El documento analiza los desafíos para la gobernabilidad y protección de los derechos humanos en Guatemala durante 2012. Reporta 254 ataques contra defensores de derechos humanos en los primeros 10 meses del año, así como la criminalización de sus luchas. También critica la incapacidad del Estado para gestionar conflictos de manera pacífica y la falta de voluntad política para el diálogo. Concluye expresando la esperanza de que continúe la labor pacífica de los defensores para construir un futuro más justo e inclusivo.