![“Contrabando ”
Las manufacturas de algodón inglesas han sido artículos de rigurosa
prohibición a los españoles en tiempos de paz en el giro y comercio de
América y de esta prohibición ha resultado el contrabando que se ha hecho y
hace en aquellas colonias [...] La mayor parte de los establecimientos
españoles se hallan situados en los trópicos, y por dicha causa se hace mucho
consumo de manufacturas de algodón no sólo para el uso y gasto interior simio
para el exterior, en los individuos de ambos sexos, pero de quince años a esta
parte [el documento es de 1808] se ha aumentado con tanta rapidez que
sorprende ver a las americanas de la República de los Estados Unidos, y a las
españolas de nuestros países septentrionales, en el rigor del invierno, vestidas
en su exterior con ropas finas, delgadas y sencillas de algodón. Las negras y
mulatas libres de La Habana, Veracruz, Campeche, Puerto Rico, Maracaibo,
Cartagena, Porto belo, Lima, Guayaquil y otros establecimientos nu estros,
situados entre trópicos, aman con exceso la vanidad de las zarazas de coco y
ramazón, las cotonias y muselinas, que usan estos tejidos en su vestimenta
ordinaria, común y diaria, con el mismo lujo y profusión que las mujeres
distinguidas y poderosas de Europa[...] Generalmente el carácter de las negras
y mulatas y demás clase de mujeres de la ínfima plebe de nuestros
establecimientos americanos varía del resto de los españoles, porque las
primeras duermen en una estera y se alimentan mmtal y con escasez, sus
habitaciones carecen en absoluto de muebles y menaje y se atarean dos, tres,
cuatro meses a lavar y planchar ropa ajena sin otro objeto que para poder
adquirir cuarenta, cincuenta o sesenta pesos y emplearlos en una fina
muselina o una zaraza, con lo que se hace un traje de moda, y se presentan
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Contrabando
- 1. “Contrabando ” EL CONTRABANDO. ANTECEDENTES HISTÓRICOS El régimen español de los siglos XVI y XVII y la prohibición impuesta a los extranjeros de comerciar con las posesiones americanas, trajeron como consecuencia el contrabando o comercio clandestino que no pagaba derechos aduaneros, violaba y defraudaba al fisco. Los ingleses, portugueses y holandeses introducían toda clase de géneros; aun los mismos concesionarios de las flotas entregándose con descaro al contrabando. Por razones políticas España permitió que Francia pudiera comercializar con el Perú, permiso aprovechado por los franceses para introducir en Lima toda clase de mercaderías. En el Río de la Plata, muchas veces las embarcaciones procedentes de Sevilla se detenían en el Brasil, para cargar allí los géneros e introducirlos luego en Buenos Aires. Otras veces las naves penetraban en el estuario del Río de la Plata y pasaban a los barcos españoles su cargamento, en retorno de los frutos del país que éstos cargaban clandestinamente. La Colonia del Sacramento y Las Antillas, fueron los dos focos principales del contrabando con Hispanoamérica. Estas posesiones españolas fueron utilizadas por Inglaterra, Francia, Holanda y Portugal para arruinar el comercio de España. A efectos de cortar todos estos abusos del contrabando, los comerciantes de Cádiz fueron autorizados para enviar buques de registro sueltos con lo que se suprimió el sistema de galeones. Esta medida fue utilísima para el Río de la Plata que pudo obtener los artículos europeos en más abundancia y menor precio. -1–
- 2. “Contrabando ” EL COMERCIO, LOS COMERCIANTES Y EL CONTRABANDO En la coyuntura creada por la Revolución Francesa y el imperio napoleónico, el monopolio comercial español fue demolido por Gran Bretaña, que dominaba el Atlántico y requería el mercado iberoamericano para resarcir sus pérdidas por el bloqueo continental. El establecimiento de puertos francos en las posesiones británicas del Caribe databa de la década de 1760 y después de la independencia de las trece colonias de Norteamérica abrió nuevos circuitos comerciales, legales y de contrabando, que prosperaron con las guerras de España con Inglaterra y Francia. Quienes pescaron en este río revuelto definieron intereses que, en última instancia, fueron los verdaderos precursores del librecambismo decimonónico hispanoamericano. El contrabando con Jamaica involucraba en la década de 1790 a "todos los comerciantes de Cartagena" y a importantes funcionarios de la corona y anulaba de hecho las provisiones del reglamento de libre comercio. La importancia de las harinas y telas inglesas en el comercio latinoamericano era notoria desde 1780. Un funcionario español describió a Jamaica (Cartagena, 1805) como el "almacén general de todo este continente". Aun desde antes de la independencia los consumidores hispanoamericanos de telas ya se habían pasado al bando inglés. Según el último intendente de Venezuela: -2–
- 3. “Contrabando ” Las manufacturas de algodón inglesas han sido artículos de rigurosa prohibición a los españoles en tiempos de paz en el giro y comercio de América y de esta prohibición ha resultado el contrabando que se ha hecho y hace en aquellas colonias [...] La mayor parte de los establecimientos españoles se hallan situados en los trópicos, y por dicha causa se hace mucho consumo de manufacturas de algodón no sólo para el uso y gasto interior simio para el exterior, en los individuos de ambos sexos, pero de quince años a esta parte [el documento es de 1808] se ha aumentado con tanta rapidez que sorprende ver a las americanas de la República de los Estados Unidos, y a las españolas de nuestros países septentrionales, en el rigor del invierno, vestidas en su exterior con ropas finas, delgadas y sencillas de algodón. Las negras y mulatas libres de La Habana, Veracruz, Campeche, Puerto Rico, Maracaibo, Cartagena, Porto belo, Lima, Guayaquil y otros establecimientos nu estros, situados entre trópicos, aman con exceso la vanidad de las zarazas de coco y ramazón, las cotonias y muselinas, que usan estos tejidos en su vestimenta ordinaria, común y diaria, con el mismo lujo y profusión que las mujeres distinguidas y poderosas de Europa[...] Generalmente el carácter de las negras y mulatas y demás clase de mujeres de la ínfima plebe de nuestros establecimientos americanos varía del resto de los españoles, porque las primeras duermen en una estera y se alimentan mmtal y con escasez, sus habitaciones carecen en absoluto de muebles y menaje y se atarean dos, tres, cuatro meses a lavar y planchar ropa ajena sin otro objeto que para poder adquirir cuarenta, cincuenta o sesenta pesos y emplearlos en una fina muselina o una zaraza, con lo que se hace un traje de moda, y se presentan -3–
- 4. “Contrabando ” en los paseos, en los bailes y en los teatros como si fuera una mujer distinguida y pudiente. Descripciones de esta índole adquieren en la Nueva Granada un tono menor y pendenciero. Pedro Fermín de Vargas, excéntrico criollo ilustrado, uno de los precursores intelectuales de la independencia, sostuvo que ni los más pobres ni los esclavos podían comprar los textiles importados más baratos, y que estos grupos constituían el mercado natural de los "tejidos bastos" del Socorro, célebre por haber sido el foco del movimiento comunero de 1781 contra la reforma fiscal borbónica. No obstante, refiriéndose a la rica provincia minera de Popayán, el mismo Vargas afirmaba que allí "las ropas de Castilla son de uso general", sugiriendo que las consumían todas las clases sociales. Aunque es difícil cuantificar estas impresiones, tenemos para Cumaná (Venezuela) un informe que prueba los asertos de Basadre. Allí la población estaba clasificada en cinco categorías: 1. "caballeros y señoras principales", el 1,4% de la población que consumía el 8,6% del valor de las importaciones; 2. "hombres y mujeres de cualquier jerarquía y color con lo necesario para mantenerse en decencia", el 8,4% de la población y el 29,1% del consumo; 3. "gentes libres, soldados, labradores de propia mano, oficiales... ", que representaba un 18,5% de la población y consumía el 43,5% de las importaciones. En la base había dos categorías: 4. los "peones libres, pobres y esclavos" que formaban el 34,8% de la población y su consumo de importados representaba el 18,0% y todavía más abajo, una especie de -4–
- 5. “Contrabando ” lumpemproletariado conformado por 5. "pobres de solemnidad, niños pobres..." que alcanzaba el 34,9% de la población total y apenas consumía el 1,6% de las importaciones. El cuadro sugiere la importancia consumidora de las capas medias y aun de los esclavos y pardos libres. Desgraciadamente no hay estimativos similares para la Nueva Granada, pero tampoco hay motivo suficiente para pensar que el perfil del consumo entre los distintos grupos sociales haya diferido demasiado del venezolano. Los comerciantes profesionales estaban claramente estratificados; la muralla china se erigía para cerrar a los criollos del interior el acceso al mercado transatlántico, con sede en los puertos habilitados y en manos de peninsulares, pese a las disposiciones del decreto de libre comercio de 1778. Aquí debería subrayarse el alto nivel de rotación de los comerciantes peninsulares en Cartagena durante los últimos treinta o cuarenta años del virreinato, que sin duda debió de tener algún efecto en la naturaleza del conflicto sociopolítico de la década de 1810. Podemos suponer que en el puerto caribeño los principales comerciantes peninsulares tenían menos arraigo local que los altos funcionarios chapetones instalados en Santafé. En el comercio del interior había una escala de muchos peldaños, desde el mayorista hasta el buhonero. Cuatro rasgos definían al gran comerciante concentrado en Cartagena a fines del período colonial: 1. La familia era la institución fundamental del mundo mercantil; 2. El uso extendido de libranzas y otros instrumentos comerciales -5–
- 6. “Contrabando ” que daban mucha flexibilidad al sistema y en todo caso aseguraban un permanente drenaje de capitales comerciales de la Nueva Granada hacia España o hacia otras posesiones en las Antillas españolas; 3. La propensión a evadir impuestos y, 4. El interés especulativo de algunos en diversificar las inversiones moviéndose a las empresas agroexportadoras que tuvieron un auge limitado a la costa Atlántica a fines del siglo XVIII. Con varlaclones, este modelo de gran comerciante tendía a replicarse en las principales ciudades. El lugar ocupado en la escala del comerclo corría paralela a la del prestigio y status sociales. En el gran comercio los beneficios eran muy altos y los comerciantes, más que los mineros criollos o que los latifundistas confinados a sus provincias, estaban en el ápice del sistema social. UN PERÚ SIN CORRUPCIÓN: CONDICIONES, LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Iniciativa Nacional Anticorrupción El grupo Iniciativa Nacional Anticorrupción, INA, define la corrupción como el uso y abuso del poder público en provecho propio. Por lo general, la motivación de beneficios privados aparece como elemento desencadenante de los actos de corrupción. Aun cuando constatamos que la corrupción es un fenómeno de carácter transnacional, sabemos también que tiene larga data y arraigo en nuestra historia patria. En el Perú, la corrupción no solamente denota una ausencia de sentido de nación, sino que progresivamente pone en riesgo la viabilidad del -6–
- 7. “Contrabando ” país. Sin lugar a dudas, la corrupción empobrece a la nación: la debilita en tanto proyecto y la empobrece materialmente haciendo más pobres a los pobres. Las causas, formas y alcances de la corrupción son cada vez más complejos y abarcan todos los ámbitos, tanto públicos como privados, de la sociedad peruana. El diagnóstico que presenta el grupo Iniciativa Nacional Anticorrupción, INA, nos demuestra que los políticos, académicos y ciudadanos interesados están cada vez más próximos a dilucidar la compleja maraña y los mecanismos de cada uno de sus componentes. Sobre todo, se comparte el sentimiento y la convicción de que la corrupción debe ser combatida como paso previo y consustancial al desarrollo económico y democrático de nuestra nación. Es indiscutible que si las leyes funcionaran, la corrupción habría estado bajo control. Sin embargo, existe toda una cultura paralela al sistema legal que impide que éste se cumpla. Nuestra meta es generar las condiciones para que se desarrolle una cultura de transparencia y probidad. Para lograr esto es preciso poner en marcha un plan integral con una estrategia de plazos medianos y largos que implique: la creación de un organismo especializado en combatir la corrupción, la revisión de las leyes existentes, y la elaboración de nuevas leyes específicas contra la corrupción que enfaticen la transparencia, los controles y las sanciones que acarrea la transgresión de la ley. -7–
- 8. “Contrabando ” Paralelamente, es indispensable realizar un trabajo intensivo de prevención y educación, y fortalecer la vigilancia ciudadana. El INA propone tener en cuenta cuatro requisitos fundamentales y cuatro lineamientos centrales para la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Los requisitos son: el rechazo a la impunidad, la construcción de una alianza político-social contra la corrupción a largo plazo basada en la articulación de intereses, el fortalecimiento del liderazgo público y privado mediante la construcción de la voluntad política y el establecimiento de un coto a la corrupción sistémica. Los lineamientos son: institucionalizar la lucha contra la corrupción, fortalecer la ética pública. fomentar la transparencia y el rendimiento de cuentas e impulsar la vigilancia ciudadana. Sin embargo, el INA considera que, aplicada por separado, ninguna de las recomendaciones dadas en los lineamientos podrá llevamos a los resultados a que aspiramos. Es necesario responder de manera integral al problema de la corrupción. La Iniciativa Nacional Anticorrupción está convencida de que el liderazgo político, el conocimiento y la información junto con la vigilancia ciudadana producirán menor corrupción y mayor gobernabilidad en nuestro país. Con seguridad, la voluntad política permitirá el afinamiento y la realización del Plan Nacional Anticorrupción en el menor plazo y con el mejor resultado posible. -8–
- 9. “Contrabando ” Condiciones del Plan Anticorrupción El éxito de la lucha anticorrupción sólo es posible si se cumple con asegurar cuatro condiciones políticas y sociales que comprometen sobre todo a los gobiernos, pero también a las instituciones de la sociedad civil y a los ciudadanos como individuos: rechazo a la impunidad, la constitución de una alianza político-social contra la corrupción a largo plazo basada en la articulación de intereses, el fortalecimiento del liderazgo público y privado y el establecimiento de un coto a la corrupción sistémica. Rechazo a la impunidad La percepción de los usuarios de los servicios de la administración pública sobre impunidad frente a las actos de corrupción es fundamentalmente negativa. Prejuicios como que los responsables nunca son perseguidos, que todos conocen los actos de corrupción y nadie los denuncia, hasta asumir que quienes denuncian tos actos de corrupción salen perjudicados (Banco Mundial, 2001), están muy presentes en el imaginario de las personas. Para conseguir el respaldo social y ciudadano, una estrategia de lucha contra la corrupción requiere revertir la sensación de impunidad imperante en el país. Para creer. la población necesita de acciones ejemplificadoras. Sin embargo, esta reconstitución de la confianza pública no resulta una tarea sencilla, en la medida en que lo recurrente en nuestra historia contemporánea -9–
- 10. “Contrabando ” ha sido, más bien, la no sanción de los delitos ligados al mal uso de los fondos públicos. En este sentido, las acciones emprendidas por la Procuraduría Ad-Hoc y por los jueces y fiscales anticorrupción son importantes pasos de lo que debe ser un esfuerzo nacional de lucha contra la corrupción. Estas acciones constituyen, sin duda, un primer eslabón del mismo y permitirán que las posteriores acciones y medidas tengan credibilidad. Por ello, sus acciones deben reforzarse no sólo para que su labor se desarrolle en las mejores condiciones sino también, para que el plan en ejecución gane mayor legitimidad y se afirme. para bien, la sensación de no impunidad. Constituir una alianza político-social contra la corrupción a largo plazo basada en la articulación de intereses Las iniciativas puramente estatales, además de confundirse con iniciativas gubernamentales que desaparecen o se debilitan con los cambios de gobierno, resultan insuficientes para combatir la corrupción. A su vez, las iniciativas de la sociedad civil, por más exitosas que fueren, además de insuficientes, pueden resultar marginales al carecer del respaldo o reconocimiento oficial. La experiencia latinoamericana enseña que la concertación entre el Estado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción es sustantivamente más eficaz que las iniciativas estatales o particulares por separado. - 10 –
- 11. “Contrabando ” Las principales instituciones comprendidas en la alianza político-social serían el Presidente de la República y el Poder Ejecutivo, el Congreso, los partidos políticos, los medios de comunicación, los empresarios, las iglesias, las universidades, los colegios profesionales, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones sociales y movimientos sociales de base y las organizaciones no gubernamentales. Esa alianza tendría una diversidad de espacios de articulación y relación: mesas de concertación, iniciativas locales, regionales o nacionales, campañas nacionales, etc. Fortalecer el liderazgo público y privado: construir voluntad política. La lucha contra la corrupción requiere de liderazgos decididos y claros al interior de las organizaciones, en particular dentro del Poder Ejecutivo. Los responsables de los sistemas de control no ejercen la iniciativa para conducir las instituciones, a diferencia de los líderes de las organizaciones. La voluntad política hay que construirla: y este proceso es el reflejo de complejas circunstancias que reúnen las aspiraciones de tos líderes individuales, el cálculo de los beneficios que pueden derivar de los cambios de las normas y del comportamiento, y la creencia en la capacidad para reunir el apoyo apropiado para vencer la resistencia a las reformas contra la corrupción. Fortalecer la voluntad política requiere que los reformadores se replanteen cómo desplegar las acciones anticorrupción para evitar lo que se ha convertido en un patrón recurrente en las reformas de la corrupción: apatía-escándalo- reforma-apatía. - 11 –
- 12. “Contrabando ” Establecer un coto a la corrupción sistémica La corrupción sistémica ha sido el carácter distintivo de la forma cómo la corrupción operó en nuestro país durante la década pasada. Lo innovador, por llamarlo así, fue el copamiento o captura del Estado por parte del núcleo corrompido y corruptor. y la succión-direccionamiento que éste impuso a las redes preexistentes y dispersas de la corrupción institucional. El ordenamiento desde el vértice del Estado dio una nueva y más peligrosa amplitud a la práctica de la corrupción. Esta se convirtió en la política subrepticia del régimen, bajo la cual se ordenó un conjunto diverso de políticas públicas: copamiento del Poder judicial y del Ministerio Público, inmovilización del Tribunal Constitucional, sometimiento del Poder Electoral y de las Fuerzas Armadas, y neutralización y compra de algunos medios de comunicación. Que el núcleo corruptor se haya puesto en evidencia a partir de las acciones de la procuraduría y los jueces y fiscales anticorrupción, y que la perversidad de sus acciones -que configuran la corrupción sintética se visibilice para el conjunto de la ciudadanía no significa, necesariamente, que tal grado de corrupción no pueda volver a presentarse. Inmunizar al Estado y a la sociedad contra la corrupción sistémica es, pues, una necesidad prioritaria. En este sentido, se requiere un primer núcleo de acciones concentradas alrededor del poder político, entendiendo por ello no - 12 –
- 13. “Contrabando ” sólo los diferentes ámbitos de acción del gobierno y de los funcionarios públicos, sino también de los actores políticas en su conjunto. El proceso de inmunización social y estatal frente a la corrupción sistémica debe, en consecuencia, concentrar esfuerzos en el reforzamiento de los controles, principalmente del Poder Ejecutivo, Legislativo y judicial, la transparencia de las acciones públicas de los gobernantes, en todo ámbito, y el control ciudadano sobre la gestión pública. LINEAMIENTOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN. INSTITUCIONALIZAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Diagnóstico La década de los ochenta culminó con una enorme crisis de gobernabilidad: partidos sin legitimidad, instituciones quebradas por el desgobierno, hiperinflación y subversión en crecimiento. Esta situación se agravó con el triunfo electoral en segunda vuelta, en 1990, de un candidato sin partido, sin mayoría parlamentaria, sin plan de gobierno. Los primeros años del nuevo gobierno tornaron aún más crítico el panorama: el nuevo Presidente, Alberto Fujimori, reemplazó su debilidad partidaria por una alianza con la cúpula de las Fuerzas Armadas. asumió parcialmente el plan de gobierno de ajuste estructural de su oponente, y descartó cualquier iniciativa seria de concertación con las otras fuerzas políticas parlamentarias. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori propició un autogolpe en alianza con las Fuerzas Armadas; disolvió el Congreso de la República y las - 13 –
- 14. “Contrabando ” Asambleas Regionales, y paulatinamente intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. La presión, sobre todo, de la comunidad internacional y las protestas nacionales obligaron al gobierno a comprometerse en un retorno, limitado y administrado desde el mismo poder, a la democracia, convocando a elecciones 25 para un nuevo Congreso y elaborando una nueva Constitución. El autogolpe sirvió para legitimar y legalizar un sistema de gobierno hiperpresidencialista, autoritario, desafecto a las instituciones y contrario a su Independencia, adversario de la transparencia en la toma de decisiones gubernamentales y proclive a cultivar el secreto entre los integrantes de la cúpula gobernante. Este diseño de gobierno creó las bases para la organización de una red corrupta, organizada desde el centro mismo del poder político, que ahondó aún más la crisis institucional. La Constitución de 1993 se encargó de consagrar el presidencialismo autoritario. La sistemática política de destrucción y sumisión de las instituciones se la puede encontrar revisando las principales leyes de copamiento del Estado, entre algunas de ellas: la Ley 26546 que creó la Comisión Ejecutiva del Poder judicial; la Ley 26618, que redujo de seis años a seis meses el plazo para presentar una acción de inconstitucionalidad; la Ley 26623, que formó el Consejo de Coordinación judicial; la Ley 26859, Ley General de Elecciones para la re reelección; la Ley 26898, que permitió el Copamiento del jurado - 14 –
- 15. “Contrabando ” Nacional de Elecciones, y la Ley 26933, que restringió las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Después de diez años de régimen autoritario y de ocho meses de transición democrática, el reto es reconstruir un sistema de control constitucional y administrativo del poder, sustentado en un equilibrio de poderes y en una activa participación ciudadana. Como expresión de voluntad política Indubitable que contribuya a sentar las bases de una coalición de intereses públicos y privados para la lucha contra la corrupción, en el ámbito de la institucionalización se proponen las siguientes medidas. Recomendaciones La creación de una institución autónoma encargada de la tarea especializada de promover y supervisar la lucha contra la corrupción (el Organismo). cuyo titular sea elegido por la votación calificada de dos terceras partes de los miembros del Congreso de la República, que goce de autonomía política y administrativa, y esté facultado para: o Formular anualmente las políticas preventivas anticorrupción, señalando los aspectos prioritarios de las mismas que orienten el sistema educativo y la colaboración debida de los medios de comunicación social en la formación cultural, moral y democrática de la ciudadanía; - 15 –
- 16. “Contrabando ” o Elaborar el plan de acción anual de lucha contra la corrupción a ser desarrollado por la administración del Estado con la colaboración y vigilancia de la sociedad civil, destinado a fortalecer los mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; o Coordinar con las instituciones del Estado las acciones preventivas y hacer un seguimiento de las áreas más vulnerables a la corrupción, de acuerdo con las políticas preventivas y el plan de acción elaborado de conformidad con los acápites anteriores; o Brindar opinión técnica y asesoramiento a las instituciones públicas y privadas en materia de ética pública, y medidas preventivas y punitivas de lucha contra la corrupción; o Proponer a los poderes del Estado y a las dependencias de la administración del Estado medidas a adoptar en materia de ética pública; o Recibir quejas sobre las contravenciones a los principios de ética pública y tomar conocimiento de denuncias ciudadanas sobre hechos que contengan indicios consistentes de corrupción; o Llevar a cabo las indagaciones previas e investigaciones preliminares de las quejas y denuncias recibidas conforme al acápite anterior, así como iniciar investigaciones de oficio en casos relacionados con las contravenciones a la ética pública o a los actos de corrupción, sirviéndose de los informes que obligatoriamente le proporcionen al Organismo las autoridades, funcionarios y servidores del sistema de - 16 –
- 17. “Contrabando ” control y las dependencias de la administración del Estado en general; o Derivar los resultados de sus investigaciones a las autoridades, funcionarios o servidores del Estado responsables de tomar acciones correctivas o aplicar sanciones correspondientes, así como formular las advertencias y/o exhortaciones que considere necesario para colaborar con ellas en la lucha contra la corrupción y supervisar el cumplimiento de las responsabilidades públicas de las autoridades. funcionarios y servidores en esta materia; o Poner en conocimiento del Ministerio Público los hallazgos que encuentre en los que existan indicios de delitos vinculados a la corrupción. colaborar con los fiscales en las investigaciones en curso y supervisar el cumplimiento de las responsabilidades de estos últimos en esta materia; o Hacer el seguimiento y promoción de las normas de conducta fijadas para el cumplimiento diligente y probo de la función pública, con especial referencia a: Detectar y prevenir los conflictos de intereses, así como los casos de nepotismo y tráfico de influencias; Asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados para el desempeño de la función pública; - 17 –
- 18. “Contrabando ” Hacer el seguimiento de la publicación de las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y autoridades del Estado; Exigir la publicidad, equidad y eficiencia de los sistemas de contratación de los funcionarios y asesores de la administración del Estado, así como para la adquisición de bienes y servicios por parte de éste; Fomentar medidas que impidan el soborno de autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como de sus asesores; Propiciar sistemas de protección a las personas que denuncien de buena fe actos de corrupción; y Estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir y combatir la corrupción; o Presentar ante el Congreso de la República un informe anual sobre los resultados y perspectivas de la lucha contra la corrupción, el procesamiento de las quejas y denuncias tramitadas, la respuesta de las autoridades a las advertencias y exhortaciones formuladas y el seguimiento de medidas a que se contrae el acápite anterior; o Informar a la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre situaciones concretas en el ámbito de su competencia cada vez que ésta se lo solicite; y, finalmente; - 18 –
- 19. “Contrabando ” o Coordinar con los organismos de la sociedad civil las acciones de lucha contra la corrupción con miras a fomentar la vigilancia ciudadana y consolidar la alianza del Estado con la sociedad civil en esta materia. En apoyo de las actividades del Organismo deberá establecerse que: 1 Toda autoridad, funcionario o servidor de la administración del Estado deberá cooperar diligente y oportunamente, bajo responsabilidad, en las investigaciones y acciones que éste lleve a cabo y atender con prioridad las advertencias v exhortaciones que el Organismo formule; y que; 2 El Organismo regirá su acción v llevará a cabo sus investigaciones en aplicación del principio de subsidiariedad. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Organismo deberá incluir una dependencia de prevención, que planifique las políticas orientadas a la promoción de la ética pública y el cumplimiento de la ley: y. asimismo, otra de investigaciones, que lleve a cabo el seguimiento de casos concretos y de situaciones de carácter general, en el ámbito de su competencia. Considerando que el Perú debe ingresar en un proceso de reforma constitucional, se recomienda que en este marco se consagre como sustento de compromiso mínimo en materia de lucha contra la corrupción: - 19 –
- 20. “Contrabando ” La reducción del presidencialismo frente a un mayor control y fiscalización parlamentaria, real autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, efectivo sometimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al poder democráticamente establecido, y el fortalecimiento de la Contraloría General de la República; La fiscalización ciudadana en un marco de efectivo control democrático como consagración de la participación de la sociedad civil en materia de lucha contra la corrupción y exigencia de prácticas de buen gobierno. De manera especifica, la Constitución debiera consagrar: El deber ciudadano de denunciar los actos de corrupción y la obligación del Estado de proteger debidamente a quienes de buena fe colaboren con las investigaciones que se lleven a cabo en esta materia; La fiscalización de los actos de la administración del Estado y de la conducta de autoridades, funcionarios y servidores por parte de la sociedad civil; La causal de cese e inhabilitación en la función pública por participación en actos de corrupción u omisión en la adopción de las medidas preventivas pertinentes; El fortalecimiento de la función pública sobre la base de exigencias de ética pública y probidad a las autoridades, funcionarios y servidores del Estado; Los principios de transparencia y rendición de cuentas en el accionar de la Administración del Estado como expresión propia del cumplimiento probo y eficiente de la función pública; - 20 –
- 21. “Contrabando ” Asimismo, la institucionalización de la lucha contra la corrupción exige los siguientes pasos en materia de normatividad y acción internacional: Ratificación de la Convención Internacional contra el Soborno Transnacional de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Internacional (OCDE); Poner en práctica la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, adecuar su contenido a la legislación interna del Perú y participar activamente en el mecanismo de seguimiento establecido mediante el Protocolo de San José, suscrito el 5 de junio de 2001; Ratificación, implementación y puesta en práctica de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional; Proponer el establecimiento de medidas de cooperación en las investigaciones y de aplicación de medidas coercitivas orientadas al embargo, decomiso e incautaciones de dinero y bienes de procedencia ilícita, repatriación de capitales y bienes de la misma procedencia, así como la extradición expeditiva y el levantamiento de la reserva tributaria y del secreto bancario en todos los Estados partes de los instrumentos internacionales anticorrupción; Participación activa en el movimiento de los Estados orientado a la elaboración de la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción, en el marco de la reunión organizada por las Naciones Unidas en Viena en agosto próximo; y - 21 –
- 22. “Contrabando ” Adhesión del Perú y promoción de los principios de imprescriptibilidad y jurisdicción internacional en materia de delitos contra la corrupción, a efecto de que el transcurso del tiempo y la doble nacionalidad no se constituyan en supuestos justificativos de impunidad. En materia de actualización del catálogo de delitos y penas que deben aplicarse a los actos de corrupción, así como de metidas que fortalezcan la investigación y persecución en la materia, se debe: Superar el sistema de penas de carácter simbólico que hace que los ilícitos cometidos no tengan sanción efectiva y permitan la impunidad de las altas autoridades y funcionarios públicos. Fortalecer los mecanismos legales que permitan la recuperación de dinero y bienes procedentes de actos corruptos que lesionan los Intereses del Estado; Adecuar la legislación penal a la Convención Interamericana contra la Corrupción, especialmente en relación con los actos de corrupción descritos en el articulo VII de dicho instrumento y a la obligación asumida por el Estado peruano de conformidad con el artículo VII del mismo; Legislar sobre el soborno internacional en aplicación de la Convención Internacional de la materia, y del artículo VIII de la Convención Interamericana contra la Corrupción; - 22 –
- 23. “Contrabando ” Incorporar el delito de lavado de dinero al catálogo de ilícitos contenidos en el Código Penal, superando la limitación actual que solamente lo vincula con el narcotráfico y el terrorismo; Reforzar los mecanismos contenidos en la Ley 27380, que institucionaliza las Fiscalías Anticorrupción; la Ley 27399, que regula la aplicación de medidas limitativas de derechos a los funcionarios de alto nivel; y la Ley 23378. que establece los beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la, criminalidad organizada. EL PAPEL QUE CUMPLEN LOS PODERES DEL ESTADO PODER EJECUTIVO Ratificar y apoyar la labor desempeñada por la Procuraduría Ad Hoc Anticorrupción. Informar regularmente al país de las agendas sobre asuntos normativos del Consejo de Ministros y los acuerdos de sus reuniones. Regular la prepublicación de las normas con carácter general propuestas por los organismos del Estado. Garantizar la transparencia económica y fiscal brindando Información actualizada sobre los proyectos de presupuestos de los organismos públicos y su ejecución. Optimizar el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, manteniendo al día y presentando la información de manera accesible a la ciudadanía. - 23 –
- 24. “Contrabando ” Reformular la Ley 27245 de Prudencia y Transparencia Fiscal, para designar la autoridad responsable del cumplimiento del Marco Macroeconómico Multianual, y las sanciones por el incumplimiento de las metas de política fiscal y nivel de endeudamiento que allí se establecen. Regular el carácter de reserva para determinados actos o Información a partir de parámetros objetivos y razonables, tales como el plazo de clasificación de secreto, el procedimiento y la autoridad competente para disponer la desclasificación de la información, etc. Impulsar la descentralización, en aras de aumentar el control ciudadano, convocando la elección de las autoridades regionales y departamentales, así como restituyendo y reasignando funciones y recursos a los gobiernos locales. PODER LEGISLATIVO Hacer un seguimiento cotidiano, en tiempo real, de la ejecución presupuestaria a través de la Comisión de Presupuesto. Fortalecer el trabajo de la Comisión Especial de la Cuenta General para mejorar la capacidad de control del Congreso, en la misma perspectiva que la Comisión de Presupuesto, Modificarlas leyes de gestión presupuestaria en el sentido de establecer con claridad el rol de control y fiscalización que compete al Congreso en el gasto público a través de la Comisión de Presupuesto. - 24 –
- 25. “Contrabando ” Promover audiencias parlamentarias en las comisiones ordinarias como arte de la publicidad y transparencia en la elaboración de las leyes. Los proyectos de ley preparados en una comisión ordinaria deben difundirse, convocando a los actores Interesados a inscribirse y a presentar por escrito sus propuestas y opiniones. Formalizar el cabildeo sobre temas de interés de la sociedad con el objeto de que quienes hacen cabildeo y quienes deciden en los poderes públicos procedan con transparencia y disminuya la desconfianza en la labor de los políticos. Designar como presidente de las comisiones de fiscalización a un representante del sector político no comprometido con el caso investigado. Efectuar regularmente la fiscalización del Congreso por parte de la Contraloría General de la República. Garantizar el control parlamentario del Sistema de Inteligencia Nacional a través de la fiscalización permanente, en la elaboración y cumplimiento de sus planes estratégicos y operativos, y en la ejecución de su presupuesto. PODER JUDICIAL Reforzar los mecanismos de control del Poder Judicial (OCMA). mejorando los procedimientos de investigación, y sugiriendo atención sobre el uso de los mecanismos de prescripción y caducidad en coordinación con el Consejo Nacional de la Magistratura. - 25 –
- 26. “Contrabando ” Publicar todas las resoluciones judiciales de la Corte Suprema que generen precedente de observancia obligatoria. Promover a través de la OCMA y en coordinación con el Consejo Nacional de la Magistratura, una cultura ética, partiendo de la elaboración de un Código de Ética para la Función Judicial y aplicando una metodología participativa para su debate y aprobación. Encargar a la Academia de la Magistratura la realización de cursos o programas de capacitación sobre ética en la función judicial, con énfasis en la utilización, de casos para su discusión y análisis entre jueces. Incorporar mecanismos de vigilancia ciudadana en el control del las infracciones de los magistrados, incluyendo la creación de organismos cívicos en cada dependencia judicial, que canalicen las denuncias hacia la OCMA y que supervigilen el retardo en las investigaciones. Otorgar iniciativa procesal en las investigaciones ante la OCMA a estos organismos cívicos. MINISTERIO PUBLICO Fortalecer los equipos de fiscales anticorrupción, capacitarlos sistemáticamente y dotarlos de los recursos necesarios para su labor. Otorgar al órgano de control que detecte una conducta flagrante de corrupción, la facultad de suspensión de funciones de un Fiscal. - 26 –
- 27. “Contrabando ” Promover, como parte del Código de Ética, el perfil del Fiscal que deberá proteger a la persona humana y el respeto de su dignidad y contribuir eficazmente á la lucha contra la corrupción. SISTEMA ELECTORAL Establecer mecanismos de financiamiento público a las campañas electorales, sobre bases equitativas y transparentes, y exigir, modificando el régimen legal, la publicidad de las contribuciones complementarlas a las campañas electorales, prohibiendo aquellas de carácter anónimo, Pedir a las organizaciones políticas que cumplan con presentar su declaración jurada con la relación de gastos documentada y las fuentes precisas de su financiamiento. Promover el debate de una ley de partidos para asegurar la elección democrática interna de los dirigentes y candidatos de las agrupaciones políticas, así como el control de la procedencia y el uso de los recursos partidarios. GOBIERNOS LOCALES Culminar el proceso de restitución de funciones y atribuciones a las municipalidades, especialmente a las de nivel provincial. Elaborar presupuestos participativos y generar sistemas locales de vigilancia y gestión ciudadana de los recursos públicos. - 27 –
- 28. “Contrabando ” Reformar la legislación municipal para evitar contradicciones entre atribuciones de los municipios distritales, provinciales y otros organismos públicos, en temas relacionados con la obtención de licencias de construcción y habilitaciones urbanas. Ordenar jurídicamente la titularidad y administración de los inmuebles propiedad de las municipalidades, limitando además las facultades discrecionales con que cuentan actualmente los alcaldes para la cesión de terrenos o inmuebles a terceros. Crear oficinas de recepción de denuncias ciudadanas contra la corrupción a cargo de una comisión mixta formada por representantes de la sociedad y de los municipios. que constituya fuente de información para el organismo anticorrupción. Simplificar los procedimientos administrativos, o fin de que sean ágiles y reduzcan los sobrecostos y las posibilidades de corrupción que afectan a los ciudadanos. Establecer mecanismos que permitan la rendición de cuentas a la comunidad respecto a funciones vinculadas con la capacidad coactiva de los municipios, como las cobranzas coactivas y la conservación del orden público por los serenazgos. Reforzar los medios de defensa vecinales a través de dos dimensiones: o Consolidar los mecanismos de reclamación ante autoridades administrativas o judiciales existentes, incluyendo las acciones de amparo judicial. - 28 –
- 29. “Contrabando ” o Promover la creación de espacios de concertación para el desarrollo local, a través de mecanismos como los cabildos abiertos. FUERZAS ARMADAS Consolidar el proceso de adecuación del sector Defensa a los mecanismos de control ordinario de la Contraloría General de la República y al Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Reformular los criterios de clasificación, reduciendo al mínimo la información considerada como secreta o reservada, sin incluir en dicha categoría las compras y adquisiciones militares, precisando el tiempo en que estará incluida en este rubro para su posterior acceso público. Garantizar, a través de los mecanismos legales correspondientes, que la carrera militar en las Fuerzas Armadas se desarrolle en base a criterios de profesionalidad y respeto a la ley. Elaborar el Código de Ética Militar para incorporar valores y estándares éticos de honestidad y probidad, incluyendo la obligación de denunciar actos de corrupción. Encargar expresamente al Presidente de la República y/o al ministro de Defensa la designación de inspectores generales de las Instituciones castrenses. Recomendar la privatización de los fondos previsionales a fin de que exista mayor criterio técnico en su manejo y transparencia. - 29 –
- 30. “Contrabando ” POLICÍA NACIONAL Fortalecer la Inspectoría General, brindándole los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para su labor en la supervisión de adquisiciones, compras y otros aspectos financieros. Sugerir la creación en el Congreso de la República de una comisión especial dirigida a ejercer un monitoreo y evaluación constante de las situaciones y hechos de corrupción que puedan presentarse en la Policía Nacional. Sugerir que las comisarías rindan cuentas de su labor ante las municipalidades. Recomendar el estudio en profundidad del sistema disciplinario policial para determinar la gravedad de las faltas, estableciendo procedimientos rápidos, objetivos y que permitan una efectiva defensa del subordinado. Establecer mecanismos que permitan premiar y recompensar a aquellos funcionarios policiales que muestren una conducta honesta e íntegra frente a los ciudadanos. Recomendar la privatización de los fondos policiales previsionales y de vivienda, a fin de que exista mayor criterio técnico en su manejo y una mayor transparencia. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS La transparencia en la gestión pública es un principio fundamental de la democracia y se garantiza mediante la aplicación de un conjunto de - 30 –
- 31. “Contrabando ” mecanismos de información, evaluación y rendición de cuentas en forma transparente y permanente, con datos debidamente actualizados y claramente dirigidos a la sociedad a la cual representa. La transparencia conlleva implícitamente la obligación de rendir cuentas y la posibilidad de responsabilizar a los gobernantes, para bien o para mal, por sus acciones y omisiones. Para que exista transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio público se requiere cumplir con el deber de transparencia informativa inherente al agente gubernativo a través de sistemas, métodos y procedimientos que exigen a la administración una transferencia oportuna y completa de la información a los niveles superiores dentro de la organización, a sus sucesores, y fundamentalmente a la sociedad civil. Asimismo, se requiere garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información y a ejercer el escrutinio público de los actos gubernativos, no sólo mediante su consagración normativa, sino estableciendo mecanismos efectivos para su ejercicio eficiente, sin acondicionamientos ni cortapisas. Finalmente, es necesario adoptar un régimen adecuado para la reserva de información, sujetándola a los principios de especificidad y de responsabilidad de sus autoridades. La cultura de la excepción y de la reserva debe desterrarse. Bajo el principio de responsabilidad, la norma que establezca una reserva debe señalar la autoridad pública responsable de administrar y - 31 –
- 32. “Contrabando ” controlar dicha materia, estableciendo los criterios para su evaluación y el modo de rendición de cuentas adecuado para la misma. Por su parte, los derechos ciudadanos en un régimen de transparencia gubernativa suponen el derecho a ser informado en un lenguaje claro e inequívoco; el derecho a ser entendido y escuchado; el derecho a activar los medios de control y evaluación formalizados y a conocer sus resultados; y el derecho de participación directa para pronunciarse en base a la información, lo que supone introducir grados razonables de participación eficiente. DIAGNÓSTICO La corrupción de altos funcionarios del Estado y de empresarios no es novedad de este tiempo ni particular al Perú. Sin embargo, la dimensión de la corrupción peruana y las evidencias que fundamentan la responsabilidad y el compromiso de las más altas autoridades públicas y privadas en actos delictivos y corruptos, exige una seria revisión del sistema actual de control y de su accionar en los distintos organismos del Estado. A juzgar por una rápida revisión de las principales instituciones del Estado, parecería que el principal problema no ha sido la falta de legislación. El problema radicaría, más bien, en la dificultad para aplicar y acatar la ley. Es decir, en la voluntad política de exigir que la ley se cumpla, primero, y en la ausencia de sanciones y premios que refuercen este cumplimiento. Es precisamente en este punto en que se debe poner particular énfasis para crear y aplicar los mecanismos que aseguren el cumplimiento de la ley. Por su gravitación y por su función, hemos - 32 –
- 33. “Contrabando ” priorizado el análisis de algunas instituciones con el fin de identificar los principales problemas y sugerir las líneas de acción a tomar. Superintendencia de Banca y Seguros El costo fiscal de la crisis financiera entre los años 1998 y 2001 fue de aproximadamente US$ 1,200 millones de dólares: sin embargo, no obstante que la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros establece que el objeto de la SBS es "proteger los intereses del público en el ámbito de los Sistemas Financiero y de Seguros" ésta no informó oportunamente al Gobierno ni a la ciudadanía sobre la crisis de las entidades financieras. Adicionalmente, incumpliendo lo dispuesto en la Ley en lo referente a "Transacciones Financieras Sospechosas", tampoco Investigó ni denunció operación alguna de lavado de dinero, no obstante que en noviembre de 1999 se hizo de conocimiento público una cuenta millonaria de un funcionario (Vladimiro Montesinos) en el Banco Wiese. Contraloría General de la República La Contraloría General de la República, en su calidad de órgano rector del sistema nacional de control, no detectó casos de corrupción que han tenido gran cobertura en los medios de comunicación. Es difícil entender, por ejemplo, que la Contraloría no haya detectado compras sobrevaloradas y/o de bienes inexistentes en las Fuerzas Armadas: desvío de fondos con fines electorales o mal uso de fondos en el Ministerio de la Presidencia, entre otros casos. La - 33 –
- 34. “Contrabando ” legislación existente es también más que suficiente y de ninguna manera explica la inacción de este importante organismo público de control. Contrataciones y Adquisiciones del Estado Las contrataciones y adquisiciones del Estado han sido fuente de corrupción, sobre todo en los procesos de contrataciones más exigentes en cuanto a aspectos técnicos y económicos. Ello se, plasmó al Incluir en las bases de dichos concursos especificaciones técnicas que sólo ciertas compañías podían satisfacer, perjudicándose aquellas que no podían participar por exigencias técnicas y económicas innecesarias. Ministerio de Economía y Finanzas En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, el 27 de diciembre de 1999 se promulgó la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal (LPTF), con el objetivo de asegurar el equilibrio o superávit fiscal en el mediano plazo y la acumulación de superávit fiscales en períodos favorables para desarrollar políticas contra cíclicas, permitiendo déficit fiscales moderados y no recurrentes en períodos de menor crecimiento. Esta norma, en esencia, trata de evitar el mal uso de los dineros públicos por mala gestión o interés político. Siendo un importante instrumento de control, el problema de la Ley es que no define quién es el responsable de su cumplimiento. ni establece sanciones a los funcionarios que no la acatan, además de que la información que dispone al público es exclusivamente presupuestal; es decir, no presenta - 34 –
- 35. “Contrabando ” la información relativa a la ejecución y a los resultados de la gestión del Presupuesto Publico con lo cual es imposible conocer los montos y los rubros de las desviaciones. A1 respecto, en el año 2000, no se cumplieron los objetivos establecidos, y no hubo sanción alguna para los funcionarios responsables. Otro factor de corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas, fue el recurrente abuso de una "cultura" del secreto y/o de la sorpresa, generando todo tipo de inequidades para con algunos agentes económicos y la ciudadanía en general. Entre los años 1995 y 2000 se desembolsaron más de US$ 1,300 millones por la vía de veintiún Decretos de Urgencia y veintitrés Decretos Supremos Secretos, la mayoría de los cuales no eran de urgencia ni tenían las características necesarias para ser considerados secretos. Parte importante de estos US$ 1,300 millones fueron utilizados en corrupción. La discrecionalidad de autoridades del sector facilitó la corrupción en perjuicio de todos los peruanos. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria El caso de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es igualmente paradigmático. La institución más "eficiente" en su momento, expresión clara de las bondades de la reforma y modernización del Estado iniciada en los primeros años de la década pasada, terminó siendo un instrumento certero de presión y amedrentamiento en contra de quienes se oponían o denunciaban a las autoridades en el poder. El RUC "sensible", el - 35 –
- 36. “Contrabando ” cambio de funcionarios, el mal uso de la información confidencial para fines particulares y otros mecanismos como la persecución y el cierre de empresas fueron parte de las acciones recurrentes que se ejecutaron convirtiendo a la SUNAT en el brazo coercitivo de la corrupción estatal. Empresas del Estado La competencia desleal del Estado constituye otra factor de corrupción. Existen una serie de actividades económicas en las que el Estado resulta compitiendo inequitativamente con empresarios privados, con ventajas inaceptables propias de su condición de entidad pública. Las entidades públicas pueden reducir precios y mejorar condiciones financieras, en la medida en que su personal está pagado por el Estado o porque parte de la maquinaria, equipos y repuestos incluidos en el presupuesto nacional, se destinan a la entidad que presta servicios comerciales. CONTRALORÍA GENERAL Elegir al Contralor General de la República por mayoría calificada del Congreso de la República. Incorporar como falta grave del Contralor General de la República el no detectar oportunamente actos de corrupción en las entidades sujetas a control por no haber cumplido exhaustivamente con lo prescrito en la Ley 26162, Ley del Sistema Nacional de Control. - 36 –
- 37. “Contrabando ” Prever que el Contralor General de la República informe anualmente al Congreso de la República sobre los resultados de la gestión de control realizada. Practicar anualmente una auditoria a la Contraloría General de la República, eligiendo para este fin una empresa auditora independiente, cuya designación, por concurso de méritos, sea llevada a cabo por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, debiendo publicarse los resultados de la misma. CONSUCODE Organizar un sistema de información nacional de adquisiciones y contrataciones del Estado, de tal manera que todas las dependencias incluyan sus requisitos, facilitándose de este modo la información a los proveedores y posibles postores. Garantizar la publicación regular y con la debida anticipación de las bases de las adquisiciones y contrataciones del Estado, a fin de que los agentes económicos estén oportunamente informados; adicionalmente, garantizar que se publiquen los resultados alcanzados por cada uno de los participantes en cada una de licitaciones y contrataciones efectuadas. Estandarizar los procesos logísticos del Estado, mediante la elaboración de modelos de bases y contratos para diversos tipas de contrataciones con el fin de evitar que las entidades apliquen criterios de discrecionalidad por encima de las exigencias de la Ley y o el Reglamento. - 37 –
- 38. “Contrabando ” Ampliar las facultades del CONSUCODE para acompañar e Intervenir procesos de contratación que realizan entidades del Estado a través de organismos internacionales (PNUD y otros), garantizando el respeto a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. Limitar las obras contratadas por "administración directa" a montos menores y a casos especiales de urgencia: estos últimos deben ser aprobados por la máxima autoridad de la entidad pública convocante. Recomendar a los gremios de proveedores y contratistas la denuncia de casos de corrupción en procesos de contratación. SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS Incorporar en la Ley 26702 como falta grave del Superintendente de Banca y Seguros (artículo 366°) el no detectar oportunamente la fragilidad económica y financiera de las personas naturales y jurídicas sujetas a su control. Incorporar como falta grave del Superintendente de Banca y Seguros el incumplimiento de lo dispuesto en la Sección Quinta de la Ley 26702 (artículos 375° al 381°) sobre Transacciones Financieras Sospechosas y/o en el Reglamento para la Prevención del Lavado de Dinero en el Sistema Financiero (Resolución SBS N° 904-97). Establecer que el Superintendente de Banca y Seguros debe Informar al Congreso de la República, cuando menos dos veces al año, sobre la situación económica y financiera de las personas naturales y jurídicas - 38 –
- 39. “Contrabando ” sujetas a su control y los resultados de su gestión. En el mismo acto, en cumplimiento de la sección quinta de la Ley General, deberá también informar sobre la situación del Sistema de Prevención de Transacciones Financieras Sospechosas en cada entidad financiera sujeta a su control. SUNAD Y SUNAT Disponer que los jefes de ta Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y de la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas informen al Congreso de la República, cuando menos una vez al año, de los resultados de su gestión. Consolidar en una sola, las entidades recaudadoras de impuestos internos (SUNAT) y externos (SUNAD), Además del ahorro significativo, esta modalidad permitiría optimizar la lucha contra el contrabando, la subvaluación y el subconteo, actividades éstas que pueden ser consideradas entre las principales lacras nacionales. PROMOVER LA ÉTICA PÚBLICA Ausencia de una ética pública Los diferentes ámbitos institucionales y sociales examinados demuestran que nuestra sociedad adolece de un serio déficit de sentido ético en el espacio público. Una serie de comportamientos y ,prácticas sociales traslucen un muy débil compromiso con lo público y el bien común, e indican que la acción política ha prescindido del horizonte ético de los valores. - 39 –
- 40. “Contrabando ” La función pública se ha utilizado para la satisfacción de intereses particulares que afectan los deberes de función; los intereses colectivos y la moral social. A su vez, la cultura administrativa ha sido erosionada por sucesivos gobiernos. La instrumentalización política de las principales instituciones públicas, agravada por la falta de institucionalización de una carrera administrativa, las bajas y/o arbitrarias y desiguales remuneraciones, el inadecuado sistema de captación de personal y la ausencia de un sistema de recompensas y méritos acorde con el desempeño honesto y eficiente, han originado una profunda desmotivación y desmoralización entre los funcionarios público. Constatamos la violencia moral sufrida por la nación como producto de la corrupción organizada desde el corazón mismo del poder del Estado. El daño ocasionado a la moral pública ha sido enorme, .y trasciende el destino de varias generaciones. En la esfera pública, la corrupción ha generado una desconfianza generalizada frente a las instituciones estatales. Esta ausencia de credibilidad social es uno de los costos más graves de la corrupción, porque quebranta la relación entre el ciudadano y el Estado, y privatiza la vida pública. El individuo o el grupo social toma en sus manos las funciones delegadas en el poder público en el momento en que desconfía de la imparcialidad de las instituciones estatales. Asimismo aparecen sectores sociales profundamente cuestionados - 40 –
- 41. “Contrabando ” por su comportamiento en el espacio público, como la clase política, ciertos estamentos militares y policiales, algunos gremios empresariales y algunos medios de comunicación social. Factores que han posibilitado el relajamiento de una ética pública ciudadana En las últimas décadas, la práctica de la corrupción en el Perú ha avanzado significativamente, debido a una serie de razones. En primer lugar, la creciente permeabilidad en extendidos sectores de la población, que la consideran como una conducta natural" en el uso de las cuotas de poder dentro del Estado y en la vida cotidiana. En segundo lugar, el sistema de creencias morales y de hábitos de conducta se ha resquebrajado, trastocando los roles sociales. Las sensibilidades frente a la corrupción han oscilado entre la complacencia, la tolerancia y la resignación en gruesos sectores de la población. No hay hábitos y costumbres de honestidad suficientemente asentados y la ley no representa para la ciudadanía la objetivación de valores sociales aceptados. En tercer lugar, el utilitarismo exacerbado, aunado al culto de la viveza, ha generado un fuerte debilitamiento del sentido de lo público y ha conducido a una perspectiva que privatiza el espacio y la función públicas. Ello explica la falta de compromiso con una ética pública inspirada en valores ciudadanos. - 41 –
- 42. “Contrabando ” En cuarto lugar, es preciso considerar, que la corrupción generalizada se inserta, de un lado, en un proceso de movilidad social a cualquier costo, sin sanción moral, y, de otro, en la complicidad de un importante sector de la clase dirigente. En quinto lugar, se constata, que la política de entretenimiento de los medios de comunicación ha dejado de lado consideraciones éticas sobre los contenidos ofrecidos a la ciudadanía, y ésta ha retroalimentado con su pasividad e inercia dicha situación, Más graves son los notorios casos de complicidad de algunos medios de comunicación con el régimen autocrático de Fujimori, al haber facilitado el montaje de un sistema basado en la corrupción y la fuerza. En sexto lugar, en la esfera política se percibe el divorcio entre la ética y la gestión pública. La acción política fija sus propios fines que debe perseguir a cualquier precio. La crisis y devaluación de los partidos políticos ha contribuido a forjar una construcción social que disocia la política de la ética. El poder no se comprende como un medio de servicio. Presencia esperanzadora de una reserva moral Sin embargo, no todo el panorama ha sido sombrío. Conocemos de experiencias de probidad en instituciones públicas, sobre todo en instituciones pequeñas, tales como algunas alcaldías, unidades desconcentradas de ministerios, etc. En ellas, los funcionarios que dirigen las organizaciones se - 42 –
- 43. “Contrabando ” sienten pertenecientes a la comunidad, y por lo tanto sus intereses no se diferencian de los Intereses ciudadanos; se sienten vigilados y tienen que regresar a su comunidad al término de su función pública. La clave del funcionario probo es no alejarse del interés ciudadano. Asimismo, hemos sido testigos de la reacción de importantes sectores ciudadanos a nivel nacional que levantaron su voz de protesta contra el pasado régimen autocrático: movimientos de estudiantes, movimientos de mujeres, colectivos diversos de la sociedad civil, organizaciones sociales etc. Una mirada a todo lo anterior nos indica que resulta urgente restablecer la confianza en las instituciones públicas y privadas, y para ello es necesario recuperar los valores éticos en el sector público y capitalizar los signos ciudadanos de lucha contra la corrupción. Valores y reglas democráticas La pregunta central gira en torno a cómo imaginar una construcción ética de lo público que conduzca a una estrategia preventiva de combate a la corrupción en el mediano y largo plazo. La comisión define la ética pública como el conjunto de usos y costumbres que practican los ciudadanos en el espacio público y considera que estos usos y costumbres deberían ser gratificantes y no perjudiciales para todos los miembros de la sociedad y destinados a fortalecer y no a debilitar el sistema democrático. - 43 –
- 44. “Contrabando ” La meta de la promoción de la ética pública es combatir la actual cultura de corrupción y construir una visión factible de la ética pública que se plasme en una cultura de la honestidad, transparencia y respeto en los diferentes ámbitos, tanto de la función estatal como social en general. Es necesaria la construcción de nuevas formas de relación, costumbres y conductas a partir de valores ciudadanos, es decir, de reglas de juego claras aceptadas por todos. Para ello es indispensable reconocer y aprehender los valores que sustentan la institucionalidad democrática; procurar que las reglas de juego acordadas sean coherentes con ella: y difundir y fortalecer el cumplimiento de las normas acordadas, premiando las conductas probas y sancionando las corruptas. Esta construcción presupone la habilidad de elaborar códigos de ética y de conducta institucionales adecuados. Se debe propiciar que cada colectivo formule su propio código de conducta ética, a partir del reconocimiento y explicitación de los valores que orientan la función pública, las conductas esperadas y las opciones en torno a dilemas éticos que contribuyan a forjar un nuevo sistema de relación con el ciudadano. Los códigos de ética deberían tomar en cuenta no sólo el cumplimiento correcto, sino también diligente, de las obligaciones y responsabilidades de quienes ejercen la función pública. Deben propiciar la transparencia y difusión de los actos de éstos, previniendo los conflictos de intereses, sancionando el - 44 –
- 45. “Contrabando ” uso indebido de información privilegiada, exigiendo la utilización adecuada de los recursos públicos y estableciendo la obligación de comunicar los actos de corrupción establecidos tanto por la ley como por el propio colectivo. En el caso de existir códigos de ética y de conducta institucionales, sería aconsejable revisarlos de manera colectiva enfatizando los conceptos de corrupción, su vigilancia y sanción. Por último, se recomienda el recurso de la persuasión antes que el de la fuerza. así como el diseño de mecanismos que permitan un nexo entre los códigos vigentes y la vigilancia ciudadana. La construcción de una ética pública en el Perú involucra a todos los miembros de la sociedad que comparten los espacios privados, como la familia, y en particular ciertos espacios públicos, como la escuela, los medios de comunicación y la función pública. La familia constituye el ámbito de formación ética primigenia. La vida familiar es el primer lugar de la socialización del niño, del aprendizaje de las reglas de la vida en sociedad, del despertar de la conciencia moral. de la educación en el discernimiento del bien y del mal. La escuela juega un papel primordial, sobre todo en el reconocimiento y el respeto hacia unos y otros, en la apertura hacia un mundo que está por construir, en el aprendizaje del trabajo en equipo y en la difusión de una cultura de la responsabilidad, de la solidaridad y de valores éticos compartidos. La escuela está llamada no solo a instruir, sino también a educar, tanto a través del currículo explícito (las materias que se enseñan y la didáctica disciplinaria), - 45 –
- 46. “Contrabando ” como a través de todo lo implícito (las relaciones, los espacios de intercambio, las actividades informales, la didáctica en general). Para devolver la eticidad a la escuela y la docencia superior es preciso partir de la revaloración del estatus del maestro. En el ámbito de los medios de comunicación. reconocemos la tremenda influencia que ejercen los mismos (sobre todo el audiovisual) en todos los ámbitos de la vida social. Para cumplir con su misión de información, de opinión y promoción de cultura, los medios de comunicación deberán no sólo estimular el sentido crítico de las personas. sino también ser críticos consigo mismos. y tomar conciencia de su rol como formadores de la conciencia pública. En atención al artículo 14° de la Constitución Política, los medios de comunicación deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural de los ciudadanos. En el ámbito de la función pública, reconocemos la dificultad existente para lograr que ésta sea asumida como una función de servicio. La función pública antes que como una labor de servicio es vista y aprovechada como un trabajo de supervivencia personal, cuando no de beneficio propio. La motivación y conducta de los servidores públicos peruanos todavía esta orientada a satisfacer una serie de aspiraciones de corte familiar, amical y partidista. antes que de la colectividad y el Estado. Predomina así, una sociedad de privilegios que desestimula el sistema de méritos. Esta realidad tiende a empaparse de una fuerte inercia resistente a los - 46 –
- 47. “Contrabando ” cambios. Consideramos que se deberá revalorar la función pública y, en los casos pertinentes, refundar organizacionalmente las instituciones. LA FAMILIA Reconocer la contribución de la familia como primer ámbito de formación ética y el primer lugar de socialización del niño, del aprendizaje de las regias de la vida en sociedad y del despertar de la conciencia moral. LA ESCUELA Revalorar y dignificar la carrera del maestro, contemplando niveles de ingresos dignos y facilidades para su superación profesional. Enfatizamos esta recomendación bajo el tema de la ética pública, además del contexto de la reforma administrativa, por considerar a la escuela un espacio paradigmático para el ejemplo y guía de la educación en valores. Incorporar en la estructura curricular vigente, en el Area Personal Social, un conjunto de competencias y capacidades directamente relacionadas con la probidad y la ética en el respeto y manejo de lo público. De preferencia aplicando el Sistema de Casos, por ser hoy día considerado como el más efectivo para el tratamiento de los temas éticos. Elaborar de forma compartida (cuerpo docente, administrativo y educandos) códigos de ética y de conducta escolar, que sean aplicados y trabajados desde los diversos Proyectos Educativos escolares. Desarrollar programas que promuevan la formación vivencial cotidiana de probidad e integridad en el manejo de lo público que involucren a la escuela - 47 –
- 48. “Contrabando ” y la comunidad. Estos programas serán espacios privilegiados para el aprendizaje y ejercicio de los valores ciudadanos. LA EDUCACIÓN SUPERIOR Introducir cursos de ética profesional, elaborados en base a casos, para los alumnos de universidades y enseñanza superior. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN El articulo 14° de la Constitución Política, dispone que los medios de comunicación deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural de los ciudadanos; por tanto, se recomienda: Abrir un debate nacional sobre la política del Estado respecto a la regulación de las concesiones y el uso del espacio radioeléctrico, teniendo presente la experiencia reciente en el Perú y la legislación de otros países del continente. Que los medios de comunicación hagan suyas las recomendaciones del Plan Nacional Anticorrupción y desarrollen un plan de comunicaciones de fomento de la ética, la integridad y los valores de la persona. Precisar los criterios para la distribución transparente de la publicidad estatal. Considerar mecanismos de vigilancia ciudadana para hacer valer el deber de cooperación de los medios con la formación ética, cultural y democrática - 48 –
- 49. “Contrabando ” de la ciudadanía y la contribución que en esta materia debe brindar la publicidad en general. LA FUNCIÓN PUBLICA Se aspira a crear y adoptar un Sistema de Integridad Pública que contemple la elaboración de códigos de conducta de los servidores públicos. Para ello recomendamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): 1. Definir en forma colectiva los valores y estándares éticos del sector público. 2. Garantizar que los valores y estándares éticos sean asumidos por y los funcionarios y conocidos por los ciudadanos. 3. Supervisar el cumplimiento de los valores y estándares éticos en el funcionamiento de las organizaciones públicas. 4. Asegurar que los sistemas de organización vigentes apoyen la Integridad ética, transformando las conductas inadecuadas en actos difíciles de cometer y fáciles de detectar. 5. Determinar qué tipo de sanciones eficaces se dan ante los actos de corrupción detectados y comprobados, y qué servicios competentes encargados de la fiscalización, la investigación y el enjuiciamiento existen para descubrir faltas de integridad y ética. 6. Establecer y fortalecer mecanismos que faciliten la vigilancia ciudadana sobre el comportamiento de los funcionarios públicos. - 49 –
- 50. “Contrabando ” El Sistema de Integridad Pública debería ser fortalecido con la formulación de una Ley de Servicio Civil que implique: o Un sistema de ascensos basado en el rendimiento y la capacidad profesional. con el fin de desarrollar condiciones apropiadas para que el servidor público se profesionalice y trabaje motivado a partir de incentivos adecuados (salarios competitivos, capacitación permanente, etc.). o Un sistema de promoción y recompensas en el sector público. Es necesario, para esto, organizar un sistema o mecanismo público de reconocimiento y recompensas por las conductas probas. o Un sistema de asesoría y evaluación permanente. Se requiere un servicio de orientación o asesoría permanente al servidor público y un sistema de evaluación permanente de éste, tanto a nivel interno como por parte del público, que redunde en una sistemática oportunidad de superación dentro de la carrera pública (encuestas de imagen de honestidad en las instituciones públicas: etc.) o Asumir en los ministerios y entidades públicas una decidida política de transparencia similar a la que se viene desarrollando en el campo económico y fiscal, un sistema de fiscalización efectiva interna y externa de los funcionarios restringiendo la discrecionalidad arbitraria de que hacen uso y un sistema de sanciones que modifique las normas actuales de proceso administrativo disciplinario aplicable a los funcionarios, trabajadores docentes y administrativos. A fin de - 50 –
- 51. “Contrabando ” garantizar la justicia administrativa, hacer expeditivos los procedimientos y evitar la prescripción de las faltas. o Establecer un conjunto de requisitos mínimos, de público conocimiento, para la designación del Cargos de Confianza a fin de garantizar idoneidad en quienes por encargo del Estado tienen la potestad de adoptar las más altas decisiones del desarrollo nacional. Se recomienda crear la carrera del Servicio Civil. El Sistema de Integridad Pública tendrá una base sólida y mejores perspectivas para el desempeño público con la existencia de Servidores Públicos entrenados especialmente para esta labor. VIGILANCIA CIUDADANA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Ausencia de un movimiento ciudadano de lucha contra la corrupción En el Perú no ha existido un movimiento ciudadano especializado en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, a partir del 2000 y durante el presente año han surgido diferentes iniciativas ciudadanas en esta materia. Podemos clasificarlas como organizaciones nuevas y especializadas en la lucha contra la corrupción, y organizaciones ya existentes que han incorporado la lucha contra a corrupción como línea de trabajo. - 51 –
- 52. “Contrabando ” Este surgimiento y, en general, la preocupación creciente que tiene la población frente al fenómeno de la corrupción ha sido posible a partir de hacerse públicos los hechos y videos por todos conocidos que han mostrado la dimensión del deterioro de la moral pública. Esto nos señala que estamos en un momento muy importante para marcar un punto de inflexión en la conciencia ciudadana. Sin embargo, esta trascendente tarea debe ser impulsada y orientada, de manera tal que no sea una preocupación pasajera. Un sector considerable de la población experimentó un estado de desmoralización y escepticismo profundo al pensar que era prácticamente inútil enfrentarse al poder omnipotente y oculto, pero más que ello primó en muchos casos el concepto de que la eficacia era más importante que la honestidad. Así. la conocida frase «roba, pero hace obra» se manejó como una justificación ante la gran corrupción. De otro lado. se constata que el marco legal sobre participación ciudadana no sólo era escasa, sino que, además. había sido elaborada de manera tan complicada que en la práctica se hizo imposible su aplicación. RECOMENDACIONES SOBRE VIGILANCIA CIUDADANA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 1. Fomentar espacios de concertación entre las organizaciones ciudadanas y las instituciones públicas responsables de la lucha contra la corrupción. - 52 –
- 53. “Contrabando ” 2. Garantizar el acceso a una información oportuna, clara y transparente para un efectivo ejercicio de control ciudadano. 3. Capacitar a los servidores y funcionarios públicos para responder oportunamente a los requerimientos de información de la ciudadanía. 4. Promover a través de los medios de comunicación el ejercicio de los derechos ciudadanos y la organización contra la corrupción. 5. Reforma de la Ley de Participación y Control Ciudadano (Ley 26300 y modificatorias) para permitir la realización de los derechos ciudadanos. Mejorar el ejercicio del derecho de revocatoria de autoridades elegidas, mediante la extensión del mismo a los Congresistas de la República, la elección de las autoridades regionales y judiciales conforme lo ordena la Constitución y la revisión de los procedimientos para revocar alcaldes y regidores. Reglamentar el derecho de remoción de autoridades designadas para todos los niveles de gobierno (central, regional y local) y organismos estatales. Revisar los requisitos y procedimientos del derecho de demanda de rendición de cuentas, para establecer criterios flexibles que permitan y no impidan el ejercicio de los derechos. Revisar los requisitos para el ejercicio del derecho de iniciativa legislativa y de su aprobación en el Congreso. Revisar los requisitos y procedimientos del derecho de referéndum como derecho de los ciudadanos sin sujeción al Congreso. Se recomienda que el referéndum pueda ser solicitado por el 1% de los ciudadanos. 6. Instancias Descentralizadas de Atención Ciudadana - 53 –
- 54. “Contrabando ” Establecer Oficinas Departamentales de Sugerencias y Denuncias Ciudadanas en todas las capitales de Departamentos del país mediante convenios con el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, y normar un procedimiento claro y sencillo que permita la presentación, seguimiento y resolución oportuna de las quejas y denuncias. Promover la existencia de Equipos Móviles Interprovinciales de las Oficinas de Recepción de Sugerencias y denuncias ciudadanas con la finalidad de que visiten todas las provincias de los Departamentos. Constituir Comisiones Municipales Contra la Corrupción en cada municipalidad provincial que fiscalicen las labores de las autoridades administrativas de las municipalidades, combatan la corrupción y promuevan la ética publica en su circunscripción. 7. Redes Ciudadanas contra la Corrupción Promover Procuradurías Ciudadanas a cargo de organizaciones de la sociedad civil encargadas de promover actividades de lucha contra la corrupción y promoción de la ética pública en coordinación con las Oficinas Departamentales, Equipas Móviles Interprovinciales y Comisiones Municipales. 8. Campañas Nacionales de Promoción, Educación y Difusión Establecer Estímulos Nacionales orientados a premiar cada año a las instituciones, funcionarios y organizaciones de la sociedad civil o personas individuales más destacadas en la lucha contra la corrupción y la promoción de la ética pública. - 54 –
- 55. “Contrabando ” Promover Convenios de Integridad suscritos por los postores en licitaciones y concursos del Estado promovidos por todas las instancias públicas y por los gremios empresariales de la localidad. 9. Vigilancia Ciudadana sobre los Medios de Comunicación Impulsar la constitución de Veedurías Ciudadanas de Comunicación Social, promovidas por facultades de comunicación de las universidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de consumidores y usuarios y la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones. LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PERÚ Si bien es cierto, la hoja de coca tiene un uso tradicional en el Perú desde hace unos 2.000 años, durante el virreynato español hubo una posición ambigua al respecto: mientras se intentaba erradicarla en el actual territorio de Ecuador, era usada en Perú y Bolivia, como medio de pago a los trabajadores mineros y agrícolas, quienes la consumían para soportar el riguroso clima, la accidentada geografía y las duras condiciones laborales que padecían. Esta situación se prolongó durante la época republicana y en ciertas regiones, hasta hace unos 45 años, circunstancia que explica en parte, una actitud controversial de la población tradicionalmente usuaria de la hoja de coca, frente al posterior empleo que se le dio a esa planta, como insumo básico para la producción de cocaína, luego contrabandeada por las mafias del narcotráfico. - 55 –
- 56. “Contrabando ” En etapa más reciente, el escenario se complicó para el Perú, debido a la alianza con el narcotráfico forjada en la década del noventa, por grupos terroristas como Sendero Luminoso (SL) y el MRTA; que todavía mantiene SL brindando protección a los narcotraficantes, a cambio de financiamiento y provisión de recursos logísticos, para los casi 500 efectivos que conformarían su golpeada organización, según el informe “Estrategia nacional para el control de drogas”, emitido en marzo del 2004, por el Gobierno de EE.UU. La población campesina involucrada Estadísticas del independiente “Centro de información y educación para la prevención del abuso de drogas” (CEDRO) y la estatal “Comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas” (DEVIDA), revelan que hasta el año 2003, existían unos 20.700 campesinos cocaleros, pertenecientes a núcleos familiares de 5 a 6 personas en promedio. Es decir, unos 124.200 peruanos dependen del cultivo de la hoja de coca para su sustento, situados mayormente en los valles del Alto Huallaga, y el Valle del Río Apurímac-Ene (VRAE) entre los departamentos de Ayacucho, Cusco y Apurímac, donde se aglutina la más fuerte actividad de las once “cuencas cocaleras” del país: Marañón, Monzón, Apurímac, Putumayo, Huallaga, Aguaytía, Pachitea, Ucayali, Urubamba, Tambopata y últimamente, San Gabán. Consumidores de drogas En cuanto a la demanda de drogas, esta exhibe una tendencia creciente; el “Estudio epidemiológico sobre uso de drogas en el Perú”, efectuado en el - 56 –
- 57. “Contrabando ” 2003 por Cedro, en 7 ciudades de las 3 regiones naturales del país, indica que uno de cada 10 pobladores ha probado marihuana; el uso de pasta básica de cocaína alcanzó al 4.1% y los consumidores de cocaína llegan al 3.9% de la población entre 12 y 64 años; habiéndose detectado por primera vez, un reducido empleo de heroína. Una pesquisa de DEVIDA -en similar período- arroja datos más concretos: 213.608 peruanos entre 12 y 64 años fumaron marihuana; frente a 81.782 entrevistados que aceptó haber consumido cocaína y una cifra casi igual (81.743), pasta básica de cocaína; en relación a drogas sintéticas como el éxtasis, se pudo registrar a 12.617 usuarios. Sobre el particular, un dato adicional: en el Perú se vende la droga de peor calidad -que es la más dañina- pues la de alta pureza es “exportada”. Perú: segundo productor de cocaína del mundo Otra encuesta en octubre de 2004, del oficial “Instituto nacional de estadística e informática” (INEI) y del privado “Instituto de estudios peruanos”, entre 8.000 familias del Perú, concluye que 7.500 toneladas de hojas de coca al año, son para el consumo legal, frente al cálculo anterior de 9.000 toneladas; además hay un serio problema en la comercialización de las hojas de coca, por la “Empresa nacional de la coca” (ENACO), que sólo puede comprar 3.000 toneladas al año; ello implica, que casi 2/3 del consumo tradicional circule fuera del ámbito legal de ENACO. - 57 –
- 58. “Contrabando ” El sondeo del INEI, descubre que de los 27 millones de peruanos, cuatro consumen hoja de coca en forma tradicional o eventual, masticándola como energizante al mezclarla con cal y ceniza, una costumbre desde la época pre incaica (acto de chacchado, en quechua); de esa cantidad, unos dos millones la usan en ritos ancestrales, festividades, velorios o curaciones y casi un millón en mates e infusiones. A su turno, DEVIDA dice que hasta el 2003, en el Perú se cultivaron unas 42.250 hectáreas de hoja de coca, que producen 52.700 toneladas de hoja de coca; de ese volumen, 43.700 toneladas van al narcotráfico. De todas maneras, estas cifras se mantienen bajas ante las de 1994, cuando el Perú encabezaba la lista negra de proveedores de cocaína del mundo, debido a las 108.000 hectáreas de coca sembradas. Pese a los grandes esfuerzos del Estado peruano para luchar contra el flagelo del narcotráfico, en el Perú se producen todavía unas 140 toneladas de cocaína pura al año, que se traducen en 120 toneladas disponibles para la exportación ilegal, una vez que se restan el consumo interno y 9 toneladas que en promedio decomisan las fuerzas del orden. Por lo tanto, el Perú continúa siendo el segundo productor mundial de cocaína, después de Colombia con 440 toneladas y en tercer lugar se ubica Bolivia, con 60 toneladas de cocaína anuales. - 58 –
- 59. “Contrabando ” Varias investigaciones confirman que la cocaína de Perú, se “exporta” a través de tres vectores casi equivalentes: por Bolivia hacia Brasil, Argentina y Chile; mientras por los puertos de la costa peruana se envía droga hacia México, EE.UU. y Europa; asimismo, la vasta región amazónica peruana, facilita el contrabando de droga por las fronteras con Colombia, Brasil y Ecuador, cruzando para ello, los ríos selváticos y el amplio espacio aéreo. Cultivos alternativos a la coca: horizonte lejano Con visión optimista, el gobierno peruano destaca que el “Programa nacional de desarrollo alternativo”, ha beneficiado a 28.000 familias campesinas, con 110 aulas de escuela, 176 postas médicas, 131 locales comunales, 91 sistemas de agua potable, 17 proyectos de electrificación, 37 puentes y 89 caminos construidos; simultáneamente, desde 1995 hasta el 2003, se habría acrecentado la producción y mercadeo de 32.000 hectáreas de cultivos lícitos: café, cacao, piña, palmito, maíz, arroz, algodón, camu camu, barbasco, entre otros. Toda vez que el narcotráfico -junto al terrorismo y la pobreza- es percibido como una amenaza para la seguridad y estabilidad, concita la atención de la comunidad internacional; en ese contexto, el Perú recibe apoyo para la lucha antinarcóticos y el desarrollo alternativo, principalmente de EE.UU., que impulsa proyectos de inversión por 300 millones de dólares hasta el 2006; pero también cooperan: España, Japón, Italia, Alemania; la ONU y OEA; la Comunidad Andina, Unión Europea, Banco Mundial y el BID. - 59 –
- 60. “Contrabando ” Empero, sería un error fatal del gobierno peruano y de la comunidad internacional, desconocer que los recursos asignados desde el exterior y aun los que destina el Perú, son claramente insuficientes para consolidar una economía legal sostenible, tendiente a desplazar de manera eficaz a la narco- economía que impera en las regiones cocaleras, no sólo por la codicia frente al dinero del narcotráfico, sino también por la aguda pobreza y marginalidad de amplios sectores de la población, los cuales no encuentran otro medio de subsistencia, que sembrar hoja de coca. Por consiguiente, el desarrollo alternativo será viable, cuando exista una estrategia multinacional y multilateral, que promueva de manera sistemática, suficientes mercados para los diversos productos sustitutos de las plantaciones de coca; en cambio, una represión generalizada contra los campesinos cocaleros, puede desembocar en una mayor convulsión social y/o fortalecer opciones político-campesinas, capaces de derrocar a gobiernos democráticos pero ineptos, como sucedió en Bolivia y Ecuador. Nuevos cultivos ilegales Desde 1999, los sembríos de amapola -unas 1.600 hectáreas-, que sirven como materia prima para fabricar heroína, muestran un crecimiento y expansión, encontrándose especialmente en los Departamentos de: Amazonas, Huanuco, Apurímac, Cajamarca y en la sierra de Piura y Lima. - 60 –
- 61. “Contrabando ” Resulta, que en respuesta a los severos programas de erradicación en su país, los narcotraficantes colombianos han promovido la siembra de amapola en el Perú, proporcionando semillas, asistencia técnica y préstamos en efectivo a los campesinos. Inclusive, la Dirección antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro), descubrió algunos laboratorios de heroína, en el Norte y en la selva del Perú. Igualmente, en San Gabán - Puno, 730 kilómetros al Sudeste de Lima, cerca de la frontera con Bolivia, hay unas 3.500 hectáreas de hojas de coca frente a las 400 hectáreas del año 2003. Ahí la coca es nueva y han deforestado para sembrarla. Un operativo policial en octubre de 2004, comprobó que campesinos migrantes llegados a esa zona con “tecnología de punta”, son auspiciados por narcotraficantes de Colombia, México y Brasil, para que amplíen los sembríos ilegales. Pero el asunto es más alarmante: en San Gabán, las fuerzas del orden confiscaron pasta básica de cocaína e insumos, y destruyeron “pozas de maceración” para su elaboración; corroborando a la vez, que para incentivar el cultivo, el precio de la arroba (11.5 kilos) de hoja de coca, es de 45 dólares, mientras que en ciertos valles cocaleros del Huallaga (principal zona productora), es de 35 dólares. Cabe precisar, que el Ejecutivo peruano se ha fijado una meta nacional de erradicación para el 2004, de 12 mil hectáreas de hoja de coca ilegal, - 61 –
- 62. “Contrabando ” habiendo cumplido gran parte de lo programado; ante lo cual, se prevé que alcanzará la cifra establecida. A la par, pese a que la ONU confirma que han disminuido las hectáreas de coca cultivadas en el Perú en los últimos años, no está tomando en cuenta, que la densidad de plantas de coca por hectárea, se ha multiplicado. Un informe de Devida, aclara que si hasta hace un par de años, crecían unas 80 mil plantas por hectárea, hoy se pueden sembrar 300 mil. ¡Casi cuatro veces más!. Esta mayor productividad se debe al aumento de la demanda de coca impulsado por un mayor precio de la arroba de hoja de coca: siguiendo un patrón trazado en otras regiones, en la selvática Cuenca del Monzón, se cotiza en 45 dólares la arroba, cuando en diciembre del 2003, estaba en 25. Sinuosa ruta de los insumos para el narcotráfico Muchos de quienes procesan droga, obtienen los insumos o precursores químicos, directamente de las empresas distribuidoras de EE.UU., China, Chile, Francia, Alemania, Holanda y Venezuela, así como del contrabando. La comercialización de tales insumos es controlada por el ministerio de la Producción, que tiene inscritas 2.128 empresas, de las cuales 755 funcionan en Lima, 223 en La Libertad y 141 en el Callao. Las demás están desperdigadas en el resto del país; las compañías que desvían estos productos, son generalmente nuevas y sus “propietarios”, personas desocupadas captadas como testaferros por los narcotraficantes. No obstante, - 62 –
- 63. “Contrabando ” otras entidades formales, se valen de una doble facturación para evadir el control. Sobre el particular, las cifras de la Dirandro, evidencian la ardua lucha que se ha venido dando contra la venta ilegal de insumos químicos: en 1994 se decomisó 31.343 kilos; en 1995, 12.274 kilos; en 1996, 4.788; en 1997, 39.488; en 1998, 19.551; en 1999, 31.951 kilos y en el 2000 sólo se requisó 1.543 kilos. En contraste, durante el 2002 se retuvo más de 300.000 kilos y mientras el 2003, fueron unos 734.563, en lo que va del 2004, las autoridades incautaron un millón 336.665 kilos. En esa línea de acción, según la nueva legislación peruana, ya no serán 19, sino 26 los insumos fiscalizados y sólo podrán comprarlos, quienes hayan sido autorizados. Narcotráfico vs. medio ambiente En los últimos 25 años, la deforestación vinculada a los diversos aspectos del cultivo de coca y a la elaboración y transformación de drogas, podría haber alcanzando hasta 900,000 hectáreas en todo el Perú, aunque en realidad es necesario hacer estudios más rigurosos sobre el tema, que consideren la ubicación de las zonas afectadas y sus posibilidades de recuperación. La preparación de terrenos para el cultivo de coca, usualmente ha conllevado la remoción de grandes superficies de terreno, eliminando toda planta competitiva, a lo cual se añade el proceso de defoliación que durante las cosechas aumenta la exposición del terreno a las lluvias tropicales, agudizando la eliminación de los nutrientes del suelo y empobreciéndolo. - 63 –
- 64. “Contrabando ” Otro factor involucrado en la deforestación, ha sido el empleo de agroquímicos con el fin de lograr mejores rendimientos de coca, lo que empeora, cuando muchos terrenos ideales para instalar cultivos de panllevar, ricos en nutrientes y capacidad productiva, ubicados en las cercanías de ríos con gran riqueza en fauna y flora, sufren una severa contaminación con materiales residuales del procesamiento de droga. Estudios oficiales calculan, que como consecuencia de la producción de droga, son eliminados en el suelo y en los ríos, unos 15 millones de litros de agua mezclada con kerosene, 8 millones con ácido sulfúrico y 1.600.000 litros con acetona, cal viva, carbonatos y otras sustancias. Destruyen parques y reservas naturales La presencia de cultivos ilícitos, esencialmente coca y amapola, en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Perú, representa una amenaza concreta al mantenimiento de la calidad biológica, la estabilidad de los procesos ecológicos y la biodiversidad de especies y paisajes contenida en estos terrenos. Las proyecciones más benignas, sugieren que en estas áreas habrían unas 4.000 hectáreas de cultivos ilegales, provocando efectos catastróficos, ya que para elaborar un kilo de pasta básica de cocaína se utilizan 100 kilos de hoja de coca, 1.4 kilos de ácido sulfúrico, 1 kilo de carbonato de sodio y 128 litros de kerosene. El cuadro más patético, aparece en el Parque Nacional (PN) Tingo María, ya que sus 14.000 hectáreas se encuentran prácticamente aprisionadas - 64 –
- 65. “Contrabando ” en la cuenca cocalera del Alto Huallaga, amenazando seriamente su riqueza biológica: 144 especies vegetales y 104 especies de animales superiores; más aun, si el 20% de su territorio está ocupado por 500 núcleos familiares, cada uno con unas 7 hectáreas cultivadas. Nuevos reportes basados en imágenes satelitales, muestran estos cultivos ilícitos, en el PN del Manu (zona de amortiguamiento del Alto Madre de Dios); de igual forma, en el PN Bahuaja Sonene (zona de amortiguamiento en sector Colorado, Alto Inambari y Putinapunco), cerca a la frontera con Bolivia, donde incluso se ha detectado un aeródromo clandestino. Aparte, han sido afectados, el PN Cordillera Azul; el PN de Otishi; Santuario Nacional Tabaconas y PN Yanachaga-Chemillén. Siniestra tendencia El crecimiento de tales sembríos dentro de las ANP, tendría varias motivaciones: una propensión de los agricultores cocaleros y otros vinculados a la cadena de producción de cultivos ilícitos, a evadir las acciones de interdicción de las fuerzas del orden, movilizando sus cultivos hacia regiones con cobertura boscosa, de poco tránsito, escaso control policial, así como de difícil y costoso acceso. Otro elemento que fomentaría dichas plantaciones en las ANP, sería la alta rentabilidad que estaría alcanzando la hoja de coca. En los últimos meses se ha comprobado -igual que en otras regiones- que la demanda de esta planta - 65 –
- 66. “Contrabando ” por parte de los cárteles del narcotráfico, colombianos y mexicanos, se ha acrecentado. Todo apunta, a que la masa monetaria en las cuencas cocaleras peruanas está ascendiendo, debido a problemas en la oferta de coca colombiana, por la ofensiva que han emprendido las Fuerzas Armadas colombianas sobre las zonas cocaleras y de amapola, controladas por los terroristas de las FARC y el ELN, unido al reinicio del programa de la Fuerza Aérea colombiana, para la supresión del tráfico aéreo destinado al traslado ilegal de drogas, armas y dinero. El indicio que mejor pondría de manifiesto el nuevo “boom” de este cultivo, es el exorbitante precio alcanzado por la semilla de coca. Este producto que hasta hace poco se obsequiaba, hoy se vende a ¡50 dólares la lata!. Es decir, los cocaleros ahora pueden producir más coca que antes por hectárea y luego venderla a un excelente precio. El despegue de la coca, ha provocado la bonanza en los poblados del VRAE, donde se produce droga o provee de hoja de coca para el 80% de la cocaína peruana. De acuerdo a la policía antidrogas, en dicha región opera una mafia integrada por mexicanos del Cártel de Tijuana, que acopia la droga en grandes cantidades para luego llevarla hacia Brasil, contratando a cientos de mochileros que son protegidos por los terroristas de SL. Aún hay algo más perturbador, por el proceder de muchos cocaleros (no todos): aquel “pobre agricultor”, que siembra sólo una hectárea de coca en el - 66 –
- 67. “Contrabando ” VRAE y cosecha dos veces al año, estaría recibiendo unos 22 mil dólares anuales, monto superior al que le podría brindar cualquier producto lícito; lo que explica en parte, el rechazo a programas de desarrollo alternativo. Ello sucede, por que el “negocio” para estos malos agricultores, ya no es sólo el cultivo de hoja de coca. Los narcotraficantes les han enseñado a instalar su propia poza de maceración para producir pasta básica de cocaína, convirtiéndose así en “pequeños” narcotraficantes. Por cierto, en noviembre de 2004, la policía intervino 94 laboratorios de pasta básica de cocaína y decomisó 1.650 kilos de droga en dicha región del Valle del río Apurímac-Ene (VRAE), verificando que en Mayapo, Llochegua, Sivia, Quistovalle y otros, el 80% de los campesinos elabora droga. Resultados concretos, pero insuficientes Desde el año 2001, cuando se suspendieron los vuelos de interceptación antinarcóticos que efectuaba la Fuerza Aérea del Perú, debido a un accidente donde murieron inocentes, la misión de combatir al narcotráfico corresponde a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas sólo brindan apoyo logístico o participan en operaciones conjuntas, donde los narcotraficantes y los terroristas de SL, actúan en forma coordinada. El dinamismo de la Dirandro, ha permitido que en el 2003, destruya o decomise 42.082 kilos de drogas diversas y en el transcurso del 2004, - 67 –
- 68. “Contrabando ” intervenga a 8.130 personas vinculadas al narcotráfico, incaute 14.500 kilos de drogas variadas y erradique más de 5,000 hectáreas ilegales de hoja de coca. Adicionalmente, el golpe asestado al narcotráfico en octubre del 2004, es uno de los más fuertes de este año, según el balance del operativo “Monzón 2004” expuesto por el Ministerio del Interior. El resultado de esta exitosa intervención en la zona de Tingo María (Huánuco), dejó la destrucción de 125 laboratorios para elaborar pasta básica de cocaína y la incautación de 2.500 kilos de dicha droga, junto a insumos y materia prima. Para la ejecución de estas acciones antinarcóticos, se utilizaron dos helicópteros de fabricación rusa MI-17 “HIP” y siete helicópteros estadounidenses UH-1H modelos “Huey I” y “Huey II”, que se sumaron a las fuerzas policiales a través de un convenio antidrogas firmado con EE.UU. A propósito, enfatizando la interdicción antidrogas, el gobierno de EE.UU. entregará en calidad de donación, ocho helicópteros a la Policía Nacional del Perú, hasta fines del 2004 y ofrece proporcionar ocho helicópteros más para el 2005. Seguro es consciente, que una vulnerabilidad de la estrategia antinarcóticos peruana, es el bajo volumen de cocaína incautada anualmente: sólo el 6.4% de la producción potencial total. El lavado de activos Aunque es muy difícil determinar la cantidad de dinero lavado por el narcotráfico, asumiendo que el gramo de cocaína pura, puede llegar a costar - 68 –
- 69. “Contrabando ” 100 dólares en los países industrializados, y que el Perú produce 140 toneladas de esa droga cada año, es posible vislumbrar la magnitud del dinero movilizado por los mafiosos. Bajo ese enfoque, se estima que en el Perú podrían lavarse unos 800 millones de dólares anuales; cifra creíble, ya que la Sociedad nacional de industrias y el gobierno peruano, consideran que únicamente el contrabando y la piratería, representan cada año, unos 600 millones de dólares, y estas son ramas del crimen organizado, empleadas para el lavado de activos ilegales. En definitiva, el poder corruptor del narcotráfico está presente en muchas esferas de la sociedad peruana; por ejemplo, el gobierno de EE.UU. incorporó en junio del 2004, a la compañía peruana Aero Continente, en su lista de entidades sujetas a sanciones -incluido el bloqueo de sus bienes en EE.UU. y prohibición de negocios de estadounidenses con ella-; afirmando que dicha empresa, es una “fachada financiera controlada por el cabecilla peruano de la droga, durante más de dos décadas, Fernando Zevallos González”. Esta grave imputación -por primera vez aplicada a un peruano- basada en una Ley de EE.UU. y una decisión conjunta de los departamentos de Hacienda, Justicia, Estado, Defensa, Seguridad Territorial, la CIA, el FBI y la DEA; fue ratificada en noviembre de 2004, aun después que la línea aérea experimentara varios cambios de propiedad y de nombre, pasando a llamarse Nuevo Continente; debido a que según EE.UU., no pudo demostrar haber cortado los vínculos con sus ex propietarios. - 69 –
- 70. “Contrabando ” Al respecto y en bien de la transparencia, EE.UU. debería hacer públicas las pruebas que demuestren la responsabilidad de Zevallos y Aero Continente, en los hechos denunciados, ya que la justicia peruana todavía no ha condenado al cuestionado empresario. Panorama general Siendo la lucha contra el narcotráfico una política de Estado en el Perú, dicho flagelo aún constituye una seria amenaza para su seguridad y estabilidad, al tener efectos devastadores en lo social, económico, medioambiental y político; mientras tanto, el Estado peruano debe esforzarse por consolidar una estrategia equilibrada, donde junto a la interdicción antinarcóticos, se afiancen programas viables de sustitución de cocales por cultivos alternativos; en tal sentido, es necesario un apoyo más integral de la comunidad internacional hacia el Perú, de acuerdo al principio de responsabilidad compartida; a fin de enfrentar en mejores condiciones, a las mafias de las drogas que disponen de ingentes recursos y manifiestan una tendencia a estrechar lazos con el terrorismo. - 70 –
- 71. “Contrabando ” BIBLIOGRAFÍA • Andrade Sánchez, Eduardo (1997). “Instrumentos Jurídicos Contra la Criminalidad Organizada”. Universidad Autónoma de México. • Binder, Alberto (1997). “Política Criminal: de la Formulación a la Praxis”.Buenos Aires – Argentina. Primera Edición. • Caciagli, Mario (1996). “Clientelismo, Corrupción y Criminalidad Organizada”. Madrid – España. Primera Edición. • Frisancho Aparicio, Manuel (2002). “Trafico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero”. Lima – Perú. Juristas Editores. • Ferre Olive y Anarte Borallo (1999). “Delincuencia Organizada. Aspectos Penales, Procesales y Criminológicos”. Huelva – España. • Granados Pérez, Carlos (2001). “Criminalidad Organizada. Aspectos Sustantivos, Procesales y Orgánicos”. Madrid – España. - 71 –
- 72. “Contrabando ” DEDICATORIA A mi familia: Erasmo Leiva, Angélica Chávez, Yessenia, Yasmín y Yanina quienes me brindan su apoyo incondicional. - 72 –
- 73. “Contrabando ” AGRADECIMIENTO Agradezco a esta casa de estudios, Universidad Federico Villarreal por las herramientas que me brindaron y por los profesores de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas. - 73 –
- 74. “Contrabando ” RESUMEN Los antecedentes históricos nos demuestran que el contrabando desde el momento en que los españoles prohibieron a los extranjeros comercializar con posesiones americanas ,suceso que se observa en la época colonial de nuestra historia es por esto que se motivo dar iniciativa a culminar o acabar con el contrabando como el grupo INA(Iniciativa Nacional Anticorrupción) cuyo objetivo era institucionalizar la lucha contra la corrupción ,fortalecer la ética publica , fomentar la transparencia y el rendimiento de cuenta e impulsar la vigilancia . Organismos y poderes del estado también fueron participes de esta lucha de anticorrupción (poder legislativo, judicial). El Ministerio Publico busco fortalecer los equipos fiscales de anticorrupción. La SUNAD y la SUNAT permitían optimizar la lucha contra el contrabando. Desde un enfoque ético y moral debe de iniciarse con la educación y la cultura de la honradez en la familia, la escuela, en los centro de estudios superiores, ya que este trabajo de anticorrupción compete a todos los ciudadanos de un país - 74 –
- 75. “Contrabando ” INDICE Dedicatoria Agradecimiento Resumen Índice INTRODUCCIÓN I.- EL CONTRABANDO 1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2.-MARCO TEÓRICO 3.-OBJETIVOS II.-ANTECEDENTES HISTORICOS 1.- EL COMERCIO, LOS COMERCIANTES Y EL CONTRABANDO III.- UN PERU SIN CORRUPCION 1.- CONDICION DEL PLAN ANTICORRUPCION 2.-RECHAZO A LA IMPUNIDAD 3.-ALIANZA POLITICA-SOCIAL CONTRA LA CORRUPCION 4.- FORTALECER EL LIDERAZGO PUBLICO O PRIVADO IV.- LINEAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION 1.- DIAGNOSTICO 2.- RECOMENDACIÓN V.- EL PAPEL QUE CUMPLEN LOS PODERES DEL ESTADO 1.- PODER LEGISLATIVO 2.- PODER JUDICIAL - 75 –
- 76. “Contrabando ” VI.- EMPRESAS DEL ESTADO 1.-CONTRALORIA GENERAL 2.-CONSUCODE 3.-SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS 4.-SUNAD YSUNAT VII.- PROMOVER LA ETICA 1.-AUSENCIA DE UNA ETICA PÚBLICA 2.-FACTORES QUE HAN POSIBILITADO EL RELAJAMIENTO DE UNA ETICA PÚBLICA CIUDADANA 3.-PRESENCIA ESPERANZADORA DE UNA RESERVA MORAL 4.- VALORES Y REGLAS DEMOCRATICAS 5.-FAMILIA, ESCUELA, EDUCACION SUPERIOR Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. VIII.-LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO 1.-LA POBLACION CAMPESINA INVOLUCRADA 2.-CONSUMIDORES DE DROGAS 3.-PERU: SEGUNDO PRODUCTOR DE COCACINA EN EL MUNDO 4.- CULTIVO ALTERNATIVO A LACOCA 5.-NUEVOS CULTIVOS ILEGALES 6.- SINUOSA RUTA DE LOS INSUMOS PARA EL NARCOTRAFICO IX.-NARCOTRAFICO VS EL MEDIO AMBIENTE 1.- DESTRUYEN PARQUES Y RESERVAS NACIONAES 2.- SINIESTRA TENDENCIA 3.-RESULTADOS CONCRETOS PERO INSUFIOCIENTES 4.-EL LAVADO DE ACTIVOS 5.-PANORAMA GENERAL X.- CONCLUSIONES - 76 –
- 77. “Contrabando ” XI.-BIBLIOGRAFIA INTRODUCCION El presente trabajo es el producto de la investigación realizada en torno al CONTRABANDO, tema sobre el cual se ha consultado libros de la Historia del Perú , de los archivos, libros de Educación Cívica, de la constitución , que en conjunto conforman un esencial y consistente trabajo de investigación. A lo largo de los capítulos desarrollamos lo siguiente: En el primer capitulo vemos los sucesos históricos desde el momento en que se practicaba el contrabando que esta referido al comercio oculto, clandestino; en el segundo capitulo da paso a la formación de un grupo INA para eliminar la corrupción; en el tercer capitulo nos referimos a los resultados que obtiene el plan de anticorrupción; el cuarto capitulo referido a la intervención de los poderes frente a esta problemática; el quinto capitulo vemos el papel que cumplen la SUNAD, SUNAT, CONSUCODE, LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS denominadas empresas del estado; y en los subsiguientes capítulos se busca las medidas preventivas para disminuir y en su mayor efecto eliminar el contrabando con una cultura de la honradez desde la familia, en la escuela en los estudios superiores,etc; finalmente se ofrece las respectivas conclusiones. - 77 –
- 78. “Contrabando ” PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA Este trabajo de investigación gira en torno al CONTRABANDO tema que he escogido por la siguiente interrogante o inquietud suscitada que es el ¿Por qué surge? ; bajo ¿Qué factores sean políticos, económicos, ideológicos dieron lugar a que se llevara a cabo el contrabando? ¿Cuales son las medidas para contrarrestar esta corrupción?, es decir los lineamientos que se deben efectuar para eliminar el contrabando; solo eso o también concienciar a la población en materia de educación de valores morales y la intervención del estado a través de sus organismos . ¿Porque a pesar de tener un ordenamiento jurídico donde sus normas son claras y explicitas y quien no les da su debida observación es castigado mediante una sanción se cometían actos corruptivos especialmente los relacionados con el contrabando? - 78 –
- 79. “Contrabando ” MARCO TEORICO El marco teórico del presente trabajo de investigación se encuentra en el campo legal, la intervención del estado mediante sus diversos organismos y poderes que aportaron en el trabajo del plan de anticorrupción , en el ámbito histórico el cual nos permite conocer el origen del contrabando y como se ha desarrollado a través del tiempo en el Perú y en otros países; desde el punto de vista económico pues se trata precisamente de un comercio clandestino y en donde interviene por ser de su competencia organismos o entes de la economía por ultimo desde un enfoque ético y moral pues la responsabilidad de estos actos de corrupción recae sobre todos nosotros, relacionados con la falta de una conciencia moral y sobre todo la ausencia de una identidad nacional . - 79 –
- 80. “Contrabando ” OBJETIVOS OBJETIVOS GENERALES Tener conocimiento historico-cultural sobre el contrabando por estar comprometidos con nuestra patria. Saber que organismos del estado tienen competencia en tratar los asustos del contrabando y todo aquello relacionado con los actos de corrupción Conocer cual es la sanción que se aplica en los casos de contrabando o actos corruptivos OBJETIVOS ESPECIFICOS Que es el contrabando y sus distintas modalidades. Establecer mecanismos de solución para prevenir y en su mayor efecto eliminar el contrabando. - 80 –
- 81. “Contrabando ” CONCLUSIONES • El comercio viene a ser el comercio clandestino y por tanto ilegal pues no seguía con los requisitos para efectuarse una transacción como el evadir los derechos aduaneros es decir el pago de impuestos. • Basándonos en la historia, el contrabando surge en el Perú de un monopolio español muy radical ;el cual no permitía la compra y venta de mercancías con otros países que no fuera justamente España y a esto se suma que el precio de las mercaderías eran sobrevaloradas excediendo el capital con que contaban los indígenas y demás. • El estado tiene un papel preponderante para frenar el contrabando y esto mediante organismos y poderes facultados a través de sus leyes hacer efectivo el plan anticorrupción. • La importancia que radica en la presión ejercida por los medios de comunicación promoviendo el ejercicio del derecho de los ciudadanos y la organización contra la corrupción. - 81 –
- 82. “Contrabando ” • El empleo tradicional de la coca para cultivos y para los trabajadores como medio de pago experimento un cambio ya que la coca es usada como insumo básico para la producción de cocaína dando lugar al narcotráfico. UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL TESIS “EL CONTRABANDO” ABOGADA: YESSICA YAMILER LEIVA CHAVEZ MATERIA: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION JURIDICA PROFESOR: JUAN NINAQUISPE HUAYHUAS - 82 –
- 83. “Contrabando ” AULA: A3-5 AÑO: 1º “B” 2008 - 83 –