Gsdivtsoc tema 6.3 complementaria

VI
6.2. LA SEXUALIDAD DE LOS/LAS JÓVENES EN MÉXICO.
“Salud sexual y reproductiva de los adolescentes en México: evidencias y
propuestas”.
Los adolescentes constituyen una población prioritaria para la salud sexual y
reproductiva (SSyR) a nivel global; sus propias características (biológicas,
psicológicas y sociales) los colocan en cierta situación de vulnerabilidad. En México,
de acuerdo con el último Censo Nacional de Población y Vivienda (2010), la
población de 12-19 años de edad representa el 15.6% de la población total.
En el país, la amplia heterogeneidad en normas y oportunidades existentes ha
propiciado diversas realidades sociales difíciles de atender bajo una única
perspectiva social y de política pública, en especial para este grupo poblacional. Las
valoraciones culturales de lo femenino y lo masculino; los significados que se
atribuyen a la sexualidad y al cuerpo; la exposición a tecnología de información y
comunicación masiva, la organización del sistema de salud, las redes de apoyo
social, y en general los determinantes sociales (educación, familia, empleo,
migración), se vinculan directamente con la morbimortalidad sexual y reproductiva
de los adolescentes.
Como parte de los determinantes sociales, en México, a excepción de esporádicos
e instruidos esfuerzos, la educación sexual ha carecido de una visión integral; se ha
privilegiado la transmisión de conocimientos sobre aspectos biológicos de la
reproducción y la promoción de la abstinencia sexual, sin una cultura de prevención
desde la perspectiva de la salud sexual, la equidad de género y los derechos
sexuales y reproductivos; también, se ha mostrado que existe una carencia de
información basada en evidencia científica relevante y actualizada. En los
indicadores de salud de los adolescentes se observan las consecuencias de su
insuficiencia.

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En este artículo se presenta información de encuestas y/o estudios publicados
vinculados al embarazo, conocimiento y uso de métodos modernos de
anticoncepción, infecciones de transmisión sexual (ITS) y morbimortalidad materna
de adolescentes mexicanos, a fin de exponer evidencia para el planteamiento o
fortalecimiento de políticas públicas y diseño de programas para esta población. Se
busca señalar avances, rezagos y prioridades nacionales en términos de su SSyR.
A pesar de que cada vez hay más acceso a información especializada, aún existen
tres grandes limitantes en la información disponible sobre la SSyR de adolescentes
en México: a) se enfoca a mujeres; b) existen diferentes cortes de edad para definir
a la población adolescente y c) se enfoca a adolescentes casadas o unidas.
Inicio de vida sexual, uso de métodos anticonceptivos y fecundidad.
Si bien en México la fecundidad de todas las mujeres ha disminuido a lo largo del
tiempo (de 3.3 hijos entre 1989-1991 a 2.2 en 2006-2008), en adolescentes esta
continúa siendo elevada. La tasa de fecundidad* en mujeres de 35-39 años es de
41 hijos/1,000 mujeres, mientras que entre adolescentes (15-19) esta es de 70. En
2009, los nacimientos en madres menores de 20 años representaron el 18.8%. Las
adolescentes sin escolaridad muestran la tasa más alta de fecundidad (180/1,000
mujeres), en tanto que, entre las que tienen una escolaridad de secundaria o más,
esta tasa es de 60/1,000 mujeres.
Se ha documentado que el 40% de las mujeres que se embarazan en la
adolescencia no planean o no desean el embarazo en ese momento. En estratos
sociales desfavorecidos el embarazo temprano es una práctica prevalente. Esto
puede deberse a que el embarazo es considerado como la única opción viable entre
las posibilidades al alcance de las adolescentes, o bien a que, en contextos de
precariedad socioeconómica (comunidades indígenas, rurales o marginadas), las
posibilidades de libertad y desarrollo para las mujeres son restringidas.

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En México, la primera relación sexual, la primera unión y el nacimiento del primer
hijo se encuentran fuertemente vinculados en el tiempo; la mayoría de los
nacimientos se dan dentro de una unión, o bien, la primera unión se da en un
intervalo de tiempo relativamente reducido posterior al nacimiento del primer hijo.
Por tanto, las madres solteras adolescentes son relativamente pocas (1 de cada 10
madres adolescentes es soltera).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), para
2009 la mediana de edad a la primera relación sexual en mujeres de 15-19 años de
edad era de 15.4 años, y 56/1,000 adolescentes se convirtieron en madres; las
mujeres que inician la vida reproductiva durante la adolescencia tienen
descendencias más numerosas que aquellas que se convierten en madres a edades
adultas.
En relación con los métodos anticonceptivos, las encuestas disponibles indican que
la gran mayoría de los adolescentes han escuchado hablar de algún método
anticonceptivo; sin embargo, si se analiza su conocimiento a profundidad, se
identifica que para muchos este es erróneo o incompleto15,16. Por ejemplo,
mientras que un 65.4% de las mujeres de 15-49 años de edad responden
correctamente a lo que debe hacerse cuando se olvida tomar una pastilla
(hormonal), este conocimiento disminuye a 18.7% en las de 15-19. De igual forma,
en la anticoncepción de emergencia, 37.4% de todas las mujeres dio una respuesta
correcta respecto al tiempo después de la relación sexual en que se debe tomar, en
contraste con 31.6% de las adolescentes.
En adolescentes sexualmente activas, de 15-19 años, el uso de métodos
anticonceptivos aumentó 16 puntos porcentuales entre 1987-2009 (de 38.8-54.9%);
esto se debe principalmente al incremento del 19% en el uso de métodos modernos,
con una disminución del 3% en el uso de métodos tradicionales.

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En general, se sabe que el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación
sexual es muy reducido. La ENADID 2009 muestra que solo 38% de las mujeres
adolescentes usó algún método anticonceptivo y que la edad mediana para el uso
del primer método en mujeres en edad fértil es de 21.7 años, mientras que la edad
mediana al primer hijo nacido vivo es de 20.5 años.
De acuerdo con la demanda insatisfecha de anticonceptivos (ya sea para espaciar
y/o limitar la fecundidad), las adolescentes y jóvenes unidas son el grupo de mujeres
más expuesto a un embarazo al no usar métodos anticonceptivos, a pesar de
manifestar el deseo de no tener hijos por un tiempo o nunca más. Al respecto, en
2009 se identificó que, mientras que en las mujeres unidas de 15-49 años de edad
un 9.8% no deseaba tener más hijos, pero no se protegían, entre las adolescentes
unidas de 15-19 años de edad este porcentaje es del 24.6%. Esta demanda
insatisfecha varía si se consideran diferentes características sociodemográficas.
Salud materna.
Una de las acciones básicas para la preservación de la salud materna e infantil es
la atención prenatal por parte de personal calificado. Para lograr un mejor bienestar
de la madre y el hijo, la Norma Oficial Mexicana 007 recomienda que al menos sean
cinco las consultas durante un embarazo de bajo riesgo (sean adultas o
adolescentes). En el caso de las adolescentes mexicanas de 15-19 años de edad,
el número promedio de consultas prenatales en 2009 es de 6.520, en tanto que en
las mujeres de 15-49 años es de 7.4.
A pesar de que el número de revisiones promedio efectuadas a las adolescentes
supera el mínimo recomendado por la normatividad internacional, preocupa que sea
menor que en adultas, ya que, debido a su edad, las adolescentes embarazadas se
encuentran expuestas a mayores riesgos de salud que ameritan un seguimiento
más cercano del proceso gestacional.

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En 2009, las adolescentes (10-19 años de edad) acudieron a atención hospitalaria
en Secretaría de Salud (SSA), principalmente por causas relacionadas con el
embarazo, parto y puerperio (82.7%), y de estas las causas son: parto espontáneo
(71.2%), parto por cesárea (10.2%), aborto (8.4%), atención materna por
desproporción cefalopélvica conocida o presunta (5.6%) y ruptura prematura de
membranas (4.6%).
La mortalidad materna también es un problema de gravedad para las adolescentes.
El embarazo en edades tempranas duplica las posibilidades de morir con respecto
a las mujeres de 20 años y más; para las menores de 15 años el riesgo es cinco
veces mayor.
En 2008, las defunciones de adolescentes asociadas con el embarazo, parto y
puerperio se ubicaron entre las principales causas de muerte, y representaron el
13% de todas las muertes maternas registradas en el país. En el año 2011 la razón
de mortalidad materna de las menores de 20 años es de 53.4, y para el total de
mujeres de 50.1 muertes/100,000 nacidos vivos. Asimismo, el número de
defunciones asociadas a la maternidad por cada 100,000 nacidos vivos ha
aumentado entre las adolescentes. En adolescentes indígenas (de 15-24 años de
edad), la mortalidad materna es la primera causa de defunción, duplicando la de las
mujeres no indígenas.
Por otro lado, las complicaciones por abortos inseguros son también una causa de
morbimortalidad materna en adolescentes. En comparación con las mujeres
adultas, las adolescentes recurren a la interrupción del embarazo en etapas
avanzadas del embarazo, aumentando el riesgo reproductivo. Una legislación
menos restrictiva puede modificar las condiciones que propician la interrupción del
embarazo en condiciones inseguras. En 2007, la Asamblea Legislativa del Gobierno
del Distrito Federal implementó el Programa de Interrupción Legal del Embarazo.

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Las cifras de los primeros 3 años indican que 5.1% de las usuarias tienen entre 11-
17 años y 12% entre 18-19. Se trata principalmente de mujeres solteras (84%) y sin
hijos (75%); el 52% acudió en etapas tempranas del embarazo (< 9 semanas) y los
principales motivos para solicitar la interrupción del embarazo fueron la falta de
recursos (34%) y el deseo de posponer la maternidad (32%).
Salud sexual de varones adolescentes
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, el
23% de los varones de 12-19 años de edad ya habían iniciado su vida sexual y un
80.6% usó condón en su primera relación sexual. En contraste, 20.5% de las
mujeres de estas mismas edades había iniciado vida sexual, de las cuales 61.5%
reportó el uso del condón con su primera pareja sexual.
En general, los varones tienen un buen conocimiento de métodos de prevención de
embarazo e ITS. No obstante, en una encuesta en estudiantes de educación básica
y media superior (13-19 años) en cinco entidades con rezago en materia de salud
reproductiva (2003), se muestra que entre ellos solo el 27% ha oído hablar de la
anticoncepción de emergencia. Respecto a las ITS, muestran un conocimiento
incompleto, ya que la mayoría refiere que el uso del condón evita su contagio, sin
embargo, casi la mitad afirma que el uso de óvulos o pastillas anticonceptivas
también previene una ITS.
Si bien los indicadores cuantitativos sobre adolescentes varones no son
exhaustivos, los estudios cualitativos permiten comprender cómo la construcción
social y la expresión de la masculinidad tienen una influencia decisiva en los
comportamientos y, por tanto, en su SSyR, que se reflejan en las estadísticas de
morbimortalidad en varones adolescentes.

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Infecciones de transmisión sexual.
Las conductas que conducen a muchas adolescentes a un embarazo, como la
multiplicidad de parejas sexuales y la falta o inconsistencia en el uso del condón,
también las exponen a ITS, teniendo importantes consecuencias sobre su salud;
entre ellas, un incremento en el riesgo de adquirir VIH, infertilidad o complicaciones
en el embarazo. En México, las ITS se ubican entre las 10 primeras causas de
morbilidad general en el grupo de 15-44 años de edad.
Los estudios sobre epidemiología de las ITS en adolescentes mexicanos son
escasos; un estudio con una muestra representativa de jóvenes de zonas
semiurbanas marginadas en México muestra una prevalencia de virus del herpes
simple tipo 2 (VHS-2) de 9 y 4% en hombres y mujeres, respectivamente, de 15-18
años de edad. Si bien no existen estudios con representatividad nacional sobre la
prevalencia por virus del papiloma humano (VPH) en adolescentes, estudios locales
con universitarios indican que los jóvenes se encuentran frecuentemente expuestos
a este virus.
De todas las ITS, la atención se ha focalizado en el VIH, pues representa un
problema serio y creciente de salud pública, especialmente para adolescentes y
jóvenes. A nivel mundial, la mitad de los nuevos casos de VIH ocurren en población
de 15-24 años; en México, donde hay un importante subregistro de casos de VIH,
en la población de 15-19 años de edad se reportaron 2,744 casos acumulados de
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) entre 2002-2011 de un total de
149,883 casos (1.8%), siendo la vía sexual la principal forma de transmisión.

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Discusión y perspectivas.
Toda política pública para propiciar la SSyR en adolescentes debe basarse en el
marco del respeto a sus derechos; los adolescentes y jóvenes deben ser
reconocidos como seres con autonomía capaces de tomar decisiones acertadas
sobre su cuerpo y bienestar. Para esto requieren información y habilidades que les
permitan apropiarse de sus derechos, para demandar una educación sexual sin
prejuicios y acceso a servicios de salud de calidad en un clima de privacidad y
confidencialidad.
Debe reconocerse la diversidad de orientaciones e identidades sexuales bajo el
respeto a las diferencias y rechazando todo tipo de estigma y discriminación. Un
marco de respeto a los derechos supone que sus necesidades sean consideradas
por encima de otras figuras de autoridad como maestros, proveedores de servicios
de salud e incluso los propios padres; esto les permitirá ejercer su sexualidad de
manera libre, informada, protegida y responsable.
Adicionalmente, se debe enfáticamente incluir a los varones en las estrategias de
SSyR, involucrándolos en su corresponsabilidad.
A continuación, se señalan algunas reflexiones sobre necesidades específicas y
acciones encaminadas a mejorar la SSyR de los adolescentes, retomando
sugerencias de organismos nacionales e internacionales.
Propuestas enfocadas en educación sexual.
Diseñar e implementar programas efectivos de educación sexual.
Los programas de educación sexual para adolescentes deben partir de un enfoque
incluyente, considerando aspectos biológicos, éticos, afectivos, sociales, culturales
y de género. Este debe incorporar de manera temprana la promoción de
comportamientos saludables y placenteros, fortalecer la capacidad de negociación
asertiva, fomentar decisiones responsables e informadas con relación al beneficio

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que conlleva el postergar el inicio de vida sexual y el uso de métodos
anticonceptivos, en especial el condón y la anticoncepción de emergencia. La
información y provisión de anticonceptivos en parejas no unidas debe hacerse con
fines de prevención de embarazo e ITS y no solo como un método de PF. No existen
evaluaciones formales, a nivel institucional, sobre los programas de educación
sexual ni sobre la calidad de impartición de sus contenidos. Su evaluación aportará
elementos sustantivos para la modificación del currículo de acuerdo con
necesidades pertinentes y actuales para los adolescentes.
Incursionar en el uso de tecnologías y medios de comunicación para el diseño
de estrategias de prevención novedosas.
Los medios de comunicación, y en general las tecnologías computarizadas, son
mecanismos que pueden utilizarse para la promoción de comportamientos
saludables y provisión de información útil basada en evidencia científica. El diseño
e implementación de programas debe considerar la cotidianeidad de aquellos
adolescentes que se encuentran en constante contacto con estas tecnologías
(internet, redes sociales y los medios de comunicación en general). La información
y mensajes que se difundan debe ser consistente con una visión de promoción de
la salud sexual, así como comportamientos y valores positivos de y para los
adolescentes.
Involucrar a los padres de familia en la educación sexual de sus hijos.
La evaluación de programas que incluyen a los padres en dicha tarea muestra
efectos positivos en la reducción de comportamientos de riesgo. Para esto se
requiere de campañas y/o programas que favorezcan el que adquieran de manera
eficiente información sustantiva y útil sobre SSyR. Estas intervenciones deben
dirigirse a padres de adolescentes escolarizados, pero también a padres de familia
con baja escolaridad y/o con hijos que abandonaron la escuela o que no han
estudiado. Estas propiciarán el que se sientan seguros para comunicarse con sus

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hijos sobre prevención de riesgos, fomentando a la vez autonomía en sus
decisiones, entre otras, para el uso correcto de métodos, la negociación con sus
parejas y el manejo de la presión de pares.
Invertir en el entrenamiento y sensibilización de docentes y proveedores de
servicios de salud.
El sistema educativo y los servicios de salud, en coordinación, deben convertirse en
herramienta fundamental para la prevención de embarazos e ITS en adolescentes.
Se debe promover la formación de recursos humanos en salud integral a través de
equipos multidisciplinarios. La capacitación sobre SSyR debe ser con enfoque de
género y derechos sexuales, y factible de utilizarse para la formación o atención de
los adolescentes. Se debe priorizar que aquellos con mayor contacto con esta
población estén sensibilizados y capacitados, buscando abatir el prejuicio y la
incomodidad que pueden sentir al hablar de estos temas.
Fortalecer y promocionar programas para adolescentes que ya tienen un hijo.
La permanencia de adolescentes con un hijo en la escuela ampliará sus
posibilidades de desarrollo e inserción en empleos mejor remunerados. Para esto,
el apoyo para el cuidado de los hijos es imprescindible, por lo que se debe fortalecer
la existencia de programas como el PROMAJOVEN y el Programa de Estancias
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, y ampliar su cobertura.
Propuestas enfocadas al acceso y calidad de los servicios de salud.
Implementar estrategias para ampliar el acceso de los adolescentes a los servicios
de salud. Es indispensable que se aproveche toda visita de niños y adolescentes
con cualquier motivo de consulta para lograr un mayor acercamiento a los servicios
de salud, particularmente en población rezagada. Se debe verificar que los
proveedores otorguen información oportuna buscando la promoción de
comportamientos saludables en un ambiente de respeto y confidencialidad.
También deben desarrollarse estrategias para que las adolescentes embarazadas

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ingresen a un control prenatal en una edad gestacional temprana. A la par, se deben
implementar estrategias novedosas de captación para adolescentes.
Emprender acciones concretas para fortalecer la operación de los servicios
de salud para adolescentes.
Los servicios de salud son primordiales para mejorar la salud de los adolescentes,
en particular SSyR. Ante esto, se requiere ampliar la cobertura y certificación de los
servicios amigables, así como el monitoreo de su calidad de acuerdo con los
estándares internacionales y bajo un criterio de atención integral, con miras a
evaluar su impacto. Particularmente, se necesita la acreditación del personal para
trabajar específicamente con la problemática de prevención (uso de métodos de
corta y larga duración), reproducción (embarazo, parto y puerperio), así como
detección y atención de ITS y el abastecimiento de varios métodos, especialmente
el condón y anticoncepción de emergencia, así como su distribución gratuita
especialmente en áreas geográficamente excluidas.
Es crucial hacer énfasis en la atención a mujeres y hombres solteros y explorar
estrategias que motiven una mejor operación de los servicios, como por ejemplo
incentivos y/o pago por desempeño, como ha sido propuesta en la iniciativa Salud
Mesoamérica 2015. Se requiere evaluar el impacto de sus acciones con indicadores
puntuales como uso de condón, reducción del embarazo adolescente, uso y
continuidad del servicio, etc.
Promover el uso en conjunto de condón y métodos de control de fecundidad
en adolescentes que ya tienen un hijo.
Para evitar un nuevo embarazo a corto plazo y/o la adquisición de ITS, se requiere
de una amplia y adecuada orientación de SSyR para adolescentes; esta debe
considerar la promoción tanto de diversos métodos anticonceptivos como la del
condón. Asimismo, la consejería sobre anticoncepción debe tener lugar en varios
momentos durante la atención prenatal y no limitarse únicamente al posparto

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inmediato. Dichas tareas deben estar presentes de manera particular en
comunidades rurales y/o con adolescentes sin un estado conyugal estable.
Garantizar el acceso a servicios de abortos seguros y legales.
Se requiere que los proveedores que ofrecen servicios de aborto estén capacitados
en el uso de procedimientos seguros y con menores complicaciones como la
aspiración manual endouterina y el aborto con medicamentos. Es imprescindible
asegurar que, cuando el marco legal lo establezca, las adolescentes que no desean
continuar con un embarazo tengan acceso a servicios de calidad para su
interrupción segura, y se deben redoblar los esfuerzos para lograr que el aborto a
elección sea despenalizado en todo el país. A la par, para disminuir el embarazo no
planeado y, por consecuencia, el aborto entre adolescentes, se debe asegurar el
abasto, acceso, uso correcto y consistente de anticonceptivos y acceso a programas
de SSyR.
Propuestas enfocadas a la coordinación comunitaria e intersectorial.
Favorecer el vínculo de la comunidad con las escuelas, los centros de salud y otras
instancias.
Este vínculo debe quedar establecido como una corresponsabilidad y como un
acuerdo susceptible de ser monitoreado; esto podría garantizar que, además de
permitir contacto temprano entre centros de salud, escuelas y adolescentes, un
mayor número de estos se expongan a información veraz y oportuna y a PF.
Reforzar la colaboración de distintas dependencias gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales.
Una agenda de política pública integral y organizada de acuerdo con las prioridades
y necesidades de los adolescentes requiere de una coordinación eficiente y
planeación en conjunto entre los diferentes organismos responsables del desarrollo
y salud de esta población. Las instancias gubernamentales deben seguir
acompañándose del conocimiento y activismo de las organizaciones de la sociedad

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civil (OSC) y experiencia de las agencias internacionales, ya que estas poseen una
larga trayectoria, y muchas de las políticas de SSyR que en las últimas décadas se
implementaron han sido posibles gracias a su insistente labor; entre otras, la
inserción de materias de educación sexual en el currículo oficial, la inclusión de la
anticoncepción de emergencia en la Norma Oficial Mexicana de PF, la Declaratoria
Ministerial «Prevenir con educación» y la despenalización del aborto en el Distrito
Federal.
Fortalecer los programas sociales dirigidos a promover el sano desarrollo de
los niños y jóvenes.
Se vuelve fundamental incorporar la perspectiva de los determinantes sociales en
las políticas dirigidas a impulsar un desarrollo saludable; por ejemplo, para reducir
la pobreza, promover el acceso y permanencia en el sector educativo y el acceso a
servicios de salud, favorecer la inserción de los jóvenes en empleos estables,
estrategias para apoyar la definición de un proyecto de vida y, en general, políticas
para promover aspectos positivos para el desarrollo. Estas políticas deben
considerar los cambios que se van presentando a nivel estructural, tales como la
falta de empleos formales, la crisis económica, la migración y el ambiente de
inseguridad que se vive en México. Dichos cambios pueden permear las decisiones
más inmediatas, incluso las reproductivas, o limitar las oportunidades de un
adolescente. Por esto, es fundamental, aprovechar los programas sociales como
plataforma para promover acciones de salud reproductiva en adolescentes.
Propuestas enfocadas a la generación y utilización de evidencia científica.
Comprometer el financiamiento para realizar investigaciones pertinentes acordes a
las necesidades y problemáticas que enfrentan los adolescentes.
A pesar de la extensa cantidad de información en relación con la SSyR, todavía
existen ciertos vacíos, tales como el impacto de los servicios dirigidos hacia los
adolescentes, la calidad de la atención que reciben, el tipo de métodos
anticonceptivos que se prescribe de acuerdo con sus características individuales (a

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corto y largo plazo), la continuidad en su uso, las necesidades específicas de
anticoncepción de los adolescentes (solteros y en unión), la ruta de las tomas de
decisiones y las redes sociales de apoyo en anticoncepción y en
paternidad/maternidad, entre otros. Además, existe como necesidad prioritaria el
desarrollo de estudios multidisciplinarios, fundamentados en la combinación de
metodologías de investigación.
Garantizar que toda política pública se encuentre fundamentada y respaldada
por la evidencia científica.
Los tomadores de decisiones deben comprometerse a revisar y utilizar información
científica actualizada para el diseño e implementación de estrategias con mayor
probabilidad de éxito.
Asignar recursos para la evaluación y monitoreo de los programas
implementados.
Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos e identificar
aquellos elementos factibles de mejorar, es imprescindible la evaluación de los
programas (económico, de diseño, de proceso y de impacto); esto, además,
permitirá valorar el desempeño y gasto invertido de manera más óptima. En los
últimos años ha habido importantes esfuerzos para desarrollar evaluaciones a las
acciones en salud, así como otros programas sociales. No obstante, no basta con
normar la obligatoriedad de las evaluaciones. Para contar con evaluaciones de
calidad que permitan retroalimentar la operación de los programas, es necesario
dotarlos de los recursos necesarios para la conducción de las evaluaciones. En
conclusión, es importante reconocer que, a pesar de los avances logrados y los
importantes esfuerzos que en México se han puesto en marcha en materia de SSyR
dirigidos hacia adolescentes, todavía quedan grandes retos en esta área. Lograr
una mejor coordinación intersectorial y entre instituciones es fundamental para
mejorar la SSyR de los adolescentes y, por ende, su calidad de vida.

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