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El desarrollo de la democracia colombiana y sus
efectos en el binomio Fuerzas Militares-ciudadanía
Revista Científica General José María Córdova
(Revista colombiana de estudios militares y estratégicos)
Bogotá D.C., Colombia
ISSN 1900-6586 (impreso), 2500-7645 (en línea)
Web oficial: https://www.revistacientificaesmic.com
Citación: García Suárez, A. (2019). El desarrollo de la democracia colombiana y sus
efectos en el binomio Fuerzas Militares-ciudadanía. Revista Científica General José
María Córdova, 17(26), 253-268. http://dx.doi.org/10.21830/19006586.393
Publicado en línea: 1 de abril de 2019
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Alba Lucía García Suárez
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albalucia.garcia@alumnos.uc3m.es
Universidad Carlos III de Madrid, España
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Revista Científica General José María Córdova
(Revista colombiana de estudios militares y estratégicos)
Bogotá D.C., Colombia
Volumen 17, Número 26, abril-junio 2019, pp. 253-268
http://dx.doi.org/10.21830/19006586.393
El desarrollo de la democracia colombiana y sus efectos
en el binomio Fuerzas Militares-ciudadanía
The development of Colombian democracy and its effects on the Armed
Forces-Citizenship dichotomy
Contacto: Alba Lucía García Suárez albalucia.garcia@alumnos.uc3m.es
Resumen. El sistema democrático colombiano ha recorrido un largo camino desde los tiempos
de la instauración de la República —pasando por la Constitución de 1991— hasta nuestros días.
A partir del análisis del proceso de consolidación del sistema democrático a lo largo de la historia
del Estado colombiano, se busca identificar la actual relación entre democracia, Fuerzas Militares
y ciudadanía, en el marco de un Estado social de derecho. Para ello, se propone una explicación
de los conceptos de democracia, Estado y soberanía (esta última, representada por la ciudada-
nía) y se muestran las complejidades y los retos implicados por la participación de la soberanía y
del control civil en relación con las Fuerzas Militares (institución reconocida jurídicamente en la
Constitución).
Palabras clave: ciudadanía; Constitución; democracia; Estado; Fuerzas Militares
Abstract. The Colombian democratic system has come a long way from the time of the establish-
ment of the Republic, from the Constitution of 1991 to the present day. To identify the current rela-
tionship between democracy, Military Forces, and citizenship –within a framework of the social rule
of law– the consolidation process of the democratic system throughout the history of the Colombian
State is analyzed. The concepts of democracy, State, and sovereignty (represented by the citizenship)
are explained, and the complexities and challenges implied by the participation of sovereignty and civ-
il control concerning the Military Forces (constitutionally recognized legal institution) are presented.
Keywords: citizenship; constitution; democracy; Military Forces; State
Sección: Política y Estrategia • Artículo de investigación científica y tecnológica
Recibido: 18 de noviembre de 2018 • Aceptado: 7 de marzo de 2019
Alba Lucía García Suárez
Universidad Carlos III de Madrid, España

AlbaLucíaGarcíaSuárez
Revista
Científica
General José María Córdova
254 Volumen 17 Ÿ Número 26 Ÿ pp. 253-268 Ÿ abril-junio 2019 Ÿ Bogotá D.C., Colombia
Introducción
Aunque no hay unanimidad sobre los inicios de la democracia en Colombia, la elección
de José Vicente Concha en 1914 como presidente (mediante sufragio directo por pri-
mera vez desde 1860) es parte de la génesis de este proceso evolutivo, así como el uso
del sufragio popular a partir de 1974 para la elección del máximo mandatario; luego del
proceso llevado a cabo en el periodo de 1958 hasta 1974, conocido como el pacto del
Frente Nacional (efectuado entre los dos partidos tradicionales, Liberal y Conservador).
Por su parte, existe consenso sobre el impacto que tiene para nuestra historia democrática
la expedición de la Constitución Política de 1991, los grandes avances constitucionales
que representó frente al anterior texto constitucional y las implicaciones que trajo en el
sistema político al plantear una democracia representativa con varios mecanismos de par-
ticipación popular.
Bajo esta premisa, en última década del siglo XX y las dos primeras del siglo
XXI, el país ha tratado de hacer realidad los postulados de este texto que, en su primer
artículo, consagra a Colombia como “... un Estado social de derecho, organizado en
forma de República unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territo-
riales, democrática, participativa y pluralista...”. Ello ha implicado fortalecer el Estado,
el Gobierno y la sociedad civil; avanzar en la maduración de una democracia represen-
tativa y participativa; y una serie de cambios institucionales que han afectado las tres
ramas del poder público.
Las nuevas realidades jurídicas, políticas y sociales que afronta la nación, sumadas
al proceso de democratización (entendido como un proceso de desarrollo de las institu-
ciones sociales que conducen al fortalecimiento de la sociedad civil), hacen que surjan
nuevos debates y nuevas reflexiones sobre el poder público, el Estado, las instituciones
y la ciudadanía. Dentro de este escenario se suscribe este artículo, que busca analizar la
relación existente entre la ciudadanía y las Fuerzas Militares, la forma como la democracia
aborda dicha relación y la responsabilidad de los ciudadanos de tomar un papel activo en
esta última.
El escrito cuenta con cuatro partes: en la primera, se presenta el desarrollo y evolu-
ción de la democracia a partir de la Constitución Política de 1991, con especial énfasis
en el tratamiento de las herramientas que les permitieron a los colombianos entablar una
relación directa con las autoridades, opinar sobre asuntos públicos, demandar el cumpli-
miento de las normas, vigilar la conducta de los dirigentes y tomar parte en las decisiones
que afectan a todos; en la segunda, se precisan los conceptos de soberanía, poderes públi-
cos, poder civil, ciudadanía y Fuerzas Militares; en la tercera, se presenta un diagnóstico
de la relación actual entre ciudadanía y Fuerzas Militares; y en la última parte, se hace un
análisis de los retos que implica, en un gobierno democrático, la relación de participación
y control de la ciudadanía con las Fuerzas Militares. Respecto de esto último, vale la pena
recordar lo señalado por Bruneau (2005, p. 21) en cuanto a la importancia del conoci-

EldesarrollodelademocraciacolombianaysusefectosenelbinomioFuerzasMilitares-ciudadanía
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miento para que la ciudadanía pueda acceder al control civil: “los civiles no necesitan ser
expertos en cuestiones de seguridad nacional para ejercer su control sobre las FF. AA. y
determinar sus roles y misiones. Sin embargo, sin duda alguna deben adquirir un nivel
apropiado de conocimiento y sobre todo estar conscientes de lo que no saben”.
Bajo esos parámetros introductorios se fijan las líneas gruesas del presente artículo,
que busca inquietar al lector, ante todo, en el significado que representa para Colombia
el desarrollo de la democracia y sus efectos en el binomio Fuerzas Militares-ciudadanía.
La democracia y su evolución desde la Constitución Política
de 1991
Para comprender mejor el proceso democrático en Colombia a partir de la promulgación
de la Constitución de 1991 —que representó un cambio en cuanto a la legitimidad de-
mocrática, debido al espacio que la sociedad civil (y con ella, cada uno de los ciudadanos)
logró en todos los ámbitos—, es necesario vislumbrar el concepto de democracia. La defi-
nición más genérica de este término hace referencia al gobierno ejercido por el pueblo o
por lo que hoy denominamos ciudadanos; en tanto que etimológicamente deriva de démos
(que se traduce como ‘pueblo’) y kratos (que es ‘dominio’ o ‘gobierno’), cuya combinación
permite conceptualizar la definición como “gobierno del pueblo”. El uso del término data
del siglo V a. C., acuñado por aquellos que defendían un sistema político en el que gober-
naran todas las personas entonces reconocidas como ciudadanos.
La obra de Aristóteles, Política, es considerada como un hito en la evolución de la
democracia; en este texto, la politeia es entendida como la mejor forma de gobierno y la
democracia como una desviación de aquella. En la época de los griegos se asientan los dos
principales valores que se asocian con la democracia: la igualdad y la libertad. En la Edad
Media, con la traducción de la Política al latín, la palabra democracia entra al vocabulario
de eruditos de la época como Tomás de Aquino y Marsilio de Padua, quienes encuentran
en ella una forma desviada de gobierno, en la que el vulgo o la multitud de pobres, sin
contar con el consenso de los demás y sin mirar el bien común, pueden gobernar. En la
Edad Moderna, Maquiavelo, Thomas Hobbes, Spinoza y Montesquieu, entre otros, son
autores que marcan tendencia al desarrollar la democracia dentro de la teoría política mo-
derna y el preconstitucionalismo, a partir del contrato social.
En el siglo XX, cuando se habla de democracia, esta se entiende como método o
lo que hoy se denomina democracia representativa: el pueblo gobierna actuando a través
del voto. En este periodo, autores como Weber, Schumpeter y Kelsen se hacen presentes
para explicar la democracia — entendida como valor esencial— y las reglas que la dirigen.
Pero solo será hasta después de la segunda mitad del siglo XX que el término democracia
como método de selección recibe múltiples críticas, lo cual conduce a la elaboración de
un nuevo concepto más focalizado en torno a la participación del ciudadano en la forma-

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ción de la voluntad política y en la toma de decisiones; se habla, entonces, de democracia
participativa o democracia deliberativa.
Esta evolución compleja del término ha sido estudiada por autores como Robert
Dahl (2004), quien hace una revisión del proceso democrático, desde sus formas pre-
históricas hasta finales del siglo XX y principios del XXI. Este autor explica cómo este
proceso ha enfrentado problemas como la pobreza o las desigualdades masivas y señala las
altas posibilidades de que en el futuro una gran parte de la población mundial “viva regida
por formas de gobierno democráticas que continúen evolucionando para hacer frente a
viejos y nuevos desafíos” (p. 52). Así mismo, Adam Przeworski (1995), luego de hacer
un análisis sobre los sistemas democráticos del mundo a través de la historia, defiende el
autogobierno y lo presenta como “el único mecanismo por el que el pueblo puede ejercer
el poder y la única forma de libertad política factible en nuestro mundo” (p. 27). Además,
en otra obra (2010) aclara que la forma de tomar decisiones en la democracia es indirecta,
que los ciudadanos eligen partidos y candidatos y los autorizan para tomar decisiones en
nombre de la colectividad; en este sentido, la condición mínima para la democracia es
“ofrecer alternativas reales, partidos políticos que lean las preferencias de todos los ciuda-
danos y comparen el apoyo numérico para cada una de ellas” (p. 167).
En Colombia, el término democracia se hace presente en el texto constitucional
promulgado en 1991: desde el preámbulo y a lo largo de su articulado se tiene registro
de la democracia tanto representativa como participativa. Así, a partir del surgimiento de
la nueva carta política, la Corte Constitucional ha hecho énfasis en la importancia de la
democracia, especialmente, de la participativa (que más adelante se lee en este artículo
como participación). Tal participación tiene efectos no solo en el campo de lo estricta-
mente político (electoral), sino también en lo económico, administrativo, cultural, social,
educativo, sindical o gremial del país, así como en algunos aspectos de la vida privada de
las personas. Su objetivo primordial es el de posibilitar y estimular la intervención de los
ciudadanos en actividades relacionadas con la gestión pública y en todos aquellos procesos
decisorios para las vida y la orientación del Estado y la sociedad civil (Colombia, Corte
Constitucional, Sentencia C-336, 1994).
De esta forma, y gracias a la evolución que se ha dado en nuestro país, el principio
de participación democrática expresa no solamente un sistema de toma de decisiones, sino
un modelo de comportamiento social y político. El concepto de democracia participati-
va no comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos
tomen decisiones, sino que, como lo ha señalado la alta Corte, implica que el ciudadano
puede participar permanentemente en los procesos decisorios que incidirán significati-
vamente en el rumbo de su vida. Se busca, así, fortalecer los canales de representación,
democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual (Colombia,
Corte Constitucional, Sentencia C-585, 1995).
Además, la participación puede ser entendida como principio y fin del Estado.
Macedo (2011) señala que, desde el preámbulo de la Constitución, se prevé que la justicia

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del ordenamiento político, económico y social solo se logra mediante la consolidación
de un marco jurídico, democrático y participativo, todo ello, dentro de un Estado social
de derecho. Este último, como lo afirma la Corte Constitucional en la Sentencia T-406
de 1992, es una transformación total del anterior sistema jurídico-político, que acerca el
Estado colombiano a lo que históricamente se ha denominado “Estado de bienestar”. De
hecho, el artículo 1.º representa un principio fundamental del ordenamiento, que define
la forma y las características del Estado, entre las cuales se resalta el perfil democrático,
pluralista y participativo de la República, por lo tanto, la participación se constituye en
piedra angular de la estructura política.
Ahora bien, el artículo 2.º de la Constitución consagra la participación como fin
esencial del Estado: “... facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación...” (Colombia,
Constitución Política, 1991), en concordancia con la garantía de los derechos, deberes y
principios consagrados en la misma norma, que indica con claridad los principales ob-
jetivos hacia los que debe apuntar la acción del Estado. De esta manera, explica Macedo
(2011), la participación se consolida no solo como requisito indispensable para el funcio-
namiento del Estado, sino que a ella deben estar encaminadas todas sus actividades.
La participación también puede ser presentada en Colombia como un ejercicio de
la soberanía popular, dado que la soberanía reside en el pueblo y no en la nación, como
lo postulaba la Constitución de 1886. Además de su consagración normativa en los pi-
lares de la Constitución, que edifican y sostienen todo el ordenamiento jurídico-político
colombiano, la participación también es vista como derecho fundamental, tal como se
desprende del contenido del artículo 40.° de esta. Su carácter de derecho fundamental
—reitera Macedo (2011)— implica, en primer lugar, su inclusión en la llamada primera
generación de derechos humanos, de tinte civil y político, reconocida en múltiples decla-
raciones internacionales sobre la materia como inherente a la naturaleza de las personas;
en segundo lugar —conforme a lo previsto por los artículos 85.° y 86.° de la carta—, la
participación es, por un lado, un derecho de aplicación inmediata y, por otro, amparable
a través de la acción de tutela, por lo cual su violación o amenaza de vulneración tiene
la capacidad de poner en movimiento la maquinaria judicial con el fin de restablecerlo
por uno de los medios más expeditos. Aunque el mencionado artículo 40.° enfatiza en el
carácter representativo de la democracia, ello no obsta para indicar que la participación no
sea objeto de la misma protección.
Desde un punto de vista menos normativo y más cercano al terreno de la política,
la participación ciudadana (como expresión de la democracia participativa) puede con-
siderarse como una respuesta a la permanente exclusión histórica que ha caracterizado
el sistema político colombiano. En este sentido, Macedo (2011) destaca la intención de
la Carta de dar apertura a la inclusión a partir del reconocimiento de las personas como
ciudadanos y sujetos de derecho. Posibilitar espacios de acceso de los ciudadanos a la
construcción, ejecución y evaluación de las políticas públicas necesita fundarse sobre la

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aceptación del carácter disímil de la sociedad, tanto al nivel de sus miembros considerados
individualmente como al nivel los intereses de grupos formados en torno a objetivos sec-
toriales. La participación, en consecuencia, debe consolidarse como una respuesta genera-
lizada, es decir, dirigida a todas las personas, haciendo no obstante énfasis en la diferencia,
desde las posibilidades de cada quien (Macedo, 2011).
Asimismo, la participación como democratización del poder político encierra las
posibilidades de incidencia real de los ciudadanos y las organizaciones sociales en las de-
cisiones del Estado. Esta idea viene aparejada con la noción de lo que Jessop (2002) y
Swyngedouw (2005) denominan “gobernabilidad difusa”, según la cual, la definición,
orientación y protección de los intereses públicos no recae solamente sobre los funcio-
narios y las instituciones del Estado, sino también sobre los ciudadanos. Este criterio
adquiere mayor importancia por cuanto establece el sentido de la corresponsabilidad o
responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.
Lo anterior implica, como señala Otálora (2015), el establecimiento de canales efec-
tivos y permanentes de comunicación y de diálogo entre la comunidad y las instituciones
públicas encargadas de la formulación e implementación de las políticas públicas. Tales
canales se constituyen en un requisito para el ejercicio y fortalecimiento de la democracia,
toda vez que es a través de la interacción y el reconocimiento de los distintos actores so-
ciales como igualmente dignos que se posibilita la construcción de acuerdos mutuamente
benéficos.
De esta manera, además, no se limita la participación a los espacios ofrecidos por el
Estado, sino que existen múltiples y variadas expresiones participativas, verificables en es-
cenarios alternativos y no institucionalizados. Lo anterior obliga, en concepto de Macedo
(2011), a que la oferta de participación de las entidades adopte facetas más grupales desde
el punto de vista territorial y sectorial, esto es, que preste mayor atención a las experiencias
que se constatan en barrios, localidades, instituciones educativas, etc.
Finalmente, la transformación de la democracia es un fenómeno global, por ello, el
premio nobel de economía Amartya Sen afirma que esta va más allá de la representación
política y del respeto a la regla de la mayoría. La democracia implica la protección de los
derechos y libertades de los individuos, el acceso a las prestaciones sociales y el derecho a
acceder a la información, así como participar activamente en la deliberación pública. Se
trata de un principio organizador que procura el bien público, con la anuencia y la cola-
boración de pueblo, sin mengua del orden y de la jerarquía.
Democracia y poder son conceptos inseparables, ya que, como explica Londoño
(1997), la democracia participativa puede entenderse como un proceso creciente de devo-
lución a los ciudadanos de su capacidad de tomar decisiones por cuenta propia y no por
interpuesta persona, lo que conlleva profundizar en el concepto de poder y su manifesta-
ción dentro del Estado mediante el término soberanía.

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Estado, poder y soberanía: ¿dónde se ubica la ciudadanía y dónde
la fuerza pública?
Proveniente del latín status, el concepto de Estado se remonta a la denominada polis grie-
ga, que consistía en una organización social en un determinado lugar con el fin principal
de conseguir la ciudad perfecta. Luego, en Roma, nace el concepto de civitas, como una
comunidad organizada socialmente, y se avanza al concepto de la res publica (entendida
como la cosa pública que pertenece a todos y a ninguno al mismo tiempo). Con la expan-
sión del territorio romano se evoluciona al concepto de Imperio, que implicó la integra-
ción del territorio y el reconocimiento de los habitantes como ciudadanos; dentro de este
concepto, pronto se llegó al desarrollo de los reinos. El concepto de Reino se aplicó en la
Edad Media como forma de gobierno, soberanía y unificación del territorio, con la con-
centración de todos los poderes públicos en la monarquía. Pero el ocaso de la Edad Media
y el nacimiento de la Ilustración dan paso al concepto de Estado en su sentido moderno,
el cual fue introducido por Nicolás Maquiavelo, quien lo empleaba con la denominación
de lo stato para designar el estatus político.
Sería Hobbes, mediante su teoría política, quien influiría de forma decisiva en la
concepción de un Estado moderno que regula mediante leyes, en la medida en que estas
establecen la conexión entre la teoría política y el pacto que le permite a los individuos
organizarse en una sociedad bajo un orden político y jurídico llamado “pacto de la unión”,
que debe superar la anarquía natural (Ávila, Castellanos & Triana, 2016). La teoría de
Hobbes, por tanto, se mueve a partir de la dicotomía entre la anarquía natural y el esta-
blecimiento de la paz, que se soluciona con la aparición del Estado. Es el primer intento
que, en la Modernidad, procura dar respuesta sobre la vida justa del hombre y el orden
justo de la sociedad.
El pensamiento de Hobbes tuvo una larga influencia posterior y fue crucial en el
debate por el liberalismo en la Ilustración, que culminó en la Revolución francesa y trajo
la caída del Antiguo Régimen. Tras la Revolución francesa, surgen nuevas nociones de
Estado que llegan hasta nuestros días, como Estado liberal, Estado de derecho y Estado
constitucional. En el primero se proclaman los derechos humanitarios y el principio de
igualdad, a lo cual se integra el concepto de soberanía y derechos individuales, puesto que
todas las personas son iguales ante la ley, están regidas por las mismas leyes y tienen los
mismos derechos. En el Estado de derecho, que surge de la lucha contra el absolutismo, se
promueven las libertades civiles. Finalmente, el Estado constitucional hace posible que el
poder se limite, pues se restringe mediante las reglas plasmadas en una constitución, que
contiene valores y principios reconocidos por la sociedad.
Asociada a la noción de Estado, entendido como la forma moderna de organización
política, se habla de la soberanía como la “característica del poder del Estado, en cuanto
implica que no existe otro superior o concurrente con él” (Verdugo & García, 2010). Así,
con la evolución de las instituciones, el poder estatal se presenta como supremo, domi-

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nante e independiente pero limitado, por cuanto en la sociedad contemporánea aparece
inevitablemente vinculado al derecho; es gracias a este último que se crean demarcaciones
que guían y limitan las conductas. En todo caso, es tal la importancia de la soberanía que
las constituciones, desde sus preámbulos y en sus primeros artículos, resaltan este término
e implantan un mandato de carácter general sobre el pueblo (entendido como la ciudada-
nía), así como la voluntad de este como fuente de la soberanía misma, lo cual permite que
se establezca una estructura estatal y se hable de poderes.
En su acepción más amplia, la palabra poder equivale a ‘facultad de hacer’, ‘aptitud
para ejecutar algo’, por lo tanto, esta voz se asocia inevitablemente con la idea de energía,
fuerza y vigor. Como elemento o condición de existencia del Estado, el poder se nos pre-
senta como “la aptitud, capacidad, energía, fuerza o competencia de que él dispone para
cumplir su fin” (Vivanco, 2007). Resulta comprensiva, entonces, la definición del poder
que ofrece Burdeau (1964, p. 188):
Una fuerza al servicio de una idea. Una fuerza nacida de la voluntad social prepon-
derante, destinada a conducir al grupo hacia un orden social que estima benéfico y,
llegado el caso, capaz de imponer a los miembros los comportamientos que esta bús-
queda impone.
La relación entre los términos Estado y poder es planteada por Max Weber, quien
parte del concepto de Estado como aquella comunidad humana que, dentro de un de-
terminado territorio (el “territorio” es un elemento distintivo), reclama (con éxito) para
sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que
a todas las demás asociaciones e individuos solo se les concede el derecho a la violencia
física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del “de-
recho” a la violencia (Weber, 2009, p. 83). Para Weber, este Estado es una relación de
dominio. Así, los hombres que forman parte de ese Estado y que serán los “dominados”
encontrarán el fundamento de su obediencia —y del tiempo que dure la misma— en
una justificación interior.
Weber entiende que en toda sociedad deber existir una dualidad entre los diferentes
integrantes que la componen y que, detrás de estos, casi siempre se esconde un sistema
estructurado de dominación; esta última, entendida como la capacidad de ciertos indi-
viduos y grupos de suscitar la obediencia más o menos voluntaria de otras partes de la
sociedad. Esta obediencia, de todas formas, no es total; está acotada por unos “mandatos”
específicos (Weber, 2009, p. 96). En el caso de los regímenes democráticos, la dominación
proviene de unos representantes legitimados en las urnas y la obediencia se acota a los
mandatos ejecutivos y legislativos de estos.
De acuerdo con lo anterior, el Estado es el titular del poder y, aunque dentro de la
sociedad pueden percibirse infinitas relaciones de poder, según Grondona (1969, p. 10),
es sin duda el Estado el recinto del poder por antonomasia. Pero este poder no puede ser
individual, por eso este se objetiva, se emancipa de las personas concretas que mandan y

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obedecen y se institucionaliza mediante un conjunto de normas que regulan cómo se ac-
cede al poder, como se distribuyen las facultades que comprende, por qué procedimientos
se ejerce y con qué límites se actúa.
Como dice Sánchez (1979, p. 408) este poder institucionalizado se regula por el de-
recho que determina quién, cómo y con qué límites ha de ser ejercido. El poder adquiere
así, en el Estado, una forma específica de legitimación, en cuanto es poder que se ejerce
como un derecho, fundado en el derecho positivo existente que atribuye a determinadas
agencias de decisión competencias específicas, regula sus procedimientos y sus límites.
Esta institucionalización hace del poder un elemento jurídico del orden constitucional,
organizado mediante normas jurídicas que regulan la sucesión y la participación en él, y
delimitan su esfera y su orden.
En el caso de Colombia, las normas reflejan la teoría de la división de poderes, pues
organizan el funcionamiento del país a través del ejercicio de tres poderes: el legislativo, que
consiste en la capacidad de hacer leyes; el judicial, que consiste en la capacidad de juzgar
si las leyes se cumplen o no y de aplicar sanciones cuando sea necesario; y el ejecutivo, que
consiste en la capacidad de gobernar, es decir, poner las leyes en práctica. Estos tres poderes
tradicionales deben estar separados o divididos (Bordali, 2008, p. 192). El poder ejecutivo
está encabezado por el Presidente de la República, a quien como Jefe de Estado, Jefe del
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa le corresponde —como señala el artículo
189.° superior (Colombia, Constitución Política, 1991)— “dirigir la fuerza pública y dis-
poner de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares de la República”.
La relación Fuerzas Militares-ciudadanía en un gobierno
democrático
Las Fuerzas Militares son reconocidas jurídicamente en la Constitución como parte de
la Rama Ejecutiva, ya que están adscritas al Ministerio de Defensa, el cual depende di-
rectamente del Presidente de la República (quien lo encabeza en virtud de su calidad de
comandante supremo). Conforme a la Constitución Política, las Fuerzas Militares tienen
como “finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del
territorio nacional y del orden constitucional” (art. 217.°). A su turno, la ciudadanía es
registrada jurídicamente en la Constitución al consagrar que “la calidad de ciudadano en
ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser
elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción” (art.
99.°), lo cual implica, además, una serie de derechos políticos y sociales, así como unos
deberes y obligaciones.
La Constitución de Colombia de 1991, en consecuencia, consagra las bases para que,
dentro del modelo de Estado y gobierno actuales, se construya el tipo de sociedad esperado.
Por ello, acudiendo a una interpretación sistémica y teniendo en cuenta los términos expli-
cados previamente, la relación entre las Fuerzas Militares y la ciudadanía debería basarse en

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los postulados de la democracia. De acuerdo con estos, para las FF. MM. está reservado el
mantenimiento del orden y el uso de la fuerza, mientras que para la ciudadanía se garantiza
el ejercicio de procedimientos que permitan su participación en las actividades pertinentes
para establecer control social en todos los sectores del Estado.
La democracia y, más específicamente, los procesos de democratización han hecho
que las instituciones estén más abiertas para la ciudadanía y generen canales de comunica-
ción eficientes. Desde hace unos años, las Fuerzas Militares no han hecho caso omiso de
estos procesos, por el contrario, se han abierto a la sociedad civil y han permitido que las
personas tengan un mayor conocimiento y entendimiento, por ejemplo, desde la exposi-
ción de su armamento, sus cuarteles e instalaciones, hasta su participación en ayudas a la
población rural y campesina con sus actividades sanitarias y lúdicas.
Este acercamiento, que se ha dado con mayor fuerza en los últimos quince años
(apoyado en las tecnologías y las redes sociales), busca cerrar esa brecha a la que años atrás
el propio general Valencia Tovar (1992) se refirió en términos de la responsabilidad que
tenían ambas partes, las Fuerzas Militares y la sociedad civil, para cerrarla. Ese distancia-
miento generaba un desconocimiento de la institución castrense por parte de la sociedad
civil, para la cual el Ejército no suscitaba interés, afecto y mucho menos emoción. Esta
percepción de enemistad conllevó que las relaciones entre civiles y militares fueran teo-
rizadas, en aras de construir puentes para lograr un mejor relacionamiento a lo largo de
distintas etapas.
En cuanto al proceso regulador de un entendimiento teórico en las relaciones entre
civiles y militares, la profesora Carmen Rosa de León (2002)nos habla de tres niveles: el
nivel reactivo, el proactivo, y el interactivo. En el primero, subsiste la “visión de confron-
tación” entre la sociedad civil y el Estado; en el segundo, “prevalecen los mecanismos
de diálogo”, etapa en la que se encuentra Colombia; y, en el tercer lugar, está el nivel de
“concreción de agendas y consensos”. Para esta autora, entre las prioridades al momento
de plantearse la redefinición de las relaciones entre civiles y militares en Colombia debe
tenerse como núcleo el fortalecimiento de la institucionalización civil del Estado y de las
organizaciones de la sociedad civil.
Este fortalecimiento de la sociedad civil ha sido estudiando mediante lo que se ha
denominado el “control social” o “control civil”. Uno de los autores insignia en la materia,
Samuel Huntington (1957), afirma que un gobierno democrático debe arbitrar el control
civil sobre los militares, quienes detentan el monopolio de la fuerza pública. Pero esta pre-
ocupación no es reciente, sino que data de tiempo atrás. Platón, por ejemplo, sostenía que
la vida en sociedad requería de guardianes para defender el Estado de enemigos externos
y hacer cumplir la ley, lo que implicaba una clara relación de dependencia entre sociedad
y fuerzas militares. Para la segunda mitad del siglo I d. C., Décimo Junio Juvenal, poeta
latino1
se preguntaba: “¿Quién vigilará a los vigilantes?”. A los guardianes se les daba el
1 Sus Sátiras constituyen una aguda crítica contra los vicios de la Roma imperial.

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poder (saber) para ser salvadores y no destructores del Estado, lo cual plantea la necesidad
de hablar de control dentro de este maridaje.
Przeworski (1995, p. 49), por su parte, afirma: “el marco institucional en el que se
ejerce el control civil sobre las Fuerzas Armadas constituye el punto neurálgico para la
consolidación democrática”. También Valenzuela (1992) afirma que “colocar a los mili-
tares bajo la autoridad del gobierno elegido es una condición clave para facilitar la con-
solidación democrática” (p. 82), lo cual, en el caso colombiano, está institucionalizado y
reconocido con rango constitucional, como se explicó anteriormente. En otras palabras,
la consolidación democrática se produce cuando el poder civil pasa a definir la política de
seguridad y defensa y a dirigir efectivamente a las Fuerzas Militares.
Lo anterior debe ir acompañado de una cadena de mando clara, que se inicia con el
Presidente como Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y que mediatiza sus man-
datos a través del Ministro de Defensa, que en Colombia es un civil. Además, está el rol
del Congreso (en especial el de las Comisiones Segundas), encargado de la elaboración y
aprobación de leyes para el sector defensa nacional, así como lo referente a la fuerza pú-
blica: la regulación del servicio militar, la designación del presupuesto y el equipamiento
requerido para esta, entre otros.
Igualmente, un Estado de derecho admite distintos niveles de autonomía militar,
lo que hace que el tema del control de las Fuerzas Militares sea un aspecto permanente,
incluso en aquellos países con largas tradiciones liberales y democráticas (lo que en cien-
cia política se han denominado democracias consolidadas), porque en estos subsisten ele-
mentos que mantienen diversos niveles de tensión entre militares y civiles. Como señala
Barrachina (2003, pp. 2-3):
Los teóricos se preocuparon por la intervención de los militares en el mundo político,
porque ello ponía en peligro a unas incipientes democracias, y más tarde se preocupa-
ron por definir las características de una profesión que, sometida al control civil, no
debía ser contradictoria con la democracia.
Finalmente, es importante resaltar en este apartado que el análisis de las relaciones
entre civiles y militares se deriva de la expedición de la actual Constitución colombiana,
que consagra de manera expresa los principios democráticos y de empoderamiento de la
ciudadanía. Por esta razón, no se traen a colación algunas reflexiones previas sobre este
tipo de relaciones, como las hechas por Moreno (2014) en relación con el tema para el
siglo XX.
Los retos del binomio en la democracia colombiana
Se colige de lo dicho anteriormente que, sin control democrático sobre las Fuerzas
Militares, es decir, sin relaciones democráticas entre civiles y militares, no hay verdadera
democracia. Empero, esta relación también tiene que afrontar ciertos retos u obstáculos.

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Solo por mencionar uno de alto impacto para la sociedad colombiana, está vigente la
necesidad de que esta entienda la importancia de organizar y normar la relación con las
Fuerzas Militares como parte de la consolidación democrática en que vive. De hecho,
las decisiones en el ámbito de las Fuerzas Militares, con especial atención a la defensa
nacional, afectan la vida de los habitantes y el destino de los recursos públicos. Los civiles
tienen, por tanto, una responsabilidad importante en este proceso, una responsabilidad
que históricamente ha sido descuidada y sobre la cual hay que trabajar en el país.
Por ello, explica Narcis Serra (2008), en las relaciones entre las Fuerzas Militares
y la ciudadanía no se puede olvidar que el “proceso de toma de decisiones y el nivel de
ejecución son los dos campos en los que se mide el control civil”. En efecto, la ciudadanía
organizada debe jugar un papel activo en la definición de los presupuestos y en el segui-
miento a la ejecución de estos, como se encuentra consagrado en la Ley 1757 de 2015,
por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la
participación democrática.
Además, el Ministerio de Defensa, como parte de la Rama Ejecutiva del poder pú-
blico en Colombia, debe seguir fortaleciéndose, especialmente, en cuanto a su capacidad
de planeación, de dirección en temas de personal y de elaboración y control presupues-
tario, así como en la inclusión progresiva de elementos civiles, que resulta necesaria para
el funcionamiento eficaz del Ministerio. En las zonas rurales de Colombia y, sobre todo,
en aquellas más apartadas o donde la guerra cambió la composición física o social, se
debe trabajar en la normalización de las relaciones entre civiles y militares en un contexto
democrático.
El control de las Fuerzas Militares por parte de la ciudadanía debe entenderse
como un proceso y no como una situación que, una vez alcanzada, no requiere de ma-
yor actuación por parte de las autoridades civiles. El control debe implicar también la
participación de los propios militares aunque de manera limitada, ya que el autocontrol
no es suficiente como garantía. Como todo proceso, este también necesita de evaluación
continua para mejorar las relaciones entre civiles y militares, a medida que se arraiga
en la cultura política la democracia tanto representativa como participativa. También
debe haber transformaciones de la sociedad, del contexto internacional y de la propia
profesión militar (Serra, 2008).
Aunado a lo anterior, otro gran reto se aprecia en la rendición de cuentas de todas
las administraciones y el cumplimiento de las directrices emanadas del gobierno que,
conforme a la teoría, son un ejercicio cotidiano en una democracia estable. Esta rendición
de cuentas sigue siendo un asunto ajeno a la ciudadanía y, especialmente, a los ciudadanos
que no tienen acceso a los medios electrónicos.
Otro desafío en las relaciones entre civiles y militares tiene que ver con la profesio-
nalización de las Fuerzas Militares. Del lado de los militares, explica Arroyo (2010, p. 29),
se han logrado significativos avances hacia la definición de un concepto más profesional,
pero todavía de manera muy lenta. Los militares tienden a considerarse una institución
con autonomía, intereses y roles propios dentro del marco institucional del Estado. Pero

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265
en las democracias estables, los uniformados son una parte más de la administración del
Estado, es decir tienen un rol de servidores públicos, más asociado con la administración
pública que con el uso de las armas y la fuerza. Por tanto, se requiere de tiempo y de un
programa progresivo de transformación de la mentalidad, tanto de los ciudadanos como
de los militares, para aceptar que estos últimos, además de formar parte de la administra-
ción del Estado como unidad especializada en asuntos de defensa y en el uso de la fuerza,
tienen otros campos de acción y formación.
Para entender esta profesionalización de las Fuerzas Militares, Andrade (2012) seña-
la que, para cualquier República contemporánea,
... el balance de poder entre las autoridades civiles y el estamento militar es un factor
crucial, pues tiene incidencia directa sobre la forma del régimen político, el modelo
de desarrollo, la relación del Estado con la ciudadanía e incluso sobre las relaciones
internacionales. (p. 148)
Colombia es un caso particular en cuanto a estas relaciones, ya que, como explica
Andrade, el país exhibe la paradoja de tener un aparato militar súper desarrollado, debido
a los rigores de un largo conflicto armado interno y otros estallidos previos de violencia
política y, al mismo tiempo, ser relativamente ajeno a las dictaduras, los golpes de Estado y
en general, a la injerencia directa de los militares en el ámbito político. Esta particularidad
ha hecho que numerosos académicos, analistas políticos e incluso los propios militares
hayan intentado describir y estudiar los factores que explican esa configuración de las
interacciones entre el estamento castrense y los poderes civiles. Una revisión general de
esas disertaciones, según Andrade (2012), permite registrar cuatro grandes ejes analíticos
de las relaciones cívico-militares en Colombia: “construcción histórica, conflicto armado,
estudios comparativos y visión de los militares” (p. 148).
Igualmente, dentro de los retos que presenta este binomio está el fortalecimiento
de la triada sociedad, gobierno y Fuerzas Militares, con el fin de generar una relación
cómoda y que implique un suficiente nivel de confianza entre los tres actores y las ac-
ciones que cada uno tome frente a los otros dos sujetos de la triada. Las relaciones de la
sociedad con su gobierno son de gran trascendencia para determinar las posibilidades
de control de los militares por parte de ese gobierno, por lo que todas las voces de la
ciudadanía deben encontrar un espacio en el poder. En ese sentido, el principal reto
para la clase política pasa por diseñar políticas y estrategias de seguridad y defensa que
guarden un adecuado equilibrio.
Otro gran desafío es para el Congreso como poder soberano que representa a la ciu-
dadanía. Normalmente, los sectores políticos han visto la subordinación militar solo bajo
ciertos parámetros simbólicos o de carácter administrativo (como el control de ascensos
militares, nombramientos o rendición de informes), pero han dejado de lado aspectos
mucho más sustantivos como la formulación de las políticas y planes de defensa nacio-
nal; la aprobación, supervisión y ejecución del gasto militar; el control de los servicios de
inteligencia; las decisiones sobre el diseño, tamaño y tipo de fuerzas; y su participación

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en el despliegue estratégico de estas, entre otros. Un muy buen ejemplo del control del
poder civil sobre el estamento militar y, en particular, sobre los organismos de inteligencia
y contrainteligencia es la Ley 1621 de 2014 y su Decreto Reglamentario 857 de 2014, en
los cuales se establecen los parámetros para los organismos del Estado colombiano inclu-
yendo a las FF. MM. y la Policía Nacional.
Finalmente, otro gran reto es que la ciudadanía alcance una participación plena,
consecuente con las diferentes concepciones de este derecho constitucional. Desde un
punto de vista estrictamente normativo en relación con la estructura y la funcionalidad
estatal, la participación adquiere una enorme relevancia a partir de la expedición de la
Constitución Política de 1991, tal como lo señala el artículo 103.°:
El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociacio-
nes profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad
común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias
de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se esta-
blezcan.
Conclusiones
Como sistema político, la democracia en Colombia atraviesa por varios periodos histó-
ricos hasta llegar al siglo XXI, por lo que diferenciar los conceptos de Estado, soberanía,
poder y democracia es requisito indispensable para entender el tramado que define el
modelo de Estado y gobierno que se tiene en el país.
La Constitución Política de 1991 fue un gran avance, dado que este documento
consagra de manera expresa no solo la democracia representativa, sino la democracia di-
recta, la cual promueve la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social,
a través de una serie de herramientas también contenidas en la Carta y reguladas por las
leyes nacionales.
En Colombia se establece una relación directa con las autoridades, se le permite al
ciudadano opinar sobre los asuntos públicos, exigir el cumplimiento de las normas, vigilar
la conducta de los dirigentes, tomar parte en las decisiones que afectan a toda la ciudada-
nía y sancionar a los gobernantes que actúen de forma equivocada, entre otras formas de
participación.
La relación que surge entre Fuerzas Militares, Gobierno y ciudadanía ha sido estu-
diada en el entendido de que una de las finalidades básicas de las autoridades colombianas
es la defensa de la integridad nacional y la preservación del orden público y la convivencia
pacífica. Esto es así no solo porque de tal manera lo establece el artículo 2.º de la Carta,
sino porque esos elementos son condiciones materiales para que las personas puedan gozar
de sus derechos y libertades.
El desarrollo de los mecanismos de participación —que tienen la naturaleza de un
derecho político fundamental, atribuido a todo ciudadano con el objetivo de que cada

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uno pueda participar en la conformación, ejercicio y control del poder político— se
cierne sobre las bases de las relaciones que se deben construir entre la ciudadanía y las
Fuerzas Militares.
Con la consagración del modelo de Estado y gobierno que impera en la actualidad,
la Constitución Política de Colombia de 1991 establece las bases para el tipo de sociedad
que se espera se construya. Por ello, acudiendo a una interpretación sistémica y teniendo
en cuenta los términos explicados previamente, la relación entre las Fuerzas Militares y la
ciudadanía deberían basarse en los postulados de la democracia, de forma que se reserve
para las primeras el mantenimiento del orden y el uso de la fuerza, y se reconozca para la
ciudadanía el ejercicio de procedimientos que permitan la participación de los interesados
en las actividades orientadas a establecer control social (control del cual ningún sector del
Estado puede estar excluido.)
Las relaciones entre civiles y militares deben respetar los procedimientos jurídicos
establecidos, y deben propender a la transparencia y la rendición de cuentas como un
indicio del mejoramiento de la calidad de la democracia en el país.
Declaración de divulgación
La autora declara que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con el
artículo.
Financiamiento
La autora no declara fuente de financiamiento para la realización de este artículo.
Sobre la autora
Alba Lucía García Suárez es abogada y magíster en Derechos Humanos y Democra-
tización, de la Universidad Externado de Colombia. Es especialista en Gestión Pública
e Instituciones Administrativas, de la Universidad los Andes, y doctoranda en Estudios
Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado
en el Senado de la República, la Cámara de Representantes y la Aeronáutica Civil.
https://orcid.org/0000-0003-0996-2815 - Contacto: albalucia.garcia@alumnos.uc3m.es
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