Ensayo
- 1. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD FERMIN TORO VICE-RECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS ESCUELA DE DERECHO DERECHO AGRARIO Y AMBIENTAL DERECHO AGRARIO VENEZOLANO AUTOR: SUESCUN CASTILLO MARIA DE LOS ANGELES C.I. Nº 24.156.892 PROF.: EMILY RAMIREZ SECCIÓN: (SAIA “I”)
- 2. BARQUISIMETO, DICIEMBRE 2016 DERECHO AGRARIO VENEZOLANO Sobre el Derecho Agrario existen diversas acepciones, los doctrinarios se han dado a la tarea de darle una interpretación legal que caracterice a esta rama del derecho como integrante del Derecho Mixto o social, puesto que contiene normas de Derecho Privado en cuanto a la regulación jurídica de la vida del hombre del campo, pero también presenta rasgos del Derecho Público, cuando permite la expropiación de tierras por causa de utilidad pública o interés social de acuerdo con la última reforma agraria, por ejemplo. Entre estas acepciones se pueden citar: "Es la rama de la Ciencia del Derecho que estudia y regula principalmente las relaciones jurídicas atinentes a la actividad agrícola en todas sus manifestaciones y operaciones a ella conexas, para adecuar las normas a la realidad Social y económica del mundo moderno." Manuel Ángel Palma Labastida. "Es el conjunto de principios y de normas, de Derecho público y privado, que disciplina las relaciones emergentes de la actividad rural, con base a la función social de la tierra." Fernando Pereira Sodero. Todas los conceptos que encontremos en el abanico de doctrinas existentes aunque hayan surgido del ingenio de intérpretes diferentes tienen la singular similitud de enfocar la esencia del Derecho Agrario hacia la actividad rural y/o agrícola, la relación jurídica que deriva de ella, así como también la función social que emerge de la tierra y el bienestar de la comunidad; en efecto la Naturaleza del Derecho Agrario es eminentemente social, en razón de los sujetos a quien le da protección y ampara. El Derecho Agrario en la actualidad se visualiza como un Derecho Autónomo, puesto que en el devenir del tiempo ha tenido tal trascendencia en la realidad social del país. En tal sentido este goza de: Autonomía Jurídica: Representada por los principios que rigen al Derecho Agrario. Autonomía Legislativa: Constituida por el conjunto de leyes que regulan la materia agraria. Autonomía Jurisdiccional: Reflejada por los Tribunales Agrarios del país en el cual se ventilan las causas agrarias.
- 3. Autonomía Didáctica: Representada por el Derecho Agrario como materia en las Universidades del país. Autonomía Científica: La cual está formada por la doctrina agraria a través de diversos textos legales de autores estudiosos en la materia. DERECHO AGRARIO VENEZOLANO Fuentes del Derecho Agrario: El proceso agrario utiliza a la jurisprudencia y los principios generales del Derecho como fuentes de derecho; lo hace para interpretar el contenido de las normas y resolver las dudas del juzgador del usuario del sistema judicial. También en este tópico el legislador agrario venezolano se apartó del asunto y de esa manera le resta eficacia al proceso agrario venezolano. No existe referencia a este tema en la nueva ley agraria. En el caso venezolano, y como una referencia parcial a un método hermenéutico que permitiría la aplicación de estas fuentes de derecho en el ámbito agrario, el artículo 335 constitucional faculta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que interprete el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, en cuyo caso su criterio es obligatorio para todos los tribunales dela República. De todos modos la inobservancia legislativa es evidente. De esta forma la jurisprudencia, aliada con la doctrina, puede cumplir la función que se les ha negado a los jueces agrarios en la ley. Objetivos: Escribe el profesor Ricardo Zeledón en “Los Desafíos del Derecho Agrarios”, que el objeto de esta importante rama del Derecho puede desdoblarse en una doble vertiente, uno, el aspecto formal constituido por las normas y otro, el material, que se conforma por hechos y valores. Teóricamente, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como columna vertebral del Derecho Agrario Nacional, persigue el cumplimiento de las líneas gruesas trazadas por el constituyente en 1999, como es el establecimiento de estrategias y planes para el desarrollo rural integral y sustentable, con la finalidad mediata de dar cumplimiento a la garantía de la seguridad alimentaria de la población, lo que se define a su vez como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional, aunado a la capacidad de la población para adquirir los bienes requeridos para su dieta diaria. Para cumplir con este objetivo macro de la ley, deben combinarse factores de diversa índole como financieros, comerciales, tecnológicos,
- 4. crediticios, tenencia, previsiones de importación de insumos, etc., lo que implica el trazado y ejecución de armoniosas políticas de Estado. Todas las otras orientaciones de la norma bajo especial en materia agraria en Venezuela, como desarrollo rural integral y sustentable, justa distribución de la riqueza, planificación estratégica y participativa, aseguramiento de la biodiversidad, protección del medio ambiente, etc., son en efecto, conceptos incorporados a la tutela del Derecho Agrario moderno, que ya no tiene exclusivamente una orientación a la protección subjetiva, pero para el cabal cumplimiento de su fines requiere, ante todo, conciliación entre los agentes de esta rama, entre los productores, el Estado y los sujetos potenciales de la adjudicación como mecanismo necesario para la paz social. El contenido de nuestro derecho se convierte cada vez más complejo en nuestros días”, sobre todo por efecto de la penetración de elementos ambientales que luchan por relevar la existencia de un sector consagrado a su tutela y conservación, impacto que no ha dejado de provocar opiniones diversas, cuando no contradictorias, cuyo grado de acierto y exactitud conviene investigar y que en definitiva atañen directamente al contenido y a los límites o confines de nuestro derecho, cuando no a su autonomía científica que fue objeto durante mucho tiempo de serios cuestionamientos, finalmente superados por relevante doctrina americana y europea. Además, no han sido pocos los agraristas de distintos países que han insistido en señalar los perfiles todavía inciertos y las fronteras móviles de esta disciplina que resultan del advenimiento de nuevos institutos, de sus transformaciones y también del envejecimiento y desactualización de otros, como lo vemos hoy, tenderá tal vez a disolverse, pero solamente para ser recompuesto sobre otras bases, subsistiendo siempre la centralidad del fenómeno productivo y su sustancia e identidad en cuanto la agricultura tiene y tendrá que ver siempre con la vida, fueron eminentes maestros argentinos quienes lo han advertido por primera vez en brillante labor interdisciplinaria- y por otra parte los productos agrícolas son el resultado de este proceso agro- biológico, la conjunción de la naturaleza y vida. Tampoco faltan quienes niegan la existencia de un objeto y contenido propio del derecho agrario o de los que sostienen una multiplicidad de objetos. La palabra principio, en el mundo forense, significa aquello que concede sustancia a la norma o a la institución, y sobre él se le construye, es
- 5. decir, forma parte de su esencia. Así tenemos en el Derecho Agrario los siguientes principios que lo nutren: Principio Anti-latifundista Durante mucho tiempo, la más destacada doctrina del derecho agrario ha sostenido que el latifundismo consiste en el acaparamiento de las tierras en pocas manos, colocando a la población campesina al margen de la actividad agropecuaria, por lo tanto, tal forma de tenencia de la tierra produce graves impactos sociales, económicos y ambientales. El derecho agrario, principalmente el venezolano y latinoamericano en general, tiene como un principio orientador fundamental el anti-latifundismo, y así observamos que el artículo 307 dela Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: “El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola.” La nueva Ley de Tierras desarrolla el principio constitucional regulando todo lo referente a esta materia. El nuevo instrumento agrario fija un criterio cuantitativo y de uso para definir el latifundio. El artículo 7 dela Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, señala taxativamente: “A los efectos del presente Decreto Ley, se entiende por latifundio, toda porción de terreno rural, ociosa o inculta, que exceda de cinco mil hectáreas (5.000 ha) en tierras de sexta y séptima clase o sus equivalencias, según que al efecto se desarrolle en el Reglamento de este Decreto Ley”. Como se puede observar para que un fundo pueda ser considerado como latifundio, debe tener una superficie mayor a las cinco mil hectáreas, a su vez, tiene que ser de sexta y séptima clase y que el propietario lo mantenga ocioso o inculto. El artículo 72 del Decreto Ley declara de utilidad pública o interés social la eliminación del latifundio, conforme a lo previsto en el artículo 307 dela Constitución Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, el INTI procederá a la expropiación de las tierras privadas que fueran necesarias para la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola. Para asegurar su potencial agroalimentario, queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que de conformidad con el Decreto Ley puedan corresponder a la República.
- 6. Principios Agrarios Constitucionales El cuerpo normativo agrario dela Constitución Bolivariana de Venezuela aborda como preceptos básicos cuatro aspectos de la estructura agraria nacional. Primero, la naturaleza sustentable de la agricultura. Segundo, la importancia de la seguridad alimentaria. Tercero, la participación del Estado en el desarrollo agrario. Cuarto, el derecho de propiedad. Agricultura sustentable La Constitución de 1999, en el artículo 305, señala: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población”. En una primera lectura del texto constitucional se observa cómo el constituyente incorpora el concepto de agricultura sustentable como base del desarrollo. De esta manera se impone una nueva dinámica en el ámbito productivo, el modelo tradicional de productivismo da paso a una nueva concepción de crecimiento donde la protección del medio ambiente es parte integrante del desarrollo. Este planteamiento de identificar ambiente y desarrollo tiene especial significación, no sólo por haber sido una constante permanente en los últimos años en distintos foros y congresos internacionales, sino por los efectos que genera en una nueva concepción del desarrollo, por ello dedicaremos algunos párrafos al análisis de su origen y consecuencias. Seguridad alimentaria En el mismo artículo 305, se observa que el constituyente bolivariano, vincula la estrategia de desarrollo integral basada en una agricultura sustentable con la seguridad alimentaria de la población. Concibe esta última como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La norma constitucional concilia la necesidad de una ingesta alimentaria adecuada y suficiente con el autoabastecimiento, al señalar que la seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal, la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. Participación del Estado en el desarrollo agrícola El artículo 307 dela Constitución Bolivariana enuncia como precepto fundamental del ordenamiento jurídico agrario, las principales acciones que
- 7. debe emprender el Estado para fomentar y promover la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Destaca el artículo la importancia de la actividad agrícola como medio de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar. El espíritu, propósito y razón del precepto constitucional obliga a ciertas reflexiones y consideraciones en torno a la percepción que se debe tener sobre la función del Estado en el desarrollo agrícola. Derecho de Propiedad La Constitución Bolivariana de Venezuela en el Capítulo VII, artículo 115, referido a los Derechos Económicos, garantiza el derecho de propiedad. Este precepto forma parte de lo que AIí Venturini denomina normas pre ambulares o programáticas indicativas; es decir, se establece como premisa del sistema un postulado constitucional, en este caso, el Estado venezolano reconoce, el derecho de propiedad como reiterativamente lo ha venido admitiendo en todas las constituciones desde 1811, inspiradas en el precepto consagrado en el artículo 544 del Código Napoleónico de 1804, que textualmente señalaba: “La propiedad es el derecho de disfrutar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, siempre que no se haga de ellas un uso prohibido por las leyes o los reglamentos”. Joaquín De Camps y Arboix, señala, que a partir de esta norma la propiedad está ya asistida por la triple prerrogativa de ser inviolable, sagrada y absoluta, conjunto que hermana con el concepto categórico tan conocido del derecho justinianeo. El texto dela Constitución Bolivariana de 1999, tiene la particularidad de que elimina la definición y referencia del derecho de propiedad en orden de la función social, como estaba consagrado en el artículo 99, dela Constitución de 1961, que textualmente señalaba: “El Estado garantiza el derecho de propiedad. En virtud de su función social, la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general”. En cambio, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 115, establece: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por
- 8. causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia, firma y pago oportuno de justa indemnización podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”. De esta manera se vuelve a la concepción civilista de describir las facultades del propietario, al indicar que toda persona tiene el derecho al uso, goce y disposición de sus bienes (ius utendi, fruendi et abutendi), tal como lo consagra el artículo 545 del Código Civil vigente, al señalar: “La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas en la ley”. No obstante, se limita la potestad jurídica absoluta de la propiedad, al indicarse que ésta estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Los sujetos que intervienen en las relaciones jurídicas agrarias, son las personas que intervienen en dicha relación agraria y se clasifican: SEGÚN SU NATURALEZA: En Personas Físicas: Es decir la persona natural, representado por el campesino; y Personas Jurídicas que vendría a ser el Estado y sus entes públicos representado por el Instituto Nacional de Tierras, y entes privados representado por las cooperativas o comunidades indígenas, entre otros. SEGÚN SU ACTIVIDAD: Dependiendo de la actividad desempeñada, que su producción sea valorable económicamente; y estos son Los Productores que dirigen una actividad agraria, como la persona que siembra y No Productores que son aquellos sujetos que desempeñan labores de control y fomento de los recursos naturales renovables, como actividad conservacionista que asegura la actividad productiva continua. SEGÚN LA INTENSIDAD DEL ORDENAMIENTO: Los Sujetos pueden ser Positivo: quien es titular de un poder o facultad de carácter agrario, cuya actividad se encuentre dentro de los lineamientos de la función social. Este sujeto a su vez puede ser: beneficiario directo, que es aquel que recibe los beneficios de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pues es debido a la situación socioeconómica en que éste se encuentra, que ha de producirse con el proceso de desarrollo integral y sustentable, o el beneficiario incidental que es aquel que en forma eventual, está incurso en un beneficio agrario. Y el otro Negativo: Es aquel que está inmerso en una relación jurídico - agraria, sin que su actuación encuadre dentro de una institución que tienda al
- 9. cumplimiento de la función social. Ej.: la persona que comete un delito contra la naturaleza. Es relevante conocer las acepciones de las figuras que conforman la estructura del Derecho Agrario, y que sirven de fundamento a la legislación agraria, estas son: Estado: Se constituye por tres elementos a saber; el Territorio, representado por (Datos geográficos, y espacio físico), el Poder representado por (Datos político, unificado y unificador) y por último la Población representado por (Datos demográficos, por el pueblo). Jurídicamente se concibe como una Comunidad de personas fijadas en un territorio determinado, legalmente independiente de control externo y que posee un gobierno organizado que crea y aplica la Ley sobre todas las personas y grupos dentro de su jurisdicción. Así mismo Políticamente se visualiza como una entidad específica de la vía política, organizada políticamente, en este sentido el Estado es considerado por diversos autores como soberanía, personificación de la nación, régimen, entre otros. Territorio: “Es la Porción limitada y delimitada de la superficie terrestre sobre la cual se extiende el dominio del Estado. Es imposible hablar de Estado sin Territorio; éste último es el espacio donde tiene su asiento el Estado, considerando que sin territorio no hay población” Hernández y Mila (2008), (p. 100). Territorialidad: Sé entiende cómo la dimensión espacial (hábitat) ocupada por un grupo social, interrelacionada con las dimensiones económica, social y cultural del medio. La territorialidad tiene tres elementos: el sentido de identidad espacial, el sentido de exclusividad y el modo de interacción humana en el espacio. Proporciona no sólo un sentimiento de pertenencia a una porción particular de tierra sobre el que se tienen derechos, sino que implica un modo de comportamiento en el interior de esa entidad. Con la territorialidad se planifica el desarrollo teniendo por objetivo la adecuación de las actividades económicas en los espacios geográficos más recomendables, buscando el equilibrio entre la mejor calidad de vida de la población, el desarrollo de la identidad cultural de los diversos
- 10. grupos sociales y la optimización del uso sostenible de los recursos naturales. Soberanía: Es el poder supremo, la suprema autoridad que caracteriza al Poder del Estado, por la cual se afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro poder, asentándose, que es único, indivisible, intransmisible, imprescriptible e inviolable tanto interior como exterior. Espacios Geográficos: "Es una unidad compleja multidimensional, que adquiere múltiples formas y comportamientos dentro de la totalidad global de la sociedad" Manuel Briceño Méndez. "Es parte indisociable de los procesos económicos, sociales y naturales, es decir; si la relación Sociedad-Naturaleza comprende básicamente un propósito de subsistencia y reproducción que se organiza (en un espacio determinado), como un "metabolismo" entre los sistemas sociales y los naturales, donde aquellas utilizan su basé de sustentación ecológica para asegurar su supervivencia y reproducción y devuelven a la naturaleza sus desechos, entonces el proceso de acumulación de excedentes económicos, configura un eje central de esa relación". El Derecho Agrario interpretado como el conjunto de normas y principios que regulan la propiedad territorial y asegura su función social, ha retomado gran importancia en el devenir del tiempo, puesto que existe hoy en día un abanico de estructuras jurídicas que derivan de la actividad agrícola y los actos vinculados con la administración, redistribución de las tierras y la regularización de la posesión de las mismas; otorgándole a esta disciplina del derecho relevancia en cuanto autonomía doctrinal, jurídica, legislativa y jurisdiccional.