El documento discute cómo los códigos de conducta corporativos representan la autorregulación de las organizaciones y tienen más fuerza normativa que las reglas impuestas externamente. También explica que aunque la legislación se puede ver como la voluntad de la comunidad, a menudo es el resultado de transacciones políticas. Los mecanismos legales como la objeción de conciencia tratan de equilibrar la legislación con la libertad individual en casos conflictivos.