La seguridad vial en Argentina es un problema grave que requiere acción del Estado y cambios en el comportamiento ciudadano. El documento argumenta que tanto las autoridades como los conductores comparten la responsabilidad por los numerosos accidentes que ocurren. Propone medidas como brindar asistencia a las víctimas, incorporar delitos de tránsito en el código penal con penas más duras, crear un registro nacional de conductores, establecer protocolos uniformes en accidentes y realizar campañas de concientización.