El documento presenta un decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Las reformas incluyen garantizar la calidad de la educación obligatoria, establecer que la educación será de calidad y evaluará los logros de los estudiantes, y determinar que el Ejecutivo Federal fijará los planes de estudio educativos considerando la opinión de los sectores involucrados. También crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.