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D. R. © 2012. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Revista Mexicana de Derecho Electoral, núm. 1, enero-junio de 2012, pp. 381-402,
México, D. F.
Percepciones y actitudes sobre
algunos temas de la reforma política
Julia Isabel Flores*
Omar Alejandre*
Miguel Ángel García Olivo*
SalvadorVázquez del Mercado*
Sumario:
I. Reforma política y opinión pública
II. Reelección y democracia
III. Segunda vuelta electoral
IV. Candidaturas independientes
V. F inanciamiento de campañas electorales.
Contratación de tiempos en medios de comunicación
masiva
VI. Distribución de tiempos en medios de comunicación
masiva
VII. Relaciones de control entre los poderes Ejecutivo
y Legislativo
VIII.Transformaciones de la política
IX. Bibliografía
*
Investigadores en el área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

RevistaMexicanadeDerechoElectoral,núm.1,2012,pp.381-402
383Percepciones y actitudes sobre algunos temas de la reforma política •
Ante la ausencia de estudios sobre las actitudes de la población ha-
cia la reforma política, en la Segunda Encuesta Nacional de Cultura
Constitucional 2011 se plantearon algunas preguntas que permitieran
analizar la opinión pública sobre dicho tema. La opinión de los ciu-
dadanos sobre esos asuntos específ icos sólo puede comprenderse si se
estudian también los elementos principales de su contexto sociocultu-
ral, por ello una de las secciones de la encuesta se encaminó al análisis
de las opiniones sobre algunos temas de la reforma política que se
complementan con el nivel de información y los valores y actitudes
democráticos y autoritarios.
Esta encuesta, réplica de la Primera Encuesta Nacional de la Cons-
titución levantada en 2003, fue diseñada por el Área de Investigación
Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM. Consta de 2208 entrevistas cara a cara, en vivienda a personas
de 15 años y más, y fue levantada en mayo de 2011.1
I. Reforma política y opinión pública
Como consecuencia de la puesta en práctica de la reforma política
aprobada en 2007 y de los cambios a la Constitución y al Código Fe-
deral de Instituciones y Procedimientos Electorales, se planteó una
polémica alrededor de los distintos temas luego de su aplicación por
primera vez en las elecciones de 2009. Ello trajo como consecuencia
la propuesta de iniciativas provenientes de distintos actores políticos
y de la sociedad civil que cristalizaron en nueve iniciativas y cuatro
documentos entregados al Congreso de la Unión.
Las demandas se han centrado en una mayor participación y es-
crutinio de los ciudadanos en la política por distintas vías: reelección
legislativa, iniciativa ciudadana y, sobre todo, candidaturas a cargos de
elección popular independientes de los partidos políticos. De hecho,
todas y cada una de las propuestas ya habían sido planteadas con an-
terioridad pero no se les había dado el canal ni la importancia para ser
consideradas y puestas en marcha.
1
El diseño de la muestra permite analizar cuatro regiones del país con un error de
estimación de +/- 2.85 para un nivel de conf ianza del 95%.

384 Flores Alejandre García Olivo Vázquez del Mercado•
Hoy de nuevo cobra fuerza la demanda por una reforma política,
por una mejora de la calidad de la política y de los políticos. Si bien, en
principio esta demanda se había manifestado en acciones aisladas de
algunos sectores, como, por ejemplo, el llamado a anular el voto que
pese a la débil respuesta de la población, duplicó durante el proceso
electoral de 2009 la cantidad de votos anulados con relación a 2006;2
en contraste, los procesos electorales de 2010 se caracterizaron por
elecciones competidas y con altas tasas de participación.
Varios factores, entre ellos, el desinterés de la gente en la política y
el desconocimiento de los temas por el público, a los que se aúna la
dif icultad de hacer coincidir las diversas voluntades e intereses, hacen
de la reforma política un tema para el que rara vez se encuentren co-
yunturas favorables. Varios meses después de las elecciones de 2009
se presentaron las iniciativas para la reforma política que se pretendía
aprobar antes del proceso electoral de 2012. Hoy esta posibilidad se
pospone hasta después de las próximas elecciones federales.
Dentro de las nueve iniciativas presentadas por los partidos polí-
ticos y el Ejecutivo es posible distinguir ocho grandes temas a discu-
sión en los que se agrupan alrededor de cuarenta cambios propuestos
cuyos temas principales son: democracia representativa, democracia
participativa, sistema de partidos, integración de los poderes legisla-
tivos federal y locales, equilibrio de poderes, rendición de cuentas y
responsabilidades de los servidores públicos, procuración de justicia
y Poder Judicial; sin embargo, no en todos ellos había coincidencias.
Los escasos puntos en común de las nueve iniciativas son: reelec-
ción legislativa, reelección de autoridades municipales, candidaturas
independientes y ratif icación del gabinete por parte del Senado.
Tomando en cuenta las cuarenta propuestas de cambio y los escasos
puntos en común, f inalmente se aprobó en la Cámara de Senadores
el 26 de abril de 2011 un dictamen realizado por las comisiones de
Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos
que únicamente incluye cambios en materia de iniciativa ciudadana,
consulta popular, candidaturas independientes, iniciativa presidencial
preferente, observaciones del Ejecutivo al Presupuesto de Egresos de
la Federación, reconducción de aprobación del presupuesto, sustitu-
2
Según cifras of iciales del Instituto Federal Electoral, los votos anulados durante el
proceso electoral de 2009 fueron 1 867 729 de un total de 34 560 344, es decir, el 5.4% de
la votación; mientras que en 2006, en la elección de diputados federales se contabilizaron
como nulos 1 033 665 de un total de 41 195 198 votos, es decir el 2.5% de la votación.

ción del presidente en caso de falta absoluta, reelección de legislado-
res, ratif icación por el Senado de comisionados de órganos regula-
dores e integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En las diez propuestas aprobadas en el Senado sólo se tocaron cua-
tro de los ocho grandes temas presentados (democracia representati-
va, democracia participativa, integración de los poderes legislativos
locales y equilibrio de poderes) lo que evidencia que el largo proceso
de negociación entre partidos tuvo resultados que fructif icaron en un
dictamen mucho más abundante que los simples puntos en común
entre iniciativas. Es importante destacar que un punto común entre
las iniciativas, la reelección de las autoridades municipales, no fue
incluido en el dictamen f inal aprobado por la cámara de origen. No
obstante, el dictamen convertido ya en minuta, no fue aprobado en
la Cámara de Diputados, se concluyó que se requería una mayor dis-
cusión y consulta con la ciudadanía y se calendarizó un programa de
foros de debate para los meses de junio a agosto de 2011. Con esto se
canceló la reforma política para el proceso electoral de 2012.
El dictamen propuesto de reforma política no fue aprobado debido
a diferencias entre el Partido Revolucionario Institucional, el Partido
Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática en los te-
mas de reelección legislativa, candidaturas ciudadanas, observaciones
del Ejecutivo al presupuesto de egresos de la federación, reconducción
de aprobación del presupuesto e integración de la Asamblea Legisla-
tiva del Distrito Federal. En este punto es importante mencionar que
mientras el Partido Acción Nacional aceptó y f irmó sin modif icación
alguna la minuta del Senado —aunque reconoció que la reforma se
quedó corta en los (sub)temas de segunda vuelta electoral y reducción
de las cámaras del congreso—, tanto el PRI como el PRD reconocie-
ron que hace falta hacer modif icaciones en la minuta proveniente del
Senado de la República.
Así, de diez propuestas que incluía el dictamen votado en el Senado,
las únicas coincidencias que se encuentran entre la cámara alta y la cá-
mara baja se reducen a cinco propuestas que son: iniciativa ciudadana,
consulta popular, ratif icación por el Senado de comisionados de órga-
nos reguladores, sustitución del presidente en caso de falta absoluta e
iniciativa presidencial preferente.
En la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional se tomaron los
temas más representativos y los más discutidos de la reforma política
para conocer las opiniones, sentimientos y actitudes sobre algunos de

los temas discutidos: reelección, segunda vuelta electoral, candidatu-
ras independientes, contratación de tiempos en medios de comuni-
cación masiva, distribución de tiempos en medios de comunicación
masiva y control del Ejecutivo por el Legislativo.
II. Reelección y democracia
La ideología de la revolución mexicana que dio sustento al Estado
mexicano ha declinado en su discurso y algunos de sus contenidos
parecen haber perdido su vigencia; no obstante, varios de sus prin-
cipios permanecen profundamente arraigados en el imaginario de la
población. Permanece la idea de un Estado laico y como base fun-
damental del sistema, el principio de la no reelección. En México, la
reelección se vincula en el imaginario social a un régimen dictatorial,
al mismo tiempo que la cultura de exigencia de rendición de cuentas
no está presente en la mayoría de la población, que no contempla a la
reelección como un instrumento útil para la premiación o el castigo a
la labor de un funcionario.
Históricamente en México la reelección se ha asociado con la exis-
tencia de una dictadura y la no reelección con la lucha por la demo-
cracia, debido a la memoria del movimiento revolucionario de 1910-
17. Los cambios acontecidos en el país durante los últimos años y las
demandas por la democratización nos llevaron a explorar qué tanto
han cambiado o no las percepciones de la población acerca de la rela-
ción entre la reelección y la democracia.
La reelección es uno de los componentes más discutidos de la po-
tencial reforma electoral. Las resistencias a la reelección consecutiva
están f incadas tanto en la opinión pública como en los líderes de los
partidos políticos. En primer lugar, la opinión pública ve a los políti-
cos con desconf ianza severa; en segundo, los líderes de los partidos no
quieren perder el control de sus bancadas en el Congreso al permitir
que los ciudadanos decidan quiénes permanecen en sus curules. Sin
embargo, la reelección consecutiva es un mecanismo ef iciente para
generar rendición de cuentas: si los políticos (y los partidos) quie-
ren conservar sus puestos de elección popular, deberán convencer al
electorado de que los merecen. De esta forma, la permanencia de los
políticos en sus puestos de elección popular estará determinada no

sólo por los caprichos de los líderes de su partido, sino también por su
desempeño al promover políticas públicas que atiendan a los intereses
de su electorado.
Esta “conexión electoral” (Mayhew 2004) favorece el acercamiento
de los candidatos a sus distritos y puede, potencialmente, promover
una relación más positiva entre los representantes y quienes votan por
ellos. Los votantes ganan incentivos para conocer a sus representan-
tes y enterarse de lo que han hecho, mientras que los representantes
buscan satisfacer las demandas de su electorado al tiempo que buscan
también representar sus intereses. La promesa de continuidad también
puede promover políticas públicas diseñadas para el largo plazo, que
permitan a los representantes con una carrera política en cargos de
elección popular llevarse el crédito por el trabajo realizado. No todo
es favorable, sin embargo. La reelección genera incentivos para que los
representantes aumenten su presencia en la discusión pública según es
reflejada en los medios de comunicación masiva. Esto signif ica que las
campañas electorales de los diputados y senadores aumentarán en su
intensidad, lo que complicará aún más la labor de los agentes electo-
rales para controlar y f inanciarlas.
En 2011 la opinión sobre la reelección se encuentra dividida: el
acuerdo con la reelección del presidente obtiene 45%, mientras que
el desacuerdo alcanza a poco más de la mitad de los entrevistados.
Con la reelección de los diputados federales estuvo de acuerdo, o
de acuerdo en parte el 40% de los encuestados. Asimismo, crece el
acuerdo con la reelección de los senadores, de los gobernadores y pre-
sidentes municipales que alcanzan a poco más de un tercio de los en-
trevistados (véase gráf ica1).

Gráf ica 1
En México no hay reelección, es decir que los funcionarios públicos
no pueden volver a ser electos para el mismo puesto.
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría usted con que
pudiera reelegirse…?
(porcentajes)
Fuente: Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, México, UNAM, Insti-
tuto de Investigaciones jurídicas, 2011.
Estarían más de acuerdo con la reelección del presidente de la Re-
pública los jóvenes entre los 15 y 29 años, las personas con mayor
ingreso, quienes habitan en el sur del país, las personas que dijeron
identif icarse con el PAN, el PT y el PVEM. Con la reelección de los
diputados federales estuvieron más de acuerdo las personas que se
identif ican con el PT y el PVEM y quienes no se identif ican con nin-
gún partido, así como los que habitan en el sur y centro del país.
La oposición a la reelección es aún mayoritaria. Más de la mitad
de las personas entrevistadas consideran que no se debería reelegir
al presidente de la República, diputados, senadores, gobernadores o
presidentes municipales. No obstante, existen confusiones sobre los
efectos posibles de la reelección como se observa en las siguientes pre-
guntas.
En la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional se
plantearon preguntas adicionales para recoger las percepciones del
público sobre la reelección de los diputados federales en relación con

su desempeño, en torno a la idea de que la reelección constituiría un
acicate para el mejoramiento de su función. A la pregunta, ¿Con cuál
de las siguientes frases está usted más de acuerdo…? Si en México hu-
biera reelección los diputados harían mejor su trabajo para que la gente
los reelija o los diputados seguirían trabajando igual que hasta ahora,
la opinión se muestra dividida: un 40.2% considera que los diputados
harían un mejor trabajo, particularmente los jóvenes, las personas con
más altos niveles de escolaridad y quienes no cuentan con ninguna,
quienes habitan en ciudades medias y quienes habitan en el sur del
país. En contraste, piensan que los diputados seguirían trabajando
igual que ahora los varones, los adultos de 65 años y más quienes tie-
nen menores niveles de escolaridad y quienes habitan en las regiones
centro y centro-occidente del país (véase gráf ica 2).
Gráf ica 2
¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo?
(porcentajes)
Si en México
hubiera
reelección los
diputados
harían mejor
su trabajo para
que la gente
losreelija
Losdiputados
seguirían
trabajando
igual que
ahora
Ninguna (esp.) Otra(esp.) NS/NC
40.2
43.9
8.1
1.6
4.5
tuto de Investigaciones Jurídicas, 2011.
Con el propósito de conocer la disposición de los entrevistados a
premiar o castigar con su voto el desempeño de los diputados se plan-
teó la pregunta: Si hubiera reelección en México y su diputado hubiera

hecho un buen trabajo, ¿Votaría ud. por él otra vez? Cuatro de cada
diez entrevistados señalaron que votarían de nuevo por ese diputado,
entre ellos, las personas con mayores niveles de escolaridad, quienes
se identif ican con el PAN, quienes habitan en las grandes ciudades y
en el norte del país. Dijeron que preferirían votar por otra persona
un poco más de uno de cada cuatro entrevistados, y menos de uno de
cada diez señalaron que preferirían no votar (véase gráf ica 3).
Gráf ica 3
Si hubiera reelección en México y su diputado hubiera hecho un
buen trabajo, ¿Votaría ud. por él otra vez?
(porcentajes)
Votaría
otra vez
por él
Votaría
por otra
persona
No votaría
(esp.)
Depende
(esp.)
Otra(esp.) NS/NC
38.4%
26.5%
15.2%
12.3%
0.6%
7.0%
En la sociedad comienza a crecer paulatinamente y expresarse una
corriente de opinión en favor de la reelección, que tiende a aumentar
de 1998 a la fecha, y abarca a los jóvenes, los estratos altos de escolari-
dad e ingreso, no obstante, todavía no es mayoritaria.

III. Segunda vuelta electoral
El mecanismo de la segunda vuelta implica la celebración de una se-
gunda elección en la que compiten solamente los dos candidatos que
obtienen los porcentajes más altos de votación en una primera con-
tienda abierta a todos los candidatos elegibles. Cualquier elección, ya
sea de primera o segunda vuelta, es asumida como la expresión de
una serie de preferencias individuales que, al ser agregadas, arrojan al
candidato preferido por la mayoría, ya sea relativa o absoluta.
La segunda vuelta tiene el objetivo expreso de garantizar una ma-
yoría absoluta de los votos al candidato ganador (es decir, el 50% más
uno de la votación), con la intención de reducir la ambigüedad de las
contiendas electorales cerradas y los potenciales riesgos a la legitimi-
dad del ganador y del régimen democrático. Por ejemplo, las compli-
caciones que siguieron a la elección presidencial de 2006 pudieron
haberse mitigado de existir la segunda vuelta que conf irmara ante la
opinión pública y ante los actores políticos relevantes que Felipe Cal-
derón había ganado la elección.
Este argumento, sin embargo, se enfrenta a la posibilidad de que de
existir la segunda vuelta y dados el muy cerrado margen de la elección
y la inestabilidad de las preferencias de la mayor parte del electorado
(Flores-Macías, 2009), el margen entre ambos candidatos fuera cerra-
do también (lo que no resuelve el problema de legitimidad del gana-
dor) y aun peor para la credibilidad del sistema electoral mexicano, el
ganador resultara ser el candidato que en la primera ronda obtuvo el se-
gundo lugar. Este escenario resulta ciertamente poco plausible. Sin em-
bargo, las variables cruciales para explicar el comportamiento de los
electores en un escenario de segunda vuelta no han sido cabalmente
exploradas.
A la pregunta planteada en la Segunda Encuesta Nacional de Cul-
tura Constitucional, en el caso de que una elección para presidente re-
sultara muy cerrada, cuatro de cada diez personas entrevistadas creen
que se debería declarar ganador al partido que obtuvo más votos. Tres
de diez respondieron que se debería organizar una nueva elección
entre los dos primeros lugares y poco menos de la cuarta parte res-
pondió, espontáneamente, que se debería hacer un recuento de votos
(véase gráf ica 4).

Gráf ica 4
Si una elección para presidente resultara muy cerrada,
en su opinión ¿Qué se debería hacer?
(porcentajes)
Algunas de las preguntas aún abiertas a discusión son las siguientes:
¿cuál es la probabilidad de que vuelvan a las urnas una segunda vez
los votantes que en la primera ronda votaron por alguno de los dos
partidos participantes? Cualquier diferencia en la motivación o en la
movilización de ambos grupos de electores puede alterar el porcen-
taje de votos que reciba cada partido en la segunda visita a las urnas.
La siguiente pregunta concierne a los votantes que no seleccionaron
a alguno de los participantes en la segunda vuelta, ¿por qué partido
votarán, si acaso acuden a votar, en la segunda vuelta? Esta pregunta
no es trivial: dada la multidimensionalidad del espacio ideológico en
las elecciones en México y de nuevo, dada la inestabilidad de las pre-
ferencias electorales, muchos de estos votantes pueden decidir acudir
a votar por alguno de los dos contendientes si f iguran entre su segun-
da preferencia (siendo la primera preferencia la que expresaron en
la primera ronda) de forma que no corresponda cabalmente con sus
intereses ideológicos (asumiendo que los tenga).
Las particularidades del electorado mexicano pueden introducir
inestabilidades en los resultados de la segunda vuelta: los sufragios de
los votantes que expresan sus segundas preferencias pueden no tener
una correspondencia clara con un espacio ideológico básico como es,
por ejemplo, la distinción entre partidos de izquierda, centro y dere-

cha. Por ejemplo, un perredista que acuda a las urnas en una segunda
vuelta entre un candidato priísta y otro panista bien puede votar por
el PAN, ya que no quiere apoyar un candidato del viejo régimen, aun-
que es probable que un candidato priísta favorecería políticas públicas
más cercanas a sus intereses. El problema no radica tanto en la expre-
sión de las preferencias electorales, las cuales pueden no tener un or-
denamiento claro, sino más bien en la inestabilidad que introducirían
en los resultados electorales en una segunda vuelta. Especialmente en
escenarios en los que los resultados electorales son cerrados, dicha
inestabilidad en la expresión de preferencias de los votantes partidis-
tas y no partidistas pueden generar resultados que posiblemente no
reflejen cabalmente (aunque así sea su cometido inicial) las preferen-
cias de los votantes mexicanos.
IV. Candidaturas independientes
Por lo que respecta a las candidaturas independientes para acceder a
algún cargo de elección popular en México, aún no se encuentra esta
f igura regulada, ya que el artículo 41 constitucional deja esta facultad
exclusivamente a los partidos políticos.
Las candidaturas independientes buscan abrir espacios políticos en
un paisaje, la aparición de nuevas opciones políticas está limitada por
los liderazgos jerárquicos de los partidos existentes y sus listas cerra-
das de candidatos a puestos de elección popular. Puede decirse que
los partidos políticos existentes y representados en el congreso actúan
como un cártel —lo que los economistas llaman un oligopolio— que
protege a sus miembros cerrando el acceso de nuevos actores al juego
electoral y legislativo. Las leyes electorales existentes, tales como las
listas cerradas de candidatos (que controlan el acceso de los miem-
bros del partido a puestos de elección popular) o como los umbrales
de votación a los que está condicionada la continuidad del registro de
los partidos (que limitan el número de partidos que tienen acceso al
Congreso), pueden explicarse como estrategias diseñadas para con-
trolar (y limitar) las opciones políticas que son presentadas a la ciuda-
danía antes de cada elección (Lijphart, 1999). Las candidaturas inde-
pendientes buscan evadir estas restricciones y permitir a candidatos

ajenos a la constelación existente de partidos acceder a la competencia
electoral.
Esta propuesta encuentra, entre otras, dos objeciones importantes:
la primera corresponde a la forma como los candidatos independien-
tes embonarían en el sistema existente de f inanciamiento of icial de los
partidos; la segunda corresponde a los efectos que tendría en materia
de acceso a los medios electrónicos de comunicación. El primer pro-
blema signif ica llevar a cabo un ejercicio de rediseño constitucional
que requiere acomodar los esfuerzos de promoción de candidatos que,
al carecer de un partido, no f iguran en las fórmulas actuales de distri-
bución de recursos. En segundo lugar, si las candidaturas ciudadanas
han de tener un impacto no trivial en la contienda electoral, requieren
que los candidatos alcancen un nivel signif icativo de exposición me-
diática cuyo costo tendría que ser cubierto por el presupuesto destina-
do a los tiempos of iciales.
En la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, aun-
que las candidaturas ciudadanas reciben el apoyo de cuatro de diez
entrevistados, más de la mitad pref iere que los candidatos pertenez-
can a un partido político (véase gráf ica 5).
Gráf ica 5
¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a los que usted piensa?
(porcentajes)
Este resultado puede ser muestra del creciente descontento social
frente a los partidos políticos. No obstante, es importante notar que la
etiqueta partidista de un candidato proporciona información impor-

tante a los votantes sobre el espectro de políticas públicas que el can-
didato en cuestión podría poner en práctica si fuera elegido, así como
sobre el grupo político al que pertenece y sobre el cual los votantes
también pueden tener preferencias formadas (como ejemplo, considé-
rese el voto a favor o en contra del PRI) (Ansolabehere, 2006). Carecer
de dicha etiqueta aumenta el costo que un candidato independiente
tendría que pagar, en términos de la información que tendría que pro-
veer a los votantes potenciales y la intensidad con la cual tendría que
transmitir dicho mensaje a la opinión pública, para contender creí-
blemente en la elección. F inalmente, esta brecha informativa abre la
posibilidad de la entrada de candidatos independientes cuya campaña
esté basada en consideraciones de tipo carismático o en plataformas
antisistémicas que exploten nichos de descontento y desconf ianza ins-
titucional en el electorado.
V. Financiamiento de campañas electorales.
Contratación de tiempos en medios de comunicación
masiva
El artículo 41 constitucional en su fracción tercera dispone que los
partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera per-
manente de los medios de comunicación social, y posteriormente en
la parte f inal de la misma fracción, en su apartado A, dispone una pro-
hibición expresa para los particulares en la contratación de publicidad
política en los medios de comunicación, y para describir con mayor
claridad es necesario citar dicha referencia:
Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir,
por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio
y televisión.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta
de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a
influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en
contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popu-
lar. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de
mensajes contratados en el extranjero.
Con relación a los tiempos y goce de transmisión de los anuncios de
los partidos políticos en los medios de comunicación social se estable-

ce una regulación puntual por parte de nuestra Constitución, la cual
en el artículo 41, fracción III, apartado A, realiza diversas salvedades:
Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la ad-
ministración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión
destinado a sus propios f ines y al ejercicio del derecho de los partidos po-
líticos nacionales...
Esta redacción del artículo citado, junto con la distribución de re-
cursos, fue considerada la parte medular de la reforma electoral de
2007, cuya amplia discusión y participación de los medios de comu-
nicación no tiene precedente. Por ello en la Segunda Encuesta Nacio-
nal de Cultura Constitucional se preguntó el acuerdo o desacuerdo de
las personas sobre la capacidad de los distintos actores políticos para
f inanciar espacios publicitarios en los medios electrónicos de comu-
nicación.
Así, tenemos que los datos recabados muestran que casi la mitad
de los entrevistados están de “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con
que sólo los partidos políticos puedan contratar publicidad política en
radio y televisión (véase gráf ica 6). Un porcentaje un poco menor está
de acuerdo con que los individuos o las agrupaciones de ciudadanos
puedan hacer lo mismo.
Igualmente, seis de cada diez entrevistados están “en desacuerdo”
o “muy en desacuerdo” con que la Iglesia contrate publicidad política
en radio y televisión; más de la mitad de la población entrevistada está
“en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con que las empresas hagan
lo mismo.

Gráf ica 6
Por lo que usted piensa, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está
usted con que las personas u organizaciones que no participan
en las elecciones, como... puedan contratar publicidad política
en radio y televisión?
(porcentajes)
VI. Distribución de tiempos
en medios de comunicación masiva
El reparto equitativo de publicidad durante la campaña es un asunto
que compete a la distribución de recursos públicos para promover a
los candidatos previamente registrados. El principal punto de debate
en este respecto es que la distribución de los recursos a todos los parti-
dos sea de forma proporcional o igualitaria para todos. Un argumento
a favor de la distribución igualitaria de los recursos para publicidad
durante las campañas es la apertura de espacios mediáticos a opciones
políticas nuevas o poco conocidas, permitiéndoles alcanzar públicos
nuevos. Una consecuencia de esto sería favorecer la pluralidad en las
campañas políticas.
El problema con este argumento es doble, sin embargo. En primer
lugar, la ya citada volatilidad de las preferencias electorales de los ciu-
dadanos mexicanos (producida, en parte, por la falta de posiciones
ideológicamente distinguibles entre los partidos políticos) favorece-
ría la dispersión de las preferencias electorales, las que bien pueden

dirigirse a opciones políticas carentes de contenido sustantivo; baste
como ejemplo la campaña de “uno de tres” promovida por el Partido
Nueva Alianza durante 2006 que facilitó que el partido superara el
umbral requerido para mantener el registro, al tiempo que no propo-
nía nada políticamente signif icativo.
En segundo lugar, dado que los ciudadanos deciden por cuál partido
votar tomando en cuenta primordialmente la identif icación partidista
del candidato (dando pie a los llamados “efectos mínimos” de las cam-
pañas), el aumento en la presencia de los partidos pequeños en los me-
dios tendría un efecto limitado en la promoción de nuevas opciones.
Ambas objeciones permiten concluir que la distribución equitativa de
los recursos públicos para las campañas tendría una utilidad limitada
para promover la pluralidad electoral en el país —a menos, desde lue-
go, que dichas campañas tuvieran un contenido ideológicamente sus-
tantivo—, lo cual en sí mismo no es garantía de generarle más votos al
partido que las proponga dadas las limitaciones temporales y el escaso
interés que los ciudadanos generalmente muestran en las campañas.
Al indagar sobre la distribución de los tiempos a los partidos po-
líticos en los medios de comunicación masiva, la mayoría de los en-
trevistados, más de siete de cada diez se inclinan porque todos los
partidos reciban la misma cantidad de anuncios en radio y televisión
sin importar su votación (véase gráf ica 7).
Gráf ica 7
¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a los que usted piensa?
(porcentajes)

Estuvieron de acuerdo con que todos los partidos políticos reciban
la misma cantidad de anuncios en radio y televisión las personas jó-
venes y los mayores de sesenta años, quienes obtienen menores ingre-
sos, las personas con secundaria y preparatoria incompleta, quienes
habitan en el sur del país y los que dijeron identif icarse con el partido
Convergencia y quienes no se identif ican con ningún partido político.
VII. Relaciones de control entre los poderes
Ejecutivo y Legislativo
Durante décadas de gobiernos en los que el presidente de la Repúbli-
ca controlaba el partido en el gobierno y, con ello, las cámaras en el
Congreso de la Unión, el gobierno funcionaba a fuerza de su falta casi
total de pluralidad bajo el mando del jefe del Ejecutivo. Este hecho,
frecuentemente olvidado, explica por qué el presidente era una f igura
tan poderosa; aunque institucionalmente se trate de un presidente con
pocas herramientas para actuar de forma independiente del Congreso
si éste es controlado por un partido diferente y decide no cooperar
con sus propósitos. La percepción sobre la casi omnipotencia del pre-
sidente, aunada a un cierto culto a la personalidad y a la tendencia
de los votantes a adjudicarle la responsabilidad de lo que sucede en
la sociedad y en la economía, genera una fuerte inercia en la opinión
pública a considerar que el poder de éste para tomar decisiones debe
ser limitado por el Congreso de la Unión.
En el contexto de este debate sobre las facultades del Ejecutivo y
Legislativo, a la pregunta de si los diputados y senadores deberían au-
torizar al presidente el uso de las fuerzas armadas para mantener la
seguridad del país, ocho de cada diez personas consideran que los di-
putados deberían aprobar o aprobar en parte el programa de gobierno,
un porcentaje similar opina que el Congreso de la Unión debe aprobar
los nombramientos de los secretarios de Estado o el uso de las fuerzas
armadas para mantener la seguridad del país (véase gráf ica 8).

Gráf ica 8
Y, en su opinión,
¿los diputados y senadores deberían o no deberían...?
(porcentajes)
Están más de acuerdo con esta af irmación los jóvenes, al igual que
las personas de 55 años y más, quienes cuentan con mayores niveles
de escolaridad e ingreso, las personas que habitan en las grandes urbes
y en el norte del país, así como quienes dijeron identif icarse con el
PRI, PT, PVEM y quienes señalaron que no se identif ican con ningún
partido político.
VIII.Transformaciones de la política
Las percepciones y opiniones consignadas a lo largo de este texto,
como la tendencia hacia la resolución de los problemas en nuevos
tiempos y espacios, y por medios nuevos y distintos, expresan el inicio
de transformaciones en una cultura política autoritaria.
Estos cambios se combinan con viejas nociones y prácticas arrai-
gadas en nuestra cultura. Fenómenos como la voluntad de participa-
ción ciudadana y las nuevas formas de entenderla, reflejan no sólo un
cambio cultural, sino el surgimiento de nuevas concepciones sobre la
política y la creación de nuevas formas de relación con el poder. Las
nuevas formas de ser y hacer política se encuentran aprisionadas en

viejos canales que hoy resultan estrechos, lo que se refleja en un des-
gaste acelerado del poder y de la credibilidad de los actores políticos.
Nuestra sociedad cambia y a la vez desea cambios, mas los concibe
como graduales, los matiza. Así, el cambio político tendrá que com-
prender no sólo reformas a las leyes electorales y las reglas del juego
político, sino también una transformación de los modos de entender
la política y los horizontes a partir de los cuales se practica. Una refor-
ma política, implica ante todo, una reforma de la política y con ello, la
creación de una cultura que le dé sustento.
Se manif iesta una percepción de desigualdad sobre algunas de las
condiciones de la competencia política y una opinión dividida sobre
las causas principales de los conflictos electorales, lo que posiblemen-
te reflejaría una cierta inseguridad sobre los marcos jurídico-políticos
existentes.
Lo anterior plantearía como necesaria la revalorización de los pro-
cedimientos institucionales, un ajuste del comportamiento a reglas
que hagan previsible y conf iable la acción del otro, elementos que con-
fluyen en una respuesta positiva a la necesidad de la reforma.
De lo anterior se desprende que, de llevarse a cabo una reforma, sus
efectos tendrían que ser palpables a la ciudadanía, no sólo mediante
los cambios en la legislación, sino también en la práctica política co-
tidiana. Esto es, la reforma no sólo debería tener un sentido, sino que
tendría que ser generadora de nuevos sentidos y prácticas y concordar
tanto con las concepciones y ritmos del cambio, como con los valores
y representaciones de la población.
La cultura política de los mexicanos está cambiando. Surgen nuevas
formas de actuar en el terreno de lo público que antes no se conside-
raban como políticas. No obstante, no se ha resuelto aún la manera
en que han de articularse con las normas y prácticas tradicionales. El
encuentro y el desfase de los problemas y las soluciones de ayer y de
hoy originan las distintas apreciaciones sobre la política en México.
Emergen discursos democráticos y en un proceso sutil, las prácti-
cas y símbolos tradicionales se modif ican para adecuarse a los nuevos
tiempos; sin embargo, esas prácticas y esos símbolos constituyen el
contexto en el que se juzgarán los cambios.

IX. Bibliografía
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