FALLO COMPLETO

JUICIO: “ACUERDO PARA EL BICENTENARIO VS. PROVINCIA DE TUCUMÁN S/ AMPARO”. EXPTE. Nº
420/15.-
SENTENCIA Nº 822
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, SEPTIEMBRE 16 DE 2015 - Hs: 19:30
Y VISTO: las presentes actuaciones caratuladas “Acuerdo para el
Bicentenario vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo” y encontrándose reunidos los Sres.
Vocales de esta Sala Iª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, con la
integración que surge de la sentencia N° 806/15 (fs. 76), dijeron:
R E S U L T A:
A fs. 13/45 se presenta el apoderado del Frente Electoral Acuerdo para el
Bicentenario e inicia acción de amparo en contra de la Provincia de Tucumán a los fines de
que se declare la nulidad de las providencias de la Junta Electoral Provincial (en adelante
JEP), dictadas en fecha 27/08/2015 en las actuaciones caratuladas “Daniel Ponce s/
reclamos y protestas por el funcionamiento de la totalidad de las mesas habilitadas en el
comicio del 23/08/2015” y en fecha 25/08/2015 en las actuaciones “Daniel Ponce y Álvaro
Contreras s/ solicitud de apertura de urnas y recuento voto a voto. Reserva de nulidad de
comicio”. Requiere además la nulidad de la Resolución N° 979/15 de la JEP y la nulidad de
los comicios celebrados en fecha 23/08/2015 a los fines de la convocatoria a un nuevo acto
eleccionario.
Manifiesta que en la presente acción se denuncia y deduce la nulidad de
las elecciones celebradas en la Provincia por cuanto los derechos de los ciudadanos fueron
violentados por el Gobierno de la Provincia y por su brazo político, el Frente para la Victoria,
habiendo desplegado y urdido una maquinación fraudulenta desde mucho antes del inicio
del acto comicial, la que se intensificó el día 23/08/2015.
Refieren a que en Tucumán se ha verificado el despliegue de maniobras
organizadas que constituyen un fraude estructural e integral en que las pintorescas
irregularidades ocurridas el día del comicio no son ni las más significativas, ni las únicas
causales que invalidan el proceso electoral, pues son la manifestación lacerante y puntual
de un sistema esencialmente fraudulento e incapaz de garantizar la libertad del sufragio de
los electores.
Explicita que nos encontramos ante un proceso de naturaleza comicial,

constituido por una serie de actos antecedentes y consecuentes que en su conjunto,
permiten visualizar lo que se denomina proceso electoral y que, por su naturaleza, no puede
ni debe ser juzgado por los criterios procesalistas tradicionales y los excesivos rigorismos
formales existentes ante las pruebas, los procedimientos y los plazos, porque en los
procesos electorales no cabe hablar de preclusión ni recurrir a artilugios o pseudos
razonamientos formales procesalistas cuando lo que está en juego es nada más y nada
menos que la libertad del elector, lo que implica la vigencia de la democracia y del régimen
republicano y representativo.
Indica que el Gobierno de la Provincia, desde hace muchos años, se ha
encargado de urdir y conformar la consumación de un sistema electoral fraudulento que es
profundamente antidemocrático y que solo le es funcional a los que detentan el poder, pues
requiere para su funcionamiento enormes sumas de dinero que solo el manejo de las cajas
públicas puede proveer.
Dice que existen hechos que son la expresión más descarnada del extremo
grado de degradación e irrespeto al que hemos arribado como sociedad, cuando a viva voz
y por medio documentado se ha constatado la existencia de rifas de automóviles y otros
premios, bingos, vestidos de 15 años, obras sociales, módulos habitacionales y cualquier
bien o prebenda que es arteramente discernido como un “favor del príncipe”, en un
sojuzgamiento cultural que lleva a tildar de traidor o desagradecido a quien habiendo sido
beneficiario de alguna de dichas dádivas, dirija su elección hacia un candidato de la
oposición.
Expone que este sistema excede a las dádivas tradicionales alcanzando
formas más sutiles de compra o enajenación de la voluntad, la que se concreta cuando
desaparece la inteligencia colectiva y los consensos y entra a regir la voluntad arbitraria de
una o de un reducido grupo de personas. Agrega que el uso desenfrenado del poder en
provecho particular y no en miras al bien común se ha plasmado en el “bolsoneo” de todo
tipo, desde la patética bolsa conteniendo comida hasta la distribución autocrática de cargos,
funciones y favores en un entramado sutil y de infinitas manifestaciones tendientes a
comprar voluntades o acallar voces.
Señala que resultaba obvio que ante el tamaño contexto de inequidad,
desigualdad y obsceno aparataje del gobierno, correspondía de modo inexcusable la
adopción de medidas concretas que constituyeran un valladar idóneo frente a la marea de
concupiscencias y desmesuras que amenazaban barrer con la libertad de conciencia y, en
consecuencia, con la libertad de sufragio.
Sostiene que es así como el Frente para el Bicentenario, con fecha
24/07/2015 (un mes antes de los comicios), solicitó a la JEP una serie de medidas puntuales
y específicas que en su conjunto tendían a preservar la libertad del sufragio y a desterrar
y sancionar lo que denomina prácticas clientelares abyectas.
Expresa que la JEP dictó el 30/07/2015 la Resolución N° 961/15, que si
bien evidencia una postura clara en contra de las prácticas clientelares, no fue acompañada

ni de la difusión ni de la efectividad pertinente para lograr eficacia. Añade que esta fue luego
complementada con la Resolución N° 971/15.
Destaca que el día 09/08/2015 en ocasión de celebrarse las elecciones
Nacionales PASO, la sociedad en su conjunto asistió atónita y asqueada a la maximización
de la práctica prebendaria y clientelar, por lo que el Frente Acuerdo para el Bicentenario
realizó una nueva presentación ante la JEP dando cuenta de la situación acontecida,
dejando en claro que resultaban insuficientes las resoluciones antedichas, por lo que
correspondía complementarlas con otras medidas concretas.
Aduce que la JEP ya sea por inexcusable ingenuidad o por consciente
complicidad, omitió deliberadamente proveer a dicha presentación y disponer de las
impostergables medidas de publicidad y sanción para dotar de efectividad a las
prohibiciones expresadas en sus resoluciones, evitando de ese modo el infierno electoral
preanunciado y tan temido, el que se presentó de modo lacerante el día de las elecciones
locales en una secuencia desenfrenada de irregularidades, desmesuras y maniobras
fraudulentas.
Enuncia que lo expuesto es lo que conforma el concepto de fraude electoral
o integral y la nulidad abstracta de los comicios, por cuanto su concepto no se asienta en
hechos puntuales y casuísticos temporalmente atribuibles al día eleccionario, sino que hace
referencia a la manipulación, distorsión, falsificación, al despojo, la prebenda, la
desigualdad de medios, el uso de fondos públicos en provecho particular, ejercido en
cualquier fase del proceso electoral con el claro objeto de que no existan elecciones libres
y equitativas.
Arguye que los graves hechos y delitos ocurridos antes, durante y después
del proceso electoral, obviamente han afectado la libertad de los electores. Ello alude no
solo a los graves hechos de público conocimiento (retención de documentos de quienes
reciben planes sociales, suplantación de identidades al momento de votar, etc.) dirigidos a
cada elector, sino también a otros actos generales y sistemáticos (abuso de publicidad
oficial, quema de urnas, tiroteos, agresiones a gendarmes, amenazas públicas, carga
irregular de telegramas por parte del Correo Argentino, etc.), todos tendientes a producir
intimidación pública.
Subraya que estos actos (quema de urnas, tiroteos, agresiones a
gendarmes, etc.), han sido capaces de afectar y lesionar la libertad electoral de una
generalidad de votantes, pues han alterado la tranquilidad del comicio y la seguridad
personal de los electores en vastas zonas de la Provincia. Añade que las irregularidades
han asumido tal entidad y gravedad que, a más de adquirir el carácter de públicas y notorias,
han trascendido y alterado el resultado normal del comicio y la expresión genuina de la
voluntad popular, provocando una reacción social inédita en nuestra joven democracia.
Recalca que resulta imprescindible para mantener el orden social y
proteger la legitimidad en que debe sustentarse toda autoridad que se precie de
democrática y republicana, que se cumplan en el caso todas las normas constitucionales

en juego y cuya gravísima violación no puede sino conducir a su natural consecuencia, que
no es otra que la nulidad del comicio.
Pone de resalto que además de las conductas antijurídicas señaladas,
dirigidas a anular o condicionar la libertad de los electores víctimas de las mismas, se han
verificado otras conductas graves –cuando no delictuales– que por su trascendencia han
afectado la participación de sectores enteros de la población. Hace alusión expresa a las
quemas de urnas, los tiroteos, amenazas a fiscales y otros hechos que eximen de mayores
análisis.
Menciona que resulta notorio que los delitos señalados y las otras
irregularidades cometidas (adulteración de telegramas, constitución irregular de la JEP,
existencia de urnas adulteradas previamente llenas, urnas que llegaron a la Junta sin los
precintos de seguridad, etc.), han tenido la clara intencionalidad de perjudicar a los
candidatos del Frente Acuerdo para el Bicentenario y, a la inversa, beneficiar a la fórmula
oficial hacia quien se dirigían los votos mediante las amenazas, entrega de dinero y
bolsones, adulteraciones de telegramas y actas. Concluye en que por ello en las elecciones
del 23/08/2015, se ha afectado la igualdad de oportunidades de los candidatos.
Apunta que en el caso de nuestra Provincia las elecciones no han sido
auténticamente genuinas en tanto los hechos mencionados configuran un proceso irregular
y viciado, en el cual se ha coartado la libertad de los electores y se ha adulterado la voluntad
popular, además de haberse conformado irregularmente la JEP, con lo que se ha violentado
sistemáticamente el debido proceso electoral estableciendo un plano de desigualdad entre
las fuerzas políticas.
Asevera que no puede llegar a conocerse la voluntad popular ni
resguardarse la soberanía del pueblo, si no se cumple con el debido proceso electoral,
única garantía de que la real voluntad popular no sea adulterada, distorsionada,
coaccionada, desviada o defraudada. Añade que tanto las amenazas como la violencia
explicitada contra las urnas, los gendarmes, los fiscales y los electores, han viciado
gravemente el comicio en la Provincia y se han realizado como parte de una actuación
sistemática y pre-ordenada que incluyó, además, una lisa y llana “compra de votos”
mediante la entrega de bolsones y dinero que, tratándose de gente de bajos recursos y
grandes necesidades, tiene un efecto restrictivo de la libertad.
Manifiesta que la integración misma de la JEP es deficiente ya que luego
de haber sido separados dos de sus miembros por la Justicia (el Ministro Fiscal Jiménez y
la legisladora Bordinaro de Peluffo, quienes registraron previo a ello una profusa actividad
como tales), el Presidente del cuerpo dictó la Resolución N° 978/15 a los fines de la
integración del organismo con la Dra. Ana María Paz, quien también se encuentra incursa
en la causal de excusación prevista en el inciso 1° del artículo 16 del CPCyC (su ex -
cónyuge sería candidato). Agrega que además, mediante Resolución N° 979/15, la JEP ha
seleccionado a la Dra. Emma Beatriz García, quien solo tendría intervención a los efectos
de dirimir empates entre los dos miembros plenos.

Puntualiza que de tal forma la JEP ha quedado conformada por dos
miembros y un tercer Magistrado con funciones acotadas, lo que evidentemente informa de
modo elocuente la irregularidad estructural que posee el funcionamiento del órgano que
debe conducir el proceso que develará a las autoridades que conducirán el destino de la
Provincia.
Señala que el natural perjuicio que ello produce al Frente Acuerdo para el
Bicentenario, en tanto derrotero institucional verificado en la JEP, se ha traducido en la
existencia de un proceso carente del debido control de parte del Estado provincial y que ha
demandado a las fuerzas políticas la necesidad de requerir sistemáticamente el amparo
jurisdiccional contra decisiones de neto corte arbitrario emanadas de los órganos que
debían impartir el orden, control y respeto a las leyes en el curso del proceso electoral.
Comenta que el irregular proceder de la JEP ha quedado patentizado en la
pasividad y complacencia frente a las irregularidades registradas durante el escrutinio
provisorio. Agrega que la deficiente integración del organismo, además de no garantizar la
imparcialidad y, por ende, la igualdad de los candidatos y el debido proceso electoral,
implica una violación de la garantía de tutela judicial efectiva, contenida en los tratados
internacionales de derechos humanos.
Sostiene que lo dicho se agrava en la especie pues se denuncia la
existencia de irregularidades de tal magnitud que incluso configuran delitos que han sido
cometidos de manera generalizada, sistemática y grave, antes, durante y luego del acto
comicial. Añade que tales conductas y delitos deben ser investigados y sancionados penal
o administrativamente, lo que no empece a que informen de forma categórica sobre la
nulidad de los actos que han sido producto de este proceder.
Expone que sin perjuicio de la deficiente integración de la JEP, se han
registrado un sinnúmero de situaciones irregulares en relación al funcionamiento interno de
aquel organismo. Arguye que en meses previos se ha efectuado una contratación de
agentes sin ninguna publicidad o convocatoria pública, que casualmente ha recaído en
beneficio mayoritario de familiares de funcionarios provinciales o empleados de la JEP, o
simpatizantes, militantes y afiliados al Frente para la Victoria.
Relata que el funcionamiento irregular de la JEP ha quedado plasmado en
la declaración de dos empleados de la misma, quienes frente al conocimiento de hechos a
los que solo puede accederse desde el trabajo interno, han dejado constancia de tales
extremos. Agrega que la sola lectura de los testimonios documentados notarialmente,
acredita la existencia de privilegios para apoderados o la expedición de poderes de fiscales
en cantidades desmesuradas.
Asegura que tales irregularidades refieren además a la constancia de
recepción de urnas abiertas sin la custodia de Gendarmería Nacional y fuera de todo marco
de seguridad mínimo que preserve la expresión de voluntad del pueblo de la Provincia.
Afirma que contra todo orden, razón y justicia, los testimonios antedichos dan cuenta de un
prosecretario de la JEP que ha ingresado al depósito de urnas con fajas de seguridad y con

la ayuda de personal contratado a los efectos de reparar urnas y bolsines violentados, que
ingresaron sin ningún control al lugar de custodia de las urnas.
Detalla que frente a los contundentes testimonios recabados, lo expresado
en orden a las gravísimas irregularidades en la constitución de los partidos políticos se
presenta como algo menor, toda vez que el proceder organizado del personal contratado y
funcionarios de la JEP no puede ser relativizado ni moderado por cuanto constituye un
accionar y una etapa más que cubre el rastro de empleados de correo infieles y el
incumplimiento de la función de custodia de Gendarmería Nacional.
Indica que dichas irregularidades (notarialmente constatadas), constituyen
prueba irrefutable de la inexistencia –en términos de imparcialidad– de una autoridad de
aplicación de la norma electoral y a cargo de la dirección del proceso, lo que evidentemente
lo desnaturaliza. Añade que de esa forma, la expresión del voto soberano del pueblo se
encuentra tan desprotegida que puede o pudo haber sido trastocada o no, con lo que no se
pude determinar ni siquiera si las urnas en custodias se corresponden de manera efectiva
con las utilizadas durante el día del comicio.
Alude que los testimonios antes mencionados son suficientes para decretar
la nulidad del comicio, toda vez que la actividad constatada y que se desarrolló puertas
adentro de la JEP, es prueba acabada de la ruptura de la cadena de custodia del lugar de
depósito de urnas, dando cuenta de la llegada de estas sin custodia, abiertas y en manos
de particulares.
Expone además que, “punteros” del oficialismo retuvieron documentos de
quienes reciben planes sociales durante el día de la elección. Dice que esta maniobra ilegal
posibilitó que, durante la elección, terceros “suplantaran” a los verdaderos electores (cuyos
DNI se encontraban retenidos), lo que llevó a que en la sección Este el nivel de participación
de los electores haya sido increíblemente superior a la participación histórica, alcanzando
porcentuales superiores al 90% y superando incluso a la participación efectiva en las PASO.
Solicita que sobre el particular, se tenga presente que tales cuestiones
fueron objetos de sendas denuncias efectuadas por ante el Juzgado Federal N° 2 de
Tucumán y la Fiscalía de Instrucción Penal de la 3ª Nominación de la Ciudad de
Concepción.
Explicita que finalizado el comicio se puso en marcha el mecanismo para
la obtención de los resultados provisorios a través del recuento encomendado al Correo
Argentino, que ha fracasado en todos sus objetivos a punto tal que no puede concretarse.
Explica que los telegramas utilizados al efecto, supuestamente debían ser
digitalizados y transmitidos desde las delegaciones del Correo existentes en diferentes
puntos de la Provincia, puestos en donde se registraría en video la recepción de los sobres
inviolables con los telegramas remitidos por los presidentes de mesa, de conformidad a lo
establecido por la JEP en Resolución N° 944/15 del 23/07/2015 y especialmente en la
Resolución N° 967/15 del 07/08/2015, que ordenó la filmación del momento de entrega por
parte del personal del Correo del telegrama de escrutinio (en sobre con cierre hermético) al

empleado del centro de transmisión de datos.
Expresa que, lamentablemente, puesto el sistema en cero e iniciado el
programa, ante la primera carga de datos efectuada, los fiscales informáticos acreditados
detectaron una serie de inconsistencias que no pudieron ser explicitadas por el personal
del Correo que se encontraba junto al personal informático de la JEP. Resalta que ello
motivó la presentación de una impugnación ante el Presidente de la JEP, solicitando la
suspensión del escrutinio provisorio, debido a los graves defectos detectados. Dice que la
JEP, aun ante la innegable anomalía en la información proporcionada, ha evitado expedirse
sobre el planteo efectuado, permitiendo que se continúen proporcionando a la población,
guarismos electorales carentes de certeza y seriamente cuestionados por las fuerzas
políticas.
Destaca que no puede explicarse el hecho de que los telegramas hayan
superado las instancias de seguridad del programa implementado por el Correo Argentino
que preveía puntos de cargas, de recarga, de control y de verificación, es decir cuatro
instancias de control de la información y que, a pesar de ello, se publicaron datos de forma
selectiva para informar a la población. Dice que tales vicisitudes motivaron la presentación
de seis diferentes denuncias ante la Justicia Penal de la Provincia y una efectuada por el
Frente Acuerdo para el Bicentenario, por ante la Justicia Federal.
Puntualiza que las irregularidades mencionadas pueden constatarse con el
simple cotejo del material adjuntado a la demanda, conforme el cual sus análisis de
fiscalización llevan contabilizados más de 500 telegramas con defectos graves
inexplicablemente contabilizados con el Correo Argentino. Describe que debe tenerse
particular consideración en lo que atañe a la Resolución N° 980/15 de la JEP del
25/08/2015, que da cuenta de la existencia de más de 600 telegramas con serias
deficiencias, no contabilizados por diversos motivos, durante el escrutinio provisorio.
Sostiene que el marco general en el cual se desarrollaron los comicios solo
puede ser definido como irregular, en virtud de las permanentes anomalías que signaron
toda la jornada. Refiere que los niveles paroxísticos de degradación ocurrieron el domingo
cuando facciones enceguecidas por conservar a todo trance el poder y los privilegios,
cometieron actos de vandalismo quemando urnas, votos, escuelas, agrediendo a las
fuerzas del orden y baleando sedes y domicilios particulares.
Enuncia que si las mencionadas Resoluciones N° 961/15 y N° 971/15 de la
JEP prohibieron y especificaron las conductas contrarias a la libertad del sufragio y que
hacían a la existencia del debido proceso electoral, y luego se constató categóricamente
que tales extremos fácticos se configuraron en forma reiterada y masiva, superando incluso
las previsiones normativas (como la quema de urnas y escuelas, la existencia de urnas
“preñadas” y la falsificación de telegramas), claro está que los comicios se realizaron en
infracción a las normas vigentes y, en consecuencia, afectaron abiertamente la garantía
constitucional del debido proceso electoral.
En lo que incumbe a la nulidad de las diferentes providencias de la JEP

solicitada en su demanda, manifiesta que en lo que corresponde a las actuaciones
denominadas “Daniel Ponce s/ reclamos y protestas por el funcionamiento de la totalidad
de las mesas habilitadas en el comicio del 23/08/15” (providencia de fecha 27/08/2015); tal
presentación contiene el reclamo a la constitución y funcionamiento de las mesas de
votación, en la que oportunamente se ha protestado ante la JEP por circunstancias
irregulares detectadas en diversos establecimientos escolares que se encontraban
cerrados al momento de llegar los fiscales partidarios, establecimientos en los que una vez
habilitado el acceso, se inició el comicio de forma inmediata, por cuanto ya se encontraban
las urnas armadas y las autoridades de mesa ubicadas, habiéndose impedido la
participación de los fiscales en el armado de las urnas.
Dice que en fecha 27/08/2015, la JEP emitió una providencia (que
cuestiona de nulidad) dando cuenta de las diversas disposiciones tomadas por el organismo
para garantizar la transparencia de los comicios y resaltando que la circunstancia de que
hubiera ocurrido algún acto reprochable, no conducía a calificar de irregular el comicio.
Alude que la providencia atacada nada dice en orden al rechazo o admisión
del reclamo efectuado y discurre en justificaciones de un órgano que no asume ni por vía
de reflexión la responsabilidad frente a un acto electoral que solo puede calificarse de
irregular.
En lo que atañe a las actuaciones “Daniel Ponce y Álvaro Contreras
s/solicitud de aperturas de urnas y recuento voto a voto. Reserva de nulidad de comicio”,
indica que en estas se solicitó a la JEP la apertura de las urnas y el recuento voto por voto,
único medio para garantizar la genuina expresión de la voluntad popular a través de los
votos emitidos. Agrega que este planteo fue realizado con anterioridad al conocimiento de
los antedichos testimonios de los empleados de la JEP, que dejan entrever que el recuento
voto por voto no necesariamente dará a conocer la voluntad del pueblo.
Menciona que la providencia del 25/08/2015 dictada por la JEP a
consecuencia de tal pedido, asevera que el comicio no tuvo nada de irregular y rechazó,
sin dar fundamentos suficientes ni válidos al efecto, la impugnación del comicio formulada
tempestivamente en forma fundada y sustentada en sucesos verificables, públicos y
notorios.
Advierte que las providencias cuestionadas fueron dictadas con la
integración parcial de la JEP, con la presencia de los Dres. Gandur y Paz, con cuya decisión
se ha alterado en los hechos la Ley 7.876, privando a los partidos políticos del criterio del
tercer vocal que la ley expresamente prevé.
Asegura que a consecuencia de ello, el Frente Acuerdo para el
Bicentenario, se encuentra en un estado total de indefensión procesal y a merced de un
Tribunal que ha omitido injustificadamente el debido análisis de los graves hechos ocurridos
y las impugnaciones de los partidos opositores.
Requiere el dictado de una medida cautelar mediante la cual se ordene a
la JEP cesar en forma inmediata el escrutinio definitivo en curso, ello hasta el momento del

dictado de la correspondiente sentencia de fondo. Agrega que dado que la sustanciación
del presente amparo requiere de todas las garantías procesales y dado que los plazos en
juego pueden dar lugar a demoras que afecten el derecho a elecciones libres, solicita que,
hasta tanto se dilucide lo discutido en autos, se declare la suspensión de los efectos de la
elección.
A fs. 52 el Vocal Horacio R. Castellano se inhibe de entender en la presente
causa por encontrarse comprendido en la causal prevista en el artículo 16 inciso 11 del
CPCyC, respecto del letrado Arnaldo R. Ahumada. Conformado el Tribunal de acuerdo a la
integración que emana del decreto de fs. 53, por Resolución N° 806/2015 (fs. 76) se hizo
lugar a la excusación formulada por el Vocal antes mencionado.
Solicitado que fuese a la JEP el informe previsto en el artículo 21 del CPC
(fs. 50), este fue presentado a fs. 54/71. Allí se destaca:
a.- que la JEP llevó adelante el proceso electoral con estricto apego a la
normativa vigente y, asumiendo la particular complejidad de la presente elección, dictó
numerosas resoluciones con el objeto de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su
derecho a voto en condiciones de seguridad y confianza. Enumera los diferentes actos
administrativos dictados en consecuencia;
b.- que en lo que atañe a la aseveración del actor en relación a que la JEP
habría permitido la participación de partidos de constitución irregular y autorizado la
representación múltiple de partidos políticos en la persona de un mismo apoderado,
menciona que se dictó en primer lugar la Resolución N° 99/14 del 22/12/2014, por la que
se ordenó a los partidos políticos acompañar a la ficha de afiliación copia del DNI del
afiliado, certificadas por la autoridad partidaria correspondiente. Señala que luego dictó la
Resolución N° 100/14 por la que se ordenó a quienes fueran apoderados de varias
agrupaciones que en el plazo de 30 días optasen por continuar su actuación en solo una
de ellas;
c.- que ante el planteo de nulidad de tales actos efectuados por el partido
Movimiento Ergisto, se rechazó tal pedido en relación a los actos antedichos, más se ordenó
la suspensión de la Resolución N° 100/14, debido a la imposibilidad temporal de su
aplicación;
d.- que tales disposiciones administrativas, que exclusivamente perseguían
dotar de transparencia al proceso electoral, fueron objeto del más amplio debate y
publicidad, sin que los amparistas efectuasen objeción alguna;
e.- que contrariamente a lo afirmado por el actor, las Resoluciones N°
961/15 y N° 971/15 fueron comunicadas por todos los medios disponibles. Agrega que se
publicaron ambas en el Boletín Oficial y se comunicó a todos los partidos políticos a través
del sistema de notificación electrónica, dándose también noticia a todos los medios de
comunicación escritos, radiales y televisivos de la Provincia;
f.- que a más de tales resoluciones, la JEP realizó diversas actuaciones con
el objeto de garantizar la seguridad y transparencia del proceso electoral. Detalla que se

firmó con Gendarmería Nacional un convenio de cooperación por el cual se dispuso colocar
en cabeza de esa fuerza la custodia, seguridad y desarrollo del acto electoral. Agrega que
en igual sentido, la Policía de la Provincia en coordinación con Gendarmería, presentó ante
el organismo la Diagramación Especial de Seguridad Preventiva N° 30/2015, en la que se
describía el despliegue policial a realizarse el día 23/08/2015;
g.- que igualmente, la JEP coordinó con el Observatorio Electoral de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), para la participación de veedores externos del
proceso electoral para el día 23/08/2015, informe que concluyó en la inexistencia de
episodios de fraude durante los mencionados comicios;
h.- que la actual integración de la JEP es consecuencia de la sentencia
judicial firme N° 541 de la Sala IIIª de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha
21/08/2015, en la cual se facultó al Presidente de la Junta a proceder a la legítima
integración de los restantes miembros del cuerpo;
i.- que en orden a ello, el Presidente dictó la Resolución N° 978/15
integrando el organismo con la Dra. Ana María Rosa Paz; Fiscal Civil, Comercial y del
Trabajo de la Iª Nominación. Enuncia que posteriormente se emitió la Resolución N° 979/15
por la que estableció que en caso de empate de votos, la cuestión fuera dirimida con el voto
de la Sra. Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo de la IIª Nominación, Dra. Emma Beatriz
García;
j.- que en relación a la presunta causal de recusación de la Dra. Paz, al
momento no se ha deducido recusación alguna en su contra, sin perjuicio de lo cual el ex –
cónyuge de esta ha presentado su renuncia como candidato del partido Proyecto K;
k.- que en lo que atañe al cuestionamiento sobre la organización y el
funcionamiento interno de la JEP, debe tenerse presente que la contratación de personal
en forma directa está vinculada exclusivamente con la particular necesidad de satisfacer
las necesidades del período comicial. Rechaza que hayan existido demoras inexplicables
en el trámite de las actuaciones desarrolladas ante la Junta y ocultamiento de información;
l.- que respecto de lo mencionado por el amparista en orden a las
declaraciones realizadas por dos empleados contratados por la JEP, incorpora a la causa
otros cinco testimonios de sendos empleados del organismo pasados ante Escribano
Público. Agrega que respecto a lo manifestado en relación al desinterés de los funcionarios
de la JEP para dejar constancias de irregularidades como la recepción de urnas abiertas
conducidas por particulares sin custodia de Gendarmería y sin garantías de seguridad,
fueron los empleados del Correo Argentino los encargados de recibir las urnas y de registrar
la documentación electoral que llegaba a las instalaciones de la JEP;
ll.- que en lo que concierne a la alegada pasividad de la JEP en lo que hace
al desarrollo del escrutinio provisorio, luego de destacar que este no es una declaración de
voluntad emanada del órgano electoral y que carece de valor jurídico, detalla que durante
el trámite de dicho proceso se presentaron en la sede del correo los apoderados del Frente
para el Bicentenario y sus máximos candidatos habiéndoseles informado allí que no era

procedente suspender el escrutinio provisorio, pero que se extremarían los recaudos
tendientes a garantir la transparencia del mismo;
m.- que tan fue así que quedaron 641 mesas sin computar en el escrutinio
provisorio respondiendo a las previsiones aludidas. Expresa que esas mesas fueron las
primeras en examinarse en el escrutinio definitivo. Agrega que de las mismas, solo 4 fueron
declaradas nulas y más de la mitad de las restantes no fue objeto de observación ni
impugnación por ninguno de los partidos intervinientes;
n.- que las mesas correspondientes al listado de telegramas a los que alude
el amparista en el anexo I de su demanda aun no fueron escrutadas, a excepción de la
mesa N° 1.421 la cual, dada la conformidad de los datos de las actas de escrutinio con los
de las actas de los fiscales de partidos, no mereció la apertura de la urna respectiva;
ñ.- que en lo que concierne a la alegada adulteración de padrones y
retención de DNI, tales situaciones deben ser investigadas principalmente por la Justicia
Federal. Sin perjuicio de ello, detalla una serie de actuaciones que la JEP llevó a cabo antes
y después de los comicios en relación a dichas cuestiones;
o.- que en lo que hace al conjunto de hechos que la parte actora describe
dando cuenta de prácticas clientelares, la JEP en virtud de la Resolución N° 961/15 condenó
categóricamente tales situaciones y dispuso medidas concretas para evitar que
aconteciesen tales hechos durante las elecciones, tomado de tal forma todas las medidas
a su alcance en el marco de su competencia;
p.- que las manifestaciones recibidas en la sede del organismo en relación
a las prácticas descriptas, merecieron su remisión –según la naturaleza de las mismas– a
la Justicia Federal o a las Fiscalías en lo Penal de Instrucción del Poder Judicial provincial
para que, a través de las investigaciones pertinentes, determinen la eventual comisión de
los hechos denunciados.
A fs. 96 se requiere un informe complementario a la JEP en atención a las
previsiones del segundo párrafo del artículo 21 del CPC, el cual fue evacuado por esta a fs.
119/123. Allí consta:
1.- que el día 31/08/2015 se solicitó a Gendarmería Nacional las filmaciones
de seguridad de la recepción y depósito de las urnas luego de realizado el acto comicial;
2.- que en fecha 01/09/2015 el Comandante Gral. Sosa respondió que bajo
su comandancia se había contratado una empresa para la instalación del sistema de
cámaras para el exterior e interior de los recintos de la JEP y que la empresa se encontraba
abocada a la tarea de “levantar” la información almacenada;
3.- que si bien las cámaras de seguridad fueron sugeridas por el Secretario
de la JEP a Gendarmería Nacional, en ningún momento se indicó o recomendó la empresa
o el procedimiento para cumplir con la prestación, por lo tanto se desconoció todos los
pasos sucesivos a la propuesta realizada;
4.- que a las 18:30 del 07/09/2015, el Comandante Mayor Maley remitió a
la JEP una comunicación mediante la cual se tomó conocimiento de que las filmaciones

tenían algún tipo de anomalías;
5.- que el citado informe era acompañado con una serie de actuaciones y
adjuntaba los discos externos en un sobre madera. Agrega que dada la hora y ante el pronto
vencimiento de los plazos fijados por el Tribunal, tanto la documentación como el material
adjunto fue inmediatamente remitido a este Juzgado;
6.- que respecto de las medidas de seguridad adoptadas para poder
reconstruir los videos dañados, al remitirse los discos originales a este Juzgado, se vieron
imposibilitados de llevar adelante cualquier medida al respecto. Añade que sin perjuicio de
ello, el Comandante Maley en fecha 10/09/2015, informó que la Dirección de Criminalística
y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, se encontraba abocad a la comprobación
de funcionamiento del disco rígido interno de extracción de información forense;
7.- que el informe remitido por Gendarmería Nacional del 07/09/2015, no
estableció ninguna precisión acerca de la gravedad de los daños sufridos por las
grabaciones, ni los días de grabaciones que se encontraban afectados;
8.- que ante la fundada sospecha de que se encontraban afectados los
registros fílmicos de llegada y depósito de urnas a las instalaciones de la JEP, en fecha
10/09/2015 se realizó una presentación ante el Juzgado Federal poniendo en conocimiento
tal situación;
9.- que aun en el supuesto de encontrarse dañadas las grabaciones
solicitadas por este Juzgado, no se encuentra afectada la cadena de custodia de las urnas
implicadas en el acto comicial del día 23 y 24 de agosto de 2015. Recalca que la filmación
del traslado y depósito de las urnas no se encontraba incluida ni en el convenio ni en el
protocolo de custodia, despliegue y repliegue de las urnas y que por ello tal medida adicional
de vigilancia no tuvo incidencia respecto de la organización preestablecida entre la JEP y
Gendarmería Nacional;
10.- que los elementos de registro fílmico referidos al control de las urnas
se encuentra a cargo de Gendarmería Nacional, siendo que los equipos informáticos con
los cuales se efectúa la carga y control de los datos del escrutinio, son de propiedad de la
Junta, encontrándose, por ende, la custodia de estos a su cargo;
11.- que la JEP jamás realizó contrato alguno con la empresa INFO FOJ,
lo que se justifica en razón de que es Gendarmería Nacional quien contractualmente tiene
a su cargo la custodia de las urnas. Aduce que en tal contexto, la determinación de los
métodos alternativos de seguridad y todos los aspectos técnicos que son su consecuencia,
obviamente se encontraban a cargo de aquella;
12.- que los equipos informáticos correspondientes a la JEP no presentan
ningún daño y que con referencia a las cámaras de vigilancia supuestamente instaladas por
INFO FOJ en el primer piso del edificio de calle Mendoza 1.050, las mismas siguen
funcionando.
A fs. 151/220 la Provincia de Tucumán, mediante su letrado apoderado,
responde demanda. Allí manifiesta a modo preliminar que la pretensión esgrimida por la

parte actora tendiente a la nulidad de los comicios del 23/08/2015, es un mediocre ensayo
de sociología electoral carente de elementos empíricos y datos cuánticos que lo sostengan
y fundamenten.
Indica que la demanda de autos resulta una mezcla de indicios,
presunciones, suposiciones exageradas, inferencias falsas que pretenden servir de
plataforma mediática a un fracaso electoral. Agrega que el plateo entrelaza piezas sueltas
de hechos heterogéneos, procediendo al armado de una trama cuyo propósito es esbozar
la hipótesis de una confabulación cósmica contra las expectativas electorales del frente
actor.
Señala que la representación de este escenario conspirativo se desarrolla
en base a dos planteos narrativos, uno la afectación de la libertad del voto de los
sufragantes, el otro la complicidad de la JEP en consentir y provocar hechos irregulares.
Sostiene que tal conspiración se apoya sobre la presunción descalificadora
del elector “ignorante”, que debe ser cuidado por el elector “inteligente”. Añade que los
ciudadanos de escasos recursos están afectados por una minus capacidad por estar en
una situación de vulnerabilidad y debilidad especial generada por la ausencia de valores
cívicos.
Expone que es increíble este lapsus calami de conservadurismo
retrógrado, porque la consecuencia es que este “débil sin valores” debe ser tutelado por
estos otros ciudadanos con mayor fortaleza y valores cívicos, pero resulta que los primeros,
generalmente los más carenciados y marginados, son la mayoría o el grupo más numeroso,
en cambio, los segundos, generalmente los más acomodados y con necesidades
satisfechas, son la minoría o el grupo menos numeroso.
Expresa que ningún votante del Frente para la Victoria pidió o autorizó a los
actores a representarlos sobre la base de una descalificación tan brutal y desaprensiva, a
someterlos a este mal tramo, a esta consideración de ciudadanos de segunda.
Aduce que en última instancia, puede señalarse que nadie puede negarle
a ningún elector el derecho a recibir todos los bolsones que quisiera y de ser trasladado
gratuitamente a los lugares de votación cuantas veces le plazca, si no fuese que pude
herirse la susceptibilidad de aquellos que se consideran con superioridad para juzgar a
otros, revestidos de una superioridad que nadie les asignó.
En lo que atañe a la pretendida nulidad de la providencia de la JEP de fecha
27/08/2015, recaída en las actuaciones “Daniel Ponce s/ reclamos y protestas por el
funcionamiento de la totalidad de las mesas habilitadas en el comicio del 23/08/15”, arguye
que dicho planteo nulificante deviene incongruente con la posición tomada por la parte
demandante a lo largo del proceso de escrutinio definitivo en curso.
Dice que corresponde remitir a las normas que rigen en la materia, esto es
el CEN y la Ley 7.876, las cuales contienen numerosos preceptos que regulan la actividad
de la JEP como autoridad de aplicación y en especial, aquellas aplicables al caso de
referencia. Así, remarca que el artículo 110 del CEN claramente delimita las reclamaciones

a vicios en la constitución de la mesa de votación o bien en el funcionamiento de las
mismas.
Detalla que la existencia de vicios es necesaria e imprescindible para
solicitar una respuesta legítima y coherente del órgano receptor de las reclamaciones y,
por el contrario, cuando dichos reclamos se fundan únicamente en versiones y meras
manifestaciones que carecen del correspondiente respaldo probatorio, es lógico presumir y
prever el destino de las mismas.
Refiere que no existe respaldo documental alguno a las aseveraciones
mencionadas por la actora en su demanda, salvo una denuncia efectuada por la Sra.
Miranda respecto del funcionamiento de la mesa N° 3.274, con lo cual su tratamiento no
puede ir más allá que el que la propia JEP dejó sentado por providencia de fecha
27/08/2015.
Hace hincapié en que los veedores designados para los pasados comicios
son empleados del Poder Judicial, muchos con vasta experiencia en la función por su
participación en procesos electorales pasados y, respecto de los cuales se dictaron las
correspondientes capacitaciones haciéndose énfasis en los deberes y funciones que su
investidura atribuía.
Enuncia que de la providencia cuestionada surge sin hesitación alguna la
ostensible falta de razonabilidad en el planteo de nulidad de la demandada, pues no se
advierte quebrantamiento o privación alguna del derecho de defensa y, mucho menos,
violación alguna al debido proceso electoral, ya que la providencia en cuestión se dictó
dentro de las 48 hs. de radicada la denuncia.
Puntualiza que en lo que corresponde a las actuaciones caratuladas “Daniel
Ponce y Álvaro Contreras s/ solicitud de apertura de urnas y recuento voto a voto. Reserva
de Nulidad de Comicio”, tal presentación formulada con anterioridad al desarrollo del
escrutinio definitivo, denuncia de manera genérica una serie de aparentes irregularidades
con solicitud –sin ningún tipo de fundamentación o prueba– de la apertura de las urnas y el
conteo voto a voto.
Al respecto relata que el artículo 111 del CEN aplicable a la materia en
debate, establece con claridad que toda reclamación o protesta contra la elección se hará
por escrito y acompañando o indicando los elementos de prueba, cualquiera sea su
naturaleza. Agrega que sin el cumplimiento de dicho recaudo, la impugnación debe ser
desestimada, excepto cuando la demostración surja de los documentos en poder de la JEP.
Menciona que sobre dicha base y en atención a los extremos de la denuncia
en cuestión, no llega a advertirse la ilegalidad o la arbitrariedad manifiestas de la disposición
que rechazó la pretensión de apertura total de las urnas, ello debido a que la posición de la
parte actora no aporta elemento alguno que amerite la nulidad planteada. Añade que aun
en el caso de que se hubieran expresado fundamentos sólidos, resulta imprescindible
advertir que los artículos 112 y 118 del CEN establecen los pasos y controles a seguir al
examinar las actas, así como las razones por las cuales correspondería la apertura de las

urnas.
Explicita que es al momento del examen de la documentación de cada una
de las mesas en donde radica la oportunidad para que, en cada caso concreto y con la
intervención de los demás representantes de agrupaciones políticas que se encuentren
presentes, los apoderados partidarios formulen las peticiones y reclamaciones que
consideren pertinentes a los efectos del recuento. Dice que ello excluye toda pretensión de
que la JEP emita una decisión por adelantado, genérica e indeterminada, disponiendo la
apertura de urnas y el escrutinio de los votos de mesas que no han sido concretamente
precisadas. Concluye en que las razones expuestas en la denuncia en cuestión, además
de carecer de pruebas, no tienen entidad alguna para justificar una apertura general de las
urnas a la luz de las prescripciones del CEN.
Manifiesta que debe subrayarse que en el desarrollo del escrutinio
definitivo, con la activa participación del frente electoral actor, se ha superado el 80% del
total de las mesas y que, los propios fiscales apoderados o representantes de la parte
demandante en dicho escrutinio, han aceptado en la mayoría de los casos la innecesaridad
de la apertura de la urna y el conteo voto a voto reclamado el 25/08/2015.
En lo que atañe a la nulidad de la Resolución N° 979/15 de la JEP indica
que dicho acto resulta una derivación racional, razonable y suficiente del ordenamiento
jurídico aplicable al debate que disipa la pretensión de anulación formulada por la parte
demandante. Agrega que la sentencia N° 541/2015 de la Sala IIIª de la Cámara Contencioso
Administrativa de fecha 21/08/2015, declaró la nulidad de las Resoluciones N° 946/15 y
947/15 de la JEP, actos por los que dicho organismo había rechazado las recusaciones
formuladas contra el Dr. E. Jiménez y la Legisladora Bordinaro de Peluffo, ordenando en
consecuencia al Presidente de la Junta integrar el Tribunal conforme derecho.
Expresa que en virtud de ello, en fecha 22/08/2015 el Secretario de la JEP
solicitó a la Legislatura de Tucumán informar quien sería el legislador subrogante para la
integración de la JEP, obteniendo como respuesta la imposibilidad del cuerpo de nombrar
representantes atento a que la totalidad de los miembros tenían vínculos de parentesco o
políticos que les imposibilitaban tal comisión.
Expone que atento a ello el presidente de la JEP procedió, en fecha
22/08/2015, a dictar la Resolución N° 978/15, la que no se encuentra cuestionada en autos,
resolviendo integrar la JEP con la Dra. Ana María Rosa Paz, Fiscal Civil, Comercial y del
Trabajo de la Iª Nominación, atento al principio de legalidad y de especificidad por materia.
Añade que, en fecha 23/08/2015, la JEP emitió la Resolución N° 979/15 disponiendo que
en virtud de la imposibilidad de contar con representantes del parlamento en el órgano, en
caso de empate por votos de los Vocales, la cuestión se dirimiese con el voto de la Fiscal
Civil, Comercial y del Trabajo de la IIª Nominación, Dra. Emma Beatriz García.
Señala que la integración del órgano electoral se ajustó a derecho, siendo
además consecuencia de las sentencia dictada en el proceso judicial que los propios
actores promovieron. Agrega que la resolución cuestionada fue debidamente notificada a

los demandantes en fecha 24/08/2015, habiendo sido consentida por estos atento no haber
sido impugnada su integración y/o recusada ninguna de las nuevas integrantes de la JEP.
Sostiene que de la lectura del escrito de demanda no se evidencia ni
remotamente, cuáles serían las causas para nulificar la resolución ahora atacada, sin
identificarse los vicios que el acto administrativo supuestamente contiene y, menos aún, los
perjuicios que provoca en los legítimos derechos o intereses de la contraria.
Destaca que debe repararse que en autos no se ha cuestionado la
constitucionalidad de ninguna de las normas que determinan la integración y
funcionamiento de la JEP, sea la Constitución Provincial, la Ley 5.454, la Ley 7.876 o la Ley
8.416, sino que contrariamente a ello, solo se realizan afirmaciones teóricas, abstractas y
llamativamente imprecisas si se tiene en cuenta la delicada cuestión aquí en debate.
Afirma que entre los pocos argumentos que desarrolla la demanda para
peticionar la nulidad de la Resolución N° 979/15, se dice que la Dra. Paz es la madre de los
hijos del candidato Cúneo Vergés, lo que constituye una causal de recusación. Sin embargo
–prosigue– reitera que la cuestionada en autos no es la Resolución N° 978/15 de
designación de la Dra. Paz, sino la N° 979/15, no obstante lo cual agrega que dicha causal
recusatoria ha desaparecido por la renuncia del Sr. Cúneo Vergés como candidato para las
elecciones del pasado 23/08/2015.
Alega que la Resolución N° 979/15 alude a la integración del órgano
colegiado en caso de empate, supuesto de hecho que no se ha verificado ni siquiera
alegado por la demandante. Refiere que, por consiguiente, la parte actora reclama la
anulación de un acto que aún no ha tenido aplicación, ni ha generado el pretendido perjuicio
infundadamente alegado.
Relata que, en lo que concierne a la actuación de la JEP ante las denuncias
por entregas de bolsones, detalla las diferentes posiciones y actuaciones tomadas por el
órgano ante las diferentes denuncias receptadas y las diligencias y denuncias formuladas
por este en sede judicial al respecto.
Niega que hayan existido demoras en el trámite de las actuaciones y
ocultamiento de información de parte de la JEP, ya que esta implementó un sistema de
notificación por medios electrónicos por el cual todos los apoderados de los partidos
obtuvieron una comunicación transparente, rápida y segura de todas las actuaciones de la
JEP. Dice que contrariamente a lo afirmado por la actora, todas las presentaciones
interpuestas por esta ante la Junta fueron proveídas entre 24 y 48 hs. luego de deducidas.
En lo que atañe a las declaraciones formuladas por dos empleados
contratados por la JEP (refiere a la denunciada recepción de urnas abiertas y sin custodia),
puntualiza que tales declaraciones, plasmadas en un acta notarial son documentos
emanados de terceros y, por lo tanto, simplemente declarativos. Resalta que para que estos
presten mérito probatorio, es imprescindible que los autores concurran al proceso a declarar
sobre tales hechos, mediante testimonios con las formalidades normales.
Arguye que no obstante ello, la JEP remitió las manifestaciones realizadas

por otros cinco empleados del órgano ante escribano público, que contradicen las
afirmaciones de los supuestos testigos.
En lo que hace a la pasividad que el actor endilga a la JEP en el contexto
del escrutinio provisorio, subraya que este no es una declaración de voluntad emanada del
órgano electoral, pues es el escrutinio definitivo el único que tiene valor jurídico para
determinar el número de votos de cada partido y la consagración de los candidatos, siendo
respecto de este acto que los interesados deben hacer todas las presentaciones que
estimen pertinentes.
Detalla que la celebración de los comicios provinciales del 23/08/2015
requirió, por parte de la JEP, la organización y perfeccionamiento de un protocolo de tipo
multifuncional, tendiente a prever y dar cobertura a todos los aspectos necesarios que
hicieran, tanto a la regularidad del acto comicial, como a la seguridad de los ciudadanos
intervinientes en el mismo, como así también para garantizar la corrección y transparencia
del escrutinio definitivo, evitando prácticas desleales o irregulares, sin avasallar las
garantías individuales. Enumera los actos administrativos emitidos por la JEP en tal sentido.
En lo que concierne a las denuncias formuladas por el frente demandante
relativas a que la JEP habría dado status electoral a partidos políticos sin entidad para
constituirse como tales y a la presunta existencia de un apoderado para varios partidos,
repite las consideraciones que al respecto formulase la JEP al presentar el informe que rola
a fs. 54/71.
Menciona que las Resoluciones de la JEP N° 961/15 y N° 971/15, que la
propia actora reconoce como una postura del órgano frente a las prácticas clientelares
fueron expresamente publicadas y comunicadas a todos los medios disponibles, como así
también fueron objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y de comunicación
a todos los partidos políticos a través del sistema de notificación electrónica, agregándose
además que dicha publicidad se completó mediante su difusión a todos los medios de
comunicación escritos, radiales y televisivos.
Manifiesta que sin perjuicio de ello, la JEP llevó adelante otro sinnúmero de
actuaciones con el objeto de garantizar de forma efectiva y concreta, la seguridad y
transparencia del proceso electoral. Agrega que debe mencionarse en primer término la
suscripción del Convenio de Cooperación realizado con Gendarmería Nacional, por el que
se dispuso que dicha fuerza estaría encargada de la custodia, seguridad y desarrollo del
acto comicial.
Indica que en forma complementaria, la Policía de la Provincia se subordinó
a la autoridad del Comando Electoral, reforzando con ello el operativo dispuesto,
presentándose en coordinación con gendarmería una diagramación especial de seguridad
preventiva para el decurso de las elecciones del 23/08/2015.
Expresa que además, como medida complementaria y ampliatoria de las
antes detalladas, la JEP coordinó con el Observatorio Electoral de la UNLP, la participación
de veedores externos en el proceso electoral, los que posteriormente al finalizar su tarea,

presentaron el informe correspondiente concluyendo que no habían detectado episodios de
fraude en los comicios.
Señala que a lo dicho cabe agregar una política comunicacional intensa
desplegada por la Junta, tendiente a permitir que de forma cierta y efectiva y en respeto del
derecho de información, todos los medios periodísticos, los representantes de los partidos
intervinientes y el público en general, accedan a todas y cada una de sus resoluciones,
convenios y disposiciones.
Sostiene que es absolutamente falaz la configuración de un desinterés de
parte de la JEP ante las constancias de irregularidades como la recepción de urnas sin
custodia o conducidas por particulares, sin custodia de Gendarmería ni garantías de
seguridad, ello debido a que todas las anomalías que se detectaron fueron debidamente
comentadas, con recepción de las denuncias respectivas y dándoles curso conforme
corresponda en cada caso, sin que exista ninguna prueba de la desidia argüida, ni de las
irregularidades documentadas que se invocan.
En lo que toca a la supuesta adulteración de padrones y retención de
documentos de identidad, repite las consideraciones y detalla las mismas actuaciones que
la JEP enumera en su informe de fs. 54/71.
Respecto de las aludidas prácticas clientelares, expone que debe
distinguirse por un lado los supuestos puntuales donde se comprueba la realización efectiva
y cierta de este tipo de prácticas desleales y delictivas, en cuyo caso se tipifica una conducta
expresamente prevista en normativas penales, correspondiendo la actuación jurisdiccional
competente, sea de oficio o por remisión efectuada por la JEP y, por otro lado, los supuestos
referidos al accionar preventivo que corresponde realizar a la Junta en aras de evitar la
proliferación de estos casos. Cita la Resolución N° 961/15 dictada por JEP y la referencia
que dicho acto realiza a los artículos 125 del CEN.
Asevera que sobre tal plataforma y con el directo propósito de evitar el
perfeccionamiento de este tipo de conductas, cabe remitir a la presencia de veedores
judiciales destinados por la JEP el día de los comicios para su adecuado control.
Refiere que si se considera que fue justamente a instancias de la JEP que
se puso en obra dicho cuerpo de veedores judiciales, que se firmó con Gendarmería
Nacional el convenio respectivo, que se concretó la difusión por medios masivos de
comunicación de las recomendaciones e instrucciones brindadas a la comunidad en
general, que se operó como nexo de justicia tanto provincial como nacional en los casos
correspondientes y que, en suma, se organizaron y concretaron todas las acciones tomadas
a iguales fines, se verificándose que la JEP efectivamente organizó y concretó en la práctica
todas las medidas a su alcance y dentro del marco de su competencia para condenar,
combatir, evitar y reprimir las prácticas clientelares.
Destaca que en todos los casos que efectivamente fueron detectados, se
intervino de forma inmediata en los hechos para interrumpir la comisión continuada del
delito, remitiendo con posterioridad los antecedentes a la jurisdicción correspondiente para

la intervención de su competencia.
Enuncia que la declaración de nulidad de los comicios requiere de datos de
extrema gravedad y excepcionalidad, lo que solo puede verificarse ante la existencia de las
causales legalmente previstas en la normativa de fondo y suficientemente probadas en la
causa.
Alude que el sistema de seguridad de la totalidad del acto eleccionario,
surge de una exhaustiva planificación previa que se realiza con la debida antelación y con
la activa participación de todos los sectores involucrados. Resalta que la JEP delineó un
plan de acción del que surgió la necesidad de realizar diversas contrataciones, entre las
cuales debe destacarse al Correo Argentino y Gendarmería Nacional.
Menciona que la actuación de esta última respecto del desarrollo de su
actividad tendiente a la custodia física y presencial de las urnas, una vez concluido el
comicio, no ha merecido reparo alguno; es decir, tanto el traslado de las mismas como su
depósito en el destino preestablecido se ha realizado en estricto cumplimiento con el Plan
de Operaciones previamente diseñado y contratado por la JEP.
Afirma que en lo que se vincula al resguardo de la urnas en sede de la JEP,
todos y cada uno de los informes evacuados por la encargada de dicha misión, esto es la
Gendarmería Nacional, han sido coincidentes en sostener que la presencia física de
gendarmes nunca se vio alterada respecto de la guarda de las mismas.
En lo que concierne a la utilización de cámara de videos en el recinto donde
descasan las urnas, manifiesta que ha quedado probado que la JEP en su carácter de
autoridad máxima del proceso electoral, no ha sido el sujeto contratante de su provisión e
instalación, sino que fue Gendarmería quien, ante una sugerencia verbal del Secretario de
la Junta, decidió la instalación de las mismas. Añade que dicha contratación no fue prevista
ni se encontraba incluida en el marco del plan de operaciones de Gendarmería previamente
comunicada a la JEP. Concluye en que ello habla del carácter excepcional, adicional y
secundario de esta medida de seguridad complementaria implementada por Gendarmería
Nacional que, como tal, no suplió la custodia física, permanente, constante e ininterrumpida
del personal apostado a tales tareas.
Sostiene que la primera razón para propugnar la improcedencia de la
nulidad de los comicios reside en la carencia de legitimación activa en cabeza de la parte
demandante para reputarse afectada por una pretendida lesión en la conciencia y libertad
de los electores y en la voluntad del electorado. Agrega que la legitimación alegada por la
actora intenta escudarse en argumentos conjeturales y genéricos respecto de la existencia
de un interés propio pero de alcance colectivo que no importa una derivación racional,
razonable y suficiente de los hechos conducentes alegados por la propia parte demandante,
ni de los hechos conducentes comprobados en el proceso judicial en disputa.
Señala que la sola calidad de fuerza política contendiente en un proceso
electoral determinado no otorga legitimación suficiente a la parte demandante para requerir
por la vía de amparo la pretendida representación de intereses individuales de incidencia

colectiva que no pueden describirse como mínimamente homogéneos o uniformes.
Enfatiza que la actora no ha traído a debate la defensa de un bien colectivo
o que puede representar tal, ya que al aludir a la conciencia y libertad del elector, así como
a la voluntad del electorado en su conjunto, la demandante no persigue la defensa de un
bien que pertenezca por igual a toda la comunidad de manera indivisible, sin distinción, sin
salvedad y sin exclusión. Puntualiza que la demandante pretende valerse de la incidencia
colectiva de un derecho individual: conciencia y libertad del elector y defensa de la voluntad
del pueblo elector, pero no puede verse en esta situación jurídica una clase homogénea o
uniforme de individuos.
Expresa que el escrutinio definitivo de los comicios locales del 23/08/2015,
evidencia que, si bien muchos electores votaron al frente electoral demandante, muchos
otros, en ejercicio de la misma libertad de sufragar, no lo hicieron, por lo que la pretendida
lesión alegada por la parte demandante, por un lado, no puede alegarse propia y, por el
otro, tampoco puede considerarse homogénea o uniforme respecto de sus propios
integrantes.
Destaca que no se tiene conocimiento ni ha sido demostrado por la parte
actora, de la promoción de algún amparo electoral que permita siquiera dudar con seriedad
de la inmunidad y de la plenitud de los derechos y de las libertades electorales
correspondientes a los electores convocados a las urnas el día 23/08/2015.
Expone que, aun por la vía del amparo, la procedencia de la anulación de
un acto público requiere la probanza efectiva de la existencia de un perjuicio causado por
el acto impugnado, ello debido a que el ejercicio de la función jurisdiccional requiere que
los litigantes demuestren la existencia de un perjuicio –la afectación de un interés
jurídicamente protegido– de orden personal, particularizado, concreto y, además,
susceptible de tratamiento judicial. Ello pues -prosigue– la declaración de anulación de un
acto público no trata de dar solución a hipótesis abstractas o meramente académicas, que
no serán propias de quien reclama, sino que su admisión requiere entre las partes una
vinculación de derecho que traduce un interés serio y suficiente en tal declaración, que
asuma así la condición de caso.
Asevera que la anulación pretendida es igualmente improcedente en tanto
no puede apreciarse una vulneración del contexto normativo mencionado en el escrito de
demanda, menos aún dotada del carácter de manifiestamente arbitraria o ilegal. Agrega
que la demandante no ha cuestionado la suficiencia ni la legitimidad constitucional de las
disposiciones legales aplicables y que rigen el procedimiento electoral.
Destaca que no existe situación alguna acreditada de forma seria y
fehaciente en estas actuaciones, que permita pregonar a la parte demandante la afectación
en su perjuicio por la pretendida lesión de la conciencia y libertad de los electores y de la
voluntad popular en su conjunto; menos aún derivada de compra o enajenación de la
voluntad, vicio atribuido a determinado sector social del electorado, de intimidación pública
de votantes, de financiamiento electoral reputado irregular, o bien de manipulación o

engaño a la opinión pública; prácticas que, sin duda y en caso de comprobarse, merecerían
el más intenso repudio e implicarían faltas o delitos electorales de acción pública, que en
su caso deberían ser investigados y condenados por la justicia penal competente.
Refiere que, al contrario de la postura de la actora, la democracia
constitucional en su faz representativa impone respetar la voluntad del electorado cuando
ésta ha sido expresada en las urnas. Dice que es la preservación de la genuina voluntad
del electorado el principio que debe ser privilegiado frente a cualquier interés particular que
pudiese ser impulsado.
Alude que en tal contexto es que debe advertirse la importancia del
escrutinio definitivo que está llevando a cabo la JEP, el que al momento ha superado el 80%
del total de mesas y la cantidad de mesas efectivamente anuladas por cualquier vía,
descarta toda sospecha sobre la legitimidad de los comicios, sobre todo cuando el frente
electoral demandante y los partidos adheridos a él han tenido una activa participación en
tal proceso.
Considera que ello impide pregonar la afectación a la conciencia y libertad
del elector y poner en duda la cualidad auténtica y genuina de la elección, aludir a la falta
de tranquilidad y seguridad de los comicios o bien, renegar del contenido de la urnas.
Menciona que la parte demandante ha tenido acceso a las herramientas
electorales previstas en el ordenamiento jurídico vigente, en igualdad de condiciones con
el resto de los contendientes en el proceso electoral convocado y sin controversias
vinculadas a ellas.
Enuncia que aun en su condición de frente electoral que alega la
configuración de un fraude estructural, integral o sistémico en perjuicio de sus candidatos,
cabe advertir que la realización del escrutinio definitivo llevado a cabo por la JEP, torna
insostenible la posibilidad de reclamar la anulación total de los comicios mencionados.
Añade que aun cuando las irregularidades propugnadas por la actora puedan resultar
numerosas, el escrutinio definitivo del que efectivamente ha participado, no se ha traducido
en la anulación de un número de mesas que permita hablar con la prudencia y seriedad
que la cuestión exige, de la anulación de la elección en todo el distrito provincial.
Asegura que la oportunidad para cuestionar la legitimidad de una mesa es
el escrutinio definitivo, en presencia de los representantes de las demás agrupaciones
políticas y que, no efectuada impugnación alguna en dicha oportunidad, y no
configurándose los supuestos de anulación de oficio, la mesa debe considerarse válida,
condición que no puede luego desconocerse.
Manifiesta que para el supuesto en que el Tribunal considere admisible la
posibilidad de argüir una causal abstracta de anulación de los comicios que extralimite las
disposiciones normativas del CEN, entiende que la preservación de la expresión de la
voluntad de quienes han sufragado, la presunción de validez de los comicios y el principio
de conservación del acto electoral, exigen que la nulidad de las elecciones solo pueda ser
declarada cuando resulte imposible determinar la verdadera voluntad de los electores.

Agrega que una declaración de nulidad en tales condiciones, no puede prescindir de las
pautas de gravedad y de magnitud que dichas normas expresas y vigentes disponen.
Efectúa reserva de caso federal.
A fs. 221 se abre la causa a prueba y, habiendo sido producidas las mismas,
por providencia de fs. 268 se llaman los autos para sentencia, decreto que una vez
notificado a las partes (cfr. cédulas de fs. 269 y 270) y firme, deja la causa en condiciones
de ser resuelta.
C O N S I D E R A N D O:
I.- Antes de ingresar al análisis de la pretensión de fondo corresponde
declarar la inconstitucionalidad del primer párrafo del artículo 57 de la Ley 6.944, en cuanto
atribuye competencia al Juez de Iª instancia que por materia corresponda (texto según Ley
8.240).
Al respecto de la competencia de este fuero para entender en cuestiones
como las que nos convocan, ya en el año 1992 la Corte Suprema declaró que “las
pretensiones anulatorias de resoluciones adoptadas por la Junta Electoral Provincial en
relación a la integración de los candidatos electos como concejales…no cabe duda que por
la 'materia' corresponden a la actuación de un órgano del Estado local en el ámbito del
derecho público” (…) y “corresponde en principio entender –salvo mandato legal expreso
en contrario- al órgano judicial con competencia en lo contencioso administrativo” (CSJT,
sentencia Nº 60/1992, “Lahitte Salvador vs Junta Electoral Provincial”; idem: sentencia Nº
85/1992, en “Jiménez Luis Roberto”).
En el año 1999 y a raíz de la entrada en vigencia del Código Procesal
Constitucional, la Corte Suprema advirtió con relación a la impugnación de resoluciones de
la JEP sobre el derecho a ser elegido como candidato que “los actos que se estiman lesivos
no provienen ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni tampoco de las cámaras de
apelaciones y cámaras de instancia única” (…), sino de la “Junta Electoral Provincial, es
decir, de un órgano del Estado provincial no comprendido en los supuestos del art. 4º,
segundo párrafo de la ley 6.944 (…); por lo que, el tema en estudio pertenece en forma
exclusiva y excluyente al campo del derecho electoral provincial y resulta inherente a la
materia del derecho público –específicamente administrativo” (CSJT, sentencia Nº
347/1999, en “Juárez Babiano vs. Provincia de Tucumán -Junta Electoral Provincial-”).
En el año 2002, la Corte Suprema incluyó en la atribución de competencia
a la Cámara en lo Contencioso Administrativo a la impugnación por inconstitucionalidad del
sistema electoral consagrado en la Constitución de 1990 y de la ley de lemas dictada en su
consecuencia, por considerar que estas normas electorales no configuraban ninguno de los
supuestos de excepción previstos en el artículo 4 segunda parte del Código Procesal
Constitucional (CSJT, sentencia Nº 884/2002, en “Piossek Prebisch vs. Provincia de

Tucumán”). Y la misma doctrina fue reiteradamente aplicada por la Corte Suprema en el
año 2006 con relación a la impugnación por inconstitucionalidad de la incorporación del
Fiscal de Estado a la Junta Electoral de la Provincia en la última reforma al artículo 43 de
la Constitución de Tucumán (CSJT, sentencia Nº 692/2006, en “Movimiento Popular Tres
Banderas”; y sent. nº 667/2006, en “Defensa Provincial Bandera Blanca”).
En el año 2003, la Corte Suprema consideró que “de la actuación lesiva
denunciada que se imputa a la Junta Electoral, como causativa de la pretensión de amparo,
resulta manifiesto que en la especie no se configura ninguno de los supuestos previstos en
el artículo 4, segunda parte del CPC (Ley nº 6944) que prevé la competencia excepcional
de esta Corte. Tratándose de un juicio de amparo promovido contra la Provincia por la
actuación de uno de sus órganos en el ámbito del derecho público, resulta competente para
conocer del mismo en razón de la materia, a la Excma. Cámara en lo Contencioso
Administrativo” (CSJT, sentencia Nº 525/2003, en “Giménez Lascano Raúl Santiago José
vs. Provincia de Tucumán s/Amparo”).
En el año 2007, el Alto tribunal reiteró con relación a “los cuestionamientos
al funcionamiento y actuación de la Junta Electoral de la Provincia, especialmente al
rechazo mediante resolución nº 89/07 HJEP de la recusación con causa deducida por el
actor contra dos de sus integrantes fundada en su pertenencia al Poder Ejecutivo (…), que
al no emanar el comportamiento reputado lesivo de uno de los poderes mentados en el
artículo 4 del CPC, el caso de autos no queda aprehendido en dicha norma de excepción y
no se verifica el aludido mandato legal expreso en contrario. Por consiguiente, resulta
competente la Cámara en lo Contencioso Administrativo por tratarse en la especie de la
actuación de un órgano estatal provincial en la esfera del derecho público” (CSJT, sentencia
Nº 810/2007, en “Avila Gallo Exequiel vs. Prov. de Tucumán”).
Y por último, el día 19 de agosto de 2015, en correspondencia con el
dictamen concordante de la Fiscalía de Cámara, el Supremo Tribunal local reiteró aquí su
pacífica jurisprudencia y declaró la competencia de la Sala IIIª de esta Cámara en lo
Contencioso Administrativo para entender en los autos caratulados “Berarducci Walter
Fabián c/ Provincia de Tucumán y otro s/ amparo”, expediente N° 351/15.
En consecuencia, este Tribunal en lo Contencioso Administrativo es
competente para entender en la presente causa, de acuerdo a lo normado por el artículo
15 de la Ley 6.944 y artículo 32 de la Ley 6.238 (Ley Orgánica del Poder Judicial).
II.- De la lectura de los resulta que preceden se sigue que la acción de
amparo de autos, deducida por el Frente Acuerdo para el Bicentenario, se encamina a
obtener la nulidad de las providencias dictadas por la JEP en fecha 27/08/2015 en las
actuaciones caratuladas “Daniel Ponce s/ reclamos y protestas por el funcionamiento de la
totalidad de las mesas habilitadas en el comicio del 23/08/2015” y en fecha 25/08/2015 en
las actuaciones “Daniel Ponce y Álvaro Contreras s/ solicitud de apertura de urnas y
recuento voto a voto. Reserva de nulidad de comicio”.
Requiere además la nulidad de la Resolución N° 979/15 de la JEP y la

nulidad de la totalidad de los comicios celebrados en fecha 23/08/2015 a los fines de la
convocatoria a un nuevo acto eleccionario.
En lo que atañe a la impugnación de las precitadas providencias dictadas
por la JEP, cimenta su pretensión en el hecho de que la decisión plasmada en ellas por el
mencionado organismo nada resuelve acerca de los planteos formulados, presentándose
en ambos casos como enunciados dogmáticos y carentes de fundamentos valederos.
En lo que refiere a la pretendida nulidad de la Resolución N° 979/15 de la
JEP que, luego del pronunciamiento de la Sala IIIª de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo que ordenara el apartamiento de la JEP del Ministro Fiscal y de la
Legisladora Bordinaro de Peluffo, completó la integración de la JEP estableciendo que en
caso de empate de votos, la cuestión sería dirimida con la opinión de la Sra. Fiscal Civil,
Comercial y del Trabajo de la IIª Nominación, Dra. Emma Beatriz García; se infiere de los
argumentos desplegados en la demanda que tal pretensión de nulidad afincaría en
considerar deficiente o irregular tal integración, la cual –a entender de la parte actora– la
priva de una tercera opinión en las decisiones del mencionado organismo.
De otra parte y en lo que respecta a la declaración de nulidad de los
comicios celebrados el 23/08/2015, tal pretensión se apoya en diversas cuestiones, las
cuales en su conjunto presentarían un cuadro de situación que posibilitaría –a su entender–
la anulación del antedicho acto eleccionario. Tales situaciones –que en su totalidad la parte
actora tilda de seriamente anómalas o irregulares–, son de diversa índole. En primer
término señala la deficiente integración de la JEP, órgano en el que uno de sus miembros
(la Dra. Paz) se encontraría incursa en una causal de recusación y otro (la Dra. García),
solo tendría funciones acotadas de decisión en caso de que los dos restantes miembros se
encontraran en disidencia.
En segundo término alude a un sinnúmero de prácticas clientelares entre
las que detalla la entrega de “bolsones”, compra de votos, retenciones de DNI a votantes
de parte de “punteros” políticos, promesas o entregas de dádivas, entre otras.
Refiere además a la existencia de actos que tilda de delictuales que se
habrían sucedido a lo largo de la jornada de desarrollo de los comicios, como ser quema
de urnas y de escuelas, agresiones físicas a gendarmes y fiscales partidarios, uso de armas
de fuego, etc.
Finalmente, enfatiza la presencia de serias irregularidades en el propio
seno de la JEP que refieren a tratos diferenciales a favor de apoderados y fiscales del
partido y, sobre todo, a declaraciones de empleados de la propia JEP (asentadas
notarialmente), dando cuenta de la llegada a la sede del organismo de urnas sin custodia
de gendarmería y abiertas, irregularidad ésta última que habría sido salvada por
funcionarios de la propia JEP.
A su turno, la Provincia de Tucumán destaca que la demanda presentada
por el Frente demandante no pasa de ser un panfleto político, que carece de elementos
fácticos de prueba que lo sustenten. Cuestiona la legitimación de la parte actora, en tanto

entiende invoca en el litigio la defensa de derechos de incidencia colectiva atinentes a toda
la ciudadanía y respecto de los cuales carece de representación suficiente.
Destaca además, en relación a las prácticas clientelares, que nadie puede
negarle a ningún elector el derecho de recibir todos los bolsones que quisiera o ser
trasladado gratuitamente a los lugares de votación cuantas veces le plazca.
Afirma además que la cadena de seguridad de custodia de las urnas estuvo
a cargo de Gendarmería Nacional y en ningún momento fue rota o disminuida, ya que las
grabaciones de video que registraban la llegada y depósito de estas en la sede de la JEP,
no pasaron de ser un medio adicional de resguardo que no figuraba en el protocolo de
seguridad confeccionado por Gendarmería Nacional.
III.-
a).- Con antelación al ingreso a la cuestión de fondo que atañe al presente
amparo, consideramos de inestimable necesidad detallar y destacar una serie de conceptos
que servirán de marco referencial a la construcción argumentativa que se efectuará en los
apartados subsiguientes.
Con tal intención cabe destacarse que nuestro País ha adoptado la forma
representativa y republicana de gobierno, donde el pueblo es el único soberano (preámbulo
y artículos 1 y 22 de la Constitución Nacional, preámbulo y artículo 1 de la Constitución
Provincial). En orden a tal sistema representativo de gobierno consagrado
constitucionalmente, el pueblo es entonces la fuente originaria de la soberanía, y el modo
de ponerla en ejercicio es el voto de los ciudadanos a los efectos de constituir directa o
indirectamente a las autoridades (cfr. CSJN, Fallos 168:130). De tal forma, el pueblo, en su
carácter de titular de la soberanía, ha decidido ejercerla a través de sus representantes
(artículo 22 de la Constitución Nacional).
Dicho de otro modo, en el marco de un sistema democrático, las funciones
en las que se divide el poder, en tanto noción política y organización institucional, deben
estar vinculadas con la voluntad del pueblo. Es decir, son los individuos en tanto
ciudadanos políticos de una determinada comunidad los que dotan de legitimidad al
sistema institucional y normativo vigente, legitimidad sin la cual no se sentirían
vinculados a aquéllos. Consecuentemente, el principio democrático es aquel que procura
garantizar la presencia y la actuación de la voluntad popular dentro de un régimen
democrático, y especialmente si es republicano y representativo, a través de las
instituciones y procedimientos del Derecho Electoral (cfr. Pérez Corti, José M., El voto
electrónico y los principios generales del Derecho Electoral, Abeledo Perrot Nº:
0003/014687).
La Constitución Nacional en su artículo 37, “garantiza el pleno ejercicio de
los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que
se dicten en consecuencia” y consagra el voto “universal, igual, secreto y obligatorio”. En
consonancia con ello, la CSJN ha tenido oportunidad de expresar que la Constitución
Nacional garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos y, en particular, el derecho al

sufragio (cfr. Fallos: 168:130; 312:2191 y 319:1645).
Los instrumentos fundamentales del derecho internacional han consagrado
el derecho de todos los individuos de votar y participar en la dirección de los asuntos
públicos, directamente o por medio de sus representantes. En lo que se refiere a
instrumentos jurídicos sobre derechos humanos y puntualmente en relación al tema que
nos ocupa, resulta procedente mencionar tanto los elaborados en el ámbito universal como
en el interamericano.
En lo que atañe al primero de los espectros aludidos, la Declaración
Universal de Derechos Humanos reconoce en su artículo 21 que toda persona tiene el
derecho de participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de
representantes libremente escogidos (inciso a) y que la voluntad del pueblo es la base de
la autoridad del poder público, la cual se expresará mediante elecciones auténticas que
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u
otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto (inciso c).
A su turno, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su
artículo 25 señala que los ciudadanos gozarán, entre otros, de los siguientes derechos y
oportunidades: a).- Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos y b).- votar y ser elegido en elecciones
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
En el ámbito interamericano, la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre de 1948, considera en su artículo XX que toda persona, legalmente
capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por
medio de representantes y de participar en las elecciones populares que serán de voto
secreto, genuinas, periódicas y libres.
Este enunciado es perfeccionado por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos cuyo artículo 23 establece en su apartado primero que todos los
ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a).- de participar en
los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b).-
de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de
los electores, y c).- de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
Situándonos en el ámbito de nuestra Provincia, el artículo 43 de la
Constitución de 2006, luego de garantizar enfáticamente el pleno ejercicio de los
derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular, establece que la
Legislatura dictará una ley sobre el sistema electoral que se sujetará, entre otras, a las
siguientes disposiciones: la representación política con base en la población y el ejercicio,
con arreglo a ella, del derecho electoral (inciso 1); el sufragio popular como un derecho y
un deber inherente a la condición de ciudadano argentino (inciso 2) y el sufragio universal,

igual, secreto y obligatorio (inciso 3). Tales lineamientos –y los restantes a los que alude la
norma constitucional vernácula–, se encuentran receptados en el orden local en el marco
de la Ley 7.876 (B.O. del 01/03/2007).
b).- Imbuido en dicho marco normativo y ante la trascendencia republicana
del sistema representativo y sus procesos comiciales, es que el voto adquiere una
relevancia significativa.
Conforme lo expresaran los ministros de la CSJN Petracchi y Fayt en su
voto en Fallos: 325:524, el sufragio es un derecho público de naturaleza política, reservado
a los miembros activos del pueblo del Estado, que en cuanto actividad, exterioriza un acto
político. Tiene por función la selección y nominación de las personas que han de ejercer el
poder y cuya voluntad se considera voluntad del Estado en la medida en que su actividad
se realiza dentro del ordenamiento jurídico, ya que los que mandan lo hacen en tanto
obedecen al orden legal en que fundan sus decisiones y los que obedecen lo hacen en
tanto mandan a través de ese mismo orden legal en cuya formación participaron.
Dicha participación se efectiviza por medio del sufragio, dando sentido al
principio de que el pueblo, como titular de la soberanía, es la fuente originaria de todos los
poderes.
Estos poderes cumplen funciones confiadas a órganos elegidos por medio
del sufragio e investidos de autoridad en virtud de la representación que se les atribuye. Lo
dicho hace que el sufragio adquiera carácter funcional, ejercido en interés no del ciudadano
individualmente considerado sino de la comunidad política, a través del cuerpo electoral
(cfr. Fallos: 310:819, considerando 10). O, en términos más cercanos a una síntesis, el
sufragio es la base de la organización del poder y el derecho que tienen los ciudadanos de
formar parte del cuerpo electoral y, a través de éste, constituir directa o indirectamente a
las autoridades de la Nación.
El sufragio universal hace a la substancia del Estado constitucional
contemporáneo. Todo otro sistema electoral niega la igualdad de los ciudadanos y su
función es hacer posible el gobierno del pueblo o de una de sus mayorías, aproximando el
ideal democrático a la realidad de la vida. El derecho a votar libremente por un candidato
de su propia elección –como lo ha decidido la Suprema Corte de los Estados Unidos de
América- es de la esencia de una sociedad democrática y toda restricción de ese
derecho golpea el corazón del gobierno representativo (voto del Chief Justicie Warren
377 U.S. 533, Reynolds v. Sims {1964}, punto II, primer párrafo, in fine).
De tal forma, el sufragio adquiere una preponderancia singular en el ámbito
de los derechos fundamentales pues se despliega en una doble dimensión: por un lado,
constituye un derecho inalienable de los individuos y, por otro, es una precondición esencial
para el funcionamiento del sistema democrático y representativo de gobierno (cfr. CSJN,
Fallos: 310:819; voto de los señores Ministros Dres. Petracchi y Fayt en Fallos: 325:5243;
Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Castañeda Guttan vs. Estados Unidos
Mexicanos”, sentencia del 06/08/2008, párr. 147).

Más ese derecho al voto no queda limitado a su ejercicio individual o incluso
a su difusión a un grupo relativamente amplio de personas, sino que también reviste una
importancia central en nuestro sistema representativo de gobierno donde el derecho
político del voto es un derecho político fundamental ya que es protector de otros
derechos (cfr. Yick Wo v. Hopkins 118 U.S. 356, 379 -1886-). Es que ningún derecho es
más precioso en un país libre que el de tener una voz en la elección de quienes hacen las
leyes bajo las cuales los ciudadanos deben vivir. Otros derechos, incluso los más
básicos, son ilusorios si el derecho al voto es socavado (cfr. Wesberry v. Sanders 376
US. 1, 16 -1964-).
En resumidas cuentas, el derecho a votar libremente por el candidato de
la propia elección es de la esencia de la sociedad democrática, y cualquier restricción a
este derecho golpea el corazón del sistema representativo y para remediar esas
dificultades las Cortes pueden adoptar las acciones apropiadas para asegurar que las
futuras elecciones no sean conducidas bajo un plan inválido e inconstitucional (Reynolds v.
Sims 377 U.S. 533, 555 y 585; 1964).
Se ha dicho que la conexión entre democracia y representación se basa en
que en democracia, los gobiernos son representativos porque son electos: si las elecciones
son libremente disputadas, la participación es ilimitada y los ciudadanos gozan de las
libertades políticas, entonces los gobiernos actúan de acuerdo al mejor interés del pueblo.
De lo anterior se deduce que la participación y el consentimiento deben ser preservados
por los más idóneos procedimientos que sean capaces de encauzar las inquietudes
y las actividades políticas del pueblo, en la integración de los órganos del Estado y en la
aprobación o el rechazo de leyes o decisiones administrativas.
La elección significa, sobre todo, selección y libertad de poder elegir. Es
decir, trae consigo la posibilidad de decidir libremente entre varias ofertas o, al menos, entre
dos. Si no se dan estas condiciones, no cabe hablar de elección en el sentido ontológico
del término (Pedicone de Vals, María G., Derecho Electoral, Ediciones La Rocca, Bs. As.,
2001, pág. 54 y siguientes)
c).- Ahora bien, la representación política garantizada a través del voto es
una relación social por la que la acción de un partícipe se imputa a los demás (confr. Weber,
Max, Economía y Sociedad, 3ª reimpresión, México, 1977, T. III, pág. 46). Empero, más allá
del modo en que esa imputación de facultades y deberes encuentre forma de expresión, es
inevitable insistir en la aplicada defensa de su genuino ejercicio y en el control de su
diáfano desenvolvimiento. En otras palabras, observar y custodiar la transparencia en
la génesis de ese reconocimiento de poderes vinculantes (cfr. CSJN, Fallos: 317:1469,
voto de los Ministros Fayt y Boggiano, considerando 15).
Los efectos del acto jurídico electoral del sufragio no se agotan en el
momento de emitirse, sino que, posteriormente, se asocia con similares manifestaciones
de voluntad que requieren de otros elementos que condicionan su eficacia jurídica. Lo
descripto permite inferir que el procedimiento electoral se encuentra conformado por una

serie de elementos necesariamente concatenados y que llevan al otorgamiento de la
constancia de mayoría del candidato ganador (cfr. Becerril Velázquez, Maribel; Nulidad de
votación recibida en casilla. Una perspectiva sobre la determinancia: caso Xochihuehuetlán
-- México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2009).
Con anclaje en tales consideraciones conviene recordar que “el fin
perseguido por la normativa electoral es mantener la pureza del sufragio como base de
la forma representativa de gobierno sancionada por la Constitución Nacional, y
reprimir todo lo que de cualquier manera pueda contribuir a alterarla, dando al pueblo
representantes que no sean los que ha tenido la voluntad de elegir” (CSJN, Fallos:
9:314).
Es que en el marco del reconocimiento de los derechos políticos, la
obligación de garantizar su ejercicio “resulta especialmente relevante y se concreta, entre
otros, en el establecimiento de los aspectos organizativos o institucionales de los procesos
electorales, a través de la expedición de normas y la adopción de medidas de diverso
carácter para implementar los derechos y oportunidades reconocidos en el artículo 23 de la
Convención. Sin esa acción del Estado, los derechos de votar y ser votado, simplemente,
no podrían ser ejercidos. Los derechos políticos (…) son derechos que 'no pueden tener
eficacia simplemente en virtud de las normas que los consagran, porque son por su misma
naturaleza inoperantes sin toda una detallada regulación normativa e, incluso, sin un
complejo aparato institucional, económico y humano (…) que les dé la eficacia que
reclaman, como derechos de la propia Convención'” (CIDH, “Castañeda Guttan vs. Estados
Unidos Mexicanos”, sentencia del 06/08/2008, párr. 159).
Consideramos de relevancia insistir en que, en la esfera del Derecho
Electoral, el principio de la democracia representativa se traduce en la protección del
contenido real e inalterabilidad cualitativa y cuantitativa de la voluntad popular
manifestada a través del procedimiento comicial el día de la elección. Lo que se
persigue es el no falseamiento de la manifestación del pueblo a través del sufragio, y
que así la voluntad del electorado libremente expresada no pueda ser suplantada o
tergiversada. Es por ello, justamente, que cuando en el proceso electoral se registra la
concurrencia de vicios que alteren el contenido de la decisión ciudadana hasta el punto de
no conocerse lo que la voluntad de aquéllos ha querido o decidido, corresponde la anulación
del proceso electoral en el ámbito específico en el que se ha producido tal situación (cfr. cfr.
Pérez Corti, José M., op. cit.).
Es que la forma de Estado de la democracia en la que el poder del pueblo
se mediatiza a través de las elecciones, exige que el acto de la transferencia de la
responsabilidad estatal hacia los parlamentarios o gobernantes esté bajo un control
público especial. De este modo, cada uno de los actores del proceso electoral debe
adoptar los comportamientos y garantizar los contenidos que satisfagan los
requerimientos que éste importa, configurándose así como una condicio sine qua non de
constitucionalidad, legalidad y legitimidad que requiere e impone el Derecho Electoral.

De allí que no se evidencie como una cuestión menor el justipreciar
adecuadamente el rol de tales exigencias fundadas en el principio democrático,
especialmente cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que la esencia de
la democracia representativa, como lo es la voluntad popular. Esto se logra sólo con la
estricta observancia de los principios electorales válidos, siendo ellos -por lo tanto-
condiciones de una democracia viable (cfr. Fallo de la Corte Constitucional Alemana -2
BvC 3/07, 2 BvC 4/07-, Fundamentos 106 y 108 “aa” y “bb”.)
Con lo dicho, deviene en lógica conclusión que es de sustancial
importancia mantener la pureza del sufragio, base de la forma representativa de
gobierno sancionada por la Constitución Nacional y, por lo tanto, debe impedirse todo lo
que de cualquier manera pueda contribuir a alterarla. Es un principio de derecho político y
electoral básico que debe tratar de garantizar la expresión genuina de la voluntad del pueblo
a través del cuerpo electoral, postulado que reconoce su raíz en la soberanía del pueblo y
en la forma republicana de gobierno que la justicia debe afirmar (cfr. CSJN, Fallos 318:2271,
disidencia de los jueces Fayt y Bosset).
Esto, pues el derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas,
auténticas, realizadas por el sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores (como expresa el artículo
23 inciso b, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos), hace a la
substancia del Estado Constitucional contemporáneo (cfr. CSJN, Fallos: 324:3143,
voto de los jueces Fayt y Vázquez). Y esa autenticidad a la que refiere el Alto Tribunal
Federal no significa otra cosa que la necesidad ineludible de que exista correspondencia
entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección lo que, en sentido negativo,
implica la ausencia de interferencias que distorsionen la voluntad de los ciudadanos
(cfr. OEA – Ser. L/VII.79.rev.1, Doc. 12, 22/02/1991).
Por eso es que todo lo que atañe a los procesos electorales es cosa
singularmente grave y basamento de la democracia. Es la supervivencia misma de esta la
que se encuentra indisolublemente encadenada a la integridad y pureza de tales procesos.
De lo contrario cualquier alusión a la democracia representativa implicaría un enunciado
vacuo o fútil.
En otros términos, el cabal cumplimiento de la función electoral por el
pueblo ciudadano exige la satisfacción de dos condiciones primordiales. Una relativa a la
pureza y libertad del sufragio; la otra referente a la capacidad del cuerpo electoral para
ejercitarlo. Mientras el sufragio no sea rodeado de plenas garantías, mientras no se ejerza
con total honradez, se falsea la piedra angular de la democracia. El problema del sufragio
es la encrucijada de la democracia; si no se resuelve, se desmorona el sistema pues se
agrietan sus cimientos (cfr. Copete Lizarralde Álvaro, Lecciones de derecho constitucional
colombiano, citado por Linares Quintana Segundo V., Tratado de la Ciencia del Derecho
Constitucional, T. VIII, Plus Ultra, pág. 63).
d).- Finalmente debemos remarcar que en los sistemas institucionales

contemporáneos se ha definido un régimen compuesto de una doble vía de control. Por una
parte, la que se refiere a la evaluación estrictamente política –la cual integró desde tiempos
inmemoriales el devenir de las instituciones– y por la otra, la que se ha generado como
verdadero avance de los órdenes democráticos plenos, la revisión técnica de la justicia
intrínseca de la imputación de esos poderes vinculantes, de conformidad al plexo normativo
electoral. A este último proceso, en su faz de revisión, buscó darse respuesta con la
creación de la justicia electoral.
Es que la garantía del ejercicio de los derechos políticos, entre ellos el
derecho al sufragio, exige entre otros los siguientes elementos: en primer lugar, la
juridicidad de los propios sistemas electorales, es decir, un régimen electoral formal; en
segundo lugar, un sistema de sanciones para las violaciones electorales y, entre ellas, la
nulidad como garantía frente a las violaciones de legalidad electoral; y en tercer lugar, como
consecuencia de los dos elementos anteriores ha de existir la posibilidad de control
judicial efectivo del proceso electoral y de las actuaciones de los organismos
electorales.
En efecto, desde una perspectiva constitucional-convencional, en un
Estado de Derecho, la garantía jurídica última y más importante de toda actuación estatal
es el control judicial para poder adecuar al derecho todos los actos del Estado, es decir, la
posibilidad que tienen los ciudadanos de someter a control judicial los actos estatales que
contraríen o vulneren la Constitución, los Tratados Internacionales con estatura
constitucional y las leyes (cfr. Brewer-Carías Allan, La nulidad de los actos electorales: Una
perspectiva constitucional comparada, III Curso Anual Interamericano de Elecciones, pág.
89/90).
Y enmarcada en dicho control judicial, la pretensión esgrimida en el ámbito
electoral, sin tener naturaleza distinta de la que se formula en cualquier otro proceso, goza
en cambio -por su propia índole- de peculiaridades que exigen un cumplimiento estricto de
lo que se podría denominar el debido proceso electoral, como una garantía innominada de
la representación política o de los derechos electorales que sirven de fundamento jurídico
de la democracia representativa (cfr. CSJN, Fallos: 317:1469, voto de los Ministros Fayt y
Boggiano, considerandos 16 y 17).
Ello pues los votos son actos político-jurídicos plurilaterales imputables en
última instancia al pueblo de la Nación a través de su cuerpo electoral y, por lo tanto, ocurren
en un proceso electoral sin que pueda su valoración apreciarse aisladamente del mismo
(Cfr. CEN, “Pieroni, Amadeo R. y otros”, 21/03/1991, AR/JUR/182/1991).
IV.- A posterior de las consideraciones precedentes, corresponde en primer
término examinar lo concerniente a la invocada falta de legitimación del Frente Acuerdo
para el Bicentenario, que la Provincia de Tucumán plantea en su escrito de contestación de
demanda.

Como surge de los resulta precedentemente reseñados, la demandada
aduce que el frente actor carece de legitimación procesal para actuar al invocar en sustento
de su posición la lesión en la conciencia y libertad de los electores y en la voluntad del
electorado, intentando valerse de argumentos conjeturales y genéricos respecto de la
existencia de un interés propio pero de alcance colectivo.
Ahora bien, la intención de la Provincia de propugnar la ausencia de
legitimación de la parte actora, parte de una lectura parcializada y direccionada del líbelo
de inicio de demanda y del encuadre que este otorga a sus planteamientos en la presente
litis. En efecto, de la atenta lectura de la demanda (particularmente del punto IV de ésta),
se desprende que el frente actor invoca la defensa y reparación mediante el carril del
amparo, de “… la lesión a los derechos políticos y constitucionales…” de su parte y “…la
grave afectación a la voluntad popular y el sistema republicano…”.
Con ello puede decirse que el planteo de la parte actora afinca en su
condición de afectada directa en cuanto participante de la contienda electoral celebrada el
23/08/2015. Y dicha afectación –conforme los argumentos que despliega en su escrito de
inicio– lo es en tanto el cúmulo de irregularidades y anomalías que se denuncian como
acontecidas a lo largo del desarrollo del proceso comicial, habrían incidido en la recta
expresión del electorado en detrimento del espacio político que conforman y viciando
estructuralmente la totalidad del procedimiento comicial.
En otras palabras, la alusión que efectúa la demandante a la afectación de
la voluntad popular y la libertad de los electores, sirve de puntal para fundamentar su
posición de afectada directa, atento su condición de espacio participante en la disputa
eleccionaria y en tanto aquellas anormalidades denunciadas a partir de la configuración de
prácticas desleales y delictuales antes, durante y después de los comicios, habrían incidido
en la totalidad del acto electoral, condicionando de forma negativa sus posibilidades en
dicha contienda.
De allí entonces que, si bien puede aludirse en la demanda a términos
vinculados con derechos de incidencia colectiva, ello lo es en función y aval del perjuicio
directo que dice haber experimentado la demandante derivado de la invocación de aquellas
presuntas irregularidades, anomalías y delitos.
En conclusión, entendemos que el Frente actor, acorde a los términos y
expresiones vertidas en su demanda, no ha dado inicio a la presente acción en procura de
salvaguardar intereses colectivos o individuales homogéneos (como invoca la Provincia),
sino en procura de reparar una lesión que invoca padecida en forma directa a sus derechos
como fuerza política participante de los comicios del 23/08/2015.
V.-
a).- Salvado el obstáculo precedente, corresponde a ésta altura ingresar a
la consideración de las pretensiones deducidas por la parte actora, comenzando por la
declaración de nulidad de la Resolución N° 979/15 emanada de la JEP y mediante la cual
se decidió la integración del cuerpo con el voto de la Dra. Emma Beatriz García, Fiscal Civil,

Comercial y del Trabajo de la IIª Nominación. Aduce la demandante que la integración de
la JEP con la antedicha Vocal con facultades de decisión acotadas al caso de igualdad de
votos entre los dos restantes miembros del cuerpo, se traduce en una clara irregularidad
estructural en el funcionamiento del órgano encargado de dirigir y conducir el proceso
electoral en la Provincia.
A fin de dar adecuado tratamiento a la cuestión, debemos comenzar por
detallar las diferentes vicisitudes acaecidas en los momentos previos al comicio del
23/08/2015 en torno a la conformación de la JEP y sus miembros.
En efecto, mediante Sentencia N° 541/2015, recaída en la causa “Acuerdo
para el Bicentenario c/ Honorable Junta Electoral Provincial s/ amparo”, tramitada por ante
la Sala IIIª de éste fuero con la misma integración que en el presente, se hizo lugar a la
acción deducida por el Frente demandante declarándose la nulidad de las Resoluciones N°
946 del 24/07/2015 y 965 del 05/08/2015, ambas emitidas por la JEP. En razón de tal
pronunciamiento, tanto la legisladora Bordinaro de Peluffo como el Ministro Fiscal Edmundo
J. Jiménez, quedaron excluidos como integrantes de dicho organismo electoral,
disponiéndose que el Presidente del cuerpo proceda a su legítima integración, conforme a
derecho.
En atención a ello, el Presidente de la JEP dictó la Resolución N° 978 en
fecha 22/08/2015, por intermedio de la cual, luego de la excusación de la Sra. Fiscal de
Cámara Sangenis de Terraf, resolvió integrar el organismo con la Dra. Ana María Rosa Paz,
Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo de la Iª Nominación.
De acuerdo a lo que emana del informe presentado por la JEP a fs. 54/71,
al momento de procurar la integración del cuerpo con su tercer miembro, la Junta requirió
a la Legislatura de la Provincia la nominación de un representante a tal fin. Sin embrago el
parlamento local se eximió de efectuar tal proposición atento a que la totalidad de los
Legisladores presentaban vínculos familiares o políticos que le impedían participar en la
conformación del cuerpo.
En tal coyuntura fue que la JEP emitió la hoy cuestionada Resolución N°
979 del 23/08/2015 decidiendo la integración del cuerpo con el voto de la Dra. Emma Beatriz
García, Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo de la IIª Nominación. Dicho acto estableció que
la intervención de esta funcionaria sería posible solamente en caso de empate por los votos
de los Vocales, es decir, los Dres. Gandur y Paz. En la inteligencia que propone la parte
actora, la conformación del cuerpo en tales términos constituye una alteración de su
estructura que deriva en la nulidad de la resolución en cuestión.
Sin embargo, a poco de reparar en tales argumentos se advierte su
improcedencia. En efecto, en primer lugar debe tenerse presente que fue el proceso judicial
iniciado por la propia parte demandante por ante la Sala IIIª el que decantó en fecha cercana
a la realización de los comicios del 23/08/2015, en la necesidad de dotar de una nueva
conformación a la JEP. Si a ello se suma la ya apuntada imposibilidad fáctica de proceder
a integrar el cuerpo con el miembro correspondiente a la Legislatura Provincial y la

concomitancia de la celebración del acto comicial, la solución adoptada por la Resolución
N° 979/15, resulta razonable en atención a las circunstancias del caso y, por ende, lejos
está de aparecer cuestionable.
A lo dicho debe sumarse que el Frente actor no ha invocado en pos de la
pretendida nulidad de la Resolución N° 979/15, perjuicio alguno que sustente su pretensión
impugnadora. Ello pues no se invoca ni acredita en autos que se haya configurado en la
especie ninguna situación merecedora de acudir a la integración del Tribunal en los
términos previstos en dicho acto y, mucho menos, ha argumentado la demandante la
existencia de algún detrimento con origen en dicha situación.
En tal contexto, lejos está de poder propiciarse con éxito la impugnación de
la Resolución N° 979/15 de la JEP.
b).- Sin perjuicio de lo expresado con antelación, la parte actora cuestiona
además la presencia de la Dra. Ana María Rosa Paz como miembro de la JEP (cfr.
Resolución de la JEP N° 978/15), aduciendo que se encuentra incursa en la causal de
recusación prevista en el artículo 16 inciso 1° del CPCyC. Para razonar de ese modo, la
demandante afirma que la mencionada Vocal es ex - cónyuge del candidato José Alberto
Cúneo Vergés.
Primeramente debe decirse que la cuestión de hecho en examen (es decir
el vínculo invocado), no ha sido objeto de negación alguna ni de parte de la Provincia de
Tucumán ni de parte de la JEP.
Más al margen de ello, la demandante, no obstante discurrir en relación a
la mencionada causal de recusación, lejos está de cuestionar la validez del acto
administrativo que designara a la mencionada Vocal como integrante de la Junta Electoral
Provincial (Resolución N° 978 del 22/08/2015), con lo cual los planteos sobre el particular
se debilitan o diluyen. Tampoco se desprende de la lectura de su escrito de demanda que
hubiera instado por ante dicho organismo, la recusación con causa de aquella en los
términos aquí expresados, como bien pudo hacerlo, ni pretenderla en esta instancia judicial.
Empero tales consideraciones, estimo de singular trascendencia hacer
hincapié en un dato que, en el contexto de las ponderaciones que se efectuarán en los
apartados siguientes, no reviste una importancia menor.
La JEP al evacuar su informe de fs. 54/71 (requerido por Presidencia de
Sala en fecha 04/09/2015, fs. 50), en relación a la cuestión que se comenta, enuncia que
la causal recusatoria a la que alude la parte actora ha desaparecido con la renuncia
efectuada por el Sr. Cúneo Vergés a su candidatura como candidato en primer término por
el partido Proyecto K, lista N° 278.
Ahora bien, entre la documentación que la JEP adjuntó con tal informe (casi
1.000 fojas), consta en copia certificada la presentación de dicha dimisión de parte del
mencionado candidato, ostentando la misma como fecha de recepción el día 07/09/2015
(idéntica a la de presentación por la Junta del informe previsto en el artículo 21 del CPC),
es decir 14 días posteriores a la celebración del acto comicial, siendo proveída

favorablemente en igual fecha por el Presidente del organismo.
No consta en la documentación traída a la litis, ni se invoca en el informe
aludido que la Sra. Fiscal se hubiere inhibido como era su obligación de conformidad con
el artículo 17 del CPCyC.
VI.- Dicho lo anterior, es necesario centrar la atención en aquellos hechos
que, en la argumentación propuesta por la actora, han devenido en una alteración
insalvable del proceso electoral del 23/08/2015 y, a su entender, habilitan a la declaración
de nulidad de los comicios. Estos son varios y de diferentes naturaleza.
a).- En primer término debe hacerse foco en las denominadas prácticas
clientelares, enunciadas en el escrito de demanda como una de las tantas irregularidades
signadas por el actor como coadyuvantes a la declaración de nulidad de los comicios que
persigue.
A todo evento hemos de señalar, siguiendo los lineamientos sentados por
la CEN en precedente “Polino, Héctor T. y otro por la lista N° 1 Conducción Socialista del
Partido Socialista distrito Cap. Fed”, del 10/11/2005 (AR/JUR/4942/2005), que el concepto
de clientelismo tiene su génesis en el concepto de clientela romana, donde se designaba a
un conjunto de relaciones de poder, dependencia política y económica que se establecía
entre individuos de status desiguales, basadas en el intercambio de favores.
En las sociedades modernas las relaciones clientelares han logrado
sobrevivir y adaptarse, tanto frente a la administración centralizada, como frente a las
estructuras de la sociedad política (elecciones, partidos, parlamentos). (cfr. Bobbio,
Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco, Diccionario de política, 8ª edición, Siglo
XXI Editores, Madrid, 1994, pág. 234). En este orden de ideas, se ha descripto al
clientelismo como un elemento principal, aunque no el único, que conforma una “institución
informal, permanente y ubicua” con enorme influencia en la mayoría de las democracias
latinoamericanas (O'Donnell, Guillermo; Contrapuntos, Ensayos escogidos sobre el
autoritarismo y democratización, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1997, pág. 307).
El concepto general de clientelismo político está acotado en nuestra
sociedad a una mera permuta de favores entre jefes partidarios y potenciales electores
provenientes en su mayoría de clases bajas y desamparadas. Sin embargo, la lógica del
poder que responde a su raíz profunda va más allá de un simple intercambio de
mercaderías por votos. El esquema desplegado es mucho más complejo y aquél es, en
última instancia, el resultante final de una larga cadena (cf. Dinatale, Martín, El festival de
la pobreza, La Crujía Ediciones, Bs. As., 2004, pág. 41).
Ahora bien, no puede dejar de reconocerse que la relación entre “punteros
políticos” y “población desprotegida”, en muchos casos, responde a un sistema de
subsistencia alimentaria que resulta difícil cuestionar desde el discurso jurídico frente a la
situación de extrema vulnerabilidad y profunda pobreza como la que, es notorio, padece un
amplio sector de nuestra sociedad. Empero, ello no obsta a concluir con acierto que las
prácticas clientelares conspiran precisamente contra la expresión de libre voluntad

que constituye un presupuesto indispensable del ejercicio del sufragio.
Más, la imposibilidad de cumplir con sus necesidades en un modo
compatible con las exigencias de la vida que le asegure –además– el ejercicio sin trabas
de las facultades que le corresponden como individuo, como miembro de la sociedad y
como partícipe del gobierno político, atenta contra ese ámbito de libertad (cfr. Fayt, Carlos
S., Los derechos del hombre y sus garantías constitucionales, Valerio Abeledo Editor, Bs.
As., 1945, pág. 38), que –como se dijo– es presupuesto necesario para el ejercicio del
sufragio, y es allí donde las prácticas asistenciales –por sus características estructurales–
constituyen un terreno particularmente fértil para el crecimiento del fenómeno clientelar.
Con lo dicho y en concordancia con el precedente citado, no podemos sino
concluir y ratificar las consecuencias enormemente perniciosas que las prácticas
clientelares tienen sobre los principios fundamentales del régimen representativo y, en
particular, sobre la genuina expresión de voluntad del elector que es su presupuesto.
A partir de dicho prólogo la pregunta deviene inevitable ¿las prácticas
denunciadas por la parte actora, se han configurado durante el acto eleccionario del pasado
23/08/2015? La respuesta afirmativa se impone, no solo a la luz del carácter público y
notorio que asumieron tales acontecimientos para todo el electorado durante el día de los
comicios, sino además porque son numerosos los elementos de prueba arrimados por el
actor que dan cuenta de un sinnúmero de episodios que se han escalonado durante la
jornada eleccionaria y los días posteriores que denotan con claridad la existencia y
configuración de dichas prácticas.
En primer término debo señalar que ello fue reconocido por el propio
Gobernador de la Provincia en públicas declaraciones (www.lanacion.com.ar/1823833 -
jose- alperovich - reconocio - que - se - entregaron-bolsones-a-cambio-de-votos-en-las-
elecciones-de-tucuman) y por el candidato a Gobernador del FpV (cfr. declaraciones
efectuadas el 26/08/2015 en Canal A24, según surge de la documentación en soporte de
video adjuntada por la parte actora cfr. cargo actuarial de fs. 48 y detalle de fs. 49).
De los mencionados archivos de video traídos a la causa por la parte actora
y que fueron copiados por la demandada de forma previa a efectuar su responde (cfr. acta
de fs. 92), a los fines que aquí interesan, surgen situaciones como las protagonizadas por
candidatos a concejales por el partido Kolina de la ciudad de Tafí Viejo, filmándose en pleno
acto de reparto de “bolsones”; o los documentos de video emitidos en programas
periodísticos de alcance nacional, dando cuenta de la entrega de bolsas de mercadería
distribuidas en taxis con siglas, numeración y nombres de diversos candidatos o la
organización de rifas de electrodomésticos y hasta automóviles días antes de los comicios
por parte de espacios políticos participantes en la contienda electoral (grabación Programa
Periodismo para Todos del 30/08/2015, traída a autos por la parte demandante, cfr. cargo
actuarial de fs. 48 y detalle de fs. 49).
A lo dicho se suma la constancia documentada también en soporte de
video, tanto por medios locales como nacionales, respecto de las agresiones sufridas por

el Sr. José Ahualli, camarógrafo de un medio de comunicación local, cuando documentaba
la entrega de los denominados “bolsones” (sobre este hecho la actora adjunta además nota
periodística extraída del sitio web del diario Clarín de fecha 23/08/2015).
Cabe también destacar que la JEP, conforme la documentación adjunta a
su informe de fs. 54/71, también tuvo la ocasión de constatar la existencia de dichas
prácticas (entrega de “bolsones”) en la intersección de calle Lola Mora y Guatemala la
ciudad de San Miguel de Tucumán, lo que mereció el pedido de intervención de la Fiscalía
Penal de Turno en fecha 23/08/2015 a hs. 15:01.
Incluso más, los propios veedores externos de la UNLP habilitados a tal fin
por la JEP (ver informe de fs. 54/71, puntualmente el segundo párrafo de fs. 60), confirman
categóricamente la existencia de las prácticas a las que nos referimos en el presente
apartado.
El informe sobre la “Observación de las Elecciones en la Provincia de
Tucumán - 23 de Agosto de 2013” efectuado por el Observatorio de Estudios Electorales y
Político Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata
(http://www.jursoc.unlp.edu.ar/documentos/academica/informe_tucuman.pdf), detalla que
los observadores acreditados observaron las características generales del comicio,
situándose un tiempo prudencial en cada uno los Colegios que fueron seleccionados por
los motivos detallados anteriormente.
Los establecimientos educativos tomados como “testigos” fueron los
siguientes: en la Capital San Miguel de Tucumán: Escuela Benjamín Matienzo y Escuela
Santa Catalina; en la Banda del Río Salí: Escuela Juan B. Terán y Escuela Tiburcio Padilla;
en Alderetes: Escuela San Vicente de Paul; en Tafí Viejo: Escuela Congreso de Tucumán y
en Villa Obrera Escuela Alejandro Heredia; en Famaillá: Escuela de Comercio Octavio Luna
y en Yerba Buena: Escuela de Comercio Miguel Lillo.
El informe reza textualmente “luego de la apertura de las mesas nos
trasladamos a la Banda del Río Salí, allí pudimos observar que el tránsito era dificultoso
debido al acarreo de votantes en autos y motocicletas que contaban con
identificaciones partidarias y también del nombre de los candidatos locales. Esto
llamó la atención de nuestro grupo al observar que en muchas escuelas su acceso estaba
vallado y cortada la cuadra. Al solicitar las explicaciones a los miembros del Comando
Electoral manifestaron que se hacía a los fines de evitar el ingreso de los autos con
identificación partidaria hasta la entrada del establecimiento educativo donde se
realizaba la votación. La presencia de autos con identificación partidaria que
transportaban votantes fue continua durante toda la jornada electoral en las
inmediaciones de los recintos educativos”.
Con lo dicho, a partir del examen de los elementos de prueba antes
referenciados y, sobre todo, del reconocimiento expreso de la existencia de los hechos en
cuestión tanto de parte de la máxima autoridad del Gobierno Provincial como de uno de los
principales candidatos a ejercer la Gobernación para el mandato entrante (ambos en

declaraciones públicas), sumado ello al carácter público y evidente que tanto la entrega de
“bolsones” como el acarreo indiscriminado de votantes evidenciaron en los comicios del
23/08/2015; no puede sino tenerse por acreditada de manera fehaciente la existencia de
tales prácticas durante el desarrollo de los comicios del 23/08/2015.
b).- De las constancias probatorias arrimadas a la causa, merecen ser
destacados además de las prácticas clientelares antes referenciadas, hechos de marcada
violencia que acaecieron durante la jornada electoral del 23/08/2015 en diferentes puntos
de la Provincia.
El primero refiere a los acontecimientos sucedidos en la localidad de San
Pablo, Dpto. Lules, puntualmente en la Escuela Luis F. Nougués, en donde las actuaciones
arrimadas por la JEP, caratuladas “Comuna de San Pablo y Villa Nougues – Dpto. Lules”;
dan cuenta de hechos de violencia propiciados por grupos de personas que sustrajeron 17
urnas correspondientes a las mesas N° 1.309 a 1.322 y 1.334 a 1.336, las cuales fueron
violentadas (fs. 01 y 02).
Asimismo, a fs. 06, 08, 11 y 27 de tales actuaciones dan cuenta de la
denuncias efectuadas por las autoridades de las mesas N° 1.334, 1.330, 1.327 y 1.328
respectivamente, puntualizando la violencia sufrida de parte de terceros durante el acto
eleccionario, dando cuenta de agresiones, roturas de puertas y vidrios, etc., lo que en todos
los casos llevó a los denunciantes a abandonar las urnas para mantener a salvo su
integridad.
Las cuestiones aquí comentadas encuentran además sustento visual en las
imágenes de video traídas como prueba por la parte demandante (ver cargo actuarial de fs.
48 y constancia de fs. 49), en donde claramente se avizora la acción de un numeroso grupo
de personas en el mencionado establecimiento educacional, la quema de las urnas y el
posterior accionar de Gendarmería para controlar los desmanes.
Igualmente graves fueron los hechos acontecidos en la Comuna de Los
Ralos, Dpto. Cruz Alta. En las actuaciones acercadas por la JEP en relación a tales hechos
(caratuladas “Comuna de Los Ralos – Cruz Alta”), a fs. 02/03 obra acta elaborada en la
Comisaría de dicha Comuna en donde se menciona que en fecha 23 de Agosto de 2015 a
hs. 20:00 aproximadamente, al momento de tener los primeros resultados de las mesas
escrutadas y ante comentarios sobre el candidato que en apariencia iba ganado la
contienda, se aglomeraron en las cercanías de la Escuela Manuel Lizondo Borda una gran
cantidad de personas vecinas quienes respondían a otros candidatos, los que estaban
también presentes e instaban a sus seguidores a producir desorden en el lugar.
Ello derivó en que los vecinos ofuscados, comenzaran a quemar cubiertas
frente al establecimiento, insultar a las fuerzas de seguridad, arrojando piedras con intentos
de ingresar por la fuerza al establecimiento escolar mencionado.
El acta policial que se comenta refiere que al ser los revoltosos mayores en
número y superior en cantidad a los efectivos policiales, lograron entrar utilizando la
violencia tornándose una situación insostenible y lograron sustraer en un momento la

cantidad de seis (06) urnas, siendo identificadas con los números 2.767, 2.770, 2.773,
2.769, 2.771 y 2.772, encontrándose posteriormente la N° 2.765 en un sector del patio del
local. Acota además que las urnas N° 2.768, 2.774, 2.764 y 2.766 estaban en plena tarea
de recuento de votos, lo que no pudo concluirse ante la suma agresividad reinante. Aduce
que la situación fue de extrema violencia, escuchándose incluso detonaciones de arma de
fuego.
A fs. 06 y 08 obran denuncias de las autoridades de las mesas N° 2.774 y
2.758, dando cuenta de la situación violenta padecida en dicho lugar y la imposibilidad de
concluir el conteo de votos.
Finalmente es necesario también aludir a los serios incidentes producidos
en la Comuna de Sargento Moya, Dpto. Monteros, en donde, conforme las actuaciones
traídas a la causa por la JEP caratuladas “Comuna de Sargento Moya – Dpto. Monteros”
(fs. 01/02), un grupo de entre 30 a 40 sujetos generaron disturbios en la sede de la Escuela
Francisca Bazán de Laguna, sustrayendo las urnas N° 1.623 y 1.624, a las que
posteriormente prendieron fuego.
c).- A los hechos detallados con antelación se suma además la tentativa de
cambio de domicilios en Municipios y Comunas del Interior de la Provincia, de las que dan
cuenta las actuaciones caratuladas “Juez de Paz de Buyurracú s/ adjunto reclamos de
ciudadanos no incluidos en el padrón”, adjuntadas por el Secretario Electoral del Juzgado
Federal de Tucumán (ver cargo actuarial de, fs. 261) y que tenemos en este acto a la vista.
En la declaración testimonial brindada por el citado funcionario a fs.
260/261, surge que fueron 390 electores los que se presentaron a instancias del Juez de
Paz de Buyurracú solicitando su inclusión en los padrones de dicho Municipio. Sin embargo
se constató que los cambios de domicilio invocados a tal fin eran falsos (en el 90% de los
casos, el cambio indicaba un idéntico domicilio).
Refiere además que los cambios de domicilios declarados nulos en el
Municipio de Burruyacú y Comuna de Los Pérez, sumado a las actuaciones en la Comuna
de Gobernador Piedrabuena, suman un total de 448 domicilios irregulares.
De las actuaciones que se comentan se desprende que la totalidad de las
390 personas que solicitaron su inclusión al padrón del Municipio antedicho en razón de su
irregular cambio de domicilio, recibieron su DNI en febrero de 2015, no obstante haber
iniciado los trámites correspondientes a tal fin en fecha marcadamente posterior (entre los
meses de marzo y abril de 2015). Fue en razón de tal circunstancia que el Juez Federal N°
1 de Tucumán, al dejar sin efecto los cambios de domicilios en cuestión en fecha
22/05/2015, también ordenó la remisión de las actuaciones al Sr. Fiscal Federal con el
objeto de investigar la posible comisión de algún ilícito punible.
Maniobras similares también fueron constatadas por la JEP en el marco de
las actuaciones denominadas “Vecinos de la Localidad de Huasa Pampa Sur s/ pedido de
inclusión en Padrón Electoral 2015”, en las que mediante Resolución N° 929/15 del
14/07/2015, dejó sin efecto, por falaces, los domicilios correspondientes a 23 ciudadanos

(ver informe de la JEP de fs. 54/71).
d).- Finalmente, reviste importancia neurálgica y fundamental lo
relacionado a la custodia de las urnas involucradas en el comicio, ya que conforme a lo
expuesto por la parte demandante, la custodia de estas ha sido deficiente habiéndose
receptado urnas abiertas, sin seguridad y sin custodia en la sede de la JEP.
Por el contrario, la Provincia niega enfáticamente que la cadena de custodia
encomendada a Gendarmería Nacional se haya roto o debilitado en algún momento del
proceso electoral y que las urnas hubiesen sido violentadas o receptadas en la sede de la
JEP con irregularidades o carentes del debido resguardo.
Consideramos de importancia mencionar de forma previa que, la necesidad
de garantizar el ejercicio secreto, universal y libre del voto durante el proceso electoral
ha obligado a la legislación a proveer de un conjunto de materiales, entre los que se
encuentra la urna electoral, definida como “aquel recipiente que se utiliza en los procesos
de votación manual para que los electores depositen las boletas de sufragio en los que han
expresado su voluntad, de manera tal que puedan conservarse sin divulgar el secreto de
dicho voto” (IIDH/Capel, 2000). No cabe duda sobre la importancia que tiene, ya que todas
las legislaciones electorales prevén principios de transparencia en el manejo de las urnas
durante el inicio del proceso de votación.
Las fuerzas públicas y los fiscales u observadores de los partidos políticos
también tienen, en gran medida, intervención en el proceso del traslado de las urnas, ya
que se encargan de su custodia hasta que lleguen al órgano superior y, en algunos casos,
continúan su vigilancia incluso dentro de estos organismos (cfr. Dalla Vía Alberto Ricardo y
Soto Perea Florencia T., Recintos y urnas electorales, en Tratado de Derecho Electoral
Comparado de América Latina, www.corteidh.or.cr/tablas/12231.pdf).
A los fines de indagar sobre este sensible punto, debemos hacer la
aclaración previa de que ni las declaraciones brindadas ante escribano púbico por
empleados de la JEP refiriendo las irregularidades comentadas, ni las que por igual medio
acercó la JEP contradiciéndolas, habrán de ser valoradas con el objeto de ventilar la
presente cuestión, ello por el hecho de que “las declaraciones hechas por terceros fuera de
procesos y de diligencias procesales previas, en las cuales se relatan hechos con el fin de
que otras personas los conozcan, son actos extraprocesales, aunque no sustanciales; por
lo demás, tienen la misma naturaleza de simple declaración de ciencia o conocimiento, que
le corresponde al testimonio judicial […] Por otra parte, sólo en un sentido muy amplio puede
calificarse de testimonio el acto por el cual una persona declara extraprocesalmente lo que
sabe de un hecho cualquiera... En estricto sentido, es testimonio únicamente el que se rinde
a un juez en proceso o en diligencias procesales” (Hernando Devis Echandía, Compendio
de la prueba judicial, T. II, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2000, pág. 15)
En tal sentido, se ha dicho que la testimonial contenida en actas notariales
no tiene jerarquía de probanza computable, pues, para que ello ocurra, debió haber
mediado la intervención de un órgano jurisdiccional, que es lo que en definitiva otorga al

proceso la garantía del contradictorio. Es claro que la preconstitución unilateral de prueba
por la propia parte a su favor no constituye prueba en el sentido técnico-jurídico del vocablo,
por lo que carece de eficacia en tal sentido (cfr. Jorge Kielmanovich, Teoría general de la
prueba y medios probatorios, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2001, pág. 154).
Dicho ello, la cuestión debe continuar con mencionar que la parte actora, a
los fines de acreditar las anomalías denunciadas en aval de su pretensión, ofreció como
prueba los registros de video de las cámaras apostadas en la sede de la JEP en calle
Mendoza 1.050, correspondientes al momento del envío y recepción de las urnas, ello
respecto de los días 22, 23, 24, 25 y 26 de Agosto de 2015, lo que fue requerido por
Presidencia de esta Sala al solicitar a aquel organismo la remisión del informe previsto en
el artículo 21 del CPC (ver decreto de fs. 50, punto 10).
Al dar cumplimiento con dicha manda, la JEP expresamente informó
“respecto de las cámaras de seguridad de la HJEP correspondientes a los inmuebles de
calle Mendoza 1050, accesos, playones internos, áreas de accesos e interior de las urnas,
correspondientes a los días 22, 23, 24, 25 y 26/08/2015, especialmente los registros
correspondientes al envío y recepción de urnas, este registro ha sido solicitado a
Gendarmería Nacional, una vez en nuestro poder lo haremos llegar a vuestra excelencia”.
Sin embargo, al contrario de lo expuesto, entre la documentación
acompañada con el informe remitió un sobre cerrado, con sello de Gendarmería (ver cargo
actuarial de fs. 71 vta. y detalle de fs. 72), el cual al ser abierto por el Tribunal (conforme
acta de fs. 77), reveló la existencia de solamente un disco extraíble en el que constan
archivos de video con imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en los
accesos del mencionado edificio, áreas de acceso y depósitos de urnas, más todos
correspondientes a los días 25/08/2015 en adelante. Es decir, las imágenes no dan cuenta
de los registros de las acciones de recepción de las urnas en los días vitales del comicio
(23 y 24 de Agosto).
Ante ello, el Tribunal requirió a la JEP la remisión de los archivos fílmicos
correspondientes a los días antedichos, ante lo cual la JEP adjuntó la comunicación JG 5-
4050/23 de fecha 07/09/2015 remitida por Gendarmería, la cual ya constaba en copia entre
la numerosa documentación arrimada con el informe de fs. 54/71 (casi 1.000 fojas), sin
perjuicio de lo cual ninguna mención hizo al respecto.
En dicha comunicación de Gendarmería Nacional se observa la existencia
de una nota (sin fecha), remitida por la Empresa INFO FOJ en la que el responsable de la
misma, Francisco Jiménez, menciona que adjunta los videos recopilados en los discos
rígidos, destacando la dificultad en recuperar gran parte de la información ya que los discos
en los que esta se recopiló en su mayoría estaban dañados y otros eran irrecuperables
debido a las numerosas reconexiones que tuvo el disco debido a los cortes de corriente
sufridos. Agrega que cuando se fue a revisar y controlar la consola determinaron el mal
funcionamiento del disco de almacenamiento de la información. Añade que colocó un
estabilizador de tensión, conectándose la consola de forma independiente.

Culmina su informe destacando que en numerosos casos con este tipo de
problemas (cortes de energía o fluctuación de la misma), los discos sufren daños de
hardware, lo que impide leer y, por consiguiente, levantar la información almacenada.
Aquí cabe hacer la siguiente disquisición, al emitir la JEP a fs. 119/123 el
informe complementario solicitado por Presidencia a fs. 96, en su punto 2 afirma que no
pudo tomar ninguna medida de seguridad tendiente a reconstruir los videos presuntamente
dañados, por haber remitido los originales con dichos archivos a este Juzgado. Sin
embargo, en el párrafo siguiente da cuenta de la comunicación de Gendarmería N° 5-
4050/29, de fecha 10/09/2015, en la que se informa que la División de Informática Judicial
de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, se
encuentran “…abocados a la comprobación de funcionamiento del disco rígido e interno de
extracción de información forense…” (ver fs. 97).
Ello contradice la primera afirmación de la JEP, pues de tales dichos se
desprende con claridad que los originales de los registros de las cámaras de seguridad
nunca fueron remitidos a este Tribunal, sino solo una copia (repetimos, parcial atento a
carecer de los registros de los días 22, 23 y 24 de Agosto) levantada de los discos rígidos
internos.
En razón de lo informado por Gendarmería Nacional en relación a la
pérdida de la información de video y los motivos expresados por el proveedor como
causantes de aquella, se requirió a la empresa prestadora de energía eléctrica local
información acerca de los cortes de suministro y bajas o subas de tensión sucedidas los
días 22, 23 y 24 de Agosto de 2015 en la zona de Calle Mendoza al 1.000 de la ciudad de
San Miguel de Tucumán.
Esta respondió a fs. 116/117 destacando que conforme los datos
recopilados en su sistema de gestión técnica y comercial, no se registraron reclamos
vinculados a la calidad de servicio atribuidos al punto de alimentación del inmueble de calle
Mendoza N° 1.050 en el período que va de los días 22 al 24 de Agosto del corriente año, ni
en los días posteriores. Agrega que tampoco se registraron cortes ni variaciones de
tensión (subas y bajas de tensión), en el distribuidor principal durante aquellos
períodos.
Expresamente el informe que se comenta detalla que “…es del caso
mencionar que, a requerimiento del Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia de
Tucumán, mediante nota ingresada en Mesa de Entradas de EDET el día 28/07/2015, se
instaló un grupo electrógeno de respaldo al suministro mencionado… ante la posible
ocurrencia de cualquier eventualidad en el abastecimiento de energía.
En tal sentido, el mencionado equipamiento se encuentra a disposición de
la JEP desde el día 23/08/2015 a hs. 17:00 hasta la fecha y por todo el tiempo que sea
requerido, y en condiciones de operación para el supuesto de ser necesario su
funcionamiento, para lo cual se dispuso, adicionalmente y desde aquel día, de una
guardia permanente en el lugar ante la eventualidad de ocurrir cualquier problema en

el suministro o en el equipamiento provisto… Al respecto, informamos además que,
conforme surge de los reportes de nuestro personal en el lugar, el funcionamiento del
mencionado equipamiento no fue requerido en ningún momento.
En síntesis, esta Concesionaria no registra interrupciones o variaciones de
tensión en el servicio referenciado anteriormente ni en la zona de Mendoza altura 1000
durante los días 22, 23 y 24 de agosto de 2015, habiéndose evaluado para ello tanto el
comportamiento del sistema de abastecimiento a las instalaciones a nuestro cargo, como
así también las instalaciones de media tensión y baja tensión bajo la operación de EDET
S.A…
Por último, cabe aclarar que no existió pedido alguno de la JEP a los
fines de realizar trabajos en las instalaciones internas o en la acometida del cliente
que pudieran resultar necesarios para la adecuación de las mismas con motivo de la
carga o del consumo de los equipos a utilizar en el lugar…”.
El informe comentado, puesto a conocimiento de las partes (ver decreto de
fs. 118 y cédula de fs. 143), no mereció reparo alguno. Con ello se diluye la existencia de
la presunta causa generadora de los daños a los discos en donde se encontraban
almacenados los registros de envío y recepción de urnas correspondientes a los días 22,
23 y 24 de Agosto de 2015.
Tampoco parece veraz la información del mal funcionamiento de los
equipos de almacenamiento de video a la luz de las pruebas recolectadas en la causa,
teniendo en cuenta fundamentalmente a las constancias del libro de novedades de
Gendarmería Nacional, obrante a fs. 101/107 de autos, en el cual, en los asientos
correspondientes a los días 24 y 25 de Agosto, recién se dejó una lacónica constancia
de problemas técnicos en el sistema de cámaras de seguridad el día 25/08 a hs. 03:30,
sin otra mención a nuevos incidentes o a la eventual solución de tales dificultades. De lo
que se sigue que, de desde el día 22 al día 24 inclusive, a estar de dicho informe, los
equipos en cuestión habrían funcionado de forma correcta y sin incidencias negativas.
Ahora bien, a partir de la presunta pérdida de la información recabada
mediante las cámaras de seguridad, tanto la JEP al presentar su informe complementario
de fs. 119/123 como la Provincia al efectuar su responde de demanda, afirman que las
cámaras de seguridad en cuestión revistieron la condición de medidas adicionales de
seguridad, ajenas al protocolo específico confeccionado a tal fin por Gendarmería Nacional
y, por lo tanto, irrelevantes al momento de considerar la ruptura de la cadena de custodia
de las urnas involucradas en el comicio.
Empero tales aseveraciones, al examen de las pruebas de autos, no
pueden sino ser refutadas. En efecto, conforme el Plan de Operaciones de Gendarmería
Nacional adjuntado por al JEP - Orden de Operaciones N° 05/15 del Comandante del
Distrito Electoral Tucumán (Para la custodia y seguridad del acto electoral 23AGO15), en
su Fase 4: Seguridad del escrutinio y Repliegue (desde el 231800/2000AGO15, hasta la
Finalización del Escrutinio Definitivo), comprende, entre otras acciones: la custodia y

seguridad al cómputo en el local electoral; la custodia y seguridad para el traslado en
repliegue de las urnas desde diferentes locales hasta la Calle Mendoza 1.050, San Miguel
de Tucumán y la custodia y seguridad en el lugar antedicho hasta el fin del escrutinio
definitivo. Acorde a tales misiones, puntualmente en lo que refiere a la sala de cómputos,
el anexo 7, en su punto 3. c). 1., prevé de forma expresa la incorporación de cámaras de
seguridad.
Tal medida es acorde a las instrucciones para el personal de Gendarmería
afectado al acto electoral (Anexo 4), específicamente a lo sentado en el punto 10 apartado
f., que dispone que “los comicios deberán realizarse protegidos por medidas de seguridad
lógicas y razonables, para lo cual se agotarán todas las instancias de previsión posibles
enunciadas en los puntos anteriores y aquellas que las circunstancias aconsejen,
teniendo siempre presente que ninguna de ellas deberán afectar el normal desarrollo del
acto electoral”.
A partir de lo mencionado no es real que el sistema de seguridad mediante
cámaras de video no formara parte del sistema de seguridad elaborado por Gendarmería
Nacional. Ergo, palidece el argumento que la demandada expone al respecto.
A más de ello, si bien no se pudo acceder a los registros de grabación de
los videos de los días 22 a 24 de Agosto (no se ha informado a éste Tribunal acerca del
resultado de las tareas de recuperación de los registros encarada por Gendarmería
Nacional), sí pudieron observarse las grabaciones correspondientes al disco rígido extraíble
remitido por Gendarmería Nacional y adjuntado por la JEP con su informe de fs. 54/71 (ver
acta de fs. 246/247).
En el mismo, en lo correspondiente a la cámara 8, se detalla que esta
carpeta contiene 299 archivos de media hora cada uno con fechas que van desde el
25/08/2015 al 31/08/2015, con grabaciones del depósito de urnas de la JEP.
El acta, firmada por las partes sin protesto alguno, expresamente consigna
que “se hace constar que, dada la cantidad de archivos que posee el disco rígido se
procedió a la reproducción al azar de archivos correspondientes a distintas fechas y
horarios. Al reproducirse el archivo del día 26/08/2015 a hs. 09:57 correspondiente a la
carpeta titulada CAMARA 8, se observa el ingreso de dos personas al depósito de urnas,
que luego de la extracción de una urna del final del depósito, proceden a colocarle
una nueva faja. Además se observa que una de esas personas tiene en su mano más
papeles de tamaño y forma similar a las fajas de clausura”.
Se advierte además que conforme consta en el acta de fs. 246/247, la
cámara N° 3, con grabaciones del portón de la parte exterior del acceso al depósito de
urnas y a la puerta del galpón en donde se realiza el escrutinio, a partir del 30/08/2015
referida la cámara apunta al techo del local de la JEP.
En relación a los 15 discos compactos que da cuenta el acta de fs. 246/247
de autos, sin perjuicio de señalar que se trata de grabaciones respecto del escrutinio
provisorio realizado en el Correo, el que no tiene efecto jurídico alguno, no podemos dejar

de advertir que tales grabaciones sólo se limitan a registrar las aperturas de sobres y el
posterior escaneo de los telegramas mas no el momento en que fueron entregados al
personal afectado a la carga de los datos (Resolución N° 967/15 H.J.E.P. del 07/08/2015).
VII.- El conjunto de elementos hasta aquí reseñados, su entidad, gravedad
y trascendencia pública colocan al Tribunal, irremediablemente, ante la ineludible obligación
de invalidar la totalidad del proceso electoral celebrado en la Provincia en fecha 23/08/2015.
En otras palabras, la magnitud de las anomalías registradas durante la celebración de los
comicios y los días posteriores impiden la construcción de una valoración diferente.
Como se señalara, en el contexto de una elección marcada por episodios
violentos en diversas localidades del interior, que decantaron en acciones que van desde
intimaciones, agresiones y daños materiales, a sustracción y quema de urnas y disparos de
armas de fuego; se estructuró y aceitó un complejo y enorme aparato clientelar a la vista
de toda la ciudadanía, documentado por los más diversos medios de difusión, por veedores
foráneos (Observadores de la UNLP) e incluso –lo que es altamente significativo–, por las
propios participantes de la contienda electoral.
Esto constituye un elemento de singular trascendencia a los fines de
justificar la solución que se adoptará, pues ante lo evidente de tales anomalías y su
incidencia en el ejercicio de la libertad de los derechos políticos de la ciudadanía, las
situaciones imbuidas en tal contexto no pueden ser validadas por la Justicia sin faltar a los
cometidos que le encomienda la normativa superior vigente.
Cabe insistir en que el voto debe ser universal, libre, secreto y directo. Y
tal libertad solo existe en la medida en que el voto se emite huérfano de violencia,
amenazas, apremios y sin la existencia de extorsiones, aprovechamiento de necesidades
o promesas de un bien futuro de tipo exclusivamente personal. La libertad respecto del voto
debe entenderse en el contexto no sólo de ausencia de violencia física o moral, sino desde
la perspectiva que el elector está actuando con plena conciencia sobre las
consecuencias de sus actos, y que está obrando en interés de la comunidad. De ahí
que el voto sea un acto jurídico voluntario y para su plena validez ha de estar exento de
cualquier vicio que ataque la plena conciencia y libertad en su manifestación.
Y aquí el razonamiento que antecede, al contrario de lo que erradamente
aduce la Provincia en su responde de demanda, no se trata de estigmatizar a un sector
social ni caer en concepciones “conservadoras”, sino de no validar, ni tolerar y, por sobre
todo, no convertir en ordinarias y normales situaciones de extrema gravedad y marcada
irregularidad que no pueden ni deben mínimamente consentirse en un sistema democrático
y representativo.
En tal línea se ha sentado con acierto que “los ciudadanos tienen el derecho
de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de representantes
libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la
existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho
a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir

libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representan” (CIDH, caso
“Yatama vs. Nicaragua”, sentencia del 23/06/2005).
Es que, tal como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, “el artículo 23 de la Convención no sólo establece que sus titulares deben gozar
de derechos, sino que agrega el término 'oportunidades'. Esto último implica la obligación
de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de
derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos” (“Castañeda Gutman vs.
Estados Unidos Mexicanos”, sentencia del 06/08/2008, excepciones preliminares, fondo,
reparaciones y costas, párr. 145).
Como se mencionara en el apartado antecedente, el cuestionamiento que
la actora ha efectuado en orden a la ruptura de la cadena de seguridad y custodia de las
urnas encuentra terreno fértil en las probanzas rendidas en la causa.
En primer término las cuestiones vinculadas a las fallas del sistema de
monitoreo de video encargado de registrar el envío y recepción de urnas, merece
consideraciones específicas. Como se señalara en el apartado inmediato anterior,
contrariamente a lo afirmado por la demandada, la provisión e instalación de dicho medio
de seguridad se encontraba contemplada en el plan de acción pergeñado por Gendarmería
Nacional para el día de los comicios.
Más aún si por hipótesis se concluyera en la inexistencia de previsión de
colocar cámaras de seguridad en el plan de operaciones estructurado por Gendarmería,
incluso en tal coyuntura mal podría hablarse del carácter innecesario o accesorio de dicho
sistema de seguridad si la propia JEP previó un sistema similar para la recepción de
documentación y la carga de datos durante el escrutinio provisorio a efectuarse en el Correo
Argentino (Resolución N° 967 del 09/08/15), el cual en palabras de aquel organismo
electoral, es de carácter meramente informativo, no implica emisión de voluntad alguna, ni
constituye autoridades derivadas del acto comicial.
Es decir, de validarse tales argumentos se caería en el contrasentido de
que las tareas menos relevantes del acto eleccionario contaran con un medio de seguridad
superior y más eficiente que los procedimientos que revisten mayor trascendencia.
Ahora bien, no obstante ello, por intermedio del organismo encargado de
controlar los comicios (Gendarmería Nacional), se procedió a contratar para la colocación
del sistema de monitoreo a una micro empresa de una jurisdicción ajena (radicada en
Santiago del Estero), cuyo propietario e instalador ha reconocido expresamente en
declaraciones públicas
(www.tucumanelige2015.lagaceta.com.ar/nota/653160/politica/hicieron-unos-150-
kilometros-para-pedirle-instale-camaras.html), carecer de ningún estudio o capacitación
que luzca suficiente a los fines de la realización de tales faenas. En las referidas
declaraciones menciona “empecé hace unos 10 años. Tengo amigos que fueron
instruyéndome e hice cursos. De ahí me largué a la reparación de PC y luego comencé con
las cámaras”.

A ello se suma el hecho de que han quedado descartadas de plano las
afirmaciones del propietario de la empresa INFO FOJ acerca de los daños padecidos por
los discos de almacenamiento de las grabaciones a raíz de fallas en el suministro de energía
eléctrica, con lo informado por EDET S.A. a fs. 116/117 y la inexistencia de alteraciones o
deficiencia en la prestación del servicio durante los días 22 al 24 de Agosto de 2015.
De allí que todos los argumentos explicitados para sostener la preservación
de las urnas por la cadena de seguridad teóricamente desarrollada, se torna ineficaz por no
poder controlar con las cámaras de seguridad el estado en que se encontraban al momento
de su recepción por el órgano competente para su control. Aquello que la demandada
entiende como “secundario” en la especie y a la luz de los argumentos y elementos de
prueba recabados en autos, adquiere tal relevancia que se torna en “primario y
fundamental”.
Y debe recalcarse con énfasis que dichas cámaras de seguridad, no
registraron los sucesos durante la etapa más trascendental del procedimiento electoral (los
días 23 y 24 de Agosto), debido a presuntos problemas energéticos que, como se dijo,
fueron absoluta y terminantemente negados por la empresa prestadora del servicio. En
esos días las mentadas cámaras eran de vital importancia para asegurar la certeza de los
cómputos finales, sin que se haya logrado acercar pruebas o se hayan evacuado
argumentos de relevancia que den cuenta de una situación que pudiera realmente haber
comprometido su funcionamiento.
A mayor abundamiento, si a todo ello se le agregan las constancias
obtenidas en la desgravación observada en la audiencia del día 14/09/2015, tomada al azar
de entre los 299 archivos correspondientes a una de las cámaras apostadas en el recinto
de depósito de las urnas (las cuales, hay que decirlo, funcionaron adecuadamente y sin
inconvenientes luego de los días 22, 23 y 24), en donde claramente se observa a un sujeto
colocando una nueva faja en la urna extraída del depósito de la JEP, el cúmulo de elementos
antes apuntados no deja margen para otra conclusión que la de inclinarnos por la nulidad
de los comicios del 23/08/2015.
Y aquí no parecen pertinentes las alusiones de la Provincia en su
presentación de fs. 265/266 relativas a la existencia de “fajas de seguridad
complementarias”, pues ello no está contemplado en ninguna de las disposiciones ni de la
Ley 7.876, ni del Código Nacional Electoral.
Con lo dicho y a contrario de lo expresado por la demandada, la nulidad
que se declarará no se apoya sobre las disposiciones de los artículos 117 y siguientes del
CEN, pero lejos está la decisión a la que arribamos de afincar en una causal abstracta de
nulidad, pues los hechos comentados y probados, su magnitud y en tanto limitaron o
influyeron el libre ejercicio del sufragio de gran parte de la ciudadanía y privaron al acto
comicial de la ineludible transparencia que debe ostentar; implican violaciones marcadas y
manifiestas al artículo 37 de la Constitución Nacional y al artículo 23 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, que consagran principios de rango superior a los

previstos en el Código Electoral Nacional.
En conclusión y conforme lo mencionado hasta aquí, el cúmulo de
irregularidades y anomalías graves acaecidas durante la jornada del 23/08/2015 y los días
posteriores, ante su entidad y trascendencia, no pueden ser desatendidas en tanto
involucran una clara conculcación o la vulneración de valores fundamentales
convencional y constitucionalmente previstos e indispensables para considerar que
se está en presencia de una elección libre y auténtica de carácter democrático.
A consecuencia de ello, corresponde declarar la nulidad de la totalidad del
acto eleccionario celebrado el día 23/08/2015 en la Provincia de Tucumán, debiendo el
Poder Ejecutivo realizar una nueva convocatoria a elecciones.
VIII.- Atento al resultado al que se arriba, deviene inoficioso el tratamiento
de las pretensiones de nulidad incoadas por el actor respecto de las providencias de la
Junta Electoral Provincial, dictadas en fecha 27/08/2015 en las actuaciones caratuladas
“Daniel Ponce s/ reclamos y protestas por el funcionamiento de la totalidad de las mesas
habilitadas en el comicio del 23/08/2015”, y en fecha 25/08/2015 en las actuaciones “Daniel
Ponce y Álvaro Contreras s/ solicitud de apertura de urnas y recuento voto a voto. Reserva
de nulidad de comicio”.
IX.- Costas: en virtud del progreso parcial de las pretensiones, se imponen
por su orden (artículo 26 CPC).
Diferir regulación de honorarios para su oportunidad.
Por ello, esta Sala Iª de la Excma. Cámara en lo Contencioso
Administrativo, con la integración que surge de la sentencia N° 806/15 (fs. 76),
R E S U E L V E:
Iº).- DECLARAR, por lo considerado, la inconstitucionalidad del artículo 57
de la Ley 6.944 y, en consecuencia, la competencia de este Tribunal para entender en la
presente causa.
IIº).- HACER LUGAR PARCIALMENTE a la acción de amparo deducida en
autos por el Frente Electoral Acuerdo para el Bicentenario. En consecuencia, DECLARAR
LA NULIDAD de los comicios llevados a cabo en la Provincia en fecha 23/08/2015,
debiendo el Poder Ejecutivo realizar una nueva convocatoria a elecciones.
III°).- COSTAS por su orden, como se consideran.-
IV°).- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.
V°).- NOTIFÍQUESE la presente a las partes y a la H. Junta Electoral
Provincial, adjuntándose copia certificada de este acto jurisdiccional, haciéndoseles
conocer que, en virtud de la trascendencia de lo aquí resuelto y de conformidad con la
doctrina que surge del artículo 28 del CPC, se entiende razonable DISPONER QUE SEAN
DE DOS DÍAS los plazos para interponer y tramitar los remedios procesales que prevé el

ordenamiento jurídico, habilitándose a tal efecto días y horas inhábiles.
VI°).- COMISIÓNASE al Sr. Secretario de esta Sala Iª de la Excma. Cámara
en lo Contencioso Administrativo Celedonio Gutiérrez, para la notificación a las partes y a
la H. Junta Electoral Provincial del presente pronunciamiento.
HÁGASE SABER.-
SALVADOR NORBERTO RUIZ EBE LÓPEZ PIOSSEK
ANTE MÍ: CELEDONIO GUTIERREZ.-

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