podría brindar».116

• «La escasa preparación de los procesos de evaluación previstos para diciembre, a
causa, entre otras cosas, de unos objetivos poco claros, puede poner en riesgo el
desarrollo de consensos sociales sobre la necesidad de la propia evaluación».

• «La carencia de soportes documentados hace riesgoso pronunciarse sobre su facti-
bilidad, y llevaría a concluir que sería deseable que el Gobierno replanteara los térmi-
nos de las actividades propuestas y constituya equipos técnicos con la posibilidad
de ejecutarlas».

La opción de la Unesco por privilegiar su condición de fuente de cooperación técni-
ca antes que de certificador de iniciativas gubernamentales no significó problema
alguno para el Gobierno. Se decidió no tomar en cuenta tales recomendaciones y
continuar con la evaluación docente, aunque sin el rigor, la calidad y la pertinencia
deseables.

Las recomendaciones de la Misión coinciden con opiniones vertidas por expertos
nacionales antes y después de la evaluación censal. Patricia Arregui señaló:

El proceso en curso hace menos viable la pronta implementación del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.
Obstaculiza y retrasa el debate y aprobación de una nueva ley de carrera

115
El informe de la Misión Unesco tiene como fecha 12 de octubre de 2007.
116
La Misión Unesco se refiere a resultados de evaluaciones anteriores (vgr., la evaluación nacional de
estudiantes de 2004), que dan evidencias suficientes para la definición de acciones de política, inclu-
yendo programas de formación inicial y en servicio.


pública magisterial que tenga en la evaluación un mecanismo fundamental
para el ingreso, ascenso y salida del ejercicio docente. Absorbe energías y
recursos que merecerían estar más bien orientados a diseñar un paquete
integrado de medidas que pudieran contribuir a un muy necesario fortaleci-
miento de la profesión docente. Enturbia el ambiente de manera tal, que hace
poco posible imaginar una puesta en marcha del Proyecto Educativo Nacio-
nal, al cual han expresado su adhesión miles de maestros del país, luego de
haber participado en su elaboración y revisión.117

Por su parte, León Trahtemberg, comentó:

Una buena evaluación docente debería abarcar todos estos factores. Siendo
una tarea imposible para hacerse de aquí a diciembre, el ministro Chang la ha
reducido a un solo criterio: una evaluación de habilidades básicas en lecto-
escritura, aritmética y algunos conocimientos del área de docencia, evalua-
dos en una prueba escrita de elección múltiple, fuera del aula y ajena a cual-
quier consideración sicológica, ética, administrativa o del propio ejercicio do-
cente en el aula. Estará ausente el criterio del director, los alumnos y padres
de familia. Por si fuera poco, los resultados no estarán conectados de modo
alguno a la carrera docente, cuya ley está congelada en el Congreso.118

Los resultados de la evaluación censal de 192 mil docentes119 confirmaron el bajo
nivel de los maestros señalado en análisis anteriores. La diferencia central respecto
de evaluaciones previas ha sido su gran cobertura periodística, resultado del abierto
enfrentamiento entre el Gobierno y el SUTEP que acompañó todo el proceso eva-
luativo.

Es dramático para el país constatar que un 32,6% de docentes tiene nivel cero en
comprensión lectora, y que un 85,7% de los evaluados no está en capacidad de
resolver operaciones y ecuaciones fundamentales (en niveles 0, mayoritario, y 1, de
razonamiento lógico-matemático).

117
Patricia Arregui coordina la Red sobre Evaluación Docente en PREAL (Programa de Promoción de
la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe) y es consejera en el CNE. Su artículo «Evalua-
ción docente: Urgente y necesaria, pero no así ni ahora» se publicó en Perú.21, Lima, 17 de
diciembre de 2006.
118
León Trahtemberg, miembro del CNE, publicó el artículo «Evaluación docente al revés» en su
columna semanal del diario Correo, Lima, el 13 de octubre de 2006.
119
Discurso del Ministro de Educación del 16 de abril de 2007. Según anteriores fuentes del MED, de
los 200 051 profesores que tomaron parte en la evaluación, 174 491 cumplían con todas las normas
y permitieron que se los identificara (6 201 no colocaron sus datos en la prueba y 19 359 fueron
retirados por actos de violencia de las sedes de evaluación).


Con base en estos resultados, alguna prensa y parte de la opinión pública responsa-
bilizan sobre todo a los maestros de la baja calidad educativa imperante.

Ricardo Morales señala que es fácil caer en la tentación «[…] de culpar a los maes-
tros por la situación inaceptable de nuestra educación». Y advierte que la mala
educación es consecuencia de causas que van más allá del desempeño de los
docentes y que son en esencia extraeducativas. Acto seguido, remarca la ausencia
de:

[…] un conjunto de políticas que deben articularse para hacer de la educa-
ción «la política central», la que dé horizonte y sentido a las demás políticas,
porque tiene que ver con el desarrollo humano de los peruanos, sin el cual no
hay crecimiento económico y social, ni construcción de una democracia au-
téntica.120

En todo caso, los resultados y la pugna Gobierno-SUTEP han significado la «magis-
terialización» de la crisis de la educación, pues han atribuido al docente la principal
responsabilidad por ella. Se olvida o atenúa que la unidad de análisis y de interven-
ción debe ser la escuela, que en los fracasos en materia de formación inicial y
continua docente un Estado ausente tiene mucho que ver y que, sobre todo, las
condiciones ofrecidas por el Estado peruano para el desarrollo magisterial son
deplorables. Hoy, el desprestigio de la figura y del trabajo del docente es mayúscu-
lo; cunde la idea de que los maestros están como están (mal pagados y sin dere-
chos) por sus propias incompetencias. La desmoralización de muchos buenos maestros
se ha acentuado. Los réditos políticos para el Gobierno han sido evidentes: se ha
fortalecido el liderazgo del MED y su respaldo por la opinión pública. ¿A costa de
todo lo aquí señalado?121

A pesar de las limitaciones de la evaluación aplicada y de la ausencia de una estra-
tegia integral de desarrollo docente, las cifras exigen tomar con absoluta seriedad
el tercer objetivo del PEN.122 La capacitación de 220 horas «de acuerdo a sus

120
Ricardo Morales, primer presidente del Consejo Nacional de Educación, publicó el artículo «Con los
actuales maestros debemos mejorar» en La República, Lima, el 10 de enero de 2007.
121
Mirko Lauer, refiriéndose a las disculpas del SUTEP ante la opinión pública, precisa que en el
problema de la baja calidad educativa dicho gremio magisterial no está solo, pues el Estado, a través
de sucesivos gobiernos, es tanto o más culpable (véase su artículo «La política educativa intermiten-
te», en La República, Lima, 28 de febrero de 2007).
122
El objetivo estratégico 3 («Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia»)
plantea, como se ha señalado, dos resultados principales: un Sistema Integral de Formación
Docente y una Carrera Pública Magisterial renovada.


necesidades», entregada a las mismas universidades que no garantizan una buena
formación de los futuros docentes, genera razonables dudas y configura un escena-
rio poco prometedor.123 Los ISP han quedado devaluados porque no se les reconoce
capacidad para intervenir en la citada capacitación,124 y porque el Gobierno Central
les ha impuesto la nota de ingreso de sus postulantes.125

El Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente 2007-2011 ha
sido motivo de análisis en la parte II de este libro.

• LA MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Cuando se plantea una propuesta que debe tener éxito, hay que generar las condi-
ciones que permitan concretarla. Los componentes de la estrategia del MED para
hacer posible la municipalización de la educación primaria no apuntan precisamen-
te a la claridad y a la viabilidad de la propuesta; generan, más bien, grandes dudas
sobre su diseño y su futuro.

El anuncio presidencial de la municipalización de la educación primaria126 sorpren-
dió a propios y extraños.127 El presidente García fue enfático al alentar las bondades
de la descentralización y municipalización educativa:

Superemos el argumento de que los municipios no pueden ofrecer servicios
eficaces de salud, educación, seguridad o de vivienda; eso no es cierto […]

123
¿Cómo capacitar a cerca de 200 mil maestros con tan escasas instituciones de calidad? ¿Cómo
superar el academicismo de las universidades, desligado de las demandas específicas de los
docentes?
124
Fueron nueve los docentes convocados a Palacio de Gobierno para recibir distinciones por haber
obtenido los mejores calificativos en la evaluación censal nacional. Ocho de estos docentes estudia-
ron en ISP, solo una en una Facultad de Educación.
125
La reacción de directores de ISP —privados y públicos— de nuestra selva ante la apresurada medida
de un proceso de admisión (con nota 14 incluida) es reveladora. Señalan en su carta dirigida al
ministro Chang que dicha norma contraviene el actual proceso de descentralización a través de
«procesos únicos» ya superados, desconoce la condición multicultural del país y sus diferencias
culturales y lingüísticas. Protestan porque luego de tres años de autoevaluaciones promovidas por
el propio MED, se excluya a los ISP de toda participación en el inminente proceso de admisión.
126
Discurso del 28 de julio de 2006.
127
Esta iniciativa presidencial ocurre cuando, a escala internacional, Chile —país prototipo de la opción
municipal en lo educativo— está replanteando un modelo que ha sido factor de mayor inequidad, y, en el
ámbito nacional, aún están frescos los torpes y fallidos intentos de municipalizar la educación en la
década fujimorista.


¿QUÉ SEÑALA EL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL SOBRE
LA EVALUACIÓN DOCENTE?(I)

Las evaluaciones de enero no dejaron tiempo suficiente para garantizar que su
diseño, aplicación y análisis sirvan a la finalidad que se les asignó: el diseño de
programas personalizados de capacitación. Lo que se requiere ahora es adoptar
medidas que conviertan la evaluación docente en una política de Estado, en el
marco del Proyecto Educativo Nacional, en función de objetivos más amplios.
Conviene recordar lo que el Proyecto señala al respecto:

a) La buena enseñanza: Deben establecerse y difundirse públicamente criterios
de buena enseñanza y buena gestión escolar, ganando a las familias a favor
de los cambios que demanda la formación magisterial. Una política de divulga-
ción social y promoción de la buena enseñanza debiera incluir criterios relati-
vos a la calidad del trato al estudiante, así como estándares concertados de
aprendizaje.

b) El progreso profesional: Debe crearse un programa nacional de evaluación y
certificación profesional docente en todo el país, pues las evaluaciones de-
ben ser requisito para permanecer en la nueva Carrera Pública y para acce-
der a aumentos de remuneraciones o bonificaciones.

c) La efectividad del centro educativo: Debe crearse en cada centro educativo
mecanismos para la evaluación periódica de la efectividad del papel admi-
nistrativo, pedagógico y formador de los directores y docentes, según el caso;
y de las condiciones que favorecen o perjudican esos desempeños. Esta
evaluación debe contar con procedimientos que garanticen su transparen-
cia, estar sujeta a criterios de calidad previamente concertados e incluir
mecanismos institucionales para la autoevaluación, la coevaluación y la he-
teroevaluación.

d) El estímulo al cambio y la renovación: Debe hacerse difusión de las mejores
prácticas educativas —identificadas gracias a la evaluación—, encargando a
los centros educativos con experiencias destacables cooperar en la forma-
ción de docentes de otras escuelas del mismo distrito. Se requiere incenti-
vos individuales y colectivos que promuevan logros, para los equipos docen-
tes o maestros que demuestren buenas prácticas pedagógicas, efectivas,
inclusivas, interculturales, con enfoque de género o buen uso de TIC.(ii)
(i)
CNE, página web, julio de 2007.
(ii)
Tecnologías de la Información y la Comunicación.


LA UNESCO SEÑALÓ AL MED «LA ESCASA PREPARACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUA-
CIÓN PREVISTOS PARA DICIEMBRE (2006), A CAUSA, ENTRE OTRAS COSAS, DE UNOS OB-
JETIVOS POCO CLAROS, PUEDE PONER EN RIESGO EL DESARROLLO DE CONSENSOS SO-
CIALES SOBRE LA NECESIDAD DE LA PROPIA EVALUACIÓN.

por eso debemos comenzar la descentralización de la educación primaria,
entregando a los municipios su responsabilidad. Así el alcalde, la comunidad,
los padres de familia, unidos en un comité local de gestión educativa; la
escuela como centro de decisiones y los directores escolares, con mayores
atribuciones y responsabilidad, podrán impulsar la calidad educativa, la exi-
gencia para los alumnos, las evaluaciones y la infraestructura educativa […]
Hay que entregar a los municipios los recursos destinados a cada plantel y la
responsabilidad de concentrar su gestión concreta con la comunidad, con los
padres y docentes. Naturalmente ello debe comenzar con prudencia, a través
de un amplio plan piloto en algunos municipios provinciales y/o distritales
[…].128

El MED decidió, con inteligencia, reducir esta municipalización a un plan piloto
aplicado inicialmente en 18 distritos del país y que luego fue creciendo hasta llegar
a 56 circunscripciones municipales.129 Mas ni el documento distribuido por el MED130
ni las acciones desarrolladas con las autoridades municipales apuntan hacia un
buen inicio de la experiencia.

El documento orientador del MED asigna hasta 18 competencias a las municipali-
dades, que demandarían que se conviertan en tomadoras de decisiones pedagógi-
cas, institucionales y administrativas. Antes del inicio de clases, el MED convocó a
las autoridades de regiones y municipios seleccionados a una única reunión, y esta
no fue suficiente. Los recursos asignados para esta acción no han bastado,131 y la

128
El presidente García hizo alusión a que ese modelo ha dado buenos resultados en salud, donde los
comités locales de administración: «[…] han mejorado la responsabilidad técnica y profesional de las
postas médicas» (discurso del 28 de julio de 2006).
129
En el plan piloto participarán 1 883 instituciones educativas de inicial y primaria. En total serán
186 164 alumnos y 7 823 docentes, de ambos niveles educativos.
130
«Plan de Municipalización de la Gestión Educativa y Lineamientos del Plan Piloto 2007". Lima: MED,
2007
131
Luciano Chang, jefe de la Oficina de Coordinación y Supervisión Regional del MED, señala que las
municipalidades recibirán la transferencia de partidas (pago de planillas, de bienes y servicios, de


premura con la que fueron seleccionados los municipios, a lo que se suma que tal
elección se hizo sin consultar con los interesados, ha resultado contraproducente;
así, la medida quedó desarticulada del proceso de descentralización y del Proyecto
Educativo Nacional hacía poco oficializado.

No obstante lo atractiva que aparecía la idea de otorgar a los gobiernos municipales
una mayor presencia en la educación, en virtud de su mayor cercanía con la población
y como una nueva alternativa de gestión, y pese a que la actual Ley Orgánica de
Municipalidades les asigna funciones en el campo educativo, la iniciativa no está libre
de severos riesgos. ¿Cómo encomendar la educación a municipalidades heterogé-
neas que, en su mayoría, no están en condiciones de asumir sus propias funciones
municipales? ¿Se está optando por una educación más pobre para los pobres al asig-
narle esa función a municipios con menores recursos? ¿Cómo evitar interferencias en
la línea de autoridad y en el ejercicio de supervisiones con las actuales UGEL? ¿Se
desarticulará la primaria municipal de la secundaria no municipal? ¿Se duplicarían las
funciones del FONDEP, entidad con insuficientes recursos, con las del FONCOMU-
GE, que promueve la municipalización educativa? ¿A qué quedarían reducidas las
instancias de participación que promueve la Ley General de Educación y los valiosos
esfuerzos de constituir Consejos Educativos Institucionales? ¿Cómo superar la idea,
acentuada en la opinión pública y entre los maestros, que asocia municipalización a
privatización y a menoscabo de la escuela pública?

Por lo demás, ni el propio Gobierno tiene suficientemente clara esta medida: mien-
tras el Ejecutivo respaldó la propuesta de un plan piloto,132 la Célula Parlamentaria
Aprista presentó un proyecto de ley con una propuesta de municipalización de la
gestión educativa a escala nacional.133

• EL «SHOCK DE INVERSIONES»

En la primera parte de este libro el lector puede encontrar referencias específicas a
esta iniciativa presidencial, a las dificultades que tuvo el aparato estatal para hacerla
efectiva en los plazos previstos, y a las secuelas en materia de corrupción que acom-
pañaron algunas licitaciones.
inversiones y de gastos de capital) al constituir el Consejo Educativo Municipal por un monto de
136 194 096 nuevos soles y de solo 5 millones de nuevos soles para gastos imprevistos o de
emergencia (diarios de Lima del 7 de marzo de 2007).
132
Discurso del premier Del Castillo ante el Congreso el 24 de agosto de 2006.
133
Ese proyecto de ley plantea en 12 líneas la transferencia del conjunto de la educación primaria (más
de cuatro millones de estudiantes, más de 37 mil escuelas, más de 181 mil maestros) en plazos muy
breves a los gobiernos provinciales para su gestión (Tovar 2007).


LA REBELIÓN DE LOS PINGÜINOS(I)

El 10 de marzo de 1990, último día de su Gobierno, Pinochet dictó la Ley Orgá-
nica Constitucional de Enseñanza, que sentó las bases para la gestión y el
financiamiento del actual sistema educativo chileno. La LOCE restó protago-
nismo al Estado y convirtió a la educación en un sector económico más, sujeto
a las leyes de la oferta y la demanda. Los colegios públicos pasaron a manos de
las municipalidades, que competían con los colegios particulares subvenciona-
dos y los colegios privados —sin subvención estatal— para las élites.

Los quince años de transición democrática constituyen un intento sostenido por
superar esas ataduras y concretar una reforma educativa que ha merecido la
atención regional. El esfuerzo de los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos ha sido
sin embargo insuficiente.

Las cifras son elocuentes: ya en democracia, de cada cinco plazas creadas en la
enseñanza básica y media, cuatro correspondieron a colegios particulares y solo
una a establecimientos municipales. Desde 1981 los colegios públicos se han
reducido del 78% al 50%; el resto es negocio privado. La prueba nacional de
medición de la calidad educativa certifica que solo el 10% de los alumnos de los
sectores socioeconómicos medio bajo y bajo superaron los 300 puntos.

Chile presenció la masiva movilización de 600 mil estudiantes de secundaria
que demandaban una reforma del sistema educativo chileno. La «revolución de
los pingüinos», como se llaman a sí mismos los estudiantes por su camisa
blanca y su uniforme oscuro, llevó al primer plano el debate sobre la calidad de
la educación, pues puso en claro que había varios tipos de enseñanza según
los ingresos de cada grupo social. Demandaban una educación para la socie-
dad global, para que todos los estudiantes puedan desempeñarse en un mun-
do digital de redes y procesadores èn el que la lengua predominante es el
inglés.

Lo acontecido en Chile merece nuestra mayor atención. Luego de las eleccio-
nes de 2006, el tema de la desigualdad ha cobrado enorme importancia en el
Perú. Todos están de acuerdo en que el principal instrumento para superarla es
la educación. Pero todos suelen olvidarlo con facilidad. El Gobierno de Alan
García tiene la oportunidad histórica de asumir el gran cambio que la situación
educativa demanda. No hay tiempo que perder.
(i)
Artículo de José Rivero con el mismo título, publicado en el diario Perú.21 del 15 de junio
de 2006.


Sin embargo, es útil señalar que en su anuncio del 14 de noviembre de 2006 el
presidente García enfatizó que el monto previsto para educación ascendía a 200
millones de nuevos soles, y que esta cifra decuplicaba la establecida en el presu-
puesto aprobado. Dijo, además, que la mitad de ese dinero se destinaría a obras de
mantenimiento y rehabilitación de 1 370 centros educativos en 22 regiones del
país, y 81 millones a trabajos de sustitución de infraestructura y construcción de
nuevas aulas en 68 locales escolares; se entregarían también 35 300 módulos
educativos, mesas para alumnos y pupitres para maestros, todo ello por un valor de
7 millones de nuevos soles; y 300 aulas prefabricadas por 11 millones de nuevos
soles.134

Las buenas intenciones, sin embargo, se estrellaron contra una realidad previsible-
mente difícil de superar. La ineficiencia en su aplicación fue evidente.135 La urgencia
de realizar las obras entre noviembre y diciembre se estrelló con los últimos meses de
gestiones regionales en un contexto mayoritario de entrega de cargos a nuevas auto-
ridades y con decisiones tomadas en Lima sin consulta con las regiones.136

Por lo demás, como bien señala Tovar, esta iniciativa no estaba articulada a una
voluntad política comprometida con un incremento sustantivo y estructural del pre-
supuesto educativo público del país (Tovar 2007).

• LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL

El Primer Mandatario demandó al MED que elaborara rápidamente un proyecto de
ley de CPM, y luego exigió a la Célula Parlamentaria de su partido su debate y
aprobación «urgente» en el Congreso. De esta manera el Presidente dio muestras no
solo de buenos reflejos políticos, sino también de que coincidía con múltiples indi-
cios de que sin CPM no habrá profesionalización magisterial posible.136

134
Fuente: El Comercio, Lima, 15 de noviembre de 2006.
135
El ministro Chang, en su discurso en el que presentó el balance de su gestión hasta marzo de 2007, hizo
referencia a 236 obras «en proceso de subsanación de observaciones», y adujo haber encontrado
procedimientos de gestión inadecuados «que no pudieron modificarse en razón de la urgencia de
atender los déficits».
136
En Ayacucho, el Director Regional de Educación se negó a recibir en abril de 2007 obras de
refacción y adaptación de locales escolares que consideraba mal ejecutadas por las empresas
constructoras contratadas en el MED sin conocimiento regional.
138
Tomar esta decisión significó vencer escollos en el propio Partido Aprista, con voces como la de la
Presidenta del Congreso, quien defendió la vigencia de la actual Ley del Profesorado.


Esta iniciativa y la oficialización del PEN son las dos medidas más importantes
tomadas por la actual Administración para enfrentar la profunda crisis del sistema
educativo nacional.

El proyecto de CPM del Poder Ejecutivo y el presentado por la bancada de Unidad
Nacional tienen la misma base: el documento propuesto al Congreso en la última
fase del Gobierno anterior, durante la gestión del ministro Javier Sota Nadal. El
presentado por el actual MED138 cuenta con 59 artículos y establece, entre otros
aspectos, los siguientes: una estructura de cinco niveles para la CPM, que com-
prenderá tres áreas (docencia, gestión e investigación); los directores de colegio
deberán tener una experiencia mínima de cinco años; habrá evaluaciones cada
tres años, y se destituirá a los docentes que desaprueben tres veces el mismo
nivel; y deberán pasar 21 años para que un docente alcance el quinto nivel. Los
cambios respecto del anterior proyecto anulan y restringen mecanismos de partici-
pación integrados por padres o por representantes gremiales.139 Se prevé que, una
vez aprobado, el proceso de ingreso de la totalidad de maestros a la CPM tardará
diez años. Para hacer realidad la propuesta de CPM se requerirán 910 millones de
soles adicionales a los que hoy se destinan al sector Educación. La viabilidad de la
nueva CPM demanda no solo la obtención de esa importante suma, sino también
que su debate en el Congreso cuente con la participación del magisterio, principal
interesado en su concreción y beneficios.

• LA ALFABETIZACIÓN

El Gobierno se ha propuesto reducir la tasa nacional de analfabetismo por debajo
del 4% en sus cinco años de gestión.140 No hay claridad acerca de si esta meta

138
Las notas de prensa señalan que el consultor Hugo Díaz jugó un papel protagónico como principal
asesor del proyecto del Ejecutivo.
139
Los principales cambios introducidos en el proyecto enviado por el MED del actual Gobierno son: (a)
la evaluación del desempeño se extiende a todos los docentes y no solo a quienes forman parte de
la CPM; (b) el periodo de acompañamiento será prerrequisito para postular; (c) se elimina toda
participación sindical en el proyecto, y el Colegio de Profesores es mencionado solo respecto de su
afiliación como requisito para ingresar a la carrera; (d) no se considera a los CONEI como instancia
de evaluación del concurso público, y son sustituidos por los Consejos Académicos integrados solo
por docentes; (e) la enseñanza básica es definida como «servicio público»; (f) se prevé que en la
educación secundaria, técnico-productiva y superior tecnológica ejerzan la docencia profesionales
no docentes.
140
Discurso del primer ministro Jorge del Castillo en el Congreso de la República (24 de agosto de
2006).


parte de una línea de base de 2 millones o de 3 millones de peruanos analfabe-
tos.141

Se ha creado el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONA-
MA). Es poco aún lo que puede decirse de este Programa, salvo que se han prioriza-
do proyectos piloto en Ayacucho y Huancavelica y que se utilizarán círculos de
estudio, aunque sin considerar las características sociolingüísticas de los alfabeti-
zandos.142 A pesar de que se sabe que es el más favorecido en términos de recursos
entre las distintas unidades operativas del MED,143 no hay información pública que
permita hacerle un seguimiento y un análisis.144

Para 2007 se tiene como meta el desarrollo de 54 511 círculos de estudio. El reto
mayor consiste en realizar una convocatoria nacional de 22 000 alfabetizadores
para impulsar la creación de 232 138 círculos de alfabetización; los alfabetizado-
res y los supervisores serían seleccionados entre las personas con nivel secunda-
rio completo (Tovar 2007).

No se observa en el país ni en las regiones priorizadas un clima de movilización
social orientado a esa reducción drástica del analfabetismo. Preocupa aun más
que se insista en asociar alfabetización solo con la que se desarrolle con adultos
en situación de analfabetismo absoluto. La experiencia latinoamericana señala con
claridad que tanto o más importante que esa focalización es la concepción que se
tenga de la alfabetización como respuesta a un problema de carácter estructural.

141
En su discurso inaugural ante el Congreso, el presidente García señaló: «Tenemos un 15% de
analfabetismo, lo que hace un total de 3 millones de peruanos mayores de 15 años que no saben
leer ni escribir». El discurso del premier Del Castillo redujo a 11,1% ese promedio nacional, equivalen-
te a 2 millones de personas. De acuerdo con Farid Matuk, ex jefe del INEI, que privilegia los métodos
de la ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares), la cifra de tres millones es subestimada (artículo «Sin
analfabetos ni desempleados», en La República, Lima, 25 de febrero de 2007).
142
Al haberse optado por el método cubano «Yo sí puedo», con antecedentes exitosos en contextos
que no demandan Educación Intercultural Bilingüe, los primeros círculos de estudio en Ayacucho y
Huancavelica se harán en castellano.
143
Se ha anunciado oficialmente que se destinarán más de 300 millones de soles durante el quinque-
nio para ser utilizados en el PRONAMA. Un cuadro en él generado especifica presupuestos anuales
de 80 millones de nuevos soles de 2007 a 2009 y un presupuesto de 75 590 156 nuevos soles para
2010.
144
La única noticia sobre el PRONAMA que mereció la atención de los medios (3 de marzo de 2007) fue
la que declaró nula la compra de útiles escolares que debían ser enviados a 213 localidades
beneficiarias, por existir diferencia considerable entre los precios de referencia en la licitación pública.
Esa medida —tomada por el ministro Chang a solicitud del señor Ángel Velásquez F., director del
PRONAMA— tuvo como antecedente inmediato la escandalosa compra de vehículos sobrevalua-
dos en los ministerios del Interior y de Salud.


La idea de campañas de alfabetización, por lo general fracasadas en la región, es
hoy obsoleta.

Se demanda enfrentar el problema de modo tal que se considere tanto los efectos
de una falta de escolarización o de deficientes aprendizajes como la prevención de
que aparezcan futuros casos de analfabetismo.

No se observa en el PRONAMA preocupación ni estrategias tendientes al fortale-
cimiento de la educación básica en sus modalidades regular y alternativa, ni los
nexos con indispensables medidas para el mejoramiento de la educación primaria.
El estudio y la acción para combatir el analfabetismo funcional y sus expresiones
en el país, así como previsiones para enfrentar la necesaria alfabetización digital,
también brillan por su ausencia.

c. EL RECUENTO OFICIAL DE LO REALIZADO HASTA MARZO DE
2007 145
• Se ha logrado alfabetizar a 91 798 iletrados.146

• Por primera vez se inició el año escolar el 1 de marzo, y se incrementó en una hora
diaria el dictado de clases en instituciones de educación secundaria con un solo turno.

• Se realizó una evaluación censal a los alumnos de segundo grado de primaria, con
una cobertura del 80% para Lima y del 51% para provincias. El Perú se reinscribió
en el Programa PISA.

• Se entregaron 18 614 módulos de materiales didácticos para los PRONOEI de
todo el país.

• 6 635 820 textos escolares de educación primaria y 1 859 139 libros de secunda-
ria fueron entregados a escala nacional, así como 28 509 (primaria) y 8 259 (se-
cundaria) módulos de bibliotecas escolares; también, 95 776 módulos de material
fungible y 1 099 módulos de bibliotecas para docentes (primaria), además de 50 000
microscopios y otras tantas calculadoras científicas (secundaria).

145
«Políticas y prioridades educativas. Balance agosto 2006 y marzo 2007". Exposición al país del
Ministro de Educación, José A. Chang, del día 16 de abril de 2007.
146
No dio más elementos respecto de cómo y dónde se validaron esas cifras.


• Se han concluido 887 obras de mejoramiento físico, y 236 están en proceso de
subsanación en locales escolares; asimismo, se han adquirido 38 950 módulos de
mobiliario escolar y 150 aulas prefabricadas.

• Desarrollo de la primera evaluación censal a 192 284 docentes, y organización de
un Programa Nacional de Capacitación.

• Suspensión de la creación de instituciones de formación magisterial hasta diciem-
bre de 2011 y examen nacional a postulantes con nota mínima 14 (80 ISP no
recibieron autorización para realizar exámenes de ingreso).

• Plan Piloto de Municipalización de la Gestión de Educación para los niveles inicial y
primaria en 56 distritos municipales.

En su exposición al país, y como parte de la «promoción de propuestas legislativas y
cambios normativos», el ministro Chang sometió a aprobación el Proyecto Educativo
Nacional, presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley de Carrera Pú-
blica Magisterial, promovió la promulgación de la ley que declara la EBR como
servicio público esencial y las modificaciones al reglamento de la Ley del Profeso-
rado vigente.147 Acotó la prepublicación en página web del reglamento del SINEA-
CE.

A pesar de que en la exposición ministerial se trató de asociar algunas de las accio-
nes mencionadas al cumplimiento de los objetivos del PEN, ello no fue convincente.
El que su aprobación haya quedado reducida a un simple cambio normativo, sin
mención alguna al sentido transformador de las políticas de Estado y de la educa-
ción que encarna el Proyecto Educativo Nacional, contrasta con el esfuerzo por
organizar un conjunto de acciones que no muestra un norte específico ni un lideraz-
go convincente.148

147
Tales modificaciones fueron: disminución de licencias sindicales, reorganización de las comisiones de
procesos administrativos para docentes y directores, suspensión de la estabilidad laboral para los que
atentan contra la integridad de los alumnos.
148
El educador León Trahtemberg, en su columna semanal del diario Correo (edición del 20 de abril de
2007), refiriéndose al mensaje al país del ministro de Educación José Antonio Chang, señala que lo
presentado en ese mensaje «[…] no asegura ni remotamente el despegue de la educación peruana».


d. TEMAS NO ASUMIDOS O INSUFICIENTEMENTE
ASUMIDOS HASTA ABRIL DE 2007149

• No se ha asumido la recomendación del Acuerdo Nacional y del propio Plan de
Gobierno del APRA de incrementar cada año el presupuesto educativo en 0,25%
del PBI hasta alcanzar el 6%.

• No existen políticas vigorosas y con presupuesto suficiente para cerrar las brechas
de inequidad. Pese a los anuncios y a la fijación de metas sobre el tema, no se han
fortalecido los programas de atención integral (educación, salud, nutrición y protec-
ción) para la primera infancia, con participación intersectorial de gobiernos locales y
organizaciones de base.150

• El programa Matrícula Oportuna no ha sido priorizado.151

• Se ha avanzado muy poco en materia de dar autonomía a las instituciones educati-
vas. La ejecución de proyectos de innovación pedagógica está condicionada a los
escasos recursos e importancia que se da en el MED al Fondo Nacional de Desa-
rrollo de la Educación (FONDEP).

• La educación rural no es objeto de tratamiento diferenciado. Las experiencias insti-
tucionales de la sociedad civil otorgan mayor prioridad a las escuelas unidocentes
que el propio Estado.152

• El MED no ha liderado con suficiente firmeza la adopción de medidas de moraliza-
ción, transparencia y acceso a la información de la gestión educativa nacional, re-

149
En el mencionado trabajo de Tovar (2007) se hace referencia a varios de estos temas.
150
Alarma el facilismo de las declaraciones oficiales indicando que el Gobierno está cumpliendo con el
primer objetivo del PEN referido a la mayor equidad en nuestra educación, relevando sobre toda otra
acción el haber iniciado el PRONAMA que, como se ha señalado, dista de tener una estrategia
coherente y una acción pública transparente.
151
En los primeros días de mayo de 2007 dos regiones, Cusco y Loreto, exigieron presupuesto para
plazas de docentes con miles de niños que no han tenido escuela el 1 de marzo. El presidente de la
Región Loreto, Yván Vásquez Valera, dio inicio, el 4 de mayo de 2007, a una huelga de 48 horas
exigiendo la contratación de mil dos profesores; precisó que nadie atiende el problema de 25 mil
niños que hasta la fecha no inician sus estudios; por su parte, el secretario general del SUTEP-
Maynas, César Coral, indicó que por falta de docentes 20 mil escolares no estudian, por lo que pidió
declarar al sistema educativo de Loreto en emergencia (Fuente: CNE: Educación al día, 4 de mayo
de 2007).
152
Véase la parte I de esta publicación.


gional y local para hacer frente a la escandalosa corrupción en el sector educati-
vo.153 A este respecto, la Defensoría del Pueblo, en alianza con Proética, ha mostra-
do una actitud más decidida.154

• Si bien el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Cali-
dad debe aún definirse en el Congreso, no hay evidencias públicas de que el Poder
Ejecutivo esté organizando cuadros ni estrategias específicas para su adecuada
implementación.

Para confirmar que la gestión educativa de este Gobierno representa una caja de
sorpresas respecto de lo ofrecido por el candidato García, el 6 de mayo el ministro
Chang anunció que en el segundo semestre de 2007 se firmaría un convenio con el
programa «One Laptop per Child» («Una computadora para un niño») del Media Lab
del MIT para dotar gratuitamente de computadoras portátiles a estudiantes perua-
nos de educación básica a partir de 2008.

Esta medida granjeó a sus gestores aceptación y aplausos. Las críticas o dudas
públicas han sido mayores. Carvallo precisa:

Las PC no han surgido de una necesidad sentida por la escuela […] y no
resulta claro todavía el uso pedagógico que debieran tener. En un sistema
educativo que no desarrolla el pensamiento ni busca la autonomía intelectual
las PC pueden ser una forma nueva de lo mismo: memorización, repetición,
desmotivación.155

En su columna semanal, Trahtemberg formula preguntas ante este sorpresivo anuncio:

Pero ¿por qué no está esto en el plan de gobierno aprista? ¿Por qué no figura en
ninguno de los discursos al Congreso de Alan García, Jorge del Castillo, Antonio
Chang? ¿Por qué al ser consultados los funcionarios del Ministerio de Educación
ninguno pudo dar detalles a la prensa sobre este programa, cantidades, costos,
prioridades para el reparto, adquisiciones futuras, articulación con los programas
escolares y con los planes de capacitación de profesores?156

153
En su balance al país, el ministro Chang hizo referencia a la reestructuración de la Comisión de
Atención de Denuncias y Reclamos para agilizar su funcionamiento.
154
Véase la parte I de esta publicación.
155
Columna «No más ídolos huecos», de Constantino Carvallo, en El Comercio, Lima, 12 de mayo de
2007.
156
Artículo «Laptop a 100 dólares», en Correo, Lima, 11 de mayo de 2007.


e. DOS ACTORES INFLUYENTES EN LAS AGENDAS PRESIDENCIALES
• EL BANCO MUNDIAL

La influencia del Banco Mundial en materia educativa tuvo en el Gobierno de Al-
berto Fujimori su mejor escenario. Hay evidencias del resurgimiento de tal influjo
en la Administración García, e incluso con ideas instrumentales157 y otras ideas
claves a largo plazo.

La lectura de los últimos textos del BM acerca del Perú ofrece avances respecto
de otros en materia educativa. El análisis de Luis Crouch sobre la educación básica
trata de explicar las causas de los pobres aprendizajes y las brechas entre cobertu-
ra y calidad, y asume demandas de una educación bilingüe. Crouch reconoce la
potencialidad de un proyecto nacional liderado por el CNE y de buenas prácticas
que debieran extenderse a la calidad de nuestra educación.

Los textos del BM ponen el énfasis en los aprendizajes como problema central y en
una solución basada en políticas de rendición de cuentas a partir de estándares, a
las que se sumarían otras medidas relativas a subsidios condicionados a la deman-
da; además, sugieren sistemas de apoyo a directores y docentes para que las metas
sean alcanzadas. En el lenguaje utilizado la educación deviene mercancía y el usua-
rio cliente o consumidor; alienta la competencia entre centros educativos y regio-
nes en función de determinados estándares de aprendizaje.158 En un país en el que
casi todas las instituciones con influencia en lo educativo (Acuerdo Nacional inclui-
do) claman por mayores recursos y financiamiento para la educación, el BM plantea
que el incremento del gasto en educación no necesariamente mejorará la calidad y

157
Una anécdota radial en plena campaña presidencial es ilustrativa. En un programa (Enfoque de los
sábados) de Radio Programas del Perú, con Alan García como entrevistado central, se hizo alusión
a las sugerencias del Banco Mundial para medir el rendimiento de alumnos en lectura por el número
de palabras por minuto (60 para un alumno de tercer año de primaria). El entonces candidato fue
más audaz que quienes vendían esa discutible idea, y, confundiendo el síntoma con la causa,
planteó la conveniencia de que en cada hogar se disponga de cronómetros para evaluar si sus hijos
tenían buenas escuelas o docentes.
158
La indudable importancia de la rendición de cuentas y de estándares de aprendizaje es asumida por
el PEN, pero con un enfoque diferente: formulación transparente del currículo para reflejar la diver-
sidad cultural; selección concertada de aprendizajes fijando indicadores y metas en coherencia con
el marco curricular nacional y los currículos regionales; evaluaciones periódicas a cargo del SINEA-
CE; difusión regular de resultados; y rendición de cuentas con una política de fomento en las familias
de un nuevo sentido común sobre la buena enseñanza. En suma, para el PEN el éxito de aprendi-
zajes se debe a un conjunto de factores, y no solo al currículo o a la falta de estándares de
aprendizaje.


tenderá a diluirse en salarios o en infraestructura.159 Coincidimos con el BM en la
necesidad de hacer más racional el gasto y de superar la actual incompetencia del
sector para gestionarlo. Hay en sus documentos, sin embargo, un craso olvido: las
desigualdades sociales y educativas tienen raíces históricas e influyen en las posibi-
lidades de los actores. No se va a salir de la actual situación de inequidad con
estrategias de «apoyo», sino con políticas de equidad educativa unidas a un cambio
en la gestión que priorice la educación de los más pobres y el fortalecimiento de la
escuela pública.

Entre sus prioridades de corto plazo, el BM propone a los gobernantes «generar
logros relativamente rápidos y aun en forma circunscrita geográfica o socialmente».
Y luego remarca: «Para conseguir logros concretos se puede pensar en ‘acciones
especiales’ que vayan conformando el abordamiento de largo plazo, pero que lo
hagan en ‘zonas especiales’».160

Algunas de las iniciativas gubernamentales coinciden con elementos de esta estra-
tegia institucional.

• EL SUTEP

La dirigencia nacional del SUTEP no sopesó debidamente que oponerse con tanta
beligerancia a la evaluación implicaba salir de los espacios habituales de diálogo
con sectores de la dirigencia aprista más permeables y enfrentarse a un político
como Alan García, dispuesto a ejercer autoridad y a utilizar el enfrentamiento con
el SUTEP para lograr réditos ante la opinión pública. Los sucesivos pasos dados
por el MED en este intercambio de medidas de fuerza fueron consultados con la
Presidencia o tuvieron su origen en ella.161

159
La participación del presupuesto de Educación de 2007 en el PBI descendió de 3,51% a 3%, y así
se incumplió una vez más la promesa electoral de asumir la meta del Acuerdo Nacional de aumentar
cada año dicha participación en 0,25%. En el texto de fundamentación del Presupuesto de la
República se señala una necesidad anual de 189,9 millones de dólares para mantenimiento, pero se
destinan recursos para un tercio de esa necesidad (Fuente: INIDEN, agosto de 2006).
160
Las razones indicadas para esta estrategia de acción son: (a) «[…] hay que ir probando en forma
mensurable para ir refinando las estrategias»; (b) «[…] sin logros concretos y visibles es difícil ir
creando consenso social entre los técnicos»; y, (c) «[…] sin logros el país —o por lo menos el sector—
se hace cada vez más ingobernable» (Banco Mundial 2006: 634).
161
Tres acciones políticas —las dos fases de evaluación, la disminución de licencias sindicales y la
desatención en el MED de fondos para la Derrama Magisterial— dieron al Gobierno igual número de
victorias mediáticas y frente a la opinión pública, y generaron el debilitamiento del SUTEP, que
reaccionó tardíamente.


Los argumentos con los que el SUTEP hizo frente a la evaluación fueron débiles.162
La dirigencia nacional fue rebasada por bases opuestas a todo tipo de evaluación.
En la opinión pública quedó la percepción de un magisterio reacio a todo cambio.
Los resultados de la evaluación censal ahondan la imagen de un considerable por-
centaje del magisterio casi irrecuperable en las materias objeto de la evaluación
censal.

A pesar de las declaraciones claramente autocríticas de diversos dirigentes magis-
teriales —algunos de ellos incluso ofrecieron públicas disculpas a los padres de
familia—, de que asumieron que el país cuenta con un Proyecto Educativo Nacional
como política de Estado y de que estaban dispuestos a «crear sinergias» con el
Gobierno, el SUTEP tendrá que dar muestras tangibles de que su compromiso por
la escuela pública pasa por dar mayor importancia a los factores pedagógicos y a
un desempeño docente respetuoso y amable con sus alumnos. Ser parte de una
decidida lucha contra la corrupción enquistada en el sector implica actuar con se-
veridad contra maestros que violan o agraden e incumplen sus deberes esenciales
con sus alumnos. La renovación sindical pasa también —como se ha señalado en la
parte II de este libro— por democratizar sus sistemas de representatividad magiste-
rial, con el propósito de que el sindicato sea capaz de expresar la pluralidad vigente
en el magisterio. Supone, asimismo, persistir en el combate por la mejora de las
condiciones de vida de sus afiliados, incluyendo la lucha por mejorar el nivel acadé-
mico de los maestros y por obtener una carrera pública que estimule su condición
profesional.

f. EL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL COMO FACTOR
TRANSFORMADOR
Para que el PEN se convierta efectivamente en el principal orientador de un proce-
so de cambio educativo y supere el riesgo de servir de «mampara» que justifique
cualquier medida o iniciativa gubernamental, será indispensable:

162
Reducir toda la crítica sutepista sobre la evaluación censal a un problema de formación inicial, de
capacitación en servicio o de bajos niveles de vida magisterial es a todas luces insuficiente. Tiene
también inconsistencia el no reconocer que existen conocimientos denominados básicos como la
lectura, la escritura, las matemáticas, que todo docente tiene la obligación de dominar. Seguir
insistiendo en demandar la evaluación de conocimientos especializados en contraposición con los
generales tampoco conduce a mucho. Afirmar que todos los problemas se originan en la reducción
del presupuesto sin señalar cómo debiera mejorarse la gestión y enfrentar la elevada corrupción,
corre el riesgo de ser tomado como frase manida y poco efectiva.


• Un Ministerio de Educación que promueva y lidere una propuesta educativa orienta-
da a dar una educación gratuita y de calidad a las niñas y los niños peruanos. Urge
que modifique su esquema de organización actual para superar acciones aisladas o
medidas específicas que son apenas el reflejo de una normatividad y un presupuesto
desfasados respecto del PEN.

• Una sociedad civil vigilante del cumplimiento del PEN y proactiva, con sugerencias
y acciones propias en beneficio de una mejor educación.

• Un presupuesto educativo suplementario, con fondos intangibles, que supere el ab-
surdo de querer dar una educación de mayor calidad con recursos presupuestarios
siempre mezquinos e insuficientes.

• Dar real prioridad a la escuela pública como principal factor de ciudadanía y de
democratización del país. El respeto y el estímulo constantes a sus directores y
docentes, así como enfrentar la calamidad de la infraestructura y falta de servicios
básicos de la mayoría de centros educativos, serán otra buena señal.

• Brindar al maestro la importancia que tiene en el proceso educativo y apoyarlo
reconociendo su calidad de actor central de toda reforma.

• Una reingeniería del sector, es decir, modificar sustantivamente las DRE y las UGEL
como organismos de gestión. Ello supone disminución de trámites, enfrentamiento y
desaparición de coimas y acabar con el acoso sexual a docentes y con los cacicaz-
gos de muchos funcionarios.

• Aplicar la LGE 28044 y difundir el PEN en el país, como imperativo previo.163

• POLÍTICAS Y METAS PRIORITARIAS 2006-2011 EN EL MARCO DEL PEN

El CNE ha propuesto al país seis cambios fundamentales, veinte políticas educati-
vas prioritarias y un conjunto de metas para los próximos cinco años, que el Gobier-
no de Alan García debiera por lo menos analizar y, mejor aun, llevar a la práctica.
Todas ellas buscan poner en marcha un proceso de transformación a gran escala de

163
¿Cuántos ejemplares de este importante y hoy oficializado Proyecto se ha comprometido a publicar
y difundir el MED en el país? Las fuentes consultadas señalan que —esperemos que solo por
ahora— escasos mil ejemplares.


la educación en el Perú, absolutamente indispensable para poder avanzar como país
hacia el desarrollo, la consolidación democrática y la integración social.

Lo que supone esta propuesta del CNE es una concentración preferente de ener-
gías, esfuerzos y recursos públicos en el logro de seis cambios fundamentales en el
quinquenio mediante el desarrollo de veinte políticas:164

Objetivo específico 1

1. Buen inicio en la vida (0-3 años).

2. Calidad y equidad educativa en inicial y primaria (4-12 años).

3. Educación secundaria de calidad para todos en áreas rurales (12-17 años).

4. Educación básica alternativa para jóvenes (12-20 años).


5. Sistema nacional descentralizado de apoyo técnico y estímulo de las buenas prác-
ticas.

6. Recursos tecnológicos y bibliográficos de calidad usados óptimamente para mejo-
rar aprendizajes.

7. Estándares nacionales y regionales en áreas prioritarias de aprendizaje.

8. Evaluación nacional de aprendizajes de manera regular a cargo de un órgano
especializado y autónomo.


9. Fortalecimiento de la calidad de la formación inicial docente mediante su acreditación.

164
«Atender estas prioridades, sin embargo —precisa el CNE—, no implica que el Estado suspenda
cualquier otra actividad o compromiso relacionado con la educación que esté fuera de esta agenda»
(Fuente: «Políticas y metas prioritarias 2006-2011". Lima: CNE, 2006).


10. Programa descentralizado de formación profesional en servicio a cargo de institu-
ciones educativas.

11. Implementación progresiva de la nueva Carrera Pública Magisterial.


12. Incremento presupuestal invertido con equidad, calidad y eficiencia, según priori-
dades de los PER y del PEN.

13. Descentralización de la gestión del sistema educativo.

14. Moralización de la gestión del sistema educativo.


15. Educación superior productora de ciencia y tecnología apropiada.

16. Racionalización de la oferta nacional y regional de formación profesional de la
educación superior.

17. Programa nacional de acreditación de excelencia en la educación superior.

18. Reforma de la estructura de gobierno de la universidad pública.


19. Programas municipales de apoyo a la educación ciudadana.

20. Apoyo educativo de los medios masivos de información y difusión.


En el documento propuesto por el CNE, cada una de las políticas tiene progra-
mas por desarrollar y las correspondientes metas de verificación.

«Una voluntad política no es sinónimo de un mesías.
Es el resultado del encuentro entre ideas, programas,
planteamientos y fuerzas sociales
capaces de llevarlos a cabo»
Flores Galindo 1988

En síntesis: hay avances importantes, fruto, en gran medida, de una persistente
acción de instituciones y actores educativos para asumir la educación como
factor fundamental en el desarrollo del país y de sus ciudadanos. El tema edu-
cativo es hoy primera noticia. Las acciones desarrolladas, más allá del sentido
de los énfasis puestos por el Gobierno, están creando mayores posibilidades
para asumir la educación como tarea colectiva y para movilizar esfuerzos a
favor de una reforma de la educación peruana. La concreción del Proyecto
Educativo Nacional sigue siendo reconocida como la base de toda opción de
reforma en las actuales circunstancias. Hay exigencias para superar la opción
por medidas cortoplacistas y de impacto mediático privilegiando el trabajo sis-
témico con amplia participación de actores nacionales y regionales. El sustan-
tivo aumento de recursos y la buena gestión de estos, así como estrategias
específicas para orientar la acción del Estado y la sociedad al cumplimiento en
el largo plazo de los seis objetivos y políticas implícitos en el PEN, serán requi-
sito para que la reforma se haga realidad.

La publicación de los resultados de la encuesta nacional de Apoyo correspon-
diente a junio 2007 constituyó una seria advertencia al segundo Gobierno de
Alan García en materia educativa. La pregunta «¿Considera que el gobierno
está avanzando mucho, poco o nada en la reforma educativa?», tuvo los si-
guientes resultados: 59% afirmaron que «poco», 25% que «nada» y solo 13%
que «mucho». Es decir, 84% de los encuestados opinó que no percibía reforma
educativa alguna en el país.165

Lo anterior exige voluntad política aquí y ahora, al mismo tiempo que perma-
nencia y estabilidad institucional para que el esfuerzo de cambio se sostenga y
dé frutos visibles a lo largo del tiempo. Asumir una indispensable reforma edu-

165
Fuente: Diario El Comercio, Lima, 24 de junio de 2007.


cativa sostenible demandará un camino largo y persistente que implica modifi-
car radicalmente la situación actual y emprender acciones persistentes que no
siempre serán políticamente rentables. El Gobierno del presidente Alan García
alentará la comprensión y el apoyo de muchos durante su mandato si asume su
responsabilidad histórica dando pasos como estadista preocupado en las próxi-
mas generaciones. Los éxitos momentáneos, avalados por encuestas de opi-
nión, no necesariamente conducen a ello.


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