Contenido 8.derecho constitucional

LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DEL PERÚ
VÍCTOR GARCÍA TOMA
Dicha acepción alude al órgano o conjunto de órganos estaduales
encargados de administrar justicia vinculante, en materia constitucional.
La jurisdicción constitucional es aquella parte de nuestra disciplina que,
teniendo como presupuestos la supremacía jerárquica de la Constitución sobre
cualquier otra norma del sistema jurídico y la necesidad de someter el ejercicio
de la fuerza estatal a la racionalidad del derecho, se ocupa de garantizar el
pleno respeto de los principios, valores y normas establecidas en el texto
fundamental.
Dentro de la jurisdicción constitucional es donde se ejerce la actividad del
control constitucional. Por ende, viabiliza la utilización del conjunto de procesos
que permiten asegurar la plena vigencia y respeto del orden constitucional, al
cual se encuentra sometido toda la normatividad que emane de los poderes
constituidos y la conducta funcional de sus apoderados políticos.
Dicha tutela –como advierte Pablo Lucas Murillo de la Cueva(1)
–
necesariamente revierte en la protección de los derechos fundamentales de la
persona; más aún –como afirma el propio Murillo–, tal actividad contralora
implica la culminación del Estado de Derecho, en la medida que constituye la
máxima expresión del proceso de justificación y racionalización de la vida
política.
Como señala Karl Loewenstein(2)
:
“La historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda, por el hombre
político, de las limitaciones del poder absoluto ejercido por los detentadores del
poder, así como el esfuerzo por establecer una justificación espiritual, moral o
ética de la autoridad, en lugar del sometimiento ciego a [...] la autoridad
existente”.
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1. LOS ALCANCES DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
La jurisdicción constitucional solo cobra sentido plenario en el seno del
Estado de Derecho, ya que este último tiene como objetivos verificar la
consagración de la seguridad jurídica en la relación entre gobernantes y
gobernados; el eliminar cualquier rastro de arbitrariedad en el funcionamiento
del Estado; el asegurar el sometimiento de este al derecho; y el velar por la
afirmación de los derechos de la persona.
La jurisdicción constitucional defiende y preserva la constitucionalidad,
entendida esta como el vínculo de armonía y concordancia plena entre la
Constitución y las demás normas que conforman el sistema jurídico que esta
diseña(3)
. Al respecto, Víctor Ortecho Villena(4)
señala que “la constitucionalidad
como expresión jurídica, política y social es la expresión de la supremacía de la
Constitución”.
En ese aspecto, la jurisdicción constitucional supone la imagen de un
“guardián de la constitucionalidad”.
El control que se ofrece dentro de la jurisdicción constitucional implica
asegurar la regularidad del ordenamiento jurídico, así como la tarea paulatina
de su integración mediante la interpretación dinámica de la Constitución; en
este último rubro expresa la actividad de intérprete sumo de la
constitucionalidad.
Esta labor interpretativa-integrativa de la constitucionalidad es vinculante
para todos los poderes públicos y expone una acción creadora de efectos
genéricos. Como bien señala Luis Sánchez Agesta(5)
, la jurisdicción
constitucional “representa la eficacia práctica frente a la inmutabilidad y la
adaptación frente a la cristalización de una ley falsamente divinizada”.
Entre los fundamentos sobre los cuales se erige la noción de jurisdicción
constitucional, tenemos los cuatro siguientes:
a) La Constitución es un corpus normativo que enuncia normas,
principios y valores que la elevan a la condición de centro del
ordenamiento jurídico-político-social de una colectividad y por
donde transitan todos los aspectos centrales del derecho
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nacional. En ese contexto, como afirma Luis Carlos Sáchica(6)
, las
normas constitucionales no derivan ni son consecuencia del
desarrollo de otros preceptos superiores que pudieran orientar y/o
condicionar su aplicación, sino que se trata de un conjunto de
“normas de normas”.
La existencia de las normas constitucionales tiene una relación
inmediata y directa con los hechos políticos, históricos y
culturales determinantes de su tendencia, contenido y finalidades
de su modo de ser preceptivo(7)
, hechos que son condicionantes
a su vez de todo el orden normativo nacional.
Walter F. Carnota(8)
señala que la Constitución es el referente de
vida de todas las demás normas positivas; por ende “no es un
mero catálogo de ilusiones (wish list) en donde se apilan y
amontonan las aspiraciones sociales, sino que es fuente de
legalidad; cuyos preceptos obligan de manera imperativa”.
Al colocarse a la Constitución en la cúspide o cima del
ordenamiento jurídico se requiere y exige que las demás normas
del sistema le deban fidelidad y acatamiento; de allí que estas
últimas tengan que ser redactadas y aprobadas de manera
consistente, congruente y compatible con sus sentidos y alcances
axiológicos, teleológicos, basilares y preceptivos.
b) La Constitución tiene efectos vinculantes erga omnes, ya que es
de acatamiento obligatorio tanto por los gobernantes como por los
gobernados.
c) La Constitución contiene –a través de los principios, valores y
normas que declara– un proyecto de vida comunitaria que se
debe asegurar en su proclamación y goce, teniendo los derechos
fundamentales de la persona, en ese contexto, particular
importancia.
d) La relación entre gobernantes y gobernados y todo el
funcionamiento de la organización estatal se rige por la
Constitución. Esto es, la sociedad política “vive” bajo una
Constitución; empero no debe olvidarse que la Constitución es
aquello que sus intérpretes oficiales dicen que es.
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Alrededor de la jurisdicción constitucional se entrelazan los sistemas o
modelos encargados de la tarea de la salvaguarda de la constitucionalidad, y
los procesos a través de los cuales se vela por la vigencia plena de los
derechos fundamentales de la persona.
La existencia de la jurisdicción constitucional se justifica en razón de la
necesidad de revisar la inquietante y creciente “voracidad” legislativa de los
órganos estatales; por la necesidad de asegurar la vigorosa defensa de los
derechos fundamentales como valladar frente al abuso y la arbitrariedad
estatal; y por la necesidad de integrar las lagunas constitucionales.
1.1. Los presupuestos jurídicos de la jurisdicción constitucional
Desde nuestro punto de vista los elementos esenciales para el
establecimiento de la denominada jurisdicción constitucional serían los tres
siguientes:
a) La existencia de una Constitución morfológicamente rígida
Las constituciones rígidas son aquellas que formalmente solo pueden ser
modificadas mediante un procedimiento especial de reforma. En ese sentido,
como bien afirma James Bryce(9)
la nota caracterizadora de un texto de esta
denominación radica “en su superioridad sobre los estatutos ordinarios”.
En ese contexto, Néstor Pedro Sagüés(10)
expone que la rigidez es la
expresión denotadora para percibir a la Constitución como una superley.
b) La existencia de un órgano de control de la constitucionalidad dotado
de competencias resolutivas
Los órganos encargados de la defensa y control de la constitucionalidad
deben encontrarse dotados de competencias que les permitan separar, anular
o inaplicar la normatividad infraconstitucional contraria a los principios, valores
y normas de la Constitución. Por consiguiente, no basta la mera indicación,
sugestión, opinión o advertencia; se requiere contar con el atributo de la
vinculación obligatoria e inapelable de sus decisiones.
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c) La existencia de un conjunto de procesos y procedimientos que
permitan orientar las demandas o solicitudes relativas a la defensa del control
de la constitucionalidad; los mismos que deben concluir con resoluciones o
sentencias en donde se utilicen las técnicas propias del derecho
En ese sentido, se deben determinar los tipos de acciones, reglas de
organización judicial, marco competencial, trámite de los procesos y ejecución
de las decisiones relativas al órgano contralor. Asimismo, deben precisarse los
instrumentos procesales que permitan realizar a plenitud dicha tarea.
Las decisiones que se adopten deben responder al conjunto de rubros
vinculados con el quehacer jurídico (léxico, forma de razonamiento, tipo de
interpretación, aplicación e integración normativa, etc.).
1.2. La naturaleza de la jurisdicción constitucional
Los órganos encargados del control de la constitucionalidad tienen una
naturaleza funcional binaria; vale decir, constan de dos elementos: el jurídico y
el político.
El primer elemento es jurídico en la medida en que dirimen conflictos y
controversias vinculadas con las conductas institucionales sujetas a un orden
coactivo, mediante decisiones que adquieren la autoridad de cosa juzgada y
que son factibles de ejecución.
El segundo elemento es político en la medida que ejercitan dos de las
funciones de gobierno: la contralora y la gubernativa.
Así, mediante la función contralora devienen como bien plantea Alfonso
Santiago (h)(11)
en una suerte de “contrapoder” en tanto cautelan que las
actividades legislativas y las conductas de direccionalidad política sean
compatibles y armoniosas con la Constitución; la que como tal deviene
simultáneamente en el proyecto de vida comunitaria pactado por el pueblo, en
el estatuto de poder de las relaciones entre gobernantes y gobernados, en la
póliza de salvaguardarla de los derechos fundamentales de la persona y en la
base y fundamento del orden político-jurídico.
Al respecto, Eduardo Ojeriza(12)
señala que “la atribución de declarar la
inconstitucionalidad del accionar de los poderes determina que [...] participen
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en el terreno de la política de Estado al constituirse en la pieza de control más
importante del sistema constitucional”.
Igualmente, ejecutan incidentalmente una función gubernativa en la
medida que algunas de sus decisiones determinan el trazado de especificas
políticas globales e incentivan la ejecución de acciones concretas destinadas a
su verificación en la praxis política.
El elemento político aparece nítidamente en lo que Alfonso Santiago (h)
denomina fallos institucionales.
En ese sentido, dichos fallos expresan decisiones trascendentes y
relevantes para el cuerpo político, y en donde lo que se determina excede con
largueza el mero interés de las partes y que, por ende, se proyecta no solo
hacia el presente inmediato, sino que se extiende hacia el futuro comprometido
de todos los integrantes de la colectividad.
Los órganos encargados del control de la constitucionalidad mediante los
fallos institucionales ejercitan un poder político, en razón a que participan
decisivamente en la conducción general de la marcha del Estado, ya que en los
hechos delinean, esbozan, e indican el rumbo de las políticas generales y hasta
orientan a la adopción de medidas políticas, sociales o económicas concretas
en un espacio y un tiempo determinado.
Manuel Medina Guerrero(13)
expone que “desde el momento en que el
Tribunal Constitucional está llamado a garantizar la efectiva vinculación a la
Constitución de todos los poderes públicos […] consiguientemente a de
pronunciarse sobre la actuación del Parlamento y el Gobierno, se hace
evidente, que a menudo, presenten una notable carga política las controversias
que se le plantean, y que, paralelamente, sus decisiones puedan […] tener
repercusiones de tal índole”.
Emilio Fernández Vásquez(14)
señala que la función gubernativa no solo
comprende la manifestación de actos políticos, sino que se expresa también en
la ejecución directa de una norma constitucional para la seguridad y el orden
del Estado. Expone que se trata de “una actividad de orden superior referida a
la dirección suprema y general del Estado, dirigida a determinar los fines de la
acción del Estado, a señalar las directivas para las otras actividades de orden
diverso y a coordinar el ejercicio de otras funciones, buscando la unidad de
orientación que corresponde a la fundamental unidad de la soberanía estatal”.
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La función política de los órganos encargados del control de la
constitucionalidad queda patentizada, en su esfuerzo para preservar el orden
constitucional y los derechos y las libertades ciudadanas. En ese contexto
opera como un poder moderador y corrector de los excesos o incurias
funcionales de los poderes constituidos.
Es evidente que tras la actuación de los órganos encargados de la
jurisdicción constitucional en pro del afianzamiento de los mandatos, valores y
principios constitucionales, estos por sí mismos despliegan una función política
al “encauzarse” la forma y modo de actuación de los poderes públicos y la
conciencia ciudadana.
En ese contexto aparecen la potestatum correctionen y la potestatum
moderaru que se dirigen de un lado a corregir, enmendar y rectificar lo
defectuoso derivado de la acción política de los poderes constituidos y también
a moderar, reducir o hacer que estos actúen en su justa medida establecida por
la Constitución.
El elemento político surge en las cinco circunstancias siguientes:
- Al declararse fundada una acción de inconstitucionalidad se abroga
una ley o una norma con rango de ley, por consiguiente, los
magistrados constitucionales aparecen como legisladores
negativos.
Alfonso Santiago (h)(15)
señala que los órganos de control de la
constitucionalidad “ejercen poder político ya que hacen prevalecer
su decisión sobre lo dispuesto por el Poder Ejecutivo o Legislativo”
[...] Asimismo, declara que la imposición “frente a los otros
detentadores del poder, es en realidad una decisión política”.
El propio Karl Loewenstein(16)
expresa que cuando los órganos de
control jurisdiccional ejercen dicha actividad “dejan de ser meros
órganos encargados de ejecutar la decisión política y se convierten
por propio derecho en detentadores de un poder semejante, cuando
no superior, a los de otros detentadores del poder instituido”.
- Al declararse fundada una acción de inconstitucionalidad por ocio
legislativo, por consiguiente, puede ordenarse –entre otras
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opciones– la expedición inmediata de una ley reglamentaria de la
Constitución.
- Al plantearse un caso de conflicto de competencia, se resuelve la
discrepancia de orden competencial entre dos órganos u
organismos constitucionales, a efectos que se determine la
titularidad de las mismas, así como se anulen las disposiciones,
resoluciones u actos viciados de incompetencia.
En consecuencia, el pronunciamiento sobre la titularidad de una
competencia y la carencia de legitimidad de una determinada
decisión emitida con vicio de poder de actuación de por medio,
rebasa lo meramente jurídico y alcanza los fueros de una función
política.
- Al emitirse una sentencia interpretativa manipulativa, una ley
impugnada de inconstitucionalidad “sale” del proceso constitucional
con un alcance y un contenido normativo diferente al que
originalmente la había asignado el órgano legisfererente; por ende,
los magistrados constitucionales ejercitan una actividad
paralegislativa.
- Al resolverse una controversia o conflicto de naturaleza
constitucional, la decisión surge luego de una predeterminación de
las consecuencias políticas, sociales y económicas que estas
ocasionan sobre la actividad del Estado y sobre la vida cotidiana de
los ciudadanos.
Es incuestionable que el fenómeno de lo político no solo se presenta en el
ámbito de la decisión sino que abarca el referido a la reflexión. Así Otto
Bachof(17)
señala:
“Considero indudable también, según mi propia experiencia como juez
constitucional, que las reglas constitucionales no pueden ser interpretadas en
muchos casos sin recurrir a valoraciones políticas [...]. El juez constitucional
aplica ciertamente derecho. Pero la aplicación de este derecho implica
necesariamente valoraciones políticas a cargo del juez [...]”.
En efecto, la interpretación constitucional tiene la responsabilidad de
afirmar los principios y valores contenidos en la Constitución; vale decir,
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contribuye decididamente en asentar la ideología, la doctrina y el programa
político inserto en dicho texto.
La función política de los órganos encargados del control de la
constitucionalidad se liga con los orígenes mismos de la institucionalización de
la jurisdicción constitucional.
Al respecto, Alberto Spota(18)
señala que la Constitución de los Estados
Unidos (1787) estableció mediante los artículos III y VI, la concepción de un
Poder Judicial (órgano encargado del control de la constitucionalidad) como
poder administrador de justicia y simultáneamente como un ente con funciones
políticas.
En ese contexto, Alberto Spota señala que “lo esencial es que lo judicial
no solo es capacidad para administrar justicia, sino fundamentalmente poder
político para compeler al cumplimiento de la distribución de competencias entre
el Estado federal y los Estados miembros”.
Dicha concepción apareció en el contexto de la fallida experiencia
confederacional (1776-1787) en donde los estados miembros atentaron contra
la unidad del conjunto, como consecuencia de los conflictos de competencia
entre el órgano confederal y el derecho de nulificación de los cuerpos políticos
miembros. Es por ello que surgió la necesidad de arbitrar dicha problemática
política.
A través de esta función política asignada al Poder Judicial se proyectaba
evitar la desintegración nacional, a consecuencia, de los conflictos de
determinación de competencias nacionales y locales.
Más aún, con la posterior aprobación de la Judiciary Act en 1789 se
estableció el mecanismo del recurso extraordinario, que no tuvo esencialmente
el objeto de dirimir un conflicto entre partes en pugna, sino fundamentalmente
obligar al respeto de la distribución de competencias entre la instancia federal y
las instancias locales, para así consolidar la identidad del Estado federal.
La singular naturaleza de los órganos encargados del control
constitucional se resume en las afirmaciones del presidente norteamericano
Theodore Roosevelt (p.1901-1908) cuando en 1902 señaló lo siguiente:
“Los jueces de la Suprema Corte del país, deben ser no solo grandes
jurisconsultos, sino deben ser también grandes y constructivos estadistas”.
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1.3. Los ámbitos de la jurisdicción constitucional
A nuestro criterio cabe distinguir los espacios de actuación de la
jurisdicción constitucional. Ellos serían los tres siguientes:
a) El ámbito o espacio orgánico en donde se cautela que la
actividad legislativa de los órganos con funciones legisferantes
sea armónica y coherente con la Constitución.
b) El ámbito o espacio personalista en donde se cautela que las
conductas funcionales o ciudadanas sean armónicas y
coherentes con la parte dogmática y principista de la
Constitución; vale decir, resguarda la libertad y demás derechos
fundamentales.
c) El ámbito o espacio competencial de los distintos órganos
estaduales, en donde se cautela que las tareas asignadas por la
Constitución a un órgano del cuerpo político no sean “invadidas”
por entes no legitimados o “abandonadas” por su legítimo titular.
1.4. Los objetivos de la jurisdicción constitucional
La jurisdicción constitucional se orienta a afirmar el principio de
“soberanía” constitucional, la racionalización del ejercicio del poder, la vigencia
plena de los derechos fundamentales de la persona y la acción interpretativa e
integradora de la Constitución.
Al respecto, veamos lo siguiente:
a) La afirmación del principio de “soberanía” constitucional
Alude a las cualidades o propiedades centrales de la Constitución en lo
relativo a su incontrastabilidad, incondicionalidad, irrenunciabilidad e imperio
sobre los poderes constituidos al interior del Estado.
En ese sentido es notorio que frente a los mandatos de la Constitución no
cabe oposición, resistencia u obstáculo que impida su verificación práctica; los
cuales no pueden ser objeto de transferencia, cesión o delegación por parte de
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los obligados ante ella; amén de superponerse en su juridicidad y valor político
sobre cualquier acto o norma emanada de los poderes constituidos (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial).
Es de verse que el orden jurídico y político del Estado, se encuentra
estructurado sobre la base del imperio de la Constitución que obliga simétrica y
homólogamente a gobernantes y gobernados.
En función a los alcances de la “soberanía” de la que la Constitución es
portadora, esta se impone dentro de una comunidad política en dos aspectos:
En el primero, la Constitución aparece en el ápice de la pirámide jurídica
de un Estado, constituyéndose, por lo tanto, en la fuente y fundamento de
todas las demás normas restantes imperantes dentro del Estado; no
admitiéndose formal o sustancialmente contradicción alguna.
En el segundo, la Constitución aparece en el ápice del orden político al
constituirse en la fuente de legitimación del poder político, ya que como bien
afirma José Rivera S.(19)
esta “tiene implícita toda una filosofía que sirve de
orientación no solo a los gobernantes sino también a los gobernados”.
La “soberanía” de la Constitución resulta del hecho que esta es la que
establece y organiza las competencias de los órganos dotados con poderes
políticos, por lo que es superior a las autoridades que se encuentran investidas
con las competencias de la naturaleza descrita.
Tras el principio de “soberanía” de la Constitución aparece que la
actuación de los órganos políticos y la conducta de los gobernantes y
gobernados debe necesariamente operar dentro del cauce constitucional.
En ese contexto, se acredita dicha “soberanía” por cuanto:
- Las normas dictadas por los órganos políticos que sean contrarias al
texto o el espíritu de la Constitución, serán consideradas nulas y
desprovistas de valor jurídico.
- Los actos realizados por los órganos políticos que sean contrarios al
texto o el espíritu de la Constitución, serán declarados nulos y sin
efecto legal alguno.
- Las delegaciones o comisiones de competencias privativas de los
órganos políticos, serán declaradas nulas y sin efecto legal alguno.
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- El incumplimiento de aquellas normas y disposiciones emanadas de
los órganos políticos que hubieren acreditado armonía y coherencia
con la Constitución, será objeto de sanción política, judicial o
administrativa, según sea el caso.
Es dable consignar que del principio de “soberanía” constitucional se
desprenden las reglas de supremacía jerárquica y de control de la
constitucionalidad.
La regla de supremacía jerárquica de la Constitución hace referencia a la
prelación de la Constitución sobre el resto de las normas del ordenamiento
jurídico del Estado.
Al respecto, cabe señalar que Hans Kelsen expuso en su obra
Introducción a la teoría pura del derecho (1934) que el ordenamiento jurídico de
una sociedad política deviene en un sistema de normas dispuestas
jerárquicamente entre sí; de modo tal, que, traducido a una imagen visual, se
asemeja a una pirámide formada por varios pisos superpuestos; postulando así
una prelación normativa con arreglo a la cual las normas se diversifican en una
pluralidad de categorías escalonadas según su rango jerárquico. Esta
estructuración jerárquica se basa en un escalonamiento sucesivo tanto en la
producción como en la aplicación de las normas jurídicas.
Tal como lo plantea la doctrina, en el ordenamiento constitucional de un
Estado debe acreditarse una actividad legisferante sujeta a la regularidad
constitucional; vale decir, debe existir una relación de correspondencia y
conformidad entre los grados inferiores y superiores de dicho ordenamiento.
Como afirma Francisco Fernández Segado(20)
la pirámide jurídica, “implica
la existencia de una diversidad de normas entre las que se establece una
jerarquización de conformidad con lo cual una norma situada en un rango
inferior no puede oponerse a otra de superior rango. Ello a su vez conlleva a
que el ordenamiento adopte una estructura jerarquizadora, en cuya cúspide
obviamente, se sitúa la Constitución”.
Charles Eisenman(21)
señala que “la Constitución constituye el grado
supremo o desde el punto de vista dinámico, [...] nada le es superior, porque no
hay nada que le sea lógicamente anterior”. Las normas constitucionales bien
sabemos, no están ni pueden estar limitadas.
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En ese orden de ideas las normas constitucionales poseen supremacía
jerárquica sobre cualesquiera otras del sistema, por lo que cuando estas se le
oponen formal o materialmente, se preferirá aplicar las primeras. Como anota
Manuel García Pelayo(22)
:
“Todo deriva de la Constitución y todo ha de legitimarse por su
concordancia directa, o indirecta con la Constitución”.
La regla de control de la constitucionalidad hace referencia a la existencia
de acciones procesales concretas destinadas a asegurar la vigencia plena de la
Constitución. En ese sentido, consigna la necesidad de la existencia de
mecanismos de resolución de los conflictos políticos, sociales o jurídicos que
se manifiestan ya sea como actos normativos propiamente dichos; como
relaciones intersubjetivas sujetas al derecho constitucional; o como
comportamientos político-jurídicos que constituyen amenazas de violación a la
Constitución.
b) La racionalización del ejercicio del poder
Con ello se busca organizar la sujeción del ejercicio del poder público al
control del derecho, así como armonizarlo con los fines y valores que este
busca alcanzar en el plano de la sociedad.
Como bien afirmara James Madison(23)
:
“Si los hombres fueran ángeles; no sería necesario el gobierno. Si
ángeles fueran a gobernar a los hombres no sería necesario ningún control
interno o externo sobre el gobierno. En la organización de un gobierno
administrado por hombres sobre otros hombres […] lo primero que se debe
hacer es permitir al gobierno que controle a los gobernados; y luego obligarlo a
controlarse así mismo”.
Es por ello que se crea un conjunto de órganos y mecanismos procesales
vinculados con la tarea de examinar integralmente la constitucionalidad de las
normas que se dictan en el seno de una colectividad política, y que además
permiten resolver los conflictos de competencia que pudieran presentarse entre
los órganos con poder estatal y los demás organismos constitucionales.
c) La vigencia plena de los derechos fundamentales
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Con ello se busca asegurar el respeto y protección de los derechos
básicos de la persona humana.
Como bien afirma Giancarlo Rolla(24)
, “la justicia constitucional ha
representado la principal y más eficaz respuesta del Estado democrático a la
exigencia de asegurar una tutela efectiva de los derechos fundamentales de la
persona garantizados por las cartas constitucionales: por lo tanto,
constitucionalismo y justicia constitucional constituyen hoy un binomio
indivisible”.
En ese contexto, es claro que adicionalmente a su rol de cautelador de la
defensa de los derechos fundamentales de la persona, también actúa en pro de
la difusión, generalización e implementación de los mismos.
La acción cívica y didáctica sobre esta materia es incuestionable;
consiguiéndose así no solo el goce pleno de dichos derechos; sino también
información general y fomento de una cultura ciudadana en pro de su respeto y
promoción. Sobre lo expuesto, Giancarlo Rolla(25)
consigna que dicha
jurisdicción contribuye “de forma determinante al reforzamiento de la conciencia
social, en lo que respecta a la importancia esencial de los derechos de cara a
la existencia del Estado democrático de derecho”.
d) La afirmación de la acción interpretativa e integradora de la
Constitución
Con ello se busca afirmar los valores y principios contenidos en el corpus
constitucional, así como asegurar su correspondencia con la realidad, amén de
preservar su vocación de presencia permanente.
Mediante la acción interpretativa se determinan o asignan los sentidos y
alcances de las normas constitucionales, en relación con un suceso o conjunto
de sucesos frente a los cuales pueden o deben ser aplicados. En ese contexto,
la interpretación constitucional se consagra cuando al percibir in totum los
elementos que integran la norma objeto de determinación, se elige aquella
facultad o deber comprendido en ella, que se adecua a los fines y valores que
cimientan el corpus constitucional.
Al respecto, tal como lo señalara en 1907, el magistrado de la Corte
Suprema de los Estados Unidos, Charles Evans Hughes(26)
:
14

“Nosotros estamos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que
los jueces dicen que es”.
Mediante la acción integradora se suplen las omisiones o defectos en que
pudiere haber incurrido la Constitución. Así. ante la existencia de una laguna
normativa se “crea” o “recrea lógicamente” a favor del ordenamiento
constitucional, una disposición jurisprudencial que permita asegurar la
“vivencia” de los principios y valores del texto fundamental del Estado.
1.5. Los orígenes de la jurisdicción constitucional
El concepto de jurisdicción constitucional tiene antecedentes en la
experiencia inglesa de los siglos XIII al XIX y en las experiencias francesa y
norteamericana de los siglos XVIII al XX.
Al respecto, cabe recordar la posición asumida en Inglaterra por el juez
lord Edward Coke en el célebre caso Bonhams vs. Henry Atkins, George
Turner, Thomas Mounford y otros (1610). Así, en 1606, Thomas Bonhams,
médico ejerciente en la ciudad de Londres, fue requerido por el Royal College
of Physicians a un examen de conocimientos. Efectuada la evaluación, fue
declarado incompetente indefinidamente –en tanto no fuese considerado
técnicamente apto– para la práctica médica, amén de ser multado con cien
chelines por ejercer sin la respectiva licencia. En acto de resistencia, el doctor
Bonhams –quien había obtenido su título de medicina en la Universidad de
Cambridge– continuó ejerciendo la profesión en Londres, acción por la cual fue
confinado en una prisión por el lapso de siete días por orden del Royal College.
Al respecto, es dable señalar que durante el reinado de Enrique VIII (r.
1509-1547) se creó el Royal College of Physicians y se le otorgó a este las
Cartas Patentes de la Corporación.
Dichas cartas señalaban que el ejercicio de la profesión médica en la
ciudad de Londres o sus suburbios quedaba a criterio de dicha institución;
amén de encargarle facultades propias del poder de policía en lo relativo a la
vigilancia, investigación, corrección y decisión sobre la materia.
Asimismo, mediante una norma expedida por el Parlamento conocida
como la Ley 14 de Enrique VIII (1519) se le confirió facultades punitivas como
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la determinación de multas (cuyos montos se compartían con la Corona) y
detenciones en los casos de desconocimiento de sus competencias
profesionales.
Apelando a las reglas del Common Law, Thomas Bonhams acudió ante la
Corte de Juicios Ordinarios presidida por Edward Coke, solicitando auxilio
jurídico por considerar que en su caso se había producido una falsa e indebida
detención.
El 13 de noviembre de 1608, el rey Jacobo I se enfrentó a todos los
jueces ingleses señalando que eran meros delegados suyos; y que, por ende,
podía avocarse a cualquier caso que escogiere e incluso tenía potestad para
retirarlo de la jurisdicción de los tribunales y decidirlo personalmente. El
monarca estimaba que los jueces eran simples “sombras y ministros […] y
puede, si le place, presidir y juzgar en Westminster Hall, poniendo en tela de
juicio sus sentencias […]”.
La respuesta final de Coke a las argumentaciones del rey consistió en
señalar que(27)
:
“Es verdad que Dios ha dotado a su majestad de excelente ciencia y
grandes dotes naturales, pero su majestad no es docto en las leyes de su
reino, y los juicios que conciernen a la vida, a la herencia, a los bienes, o a las
fortunas de sus súbditos, no deben decidirse por la razón natural, sino por la
razón y juicios artificiales del derecho, el cual es un arte que requiere largo
estudio y experiencia, antes de que un hombre pueda llegar a dominarlo; el
derecho es la vara de oro de la virtud y la medida para sentenciar las causas
de sus súbditos [...]”.
La historia registra que ante la supina molestia del monarca, quien exigía
se le respondiese si él quedaba sometido al derecho, Coke inclinando todo el
cuerpo ante el monarca –en su afán de suavizar el grave momento– contestó:
“El rey no debe estar sujeto a los hombres sino solamente a la ley de Dios”.
Asimismo, frente al Parlamento, Coke fijaría en su sentencia lo siguiente:
“Y se desprende de nuestros libros que en muchos casos, el Common
Law controla a las Leyes del Parlamento y en ocasiones debe juzgarlas como
inválidas: pues cuando una Ley del Parlamento está contra el derecho y la
razón tradicionales, o es repugnante o imposible de ser aplicada, el Common
Law debe controlarlo y juzgar a dicha ley como inválida […]”.
16

El fallo elaborado por Coke declaró fundada dicha petición; para tal
efecto, contó con la adhesión de los magistrados Warburton y Daniel; el voto en
minoría fue suscrito por Walmesley.
En el fondo del asunto se aprecia que la actitud de Coke se inspiraba en
la necesidad de establecer un control de legitimidad de una ley por ser
contraria a los principios del Common Law; vale decir, intentó establecer la
supremacía de este último sobre los actos del poder estatal.
Sobre la materia, cabe señalar que Coke sostuvo que no era admisible
que el Royal College actuase en propia causa como una suerte de Corte,
asumiendo simultáneamente las veces de demandante, fiscal y juez; amén que
el referido ente terminaba beneficiándose con parte del pago de la multa que
devenía en recurso propio.
Así, en dicha histórica sentencia se consignó lo siguiente:
“La causa por la cual imponen una multa o detienen debe ser determinada
y susceptible de ser impugnada; ya que aunque tengan las Cartas Patentes y
una Ley del Parlamento, como la parte agraviada no cuenta con otro recurso, ni
la acción (writ) de error o algún otro, y como ellos no pueden dictar sentencia
porque no son jueces, a pesar de haber una autoridad para hacerlo, la causa
de su consignación es susceptible de ser impugnada mediante una acción de
falsa o indebida actuación contra ellos […]”.
Cabe señalar que pese a su actitud firme ante la corona, Coke consiguió
ser promovido en 1613 a la condición de magistrado del Supremo Tribunal de
Inglaterra. Lamentablemente, tiempo después a instancias del propio Jacobo I
fue destituido.
En el período de la augusta Revolución Francesa apareció la concepción
teórica del Jurado o Magistratura Constitucional, cuya elaboración correspondió
al abate Emmanuel Sieyès. Este propuso la selección de un grupo de
representantes, encargados de vigilar que los actos del órgano legislativo se
ajustasen a la Constitución (puede concebírsele como el origen propiamente
dicho de los sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes).
Sieyès precisó su concepción en las llamadas “Opiniones” que presentó a
la Convención (ente parlamentario de la Revolución Francesa), al señalar que
para resguardar a una Constitución rígida se requería necesariamente de un
17

jurado de ciento ocho miembros a efectos de poder denunciar los actos y leyes
que le fuesen contrarios.
Textualmente, Sieyès expuso lo siguiente(28)
:
“Si queréis dar una salvaguarda a la Constitución, un freno saludable que
mantenga a cada acción representativa dentro de los límites de su procuración
especial, entonces estableced un Jurado Constitucional […]. Pido, pues, un
verdadero cuerpo de representantes que tenga la misión especial de juzgar las
reclamaciones que se puedan hacer contra todo atentado cometido contra la
Constitución”.
Como se ha referido dicho ente debía ser conformado por ciento ocho
miembros, que se renovarían anualmente por tercios, en las mismas fechas
que el cuerpo legislativo. La elección de dicho tercio (treinta y seis
representantes) la llevaría a cabo el propio Jurado Constitucional de entre
doscientos cincuenta miembros que, en la misma época actual, deberían salir
de las cámaras legislativas.
La conformación primicial del referido Jurado la llevaría a cabo la
Convención mediante escrutinio secreto.
Finalmente, cabe referir el caso de la instauración del concepto de la
Judicial Review en los Estados Unidos. Al respecto, cabe señalar que dicha
noción no fue explícitamente recogida por la Constitución norteamericana de
1787; sino que surgió como expresión de un largo proceso de “concienciación”
por la vía jurisprudencial, el mismo que se gestó con anterioridad al texto
fundamental anotado (queda claro, para la doctrina, que entre 1776 y 1787 se
consolida el principio según el cual existe una supremacía normativa).
Según plantea Francisco Fernández Segado(29)
, la proclividad
norteamericana hacia la Judicial Review se encuentra en la concepción política
que subyace en la Declaración de Independencia de fecha 4 de julio de 1776.
Esta declaración –invocada por Fernández Segado como “ratio” para la
adhesión norteamericana a la Judicial Review– contiene en uno de sus
párrafos lo siguiente:
“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son
creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos
inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres
18

los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los
gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga
destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla e
instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus
poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de
alcanzar su seguridad y felicidad [...]”.
Ahora bien, en la jurisprudencia norteamericana anterior a la constitución
del Estado federal, podemos citar los tres antecedentes siguientes:
- En 1776, en el Estado de Rhode Island, la Corte Suprema se negó
a aplicar una ley local que no preveía el juicio por jurado en casos
criminales, por considerar que esta era contraria a los principios de
la Constitución de dicho Estado.
- En 1782, el Tribunal de Apelaciones del Estado de Virginia, en el
caso Commonwealth vs. Caton, declaró la inconstitucionalidad de
una ley local que anuló la facultad de otorgar indultos al órgano
Ejecutivo; la misma que había sido conferida por la Constitución
de dicho Estado. El mismo principio fue reafirmado por el Tribunal
Superior de Nueva York en el caso Rutgers vs. Waddington.
- En 1786, en el Estado de Carolina del Norte, en el caso Bayard vs.
Singleton, la Corte Suprema del Estado se negó a aplicar una ley
que suprimía el juicio por jurado.
Con posterioridad a la Convención de Filadelfia en 1787, Alexander
Hamilton(30)
, en una saga de artículos escritos en El Federalista, plantearía
argumentos como los siguientes:
“No hay proposición que se apoye sobre principios más claros que la que
afirma que todo acto de una autoridad delegada, contrario a los términos del
mandato con arreglo al cual se ejerce, es nulo. Por tanto, ningún acto
legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. Negar esto equivaldría a
afirmar que el mandatario es superior al mandante, que el servidor es más que
el amo”.
Como bien señala Francisco Fernández Segado(31)
:
19

“En lógica conexión con las consideraciones precedentes, Hamilton
atribuirá a los tribunales la trascendental función de interpretar las leyes,
prefiriendo la Constitución en el supuesto de que se produzca una discrepancia
entre esta y cualquier ley ordinaria”.
Así, pues, Alexander Hamilton(32)
consignó lo siguiente:
“La interpretación de las leyes es propia y peculiarmente incumbencia de
los tribunales. Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe
ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su
significado, así como el de cualquier otra ley que provenga del cuerpo
legislativo. Y si ocurriera que entre las dos hay una discrepancia, debe
preferirse, como es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y validez
superior. En otras palabras, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la
intervención del pueblo a la intervención de sus mandatarios”.
Finalmente, en 1803, la Suprema Corte de los Estados Unidos, a través
de la resolución del célebre caso Marbury vs. Madison, delineó en definitiva la
doctrina de la supremacía de la Constitución, vía su instrumentalización a
través de la declaración judicial de constitucionalidad, amén de concebir el
papel de la judicatura como intérprete del corpus constitucional. En razón de la
importancia de dicho caso y del rol asumido por el presidente de la Suprema
Corte norteamericana, John Marshall, procederemos a continuación a resumir
lo suscitado en torno a aquel proceso.
1.5.1. El caso Madison vs. Marbury
Dicho proceso judicial se generó en el contexto de un abierto conflicto
político entre federalistas y demócratas republicanos; vale decir entre los
republicanos y los demócratas de hogaño.
Es del caso señalar que en los estertores de su gobierno, el presidente de
los Estados Unidos John Adams, reubicó en enero de 1801 a su secretario de
Estado John Marshall como nuevo presidente de la Corte Suprema. Asimismo
consiguió que un Congreso adicto aprobase en febrero de 1801 dos leyes: la
primera denominada Ley de las Cortes de Circuito (Circuit Court Act), que
creaba dieciséis judicaturas federales de circuito y la segunda rotulada como
Ley Orgánica del Distrito de Columbia (Organic Act of the District of Columbia)
20

que establecía cuarenta y dos juzgados de paz para dicho distrito. Todo ello
con el objeto de colocar a conspicuos partidarios que habrían de defenderlo
políticamente de la incertidumbre generada por la derrota de su organización
en los comicios presidenciales.
En aplicación de dicha ley, el propio Congreso procedió al nombramiento
de los titulares de los nuevos juzgados.
El presidente Adams firmó las resoluciones de nombramiento y Marshall
en su condición de secretario de Estado, selló las órdenes de nombramiento a
favor de los flamantes titulares de dichos cargos, el mismo día en que expiraba
el mandato presidencial.
John Marshall ferviente partidario federalista; tras su “nombramiento de
medianoche” había asumido el cargo judicial; empero, había continuado
despachando como Secretario de Estado hasta el relevo presidencial a cargo
de Thomas Jefferson.
A lo expuesto, debe agregarse que por un error administrativo cometido
por un dependiente y hermano de Marshall no se llegó a despachar las
resoluciones de William Marbury, Dennos Ramsey, Robert Townsend y William
Harper.
En ese contexto, el flamante presidente Thomas Jefferson ordenó a su
secretario de Estado James Madison, detener la remisión de las resoluciones
de nombramiento pendientes de entrega; en tanto que, el renovado Congreso
con mayoría demócrata-republicana acordaba derogar las cuestionadas leyes.
En ese contexto, William Marbury y los otros afectados interpusieron un
Writ of Mandamus contra Madison, para que este cumpliese con la remisión de
sus resoluciones de nombramiento.
Marshall no obstante su estrecha relación con los hechos reseñados,
decidió asumir el conocimiento y resolución de la causa. Para tal efecto, utilizó
el método deductivo, centrando el análisis jurídico en tres cuestiones:
a) El establecimiento de la existencia o no existencia de derechos por
parte de William Marbury y demás demandantes, en lo relativo a la recepción
de los nombramientos judiciales otorgados durante la administración Adams
Al respecto, en la sentencia aparece que los nombramientos expedidos
durante la administración anterior y con sujeción a lo establecido en la ley de
21

Cortes de Circuito, tenían el carácter de irrevocables por conferir derechos
legítimos que se encontraban protegidos por las leyes de la federación
americana. Asimismo, estableció que pese a haberse acreditado la no remisión
o despacho de las resoluciones, así como la derogación de la ley
correspondiente, en modo alguno ello podía perjudicar los títulos de
nombramiento en sí mismos.
b) La existencia o inexistencia de los mecanismos procesales de defensa
del derecho de los demandantes encabezados por William Marbury, en el caso
de acreditarse fundada la petición planteada
Al respecto, en la sentencia aparece que William Marbury y demás
codemandantes podían ejercitar una acción para hacer efectivo su derecho. En
ese supuesto, determinó la aplicación de un apotegma del Common Law:
“Where there is a right, there is a remedy” (donde hay un derecho, debe
haber un remedio).
c) La atribución de la Corte Suprema de conocer como instancia originaria
la petición del mandato de remisión de los nombramientos judiciales otorgados
por el Congreso, a favor de los demandantes encabezados por William Marbury
Al respecto, en la sentencia se señaló que no cabía interponer la acción
de mandamiento judicial (“mandamus”) directamente ante la Corte Suprema de
Justicia, en los términos previstos en la Ley de Organización de la Judicatura
de 1789, en razón a que dicha norma infraccionaba la Constitución al haber
ampliado o extendido su jurisdicción originaria. Así, se sostuvo que en este
caso la actuación del máximo organismo de justicia solo podía producirse en
vía de apelación.
Sobre esta última cuestión cabe recordar que la sección II del artículo 3
de la Constitución de los Estados Unidos establecía lo siguiente:
“En todos los casos concernientes a embajadores, ministros y cónsules
extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la Suprema Corte
ejercerá jurisdicción originaria. En todos los casos mencionados anteriormente,
la Suprema Corte ejercerá jurisdicción por apelación según las reglas y
excepciones que prescribe el Congreso”.
22

Ahora bien, con posterioridad a la aprobación de la Constitución en 1787,
el Congreso norteamericano hizo aprobar en la sección 13 de la Ley de
Organización de la Judicatura de 1789 (Judicary Act of 1789) lo siguiente:
“Promúlguese que la Suprema Corte tendrá jurisdicción exclusiva en
todas las controversias de naturaleza civil en las que un Estado fuere parte,
salvo entre un Estado y sus ciudadanos, y salvo también entre un Estado y
ciudadanos de otros estados o extranjeros, en cuyo caso tendrá jurisdicción
originaria pero no exclusiva. Ejercerá también jurisdicción exclusiva en todo
juicio o procedimiento contra embajadores, otros ministros públicos, miembros
de su familia o sus empleados domésticos, siempre que pueda intervenir como
tribunal de justicia conforme con el derecho internacional; y tendrá jurisdicción
originaria pero no exclusiva en todas aquellas causas iniciadas por
embajadores u otros ministros públicos o aquellas en las que un cónsul o
vicecónsul fuere parte. El juzgamiento de cuestiones de hecho ante la Suprema
Corte en todas las causas contra ciudadanos de los Estados Unidos se llevará
a cabo por jurados. La Suprema Corte también tendrá jurisdicción por
apelación de los tribunales de circuito y las cortes de los estados, y en los
casos específicamente mencionados aquí; y tendrán el poder de mandar
órdenes a los tribunales de almirantazgo, y mandamientos en casos en que
fuesen comprendidos según los principios y las costumbres del derecho, a
cualquier tribunal o persona designada en su oficio bajo la autoridad de los
Estados Unidos”.
De conformidad con lo reseñado, la ley atribuía a la Corte Suprema la
facultad de emitir writs o “mandamus” en ciertas circunstancias.
De la lectura de ambos textos se podía apreciar la existencia de falta de
coherencia o armonía entre lo señalado en la sección II del artículo 3 de la
Constitución y la sección 13 de la Ley de Organización de la Justicia de 1789
(Judicary Act of 1789).
La referida sentencia tomó como soporte jurídico-constitucional para
fundamentar su parte resolutiva la cláusula de supremacía, recogida en el
artículo 6 de la Constitución federal, que señalaba:
“Esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos que en virtud de su
promulgación y todos los tratados hechos o que se hicieren bajo la autoridad de
los Estados Unidos, serán la suprema ley del país; y los jueces de cada Estado
23

estarán obligados a observarla, aun cuando hubiera alguna disposición
contraria en la Constitución o leyes de los estados”.
Es evidente que de la contrastación normativa aparece que la
Constitución no le otorgaba a la Corte Suprema competencia para emitir
órdenes directas de ejecución de conductas sobre los funcionarios públicos.
El fallo elaborado por John Marshall proclamó el principio esencial de que
los puntos en disputa sobre constitucionalidad deben ser discutidos en litigio.
Asimismo, consideró que las facultades del Congreso de los Estados Unidos se
encuentran delimitadas por el texto de la Constitución, y que los tribunales no
deben acatar ni aplicar aquellas normas dictadas por el Congreso que fuesen
contrarias a la Constitución, siendo por el contrario obligación de la judicatura
reafirmar la vigencia y aplicabilidad del texto fundamental como ley suprema
del país.
En puridad, los argumentos de John Marshall recogían las
consideraciones expuestas por Alexander Hamilton en el número LXXVIII de El
Federalista, en donde se planteaba que el gobierno de los Estados Unidos, por
su naturaleza constitucional se encontraba sujeto a limitaciones. Estas se
ventilarían en la acción jurisdiccional, cuya tarea en este caso consistía en
declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución.
A través del fallo de John Marshall –según expresa Francisco Fernández
Segado(33)
– se ponía de relieve que “una Constitución escrita y rígida, como la
norteamericana, representa el ápice y la cumbre de la normación”. En esa idea,
puede afirmarse con Nicolás Pérez Serrano(34)
que “la Constitución [...] es una
ley fundamental, la primera en jerarquía e importancia de todas las leyes, de
donde resulta obligatorio proclamar su superioridad y supremacía”.
Resulta oportuno transcribir a continuación los párrafos más significativos
de la histórica sentencia:
“Si tales límites no restringen a quienes están alcanzados por ellos y no
hay diferencia entre actos prohibidos y actos permitidos, la distinción entre
gobierno limitado y gobierno ilimitado queda abolida.
Hay solo dos alternativas demasiado claras para ser discutidas: o la
Constitución controla cualquier ley contraria a aquella, o la legislatura puede
alterar la Constitución mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas no
hay términos medios: o la Constitución es la ley suprema, inalterable por
24

medios ordinarios, o se encuentra al mismo nivel que las leyes y de tal modo,
como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al
Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley
contraria a la constitución no es ley; si en cambio es verdadera la segunda,
entonces las Constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para
limitar un poder ilimitable por naturaleza. Ciertamente, todos aquellos que han
elaborado Constituciones escritas las consideran la ley fundamental y suprema
de la nación, y, consecuentemente, la teoría de cualquier gobierno de ese tipo
debe ser que una ley repugnante a la Constitución es nula. Esta teoría está
íntimamente ligada al tipo de Constitución escrita y debe, por ello, ser
considerada por esta corte como uno de los principios básicos de nuestra
sociedad. Por ello esta circunstancia no debe perderse de vista en el
tratamiento ulterior de la materia.
Si una ley contraria a la Constitución es nula, ¿obliga a los tribunales a
aplicarla no obstante su invalidez? O bien, en otras palabras, no siendo ley,
¿constituye una norma operativa como lo sería una ley válida? Ello anularía en
la práctica lo que se estableció en la teoría y constituiría, a primera vista, un
absurdo demasiado grueso para insistir en él. Sin embargo, la cuestión merece
recibir un atento tratamiento.
Sin lugar a dudas, la competencia y la obligación del Poder Judicial es
decidir qué es ley. Los que aplican normas a casos particulares deben por
necesidad exponer e interpretar esa norma. Si dos leyes entran en conflicto
entre sí, el tribunal debe decidir acerca de la validez y aplicabilidad de cada
una. Del mismo modo, cuando una ley está en conflicto con la Constitución y
ambas son aplicables a un caso, de modo que la corte debe decidirlo conforme
a ley desechando la Constitución, o conforme a la Constitución desechando la
ley, la corte debe determinar cuál de las normas en conflicto gobierna el caso.
Esto constituye la esencia misma del deber de administrar justicia. Luego, si los
tribunales deben tener en cuenta la Constitución y ella es superior a cualquier
ley ordinaria, es la Constitución, y no la ley, la que debe regir el caso al cual
ambas normas se refieren.
Quienes niegan el principio de que la corte debe considerar la
Constitución como ley suprema, se ven reducidos a la necesidad de sostener
que los tribunales deben cerrar los ojos a la Constitución y mirar solo a la ley.
25

Esta doctrina subvertiría los fundamentos mismos de toda Constitución escrita.
Equivaldría a declarar que una ley totalmente nula conforme a los principios y
teorías de nuestro gobierno es, en la práctica, completamente obligatoria.
Significaría sostener que si el Congreso actúa de un modo que le está
expresamente prohibido la ley así sancionada sería, no obstante tal prohibición,
eficaz. Estaría confiriendo práctica y realmente al Congreso una omnipotencia
total con el mismo aliento con el cual profesa la restricción de sus poderes
dentro de límites estrechos. Equivaldría a establecer al mismo tiempo los
límites y el poder de transgredirlos a discreción.
Reducir de esta manera a la nada lo que hemos considerado el más
grande de los logros en materia de instituciones políticas –una Constitución
escrita– sería por sí mismo suficiente en América, donde las Constituciones
escritas han sido vistas con tanta reverencia, para rechazar la tesis. Pero las
manifestaciones particulares que contiene la Constitución de los Estados
Unidos construyen un andamiaje de argumentos adicionales en favor del
rechazo de esta interpretación.
El Poder Judicial de los Estados Unidos entiende en todos los casos que
versen sobre puntos regidos por la Constitución.
¿Pudo acaso haber sido la intención de quienes concedieron este poder,
afirmar que al usar la Constitución no debería atenderse a su contenido? ¿Que
un caso regido por la Constitución debiera decidirse sin examinar el
instrumento que lo rige?
Esto es demasiado extravagante para ser sostenido.
En ciertos casos, la Constitución debe ser interpretada y analizado su
contenido por parte de los jueces.
Y si de este modo los jueces pueden abrir y examinar la totalidad de la
Constitución ¿qué parte de ella está prohibido leer u obedecer? [...].
La Constitución prescribe que: ‘No se sancionarán leyes conteniendo
condenas penales individualizadas ni leyes retroactivas’.
Si, no obstante, tales leyes son sancionadas y una persona es procesada
bajo tales leyes, ¿debe la corte condenar a muerte a esas víctimas a quienes la
Constitución manda proteger?
26

Dice la Constitución: ‘Ninguna persona será procesada por traición salvo
mediante el testimonio de dos testigos sobre el mismo acto o mediante su
confesión pública ante un tribunal de justicia’.
En este caso, el lenguaje de la Constitución está especialmente dirigido a
los tribunales. Les prescribe directamente una regla de prueba de la que no
pueden apartarse.
Si la legislatura modificara esa norma y permitiera la declaración de un
solo testigo o la confesión fuera de un tribunal de justicia como requisitos
suficientes de prueba, ¿debería la norma constitucional ceder frente a esa ley?
Mediante estos y muchos otros artículos que podrán seleccionarse es
claro que los constituyentes elaboraron ese instrumento como una regla
obligatoria tanto para los tribunales como para la legislatura.
¿Por qué motivo, si no, prescribe a los jueces su cumplimiento? Este
juramento apela ciertamente a su conducta en el desempeño de su cargo de
carácter oficial.
¡Qué modalidad sería imponérselos, si ellos [los jueces] fueran a ser
usados como instrumentos –y como instrumentos conscientes– de la violación
de lo que juran respetar!
El juramento del cargo judicial impuesto por el Congreso es también
completamente ilustrativo de la opinión legislativa sobre esta cuestión.
Este juramento dice: ‘Juro solemnemente que administraré justicia sin
importar las personas y haré justicia igualmente al pobre como al rico; y que
desempeñaré legal e imparcialmente todas las obligaciones atinentes a mi
cargo como [...] de acuerdo a mis mejores capacidades y comprensión,
conforme con la Constitución y las leyes de los Estados Unidos’.
¿Por qué motivo jura un juez desempeñar sus deberes de acuerdo con la
Constitución de los Estados Unidos si esa Constitución no fuera una norma
obligatoria para su gobierno? ¿Si estuviera cerrada sobre él y no pudiera ser
inspeccionada por él?
Si fuera ese el estado real de las cosas, constituiría algo peor que una
solemne burla.
Pero además de ello, imponer, tanto como jurar en esos términos, sería
una hipocresía.
27

No es tampoco inútil observar que, al declarar cuál será la ley suprema
del país, la Constitución en sí misma es mencionada en primer lugar; y no
todas las leyes de los Estados Unidos tienen esta calidad, sino solo aquellas
que se hagan de conformidad con la Constitución.
De tal modo, la terminología especial de la Constitución de los Estados
Unidos confirma y enfatiza el principio, que se supone esencial para toda
Constitución escrita, de que la ley repugnante a la Constitución es nula, y que
los tribunales, así como los demás poderes, están obligados por ese
instrumento.
Por ello, se rechaza la petición del demandante. Cúmplase”.
Como bien afirma Enrique Álvarez Conde(35)
:
“Ciertamente, la Constitución norteamericana no parecía permitir las
conclusiones a las que llegó Marshall. Es decir, el atributo de control judicial de
las leyes a los tribunales de justicia, no era una competencia establecida por la
Constitución, sino que se trata de una función autoapropiada por los tribunales
norteamericanos”.
A manera de colofón debe indicarse que John Marshall ocupó el cargo de
presidente de la Corte Suprema durante treinta y dos años (1803-1835). En el
caso de William Marbury, este nunca llegó a recibir su título de nombramiento
como juez de paz, en razón a que pese a haber replanteado su demanda, una
serie de demoras procesales ocasionaron que su reclamo excediera el plazo
legal de cinco años que duraba el ejercicio de dicho cargo. Finalmente, la
causa fue desestimada por abstracta.
No obstante lo expuesto, con mayor organicidad y tecnicismo, la noción
jurisdicción constitucional aparecerá en la doctrina constitucional del siglo XX,
durante el período de entreguerras (1919-1939). Entre los primeros
divulgadores destacan nítidamente el gran tratadista austriaco Hans Kelsen –
creador del modelo de jurisdicción concentrada, la pirámide normativa, etc.– y,
en menor medida, Boris Mirkine-Guetzévich y M. Charles Eisenmann.
2. LOS SISTEMAS O MODELOS DE CONTROL DE LA
CONSTITUCIONALIDAD
28

Estos sistemas o modelos presentan la característica de ser originarios o
derivados.
Los sistemas o modelos de control de la constitucionalidad originarios son
aquellos que históricamente han surgido como consecuencia de la actividad
creadora de principios, categorías y reglas destinadas a asegurar la
supremacía de la Constitución. Estos son de dos clases: control político y
control jurisdiccional (este último tiene dos variables: concentrado y difuso).
Los sistemas de control de la constitucionalidad derivados son aquellos
que recogiendo la matriz de algún modelo originario sufren la adaptación a una
necesidad o realidad político-constitucional específica. Se insertan en estados
carentes de tradición jurídica propia; los cuales en ese contexto se empeñan en
desarrollar una tarea de transplante de instituciones, como sucede con los
países del área latinoamericana. En ese orden de ideas, son dos las
adaptaciones conocidas a la fecha: el control mixto y el control dual.
Ahora bien, la diferenciación de los sistemas o modelos se hace por el
tipo de órgano estatal que tiene a su cargo la responsabilidad del control de la
constitucionalidad.
2.1. Los modelos originarios
De acuerdo con la doctrina se comprende como tales al control orgánico
político y al control orgánico jurisdiccional.
2.1.1. El control orgánico político
Se trata de un modelo que confía el control de la constitucionalidad al
órgano parlamentario en su condición de portavoz omnicomprensivo de la
soberanía popular. La fundamentación de su existencia radica en el principio
genérico de la autonomía legislativa, que impide el control judicial de la
legislación parlamentaria. En ese sentido, se sostiene que la magistratura
únicamente puede participar secundum legem y no como legisvus.
29

En atención a que la magistratura no proviene de la voluntad ciudadana,
sino de la designación por un órgano estatal; por tal motivo se encuentra
impedido de anular o abrogar una ley, que es la expresión suma de aquella
soberanía.
Enrique Álvarez Conde(36)
expone que en este modelo un mismo órgano –
el Parlamento– se convierte simultáneamente en juez y parte de sus propias
decisiones. Ello supone el apostar y confiar en la capacidad institucional de la
autocensura y la moderación corporativa; así como en la presencia activa de
las minorías parlamentarias como agentes de control de los excesos
legisferantes de la mayoría.
Este modelo se sustenta en la premisa que el Parlamento como expresión
directa de la soberanía popular, representa un valor político absoluto que no
admite ninguna erosión del principio de la omnipotencia de la ley; amén de
preservar la renovación legislativa y la acción reformadora que el propio órgano
parlamentario pudiera estar llevando a cabo.
Los antecedentes del modelo de control orgánico político pueden
encontrarse en el Jurado o Magistratura Constitucional propuesto por el abate
Emmanuel Sieyès durante los debates de la primera Constitución francesa en
1791. De manera concreta se implementó en las constituciones francesas de
1795 y 1852.
Al respecto, debe anotarse que la desconfianza en el operador
jurisdiccional provino de los ataques ideológicos perpetrados por la en ese
entonces supérstite magistratura del Anciem Regimene contra las bases del
constitucionalismo democrático emanados de la Revolución Francesa. De allí
que a través de las leyes del 16 y 24 de agosto de 1790, la ley del 3 de
setiembre de 1791, la Constitución de 1791 y la Constitución de 1793, se
estableció la expresa prohibición que los tribunales de justicia se inmiscuyeran
en los actos legislativos del Parlamento.
La expresión de este modelo encontrará cabida en la Constitución
stalinista de 1936; luego se promoverá su impronta al resto de los países de la
entonces vigorosa orbita socialista.
En América Latina apareció en las constituciones de Perú y Bolivia de
1826 con la creación de la Cámara de Censores; en la Constitución de Brasil
de 1830 y en las constituciones ecuatorianas de 1830 y 1851.
30

Como bien se afirma, este sistema deposita el control o salvaguarda de la
constitucionalidad, en un órgano enteramente político.
Las razones de su aplicación se basan en lo siguiente:
a) Concentración y unidad de las funciones de elaboración-control
de la legislación en el órgano parlamentario, al que se considera
como supremo poder estatal.
Se asume que siendo aquel órgano el portador de la soberanía
popular, le corresponde en exclusividad el ejercicio del control de
la constitucionalidad. Como consecuencia de lo expuesto, surge
la atribución de establecer la normatividad; verificar que su
actividad legisferante sea armónica y coherente con el texto
fundamental; y vigilar la efectividad de su aplicación.
b) Defensa del principio de exonerabilidad consistente en la no
posibilidad de que los actos parlamentarios puedan ser objeto de
observancia o control por otros órganos estatales.
La tutela de la defensa de la constitucionalidad se deposita en el
propio órgano Legislativo, como consecuencia de razones
históricas, ideológicas y pragmáticas que tienden a relievar el
papel de dicho ente; a manifestar una vocación recelosa de la
actividad jurisdiccional; así como a generar una motivación
prejuiciosa contra el órgano Ejecutivo, acusado de voraz y
abusivo. Así pues, le corresponde al órgano parlamentario el
conocer de las infracciones constitucionales provocadas por las
normas por él mismo expedidas, así como por los actos del
Ejecutivo y por los particulares.
Entre los procedimientos utilizados por los órganos de control político,
tenemos el procedimiento de la cuestión previa y el procedimiento por acción
popular.
a) El procedimiento de la cuestión previa se manifiesta en el
momento de deliberar sobre una propuesta o proyecto de ley. En
este caso, corresponde al presidente del ente parlamentario el
31

declarar de oficio o a petición de parte que no abrirá paso a la
deliberación de fondo de un proyecto de ley, en razón de que la
propuesta normativa es aparentemente inconstitucional. Por lo
demás, cualquier parlamentario puede solicitar dicha declaración
por la razón expuesta.
En ambos casos se apela al Pleno del Parlamento para que se
decida preliminarmente sobre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad del proyecto presentado.
b) El procedimiento por acción popular se manifiesta mediante una
petición formulada por un mínimo determinado de ciudadanos, a
fin de que se reexamine la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de una ley.
Como puede observarse, existe en el primer caso un control a priori, y en
el segundo un control a posteriori o reexaminador de una decisión normativa
emanada del Parlamento.
2.1.2. El control orgánico jurisdiccional
Se trata de un modelo que confía el control de la constitucionalidad de
manera directa o indirecta en un ente administrador de justicia. Dicho modelo
puede ser clasificado en sistema americano o de jurisdicción difusa y sistema
europeo o de jurisdicción concentrada.
2.1.2.1. El sistema americano o de jurisdicción difusa
En este modelo la salvaguarda de la Constitución se encuentra a cargo
del órgano judicial ordinario (se le denomina también de revisión judicial –
Judicial Review– o de contralor judicial). Así, la pluralidad de los jueces
ordinarios tiene la potestad de establecer la inconstitucionalidad de las normas
dentro del marco de una controversia judicial concreta; esto es, los alcances de
32

dicha inconstitucionalidad son aplicables única y exclusivamente a las partes
intervinientes en dicho proceso judicial.
En este caso no existe un órgano contralor especial o ad hoc, sino que
son los jueces comunes los que ante una determinada controversia deberán
examinar si existe contradicción entre la norma invocada –teóricamente
aplicable para amparar un supuesto derecho–, y los alcances de la propia
Constitución, por lo que, de ser el caso, aplicarán el texto fundamental y
dejarán de hacer uso de la ley inconstitucional.
En efecto, la facultad contralora no se concreta en una sola sala o
tribunal, sino que se disemina en la vastedad de todos los órganos
jurisdiccionales del ente judicial, los cuales poseen el poder-deber de no aplicar
una ley inconstitucional en aquellos casos sometidos a su conocimiento.
La situación de inconstitucionalidad debe entenderse como una cuestión
incidental respecto a la controversia concreta; ergo, no puede ser planteada
como una acción directa. Por otra parte, la decisión judicial tiene efectos
declarativos; consiguientemente, al decidirse la inaplicabilidad de la ley al caso
concreto, generará su inobservancia, por lo que dicha ley no surte efecto
alguno en el caso sometido a consideración (la inaplicación de una ley surge
cuando el juzgador ordinario debe decidir ineludiblemente la litis).
Al respecto, tal como señala Gumersindo Trujillo Fernández(37)
:
“El juez no anula la ley, sino que declara una nulidad preexistente, por lo
que los efectos de su declaración son lógicamente retroactivos; y dado el
carácter incidental de la demanda, limitados al caso concreto (efectos ex tunc e
interpartes)”.
Por tal motivo, la ley en pugna con la Constitución no queda afectada, en
principio, en su vigencia general. Ahora bien, en aplicación del principio de
stare decisis, los jueces quedan vinculados por la fuerza del precedente, por lo
que, en la práctica, a través del tiempo tal declaración alcanzará efectos de
carácter total.
En suma, a este sistema se le puede situar bajo el signo de la acción
defensiva. La ley calificada de inconstitucionalidad no es anulada, sino que
simplemente se rechaza su aplicación dentro del pleito generado por un
accionante. Así, vía una decisión judicial el juez “veta” la aplicación de una ley
33

inconstitucional para resolver una controversia. El juez al estatuir interpartes
reviste su decisión con la autoridad de la cosa juzgada.
En resumen, las características del sistema de jurisdicción difusa son las
cuatro siguientes:
a) Control extendido
La declaración de inconstitucionalidad es una atribución que corresponde
ser ejercida por cualquier autoridad judicial, con prescindencia de su grado o
jerarquía funcional.
b) Control incidental
El pronunciamiento de inconstitucionalidad surge a partir de la existencia
previa de una cuestión judicial generada a través de cualquier proceso rutinario
y planteada entre personas naturales y/o jurídicas.
c) Control con eficacia relativa
El pronunciamiento de inconstitucionalidad solo alcanza a las partes
comprometidas en una cuestión judicial. En tal sentido, la declaración de
inconstitucionalidad solo tiene efectos interpartes e inaplicativos.
d) Control residual
Tal pronunciamiento surge de una actividad “añadida” a la tarea judicial
de dirimencia en los conflictos derivados entre dos partes litigantes.
El origen de este modelo se remonta a comienzos del siglo pasado,
cuando, en los Estados Unidos, el presidente de la Suprema Corte, John
Marshall, en la histórica sentencia dictada en el caso Marbury vs. Madison –de
24 de febrero de 1803–, aplicó a un caso particular y concreto el principio de
supremacía de la Constitución frente a una norma con rango de ley del Estado;
así como la atribución de la judicatura para la revisión judicial de la validez
constitucional de los preceptos legales.
2.1.2.2. El sistema europeo o de jurisdicción concentrada
34

En este modelo la salvaguarda de la Constitución se encuentra a cargo de
un órgano jurisdiccional especial (se le denomina ad hoc o de contralor
concentrado); se confía el control de la constitucionalidad a un ente particular y
autónomo del resto de los órganos del poder estatal.
Las primeras experiencias de este tipo se encuentran indisolublemente
ligadas a la desmembración del imperio austro-húngaro tras su derrota en la
Primera Guerra Mundial.
Así, el 21 de octubre de 1918 se constituirá la Asamblea Nacional
Provisional de la República de Austria; la cual mediante la Constitución de 1920
instituyó un órgano ad hoc de control de la constitucionalidad denominado
Tribunal Constitucional.
En dicha creación tuvo protagónica responsabilidad Hans Kelsen; el cual
posteriormente fundamentó sus alcances doctrinarios en una obra denominada
La garantía jurisdiccional de la Constitución (1928).
En dicho documento Hans Kelsen desestimará la capacidad de
autocensura y moderación legislativa por parte del Parlamento en lo relativo al
resguardo de la jerarquía normativa de la Constitución; y postulará las
bondades de un órgano autónomo de este para que actúe como legislador
negativo; vale decir, con facultades de anulación de las leyes contrarias a la
Constitución.
La Constitución austriaca concibió al primigenio Tribunal Constitucional
con una composición de un presidente, un vicepresidente y de un mínimo
adicional de titulares y suplentes con cargo a establecerse reglamentariamente
(en la actualidad se trata de doce y seis respectivamente).
Asimismo, en 1918 se crea el Estado de Checoslovaquia; el cual
mediante la Ley del 29 de febrero de 1920 creó un ente denominado Tribunal
Constitucional, integrado por siete miembros.
Al referido Tribunal se le encargó la responsabilidad de apreciar la
conformidad constitucional de las leyes de la República Checa y de la Dieta de
Rusia Subcarpática. Dicho ente, si bien entró en funciones a finales de 1921, a
diferencia de la experiencia austriaca, no llegó a conocer ninguna acción de
inconstitucionalidad. Más aún al no renovarse su composición en 1931 en la
praxis quedó desactivada.
35

Finalmente, dicho modelo será incorporado en la II República Española
(1931-1933) a través de la Constitución de 1931. Así, en dicho texto se
instituirá el denominado Tribunal de Garantías Constitucionales; el cual entre
otras competencias debía conocer en instancia única el recurso de
inconstitucionalidad.
Domingo García Belaunde(38)
señala que el sistema de jurisdicción
concentrada se caracteriza por entregar el control a “un órgano jurisdiccional
especial y concentrado, pero que está fuera de la tríada clásica de poderes y
sin relación de dependencia con el Poder Judicial [...]”. Este órgano tiene
atribuciones exclusivas y excluyentes para determinar la declaración –que
produce efectos generales– de inconstitucionalidad de una ley, declaración que
se desarrolla por vía principal y sin necesidad de que exista un conflicto
particular previo. Es decir, existe un órgano especialmente encargado de
conocer las acciones de inconstitucionalidad.
El resultado de la intervención jurisdiccional ocasiona que la ley
cuestionada sea anulada (es decir, se le considere inexistente), decisión que se
reviste de la autoridad absoluta que emana de la cosa juzgada. Así pues, la
impugnación de la ley, por esta vía, puede llevar a su cancelación definitiva en
el ordenamiento jurídico; generalmente desde el momento mismo del
pronunciamiento jurisdiccional (efectos erga omnes y ex nunc).
El efecto ex nunc (a futuro) se explica por el propósito de tutelar principios
como la estabilidad y la seguridad jurídica, que podrían verse gravemente
afectados en caso de que se admitiesen alcances retroactivos del fallo
declaratorio de inconstitucionalidad.
En puridad, este sistema se basa en la existencia de un órgano del
Estado, diferente y autónomo de los tradicionales (Legislativo, Ejecutivo y
Judicial), que ejerce control a partir de una privativa jurisdicción constitucional.
A este ente, compuesto por magistrados orgánicamente ajenos al cuerpo
administrador de justicia ordinaria, se le reserva el derecho excluyente y
exclusivo de determinar la inconstitucionalidad de una ley y, por extensión, la
facultad de su derogación con efectos rescisorios generales, así como el
establecimiento de los mecanismos de corrección del acto inconstitucional.
Eduardo García de Enterría(39)
señala que:
36

“Se trata de un control abstracto de las normas, que se rige no en función
de un conflicto de interés, para cuya solución sea menester dilucidar con
carácter previo la norma de decisión, sino simplemente por una discrepancia
absoluta sobre la interpretación del texto constitucional con relación a su
compatibilidad con una ley singular”.
En resumen, las características de este sistema serían las cuatro
siguientes:
a) Control condensado
La declaración de inconstitucionalidad corresponde ser ejercida única y
exclusivamente por un órgano especializado.
b) Control principal
El pronunciamiento de inconstitucionalidad se produce cuando se plantea
directamente, ante el órgano especializado, un proceso especial denominado
acción de inconstitucionalidad. Por ello, no es necesaria la existencia previa de
un juicio, causa o cuestión judicial.
c) Control abstracto
El órgano especializado se encarga de analizar una norma cuestionada
de inconstitucionalidad, en forma aislada e independientemente de la existencia
de un caso concreto que afecte intereses particulares. En ese contexto, se
promueve una resolución de puro derecho.
d) Control con eficacia general
El pronunciamiento de inconstitucionalidad opera de manera derogante y
genérica. Las consecuencias de la decisión del órgano especializado afectan al
Estado y a todos los ciudadanos y adscritos a él. En tal sentido, la declaración
de inconstitucionalidad tiene efectos erga omnes y abrogativos.
En el sistema de jurisdicción concentrada, el juzgador ad hoc responde en
los hechos a una iniciativa legislativo-jurisdiccional en donde se le plantea
decida a favor de la derogación de una ley inconstitucional.
37

Este sistema se inspiró en el pensamiento de Hans Kelsen, quien en su
papel de asesor del canciller de la naciente república austriaca (ex Imperio
austro-húngaro) lo propició con denuedo y pasión. La creación de la Alta Corte
Constitucional (Constitución austriaca de 1920) rompió con la tradicional
concepción según la cual no se podía modificar, anular o suprimir la vigencia
de una ley, ya que ella era, hasta ese entonces, la expresión omnímoda del
pueblo reunido en el Parlamento. Al respecto, debe anotarse que Carlos Luis
de Secondat, barón de la Brede y Montesquieu(40)
, había señalado lo siguiente:
“El juez es simplemente la boca que pronuncia las palabras de la ley, un
ser inanimado que no puede mitigar ni su fuerza ni su rigor”.
El sistema europeo o de jurisdicción concentrada se presenta en países
como Austria, Alemania, España, Italia, etc. En América Latina existe en
Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia.
2.2. Los modelos derivados
De acuerdo con la doctrina se comprende como tales al control orgánico
mixto y al control orgánico dual.
2.2.1. El control orgánico mixto
Este surge como consecuencia de la mezcla, fusión o combinación de dos
o más modelos originarios, constituyendo un modelo sui géneris que, por ende,
deviene en distinto de aquellos que le sirvieron de base. En ese aspecto,
señala que “cuando las influencias son tan
fuertes […] se adquiere una nueva fisonomía”. Así, partiendo de las influencias
asimiladas se genera en la praxis un modelo relativamente diferente.
Esta mezcla o combinación de dos o más modelos da lugar a un tertium,
en donde los rasgos sincréticos permiten señalar algo distinto, pero no tanto
para calificarlo como original.
38

En puridad, de la imitación y la recepción surge algo parcialmente
diferente.
En este modelo el órgano administrador de la justicia ordinaria –Poder
Judicial– ejerce simultáneamente un control difuso y concentrado, según sea la
naturaleza de la acción objeto de su conocimiento.
Al respecto, son citables las experiencias de Brasil, Venezuela y México.
En el caso del Brasil, al máximo órgano de la justicia ordinaria
denominado Supremo Tribunal Federal se le han conferido las decisiones que
son propias dentro de una jurisdicción concentrada a una Corte o Tribunal
Constitucional. Entre las distintas modalidades procesales aparece la acción
directa de declaración de inconstitucionalidad, bajo las modalidades de acción
de declaración de inconstitucionalidad interventiva y genérica. Empero también
aparece el recurso extraordinario para revisar una sentencia supuestamente
contraria a la Constitución. En ese contexto, Ernesto Blume Fortíni(42)
señala
que:
“A pesar de la existencia de un control disperso de constitucionalidad se
ha incorporado la acción directa de inconstitucionalidad, bajo las modalidades
interventiva y genérica. La primera controladora del orden interno respecto de
los ordenamientos federales, y la segunda, cauteladota de la constitucionalidad
de las leyes en general”.
En el caso de Venezuela, existe el control difuso a cargo de todos los
magistrados del Poder Judicial; y concretamente se cuenta con un control
concentrado a cargo de la Corte Suprema que tiene facultades exclusivas y
excluyentes para declarar la nulidad por inconstitucionalidad de aquellos actos
violatorios de la Constitución.
En el caso de México, existe un control difuso a cargo de todos los
magistrados del Poder Judicial; y simultáneamente se le ha conferido a la Corte
Suprema de Justicia la competencia para conocer las acciones de
inconstitucionalidad contra normas generales.
En ese sentido Arturo Zaldivar Telo de Sarria(43)
señala que México
cuenta “con un sistema de justicia constitucional complejo, formado por
distintos instrumentos procesales: a) controversias constitucionales; b)
acciones de inconstitucionalidad; c) medios de impugnación en materia política
electoral; y d) juicio de amparo”.
39

En relación a lo expuesto, Domingo García Belaunde(44)
plantea que se
trata de un control orgánico mixto en razón a que “un solo órgano, la Corte
Suprema aparece como única instancia final, pues conoce tanto del control
incidental (modelo americano) como del control abstracto (a través de la acción
popular de inconstitucionalidad […]. Es decir, se fusionan armoniosamente las
peculiaridades del modelo americano con el europeo, y dan origen a un tertium
quid”.
2.2.2. El control orgánico dual o paralelo
Este modelo surge como consecuencia de la aplicación de dos modelos
originarios que coexisten en forma independiente o autónoma, manteniendo
cada uno de ellos sus propias características. Es decir, en este caso existe una
aplicación paralela sin proceso alguno de mezcla o fusión entre los modelos
originarios transplantados.
–autor de la nomenclatura aquí adoptada–
señala que el modelo dual o paralelo “es aquel que existe cuando en un mismo
país, en un mismo ordenamiento jurídico, coexisten el modelo americano y el
modelo europeo, pero sin mezclarse, deformarse ni desnaturalizarse”.
En puridad, se trata de un modelo que plantea la coexistencia del control
jurisdiccional concentrado y el control jurisdiccional difuso, sin interferencia
mutua.
A nuestro entender, la tesis de García Belaunde es aplicable para el Perú
en lo relativo al ámbito orgánico; habida cuenta que el Tribunal Constitucional
independientemente de las competencias del Poder Judicial, opera con
facultades monopólicas para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y para
resolver los conflictos de competencia.
En cambio existe un control mixto en el ámbito personalista al intervenir el
Tribunal Constitucional como última instancia nacional en la solución de los
procesos vinculados con las acciones de garantía.
3. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ Y EL ESTADO
DEMOCRATICO Y SOCIAL DE DERECHO
40

Actualmente en el Perú, nos organizamos bajo un Estado democrático y
social de Derecho; ello significa que la Ley – como norma vinculante y de
obligatorio cumplimiento para todos – ha cedido su antigua posición jerárquica
a la Constitución. La cual deja de ser una mera carta declarativa para
convertirse en la principal fuente de protección de nuestros derechos, derivado
ello de la voluntad del poder constituyente, conformado por el pueblo, y
también de organización del Estado estableciendo su estructura política y las
atribuciones y obligaciones de los distintos poderes e instituciones del Estado.
La Constitución se convierte entonces en la norma jurídica en función de
la cual se forma el Estado democrático y actúan los poderes públicos. Los
principales efectos de aquella supremacía constitucional es que la actuación de
todos los poderes para que sean válidos, deben ser conformes con la
Constitución, es decir, que todas las normas deben desprenderse de ella y que
todos los ciudadanos tienen la obligación de respetar y velar por su vigencia.
3.1. La Constitución
La Constitución es una norma jurídico-política sui generis. El origen de
dicha peculiaridad, desde luego, no sólo dimana del vértice de su posición en el
ordenamiento jurídico, sino también del significado que tiene, y de la función
que está llamada a cumplir.
Una de las formas cómo se expresa esa singularidad tiene que ver con
la doble naturaleza. Así, por un lado, en la medida que crea jurídicamente al
Estado, organiza a los poderes públicos, les atribuye sus competencias y
permite la afirmación de un proyecto nacional, que es encarnación de los
valores comunitarios, la Constitución es, prima facie, una norma política. Ella,
en efecto, es la expresión de todo lo que la nación peruana fue, es y aspira a
alcanzar como grupo colectivo.
Pero, de otro lado, también la Constitución es una norma jurídica. En
efecto, si expresa la autorepresentación cultural de un pueblo, y refleja sus
41

aspiraciones como nación, una vez formado el Estado de Derecho Social de
Derecho, ella pasa a ocupar una posición análoga a la que ocupaba su
creador. En buena cuenta, en el Estado Constitucional, el status de Poder
Constituyente, es decir la representación del pueblo políticamente soberano, lo
asumirá la Constitución, que de esta forma pasará a convertirse en la norma
jurídicamente suprema.
La Constitución, así, termina convirtiéndose en el fundamento de validez
de todo el ordenamiento instituido por ella. De manera que una vez que entra
en vigencia, cualquier producción normativa de los poderes públicos e,
inclusive, los actos y comportamientos de los particulares, deben guardarle
lealtad y fidelidad. (extraído de la STC 0014-2003-AI/TC).
La Constitución que actualmente rige en el Perú es la Constitución
Política de 1993.
3.1.1. El Tribunal Constitucional
La Constitución Política de 1993, consagra al Tribunal Constitucional
como “el órgano de control de la Constitución”, ello quiere decir que es el
Tribunal Constitucional al que se le encomendó la especial función de
resguardar la supremacía de la Constitución frente a otras normas estatales,
interpretando las normas infraconstitucionales bajo el parámetro de la
Constitución. Tiene, también, la función de velar por la protección de los
derechos fundamentales de todos los ciudadanos frente a cualquier acción u
omisión ya sea por parte de los órganos del Estado o de cualquier persona que
pretenda afectar sus derechos.
3.1.2. Los Derechos Fundamentales
Desde una perspectiva histórica, los derechos fundamentales surgieron
como derechos de defensa oponibles al Estado. Es decir, como atributos
subjetivos que protegían un ámbito de autonomía individual contra acciones u
omisiones derivadas de cualquiera de los poderes públicos. De esta forma, los
42

derechos y libertades fundamentales tenían al individuo por sujeto activo, y
únicamente al Estado como sujeto pasivo, en la medida en que ellos tenían por
objeto reconocer y proteger ámbitos de libertad o exigir prestaciones que los
órganos públicos debían otorgar o facilitar.
Hoy, los derechos fundamentales no son sólo derechos públicos
subjetivos, sino que, también hay que reconocer en ellos, el establecimiento de
verdaderos valores supremos, es decir, el componente estructural básico del
orden constitucional y base de nuestra sociedad. Por ello, se puede decir que
los derechos fundamentales tienen un doble carácter: uno subjetivo y otro
objetivo. (basado de la STC 0050-2004-AI/TC).
3.1.3. Las Garantías Constitucionales
Las garantías constitucionales – o procesos constitucionales como lo
denomina el Código Procesal Constitucional – están regulados en el artículo
200º de la Constitución. Son mecanismos de defensa que tiene toda persona
ante la vulneración de sus derechos fundamentales o también pueden ser
plantados para ejercer un control normativo de normas infraconstitucionales.
Estas garantías o procesos constitucionales pueden ser:
Como Protección de los Derechos Fundamentales
Habeas Corpus (artículo 200º, inciso 1 Const.)
Acción de Amparo (artículo 200º, inciso 2 Const.)
Habeas Data (artículo 200º, inciso 3 Const.)
Acción de Cumplimiento (artículo 200º, inciso 6 Const.)
43

Como Control Normativo
Acción de Inconstitucionalidad (artículo 200º, inciso 4 Const.)
Acción Popular (artículo 200º, inciso 5 Const.)
Proceso Especial
Proceso Competencial (artículo 202º, inciso 3 Const.)
Los procesos de Habeas Corpus, amparo, Habeas Data y Cumplimiento
son tramitados, en primera y segunda instancia ante el Poder Judicial. Si el
agraviado en su derecho no logra la tutela de su derecho puede acudir
mediante el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal constitucional,
agotando con ello las instancias nacionales.
En el caso de los procesos de Inconstitucionalidad y competencial, ellos
son conocidos, en única instancia, por el Tribunal Constitucional de acuerdo al
artículo 202º de la Constitución.
Por último, el proceso de Acción Popular se tramita exclusivamente en el
Poder Judicial pronunciándose en última instancia la Sala Constitucional y
Social de la Corte Suprema de la república.
3.1.3.1. El Proceso de Habeas Corpus
Establecido en el artículo 200º, inciso 1) de la Constitución, y en título II
del Código Procesal Constitucional, procede ante la acción u omisión, por parte
de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la
libertad individual o los derechos constitucionales conexos como son: el
derecho a no ser objeto de desaparición forzada, a no ser sometido a tortura o
tratos inhumanos o humillantes, etc.
44

Tanto el Tribunal Constitucional como la doctrina ha establecido siete
clases de habeas corpus: El habeas corpus reparador, el habeas corpus
restringido, el habeas corpus correctivo, el habeas corpus traslativo, el habeas
corpus instructivo, el habeas corpus innovativo y, finalmente, el habeas corpus
conexo. Todos ellos desarrollados ampliamente en la sentencia 2663-2003-
HC/TC.
3.1.3.2. El Proceso de Amparo
Establecido en el artículo 200º, inciso 2) de la Constitución, así como en
el Título III del Código Procesal Constitucional, procede contra la acción u
omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o
amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución y que no son
materia de protección de las demás garantías constitucionales. Entre los
derechos que protege tenemos: el derecho de igualdad, a la libre contratación,
de reunión, de trabajo, de sindicación, de propiedad, de nacionalidad, de
seguridad social, de libertad de cátedra, a la salud, etc.
Dos modalidades particulares del amparo son: la procedencia del
amparo contra resoluciones judiciales firmes siempre que vulneren la tutela
procesal efectiva, y; el amparo contra los actos derivados de una norma
siempre que vulnere de un derecho constitucional protegido por este tipo de
proceso.
3.1.3.3. El Proceso de Habeas Data
Establecido en el artículo 200º, inciso 3) de la Constitución y en el Título
IV del Código Procesal Constitucional, procede ante la acción u omisión, por
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera los incisos 5º y
6º del artículo 2° de la Constitución. El primero tutela el derecho de toda
persona a solicitar, sin expresión de causa, la información que requiera y a
recibirla de cualquier entidad pública siempre que no afecten la intimidad
personal de otra persona o que no este expresamente excluido por ley o por
razones de seguridad nacional.
45

El segundo protege el derecho de toda persona a la autodeterminación
de su información si es que con su difusión se atenta contra su intimidad
personal y familiar.
3.1.3.4. El Proceso de Cumplimiento
V del Código Procesal Constitucional, procede contra cualquier autoridad o
funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, por lo
que el objeto de este proceso es que:
1) se dé cumplimiento, en cada caso concreto, a una norma legal, o ejecute
un acto administrativo firme.
2) se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir
una resolución o dictar un reglamento.
Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto
administrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través
del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o
autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los
siguientes requisitos mínimos comunes (STC 168-2005-PC/TC): Caso
Villanueva.
a) Ser un mandato vigente.
b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse
indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo.
c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones
dispares.
d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.
e) Ser incondicional.
46

Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos
administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados,
en tales actos se deberá:
f) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante.
g) Permitir individualizar al beneficiario.
3.1.3.5. El Proceso de Inconstitucionalidad
VIII del Código Procesal Constitucional, procede contra las normas que tienen
rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados,
reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y
ordenanzas municipales que contravengan la Constitución. Los sujetos que
pueden plantear la acción de inconstitucionalidad, de acuerdo al artículo 203º
de la Constitución, son:
• El Presidente de la República (con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros)
• El Fiscal de la Nación;
• El Defensor del Pueblo;
• El 25% del número legal de congresistas;
• Cinco mil ciudadanos;
• Los Presidentes de Región;
• Los Alcaldes Provinciales;
• Los Colegios Profesionales, en materias de su especialidad.
3.1.3.6. El Proceso de Acción Popular
VII del Código Procesal Constitucional, procede por infracción de la
Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y
47

resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la
que emanen.
Con este proceso se busca la adecuación de las normas infralegales a
las que tienen rango de ley.
Se tiene que hacer la precisión de que este tipo de proceso no es
competencia del Tribunal Constitucional, por lo que todo el proceso se lleva a
cabo exclusivamente en el Poder Judicial.
3.1.3.7. El Proceso Competencial
Se encuentra establecido en el artículo 202º, inciso 3) de la Constitución
y en el Título IX del Código Procesal Constitucional. Lo que se busca en este
tipo de procesos es que el Tribunal Constitucional dirima sobre las
competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o por
las leyes Orgánicas a distintos órganos estatales. Así los conflictos
competenciales. Así, pueden oponerse:
1) Al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales;
2) A dos o más gobiernos regionales, municipales o de ellos entre sí; o
3) A los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos
constitucionales, o a éstos entre sí.
3.1.3.8. El Carácter Vinculante de las Sentencias
El artículo VII del Código Procesal constitucional establece: “Las
sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa
juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia,
precisando el extremo de su efecto normativo (…)”. Por lo que las sentencias
del Tribunal constitucional que establezcan precedente vinculante son de
obligatoria observancia en los procesos sucesivos. Ello encuentra su
48

fundamento en el carácter de máximo intérprete de la Constitución que tiene el
Tribunal constitucional.
Las sentencias del Tribunal Constitucional, en el proceso de
inconstitucional, tiene efectos erga omnes por lo que el Tribunal Constitucional,
mediante una sentencia estimatoria, puede, si así lo dispone, expulsar una
norma - o parte de ella - del ordenamiento por ser esta inconstitucional.
3.1.3.9. De los Fueros Internacionales
Cuando el sujeto que siente que ha sido vulnerado en su derecho ha
agotado la vía interna, puede acudir a los organismos internacionales para
garantizar la tutela de sus derechos.
Así tenemos que una persona puede acudir ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos y, posteriormente, ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos con sede en San José de Costa Rica. Así también pueden acudir al
Comité de Derechos Humanos de las Naciones unidas y aquellos otros que se
constituyan en el futuro y que sean aprobados y ratificados mediante tratados
por el Perú.
49

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
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39.GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como norma y
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40.BREDE Y MONTESQUIEU, Carlos Luis de Secondat, barón de la.
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41.GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Ob. cit.
42.BLUME FORTINI, Ernesto. Ob. cit.
44.ZALDIVAR TELO DE SARRIA, Arturo. “La justicia constitucional en
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