Codigo penal df

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
(Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de julio de 2002)

(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.- JEFE DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL)

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes
sabed:

Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, se ha servido dirigirme el
siguiente:

DECRETO
(Al margen superior derecho dice: Nuevo Código Penal para el Distrito Federal y al centro el
escudo nacional que dice:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- II
LEGISLATURA)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, II LEGISLATURA

DECRETA:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO PRELIMINAR
DE LOS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PENALES
ARTÍCULO 1 (Principio de legalidad). A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino
por la realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al
tiempo de su realización, siempre y cuando concurran los presupuestos que para cada una de ellas
señale la ley y la pena o la medida de seguridad se encuentren igualmente establecidas en ésta.

ARTÍCULO 2 (Principio de tipicidad y prohibición de la aplicación retroactiva, analógica y por
mayoría de razón). No podrá imponerse pena o medida de seguridad, si no se acredita la
existencia de los elementos de la descripción legal del delito de que se trate. Queda prohibida la
aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón, de la ley penal en perjuicio de persona
alguna.

La ley penal sólo tendrá efecto retroactivo si favorece al inculpado, cualquiera que sea la etapa del
procedimiento, incluyendo la ejecución de la sanción. En caso de duda, se aplicará la ley más
favorable.

ARTÍCULO 3 (Prohibición de la responsabilidad objetiva). Para que la acción o la omisión sean
penalmente relevantes, deben realizarse dolosa o culposamente.

CENTRO DE DOCUMENTACION 1


ARTÍCULO 4 (Principio del bien jurídico y de la antijuridicidad material). Para que la acción o la
omisión sean consideradas delictivas, se requiere que lesionen o pongan en peligro, sin causa
justa, al bien jurídico tutelado por la ley penal.

ARTÍCULO 5 (Principio de culpabilidad). No podrá aplicarse pena alguna, si la acción o la omisión
no han sido realizadas culpablemente. La medida de la pena estará en relación directa con el
grado de culpabilidad del sujeto respecto del hecho cometido, así como de la gravedad de éste.

Igualmente se requerirá la acreditación de la culpabilidad del sujeto para la aplicación de una
medida de seguridad, si ésta se impone accesoriamente a la pena, y su duración estará en relación
directa con el grado de aquélla. Para la imposición de las otras medidas penales será necesaria la
existencia, al menos, de un hecho antijurídico, siempre que de acuerdo con las condiciones
personales del autor, hubiera necesidad de su aplicación en atención a los fines de prevención del
delito que con aquéllas pudieran alcanzarse.

ARTÍCULO 6 (Principio de la jurisdiccionalidad). Sólo podrán imponerse pena o medida de
seguridad por resolución de autoridad judicial competente, mediante procedimiento seguido ante
los tribunales previamente establecidos.

TÍTULO PRIMERO
LA LEY PENAL

CAPÍTULO I APLICACIÓN
ESPACIAL DE LA LEY
ARTÍCULO 7 ( Principio de territorialidad). Este Código se aplicará en el Distrito Federal por los
delitos del fuero común que se cometan en su territorio.

ARTÍCULO 8 (Principio de aplicación extraterritorial de la ley penal). Este Código se aplicará,
asimismo, por los delitos cometidos en alguna entidad federativa, cuando:

I. Produzcan efectos dentro del territorio del Distrito Federal; o

II. Sean permanentes o continuados y se sigan cometiendo en el territorio del Distrito Federal.

CAPÍTULO II APLICACIÓN
TEMPORAL DE LA LEY
ARTÍCULO 9 (Validez temporal). Es aplicable la ley penal vigente en el momento de la realización
del hecho punible.

ARTÍCULO 10 (Principio de ley más favorable). Cuando entre la comisión del delito y la extinción
de la pena o medida de seguridad correspondientes, entrare en vigor otra ley aplicable al caso, se
estará a lo dispuesto en la ley más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté
conociendo o haya conocido del procedimiento penal, aplicará de oficio la ley más favorable.

Cuando el reo hubiese sido sentenciado y la reforma disminuya la penalidad, se estará a la ley más
favorable.

ARTÍCULO 11 (Momento y lugar del delito). El momento y el lugar de realización del delito son
aquellos en que se concretan los elementos de su descripción legal.



CAPÍTULO III APLICACIÓN
PERSONAL DE LA LEY
ARTÍCULO 12 (Validez personal y edad penal). Las disposiciones de este Código se aplicarán a
todas las personas a partir de los dieciocho años de edad.

CAPÍTULO IV
CONCURSO APARENTE DE NORMAS
ARTÍCULO 13 (Principio de especialidad, consunción y subsidiariedad). Cuando una misma
materia aparezca regulada por diversas disposiciones:

I. La especial prevalecerá sobre la general;

II. La de mayor protección al bien jurídico absorberá a la de menor alcance; o

III. La principal excluirá a la subsidiaria.

CAPÍTULO V LEYES
ESPECIALES
ARTÍCULO 14 (Aplicación subsidiaria del Código Penal). Cuando se cometa un delito no previsto
por este ordenamiento, pero sí en una ley especial del Distrito Federal, se aplicará esta última, y
sólo en lo no previsto por la misma se aplicarán las disposiciones de este Código.

TÍTULO SEGUNDO
EL DELITO

CAPÍTULO I FORMAS
DE COMISIÓN
ARTÍCULO 15 (Principio de acto). El delito sólo puede ser realizado por acción o por omisión.

ARTÍCULO 16 (Omisión impropia o comisión por omisión). En los delitos de resultado material será
atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de
evitarlo, si:

I . Es garante del bien jurídico;

II . De acuerdo con las circunstancias podía evitarlo; y

III . Su inactividad es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida en el tipo.

Es garante del bien jurídico el que:

a). Aceptó efectivamente su custodia;

b). Voluntariamente formaba parte de una comunidad que afronta peligros de la naturaleza;

c). Con una actividad precedente, culposa o fortuita, generó el peligro para el bien jurídico;
o



d). Se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad
corporal de algún miembro de su familia o de su pupilo.

ARTÍCULO 17 (Delito instantáneo, continuo y continuado). El delito, atendiendo a su momento de
consumación, puede ser:

I. Instantáneo: cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado
todos los elementos de la descripción legal;

II. Permanente o continuo: cuando se viola el mismo precepto legal, y la consumación se prolonga
en el tiempo; y

III. Continuado: cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de
sujeto pasivo, se concretan los elementos de un mismo tipo penal.

ARTÍCULO 18 (Dolo y Culpa). Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse
dolosa o culposamente.

Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, o
previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta su realización.

Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó
confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que
objetivamente era necesario observar.

ARTÍCULO 19 (Principio de numerus clausus para la punibilidad de los delitos culposos). Los
delitos culposos solamente serán punibles en los casos expresamente determinados por la ley.

CAPÍTULO II
TENTATIVA
ARTÍCULO 20 (Tentativa punible). Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un
delito se exterioriza realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían producir el
resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo
no se llega a la consumación, pero se pone en peligro el bien jurídico tutelado.

ARTÍCULO 21 (Desistimiento y arrepentimiento). Si el sujeto desiste espontáneamente de la
ejecución o impide la consumación del delito, no se le impondrá pena o medida de seguridad
alguna por lo que a éste se refiere, a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismos
algún delito diferente, en cuyo caso se le impondrá la pena o medida señalada para éste.

CAPÍTULO III AUTORÍA Y
PARTICIPACIÓN
ARTÍCULO 22 (Formas de autoría y participación). Son responsables del delito, quienes:

I. Lo realicen por sí;

II. Lo realicen conjuntamente con otro u otros autores;

III. Lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento;

IV. Determinen dolosamente al autor a cometerlo;



V. Dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión; y

VI. Con posterioridad a su ejecución auxilien, al autor en cumplimiento de una promesa anterior al
delito.

Quienes únicamente intervengan en la planeación o preparación del delito, así como quienes
determinen a otro o le presten ayuda o auxilio, sólo responderán si el hecho antijurídico del autor
alcanza al menos el grado de tentativa del delito que se quiso cometer.

La instigación y la complicidad a que se refieren las fracciones IV y V, respectivamente, sólo son
admisibles en los delitos dolosos. Para las hipótesis previstas en las fracciones V y VI se impondrá
la punibilidad dispuesta en el artículo 81 de este Código.

ARTÍCULO 23 (Principios de intrascendencia de la pena). La pena que resulte de la comisión de
un delito no trascenderá de la persona y bienes de los autores y partícipes en aquél.

ARTÍCULO 24 (Culpabilidad personal y punibilidad independiente). Los autores o partícipes del
delito responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad.

ARTÍCULO 25 (Delito emergente). Si varias personas toman parte en la realización de un delito
determinado y alguno de ellos comete un delito distinto al acordado, todos serán responsables de
éste, según su propia culpabilidad, cuando concurran los siguientes requisitos:

I. Que sirva de medio adecuado para cometer el principal;

II. Que sea una consecuencia necesaria o natural de aquél, o de los medios concertados;

III. Que hayan sabido antes que se iba a cometer; o

IV. Que cuando hayan estado presentes en su ejecución, no hayan hecho cuanto estaba de su
parte para impedirlo.

ARTÍCULO 26 (Autoría indeterminada). Cuando varios sujetos intervengan en la comisión de un
delito y no pueda precisarse el daño que cada quien produjo, para su punibilidad se estará a lo
previsto en el artículo 82 de este Código.

ARTÍCULO 27 (Responsabilidad de las personas morales). Para los efectos de este Código, sólo
pueden ser penalmente responsables las personas físicas. Sin embargo, cuando un miembro o
representante de una persona moral, con excepción de las instituciones públicas del Distrito
Federal, cometa algún delito con los medios que para tal objeto la misma persona moral le
proporcione, de modo que el delito resulte cometido a su nombre, bajo el amparo o en beneficio de
aquélla, el Juzgador impondrá en la sentencia, previo el procedimiento correspondiente y con
intervención del representante legal, las consecuencias jurídicas accesorias previstas en los
artículos 68 y 69 de este Código para dichas personas, independientemente de la responsabilidad
en que hubieren incurrido las personas físicas por los delitos cometidos.

CAPÍTULO IV
CONCURSO DE DELITOS
ARTÍCULO 28 (Concurso ideal y real de delito). Hay concurso ideal, cuando con una sola acción o
una sola omisión se cometen varios delitos.

Hay concurso real, cuando con pluralidad de acciones u omisiones se cometen varios delitos.

No hay concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado.



En caso de concurso de delitos se estará a lo dispuesto en el artículo 79 de este Código.

CAPÍTULO V
CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO
ARTÍCULO 29 (Causas de exclusión). El delito se excluye cuando:

I. (Ausencia de conducta). La actividad o la inactividad se realice sin intervención de la voluntad del
agente;

II. (Atipicidad). Falte alguno de los elementos que integran la descripción legal del delito de que se
trate;

III. (Consentimiento del titular). Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado,
o del legitimado legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se trate de un bien jurídico disponible;

b) Que el titular del bien jurídico, o quien esté legitimado para consentir, tenga la capacidad
jurídica para disponer libremente del bien; y

c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio del consentimiento.

Se presume que hay consentimiento, cuando el hecho se realiza en circunstancias tales que
permitan suponer fundadamente que, de haberse consultado al titular del bien o a quien esté
legitimado para consentir, éstos hubiesen otorgado el consentimiento.

IV. (Legítima defensa). Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa
de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no
medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.

Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se cause un daño a
quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar en que habite de forma
temporal o permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona respecto de
las que el agente tenga la obligación de defender, a sus dependencias o al sitio donde se
encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación. Igual
presunción existirá cuando el daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de
los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión.

V. (Estado de necesidad). Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o
ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando
otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por
otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;

VI. (Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho). La acción o la omisión se realicen en
cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad
racional de la conducta empleada para cumplirlo o ejercerlo;

VII. (Inimputabilidad y acción libre en su causa). Al momento de realizar el hecho típico, el agente
no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con
esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser
que el sujeto hubiese provocado su trastorno mental para en ese estado cometer el hecho, en cuyo
caso responderá por el resultado típico producido en tal situación.

Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior se encuentre considerablemente



disminuida, se estará a lo dispuesto en el artículo 65 de este Código.

VIII. (Error de tipo y error de prohibición). Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible,
respecto de:

a) Alguno de los elementos objetivos que integran la descripción legal del delito de que se
trate; o

b) La ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el
alcance de la misma o porque crea que está justificada su conducta.

Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se estará a lo dispuesto en el
artículo 83 de este Código.

XI. (Inexigibilidad de otra conducta). En atención a las circunstancias que concurren en la
realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al sujeto una conducta diversa a
la que realizó, en virtud de no haberse podido conducir conforme a derecho.

Las causas de exclusión del delito se resolverán de oficio, en cualquier estado del proceso.

Si en los casos de las fracciones IV, V y VI de este artículo el sujeto se excediere, se estará a lo
previsto en el artículo 83 de este Código.

TÍTULO TERCERO CONSECUENCIAS
JURÍDICAS DEL DELITO

CAPÍTULO I
CATÁLOGO DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DE CONSECUENCIAS
JURÍDICAS PARA LAS PERSONAS MORALES
ARTÍCULO 30 (Catálogo de penas). Las penas que se pueden imponer por los delitos son:

I. Prisión;

II. Tratamiento en libertad de imputables;

III. Semilibertad;

IV. Trabajo en beneficio de la víctima del delito o en favor de la comunidad;

V. Sanciones pecuniarias;

VI. Decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito;

VII. Suspensión o privación de derechos; y

VIII. Destitución e inhabilitación de cargos, comisiones o empleos públicos.

ARTÍCULO 31 (Catálogo de medidas de seguridad). Las medidas de seguridad que se pueden
imponer con arreglo a este Código son:

I. Supervisión de la autoridad;

II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él;



III. Tratamiento de inimputables o imputables disminuidos;

IV. Tratamiento de deshabituación o desintoxicación;

V. Prohibición de comunicarse por cualquier medio, por si o por interpósita persona con la víctima u
ofendido, o con las víctimas indirectas; y

VI. Cuando se trate de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, quien juzgue podrá
imponer además las siguientes:

a. La prohibición al sentenciado de acercarse o ingresar al domicilio, lugar de trabajo
o de estudios, de la víctima y las víctimas indirectas, o cualquier otro lugar que
frecuente la víctima;

b. Apercibir al sentenciado a fin de que se abstenga de ejercer cualquier tipo de
violencia en contra de la víctima o víctimas indirectas;

c. Ordenar vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal en los lugares en que se encuentre la víctima o las víctimas indirectas, por
el tiempo que determine el juez; y

d. Ordenar la custodia por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, a la víctima o víctimas indirectas, en los casos en que las circunstancias
de riesgo lo ameriten, por el tiempo que determine el juez.

ARTÍCULO 32 (Consecuencias para las personas morales). Las consecuencias jurídicas
accesorias aplicables a las personas morales que se encuentren en los supuestos previstos en el
artículo 27 de este Código, son:

I. Suspensión;

II. Disolución;

III. Prohibición de realizar determinadas operaciones;

IV. Remoción; y

V. Intervención.

CAPÍTULO II
PRISIÓN
ARTÍCULO 33 (Concepto y duración de la prisión). La prisión consiste en la privación de la libertad
personal. Su duración no será menor de tres meses ni mayor de setenta años. Su ejecución se
llevará a cabo en los establecimientos o lugares donde disponga la autoridad ejecutora de las
sanciones penales en el Distrito Federal o del Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la
legislación correspondiente, en la resolución judicial respectiva o en los convenios celebrados.

En toda pena de prisión que se imponga en una sentencia, se computará el tiempo de la detención
o del arraigo.

Si se trata de dos o más penas de prisión impuestas en sentencias diferentes, aquellas se
cumplirán invariablemente de manera sucesiva, sin que la suma de ellas sea mayor de setenta
años.



CAPÍTULO III
TRATAMIENTO EN LIBERTAD DE IMPUTABLES
ARTÍCULO 34 (Concepto y duración). El tratamiento en libertad de imputables, consiste en la
aplicación, según el caso, de las medidas laborales, educativas, de salud o de cualquier otra índole
autorizadas por la ley, orientadas a la readaptación social del sentenciado y bajo la supervisión de
la autoridad ejecutora.

Esta pena podrá imponerse como pena autónoma o sustitutiva de la prisión, sin que su duración
pueda exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida.

El tratamiento en libertad de imputables podrá imponerse conjuntamente con las medidas de
seguridad tendientes a la deshabitualización del sentenciado, cuando así se requiera.

En todo caso pena y medida deberán garantizar la dignidad y la libertad de conciencia del
sentenciado.

CAPÍTULO IV
SEMILIBERTAD
ARTÍCULO 35. (concepto y duración) La semilibertad implica alternación de períodos de libertad, y
privación de la libertad. Se impondrá y cumplirá, según las circunstancias del caso, del siguiente
modo:

I.- Externación durante la semana de trabajo, con reclusión de fin de semana;

II.- Salida de fin de semana con reclusión durante el resto de ésta;

III.- Salida diurna con reclusión nocturna; o

IV.- Salida nocturna con reclusión diurna.

La semilibertad podrá imponerse como pena autónoma o como sustitutiva de la prisión. En este
último caso, la duración no podrá exceder de la que corresponda a la pena de prisión sustituida.

En todo caso, la semilibertad se cumplirá bajo el cuidado de la autoridad competente.

CAPÍTULO V
TRABAJO A FAVOR DE LA VÍCTIMA O A FAVOR DE LA COMUNIDAD
ARTÍCULO 36 (Concepto y duración). El trabajo en beneficio de la víctima del delito consiste en la
prestación de servicios remunerados, en instituciones públicas, educativas, empresas de
participación estatal o en empresas privadas, en los términos de la legislación correspondiente.

El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestación de servicios no remunerados, en
instituciones públicas, educativas, de asistencia o servicio social, o en instituciones privadas de
asistencia no lucrativas, que la ley respectiva regule.

En ambos casos se cumplirá bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora.

El trabajo en beneficio de la víctima del delito o en favor de la comunidad, se llevará a cabo en
jornadas dentro de períodos distintos al horario de las labores que represente la fuente de ingresos
para la subsistencia del sentenciado y la de su familia, sin que pueda exceder de la jornada
extraordinaria que determina la ley laboral. La extensión de la jornada será fijada por el juez



tomando en cuenta las circunstancias del caso, y por ningún concepto se desarrollará en forma
que resulte degradante o humillante para el sentenciado.

Podrá imponerse como pena autónoma o como sustitutiva de la pena de prisión o de multa, según
el caso. Cada día de prisión o cada día multa, será sustituido por una jornada de trabajo en
beneficio de la víctima o en favor de la comunidad.

CAPÍTULO VI SANCIÓN
PECUNIARIA
ARTÍCULO 37 (Multa, reparación del daño y sanción económica). La sanción pecuniaria
comprende la multa, la reparación del daño y la sanción económica.

ARTÍCULO 38 (Días de multa). La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al
Gobierno del Distrito Federal fijada por días multa. Los mínimos y máximos atenderán a cada delito
en particular, los que no podrán ser menores a un día ni exceder de cinco mil, salvo los casos
señalados en este Código.

El día multa equivale a la percepción neta diaria del inculpado en el momento de cometer el delito.
El límite inferior del día multa será el equivalente al salario mínimo diario vigente en el Distrito
Federal al momento de cometerse el delito.

Para fijar el día multa se tomará en cuenta:

El momento de la consumación, si el delito es instantáneo;

El momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente; o

El momento de consumación de la última conducta, si el delito es continuado.

ARTÍCULO 39 (Sustitución de la multa). Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la
multa o solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial podrá sustituirla total o
parcialmente por trabajo en beneficio de la víctima o trabajo a favor de la comunidad. Cada jornada
de trabajo saldará dos días multa.

Cuando no sea posible o conveniente la sustitución de la multa por trabajo a favor de la
comunidad, la autoridad judicial podrá decretar la libertad bajo vigilancia, cuya duración no
excederá el número de días multa sustituido, sin que este plazo sea mayor al de la prescripción.

ARTÍCULO 40 (Exigibilidad de la multa). La autoridad ejecutora iniciará el procedimiento
económico coactivo, dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la sentencia.

En atención a las características del caso, el juez podrá fijar plazos razonables para el pago de la
multa en exhibiciones parciales. Si el sentenciado omite sin causa justificada cubrir el importe de la
multa en el plazo que se haya fijado, la autoridad competente la exigirá mediante el procedimiento
económico coactivo. En cualquier momento podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose
de ésta la parte proporcional a las jornadas de trabajo prestadas en beneficio de la víctima del
delito, en favor de la comunidad o el tiempo de prisión que se hubiere cumplido.

ARTÍCULO 41 (Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia) Se establecerá un Fondo de Apoyo a
la Procuración de Justicia en el Distrito Federal, que incluirá entre otros, la atención y apoyo a las
victimas del delito en los términos de la legislación correspondiente.

El importe de la multa y la sanción económica se destinará íntegramente a los Fondos de Apoyo a
la Procuración y Administración de Justicia, conforme se establece en la presente Ley.



ARTÍCULO 42 (Alcance de la reparación del daño). La reparación del daño comprende, según la
naturaleza del delito de que se trate:

I. El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el
delito;

II. La restitución de la cosa obtenida por el delito, incluyendo sus frutos y accesorios y, si no fuese
posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la
entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba
pericial;

III. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación,
incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean
necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima;

IV. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados; y

V. El pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad
para trabajar en oficio, arte o profesión.

ARTÍCULO 43 (Fijación de la reparación del daño). La reparación será fijada por los jueces, según
el daño o perjuicios que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas durante el
proceso.

ARTÍCULO 44 (Preferencia de la reparación del daño). La obligación de pagar la reparación del
daño es preferente al pago de cualquiera otra sanción pecuniaria u obligación contraída con
posterioridad a la comisión del delito, salvo las referentes a alimentos y relaciones laborales.

En todo proceso penal el Ministerio Público estará obligado a solicitar, en su caso, la condena en
lo relativo a la reparación de daños o perjuicios y probar su monto, y el Juez a resolver lo
conducente. Su incumplimiento será sancionado con cincuenta a quinientos días multa.

ARTÍCULO 45 (Derecho a la reparación del daño). Tienen derecho a la reparación del daño:

I. La víctima y el ofendido. En los casos de violencia contra las mujeres también tendrán derecho a
la reparación del daño las víctimas indirectas.

Se entiende como víctima indirecta a los familiares de la víctima o a las personas que tengan o
hayan tenido relación o convivencia con la misma en el momento de la comisión del delito.

II. A falta de la víctima o el ofendido, sus dependientes económicos, herederos o
derechohabientes, en la proporción que señale el derecho sucesorio y demás disposiciones
aplicables.

ARTÍCULO 46 (Obligados a reparar el daño). Están obligados a reparar el daño

I. Los tutores, curadores o custodios, por los ilícitos cometidos por los inimputables que estén bajo
su autoridad;

II. Los dueños, empresas o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles de
cualquier especie, por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos y
artesanos, con motivo y en desempeño de sus servicios;

III. Las sociedades o agrupaciones, por los delitos de sus socios o gerentes, directores, en los
mismos términos en que, conforme a las leyes, sean responsables por las demás obligaciones que



los segundos contraigan. Se exceptúa de esta regla a la sociedad conyugal, pues, en todo caso,
cada cónyuge responderá con sus bienes propios por la reparación del daño que cause; y

IV. El Gobierno del Distrito Federal responderá solidariamente por los delitos que cometan sus
servidores públicos, con motivo del ejercicio de sus funciones.

Queda a salvo el derecho del Gobierno del Distrito Federal para ejercitar las acciones
correspondientes contra el servidor público responsable.

ARTÍCULO 47 (Supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo). Si se trata de delitos que afecten la
vida o la integridad corporal, el monto de la reparación del daño no podrá ser menor del que resulte
de aplicar las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo.

ARTÍCULO 48 (Plazos para la reparación del daño). De acuerdo con el monto de los daños o
perjuicios, y de la situación económica del sentenciado, el juez podrá fijar plazos para su pago, que
en conjunto no excederán de un año, pudiendo para ello exigir garantía si lo considera
conveniente.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal reglamentará la forma en que, administrativamente, deba
garantizar la reparación del daño, cuando éste sea causado con motivo de delitos, en los casos a
que se refiere la fracción IV del artículo 46 de este Código. El pago se hará preferentemente en
una sola exhibición.

ARTÍCULO 49 (Exigibilidad de la reparación del daño). La reparación del daño se hará efectiva en
la misma forma que la multa.

Para ello, el Tribunal remitirá a la autoridad ejecutora copia certificada de la sentencia
correspondiente y ésta notificará al acreedor.

Si no se cubre esta responsabilidad con los bienes y derechos del responsable, el sentenciado
seguirá sujeto a la obligación de pagar la parte que le falte.

Cuando sean varios los ofendidos y no resulte posible satisfacer los derechos de todos, se cubrirán
proporcionalmente los daños y perjuicios.

En todo caso, el afectado podrá optar en cualquier momento por el ejercicio de la acción civil
correspondiente.

ARTÍCULOS 50 (Aplicación de las garantías de la libertad caucional). Cuando el inculpado se
sustraiga a la acción de la justicia, las garantías relacionadas con la libertad caucional se aplicarán
de manera inmediata a los Fondos de Apoyo a la Procuración y Administración de Justicia, en la
medida y proporción que ésta ley establece.

Al ordenarse que se hagan efectivas esas garantías, el Juez prevendrá a la autoridad competente
que ponga su importe a disposición del Tribunal para los efectos de este artículo.

En los casos en que el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, y estuviere
garantizada la libertad caucional del inculpado, en todo o en parte, con dinero en efectivo o en
billetes de depósito, sin que sean reclamados por éste en un plazo de noventa días, posteriores a
su legal notificación, se aplicarán al Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia.

ARTÍCULO 51 (Renuncia o falta de reclamo de la Reparación del Daño). Si el ofendido o sus
derechohabientes renuncian o no cobran la reparación del daño, el importe de éste se entregará al
Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia y al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia,
en la proporción y términos señalados por las legislaciones aplicables.



ARTÍCULO 52 (Sanción económica). En los delitos cometidos por servidores públicos a que se
refieren los Títulos Décimo Octavo y Vigésimo del Libro Segundo de este Código, la sanción
económica consiste en la aplicación de hasta tres tantos del lucro obtenido y de los daños y
perjuicios causados.

CAPITULO VII
ASEGURAMIENTO Y DECOMISO DE INSTRUMENTOS, OBJETOS Y
PRODUCTOS DEL DELITO
ARTÍCULO 53 (Bienes susceptibles de decomiso). El decomiso consiste en la aplicación a favor
del Gobierno del Distrito Federal, de los instrumentos, objetos o productos del delito, en los
términos del presente Código.

Si son de uso lícito, se decomisarán sólo cuando el sujeto haya sido condenado por delito doloso;
si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando éste haya tenido conocimiento de su
utilización para la comisión del delito y no lo denunció o no hizo cuanto estaba de su parte para
impedirlo.

ARTÍCULO 54 (Destino de los bienes decomisados). La autoridad competente determinará el
destino de los bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito, y que sean decomisados,
al pago de la reparación de los daños y perjuicios causados, al de la multa o en su defecto, según
su utilidad, a los Fondos de Apoyo a la Procuración y Administración de Justicia, según
corresponda.

ARTÍCULO 55. (Destino de los bienes abandonados).Los bienes que se encuentren a disposición
de la autoridad judicial que no hayan sido decomisados y que no hayan sido recogidos por quien
tenga derecho a ello, o a disposición de la autoridad investigadora y que no hayan sido recogidos
por quien tenga derecho a ello, en un plazo de ochenta días naturales contados a partir de la
notificación al interesado, causarán abandono a favor de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y podrán ser repartidos,
según convenio que celebren ambas instituciones, o enajenados, y el producto se aplicará a los
Fondos de Apoyo a la Procuración y Administración de Justicia en el Distrito Federal, en partes
iguales.

Respecto a la enajenación referida en el párrafo anterior, deberá contarse con el avalúo respectivo,
y para tal efecto, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, podrá celebrar convenios
con instituciones públicas o privadas.

El acuerdo por el que se determine que los bienes han causado abandono deberá notificarse
personalmente o mediante edictos, que se pagarán a partes iguales con recursos de los fondos
mencionados.

CAPÍTULO VIII
SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE DERECHOS, DESTITUCIÓN E
INHABILITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS, COMISIONES O
EMPLEOS
ARTÍCULO 56 (Concepto de estas sanciones). La suspensión consiste en la pérdida temporal de
derechos.

La privación consiste en la pérdida definitiva de derechos.

La destitución consiste en la privación definitiva del empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en el servicio público.



La inhabilitación implica la incapacidad temporal para obtener y ejercer cargos, comisiones o
empleos públicos.

ARTÍCULO 57 (Clases de suspensión y de privación). La suspensión y la privación de derechos
son de dos clases:

I. La que se impone por ministerio de ley como consecuencia necesaria de la pena de prisión; y

II. La que se impone como pena autónoma.

En el primer caso, la suspensión o privación comenzarán y concluirán con la pena de que sean
consecuencia.

En el segundo caso, si la suspensión o la privación se imponen con pena privativa de la libertad,
comenzarán al cumplirse ésta y su duración será la señalada en la sentencia. Si la suspensión o la
privación no van acompañadas de prisión, empezarán a contar desde que cause ejecutoria la
sentencia.

A estas misma reglas se sujetará la inhabilitación.

ARTÍCULO 58 (Suspensión de derechos como consecuencia de la pena de prisión). La pena de
prisión produce la suspensión de los derechos políticos, en los términos previstos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su caso, los derechos de tutela,
curatela, para ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o
interventor en concursos, árbitro, arbitrador o representante de ausentes. La suspensión
comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y concluirá cuando se extinga la
pena de prisión.

ARTÍCULO 59 (Momento de la destitución). En el caso de destitución, ésta se hará efectiva a
partir del día en que cause ejecutoria la sentencia.

CAPÍTULO IX SUPERVISIÓN DE
LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 60 (Concepto, casos de aplicación y duración). La supervisión de la autoridad consiste
en la observación y orientación de la conducta del sentenciado, ejercidas por personal
especializado dependiente de la autoridad competente, con la finalidad exclusiva de coadyuvar a la
readaptación social del sentenciado y a la protección de la comunidad.

El juez deberá disponer esta supervisión cuando en la sentencia imponga una sanción que restrinja
la libertad o derechos, sustituya la privación de libertad por otra sanción o conceda la suspensión
condicional de la ejecución de la sentencia y en los demás casos en los que la ley disponga. Su
duración no deberá exceder de la correspondiente a la pena o medida de seguridad impuesta.

CAPÍTULO X
PROHIBICIÓN DE IR A UN LUGAR DETERMINADO O RESIDIR EN ÉL
ARTÍCULO 61 (Concepto y duración). En atención a las circunstancias del delito, del delincuente y
del ofendido, el juez impondrá las medidas siguientes: prohibir al sentenciado que vaya a un lugar
determinado o que resida en él, conciliando la exigencia de tranquilidad publica y la seguridad del
ofendido.

Estas medidas no podrán ser mayores al término de la pena impuesta.



CAPÍTULO XI
TRATAMIENTO DE INIMPUTABLES O DE IMPUTABLES DISMINUIDOS
ARTÍCULO 62 (Medidas para inimputables). En el caso de que la inimputabilidad sea
permanente, a la que se refiere la fracción VII del artículo 29 de este Código, el juzgador dispondrá
la medida de tratamiento aplicable, ya sea en internamiento o en libertad, previo el procedimiento
penal respectivo. En el primer caso, el inimputable será internado en la institución correspondiente
para su tratamiento durante el tiempo necesario para su curación, sin rebasar el previsto en el
artículo 33 de este Código.

Si se trata de trastorno mental transitorio se aplicará la medida a que se refiere el párrafo anterior si
lo requiere, en caso contrario, se le pondrá en absoluta libertad.

Para la imposición de la medida a que se refiere este Capítulo, se requerirá que la conducta del
sujeto no se encuentre justificada.

En caso de personas con desarrollo intelectual retardado o trastorno mental, la medida de
seguridad tendrá carácter terapéutico en lugar adecuado para su aplicación.

Queda prohibido aplicar la medida de seguridad en instituciones de reclusión preventiva o de
ejecución de sanciones penales, o sus anexos.

ARTÍCULO 63 (Entrega de inimputables a quienes legalmente corresponda hacerse cargo de
ellos). El juez o en su caso la autoridad competente, podrá entregar al inimputable a sus familiares
o a las personas que conforme a la ley tengan la obligación de hacerse cargo de él, siempre y
cuando reparen el daño, se obliguen a tomar las medidas adecuadas para el tratamiento y
vigilancia del inimputable y garanticen a satisfacción del juez, el cumplimiento de las obligaciones
contraídas.

Esta medida podrá revocarse cuando se deje de cumplir con las obligaciones contraídas.

ARTÍCULO 64 (Modificación o conclusión de la medida). La autoridad competente podrá resolver
sobre la modificación o conclusión de la medida, considerando las necesidades del tratamiento,
que se acreditarán mediante revisiones periódicas, con la frecuencia y características del caso.

ARTÍCULO 65 (Tratamiento para imputables disminuidos). Si la capacidad del autor sólo se
encuentra considerablemente disminuida, por desarrollo intelectual retardado o por trastorno
mental, a juicio del juzgador se le impondrá de una cuarta parte de la mínima hasta la mitad de la
máxima de las penas aplicables para el delito cometido o las medidas de seguridad
correspondientes, o bien ambas, tomando en cuenta el grado de inimputabilidad, conforme a un
certificado médico apoyado en los dictámenes emitidos por cuando menos dos peritos en la
materia.

ARTÍCULO 66 (Duración del tratamiento). La duración de tratamiento para el inimputable, en
ningún caso excederá del máximo de la pena privativa de libertad que se aplicaría por ese mismo
delito a sujetos imputables.

Concluido el tiempo del tratamiento, la autoridad competente entregará al inimputable a sus
familiares para que se hagan cargo de él, y si no tiene familiares, lo pondrá a disposición de las
autoridades de salud o institución asistencial, para que éstas procedan conforme a las leyes
aplicables.



CAPÍTULO XII
TRATAMIENTO DE DESHABITUACIÓN O DESINTOXICACIÓN
ARTÍCULO 67 (Aplicación y alcances). Cuando el sujeto haya sido sentenciado por un delito cuya
comisión obedezca a la inclinación o abuso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos
o sustancias que produzcan efectos similares, independientemente de la pena que corresponda, se
le aplicará tratamiento de deshabituación o desintoxicación, el cual no podrá exceder del término
de la pena impuesta por el delito cometido.

Cuando se trate de penas no privativas o restrictivas de libertad, el tratamiento no excederá de seis
meses.

CAPÍTULO XIII
SUSPENSIÓN, DISOLUCIÓN, PROHIBICIÓN DE REALIZAR DETERMINADAS
OPERACIONES, REMOCIÓN E INTERVENCIÓN DE PERSONAS MORALES
ARTÍCULO 68 (Alcances y duración de las consecuencias para las personas morales). La
suspensión consistirá en la cesación de la actividad de la persona moral durante el tiempo que
determine el Juez en la sentencia, la cual no podrá exceder de dos años.

La disolución consistirá en la conclusión definitiva de toda actividad social de la persona moral, que
no podrá volverse a constituir por las mismas personas en forma real o encubierta. La conclusión
de toda actividad social se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la
disolución y liquidación total. El Juez designará en el mismo acto un liquidador que procederá a
cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona moral, inclusive las
responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las disposiciones legales sobre
prelación de créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la entidad objeto de la liquidación.

La prohibición de realizar determinados negocios u operaciones, que podrá ser hasta por cinco
años, se referirá exclusivamente a las que determine el juzgador, mismas que deberán tener
relación directa con el delito cometido. Los administradores y el comisario de la sociedad serán
responsables ante el Juez, del cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en las penas que
establece este Código por desobediencia a un mandato de autoridad.

La remoción consiste en la sustitución de los administradores por uno designado por el juez,
durante un período máximo de tres años.

Para hacer la designación, el juez podrá atender la propuesta que formulen los socios o asociados
que no hubiesen tenido participación en el delito.

Cuando concluya el período previsto para la administración sustituta, la designación de los nuevos
administradores se hará en la forma ordinaria prevista por las normas aplicables a estos actos.

La intervención consiste en la vigilancia de las funciones que realizan los órganos de
representación de la persona moral y se ejercerá con las atribuciones que la ley confiere al
interventor, hasta por tres años.

ARTÍCULO 69. Al imponer las consecuencias jurídicas accesorias previstas en este Capítulo, el
Juez tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros
frente a la persona jurídica colectiva, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a
otras personas, derivados de actos celebrados con la persona moral sancionada.



Estos derechos quedan a salvo, aún cuando el juez no tome las medidas a que se refiere el párrafo
anterior.

CAPÍTULO XIV
PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN CON PERSONA DETERMINADA
ARTÍCULO 69 Bis. Prohibir al sentenciado se comunique por cualquier medio, por si o por
interpósita persona, con la víctima o el ofendido, victimas indirectas o testigos.

TÍTULO CUARTO
APLICACIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO I REGLAS
GENERALES
ARTÍCULO 70 (Regla general). Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales
impondrán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias
exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente, en los términos del artículo 72 de este
Código.

Cuando se trate de punibilidad alternativa, en la que se contemple pena de prisión, el juez podrá
imponer motivando su resolución, la sanción privativa de libertad sólo cuando ello sea ineludible
para los fines de justicia, prevención general y prevención especial.

ARTÍCULO 71 (Fijación de la disminución o aumento de la pena). En los casos en que este Código
disponga penas en proporción a las previstas para el delito doloso consumado, la punibilidad
aplicable será para todos los efectos legales, la que resulte de la elevación o disminución, según
corresponda, de los términos mínimo y máximo de la pena prevista por aquél. Cuando se trate de
prisión, la pena mínima nunca será menor de tres meses.

Cuando se prevea la disminución o el aumento de una pena con referencia a otra, se fijará con
relación a los términos mínimo y máximo de la punibilidad que sirva de referencia.

En estos casos, el juzgador individualizará la pena tomando como base el nuevo marco de
referencia que resulte del aumento o disminución.

En ningún caso se podrán rebasar los extremos previstos en este Código.

Lo previsto en el párrafo anterior no es aplicable para la reparación del daño ni la sanción
económica.

ARTÍCULO 71 Bis (De la disminución de la pena en delitos no graves). Cuando el sujeto activo
confiese su participación en la comisión de delito no grave ante el Ministerio Público y la ratifique
ante el Juez en la declaración preparatoria, se disminuirá la pena en una mitad, según el delito que
se trate.

ARTÍCULO 71 Ter (De la disminución de la pena en delitos graves) Cuando el sujeto activo
confiese su participación en la comisión de delito grave ante el Ministerio Público y la ratifique ante
el Juez en la declaración preparatoria se disminuirá la pena una tercera parte, según el delito que
se trate, excepto cuando estén relacionados con delincuencia organizada, en cuyo caso se aplicará
la Ley de la materia. Este beneficio no es aplicable para los delitos de Homicidio, previsto en el
artículo 123 en relación al 18, párrafo segundo; Secuestro, contenido en los artículos 163, 163 Bis,
164, 165, 166 y 166 Bis, con excepción de lo previsto en el último párrafo del artículo 164;
Desaparición Forzada de Personas, previsto en el artículo 168; Violación, previsto en los artículos



174 y 175; Corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad para
comprender el significado del hecho o de personas que no tengan capacidad de resistir la
conducta, previsto en los artículos 183, 184 y 185; Turismo Sexual, previsto en el artículo 186;
Pornografía, previsto en los artículos 187 y 188; Trata de Personas, previsto en el artículo 188 Bis;
Lenocinio, previstos en los artículos 189 y 189 bis ; Robo, previsto en el artículo 220, en relación al
artículo 225; Tortura, previsto en los artículos 294 y 295; todos de este Código.

ARTÍCULO 71 Quáter (Reglas generales para la aplicación de las penas disminuidas por
reconocimiento de participación en la comisión del delito). El otorgamiento de la pena disminuida
sólo será aplicable tratándose de primodelincuentes por delitos dolosos consumados y se requerirá
que el reconocimiento que haga el sujeto activo de su participación en la comisión del delito se
encuentre robustecido con otros elementos de prueba, para cuyo efecto se observarán las reglas
previstas en los tres últimos párrafos del artículo 71 de éste Código.

ARTÍCULO 72 (Criterios para la individualización de las penas y medidas de seguridad). El Juez, al
dictar sentencia condenatoria, determinará la pena y medida de seguridad establecida para cada
delito y las individualizará dentro de los límites señalados, con base en la gravedad del ilícito y el
grado de culpabilidad del agente, tomando en cuenta:

I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla;

II. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado;

III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;

IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de
parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u
ofendido;

V. La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales
del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el
procesado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus
usos y costumbres;

VI. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el
momento de la comisión del delito;

VII. Las circunstancias del activo y pasivo, antes y durante la comisión del delito, que sean
relevantes para individualizar la sanción, incluidos en su caso, los datos de violencia, la relación de
desigualdad o de abuso de poder entre el agresor y la víctima vinculada directamente con el hecho
delictivo, así como el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y

VIII. Las demás circunstancias especiales del agente, que sean relevantes para determinar la
posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar
conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho y, en su caso,
requerirá los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás
elementos conducentes.

ARTÍCULO 73. No es imputable al acusado el aumento de gravedad proveniente de circunstancias
particulares del ofendido, si las ignoraba inculpablemente al cometer el delito.

ARTÍCULO 74. El aumento o la disminución de la pena, fundados en las relaciones personales o
en las circunstancias subjetivas del autor de un delito, no son aplicables a los demás sujetos que



intervinieron en aquél. Son aplicables las que se funden en circunstancias objetivas, si los demás
sujetos tienen conocimiento de ellas.

ARTÍCULO 75 (Pena innecesaria). El juez, de oficio o a petición de parte, podrá prescindir de la
imposición de la pena privativa o restrictiva de la libertad o sustituirla por una menos grave o por
una medida de seguridad, cuando la imposición resulte notoriamente innecesaria e irracional, en
razón de que el agente:

a) Con motivo del delito cometido, haya sufrido consecuencias graves en su persona;

b) Presente senilidad avanzada; o

c) Padezca enfermedad grave e incurable avanzada o precario estado de salud. En estos
casos, el juez tomará en cuenta el resultado de los dictámenes médicos y asentará con
precisión, en la sentencia, las razones de su determinación.

Se exceptúa la reparación del daño y la sanción económica, por lo que no se podrá prescindir de
su imposición.

ARTÍCULO 75 BIS. Cuando la orden de aprehensión o el auto de formal prisión se dicte en contra
de una persona mayor de 70 años de edad o de precario estado de salud permanente, el juez
podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado o procesado
bajo las medidas de seguridad que procedan. La petición se tramitará incidentalmente.

No gozarán de esta prerrogativa quienes, a criterio del juez, puedan sustraerse de la acción de la
justicia o manifiesten una conducta que haga presumir fundadamente que causarán daño al
denunciante o querellante, a la víctima u ofendido o a quienes directa o indirectamente participen o
deban participar en el proceso.

En todo caso, la valoración del juez se apoyará en dictámenes de peritos.

CAPÍTULO II
PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS CULPOSOS
ARTÍCULO 76 (Punibilidad del delito culposo). En los casos de delitos culposos, se impondrá la
cuarta parte de las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito
doloso, con excepción de aquellos para los que la ley señale una pena específica o un tratamiento
diverso regulado por ordenamiento legal distinto a este Código. Además se impondrá, en su caso,
suspensión o privación definitiva de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o
permiso, por un término igual a la pena de prisión impuesta.

Siempre que al delito doloso corresponda sanción alternativa que incluya una pena no privativa de
libertad, aprovechará esta situación al responsable del delito culposo.

Sólo se sancionarán como delitos culposos los siguientes: Homicidio, a que se refiere el artículo
123; Lesiones, a que se refiere el artículo 130 fracciones II a VII; Aborto, a que se refiere la primera
parte del párrafo segundo del artículo 145; Lesiones por Contagio, a que se refiere el artículo 159;
Daños, a que se refiere el artículo 239; Ejercicio Ilegal del Servicio Público, a que se refieren las
fracciones III y IV del artículo 259, en las hipótesis siguientes: destruir, alterar o inutilizar
información o documentación bajo su custodia o a la cual tenga acceso; propicie daños, pérdida o
sustracción en los supuestos de la fracción IV del artículo 259; Evasión de Presos, a que se
refieren los artículos 304, 305, 306 fracción II y 309 segundo párrafo; Suministro de Medicinas
Nocivas o Inapropiadas a que se refieren los artículos 328 y 329; Ataques a las Vías y a los Medios
de Comunicación a que se refieren los artículos 330, 331 y 332; Delitos contra el Ambiente a que



se refieren los artículos 343, 343 bis, 344, 345, 345 bis y 346, y los demás casos contemplados
específicamente en el presente Código y otras disposiciones legales.

ARTÍCULO 77 (Clasificación de la gravedad de la culpa e individualización de la sanción para el
delito culposo). La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio del Juez, quien
deberá considerar las circunstancias generales señaladas en el artículo 72 de este Código y las
especiales siguientes:

I. La mayor o menor posibilidad de prever y evitar el daño que resultó;

II. El deber de cuidado del inculpado que le es exigible por las circunstancias y condiciones
personales que la actividad o el oficio que desempeñe le impongan;

III. Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes;

IV. Si tuvo tiempo para desplegar el cuidado necesario para no producir o evitar el daño que se
produjo; y

V. El estado del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico, tratándose de
infracciones cometidas en los servicios de transporte y, en general, por conductores de vehículos.

CAPÍTULO III PUNIBILIDAD DE
LA TENTATIVA
ARTÍCULO 78 (Punibilidad de la tentativa). La punibilidad aplicable a la tentativa, será de entre
una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima, previstas para el
correspondiente delito doloso consumado que el agente quiso realizar.

En la aplicación de las penas o medidas de seguridad a que se refiere este artículo, el juzgador
tendrá en cuenta, además de lo previsto en el artículo 72 de este Código, el mayor o menor grado
de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del peligro en que se puso al bien
jurídico protegido.

CAPÍTULO IV
PUNIBILIDAD EN EL CASO DE CONCURSO DE DELITOS Y DELITO
CONTINUADO
ARTÍCULO 79 (Aplicación de la sanción en el caso de concurso de delitos). En caso de concurso
ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las
cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas
correspondientes de los delitos restantes, si las sanciones aplicables son de la misma naturaleza;
cuando sean de diversa naturaleza podrán imponerse las penas correspondientes a los restantes
delitos. En ningún caso, la pena aplicable podrá exceder de los máximos señalados en el Título
Tercero del Libro Primero de este Código.

En caso de concurso real, se impondrá la pena del delito que merezca la mayor, la cual podrá
aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que
exceda del máximo señalado en el artículo 33 de este Código.

ARTÍCULO 80 (Punibilidad del delito continuado). En caso de delito continuado, se aumentarán en
una mitad las penas que la ley prevea para el delito cometido.



CAPÍTULO V
PUNIBILIDAD DE LA COMPLICIDAD, AUXILIO EN CUMPLIMIENTO DE
PROMESA ANTERIOR Y AUTORÍA INDETERMINADA
ARTÍCULO 81 (Punibilidad de la complicidad). Para los casos a que se refieren las fracciones V y
VI del artículo 22 de este Código, la penalidad será de las tres cuartas partes del mínimo y del
máximo de las penas o medidas de seguridad previstas para el delito cometido, de acuerdo con la
modalidad respectiva.

ARTÍCULO 82 (Punibilidad de la autoría indeterminada). Para el caso previsto en el artículo 26 de
este Código, la penalidad será de las tres cuartas partes del mínimo a las tres cuartas partes del
máximo de las penas o medidas de seguridad correspondientes para el delito cometido, según su
modalidad.

CAPÍTULO VI
ERROR VENCIBLE Y EXCESO EN LAS CAUSAS DE LICITUD
ARTÍCULO 83 (Punibilidad en el caso de error vencible). En caso de que sea vencible el error a
que se refiere el inciso a), fracción VIII del artículo 29 de este Código, la penalidad será la del delito
culposo, si el hecho de que se trata admite dicha forma de realización.

Si el error vencible es el previsto en el inciso b) de la misma fracción, la penalidad será de una
tercera parte del delito que se trate.

Al que incurra en exceso, en los casos previstos en las fracciones IV, V y VI del artículo 29 de este
Código, se le impondrá la cuarta parte de las penas o medidas de seguridad, correspondientes al
delito de que se trate, siempre y cuando con relación al exceso, no exista otra causa de exclusión
del delito.

CAPÍTULO VII
SUSTITUCIÓN DE PENAS
ARTÍCULO 84 (Sustitución de la prisión). El Juez, considerando lo dispuesto en el artículo 72 de
este Código, podrá sustituir la pena de prisión, en los términos siguientes:

I. Por multa o trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la comunidad, cuando no exceda de
tres años; y

II. Por tratamiento en libertad o semilibertad, cuando no exceda de cinco años.

La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de prisión, será en razón de un día multa por un
día de prisión, de acuerdo con las posibilidades económicas del sentenciado.

ARTÍCULO 85 (Sustitución de la multa). La multa podrá ser sustituida por trabajo en beneficio de la
víctima o en favor de la comunidad.

ARTÍCULO 86 La sustitución de la sanción privativa de libertad procederá cuando se cumpla la
reparación del daño, pudiendo el juez fijar plazos para ello, de acuerdo a la situación económica
del sentenciado. En los casos de delitos que impliquen violencia la sustitución prevalecerá en tanto
el sentenciado no se acerque ni se comunique, por cualquier medio, por si o por interpósita
persona, con la víctima u ofendido, victimas indirectas o testigos.

La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por el juzgador, cuando se trate de un
sujeto al que anteriormente se le hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso



que se persiga de oficio y cuando no proceda en los términos de las leyes respectivas, tratándose
de una trasgresión en perjuicio de la hacienda pública.

ARTÍCULO 87 (Revocación de la sustitución). El Juez podrá dejar sin efecto la sustitución y
ordenar que se ejecute la pena de prisión impuesta, en los siguientes casos:

I. Cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueran señaladas para tal efecto,
salvo que el juzgador estime conveniente apercibirlo de que si se incurre en una nueva falta, se
hará efectiva la sanción sustituida. En estos casos, se fijará garantía para asegurar el cumplimiento
de sus obligaciones con motivo del sustitutivo concedido; o

II. Cuando al sentenciado se le condene en otro proceso por delito doloso grave. Si el nuevo delito
es doloso no grave o culposo, el Juez resolverá si debe aplicarse la pena sustituida.

En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el
cual el sentenciado hubiera cumplido la pena sustitutiva.

ARTÍCULO 88 (Obligación del fiador en la sustitución). La obligación del fiador concluirá al
extinguirse la pena impuesta, en caso de habérsele nombrado para el cumplimiento de los deberes
inherentes a la sustitución de penas.

Cuando el fiador tenga motivos para no continuar en su desempeño, los expondrá al Juez a fin de
que éste, si los estima fundados, prevenga al sentenciado para que presente nuevo fiador dentro
del plazo que se le fije, apercibido de que de no hacerlo se le hará efectiva la pena. En este último
caso, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior.

En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento
del Juez, para los efectos que se expresan en el párrafo que precede.

CAPÍTULO VIII
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA
ARTÍCULO 89 (Requisitos para la procedencia de la suspensión). El juez o el Tribunal, en su caso,
al dictar sentencia condenatoria, suspenderá motivadamente la ejecución de las penas, a petición
de parte o de oficio, si concurren los requisitos siguientes:

I. Que la duración de la pena impuesta no exceda de cinco años de prisión;

II. Que en atención a las condiciones personales del sujeto, no haya necesidad de sustituir las
penas, en función del fin para el que fueron impuestas; y

III. Que el sentenciado cuente con antecedentes personales positivos y un modo honesto de vida.
El Juez considerará además la naturaleza, modalidades y móviles del delito.

ARTÍCULO 90 (Requisitos para el goce del beneficio anterior). Para gozar del beneficio a que se
refiere el artículo anterior, el sentenciado deberá:

I. Otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que se fijen para asegurar su comparecencia ante
la autoridad, cada vez que sea requerido por ésta;

II. Obligarse a residir en determinado lugar, del que no podrá ausentarse sin permiso de la
autoridad que ejerza el cuidado y vigilancia;

III. Desempeñar una ocupación lícita;



IV. Abstenerse de causar molestias, acercarse o comunicarse por cualquier medio por si o por
interpósita persona con la víctima u ofendido, víctimas indirectas o los testigos; y

V. Acreditar que se ha cubierto la reparación del daño, pudiendo el juez fijar plazos para ello, de
acuerdo a la situación económica del sentenciado.

ARTÍCULO 91 (Efectos y duración de la suspensión). La suspensión comprenderá la pena de
prisión y la multa. En cuanto a las demás sanciones impuestas, el juez o Tribunal resolverá según
las circunstancias del caso. La suspensión tendrá una duración igual a la de la pena suspendida.

Una vez transcurrida ésta, se considerará extinguida la pena impuesta, siempre que durante ese
término el sentenciado no diere lugar a nuevo proceso que concluya con sentencia condenatoria.

En este último caso, el juzgador tomando en cuenta las circunstancias y gravedad del delito,
resolverá si debe aplicarse o no la pena suspendida.

Los hechos que originan el nuevo proceso interrumpen el plazo de la suspensión, tanto si se trata
de delito doloso como culposo, hasta que se dicte sentencia ejecutoria.

Si el sentenciado falta al cumplimiento de las obligaciones contraídas, el Juez o Tribunal podrá
hacer efectiva la pena suspendida o apercibirlo de que si vuelve a faltar a alguna de las
condiciones fijadas, se hará efectiva dicha pena.

A los delincuentes que se les haya suspendido la ejecución de la sentencia, se les hará saber lo
dispuesto en este artículo, lo que se asentará en diligencia formal, sin que la falta de ésta impida,
en su caso, la aplicación de lo previsto en este artículo.

CAPÍTULO IX
REGLAS GENERALES PARA LA SUSTITUCIÓN Y SUSPENSIÓN DE
SANCIONES
ARTÍCULO 92 (Facultad de promover la suspensión). El sentenciado que considere que al dictarse
la sentencia, en la que no hubo pronunciamiento sobre la sustitución o suspensión de la pena
reunía las condiciones fijadas para su obtención y que está en aptitud de cumplir con los requisitos
para su otorgamiento, podrá promover el incidente respectivo ante el Juez de la causa.

ARTÍCULO 93 (Jurisdicción y vigilancia). El Juez conservará jurisdicción para conocer de las
cuestiones relativas al cumplimiento, revocación y modificación de la sustitución o suspensión de
sanciones y vigilará su cumplimiento.

TÍTULO QUINTO
EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA Y DE LA POTESTAD DE
EJECUTAR LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO I REGLAS
GENERALES
ARTÍCULO 94 (Causas de extinción). La pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas
y medidas de seguridad, se extinguen por:

I. Cumplimiento de la pena o medida de seguridad;

II. Muerte del inculpado o sentenciado;



III. Reconocimiento de la inocencia del sentenciado;

IV. Perdón del ofendido en los delitos de querella o por cualquier otro acto equivalente;

V. Rehabilitación;

VI. Conclusión del tratamiento de inimputables;

VII. Indulto;

VIII. Amnistía;

IX. Prescripción;

X. Supresión del tipo penal; y

XI. Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismo hechos.

ARTÍCULO 95 (Procedencia de la extinción). La resolución sobre la extinción punitiva se dictará de
oficio o a solicitud de parte.

ARTÍCULO 96 (Alcances de la extinción). La extinción que se produzca en los términos del artículo
94 no abarca el decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito, ni afecta la reparación de
daños y perjuicios, salvo disposición legal expresa o cuando la potestad para ejecutar dicha
sanción pecuniaria se extinga por alguna causa.

CAPÍTULO II
CUMPLIMIENTO DE LA PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD
ARTÍCULO 97 (Efectos del cumplimiento). La potestad para ejecutar la pena o la medida de
seguridad impuesta, se extingue por cumplimiento de las mismas o de las penas por las que se
hubiesen sustituido o conmutado. Asimismo, la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá
por el cumplimiento de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la suspensión, en los
términos y dentro de los plazos legalmente aplicables.

CAPÍTULO III
MUERTE DEL INCULPADO O SENTENCIADO
ARTÍCULO 98 (Extinción por muerte). La muerte del inculpado extingue la pretensión punitiva; la
del sentenciado, las penas o las medidas de seguridad impuestas, a excepción del decomiso y la
reparación del daño.

CAPÍTULO IV RECONOCIMIENTO
DE INOCENCIA
ARTÍCULO 99 (Pérdida del efecto de la sentencia por reconocimiento de la inocencia del
sentenciado). Cualquiera que sea la pena o la medida de seguridad impuesta en sentencia que
cause ejecutoria, procederá la anulación de ésta, cuando se pruebe que el sentenciado es inocente
del delito por el que se le juzgó. El reconocimiento de inocencia produce la extinción de las penas o
medidas de seguridad impuestas y de todos sus efectos.

El reconocimiento de inocencia del sentenciado extingue la obligación de reparar el daño.



El Gobierno del Distrito Federal cubrirá el daño a quien habiendo sido condenado, hubiese
obtenido el reconocimiento de su inocencia.

CAPÍTULO V
PERDÓN QUE OTORGA EL OFENDIDO EN LOS DELITOS DE QUERELLA
ARTÍCULO 100 (Extinción por perdón del ofendido). El perdón del ofendido o del legitimado para
otorgarlo, extingue la pretensión punitiva respecto de los delitos que se persiguen por querella,
siempre que se conceda ante el Ministerio Público si éste no ha ejercitado la acción penal, o ante
el órgano jurisdiccional antes de que cause ejecutoria la sentencia. En caso de que la sentencia
haya causado ejecutoria, el ofendido podrá acudir ante la autoridad judicial a otorgar el perdón.
Ésta deberá proceder de inmediato a decretar la extinción de la potestad de ejecutar las penas y
medidas de seguridad.

Una vez otorgado el perdón, éste no podrá revocarse, a excepción de los supuestos previstos en
los artículos 200 y 201 de este Código, en cuyo caso el perdón previamente otorgado solamente
suspende la pretensión punitiva o la ejecución de las penas y medidas de seguridad, y podrá
revocarse hasta un año posterior a su otorgamiento.

Lo dispuesto en el párrafo anterior es igualmente aplicable a los delitos que sólo pueden ser
perseguidos por declaratoria de perjuicio o por un acto equivalente a la querella. Para la extinción
de la pretensión punitiva es suficiente la manifestación de quien está autorizado para ello, de que
el interés afectado ha sido satisfecho.

El perdón solo beneficia al inculpado en cuyo favor se otorga. Cuando sean varios los ofendidos y
cada uno pueda ejercer separadamente la facultad de perdonar al responsable del delito y al
encubridor, el perdón sólo surtirá efectos por lo que hace a quien lo otorga.

CAPÍTULO VI
REHABILITACIÓN
ARTÍCULO 101 (Objeto de la rehabilitación). La rehabilitación tiene por objeto reintegrar al
sentenciado en el goce de los derechos, funciones o empleo de cuyo ejercicio se le hubiere
suspendido o inhabilitado en virtud de sentencia firme.

CAPÍTULO VII
CONCLUSIÓN DEL TRATAMIENTO DE INIMPUTABLES
ARTÍCULO 102 (Extinción de las medidas de tratamiento de inimputables). La potestad para la
ejecución de las medidas de tratamiento a inimputables, se considerará extinguida si se acredita
que el sujeto ya no requiere tratamiento. Si el inimputable sujeto a una medida de seguridad se
encontrare prófugo y posteriormente fuere detenido, la potestad para la ejecución de dicha medida
se considerará extinguida, si se acredita que las condiciones personales del sujeto que dieron
origen a su imposición, ya han cesado.

CAPÍTULO VIII
INDULTO
ARTÍCULO 103 (Efectos y procedencia del indulto). El indulto extingue la potestad de ejecutar las
penas y las medidas de seguridad impuestas en sentencia ejecutoria, salvo el decomiso de
instrumentos, objetos y productos relacionados con el delito, así como la reparación del daño.

Es facultad discrecional del Titular del Ejecutivo conceder el indulto.



CAPÍTULO IX
AMNISTÍA
ARTÍCULO 104 (Extinción por amnistía). La amnistía extingue la pretensión punitiva o la potestad
de ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas, en los términos de la Ley que se dictare
concediéndola.

CAPÍTULO X
PRESCRIPCIÓN
ARTÍCULO 105 (Efectos y características de la prescripción). La prescripción es personal y
extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, y
para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley.

ARTÍCULO 106 (La resolución en torno de la prescripción se dictará de oficio o a petición de
parte). La resolución en torno de la prescripción se dictará de oficio o a petición de parte.

ARTÍCULO 107 (Duplicación de los plazos para la prescripción). Los plazos para que opere la
prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio del Distrito
Federal, si por esta circunstancia no es posible concluir la averiguación previa, el proceso o la
ejecución de la sentencia.

ARTÍCULO 108 (Plazos para la prescripción de la pretensión punitiva). Los plazos para la
prescripción de la pretensión punitiva serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus
modalidades y se contarán a partir de:

I. El momento en que se consumó el delito, si es instantáneo;

II. El momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente;

III. El día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado;

IV. El momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si se
trata de tentativa;

V. El día en que el Ministerio Público de la adscripción haya recibido el oficio correspondiente, en
los casos en que se hubiere librado orden de reaprehensión o presentación, respecto del
procesado que se haya sustraído de la acción de la justicia; y

VI. En los delitos tipificados en el Libro Segundo, Títulos Quinto y Sexto de este Código, cuando la
víctima fuere menor de edad, el plazo de prescripción de la acción penal empezará a correr para el
menor de edad que haya sido víctima, al momento que cumpla los dieciocho años.

ARTÍCULO 109 (Plazos para la prescripción de la potestad para ejecutar las penas y medidas de
seguridad). Los plazos para la prescripción de la potestad para ejecutar las penas y las medidas de
seguridad, serán continuos y correrán desde el día siguiente a aquél en que el sentenciado se
sustraiga de la acción de la justicia, si las penas o las medidas de seguridad fueren privativas o
restrictivas de la libertad. En caso contrario, desde la fecha en que cause ejecutoria la sentencia.

ARTÍCULO 110 (Prescripción de la potestad punitiva en los casos de delito de querella). Salvo
disposición en contrario, la pretensión punitiva que nazca de un delito que sólo puede perseguirse
por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año, contado desde el día
en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente, tengan conocimiento del delito y
del delincuente, y en tres años fuera de esta circunstancia.



Una vez cumplido el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la prescripción
seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio.

ARTÍCULO 111 (Prescripción de la pretensión punitiva según el tipo de pena). La pretensión
punitiva respecto de delitos que se persigan de oficio prescribirá:

I. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluídas las
modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años.

Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada en forma conjunta o
alterna con otra diversa.

II. En un año, si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad.

ARTÍCULO 112 (Prescripción de la pretensión punitiva en caso de concurso de delitos). En los
casos de concurso ideal de delitos, la pretensión punitiva prescribirá conforme a las reglas para el
delito que merezca la pena mayor.

En los casos de concurso real de delitos, los plazos para la prescripción punitiva empezarán a
correr simultáneamente y prescribirán separadamente para cada uno de los delitos.

ARTÍCULO 113 (Necesidad de resolución o declaración previa). Cuando para ejercitar o continuar
la pretensión punitiva sea necesaria una resolución previa de autoridad jurisdiccional, la
prescripción comenzará a correr desde que se dicte la sentencia irrevocable.

Si para deducir la pretensión punitiva la ley exigiere previa declaración o resolución de alguna
autoridad, las gestiones que con ese fin se practiquen dentro de los términos señalados en el
artículo 111 de este Código, interrumpirán la prescripción.

ARTÍCULO 114 (Interrupción de la prescripción de la pretensión punitiva). La prescripción de la
pretensión punitiva se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito
y de los delincuentes, aunque por ignorarse quiénes sean éstos, no se practiquen las diligencias
contra persona determinada.

La prescripción de la pretensión punitiva se interrumpirá también por el requerimiento de auxilio en
la investigación del delito o del delincuente, por las diligencias que se practiquen para obtener la
extradición internacional, y por el requerimiento de entrega del inculpado que formalmente haga el
Ministerio Público al de otra entidad federativa, donde aquél se refugie, se localice o se encuentre
detenido por el mismo delito o por otro. En el primer caso también se interrumpirá con las
actuaciones que practique la autoridad requerida y en el segundo subsistirá la interrupción, hasta
en tanto ésta niegue la entrega o desaparezca la situación legal del detenido que dé motivo al
aplazamiento de su entrega.

Si se dejare de actuar, la prescripción empezará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la
última diligencia.

ARTÍCULO 115 (Excepción a la interrupción). No operará la interrupción de la prescripción de la
pretensión punitiva, cuando las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la
mitad del lapso necesario para la prescripción, contados a partir de los momentos a que se refieren
las fracciones I a IV del artículo 108 de este Código.

ARTÍCULO 116 (Lapso de prescripción de la potestad de ejecutar las penas). Salvo disposición
legal en contrario, la potestad para ejecutar la pena privativa de libertad o medida de seguridad,
prescribirá en un tiempo igual al fijado en la condena, pero no podrá ser inferior a tres años.



La potestad para ejecutar la pena de multa prescribirá en un año. Para las demás sanciones
prescribirá en un plazo igual al que deberían durar éstas, sin que pueda ser inferior a dos años.

La potestad para ejecutar las penas que no tengan temporalidad prescribirán en dos años y la de la
reparación del daño en un tiempo igual al de la pena privativa de libertad impuesta.

Los plazos serán contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la resolución.

ARTÍCULO 117 (Cuando el sentenciado hubiere extinguido ya una parte de su sanción, se
necesitará para la prescripción tanto tiempo como el que falte de la condena). Cuando el
sentenciado hubiere extinguido ya una parte de su sanción, se necesitará para la prescripción tanto
tiempo como el que falte de la condena.

ARTÍCULO 118 (Interrupción de la prescripción de la potestad para ejecutar la pena o medida de
seguridad). La prescripción de la potestad para ejecutar la pena o medida privativa de la libertad,
sólo se interrumpe con la aprehensión del sentenciado, aunque se ejecute por otro delito diverso o
por la formal solicitud de entrega que el Ministerio Público haga al de otra entidad federativa, en
que aquél se encuentre detenido, en cuyo caso subsistirá la interrupción hasta en tanto la
autoridad requerida niegue dicha entrega o desaparezca la situación legal del detenido que motive
aplazar su cumplimiento.

La prescripción de la potestad de las demás sanciones se interrumpirá por cualquier acto de
autoridad competente para hacerlas efectivas. También se interrumpirá la prescripción de las
penas pecuniarias, por las promociones que el ofendido o persona a cuyo favor se haya decretado
dicha reparación, haga ante la autoridad correspondiente y por las actuaciones que esa autoridad
realice para ejecutarlas, así como por el inicio de juicio ejecutivo ante autoridad civil usando como
título la sentencia condenatoria correspondiente.

ARTÍCULO 119 (Autoridad competente para resolver la extinción). La extinción de la pretensión
punitiva será resuelta por el titular del Ministerio Público durante la averiguación previa o por el
órgano jurisdiccional en cualquier etapa del proceso.

La declaración de extinción de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad
corresponde al órgano jurisdiccional.

ARTÍCULO 120 (Facultad jurisdiccional en la ejecución). Si durante la ejecución de las penas o
medidas de seguridad se advierte que se había extinguido la pretensión punitiva o la potestad de
ejecutarlas, tales circunstancias se plantearán por la vía incidental ante el órgano jurisdiccional que
hubiere conocido del asunto y éste resolverá lo procedente.

CAPÍTULO XI SUPRESIÓN
DEL TIPO PENAL
ARTÍCULO 121 (Extinción por supresión del tipo penal). Cuando la ley suprima un tipo penal se
extinguirá la potestad punitiva respectiva o la de ejecutar las penas o medidas de seguridad
impuestas, se pondrá en absoluta e inmediata libertad al inculpado o al sentenciado y cesarán de
derecho todos los efectos del procedimiento penal o de la sentencia.

CAPÍTULO XII
EXISTENCIA DE UNA SENTENCIA ANTERIOR DICTADA EN PROCESO
SEGUIDO POR LOS MISMOS HECHOS
ARTÍCULO 122 (Non bis in idem). Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ya
sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.



Cuando existan en contra de la misma persona y por la misma conducta:

I. Dos procedimientos distintos, se archivará o sobreseerá de oficio el que se haya iniciado en
segundo término;

II. Una sentencia y un procedimiento distinto, se archivará o se sobreseerá de oficio el
procedimiento distinto; o

III. Dos sentencias, dictadas en procesos distintos, se hará la declaratoria de nulidad de la
sentencia que corresponda al proceso que se inició en segundo término y se extinguirán sus
efectos.

LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL

TÍTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y
EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

CAPÍTULO I
HOMICIDIO
ARTÍCULO 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión.

ARTÍCULO 124. Se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones
causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias
inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión.

ARTÍCULO 125. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea
recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de
pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrán prisión de diez a treinta
años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, incluidos los de carácter
sucesorio. Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el
homicidio simple.

Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de las previstas en el
artículo 138 de este Código, se impondrán las penas del homicidio calificado. Si concurre alguna
atenuante se impondrán las penas que correspondan según la modalidad.

ARTÍCULO 126. Cuando la madre prive de la vida a su hijo dentro de las veinticuatro horas
siguientes a su nacimiento, se le impondrá de tres a diez años de prisión, el juez tomará en cuenta
las circunstancias del embarazo, las condiciones personales de la madre y los móviles de su
conducta.

ARTÍCULO 127. Al que prive de la vida a otro, por la petición expresa, libre, reiterada, seria e
inequívoca de éste, siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciere una
enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrá prisión de dos a cinco años.

Los supuestos previstos en el párrafo anterior no integran los elementos del cuerpo del delito de
homicidio, así como tampoco las conductas realizadas por el personal de salud correspondiente,
para los efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad
Anticipada para el Distrito Federal.



Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previsto en el párrafo primero del presente
artículo, las conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad
Anticipada para el Distrito Federal suscritas y realizadas por el solicitante o representante, en el
Documento de Voluntad Anticipada o el Formato expedido por la Secretaría de Salud para los
efectos legales a que haya lugar.

ARTÍCULO 128. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte a cincuenta años de
prisión.

ARTÍCULO 129. Al que prive de la vida a otro en riña se le impondrá de cuatro a doce años de
prisión, si se tratare del provocador y de tres a siete años, si se tratare del provocado.

CAPÍTULO II
LESIONES
ARTÍCULO 130. Al que cause a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrán:

I. Se deroga;

II. De seis meses a dos años de prisión, cuando tarden en sanar más de quince días y menos de
sesenta;

III. De dos a tres años seis meses de prisión, si tardan en sanar más de sesenta días;

IV. De dos a cinco años de prisión, cuando dejen cicatriz permanentemente notable en la cara;

V. De tres a cinco años de prisión, cuando disminuyan alguna facultad o el normal funcionamiento
de un órgano o de un miembro;

VI. De tres a ocho años de prisión, si producen la pérdida de cualquier función orgánica, de un
miembro, de un órgano o de una facultad, o causen una enfermedad incurable o una deformidad
incorregible; y

VII. De tres a ocho años de prisión, cuando pongan en peligro la vida.

Se deroga.

ARTÍCULO 131. A quien cause lesiones a un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea
recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, persona con la que mantenga o haya
mantenido una relación de hecho, adoptante o adoptado o persona integrante de una sociedad de
convivencia, se le aumentara en una mitad la pena que corresponda según las lesiones inferidas.

ARTÍCULO 132. Cuando las lesiones se infieran con crueldad o frecuencia a un menor de edad o
a un incapaz, sujetos a la patria potestad, tutela o custodia del agente, la pena se incrementará con
dos terceras partes de la sanción prevista.

En ambos casos, a juicio del juez, se decretará la suspensión o pérdida de los derechos que tenga
el agente en relación con el sujeto pasivo, por un tiempo igual al de la pena de prisión que se
imponga.

ARTÍCULO 133. Al que infiera a otro lesiones en riña, se le impondrá la mitad de las penas que
correspondan por las lesiones causadas, si se tratare del provocador, y la tercera parte si se trata
del provocado.

ARTÍCULO 134. Cuando las lesiones sean calificadas, la pena correspondiente a las lesiones



simples se incrementará en dos terceras partes.

ARTÍCULO 135. Se perseguirán por querella las lesiones simples que no pongan en peligro la vida
y tarden en sanar menos de quince días, así como las lesiones culposas, cualquiera que sea su
naturaleza, salvo que sean con motivo de tránsito de vehículos, en los siguientes casos:

I. Que el conductor hubiese realizado la acción u omisión en estado de ebriedad, bajo el influjo de
estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares;

II. Que el conductor haya abandonado a la víctima, o

III. Derogada.

CAPÍTULO III
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES
ARTÍCULO 136. A quien en estado de emoción violenta cometa homicidio o lesiones, se le
impondrá una tercera parte de las penas que correspondan por su comisión.

Existe emoción violenta cuando el sujeto activo del delito vive una intensa conmoción del ánimo
que provoca un desorden del comportamiento, la pérdida del dominio de su capacidad reflexiva y la
disminución de sus frenos inhibitorios, que desencadenaron el delito.

ARTÍCULO 137. La riña es la contienda de obra entre dos o más personas con el propósito de
causarse daño.

ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: ventaja,
traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de alteración voluntaria u
odio.

I. Existe ventaja:

a) Cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla armado;

b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de
ellas o por el número de los que intervengan con él;

c) Cuando el agente se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido; o

d) Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie.

e) Cuando hay violencia psicoemocional por parte del agresor en contra de la víctima, de
tal forma que imposibilite o dificulte su defensa.

La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros casos, si el que la tiene obrase en
defensa legítima, ni en el cuarto, si el que se halla armado o de pie fuere el agredido y además
hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia.

II. Existe traición: Cuando el agente realiza el hecho quebrantando la confianza o seguridad que
expresamente le había prometido al ofendido, o las mismas que en forma tácita debía éste esperar
de aquél por las relaciones de confianza real y actual que existen entre ambos;

III. Existe alevosía: Cuando el agente realiza el hecho sorprendiendo intencionalmente a alguien de
improviso, o empleando acechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal
que se le quiera hacer;



IV. Existe retribución: Cuando el agente lo cometa por pago o prestación prometida o dada;

V. Por los medios empleados: Se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, o
bien por envenenamiento, asfixia, tormento o por medio de cualquier otra sustancia nociva para la
salud;

VI. Existe saña: Cuando el agente actúe con crueldad o bien aumente deliberadamente el dolor o
sufrimiento de la víctima;

VII. Existe estado de alteración voluntaria: Cuando el agente lo comete en estado de ebriedad o
bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos
similares; y

VIII. Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica; vinculación,
pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar
de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad;
opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de
genero; estado civil; ocupación o actividad de la víctima.

ARTÍCULO 139. No se impondrá pena alguna a quien por culpa ocasione lesiones u homicidio en
agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o
adoptado, cónyuge, concubina, concubinario o cuando entre el agente y el pasivo exista relación
de pareja permanente, amistad o de familia, salvo que el agente se encuentre bajo el efecto de
bebidas embriagantes, de estupefacientes o psicotrópicos, sin que medie prescripción médica, o
bien que se diere a la fuga y no auxiliare a la víctima.

ARTÍCULO 140. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo del
tránsito de vehículos, se impondrá la mitad de las penas previstas en los artículos 123 y 130
respectivamente, en los siguientes casos:

I. Derogada;

II. Derogada;

III. El agente conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u
otras substancias que produzcan efectos similares; o

IV. No auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga.

Cuando se ocasionen lesiones de las previstas en las fracciones VI y VII del artículo 130 de este
Código cometidas culposamente y se trate de vehículos de pasajeros, carga, servicio público o
servicio al público o de transporte escolar, o servicio de transporte de personal de alguna
institución o empresa, y el agente conduzca en estado de alteración voluntaria de la conciencia a
que se refiere la fracción VII del artículo 138 de este Código, la pena aplicable será de dos años
seis meses a ocho años de prisión.

Además, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito, por
un lapso igual al de la pena de prisión que se le imponga; o si es servidor público, inhabilitación por
el mismo lapso para obtener otro empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.

ARTÍCULO 141. Cuando por culpa se cause homicidio de dos o más personas, en las
circunstancias previstas en el artículo anterior, las penas serán de seis a veinte años de prisión y
suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito por un periodo igual al de
la pena de prisión impuesta; o si es servidor público, destitución e inhabilitación por igual período
para obtener empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.



Cuando por culpa se causen a dos o más personas, lesiones de las previstas en las fracciones V,
VI ó VII del artículo 130 de este Código, las sanciones correspondientes se incrementarán en tres
cuartas partes; adicionalmente, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese
cometido el delito y en el caso de servidores públicos destitución e inhabilitación para obtener
empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza, por un periodo igual al de la pena de prisión
impuesta.

CAPÍTULO IV
AYUDA O INDUCCIÓN AL SUICIDIO
ARTÍCULO 142. Al que ayude a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de uno a
cinco años, si el suicidio se consuma. Si el agente prestare el auxilio hasta el punto de ejecutar él
mismo la muerte, la pena aplicable será de cuatro a diez años de prisión.

Al que induzca a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de tres a ocho años, si el
suicidio se consuma.

Si el suicidio no se consuma, por causas ajenas a la voluntad del que induce o ayuda, pero sí se
causan lesiones, se impondrá las dos terceras partes de la pena anterior, sin que exceda de la
pena que corresponda a las lesiones de que se trate. Si no se causan éstas, la pena será de una
cuarta parte de las señaladas en este artículo.

ARTÍCULO 143. Si la persona a quien se induce o ayuda al suicidio fuere menor de edad o no
tuviere capacidad de comprender la relevancia de su conducta o determinarse de acuerdo con esa
comprensión, se impondrán al homicida o inductor las sanciones señaladas al homicidio calificado
o a las lesiones calificadas.

Artículo 143 Bis. En los supuestos previstos en los dos artículos anteriores no integran los
elementos del cuerpo del delito de ayuda o inducción al suicidio, las conductas realizadas por el
personal de salud correspondiente para los efectos del cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal.

Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previstos en el párrafo anterior, las
conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada
para el Distrito Federal suscritas y realizadas por el solicitante o representante, en el Documento
de Voluntad Anticipada o el Formato expedido por la Secretaría de Salud para los efectos legales a
que haya lugar.

CAPÍTULO V
ABORTO
ARTÍCULO 144. Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana
de gestación.

Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana
que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.

ARTÍCULO 145. Se impondrá de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a
favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro
la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo. En este caso, el delito de aborto sólo
se sancionará cuando se haya consumado.

Al que hiciere abortar a una mujer, con el consentimiento de ésta, se le impondrá de uno a tres
años de prisión.



ARTÍCULO 146. Aborto forzado es la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el
consentimiento de la mujer embarazada.

Pare efectos de este artículo, al que hiciere abortar a una mujer por cualquier medio sin su
consentimiento, se le impondrá de cinco a ocho años de prisión. Si mediare violencia física o moral,
se impondrá de ocho a diez años de prisión.

ARTÍCULO 147. Si el aborto o aborto forzado lo causare un médico cirujano, comadrón o partera,
enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme a este capítulo,
se le suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual al de la pena de prisión
impuesta.

ARTÍCULO 148. Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto:

I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial a que se
refiere el artículo 150 de este Código;

II. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su
salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto
fuere posible y no sea peligrosa la demora;

III. Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el
producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños
físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que
se tenga el consentimiento de la mujer embarazada; o

IV. Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada.

En los casos contemplados en las fracciones I, II y III, los médicos tendrán la obligación de
proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los
procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas
existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y
responsable.

CAPITULO VI
FEMINICIDIO
Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a
una mujer.

Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o
posteriores a la privación de la vida;

III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del
sujeto activo en contra de la víctima;

IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o

V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

A quien cometa feminicidio se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión.



Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de
parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita
cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de treinta a
sesenta años de prisión.

TÍTULO SEGUNDO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD REPRODUCTIVA

CAPÍTULO I
PROCREACIÓN ASISTIDA, INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y ESTERILIZACIÓN
FORZADA
ARTÍCULO 149. A quien disponga de óvulos o esperma para fines distintos a los autorizados por
sus donantes, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cincuenta a quinientos días
multa.

ARTÍCULO 150. A quien sin consentimiento, realice inseminación artificial en una mujer mayor de
dieciocho años, se le impondrán de cuatro a siete años de prisión.

ARTÍCULO 151. Se impondrán de cuatro a siete años de prisión a quien implante a mujer mayor
de dieciocho años un óvulo fecundado, cuando hubiere utilizado para ello un óvulo ajeno o
esperma de donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente o del donante.

Si como consecuencia de este delito se produce un embarazo, la pena aplicable será de cinco a
catorce años y se estará a lo dispuesto por el artículo 155 de este Código.

ARTÍCULO 151 BIS. A quien sin consentimiento de persona mayor de dieciocho años realice en
ella un procedimiento de esterilización, se le impondrán de cuatro a siete años de prisión.

ARTÍCULO 151. TER. Reglas generales para los anteriores delitos del Capítulo I.

Tratándose de incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, o de una menor
de edad, aún con su consentimiento o de quien detente la guarda, custodia, atención o cuidado,
tutela o patria potestad de la víctima, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes del delito
básico.

Cuando el delito se realice valiéndose de medios o circunstancias que le proporcione su empleo,
cargo o comisión públicos, profesión, ministerio religioso o cualquier otra que implique
subordinación por parte de la víctima, la pena se aumentará en una mitad de la señalada para el
delito básico.

En el supuesto de que el delito se realice con violencia física o moral o psicoemocional
aprovechándose de su ignorancia, extrema pobreza o cualquier otra circunstancia que hiciera más
vulnerable a la víctima, se impondrá de cinco a catorce años de prisión.

ARTÍCULO 152. Además de las penas previstas en el capítulo anterior, se impondrá suspensión
para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, inhabilitación para el desempeño del
empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como
la destitución.

ARTÍCULO 153. Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o
relación de pareja, los delitos previstos en los artículos anteriores se perseguirán por querella.



CAPÍTULO II
MANIPULACIÓN GENÉTICA
ARTÍCULO 154. Se impondrán de dos a seis años de prisión, inhabilitación, así como suspensión
por igual término para desempeñar cargo, empleo o comisión públicos, profesión u oficio, a los
que:

I. Con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves o taras, manipulen
genes humanos de manera que se altere el genotipo;

II. Fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto al de la procreación humana; y

III. Creen seres humanos por clonación o realicen procedimientos de ingeniería genética con fines
ilícitos.

ARTICULO 155. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos
en los artículos anteriores, la reparación del daño comprenderá además, el pago de alimentos para
éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil.

TÍTULO TERCERO
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO I
OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO
ARTÍCULO 156. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma teniendo la
obligación de cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión o
daño alguno. Además, si el activo fuese ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la patria
potestad o de la tutela.

ARTÍCULO 157. A quien después de lesionar a una persona, culposa o fortuitamente, no le preste
auxilio o no solicite la asistencia que requiere pudiendo hacerlo, se le impondrá de quince a
sesenta días multa, independientemente de la pena que proceda por el o los delitos cometidos.

ARTÍCULO 157 BIS. En el caso de que el sujeto activo de los delitos de Abandono de Persona y
Omisión de Auxilio fuese respecto a la víctima pariente consanguíneo en línea recta, o colateral
hasta el cuarto grado, cónyuge, concubina o concubinario, persona con la que mantenga una
relación de hecho, adoptante o adoptada o integrante de una sociedad de convivencia perderá los
derechos como acreedor alimentario.

ARTÍCULO 158. Al que exponga en una institución o ante cualquier otra persona a un incapaz de
valerse por sí mismo, respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a
su cargo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión.

Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de expósitos a un menor de doce años que
esté bajo su potestad o custodia, perderán por ese sólo hecho los derechos que tengan sobre la
persona y bienes del expósito.

No se impondrá pena alguna a la madre que entregue a su hijo por ignorancia, extrema pobreza, o
cuando sea producto de una violación o inseminación artificial a que se refiere el artículo 150 de
este Código.

ARTÍCULO 158 Bis. En los supuestos previstos en el artículo 156 y primer párrafo del artículo 158,
no integran los elementos del cuerpo del delito de omisión de auxilio o de cuidado, las conductas



realizadas por el personal de salud para los efectos del cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal.

Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previstos en el párrafo anterior, las
conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada
para el Distrito Federal suscritas y realizadas por el solicitante o representante, en el Documento
de Voluntad Anticipada o el Formato expedido por la Secretaría de Salud para los efectos legales a
que haya lugar.

CAPÍTULO II PELIGRO
DE CONTAGIO
ARTÍCULO 159. Al que sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga
en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre
y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le impondrán prisión de tres
meses a tres años y de cincuenta a trescientos días multa.

Si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrán prisión de tres meses a diez años y de
quinientos a dos mil días multa. Este delito se perseguirá por querella de la víctima u ofendido.

TÍTULO CUARTO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL

CAPÍTULO I
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL
ARTÍCULO 160. Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a cien días
multa, al particular que prive a otro de su libertad, sin el propósito de obtener un lucro, causar un
daño o perjuicio a la persona privada de su libertad o a cualquier otra.

Si la privación de la libertad excede de veinticuatro horas, la pena de prisión se incrementará un
mes por cada día.

Si el agente espontáneamente libera a la víctima dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la
privación de la libertad, la pena de prisión será de la mitad de la prevista.

La pena de prisión se aumentará en una mitad, cuando la privación de la libertad se realice con
violencia, la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años o por cualquier circunstancia, la
víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto del agente.

ARTÍCULO 161. Se impondrán de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a doscientos días
multa, y al pago de los salarios y prestaciones legales de la víctima a quien obligue a otro a
prestarle trabajos o servicios personales sin la retribución debida, ya sea empleando violencia
física o moral o valiéndose del engaño, de la intimidación o de cualquier otro medio.

CAPÍTULO II
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON FINES SEXUALES
ARTÍCULO 162. Al que prive a otro de su libertad, con el propósito de realizar un acto sexual, se le
impondrá de uno a cinco años de prisión.

Si dentro de las veinticuatro horas siguientes, el autor del delito restituye la libertad a la víctima, sin
haber practicado el acto sexual, la sanción será de tres meses a tres años de prisión.



Este delito se perseguirá por querella.

CAPÍTULO III
SECUESTRO
ARTÍCULO 163. Al que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate, algún
beneficio económico, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquiera
otra, se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de mil a tres mil días multa.

ARTÍCULO 163 Bis. Comete el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro
express, el que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometer
los delitos de robo o extorsión, previstos en los artículos 220 y 236 de este Código
respectivamente, o para obtener algún beneficio económico.

A quien cometa este delito se le impondrá de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a
dos mil días multa. Para el caso de este delito no se aplicará sanción alguna por los delitos de robo
o extorsión.

ARTÍCULO 164. Las penas previstas en los dos artículos anteriores se incrementarán en una
tercera parte, si en la privación de la libertad a que se hace referencia en los mismos concurre
cualquiera de las circunstancias siguientes:

I. Que se realice en un domicilio particular, lugar de trabajo o a bordo de un vehículo;

II. Que el autor sea o haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública o privada, o
se ostente como tal sin serlo;

III. Que quienes lo lleven a cabo actúen en grupo;

IV. Que se realice con violencia, o aprovechando la confianza depositada en él o los autores;

V. Que la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años, o que por cualquier otra
circunstancia se encuentre en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de
la libertad;

VI. Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más personas menores de edad o que no
tengan la capacidad para comprender el significado del hecho; o

VII. Que se cause un daño o alteración a la salud de la víctima conforme a lo previsto en el artículo
130 de este Código, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del concurso para la imposición de
sanciones.

Si se libera espontáneamente al secuestrado, dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la
privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo anterior, las
penas serán de una quinta parte.

ARTÍCULO 165. En caso de que el secuestrado sea privado de la vida por su o sus
secuestradores, o que fallezca durante el tiempo en que se encuentre privado de su libertad, se
impondrán de cincuenta a setenta años de prisión y de cinco mil a diez mil días multa.

ARTÍCULO 166. Se impondrán las mismas penas señaladas en el artículo 165, cuando la privación
de la libertad se realice en contra de un menor de edad ó de quien por cualquier causa no tenga
capacidad de comprender ó resistir la conducta, con el propósito de obtener un lucro por su venta o
entrega.



ARTÍCULO 166 BIS. Se impondrá de uno a ocho años de prisión y de doscientos a mil días multa,
al que en relación con las conductas sancionadas en este capítulo y fuera de las causas de
exclusión del delito previstas por la ley:

I. Actúe como asesor o intermediario en las negociaciones del rescate, con fines lucrativos o sin el
consentimiento de quienes representen o gestionen a favor de la víctima;

II. Colabore en la difusión pública de las pretensiones o mensajes de los secuestradores, fuera del
estricto derecho a la información;

III. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o el obstruir
la actuación de las autoridades; o

IV. Intimide a la víctima, a sus familiares o a sus representantes, durante o después del secuestro,
para que no colaboren con las autoridades competentes.

ARTÍCULO 167. A quien simule encontrarse privado de su libertad con amenaza de su vida o daño
a su persona, con el propósito de obtener rescate o con la intención de que la autoridad o un
particular realice o deje de realizar un acto cualquiera, se le impondrán de dos a ocho años de
prisión y de cien a quinientos días multa.

Las mismas penas se impondrán a cualquiera que intervenga en la comisión de este delito.

Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida, cuando sea cometido por un ascendiente,
descendiente, cónyuge, parientes por consanguinidad hasta el segundo grado, concubina,
concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, y parientes por afinidad hasta el segundo
grado.

CAPÍTULO IV DESAPARICIÓN FORZADA
DE PERSONAS
ARTÍCULO 168. Al servidor público del Distrito Federal que con motivo de sus atribuciones,
detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros
lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero,
impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes, se
le sancionará con prisión de quince a cuarenta años y de trescientos a mil días multa, destitución e
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.

Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en los
actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán prisión de ocho a quince años y de ciento
cincuenta a quinientos días multa.

Las sanciones previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en una tercera parte, cuando
el agente suministre información que permita esclarecer los hechos y, en una mitad, cuando
contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.

Este delito no se sujetará a las reglas de la prescripción, por lo que no prescribirá bajo los
supuestos a que ellas se refieren.

CAPÍTULO V TRÁFICO
DE MENORES
ARTÍCULO 169. Al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de
quien tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque ésta no haya sido declarada, lo entregue



ilegalmente a un tercero para su custodia definitiva, a cambio de un beneficio económico, se le
impondrán de dos a nueve años de prisión y de doscientos a quinientos días multa.

Las mismas penas a que se refieren el párrafo anterior, se impondrán a los que a cambio de un
beneficio económico, otorguen el consentimiento al tercero que reciba al menor o al ascendiente
que, sin intervención de intermediario, incurra en la conducta señalada en el párrafo anterior.

Cuando en la comisión del delito no exista el consentimiento a que se refiere el párrafo primero, las
penas se aumentarán en un tanto más de la prevista en aquél.

Si el menor es trasladado fuera del territorio del Distrito Federal, las sanciones se incrementarán en
un tercio.

Si la entrega definitiva del menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio económico, la
pena aplicable al que lo entrega será de uno a tres años de prisión.

Si se acredita que quien recibió al menor lo hizo para incorporarlo a su núcleo familiar y otorgarle
los beneficios propios de tal incorporación, se reducirá en una mitad la pena prevista en el párrafo
anterior.

Además de las penas señaladas los responsables de los delitos perderán los derechos que tengan
en relación con el menor, incluidos los de carácter sucesorio.

ARTÍCULO 170. Si espontáneamente se devuelve al menor dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la comisión del delito, se impondrá una tercera parte de las sanciones previstas en los
artículos anteriores.

Si la recuperación de la víctima se logra por datos proporcionados por el inculpado, las sanciones
se reducirá en una mitad.

CAPÍTULO VI
RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE MENORES O INCAPACES
ARTÍCULO 171. Al que sin tener relación de parentesco, a que se refiere el artículo 173 de este
Código, o de tutela de un menor de edad o incapaz, lo retenga sin el consentimiento de quien
ejerza su custodia legítima o su guarda, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a
quinientos días de multa.

A quien bajo los mismos supuestos del párrafo anterior los sustraiga de su custodia legítima o su
guarda, se le impondrá de cinco a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa.

ARTÍCULO 172. Si la retención o sustracción se realiza en contra de una persona menor de doce
años de edad, las penas previstas en el artículo anterior se incrementarán en una mitad.

Si la sustracción tiene como propósito incorporar a la persona a círculos de corrupción de menores
o traficar con sus órganos, las penas se aumentarán en un tanto.

ARTÍCULO 173. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa, al
ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, que sustraiga,
retenga u oculte a un menor o incapaz y que sobre éste no ejerza la patria potestad, la tutela o
mediante resolución judicial no ejerza la guarda y custodia.

Cuando el sujeto devuelva espontáneamente al menor o al incapaz, dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la comisión del delito, se le impondrá una tercera parte de las sanciones
señaladas.



Al padre o madre que, sin tener la guarda y custodia del menor o incapaz que viva en el Distrito
Federal, lo sustraiga, retenga u oculte fuera del Distrito Federal o fuera del territorio nacional, se le
aumentarán en una mitad las penas previstas en el primer párrafo de este artículo.

Se equipara al delito de retención, sustracción u ocultamiento de menor o incapaz, y se sancionará
con las penas señaladas en el primer párrafo del presente artículo, a la persona que mediante
amenazas o engaños obtenga del padre o madre que tiene la guarda y custodia del menor o
incapaz, el consentimiento para trasladarlo, con la finalidad de retenerlo, sustraerlo u ocultarlo
fuera del Distrito Federal o fuera del territorio nacional.

La pena señalada en el primer párrafo se aumentará en una mitad al cónyuge que sustraiga,
retenga u oculte a un hijo menor de edad o incapaz, con la finalidad de obligar al otro cónyuge a
dar, hacer o dejar de hacer algo.

TÍTULO QUINTO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL
NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL

CAPÍTULO I
VIOLACIÓN
ARTÍCULO 174. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de
cualquier sexo, se le impondrá prisión de seis a diecisiete años.

Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal.

Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca por vía vaginal o anal
cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio
de la violencia física o moral.

Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o de
pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos casos el delito se perseguirá por
querella.

ARTÍCULO 175. Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena, al que:

I. Realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o
por cualquier causa no pueda resistirlo; o

II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo
humano distinto del pene en una persona que no tenga capacidad de comprender el significado del
hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo.

Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad.

CAPÍTULO II
ABUSO SEXUAL
ARTÍCULO. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula,
ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrá de uno a
seis años de prisión.

Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad.



Este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia.

ARTÍCULO 177. Al que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una
persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa
no pueda resistirlo, o la obligue a observar o ejecutar dicho acto, se le impondrá de dos a siete
años de prisión.

Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad.

ARTÍCULO 178. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos
terceras partes, cuando fueren cometidos:

I. Con intervención directa o inmediata de dos o más personas;

II. Por ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el
tutor contra su pupilo, el padrastro o la madrastra contra su hijastro, éste contra cualquiera de ellos,
amasio de la madre o del padre contra cualquiera de los hijos de éstos o los hijos contra aquellos.
Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en
que la ejerciere sobre la víctima, así como los derechos sucesorios con respecto del ofendido. Se
impondrá al agresor la perdida de los derechos como acreedor alimentario que tenga con respecto
a la victima;

III. Por quien valiéndose de medios o circunstancias que le proporcionen su empleo, cargo o
comisión públicos, profesión, ministerio religioso o cualquier otro que implique subordinación por
parte de la víctima. Además de la pena de prisión, si el agresor fuese servidor público se le
destituirá e inhabilitará en el cargo, empleo o comisión, o en su caso, será suspendido en el
ejercicio de su profesión por un término igual al de la pena de prisión;

IV. Por la persona que tenga al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la
confianza en ella depositada;

V. Fuere cometido al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular o de servicio público;

VI. Fuere cometido en despoblado o lugar solitario;

VII. Dentro de los centros educativos, culturales, deportivos, religiosos, de trabajo, o cualquier otro
centro de naturaleza social; y

VIII. En inmuebles públicos.

CAPÍTULO III
ACOSO SEXUAL
ARTÍCULO 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una
conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento
psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión.

Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas
o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se
incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior.

Si la persona agresora fuese servidor público y utilizara los medios o circunstancias que el encargo
le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior se le destituirá y se le inhabilitará
para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de
prisión impuesta.




CAPÍTULO IV
ESTUPRO
ARTÍCULO 180. Al que tenga cópula con persona mayor de doce y menor de dieciocho años,
obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño, se le impondrá de seis
meses a cuatro años de prisión.


CAPÍTULO V
INCESTO
ARTÍCULO 181. A los hermanos y a los ascendientes o descendientes consanguíneos en línea
recta, que con conocimiento de su parentesco tengan cópula entre sí se les impondrá prisión o
tratamiento en libertad de uno a seis años.

Para los efectos de este artículo, cuando uno de los hermanos, ascendiente o descendiente
consanguíneo en línea recta sea mayor de dieciocho años de edad y el otro sea menor de doce
años, se le aplicará al primero de ocho a veinte años de prisión.

CAPÍTULO VI
VIOLACIÓN, ABUSO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, COMETIDO A MENORES
DE DOCE AÑOS DE EDAD
ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice cópula con persona de cualquier sexo menor de doce años, se
le impondrá prisión de ocho a veinte años.

Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca en una persona menor de
doce años de edad por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del
cuerpo humano, distinto al pene, con fines sexuales.

Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, en una persona menor de doce
años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier
causa no pueda resistirlo o quien realice actos en los que muestre, exponga o exhiba sus órganos
genitales con fines lascivos, tanto en el ámbito público como privado, ejecute en ella un acto sexual
o lo obligue a observarlo, se le impondrán de dos a siete años de prisión.

Al que acose sexualmente a la víctima menor de doce años con la amenaza de causarle un mal
relacionado respecto de la actividad que los vincule, se le impondrán de dos a siete años de
prisión.

Si se ejerciere violencia física o moral, las penas previstas se aumentarán en una mitad.

Las penas anteriores se aumentarán hasta una tercera parte si se cometieran en contra de dos o
mas personas.

ARTÍCULO 181 Ter. Las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán en dos terceras
partes, cuando fueren cometidos:

I. Con la intervención directa o inmediata de dos o más personas;



II. Al que tenga respecto de la victima:

a) Parentesco de afinidad o consaguinidad;

b) Patria potestad, tutela o curatela y

c) Guarda o custodia.

Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad respecto a todos sus
descendientes, la tutela, curatela, derecho de alimentos y los sucesorios que tenga respecto de la
víctima; pero en ningún momento cesará su obligación alimentaria para con ella.

III. Quien desempeñe un cargo o empleo público, utilizando los medios que ellos le proporcionen.

Además de la pena de prisión el sentenciado será destituido del cargo, empleo o comisión.

IV. Por quienes tengan contacto con la víctima por motivos laborales, docentes, médicos,
domésticos, religiosos o cualquier otro que implique confianza o subordinación o superioridad.

Además de la pena de prisión, el sentenciado será suspendido por un término igual a la pena
impuesta en el ejercicio de su empleo, cargo o profesión.

V. Por quien habite ocasional o permanentemente en el mismo domicilio de la víctima.

VI. Aprovechando la confianza depositada en ella por la víctima, por motivos de afectividad,
amistad o gratitud.

VII. Encontrándose la víctima a bordo de un vehículo particular o de servicio público; o

VIII. Fuere cometido en despoblado o lugar solitario.

En los casos anteriores, el juez acordará las medidas pertinentes para que se le prohíba al agresor
tener cualquier tipo de contacto o relación con el menor.

Artículo 181 Quáter. Cualquier persona que tenga conocimiento de las conductas descritas en los
artículos anteriores y no acuda a la autoridad competente para denunciar el hecho y evitar la
continuación de la conducta será castigada de dos a siete años de prisión.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 182. Cuando a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los
artículos anteriores resulten hijos, la reparación del daño comprenderá además, el pago de
alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil.



TÍTULO SEXTO
DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
COMETIDOS EN CONTRA DE LAS PERSONAS MAYORES Y MENORES DE
DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O PERSONAS QUE NO TENGAN CAPACIDAD
PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O PERSONAS QUE NO
TENGAN LA CAPACIDAD DE RESISTIR LA CONDUCTA.

CAPÍTULO I
CORRUPCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD O PERSONAS QUE NO
TENGAN CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O
DE PERSONAS QUE NO TENGAN CAPACIDAD DE RESISTIR LA CONDUCTA
ARTÍCULO 183. Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de
dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del
hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, libros, escritos, grabaciones,
filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o
simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de uno a cinco
años de prisión y de quinientos a mil días multa.

ARTÍCULO 184. Al que por cualquier medio, obligue, procure, induzca o facilite a una persona
menor de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, a realizar
actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, simulados o no, con fin lascivo o sexual,
prostitución, ebriedad, consumo de drogas o enervantes, prácticas sexuales o a cometer hechos
delictuosos, se le impondrán de siete a doce años de prisión y de mil a dos mil quinientos días
multa.

Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción, la persona menor de dieciocho años de
edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, adquiera los hábitos del alcoholismo,
fármaco dependencia, se dedique a la prostitución, práctica de actos sexuales, a formar parte de
una asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, las penas serán de diez a quince años
de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa.

Al que procure o facilite la práctica de la mendicidad, se le impondrán de cuatro a nueve años de
prisión y de quinientos a mil días multa.

Cuando los actos de corrupción a los que se refiere este artículo, se realicen reiteradamente contra
menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, o éstos
incurran en la comisión de algún delito, la prisión se aumentará de tres a seis años.

No constituye corrupción el empleo de los programas preventivos, educativos o informativos que
diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la
educación sexual, educación sobre la función reproductiva, prevención de infecciones de
transmisión sexual y embarazo de adolescentes.

ARTÍCULO 185. Se impondrán prisión de cinco a siete años y de quinientos a mil días multa, al
que:

I. Emplee directa o indirectamente los servicios de menores de dieciocho años de edad o personas
que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen
capacidad de resistir la conducta, en cantinas, tabernas, bares, centro de vicio, discotecas o



cualquier otro lugar nocivo en donde se afecte de forma negativa su sano desarrollo físico, mental
o emocional; o

II. Acepte o promueva que su hijo, pupilo o personas que estén bajo su guarda, custodia o tutela,
menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, laboren en
cantinas, tabernas, bares, centro de vicio, discotecas o cualquier otro lugar nocivo en donde se
afecte de forma negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional.

Para efectos de este artículo, se considera como empleado a los menores de dieciocho años de
edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, que por un salario, por la sola comida,
por comisión de cualquier índole, por cualquier otro estipendio, gaje o emolumento, o gratuitamente
preste sus servicios en tales lugares.

CAPÍTULO II
TURISMO SEXUAL
ARTÍCULO 186.- Comete el delito de turismo sexual al que:

I. Ofrezca, promueva, publicite, invite, facilite o gestione, por cualquier medio, a que una persona
viaje al territorio del Distrito Federal o de éste al exterior, con la finalidad de realizar o presenciar
actos sexuales con una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la
capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir
la conducta, se le impondrá una pena de siete a catorce años de prisión y de dos mil a seis mil días
multa. Igual pena se impondrá en caso que la víctima se traslade o sea trasladada al interior del
Distrito Federal con la misma finalidad.

II. Viaje al interior del Distrito Federal o de éste al exterior, por cualquier medio, con el propósito de
realizar o presenciar actos sexuales con una persona menor de dieciocho años de edad o persona
que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene
capacidad de resistir la conducta, se le impondrá de siete a catorce años de prisión y de dos mil a
cinco días multa días multa.

CAPÍTULO III
PORNOGRAFÍA
ARTÍCULO 187. Al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por
cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la
capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir
la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales,
reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, audio grabarlos, fotografiarlos, filmarlos,
exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o
sucedáneos; se le impondrá de siete a catorce años de prisión y de dos mil quinientos a cinco mil
días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la
destrucción de los materiales mencionados.

Si se hiciere uso de violencia física o moral o psicoemocional, o se aproveche de la ignorancia,
extrema pobreza o cualquier otra circunstancia que disminuya o elimine la voluntad de la víctima
para resistirse, la pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad.

Al que fije, imprima, video grabe, audio grabe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo
corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participe una persona menor de
dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del



hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se le impondrá la pena de siete
a doce años de prisión y de mil a dos mil días multa, así como el decomiso y destrucción de los
objetos, instrumentos y productos del delito.

Se impondrán las mismas sanciones a quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya,
comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta por cualquier
medio el material a que se refieren las conductas anteriores.

Al que permita directa o indirectamente el acceso de un menor a espectáculos, obras gráficas o
audio visuales de carácter lascivo o sexual, se le impondrá prisión de uno a tres años y de
cincuenta a doscientos días multa.

No constituye pornografía el empleo en los programas preventivos, educativos o informativos que
diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la
educación sexual, educación sobre la función reproductiva, prevención de infecciones de
transmisión sexual y embarazo de adolescentes.

ARTÍCULO 188. Al que almacene, adquiera o arriende para si o para un tercero, el material a que
se refiere el artículo anterior, sin fines de comercialización o distribución, se le impondrán de uno a
cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa.

CAPÍTULO IV TRATA
DE PERSONAS
ARTÍCULO 188 BIS. Al que promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, entrega o reciba
para sí o para un tercero a una persona para someterla a explotación sexual, a la esclavitud o
prácticas análogas, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva o para que le sea
extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro del territorio del Distrito
Federal, se le impondrá prisión de 10 a 15 años y de 10 mil a 15 mil días multa.

Cuando la víctima del delito sea persona menor de 18 años de edad o persona que no tenga la
capacidad de comprender el significado del hecho o persona que no tiene capacidad de resistir la
conducta, se aumentarán las penas hasta en una mitad.

CAPÍTULO V
LENOCINIO
ARTÍCULO 189. Se sancionará con prisión de dos a diez años y de quinientos a cinco mil días
multa, al que:

I. Habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por
medio del comercio sexual;

II. Induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le facilite los
medios para que se prostituya; o

III. Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia
dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.

ARTÍCULO 189 BIS. Comete el delito de lenocinio de persona menor de dieciocho años de edad o
persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no
tiene capacidad de resistir la conducta, al que:

I. Explote su cuerpo, por medio del comercio carnal u obtenga de él un lucro cualquiera;



II. Induzca a que comercie sexualmente con su cuerpo o facilite los medios para que sea
prostituida, y

III. Regentee, administre o sostenga directa o indirectamente, prostíbulos, casas de cita o lugares
de concurrencia dedicados a explotar la prostitución de persona menor de dieciocho años de edad
o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no
tiene capacidad de resistir la conducta, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.

Al responsable de este delito se le impondrá prisión de ocho a quince años y de dos mil quinientos
a cinco mil días de multa, así como clausura definitiva y permanente de los establecimientos
descritos en la fracción III.

ARTÍCULO 190. Las penas previstas para los artículos 189 y 189 bis se agravarán hasta en una
mitad, si se emplea violencia física o moral.

CAPÍTULO VI
EXPLOTACIÓN LABORAL DE MENORES O PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FÍSICA O MENTAL.
ARTÍCULO 190 Bis. Al que por cualquier medio, regentee, administre, induzca u obtenga un
beneficio económico, a través de la explotación laboral de un menor o de una persona con
discapacidad física o mental, poniéndolo a trabajar en las calles, avenidas, ejes viales, espacios
públicos, recintos privados o cualquier vía de circulación, se le impondrá de dos a seis años de
prisión y de cien a trescientos días multa. También se le condenará al pago de la retribución
omitida o despojada, la cual deberá fijarse con base en la naturaleza y condiciones de las
actividades laborales desarrolladas por el sujeto pasivo; pero en ningún caso podrá ser menor al
salario mínimo general vigente.

Se entiende por explotación laboral, la acción de despojar o retener, todo o en parte, el producto
del trabajo, contra la voluntad de quien labora.

Las penas de prisión y multa, previstas en el párrafo inicial de este precepto, se incrementarán en
una mitad en términos del artículo 71 de este ordenamiento, cuando la conducta se realice
respecto de dos o más sujetos pasivos, o cuando se emplee la violencia física o moral, o cuando
cometan el delito conjuntamente tres o más personas.

ARTÍCULO 190 Ter. Cuando el responsable tenga parentesco, conviva o habite ocasional o
permanentemente en el mismo espacio o domicilio con la victima, o se trate de tutor o curador, se
le impondrán las mismas sanciones que se establecen en el artículo anterior, pero además perderá
la patria potestad y cualquier derecho que pudiese tener sobre la victima, así mismo la autoridad
judicial que conozca del asunto pondrá a éste a disposición y cuidado de la autoridad
correspondiente en la materia.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES COMUNES
ARTÍCULO 191. Las sanciones previstas en este título sexto se incrementarán hasta en una mitad
cuando se trate de un servidor público; ministro de culto religioso; extranjero; quien ejerza la patria
potestad, guarda o custodia; los ascendientes sin límite de grado; familiares en línea colateral
hasta cuarto grado, tutores o curadores; al que habite ocasional o permanentemente en el mismo
domicilio con la víctima aunque no exista parentesco alguno; así como toda persona que tenga
injerencia jerárquica sobre el menor en virtud de una relación laboral, docente, doméstica ó médica
o de cualquier índole.



Cuando se trate de Servidor Público, Ministro de Culto Religioso, así como toda persona que tenga
injerencia jerárquica sobre el menor en virtud de una relación laboral, docente, doméstica ó
médica; además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para
desempeñar el cargo, comisión ó profesión, hasta por un tiempo igual al de la pena privativa de la
libertad impuesta.

En todos los casos el juez acordará las medidas para impedir al sujeto activo tener cualquier tipo
de contacto o relación con la víctima.

ARTÍCULO 192. Las sanciones que se señalan en el Título Sexto, del Libro Segundo, se
aumentarán en una mitad, cuando el delito sea cometido por una asociación delictuosa.

TITULO SÉPTIMO
DELITOS QUE ATENTAN CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
ALIMENTARIA

CAPITULO ÚNICO
ARTÍCULO 193. Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen
derecho a recibirlos, se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de cien a cuatrocientos días
multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia, y pago como reparación del daño a las
cantidades no suministradas oportunamente. Si el adeudo excede de noventa días, el Juez
ordenará al Registro Civil el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.

Para los efectos de éste Artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el o los
acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero.

Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, para efectos de
cubrir los alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base en la capacidad económica
y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años.

Una vez que el sentenciado cumpla con la reparación del daño, el Juez a petición de parte deberá
ordenar al Registro Civil la cancelación de la inscripción.

ARTÍCULO 194. Al que renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y sea éste el
único medio de obtener ingresos o se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el
cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión
de uno a cuatro años y de doscientos a quinientos días multa, pérdida de los derechos de familia y
pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente.

ARTÍCULO 195. Se impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de doscientos a
quinientos días multa a aquellas personas que obligadas a informar acerca de los ingresos de
quienes deban cumplir con todas las obligaciones señaladas en los Artículos anteriores, incumplan
con la orden judicial de hacerlo o haciéndolo no lo hagan dentro del término ordenado por el Juez u
omitan realizar de inmediato el descuento ordenado.

ARTÍCULO 196. Para el caso de que la persona legitimada para ello otorgue el perdón, sólo
procederá si el indiciado, procesado o sentenciado paga todas las cantidades que hubiere dejado
de proporcionar por concepto de alimentos y otorgue garantía cuando menos por el monto
equivalente a un año.

ARTÍCULO 197. Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ocurre en
incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una mitad.



ARTÍCULO 198. Se deroga

ARTÍCULO 199. Los delitos previstos en este Título se perseguirán por querella.

TITULO OCTAVO
DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA A
VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

CAPITULO UNICO
VIOLENCIA FAMILIAR
ARTÍCULO 200. A quien por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de violencia física,
psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, que ocurra o
haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra de:

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concubina, el concubinario o ex
concubinario;

II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado, o el
pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado;

III. El adoptante o adoptado;

IV. El incapaz sobre el que se es tutor o curador; y

V. La persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia.

Se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la
víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las
medidas de protección conforme a lo establecido por este Código y el Código de Procedimientos
Penales, ambos para el Distrito Federal; además se sujetará al agente a tratamiento especializado
que para personas agresoras de violencia familiar refiere la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, el que en ningún caso excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión,
independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito.

En caso de que la víctima padezca algún trastorno mental diagnosticado, se aumentará en una
mitad la pena que corresponda, para lo cual el juzgador valorará el tipo de rehabilitación o
tratamiento médico al que estuviere sujeta la víctima para la imposición de las sanciones.

No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o rehabilitación la violencia hacia cualquier
persona con algún trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los menores.

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el artículo anterior se perseguirá por querella,
excepto cuando:

I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de comprender el significado del
hecho.

II. La víctima presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial, temporal o
permanente.

III. La víctima sea mayor de sesenta años de edad.

IV. La víctima sea una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses posteriores al parto.



V. Se cometa con la participación de dos o más personas.

VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes.

VII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo.

VIII. Se tengan documentados antecedentes o denuncia de violencia familiar cometidos por el
mismo agresor contra la víctima, y

IX. Exista imposibilidad material de la víctima de denunciar.

ARTÍCULO 201. Para los efectos del presente capítulo se entiende por:

I. Violencia física: A todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto,
arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro;

II. Violencia psicoemocional: A toda acción u omisión que puede consistir en prohibiciones,
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia,
descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes
devaluatorias, entre otras, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y
autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura
psíquica de la persona;

III. Violencia Patrimonial: A todo acto u omisión que ocasiona daño ya sea de manera directa o
indirecta, a los bienes muebles o inmuebles, en menoscabo de su patrimonio; también puede
consistir en la perturbación a la posesión, a la propiedad, la sustracción, destrucción, menoscabo,
desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores,
derechos patrimoniales o recursos económicos;

IV. Violencia Sexual: A toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad,
seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de cualquier persona;

V. Violencia Económica: A toda acción u omisión que afecta la economía del sujeto pasivo, a
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas y
puede consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos, y

VI. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u omisión que limite o vulnere el
derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación
con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección,
acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el
marco previsto en los ordenamientos relativos para la interrupción legal del embarazo, a servicios
de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia.

ARTICULO 201 Bis.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las mismas penas y
medidas de seguridad, al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en
contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o
cuidado o con quien tenga una relación de hecho o la haya tenido en un período hasta de dos años
antes de la comisión del acto u omisión.

Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes:

I.- Haga la vida en común, en forma constante y permanente, por un período mínimo de seis
meses;

II.- Mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio;



III.- Se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo;

IV.- Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con ninguno de sus
integrantes;

V.- Tengan relación con los hijos de su pareja, siempre que no los hayan procreado en común, y

VI.- Tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores.


ARTÍCULO 202. En los casos previstos en este Título, el Ministerio Público apercibirá al inculpado
para que se abstenga de ejecutar cualquier tipo de violencia contra la víctima y decretará, de
inmediato, bajo su mas estricta responsabilidad, las medidas precautorias necesarias para
salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima durante la integración de la averiguación
previa y hasta la conclusión de ésta.

En caso de determinarse el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público solicitará al Juez la
confirmación, ampliación o cancelación, en su caso, de las medidas precautorias referidas en el
párrafo que antecede, quién deberá resolver lo conducente sin dilación.

TÍTULO NOVENO
DELITOS CONTRA LA FILIACIÓN Y LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO

CAPÍTULO I
ESTADO CIVIL
ARTÍCULO 203. Se impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a mil días multa, al que con
el fin de alterar el estado civil incurra en alguna de las conductas siguientes:

I. Presente a registrar a una persona, asumiendo la filiación que no le corresponda;

II. Inscriba o haga registrar el nacimiento de una persona, sin que esto hubiese ocurrido;

III. Omita presentar para el registro del nacimiento a una persona, teniendo dicha obligación, con el
propósito de hacerle perder los derechos derivados de su filiación;

IV. Declare falsamente el fallecimiento de una persona en el acta respectiva;

V. Presente a registrar a una persona, atribuyendo a terceros la paternidad que no le corresponda;

VI. Usurpe el estado civil o la filiación de otro, con el fin de adquirir derechos de familia que no le
correspondan;

VII. Sustituya a un menor por otro o cometa ocultación de aquél para perjudicarlo en sus derechos
de familia; o

VIII. Inscriba o haga registrar un divorcio o nulidad de matrimonio inexistentes o que aún no
hubiesen sido declarados por sentencia que haya causado ejecutoria.

El Juez podrá prescindir de la sanción si el agente actúa por motivos nobles o humanitarios, en el
caso a que se refiere la fracción I de este artículo.



ARTÍCULO 204. El que cometa alguno de los delitos expresados en el artículo anterior, perderá los
derechos que tenga con respecto al ofendido, incluidos los de carácter sucesorio.

CAPÍTULO II
BIGAMIA
ARTÍCULO 205. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de ciento ochenta a trescientos
sesenta días multa, al que:

I. Se encuentre unido con una persona en matrimonio no disuelto ni declarado nulo, y contraiga
otro matrimonio; o

II. Contraiga matrimonio con una persona casada, si conocía el impedimento al tiempo de
celebrarse aquél.

TÍTULO DÉCIMO
DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO ÚNICO
DISCRIMINACIÓN
ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo
en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo,
estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual,
color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica,
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas:

I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;

II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de
esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se
ofrecen al público en general;

III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o

IV.- Niegue o restrinja derechos laborales.

Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o
retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en
una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá
destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por
el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los
grupos socialmente desfavorecidos.




TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DELITOS CONTRA LAS NORMAS DE INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN Y
CONTRA EL RESPETO A LOS CADÁVERES O RESTOS HUMANOS

CAPÍTULO ÚNICO
INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN Y RESPETO A LOS CADÁVERES O RESTOS
HUMANOS
ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de tres meses a dos años o de treinta a noventa días multa,
al que:

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin la orden de la autoridad que
deba darla o sin los requisitos que exijan los Códigos Civil y Sanitario o leyes especiales; o

II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos legales o con violación de
derechos.

Las sanciones se incrementarán en una mitad, a quien oculte, destruya, o mutile, o sin la licencia
correspondiente, sepulte el cadáver de una persona, restos o feto humanos, siempre que la muerte
haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones, si el agente sabía esa circunstancia.

ARTÍCULO 208. Se impondrá de uno a cinco años de prisión:

I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o

II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o
necrofilia.

Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la realización del coito, la pena de prisión será de
cuatro a ocho años.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DELITOS CONTRA LA PAZ, LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO

CAPÍTULO I
AMENAZAS
ARTÍCULO 209. Al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o
derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún
vínculo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o de noventa a trescientos sesenta días
multa.

Se debe entender como ligados por algún vínculo con la persona:

a) A los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines;

b) El cónyuge, la concubina, el concubinario, pareja permanente y parientes colaterales por
consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; y

c) Los que estén ligados con las personas por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.




CAPÍTULO II
ALLANAMIENTO DE MORADA, DESPACHO, OFICINA O ESTABLECIMIENTO
MERCANTIL
ARTÍCULO 210. Al que se introduzca a un departamento, vivienda, aposento o dependencia de
una casa habitación sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente, furtivamente, con
engaño, violencia o sin permiso de la persona autorizada para darlo, se le impondrá de seis meses
a dos años de prisión o de cincuenta a cien días multa.

Si el hecho se realiza por dos o más personas o por servidor público en ejercicio de sus funciones
o con motivo de ellas, la pena será de uno a cuatro años de prisión.

ARTÍCULO 211. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, al que se introduzca sin
orden de autoridad competente o sin permiso de la persona autorizada para ello, en el domicilio de
una persona moral pública o privada, despacho profesional, establecimiento mercantil o local
abierto al público fuera del horario laboral que corresponda.

Los delitos previstos en este Capítulo, se perseguirán por querella.

CAPÍTULO III USURPACIÓN
DE IDENTIDAD
Artículo 211 Bis.- Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la identidad de otra
persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su identidad, se le
impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.

Se aumentaran en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien se valga de la
homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito establecido en el presente
artículo.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
INVIOLABILIDAD DEL SECRETO

CAPÍTULO I
VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD PERSONAL
ARTÍCULO 212. Derogado.

CAPÍTULO II REVELACIÓN
DE SECRETOS
ARTÍCULO 213. Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de
alguien, revele un secreto o comunicación reservada, que por cualquier forma haya conocido o se
le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrán prisión de seis meses a
dos años y de veinticinco a cien días multa.

Si el agente conoció o recibió el secreto o comunicación reservada con motivo de su empleo,
cargo, profesión, arte u oficio, o si el secreto fuere de carácter científico o tecnológico, la prisión se
aumentará en una mitad y se le suspenderá de seis meses a tres años en el ejercicio de la
profesión, arte u oficio.



Cuando el agente sea servidor público, se le impondrá, además, destitución e inhabilitación de seis
meses a tres años.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO
DELITOS CONTRA EL HONOR

CAPÍTULO I
DIFAMACIÓN


CAPÍTULO II
CALUMNIA



CAPÍTULO III

TÍTULO DÉCIMO QUINTO DELITOS
CONTRA EL PATRIMONIO

CAPÍTULO I
ROBO
ARTÍCULO 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda
otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán:

I. Se deroga;

II.- Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento cincuenta días multa, cuando el valor de lo
robado no exceda de trescientas veces el salario mínimo o cuando no sea posible determinar el
valor de lo robado;

III. Prisión de dos a cuatro años y de ciento cincuenta a cuatrocientos días multa, cuando el valor
de lo robado exceda de trescientas pero no de setecientas cincuenta veces el salario mínimo, y

IV. Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos o seiscientos días multa, cuando el valor de lo
robado exceda de setecientas cincuenta veces el salario mínimo.

Para determinar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor de mercado que tenga la
cosa en el momento del apoderamiento.



ARTÍCULO 221. Se impondrán las mismas penas previstas en el artículo anterior, a quien sin
consentimiento de la persona que legalmente pueda otorgarlo:

I. Aproveche energía eléctrica o cualquier otro fluido; o

II. Se apodere de cosa mueble propia, si ésta se encuentra en poder de otra persona por cualquier
título legítimo.

ARTÍCULO 222. Al que se apodere de una cosa ajena sin consentimiento del dueño o legitimo
poseedor y acredite que dicho apoderamiento se ha realizado con ánimo de uso y no de dominio,
se le impondrá de tres meses a un año de prisión o de treinta a noventa días multa.

Como reparación del daño, pagará al ofendido el doble del alquiler, arrendamiento o interés de la
cosa usada, conforme a los valores de mercado.

ARTÍCULO 223. Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el artículo 220 de este
Código, cuando el robo se cometa:

I. En un lugar cerrado;

II. Se deroga;

III. Aprovechando alguna relación de trabajo, de servicio o de hospitalidad;

IV. Por quien haya recibido la cosa en tenencia precaria;

V. Respecto de equipo, instrumentos, semillas o cualesquiera otros artículos destinados al
aprovechamiento agrícola, forestal, pecuario o respecto de productos de la misma índole;

VI. Sobre equipaje o valores de viajero, en cualquier lugar durante el transcurso del viaje o en
terminales de transporte;

VII. Por los dueños, dependientes, encargados o empleados de empresas o establecimientos
comerciales, en los lugares en que presten sus servicios al público, sobre los bienes de los
huéspedes, clientes o usuarios;

VIII. Respecto de documentos que se conserven en oficinas públicas, cuando la sustracción afecte
el servicio público o cause daño a terceros. Si el delito lo comete un servidor público que labore en
la dependencia donde cometió el robo, se le impondrá además, destitución e inhabilitación de uno
a cinco años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos;

IX. En contra de persona con discapacidad o de más de sesenta años de edad; o

X. Se deroga.

ARTÍCULO 224. Además de la penas previstas en el artículo 220 de este Código, se impondrá de
dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:

I. En lugar habitado o destinado para habitación, o en sus dependencias, incluidos los movibles;

II. En una oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven caudales o valores, o contra
personas que las custodien o transporten;

III. Encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento en un vehículo particular o de
transporte público;



IV. Aprovechando la situación de confusión causada por una catástrofe, desorden público o la
consternación que una desgracia privada cause al ofendido o a su familia;

V. En despoblado o lugar solitario;

VI. Por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad pública o personal operativo
de empresas que presten servicios de seguridad privada, aunque no esté en servicio;

VII. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o supuestas órdenes de la autoridad;

VIII. Respecto de vehículo automotriz o parte de éste; o

IX. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se encuentre en la vía pública o en
espacios abiertos que permitan el acceso público.

ARTÍCULO 225. Las penas previstas en los artículos anteriores, se incrementarán con prisión de
dos a seis años, cuando el robo se cometa:

I. Con violencia física o moral, o cuando se ejerza violencia para darse a la fuga o defender lo
robado; o

II. Por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos.

Se equipara a la violencia moral, la utilización de juguetes u otros objetos que tengan la apariencia,
forma o configuración de armas de fuego, o de pistolas de municiones o aquéllas que arrojen
proyectiles a través de aire o gas comprimido.

ARTÍCULO 226. Para la aplicación de la sanción, se dará por consumado el robo desde el
momento en que el inculpado tiene en su poder la cosa robada, aún cuando la abandone o lo
desapoderen de ella.

CAPÍTULO II ABUSO DE
CONFIANZA
ARTÍCULO 227. Al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de una cosa mueble
ajena, de la cual se le haya transmitido la tenencia pero no el dominio, se le impondrán:

I. De treinta a noventa días multa, cuando el valor de lo dispuesto no exceda de cincuenta veces el
salario mínimo, o no sea posible determinar su valor;

II. Prisión de cuatro meses a tres años y de noventa a doscientos cincuenta días multa, cuando el
valor de lo dispuesto exceda de cincuenta pero no de quinientas veces el salario mínimo;

III. Prisión de tres a cuatro años y de doscientos cincuenta a seiscientos días multa, cuando el
valor de lo dispuesto exceda de quinientas pero no de cinco mil veces el salario mínimo;

IV. Prisión de cuatro a seis años y de seiscientos a novecientos días multa, si el valor de lo
dispuesto excede de cinco mil pero no de diez mil veces el salario mínimo; y

V. Prisión de seis a doce años y de novecientos a mil doscientos cincuenta días multa, si el valor
de lo dispuesto excede de diez mil veces el salario mínimo.

ARTÍCULO 228. Las mismas penas previstas en el artículo anterior se impondrán:



I. Al propietario o poseedor de una cosa mueble, que sin tener la libre disposición sobre la misma a
virtud de cualquier título legítimo en favor de tercero, disponga de ella con perjuicio de otro;

II. Al que haga aparecer como suyo, sin ser de su propiedad, un depósito que garantice la libertad
caucional de una persona;

III. Al que, habiendo recibido mercancías con subsidio o en franquicia para darles un destino
determinado, las distraiga de ese destino o desvirtúe en cualquier forma los fines perseguidos con
el subsidio o la franquicia; y

IV. A los gerentes, directivos, administradores, mandatarios o intermediarios de personas morales,
constructores o vendedores que, habiendo recibido dinero, títulos o valores por el importe total o
parcial del precio de alguna compraventa de inmuebles o para constituir un gravamen real sobre
éstos, no los destine al objeto de la operación concertada y disponga de ellos en provecho propio o
de tercero.

ARTÍCULO 229. Se equipara al abuso de confianza, y se sancionará con las mismas penas
asignadas a este delito; la ilegítima posesión de la cosa retenida si el tenedor o poseedor de ella
no la devuelve a pesar de ser requerido formalmente por quien tenga derecho, o no la entregue a
la autoridad para que ésta disponga de la misma conforme a la ley.

CAPÍTULO III
FRAUDE
ARTÍCULO 230. Al que por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se
haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero,
se le impondrán:

I. De veinticinco a setenta y cinco días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de
cincuenta veces el salario mínimo, o no sea posible determinar su valor;

II. Prisión de cuatro meses a dos años seis meses y de setenta y cinco a doscientos días multa,
cuando el valor de lo defraudado exceda de cincuenta pero no de quinientas veces el salario
mínimo;

III. Prisión de dos años seis meses a cuatro años y de doscientos a quinientos días multa, cuando
el valor de lo defraudado exceda de quinientas pero no de cinco mil veces el salario mínimo;

IV. Prisión de cuatro a seis años y de quinientos a ochocientos días multa, cuando el valor de lo
defraudado exceda de cinco mil pero no de diez mil veces el salario mínimo; y

V. Prisión de seis a once años y de ochocientos a mil doscientos días multa, cuando el valor de lo
defraudado exceda de diez mil veces el salario mínimo.

Cuando el delito se cometa en contra de dos o más personas, se impondrá además las dos
terceras partes de las penas previstas en las fracciones anteriores.

ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, a quien:

I. Por título oneroso enajene alguna cosa de la que no tiene derecho a disponer o la arriende,
hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad
en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente;



II. Obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, como consecuencia directa e
inmediata del otorgamiento o endoso a nombre propio o de otro, de un documento nominativo, a la
orden o al portador, contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo;

Cuando el lucro obtenido consista en un vehículo automotor, independientemente de su valor, se
aplicarán las penas previstas en la fracción V del artículo inmediato anterior.

III. Venda a dos personas una misma cosa, sea mueble o inmueble, y reciba el precio de la
primera, de la segunda enajenación o de ambas, o parte de él, o cualquier otro lucro, con perjuicio
del primero o del segundo comprador;

IV. Al que se haga servir alguna cosa o admita un servicio en cualquier establecimiento comercial y
no pague el importe debidamente pactado comprobado;

V. En carácter de fabricante, comerciante, empresario, contratista o constructor de una obra,
suministre o emplee en ésta materiales o realice construcciones de calidad o cantidad inferior a las
estipuladas, si ha recibido el precio convenido o parte de él, o no realice las obras que amparen la
cantidad pagada;

VI. Provoque deliberadamente cualquier acontecimiento, haciéndolo aparecer como caso fortuito o
fuerza mayor, para liberarse de obligaciones o cobrar fianzas o seguros;

VII. Por medio de supuesta evocación de espíritus, adivinaciones o curaciones, explote las
preocupaciones, superstición o ignorancia de las personas;

VIII. Venda o traspase una negociación sin autorización de los acreedores de ella o sin que el
nuevo adquirente se comprometa a responder de los créditos, siempre que estos últimos resulten
insolutos;

IX. Valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de un trabajador a su
servicio, le pague cantidades inferiores a las que legalmente le corresponden por las labores que
ejecuta o le haga otorgar recibos o comprobantes de pago de cualquier clase, que amparen sumas
de dinero superiores a las que efectivamente entrega;

X. Valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga
de ésta ventajas usurarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o
lucros superiores a los vigentes en el sistema financiero bancario;

XI. Como intermediarios en operaciones de traslación de dominio de bienes inmuebles o de
gravámenes reales sobre éstos que obtengan dinero, títulos o valores por el importe de su precio a
cuenta de él o para constituir ese gravamen, si no los destinaren al objeto de la operación
concertada por su disposición en provecho propio o de otro.

Para los efectos de este delito se entenderá que un intermediario no ha dado su destino o ha
dispuesto del dinero, títulos o valores obtenidos por el importe del precio o a cuenta del inmueble
objeto de la traslación de dominio o del gravamen real, si no realiza su depósito en cualquier
institución facultada para ello dentro de los treinta días siguientes a su recepción en favor de su
propietario o poseedor, a menos que lo hubiese entregado dentro de ese término al vendedor o al
deudor del gravamen real o devuelto al comprador o al acreedor del mismo gravamen.

El depósito se entregará por la institución de que se trate a su propietario o al comprador.

XII. Construya o venda edificios en condominio obteniendo dinero, títulos o valores por el importe
de su precio o a cuenta de él, sin destinarlo al objeto de la operación concertada.



En este caso, es aplicable lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción anterior.

Las instituciones y organismos auxiliares de crédito, las de fianzas y las de seguros, así como los
organismos oficiales y descentralizados autorizados legalmente para operar con inmuebles,
quedan exceptuados de la obligación de constituir el depósito a que se refiere la fracción anterior.

XIII. Con el fin de procurarse ilícitamente una cosa u obtener un lucro indebido libre un cheque
contra una cuenta bancaria, que sea rechazado por la institución, en los términos de la legislación
aplicable, por no tener el librador cuenta en la institución o por carecer éste de fondos suficientes
para su pago de conformidad con la legislación aplicable. La certificación relativa a la inexistencia
de la cuenta o a la falta de fondos suficientes para el pago deberá realizarse exclusivamente por
personal específicamente autorizado para tal efecto por la institución de crédito de que se trate;

XIV. Para obtener algún beneficio para sí o para un tercero, por cualquier medio accese, entre o
se introduzca a los sistemas o programas de informática del sistema financiero e indebidamente
realice operaciones, transferencias o movimientos de dinero o valores, independientemente de que
los recursos no salgan de la Institución; o

XV. Por sí, o por interpósita persona, sin el previo permiso de las autoridades administrativas
competentes o sin satisfacer los requisitos señalados en el permiso obtenido, fraccione o divida en
lotes un terreno urbano o rústico, con o sin construcciones, propio o ajeno y transfiera o prometa
transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre alguno de esos lotes.

ARTÍCULO 232. A quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle le
cause perjuicio patrimonial, se le impondrán de cuatro meses a dos años seis meses de prisión y
de setenta y cinco a doscientos días multa.

ARTÍCULO 233. Se equipara al delito de fraude y se sancionará con prisión de seis meses a diez
años y de cuatrocientos a cuatro mil días multa, al que valiéndose del cargo que ocupe en el
gobierno o en cualquiera agrupación de carácter sindical, social, o de sus relaciones con
funcionarios o dirigentes de dichos organismos, obtenga dinero, valores, dádivas, obsequios o
cualquier otro beneficio, a cambio de prometer o proporcionar un trabajo, un ascenso o aumento de
salario en los mismos.

Artículo 233 Bis.- Se le impondrá la pena prevista en el artículo anterior, al que por medio del
engaño, con el fin de obtener un lucro para si o para otro, ofrezca por cualquier medio un empleo
que resulte falso o inexistente, en perjuicio del patrimonio del solicitante.

CAPÍTULO IV ADMINISTRACIÓN
FRAUDULENTA
ARTÍCULO 234. Al que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la administración o el cuidado de
bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudique al titular de éstos, alterando las cuentas o
condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando
los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o a sabiendas, realice
operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero, se le
impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

CAPÍTULO V
INSOLVENCIA FRAUDULENTA EN PERJUICIO DE ACREEDORES
ARTÍCULO 235. Al que se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir las
obligaciones a su cargo con respecto a sus acreedores, se le impondrán de seis meses a cuatro
años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa.



CAPÍTULO VI
EXTORSIÓN
ARTÍCULO 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un
lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de dos a
ocho años de prisión y de cien a ochocientos días multa.

Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, las penas se
incrementarán en un tercio.

Las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por servidor público o
miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada. Se impondrán
además al servidor o ex-servidor público, o al miembro o exmiembro de corporación de seguridad
publica o privada, la destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de uno a
cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el derecho
para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.

Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de dos a seis años de prisión,
cuando en la comisión del delito:

I. Intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos; o

II. Se emplee violencia física.

Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como medio comisivo la vía
telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica.

CAPÍTULO VII
DESPOJO
ARTÍCULO 237. Se impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de cincuenta a quinientos
días multa:

I. Al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o furtivamente,
ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca;

II. Al que de propia autoridad y haciendo uso de cualquiera de los medios indicados en la fracción
anterior o furtivamente, ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo
permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos
legítimos del ocupante; o

III. Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de aguas.

El delito se sancionará sin importar si el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o
esté en disputa.

ARTÍCULO 238. Cuando el despojo se realice por grupo o grupos, que en conjunto sean mayores
de cinco personas, además de la pena señalada en el articulo anterior, se impondrá a los autores
intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de uno a seis años de prisión.

Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad o con
discapacidad, las penas previstas en el articulo anterior, se incrementarán en una tercera parte.

A quienes cometan en forma reiterada el despojo de inmuebles urbanos en el Distrito Federal, se
les impondrán de dos a nueve años de prisión y de cien a mil días multa.



CAPÍTULO VIII DAÑO A
LA PROPIEDAD
ARTÍCULO 239. Al que destruya o deteriore una cosa ajena o una propia en perjuicio de otro, se le
impondrán las siguientes penas:

I. De veinte a sesenta días multa, cuando el valor del daño no exceda de veinte veces el salario
mínimo, o no sea posible determinar su valor;

II. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento cincuenta días multa, cuando el valor del
daño exceda de veinte pero no de trescientas veces el salario mínimo;

III. Prisión de dos a tres años y de ciento cincuenta a cuatrocientos días multa, cuando el valor del
daño exceda de trescientos pero no de setecientas cincuenta veces el salario mínimo; y

IV. Prisión de tres a siete años y de cuatrocientos a seiscientos días multa, cuando el valor del
daño exceda de setecientas cincuenta veces el salario mínimo.

ARTÍCULO 240. Cuando los daños sean causados por culpa, sólo se impondrá al responsable
multa hasta por el valor de los daños y perjuicios causados, y se le condenará a la reparación de
éstos. Si se repara el daño antes de que el Ministerio Público ejercite acción penal, se extinguirá la
pretensión punitiva. Se sobreseerá el juicio, si el inculpado repara los daños y perjuicios, antes de
que se dicte sentencia en segunda instancia.

No se considerará delito:

I. Cuando por culpa se ocasione únicamente daño a la propiedad con motivo del tránsito de
vehículos; y

II. El conductor o conductores involucrados no se encuentren en alguno de los supuestos
establecidos en las fracciones I y II del artículo 242 de este Código Penal.

ARTÍCULO 241. Las penas previstas en el artículo 239 de este Código, se aumentarán en una
mitad, cuando por incendio, inundación o explosión, dolosamente se cause daño a:

I. Un edificio, vivienda o cuarto habitado;

II. Ropas u objetos en tal forma que puedan causar graves daños personales;

III. Archivos públicos o notariales;

IV.- Bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios, monumentos públicos y aquellos bienes
que hayan sido declarados como patrimonio cultural; o

V. Mieses o cultivos de cualquier género.

Cuando el delito se cometa culposamente, en las hipótesis previstas en este artículo, se impondrá
la mitad de las penas a que se refiere el artículo 239 de este Código.

ARTÍCULO 242. Cuando los daños se ocasionen culposamente con motivo de tránsito de
vehículos, siempre que no se trate del supuesto previsto en la fracción I del segundo párrafo del
artículo 240 de este cuerpo normativo, se impondrá la mitad de las penas previstas en el artículo
239 de este Código, en los siguientes casos:



I. El agente conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u
otras substancias que produzcan efectos similares; o

II. No auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga.

Se impondrá además, suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito, por
un lapso igual al de la pena de prisión que se le imponga, o si es servidor público, inhabilitación por
el mismo lapso para obtener otro empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.

Al conductor de un vehículo automotor que se retire del lugar en que participó en un hecho donde
únicamente se causó daño a la propiedad, en su forma de comisión culposa y con motivo del
tránsito vehicular, con el propósito de no llegar a un acuerdo en la forma de reparación de los
daños y sin acudir ante el juez cívico competente, se le impondrá de uno a tres años de prisión y
de 100 a 500 días multa, independientemente de la responsabilidad administrativa o civil que
resulten de esos hechos.

CAPÍTULO IX ENCUBRIMIENTO POR
RECEPTACIÓN
ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión de 2 a 7 años de prisión, y de cincuenta a ciento veinte días
multa, a quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado en él, adquiera posea,
desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte el o los
instrumentos, objetos o productos de aquél, con conocimiento de esta circunstancia si el valor de
cambio no excede de quinientas veces el salario mínimo.

Si el valor de éstos es superior a quinientas veces el salario, se impondrá de 5 a 10 años de pena
privativa de libertad y de doscientos a mil quinientos días multa.

Cuando el o los instrumentos, objetos o productos de un delito se relacionan con el giro comercial
del tenedor o receptor, si éste es comerciante o sin serlo se encuentra en posesión de dos o más
de los mismos, se tendrá por acreditado que existe conocimiento de que proviene o provienen de
un ilícito.

ARTÍCULO 244. Si el que recibió en venta, prenda o bajo cualquier otro concepto el instrumento,
objeto o producto de un delito, después de su ejecución, sin haber participado en él y no adoptó las
precauciones indispensables para cerciorarse de su procedencia o para asegurarse de que la
persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, se le impondrán las penas
previstas en el artículo anterior, en la proporción correspondiente al delito culposo.

ARTÍCULO 245. En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda del
máximo que la ley señale al delito encubierto.

CAPÍTULO X
ARTÍCULO 246. Los delitos previstos en este título se perseguirán por querella, cuando sean
cometidos por un ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes por consaguinidad hasta el
segundo grado, adoptante o adoptado, concubina o concubinario, pareja permanente o parientes
por afinidad hasta el segundo grado.

Igualmente se requerirá querella para la persecución de terceros que hubiesen participado en la
comisión del delito, con los sujetos a que se refiere este párrafo.

Se perseguirán por querella los delitos previstos en los artículos:



a) 220, cuando el monto de lo robado no exceda de cincuenta veces el salario mínimo,
salvo que concurra alguna de las agravantes a que se refieren las fracciones VIII y IX del
artículo 223 o las previstas en el artículo 224, o cualquiera de las calificativas a que se
refiere el artículo 225;

b) 222, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234 y 235.

c) 237, salvo que el delito se cometa en alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo
238; y

d) 239, 240 y 242;

Se perseguirán de oficio los delitos a que se refieren los artículos 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235 y 241, cuando el monto del lucro o valor del objeto exceda de cinco mil veces el
salario, o cuando se cometan en perjuicio de dos o más ofendidos.

El sentenciado ejecutoriado por los delitos de Abuso de Confianza, Fraude, Administración
Fraudulenta e Insolvencia Fraudulenta, sean perseguibles por querella o de oficio, podrá obtener
su libertad inmediata cuando cubra la totalidad de la reparación del daño y una vez que se decrete
la extinción de la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, por parte de la
autoridad judicial única y exclusivamente, y para tal efecto es suficiente la manifestación expresa
del querellante o denunciante de que el daño patrimonial ocasionado le ha sido resarcido.

ARTÍCULO 247. Para establecer la cuantía que corresponda a los delitos previstos en este Título,
así como para la determinación de la multa, se tomará en consideración el salario mínimo vigente
en el Distrito Federal, al momento de la ejecución del delito.

ARTÍCULO 248. No se impondrá sanción alguna por los delitos previstos en los artículos 220, en
cualquiera de la modalidades a que se refieren las fracciones I, III y IX del artículo 224, 228, 229,
230, 232 y 234; cuando el monto o valor del objeto, lucro, daño o perjuicio no exceda de cincuenta
veces el salario mínimo; despojo a que se refiere el artículo 237 fracciones I y II, siempre y cuando
no se cometan con violencia física o moral y no intervengan dos o más personas y 239, todos ellos
cuando el agente sea primo-delincuente, si este restituye el objeto del delito o satisface los daños y
perjuicios o, si no es posible la restitución, cubra el valor del objeto y los daños y perjuicios, antes
de que el Ministerio Público ejercite acción penal, salvo que se trate de delitos cometidos con
violencia por personas armadas o medie privación de la libertad o extorsión.

En los mismos supuestos considerados en el párrafo anterior, se reducirá en una mitad la sanción
que corresponda al delito cometido, si antes de dictarse sentencia en segunda instancia, el agente
restituye la cosa o entrega su valor y satisface los daños y perjuicios causados.

ARTÍCULO 249. El juzgador podrá suspender al agente, de dos a cinco años en el ejercicio de los
derechos civiles que tenga en relación con el ofendido o privarlo de ellos. Asimismo, podrá aplicar
la misma suspensión por lo que respecta a los derechos para ser perito, depositario, interventor
judicial, sindico o interventor en concursos, arbitrador o representante de ausentes, y para el
ejercicio de una profesión cuyo desempeño requiera título profesional.



TÍTULO DÉCIMO SEXTO
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

CAPÍTULO ÚNICO
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
ARTÍCULO 250. Al que por sí o por interpósita persona posea, adquiera, enajene, administre,
custodie, cambie, altere, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera recursos,
derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una
actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar, encubrir o impedir conocer el
origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna
actividad ilícita, se le impondrán de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa.

Las penas previstas en el párrafo anterior serán aumentadas en una mitad cuando el delito se
cometa por servidores públicos; además, se impondrá a dichos servidores públicos, destitución e
inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena
de prisión impuesta.

Para efectos de este artículo se entiende que proceden o representan el producto de una actividad
ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, sobre los que se acredite su
ilegítima procedencia o exista certeza de que provienen directa o indirectamente de la comisión de
algún delito o representan las ganancias derivadas de éste.

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA

CAPÍTULO I
PORTACIÓN, FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DE OBJETOS APTOS PARA
AGREDIR
ARTÍCULO 251. A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que puedan
ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas,
atendiendo a las referencias de tiempo, modo y lugar, se le impondrá prisión de tres meses a tres
años o de noventa a trescientos sesenta días multa.

Los servidores públicos podrán portar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo,
sujetándose a la reglamentación de las leyes respectivas.

CAPÍTULO II
PANDILLA, ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA
ARTÍCULO 252. Cuando se cometa algún delito por pandilla, se impondrá una mitad más de las
penas que correspondan por el o los delitos cometidos, a los que intervengan en su comisión.

Se entiende que hay pandilla, cuando el delito se comete en común por tres o más personas, que
se reúnen ocasional o habitualmente, sin estar organizados con fines delictuosos.

Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público de alguna corporación policíaca,
se aumentará en dos terceras partes de las penas que le corresponda por el o los delitos
cometidos y se impondrá además, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación de uno
a cinco años para desempeñar otro.



ARTÍCULO 253. Se impondrán prisión de cuatro a ocho años y de cien a mil días multa al que
forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con el propósito de delinquir.

ARTÍCULO 254.- Se impondrá de cuatro a diez años de prisión y de doscientos hasta mil días
multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos, a quien integre una
organización de hecho de tres o más personas para cometer, en forma permanente o reiterada,
alguno de los delitos siguientes:

I. Ataques a la paz pública; de conformidad con lo establecido por el artículo 362 de este Código;

II. Corrupción de persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad
de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta
establecidos en los artículos 184, 185 primero, segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos y 186 en
sus fracciones I y II de este Código;

III. Extorsión, conforme al contenido del primer párrafo del artículo 236 de este Código;

IV. Falsificación de documentos públicos, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 339 de este
Código;

V. Homicidio, de conformidad con el artículo 128 de este Código;

VI. Lenocinio previsto en los artículos 189 y 189 bis de este Código;

VII. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, de conformidad con el párrafo primero del
artículo 250 de este Código;

VIII. Pornografía establecido en los artículos 187 y 188 de este Código;

IX. Privación de la libertad personal, en concordancia con lo previsto por los artículos 160 y 161 de
este Código;

X. Retención y sustracción de menores e incapaces, de conformidad con el artículo 171 de este
Código;

XI. Robo de conformidad con el artículo 224, fracciones II y VIII, en su hipótesis primera;

XII. Secuestro, previsto en el artículo 163 Y 163 Bis de este Código;

XIII. Tráfico de menores, contemplado en el párrafo tercero del artículo 169 de este Código;

XV. Turismo sexual, establecido en el artículo 186 este Código;

XVI. Trata de Personas, establecido en el artículo 188 bis de este Código;

XVII. Explotación laboral de menores o personas con discapacidad física o mental, previsto en los
artículos 190 bis y 190 ter de este Código;

XVIII. Encubrimiento por receptación, contemplado en el artículo 243 de este Código;

XIX. Encubrimiento por favorecimiento, previsto en el artículo 320 de este Código; o

XX. Delitos ambientales previstos en los artículos 343, 344, 345 bis y 345 ter de este Código.



A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión en la delincuencia organizada,
se le impondrá de seis a doce años de prisión y de cuatrocientos a dos mil días multa, sin perjuicio
de las reglas de concurso para la imposición de sanciones.

ARTÍCULO 255.- Si el miembro de la asociación delictuosa o de la delincuencia organizada es o
ha sido servidor público o autoridad encargada de la función de seguridad pública, de conformidad
con lo previsto en la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, o miembro de una empresa de seguridad privada, y por virtud del ejercicio
de las funciones a él encomendadas se facilitó la comisión del o los ilícitos a que se refieren los
artículos anteriores, las penas se aumentarán en una mitad y se impondrá además, en su caso, la
destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación por un tiempo igual al señalado como
prisión para desempeñar otro, en cuyo caso se computará a partir de que se haya cumplido con la
pena.

Cuando los miembros de la delincuencia organizada utilicen para delinquir a menores de edad o
incapaces, las penas a que se refieren los artículos anteriores se aumentarán en una cuarta parte.

Se presumirá que existe asociación delictuosa o delincuencia organizada cuando las mismas tres o
más personas tengan alguna forma de autoría o participación conjunta en dos o más delitos.

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO
DELITOS CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO COMETIDOS POR SERVIDORES
PÚBLICOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS
ARTÍCULO 256. Para los efectos de este Código, es servidor público del Distrito Federal toda
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración
Pública del Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en los órganos que
ejercen la función judicial del fuero común en el Distrito Federal.

ARTÍCULO 257. Para la individualización de las sanciones previstas en este Título, el Juez tomará
en cuenta además, en su caso, si el servidor público es trabajador de base o de confianza, su
antigüedad en el empleo, cargo o comisión, nivel jerárquico, antecedentes de servicio,
percepciones, situación socioeconómica, grado de instrucción, las circunstancias especiales de los
hechos constitutivos del delito, así como el monto del beneficio obtenido o del daño causado.

ARTÍCULO 258. Además de las penas previstas en los Títulos Decimoctavo y Vigésimo, se
impondrán:

I. Destitución del empleo, cargo o comisión en el servicio público;

II. Inhabilitación de tres a diez años para obtener y desempeñar un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en el servicio público; y

III. Decomiso de los productos del delito.

CAPÍTULO II
EJERCICIO ILEGAL Y ABANDONO DEL SERVICIO PÚBLICO
ARTÍCULO 259. Comete el delito de ejercicio ilegal de servicio público, el servidor público que:



I. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o
quien lo designe sin satisfacer todos los requisitos legales;

II. Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha
revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido;

III. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice o inutilice,
indebidamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga
acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión;

IV. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o
dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier
forma propicie daño a las personas o a los lugres, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción
de objetos que se encuentren bajo su cuidado;

IV Bis. Teniendo la obligación de custodiar, vigilar y evitar el asentamiento humano en zonas
dictaminadas como de alto riesgo, autorice, permita o tolere la existencia de los mismos; y

V. Teniendo un empleo, cargo o comisión en los Centros de Reclusión del Distrito Federal, facilite o
fomente en los centros de readaptación social y penitenciarías la introducción, uso, consumo,
posesión o comercio de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, así como de teléfonos
celulares, radio localizadores o cualquier otro instrumento de comunicación radial o satelital para
uso de los internos.

Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, se le
impondrán de uno a tres años de prisión y de veinticinco a doscientos cincuenta días multa.

Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones III, IV, IV Bis y V de este
artículo, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de veinticinco a doscientos cincuenta
días multa.

ARTÍCULO 260. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa, al
servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue o autorice el
nombramiento de un empleo, cargo o comisión en el servicio público a persona que por resolución
firme de autoridad competente se encuentre inhabilitada para desempeñarlo.

Las penas se aumentarán en dos terceras partes a quien otorgue cualquier identificación en la que
se acredite como servidor público a persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o
comisión a que se haga referencia en dicha identificación.

Las mismas sanciones se impondrán a quien acepte la identificación.

ARTÍCULO 261. Al servidor público que sin justificación abandone su empleo, cargo o comisión y
con ello entorpezca la función pública, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión. Para
los efectos de este artículo, el abandono de funciones se consumará cuando el servidor público se
separe sin dar aviso a su superior jerárquico con la debida anticipación, conforme a la normatividad
aplicable y de no existir ésta, en un plazo de tres días.

CAPÍTULO III
ABUSO DE AUTORIDAD Y USO ILEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA
ARTÍCULO 262. Se le impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa al
que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas:

I. Ejerza violencia a una persona sin causa legítima, la vejare o la insultare; o



II. Use ilegalmente la fuerza pública.

ARTÍCULO 263. Se impondrán prisión de uno a seis años y de cien a mil días multa, al servidor
público que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o
comisión públicos, o contratos de prestación de servicios profesionales o mercantiles o de
cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio
para el que se les nombró, o no cumplirá el contrato otorgado dentro de los plazos establecidos en
la normatividad laboral aplicable o en los señalados en el contrato correspondiente.

ARTÍCULO 264. Se impondrán las mismas penas del artículo anterior al que acepte un empleo,
cargo o comisión públicos, remunerados, cuyo servicio no va a prestar, o acepte algún contrato de
prestación de servicios profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, remunerados,
cuyas obligaciones no va a cumplir, dentro de los plazos establecidos en la normatividad laboral
aplicable o en los señalados en el contrato correspondiente.

ARTÍCULO 265. Al servidor público que con cualquier pretexto obtenga de un subalterno parte del
sueldo de éste, dádivas o cualquier otro provecho, se le impondrán de dos a nueve años de prisión
y de cien a ochocientos días multa.

CAPÍTULO IV
COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
ARTÍCULO 266. A los servidores públicos que, con el fin de impedir o suspender las funciones
legislativas, administrativas o jurisdiccionales, se coaliguen y tomen medidas contrarias a una ley,
reglamento o disposición de carácter general, impidan su aplicación, ejecución o dimitan de sus
puestos, se les impondrá prisión de dos a siete años y de cien a trescientos días multa.

CAPÍTULO V
USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES
ARTÍCULO 267. Comete el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades:

I. El servidor público que ilegalmente;

a) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y
uso de bienes del patrimonio del Distrito Federal;

b) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico;

c) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre
los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados
por la administración pública del Distrito Federal; o

d) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos,
enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos
económicos públicos.

II. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación pública
distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.

Al que cometa el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, se le impondrán de tres meses a
dos años de prisión y de quinientos a mil días multa.



Si la conducta que se señala en la fracción II se hiciere en perjuicio de la protección de la vida,
bienes y entorno de la población, la pena será de tres a siete años de prisión y de mil a diez mil
días multa.

ARTÍCULO 268. Cuando las conductas previstas en el artículo anterior produzcan beneficios
económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente,
adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de
dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las
personas antes referidas formen parte, se impondrán las siguientes sanciones:

Si el monto de los beneficios no excede del equivalente a mil quinientas veces el salario mínimo
diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a
nueve años de prisión y de mil a mil quinientos días multa.

Cuando el monto de los beneficios a que hace referencia este artículo exceda mil quinientas veces
el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de cuatro a doce años de
prisión y de mil quinientos a dos mil días multa.

CAPÍTULO VI
INTIMIDACIÓN
ARTÍCULO 269. Se le impondrán de tres a diez años de prisión y de cien a mil días multa a:

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral
inhiba o intimide a cualquier persona, para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella
o aporte información o pruebas relativas a la presunta comisión de un delito o sobre la presunta
comisión de algún servidor público en una conducta sancionada por la legislación penal o por la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

II. Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que por sí o por interpósita persona,
ejerza represalia contra persona que ha formulado denuncia o querella o aportado información o
pruebas sobre la presunta comisión de un delito o sobre la presunta comisión de algún servidor
público en una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, o ejerza cualquier represalia contra persona ligada
por vínculo afectivo o de negocios con el denunciante, querellante o informante; y

III. Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que por sí o por interpósita persona,
intimide o coaccione a la víctima u ofendido a otorgar el perdón dentro de la averiguación previa o
durante el proceso judicial.

CAPÍTULO VII
NEGACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
ARTÍCULO 270. Se impondrá prisión de dos a ocho años, al servidor público que:

I. Indebidamente niegue, retarde u obstaculice el auxilio o la protección o el servicio que tenga
obligación de otorgar; o

II. Teniendo a su cargo elementos de la fuerza pública y habiendo sido requerido legalmente por
una autoridad competente para que le preste el auxilio, se niegue indebidamente a proporcionarlo.



CAPÍTULO VIII TRÁFICO
DE INFLUENCIA
ARTÍCULO 271. Al servidor público que por sí o por interpósita persona, promueva o gestione la
tramitación de negocios o resoluciones públicas ajenos a las responsabilidades inherentes a su
empleo, cargo o comisión, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de cien a quinientos
días multa.

Si la conducta anterior produce un beneficio económico, la sanción se aumentará en una mitad.

CAPÍTULO IX
COHECHO
ARTÍCULO 272. Al servidor público que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba
indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para
hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones, se le impondrán las siguientes
sanciones:

I. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas
veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito,
o no sea valuable, se impondrán de uno a cuatro años de prisión y de treinta a trescientos días
multa; o

II. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se
impondrán de dos a nueve años de prisión y de trescientos a ochocientos días multa.

CAPÍTULO X
PECULADO
ARTÍCULO 273. Se impondrán prisión de seis meses a cuatro años y de cincuenta a quinientos
días multa, al servidor público que:

I. Disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere
recibido por razón de su cargo; o

II. Indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo
267 de este Código, con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, de su
superior jerárquico o de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.

Cuando el monto o valor exceda de quinientas veces el salario mínimo, se impondrán prisión de
cuatro a doce años y de quinientos a dos mil días multa.

CAPÍTULO XI
CONCUSIÓN
ARTÍCULO 274. Al servidor público que con tal carácter exija por sí o por interpósita persona a
título de impuesto o contribución, recargo, renta rédito, salario o emolumento, dinero, valores,
servicios o cualquier otra cosa que sepa no es debida, o en mayor cantidad de la que señala la ley,
se le impondrán de tres meses a dos años de prisión, de treinta a trescientos días multa e
inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar cargo, empleo o comisión en el servicio
público, cuando el valor de lo exigido no exceda de quinientos veces el salario mínimo, o no sea
valuable. Si el valor de lo exigido excede de quinientas veces el salario mínimo, se le impondrán de



dos a doce años de prisión, de trescientos a quinientos días multa e inhabilitación de dos a doce
años para desempeñar cargo, empleo o comisión en el servicio público.

CAPÍTULO XII
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
ARTÍCULO 275. Comete el delito de enriquecimiento ilícito el servidor público que utilice su puesto,
cargo o comisión para incrementar su patrimonio sin comprobar su legítima procedencia.

Para determinar el enriquecimiento del servidor público, se tomarán en cuenta los bienes a su
nombre y aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, además de lo que a este
respecto disponga la legislación sobre responsabilidades de los servidores públicos.

Al servidor público que cometa el delito de enriquecimiento ilícito, se le impondrán las siguientes
sanciones:

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente a cinco mil
veces el salario mínimo diario vigente en el lugar y el momento en que se comete el delito, se
impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente a cinco mil veces
el salario mínimo antes anotado, se impondrán de dos a doce años de prisión y de trescientos a
seiscientos días multa.

CAPÍTULO XIII USURPACIÓN DE
FUNCIONES PÚBLICAS
ARTÍCULO 276. Al que sin ser servidor público se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las
funciones de tal, se le impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa.

TÍTULO DÉCIMO NOVENO
DELITOS CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO COMETIDOS POR
PARTICULARES

CAPÍTULO I
PROMOCIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS, COHECHO Y DISTRACCIÓN DE
RECURSOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 277. Al particular que promueva una conducta ilícita de un servidor público, o se preste
para que éste o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de
negocios públicos ajenos a la responsabilidad inherente a su empleo, cargo o comisión, se le
impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de cien a quinientos días multa.

ARTÍCULO 278. Al particular que de manera espontánea le ofrezca dinero o cualquier dádiva u
otorgue promesa a un servidor público o a interpósita persona, para que dicho servidor haga u
omita un acto relacionado con sus funciones, se le impondrán las siguientes sanciones:

I. De seis meses a tres años de prisión y de veinte a doscientos días multa cuando la cantidad o el
valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente a cien veces el salario mínimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable; o



II. De uno a cinco años de prisión y de trescientos a ochocientos días multa cuando la cantidad o el
valor de la dádiva, promesa o prestación excedan de cien veces el salario mínimo diario vigente en
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito.

El juez podrá imponer al particular una tercera parte de las penas señaladas en el párrafo anterior,
o eximirlo de las mismas, cuando hubiese actuado para beneficiar a alguna persona con la que lo
ligue un vínculo familiar, de dependencia o cuando haya denunciado espontáneamente el delito
cometido.

ARTÍCULO 279. Al particular que estando obligado legalmente a la custodia, depósito,
administración de bienes muebles o inmuebles pertenecientes al erario público, o aplicación de
recursos públicos, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación
distinta a la que se les destinó, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y de cien a
quinientos días multa.

ARTÍCULO 280. Se le impondrán las sanciones previstas para el enriquecimiento ilícito, al que
haga figurar como suyos, bienes que un servidor público adquiera o haya adquirido en
contravención de lo dispuesto en la legislación sobre responsabilidades de los servidores públicos.

CAPÍTULO II
DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES
ARTÍCULO 281. Se le impondrá de seis meses a dos años de prisión o de trabajo en favor de la
comunidad, al que rehusare prestar un servicio de interés público al que la ley lo obligue, o
desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad.

La misma pena se le impondrá a quien debiendo declarar ante la autoridad, sin que le aproveche
las excepciones establecidas para hacerlo, se niegue a declarar.

ARTÍCULO 282. Se le impondrá de seis meses a tres años de prisión al que por medio de la
violencia física o moral, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus
funciones en forma legal, o resista el cumplimiento de un mandato que satisfaga todos los
requisitos legales.

ARTÍCULO 283. La pena será de uno a cinco años de prisión, cuando la desobediencia o
resistencia sea a un mandato judicial o al cumplimiento a una sentencia.

ARTÍCULO 284. Cuando la ley autorice el empleo de medidas de apremio para hacer efectivos los
mandatos de la autoridad, la consumación de los delitos de desobediencia y resistencia de
particulares, se producirá en el momento en que se agote el empleo de tales medidas de apremio.

CAPÍTULO III
OPOSICIÓN A QUE SE EJECUTE ALGUNA OBRA O TRABAJO PÚBLICOS
ARTÍCULO 285. Al que con actos materiales trate de impedir la ejecución de una obra o un trabajo
públicos, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá de
sesenta a ciento ochenta días de semilibertad.

Cuando el delito se cometa por varias personas de común acuerdo, se impondrá de tres meses a
un año de prisión, si sólo se hiciere una simple oposición material sin violencia. En caso de existir
violencia, la pena será de tres meses a dos años de prisión, sin perjuicio de las sanciones
aplicables al delito que resulte cometido.



CAPÍTULO IV
QUEBRANTAMIENTO DE SELLOS
ARTÍCULO 286. Al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad competente, se le
impondrán de dos a siete años de prisión y de cien a quinientos días multa.

Se equipara al delito de quebrantamiento de sellos y se sancionará con la misma pena, al titular,
propietario o responsable de una construcción de obra, anuncio o establecimiento mercantil, en
estado de clausura, que explote comercialmente, realice o promueva actos de comercio,
construcción o prestación de un servicio, aún cuando los sellos permanezcan incólumes.

Al titular o propietario de una casa habitación en construcción que quebrante los sellos de clausura,
se aplicará pena de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

ARTÍCULO 286 bis. Se impondrá de dos a ocho años seis meses de prisión, y de quinientos a mil
días multa al que obligado por una resolución de autoridad competente a mantener el estado de
clausura o de suspensión de actividades, no la acate, en los siguientes casos:

I. Se trate de un giro mercantil considerado de impacto zonal y que requiera licencia de
funcionamiento en los términos de la legislación aplicable;

II. Se trate de un establecimiento dedicado al almacenaje de productos, o

III. Se trate de obras de construcción que requiriendo dictamen de impacto urbano no cuenten con
el mismo.

CAPÍTULO V ULTRAJES A LA
AUTORIDAD
ARTÍCULO 287. Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de
ellas, se le impondrá de noventa a ciento ochenta días de semilibertad.

CAPÍTULO VI
EJERCICIO ILEGAL DEL PROPIO DERECHO
ARTÍCULO 288. Al que para hacer efectivo un derecho o pretendido derecho, que deba ejercitar,
empleare violencia, se le impondrá prisión de tres meses a un año o de treinta a noventa días
multa.

En estos casos, sólo se procederá por querella de la parte ofendida.

CAPÍTULO VII
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS CONTRA EL EJERCICIO LEGÍTIMO
DE LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 289. Al que cometa un delito en contra de un servidor o agente de la autoridad en el
acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena que
corresponda por el delito cometido, se le impondrá de uno a tres años de prisión.



TÍTULO VIGÉSIMO
DELITOS EN CONTRA DEL ADECUADO DESARROLLO DE LA JUSTICIA
COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS

CAPÍTULO I
DENEGACIÓN O RETARDO DE JUSTICIA Y PREVARICACIÓN
ARTÍCULO 290. Se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa,
al servidor público que:

I. Dicte una sentencia definitiva o cualquier otra resolución de fondo que viole algún precepto
terminante de la ley, o que sea contraria a las actuaciones legalmente practicadas en el proceso; o

II. No cumpla con una disposición que legalmente se le comunique por un superior competente.

ARTÍCULO 291. Se impondrán prisión de uno a cinco años y de cincuenta a doscientos cincuenta
días multa, al servidor público que:

I. Conozca de un negocio para el cual tenga impedimento legal;

II. Litigue por sí o por interpósita persona, cuando la ley les prohíba el ejercicio de su profesión,
dirija o aconseje a las personas que litiguen ante él;

III. Ejecute un acto o incurra en una omisión que dañe jurídicamente a alguien o le conceda una
ventaja indebida;

IV. Remate a su favor algún bien objeto de remate en cuyo juicio hubiere intervenido;

V. Admita o nombre un depositario o entregue a éste los bienes secuestrados, sin el cumplimiento
de los requisitos legales correspondientes;

VI. Induzca a error al demandado, con relación a la providencia de embargo decretada en su
contra; o

VII. Nombre síndico o interventor en un concurso o quiebra, a una persona que sea deudor,
pariente o que haya sido abogado del fallido, o a persona que tenga con el funcionario relación de
parentesco, estrecha amistad o esté ligada con él por negocios de interés común.

La misma sanción se impondrá a quien, como intermediario de un servidor público, remate algún
bien objeto del remate en cuyo juicio haya intervenido aquél.

ARTÍCULO 292. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos
cincuenta días multa, al servidor público que:

I. Se abstenga, sin tener impedimento legal, de conocer un asunto que le corresponda por razón de
su cargo o comisión;

II. Omita dictar deliberadamente, dentro del plazo legal, una sentencia definitiva o cualquier otra
resolución de fondo o de trámite;

III. Retarde o entorpezca indebidamente la administración de justicia; o

IV. Bajo cualquier pretexto, se niegue injustificadamente a despachar, dentro del plazo legal, un



asunto pendiente ante él.

CAPÍTULO II
DELITOS EN EL ÁMBITO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
al servidor público que:

I. Detenga a un individuo durante la averiguación previa fuera de los casos señalados por la ley, o
lo retenga por más tiempo del previsto por el párrafo séptimo del artículo 16 Constitucional;

II. Obligue al inculpado a declarar;

III. Ejercite la pretensión punitiva cuando no preceda denuncia o querella;

IV. Realice una aprehensión sin poner al aprehendido a disposición del juez sin dilación alguna, en
el término señalado por el párrafo tercero del artículo 16 de la Constitución;

V. Se abstenga indebidamente de hacer la consignación que corresponda, de una persona que se
encuentre detenida a su disposición como probable responsable de algún delito, o de ejercitar en
todo caso la pretensión punitiva, cuando sea procedente conforme a la Constitución y a las leyes
de la materia;

VI. No otorgue la libertad provisional bajo caución durante la averiguación previa, si procede
legalmente;

VII. Otorgue la libertad provisional bajo caución durante la averiguación previa cuando no se
reúnan los requisitos previstos en el artículo 556 o se actualicen uno o varios supuestos del artículo
556 Bis, ambos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal;

VIII. Se abstenga de iniciar averiguación previa cuando sea puesto a su disposición un probable
responsable de delito doloso que sea perseguible de oficio;

IX. Practique cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley; o

X. Fabrique, altere o simule elementos de prueba para incriminar o exculpar a otro.

CAPÍTULO III
TORTURA
ARTÍCULO 294. Se impondrán de tres a doce años de prisión y de doscientos a quinientos días
multa, al servidor público del Distrito Federal que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo
de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o psicológicos, con el fin de:

I. Obtener de ella o de un tercero información o una confesión;

II. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; o

III. Coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que, en el ejercicio de sus atribuciones o
con motivo de ellas, instigue o autorice a otro a cometer tortura, o no impida a otro su comisión; así
como al particular que, instigado o autorizado por un servidor público, cometa tortura.



ARTÍCULO 295. Se entenderá también como tortura y se sancionará con las penas previstas en el
artículo anterior, la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad
de la víctima a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia
psicológica.

ARTÍCULO 296. Para la reparación de daño a las víctimas del delito de tortura, se estará a las
reglas establecidas por el Capítulo VI del Título Tercero del Libro Primero, el pago a que se refiere
el artículo 48 de este Código, se realizará en una sola exhibición.

ARTÍCULO 297. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de
tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato; si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a
tres años de prisión y de quince a sesenta días multa.

ARTÍCULO 298. No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de
tortura, el que se invoquen o existan situaciones excepcionales como inestabilidad política interna,
urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como
justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad.

CAPÍTULO IV
DELITOS COMETIDOS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
ARTÍCULO 299. Se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cincuenta a trescientos días
multa, al servidor público que:

I. Ordene la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena privativa de libertad o no
preceda denuncia o querella;

II. Obligue al inculpado a declarar;

III. Ordene la práctica de cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley;

IV. No tome al inculpado su declaración preparatoria en audiencia pública y dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes a su consignación o al momento en que aquél voluntariamente se puso a
su disposición, u oculte el nombre del acusador, la naturaleza y causa de la imputación o el delito
que se le atribuye;

V. No dicte auto de formal prisión o de libertad de un detenido, dentro de las setenta y dos horas
siguientes a que lo pongan a su disposición, a no ser que el inculpado haya solicitado la ampliación
del plazo;

VI. Prolongue injustificadamente la prisión preventiva, sin sentencia definitiva, por más tiempo del
que como máximo fija la Constitución;

VII. Otorgue la libertad provisional bajo caución cuando no se reúnan los requisitos previstos en el
artículo 556 o se actualicen uno o varios supuestos del artículo 556 Bis, ambos del Código de
Procedimientos Penales para el Distrito Federal;

VIII. Demore injustificadamente el cumplimiento de la resolución judicial en la que se ordena poner
en libertad a un detenido; o

IX. Inicie un proceso penal contra un servidor público con fuero.

multa, al servidor público que durante el desarrollo de un proceso utilice la violencia contra una



persona, para evitar que ésta o un tercero aporte pruebas relativas a la comisión de un delito.

CAPÍTULO V
OMISIÓN DE INFORMES MÉDICO FORENSES
ARTÍCULO 301. Se impondrá de seis meses a tres años de prisión, al médico que, habiendo
prestado atención médica a un lesionado, no comunique de inmediato a la autoridad
correspondiente:

a) La identidad del lesionado;

b) El lugar, estado y circunstancias en las que lo halló;

c) La naturaleza de las lesiones que presenta y sus causas probables;

d) La atención médica que le proporcionó; o

e) El lugar preciso en que queda a disposición de la autoridad.

ARTÍCULO 302. La misma sanción establecida en el artículo anterior, se impondrá al médico que,
habiendo otorgado responsiva de la atención de un lesionado, no proporcione a la autoridad
correspondiente:

a) El cambio del lugar en el que se atiende al lesionado;

b) El informe acerca de la agravación que hubiere sobrevenido y sus causas;

c) La historia clínica respectiva;

d) El certificado definitivo con la indicación del tiempo que tardó la curación o de las
consecuencias que dejó la lesión; o

e) El certificado de defunción, en su caso.

CAPÍTULO VI
DELITOS COMETIDOS EN EL ÁMBITO DE LA EJECUCIÓN PENAL
multa, al servidor público que:

I. Exija gabelas o contribuciones a los encargados o empleados de lugares de reclusión o
internamiento, a los internos o a sus familiares, a cambio de proporcionarles bienes o servicios que
gratuitamente brinde el Estado, o para otorgarles condiciones de privilegio en el alojamiento,
alimentación o régimen;

II. Otorgue indebidamente privilegios a los internos; o

III. Permita ilegalmente la salida de personas privadas de su libertad como procesadas o
sentenciadas.



CAPÍTULO VII
EVASIÓN DE PRESOS
ARTÍCULO 304. Al que indebidamente ponga en libertad o favorezca la evasión de una persona
que se encuentre legalmente privada de aquélla, se le impondrán de dos a siete años de prisión y
de cien a trescientos días multa.

ARTÍCULO 305. Al que favorezca al mismo tiempo, o en un solo acto, la evasión de dos o más
personas privadas legalmente de su libertad, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de
cien a trescientos cincuenta días multa.

ARTÍCULO 305 Bis. Se equipara al delito de evasión de presos y se le impondrán de dos a siete
años de prisión y de cien a trescientos días multa, al que encontrándose sujeto al beneficio de
Reclusión Domiciliaria mediante el Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia, evada por
cualquier medio la vigilancia de la autoridad ejecutora.

ARTÍCULO 306. Las sanciones previstas en los artículos anteriores se aumentarán en una mitad,
cuando:

I. Para favorecer la fuga, haga uso de la violencia en las personas o de la fuerza en las cosas; o

II. El que indebidamente ponga en libertad o favorezca la evasión sea servidor público en funciones
de custodia.

ARTÍCULO 307. Si el que favorece la fuga es el ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado,
cónyuge, concubina o concubinario, pareja permanente, hermano del evadido o pariente por
afinidad hasta el segundo grado, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión. Si mediare
violencia, se impondrá de uno a cuatro años de prisión.

ARTÍCULO 308. Si la reaprehensión del evadido se logra por gestiones del responsable de la
evasión, la pena aplicable será de una tercera parte de las sanciones correspondientes.

ARTÍCULO 309. Al evadido no se le impondrá pena o medida de seguridad alguna, salvo que obre
de concierto con otro u otros presos y se fugue alguno de ellos o ejerza violencia, en cuyo caso se
le impondrá de seis meses a tres años de prisión.

Cuando un particular cometa o participe en alguno de los delitos previsto en este Capítulo, se le
impondrá la mitad de las sanciones establecidas.

TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO
DELITOS COMETIDO POR PARTICULARES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO,
AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA.

CAPÍTULO I FRAUDE
PROCESAL
ARTÍCULO 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto
jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice
cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de
obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de seis
meses a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es
de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.



Este delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces el
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse el hecho.

CAPÍTULO II FALSEDAD ANTE
AUTORIDADES
ARTÍCULO 311. Quien al declarar ante autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de
ellas, faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de ésta, será
sancionado con pena de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Si la falsedad en declaración se refiere a las circunstancias o accidentes de los hechos que
motivan la intervención de la autoridad, la pena será de uno a tres años de prisión y de cincuenta a
ciento cincuenta días multa.

ARTÍCULO 312. A quien con el propósito de inculpar o exculpar a alguien indebidamente en un
procedimiento penal, ante el Ministerio Público o ante la autoridad judicial, declare falsamente en
calidad de testigo o como denunciante, además de la multa a que se refiere el primer párrafo del
artículo 311, será sancionado con pena de tres a siete años de prisión si el delito materia de la
averiguación previa o del proceso no es grave. Si el delito es grave, se impondrá de cinco a diez
años de prisión.

La pena de prisión se aumentará en una mitad para el testigo falso que fuere examinado en un
procedimiento penal, cuando su testimonio se rinda para producir convicción sobre la
responsabilidad del inculpado, por un delito no grave. Si se trata de delito grave, la pena de prisión
se aumentará en un tanto.

ARTÍCULO 313. Al que examinado como perito por la autoridad judicial o administrativa
dolosamente falte a la verdad en su dictamen, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y de
cien a trescientos días multa así como suspensión para desempeñar profesión u oficio, empleo,
cargo o comisión públicos hasta por seis años.

ARTÍCULO 314. Si el agente se retracta espontáneamente de sus declaraciones falsas o de su
dictamen, antes de que se pronuncie resolución en la etapa procedimental en la que se conduce
con falsedad, sólo se le impondrá la multa a que se refiere el artículo anterior. Si no lo hiciere en
dicha etapa, pero sí antes de dictarse en segunda instancia, se le impondrá pena de tres meses a
un año de prisión.

ARTÍCULO 315. Al que aporte testigos falsos conociendo esta circunstancia, o logre que un
testigo, perito, intérprete o traductor falte a la verdad o la oculte al ser examinado por la autoridad
pública en el ejercicio de sus funciones, se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y
de cincuenta a doscientos días multa.

ARTÍCULO 316. Además de las penas a que se refieren los artículos anteriores, se suspenderá
hasta por tres años en el ejercicio de profesión, ciencia, arte u oficio al perito, intérprete o traductor,
que se conduzca falsamente u oculte la verdad, al desempeñar sus funciones.

CAPÍTULO III
VARIACIÓN DEL NOMBRE O DOMICILIO
ARTÍCULO 317. Se impondrá de seis meses a dos años prisión o de noventa a ciento cincuenta
días de trabajo en favor de la comunidad, al que ante una autoridad judicial o administrativa en
ejercicio de sus funciones, oculte o niegue su nombre o apellido o se atribuya uno distinto del
verdadero, u oculte o niegue su domicilio o designe como tal uno distinto del verdadero.



CAPÍTULO IV SIMULACIÓN
DE PRUEBAS
ARTÍCULO 318. Al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante
la autoridad judicial, simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir
su responsabilidad, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a trescientos días
multa.

CAPÍTULO V
DELITOS DE ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANTES
ARTÍCULO 319. Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, de cincuenta a trescientos
días multa y suspensión para ejercer la abogacía, por un término igual al de la pena impuesta, a
quien:

I. Abandone una defensa o un negocio, sin motivo justificado y en perjuicio de quien patrocina;

II. Asista o ayude a dos o más contendientes o partes con intereses opuestos en un mismo negocio
o negocios conexos, o acepte el patrocinio de alguno y admita después el de la parte contraria en
un mismo negocio;

III. A sabiendas, alegue hechos falsos o se apoye en leyes inexistentes o derogadas;

IV. Promueva cualquier incidente, recurso o medio de impugnación notoriamente improcedente,
que entorpezca el juicio o motive su dilación;

V. Como defensor de un inculpado, se concrete a aceptar el cargo y a solicitar la libertad caucional
a que se refiere la fracción I del apartado a) del artículo 20 Constitucional, sin promover mas
pruebas ni diligencias tendientes a la defensa adecuada del inculpado;

VI. Como defensor de un inculpado, no ofrezca ni desahogue pruebas fundamentales para la
defensa dentro de los plazos previstos por la ley, teniendo la posibilidad de hacerlo.

Si el responsable de los delitos previstos en este artículo es un defensor particular, se le impondrá,
además, suspensión de seis meses a cuatro años en el ejercicio de la profesión. Si es defensor de
oficio, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de seis meses a cuatro años para desempeñar
otro empleo, cargo o comisión.

VII. Como representante de la víctima o el ofendido, se concrete a aceptar el cargo sin realizar
gestiones, trámites o promociones relativas a su representación.

CAPÍTULO VI ENCUBRIMIENTO POR
FAVORECIMIENTO
ARTÍCULO 320. Se impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de cien a quinientos días
multa, a quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado en éste:

I. Ayude en cualquier forma al delincuente a eludir las investigaciones de la autoridad competente o
a sustraerse a la acción de ésta;

II. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable del delito, u oculte, altere, inutilice, destruya,
remueva o haga desaparecer los indicios, instrumentos u otras pruebas del delito;

III. Oculte o asegure para el inculpado, el instrumento, el objeto, producto o provecho del delito;



IV. Al que requerido por la autoridad, no proporcione la información de que disponga para la
investigación del delito, o para la detención o aprehensión del delincuente; o

V. No procure por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la
consumación de los delitos que se sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga
obligación de afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará a lo previsto en este artículo o en otras
normas aplicables.

ARTÍCULO 321. No comete el delito a que se refiere al artículo anterior, quien oculte al
responsable de un hecho calificado por la ley como delito o impida que se averigüe, siempre que el
sujeto tenga la calidad de defensor, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta o
colateral hasta el cuarto grado, por adopción, por afinidad hasta el segundo grado, cónyuge,
concubina o concubinario o persona ligada con el delincuente por amor, respeto, gratitud o
estrecha amistad.

TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO
DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

CAPÍTULO I RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
Y TÉCNICA
ARTÍCULO 322. Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, serán responsables de los
delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las
prevenciones contenidas en las normas sobre ejercicio profesional.

Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, se les impondrá
suspensión de un mes a dos años en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reiteración
y estarán obligados a la reparación del daño por sus propios actos y los de sus auxiliares, cuando
éstos actúen de acuerdo con las instrucciones de aquellos.

CAPÍTULO II USURPACIÓN DE
PROFESIÓN
ARTÍCULO 323. Al que se atribuya públicamente el carácter de profesionista sin tener título
profesional, u ofrezca o desempeñe públicamente sus servicios, sin tener autorización para
ejercerla en términos de la legislación aplicable, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de
doscientos a quinientos días multa.

CAPÍTULO III
ABANDONO, NEGACIÓN Y PRÁCTICA INDEBIDA DEL SERVICIO MÉDICO
ARTÍCULO 324. Se impondrán prisión de uno a cuatro años, de cien a trescientos días multa y
suspensión para ejercer la profesión, por un tiempo igual al de la pena de prisión, al médico en
ejercicio que:

I. Estando en presencia de un lesionado o habiendo sido requerido para atender a éste, no lo
atienda o no solicite el auxilio a la institución adecuada; o

II. Se niegue a prestar asistencia a un enfermo cuando éste corra peligro de muerte o de una
enfermedad o daño más grave y, por las circunstancias del caso, no pueda recurrir a otro médico ni
a un servicio de salud.



ARTÍCULO 325. Al médico que habiéndose hecho cargo de la atención de un lesionado, deje de
prestar el tratamiento sin dar aviso inmediato a la autoridad competente, o no cumpla con las
obligaciones que le impone la legislación de la materia, se le impondrán de uno a cuatro años de
prisión y de cien a trescientos días multa.

ARTÍCULO 326. Se impondrá de dos a seis años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días
multa al médico que:

I. Realice una operación quirúrgica innecesaria;

II. Simule la práctica de una intervención quirúrgica; o

III. Sin autorización del paciente o de la persona que ante la imposibilidad o incapacidad de aquél
pueda legítimamente otorgarla, salvo en casos de urgencia, realice una operación quirúrgica que
por su naturaleza ponga en peligro la vida del enfermo o cause la pérdida de un miembro o afecte
la integridad de una función vital.

CAPÍTULO IV
RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES, ENCARGADOS, ADMINISTRADORES
O EMPLEADOS DE CENTROS DE SALUD Y AGENCIAS FUNERARIAS, POR
REQUERIMIENTO ARBITRARIO DE LA CONTRAPRESTACIÓN
ARTÍCULO 327. Se impondrán de tres meses a dos años de prisión, de veinticinco a cien días
multa y suspensión de tres meses a dos años para ejercer la profesión, a los directores,
encargados, administradores o empleados de cualquier lugar donde se preste atención médica,
que:

I. Impidan la salida de un paciente, aduciendo adeudos de cualquier índole;

II. Impidan la entrega de un recién nacido, por el mismo motivo; o

III. Retarden o nieguen la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad
competente.

La misma sanción se impondrá a los directores, encargados, administradores o empleados de
agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver.

CAPÍTULO V
SUMINISTRO DE MEDICINAS NOCIVAS O INAPROPIADAS
ARTÍCULO 328. Al médico o enfermera que suministre un medicamento evidentemente
inapropiado en perjuicio de la salud del paciente, se le impondrán de seis meses a tres años de
prisión, de cincuenta a trescientos días multa y suspensión para ejercer la profesión u oficio por un
lapso igual al de la pena de prisión impuesta.

ARTÍCULO 329. A los encargados, empleados o dependientes de una farmacia, que al surtir una
receta sustituyan la medicina específicamente señalada por otra que ponga en peligro la salud o
cause daño, o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el que se prescribió, se les
impondrán seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.



CAPÍTULO VI
RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA O
CORRESPONSABLES
Artículo 329 Bis.- Al Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra que permita el
desarrollo de la obra, en la que otorgó su responsiva, sin apego a la licencia, autorización, permiso,
registro o conforme a las disposiciones aplicables, se le impondrá de dos a cinco años de prisión y
de cuatrocientos a setecientos días multa, así como suspensión para desempeñar profesión u
oficio hasta por un periodo igual a la pena de prisión impuesta.

TÍTULO VIGÉSIMO TERCERO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD Y EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE
LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

CAPÍTULO I
ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y A LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE
ARTÍCULO 330. Al que ponga en movimiento un medio de transporte provocando un
desplazamiento sin control que pueda causar daño, se le impondrán de seis meses a dos años de
prisión y de cincuenta a doscientos días multa.

ARTÍCULO 331. Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y de cien a cinco mil días multa, al
que:

I. Dañe, altere, interrumpa, obstaculice, destruya alguna vía o medio local de comunicación, de
transporte público o de trasmisión de energía; o

II. Interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación o de transporte obstaculizando
alguna vía local de comunicación, reteniendo algún medio local de transporte público de pasajeros,
de carga o cualquier otro medio local de comunicación.

Si el medio de transporte a que se refiere este artículo estuviere ocupado por una o más personas,
las penas se aumentarán en una mitad.

Si alguno de los hechos a que se refiere este artículo, se ejecuta por medio de violencia, la pena se
aumentará en dos tercios.

Estas sanciones se impondrán con independencia de las que procedan si se ocasiona algún otro
ilícito.

CAPÍTULO II
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS
ARTÍCULO 332. Se le impondrá de seis meses a dos años de prisión o de veinticinco a cien días
multa al que:

I. Altere o destruya las señales indicadoras de peligro, de forma que no puedan advertirlas los
conductores; o

II. Derrame sustancias deslizantes o inflamables.



CAPÍTULO III
VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA
ARTÍCULO 333. Al que abra o intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, se le
impondrá de treinta a noventa días multa.

No se sancionará a quien, en ejercicio de la patria potestad, tutela o custodia, abra o intercepte la
comunicación escrita dirigida a la persona que se halle bajo su patria potestad, tutela o custodia.

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella.

CAPÍTULO IV
VIOLACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PRIVADA
ARTÍCULO 334. A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial
competente, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a mil días multa.

A quien revele, divulgue, utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes
obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le impondrán de tres a doce años de
prisión y de doscientos a mil días multa.

TÍTULO VIGÉSIMO CUARTO
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

CAPÍTULO I
PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN, ENAJENACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ALTERACIÓN O
FALSIFICACIÓN DE TÍTULOS AL PORTADOR, DOCUMENTOS DE CRÉDITO
PÚBLICOS O VALES DE CANJE.
al que:

I. Falsifique o altere acciones, obligaciones u otros documentos de crédito público del Gobierno del
Distrito Federal, o cupones de interés o de dividendos de esos títulos; o

II. Introduzca al territorio del Distrito Federal o ponga en circulación en él, obligaciones u otros
documentos de crédito público, o cupones de interés o de dividendos de esos títulos, falsificados o
alterados.

ARTÍCULO 336. Se impondrán de tres a nueve años de prisión y de cien a cinco mil días multa al
que, sin consentimiento de quien esté facultado para ello:

I. Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere o falsifique tarjetas, títulos o documentos utilizados
para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo;

II. Adquiera, utilice, posea o detente tarjetas, títulos o documentos para el pago de bienes y
servicios, a sabiendas de que son alterados o falsificados;

III. Adquiera, utilice, posea o detente, tarjetas, títulos o documentos auténticos para el pago de
bienes y servicios, sin consentimiento de quien esté facultado para ello;

IV. Altere los medios de identificación electrónica de tarjetas, títulos o documentos para el pago
de bienes y servicios;



V. Acceda a los equipos electromagnéticos de las instituciones emisoras de tarjetas, títulos o
documentos para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo;

VI. Adquiera, utilice o posea equipos electromagnéticos o electrónicos para sustraer la información
contenida en la cinta o banda magnética de tarjetas, títulos o documentos, para el pago de bienes
o servicios o para disposición de efectivo, así como a quien posea o utilice la información
sustraída, de esta forma; o

VII. A quien utilice indebidamente información confidencial o reservada de la institución o persona
que legalmente esté facultada para emitir tarjetas, títulos o documentos utilizados para el pago de
bienes y servicios, o de los titulares de dichos instrumentos o documentos.

VIII. Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere, o falsifique vales utilizados para canjear bienes
y servicios.

Si el sujeto activo es empleado o dependiente del ofendido, las penas se aumentarán en una
mitad.

CAPÍTULO II
FALSIFICACIÓN DE SELLOS, MARCAS, LLAVES, CUÑOS, TROQUELES,
CONTRASEÑAS Y OTROS
ARTÍCULO 337. Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y de cien a quinientos días
multa, al que:

I. Falsifique o altere sellos, marcas, llaves, estampillas, troqueles, cuños, matrices, planchas,
contraseñas, boletos, fichas o punzones particulares; o

II. Use los objetos falsificados o alterados señalados en la fracción anterior.

Las penas se aumentarán en una mitad, cuando el objeto falsificado o alterado sea oficial.

CAPÍTULO III
ELABORACIÓN O ALTERACIÓN Y USO INDEBIDO DE PLACAS,
ENGOMADOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
ARTÍCULO 338. Al que elabore o altere sin permiso de la autoridad competente una placa, el
engomado, la tarjeta de circulación o los demás documentos oficiales que se expiden para
identificar vehículos automotores o remolques, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y
de trescientos a dos mil días multa.

Las mismas penas se impondrán al que posea, utilice, adquiera o enajene, cualquiera de los
objetos a que se refiere el párrafo anterior, con conocimiento de que son falsificados o que fueron
obtenidos indebidamente.

CAPÍTULO IV
FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN Y USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS
ARTÍCULO 339. Al que para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un
documento público o privado, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cien a mil días
multa, tratándose de documentos públicos y de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a
quinientos días multa, tratándose de documentos privados.



Las mismas penas se impondrán al que, con los fines a que se refiere el párrafo anterior, haga uso
de un documento falso o alterado o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a
favor de otro, como si hubiere sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o
rúbrica en blanco.

ARTÍCULO 340. Las penas previstas en el artículo anterior se incrementarán en una mitad,
cuando:

I. El delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, en cuyo caso se
impondrá a éste, además, destitución e inhabilitación para ocupar otro empleo, cargo o comisión
públicos de seis meses a tres años; o

II. La falsificación sirva como medio para el comercio de vehículos robados o de sus partes o
componentes.

ARTÍCULO 341. Se impondrán las penas señaladas en el artículo 338, al:

I. Funcionario o empleado que, por engaño o por sorpresa, hiciere que alguien firme un documento
público, que no habría firmado sabiendo su contenido;

II. Notario, fedatario o cualquier otro servidor público que, en ejercicio de sus atribuciones, expida
una certificación de hechos que no sean ciertos, de fe de lo que no consta en autos, registros,
protocolos o documentos;

III. Que, para eximirse de un servicio debido legalmente o de una obligación impuesta por la ley,
exhiba una certificación de enfermedad o impedimento que no padece;

IV. Médico que certifique falsamente que una persona tiene una enfermedad u otro impedimento
bastante para dispensarla de prestar un servicio que exige la ley, o de cumplir una obligación que
ésta impone o para adquirir algún derecho; o

V. Al perito traductor o paleógrafo que plasme hechos falsos o altere la verdad al traducir o
descifrar un documento.

ARTÍCULO 342. Se impondrán de uno a tres años de prisión y de cincuenta a mil días multa al
que, para obtener un beneficio o causar un daño, indebidamente produzca o edite, por cualquier
medio técnico, imágenes, textos o voces, total o parcialmente falsos o verdaderas.

TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA GESTIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO I
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE
ARTÍCULO 343. Se le impondrán de tres a nueve años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa
a quien realice o permita mediante acciones u omisión la ocupación o invasión de:

I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

II. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de
ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el Programa o
Programas de Desarrollo Urbano aplicables;



III. Una barranca; o

IV. Un área verde en suelo urbano.

Las penas previstas en este articulo se aumentaran en una mitad cuando la ocupación o invasión
se realice con violencia, así como a quien instigue, promueva, dirija o incite la comisión de las
conductas anteriores.

ARTÍCULO 343 Bis. Se le impondrán de tres a nueve años de prisión y de 1,000 a 5,000 días
multa, a quien dolosamente haga un uso distinto al permitido del uso de suelo u obtenga un
beneficio económico derivado de éstas conductas.

Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentarán en una tercera parte, cuando la conducta
se lleve a cabo en, o afecte cualquiera de los siguientes lugares:





Las penas previstas en este artículo se disminuirán en una mitad cuando, las actividades
realizadas, aún siendo diferentes a las previstas en el uso de suelo correspondiente, se encuentren
previstas en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal, o en el
Programa o Programas de Desarrollo Urbano aplicables.

ARTÍCULO 344. Se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 300 a 1,500 días multa, a quien
descargue o deposite hasta un metro cúbico de residuos sólidos de la industria de la construcción
en algún lugar no autorizado.

Se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien descargue o
deposite más de un metro cúbico de residuos sólidos de la industria de la construcción en algún
lugar no autorizado.

Las mismas penas señaladas en el presente artículo se aplicarán a quien transporte residuos de la
industria de la construcción, sin contar con el pago de derechos respectivo o sin la documentación
comprobatoria que acredite su disposición final o reciclaje en un lugar autorizado por las
autoridades competentes.

Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a nombre,
bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica
accesoria consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por
5 años, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas
por el delito cometido.

ARTÍCULO 344 Bis. Se le impondrán de 6 meses a 5 años de prisión y de 500 a 2,000 días multa,
a quien extraiga suelo o cubierta vegetal, piedra o tierra natural, por un volumen igual o mayor a
dos metros cúbicos, de:








ARTÍCULO 345. Se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a
quien ilícitamente ocasione uno o más incendios que dañen:





Las penas previstas en este artículo se aumentarán en una mitad cuando el área afectada sea
igual o mayor a cinco hectáreas o se afecten recursos forestales maderables en una cantidad igual
o mayor a mil metros cúbicos rollo total árbol.

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a 2,000 días
multa, al que derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles.

Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas descritas
en el párrafo anterior se hayan desarrollado en cualquiera de los siguientes lugares, competencia
del Distrito Federal:

I. En un área natural protegida;

II. En un área de valor ambiental;

III. En suelo de conservación;

IV. En una barranca; o

V. En un área verde en suelo urbano.

Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a nombre,

ARTÍCULO 345 Ter. Se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa a
quien transporte hasta 4 metros cúbicos de madera en rollo o su equivalente en madera aserrada.



Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas descritas
en el párrafo anterior sean producto o se hayan desarrollado en cualquiera de los siguientes
lugares, competencia del Distrito Federal:

I. En un área natural protegida;

II. En un área de valor ambiental;

III. En suelo de conservación;

IV. En una barranca; o

V. En un área verde en suelo urbano.

ARTÍCULO 346. Se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien
ilícitamente:

I. Emita gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, provenientes de fuentes fijas ubicadas
en el Distrito Federal o de fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal;

II. Descargue, deposite o infiltre aguas residuales, residuos sólidos o industriales no peligrosos,
líquidos químicos o bioquímicos;

III. Descargue, deposite o infiltre residuos sólidos, líquidos o industriales de manejo especial,
conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal;

IV. Genere emisiones de energía térmica o lumínica, olores, ruidos o vibraciones, provenientes de
fuentes fijas ubicadas en el Distrito Federal o de fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal;

V. Realice actividades riesgosas de las previstas en las disposiciones jurídicas aplicables en el
Distrito Federal;

VI. Genere, maneje o disponga residuos sólidos o industriales no peligrosos conforme a lo previsto
en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal.

Las penas previstas en este articulo se impondrán siempre que se ocasionen daños a la salud de
las personas o uno o más ecosistemas o sus elementos y se aumentarán en una mitad cuando las
conductas descritas en las fracciones anteriores se realicen dentro de:

a. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal,
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

b. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de
ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el
Programa o Programas de Desarrollo Urbano aplicables;

c. Una barranca;

d. Una zona de recarga de mantos acuíferos; o

e. Un área verde en suelo urbano.

Cuando una o más de las conductas descritas en el presente articulo resulte cometida a nombre,




CAPÍTULO II
DELITOS CONTRA LA GESTIÓN AMBIENTAL
ARTÍCULO 347. Se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de 500 a 2,000 días
multa, al que realice el cambio provisional de aditamentos o equipos de cualquier vehículo
automotor, con el objeto de obtener uno o más documentos que acrediten la aprobación de la
verificación vehicular prevista en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal.

ARTÍCULO 347 Bis. Se le impondrán de tres a nueve años de prisión y de 1,000 a 5,000 días
multa, al que:

I. Altere, permita la alteración u opere en forma indebida cualquier equipo o programa utilizado
para la verificación vehicular prevista en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal;

II. Venda uno o más documentos que acrediten la aprobación de la verificación vehicular prevista
en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal; o

III. Posea o use un documento que acredite la aprobación de la verificación vehicular, que no haya
sido expedido o solicitado con base en el procedimiento establecido para la operación de los
Centros de Verificación Vehicular autorizados.

ARTÍCULO 347 Ter. Se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y de 20 a 500 días
multa:

I. Al propietario, responsable, técnico, empleado o prestador de servicios, dentro de los centros de
verificación vehicular, que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba dinero o cualquier otra
dádiva para la aprobación de la verificación vehicular, o por cualquier motivo cobre una cantidad
superior a la autorizada oficialmente; y

II. En calidad de usuario del servicio de verificación vehicular, ofrezca, prometa o entregue dinero o
cualquier otra dádiva, con el fin de obtener la aprobación de la verificación vehicular obligatoria.

ARTÍCULO 347 Quater. Se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de 1,000 a 3,000
días multa, al que obtenga una autorización proveniente de cualquier autoridad ambiental del
Distrito Federal, a partir de información falsa o de uno o más documentos falsos o alterados.

ARTÍCULO 347 Quintus. Se les impondrán de seis meses a tres años de prisión y de 20 a 500 días
multa a los prestadores y laboratorios de servicios ambientales, que proporcionen documentos o
información falsa u omitan datos con el objeto de que las autoridades ambientales otorguen o
avalen cualquier tipo de permiso, autorización o licencia.

Las penas previstas en este articulo se impondrán, siempre que la autoridad ambiental haya
otorgado el permiso, autorización o licencia de que se trate.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS PREVISTOS EN EL PRESENTE
TÍTULO
ARTÍCULO 348. El Juez de oficio o a petición de parte, podrá reducir las penas correspondientes
para los delitos previstos en este título, hasta en tres cuartas partes, cuando el agente haya
reestablecido las condiciones de los elementos naturales afectados al estado en que se



encontraban antes de realizarse la conducta, y cuando ello no sea posible, ejecutando las acciones
u obras que compensen los daños ambientales que se hubiesen generado.

A efecto de que pueda acreditarse el supuesto de procedencia de la mencionada atenuante,
deberá constar en el expediente respectivo dictamen técnico favorable emitido por la autoridad
ambiental competente en el Distrito Federal.

En los casos en que la persona procesada demuestre mediante dictamen técnico, que se ha
reparado totalmente el daño ambiental causado y que además se han llevado a cabo acciones
tendientes a favorecer el equilibrio ecológico o a establecer medidas permanentes de protección a
un ecosistema, el Juez podrá determinar que no se le imponga sanción penal alguna.

Sólo se podrá hacer uso de este beneficio por una sola vez.

ARTÍCULO 349. Para los efectos del presente Titulo, la reparación del daño se ordenará a petición
del Ministerio Público u oficiosamente por el Juez, e incluirá además:

I. La realización de las acciones necesarias para restaurar las condiciones de los elementos
naturales afectados al estado en que se encontraban antes de realizarse el delito, cuando ello no
sea posible, la ejecución de acciones u obras que permitan compensar los daños ambientales que
se hubiesen generado, y si ninguna de ellas fuera posible, el pago de una indemnización que se
integrará a los recursos del fondo ambiental público previsto en la Ley Ambiental del Distrito
Federal.

A fin de determinar el monto de la indemnización a que se refiere esta fracción, el Juez deberá
considerar los daños ambientales ocasionados, el valor de los bienes afectados y el derecho de
toda persona de tener un ambiente sano; debiendo apoyarse en todo caso, en un dictamen técnico
emitido por la autoridad ambiental competente para fijar el monto de la indemnización
correspondiente, la cual en ninguno de los casos deberá ser inferior al valor de los bienes
afectados o de los beneficios obtenidos por la conducta.

II. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades, que
hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo.

ARTÍCULO 349 Bis. Tratándose de los delitos previstos en este título, el trabajo a favor de la
comunidad, consistirá en actividades relacionadas con la protección al ambiente o la restauración
de los recursos naturales.

ARTÍCULO 349 Ter. En caso de concurso de delitos, en lo referente a la reparación del daño, tiene
preferencia la derivada del delito ambiental, sobre el daño patrimonial, con excepción de la
reparación del daño a la salud, a la vida o a la integridad de las personas.

ARTÍCULO 350. Cuando en la comisión de un delito previsto en este título, intervenga un servidor
público en ejercicio, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor, la
pena de prisión se aumentará en una mitad y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o
comisión, en los términos del articulo 258 de este Código.

TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO
DELITOS CONTRA LA DEMOCRACIA ELECTORAL

CAPÍTULO ÚNICO
DELITOS ELECTORALES
ARTÍCULO 351. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por:



I. Funcionarios electorales; quienes en los términos de la legislación electoral del Distrito Federal
integren los órganos que cumplen funciones públicas electorales;

II. Funcionarios partidistas: los dirigentes de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones
políticas locales, y sus representantes ante los órganos electorales, en los términos de la
legislación electoral del Distrito Federal;

III. Candidatos: los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente;

IV. Documentos públicos electorales: las boletas electorales, las actas de la jornada electoral, las
relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y
expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos
distritales, de los consejos que funjan como cabecera de delegación y, en general todos los
documentos y actas expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos competentes del
Instituto Electoral del Distrito Federal; y

V. Materiales electorales: los elementos físicos, tales como urnas, canceles o elementos
modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio
y demás equipamiento autorizado para su utilización en las casillas electorales durante la jornada
electoral o en los procesos de participación ciudadana.

ARTÍCULO 352. Al servidor público que incurra en la comisión de cualquiera de los delitos
comprendidos en el presente Capítulo, se le impondrá, además de las penas señaladas, la
destitución del cargo y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar u ocupar cualquier
cargo, empleo o comisión.

Al que incurra en la comisión de cualquiera de los delitos a que se refiere este Título, se le
impondrá además suspensión de derechos políticos por un lapso igual al de la pena de prisión
impuesta

ARTÍCULO 353. Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y de cien a quinientos días
multa, a quien:

I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley;

II. Vote más de una vez en una misma elección;

III. Haga proselitismo o presione a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las
casillas, en las áreas aledañas, o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el
fin de orientar el sentido de su voto;

IV. Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y
cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio
de las tareas de los funcionarios electorales;

V. Recoja, sin causa justificada por la ley credenciales para votar, durante las campañas
electorales o el día de la jornada electoral;

VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa;

VII. El día de la jornada electoral o proceso de participación ciudadana, viole a otro el secreto del
voto;

VIII. Vote con una credencial para votar con fotografía de la que no sea titular;



IX. El día de la jornada electoral o proceso de participación ciudadana, coarte al elector su libertad
para emitir el voto;

X. Introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales; se apodere,
destruya o altere boletas, documentos o materiales electorales o impida de cualquier forma su
traslado o entrega a los órganos electorales;

XI. Obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de la intención o el sentido de su voto;

XII. Indebidamente impida la instalación, apertura o cierre de una casilla;

XIII. Durante los ocho días previos a las elecciones o en los procesos de participación ciudadana y
hasta la hora oficial del cierre de las casillas, publique o difunda por cualquier medio los resultados
de encuestas o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los ciudadanos; o

XIV. Viole o altere paquetes o sellos con los que se resguarden documentos electorales.

ARTÍCULO 354. Se impondrán de dos a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa, al
funcionario electoral que:

I. Se abstenga de cumplir con las obligaciones propias de su encargo, en perjuicio del proceso
electoral o de participación ciudadana de que se trate;

II. Obstruya el desarrollo normal de la votación;

III. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales
electorales;

IV. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales;

V. En ejercicio de sus funciones, ejerza presión sobre los electores y los induzca de manera
manifiesta a votar por un candidato, partido o planilla determinada, en el interior de la casilla o en el
lugar donde los propios electores se encuentren formados;

VI. Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia,
la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación;

VII. Sin causa justificada expulse u ordene el retiro de la casilla electoral de un funcionario
electoral, de representantes de un partido político, de una planilla, o coarte los derechos que la ley
les concede;

VIII. Permita o tolere que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los
requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales; o

IX. Propale, de manera pública, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o
respecto de sus resultados.

ARTÍCULO 355. Se impondrán de cuatro a nueve años de prisión y de doscientos cincuenta a
cuatrocientos días multa, al funcionario electoral que altere, expida, sustituya, destruya o haga mal
uso de documentos públicos electorales o archivos oficiales computarizados o relativos al registro
de electores que corresponda.

ARTÍCULO 356. Se impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa, al
funcionario partidista, al candidato o al funcionario de las agrupaciones políticas, que:



I. Ejerza presión sobre los electores o los induzca a la abstención, o a votar por un candidato,
partido o planilla determinada, en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores
se encuentren formados;

II. Realice propaganda electoral o actos de campaña mientras cumple sus funciones durante la
jornada electoral;

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales;

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma o con ese
fin amenace o ejerza violencia física sobre los funcionarios electorales;

V. Propale de manera pública, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o
respecto de sus resultados;

VI. Impida la instalación, apertura o cierre de una casilla;

VII. Obtenga o utilice fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral, a
sabiendas de esta circunstancia; o

VIII. Se exceda en el monto de los topes para gastos de campaña establecidos de acuerdo con los
criterios legalmente autorizados, con anterioridad a la elección.

ARTÍCULO 357. Se impondrán de uno a nueve años de prisión y de doscientos a seiscientos días
multa, al servidor público que, en los procesos electorales de carácter local:

I. Obligue a sus subordinados a emitir sus votos a favor de un partido político candidato o planilla, o
a la abstención;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas, el otorgamiento
de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de
obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de un partido
político, candidato o planilla;

III. Destine, sin causa justificada fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de
su cargo, al apoyo de un partido político, candidato o planilla;

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos, candidato o planilla, a través
de sus subordinados, dentro del tiempo correspondiente a sus labores; o

V. Realice o permita cualquier acto de campaña electoral fuera de los casos permitidos por la ley, o
instale, pegue, cuelgue, fije o pinte propaganda electoral en el interior o exterior de muebles o
inmuebles pertenecientes o arrendados por los órganos de Gobierno del Distrito Federal.

ARTÍCULO 358. Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a quinientos días multa,
a quien por cualquier medio falsifique o altere los listados nominales o credenciales para votar.

ARTÍCULO 359. Se impondrán de seis meses a un año de prisión o cien a trescientos días multa y,
en su caso, destitución e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro empleo, cargo o
comisión, al servidor público que se apodere, destruya, retire, borre, suprima, oculte o distorsione
la propaganda de algún candidato, partido o planilla, en contravención a las normas de la materia
durante el proceso electoral y hasta la jornada electoral.

ARTÍCULO 360. Se impondrán de dos a nueve años de prisión y de cien a seiscientos días multa,
al funcionario partidista, funcionario de las agrupaciones políticas locales, integrantes de



asociaciones civiles, o a los organizadores de actos de campaña que, para apoyar a un partido
político o un candidato, aprovechen ilícitamente fondos, bienes o servicios públicos.

TÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO
FEDERAL

CAPÍTULO I
REBELIÓN
ARTÍCULO 361. Se impondrá de dos a diez años de prisión, a los que con violencia y uso de
armas traten de:

I. Reformar, destruir, impedir o coartar la integración de las instituciones constitucionales del
Distrito Federal o su libre funcionamiento; o

II. Separar o impedir el desempeño de su cargo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, algún Jefe
Delegacional, Diputado de la Asamblea Legislativa o servidor público que desempeñe funciones
jurisdiccionales.

No se impondrá la pena por el delito de rebelión a los que depongan las armas antes de ser
detenidos, salvo que hubieren cometido otros delitos durante la rebelión.

CAPÍTULO II ATAQUES A LA
PAZ PÚBLICA
ARTÍCULO 362. Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos
políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio,
inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios
públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal,
o presionen a la autoridad para que tome una determinación.

CAPÍTULO III
SABOTAJE
ARTÍCULO 363. Se impondrán de cinco a quince años de prisión, y suspensión de derechos
políticos de uno a siete años, al que con el fin de trastornar la vida económica, política, social o
cultural del Distrito Federal o para alterar la capacidad del Gobierno para asegurar el orden
público:

I. Dañe, destruya o entorpezca las vías de comunicación del Distrito Federal;

II. Dañe o destruya centros de producción o distribución de bienes básicos o instalaciones de
servicios públicos;

III. Entorpezca ilícitamente servicios públicos;

IV. Dañe o destruya elementos fundamentales de instituciones de docencia o investigación; o

V. Dañe o destruya recursos esenciales que el Distrito Federal tenga destinados para el
mantenimiento del orden público.



CAPÍTULO IV
MOTÍN
ARTÍCULO 364. Se impondrá prisión de seis meses a siete años a los que, para conseguir que se
les reconozca o conceda algún derecho, en forma tumultuaria:

I. Amenacen a la autoridad para obligarla a tomar alguna determinación; o

II. Por medio de violencia en las personas o sobre las cosas, perturben el orden público.

CAPÍTULO V
SEDICIÓN
ARTÍCULO 365. Se impondrá de seis meses a ocho años de prisión, a los que en forma
tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de
sus funciones con alguna de las siguientes finalidades:

I. Reformar, destruir, impedir o coartar la integración de las instituciones constitucionales del
Distrito Federal o su libre ejercicio; o

II. Separar o impedir el desempeño de su cargo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, algún Jefe
Delegacional o Diputado de la Asamblea Legislativa o a servidor público que desempeñe funciones
jurisdiccionales.

La pena se aumentará en una mitad para quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen
económicamente a otros para cometer el delito de sedición.

TRANSITORIOS
PRIMERO: Este Código, con excepción de lo señalado en estos artículos transitorios, entrará en
vigor a los ciento veinte días de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para su
mayor difusión se publicará este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, previa a la expedición del Nuevo Código
de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, realizará la modificación a los ordenamientos
correspondientes para la adecuada aplicación de la legislación penal.

TERCERO: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedirá la legislación para la Atención y
Apoyo a las Víctimas del Delito y la aplicación del fondo correspondiente.

CUARTO: A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que este Código
contemple una descripción legal de una conducta delictiva que en el anterior Código Penal del
Distrito Federal se contemplaba como delito y por virtud de las presentes reformas, se denomina,
penaliza o agrava de forma diversa, siempre y cuando las conductas y los hechos respondan a la
descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente:

I. En los procesos incoados, en los que aun no se formulen conclusiones acusatorias el Ministerio
Público las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte;

II. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el
Tribunal, respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta
que se haya probado y sus modalidades; y



III. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el sentenciado,
considerará las penas que se hayan impuesto, en función de la traslación del tipo, según las
modalidades correspondientes.

QUINTO: Se abroga el Código Penal de 1931, sus reformas y demás leyes que se opongan al
presente ordenamiento.

Recinto Legislativo, a 03 de julio de 2002.

POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. HIRAM ESCUDERO ÁLVAREZ, PRESIDENTE.-
SECRETARIA, DIP. LORENA RÍOS MARTÍNEZ.- SECRETARIA, DIP. ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ
SÁNCHEZ.- (Firmas).

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso
b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67 fracción II, del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su debida publicación y observancia, expido el
presente Decreto Promulgatorio, en la Ciudad de México, a los once días del mes de julio del dos
mil dos.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI.-
FIRMA.

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO
TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE CONTIENE EL NUEVO
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 3 DE OCTUBRE DE 2002.

TRANSITORIOS
PRIMERO: Túrnese al ciudadano Jefe de Gobierno para su publicación y debida promulgación.

SEGUNDO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal. Para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintiséis días del mes septiembre del
año dos mil dos.

POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO, PRESIDENTE.-
SECRETARIO, DIP. CARLOS ORTIZ CHÁVEZ.- (Firmas).

En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II,
inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67 fracción II, del
presente Decreto Promulgatorio, en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
en la Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de septiembre del dos mil dos.- EL JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.-
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ
PINCHETTI.- FIRMA.



DECRETO DE REFORMAS A DIVERSOS ARTÍCULOS DEL NUEVO CODIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL EL 22 DE ABRIL DE 2003.
Artículo Único: se reforman los artículos 41, 50, 51, 55 y Tercero Transitorio, todos del Nuevo
Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como se indica a continuación.

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal. Para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintiséis días del mes diciembre del
año dos mil dos.

POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. MARCO ANTONIO MICHEL DÍAZ, PRESIDENTE.-
SECRETARIA, DIP. ALICIA VIRGINIA TELLEZ SÁNCHEZ.- SECRETARIO, MARCOS
MORALES TORRES.- (Firmas).

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II,
en la Ciudad de México, a los ocho días del mes de abril del dos mil tres.- EL JEFE DE
SECRETARIO DE GOBIERNO, LIC. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL EL 15 DE MAYO DE 2003.

TRANSITORIOS
Primero: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta

Segundo: Túrnese al C. Jefe de Gobierno para los efectos constitucionales procedentes.

Recinto Legislativo a 28 de abril de 2003

PRESIDENTE, DIP. TOMÁS LÓPEZ GARCÍA.- SECRETARIO, DIP. CARLOS ORTIZ CHÁVEZ.-
SECRETARIO, DIP. ROBERTO E. LÓPEZ GRANADOS.- (Firmas).

inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67 fracción II del
en la Ciudad de México a los doce días del mes de mayo de dos mil tres.- EL JEFE DE



EL SECRETARIO DE GOBIERNO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS AMBIENTALES, PUBLICADO
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 13 DE ENERO DE
2004.
PRIMERO.- Se derogan los tres últimos párrafos del artículo 238, para quedar como sigue:

SEGUNDO.- Se reforma el Título Vigésimo quinto de los "Delitos Ambientales", para quedar como
sigue:

TERCERO.-Se reforma el párrafo tercero del articulo 76 del Nuevo Código Penal para el Distrito
Federal, para quedar como sigue:

TRANSITORIO
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal. Para su mayor difusión, publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los treinta días del mes de
diciembre del año dos mil tres.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. LORENA VILLAVICENCIO
AYALA, PRESIDENTA.-SECRETARIA, DIP. GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ.-
SECRETARIO, DIP. JUVENTINO RODRÍGUEZ RAMOS.- (Firmas).

inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67 fracción II del
en la Ciudad de México a los ocho días del mes de enero de dos mil cuatro.-EL JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE GOBIERNO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.

DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 145 Y 148 DEL NUEVO CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 16
BIS 6 Y 16 BIS 7 A LA LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 27 DE
ENERO DE 2004.
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman el párrafo segundo del artículo 145 y el párrafo primero del
artículo 148 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera:

TRANSITORIOS
ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta



Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de
diciembre del año dos mil tres. POR LA MESA DIRECTIVA: DIP. LORENA VILLAVICENCIO
AYALA, PRESIDENTA.- DIP. GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, SECRETARIA.- DIP.
JUVENTINO RODRÍGUEZ RAMOS, SECRETARIO.- FIRMAS.

inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II del
en la Ciudad de México a los dieciséis del mes de enero de dos mil cuatro. EL JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.-FIRMA.- EL
SECRETARIO DE GOBIERNO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.- LA
SECRETARIA DE SALUD, ASA EBBA CHRISTINA LAURELL.-FIRMA.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
EL 29 DE ENERO DE 2004.
ÚNICO.-Se reforma el primer y segundo párrafo del artículo 286; la denominación del Título
Vigésimo Primero; y se adicionan el artículo 329 Bis, el Capítulo VI al Título Vigésimo Segundo,
todos del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los treinta días del mes de
diciembre del año dos mil tres.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. LORENA VILLAVICENCIO
AYALA, PRESIDENTA.- SECRETARIA, DIP. GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ.-
SECRETARIO, DIP. JUVENTINO RODRÍGUEZ RAMOS.- (Firmas).

inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67 fracción II del
en la Ciudad de México a los siete días del mes de enero de dos mil cuatro.- EL JEFE DE



DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES
PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL; DEL NUEVO CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 04 DE JUNIO DE 2004.
SEGUNDO: Se reforma la fracción V del artículo 29; se reforman los párrafos primero, segundo y
quinto del artículo 55; se reforma el primer párrafo del artículo 86; se reforma la fracción V el
artículo 89; se reforma el tercer párrafo del artículo 116; se reforma la fracción IX del artículo 224;
se reforma el artículo 229; se adiciona un último párrafo al artículo 230; se reforma el artículo 232;
se reforma el artículo 243; se reforma el artículo 244; se reforman el inciso d) y el último párrafo del
artículo 246; se reforma la denominación del capítulo II del Título Décimo Octavo; se reforma el
primer párrafo del artículo 259; se reforma la denominación del capítulo V del Título Décimo
Octavo; se reforman el primer párrafo y la fracción I del artículo 267 y el segundo párrafo de la
fracción segunda; se reforma el artículo 283; se adiciona un artículo 286 bis; se reforma la
denominación del capítulo VI del Título Décimo Noveno; se reforman las fracciones VII y VIII del
artículo 293 y se recorren las fracciones VII y VIII para quedar como fracciones IX y X
respectivamente; se reforma la fracción VII del artículo 299 y se recorren las fracciones VII y VIII
para quedar como fracciones VIII y IX respectivamente; se reforma el primer párrafo del artículo
312 y se reforma el artículo 323; todos del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, para
quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de
abril del año dos mil cuatro.

POR LA MESA DIRECTIVA: DIP. FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA, PRESIDENTE.- DIP. MA.
ELENA TORRES BALTAZAR, SECRETARIA.- DIP. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ SANDOVAL,
SECRETARIO.-FIRMAS.

en la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de mayo del dos mil cuatro.- EL JEFE DE
SECRETARIO DE GOBIERNO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.-



DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y
DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE
GUARDA, CUSTODIA Y DERECHO DE CONVIVENCIA DE LOS MENORES
SUJETOS A PATRIA POTESTAD, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2004.
TERCERO: Se reforman los artículos 171 y 173, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 284
del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal para quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de Distrito Federal y en el Diario Oficial de la
Federación para su mayor difusión.

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes a su publicación en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- Las presentes disposiciones se aplicarán a todos los procedimientos judiciales y
administrativos en trámite ante las autoridades correspondientes y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 94 de Código de Procedimientos Civiles del DF; los interesados podrán promover los
beneficios que le concede la presente Ley.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de
julio del año dos mil cuatro.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. JOSÉ JIMÉNEZ MAGAÑA,
PRESIDENTE.- DIP. MIGUEL ÁNGEL SOLARES CHÁVEZ, SECRETARIO.- DIP. MARÍA
GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, SECRETARIA.- (Firmas)

en la Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de agosto del dos mil cuatro.- EL JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.-FIRMA.- EL

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS
FEDERAL, EN MATERIA DE PUNIBILIDAD DERIVADA DE TRÁNSITO
VEHICULAR, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2004.
Artículo Único. Se derogan la fracción III del Artículo 135, las fracciones I y II del artículo 140 y I y
II del artículo 242 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente
manera:

TRANSITORIOS



PRIMERO. Remítase al Jefe de Gobierno para su debida Promulgación y Publicación en la Gaceta

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

DISPOSICIONES DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES
PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL
FEDERAL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004.
Artículo Segundo. Se adicionan los artículos 163 Bis y 166 Bis; las fracciones VI y VII del artículo
164; se reforman el primer párrafo del artículo 164, el último párrafo del artículo 220; y el artículo
232, todos del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal para quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase al Jefe de Gobierno para su debida promulgación y Publicación en la Gaceta

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que sean contrarias a lo dispuesto en el
presente decreto.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los treinta días del mes de julio del
año dos mil cuatro.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. JOSÉ JIMÉNEZ MAGAÑA,

en la Ciudad de México, a los treinta y un días del mes de agosto del dos mil cuatro.- EL JEFE DE

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 254 Y 255 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE
SANCIONES PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 254 y 255 del Nuevo Código Penal para el
Distrito Federal, para quedar como siguen:



TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días siguiente de su publicación en

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los treinta días del mes de julio del
año dos mil cuatro.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. JOSÉ JIMÉNEZ MAGAÑA,

en la Ciudad de México, a los treinta y un días del mes de agosto del dos mil cuatro.- EL JEFE DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 54 Y 55 DEL
NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 366 Y 368 DEL
CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 06 DE OCTUBRE DE 2004.
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los artículos 54 y 55 del Nuevo Código Penal para el Distrito

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta

SEGUNDO.- Los bienes asegurados de los que, a la fecha de entrada en vigor de este decreto, se
carezca de datos para relacionarlos con una indagatoria, los vehículos ingresados a los depósitos
de vehículos con fecha anterior al 31 de diciembre del año 2002 que no hayan sido recogidos por
quien tiene derecho a ello, así como todos aquellos bienes que por su larga permanencia en los
depósitos correspondientes se puedan considerar como desecho, quedarán a disposición de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que, por conducto de la unidad
administrativa que corresponda, proceda a su destrucción o enajenación. En este último caso, el
producto que se obtenga se destinará de la siguiente manera: a).-Tratándose de bienes
asegurados antes del 12 de noviembre de 2002, o de bienes respecto de los cuales no sea posible
identificar la fecha en que fueron asegurados, el destino final será el mejoramiento de la
Procuración de Justicia y b).- Tratándose de bienes asegurados a partir del 12 de noviembre 2002
se destinaran al Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito.

TERCERO.- Los particulares que se consideren con derechos respecto de los bienes a que se
refiere el Artículo Segundo Transitorio de este Decreto, podrán hacer valer esos derechos ante la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dentro del término de un año a partir de la
fecha de entrada en vigor de este decreto.



julio del año dos mil cuatro.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. JOSÉ JIMÉNEZ MAGAÑA,
GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, SECRETARIA (Firmas)

inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II del
en la Ciudad de México a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil cuatro.- EL JEFE
DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE GOBIERNO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE FINANZAS, ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ.- FIRMA.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL NUEVO CÓDIGO
DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2004.
PRIMERO: Se modifica la denominación del Capítulo I, del Título Vigésimo Cuarto, del Libro
Segundo del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se adiciona una fracción VIII al Artículo 336 del Nuevo Código Penal para el Distrito
Federal para quedar como sigue:

TRANSITORIOS
Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil cuatro. POR LA MESA DIRECTIVA: DIP. SILVIA OLIVA FRAGOSO,
PRESIDENTA.- DIP. MIGUEL ÁNGEL SOLARES CHÁVEZ, SECRETARIO.- DIP. CHRISTIAN
MARTÍN LUJANO NICOLÁS, SECRETARIO.- FIRMAS.

en la Ciudad de México a los catorce días del mes de diciembre de dos mil cuatro. EL JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.-FIRMA.-EL
SECRETARIO DE GOBIERNO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.-FIRMA.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 259
DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN
LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 17 DE ENERO DE 2005.
ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona la fracción V al artículo 259 del Nuevo Código Penal para el
Distrito Federal, para quedar como sigue:

TRANSITORIOS



ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintiún días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. SILVIA OLIVA
FRAGOSO, PRESIDENTA.- DIP. MIGUEL ÁNGEL SOLARES CHÁVEZ, SECRETARIO.- DIP.
CHRISTIAN MARTÍN LUJANO NICOLÁS, SECRETARIO.- (Firmas)

en la Ciudad de México a los tres días del mes de enero de dos mil cinco.- EL JEFE DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 278 DEL
NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 13 DE MAYO DE 2005.
ÚNICO: Se reforma y adiciona el artículo 278 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal para
quedar como sigue:

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los siete días del mes de diciembre
del año dos mil cuatro.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. SILVIA OLIVA FRAGOSO,
PRESIDENTA.- DIP. MIGUEL ÁNGEL SOLARES CHÁVEZ, SECRETARIO.- DIP. CHRISTIAN
MARTÍN LUJANO NICOLÁS, SECRETARIO.- (Firmas)

en la Ciudad de México, a los tres días del mes de marzo del dos mil cinco.- EL JEFE DE

EL 22 DE JULIO DE 2005.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el artículo 188 del Nuevo Código Penal Para el Distrito



ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 188 bis del Nuevo Código Penal Para el Distrito

TRANSITORIO
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal. Para su mayor difusión, publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

abril del año dos mil cinco.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. ANDRÉS LOZANO LOZANO,
PRESIDENTE.- DIP. JOSÉ JIMÉNEZ MAGAÑA, SECRETARIO.- DIP. SOFÍA FIGUEROA
TORRES, SECRETARIA.- (Firmas)

en la Ciudad de México, a los doce días del mes de julio del dos mil cinco.- EL JEFE DE
EL SECRETARIO DE GOBIERNO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.-EL
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, JOEL ORTEGA CUEVAS.- FIRMA.

DECRETO QUE ADICIONA AL TÍTULO SEXTO DEL NUEVO CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL, UN CAPÍTULO CUARTO, CON DOS
ARTÍCULOS, DENOMINADO “EXPLOTACIÓN LABORAL DE MENORES O
DISCAPACITADOS, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL EL 22 DE JULIO DE 2005.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica la denominación del Capítulo Cuarto del Título Sexto, relativo
a los Delitos contra la Moral Pública, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal y se
adicionan los artículos 190 Bis y 190 Ter para quedar como sigue:

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se recorre el contenido del Capítulo IV a un Capítulo V del Título Sexto
relativo a los Delitos contra la Moral Pública del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal para
quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su
promulgación y debido cumplimiento.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y
publicación y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.





DECRETO QUE REFORMA EL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO
FEDERAL Y EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 22 DE JULIO DE 2005.
PRIMERO.- Se reforma el Título Séptimo de los Delitos contra la Seguridad de la Subsistencia
Familiar, y los artículos 193, 194, 195, 196, 197 199 y se deroga el artículo 198 del Nuevo Código
Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

SEGUNDO.- Se reforma el Título Octavo de los Delitos contra la Integridad Familiar, y los artículos
200, 201 y 202 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los quince días de su publicación en la Gaceta

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el
Diario Oficial del Distrito Federal.





DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 206 DEL NUEVO
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 249, 614 Y 615 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL,
ENERO DE 2006.
Artículo Primero: Se reforma el artículo 206 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal para
quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su respectiva promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los quince días del mes de
noviembre del año dos mil cinco.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. JORGE ALBERTO LARA
RIVERA, PRESIDENTE.- DIP. SOFÍA FIGUEROA TORRES, SECRETARIA.- DIP. ADRIÁN
PEDROZO CASTILLO, SECRETARIO.- (Firmas)

en la Ciudad de México a los nueve días del mes de enero de dos mil seis.- EL JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ.-
FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, RICARDO RUIZ SUÁREZ.- FIRMA.- EL

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL
FEDERAL EL 01 DE FEBRERO DE 2006.
Único.- Se hace una adición a la fracción IV del artículo 241 del Nuevo Código Penal para el

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Túrnese al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta



TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto por el presente
decreto.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veinte días del mes de
diciembre del año dos mil cinco.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. ELIO RAMÓN BEJARANO
MARTÍNEZ, PRESIDENTE.- DIP. LOURDES ALONSO FLORES, SECRETARIA.- DIP. JUAN
ANTONIO ARÉVALO LÓPEZ, SECRETARIO.- (Firmas)

en la Ciudad de México, a los dos días del mes de enero de dos mil seis.- EL JEFE DE
FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, RICARDO RUÍZ SUÁREZ.- FIRMA.

DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DEL NUEVO CÓDIGO
DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE FEBRERO DE 2006.
Único.- Se reforman los párrafos primero y tercero, y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 33; el
artículo 163, el párrafo segundo del artículo 163 Bis, el primer párrafo del artículo 164; se deroga el
segundo párrafo del artículo 165 para quedarse en un solo párrafo y el artículo 166 del Nuevo
Código Penal para el Distrito Federal para quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su respectiva promulgación y

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario

TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los quince días del mes de
diciembre del año dos mil cinco. - POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. ELIO RAMÓN
BEJARANO MARTÍNEZ, PRESIDENTE.- DIP. LOURDES ALONSO FLORES, SECRETARIA.-
DIP. JUAN ANTONIO ARÉVALO LÓPEZ, SECRETARIO.- (Firmas)

en la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil seis.- EL JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE GOBIERNO, RICARDO RUIZ SUAREZ.- FIRMA.



DECRETO DE LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN
DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN
EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL EL 19 DE MAYO DE 2006.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial

SEGUNDO.- Se deroga el último párrafo del artículo 1916 y el artículo 1916 bis del Código Civil
para el Distrito Federal.

TERCERO.- Se deroga el Título Décimo Tercero referente a “Delitos contra la intimidad personal y
la inviolabilidad del secreto” Capítulo I “Violación de la Intimidad personal”, Artículo 212 sin
menoscabo de lo establecido en el 213 quedando el Título como “Inviolabilidad del secreto” y el
Título Décimo Cuarto del Código Penal para el Distrito Federal nominado: “Delitos contra el honor”
Artículos 214, 215, 216, 217, 218 y 219.

CUARTO.- Los juicios en materia civil que se estén tramitando antes de la entrada en vigor de la
presente ley se sujetarán en los sustantivo a la ley vigente al momento en que ocurrieron los
hechos. Los de materia penal se sobreseerán al momento de la entrada en vigor de la presente
ley. En cuanto al procedimiento las partes de común acuerdo podrán solicitar al Juez que tenga a
su cargo el caso, la continuación del procedimiento en los términos de la presente ley.

QUINTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario
Oficial de la Federación.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de abril
del año dos mil seis.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA
ROSA, PRESIDENTA.- DIP. JORGE GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIO.- DIP. MARÍA
TERESITA DE JESÚS AGUILAR MARMOLEJO, SECRETARIA.- (Firmas)

inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II del
en la Ciudad de México a los once días del mes de mayo del dos mil seis.- EL JEFE DE
FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, RICARDO RUIZ SUÁREZ.- FIRMA.

DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 75 BIS AL NUEVO CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL EL 09 DE JUNIO DE 2006.
Artículo Único.-Se adiciona el artículo 75 Bis al Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, para
quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en la Gaceta



SEGUNDO. Para su mayor difusión publíquese también en el Diario Oficial de la Federación.

abril del año dos mil seis.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA
DE LA ROSA, PRESIDENTA.- DIP. JORGE GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIO.- DIP. MARÍA

en la Ciudad de México, a los treinta días del mes de mayo de dos mil seis.- EL JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ.-

DECRETO DE REFORMAS AL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
EL 09 DE JUNIO DE 2006.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica la denominación del Nuevo Código Penal para el Distrito

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la denominación del Capítulo V del Título Tercero del Código
Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 39, 59, 206, 220, 232, 237, 271, 279, 312, 334 y
349 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal para quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en la Gaceta

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y para su mayor difusión en el
Diario Oficial de la Federación.

TERCERO. En todos los ordenamientos legales a que se haga referencia al Nuevo Código Penal
para el Distrito Federal se entenderá al Código Penal para el Distrito Federal.


en la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil seis.- EL JEFE DE



DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY DE
CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE
SANCIONES PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 09 DE JUNIO DE 2006.
Artículo Primero.- Se reforman los artículos 33, los párrafos primero y tercero del artículo 76, el
segundo párrafo del artículo 100, la fracción IV del artículo 227, la fracción IV del artículo 230, la
fracción IV del artículo 239, el párrafo segundo del artículo 267 y el primer párrafo del artículo 312;
se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 268; los artículos 71 bis, 71 ter Y 71 quater, un
último párrafo al artículo 130, una fracción V al artículo 227, una fracción V al artículo 230, un
último párrafo al artículo 246, el artículo 305 bis; se derogan el párrafo quinto del artículo 160, los
párrafos tercero y cuarto del artículo 267 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal para
quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su respectiva promulgación y

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor sesenta días naturales siguientes al de su

TERCERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario

CUATRO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal expedirá el Reglamento que regule el Beneficio
de Reclusión Domiciliaria mediante el Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia, a más tardar
sesenta días naturales después de la publicación del presente Decreto en la Gaceta oficial del
Distrito Federal.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de

en la Ciudad de México, a los treinta días del mes de mayo de dos mil seis.- EL JEFE DE



DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL Y
DEL CÓDIGO CIVIL AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN
LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 17 DE ENERO DE 2007.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la denominación del Título Octavo, los artículos 200, 201 y
202 y, se adiciona el artículo 201 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como
sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta


Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los trece días del mes de
diciembre del año dos mil seis. POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. VÍCTOR HUGO CÍRIGO
VÁSQUEZ, PRESIDENTE.- DIP. ENRIQUE VARGAS ANAYA, SECRETARIO.- DIP. MARGARITA
MARÍA MARTÍNEZ FISHER, SECRETARIA.- Firmas.

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso
b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II, del
en la Ciudad de México, a los quince días del mes de enero del año dos mil siete. EL JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA.

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL; DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO
FEDERAL Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
FEBRERO DE 2007.
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 173 y 284 del Código Penal para el Distrito

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta


diciembre del año dos mil seis.- POR LA MESA DIRECTIVA.-DIP. VÍCTOR HUGO CÍRIGO



VÁSQUEZ, PRESIDENTE.- DIP. ENRIQUE VARGAS ANAYA, SECRETARIO.- DIP. MARGARITA
MARÍA MARTÍNEZ FISHER, SECRETARIA.- Firmas.

en la Ciudad de México, a los treinta días del mes de enero del año dos mil siete. EL JEFE DE
SECRETARIO DE GOBIERNO.- JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA LA LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO
EL 26 DE ABRIL DE 2007.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código Penal para el

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta

TERCERO. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberá expedir la adecuación a los
Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de Salud relacionados con
la interrupción del embarazo en el Distrito Federal, en un lapso de 60 días hábiles.

CUARTO. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal promoverá convenios de colaboración para
obtener recursos adicionales que permitan atender el derecho de la mujer a la salud sexual y
reproductiva.

QUINTO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizará una amplia campaña informativa
sobre las reformas aprobadas en este decreto.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de
abril del año dos mil siete. POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ,
PRESIDENTE.- DIP. EDY ORTÍZ PIÑA, SECRETARIO.- DIP. CELINA SAAVEDRA ORTEGA,
SECRETARIA.- Firmas.

en la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil siete. EL JEFE DE
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE
SALUD, MANUEL MONDRAGÓN Y KALB.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE,



MARTHA DELGADO PERALTA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO,
LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA.- FIRMA.

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL FONDO DE APOYO A LA
PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y REFORMA EL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; ADICIONA Y REFORMA EL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL;
REFORMA LA LEY DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO
PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y REFORMA, DEROGA Y ADICIONA EL
CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 17 DE MAYO 2007.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 41, 50, 51, 54 y 55, párrafos segundo y tercero,
y modifica la denominación del Título Tercero, Capítulo séptimo del Código Penal para el Distrito

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

SEGUNDO. Los vehículos automotores de cualquier tipo que se encuentran a disposición de las
autoridades ministeriales o judiciales en los depósitos destinados a tal efecto, y que no hayan sido
reclamados por su propietarios hasta el mes de diciembre de dos mil cinco, se pondrán
inmediatamente a la venta, conforme a las disposiciones administrativas aplicables, imponiendo la
obligación a quienes los adquieran de destruirlos totalmente, para hacer uso únicamente de los
metales que de su compactación y reciclamiento se obtengan.

TERCERO. Los bienes muebles, tales como mobiliario, equipo, joyas, obras de arte,
electrodomésticos y de cualquier otra especie, a disposición de las autoridades mencionadas en el
transitorio precedente, no reclamados hasta diciembre de dos mil cinco, se pondrán también
inmediatamente a la venta.

Los productos de las enajenaciones relacionadas en los artículos transitorios anteriores, se
depositarán en la cuenta de fondos propios del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia, y
treinta días naturales después de la constitución del fideicomiso correspondiente, se entregará la
parte que corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que a su vez
deposite los recursos en el apartado de fondos propios del Fondo de Apoyo a la Administración de
Justicia.

CUARTO. La Procuraduría General de Justicia, notificará a través de una publicación en la Gaceta
de Gobierno del Distrito Federal, una relación de los depositantes del dinero en efectivo, y en
billetes de depósito, que tenga a su disposición hasta el mes de diciembre de dos mil seis, a efecto
de que pasen los interesados a recoger dichas cantidades en la Oficialía Mayor de la Procuraduría,
en un plazo no mayor de 15 días, apercibiéndose que para el caso de no hacerlo el dinero
ingresará al Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia, para todos los efectos legales
procedentes.

QUINTO. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberá expedir el reglamento de la presente Ley
en el término de 30 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.



Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los doce días del mes de abril del
año dos mil siete. POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, PRESIDENTE.-
DIP. EDY ORTÍZ PIÑA, SECRETARIO.- DIP. CELINA SAAVEDRA ORTEGA, SECRETARIA.-
Firmas.

en la Ciudad de México a los dos días del mes de mayo del año dos mil siete. EL JEFE DE
FINANZAS, MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO.-FIRMA.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
AGOSTO DE 2007.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el
Distrito Federal para quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en al Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de Distrito Federal.

junio del año dos mil siete. POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. MAURICIO ALONSO TOLEDO
GUTIÉRREZ, PRESIDENTE.- DIP. JUAN RICARDO GARCÍA HERNÁNDEZ, SECRETARIO.-
DIP. ELVIRA MURILLO MENDOZA, SECRETARIA.- Firmas.

b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II, inciso b),
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal, y para su debida publicación y observancia, expido el presente
Decreto Promulgatorio, en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la
Ciudad de México a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil siete. EL JEFE DE
SECRETARIO DE GOBIERNO.- JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA.



DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Y SE ADICIONA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la denominación y el contenido del capítulo VI del Título
Quinto; se reforman las fracciones I y II del artículo 175; el primer párrafo del artículo 177; se
adiciona un segundo párrafo al artículo 181, se adicionan un artículo 181 bis, 181 ter y 181 quáter;
se adiciona un capítulo VII para recorrer las disposiciones contenidas en el capítulo VI, todos del
Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en al Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la

Oficial de Distrito Federal.

junio del año dos mil siete. POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. MAURICIO ALONSO TOLEDO
GUTIÉRREZ, PRESIDENTE.- DIP. JUAN RICARDO GARCÍA HERNÁNDEZ, SECRETARIO.-
DIP. ELVIRA MURILLO MENDOZA, SECRETARIA.- Firmas.

en la Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil siete.- EL
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.-
FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA EL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA
EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 21 DE DICIEMBRE DE 2007.
Artículo Tercero.- Se reforman los artículos 293 y 299 del Código Penal para el Distrito Federal,
para quedar como sigue:

TRANSITORIOS
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación
para su mayor difusión.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta



noviembre del año dos mil siete. POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. RAÚL ALEJANDRO
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE.- DIP. SERGIO MIGUEL CEDILLO FERNÁNDEZ,
SECRETARIO.- DIP. MIGUEL ÁNGEL ERRASTI ARANGO, SECRETARIO.- Firmas.

b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II del
en la Ciudad de México a los siete días del mes de diciembre del año dos mil siete.- EL JEFE DE

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA LA LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO
EL 07 DE ENERO DE 2008.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan un párrafo segundo y tercero al artículo 127, el artículo 143
bis y el artículo 158 bis al Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como siguen:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de la presente Decreto, se derogan las demás
disposiciones que contravengan al mismo.

TERCERO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá 90 días naturales para emitir el
Reglamento y los Lineamientos conducentes para la aplicación de la presente ley.

CUARTO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberá realizar a más tardar en 90 días
naturales las adecuaciones correspondientes al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del
Distrito Federal, para proveer en la esfera administrativa lo relativo a la creación de la Coordinación
Especializada en materia de Voluntad Anticipada.

QUINTO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberá suscribir el convenio de colaboración
correspondiente con el Colegio de Notarios a efecto de garantizar el cumplimiento de las
disposiciones de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal y asegurar el menor costo
posible de los honorarios correspondientes al Documento contenido en ella, así como la inclusión
de la suscripción del mismo en las Jornadas Notariales.

SEXTO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá establecer en el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2008, los recursos presupuestales correspondientes y suficientes
para la operación y difusión de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal.

SÉPTIMO.- Una vez que el Centro Local de Trasplantes inicie sus operaciones, la Coordinación
Especializada en materia de Voluntad Anticipada, continuará con la realización y ejecución de las
disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, en materia de



Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, y fungirá como coadyuvante de éste en los términos
de dicha Ley y las disposiciones vigentes en materia de salud.

OCTAVO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberá suscribir los convenios de coordinación
de acciones correspondientes con la Secretaría de Salud Federal, El Centro Nacional de
Trasplantes y los Centros Estatales de Trasplantes, a efecto de garantizar el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, en materia de
Trasplantes y Donación de Órganos y Tejidos, con base en lo dispuesto por la Ley General de
Salud en lo conducente y aplicable.

NOVENO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación para su mayor
difusión.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los cuatro días del mes de
diciembre del año dos mil siete.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. KENIA LÓPEZ RABADÁN,
PRESIDENTA.- DIP. MARÍA ELBA GÁRFIAS MALDONADO, SECRETARIA.- DIP. ALFREDO
VINALAY MORA, SECRETARIO.- (Firmas)

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso
b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su debida publicación y observancia expido el
en la Ciudad de México, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil siete.- EL
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.-
FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE SALUD, MANUEL MONDRAGÓN Y KALB.- FIRMA.

FEDERAL EL 08 DE ENERO DE 2008.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 231, 236 y 254 del código Penal para el Distrito

TRANSITORIOS
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los trece días del mes de
diciembre del año dos mil siete. POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. KENIA LÓPEZ RABADÁN,
PRESIDENTA.- DIP. MARÍA ELBA GÁRFIAS MALDONADO, SECRETARIA.- DIP. ALFREDO
VINALAY MORA, SECRETARIO.- Firmas.

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para su debida publicación y observancia, expido el
presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
en la Ciudad de México, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil siete. EL JEFE DE



SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ..- FIRMA.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN EL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; LA LEY DE CULTURA
CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL; EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL; EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO
FEDERAL; LA LEY DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO DEL DISTRITO FEDERAL
Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
FEDERAL EL 13 DE MARZO DE 2008.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 240 y se reforma el artículo 242
del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día primero de julio del año dos mil ocho.

SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, autorizará a la Administración Pública
del Distrito Federal, los recursos materiales y financieros necesarios para que la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, dé cumplimiento al contenido de este Decreto.

TERCERO.- Las personas que hayan sufrido únicamente daños causados culposamente con
motivo del tránsito de vehículos antes de la entrada en vigor de este Decreto y de los que no se
haya presentado querella ante la autoridad ministerial, podrán, en caso que así lo deseen,
demandar su pago ante del Juez de Paz Civil competente, de acuerdo al nuevo procedimiento
previsto en el presente Decreto y dentro del plazo de un año contado a partir que ocurrieron los
hechos.

CUARTO.- Las averiguaciones previas que se encuentren en integración a la entrada en vigor del
presente Decreto y los procedimientos penales donde aún no se haya dictado el auto de sujeción a
proceso, iniciados únicamente por el delito de daño a la propiedad culposo por el tránsito de
vehículos, deberán ser remitidos al Juez Cívico competente por razón de territorio, para que los
agraviados que así lo soliciten puedan ser auxiliados por la Defensoría de Oficio en la presentación
de la demanda correspondiente.

Cuando los agraviados no requieran el apoyo de los defensores de oficio, previa solicitud, se les
entregará copia certificada de lo actuado para que hagan valer sus intereses en el momento y en la
instancia que consideren conveniente, dentro del plazo de un año.

Las obligaciones para los involucrados en los hechos de tránsito por la devolución en depósito de
los vehículos, a que se refiere el artículo 100 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal, subsisten para quienes los hayan recibido antes de la entrada en vigor del presente
Decreto, a favor de los Jueces Cívicos y de Paz Civil que sigan conociendo de esos hechos.

QUINTO.- Los procesos penales, donde el auto de sujeción a proceso se haya emitido únicamente
por el delito de daño a la propiedad culposo con motivo del tránsito de vehículos, deberán ser
enviados al Juez de Paz Civil competente por territorio.



El Juez de Paz Civil notificará personalmente a la parte agraviada para que dentro del término de
cinco días formule la demanda de pago de daños culposos causados con motivo del tránsito de
vehículos y una vez que la reciba, dictará el acuerdo y continuará el proceso como lo señala el
presente Decreto. La Defensoría de Oficio brindará la asistencia legal para todos los agraviados
que así se lo soliciten.

SEXTO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberá emitir los ordenamientos administrativos
necesarios para instrumentar el presente Decreto, para que entren en vigor el mismo día que este
instrumento.

SÉPTIMO.- El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal deberá realizar las adecuaciones
administrativas y laborales para que se cumpla el procedimiento seguido ante los Jueces de Paz
Civil que señala este Decreto en los términos y plazos allí señalados y entren en vigor el mismo día
que este instrumento.”

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de
febrero del año dos mil ocho.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. JORGE FEDERICO
SCHIAFFINO ISUNZA, PRESIDENTE.- DIP. DANIEL SALAZAR NUÑEZ, SECRETARIO.- DIP.
MARGARITA MARÍA MARTÍNEZ FISHER, SECRETARIA.- (Firmas)

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, fracción II,
inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II, del
en la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil ocho.- EL JEFE DE

DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRTITO
ÚNICO.- Se adiciona la fracción VIII del artículo 138 del Código Penal para el Distrito Federal, para
quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la


Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veinte días del mes de agosto
del año dos mil nueve.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. ISAÍAS VILLA GONZÁLEZ,
PRESIDENTE.- DIP. AVELINO MÉNDEZ RANGEL, SECRETARIO.- DIP. ELVIRA MURILLO
MENDOZA, SECRETARIA.- FIRMAS.




en la Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil nueve.- EL JEFE
DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- FIRMA.-
EL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSE ÁNGEL ÁVILA PEREZ.- FIRMA.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 163 BIS DEL CÓDIGO
DEL DISTRTITO FEDERAL EL 19 DE ENERO DE 2010.
ÚNICO.- Se reforma el artículo 163 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar
como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil nueve.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. LIZBETH EUGENIA
ROSAS MONTERO, PRESIDENTA.- DIP. MARÍA DE LOURDES AMAYA REYES,
SECRETARIA.- DIP. RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, SECRETARIO

en la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil diez.- EL JEFE DE

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL
OFICIAL DEL DISTRTITO FEDERAL EL 19 DE JULIO DE 2010.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el Capítulo III en el Título Décimo Segundo del Código Penal para el
Distrito Federal, para quedar en los siguientes términos:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

SEGUNDO.- Publíquese el presente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial
de la Federación para su mayor difusión.

junio del año dos mil diez.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. AXEL VÁZQUEZ BURGETTE,



PRESIDENTA.- DIP. MA. NATIVIDAD PATRICIA RAZO VÁZQUEZ, SECRETARIA.- DIP. JOSÉ
MANUEL RENDÓN OBERHAUSER, SECRETARIO.- FIRMAS.

en la Ciudad de México, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil diez.- EL JEFE DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRTITO FEDERAL EL 19 DE JULIO DE
2010.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 254 del Código Penal para el Distrito Federal, para
quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguiente a su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federa.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la

MANUEL RENDÓN OBERHAUSER, SECRETARIO.- FIRMAS


DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
OFICIAL DEL DISTRTITO FEDERAL EL 19 DE JULIO DE 2010.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 187 y 188 del Código Penal para el Distrito Federal,



TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal. Segundo.- Publíquese para su mayor difusión en el Diario Oficial de la
Federación.



DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRTITO FEDERAL EL 19 DE
JULIO DE 2010.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 173 del Código Penal para el Distrito Federal, y se
adicionan dos párrafos al mismo numeral, para quedar como sigue:

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

SEGUNDO.- Publíquese el presente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial

MANUEL RENDÓN OBERHAUSER, SECRETARIO.- FIRMAS




DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRTITO FEDERAL EL 19 DE
JULIO DE 2010.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 54, 55 y 250 del Código Penal para el Distrito

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federa.



SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA..

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI, AL ARTÍCULO 108
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRTITO FEDERAL EL 22 DE JULIO DE 2010.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción VI, al artículo 108 del Código Penal para el Distrito

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

Segundo.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el




en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de julio del año dos mil diez.- EL JEFE DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 188 BIS DEL CÓDIGO
DEL DISTRTITO FEDERAL EL 20 DE ENERO DE 2011.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 188 Bis, del Código Penal para el Distrito Federal, para
quedar de la siguiente manera:

TRANSITORIOS
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial

Segundo.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal y en el Diario Oficial

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los catorce días del mes de
diciembre del año dos mil diez.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. KAREN QUIROGA
ANGUIANO, PRESIDENTA.- DIP. JUAN JOSÉ LARIOS MÉNDEZ, SECRETARIO.- DIP. JUAN
CARLOS ZÁRRAGA SARMIENTO, SECRETARIO.- FIRMAS.

en la Ciudad de México, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil once.- EL JEFE DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE
LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE FEBRERO DE 2011.
Artículo Primero.- Se deroga la fracción I del artículo 130 del Código Penal para el Distrito

TRANSITORIOS
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y su para mayor difusión en el Diario



Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales posteriores a su
publicación.

Tercero.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, contará con noventa días naturales, a partir de
la publicación del presente decreto, para realizar las adecuaciones necesarias al Reglamento de la
Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veinte días del mes de diciembre del
año dos mil diez.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. KAREN QUIROGA ANGUIANO,
PRESIDENTA.- DIP. JUAN JOSÉ LARIOS MÉNDEZ, SECRETARIO.- DIP. JUAN CARLOS
ZÁRRAGA SARMIENTO, SECRETARIO.- FIRMAS.

en la Ciudad de México, a los quince días del mes de febrero del año dos mil once.- EL JEFE DE
SEGURIDAD PÚBLICA, MANUEL MONDRAGÓN Y KALB.- FIRMA.

MARZO DE 2011.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman: la fracción I del artículo 45; el primer párrafo del artículo 61; la
fracción VII del artículo 72; el primer párrafo del artículo 86; la fracción IV del artículo 90; el primer
párrafo del artículo 131; el artículo 136; la fracción VI del artículo 138; la denominación del TÍTULO
SEGUNDO del Libro Segundo; el artículo 150; el artículo 151; el artículo 156; el artículo 157; la
fracción III del artículo 178; el artículo 179; la denominación del Capítulo VI del TITULO QUINTO
del Libro Segundo; el tercer párrafo del artículo 181 bis; la denominación del TÍTULO OCTAVO del
Libro Segundo; el artículo 200; el artículo 201, y la fracción I del artículo 270; y se adicionan las
fracciones V y VI al artículo 31; un párrafo a la fracción I del artículo 45, denominación del capítulo
XIV del TÍTULO TERCERO; el artículo 69 bis del Capítulo XIV; un inciso e) a la fracción I del
artículo 138; el artículo 151 Bis y 151 Ter; el artículo 157 Bis; un último párrafo al artículo 173; un
último párrafo al artículo 174; las fracciones VII y VIII al artículo 178; un segundo párrafo al artículo
187; el artículo 200 bis, y la fracción III al artículo 269, del Código Penal para el Distrito Federal,

TRANSITORIOS
PRIMERO. Túrnese el presente Decreto al Jefe de Gobierno para efectos de su promulgación y
publicación.

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y para su mayor difusión, en el

TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de publicación.



Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de febrero
del año dos mil once.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. JOSÉ MANUEL RENDÓN
OBERHAUSER, PRESIDENTE.- DIP. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, SECRETARIO.- DIP.
JORGE PALACIOS ARROYO, SECRETARIO.- FIRMAS.

en la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil once.- EL JEFE DE

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 233 BIS AL CÓDIGO
DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE JUNIO DE 2011.
PRIMERO.- Se adiciona el artículo 233 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, para quedar
como sigue.

TRANSITORIOS
Primero: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta

Segundo: Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de abril del
año dos mil once.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. ROCÍO BARRERA BADILLO,
PRESIDENTA.- DIP. CLAUDIA ELENA ÁGUILA TORRES, SECRETARIA.- DIP. JUAN CARLOS

en la Ciudad de México, a los catorce días del mes de junio del año dos mil once.- EL JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- FIRMA.-EL

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO Y SE REFORMA EL
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
FEDERAL EL 24 DE JUNIO DE 2011
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el párrafo tercero, recorriéndose en su orden los actuales y se
reforma el último párrafo del artículo 200 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar
como sigue:



TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

PRESIDENTA.- DIP. CLAUDIA ELENA ÁGUILA TORRES, SECRETARIA.- DIP. JUAN CARLOS
ZÁRRAGA SARMIENTO, SECRETARIO.- FIRMA.

en la Ciudad de México, a los veintitres días del mes de junio del año dos mil once.- EL JEFE DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
JUNIO DE 2011
PRIMERO.- Se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal,

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor treinta días naturales después de su publicación
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

TERCERO.- Una vez entrado en vigor las presentes reformas háganse las modificaciones
necesarias a los reglamentos de las leyes en que se llevan a cabo las referidas reformas y
adiciones.

CUARTO.- El Gobierno del Distrito Federal y los gobiernos delegacionales, llevarán a cabo una
campaña de difusión intensa tanto en los medios publicitarios gratuitos a su disposición como en
los medios impresos y electrónicos, para dar a conocer a la población el contenido del artículo 344
del Código Penal. Esta campaña dará comienzo al día siguiente de la publicación del presente
Decreto.

PRESIDENTA.- DIP. CLAUDIA ELENA ÁGUILA TORRES.- SECRETARIA.- DIP. JUAN CARLOS




en la Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil once.- EL JEFE DE

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
JULIO DE 2011
ARTÍCULO SEGUNDO: Se adiciona la fracción IV Bis al artículo 259; se reforma el tercer párrafo
del artículo 259; y se adiciona un tercer párrafo al artículo 267 del Código Penal para el Distrito

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Federación, para su mayor difusión.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los once días del mes de mayo del año
dos mil once.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. NORBERTO ASCENCIO SOLIS CRUZ,
PRESIDENTE, DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, SECRETARIO.- DIP. JUAN
CARLOS ZÁRRAGA SARMIENTO, SECRETARIO.- (Firmas)

en la Ciudad de México, a los seis días del mes de julio del año dos mil once.- EL JEFE DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, FELIPE LEAL FERNÁNDEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA
DE DESARROLLO ECONÓMICO, LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA.- FIRMA.- LA SECRETARIA
DEL MEDIO AMBIENTE, MARTHA DELGADO PERALTA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE
OBRAS Y SERVICIOS, FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE
DESARROLLO SOCIAL, MARTÍ BATRES GUADARRAMA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE
SALUD, JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS,
ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD,
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA, MANUEL MONDRAGÓN Y KALB.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TURISMO,
ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE CULTURA, ELENA
CEPEDA DE LEÓN.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL, ELÍAS MIGUEL
MORENO BRIZUELA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO,
BENITO MIRÓN LINCE.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, MARIO M. DELGADO
CARRILLO.- FIRMA.- LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS
COMUNIDADES, MARÍA ROSAMÁRQUEZ CABRERA.- FIRMA.



JULIO DE 2011.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la denominación del TITULO PRIMERO DEL LIBRO
SEGUNDO, se adiciona el CAPÍTULO VI intitulado FEMINICIDIO y el artículo 148 Bis al Código
Penal del Distrito Federal, para quedar en los siguientes términos:

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo.-.Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el
Diario Oficial de la Federación

Tercero.- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán de elaborar el protocolo de
investigación pericial, ministerial y policial del delito de feminicidio; la elaboración y publicación de
dicho protocolo deberá realizarse en un plazo no mayor a noventa días naturales.

En la elaboración del protocolo deberá considerarse los estándares internacionales en la materia
con perspectiva de Género.

Cuarto.- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán capacitar continuamente al
personal encargado de implementar los protocolos de investigación pericial, ministerial y policial del
delito de feminicidio.

Quinto.- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal deberá en un plazo no mayor a
seis meses poner en funcionamiento los registros a los que hace referencia el articulo 105 Ter del
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, así como el Banco de Datos de
Información Genética que establece el mismo precepto.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de junio del
año dos mil once.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES,
PRESIDENTE.- DIP. ARMANDO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO.- DIP. JORGE
PALACIOS ARROYO, SECRETARIO.- FIRMA.

en la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil once.- EL JEFE DE
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMAS.



DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE
REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 18 DE AGOSTO DE
2011.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo cuarto al artículo
193 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

TRANSITORIOS
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes de su publicación.

Tercero.- Se concede un plazo de noventa días, a partir de la entrada en vigor del presente
decreto, para que se realicen las adecuaciones necesarias al Reglamento del Registro Civil.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de junio del
año dos mil once.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES,
PRESIDENTE.- DIP. ARMANDO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO.- DIP. JORGE
PALACIOS ARROYO, SECRETARIO.- FIRMAS.

en la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil once.- EL JEFE DE
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

PUBLICACION: 16 DE JULIO DE 2002

REFORMAS: 52

Reformas aparecidas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en: 3-X-2002; 22-IV-2003;
15-V-2003; 13-I-2004, 27-I-2004, 29-I-2004, 04-VI-04, 06-IX-2004, 13-IX-2004, 15-IX-2004, 15-IX-
2004, 06-X-2004, 20-XII-2004, 17-I-2005, 13-V-2005, 22-VII-2005, 22-VII-2005, 22-VII-2005, 25-I-
2006, 01-II-2006, 24-II-2006, 19-V-2006, 09-VI-2006, 09-VI-2006, 09-VI-2006, 17-I-2007, 02-II-
2007, 26-IV-2007, 17-V-2007, 16-VIII-2007, 26-IX-2007, 21-XII-2007, 07-I-2008, 08-I-2008 , 13-III-
2008, 10-IX-2009, 19-I-2010, 19-VII-2010, 19-VII-2010, 19-VII-2010, 19-VII-2010, 19-VII-2010, 22-
VII-2010, 20-I-2011, 16-II-2011, 18-III-2011, 15-VI-2011, 24-VI-2011, 27-VI-2011, 08-VII-2011, 26-
VII-2011 y 18-VIII-2011.


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