El documento habla sobre el comercio B2G (entre empresas y gobierno) y B2E (entre empresas y empleados), y sobre una propuesta de ley de comercio electrónico en Ecuador. La ley permitiría que los contratos electrónicos sean válidos, que las firmas digitales tengan la misma validez que las firmas escritas, y que se establezca la validez de documentos electrónicos. También modificaría el código penal para incluir delitos informáticos.