Fuentes didh

Fuentes
del derecho
internacional de los
derechos humanos
Marycarmen Color Vargas
Todos los contenidos que integran la metodología
asi como las diversas fuentes complementarias
las puedes consultar en la herramienta virtual ReformaDH:
<www.reformadh.org.mx>
Metodología para la enseñanza
de la reforma constitucional
en materia de derechos humanos

Coedición: Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(oacnudh) y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf).
Contenidos: Marycarmen Color Vargas, es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Maestra en Derechos Huma-
nos por la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, diplomada en estudios migratorios por el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio
de Michoacán y diplomada en análisis político por la Universidad Iberoamericana y la Universidad Latina de América. Actualmente, es colaboradora de la
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Grupo coordinador de la metodología: Magdalena Cervantes Alcayde (scjn), Luis Miguel Cano (scjn), Marycarmen Color Vargas (oacnudh),
Ricardo Alberto Ortega Soriano (cdhdf), Ana Karina Ascencio Aguirre (cdhdf) y José Ricardo Robles Zamarripa (cdhdf).
Consultoría pedagógica: Viridiana Anaid Lobato Curiel.
Editor responsable: Alberto Nava Cortez. Cuidado de la edición: Bárbara Lara Ramírez y Haidé Méndez Barbosa. Diseño y formación: María
Eugenia Lucero Saviñón, Ana Lilia González Chávez y Gabriela Anaya Almaguer. Distribución: Jacqueline Ortega Torres, María Elena Barro Farías,
Eduardo Gutiérrez Pimentel y José Zamora Alvarado.
Primera edición, 2013
D. R. © 2013, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Av. Universidad 1449, col. Florida, pueblo de Axotla, del. Álvaro Obregón, 01030 México, D. F.
www.cdhdf.org.mx
D. R. © 2013, Suprema Corte de Justicia de la Nación
Av. José María Pino Suárez núm. 2, col. Centro, del. Cuauhtémoc, 06065 México, D. F.
www.scjn.gob.mx
D. R. © 2013, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Alejandro Dumas núm. 165, col. Polanco, del. Miguel Hidalgo, 11560 México, D. F.
www.hchr.org.mx
isbn: 978-607-468-545-9 (Obra completa)
isbn: 978-607-468-554-1 (Módulo complementario)
El contenido de los módulos que conforman este proyecto es responsabilidad exclusiva de las y los autores y no representa en forma alguna la opinión
institucional de la scjn, la oacnudh, la cdhdf ni de las instituciones a las que se encuentran adscritos.
Ejemplar de distribución gratuita. Prohibida su venta.
Se autoriza la reproducción total o parcial de la presente publicación siempre y cuando se cite a la fuente.

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Presentación del módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Presentación de la problemática: caso de la comunidad de Tsïtsïki Urapiti . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Primer diagnóstico: evaluación preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Análisis del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Segundo diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Desarrollo de las variables de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Los Sistemas de Protección y las Fuentes del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos (didh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sistema Regional: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos . . . . . . . 28
Las fuentes del Derechos Internacional de los Derechos Humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
El caso de la comunidad de Tsïtsïki Urapiti a la luz de la reforma constitucional
en materia de derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ejercicios adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Materiales de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Índice

La reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011 colocó
en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección y garantía de los derechos humanos re-
conocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste. Por ello, se trata de
una reforma que impacta de manera sustantiva en la labor de todas las autoridades del país, toda vez que
deben hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente.
Las instituciones a cargo de la elaboración de la Metodología para la Enseñanza de la Reforma Cons-
titucional en materia de Derechos Humanos, Reformadh, reiteran su posición en el sentido de que
todas las autoridades sin excepción se encuentran obligadas a asumir una responsabilidad de Estado en
la implementación de esta compleja transformación constitucional; y, en especial, reconocen aquella
que enfrentan las y los operadores de justicia, particularmente quienes tienen en sus manos la imparti-
ción de justicia o funciones asociadas con la defensa –tanto jurisdiccional como no jurisdiccional– de
los derechos humanos, para desarrollar todas sus acciones desde el nuevo paradigma que supone la
incorporación de una perspectiva de derechos humanos.
Lo anterior implica, entre otras cuestiones, el replanteamiento de estructuras y categorías de pensamien-
to utilizadas tradicionalmente por las y los juristas, además del desarrollo de una profunda reflexión
sobre el papel de la impartición de justicia en un Estado democrático y constitucional de derecho.
En estas condiciones, es importante resaltar que un cambio de tal envergadura requiere de estrategias y
mecanismos adecuados y eficaces para garantizar que las nuevas disposiciones constitucionales alcancen
los fines para los cuales han sido diseñadas. Por tal motivo, asegurar el efecto útil de la reforma consti-
tucional antes señalada sólo será posible en la medida en que las instituciones, la sociedad y la academia
exploren a profundidad los alcances de la multiplicidad de herramientas con las que ahora cuentan de
manera indubitable.
Presentación

5
Fuentes del derecho internacional de los derechos humanos
El material que se encuentra a su disposición ha sido elaborado a partir de una metodología de enseñan-
za basada en el análisis de casos y problemas, cuya finalidad primordial consiste en proporcionar a las y
los lectores –desde operadoras y operadores jurídicos hasta cualquier persona interesada– una orienta-
ción clara y didáctica para la aplicación práctica de las herramientas hermenéuticas y conceptuales que
proporciona el nuevo marco constitucional inaugurado a partir de 2011.
Asimismo, el presente esfuerzo busca que las personas desarrollen competencias para realizar el diag-
nóstico de casos, así como estimular sus capacidades de investigación en aras de fortalecer los procesos
de argumentación mediante los cuales se soportan los elementos para la solución de los problemas
jurídicos.
Al respecto, es necesario apuntar que los contenidos propuestos en cada uno de los módulos que con-
forman la presente metodología fueron construidos con la expectativa de desarrollar un piso mínimo
sobre el cual puedan cimentarse a futuro otras aproximaciones a la temática, por lo que, desde luego,
pueden ser objeto de una mayor profundización en el marco de diseños académicos más amplios a tra-
vés de planes y/o programas de estudio de las propias universidades.
Las instituciones que hemos participado en este esfuerzo esperamos que la Metodología para la Ense-
ñanza de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos, desarrollada para la elaboración del pre-
sente material, contribuya a fortalecer los procesos de trasformación de la cultura jurídica del país y
siente las bases de métodos de enseñanza del derecho a partir de nuevos esquemas y metodologías acor-
des con el enfoque de derechos humanos.
Min. Juan N. Silva Meza
Ministro Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación
Sr. Javier Hernández Valencia
Representante en México de
la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
Dr. Luis A. González Placencia
Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito
Federal

En junio de 2011 la Constitución mexicana sufrió una importante reforma que ha sido conocida como
“la reforma en materia de derechos humanos”. Este cambio en diversos artículos constitucionales ha
traído consigo un cambio paradigmático en el reconocimiento de estos derechos y en el establecimiento
explícito de herramientas jurídicas para su incorporación y aplicación. Tales herramientas se encuentran
principalmente establecidas en el artículo 1° constitucional que a la letra señala:
Presentación
del módulo

7
Las nuevas herramientas jurídicas que ofrece la reforma se pueden esquematizar de la siguiente manera:
Diagrama 1.
Esta Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos
propone un acercamiento y forma de aprendizaje a los contenidos de la reforma. Este módulo com-
plementario permitirá responder, de manera general, algunas dudas que las personas interesadas en la
implementación de la reforma pueden tener sobre el primero de los cuadros antes presentados. De ma-
nera que, en estas páginas, la lectora y el lector encontrarán un mapa de ruta para contestar la pregunta:
¿a partir de qué normas e instrumentos internacionales se conforma el contenido y obligaciones del
Estado mexicano en materia de derechos humanos?
La ruta crítica, hacia la respuesta de esta pregunta generadora, estará conformada a su vez por otras
preguntas más específicas: ¿Cuál es la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional?
Constitución
Mexicana
Tratados
internacionales
Derecho internacional
de los Derechos
Humanos:
Sistemas de Protección y
Fuentes del Derecho
Obligaciones
del Estado
Promover
Respetar Proteger
Garantizar
Prevenir,
invesigar,
sancionar
y reparar
Bloque de
constitucionalidad
Herramientas
de
interpretación/
aplicación
Control de
convencionalidad
Principio
pro persona
Interpretación
conforme
Principios de los derechos humanos
Universalidad/No dscriminación
Interdependencia
Invisibilidad
Progresividad/No regresión
DerechoshumanosenMéxico

8
¿Qué es el derecho internacional de los derechos humanos? ¿Cuáles son y cómo funcionan los Sistemas
Internacionales de Protección de los Derechos Humanos? y ¿Cuáles son las fuentes del Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos (didh)?
Así, el objetivo del presente módulo es incrementar la capacidad de las operadoras y operadores ju-
rídicos para utilizar las normas de derecho internacional de los derechos humanos en sus actividades
jurídicas; de manera que, al concluir con su contenido, podrán identificar la naturaleza y tipo de in-
formación de los instrumentos del didh, además de utilizarlos para la conformación del contenido de
los derechos humanos y las obligaciones del Estado en relación con aquéllos.

De acuerdo con la propuesta de la metodología de enseñanza de la reforma constitucional en materia de
derechos humanos, a continuación se presenta un caso hipotético a partir del cual la/el lector deberá
reflexionar antes de comenzar con el estudio de los contenidos del módulo.
Caso hipotético sobre la conformación del contenido de los derechos humanos y obligaciones del
Estado a partir del didh
Caso de la comunidad de Tsïtsïki Urapiti
HECHOS
El territorio de la comunidad de Tsïtsïki Urapiti se encuentra ubicado en la región amazónica de la Repú-
blica Federal de la Amazonia, en el área del bosque tropical de la provincia de La Pacanda, en las riberas
del Río Tzintzuntzan. Este es el único asentamiento del pueblo indígena Umma en el país y se compone
de alrededor de 1 200 habitantes.
De acuerdo con la cosmovisión del Pueblo Umma, su territorio posee una significación profunda: la selva
es el símbolo de la existencia del pueblo y los elementos de la naturaleza tienen espíritus que se encuen-
tran conectados entre sí y cuya presencia sacraliza los lugares. El 12 de mayo de 1992 el Estado, a través
de la Secretaría de la Reforma Agraria, adjudicó un área conocida como “Las Yácatas” (con una superficie
aproximada de 264.625 ha.) en favor de las comunidades del Río Tzintzuntzan, entre ellas la comunidad
de Tsïtsïki Urapiti.
El 26 de julio de 1996, luego de convocadas varias rondas de licitación para la exploración de hidrocarbu-
ros en el territorio “Las Yácatas”, de la provincia de La Pacanda, fue suscrito un contrato de participación
para la exploración de hidrocarburos y explotación de petróleo en esta zona, entre la Empresa Estatal de
Petróleo (Petro-Amazonia) y la empresa de Combustibles “Carboncito, S. A. de C. V.” (en adelante “em-
presa Carboncito”). El espacio territorial, otorgado en el contrato para ese efecto, comprendía un 65% de
los territorios ancestrales del Pueblo Umma.
Presentación
de la
problemática:
caso de la
comunidad de
Tsïtsïki Urapiti

10
En numerosas ocasiones, la empresa petrolera intentó gestionar la entrada al territorio de la comunidad
Tsïtsïki Urapiti y conseguir su consentimiento para la exploración petrolera, a través de diversas acciones
como: a) trato directo con las y los miembros de las comunidades, saltando el nivel de la organización indí-
gena; b) ofrecimiento de una caravana para atención médica a varios de los barrios que conforman Tsïtsïki
Urapiti, en la cual, para ser atendidas, las personas tenían que firmar un listado, el cual posteriormente se
habría utilizado como una carta de apoyo dirigida a la empresa Carboncito para que continuara sus traba-
jos; c) pago de sueldos a personas particulares dentro de la comunidad para que reclutaran a otras personas
a fin de avalar la actividad de prospección sísmica; d) ofrecimiento de regalos y de prebendas personales; e)
formación de grupos de respaldo a la actividad petrolera; y f) ofrecimientos de dinero, en forma individual
o colectiva.
El 28 de noviembre de 2002, el Presidente de la Unión Umma, representante de las 5 asociaciones del
pueblo Umma, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal de alzada correspondiente, en contra de la
empresa Carboncito (de acuerdo con la legislación constitucional de la República Federal de la Amazonia,
el recurso de amparo puede ser dirigido en contra de particulares, cuando su conducta afecte grave y di-
rectamente un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso) en el que solicitaron se suspendieran las
actividades hidrocarburíferas en la zona de “la Pacanda”, basando su solicitud en las normas de la Constitu-
ción Federal y fundando su solicitud de amparo en el hecho de que el ingreso de trabajadores de la empresa
petrolera a su territorio, para iniciar actividades de exploración petrolera, se había realizado sin consultar
previamente a las autoridades del pueblo indígena.
Entre los meses de octubre de 2002 y febrero de 2003, los trabajos de la empresa petrolera avanzaron un
29% al interior del territorio de Tsïtsïki Urapiti. En ese período, la empresa Carboncito cargó 467 pozos,
con aproximadamente 1433 kilogramos del explosivo “pentolita”, tanto a nivel superficial, como a mayor
profundidad. Los explosivos sembrados permanecen en el territorio Umma. En relación con las afectacio-
nes al territorio Tsïtsïki Urapiti, la empresa destruyó al menos un sitio de especial importancia en la vida
espiritual de los miembros del Pueblo. Del mismo modo, la empresa abrió trochas sísmicas, habilitó siete
helipuertos, destruyó cuevas, fuentes de agua y ríos subterráneos necesarios para consumo de agua de la
comunidad, taló árboles y plantas de gran valor medioambiental, cultural y de subsistencia alimentaria de
Tsïtsïki Urapiti. Los trabajos de la petrolera ocasionaron la afectación y suspensión, en algunos periodos,
de actos y ceremonias ancestrales culturales del pueblo Umma.
Entre febrero de 2003 y diciembre de 2004, fue denunciada una serie de hechos: presuntas amenazas y
hostigamientos realizados en perjuicio de líderes, miembros y las abogadas de Tsïtsïki Urapiti.

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1. Primer diagnóstico: evaluación preliminar
Con la información que se ha presentado sobre el caso y con base en su experiencia previa conteste las
siguientes preguntas:
¿Cuáles son los principales problemas, detrás del conflicto, que deben analizarse?•
¿Cuáles son los derechos que identifica han sido violados en contra de esta comunidad indí-•
gena?
¿A partir de qué normas e instrumentos conformaría usted el contenido de los derechos huma-•
nos, presuntamente violados, y las obligaciones que tiene el Estado respecto de estos?
¿Si tuviera que resolver el caso que se plantea, qué elementos tomaría en consideración?•

A continuación, se presenta la resolución que, en su momento, las autoridades que conocieron este caso
consideraron como pertinentes, siguiendo la lógica habitual aplicable a este tipo de problemáticas:
La autoridad judicial responsable de resolver el caso, vía el recurso de amparo interpuesto por la comu-
nidad de Tsïtsïki Urapiti en contra de la empresa Carboncito, no entró al conocimiento de la contro-
versia planteada, argumentando que el recurso de amparo no era adecuado y eficaz para solucionar la
situación, pues el amparo no estaba concebido para impugnar un contrato de concesión petrolera. De
manera extraoficial, la jueza de la causa señaló que el caso debió ser impugnado a través de un recurso
contencioso-administrativo.
Es relevante mencionar que el recurso de amparo constitucional, interpuesto el 28 de noviembre de
2002, tenía por objeto solicitar a la autoridad judicial competente que ordenara medidas urgentes para
suspender las actividades hidrocarburíferas, efectuadas dentro del territorio ancestral de Tsïtsïki Urapiti
y hacer cesar actos cometidos a partir de noviembre de 2002, por personas que actuaban por delegación
o concesión de la autoridad pública, que estaban causando graves daños a este pueblo indígena y sus
miembros. El recurso interpuesto por la comunidad se fundó en normas constitucionales y no tenía
por intención dejar sin efecto el contrato de concesión petrolera celebrado entre el Estado y la empresa
privada, sino que solicitaba que se respetaran las normas nacionales e internacionales sobre derecho de
los pueblos indígenas, reconocidas por el propio Estado.
Después de la negativa que hubo a nivel nacional, la comunidad Tsïtsïki Urapiti intentó, por vía del
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que la violación a sus derechos hu-
manos fuese reconocida.
Análisis
del caso

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1. Segundo diagnóstico
Como complemento a las interrogantes planteadas en el primer diagnóstico del caso y sabiendo cuál
fue la resolución de las autoridades correspondientes es importante que ahora la/el lector se plantee las
siguientes interrogantes:
¿Cómo califica el proceder del poder judicial, con el conocimiento que tiene de las últimas•
reformas que ha sufrido la constitución mexicana en materia de derechos humanos y en ma-
teria de amparo?
¿Qué normatividad nacional e internacional es aplicable al caso?•
¿Identifica violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades implicadas en el•
caso? De ser así ¿cuáles identifica?
¿Le merece alguna opinión la resolución del caso, considerando el derecho a un recurso efec-•
tivo que remedie la violación de derechos humanos?
Después de la reflexión sobre estas preguntas, se desarrollarán los contenidos del módulo, a partir de
los cuales la/el lector deberá volver a plantearse estas mismas interrogantes; en aras de identificar si las
herramientas aquí expuestas permiten que se tenga un enfoque del caso con perspectiva de derechos
humanos.

1. Los Sistemas de Protección y las Fuentes del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos (didh)
Para el desarrollo del contenido de este módulo, como ya se hizo referencia en la presentación de éste, se
tratará de ir dando respuesta a preguntas relacionadas con el didh, que finalmente ayudarán a la/el lec-
tor a conocer, de manera general, cuáles son las normas e instrumentos internacionales que conforman
los estándares de derechos humanos y a partir de los cuales se puede integrar el contenido y obligaciones
de los Estados en materia de derechos humanos.
a) ¿Cuál es la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional?
La visión contemporánea de los derechos humanos está dotada de una sólida base jurídica y un amplio
reconocimiento formal y protección legal. Actualmente, estos derechos se consagran en muchas de las
Constituciones de los países y, a nivel internacional, en tratados internacionales y otros instrumentos.
En este sentido es importante que la/el lector tenga presente dos cuestiones:
a) El derecho internacional tiene su origen en un sistema jurídico diferente del que rige dentro de
cada país.
b) El orden jurídico interno y el internacional no se encuentran ajenos el uno del otro; por el con-
trario, ejercen entre ellos una influencia recíproca y complementaria, en el caso de los derechos
humanos.
Desarrollo de
las variables
de investigación

15
Algo de historia sobre los derechos humanos…
En el plano internacional, los abusos generalizados de los derechos humanos y libertades fundamentales
durante el decenio de 1930, que culminaron en las atrocidades de la segunda Guerra Mundial (1939 a
1945), pusieron fin a la idea de que cada Estado por su cuenta tenía la última palabra en el trato que daba a
las personas que se encontraban dentro de su territorio. En junio de 1945, la firma de la Carta de las Naciones
Unidas situó a los derechos humanos en la esfera del derecho internacional; de manera que, todos los Esta-
dos Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (onu) acordaron adoptar medidas para proteger
los derechos humanos.
oacnudh-México, 20 claves para conocer y comprender mejor los derechos humanos,
México, 2012, oacnudh, pp. 4.
A continuación, se explicarán algunos aspectos relevantes de cada una de las premisas señaladas:
El derecho internacional tiene su origen en un sistema jurídico diferente del que rige
dentro de cada país
En relación con este primer aspecto, es muy posible que la/el lector recuerde las teorías “monista” y
“dualista” a través de las cuales se enseña tradicionalmente la relación que existe entre el derecho inter-
nacional y el derecho interno de los Estados. Actualmente, éstas no son las únicas posturas teóricas para
explicar la relación entre sistemas normativos distintos. Un acercamiento diferente nos lo da el “plu-
ralismo jurídico”. De manera muy sencilla, Boaventura de Sousa Santos, propone que el derecho sea
comparado con un mapa pues, al igual que estos, las leyes, las normas, las costumbres y las instituciones
jurídicas, son un conjunto de representaciones sociales, un modo específico de imaginar la realidad, lo
cual tiene muchas semejanzas con los mapas.
Valdría la pena traer primero a la mente un mapa de la República Mexicana, después un mapa del Es-
tado de Oaxaca y después otro de la ciudad de Oaxaca. Estos tres son una representación de la realidad
en diferentes escalas, se pueden sobreponer y dar tanto información como proyecciones distintas, al
definir fronteras y organizar el espacio desde cada una de sus ópticas. Con esta idea del derecho como
mapa, se trata de explicar que en la sociedad circula no sólo una, sino varias formas de derecho o modos
de juricidad, dentro de las cuales, el derecho estatal es apenas una de esas formas.
Las varias formas de derecho que existen, tienen en común el ser mapas sociales (varían en cuanto a los
campos de acción social o grupos que regulan, en cuanto a su durabilidad, el modo como se previenen
y resuelven los conflictos, los mecanismos de reproducción de legalidad, entre otros); y tal como los

16
mapas cartográficos, recurren a la escala, la proyección o la simbolización para representar y distorsionar
la realidad.1
Esta concepción del derecho no debería resultar ajena a las y los operadores jurídicos de México, ya
que la Constitución Mexicana reconoce otros sistemas normativos diferentes al creado por el Estado
Mexicano. En el artículo 2° Constitucional (reformado en 2001) se reconocen los sistemas normativos
indígenas, referidos como “usos y costumbres”, y en el artículo 1° se reconoce la relación entre el dere-
cho nacional y derecho producido a nivel internacional, específicamente aquel en materia de derechos
humanos.
Así, se debe comprender que cada sistema normativo –como lo son el internacional y el nacional– es
una representación jurídica de lo social que tiene orígenes, sujetos de aplicación, fuentes diferentes y
que se encuentra en constante interacción y contacto con otros sistemas normativos que existen. En este
punto, sería importante aclarar, en un lenguaje muy sencillo, dos aspectos en relación con el didh:
¿Quién hace las normas internacionales de derechos humanos?
El orden jurídico internacional está construido en torno a una comunidad de Estados. Las leyes que rigen
ese ordenamiento, por consiguiente, son principalmente leyes para los Estados, hechas por los Estados y
sobre las obligaciones de los Estados. Como tales, son aquellos los que hacen las normas mediante la cos-
tumbre, la elaboración de tratados y la redacción de declaraciones, conjuntos de principios y demás instru-
mentos. Los Estados acuerdan el contenido de esas normas y convienen en estar obligados por ellas. En el
caso de las normas de derechos humanos, aunque son las personas y los grupos quienes quedan protegidas
por ellas, lo que se regula es la conducta de los Estados y sus agentes.
1
Podría ser muy útil para la/el lector consultar el texto: De Sousa Santos, Boaventura, “Una cartografía simbólica de las representaciones
sociales. Prolegómenos a una concepción posmoderna del derecho” en: Nueva Sociedad, núm. 116, noviembre, diciembre 1991. Dispo-
nible en internet: <https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/10786/1/Una%20cartograf%C3%ADa%20simb%C3%B3lica%20
de%20las%20represantaciones.pdf>. [Última vez consultado: enero 2013].

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¿Dónde se desarrollaran y aprueban las normas internacionales de derechos humanos?
Las normas de derechos humanos se desarrollan en diversas organizaciones internacionales mediante un
proceso en el que las/los representantes de los Estados Miembros se reúnen, por lo general de manera
repetida durante varios años, para definir de manera minuciosa la forma y el fondo de los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
En los órganos de las Naciones Unidas se invita a todos los Estados a asistir y participar en la redacción,
con el fin de asegurar que el documento final refleje las opiniones y la experiencia de todas las regiones del
mundo y los grandes ordenamientos jurídicos. Sea para un tratado o para una declaración, toda propuesta
se estudia a detalle y se somete a debate, hasta que se acuerda un texto definitivo. Incluso entonces, en el
caso de los tratados, un Estado no está obligado por el instrumento hasta que lo ha firmado y ratificado.
Los instrumentos de aplicación universal son elaborados por los órganos de derechos humanos de las Na-
ciones Unidas. Por otro lado, las grandes organizaciones regionales como el Consejo de Europa, la Organi-
zación de Estados Americanos y la Organización de la Unidad Africana también elaboran instrumentos de
derechos humanos. México participa a nivel regional en la Organización de Estados Americanos (oea), de
donde surge el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
El orden jurídico interno y el internacional no se encuentran ajenos el uno del otro;
por el contario, ejercen entre ellos una influencia recíproca y complementaria,
en el caso de los derechos humanos
La/el lector debe considerar que las normas que conforman el didh tienen una naturaleza particular
que las diferencia de otras ramas del derecho internacional público2
y que lo hacen relevante para el
actuar de todos los Estados en el plano nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha
precisado de la siguiente manera, al referirse a los tratados en la materia:
2
De manera general se puede referir que el Derecho Internacional Público “regula principalmente aquéllas relaciones entre Estados
que éstos de manera libre y soberana deciden sustraer de su ámbito exclusivamente nacional; de esta suerte, dentro de las principales
materias que regula el Derecho Internacional Público encontramos la estabilización de las relaciones interestatales, la prevención de
los conflictos, la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, la regulación del orden económico internacional y la
armonización normativa internacional”. scjn y oacnudh, “Nota introductoria”, Compilación de Instrumentos Internacionales, Sobre
Protección de la Persona Aplicables en México, Tomo 1: Derecho Internacional de los Derechos Humanos, México, scjn/oacnudh, 2012,
pág. lxxviii. También es importante agregar que “en el marco del Derecho Internacional Público encontramos un importante desarro-
llo de diferentes sistemas normativos que buscan otorgar protección a la persona humana, partiendo del reconocimiento de derechos
y obligaciones que están garantizados mediante el establecimiento de mecanismos especializados y organismos competentes para este
propósito. En este orden, encontramos principalmente al Derecho internacional de los Derechos Humanos y de manera complemen-
taria otros sistemas como el Derechos Internacional Humanitario, el Derecho Internacional del Trabajo, el Derecho Internacional de
los Refugiados y el Derecho Penal Internacional [...] [Todas estas vertientes del Derecho Internacional] le dan contenido y alcance al
Derecho Internacional de Protección de la persona Humana.” Ibidem, pp. xxxv.

18
“Los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, [...] son tratados multilaterales de tipo
tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo
de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres
humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los
otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a
un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con
otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.3
La Corte Interamericana, en esta opinión consultiva, alude únicamente a los tratados en materia de de-
rechos humanos, pero existen otras fuentes a partir de las cuales se conforma el didh. Si bien es cierto
que los tratados son la fuente principal de obligaciones de los Estados, existen otras normas que comple-
mentan su contenido y que conforman el llamado corpus iuris internacional de los derechos humanos.
En relación con este concepto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que el didh
“está conformado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos va-
riados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones)”.4
Los diferentes instrumentos internacionales
que conforman el corpus iuris, con sus naturalezas jurídicas diferentes, sirven para comprender mejor el
contenido de los derechos y las obligaciones que los Estados tienen frente a los derechos humanos.
¿Cuáles son las normas e instrumentos que conforman el didh?
Como ya se hizo referencia, el didh es una rama del derecho internacional público y, como tal, las fuen-
tes de este último son siempre referidas cuando se quiere responder la pregunta ¿de dónde provienen las
normas del didh? En este sentido, en el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
se señalan como fuentes del Derecho Internacional Público las siguientes:
a) Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresa-
mente reconocidas por los Estados.
b) La costumbre internacional, como prueba de una práctica generalmente aceptada como de-
recho.
c) Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas.
d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas
naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho.
Es importante destacar que esta concepción de las fuentes del derecho internacional general, traída al
didh, no debe concebirse como una suerte de camisa de fuerza que restringa la relevancia de los dife-
rentes instrumentos internacionales que constituyen el corpus iuris de los derechos humanos, como lo
3
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-2/82 relativa al efecto de las reservas sobre la entrada en vigor
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 de septiembre de 1982.
4
Véase Corte idh. Caso de los hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Sentencia del 8 de julio de 2004, serie C, núm. 110, párr. 166; y
Corte idh, “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, Opinión
Consultiva OC-16/99, serie A, núm. 16, 1 de octubre de 1999, párr. 115.

19
ha referido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que, para la configuración del
contenido del didh se deben considerar complementariamente las fuentes del derecho internacional
público y el estándar de corpus iuris internacional de los derechos humanos.
Los diferentes Sistemas de Protección de los derechos humanos han devenido en la producción de ins-
trumentos internacionales y en la creación de diferentes mecanismos que coadyuvan a la comprensión
del contenido de los derechos y de las obligaciones de los Estados, en materia de derechos humanos, así
como a su cumplimiento.5
Estos instrumentos y sus mecanismos de vigilancia deben ser conocidos por
las y los operadores jurídicos, para poder comprender la relevancia del concepto de corpus iuris interna-
cional de los derechos humanos.
De esta manera, antes de pasar a la conceptualización de cada una de las fuentes del didh, se explicará
cuáles son y cómo funcionan los mecanismos de protección de los derechos humanos.
2. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos6
Este sistema surge de los instrumentos internacionales de derechos humanos que se desarrollan en la
Organización de las Naciones Unidas y de los mecanismos que ésta organización ha creado para pro-
tección y cumplimiento de los derechos humanos por los Estados Parte.
Como recordará la/el lector, estas normas de derechos humanos se desarrollan mediante un proceso en
el que las y los representantes de los Estados Miembros se reúnen para definir, de manera minuciosa, la
forma y el fondo de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los principales instrumen-
tos del Sistema Universal que conforman el didh son:
La Carta de las Naciones Unidas
Es la fuente primordial de autoridad para la promulgación de normas de derechos humanos, por ór-
ganos de las Naciones Unidas. El segundo párrafo del preámbulo afirma que uno de los principales
propósitos de las Naciones Unidas es: “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en
la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las
naciones grandes y pequeñas”. Por otro lado, el párrafo 3 del artículo 1° de la Carta, establece que uno
de los propósitos de las Naciones Unidas es realizar la cooperación internacional en “el desarrollo y
estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distin-
ción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.
5
Para un análisis desde la academia, véase: Caballero Ochoa, José Luís, La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos
humanos en España y México, México, Porrúa, 2009, pp. 9-13 ss.
6
Esta parte del documento retoma información de otros textos en cuya elaboración ha colaborado la autora: oacnudh-México, 20
claves para conocer y comprender mejor los derechos humanos, México, oacnudh, 2012 y oacnudh, “Los derechos humanos de las per-
sonas migrantes desde el Derecho Internacional” en: Calleros Alarcón, Juan Carlos, La protección de los derechos humanos de las personas
migrantes: una guía para las y los servidores públicos, México, segob/inm/oacnudh, 2012.

20
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
Se creó en 1948 y es la base jurídica del siglo xx en materia de derechos humanos. En sus 30 artículos,
contiene derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho de toda persona “a
que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración se hagan plenamente efectivos”.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se consagran los derechos considerados funda-
mentales, que no constituyen una lista cerrada. Desde entonces y hasta la fecha, se han creado diversos
instrumentos en los cuales se desarrollan los derechos que la Declaración establece, sus principios
han inspirado más de 150 instrumentos de derechos humanos.
Los tratados en materia de derechos humanos
Las normas en materia de derechos humanos a nivel internacional tienen su origen, principalmente, en
los tratados internacionales. Éstos son acuerdos escritos celebrados entre dos o más Estados, de manera
libre, que tienen efectos jurídicos vinculantes entre ellos. Estos instrumentos, también llamados Pactos,
Convenciones o Protocolos, necesitan cumplir con un procedimiento para que sean obligatorios para
los Estados (firma y ratificación). En el caso de México, el Poder Ejecutivo Federal junto con el Senado
de la República son las autoridades responsables de firmar y ratificar, respectivamente, los tratados in-
ternacionales que suscribe el país.
Actualmente existen nueve tratados básicos en materia de derechos humanos, los cuales son nombrados
Pactos o Convenios. Estos tratados son:
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.•
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.•
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación•
Racial.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.•
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.•
Convención sobre los Derechos del Niño.•
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Mi-•
gratorios y de sus Familiares.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.•
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones•
Forzadas.
Algunos de estos tratados han dado origen a otros, llamados protocolos. En éstos, se complementan
las facultades y atribuciones del tratado en cuestión (ej. Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos que otorga al Comité de Derechos Humanos competencia para conocer
denuncias presentadas por presuntas víctimas de los derechos contenidos en dicho Pacto) o profundi-

21
zan sobre una cuestión sustantiva (ej. Segundo Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte).
Por otro lado, además de estos 9 tratados y sus protocolos, existen otros tratados, principios y declara-
ciones, que son relevantes en materia de derechos humanos. Algunos de estos son:
Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.•
Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo.•
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.•
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos.•
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.•
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de•
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente
reconocidos.
Declaración y programa de acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Dere-•
chos Humanos, entre otros.
Las declaraciones, principios, directrices y códigos de conducta no tienen los efectos jurídicos que
tienen los tratados; sin embargo, como ya se ha referido, son parte del corpus iuris del Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos.
Un dato interesante sobre la obligatoriedad del didh, está en que cada Estado miembro de la onu, 193
en total, ha ratificado por lo menos uno de los tratados principales sobre los derechos humanos, y un
80% han ratificado cuatro o más de ellos. México ha ratificado los nueve tratados básicos en materia de
derechos humanos. Al ratificar un tratado el gobierno mexicano adquiere la obligación legal de respetar,
proteger y hacer efectivos los derechos reconocidos en estos instrumentos.
Una lista general de los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos se puede encon-
trar en la siguiente dirección electrónica: <http://www2.ohchr.org/spanish/law/>.
a) Órganos creados en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos
Dentro del Sistema de las Naciones Unidas, se han establecido varios Comités en virtud de los dis-
tintos tratados internacionales de derechos humanos,7
con el fin de vigilar el cumplimiento por parte
de los Estados de lo dispuesto en esos instrumentos. Estos Comités están constituidos por expertas y
expertos independientes, nombrados por los propios Estados Partes.
Dichos Comités tienen la tarea de examinar los informes de los tratados que presentan los Estados
Partes de manera periódica. En estos informes los Estados Partes narran las medidas que han adopta-
7
Al ser estos órganos creados en virtud de un tratado internacional, también se les ha llamado mecanismos convencionales.

22
do para dar efecto a los derechos contenidos en los tratados respectivos. Después de esta revisión y de
haber también revisado los informes alternativos presentados por la sociedad civil, el Comité emite
“observaciones finales” referentes a los avances y retos pendientes del Estado Parte para cumplir con la
aplicación del tratado en cuestión y recomienda a los Estados tomar algunas medidas para cumplir con
sus obligaciones en materia de derechos humanos.
En varias ocasiones, los Comités han concluido que se han producido violaciones de los tratados y han
instado a los Estados Partes a poner fin a las infracciones de los derechos de que se trata. En el ámbito
de las observaciones finales, los Comités pueden formular recomendaciones específicas a los Estados
Partes, para impedir que se produzcan nuevas violaciones. Aunque esas observaciones no son vinculan-
tes desde el punto de vista jurídico, se espera de los Estados Partes adopten las medidas necesarias para
aplicarlas de buena fe.
Quizá la función más importante de los Comités sea la adopción de Observaciones Generales o Reco-
mendaciones Generales,8
con las cuales los Comités buscan:
Dar mayor claridad de interpretación en cuanto a los objetivos, el significado y el contenido•
de los tratados respectivos (incluyendo interpretaciones autorizadas acerca del significado con-
creto de determinados artículos de los tratados).
Promover la aplicación de los tratados al señalar a los Estados Partes las deficiencias que se•
revelan de los informes periódicos.
Asistir a los Estados Partes en el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.•
Además de las prácticas anteriores, los Comités están facultados para examinar denuncias o comunica-
ciones individuales de personas por violaciones a los derechos humanos, imputables al Estado Parte.9
Sin embargo, para que esta competencia se actualice, es necesario que los Estados hagan la declaración
de que reconocen la competencia del Comité en cuestión (ya sea al momento de la ratificación del trata-
do o en cualquier otro posterior) para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas,
o a nombre de estas, que se encuentren bajo su jurisdicción y que aleguen ser víctimas de violaciones de
las disposiciones de la Convención por el Estado Parte. A esta facultad de los Comités se le ha llamado
8
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
utilizan el término Recomendaciones Generales, a diferencia del resto de los Comités, que utiliza el de Observaciones Generales.
9
Para que una persona pueda presentar una denuncia, hay que cumplir dos condiciones: en primer lugar, debe estar dirigida contra un
Estado que sea parte del tratado; en segundo lugar, el Estado Parte debe haber reconocido la competencia del Comité, establecido en
virtud del tratado pertinente, para examinar denuncias individuales (mediante una cláusula o protocolo facultativo). Las dos prin-
cipales fases en cualquier procedimiento de denuncia individual son la admisibilidad y el fondo de la cuestión. Para que el Comité
considere que una denuncia es admisible, aquélla debe satisfacer los requisitos formales del procedimiento. En general, la denuncia
debe ser presentada por la víctima o su representante en forma escrita y firmada. Todas las vías de recurso internas del país deben ha-
berse agotado, a menos que no estuvieran disponibles o se prolongaran excesivamente. El fondo de la cuestión se refiere a su sustancia
y el Comité declara sus razones para concluir que se ha cometido o no una violación del tratado. Si el Comité considera que se ha
cometido una violación de los derechos del denunciante previstos en el tratado, insta al Estado parte a proporcionar información en
un plazo de tres meses sobre las medidas que ha adoptado en relación con el dictamen del Comité. Si el Estado parte no adopta las
medidas apropiadas, el Comité remite el caso para su seguimiento a fin de examinar las nuevas medidas que deben adoptarse. Para
mayor información a este respecto, véase oacnudh, Violaciones a derechos humanos en México: ¿Cómo presentar una queja ante la
onu?, México, onu-dh, 2012. Disponible en: <http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/2011/queja_documento.pdf>.

23
“cuasijurisdiccional”, ya que su procedimiento se realiza en un esquema judicial; sin embargo, por la
naturaleza de los Comités, éstos sólo emiten recomendaciones.
Otra de las facultades que tienen algunos de los órganos de tratados, es la realización de investigaciones
por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, cuando hayan recibido información fidedigna que
revele violaciones graves de las disposiciones del tratado respectivo. En este caso, el Comité realiza una
investigación, en el marco de la cual puede realizar visitas al país, y emite observaciones y recomenda-
ciones como resultado del análisis de tal investigación. Este procedimiento no se puede realizar en los
casos en los que los Estados Partes hayan optado y señalado expresamente quedar al margen de esta
facultad del Comité.
Actualmente existen 10 órganos, creados en virtud de los principales tratados de derechos humanos. En
atención a que México ha ratificado los tratados que les dan origen, es importante tener en considera-
ción la siguiente información:10
Tratado Fecha de
ratificación por
México
Órgano de tratado
encargado de su
cumplimiento
Facultades del Comité en
relación con México
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
23 de marzo de 1981
Comité de Derechos
Económicos, Sociales
y Culturales (cescr,
por sus siglas en
inglés)
No recibe comunicaciones
individuales sobre México pues
no ha ratificado el Protocolo
Facultativo
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Entró en vigor
internacional el 5
de mayo de 2013.
No ha sido ratificado
por México
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos
23 de marzo de 1981
Comité de Derechos
Humanos (hcr, por sus
siglas en inglés)
Sí recibe comunicaciones
individuales sobre México
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos
15 de marzo de 2002
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos desti-
nado a abolir la pena de muerte
26 de septiembre
de 2007
Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial
20 de febrero
de 1975
Comité para la
Eliminación de la
Discriminación Racial
(cerd, por sus siglas
en inglés)
___
Puede realizar investigaciones
sobre violaciones sistemáticas a
derechos humanos
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer
23 de marzo de 1981 Comité para la
Eliminación de la
Discriminación contra
la Mujer (cedaw, por
sus siglas en inglés)
___
derechos humanos
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción Contra la Mujer
15 de marzo de 2002
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
23 de enero de 1986
Comité contra la
Tortura (cat, por sus
siglas en inglés)
___
derechos humanos
10
El estatus de ratificación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como las reservas hechas a es-
tos, se pueden consultar de manera siempre actualizada en la siguiente dirección electrónica: <http://treaties.un.org/Pages/Treaties.
aspx?id=4& subid=A&lang=en>. [Consultado en mayo de 2012]

24
Tratado Fecha de
ratificación por
México
Órgano de tratado
encargado de su
cumplimiento
Facultades del Comité en
relación con México
Protocolo Facultativo de la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, In-
humanos o Degradantes
11 de abril de 2005
Subcomité para la
Prevención de la
Tortura (spt, por sus
siglas en ingles)
Tiene facultades diferentes al
resto de los órganos de tratado
Convención sobre los Derechos del Niño
21 de septiembre
de 1990
Comité de los
Derechos del Niño
(crc, por sus siglas en
inglés)
Podrá recibir comunicaciones
individuales cuando entre
en vigor el protocolo
correspondiente y México lo
haya ratificado
Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño Relativo a la Participa-
ción de Niños en los Conflictos Armados
15 de marzo de 202
los Derechos del Niño Relativo a la Venta de
Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización
de Niños en la Pornografía
15 de marzo de 2002
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a un procedimiento
de comunicaciones
Aún no entra en vigor
internacional y no ha
sido ratificado por
México11
Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores Mi-
gratorios y de sus Familiares
8 de marzo de 1999
Comité de Protección
de los Derechos de
los Trabajadores (cmw,
por sus siglas en
inglés)
Podrá recibir comunicaciones
cuando 10 Estados Partes han
hecho la declaración necesaria
(artículo 77)12
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad
17 de diciembre
de 2007
Comité sobre
los Derechos de
las Personas con
Discapacidad (crpd,
por sus siglas en
inglés)
___
derechos humanos
los Derechos de las personas con Discapaci-
dad
17 de diciembre
de 2007
Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas Contra las Desapariciones
Forzadas
18 de marzo de 2008
Comité sobre todas
las formas de
Desaparición Forzada
(ced, por su siglas en
inglés)
No recibe comunicaciones
individuales sobre México pues
no ha hecho la declaración
correspondiente al artículo 31
___
derechos humanos
b) Mecanismos basados en la Carta de las Naciones Unidas
Otros de los mecanismos de protección del Sistema Universal devienen de la Carta de las Naciones
Unidas. De manera general se pueden referir: El Consejo de Derechos Humanos y los Procedimientos
Especiales.
El Consejo de Derechos Humanos y el Examen Periódico Universal
Desde marzo de 2006, el Consejo de Derechos Humanos reemplazó a la antigua Comisión de Dere-
chos Humanos. El Consejo es un órgano intergubernamental y un foro mundial de discusión que se
reúne en Ginebra durante al menos 10 semanas al año. Sus principales funciones son: analizar viola-
11
Hasta abril de 2013 sólo habían ratificado este Protocolo: Bolivia, Gabón, Alemania y Tailandia.
12
Hasta abril de 2013 habían hecho tal declaratoria: México, Guatemala y Uruguay.

25
ciones graves y sistemáticas de derechos humanos y desarrollar el derecho internacional de los derechos
humanos. El Consejo es un órgano subsidiario de la Asamblea General, compuesto por 47 Estados
Miembros de la onu, elegidos por un período inicial de tres años.
El Consejo también organiza foros especiales y cuenta con otros órganos que le brindan asesoría, tales
como: el Comité Asesor (que puede proponer mejoras y estudios), el Grupo de Trabajo sobre el De-
recho al Desarrollo, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Foro
sobre Cuestiones de las Minorías, el Foro Social, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas de
Descendencia Africana, entre otros. La agenda y temas que se discuten en el Consejo, y en sus órganos
asesores, marcan importantes pautas sobre los derechos humanos en el plano internacional.
El mandato más nuevo del Consejo de Derechos Humanos es el Examen Periódico Universal, conocido
como epu por sus siglas. Este fue creado en marzo de 2006, por la misma resolución que estableció
el Consejo. El epu es un procedimiento novedoso que involucra la revisión del cumplimiento de las
obligaciones y compromisos de derechos humanos de cada uno de los Estados Miembros de la onu,
cada cuatro años. Es un mecanismo de cooperación basado en el diálogo interactivo entre los Estados y
tiene como finalidad complementar la labor de los órganos de tratados, pues en el examen se hace una
evaluación global de todos los derechos humanos.
El epu es un examen que se desarrolla a partir del análisis de la información que prepara el Estado
sometido a examen, una recopilación de información presentada por la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (basada en informes de los procedimientos especiales
y los órganos de tratados) y un resumen que prepara la Alta Comisionada sobre información que
envían las organizaciones no gubernamentales, las instituciones nacionales de derechos humanos y
otros actores/as relevantes.
El examen inicia con una discusión interactiva entre el Estado examinado y el Grupo de Trabajo del epu
y concluye en el pleno del Consejo de Derechos Humanos, con un documento de resultados en el que
los miembros del Consejo hacen recomendaciones al Estado Parte evaluado. El siguiente ciclo de examen
del epu, el cual comenzó en 2013, se realiza un proceso de seguimiento del cumplimiento de tales reco-
mendaciones.
En 2009, el Consejo de Derechos Humanos emitió una lista de recomendaciones al Estado mexicano en
el marco del epu. La nueva revisión de México tendrá lugar este 2013 en la 17° Sesión del Consejo.
Mayor información sobre el Examen Periódico Universal de México se puede encontrar en:
<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MXSession4.aspx>.
Los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas
Se refieren a los mecanismos establecidos en 1979 por la Comisión de Derechos Humanos (actual Con-
sejo de Derechos Humanos) para abordar situaciones específicas en los países o cuestiones temáticas en

26
todo el mundo. Los Procedimientos Especiales pueden ser una persona en lo individual (un relator/a
o experto/a independiente) o un grupo de trabajo. Son personas destacadas expertas que trabajan a títu-
lo voluntario y son nombradas por el Consejo de Derechos Humanos. Estos procedimientos especiales
también son conocidos como mecanismos no convencionales. A diferencia de los órganos de tratados,
para poner en funcionamiento los procedimientos especiales, no se requiere que el Estado haya ratifica-
do un instrumento o tratado en particular ni haberse agotado los recursos e instancias nacionales para
que conozca de casos particulares.
Actualmente existen 36 mandatos temáticos13
y 12 mandatos sobre países14
específicos (las temáticas
y los países que son supervisados y asesorados por los procedimientos especiales cambian de acuerdo
con las consideraciones que respecto a estos hace el Consejo de Derechos Humanos).
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Título/mandato
Relatora especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado
Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes
Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria
Relatora Especial sobre los derechos culturales
Relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas
Relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud incluidas sus causas y consecuencias
Relatora especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
Relator especial sobre el derecho a la educación
Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias
Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
Relatora especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
Relator especial sobre el derecho a la alimentación
Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión
Relator especial sobre la libertad de religión o de creencias
Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
Relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados
Experto independiente sobre la promoción de una orden internacional democrático y equitativo
Relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas
Relator especial sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas
Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar
el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación
Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de
un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible
Relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes
Experta independiente sobre cuestiones de las minorías
13
La lista siempre actualizada puede encontrarse en: <http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/themes.htm>.
14
Hasta abril de 2013 los países que tienen mandato por país son: Bielorrusia, Camboya, Costa de Marfil, República Popular Demo-
crática de Corea, Eritrea, Haití, República Islámica del Irán, Myanmar, Territorios Palestinos, Somalia, Sudán y Siria. La lista siempre
actualizada puede encontrarse en: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx>.

27
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Título/mandato
Relator especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de
intolerancia
Relatora especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento
Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional
Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras
internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los
derechos económicos, sociales y culturales
Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo
Relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Relator especial sobre las implicaciones para los de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las
sustancias y los desechos peligrosos
Relatora especial sobre la trata de personas, especialmente las mujeres y los niños
Grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas
Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica
Relatora especial sobre la violencia contra la mujer
Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición
Todos los procedimientos especiales informan al Consejo de Derechos Humanos sobre sus conclusiones
y recomendaciones. Los procedimientos especiales son, en algunas ocasiones, el único mecanismo que
sirve para alertar a la comunidad internacional sobre determinadas cuestiones de derechos humanos, de
manera pronta y ágil, con mecanismos más rápidos de intervención y contacto con diversos actores.
En términos generales, la labor de las y los relatores especiales se centra en los siguientes puntos:15
Contribuir con la elaboración de estudios temáticos, al desarrollo de normas y preceptos rec-•
tores y relativos al tema de su mandato.
Recibir y analizar información• 16
acerca de situaciones relativas a los derechos humanos, pro-
veniente de diversas fuentes y de forma constante y relacionarse e intercambiar información
15
Véase Resolución 2000/86 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
16
Las comunicaciones enviadas a los Procedimientos Especiales deben hacerse por escrito, en forma impresa o electrónica y deben incluir
detalles completos de la identidad y domicilio del remitente, así como detalles del incidente o la situación que describen. No se exa-
minan las comunicaciones anónimas ni las comunicaciones que contengan lenguaje insultante o que tengan una base política evidente
y patente. Los requisitos mínimos, que se requieren para llenar una comunicación individual son: identificación de la(s) presunta(s)
víctima(s): fecha de nacimiento, el sexo, el número de pasaporte y lugar de residencia; si es una víctima colectiva, el nombre de la
comunidad u organización objeto de las presuntas violaciones; identificación de los autores de la violación; identificación de la persona
(personas) u organización (organizaciones) que presentan la comunicación (por consiguiente, las comunicaciones anónimas no son
admisibles); descripción detallada de las circunstancias del incidente en que se produjo la presunta violación (en particular la fecha
y el lugar del o de los incidentes, los presuntos autores, los supuestos motivos e información contextual); y las medidas ya adoptadas a
nivel nacional, regional o internacional en relación con aquel. Para mayor información a este respecto véase: oacnudh, Violaciones
a derechos humanos en México: ¿Cómo presentar una queja ante la onu?, México, onu-dh, 2012. Disponible en: <http://www.hchr.
org.mx/files/doctos/Libros/2011/queja_documento.pdf>.

28
con las partes interesadas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, dentro y fuera
de las Naciones Unidas.
Solicitar, a menudo con urgencia, aclaraciones por parte de los gobiernos sobre presuntas vio-•
laciones y, llegado el caso, rogar que apliquen medidas de protección para velar por o restaurar
el disfrute de los derechos humanos.
Concientizar a la comunidad internacional acerca de determinados derechos humanos, situa-•
ciones y fenómenos que evidencien las amenazas en contra y las violaciones de los derechos
humanos.
Exponer, cuando las circunstancias así lo exijan, los motivos de su preocupación a la opinión•
pública, a través de los medios de comunicación o de otras declaraciones públicas.
Realizar visitas a los países, a fin de evaluar la situación de los derechos humanos relativa a sus•
respectivos mandatos y formular recomendaciones a los Gobiernos a fin de que mejore la
situación. En sus visitas, pueden reunirse con autoridades nacionales, personas representantes
de la sociedad civil, víctimas de violaciones a derechos humanos, el equipo de apoyo de país de
la onu, personas de la academia, comunidad diplomática y medios de comunicación.
Presentar informes y recomendaciones a la consideración del Consejo de Derechos Humanos•
y, conforme al mandato respectivo, de la Asamblea General, incluso ante el Consejo de Segu-
ridad de la onu en ciertos casos.
Realizar actividades ordinarias conforme a su mandato respectivo, visitas sobre el terreno•
y estudiar determinadas tendencias y fenómenos de índole temática.
Información sobre los mecanismos de protección de los derechos humanos de la onu se puede encontrar
en la siguiente dirección: <http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx>.
Todas las recomendaciones que han sido formuladas al Estado mexicano por parte de mecanismos de de-
rechos humanos se pueden consultar en: <http://www.recomendacionesdh.mx>.
3. Sistema Regional: el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos
En el continente americano, amparados por la Organización de los Estados Americanos (oea) –cons-
tituida por 35 países que han ratificado la Carta de oea, incluyendo a México–, los derechos humanos
están también protegidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, apro-
bada en 1948, y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor a nivel
internacional en julio de 1978 y que fue ratificada por México el 24 de marzo de 1981.17
17
México se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y ésta fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981.

29
Otros tratados en materia de derechos humanos que se han producido en el seno de la oea18
son:
Tratado (Convenciones-Protocolos) Fecha de ratificación
por México
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 02/11/87
Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”)
03/08/96
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de
la Pena de Muerte
06/28/07
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mu-
jer (“Convención de Belém do Pará”)
06/19/98
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 02/28/02
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación con-
tra las personas con discapacidad.
12/06/00
Este sistema de protección de los derechos humanos,19
llamado Sistema Interamericano, está con-
formado por dos entidades: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), con sede en
Washington, D. C.; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh), con sede en San
José de Costa Rica.
La Comisión Interamericana está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan
a título personal y son propuestos por los Estados Miembros y elegidos por la Asamblea General de la
organización. Sus funciones más relevantes son:
Recibir, analizar e investigar peticiones individuales en las que se alega que Estados Miembros•
de la oea, que han ratificado la Convención Americana o aquellos Estados que aún no la han
ratificado, han violado derechos humanos.
Observar la situación general de los derechos humanos en los Estados Miembros y publicar•
informes especiales sobre la situación existente en determinado Estado Miembro, cuando lo
considera apropiado.
Realizar visitas a los países, para analizar en profundidad la situación general y/o para investi-•
gar una situación específica. En general, estas visitas dan lugar a la preparación de un informe
sobre la situación de los derechos humanos bajo observación, el cual es publicado y presentado
ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la oea.
Elaborar informes sobre temas específicos.• 20
18
Los documentos básicos de derechos humanos del Sistema Interamericano, así como sus estatus de ratificación y reservas se pueden
consultar en: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp>.
19
Otros sistemas de protección son: el sistema europeo, amparado por el Consejo de Europa; y el sistema africano, amparado por la
Unión Africana.
20
Algunos de los informes temáticos que la Comisión ha elaborado son: las medidas que deben adoptarse para garantizar un mayor
acceso a la justicia; los efectos que tienen los conflictos armados internos en ciertos grupos; la situación de derechos humanos de niños,
niñas y adolescentes, de las mujeres, de las y los trabajadores/as migrantes y sus familias, de las personas privadas de libertad, de las y los
defensores/as de derechos humanos, de los pueblos indígenas, de las personas afrodescendientes y de las personas privadas de libertad;
sobre la libertad de expresión; la seguridad ciudadana y el terrorismo y su relación con los derechos humanos; entre otros.

30
Recomendar a los Estados Miembros de la• oea la adopción de medidas que contribuyan a la
protección de los derechos humanos en los países del Continente.
Solicitar a los Estados Miembros que adopten medidas cautelares, de conformidad con lo dis-•
puesto en el artículo 25 de su Reglamento, para prevenir daños irreparables a las personas o al
objeto de una petición en casos graves y urgentes. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 63.2 de la Convención Americana, puede solicitar que la Corte Interamericana
disponga la adopción de “medidas provisionales”, en casos de extrema gravedad y urgencia
para evitar daños irreparables a las personas, aunque el caso aún no haya sido presentado ante
la Corte.
Presenta casos ante la Corte Interamericana y comparece ante la misma, durante la tramita-•
ción y consideración de los casos recibidos por el sistema de peticiones individuales previsto
en la Convención Americana.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que México aceptó su competencia
contenciosa el 16 de diciembre de 1998, lleva a cabo tres funciones principales:
Brindar “medidas provisionales”, que son medidas destinadas a la protección de las personas•
que se encuentren en situación de riesgo. (Por ejemplo, en contextos carcelarios en los que las
condiciones de vida atentan contra la dignidad humana o cuando una persona o un grupo de
personas están siendo hostigados por actores armados);
Emitir opiniones consultivas, esta función se refiere a que los Estados pueden pedir a la Corte•
que interprete alguno de los instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano de Protección
de los Derechos Humanos, u otros instrumentos afines, para entender mejor en qué consisten
ciertos derechos humanos y sus obligaciones.
Competencia contenciosa,• 21
ésta se refiere a la función que la Corte tiene para conocer y re-
solver casos en los cuales las personas alegan que sus derechos humanos han sido violados por
Estados que son parte de la Convención Americana y específicamente han reconocido esta
competencia de la Corte. Las personas no pueden directamente presentar su caso ante este
tribunal, esto debe hacerse primero ante la Comisión Interamericana y será ésta quien (según
el caso, consultando previamente con las víctimas) lo someterá a la Corte. Las sentencias de
la Corte Interamericana son vinculantes, definitivas y no pueden ser apeladas frente a ningún
otro tribunal.
21
Hasta el día de hoy, la Corte Interamericana ha conocido de seis casos sobre México: Corte idh. Caso Castañeda Gutman vs. México.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008, serie C, núm. 184; Corte idh. Caso González
y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009,
serie C, núm. 205; Corte idh. Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23
de Noviembre de 2009, serie C, núm. 209; Corte idh. Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, serie C, núm. 215; Corte idh. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010, serie C, núm. 216; y Corte idh. Caso Cabrera García y
Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, serie C, núm.
220. Todas estas sentencias se pueden consultar en: <http://www.corteidh.or.cr/porpais.cfm>.

31
Diagrama 2. Vínculos entre los sistemas universal, regional y nacional de protección de los derechos humanos
A continuación, habiendo ya revisado cuál es el tipo de contenido que las normas e instrumentos del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos ofrecen para la construcción de los derechos huma-
nos y las obligaciones de los Estados, retomaremos el tema de las fuentes del didh.
Ya se había señalado al inicio del módulo que el didh es una rama del derecho internacional público
y, como tal, las fuentes de este último son siempre referidas cuando se quiere responder la pregunta
¿de dónde provienen las normas del didh? En este sentido, en el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia se señalan como fuentes del Derecho Internacional Público las siguientes:
a) Convenciones internacionales.
b) Costumbre internacional.
c) Los principios generales del derecho.
d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas
naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho.
Es importante considerar que el artículo 38 del Estatuto no señala un orden jerárquico o sucesivo de
aplicación de las distintas fuentes del derecho internacional; sino que únicamente establece un orden
de consulta natural o lógico entre las distintas fuentes.22
22
oacnudh, Manual de calificación de conductas violatorias, derechos humanos y derecho internacional humanitario, volumen 1 Bo-
gotá, oacnudh, 2005, pp. 30.

32
4. Las fuentes del Derechos Internacional de los Derechos Humanos
En este siguiente apartado del módulo se presenta una sucinta conceptualización de cada una de las
fuentes del derecho internacional relacionándolas con el didh, considerando sus particularidades en
relación con el contenido, origen, fundamento y alcance de las normas que lo componen.23
a) Convenciones internacionales (tratados)
Las reglas del derecho internacional relativas a los tratados, llamadas “derecho de los tratados”, se en-
cuentran codificadas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), la cual los
define en su artículo 2.1 como: “Se entiende por tratado a un acuerdo internacional celebrado por es-
crito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos
o más instrumentos y cualquiera que sea su denominación particular”.
Como hemos visto, en el didh los tratados reciben diferentes nombres: “carta” “pacto”, “protocolo”,
“convención”, “convenio”, entre otros; y los efectos legales en cualquiera de ellos son los mismos. Lo re-
levante en la identificación de un tratado es que los Estados deben dar su consentimiento para obligarse
a éste, en atención a su soberanía, a través de un proceso de firma y ratificación.24
Como ya se refirió,
en el caso de México es el Poder Ejecutivo Federal junto con el Senado de la República las autoridades
responsables de firmar y ratificar, respectivamente, los tratados internacionales que suscribe el país.
Como ya hemos visto, los tratados en materia de derechos humanos tienen características particulares,
en relación con el objetivo y fin que persiguen. Así lo ha referido la Corte Interamericana en su opinión
consultiva oc-2, relativa al efecto de las reservas sobre la entrada en vigor de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (la cual ya ha sido citada en este texto). Por su parte, la Corte Internacional
de Justicia, en su opinión consultiva relativa a reservas a la Convención para la Prevención y Sanción
del Delito de Genocidio, ha referido que: “en este tipo de tratados, los Estados contratantes no tienen
intereses propios; solamente tienen, por encima de todo, un interés común: la consecución de los pro-
pósitos que son la razón de ser de la Convención.”25
En este punto, también es importante señalar que
la existencia específica de tratados en materia de derechos humanos no deja de lado el que tratados de
otra naturaleza se consideren también normas atinentes a la protección de la persona.
Una vez que un tratado entra en vigor y es obligatorio para los Estados, estos deben considerar algunos
principios, especialmente en materia de derechos humanos:
23
Para esta parte del texto fueron de mucha utilidad los lineamientos establecidos en: scjn y oacnudh, “Nota introductoria”, Com-
pilación de Instrumentos Internacionales, Sobre Protección de la Persona Aplicables en México, Tomo 1: Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, México, scjn/oacnudh, 2012.
24
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículos 2(1)(b), 12, 18(a).
25
cij, Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Opinión Consultiva, icj Reports
1951.

33
Principio• pacta sunt servanda, reconocido en el artículo 26 de la Convención de Viena y que
establece que todo tratado obliga a los Estados a cumplir las obligaciones que deriven de éste
“de buena fe”.
Principio de primacía del derecho internacional, el artículo 27 de la Convención establece que•
las partes no podrán invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del
incumplimiento de un tratado.
Principio de interpretación de “buena fe”, de acuerdo al párrafo 1 del artículo 31 de Conven-•
ción de Viena, un tratado deberá interpretarse de buena fe, al sentido corriente de sus térmi-
nos y tomando en cuenta su objeto y fin.
En relación con este último principio, la Corte Internacional de Justicia señaló, al referirse a la Conven-
ción para la Prevención y Represión del Delito de Genocidio que:
en una convención de este tipo no puede hablarse de ventajas o desventajas individuales de los Estados,
ni mantener un equilibrio contractual exacto entre derechos y deberes. La consideración de los fines su-
periores de la Convención es, en virtud de la voluntad común de las partes, el fundamento y medida de
todas las disposiciones.26
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 29 la amplía
regla de interpretación y señala:
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con
otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados;
b) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que derivan de la forma demo-
crática representativa del gobierno, y
c) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración americana de Derechos y Deberes del
hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.
Por otro lado, en relación con el derecho de los tratados, hay tres áreas en las que los órganos de supervi-
sión, establecidos por los tratados en derechos humanos, han establecido pautas específicas en relación
con los tratados de esta materia, en relación con: formulación de reservas, interpretación y denuncia de
dichos tratados.27
A continuación añadiremos algunos aspectos acerca de las reservas y la denuncia de a un tratado:28
26
Reservas a la Convención para la Prevención y Represión del Delito de Genocidio, Opinión Consultativa, cij, Recueil, 1951, p. 23.
27
Ortiz Ahlf, Loretta, “Fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos” en: Martín, Claudia; Rodríguez-Pinzón, Diego y
Guevara B., José A.; Derecho Internacional de los Derechos Humanos, México, Universidad Iberoamericana, 2006, pp. 30.
28
Otra información adicional puede encontrarse en el Manual de tratados elaborado por la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos
Jurídicos de la Organización de las Naciones Unidas.

34
Reservas: en algunos casos los Estados hacen declaraciones al momento de firmar, ratificar, aceptar o
aprobar un tratado o de adherirse al mismo. Estas declaraciones, hechas con el objetivo de excluir o
modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado son una reserva en su aplicación (ar-
tículo 2° de la Convención de Viena). Un Estado puede realizar una reserva siempre (artículo 19 de
Convención de Viena): que la reserva no esté prohibida por el tratado y que aquella no sea incompatible
con el objeto y fin del tratado.
Como ejemplo de la primera de estas situaciones se puede referir la prohibición establecida en el ar-
tículo 120 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) que señala “no se admitirán
reservas al presente estatuto”. En relación con la segunda circunstancia, encontramos lo señalado por el
Comité de Derechos Humanos29
en el caso Kennedy C. Trinidad y Tobago, en el cual, de acuerdo con
su Observación General núm. 24,30
que puntualiza que goza de competencia para velar la validez de
una reserva, consideró que la reserva en cuestión concedía a los ciudadanos condenados a muerte una
menor protección procesal que el resto de la población y que por ello constituía una discriminación a
los principios del Pacto y sus protocolos, siendo incompatible con el objetivo y fin del Protocolo Fa-
cultativo.31
En este caso el Comité no sólo declaró inválida la reserva, sino que la separó del resto del
consentimiento realizado por el Estado al ratificar el tratado, con lo cual –concluyó– que el Estado se
encuentra obligado a cumplir con el tratado, sin tomar en consideración la reserva.32
Denuncia: la Convención de Viena prevé disposiciones sobre la denuncia o retiro de un Estado a un
tratado; está circunstancia está en su artículo 56:
1. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el retiro del
mismo, no podrá ser objeto de denuncia o retiro a menos: a) que conste que fue intención de las partes
admitir la posibilidad de denuncia; o b) que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la
naturaleza del tratado.
2. Una parte deberá notificar con 12 meses de antelación, por lo menos, su intención de denunciar un
tratado o de retirarse de él conforme al párrafo 1.
En relación con la denuncia de tratados sobre derechos humanos, los órganos y tratados encargados de
su interpretación han hecho algunos señalamientos, atendiendo a la naturaleza de estos. El Comité
de Derechos Humanos, en su Observación General núm. 26, señaló que la falta específica de cláusula de
retiro, en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, implica que la intención de aquel es no per-
mitirlo.33
Por su parte, la Convención Americana de los Derechos humanos, en su artículo 78 dispone,
29
La/el lector recordará, como fue referido en páginas anteriores, que éste Comité es el órgano encargado de velar por el cumplimiento
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
30
Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 24 sobre “Cuestiones relacionadas con las reservas formuladas con oca-
sión de la ratificación del Pacto o de sus Protocolos facultativos, o de la adhesión a ellos, o en relación con las declaraciones hechas de
conformidad con el artículo 42 del Pacto, U.N Doc CCPR/21/Rev.1/Add6, 1994, párr. 18.
31
Comité de Derechos Humanos, Kennedy C. Trinidad y Tobago, Comunicación número 845/1999 (decisión sobre admisibilidad),
U.N. Doc CCPR/C/67/D/845/1999, parr. 6.6 .
32
Ortiz Ahlf, Loretta, op. cit., pp. 33.
33
Comité de derechos humanos, Observación General núm. 26.

35
como condición para la denuncia, que hayan transcurrido 5 años a partir de la fecha de entrada en
vigor para el Estado parte y apunta que la denuncia no puede implicar que el Estado se desvincule de
obligaciones que ya había venido cumpliendo, a la fecha en que produzca efectos la denuncia.
b) Costumbre Internacional
Hay muchos textos escritos sobre la costumbre internacional y aquí la/el lector sólo encontrará un acer-
camiento a esta fuente del derecho internacional. En general, las personas que han escrito sobre el tema
empiezan refiriendo que ésta es la fuente tradicional del derecho internacional, en atención a la inexis-
tencia en este sistema normativo de un legislador internacional, y a que tradicionalmente las relaciones
de los Estados entre sí se regulaban por normas no escritas aceptadas por ellos.34
En este sentido, se hace
referencia a que el derecho internacional contemporáneo ha tomado un curso en el que sus normas son
primero de derecho consuetudinario, después se vuelven derecho escrito (a través de instrumentos de
naturaleza jurídica distinta)35
y, posteriormente, algunas de estas pueden volverse, de nuevo, derecho
consuetudinario como normas de ius cogens.
El derecho consuetudinario no es sino la práctica generalizada de los Estados aceptada como derecho,
de acuerdo con el artículo 31(1) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; en esta definición se
denotan dos elementos: 1) el elemento material, la práctica generalizada y 2) el elemento subjetivo, que
es la creencia de que esta práctica es obligatoria (opinio juris).
En relación con la práctica generalizada se puede precisar que:
La aceptación de una norma en la práctica de un Estado puede manifestarse expresa o implícitamente.
Específicamente, en el ámbito de los derechos humanos, cada vez que un órgano internacional compe-
tente concluye que un país ha violado una determinada norma o invita a respetar una, y el gobierno no
rechaza la obligatoriedad de ésta, está ratificando implícitamente su aceptación de la obligatoriedad de
dicha norma. Asimismo, cada voto de un país a favor de una resolución o informe que establece una
violación de una norma perpetrada por algún Estado, o que invita a un país a respetar una determinada
norma, también constituye un reconocimiento de la obligatoriedad de la disposición en cuestión […]
[Además] para formar parte del derecho internacional consuetudinario, la norma debe ser acogida de
manera favorable, sino de parte de todos los Estados, al menos de países de todos los sistemas jurídicos y
regiones geopolíticas.36
Para el segundo elemento de conformación de la costumbre, la opinio juris, los órganos internacionales
de derechos humanos también juegan un papel relevante, pues son éstos quienes, a través de sus re-
34
Véase: Ortiz Ahlf, Loretta, op. cit., p. 24 y O´Donell, Daniel, Derecho internacional de los derechos humanos, Normativa, jurisprudencia
y doctrina de los sistemas universal e interamericano, Bogotá, oacnudh, 2004, p. 65.
35
“una declaración puede codificar normas consuetudinarias existentes, o reconocer normas de derecho consuetudinario en vías de
formación –acelerando así el proceso de consolidación de la norma–, o puede servir de punto de partida de un proceso de formación
de una nueva norma consuetudinario, en la medida en que los Estados ajustan su práctica a la nueva norma” O’Donnell, Daniel, op.
cit., p. 53.
36
Ortiz Ahlf, Loretta, op. cit., p. 25.

36
soluciones, comprueban que los Estados realizan una práctica determinada, con la creencia de que es
obligatoria. Así lo ha hecho el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos en relación
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuya obligatoriedad ha sido reconocida en el
acta final de la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos de Teherán37
(1968). Por su parte,
desde el Sistema Interamericano de Protección, también se ha hecho semejante reconocimiento de la
Declaración Americana. La Corte Interamericana, en su Opinión consultiva oc-10/89 sobre “interpre-
tación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el marco del artículo 64
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, concluyó:
43. Puede considerarse entonces que, a manera de interpretación autorizada, los Estados Miembros han
entendido que la Declaración contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la
Carta se refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar la Carta de la Organización en
materia de derechos humanos, sin integrar las normas pertinentes de ella con las correspondientes
disposiciones de la Declaración, como resulta de la práctica seguida por los órganos de la oea.
45. Para los Estados Miembros de la Organización, la Declaración es el texto que determina cuáles son
los derechos humanos a que se refiere la Carta. De otra parte, los artículos 1.2.b) y 20 del Estatuto
de la Comisión definen, igualmente, la competencia de la misma respecto de los derechos humanos
enunciados en la Declaración. Es decir, para estos Estados la Declaración Americana constituye, en lo
pertinente y en relación con la Carta de la Organización, una fuente de obligaciones internacionales.
Normas de ius cogens
De acuerdo al autor Daniel O’Donnell las normas de ius cogens son una subcategoría del derecho con-
suetudinario, con el añadido de que éste tipo tiene los calificativos de “imperativo” y “perentorio”;38
de acuerdo a lo establecido por el artículo 53 de la Convención de Viena, que las define de la siguiente
manera: “una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida
por la comunidad internacional de naciones como una norma que no admite acuerdo en contrario y
que sólo puede ser modificada por otra norma ulterior de derecho internacional general posterior que
tenga el mismos carácter”.
El tipo de obligaciones que derivan de una norma de ius cogens son de carácter “erga omnes”, lo cual se
refiere a que son obligaciones que vinculan a todo Estado, sin excepción alguna, (siendo esta la distin-
ción fundamental entre éstas normas y las de derecho consuetudinario en general).39
En relación con las normas ius cogens el caso Barcelona Traction resuelto por la Corte Internacional de
Justica (cij) puntualiza:
37
“La Declaración enuncia una concepción común a todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de
la familia humana y la declaratoria obligatoria para la comunidad internacional” (párr. 2) También véase: ohchr, Professional Training
Series No. 9, Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers, New York
and Geneva, United Nations, 2003, p. 8.
38
O’Donnell, Daniel, op. cit., p. 74.
39
Ibidem, p. 75.

37
Una distinción fundamental debe hacerse entre las obligaciones de un Estado hacia la comunidad in-
ternacional en su totalidad, y las que derivan frente a otro Estado […] Por su naturaleza, las primeras
conciernen a todos los Estados. En atención a la importancia de los derechos que involucran, todos los
Estados tienen un interés jurídico en su protección; son obligaciones erga ommes.
En el derecho contemporáneo, tales obligaciones derivan de la prohibición de hechos de agresión y de
genocidio, y también de los principios y las reglas relativos a los derechos básicos de la persona humana,
incluyendo la protección contra la esclavitud y la discriminación racial. Algunos de los derechos co-
rrespondientes a la protección han entrado a formar parte del cuerpo del derecho internacional general
[ius cogens] […] otros son conferidos por los instrumentos internacionales de carácter universal o cuasi-
universal.40
En relación con el último aspecto referido por la cij, al señalar normas de ius cogens conferidas en ins-
trumentos internacionales de carácter universal o cuasi-universal, es de destacar que algunos tratados
internacionales establecen normas que no podrán ser derogadas ni suspendidas, ni siquiera en tiempos
de guerra. Tal es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, en su artículo 4°,
apunta los siguientes derechos: a la vida; prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles inhu-
manos o degradantes; prohibición de la esclavitud y servidumbre; prohibición de privación de libertad
pro deudas; prohibición de leyes penal de carácter retroactivo; reconocimiento jurídico de la persona; y
libertad de pensamiento, conciencia y religión. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en su artículo 27 refiere a los derechos: a la personalidad jurídica; a la vida; a un trato hu-
manitario; prohibición de la esclavitud; prohibición de leyes penales de carácter retroactivo; libertad de
conciencia y religión; a la nacionalidad; a participar en el gobierno, al recurso judicial, derecho a tener
un nombre; derechos de la familia; y derechos del niño.41
c) Principios generales del derecho
Estos principios se refieren a las aquellas proposiciones legales tan fundamentales que pueden ser en-
contradas en los sistemas legales más significativos del mundo. La observación y comparación de otros
sistemas legales sirve para determinar si un principio de derechos humanos en particular es tan fre-
cuentemente aceptado que puede considerarse que se ha convertido en un principio general de derecho
internacional.42
40
International Court of Justice, case concerning The Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium V. Spain),
Second Phase, Judgment, icj Report, 1970, p. 33-34 (Traducción libre). El texto completo de la resolución puede consultarse en:
<http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf>. [Consultado en abril de 2013].
41
Véase oacnudh y Unión Interparlamentaria, Derechos Humanos para parlamentarios, Ginebra, oacnudh/Unión Interparlamentaria,
2005, p. 22.
42
Véase: ohchr, Professional Training Series No. 9, Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges,
Prosecutors and Lawyers, Human Rights in the Administration of Justice, op. cit., p. 11.

38
d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones,
como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho
Por decisiones judiciales, se pueden entender las sentencias y resoluciones emitidas por los tribunales
internacionales,43
los órganos cuasi-jurisdiccionales44
e inclusive puede también comprender aquellas
tomadas por cortes nacionales; en atención a lo cual se puede señalar que, a mayor jerarquía de la corte,
mayor peso tendrá la decisión.45
La doctrina, referida en términos relevantes para el didh, comprende a aquellos pronunciamientos
adoptados por un órgano competente, con el fin de interpretar o aclarar el contenido, alcance o valor
jurídico de una disposición contenida en la normativa internacional.46
En este sentido, cobran im-
portancia, por parte del Sistema Universal, los instrumentos producidos por los órganos de Naciones
Unidas, cuyas funciones están relacionadas con los derechos humanos; como el Consejo de Derechos
humanos, así como los procedimientos especiales y los órganos de tratado. Por parte del Sistema Inte-
ramericano, se pueden destacar los informes temáticos y las recomendaciones hechas a los Estados por
la Comisión Interamericana.
En general, los instrumentos producidos por estas personas expertas o grupos de personas expertas,
representan una síntesis de experiencia en el análisis de la información proporcionada, tanto por los
propios Estados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, como por
las personas y la sociedad civil.
El soft law
Como se hizo notar en parte de este módulo, en la que se explicó cómo funcionan los sistemas de pro-
tección de los derechos humanos, la/el lector se habrá percatado de los diferentes tipos de instrumentos
que se producen en el seno del didh, la importancia que tienen para un entendimiento completo de
los derechos humanos y las diferentes naturalezas jurídicas que estos tienen.
En atención a la distinta naturaleza de estos instrumentos, el término soft law en el didh se utiliza para
hacer alusión a aquellos instrumentos que no tienen el carácter jurídico vinculante que tiene un trata-
do, la costumbre internacional, las normas de ius cogens o las sentencias que vinculan a que Estado (las
cuales en sentido contrario se han denominado hard law).
43
“En este amplio grupo se encuentran la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo para la protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos […]; la Corte Penal
Internacional, la Corte Internacional de Justicia, los Tribuanles ad-hoc para Ruanda y la Antigua Yugoslavia, principalmente”. scjn
y oacnudh, “Nota introductoria”, Compilación de Instrumentos Internacionales, Sobre Protección de la Persona Aplicables en México,
Tomo 1: Derecho Internacional de los Derechos Humanos, México, scjn/oacnudh, 2012, p. XLVII .
44
“En este amplio grupo se encuentran los diferentes Comités de la onu […], la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la
Comisión Africana de Derechos Humanos, principalmente”, Ibidem, p. XLVIII.
45
ohchr, Professional Training Series No. 9, Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecu-
tors and Lawyers, op. cit., p. 12.
46
O’Donnell, Daniel, op. cit., p. 28.

39
5. Ejercicio
En este punto la/el lector, tiene como referencia los siguientes conocimientos teóricos: cómo funcio-
nan y qué tipo de instrumentos producen los Sistemas Universal e Interamericano de Protección de
los derechos humanos; cuáles son las fuentes del derecho internacional en relación con los derechos
humanos e identifica la relevancia del estándar de corpus iuris internacional de las normas de los dere-
chos humanos. Con esta información, es posible que la/el lector identifique una serie de instrumentos
internacionales que debe revisar, en aras de conocer el contenido y obligaciones del Estado que, desde
el derecho internacional, se han configurado en relación con los derechos humanos.
Para reforzar lo aprendido, proponemos un breve ejercicio en el que le pedimos que reflexione y trate
de dar respuesta a las preguntas planteadas en a continuación relacionadas con algunos derechos de los
pueblos indígenas relevantes para el caso planteado.
a) Derechos a considerar en el análisis del caso
En relación con los derechos a continuación enlistados conteste las preguntas planteadas:
Derechos colectivos a la tierra y el territorio.•
Derecho a la consulta libre, previa e informada.•
Derecho a la integridad cultural.•
¿A partir de cuáles instrumentos jurídicos nacionales se podría conformar el contenido y obligaciones
por parte del Estado mexicano en relación con cada uno de estos derechos?
¿Qué instrumentos internacionales conoce que le podrían ayudar a configurar el contenido de cada uno
de estos derechos, así como las obligaciones por parte del Estado Mexicano en relación con estos?
Ahora en aras de completar sus respuestas a estas interrogantes le sugerimos que revise la siguiente infor-
mación, que contienen una primera aproximación general a los estándares internacionales sobre cada
uno de estos derechos humanos pertinentes para el análisis del caso planteado.
b) Principales fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre pueblos indígenas
Tratados internacionales
Convenio 169 de la• oit sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
Tratado que emana de la Organización Internacional del Trabajo (oit), la cual es un organismo espe-
cializado de la Organización de las Naciones Unidas (onu). Actualmente el Convenio cuenta con 22
ratificaciones, incluida la de México (el Senado mexicano aprobó su adopción el 11 de julio de 1990,
según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de agosto de 1990. Entró en vigor el
5 de septiembre de 1991. La publicación definitiva en el Diario Oficial es del 24 de enero de 1991).

40
Las disposiciones del Convenio 169 son de obligatorio cumplimiento para los países que lo han ratifi-
cado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha invocado en su jurisprudencia a este conve-
nio, como parte del corpus iuris o cuerpo de normas de protección internacional de los derechos de los
pueblos indígenas.47
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (• dnudpi)
y el derecho internacional consuetudinario
Este instrumento internacional fue aprobado por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007.
México respaldó la Declaración, a lo largo todo su proceso de discusión (iniciado en 1985), votando
siempre a su favor en las diferentes instancias hasta su adopción por la Asamblea General.
De acuerdo con argumentos esgrimidos por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indí-
genas a la Asamblea General de la onu:48
67. […] la Declaración tiene un peso normativo considerable dimanado de su elevado grado de legitimi-
dad. Esta legitimidad es una función no solo del hecho de que ha sido aprobada por una abrumadora
mayoría de Estados Miembros (incluidos los cuatro Estados que inicialmente habían votado en con-
tra de la aprobación de la Declaración [Australia, Canadá, Nueva Zelandia y los Estados Unidos] [...])
sino también de que es el producto de muchos años de promoción y lucha de los propios pueblos in-
dígenas. La Declaración es el resultado de un diálogo intercultural que se ha mantenido a lo largo de
varios decenios y en que los pueblos indígenas han desempeñado un papel de liderazgo. Las normas
de la Declaración reflejan en gran medida las propias aspiraciones de los pueblos indígenas, que tras
varios años de deliberaciones ahora han sido aceptadas por la comunidad internacional. La redacción
de la Declaración, que ha sido aprobada por los Estados Miembros, manifiesta explícitamente un
compromiso con los derechos y principios consagrados en la Declaración. Los Estados deben actuar
de buena fe y adherirse a esa expresión de compromiso con las normas que los propios pueblos indí-
genas han propuesto.
68. Por otra parte, aunque la Declaración, propiamente dicha no es jurídicamente vinculante de la misma
forma en que lo es un tratado, refleja obligaciones jurídicas que guardan relación con las disposicio-
nes de derechos humanos contenidas en la Carta de las Naciones Unidas, distintos tratados multi-
laterales de derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario. La Declaración se basa
en las obligaciones generales de derechos humanos de los Estados y en los principios de los derechos
humanos fundamentales como la no discriminación, la libre determinación y la integridad cultural,
que forman parte de los tratados de derechos humanos ampliamente ratificados, como lo demuestra
47
Véase, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs.
Paraguay; Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay; Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay; Caso del Pueblo Saramaka
vs. Surinam, y la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 12.053, Comunidades Mayas en el Distrito
de Toledo vs. Belice.
48
onu, Asamblea General, Reporte a la Asamblea General transmitido por el Secretario General sobre el Informe del Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos y la libertades fundamentales de los indígenas (reporte de actividades: el impacto de las
industrias extractivas en los pueblos indígenas), James Anaya. Doc. A/66/288, 10 de agosto de 2011, párrs. 67-70.

41
la labor de los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados. Además en la medida
en que tienen conexión con una pauta de práctica internacional y estatal continuada, puede con-
siderarse que los principios básicos de la Declaración reflejan las normas de derecho internacional
consuetudinario.
69. Por otra parte, la Declaración es un reflejo del consenso internacional que existe respecto de los dere-
chos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en un modo que es congruente con las dispo-
siciones del Convenio núm. 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional
del Trabajo y que las enriquece, así como con las interpretaciones de otros instrumentos de derechos
humanos hechas por organismos y mecanismo internacionales. Como la expresión más autorizada de
ese consenso, la Declaración establece un marco de actuación para la protección y aplicación plenas
de esos derechos.
70. Así pues, no debe menoscabarse la importancia de la Declaración mediante afirmaciones en el sen-
tido de que por su condición técnica de resolución no reviste carácter jurídicamente vinculante. A
juicio del Relator Especial, la aplicación de la Declaración debe considerarse un imperativo político,
moral e indudablemente jurídico.
Los órganos interamericanos también han reconocido la existencia de costumbre internacional en rela-
ción con el derecho a la propiedad territorial de los pueblos indígenas. Así, la Comisión Interamericana
ha señalado que “existe una norma de derecho internacional consuetudinario mediante la cual se afir-
man los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales.”49
Jurisprudencia y doctrina
En relación con los derechos de los pueblos indígenas como fuentes de la jurisprudencia toman par-
ticular importancia: a) las decisiones de las cortes internacionales, como lo es la Corte Interamericana
de Derechos Humanos; y, b) los organismos cuasi jurisdiccionales, como los Comités de la onu y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En relación con la Corte Interamericana, es importante destacar que es uno de los tribunales que mayor
jurisprudencia ha desarrollado en relación con los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras
ancestrales y recursos naturales, así como sobre el derecho a la consulta libre, previa e informada. Por
este motivo, sus criterios son un referente internacional en la construcción y entendimiento del corpus
iuris50
internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Hasta la fecha la Corte ha co-
nocido ocho casos específicamente relacionados con estos temas.
49
cidh, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni vs. Nicaragua. Referidos en Corte idh.
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001,
serie C, núm. 79, párr. 140(d).
50
Véase Corte idh. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Sentencia del 8 de julio de 2004, serie C, núm. 110, párr. 166.

42
Los organismos cuasi jurisdiccionales, del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos,51
que mayor énfasis han puesto en desarrollar un entramado de estándares internacionales específicos
para los pueblos indígenas (a través de sus Observaciones Generales, de sus Observaciones Finales a
los Estados Partes y de conocer denuncias de particulares)52
son el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales;53
el Comité de Derechos Humanos;54
y el Comité para la Eliminación de la Dis-
criminación Racial.55
Por parte del Sistema Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos también ha conocido de diversos casos relacionados con las tierras ancestrales, los recursos
naturales y el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
Por lo que respecta a la doctrina, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha
realizado importantes aportes, junto con el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas56
y el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas.57
Por su parte, la Comisión Interamerica-
na a través de sus informes temáticos y recomendaciones ha hecho grandes contribuciones a la consoli-
dación de los derechos de los pueblos indígenas en las Américas.
51
Es relevante referir que los derechos reconocidos en los nueve tratados básicos en materia de derechos humanos y sus respectivos Comités
son aplicables a los pueblos indígenas, de acuerdo con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Sin embargo,
hay algunos de estos que han puesto especial énfasis en derechos que han tomado una mayor relevancia para los pueblos indígenas.
52
Esta última facultad la tienen, hasta ahora, de los aquí enunciados: el Comité de Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial
53
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigor en enero de 1976. El Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales es el órgano de expertos(as) independientes que supervisa la aplicación del Pacto. Este tratado fue
ratificado por México y entró en vigor el 23 de junio de 1981.
54
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entró en vigor en marzo de 1976. El Comité de Derechos Humanos es el órgano
de expertos(as) independientes que supervisa su aplicación. El Estado Mexicano es parte tanto del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos como de sus dos Protocolos Facultativos.
55
La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial entró en vigor en enero de 1969.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial es el órgano de expertos(as) independientes que supervisa la aplicación de
esta Convención por sus Estados Partes. México es parte de este tratado, el cual entró en vigor el 20 de marzo de 1975.
56
Las diferencias fundamentales en los mandatos sobre pueblos indígenas de estos mecanismos de expertas(os) son: el Mecanismo de
Expertos brinda consejos temáticos al Consejo de Derechos Humanos; el Relator Especial examina los obstáculos encontrados en la
protección de los derechos de los pueblos indígenas, recoge información y comunicaciones, realiza visitas a los países, formula reco-
mendaciones y realiza estudios temáticos; por su parte, el Foro Permanente aconseja al Consejo Económico y Social, concientiza sobre
asuntos indígenas, promueve la integración y coordinación de las actividades sobre asuntos indígenas dentro de la onu y prepara y
divulga información sobre asuntos indígenas.
57
Véase Informe del Seminario Internacional sobre metodologías relativas al consentimiento libre, previo e informado y los pueblos
indígenas. Doc. E/C.19/2005/3, de 17 de febrero de 2005.

43
Derechos colectivos a la tierra y territorio
Estos derechos comprenden la relación que los pueblos indígenas tienen con sus tierras, con sus recursos
naturales (incluyendo, por ejemplo, los del subsuelo), así como la protección del medio ambiente y de la
biodiversidad de sus territorios.
El concepto de tierras y territorios ha sido abordado por el didh, de manera que el Convenio 169 de la
oit, en su artículo 13.2 establece que “la utilización del término ‘tierras’ [...] deberá incluir el concepto
de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o
utilizan de alguna otra manera”.
Por su parte el sistema interamericano de protección de los derechos humanos ha completado el concepto
de “territorio” señalando que: 1) como parte de éste habrán de considerarse la totalidad de las tierras y re-
cursos naturales que los pueblos indígenas han utilizado tradicionalmente;58
y 2) que el alcance del respeto
al derecho al territorio no se limita únicamente a sus “aldeas, asentamientos y parcelas agrícolas”59
sino que
incluye tierras que se utilizan para la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el transporte, la cultura y
otros fines.60
El desarrollo que las normas internacionales han tenido en relación con estos derechos ha sido considera-
ble. Tanto el Convenio 169 (artículos 13-19) como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas (artículos 12, 13, 20, 25-28, 30-32 y 36) abordan en sus articulados diversos derechos de los pueblos
indígenas sobre sus tierras, tales como: derecho a mantener y fortalecer la relación espiritual con la tierra;
derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras y territorios; al reconocimiento y protección
jurídica de dichas tierras y territorios; derecho a no ser desplazados;61
y a la reparación por la pérdida de
tierras y territorios; entre otros.
Desde el sistema interamericano también se ha hecho un reconocimiento de estos derechos a pesar de no
estar expresamente reconocidos en la cadh. Mediante una comprensión evolutiva del didh y tomando en
cuenta las normas de interpretación aplicables, de acuerdo con el artículo 29.b de la cadh que prohíbe una
interpretación restrictiva de los derechos, la Corte idh han reconocido que el artículo 21 de la cadh pro-
tege el derecho a la propiedad comunal. La cidh mantiene el mismo criterio y ha agregado que “existe una
norma de derecho internacional consuetudinario mediante la cual se afirman los derechos de los pueblos
indígenas sobre sus tierras tradicionales”.62
58
Corte idh. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre
de 2007, serie C, núm. 172, nota a pie núm. 63.
59
de 2007, serie C, núm. 172, párr. 114.
60
cidh, Informe No. 40/04, Caso 12.05, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 129.
61
Como complemento al derecho a no ser desplazados de sus tierras tradicionales se encuentra los Principios Básicos y Directrices sobre
los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo, elaborados por el Relator Especial sobre la vivienda adecuada (Miloon
Kothari). Estos principios están disponibles: <http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/desalojos_mexico.pdf>.
62
cidh, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni vs. Nicaragua. Referidos en Corte idh.
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001,
serie C, núm. 79, párr. 140(d).

44
El sistema interamericano ha conocido y resuelto diversos casos sobre pueblos indígenas relacionados con
sus derechos a la tierra y el territorio. Desde 2001 hasta 2012, la Corte idh ha creado jurisprudencia a este
respecto en la resolución de siete casos, siendo este tribunal una de las instancias internacionales que más
desarrollo de criterios posee en materia de pueblos indígenas.
Algunas de las obligaciones del Estado que la Corte idh ha identificado frente a este derecho son:
“Los Estados deben respetar la especial relación que los miembros de los pueblos indígenas y tribales•
tienen con su territorio a modo de garantizar su supervivencia social, cultural y económica.”63
“La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta•
que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y
lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias,
el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores. En función de su entorno, su integración
con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en
generación este patrimonio cultural inmaterial que es recreado constantemente por los miembros de las
comunidades y grupos indígenas.”64
Derecho a la consulta libre, previa e informada65
De conformidad con lo establecido en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (artículos
13, 34, y 40) y el Convenio 169 de la oit (artículos 8, 9.2-12), los pueblos indígenas tienen derecho a
procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias que surjan entre ellos y los Estados; así
como, a que las decisiones judiciales con respecto a dichas controversias se adopten prontamente y tengan
en cuenta las sus costumbres y tradiciones. En relación con esto, el derecho a la consulta de los pueblos
indígenas toma vital importancia como derecho sustantivo y de proceso.
El artículo 6° del Convenio 169 de la oit establece de forma expresa que una de las obligaciones de los
Estados parte en el Convenio en relación con los pueblos y comunidades indígenas es la de:
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus insti-
tuciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente;
63
de 2007, serie C, núm. 172, párr. 91.
64
Corte idh. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005, serie C,
núm. 125, párr. 154.
65
Algunos de los instrumentos internacionales que refieren este derecho son: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, artículos 19, 20, 25-30; Convenio 169 de la oit, artículos 7.3 y 15-19; Observación General núm. 23 del
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; Observación General núm. 23 del Comité de Derechos Humanos; onu-
Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y la libertades fundamen-
tales (Contiene, en su segunda parte, el examen “Una cuestión fundamental: el deber de celebrar consultas”), James Anaya. Doc. A/
HCR/12/34, 15 de julio de 2009; onu-Consejo de Derechos Humanos, Informe del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los
pueblos indígenas (Informe definitivo del Estudio sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones)
Doc. A/HRC/18/42, 17 de agosto de 2011; entre otros.

45
De forma similar, el artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos
indígenas ha establecido que:
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus
instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin
de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
De manera más específica, en relación con los derechos a la tierra y el territorio, el artículo 32 de la Decla-
ración establece:
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o
la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto
de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de apro-
bar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el
desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.
3. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por cualquiera de esas activida-
des, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico,
social, cultural o espiritual.
En esencia, el derecho a la consulta implica la obligación a cargo de las autoridades del Estado de iniciar un
proceso de diálogo en el que participen todas las personas indígenas que estuvieran en posibilidad de verse
afectadas en el goce y ejercicio de sus derechos por causa de la realización de ciertas acciones o proyectos
que pudieran impactar o modificar sus condiciones de vida.
Por su parte, el Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas66
también ha puntua-
lizado la relevancia del derecho al consentimiento libre, previo e informado al referir que éste ha de inter-
pretarse en el contexto del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, ya que constituye un
componente integral de ese derecho.
En relación con el deber de los Estados de celebrar las consultas y de obtener su consentimiento, el Me-
canismo indica que estos dos deberes figuran en la jurisprudencia, decisiones e informes de, entre otros,
el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Hu-
manos y de los Pueblos, así como el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta
normativa internacional también reafirma el principio del consentimiento de los pueblos indígenas como
pilar fundamental de la relación dimanante entre los Estados y los pueblos indígenas.
66
onu-Consejo de Derechos Humanos, Informe del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas (Informe
definitivo del Estudio sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones) Doc. A/HRC/18/42, 17 de
agosto de 2011, párrs. 12 y 21.

46
El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ha completado los estándares internaciona-
les sobre consulta67
puntualizando que:
En todos los casos en que una medida propuesta afecte los intereses particulares de los pueblos indígenas, la•
obtención de su consentimiento deberá ser la finalidad de las consultas.
Los principios de buena fe han sido concebidos para crear un diálogo en el que los Estados y los pueblos indí-•
genas puedan trabajar con miras al logro del consenso y procuren seriamente llegar a un acuerdo mutuamente
satisfactorio.
Los pueblos indígenas afectados podrían estar justificados para abstenerse de dar su consentimiento en relación•
con una iniciativa propuesta, y dicha iniciativa no debería ponerse en práctica sin el consentimiento de éstos,
si el Estado no ha demostrado que los derechos de los pueblos indígenas afectados estarán debidamente prote-
gidos en virtud del proyecto propuesto, o si el Estado no ha adoptado las medidas adecuadas para mitigar los
efectos adversos del proyecto propuesto.
En esencia, el derecho a la consulta implica la obligación a cargo de las autoridades del Estado de iniciar un
proceso de diálogo en el que participen todas las personas indígenas que estuvieran en posibilidad de verse
afectadas en el goce y ejercicio de sus derechos por causa de la realización de ciertas acciones o proyectos
que pudieran impactar o modificar sus condiciones de vida.
Si bien el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no prevé reglas estrictas sobre cómo deberían
llevarse a cabo dichos procesos de consulta, el principio general consiste en que los procesos de consulta
se deben adecuar a las circunstancias y características concretas de las personas participantes y respetar un
conjunto de pautas en virtud de las cuales se exige que el proceso de consulta sea libre, previo, informado,
de buena fe y participativo, conforme a la siguiente interpretación:68
Libre, implica que en el proceso no haya coerción, intimidación ni manipulación de ningún tipo sobre los•
participantes.
Previo, implica que el proceso se inicie con suficiente antelación a cualquier acción de parte de las autoridades.•
Informado, implica que se proporcione información clara, veraz, oportuna y exhaustiva sobre las acciones que•
se llevarán a cabo y sobre cómo se afectarán los derechos de los participantes en la consulta.
Buena fe. En el ámbito del derecho, se entiende por “buena fe” la sinceridad u honestidad de las partes en su•
actuación; por lo tanto, podría aplicarse en este ámbito como la obligación del Estado de realizar la consulta en
un clima de confianza, con la intención de tomar en cuenta la opinión que expresen los pueblos indígenas sin
que se les pretenda engañar, traicionar o brindar información sesgada o parcial.
67
onu-Asamblea General, Reporte a la Asamblea General del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y la libertades
fundamentales de los indígenas (reporte de actividades: el impacto de las industrias extractivas en los pueblos indígenas), James Anaya.
Doc. A/66/288, 10 de agosto de 2011, párrs. 77-86.
68
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la onu, Informe del Seminario internacional sobre metodologías relativas al consen-
timiento libre, previo e informado y los pueblos indígenas, 2005. E/C.19/2005/3.

47
Participativo, implica que todos los involucrados sin ningún tipo de discriminación participen activamente en•
las discusiones y en la formación de la opinión general y definitiva.
El proceso de consulta y obtención del consentimiento libre, previo e informado se culturalmente adecuado,•
de acuerdo con sus propias costumbres y tradiciones (en sus propias lenguas, de acuerdo a su tradición oral, en
sus propios tiempos, etc.)69
Bajo este marco, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado se encuentran
estrechamente vinculados con la realización de otros derechos humanos –tanto individuales como colecti-
vos– de los pueblos indígenas, constituyendo una expresión concreta del derecho a la libre determinación
y uno de los medios a través de los cuales pueden ejercer su derecho a participar y a definir su propio
concepto de desarrollo.70
Derechos a la integridad cultural
La integridad cultural de los pueblos indígenas está relacionada con el derecho a la supervivencia misma de
las comunidades indígenas y sus miembros. Bajo el principio de no discriminación, el reconocimiento del
derecho a la identidad cultural (o a la cultura) es ingrediente y vía de interpretación transversal para concebir,
respetar y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.
Estos derechos están reconocidos en diversos artículos del Convenio 169, entre ellos: el deber de reconocer y
proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales (artículo 5°); el derecho al desarrollo
de su propia cosmovisión (artículo 7°); y el respeto de la relación espiritual de los pueblos indígenas con la
tierra (artículo 13). La Declaración Universal de los Derechos Humanos los reconoce en los artículos relativos
a los derechos: a conservar y reforzar instituciones culturales (artículo 5°); a practicar y revitalizar costumbres
culturales (artículo 11); y a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural (artículo 31).
Desde el sistema universal de protección de los derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos, en la
Observación General Número 23, reconoce que el ejercicio de los derechos culturales por parte de los pueblos
indígenas está relacionado con el uso de sus recursos y territorios y que estos derechos implican la adopción
de medidas para garantizar la participación de los miembros de las comunidades en la toma de las decisiones
que les afectan, es decir, reconoce el derecho a la consulta.
En relación con este derecho toma relevancia la Protección de la cultura indígena.71
El Derecho Internacional
de los Derechos Humanos ha establecido que al desconocerse el derecho ancestral de las comunidades indí-
genas sobre sus territorios, se podrían estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad
cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros.72
69
de 2007, serie C, núm. 172, párr. 133. También véase Los Principios de Ecuador, principio 5.
70
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, El derecho la consulta de los pueblos
indígenas: la importancia de su implantación en el contexto de los proyectos de desarrollo a gran escala, 2010, pp. 41-56.
71
Otros instrumentos que hacen referencia a este derecho son: Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 12; De-
claración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo iii; y la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 30.
72
Corte idh. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, serie C,
núm. 245.

48
El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ha señalado al Estado mexicano en su infor-
me titulado México: Situación del supuesto otorgamiento de concesiones mineras en la región de Wiriku-
ta, Real de Catorce, San Luis Potosí, donde se encuentran sitios sagrados del pueblo Wixárika (huichol), lo
siguiente: “se debería prestar especial atención a su derecho a mantener y desarrollar sus creencias religiosas
de acuerdo a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual dispone en su artículo
18 que ‘Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradicio-
nes, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas…’ Además, el artículo 25 de la Declaración afirma
el derecho de los pueblos indígenas ‘a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras,
territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado
en otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones
venideras”.73
Las limitaciones al derecho de propiedad indígena sobre sus territorios ancestrales podrían afectar otros
derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural, el derecho colectivo a la integridad cultural,
o el derecho a la supervivencia colectiva de las comunidades y sus miembros.74
En el caso del pueblo in-
dígena Moiwana, la Corte idh configuró la violación al derecho a la integridad personal (en términos de
integridad personal cultural y de integridad colectiva cultural) “por el sufrimiento emocional, psicológico,
espiritual y económico que las personas miembros de esta comunidad habían sufrido al verse obstaculiza-
dos sus esfuerzos por obtener justicia […] y la separación de sus tierras tradicionales”.75
A manera de anexo la y el lector encontrará un ejercicio similar a este pero en relación otros derechos
humanos, como el derecho: al agua, a un medio ambiente adecuado, a defender los derechos humanos
y a un tribunal independiente, imparcial y competente. Lo anterior, en aras de que la y el lector iden-
tifique la relevancia de los estándares internacionales en la conformación del contenido y obligaciones
de todos los derechos humanos, tanto de los civiles y políticos como de los económicos, sociales y cul-
turales.
Ello responde a que, desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011,
la consideración de las fuentes de derecho internacional resulta imprescindible para el análisis de todos los
casos en materia de derechos humanos y es una obligación a cargo de todas las autoridades del Estado.
73
onu-Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas. Anexo viii “México: Situación del supuesto otorgamiento de concesiones mineras en la región de
Wirikuta, Real de Catorce, San Luis Potosí, donde se encuentran sitios sagrados del pueblo Wixárika (huichol)”, James Anaya. Doc.
A/HRC/18/35/Add.1, 22 de agosto de 2011, párr. 14.
74
Corte idh. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005, serie C,
núm. 125, párr. 147.
75
Corte idh. Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio
de 2005, serie C, núm. 124, párrs. 94-103.

49
6. El caso de la comunidad de Tsïtsïki Urapiti a la luz de la reforma
constitucional en materia de derechos humanos
A partir de esta nueva información invitamos a la/el lector a que se reformule las preguntas planteadas
en el primer análisis del caso de la comunidad de Tsïtsïki Urapiti.
¿Cómo califica el proceder del poder judicial, con el conocimiento que tiene de las últimas•
reformas que ha sufrido la constitución mexicana en materia de derechos humanos y en ma-
teria de amparo?
¿Qué normatividad nacional e internacional es aplicable al caso?•
¿Identifica violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades implicadas en el•
caso? De ser así ¿cuáles identifica?
¿Logró identificar violaciones al derecho a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas o al•
derecho a la consulta, libre, previa e informada o la identidad cultural de los pueblos indíge-
nas? De ser así, ¿cómo se configura el contenido y las obligaciones del Estado en relación con
estos derechos?
¿Le merece alguna opinión la resolución del caso, considerando el derecho a un recurso efec-•
tivo que remedie la violación a derechos humanos?
En aras de abonar a este análisis y para destacar cómo es que a partir de las normas e instrumentos in-
ternacionales se conforma el contenido y obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos
y como tales estándares permiten analizar el caso desde un enfoque más protector para las personas y a
los grupos; a continuación se presentara la resolución que tomó la Corte Interamericana de Derechos
Humanos considerando tales estándares.
a) Derechos humanos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró violentados en un caso
similar al de la comunidad de Tsïtsïki Urapiti76
Tomando en consideración los estándares internacionales en materia de derechos humanos relevantes
para analizar el caso, con un enfoque de derechos humanos, la Corte concluyó que fueron violados:
La obligación de garantizar el derecho a la consulta en relación con los derechos
a la propiedad comunal indígena e identidad cultural
La Corte consideró la vinculación estrecha que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así como
con los recursos naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se desprendan
de ellos. Por ello, la protección de su derecho a la propiedad es necesaria para garantizar su supervi-
vencia física y cultural y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres,
creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados. La Corte
76
El caso planteado fue retomado, con modificaciones, del resumen oficial del caso: Corte idh. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku
vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, serie C, núm. 245. La sentencia completa está disponible en:
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp1.pdf> [Consultado en abril de 2013]

50
estableció que el reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades
y pueblos indígenas y tribales está cimentado, entre otros, en el respeto a sus derechos a la cultura pro-
pia o identidad cultural, los cuales deben ser garantizados, particularmente, en una sociedad pluralista,
multicultural y democrática.
En definitiva, este Pueblo indígena no fue consultado por el Estado antes de que se realizaran activi-
dades propias de exploración petrolera, se sembraran explosivos o se afectaran sitios de especial valor
cultural.
El derecho a la identidad cultural
La Corte reiteró que al desconocerse el derecho ancestral de las comunidades indígenas sobre sus terri-
torios, se podrían estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la
supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros. Puesto que el goce y ejercicio efec-
tivos del derecho a la propiedad comunal sobre la tierra garantiza que los miembros de las comunidades
indígenas conserven su patrimonio, los Estados deben respetar esa especial relación para garantizar su
supervivencia social, cultural y económica. Asimismo, reconoció la estrecha vinculación del territorio
con las tradiciones, costumbres, lenguas, artes, rituales, conocimientos y otros aspectos de la identidad
de los pueblos indígenas; señalando que las comunidades indígenas heredan de generación en genera-
ción un patrimonio cultural inmaterial, recreado por los miembros de las comunidades, en función de
su integración con la naturaleza, su historia y entorno.
Bajo el principio de no discriminación, el reconocimiento del derecho a la identidad cultural (o a la
cultura) es ingrediente y vía de interpretación transversal para concebir, respetar y garantizar el goce
y ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, protegidos por la Con-
vención y por los ordenamientos jurídicos internos. La Corte consideró que el derecho a la identidad
cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe
ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática.
El Estado, al no consultar al Pueblo Indígena sobre la ejecución del proyecto que impactaría directa-
mente en su territorio, incumplió sus obligaciones, conforme a los principios del derecho internacional
y su propio derecho interno, de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que este Pueblo
Indígena participara a través de sus propias instituciones y mecanismos y de acuerdo con sus valores,
usos, costumbres y formas de organización, en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas que inci-
dían o podían incidir en su vida cultural y social, afectando sus derechos a la propiedad comunal y a la
identidad cultural. En consecuencia, la Corte hizo la consideración de que el Estado es responsable por
la violación del derecho a la propiedad comunal de este Pueblo.
Derechos a la vida e integridad personal
Fueron colocados 1400 kg. De explosivos de alto poder (pentolita) en el territorio de este Pueblo Indí-
gena y este hecho constituye un factor de grave riesgo para la vida e integridad de sus miembros. Esto
constituye un riesgo claro y comprobado, que correspondía al Estado desactivar, por lo que el incum-

51
plimiento de su obligación de garantizar el derecho a la propiedad comunal, permitiendo la siembra de
explosivos en su territorio, ha significado que el Estado es responsable de haber puesto gravemente en
riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de este pueblo indígena, en relación
con la obligación de garantía del derecho a la propiedad comunal.
Derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial
Además de reiterar su jurisprudencia, relativa a la obligación de los Estados de proveer recursos, el Tri-
bunal observó que fueron interpuestas varias denuncias en relación con alegadas agresiones u amenazas
a integrantes de este pueblo indígena. La Corte observó que no se iniciaron investigaciones en cinco
de los seis hechos denunciados y que, en cuanto a la investigación iniciada, se evidencia inactividad
procesal con posterioridad a la realización de algunas diligencias. Por ello, el Tribunal encontró que en
este caso las autoridades estatales no actuaron con la debida diligencia, por lo que el conjunto de las
investigaciones no constituyó un medio efectivo para garantizar el derecho a la integridad personal.
En virtud de lo anterior, la Corte consideró que el Estado no garantizó un recurso efectivo que reme-
diara la situación jurídica infringida, ni garantizó que la autoridad competente prevista decidiera sobre
los derechos de las personas que interpusieron el recurso y que se ejecutaran las providencias, mediante
una tutela judicial efectiva.

En aras de que la y el lector identifique la relevancia de los estándares internacionales en la conformación
del contenido y obligaciones de todos los derechos humanos, tanto de los civiles y políticos como de los
económicos, sociales y culturales. A continuación se presentan algunos ejercicios de reflexión adicionales.
En relación con los derechos a continuación enlistados conteste las preguntas planteadas:
• Derecho al agua.
• Derecho a un medio ambiente adecuado.
• Derecho a defender los derechos humanos.
• Derecho a un tribunal independiente, imparcial y competente.
1. ¿A partir de cuáles instrumentos jurídicos nacionales se podría conformar el contenido y obligaciones
por parte del Estado mexicano en relación con cada uno de estos derechos?
2. ¿Qué instrumentos internacionales conoce que le podrían ayudar a configurar el contenido de cada uno
de estos derechos, así como las obligaciones por parte del Estado Mexicano en relación con estos?
Ahora en aras de completar sus respuestas a estas interrogantes le sugerimos que revise la información
de los siguientes cuadros que contienen una primera aproximación general a los estándares internacio-
nales sobre cada uno de estos derechos.
Derecho al agua
Concepto
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General núm. 15 define este
derecho como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible
para el uso personal y doméstico. Este derecho es un requisito previo para poder alcanzar otros derechos,
ya que una cantidad de agua salubre es necesaria para prevenir la muerte por deshidratación, para la prepa-
ración de alimentos, para la higiene personal y doméstica, entre otros.
Ejercicios
adicionales

53
Contenido
El contenido del derecho humano al agua se desarrolla a partir de la interpretación que realizó el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su 29a
sesión. De esta se desprende
la Observación General núm. 15 titulada “El derecho al agua”, en la que se interpretan los artículos 11
(derecho a un nivel de vida adecuado) y 12 (derecho a la salud) del Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (pidesc). El artículo 11 del pidesc reconoce el derecho de toda persona
a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una
mejora continua de las condiciones de existencia. También establece que los Estados Partes deberán tomar
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. Por otro lado, el artículo 12 del pidesc
reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
La Observación General en comento señala que el derecho humano al agua entraña tanto libertades como
derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso al suministro de agua necesario para ejercer
el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitra-
rios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. Asimismo establece tres factores que
se deben aplicar en cualquier circunstancia: disponibilidad, calidad y accesibilidad.
El derecho al agua impone a los Estados Partes tres tipos de obligaciones: respetar, proteger y cumplir. La
obligación a respetar requiere que los Estados Partes se abstengan de interferir directa o indirectamente en el
goce del derecho al agua. Mientras que, la obligación a proteger significa que los Estados Partes deben
evitar que terceros de cualquier modo interfieran en el goce del derecho al agua. Por último la obligación
a cumplir, demanda a los Estados Partes adoptar las medidas necesarias para la plena realización del de-
recho al agua.
Instrumentos de derecho internacional
Además de la Observación General núm. 15, existen varios instrumentos de derecho internacional cuyo
contenido gira en torno al derecho humano al agua, ya sea de manera directa o bien, a través de una inter-
pretación amplia del contenido del instrumento en cuestión.
Tratados Internacionales
Instrumento Año de Creación Año de Ratificación
(México)
Convenios de Ginebra 1949 1952
Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer
1979 1980
Convención sobre los Derechos del Niño 1989 1990
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales
1966 1981

54
Declaraciones, resoluciones, informes y hechos relevantes
al derecho humano al agua
Instrumento Año
Declaración de Mar del Plata de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. 1977
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 1986
Cumbre Mundial en Favor de la Infancia 1990
Declaración de Nueva Delhi 1990
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente 1992
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro,
Brasil
1992
Declaración Ministerial de la Haya sobre la Seguridad del Agua en el Siglo xxi 2000
Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce 2001
Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible 2002
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el
alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos relacio-
nadas con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos
internacionales de derechos humanos
2007
Nombramiento de un experto independiente mediante la Resolución 7/22 2008
Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/RES/15/9 “Los derechos humanos
y el acceso al agua potable y el saneamiento”
2010
Resolución de la Asamblea General A/RES/64/292 “El derecho humano al agua y el
saneamiento”
2010
Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud WHA64/24 “Agua potable, saneamiento
y salud”
2011
Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HC/RES/18/1 2011
oancudh, México, Indicadores sobre el derecho al agua en México,
oancudh, México, 2012, págs. 27-48.

55
Derecho a un medio ambiente sano
Concepto
No existe una sola definición general de lo que se entiende por el derecho a un medio ambiente sano, sin
embargo, se pueden tomar varios principios de los instrumentos internacionales que se han dado la tarea
de regular ese tema:
el derecho a un medio ambiente, es el derecho fundamental de toda persona a la libertad, igualdad y•
a condiciones de vida satisfactorias, en un ambiente cuya calidad permita vivir con dignidad y bien-
estar. (Principio 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano);
el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos.•
(Artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales);
el derecho de toda persona al acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que•
dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que
encierran peligro en sus comunidades, la oportunidad de participar en los proceso de adopción de
decisiones, y el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resar-
cimiento de daños y los recursos pertinentes. (Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo);
el derecho de “toda persona, tanto a título individual como en asociación con otras, a disfrutar de•
un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El derecho al medio ambiente es un derecho
que puede ejercerse ante los poderes públicos y entidades privadas, sea cual sea su estatuto jurídico en
virtud del derecho nacional e internacional. El derecho al medio ambiente se ha de ejercer de forma
compatible con los demás derechos humanos, incluidos el derecho al desarrollo. Toda persona tiene
derecho al medio ambiente, sin ningún tipo de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idio-
ma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole”. (Artículo 1° de la Declaración de Bizcakia
sobre el Derecho al Medio Ambiente).
Contenido
En el artículo 1° de la Declaración de Bizcakia sobre el Derecho al Medio Ambiente reconoce que “Toda
persona, tanto a título individual como en asociación con otras, a disfrutar de un medio ambiente sano
y ecológicamente equilibrado.” Se puede afirmar que la degradación del medio ambiente se encuentra
íntimamente vinculada con la mayoría de los derechos humanos reconocidos universalmente, es por ello
que, al causarse un determinado desequilibrio ecológico, pueden estarse produciendo a su vez graves vio-
laciones a los derechos: a la vida, a un recurso efectivo, a la salud, a la propiedad, a la igualdad ante la ley,
al trabajo, al desarrollo, entre otros.

56
Sistema de las Naciones Unidas
Instrumento Año de
creación
Año de
ratificación
(México)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966 1981
Resolución 2398 (xxiii) de la Asamblea General de Naciones 1968
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Huma-
no, Estocolmo, Suecia
1972
Carta Mundial de la Naturaleza 1982
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 1986
Concepto de Desarrollo Sustentable, derivado del Informe intitulado “Nuestro Futuro
Común” de la Ministra Noriega Gro Harlem Bruntland
1987
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de
Janeiro, Brasil
1992
Agenda 21 1992
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 1992
Declaración Autorizada, sin Fuerza Jurídica Obligatoria, de Principios para un Consenso
Mundial Respecto de la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los
Bosques de Todo Tipo
1992
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 1992 1993
Convenio sobre la Diversidad Biológica 1992 1993
Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, Viena, Austria 1993
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países afec-
tados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en África
1994 1995
La rectora Fatma Zahra Ksentini presenta a la Comisión de Derechos Humanos un borra-
dor de la Declaración sobre Principios de Derechos Humanos y Medio Ambiente
1994
Se nombra a Fatma Zahra Ksentini como relatora especial para investigar los efectos del
vertimiento ilícito de sustancias tóxicas y peligrosas
1995
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático
1998 2000
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica
2000 2002
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, Sudáfrica 2002
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 2007
Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equi-
tativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad
Biológica
2010 2011
Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la onu que crea el mandato de experto
independiente sobre derechos humanos y medio ambiente
2012

57
Sistema regional de protección de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (oea)
Instrumento Año de
creación
Año de
ratificación
(México)
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José” 1969 1981
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Humanos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”
1988 1996
oancudh, México, Indicadores sobre el derecho al agua en México,
oancudh, México, 2012, págs. 27-50.
Derecho a un tribunal independiente, imparcial y competente
Concepto
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2°, establece que: “Toda persona tiene dere-
cho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra
ella en materia penal”.
Independientemente de que este derecho sea un elemento o un presupuesto del derecho a un juicio justo,
debe entenderse como un principio fundamental de todo proceso. La imparcialidad significa que el/la juez/a o
funcionario/a público a cargo de determinar la situación jurídica de una persona en un conflicto, penal o no,
esté libre de intereses particulares sobre el caso.
Contenido
De la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se desprende que la independencia del
juez o la jueza es un elemento con dos vertientes: 1) en lo individual, la jueza o el juez está obligado a decidir
conforme a derecho, libre de cualquier injerencia pública o privada; y 2) dicha injerencia debe ser evitada ins-
titucionalmente mediante normas que garanticen el adecuado nombramiento, la inamovilidad y la inmunidad
ante presiones externas.
Los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura (adoptados por el Séptimo Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto
al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre
de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985), establecen una serie de lineamientos que deben ser considerados
por los Estado. Los siguientes preceptos del al 7 enuncian, de manera, general los principios de independencia,
imparcialidad y competencia:
La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o1.
la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la
independencia de la judicatura.

58
Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en conse-2.
cuencia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromi-
siones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera de los sectores o por cualquier motivo.
La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para3.
decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la
ley.
No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a re-4.
visión las decisiones judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de
revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la judicatura efectuada
por las autoridades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley.
Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedi-5.
mientos legalmente establecidos. No se crearán tribunales que no apliquen normas procesales debidamen-
te establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios.
El principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el pro-6.
cedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes.
Cada Estado Miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debi-7.
damente sus funciones.
Instrumentos de Derecho Internacional
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 14
Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, in-
dependiente e imparcial, establecido por la ley, en la substancialización de cualquier acusación de carácter penal
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
La Observación General No. 32 del Comité de Derechos Humanos, en el párrafo 19, se refiere a la obligación
estatal de garantizar la independencia, imparcialidad y competencia de los tribunales de cada país.
Convención Americana de Derechos Humanos Artículos 8 y 25 (respectivamente)
El artículo 8 de la Convención Americana en Derechos Humanos reconoce el derecho a contar con un juez o
jueza, o tribunal competente, independiente e imparcial.
El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce que todos los Estados partes están
obligados:
a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal de Estado decidirá sobre los derechos•
de toda persona que interponga tal recurso;
a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado•
procedente el recurso.
oacnudh, México, Indicadores sobre el derecho a un juicio justo del Poder Judicial
del Distrito Federal, oacnudh, México, 2012, págs. 27-33.

59
Derecho a defender los derechos humanos
Concepto
La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, en su artículo 2 establece un conjunto
de obligaciones que el Estado debe asumir para “crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole,
así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectiva-
mente, pueda disfrutar el derecho a defender los derechos humanos”.
Contenido
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y De-
fensores de los derechos humanos en las Américas. 2012, párr. 16) entiende que “el ejercicio del derecho a defender los de-
rechos humanos no puede estar sujeto a restricciones geográficas e implica la posibilidad de promover y defender libre
y efectivamente cualquier derecho cuya aceptación es indiscutida; los derechos y libertades contenidos en la propia
Declaración de defensores; y también nuevos derechos o componentes de derechos cuya formulación aún se discute”.
Por su parte, la Corte Interamericana ha subrayado que, en razón del principio de indivisibilidad e interdependencia
de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos “no sólo atiende a los derechos civiles y políticos, sino
también las actividades de denuncia, vigilancia y educación sobre derechos económicos, sociales y culturales”.
De acuerdo con resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 9 de febrero de 2006, en el caso
Nogueira de Carvalho y otros, aunque el Estado tiene la obligación de garantizar la protección a todas las personas
bajo su jurisdicción, las personas defensoras de derechos humanos se encuentran en una situación de particular riesgo
y, por lo tanto, requieren de especial protección en virtud del papel que desarrollan para la vigencia misma de los
derechos humanos.
El cumplimiento de la obligación de protección está intrínsecamente ligado a la protección y al reconocimiento de la
importancia del papel que cumplen las defensoras y los defensores de derechos humanos, cuya labor es fundamental
para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho.
La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales universales reconocidos, en su artículo 2, establece un conjunto de
obligaciones que el Estado debe asumir para “crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así
como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente,
pueda disfrutar el derecho a defender los derechos humanos”. Este es el documento principal que reconoce el derecho a
defender los derechos humanos y, a partir de este derecho, articula otros derechos fundamentales tales como el derecho
de asociación, manifestación pacífica, el acceso a la información, a la libertad de expresión, a solicitar y recibir recursos,
el acceso a la justicia, a la participación política, entre otros.
Sistema de las Naciones Unidas
Instrumento Año de
creación
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universales reconocidos
1998
oacnudh, México, Protección a defensoras y defensores de derechos humanos, compilación de estándares internacionales
para la valoración del riesgo, Documento de trabajo, págs. 4-10.

Elaborados por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
Título Acceso electrónico (link)
20 Claves para conocer y comprender mejor los derechos humanos http://www.hchr.org.mx/files/doctos/20claves__DH_
web.pdf
Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en
México
http://hchr.org.mx/files/doctos/Indicadores_
MedioAmbiente.pdf
O´Donell, Daniel, Derecho internacional de los derechos
humanos, Normativa, jurisprudencia y doctrina de los
sistemas universal e interamericano
http://hchr.org.mx/files/doctos/DerechoIntlDDHH_
Odonnell_2edicion.pdf
scjn y oacnudh , Compilación de Instrumentos
Internacionales, Sobre Protección de la Persona Aplicables
en México, Tomo 1: Derecho Internacional de los Derechos
Humanos
http://www.scjn.gob.mx/libro/Documents/
InstrumentosInternacionales.pdf
Políticas Públicas y Presupuestos con Perspectiva de Derechos
Humanos
http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/2011/
L280211PPDH.pdf
Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el
ámbito de los Derechos Humanos
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/
Documents/OHCHR_Handbook_SP.pdf
Prácticas de buen gobierno para la protección de los Derechos
Humanos
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
GoodGovernance_sp.pdf
Violaciones a derechos humanos en México: ¿Cómo presentar una
queja ante la onu?
http://hchr.org.mx/files/doctos/
ComoPresentarQueja2012_WEB.pdf
Derecho a un medio ambiente sano
Indicadores sobre el derecho a un medio ambiente sano en
México, Vol. 1,
http://hchr.org.mx/files/doctos/Indicadores_
MedioAmbiente.pdf
Derecho al agua
Indicadores sobre el derecho al agua en México , http://hchr.org.mx/files/doctos/Indicadores_
MedioAmbiente.pdf
Materiales de
consulta

61
Derecho a un juicio justo
Indicadores sobre el derecho a un juicio justo, del Poder Judicial
del Distrito Federal, volumen i
Indicadores_juicio_justoVOL1.pdf
Indicadores sobre el derecho a un juicio justo, del Poder Judicial
del Distrito Federal, volumen ii
Indicadores%20juicio%20justo%20FINAL.pdf
Indicadores sobre el derecho a un juicio justo de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal
http://hchr.org.mx/files/doctos/Ind_JJusto_PGJDF_
WEB.pdf
Indicadores sobre el derecho a un juicio justo y evaluación del
desempeño del Poder Judicial de Tamaulipas, De acuerdo
a la metodología del oacnudh
http://hchr.org.mx/files/doctos/INDICADORES_
PJETAM_WEB.pdf
Insumos para la formación en derechos humanos y
administración de justicia
http://www.hchr.org.mx/files/ONUMedios/2012/07/
Insumos_formacion_dh_administracion_justicia.
pdf
Funciones jurisdiccionales
scjn y oacnudh, Tendencias de los Tribunales Constitucionales
de México, Colombia y Guatemala, Análisis de sentencias
para el control de convencionalidad
http://hchr.org.mx/files/doctos/Tendencias_
TribunalesConst_Mex-Col-Guatemala.pdf
scjn y oacnudh,, Sentencias de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación desde el análisis de los Derechos Humanos,
Recopilación de ensayo
http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/
Sentencias_dela_SCJN_desdeel_análisis_delos_
DH.pdf
scjn y oacnudh, Los Derechos Humanos en la actividad
jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Tomo i
DH%20en%20actividad%20de%20la%20
SCJN_1.pdf
scjn y oacnudh, Los Derechos Humanos en la actividad
jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Tomo ii
DH%20en%20actividad%20de%20la%20
SCJN_2.pdf
El litigio estratégico en México: la aplicación de los derechos
humanos a nivel práctico
litigioestrategico.pdf
Derecho a la libertad de expresión
Derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/2011/
L120111DALL.pdf
Derecho a defender los derechos humanos
Comentario a la Declaración sobre el derecho y el deber de los
individuos, los grupos y las instituciones de promover y
proteger Defensoras y Defensores de los DH y las libertades
fundamentales, universalmente reconocidos
COMENTARIO%20-%20FINAL_MX_web.
pdf
Derechos de los pueblos indígenas
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas
declaraciononudhi.pdf
El derecho a la consulta de los pueblos indígenas: la importancia
de su implementación en el contexto de los proyectos de
desarrollo a gran escala
derecho_consulta_IS.pdf
El reconocimiento legal y vigencia de los Sistemas Normativos
Indígenas en México
http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/sistnorm.
pdf
Informe del Diagnóstico sobre el acceso a la justicia para los
indígenas en México, Estudio de caso en Oaxaca
http://www.hchr.org.mx/files/informes/oaxaca/
InformeDiagn%C3%B3sticoJusticia.pdf
Derechos humanos, proyectos de desarrollo y desalojos http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/desalojos_
mexico.pdf

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Otra información relevante se puede encontrar en las páginas web de la Oficina Alto Comisionado del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos:
Oficina en México: <www.hchr.org.mx>
Oficina Sede: <www.ohchr.org.>

Fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
se terminó de editar en mayo de 2013.
Para su composición se utilizaron los tipos Adobe Garamond Pro y Verdana.
En el marco del Programa de Derechos Humanos y Medio Ambiente
y comprometida con la ecología y el cuidado del planeta,
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
edita este material en versión electrónica para reducir
el consumo de recursos naturales, la generación
de residuos y los problemas de contaminación.
Todos los contenidos que integran la metodología
así como las diversas fuentes complementarias
las puedes consultar en la herramienta virtual ReformaDH:
<www.reformadh.org.mx>

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