La ley reconoce la validez de los mensajes de datos y firmas electrónicas para dar seguridad jurídica a las transacciones comerciales electrónicas. Establece que los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que los documentos escritos. Las firmas electrónicas certificadas por proveedores de servicios de certificación se considerarán equivalentes a las firmas autógrafas. La ley crea una Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica para supervisar a los proveedores autorizados