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ASEDIO A LAS COMUNIDADES
LOS IMPACTOS DE
UNA EMPRESA CATALANA,
GRUP TCB, EN BUENAVENTURA,
COLOMBIA

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA 2 ❚
CRÉDITOS
Informe realizado
por Tomàs Gisbert,
Maria Jesús Pinto y Javier Sulé
Colaboración:
Amaia Garcia, Alèxia Guilera
y Grup de Treball sobre
empreses i drets humans de
Lafede.cat
Fotos:
Javier Sulé, Maria Jesús
Pinto, Tomàs Gisbert, CEPAC,
Harrinson Moreno Ramos
Con la colaboración del
Comité Interorganizacional
por la Defensa de los
Derechos de las Comunidades
Negras que habitan los
Territorios Ganados al Mar, de
Buenaventura
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Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Eduardo Galeano
DESPEDAZANDO EL SILENCIO
Aquí tienen frente a ustedes,
Una negra de verdad
Tataranieta de guerreros
Que lucharon sin descanso,
contribuyeron con su aporte
a las naciones del mundo edificar.
Y levanto mi voz,
Para despedazar el silencio
Cuando las ondas sonoras
Se esparcen azotadas por el viento.
Y en las turbias agua de los ríos
Se oyen ladrar las piedras,
Cuando arrastran al mar
Pedazos de hombres muertos
Con cara aun de sorpresa
Y sus grandes ojos abiertos,
Que ya no miran las noches
Ni los días de sus pueblos.
Están rígidos como árboles
Que derribaron los rayos
Y asustaron los truenos,
Y los remolinos los succionan
Cuando los llevan a la bocana
Y los buitres los destrozan
Cuando se enredan en los esteros
Que se vuelven cementerios
De seres que no regresan
Pero hay madres que aún esperan
Ponerle las cuatro velas
Y allá en el camposanto
Echarle un puñado de tierra
Bajo una cruz de madera.
Mari Grueso Romero (2010)
Poetisa bonaverense
(16 junio 2015: Acto de homenaje a Monseñor Epalza)1
.
1 Mary Grueso Romero, poetisa bonaverense. Acto homenaje a Monseñor Epalza, 16
de junio de 2015
AGRADECIMIENTOS
A las comunidades,
organizaciones, líderes y
lideresas afrobonaverenses
que nos han abierto su
corazón, que nos han
compartido su sabiduría,
que nos han contagiado
su firmeza, que nos han
enamorado de su dignidad,
y que nos han entrelazado
en su lucha y resistencia
para alcanzar unas vidas sin
exclusión, con felicidad y en
armonía con el territorio.

ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO 6
PRESENTACIÓN 21
1. ENTRE EL MAR Y LOS ANDES 24
1.1 “Somos Pacífico” 25
1.2 Transformar y habitar el territorio 31
1.3 Comunidades despojadas, empobrecidas y excluidas 34
2 VIOLENCIA Y EL FIN DE UN SUEÑO 40
2.1 Llegaron las FARC 41
2.2 Narcotráfico y terror paramilitar 41
2.3 La herencia “paraca” 44
2.4 La guerra sin rostro y la violencia que se tomó el puerto 46
2.4.1 ‘La Empresa’ y los Urabeños, la disputa territorial 46
2.4.2 Expansión Portuaria y Violencia 47
2.4.3 El drama del desplazamiento forzado 48
2.4.4 ‘Casas de pique’ y mil formas de violencia 51
3. EL COMPLEJO PUERTO DE BUENAVENTURA 59
4. DESARROLLISMO EN LATINOAMÉRICA: TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO, LA ALIANZA DEL PACÍFICO, IIRSA 63
5. MEGAPROYECTOS Y CONSULTA PREVIA: MALAVENIDOS 66
6. BLINDAR LOS MEGAPROYECTOS;
POT, CONPES Y PLANES DE DESARROLLO 70
7. LA JUSTICIA Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 76
7.1 Las empresas catalanas y la acción exterior de la Generalitat 81
8. EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS,
LA RESPONSABILIDAD INCUMPLIDA 82
8.1 Accidentes laborales mortales e
infracciones laborales en el puerto de Buenaventura 86
9. UN MAR DE MEGAPROYECTOS 87
9.1 Ampliación de la sociedad portuaria Regional (Spburn) 88
9.2 Malecón portuario Bahía de la Cruz y
complejo turístico y hotelero 89
9.3 Terminal de Contenedores de Buenaventura - TCBUEN 91
9.4 La Vía Alterna-Interna 92
9.5 Puerto industrial de Aguadulce 92
9.6 Muelle cementero 95
9.7 Almacenamiento de carbón a cielo abierto 94
9.8 Terminal marítimo Delta del Río Dagua 94
9.9 Proyecto portuario multipropósito Puerto Solo 95
10. MASTERPLAN 2050:
LA MARCA BARCELONA EN BUENAVENTURA 100
11. TCBUEN, DESEMBARCO EN BUENAVENTURA 110
11.1 Los dueños de TCBUEN y su conexión con Barcelona 112
11.2 Grup Marítim TCB, la casa madre 113
11.3 Crecer contra viento y marea 116
11.4 Impactos ambientales, licencia para actuar 118
11.5 Un plácido proceso de licenciamiento ambiental 119
11.6 Ni negociación colectiva ni sindicatos 121
11.7 ¿Empleo para las comunidades? Luces y sombras 123
12. COMUNA 5, PADECER UN PUERTO 125
12.1 Una historia de violencia 128

12.2 Algunas desapariciones y asesinatos de la comuna 5 129
12.3 Impactos sociales de TCBUEN 133
12.4 Tensiones en la Isla de la Paz 139
13. LA SOMBRA DEL ETNOCIDIO EN BUENAVENTURA 140
13.1 Daño frente al derecho a ser comunidad negra -
Derecho a la identidad étnica colectiva 142
13.1.1 Pérdida de la identidad étnica y cultural 142
13.2.2 Afectaciones Psicosociales 143
13.2 Daño frente al Derecho a un Espacio para Ser –
Derecho al Territorio 146
13.3 Daño frente al derecho al ejercicio de ser comunidad negra -
derecho a la organización, participación y autonomía 146
13.3.1 Balance de daños 147
13.4 Daño frente al desarrollo propio 148
13.5 Daño frente al enfoque diferencial 149
13.5.1 La violencia de género hacia la mujer negra 149
13.5.2 Mujer negra e identidad 152
13.5.3 Mujer negra y organización 154
13.5.4 Mujer negra y pobreza 154
13.5.5 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 155
13.5.6 Los y las mayores 156
14. ¿QUÉ ES LA REPARACIÓN PARA LA COMUNIDAD NEGRA? 158
14.1 Marco conceptual de la reparación colectiva 159
14.2 Componentes de la reparación integral 160
14.3 La reparación colectiva 161
14.4 Esclarecimiento de la Verdad 163
14.5 Investigación sobre los desaparecidos
en el Distrito Especial de Buenaventura 164
15. DEFENDER UNA CULTURA Y UN TERRITORIO; HISTORIAS DE
RESISTENCIA165
15.1 Acciones legales, peticiones y
misiones de verificación emprendidas 171
16. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 175
16.1 A Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores
de Buenaventura SA- TCBUEN 175
16.2 A Grup Marítim TCB, S.L. (Grup TCB de Barcelona) 180
16.3 A las Instituciones Catalanas 181
16.4 A la Unión Europea y Comisión Europea 183
16.5 Al Sistema de Naciones Unidas 183
16.6 Marco nacional colombiano 184
16.6.1 Al Gobierno nacional 184
16.6.2 A las instituciones del Estado 186
16.6.2.1 A la Corte Constitucional 186
16.6.2.2 A la Procuraduría General de la Nación 186
16.6.2.3 A la Defensoría del Pueblo 186
16.6.2.4 A la Fiscalía General de la Nación 187
16.6.2.5 A las instituciones pertinentes en materia
de respuesta estructural del Estado 187
16.6.2.6 A las Instituciones del estado en materia
de protección a líderes sociales, de Consejos Comunitarios, de
comunidades indígenas y víctimas de Buenaventura 187
16.6.2.7 A las instituciones del Estado en relación a la reparación
de las víctimas de Buenaventura 188
16.6.2.8 A las instituciones del Estado en relación a combatir
la discriminación por razón de género y avanzar
hacia la equidad de las mujeres afrodescendientes de Buenaventura 189
16.6.2.9 A las instituciones del Estado en relación a la consulta previa libre e
informada de las comunidades rurales y urbanas de Buenaventura 190
16.7 A las Instituciones de Buenaventura y departamentales 191
17. BIBLIOGRAFÍA 199

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ RESUMEN EJECUTIVO 6 ❚
RESUMEN
EJECUTIVO
Más de 30.000 personas, vestidas con camisetas blancas, salie-
ron a las calles de la ciudad de Buenaventura el 19 de febrero
de 2014 para reclamar con toda la fuerza el derecho a vivir en
paz, poner en evidencia la insoportable violencia que sufren y el
olvido del Estado. Esta valiente manifestación mostraba a Co-
lombia y a todo el mundo que vivir en la ciudad del principal
puerto del país sólo les ha aportado violencia, miseria y destruc-
ción. Por aquí pasa más del 60 por ciento de las importaciones y
exportaciones de la nación. De todo ese flujo de riqueza incom-
parable nada se queda y en nada revierte.
La Taula Catalana per la Pau i els Drets humans a Colòmbia,
conscientes de la violencia y miseria en que está inmersa Bue-
naventura, nos preguntamos cuáles eran las razones del sufri-
miento de los hombres y mujeres bonaverenses. El narcotráfico
y el conflicto armado no lo explican todo. Hasta hacía poco más
de veinte años el Pacífico colombiano y Buenaventura había vi-
vido relativamente al margen del conflicto armado, no habían
sentido en carne propia las sangrientas garras de la violencia
que azota Colombia desde hace más de medio siglo. No fue
hasta la privatización del puerto y la llegada de los proyectos
de expansión portuaria de Buenaventura que no comenzaron a
sentir con fuerza el embate de la violencia. Y por qué la pobla-
ción de Buenaventura está sufriendo tanta violencia, qué rela-
ción existe entre la expansión portuaria y esa violencia, por qué
lo que debería ser un polo de riqueza se ha convertido en una
fuente de sufrimiento y miseria, por qué el Estado colombiano
ha consentido, por acción u omisión, esta situación... Fueron
muchas las preguntas que se nos plantearon.
En Buenaventura el 90% de la población es afrocolombiana.
Son los descendientes de los esclavizados que se liberaron, por
sí solos, los cimarrones que se escapaban, o por la abolición de
la esclavitud en 1851. Pertenecen a una comunidad con su cul-
tura propia, sujeto especial de protección tal como dictamina
la propia Constitución colombiana. Una comunidad que, junto
con las comunidades indígenas, ancestralmente ha poblado la
costa del Pacífico, cuando a nadie le interesaba esta región del
mundo, cuidando el territorio y haciendo que éste aún sea uno
de los grandes pulmones verdes del planeta. Y esto, más allá de
empatizar con las víctimas de la violencia física, nos condujo a
nuevos interrogantes: ¿Cuáles son los daños que han sufrido las
comunidades negras como tales? ¿Cuáles han sido los daños
colectivos que han sufrido? ¿De qué manera pueden repararse
todos estos daños?
Pero la situación de Buenaventura no es sólo un caso que esté
sucediendo a miles de kilómetros de nuestra casa. No, está

más cerca de lo que de entrada podamos pensar. Las élites de
Buenaventura y del Valle del Cauca, el departamento en que
está insertada, se reflejan con Barcelona y la marca Barcelona.
Empresas catalanas están invirtiendo desde hace unos años
en la expansión portuaria de Buenaventura. Empresas que es-
tán haciendo negocios en medio de la violencia, la barbarie y
la miseria. El Grupo Terminal de Contenedores de Barcelona
tiene el 60% de las acciones de la empresa TCBUEN, el termi-
nal de contenedores que en enero de 2011 comenzó a operar
en la comuna 5 de la ciudad de Buenaventura. Y son entonces
más las preguntas que surgen, esta vez más cercanas: ¿cuál es
la responsabilidad de las empresas catalanas con la perpetua-
ción del ciclo de violencia y de violación a los derechos huma-
nos? ¿Qué observancia de los derechos humanos, y los dere-
chos económicos, sociales y culturales han hecho? ¿Qué daños
ha provocado en la población la ejecución de sus proyectos?
¿Cuál es la reparación que les correspondería asumir? ¿Qué
compromiso con la defensa de los derechos humanos deben
contraer en el futuro?
Pero también nos hemos preguntado lo que puede hacer la
Generalitat de Catalunya, como máxima expresión represen-
tativa y de gobierno del pueblo catalán. ¿De qué instrumen-
tos debe dotarse para que las empresas catalanas cumplan los
derechos humanos, económicos, sociales y culturales, no sólo
en Catalunya sino también en el exterior? ¿Qué políticas debe
seguir con las empresas catalanas que invierten en el exterior?
y en especial, ¿cuál debe ser la política con aquellas empresas
que operan en contextos de violencia y de violación de los de-
rechos humanos?
Muchas preguntas y todas ellas nos llevaron como Taula Cata-
lana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia a hacer una in-
vestigación en Buenaventura, cuyo resultado es el informe que
hoy presentamos.
Lo primero que hay que repetir es la enorme violencia que ha
sufrido y sigue sufriendo Buenaventura. En una ciudad que roza
La irrupción de TCBUEN afectó de lleno
en la vida comunitaria de los barrios de
la Comuna 5, especialmente en el de La
Inmaculada.

los 400.000 habitantes entre 1990 y 2014 ha habido 5.047
asesinatos; 548 desapariciones forzosas computadas por Fisca-
lía, cifra que según las comunidades está muy por debajo de la
realidad; 152.837 personas fueron víctimas del desplazamiento
forzado; se contabilizaron 26 masacres con 201 personas asesi-
nadas, las mujeres han sido especialmente afectadas tanto por
la violencia sexual como por el empobrecimiento.... La Red Na-
cional de Información (RNI) da cuenta de 163.227 personas que
fueron víctimas de un amplio abanico de acciones de violencia.
Miles de homicidios, miles de desapariciones y miles de perso-
nas víctimas del desplazamiento forzado. La violencia sexual, la
violencia física, las amenazas, el reclutamiento y utilización de
niños, niñas y adolescentes, las extorsiones o el secuestro com-
pletan un cuadro criminal que ha hecho de Buenaventura una
de las ciudades más violentas del mundo.
El estado ha seguido una estrategia de negación de toda esta
grave situación. Todavía el año pasado el ministro de Defensa
negaba la existencia de “casas de pique”, lugares donde se
cuartea las víctimas para hacerlas desaparecer. También el año
pasado el alcalde de la ciudad declaraba a los medios una baja
en las cifras de homicidios. Y la policía pone impedimentos para
recibir e investigar las denuncias sobre casos de desaparición
forzosa o de violencia sexual.
En Buenaventura, la violencia ha tenido una base en el narco-
tráfico y en el conflicto armado, pero como reconocía el pro-
pio líder del Bloque Calima de los paramilitares, Éver Veloza,
alias HH, la violencia paramilitar no fue únicamente una reac-
ción frente a la guerrilla, sino una confluencia de intereses de
empresarios legales e ilegales entrelazados con la dinámica del
narcotráfico que jugó un papel determinante en la construcción
de redes de poder en los negocios y proyectos empresariales de
Buenaventura y el Valle del Cauca.
La desmovilización paramilitar a raíz de la Ley de Justicia y Paz no
llevó a la desaparición de las estructuras paramilitares. Estas han
pervivido bajo nuevas estructuras paramilitares. A pesar de la
presunta desmovilización de 564 paramilitares en diciembre de
2004 y del Frente Pacífico en 2005, los paramilitares continua-
ron con el control del territorio. La violencia en Buenaventura
se incrementó, se extendió por barrios y comunas y acompañó
toda la nueva ola de proyectos de expansión portuaria. La vio-
lencia ha jugado un papel determinante para poner en marcha
los megaproyectos portuarios y ha sido utilizada para presionar
a la población para que abandone el territorio sin compensación
alguna, bajo amenazas de muert, o forzar la venta a precios ba-
jos para tomar su control o usufructuarlo inmediatamente con
grandes beneficios económicos.
Los barrios que han concentrado los conflictos más sangrientos
son precisamente aquellos donde se han hecho o se harán los
grandes proyectos de infraestructura portuaria o el nuevo “ma-
lecón”. Son los barrios que viven los efectos de una estrategia
para infundir terror en la población y allanar el paso a las gran-
des inversiones.
El Estado no ha impedido el avance de esta estrategia. Las fuer-
zas estatales, por acción o por omisión, han permitido la conso-

lidación del paramilitarismo y han participado activamente en
el arraigo de varios grupos. El ejército nacional ha sido repeti-
damente señalado como uno de los principales violadores de
los derechos humanos. El narcotráfico, los megaproyectos y la
corrupción ha conseguido ensuciar las manos de funcionarios
públicos, policías, jueces y fiscales.
Los diferentes gobiernos colombianos han puesto los intereses
del desarrollo económico, de las grandes corporaciones y de los
inversores extranjeros por encima de la defensa del medio am-
biente, del territorio y de las comunidades que ancestralmente
la han habitado. Sus actos han creado una situación que la
Corte constitucional ya calificó de “estado de cosas inconstitu-
cional” en su sentencia T025 de 2004, sin que a día de hoy se
le haya puesto remedio. Han permitido que la impunidad am-
parara todos los crímenes. No han dotado recursos para que la
fiscalía pudiera ser capaz de resolver los crímenes, los casos sin
resolver se amontonan sobre las mesas de los pocos fiscales que
hay, y que además viven como un castigo haber sido destinados
a Buenaventura. Ni tampoco ha organizado un sistema judicial
capaz de obtener resultados.
Los gobiernos colombianos han visto la protección a las comu-
nidades afrocolombianas y sus derechos como un obstáculo a
sortear para favorecer la inversión privada y los grandes mega-
proyectos, y en esta lógica han desconocido su propia legisla-
ción. Así, han incumplido su deber constitucional de proteger
y favorecer el desarrollo propio de las comunidades afrocolom-
bianas e indígenas, han negado, en una ciudad en que el 90%
de la población es negra, la presencia de las comunidades afro-
colombianas en territorio urbano, y han vulnerado toda la legis-
lación sobre consulta previa, libre e informada para los pueblos
indígenas y tribales en estados independientes que establece el
Convenio 169 de la OIT, incorporado al bloque constitucional
colombiano, y la Ley 70 específica para la población afrodescen-
diente. Tampoco han reconocido el derecho a consulta previa
como establecen las normas a “la totalidad del hábitat de las
regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de uno u
otro modo”, sino tan solo de manera restrictiva a comunidades
negras de ámbito rural que ocupen territorios titulados colecti-
Los megaproyectos amenazan las formas
de vida de las comunidades negras del
Pacífico colombiano. Las tradicionales
viviendas palafíticas son parte de su idio-
sincrasia y la singularidad de los barrios de
bajamar de Buenaventura.

vamente y organizados en la figura de consejos comunitarios.
Han incumplido deliberadamente las sentencias y los “autos”
que ha hecho la Corte constitucional colombiana ratificando el
derecho a la consulta previa y exhortando al gobierno a prote-
ger a la población afrodescendiente y sus derechos colectivos, y
en especial de las víctimas por el conflicto armado y el desplaza-
miento forzado que ocupan los territorios de bajamar en la ciu-
dad de Buenaventura, que son los territorios en conflicto donde
se quieren implementar los proyectos de ampliación portuaria.
Las repetidas alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre
la grave crisis humanitaria y de riesgo en Buenaventura no han
sido escuchadas por el gobierno y las diferentes instituciones del
estado.
Mientras las diferentes instalaciones portuarias gozan de todo
tipo de servicios y de seguridad, las autoridades locales, depar-
tamentales y nacionales han mantenido a la población y a las
comunidades en una escandalosa situación de falta de servicios
públicos. Los barcos que llegan al muelle tienen agua potable las
24 horas del día, pero en una ciudad rodeada por once cuencas
hídricas y una alta pluviometría, desde hace ya muchos años,
sólo el 65% de la población recibe agua corriente y apenas 9
horas al día y con cortes frecuentes. Algunos barrios sólo tienen
agua dos horas al día. Y en los barrios de bajamar, terrenos ga-
nados al mar con el esfuerzo de las propias comunidades, se les
niega la instalación de agua corriente o de alcantarillado. Sólo el
60% de la población tiene acceso al alcantarillado.
Una ciudad de 400.000 habitantes no tiene un hospital público
de segundo nivel, y no llegan a 30 las camas que hay actual-
mente y que además son del sistema de sanidad privada. En
octubre de 2013, el Estado permitió el cierre, penalizando a la
población, del hospital departamental porque acumulaba pérdi-
das por mala gestión, obligando a su gente empobrecida a te-
ner que buscar atención hospitalaria en Cali, que se encuentra a
más dos horas por carretera. La cobertura sanitaria es completa-
mente deficitaria, las tasas de mortalidad materna e infantil son
elevadas y enfermedades como el dengue o la malaria tienen
una incidencia muy alta.
Las familias del barrio de La Inmaculada
conviven a diario con las molestias de la
actividad portuaria de TCBUEN como se
comprueba con la presencia de contene-
dor al fondo.

La educación es de muy baja calidad y presenta unos indica-
dores desalentadores, con una tasa de analfabetismo entre la
población mayor de 15 años entre el 12 y el 23% según las
fuentes. Hay un abandono escolar del 25% entre los niños y ni-
ñas y de un 48% entre la gente joven. El paro, según los últimos
datos, se sitúa en el 63,7% y la pobreza en el 62,7%.
Mientras el puerto crece y el gobierno quiere convertir a Bue-
naventura en la punta de lanza de una economía moderna y
competitiva, la ciudad se ha ido degradando y sus condiciones
de vida son una vergüenza, convirtiéndose en un eslabón más
de una estrategia para echar a los habitantes, para hacer que
la gente abandone el territorio; los terrenos que con tanto es-
fuerzo ganaron al mar. Buenaventura está transitando un ca-
mino que lleva hacia el etnocidio, porque cuando las personas
se desplazan, no sólo lo hace la familia, se desplazan sus prác-
ticas y valores culturales, se está erradicando la cultura que es
su principal fuente de resistencia. Y todo para allanar el camino
a los proyectos de expansión portuaria, en beneficio de los ca-
pitales privados. También para vaciar una ciudad y ampliando
un puerto al final de una bahía que necesita de constantes dra-
gados para mantener el canal de acceso transitable y que así
los barcos puedan llegar. El mismo puerto que en pocos años
quedará obsoleto y deberá trasladarse a aguas más profundas.
Los planes del gobierno colombiano no pasan por la gente y
sus formas de vivir, pasan por una visión de modernización ex-
tractivista y desarrollista en la línea de los Tratados de Libre Co-
mercio firmados por Colombia. Pasan también por la conforma-
ción de la Alianza del Pacífico, donde Buenaventura y su zona
Barrios de bajamar en Buenaventura.

portuaria se convierten en una pieza clave. Y pasan por el plan
IIRSA, el plan continental de creación de oleoductos, gasoduc-
tos, puertos marítimos y fluviales y megaminería para permitir la
extracción desmedida de los recursos naturales sin atender sus
enormes impactos medioambientales y sociales. Y mientras los
megaproyectos avanzan todos los mecanismos de planeación
del estado no han contado para su diseño, ni su aprobación
e implantación con las comunidades afectadas. Ha negado re-
petidamente el derecho a la consulta previa a las comunidades
afrobonaverenses, especialmente las de zona urbana.
Colombia es el país donde quizás hay una constitución y una
legislación más completa en relación a los derechos de los pue-
blos étnicos, pero al mismo tiempo donde más se incumplen
las propias normas. El amplio reconocimiento de derechos de la
población afrocolombiana en los instrumentos Internacionales
de protección de derechos humanos, como el convenio 169 de
la OIT, como el ordenamiento jurídico interno y la jurispruden-
cia constitucional no se han materializado en garantías efectivas
para las comunidades que ocupan el territorio afectado por los
megaproyectos. Por el contrario lo que si se cumple es toda una
batería de normas e instrumentos con la clara intención de blin-
dar el impulso de megaproyectos y las grandes infraestructuras
y socavar el derecho a la consulta previa de las comunidades.
El nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por
un nuevo país”, recientemente aprobado por el Congreso de
la República, marca la política económica para este cuatrienio
con una clara apuesta por los megaproyectos y el extractivismo.
Este plan tampoco ha sido consultado con las comunidades que
se verán afectadas y convierte proyectos que sólo benefician a
privados en proyectos de utilidad pública para poder hacer las
expropiaciones necesarias sin trabas. En esa misma línea ha re-
ducido los trámites para otorgar las licencias ambientales ne-
cesarias y ha introducido la figura de la “expropiación exprés”
para acabar con las resistencias a su modelo de desarrollo.
En Buenaventura hay muchos proyectos en marcha: la am-
pliación de la Sociedad Portuaria Regional para pasar de 10
millones de toneladas de carga al año a 18 millones en 2033,
implicando afectaciones a la comuna 1; el Malecón portuario
Bahía de la Cruz que quiere desarrollar la explotación turística
y comercial del puerto sobre cuatro kilómetros ha conllevado
el incremento de la violencia para que la gente venda a precios
irrisorios o abandone sus casas en los barrios de bajamar; el ma-
croproyecto de vivienda Ciudadela San Antonio para sacar de
la ciudad y reubicar a más de 3000 familias lejos del mar, del
hábitat donde tienen su vida, subsistencia y cultura para ubicar
la infraestructura hotelera; la Vía Alterna Interna para facilitar
el acceso al puerto del tráfico pesado que ha roto varios de los
barrios por donde pasa; el Puerto Industrial de Aguadulce, un
puerto multipropósito situado en frente de la Sociedad Portua-
ria, al otro lado del estero que ha necesitado la construcción de
21,5 km de carretera, y que se le concedió la licencia ambien-
tal sin haber hecho la consulta previa de la comunidad de la
Brea, a pesar de los requerimientos desde 2005 de la Defensoría
del Pueblo; el muelle de cemento ubicado en un barrio de la
comuna 5, que opera desde 2009, primero sólo con cemento
y desde 2011 con carga vegetal y mineral; el almacenamiento
de carbón a cielo abierto, en medio de la ciudad, que continua
funcionando a pesar de las demandas de organizaciones comu-

nitarias en 2014 que consiguieron que la autoridad ambiental
se viese presionada a decretare el cierre por las afectaciones a
la salud y por la contaminación que provocaba en el agua de
consumo doméstico y en los esteros .
Otros proyectos están listos para iniciar su construcción. Un
nuevo terminal marítimo en el Delta del Río Dagua, en una zona
más exterior de la bahía; el complejo portuario multipropósito
de Puerto Solo, un ambicioso proyecto de terminales para trans-
portar petróleo, gas, propano o butano entre otras materias
primas que contará con una planta térmica de generación de
energía eléctrica y un terminal de contenedores. Este puerto de
hidrocarburos, con todo el riesgo que conlleva, estaría ubicado
en medio de la ciudad por lo que ha sido considerado un des-
propósito. Y para terminar esta muestra de los principales pro-
yectos en Buenaventura, el terminal de contenedores TCBUEN,
participado por el Grup TCB, Terminal de Contenedores de Bar-
celona, que abordaremos más adelante.
En 2013 Findeter, una sociedad de economía mixta vinculada
al ministerio de hacienda que tiene la función de financiar las
llamadas locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo, encargó
la realización del Master Plan 2050, para tratar de ordenar y dar
coherencia al crecimiento del puerto y de la ciudad en el hori-
zonte del año 2050. Y lo encargó a la firma española Esteyco,
que contó con un equipo de urbanistas que ocuparon cargos
en anteriores gobiernos del ayuntamiento de Barcelona y la Ge-
neralitat de Catalunya. El exalcalde Jordi Hereu o el exconcejal
de urbanismo Manuel García Bragado fueron algunos de sus
integrantes. El Masterplan puso de manifiesto que los puertos
a largo plazo tendrán que salir de la ciudad e ir a aguas más
profundas, lo que no ha sido del gusto de un sector empresarial
vinculado al puerto. Pero a pesar de ello, el Masterplan no ha
cuestionado los proyectos existentes, ni las inversiones en curso,
sino que ha tratado de dar una cierta planeación y coherencia a
estos proyectos en la perspectiva del año 2050. La elaboración
del Masterplan, la idea de crear la marca Buenaventura, no ha
contado con un proceso realmente participativo y de concerta-
ción con las comunidades afectadas por los proyectos que en
él se ordenan, ni ha hecho un esfuerzo para integrar la visión
cultural de las comunidades negras que históricamente han po-
blado y repoblado Buenaventura, aproximándose más a un plan
de vaciamiento de la isla del Casacajal hacia el continente. El
Master Plan no se aleja del modelo marcado por el anterior Plan
de Ordenamiento Territorial (POT) de 2001, que convirtió la ciu-
dad en una mercancía, destruyendo su principal función: ser el
espacio de encuentro entre personas, grupos y culturas diferen-
tes y un lugar para el disfrute y satisfacción de las necesidades
humanas. Todo indica que el Master Plan pasará a formar parte
del nuevo POT de Buenaventura, en proceso de ajuste y actua-
lización y que como el anterior POT no será consultado con las
comunidades si no se acuerdan medidas que lo garanticen.
La inversión catalana de Grup Marítim TCB se ha efectuado en
el proyecto de TCBUEN, un terminal de contenedores situado
en la ciudad, en la comuna 5. Comenzó a operar en enero de
2011 en su primera fase y la segunda fase de ampliación ini-
ciada en 2012 se preveía que finalizara en mayo de este año.
El Grup Marítim TCB es el accionista mayoritario con un 60%
de las acciones y además aporta su conocimiento de gestión de

terminales de contenedores. Su socio local, e impulsor del pro-
yecto con el que hay establecida una sólida alianza estratégica,
es el Grupo Empresarial del Pacifico (GEPSA) que tiene el 30%
del accionariado. Gepsa pertenece a la familia Isaza Pinzón, pre-
sidido por Oscar Isaza, un hombre con mucho poder en Buena-
ventura, una figura muy controvertida por los orígenes de su
fortuna y que en su día la policía relacionó con el narcotráfico.
El resto de acciones se reparte con una participación institucio-
nal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca,
la alcaldía de Buenaventura y accionistas minoritarios. TCBUEN
es una de las 11 terminales en todo el mundo en las que Grup
Marítim TCB es operador y accionista de referencia. TCBUEN se
encuentra en un estero que tiene una profundidad limitada y
que obliga a sucesivos dragados para que puedan llegar bar-
cos que cada vez son de mayor calado. La perspectiva es que el
canal de acceso a Buenaventura se volverá obsoleto ya que los
barcos son cada vez más grandes.
El impacto ambiental provocado por el dragado del canal de ac-
ceso y la dársena de giro, la tala de manglares y vegetación, la
contaminación del estero ha sido muy considerable. La licencia
ambiental se ha ido solicitando por partes, y no ha tenido en
cuenta los impactos acumulados del conjunto del proyecto, ni
los impactos sinérgicos producidos al acumularse con el resto de
proyectos que impactan sobre Buenaventura. Se ha beneficiado
de la preferencia por los intereses del desarrollo económico por
encima de la protección del medio ambiente, los bienes natura-
les y la integridad cultural de las comunidades étnicas que habi-
tan y usufructúan el territorio ancestral y tradicional..
Los trabajadores entrevistados confirmaron la no existencia de
sindicatos en la empresa por un clima de temor e intimidación
creado por prácticas antisindicales como el despido de personas
por estar sindicalizadas, o preguntar directamente la afiliación
sindical a los demandantes de empleo. La no existencia de me-
canismos de negociación colectiva ni de sindicatos ha redun-
dado en malas condiciones laborales y malestar entre los traba-
jadores y trabajadoras. Las comunidades afectadas no han visto
que se hayan cumplido los planes de empleo a la comunidad
que la empresa prometió. Los habitantes de los barrios afecta-
dos sienten que no son contratados porque están estigmatiza-
dos como perezosos y rateros por ser negros.
TCBUEN no realizó el proceso de consulta previa para iniciar su
proyecto. El gobierno dijo que no era necesario, pero el auto
234 de la Corte constitucional estableció el derecho de las co-
munidades negras a ser consultadas y en especial solicitó al Mi-
nisterio del Interior y a la alcaldía cuáles eran los procesos de
consulta y participación establecidos en las comuna 5 y 6 frente
a los proyectos que los afectan, cuestión que todavía no ha sido
contestada.
La comuna 5 ha sufrido la violencia muy duramente. En 2005,
cuando se comenzaron los trámites para construir TCBUEN,
12 jóvenes, la mayoría de la comuna 5, fueron masacrados.
En 2007, en medio de un contexto muy violento TCBUEN co-
menzó a comprar propiedades en el barrio de la Inmaculada.
En 2008 era asesinado el vicepresidente de la Junta de Acción
Comunal del barrio de Santa Cruz. Entre 2008 y 2010 hubo 46
asesinatos. Además del goteo continuo de desplazamientos,

ha habido desplazamientos masivos como el de 2011 de 151
personas, o el del 10 de noviembre de 2012 de 265 familias
con 1.111 personas. En 2014 un incendio arrasaba 35 vivien-
das en el barrio de Santa Fe dejando a 196 familias en la ca-
lle, y era el tercer incendio en el año. Y esto son sólo algunos
de los hechos violentos que se relacionan en el informe. Las
notas de seguimiento de la Defensoría del Pueblo continúan
situando a los barrios afectados por TCBUEN en zona de riesgo
de violencia.
La violencia y el clima de terror en la comuna 5, los impactos
producidos por la actividad de la empresa, la afectación de las
viviendas por los temblores y vibraciones producidos por la acti-
vidad portuaria y sumado todo esto a la carencia de servicios bá-
sicos como el agua y el alcantarillado han contribuido de forma
evidente a que TCBUEN pudiera comprar viviendas y terrenos en
el barrio. Otras afectaciones que TCBUEN ha provocado en los
barrios de la comuna 5 son la contaminación auditiva; derrames
irregulares de líquidos -una boca de alcantarillado de la empresa
vierte aguas residuales en el barrio de Santa Fe-; la pérdida de
espacios comunitarios recreativos o la inseguridad vial que pro-
voca la llamada Vía Alterna Interna. El impacto de TCBUEN so-
bre el estero de Aguacate y el ecosistema de manglar ha afec-
tado la actividad pesquera tradicional, el volumen de capturas
ha disminuido significativamente y los agentes contaminantes
están provocando malformaciones en los peces. A lo que hay
que sumar la restricción de las zonas de pesca, el acoso que los
pescadores y pescadoras sufren y los robos continuos que dete-
rioran sus utensilios de pesca a pesar de la zona está altamente
vigilada por la seguridad privada de TCBUEN y la infantería de
marina. Todo ello ha provocado que la comunidad haya perdido
uno de sus principales medios de vida tradicional y de genera-
ción de ingresos económicos.
La empresa, además de afectaciones individuales, está causando
daños colectivos a las comunidades negras. Llegó sin realizar la
obligada consulta previa desconociendo la población afroco-
lombiana que ha habitado tradicionalmente estos territorios y
su cultura. Está violando derechos colectivos de la población
afrocolombiana que no son la suma de derechos individuales
sino su reconocimiento como comunidad y la posibilidad de vivir
como tal. La pervivencia en estos territorios de bajamar no se
puede entender sin el conjunto indivisible de territorio, cultura y
biodiversidad.
Entre 1990 y 2014 hubo 5.047 asesinatos
en Buenaventura, el 70 por ciento a partir
del año 2000.

Los daños que han sufrido las comunidades negras de la co-
muna 5 deben enmarcarse en los daños colectivos sufridos por
las comunidades negras de todo Buenaventura. Y los daños
causados por TCBUEN se suman a los provocados por los pro-
yectos de expansión portuaria, por el estado de cosas incons-
titucional que el Estado no ha impedido ni solucionado, por el
abandono y la presión sobre la población para que abandone
la ciudad, por la terrible violencia que se le ha hecho sufrir y ha
quedado en la impunidad. Son daños que se han acumulado y
retroalimentado entre sí teniendo un efecto mucho más grave
que la suma de los daños infligidos por cada actor en particular.
Es importante entender el significado del daño colectivo. Este
incide sobre una colectividad, no es la suma de daños indivi-
duales, tiene una autonomía, una integridad grupal, afecta a la
sociedad que es víctima de la agresión. Y tiene aún más relevan-
cia cuando, como el caso de las comunidades negras de Buena-
ventura, se trata de un sujeto colectivo, un sujeto específico de
protección por la Constitución colombiana. Los daños pueden
llevar al exterminio étnico, pues son sus características propias,
reconocidas por la Constitución, las que están siendo vulnera-
das y las que caracterizan a Colombia como un país pluriétnico
y multicultural.
En Buenaventura se ha agredido el derecho a ser comunidad
negra, el derecho a la identidad étnica y cultural. El conflicto
armado está provocando la pérdida de identidad, ha estigmati-
zado a las comunidades, ha roto el tejido social y las relaciones
de confianza. Los megaproyectos están rompiendo las formas
de vida ancestrales, las formas de relación. Se ha agredido el
derecho a un espacio para ser, el derecho al territorio. El despla-
zamiento, la expropiación del territorio está atentando contra
la relación cultural, contra el lazo íntimo que las comunidades
negras tienen con el territorio.
Se ha debilitado el derecho al ejercicio de ser comunidad ne-
gra, el derecho a la organización, participación y autonomía,
debilitando los procesos político-organizativos para el ejercicio
del gobierno propio. Han querido truncar la expectativas y las
apuestas organizativas conquistadas con la ley 70 de 1993, que
La mayor actividad portuaria se concentra
en los muelles de la Sociedad Portuaria de
Buenaventura de la imagen.

tiene el propósito de impulsar mecanismos para la protección de
la integridad cultural y el territorio ancestral/tradicional, como
espacio de vida de las comunidades negras. Por tanto se está
violando el derecho a un desarrollo propio, a una visión propia
de futuro de la comunidad negra, que garantice su permanen-
cia y desarrollo cultural.
La violencia también se ha agravado sobre colectivos específicos
de la comunidad negra. La violencia de género contra la mujer
negra las ha dejado en una situación particularmente crítica por
ser víctima de múltiples formas de discriminación por su etnia
y por el hecho de ser mujeres. Los niños, niñas y jóvenes, en
peligro de ser involucrados en la guerra y las actividades ilícitas,
y que han visto como los y las lideresas negros eran diezmados.
Los y las mayores, que han visto como los imaginarios de poder
y estatus de los jóvenes han debilitado su papel dentro de las
comunidades
Demasiadas veces las investigaciones y artículos sobre Buena-
ventura resaltan sólo las violencias que se ejercen sobre la po-
blación negra de las comunidades empobrecidas. Pero a pesar
de estas, las comunidades siguen resistiendo y defendiendo la
permanencia en el territorio y el conjunto de sus derechos co-
lectivos. En el informe se relacionan diferentes expresiones or-
ganizativas y de resistencia que crean conciencia, que visibilizan
la cultura afro, que quieren conservarla fortaleciendo y recupe-
rando su manera de vivir, de trabajar, de celebrar y afrontar co-
lectiva y solidariamente, sus alegrías y tristezas, sus formas de
relacionarse entre sí, con la naturaleza, con el mar, los esteros y
el manglar; y con otras personas, su concepción de que los seres
humanos formamos un todo que si no se respeta, ama y cuida
avanza hacia la desintegración social de la humanidad.
Es en este marco en el que hay que establecer las responsabilida-
des y las recomendaciones para revertir y reparar la grave crisis
social y humanitaria que están viviendo las comunidades étnicas
de Buenaventura. Y uno de los actores destacados son las em-
presas transnacionales que han hecho Buenaventura objeto de
sus inversiones, y entre ellas la catalana Grup Marítim TCB. Pero
hay que advertir que el marco jurídico internacional no favorece
la concreción de las responsabilidades en que incurren las em-
presas transnacionales. El marco internacional de regulación de
los negocios y las inversiones transnacionales establece las vías
por las que las empresas pueden demandar a los Estados y pro-
teger sus inversiones, pero por el contrario existen muchas difi-
cultades para demandar a las empresas transnacionales cuando
causan daños en el país, las comunidades y las personas. Sin
embargo, es responsabilidad de cada estado asegurar que tanto
las personas físicas como las jurídicas, incluyendo aquí a las em-
presas transnacionales sobre las que ejercen jurisdicción, no vul-
neren en cualquier lugar del mundo los derechos humanos, los
derechos económicos, sociales y culturales. Siendo así los esta-
dos responsables por las violaciones que resulten por su acción
u omisión del deber de controlar las empresas transnacionales.
El informe termina con un exhaustivo apartado de propuestas
y recomendaciones, haciendo un compendio de las realizadas
por diferentes comisiones de verificación nacionales e interna-
cionales, por la Defensoría del Pueblo, por el senador Alexander
López, por diversas y completas investigaciones realizadas por

organizaciones promotoras y defensoras de derechos humanos
conjuntame n te con organizaciones eclesiales, pero especial-
mente por las aportaciones de los hombres y mujeres de las co-
munidades afrocolombianas afectadas por las violaciones a los
derechos humanos individuales y colectivos de Buenaventura.
Se hace difícil hacer un resumen aquí de ellas. Muchos son los
actores a los que se llama a actuar: a la empresa TCBUEN de
Buenaventura, al inversor y accionista mayoritario Grup Marítim
TCB, a las Instituciones catalanas, en la Unión Europea y la Co-
misión Europea, en Naciones Unidas, en el Estado colombiano,
empezando p or el gobierno colombiano y siguiendo por las
diversas instituciones del estado, como la Corte constitucional
y la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de
la Nación, la Defensoría del Pueblo, las diferentes instituciones
de protección, de reparación de víctimas, a las instituciones de
Buenaventura y del departamento del Valle del Cauca.
Las recomendaciones y propuestas se podrían resumir, sin ago-
tar las detalladas en el informe, en las siguientes:
En cuanto a TCBUEN, debe paralizar las obras en marcha de la
segunda fase de ampliación en tanto no se realice la consulta
previa y se concierte la reparación integral de daños individuales
y colectivos, que a la fecha se han causado a las comunidades
afrobonave renses. Debe publicitar el conjunto del proyecto y
realizar la consulta previa para todas las fases posteriores. Debe
adoptar medidas de reparación integral por los daños colectivos
e individuales causados hasta ahora y que serían, entre otros: un
proceso de reubicación concertada para las familias más afec-
tadas por TCBUEN que priorice los derechos de la comunidad a
decidir dónde quiere vivir y tener una vivienda digna. Este pro-
ceso debe ser concertado con las comunidades que son quienes
han de legitimar las autoridades del territorio y las organizacio-
nes sociales legitimadas por la comunidad.
Debe terminar con los vertidos de aguas residuales y productos
químicos en los barrios adyacentes, teniendo un sistema propio
de alcantarillado que no desemboque en la bahía. Debe hacer
obras sociales de compensación por la destrucción de espacios
comunes en los barrios y espacios ambientales. Debe financiar
la realización de un estudio por un equipo multidisciplinario in-
dependiente para medir el grado de contaminación del estero
de Aguacate e implementar estrategias para reducir su conta-
minación.
Como compensación por la restricción del uso del estero como
fuente productiva y los beneficios que debe brindar a la comuni-
dad, debe emplear de manera masiva a los y las habitantes de la
comuna cinco, en un proceso de contratación transparente y de
progresiva cualificación laboral. Debe hacer un Plan de apoyo para
las iniciativas productivas para las familias y la comunidad que pue-
dan generar empleo de acuerdo con su manera de vivir y trabajar.
Debe eliminar toda forma de discriminación racial, por género
o por pertenecer a organizaciones sociales o sindicales; elimi-
nando cualquier obstáculo o práctica que impida la plena liber-
tad sindical en TCBUEN y en las empresas subcontratadas- Debe
aceptar y reconocer por tanto la representación sindical de los
trabajadores ya sea de la empresa matriz como de las empresas

subcontratadas, y abriendo procesos de concertación colectiva
de las condiciones laborales.
La inversión del Grup Marítim TCB se ha desarrollado en un con-
texto de grave violación de los derechos humanos, de violencia
y de expulsión de las comunidades negras que ancestralmente
han habitado los territorios que ocupa TCBUEN. Como empresa
mayoritaria en ésta, Grup Marítim TCB ha de despejar la duda
de que sus inversiones se hayan podido beneficiar, directa o in-
directamente, de la violencia, que no es cómplice de la espiral
de violencia y desalojo que se sigue presentando en los barrios
de la comuna 5 ofreciendo la mayor transparencia y colabora-
ción para resolver la impunidad de los crímenes de la comuna 5.
El Grup Marítim TCB, como empresa socialmente responsable,
en su actuación y en la de las empresas en que participa, no
puede únicamente cumplir las prescripciones que da el gobierno
colombiano, sino que debe actuar proactivamente para cumplir
la legislación colombiana, las resoluciones de su Corte constitu-
cional, así como la legislación internacional para evitar daños a
las comunidades y ser respetuosa con los derechos humanos.
Debe paralizar la fase 2 de la ampliación en tanto no se haya cum-
plido con el requisito de la consulta previa. Como empresa mayo-
ritaria en TCBUEN es responsable por las acciones u omisiones de
la misma, y por ello debe contribuir positivamente a la reparación
de manera concertada de los daños causados. Debe comprome-
terse a fondo en el cumplimiento de los derechos humanos, de
los derechos económicos, sociales, culturales y medioambienta-
les, y con la plena libertad sindical y la concertación colectiva de
las condiciones laborales en sus empresas participadas.
De acuerdo con la voluntad expresada por las más altas insti-
tuciones catalanas para garantizar que la actuación de las em-
presas catalanas en los países donde también lo hace la coope-
ración catalana sea coherente con los principios que defienden
se recomienda: la creación de un observatorio o centro de es-
tudios sobre los impactos de la inversión catalana en el exterior
con respecto a la salvaguarda de los derechos humanos y a la
promoción de la paz; debe asegurar que la promoción de la in-
ternacionalización de la economía catalana incorpora el respeto
de los derechos humanos, de la cultura de paz y del medio am-
biente como norma de obligado cumplimiento. Comprometerse
a que las Delegaciones del Gobierno, los Centros de promoción
de negocios y de la Agencia Catalana en otros países dispongan
de un código ético de protección de los derechos humanos y de
promoción de paz de obligado cumplimiento para las empresas
catalanas. A que todas las delegaciones para la internacionaliza-
ción de la economía catalana incorporen personas expertas en
protección de derechos humanos, de los derechos económicos,
sociales y culturales y de fomento de la paz. Y en el ámbito in-
ternacional, debe promover la creación de un observatorio de
empresas transnacionales que garantice que se protegen los de-
rechos humanos y la paz. Debe promover y apoyar iniciativas
para eliminar definitivamente los paraísos fiscales. Y debe apo-
yar la creación de un tribunal internacional de empresas trans-
nacionales y derechos humanos.
La Unión Europea y la Comisión Europea deben tomar medidas
para que las empresas europeas que quieran operar en Colom-
bia y Buenaventura se comprometan a fondo con los derechos
humanos, apliquen el convenio 169 de la OIT y realicen las con-

sultas previas tanto en las fases de exploración, realización o de
ampliaciones buscando el consentimiento de las comunidades,
y garantizar que sus operaciones no contribuyan al ciclo de la
violencia e impunidad en Buenaventura.
En cuanto al Sistema de Naciones Unidas, alentar al estado co-
lombiano a redoblar sus esfuerzos para hacer efectivo el res-
peto, la garantía y la protección de los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario para los afrocolombianos en
Colombia.
El estado colombiano debe reconocer la responsabilidad de la
institucionalidad y el sector privado en los daños causados a la
comunidad negra de Buenaventura, estableciendo una política
de reparación transformadora para la población afrocolom-
biana. Debe garantizar la protección de los derechos de la po-
blación en situación de desplazamiento en el territorio de ba-
jamar de Buenaventura. Debe desmantelar definitivamente las
estructuras paramilitares que operan en Buenaventura e investi-
gar los nexos que hay entre la fuerza pública y estas estructuras.
Debe adoptar las medidas necesarias para que las comunidades
afrocolombianas puedan permanecer en el territorio de baja-
mar, incluyendo el reconocimiento legal y la protección de sus
derechos sobre las tierras que ocupan.
Debe adoptar y proveer con los recursos necesarios un Plan de
Inversiones de corto y medio plazo que permita superar las con-
diciones de pobreza y necesidades básicas de la población de
Buenaventura, con énfasis con el saneamiento básico, la recons-
trucción de la red de salud pública, de la red de educación pú-
blica y programas de generación de ingresos. Igualmente debe
definir un plan que garantice la cobertura al 100% de los servi-
cios públicos domiciliarios.
Debe dar cumplimiento efectivo y de manera integral a los man-
datos legislativos y jurisprudenciales contemplados en el conve-
nio 169 de la OIT, la ley 70 de 1993, el autos 004, 005 y otros
de la Corte constitucional para proteger las comunidades afro-
colombianas y sus derechos, ha de activar la Ruta étnica de pro-
tección de las comunidades afrourbanas. El gobierno nacional
tiene que convocar una consulta previa, libre e informada a las
comunidades afectadas por la implementación de los proyectos
de expansión portuaria.
El conjunto de las recomendaciones del informe muestran que
se puede y que se debe actuar, pero finalmente hay que recor-
dar lo que quieren las comunidades negras de Buenaventura.
Lo que quieren es fortalecer y recuperar lo que son y lo que han
tenido en los territorios de bajamar, un espacio de vida y alegría,
un espacio de esperanza y libertad.

RESUMEN EJECUTIVO
❚❚ PRESENTACIÓN
ENTRE EL MAR Y LOS ANDES
VIOLENCIA Y EL FIN DE UN SUEÑO
EL COMPLEJO PUERTO DE BUENAVENTURA
DESARROLLISMO EN LATINOAMÉRICA:
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, LA
ALIANZA DEL PACÍFICO, IIRSA
MEGAPROYECTOS Y CONSULTA
PREVIA: MALAVENIDOS
BLINDAR LOS MEGAPROYECTOS;
POT, CONPES Y PLANES DE DESARROLLO
LA JUSTICIA Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES
EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS.
LA RESPONSABILIDAD INCUMPLIDA
UN MAR DE MEGAPROYECTOS
MASTERPLAN 2050:
LA MARCA BARCELONA EN BUENAVENTURA
TCBUEN. DESEMBARCO EN BUENAVENTURA
COMUNA 5, PADECER UN PUERTO
LA SOMBRA DEL ETNOCIDIO EN BUENAVENTURA
¿QUÉ ES LA REPARACIÓN PARA
LA COMUNIDAD NEGRA?
DEFENDER UNA CULTURA Y UN TERRITORIO;
HISTORIAS DE RESISTENCIA
RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS
BIBLIOGRAFÍA
❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ PRESENTACIÓN 21 ❚
PRESENTACIÓN
El presente informe nació de dos inquietudes de la Taula Ca-
talana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. La primera,
provocada por la situación de extrema violencia y de barbarie
que se vive en la ciudad de Buenaventura. Una violencia cono-
cida, pero que más de 30.000 bonaverenses supieron poner de
actualidad en las portadas de la prensa colombiana en una va-
liente manifestación realizada el 19 de febrero del pasado año.
Y la segunda inquietud se generó al saber que una empresa ca-
talana, el Grup Marítim Terminal de Contenidors de Barcelona,
SL, (Grup TCB), tiene una millonaria inversión en el puerto de
esta ciudad del Pacífico.
La Taula Catalana per Colòmbia es un espacio unitario de soli-
daridad cuyo objetivo es la promoción y protección de los De-
rechos Humanos en Colombia. Nuestro decidido apoyo para
conseguir una solución política negociada al conflicto armado
que contribuya a la paz no podía dejar de lado investigar qué
responsabilidades en ese conflicto y en el sufrimiento del pueblo
colombiano pudieran estar generándose aquí, en nuestra propia
tierra. Y de igual modo, qué acciones pudiéramos realizar para
impedirlo. Estas fueron básicamente las motivaciones para ela-
borar este trabajo.
Para las personas que hemos realizado la investigación que ha
dado pie a este informe ha constituido todo un reto. El grado de
barbarie que ha alcanzado la violencia y el gran peso que el narco-
tráfico tiene en Buenaventura distorsiona muchas veces la realidad
y esconde los procesos e intereses reales en juego. Y esconde tam-
bién la fuerza de las comunidades que siguen resistiendo en medio
de la violencia, que siguen defendiendo su territorio, su cultura,
sus formas de vida, que siguen defendiendo el derecho a vivir en
paz. Encontrar a las comunidades negras, conocerlas, descubrir a
lideresas y líderes que arriesgan cada día su vida por defender a
sus comunidades, a compañeros y compañeras que brindan dia-
riamente su apoyo solidario, a sacerdotes y eclesiásticos que están
decididamente del lado de las personas excluidas y empobrecidas
es quizás el bagaje más importante que hemos adquirido.
En estas páginas hemos querido evidenciar la actuación y pre-
sencia de una empresa catalana como Grup Marítim TCB en
Buenaventura, para poder actuar así desde Catalunya para que
las empresas de nuestro país respeten los derechos humanos,
económicos, sociales y culturales en los países en que operan,
porque sólo coordinando la acción y la lucha de los pueblos a
ambos lados del mar podremos avanzar.

RESUMEN EJECUTIVO
PREVIA: MALAVENIDOS
MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
En el primer capítulo, titulado Entre el mar y los Andes, he-
mos tratado de dar unas pinceladas al contexto geográfico, hu-
mano e histórico de una región y una ciudad habitada mayori-
tariamente por población negra, así como de su configuración
como territorio étnico, de la cosmovisión afrodescendiente y de
los derechos conquistados por las comunidades negras, y de
cómo mientras el puerto bonaverense sigue creciendo y gene-
rado riqueza para unos, el empobrecimiento, la exclusión y la
marginación se han ido instalando en Buenaventura gracias a
un modelo de desarrollo para el que las comunidades y su gente
son sólo un estorbo.
Pasamos luego, en el segundo capítulo, Violencia y el fin de un
sueño, a narrar la llegada de la guerra a la región y a la ciudad in-
trincada al narcotráfico y de como ésta se ha ido reconfigurando
asentando la presencia paramilitar. Hablamos también del gran
tamaño de la economía criminal que mueven, así como la disputa
por el control del territorio y el dominio de zonas de desarrollo
portuario que impusieron el uso de la violencia y todo un des-
pliegue de múltiples formas de victimización con una crueldad
extrema y con unos efectos sobre las comunidades devastadores.
En los capítulos 3 y 4, ya nos adentramos en las interioridades
del Puerto de Buenaventura, su importancia estratégica y los
planes de expansión y modernización del mismo en el marco de
los Tratados de Libre Comercio, la Alianza del Pacífico y el IIRSA.
Para después explicar en los capítulos 5 y 6 cómo en Colombia
existe todo un marco constitucional de protección de los pue-
blos indígenas y de las comunidades negras de un lado, pero
por otro también toda una batería de incumplimiento de nor-
mas y de instrumentos y planes que priman y tratan de blindar
el impulso de megaproyectos y de grandes infraestructuras al
tiempo socavando el derecho a la consulta previa de las comu-
nidades en favor de las grandes inversiones y empresas transna-
cionales. Es por ello que hemos creído necesario entender cuá-
les son las responsabilidades que las empresas deberían tener y
Gruas de TCBUEN, la empresa portuaria
del Grup Terminal de Contenidors de Bar-
celona, que opera en Buenaventura.

RESUMEN EJECUTIVO
PREVIA: MALAVENIDOS
MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
qué capacidad tienen los estados y la justicia internacional para
hacérselas cumplir. Lo abordamos en los capítulos 7 y 8.
En los capítulos 9 y 10 planteamos los principales proyectos, en
curso o en fase previa, vinculados a la expansión portuaria de
Buenaventura, los barrios afectados por ellos, la no ejecución de
la consulta previa, libre e informada, y los principales impactos
causados. Dedicamos también un capítulo al Master Plan 2050,
un ejercicio de planeación urbana de Buenaventura en cuya ela-
boración han intervenido destacados expolíticos catalanes y car-
gos vinculados en su día al Ayuntamiento de Barcelona.
El capítulo 11 se centra en lo que ha sido el desarrollo del Ter-
minal de Contenedores de Buenaventura, TCBUEN, el proyecto
en que el catalán Grup Marítim TCB interviene como operador
y como accionista mayoritario. Y en el capítulo 12, vemos en
profundidad como su actuación y la enorme espiral de violencia
desatada ha tenido unos graves impactos sociales y territoriales
en el área de influencia del proyecto que forman los barrios de
la comuna 5 de Buenaventura.
Buenaventura ha crecido por la fuerza de hombres y mujeres
negras que la han construido ganando, con mucho esfuerzo
y tesón, terrenos al mar. Aquí han reproducido y recreado su
cultura y sus saberes. Buenaventura, como el resto del Pacífico
colombiano, está habitado mayoritariamente por comunidades
negras, reconocidas por la Constitución colombiana como un
sujeto colectivo de especial protección, pero la sombra del et-
nocidio planea hoy más que nunca en esta ciudad. Los daños
que la expansión portuaria está causando en la población bona-
verense no pueden limitarse a una suma de daños individuales.
Es necesario abordar el daño colectivo que ha producido y la
reparación colectiva que la comunidad afrobonaverense vindica.
De todo ello hablamos en los capítulos 13 y 14, haciendo vi-
sibles también, como se describen en el siguiente capítulo, las
valerosas luchas y resistencias que mujeres y hombres, comu-
nidades y organizaciones sociales, vienen realizando contra el
despojo en defensa del territorio.
En el capítulo 16 se muestra un exhaustivo apartado de propues-
tas y recomendaciones que ha tratado de aglutinar aquellas
que han ido realizando las personas y organizaciones dispuestas a
no tolerar ni un día más la grave crisis social y humanitaria en que
se mantiene a Buenaventura. Se trata, en definitiva, de las apor-
taciones de los hombres y mujeres de las comunidades afroco-
lombianas afectadas por las violaciones a los derechos humanos
individuales y colectivos de Buenaventura. Entre los actores a los
que se emplaza con las propuestas están, naturalmente, TCBUEN
y Grup Marítim TCB. Quizás el principal valor de las recomenda-
ciones y propuestas es mostrar que sí hay soluciones y que ne-
cesitan de la suma de voluntades políticas, gubernamentales e
institucionales para que sean llevadas a cabo.
La voluntad del equipo investigador no ha sido tanto la de ha-
cer un nuevo diagnóstico sobre Buenaventura sino el de crear
una herramienta que esperamos que pueda servir para la acción
y acabar con el asedio permanente al que están sometidas las
comunidades negras de esta ciudad, y puedan recuperar lo que
son y lo que han tenido en los territorios de bajamar, un espacio
de vida y alegría, un espacio de esperanza y libertad.

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ ENTRE EL MAR Y LOS ANDES 24 ❚
RESUMEN EJECUTIVO
PRESENTACIÓN
❚❚ ENTRE EL MAR Y LOS ANDES
PREVIA: MALAVENIDOS
MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
1 ENTRE EL MAR
Y LOS ANDES
Buenaventura es la segunda ciudad del departamento del Valle
del Cauca, situada en la zona sur occidental de Colombia, a 115
kilómetros de la ciudad de Cali, capital departamental. Asen-
tada sobre la costa Pacífica, es el único municipio litoral de esta
región y el más extenso. Ocupa el 30 por ciento del total del
departamento con una superficie de 6.297 km2
, algo menos de
lo que sería la provincia de Barcelona. Su territorio se extiende
desde las orillas del Océano Pacífico en el occidente a las estriba-
ciones de la Cordillera Occidental de los Andes, concretamente
hasta los 4.200 metros de altitud del sector de los Farallones, en
el límite con los municipios de Jamundí y Cali en el oriente. Por
el norte limita con el departamento del Chocó y por el sur con el
Río Naya, que lo separa del departamento del Cauca.
Por el puerto de Buenaventura salen cerca
del 23 por ciento de las exportaciones del
país y entran casi el 80 por ciento de las
importaciones.

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Buenaventura forma parte de una de las zonas más biodiversas
del planeta con un clima predominantemente cálido, altos ni-
veles de humedad y abundante pluviosidad. A lo largo y ancho
del vasto territorio del municipio bonaverense se presentan una
gran variedad de ecosistemas con una amplia zona de mangla-
res en la costa, selva húmeda, bosque de niebla y numerosos y
caudalosos ríos como el Naya, el San Juan, el Calima o el An-
chicayá, entre otros, que forman hasta 11 cuencas hidrográfi-
cas. Buena parte de estas tierras son ricas en recursos naturales
como madera, oro, platino o carbón.
Aunque el último censo poblacional data de 2005, se estima
que el municipio de Buenaventura cuenta con unos 400.000
habitantes, de los cuales un 90 por ciento son afrodescendien-
tes y así se autoreconocen. El uno por ciento es indígena. La
práctica totalidad de la población del municipio vive en la zona
urbana. Solo un 10 por ciento lo hace en la zona rural. Urba-
nísticamente, Buenaventura está dividida en dos; una parte in-
sular conocida como Isla de Cascajal y otra continental unidas
por el llamado Puente del Piñal. En total, la ciudad portuaria
está formada por 158 los barrs distribuidos en 12 comunas o
distritos.
La ciudad siempre ha sido apreciada como puerto y puerta de
entrada y salida al comercio. Su excelente ubicación geográfica,
próxima al Canal de Panamá y equidistante entre América del
Norte y del Sur, la convirtieron en el puerto y corredor estra-
tégico más importante de Colombia. Las grandes compañías
marítimas internacionales valoran igualmente que sea el enclave
más cercano al Lejano Oriente.
1.1 “Somos Pacifico”
Como grupo étnico2
, las comunidades negras de Buenaventura
han desarrollado y practicado su propia cultura3
, cuentan con
una apropiación territorial que viven y validan en los ríos, en los
montes, las playas, barrios y en el mar a través de formas or-
ganizativas que han construido para vivir. Cuentan con formas
propias de intercambio y relacionamiento como son las mingas
y la mano cambiada para trabajar la finca, la mina, construir
viviendas, escuelas, iglesias, limpiar el cementerio, las calles, etc.
El 90 por ciento de la población del municipio de Buenaventura
es y se siente afrocolombiana, sea negra, raizal o mulata, orga-
nizada en 46 Consejos Comunitarios4
. Son descendientes de los
esclavos africanos de las antiguas colonias españolas. Hay que
remontarse cinco siglos atrás cuando los europeos les hicieron
2 Una etnia es una población humana en la cual las y los miembros se identifican
entre ellos, normalmente con base en una real o presunta genealogía y ascendencia
común, o en otros lazos históricos. Las etnias están también normalmente unidas por
unas prácticas culturales, de comportamiento, lingüística o religiosas comunes. Dichas
comunidades comúnmente reclaman para sí una estructura social, política y un territorio.
3 La cultura da a la persona la capacidad de reflexionar sobre sí misma. Es ella la que
hace de sus miembros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente
comprometidos. A través de ella se disciernen los valores y se efectúan opciones. A través
de ella la persona se expresa, toma conciencia de sí misma, se reconoce como un proyec-
to inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas
significaciones, y crea obras que lo trascienden”. UNESCO, (1982) Declaración de México
sobre las políticas culturales. Conferencia mundial sobre las políticas culturales [en línea],
disponible en:
http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_
sp.pdf
4 De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 70 de 1993, los Consejos Comunitarios son
la forma de administración interna de las comunidades afrodescendientes que ha sido
reconocida jurídicamente en Colombia.

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cruzar el Atlántico de manera obligada, les redujeron a mera
mercancía y les convirtieron en esclavos haciéndoles soportar
unas condiciones de vida difícilmente soportables.5
El destierro
forzado y el cruel cautiverio marcaron durante décadas las vidas
de las personas africanas llevadas a Colombia. A las que man-
daron a esta parte del Pacífico, a la entonces llamada Provincia
del Raposo, hoy municipio de Buenaventura, los conquistadores
españoles les hicieron trabajar a destajo en las minas de oro.
Las personas esclavizadas terminaron por rebelarse, consiguie-
ron liberarse y con ello iniciaron, como señaló Aprile-Gniset
(1993), un periodo de colonización agraria en la propia región.6
Con el tiempo, los y las afrocolombianas supieron adaptarse a
un entorno geográfico difícil donde fueron apropiándose del te-
rritorio, moldeando su sociedad y conformando una identidad
en base a prácticas culturales, relaciones sociales y modos de
producción propios. La agricultura, la pesca y la minería artesa-
nal empezaron a ser sus formas de vida.
Las comunidades negras como tales7
continuarían siendo invi-
sibilizadas y excluidas durante cientos de años, pero el Pacífico
5 Según Jaramillo (1969) la población africana que llegó al Pacífico colombiano
provenía principalmente de Guinea, Senegal, Níger y Sudán. Arribaron a través de los
puertos de Cartagena, Santa Marta y Rioacha para luego ser transportados por los ríos
Magdalena y Cauca hasta Santiago de Cali y Popayán.
6 Aprile-Gniset, Jaques. (1993). Poblamiento, hábitats y pueblos del Pacífico, Cali:
Universidad del Valle.
7 Se entiende por comunidad negra al conjunto de familias de ascendencia afroco-
lombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias
tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan
conciencia de identidad que les distinguen de otros grupos étnicos.
Las comunidades negras de Buenaventura
han desarrollado y practicado su propia
cultura.

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empezaba ya a configurarse como un territorio étnico orga-
nizado, ampliamente cohesionado y en buena sintonía con la
minoría indígena del lugar. En la reafirmación de su cultura y
ancestralidad generaron procesos de resistencia e iniciaron un
largo camino de luchas y reivindicaciones de sus derechos étni-
co-territoriales que no se verían en parte recompensadas hasta
la aprobación de la Constitución de 1991.8
En ella, por primera
vez en la historia, se sentaban las bases para legitimar la terri-
torialidad afrocolombiana del litoral Pacífico y se reconocía la
diversidad étnica y cultural de Colombia.9
“Tenemos una cosmovisión propia y somos un grupos étnico
porque tenemos una forma distinta de ver la vida, de relacionar-
nos con ella. Y en esa forma distinta, parte de lo que nosotros
entendemos como nuestro espacio de vida está el territorio, que
debemos cuidar, cultivar, respetar y potenciar. El Estado no com-
parte esta visión porque sólo ve estos territorios como potencia-
les fuentes económicas, como una materia prima que hay que
8 En el artículo 1° se hace énfasis en el carácter pluralista del Estado colombiano, y
en el artículo 7° se dice expresamente que “El Estado reconoce y protege la diversidad
étnica y cultural de la Nación colombiana”.
9 Para las comunidades afrocolombianas, el territorio tiene una importancia muy
profunda que va más allá de simplemente contar con un lugar para vivir y sostenerse. El
territorio es una expresión de su memoria colectiva, de su concepción de la libertad. Por
eso, al hablar de territorio no se hace referencia sólo a los titulados colectivamente sino
a los ancestralmente habitados por las comunidades afrodescendientes en Colombia. El
territorio es una concepción integral que incluye la tierra, la comunidad, la naturaleza y
las relaciones de interdependencia de los diversos componentes. Del territorio también
hacen parte los usos y costumbres vinculados a su hábitat que las comunidades afro-
colombianas han mantenido por siglos y que se expresan también en los saberes que
la gente tiene y en el conocimiento de los ritmos y los tiempos para hacer las distintas
actividades
agotar en el marco del capital. Ellos dicen que nosotros estamos
desperdiciando los territorios porque hay mucha riqueza y no la
explotamos. No es cierto. Sí lo hacemos pero con una lógica de
aprovechamiento distinta, más racional y no de exterminio. Por
ejemplo, el oro está y nosotros lo explotamos pero a través de
unas prácticas ancestrales que aprendimos y considerando que
el territorio también es un sujeto de derechos y un bien ago-
table. Estas prácticas son las que nos han permitido estar aquí
tanto tiempo. Que hoy el Pacifico sea uno de los cinco pulmo-
nes del mundo es porque nuestra cultura ha permitido que lo
sea, porque desde la lógica del capital hace rato que ya hubiera
dejado de existir. Nosotros tenemos una fórmula que es que di-
versidad más cultura es igual a biodiversidad. Quiere decir que
si no hay una cultura que administre la biodiversidad, que haga
un buen aprovechamiento de ella, esta no existiría”10
.
Dos años más tarde, en 1993, se daría un nuevo avance con
la aprobación de la llamada Ley 7011
que complementando a
la Constitución posibilitaba la titularidad colectiva de los te-
rritorios ocupados y apropiados ancestralmente por los afro-
descendientes. La ley establece como propósito impulsar me-
canismos para la protección de la identidad cultural y de los
10 Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a mujer líder PCN, abril 2015
11 Texto íntegro de la Ley 70 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=7388

RESUMEN EJECUTIVO
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derechos de las comunidades negras.12
En su artículo 2º define
como comunidad negra a la conformada por “el conjunto de
familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cul-
tura propia, comparten historia y tienen sus propias tradicio-
nes y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que
revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen
de otros grupos étnicos”. La ley reconoce la propiedad colec-
tiva, establece mecanismos para asegurar los usos de la tierra
y la protección de los recursos naturales en las áreas definidas
y la protección y participación de las comunidades en cuanto a
explotación de recursos naturales.
En todas estas conquistas, fue muy importante el papel de or-
ganizaciones sociales todavía hoy existentes como el Movimiento
Cimarrón13
y especialmente el Proceso de Comunidades Negras
12 Para Agier Michel y Pedro Quintín (2003), la innovación fundamental de esa ley
consistió en convertir a los afrocolombianos en sujetos de derechos comparables a los
que definió el convenio 169 de la OIT para los pueblos étnicos del mundo. “La Ley 70 de
1993 logró que las “comunidades negras” de Colombia tuvieran el carácter de “pueblos
étnicos” y, en consecuencia, pudieran legitimar el dominio sobre sus territorios ancestra-
les mediante una titulación consecuente con las formas de producción polimorfas que
sus antepasados habían ideado, a partir de sus africanías y de las relaciones con indíge-
nas y europeos
13 Los cimarrones eran los africanos esclavizados que se refugiaron en las selvas para
conquistar la libertad y desarrollar una nueva sociedad libre en sus territorios y poblados
llamados palenques. El movimiento Cimarrón promueve el fortalecimiento y la unidad de
las organizaciones y comunidades afrocolombianas en pro de su desarrollo y en defensa
de los derechos humanos. http://www.movimientocimarron.org/
(PCN)14
. Sus aspiraciones a blindar los territorios colectivos afro-
descendientes consiguieron que la Ley los declarase inalienables,
imprescriptibles e inembargables. Igualmente, consiguieron es-
tablecer mecanismos de participación a través del derecho a la
Consulta Previa reconocido en el convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT).15
Se trata de un instrumento
que obliga a los gobiernos adheridos a consultar y tener el visto
bueno de las comunidades sobre todos aquellos asuntos que les
conciernan y a que estos puedan decidir sus propias prioridades
en el proceso de desarrollo.16
Sin embargo y en la práctica, toda esta arquitectura legal no
ha logrado garantizar a las comunidades negras su salvaguarda,
especialmente en un momento tan delicado como el que vienen
atravesando en estos últimos años. La degradación del conflicto
14 El PCN es un movimiento social y político surgido en los 90 que lucha por el re-
conocimiento de los derechos de los y las afrocolombianas que se consolidó cuando la
constitución del 91 definió a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural. Está
conformado por 120 organizaciones, entre consejos comunitarios y organizaciones de
base, repartidas por diferentes regiones del país. Su ideario es la reafirmación de la iden-
tidad cultural de las Comunidades Negras, la defensa del territorio y el uso sostenible de
los recursos naturales, la participación autónoma en la toma de decisiones que las afec-
ten y apostar por una opción propia de desarrollo sostenible acorde a las aspiraciones de
sus comunidades. http://www.renacientes.org/
15 Organización Internacional del Trabajo (1989) Convenio número 169 sobre pue-
blos indígenas y t
ribales, adoptado el 27 de junio de 1989 http://www.ilo.org/indigenous/Conven-
tions/no169/lang--es/index.htm
16 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, (2010), El derecho de las comunidades afrocolombianas a la consulta
previa, libre e informada. Una guía de información y reflexión para su aplicación desde la
perspectiva de los Derechos Humanos http://www.hchr.org.co/afrodescendientes/fi-
les/PDF%20ALTA%20PAG%20INTERNAS%20AFROS%20TERCERA%20ENTREGA.
pdf

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armado, la irrupción de nuevas formas de violencia, el despla-
zamiento forzado con la consiguiente desterritorialización y el
impulso de políticas desarrollistas en la región aplicadas por el
mismo Estado están violando todos los derechos humanos posi-
bles y poniendo en peligro nuevamente los territorios y las for-
mas de vida de los afrodescendientes del Pacífico.
En un informe de 2007 de la Agencia para los Refugiados de la
ONU en Colombia (ACNUR)17
ya se advertía de lo siguiente:
(…) se han generado procesos de desterritorialización simul-
táneos a la consolidación del marco normativo y de la política
pública de reconocimiento de sus derechos colectivos: “Lo que
al principio parecía un verdadero avance en la legislación, con
beneficios tangibles para las comunidades negras en el Pacíﬁco
17 ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Unidad de
Servicios Comunitarios, (2007), El enfoque diferencial y el proceso de la Sentencia T-025
de 2004. Bogotá
Ambiente de domingo en una calle de
Buenaventura.

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colombiano, ahora corre el riesgo de volverse una verdadera pe-
sadilla. Pues justamente en el momento en que ellas reciben el
reconocimiento legal de ser las dueñas ancestrales de las tierras
del Pacíﬁco (anteriormente consideradas como baldías por el Es-
tado colombiano) se han visto sujetas a procesos de desterrito-
rialización al ser desplazadas violentamente de sus tierras por
los diferentes actores armados (…)”
Pero no es solo el conflicto armado. El Estado no ha cumplido
con su misión de proteger a la población nativa del Pacífico. El
modelo de desarrollo impuesto aquí como zona estratégica para
la apertura económica contradice el espíritu de la Ley 70 y choca
frontalmente con la cosmovisión de los grupos étnicos a los que
esta ley dice querer proteger. Así lo entendió la propia Corte
Constitucional atendiendo la inconstitucionalidad de los pro-
cesos de despojo que se venían presentando en Buenaventura
y que afectaban directamente a los territorios ganados al mar.
La sentencia T-025 de 200418
y el posterior auto 005 de 200919
emitidos por el alto tribunal declaraba a las comunidades afro-
descendientes como sujetas de especial protección e instaba al
amparo de los derechos fundamentales de su población víctima
de desplazamiento forzado interno por su mayor vulnerabilidad
e indefensión.
18 Sentencia T-025 de 2004: http://www.corteconstitucional.gov.co/relato-
ria/2004/T-025-04.htm
19 Auto 005 de 2009: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/au-
tos/2009/a005-09.htm
Este auto es ahora mismo el arma de defensa más poderosa
de la población afrocolombiana para defender sus territorios
porque además reconoce la existencia de comunidades negras
en las zonas urbanas, entre ellas en Buenaventura. Igualmente
advierte de los riesgos que conlleva la implantación de los me-
gaproyectos para la población afrocolombiana señalando que
cualquier intención empresarial que ponga en juego la integri-
dad de las comunidades negras, ya sea en zona rural o urbana,
debe ser objeto de consulta previa.
“Nuestra forma de vida es colectiva. Por eso es tan difícil vivir
como nos quieren hacer vivir. Necesitamos los lazos de vecin-
dad que construimos en nuestros barrios donde el valor de la
solidaridad es importante y en los que mi vida individual de-
pende de mi vecino. Cuando viene toda la lógica económica del
puerto se empiezan a vulnerar los derechos colectivos y la tierra
donde hemos construido nos la quieren quitar porque ellos la
necesitan. Se inventan pretextos de que son territorios de alto
riesgo y en los que, por lo tanto, no se puede vivir. Así, de esta
forma, no titulan las viviendas y no proporcionan los servicios
públicos. Ahora, ya no podemos decir que Buenaventura no
está protegida por la ley. Es verdad que la ley 70 no habla de
comunidades negras afrourbanas pero el auto 005 si la desarro-
lla diciendo que cualquier megaproyecto que ponga en juego la
integridad cultural de la comunidades negras, sea en zona rural
o urbana, debe ser objeto de consulta previa. Y cuando dice
urbano- rural está reconociendo la existencia de una comunidad
negra en lo urbano”20
.

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Con todo, la situación actual de las comunidades negras del Pa-
cífico no sólo no es fácil, sino que es muy preocupante. Jaime
Arocha, miembro del grupo de estudios afrocolombianos de la
Universidad Nacional de Colombia, ya señaló años atrás que
toda esta suma de intereses económicos y estratégicos que se
ciernen sobre la cuenca del Pacífico colombiano podía conducir
a un calculado etnocidio21
.
1.2 Transformar y habitar el territorio
La historia de Buenaventura como ciudad es realmente muy
reciente y casi siempre ha estado relacionada con el devenir y
el desarrollo del puerto. Y aunque su origen sí data de 1540,
los conquistadores españoles no tuvieron nunca la intención de
convertirla en un asentamiento poblacional estable y ya enton-
ces su interés se centraba básicamente en utilizar este enclave
como embarcadero.22
De hecho, los historiadores señalan que
no sería hasta la mitad del siglo XIX que la llamada Isla de Cas-
cajal empezó a ser habitada de forma permanente.
Las potencialidades de Buenaventura como puerto empezaron
a vislumbrarse a principios de siglo XX, una vez superadas las
21 Arocha, Jaime, (2002), Seminario Dimensiones territoriales de la guerra y la paz
organizado por la Red de Estudios de Espacio y Territorio (RET) de la Universidad Nacional
de Colombia
22 “Ha sido común confundir el puerto colonial de Buenaventura con una supuesta
ciudad de Buenaventura que nunca existió. Buenaventura no fue nunca en la clasifica-
ción de la corona ni ciudad ni villa, ni siquiera pueblo o lugar, era puerto, nada más que
un embarcardero”, Mosquera, Gilma y Aprile-Gniset, Jacques, (2006), Aldeas de la costa
de Buenaventura, Universidad del Valle, Sede del Pacífico, Cali. .
consecuencias que tuvo para la ciudad el maremoto ocurrido
en la vecina ciudad de Tumaco. El pujante sector empresarial
de la ciudad de Cali vio clara la necesidad de impulsar el creci-
miento portuario y mejorar sus accesos. En 1913 la capital del
Valle del Cauca y Buenaventura ya estaban unidos por ferroca-
rril. Diez años más tarde, a pesar de los conocidos problemas de
sedimentación de su bahía, una compañía estadounidense se
atrevió a construir el primer muelle. La ciudad vallecaucana del
Pacífico dejaba así de ser en 1923 un puerto marítimo natural
para convertirse en un puerto marítimo con terminal y pasaba
a competir directamente con el puerto de Barranquilla, conside-
rado hasta el momento como el más importante de Colombia.
Hacia 1925 más de la quinta parte del comercio exterior del país
y cerca del 15 por ciento de las exportaciones de café pasaban
ya por el mar bonaverense.23
A finales de los 60, el puerto de Buenaventura contaba ya con
cierta proyección mundial. Su creciente importancia en las nuevas
dinámicas económicas del momento atrajo a miles de personas
afrodescendientes de las zonas rurales atraídos por la posibilidad
de trabajar en los muelles cargando y descargando mercancías.
Las comunidades afrocolombianas llegadas a la ciudad ocupa-
ron y transformaron el territorio urbano de Buenaventura de una
forma muy particular, acorde a las formas de vida, valores y prác-
ticas tradicionales que habían desarrollado en sus lugares de ori-
gen, allá en las cuencas de los ríos de donde venían.
23 Collazos, Jaime A., (2009), Las sociedades portuarias regionales en el comercio
exterior colombiano: una reseña sobra la importancia del puerto de Buenaventura, en
Ensayos sobre economía regional, Banco de la República, Cali.

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Las familias buscaron asentarse en lugares donde llegaban las
mareas, a orillas de los esteros, con la finalidad de poder recrear
social y culturalmente su hábitat originario y seguir así desarro-
llando actividades asociadas a la pesca tradicional. Al ser zonas
de baja marea, las comunidades fueron ganando terreno a las
partes inundables rellenándolas con la basura que se recogía de
toda la ciudad, con escombros y barro. Con la madera que ex-
traían de los manglares construyeron sus viviendas palafíticas,
comunicadas entre sí por medio de una red de puentes.
En 1943, Buenaventura apenas tenía 28.000 habitantes. En sólo
unas décadas creció a 260.000 personas. El puerto no pudo ab-
sorber en ningún caso tanta mano de obra agravando los pro-
blemas socioeconómicos y la falta de servicios de la ciudad.
En Buenaventura un 66’5 por ciento de la
población vive bajo la línea de pobreza.

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El contraste entre la prosperidad del puerto y las duras condicio-
nes de vida de los y las bonaverenses empezaban ya por aquel
entonces a hacerse palpables. “La riqueza entra o sale por el
puerto, pero nada se queda para el mejoramiento del pobla-
ción”, decía en su momento el intelectual y estudioso de la ciu-
dad Jacques April-Gniset (2002). La inversión pública también
se orientaba fundamentalmente a optimizar los servicios por-
tuarios y no a cubrir las necesidades sociales.
El puerto empezaba también a necesitar su espacio. Llegaron
los primeros desalojos, algunos muy violentos, como el que
ocurrió en 1963 en los barrios de Cristo Rey, Balboa y Antonio
Nariño cuando las máquinas de dragado empezaron a sepultar
las viviendas con la gente dentro. El obispo de Buenaventura
Monseñor Valencia Cano acudió de inmediato y se puso delante
de la draga para impedirlo. Cuentan que la arena le llegaba ya
hasta las rodillas y lo tuvieron que sacar a la fuerza. No queda
muy claro si hubo víctimas mortales enterradas por las arenas
de la draga. Valencia Cano siempre habló de masacre pero las
versiones y los testimonios son confusos. En cualquier caso, cen-
tenares de familias se quedaron sin sus casas para dejar paso a
las primeras ampliaciones del puerto.
La llegada del obispo Valencia Cano marcó un antes y un des-
pués en Buenaventura24
. El Padre fue un visionario que alertó
ya hace 50 años de lo que venía sucediendo en esta ciudad
24 Arboleda Quiñonez, Santiago, (2003), Gerardo Valencia Cano: Memorias de resisten-
cia en la construcción de Pensamiento Afrocolombiano, Revista Historia y Espacio, Fascículo
20, Departamento de Historia de la Universidad del Valle (Cali) http://bit.ly/1RvPmLd
y hacia donde apuntaba su crecimiento. Denunció la agudi-
zación general de la pobreza en el Pacífico y la destrucción
de ecosistemas con la tala indiscriminada de árboles y el ago-
tamiento del mangle por parte los intereses económicos re-
presentados en aquel momento por las madereras. Valencia
Cano hablaba ya de violencia institucional por parte del Estado
y se convirtió en un personaje incómodo que no tardaron en
vincular como guerrillero hasta que murió en un sospechoso
accidente de avión.
“El 21 de enero de 1972 la noticia recorrió rápidamente el país:
un avión de la compañía aérea Satena que volaba entre Mede-
llín y Quibdó con 35 personas a bordo se estrelló en uno de los

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cerros limítrofes entre Antioquia y Chocó, pereciendo todos sus
ocupantes. Entre ellos estaba Monseñor Gerardo Valencia Cano,
Vicario Apostólico de Buenaventura. Versiones contradictorias
comenzaron a circular, que dejaban profundas dudas sobre el
origen de la tragedia. El gobierno impidió a técnicos extranje-
ros acercarse a investigar el hecho y, luego de que helicópteros
oficiales sobrevolaron la zona, la declaró “inaccesible” y la hizo
bendecir desde el aire como camposanto. Un sacerdote y un
grupo de campesinos se encargaron de desmentir los conceptos
oficiales, pues escalaron a pie la montaña y rescataron el cadá-
ver del Obispo, obligando al gobierno a rescatar luego los de-
más cuerpos. Todos los indicios apuntaban a pensar, más bien,
en un “atentado”, lo que no pudo esclarecerse, ni podrá, qui-
zás, esclarecerse jamás…”.25
Escribía el sacerdote Javier Giraldo.
1.3 Comunidades despojadas,
empobrecidas y excluidas
Mientras el puerto crece y el gobierno pretende convertir a Bue-
naventura en la punta de lanza de una economía moderna y
competitiva, la ciudad se ha ido degradando y sus condiciones
sociales de vida son una verdadera vergüenza. Lo reconocen in-
cluso informes empresariales como el que realizó Fededesarrollo
y que hablaba de Buenaventura como la suma de las parado-
25 Giraldo Moreno, Javier, (1992), Aquellas muertes que hicieron resplandecer la vida.
Desde los márgenes – Disponible en: http://www.javiergiraldo.org/IMG/libros/Aque-
llas_Muertes.pdf
jas26
. “Es un municipio con altas potencialidades frente a unas
realidades sociales totalmente decepcionantes”, decía. Como
ejemplo flagrante señalaba la enorme contradicción que supone
que una ciudad que se enmarca en una región con una gran
riqueza hídrica cuente con un pésimo servicio de agua y alcan-
tarillado, tanto en su cobertura como en la continuidad de la
prestación del servicio.
Los megaproyectos realizados y los proyectados a futuro con-
trastan con una situación social lamentable donde un puerto
moderno convive en medio de una ciudad y una población ab-
solutamente marginada. En la actualidad, las comunidades ne-
gras de Buenaventura registran uno de los niveles más bajos de
calidad de vida y bienestar social del país producto de la exclu-
sión y la marginalidad socio-racial. Como indicaba Gearóid Ö
Loingsigh en su libro La reconquista del Pacífico “no importa el
indicador que uno escoja, los negros salen mal parados en todo.
Son más pobres, tienen menos años de escolaridad, ingresos
inferiores al promedio y las tasas más altas de desnutrición”27
.
También el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en un informe dedicado a Buenaventura en 2008 ha-
blaba en términos parecidos: “Buenaventura es un municipio
de paradojas. Es uno de los que genera más recursos a la na-
26 FEDESARROLLO-CERAC, (2013), Hacia un desarrollo integral de la ciudad de Bue-
naventura y su área de influencia. Informe preparado para Oleoducto al Pacífico –OAP-,
Bogotá. http://bit.ly/1Fl9Wp2
27 Loingsigh, Gearóid Ó. (2013), La reconquista del Pacífico: invasión, inversión, im-
punidad, Bogotá, Proceso de Comunidades Negras –PCN–. Coordinador Nacional Agra-
rio - CNA consultado el 30 de mayo de 2015. Disponible en: http://bit.ly/1FX6e9M

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ción, pero donde hay mayor cantidad de personas pobres; es
el más rico en recursos hídricos, pero el que tiene la cobertura
más baja de acueducto; es exuberante en su riqueza cultural,
pero presenta los indicadores de educación más cuestionables;
es abundante en biodiversidad, pero tiene la mayor proporción
de población infantil en situación de desnutrición”28
.
Además de ser el puerto más importante del país, Buenaventura
es el lugar donde viven cerca de 400.000 personas. La mayoría,
un 91 por ciento, lo hace en su casco urbano, de los cuales
un 66’5 por ciento vive bajo la línea de la pobreza que se tra-
duce en un índice estimado de desempleo del 40 por ciento por
ciento y de subempleo del 35 por ciento. 29
En Buenaventura se carece de una buena prestación de servicios
públicos esenciales en salud y educación, la tasa de analfabe-
tismo es superior al promedio nacional y existe un déficit cuali-
tativo en vivienda cercano a las 30000 unidades. En definitiva,
Buenaventura ocupa el primer lugar en desigualdad social entre
los 42 municipios del Valle del Cauca y la prosperidad que se
deriva de las actividades comerciales del puerto no se ha visto
reflejada en una mejor calidad de vida para la generalidad de los
y las habitantes de Buenaventura.30
28 PNUD, Hacia un Valle del Cauca incluyente y pacífico. Informe Regional de Desarro-
llo Humano 2008, pag 46 http://bit.ly/1dGgoBj Consultado el 31 de mayo de 2015
29 Departamento Nacional de Estadística-DANE, Pobreza y condiciones de vida,
http://bit.ly/1HGy1rS
30 FEDESARROLLO-CERAC, (2013)
Pobreza. Buenaventura es el municipio más pobre del Valle del
Cauca. El índice de Necesidades Básica Insatisfechas (NBI) es del
35’85 por ciento, 9 veces mayor que en el departamento y más
del doble del promedio nacional. Según el Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM)31
la incidencia de la pobreza en Buena-
ventura es del 66’5 por ciento. La propia Cámara de Comer-
cio de Buenaventura asegura que de cada 100 personas de la
ciudad, 36 cuentan con necesidades básicas insatisfechas y 14
están dentro de la miseria o pobreza extrema32
.
Desplazamiento forzado. Buenaventura es un municipio especial-
mente afectado por las “olas” de desplazamiento forzado que
genera la violencia en la región y en la propia urbe. Según la Uni-
dad de Víctimas, Buenaventura que hasta 2002 había sido recep-
tora de personas desplazadas, pasó a convertirse en expulsora,
a tal punto que en 2011 llegó a desplazar a 21.466 personas33
.
Se estima que en todo el país existen más de un millón y medio
de desplazados y desplazadas internos afrodescendientes, de los
cuales más de la mitad son mujeres cabeza de familia.
Desempleo. Las cifras de desempleo, aunque son estimativas,
son muy elevadas. El Departamento Administrativo Nacional de
Estadística –DANE- entidad que mide los indicadores del mer-
cado laboral situó la tasa en 2011 en un 40’4 por ciento, la más
31 Departamento Nacional de Estadística-DANE, Pobreza y condiciones de vida,
http://bit.ly/1HGy1rS
32 Cámara de Comercio de Buenaventura, (2014), Análisis socioeconómico de Bue-
naventura 2014 http://www.ccbun.org/images/multimedia/analisis_socio_econo-
mico_buenaventura_2014.pdf Consultado el 29 de mayo de 2015
33 http://rni.unidadvictimas.gov.co/

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alta de todas las ciudades de Colombia. La escasa diversifica-
ción de la economía bonaverense, basada casi exclusivamente
en la actividad portuaria es un lastre teniendo en cuenta que
el puerto no absorbe ni de lejos a la población activa existente.
La tasa de subempleo y gente que se mueve en la economía
informal o de subsistencia oscila en torno al 35 por ciento. Otro
aspecto especialmente crítico es el alto desempleo juvenil que
hace que muchos jóvenes puedan ser tentados fácilmente para
realizar otro tipo de actividades ilegales. Tanto es así, que el
narcotráfico, los grupos paramilitares y las bandas criminales se
convirtieron en una fuente de empleo.
Discriminación racial. Algunos estudios y líderes sociales de
Buenaventura aseguran que existe una discriminación econó-
mica negativa hacia la población afrodescendiente en el mer-
cado laboral, según la cual la población nativa tiende a ser em-
pleada en puestos de mediana y baja cualificación con trabajos
mal remunerados. Igualmente, sostienen que permanece un
racismo latente arraigado entre la clase dirigente blanca co-
lombiana. Los puestos directivos en Buenaventura suelen estar
así copados por personas de fuera del municipio como se ve
muy claramente en los directivos de las empresas que manejan
las terminales portuarias. Una funcionaria del Servicio Nacional
de Aprendizaje –SENA- de Buenaventura ha vivido de primera
mano la existencia de esa discriminación racial cuando los alma-
cenes y las empresas le solicitaban hojas de vida (curriculums) y
le advertían que los candidatos “no sean tan negritos” en una
ciudad donde más del 90 por ciento son afrodescendientes.34
34 Testimonio funcionaria del SENA
En esta imagen se recrea la acción del
obispo Gerardo Valencia Cano acudiendo
al rescate de la población cuando el de-
sarrollo del puerto provocó los primeros
desalojos violentos en los barrios de
bajamar.

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Educación. En Buenaventura la educación es de muy baja ca-
lidad y presenta igualmente en este sentido unos indicadores
muy desalentadores. La tasa de analfabetismo para la población
mayor de 15 se años se sitúa, dependiendo de las fuentes, entre
el 12 y el 23 por ciento de la población. Las cifras de abandono
escolar también son preocupantes y hablan de un 25 por cierto
de niños y niñas que dejan la escuela y de un 48 por ciento si
son jóvenes35
.
En cuanto a la cobertura también se está lejos de los niveles óp-
timos. Los datos oficiales de 2004 ya hablaban de una cobertura
neta del 86 por ciento en primaria y de una 49 por ciento en se-
cundaria. En positivo, Buenaventura cuenta con dos universida-
des públicas. Una de ellas, la Universidad del Pacífico, creada en
1988, tiene algunas carreras técnicas ligadas a las necesidades
de la actividad portuaria. Sin embargo, existe una cierta percep-
ción real de que los mejores y más cualificados empleos los ocu-
pan siempre “gente de afuera”.
Salud. Los servicios y los indicadores de salud del distrito de
Buenaventura también presentan un suspenso en mayúsculas.
La cobertura total en afiliación al Sistema General de Salud es
baja; las tasas de mortalidad materna e infantil son elevadas y
las muertes violentas tienen un claro impacto sobre la esperanza
de vida. Por otra parte, las carencias en el saneamiento básico
provocan que enfermedades como la malaria o el dengue ten-
gan una incidencia muy elevada.
35 DANE, a diciembre de 2013 y Cámara de Comercio de Buenaventura
Según el Departamento Nacional de Planeación, debido a la in-
suficiente tasa de empleo formal, la afiliación al sistema de salud
contributivo en Buenaventura es solo del 26’5 por ciento, la más
baja de todo el Valle del Cauca. El porcentaje de población pobre
no asegurada es también alto situándose en el 19’7 por ciento36
.
La estructura sanitaria de la ciudad, como pudimos comprobar
personalmente, es muy deficiente. La situación, ya mala desde
hacía años, empeoró en octubre de 2013 cuando se cerró el Hos-
pital Departamental de Buenaventura. Aun siendo público, con
el argumento de su quiebra económica, la ciudad se quedó sin el
único hospital público de segundo nivel que disponían. Ahora, las
personas se ven obligadas a desplazarse a Cali, a más de dos ho-
ras por carretera, para poder ser atendidas hospitalariamente. El
propio secretario de salud del departamento del Valle del Cauca,
después de visitar “la red alterna de salud, como clínicas privadas
36 DANE, a diciembre de 2013 y Cámara de Comercio de Buenaventura
A pesar de sus 11 cuencas hidrográficas
y su alta pluviosidad, increíblemente, en
Buenaventura el agua potable no llega a
todos los barrios y donde hay servicio es
sólo por horas.

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y las de nivel uno concluyó categóricamente que Buenaventura
no cuenta con la capacidad suficiente para atender a los pacien-
tes37
“. Actualmente el número de camas existentes son menos de
30 y son del sistema de sanidad privada.
En la radio local es frecuente escuchar quejas y reclamos del
servicio de salud sobre cómo fueron atendidos. En ocasiones se
trata de casos dramáticos como el que pudimos escuchar sobre
la muerte de un bebé que, según su madre, no fue atendido co-
rrectamente en la Clínica de Santa Sofía, teóricamente el centro
de referencia, pero que los lugareños lo llaman Santa Agonía.
Mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil en 2008,
según el PNUD, era de 47,8 por cada 1000 que nacen vivos.
Es una cifra muy alta porque los expertos la relacionan con
deficiencias en el acceso a la salud de las madres en la etapa
de gestación y de los neonatos en su primer año de vida. Altas
tasas de mortalidad infantil se asocian también a la falta de
agua potable y a una nutrición deficiente. La mortalidad de ni-
ños y niñas afrodescendientes es el doble con relación al resto
del país.
Falta de agua potable. Increíblemente, en Buenaventura el
agua potable no llega a todos los barrios y donde hay servi-
cio, es sólo por horas. Se trata de una penosa realidad que
ocurre en una ciudad rodeada de once cuencas hidrográficas
37 El Pueblo.com.co, (2013, 12 de septiembre), Hospital de Buenaventura podria ser
declarado en calamidad pública, en: http://elpueblo.com.co/hospital-de-buenaven-
tura-podria-ser-declarado-en-calamidad-publica/
y con altos índices de pluviosidad. Los y las habitantes de Bue-
naventura han salido a protestar a menudo por el derecho al
agua. Recientemente lanzaron una curiosa campaña llamada
“Totumatón por Buenaventura” en la que se visibiliza la falta
de agua en la ciudad por culpa del deficiente servicio de acue-
ducto38
. Sólo el 65 por ciento de la población recibe el servicio
de acueducto y apenas durante nueve horas al día y con cortes
frecuentes39
.
El problema de falta de agua lleva tiempo enquistado en la ciu-
dad. El incumplimiento de las promesas de sus clases dirigentes
para hacer las infraestructuras y el mal servicio de la empresa
a la que se adjudicó la concesión tras la privatización tiene la
culpa. A todo esto, según la revista Semana, un 78 por ciento
del agua que se potabiliza se pierde en la conducción o se la
roban. Las redes de conducción están en mal estado, lo que au-
menta las fugas y facilita el contrabando. Por otra parte, sólo
existe una planta de potabilización que falla continuamente
cuando llueve y las fuentes hídricas se sedimentan.
Además, existe una gran indignación entre la gente porque
mientras los vecinos y vecinas de Buenaventura padecen la es-
casez y el racionamiento del agua, el puerto y los barcos que allí
llegan la reciben sin problema las 24 horas del día. En muchos
barrios sólo tienen agua dos horas al día y muchas viviendas de
los barrios de bajamar ni hay agua corriente ni alcantarillado.
38 https://www.youtube.com/watch?v=GHKAyV2Jlvcfeature=youtu.be
39 Revista Semana, (2011, 18 de marzo), Buenaventura: el 35 por ciento de la pobla-
ción no tiene acceso al servicio de acueducto, en: http://bit.ly/1Je6uni

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No es extraño ver bidones para recoger agua de lluvia o almace-
narla en una pila.
Vivienda y no titulación. Según el DNP, con cifras del censo
de 2005, más de la mitad de los hogares de la ciudad presen-
taban algún tipo de deficiencia o estaban en muy malas con-
diciones. En ese censo no se tuvieron en cuenta las viviendas
palafíticas tan extendidas en la ciudad que no suelen contar con
cobertura de servicios domiciliarios ni tampoco con titulación
legal. El Estado ha obstaculizado y suspendido procesos de titu-
lación colectiva masiva promocional como el que ocurrió en la
comuna 6 para facilitar la adecuación y construcción de instala-
ciones portuarias.
Mujeres. Cuando se observan los indicadores socioecónomicos,
de empleo, de salud, las mujeres afrobonaverenses siempre es-
tán en peor situación. Sus ingresos son inferiores a los de los
hombres y el porcentaje de desempleadas es igualmente mayor
respecto a los hombres de su misma comunidad y frente a las
mujeres no afrodescendientes. (20’4 por ciento frente a 12’6 y
17’6 por ciento respectivamente)40
. Diferentes estudios apun-
tan a que la mayor parte de las mujeres afrodescendientes están
vinculadas al mercado laboral informal, a empleadas de hogar y
trabajos de limpieza, con salarios mensuales que se sitúan en-
tre los 150.000 y los 300.000 pesos como máximo (62/124 eu-
40 Proyecto Mujeres Afrodescendientes Defensoras de Derechos Humanos, PCN,
(2012, Abril), Derrotar la Invisibilidad. Un Reto para Las Mujeres Afrodescendientes en
Colombia, El Panorama de la violencia y la violación de los derechos humanos contra las
mujeres afrodescendientes en Colombia, en el marco de los derechos colectivos.disponi-
ble en http://www.afrocolombians.org/pdfs/DerrotarlaInvisibilidad.pdf
ros). Esta situación es especialmente grave ya que muchos de
los hogares son mantenidos por mujeres, que tienen a su cargo
de manera exclusiva hijos e hijas e incluso nietos. El analfabe-
tismo es también mayor en las mujeres negras y sólo el 13’5 por
ciento accede a la educación superior.
La disparidad continúa con una esperanza de vida 11 años me-
nor para las mujeres afrobonaverenses que para el conjunto de
mujeres del país y también 2’1 años menor frente a los hombres
afros. En definitiva, en el contexto socio-económico y de guerra
que viven los territorios afrobonaverenses, el impacto sobre las
mujeres es enorme. “Las mujeres, jóvenes y niñas afrodescen-
dientes sufren de manera desproporcionada condiciones de ine-
quidad y violencia que afectan de manera grave su capacidad y
oportunidades de goce del ejercicio pleno de sus derechos y las
mantiene en condiciones estructurales de marginalidad y opre-
sión”41
.
(2012, Abril)

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ VIOLENCIA Y 40 ❚
EL FIN DE UN SUEÑO
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❚❚ VIOLENCIA Y EL FIN DE UN SUEÑO
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2 VIOLENCIA Y
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En poco tiempo, el Pacífico colombiano, habitual territorio an-
cestral de paz, se convirtió en un escenario de guerra. El espacio
tomó una dimensión geopolítica y estratégica en la que parami-
litares y guerrilla acabarían por disputarse el control territorial,
ya fuese para cultivar coca, traficar armas o abrir el camino para
la implantación de megaproyectos. La población civil empezó a
sufrir las consecuencias. Llegaron las masacres sobre los grupos
étnicos, las desapariciones, la destrucción y las primeras oleadas
de personas desplazadas que ocasionaron una tragedia social
de inmensas proporciones.
Esa disputa territorial arrancó en los años 90, justo cuando es-
taba en marcha el proceso de titulación colectiva de tierras y las
comunidades negras trataban de dar forma al sueño de tener
un proyecto étnico-territorial propio tras haber recuperado re-
cientemente el reconocimiento de sus derechos ancestrales. Sin
embargo, el proyecto que empezó a tomar forma en la región
fue otro; el de la economía ilegal representada por el auge pro-
gresivo del narcotráfico y el contrabando de armas, y el de la
explotación irracional de los bienes naturales como el oro y la
madera, junto a la implantación extensiva del monocultivo de la
palma aceitera. La llegada del conflicto armado colom-
biano a la región truncó los sueños y el
proyecto étnico territorial de las comuni-
dades negras.

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2.1 Llegaron las FARC
Las FARC fueron las primeras en llegar a la zona rural de Bue-
naventura. Los hicieron en los años 80. Su presencia inicial fue
bastante tolerada y no significó mayor trauma para la población
local. Ni siquiera consiguieron realizar una efectiva labor de pro-
selitismo porque el interés afrodescendiente estaba puesto más
en la mira de conseguir los objetivos de su lucha étnica. Por su
parte, el proyecto de la guerrilla era más de expansión territorial
a largo plazo y hasta aquel momento, la insurgencia había utili-
zado la región Pacífica más como zona de paso y de descanso.
Sin embargo, la guerrilla fue también, en varias de estas zonas,
la que primero llevó la semilla de coca e impulsó su producción
entre los pobladores. Muchas comunidades evaluaron la nueva
realidad como un peligro inminente para sus procesos sociales,
pero la situación no parecía tener reversa. Con la entrada pos-
terior de los paramilitares y la intensificación del conflicto, las
selvas del Pacífico, por su fácil acceso al mar y a los ríos, se con-
virtieron ya en imprescindibles para todos los grupos armados
que aseguraban por allá el transporte de combatientes, armas y
drogas. El fomento de los cultivos ilícitos aprovechando las con-
diciones de empobrecimiento de la gente empezó a desestabili-
zar a las comunidades.
Las FARC llegaron también a tomar cierto control en diferentes
comunas del área urbana de Buenaventura a través de células
milicianas creando posteriormente el Frente Urbano Manuel
Cepeda Vargas. De la mano de este grupo empezaron a poner
impuestos a la droga que salía del puerto de Buenaventura y a
cobrar vacuna a los empresarios.
A todo esto, el Océano Pacífico empezó también a ser conside-
rado por el gobierno nacional como un lugar estratégico por su
biodiversidad, por sus riquezas naturales y por la conectividad
que ofrecía el puerto con los mercados internacionales. Gue-
rrilla y Ejército empezaron entonces su propia guerra donde
hubo algunas acciones militares bélicas contundentes contra la
insurgencia que tuvieron como respuesta guerrillera extorsiones
a grandes empresarios, secuestros masivos y sabotajes a la in-
fraestructura y a intereses económicos42
.
2.2 Narcotráfico y terror paramilitar
Mientras, el Cartel de Cali43
, cuyo auge coincidió con la llegada
de las FARC al Valle del Cauca, había empezado su declive a
mediados de los 90. Guerrilla y Carteles habían sido adversa-
42 Revista Semana, (1999, 4 de octubre) Sitio a Anchicayá, sobre la toma de la hi-
droeléctrica por parte de las FARC, en: http://www.semana.com/nacion/articulo/si-
tio-anchicaya/53057-3
43 Para el caso del Cartel de Cali, luego de la captura de Herrera Zuleta en 1974
(uno de los primeros narcotraficantes del Valle), los hermanos Rodríguez Orejuela con-
solidan una de las más fuertes estructuras narcotraficantes que a partir de los ochenta
logró influenciar políticos regionales y nacionales, al tiempo que economías como la del
fútbol. El Cartel de Cali se convirtió en uno de los principales exportadores de cocaína
a Estados Unidos, pero desaparece hacia mediados de los noventa con la captura de los
hermanos Rodríguez Orejuela, que actualmente se encuentran extraditados en EEUU (El
Espectador, 24 de agosto de 2012, “Pablo Escobar, tras los rastros del patrón”). Tomado
del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, (2015). Buenaventura: un puerto
sin comunidad. Bogotá, CNMH.

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rios, pero las FARC supieron aprovechar la coyuntura para finan-
ciarse con el cobro de impuestos a las salidas de cargamentos
de droga. Con la desintegración del Cartel Cali44
, el negocio de
la droga se fragmentó. Surgió el Cartel del Norte del Valle. Ver-
dad Abierta dice que este grupo de narcotraficantes sería uno
de los factores que explicaría la llegada de los paramilitares a la
región45
. Efectivamente, la alianza entre paramilitares y narco-
traficantes fue notoria y el trampolín para la expansión de las
también conocidas como Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC)
Tras los años de fuerte influencia guerrillera, desde 1996 a
1999, la llegada de los paramilitares en el 2.000 supuso un par
de vueltas de tuerca más. Fue en mayo de ese año. Los medios
de comunicación transmitieron un mensaje del hasta entonces
único jefe de las Autodefensas, Carlos Castaño, en el que anun-
ciaba que sus hombres llegaban al casco urbano de Buenaven-
tura por solicitud de los comerciantes.
44 El Cartel de Cali consolidó una fuerte influencia en la sociedad vallecaucana, desa-
rrolló negocios para el lavado de activos en diferentes actividades de la economía legal
de Cali, invirtió en equipos de fútbol y en medios de comunicación, en 1994 junto con el
Cartel del Norte del Valle infiltraron la campaña presidencial de la época, de esta manera
a diferencia del Cartel de Medellín, el cartel de Cali no acudió a la guerra contra el Estado
sino a su cooptación. Por lo cual, como lo plantea Álvaro Guzmán (2013, revista Razón
Pública) “Durante el ascenso del cartel, Cali vivía en plena prosperidad económica: era
la danza de los millones. La élite del poder local aceptó convivir con la poderosa organi-
zación criminal en grados diversos. Fue evidente su penetración en las esferas del Estado
y en las actividades económicas legales”. Tomado del informe del Centro Nacional de
Memoria Histórica, (2015)
45 https://www.verdadabierta.com/las-victimas/826-bloque-calima
La nueva dinámica de la guerra empezaría por el control de las
vías de acceso a los puertos de Buenaventura y Tumaco. Ante la
falta de recursos económicos, los paramilitares decidieron unirse
a los narcotraficantes de la región. Con esta alianza y la colabo-
ración activa de algunos miembros de la fuerza pública, el bau-
tizado como Bloque Calima de los paramilitares inició su hege-
monía en la región instaurando un absoluto régimen de terror.
Entre el año 2.000 y su supuesta desmovilización en 2005, el
grupo realizó al menos 70 masacres, mató a centenares de per-
sonas, provocó el desplazamiento de más de 20.000 personas,
asesinó de forma selectiva a 400 líderes sindicales, cívicos, pro-
fesores y campesinos, y se sospecha que existen más de 400
fosas comunes con víctimas desaparecidas.
Una de las peores masacres cometidas fue la del Naya cuando
200 paramilitares se adentraron en esta zona y asesinaron a más
de 40 personas indígenas, afrocolombianas y pobladoras cam-
pesinas. El curso y la cuenca de este río quedaron vacíos. Los
supervivientes, unas 3000 personas, de las comunidades huye-
ron a Buenaventura y a otras zonas de la región.46
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a la na-
ción por estos hechos. La Defensoría del Pueblo había advertido
con una alerta temprana de lo que podía pasar pero el Estado
no hizo nada47
.
46 El Tiempo, (2011, 18 de abril), 10 años de la ‘Carrera de la muerte’ en Naya, en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9183841
47 Revista Semana, (2008, 14 de octubre), Estado pagará 6 mil millones de pesos
por massacre del Naya, en: http://www.semana.com/noticias/articulo/estado-paga-
ra-mil-millones-pesos-masacre-del-naya/96214-3

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La guerra irrespetó los territorios étnicos, convirtió a sus comu-
nidades en poblaciones desplazadas. Y todo obedeciendo a una
clara estrategia de desalojar los territorios por la fuerza para ga-
rantizar a las máquinas de la guerra operar sin obstáculos48
. Las
causas directas del desplazamiento en el contexto del conflicto
armado son las amenazas directas, el miedo, los enfrentamien-
tos, las masacres y los asesinatos por parte de todos los grupos
armados. Como en otras partes del país donde están presentes
dos o más grupos armados, en el Pacífico sur es común que
algunas de estas agresiones sean utilizadas por uno de los acto-
res armados para “castigar” a la población civil afrocolombiana
acusándola de ser colaboradora del otro bando. El permanente
y continuado desplazamiento forzado provocó una gran crisis
humanitaria en la región. Buenaventura se convirtió en una
gran receptora de desplazados.
El traslado del enfrentamiento de la zona rural a la ciudad de
Buenaventura era ya un hecho. En pleno proceso de expansión,
el paramilitarismo infiltró la política, la policía y el puerto. Lo dijo
el propio líder del Bloque Calima HH que aseguró que tuvieron
el apoyo de grandes y medianos empresarios locales. “El Bloque
Calima construyó alianzas con élites económicas dentro de un
contexto que no respondió únicamente a una reacción frente
a las acciones militares de la guerrilla, sino también a la con-
fluencia del interés que tenían de proveerse seguridad y justicia
48 Según Rosero (2002), el desplazamiento de los afrodescendientes se origina bási-
camente en los territorios históricos del poblamiento negro, y por lo general los eventos
se presentan inmediatamente después de que se les han otorgado los títulos colectivos
a sus comunidades, como lo denunciaron las organizaciones Codhes y la Asociación
Afrocolombiana de Desplazados, Afrodes.
privada empresarios legales e ilegales que requerían resguardar
sus principales flujos de capital en el puerto. El papel que jugó la
dinámica del narcotráfico en la construcción de redes de poder
en los procesos de modernización del Valle del Cauca fue deter-
minante para que se diera esta confluencia”49
,
En paralelo, la existencia de bandas delincuenciales en el área
urbana de Buenaventura era también una realidad. Habían sur-
gido cuando tras la privatización del puerto, las condiciones so-
ciales de la gente empeoraron. El Centro de Memoria Histórica
señala que paramilitares y bandas estrecharon lazos y conjuga-
ron estrategias. El paramilitarismo estableció alianzas con los
líderes de esas bandas y junto al apoyo del también grupo pa-
ramilitar Frente Pacífico-héroes del Chocó, lograron incursionar
y controlar los territorios de Buenaventura rápidamente. Igual-
mente, contaron con la ayuda de exguerrilleros que conocían
muy bien el terreno.
El testimonio del líder paramilitar HH50
en las llamadas versiones
libres cuenta que el Frente Pacífico consolidó su presencia en
una gran cantidad de barrios de Buenaventura. En cada barrio
existía un comandante paramilitar en alianza con miembros de
la bandas de delincuencia común que controlaba el territorio. Es
así como los barrios de Bajamar con presencia de esteros y puer-
tos naturales han sido proclives a las disputas relacionadas con
49 Tomado del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, (2015) p. 163 a
185.
50 El País, (2013, 30 de octubre), La sangrienta huella del exjefe paramilitar alias HH
en el Valle del Cauca, en: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/san-
grienta-huella-exjefe-paramilitar-alias-hh-valle-cauca

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las rutas de transporte marítimo de tráfico de estupefacientes y
de armas.
El bloque Calima obtenía cuantiosos beneficios con el cobro de
impuestos a los narcotraficantes por cada kilo de coca que sa-
caban por el mar bonaverense y con todo tipo de extorsiones51
.
Actuaban con total libertad. Los paramilitares, además de con
las bandas delincuenciales, también trenzaron con agentes del
Estado, en particular con miembros de la fuerza pública. Consi-
guieron así obtener información de inteligencia, coordinar con-
juntamente incursiones e incluso encontrar apoyo logístico en
transporte. De esta manera, además del dominio social y terri-
51 Verdad Abierta, (2011, 11 de julio), Las ‘escuelas’ y las ‘finanzas’ del Bloque Ca-
lima, en: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/612-bloque-cali-
ma/3382-las-escuelas-y-las-finanzas-del-bloque-calima
torial, consiguieron modelar el régimen político hacia su pro-
pio beneficio. La propia Corte Constitucional concluyó que eran
evidentes los vínculos del Bloque Calima con narcotraficantes y
políticos52
2.3 La herencia “paraca”
564 hombres y mujeres del bloque paramilitar Calima comanda-
dos por Éver Veloza, alias HH, se desmovilizaron presuntamente
en diciembre de 2004.53
52 Corte Constitucional (2013), Auto 234 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva dis-
ponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2013/A234-
13.htm
53 https://www.verdadabierta.com/las-victimas/826-bloque-calima
Los paramilitares consolidaron su presen-
cia en muchos barrios de Buenaventura
y ejercieron un férreo control territorial
ejerciendo formas de violencia inimagina-
bles contra la población civil

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Alguien pudo imaginar que aquella desmovilización suponía el
fin de los cuatro años de terror vividos en Buenaventura y en
toda la región, pero no fue así. Lo peor estaba por venir. Las
mayores cifras de victimización de afrodescendientes y la mayor
sevicia de los actos criminales ocurrirían en el periodo posterior
a la desmovilización del bloque Calima.
El proceso de desmovilización fue muy cuestionado por poco
creíble. Tal y como afirma el informe del Centro Memoria, no
tuvo en cuenta la transformación de las dinámicas económicas,
legales e ilegales, los diseños políticos y las relaciones con los
sectores sociales que dinamizaron los aparatos armados con los
cuales se negoció. “Los grupos ilegales que ahora tienen pre-
sencia en el territorio con nuevas identidades mantienen el en-
granaje con las dinámicas económicas y de regulación privada
de bienes públicos que posibilitaron la inserción y presencia del
Bloque Calima en el territorio bonaverense, solo que ahora de
una manera más difusa y ambigua para la población víctima, por
la atomización con la cual aparecen las nuevas estructuras”54
.
El acuerdo entre Paramilitares y el Estado empezó a mostrar sus
grietas. El Bloque Calima, como la mayoría del resto de bloques
paramilitares del país quedaron descabezados de sus coman-
dantes, pero en Buenaventura las disputas por el territorio y el
control poblacional tomaron una nueva dimensión mucho más
cruenta. Como recuerda el informe del Centro Memoria, el va-
cío de poder dejado por los comandantes condujo a que los no
desmovilizados de las estructuras de las AUC y paramilitares que
54 Centro Nacional de Memoria Histórica (2015)
retomaron las armas reorganizaran nuevos grupos ilegales55
. A
partir de entonces, el bloque Calima dejó paso a nuevas estruc-
turas paramilitares que bajo los nuevos nombres de los Urabe-
ños56
, los Rastrojos57
o La Empresa58
seguirían actuando con di-
námicas similares, sometiendo e imponiendo su orden a toda
una ciudad y disputándose el dominio de las economías ilegales.
55 MAPP-OEA, (2006), Sexto informe trimestral del Secretario General sobre la Misión
para Apoyar el Proceso de Paz en Colombia (Mapp-OEA). Consultado el 1 de junio de
2015. Disponible en: http://www.mapp-oea.net/documentos/informes/Trimestra-
les%20MAPP/6to%20inf-colombia-MAPP.pdf
56 Los Urabeños llegan a Buenaventura capitalizando la solicitud de un grupo de
mineros ilegales de oro en Zaragoza que estaban siendo extorsionados por Los Rastrojos.
Así, la disputa con La Empresa tiene su origen con el asesinato de uno de los líderes de
la banda local, alias Ramiro en octubre de 2012 (Semana.com, 2012, 10 de diciembre,
“La empresa criminal de Buenaventura”). Una cruenta disputa inicia desde entonces, sin
embargo, Los Urabeños no lograron control total del territorio y a inicios de 2013. La Em-
presa se reagrupó nuevamente incluyendo a desertores de Los Urabeños. Los grupos han
incumplido en el pago salarial a los miembros de sus filas, por lo cual estos han recurrido
al incremento de la modalidad de extorsión. Tomado del informe del Centro Nacional de
Memoria Histórica (2015)
57 El Espectador, (2009, 30 de mayo), El poder de los rastrojos en: http://www.
elespectador.com/noticias/judicial/articulo143154-el-poder-de-los-rastrojos
58 La Empresa es una banda local de la cual la población tuvo noticia a mediados de
2010, se integró por ex miembros del Bloque Calima, exguerrilleros e integrantes de
diversos grupos delincuenciales bonaverenses, contando para 2012 con 150 miembros.
Para 2010 en los barrios del puerto se empezó a hablar de la llegada de una nueva
empresa que generaría empleo y atraería inversionistas, por un panfleto que difundió
la organización anunciando su operación. “La nueva entidad, sin embargo, tenía otros
planes: adueñarse de la criminalidad en el puerto. Y se llamó así, La Empresa, porque fue
conformada por empresarios que estaban cansados de ser extorsionados por las Farc. El
hombre que estuvo detrás de la creación de la banda era conocido como ‘Carlitos Ca-
pri’, dueño de discotecas, almacenes y graneros del municipio. A él se unieron algunos
narcotraficantes que vieron en ‘la Empresa’ un negocio rentable”. ElPaís.com, (2013,
21 de enero), Buenaventura, la ‘joya’ que se disputan las bandas de los ‘Urabeños’ y la
‘Empresa’.

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2.4 La guerra sin rostro y la violencia
que se tomó el puerto
Desde la desmovilización paramilitar del Bloque Calima en 2004
y del Frente Pacífico en 2005 hasta el día de hoy, Buenaven-
tura vive inmersa en una nueva fase de guerra sin rostro que
sin duda acabó tomándose el puerto. El conflicto entró de lleno
en el casco urbano y se fue extendiendo por barrios y comunas
al tiempo que empezaban a desarrollarse los proyectos de ex-
pansión portuaria. En esta etapa se configuró un nuevo mapa
de grupos armados paramilitares reciclados que continuaron
alimentándose de la economía ilícita. La zona urbana quedó
en manos de los grupos considerados herederos del paramili-
tarismo mientras que la guerrilla de las FARC, debilitada por las
acciones de la Fuerza Pública, acabó replegándose a la zona ru-
ral.
Los nuevos grupos implantaron un nuevo orden, su orden.
Amenazaron, intimidaron y asesinaron a personas que conside-
raban que habían sido colaboradores de la subversión, hostiga-
ron a líderes y lideresas sociales, a integrantes de las Juntas de
Acción Comunal y a todo aquel que se oponía a sus exigencias.
Además establecieron pautas de comportamiento a las comu-
nidades, limitaban su libertad de circulación y despojaban a fa-
milias de sus viviendas. Y lo más grave, cometieron homicidios
selectivos, desapariciones, destierros y desplazamientos intra-ur-
banos. “Poco a poco se fueron apoderando de callejones, vías,
viviendas abandonadas, espacios públicos y zonas de embarque
y desembarque; instaurando un régimen de miedo que fue su-
miendo en un estado postración, temor y silencio a los poblado-
res. Toda esta situación fragmentó los tejidos comunitarios, de
vecindad y los procesos organizativos” 59
.
El elevado número de desapariciones forzadas, la multiplicidad
de actores armados y la negación del conflicto armado en suelo
bonaverense impulsaron a la Defensoría Delegada para la Pre-
vención de riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH
en el marco del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), a emitir la
nota de seguimiento No 012-12 del 23 de Agosto de 2012 al
informe de riesgo No 032 de 2008. En la nota emitida sobre
el Distrito de Buenaventura, 59 de los 169 barrios del Distrito
fueron calificados como sectores de riesgo, en los que la deno-
minada banda paramilitar la ‘Empresa’ amenaza a la población
civil y desarrolla actividades de control territorial, de tráfico de
sustancias ilícitas, negocios lícitos, extorciones y control social.
2.4.1 ‘La Empresa y los Urabeños,
la disputa territorial
Después, en 2012, llegaron para disputarles el territorio los lla-
mados Urabeños. Al respecto, la Defensoría del Pueblo ya adver-
tía en nota de seguimiento a su informe de riesgo (nota 012-12
al informe de Riesgo nº 032 de 2008)60
que se preveía una in-
minente escalada del conflicto de consecuencias impredecibles.
59 Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, (2008, 24 de diciembre),
Informe de Riesgo N° 032-08, Municipio Buenaventura, departamento Valle del Cauca.
60 Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas (2012, 23 de agosto), Nota
de Seguimiento Nº 012-12, Cuarta al Informe de Riesgo nº 032 de 2008 emitido el 24 de
diciembre de 2008, Municipio Buenaventura, departamento Valle del Cauca.

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Ninguna autoridad les hizo caso. Los Urabeños eran un contin-
gente paramilitar procedente del Urabá antioqueño que teórica-
mente venía con la misión de “aniquilar la supuesta base social
de la guerrilla, y ejercer el control económico de las áreas con
cultivos de uso ilícito y las rutas de transporte de alijos derivados
de la coca”61
. Finalmente, Urabeños y Rastrojos terminaron en-
frentándose entre sí en una nueva y trágica escalada de violen-
cia que provocó una grave crisis humanitaria.
“Los Urabeños” tienen hoy el control de casi el 80% del terri-
torio urbano, y “La empresa”, paramilitares vinculados a “Los
Rastrojos”, conserva el control en algunos lugares específicos en
la zona urbana. La Policía afirma haber arrestado a más de 250
miembros de estos grupos de paramilitares en Buenaventura
desde enero de 2012.
Los tentáculos de los actores armados que hacen hoy presencia
en Buenaventura van más allá del tráfico de drogas. La minería,
el microtráfico, el lavado de activos, el contrabando, el tráfico
de armas y la extorsión pasaron a formar parte también del mo-
dus operandi de estos grupos. El gran tamaño de la economía
criminal que mueven, así como la disputa por el control del te-
rritorio y el dominio de zonas de desarrollo portuario impusieron
el uso de la violencia y todo un despliegue de múltiples formas
de victimización con una crueldad extrema. Los grupos armados
son responsables en estos últimos años de más de 3.000 homi-
cidios, de miles de desapariciones y del desplazamiento forzado
de millares de personas. La violencia sexual, la violencia física,
61 Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas (2012, 23 de agosto)
las amenazas, el reclutamiento y utilización de niños y niñas y
adolescentes, las extorsiones o el secuestro completan un catá-
logo de actos criminales que durante todos estos últimos años
han hecho de Buenaventura la ciudad con el mayor número de
personas desplazadas, desaparecidas y asesinadas de Colombia;
en definitiva una de las ciudades más violentas del mundo.
El origen de todos los males estuvo en el narcotráfico, pero no
conviene simplificar la complejidad del conflicto armado en Bue-
naventura a una disputa territorial por el control de las rutas del
comercio ilícito de drogas. Las dinámicas de violencia van más
allá y se relacionan con estructuras criminales que responden
también a intereses políticos y económicos sobretodo los vincu-
lados al desarrollo de los megaproyectos portuario.
2.4.2 Expansión portuaria y violencia
Las comunidades observan cómo los hechos de violencia que
han ocurrido y continúan ocurriendo en su territorio, están
asociados también al proyecto de expansión y crecimiento del
puerto. La comunidad ha visto como en múltiples ocasiones esa
necesidad de implementar los negocios propios de la actividad
portuaria sólo era posible después de desplazar violentamente a
las personas que allí vivían.
Desde la Iglesia Católica también se insiste en esta tesis: la re-
lación entre la expansión portuaria y los focos de violencia. El
obispo de la ciudad Héctor Epalza siempre ha constatado que
los barrios que concentran los conflictos más sangrientos sean
precisamente aquellos donde se han hecho o se harán los gran-

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des proyectos de infraestructura portuaria o el nuevo malecón.
“Creo que los crímenes atroces que están cometiendo los gru-
pos mafiosos allí son parte de una estrategia para infundir terror
en la población y poder operar sin obstáculos. Y, en gran me-
dida, han tenido éxito”, decía Epalza.
También coincide el Centro Nacional de Memoria que afirma
que en Buenaventura está teniendo lugar un claro y masivo fe-
nómeno de desterritorialización en el que la violencia ha jugado
un papel determinante para poder poner en marcha los mega-
proyectos portuarios. “La implementación de la violencia con la
intención de presionar el abandono o de despojar deliberada-
mente a las personas y comunidades de sus tierras y territorios
es el método más visible y burdo de desterritorialización mate-
rial. Las comunidades de Buenaventura –en especial las de Ba-
jamar y los esteros– han sido blanco de la combinación de cier-
tos hechos victimizantes –asesinatos selectivos, desapariciones
forzadas, descuartizamientos de personas, amenazas, violencia
sexual, reclutamiento de personas menores de edad y control
territorial, entre otros–, con el fin de controlar zonas estratégi-
cas o de apropiarse de territorios clave para el desarrollo de ne-
gocios legales e ilegales. Así, la violencia ha sido utilizada para
presionar el abandono de territorios para su control o usufructo
inmediato, sin compensación alguna, o forzar la venta de pro-
piedades a precios bajos. La desterritorialización material –sobre
todo con sus estrategias violentas y jurídicas– ha jugado un pa-
pel determinante para la puesta en marcha de los megaproyec-
tos portuarios y sus negocios conexos.”62
62 Centro Nacional de Memoria Histórica, (2015)
Para el Centro Nacional de Memoria se ha buscado separar a las
comunidades de sus tierras y territorios mediante la configura-
ción de escenarios de terror, la imposición de un nuevo orden
social-territorial de terror y la pérdida de propiedades, ya sea por
el abandono, el despojo o la venta en respuesta a coerciones y
amenazas. “La violencia y el fraude han sido completamente
funcionales para el circuito portuario debido a que han operado
como mecanismos extra económicos (es decir, no basados en
el mercado ni en el cumplimiento de sus reglas) por medio de
los cuales se ha logrado la apropiación de los territorios estra-
tégicos que no se habían podido adquirir por medio de las di-
námicas de mercado. La desterritorialización violenta ha hecho
viables proyectos económicos que posiblemente no lo hubieran
sido de otra manera”.
2.4.3 El drama del desplazamiento forzado
No es así extraño que el desplazamiento forzado sea la moda-
lidad de violencia que mayor cantidad de víctimas generó en
Buenaventura entre 1990 y 2014. En este periodo, un total de
152.837 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado,
es decir que dos de cada cinco bonaverenses fueron expulsados
a la fuerza, según el Centro Nacional de Memoria. De acuerdo
al registro de la Unidad para las Víctimas, el promedio anual de
personas desplazadas desde 2005 fue de 13468. El fenómeno
del desplazamiento en esta ciudad puede ser intraurbano, de un
barrio a otro, o intramunicipal, de la zona rural a la zona urbana.
Normalmente, el desplazamiento forzado va ligado a otros mu-
chos hechos victimizantes como amenazas, masacres, asesinatos
selectivos, violencia sexual, sevicia y destrucción de bienes. Según

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los datos de CODHES, entre los años 1999 y 2011, a Buenaven-
tura llegaron aproximadamente 63.717 personas desplazadas.
Como se mencionó, muchas de estas personas tienden a ubicarse
en los barrios situados en territorios de bajamar, en donde se en-
cuentran con una nueva situación de violencia y son revictimiza-
das por causa de las disputas por el control territorial.
DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 1995 A 2013
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
DESPLAZAMIENTO FORZADO EN BUENAVENTURA COMO MUNICIPIO EXPULSOR Y
COMO RECEPTOR DE POBLACIÓN EN EL PERIODO 1997 A 2014.
Fuente: RNI, Unidad de Víctimas
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Por expulsión Por recepción
El desplazamiento forzado es la modali-
dad de violencia que mayor cantidad de
víctimas generó en Buenaventura entre
1990 y 2014.

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DESPLAZAMIENTO FORZADO EN SUS MODALIDADES INDIVIDUALES Y MASIVAS EN
BUENAVENTURA EN EL PERIODO 1997 A 2011. FUENTE: OCHA
Fuente: Centro Nacional de Memoria
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Individual Masivo
DESPLAZAMIENTO INTRAURBANO HISTÓRICO EN BUENAVENTURA
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Desplazamiento intraurbano - Declarados SIPOD
9.063
7.035
9.405
1.256 1.225 1.385
5.495
455
95
234
107375
1.203
Adicionalmente, se cuestiona el papel de la Fuerza Pública en el
municipio, y de las militarizaciones continuas que ha tenido la
ciudad para tratar de paliar la violencia. Su presencia, aunque
visible y numerosa, no ha servido para proteger la vida y bienes
de todos los y las habitantes de Buenaventura, sino que por el
contrario se señala al Ejército Nacional como uno de los princi-
pales actores violadores de derechos humanos en el territorio.
Ciertamente el narcotráfico existe y sigue teniendo una gran in-
cidencia en la ciudad favorecido por las características geográfi-
cas de la región. Y naturalmente, dada la violencia armada que
genera, es uno de los problemas más grandes que enfrenta hoy
el pueblo bonaverense. Las organizaciones mafiosas continúan
aprovechándose de las subidas y bajadas de la marea para sa-
car la cocaína desde los barrios de bajamar63
en lanchas rápidas
o en sofisticados submarinos construidos de forma artesanal64
La disputa territorial por dominar esos barrios y hacerse con el
control del narcotráfico se siente especialmente en las comunas
63 El País, (2013, 16 de noviembre), Narcotráfico e inseguridad acosan al puerto de
Buenaventura, en:
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/narcotrafico-e-inseguridad-aco-
san-puerto-buenaventura
64 Las lanchas rápidas cayeron en desuso, pero dieron paso a una tecnología de trans-
porte de cargas ilegales más avanzada: los semisumergibles artesanales que pueden car-
gar cinco toneladas de cocaína, y tener 7,5 metros de largo y 1,5 metros de ancho. Junto
a las lanchas rápidas, los semisumergibles y los submarinos para el tráfico de drogas
ilegales, en Buenaventura operan embarcaciones pequeñas de uno o dos motores, las
cuales camuflan cargas de 200 a 700 kilogramos cuando transportan pasajeros o salen
de pesca. Por lo general este tipo de embarcaciones descarga la droga en costas cerca-
nas de Panamá o Ecuador o en buques que los esperan en altamar, e involucran en sus
actividades a pescadores y transportadores locales (ANDI, NIR FIP, (2011), Entornos
complejos: Buenaventura, p. 20). Tomado del Informe del Centro Nacional de Memoria
Histórica, (2015))

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3, 4, 11 y 12. Miles de familias son así víctimas de esa situación
por lo que significa estar condenados a vivir en barrios domina-
dos por grupos paramilitares que asesinan, desaparecen, ame-
nazan, extorsionan y reclutan65
.
El narcotráfico, como suele ser habitual, ha conseguido ensuciar
las manos de funcionarios públicos, policías, políticos, jueces y
fiscales, según han ido denunciando las propias comunidades y
los medios de comunicación en este tiempo. Este año, las auto-
ridades han incautado unas 27 toneladas de cocaína en el Pací-
fico, que no sería más del 30 por ciento de la droga que consi-
gue salir anualmente de los departamentos de Nariño, Cauca y
Valle del Cauca sobre todo.
2.4.4 ‘Casas de pique’ y mil formas de violencia
“Buenaventura desmembrada”, “Buenaventura cada vez más
parecida a Ciudad Juárez”, “Buenaventura, la nueva capital del
horror, “Fosas comunes reviven el horror en Buenaventura”…
Estos han sido en los últimos meses algunos de los titulares de
las noticias que se podían encontrar sobre la ciudad portua-
ria en la prensa colombiana. Nadie pensaría que se trata de la
misma ciudad que Colombia considera la joya de la corona para
el futuro de la economía del país y la recientemente nombrada
capital de la Alianza del Pacífico. Y es que las modalidades de
65 Revista Semana, (2013, 13 de noviembre), La violencia mafiosa que azota el
Valle, en: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-violencia-por-narcotrafi-
co-que-azota-al-valle/364384-3
violencia empleadas en Buenaventura por los actores armados
han dado para escribir mucho en estos últimos 10 años.
La Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tem-
pranas y sus informes de riesgo y notas de seguimiento ha ido
dando cuenta de la oleada de asesinatos, masacres, desapari-
ción forzada, violencia sexual, extorsiones, reclutamiento de
menores y enfrentamientos armados que ha venido padeciendo
la ciudad.
Las dimensiones de la violencia en Buenaventura son impre-
sionantes. Además de las 152.837 personas que fueron vícti-
mas de desplazamiento en estos últimos 24 años, entre 1990 y
2014, según Medicina Legal, se cometieron 5.047 homicidios,
más del 70 por ciento ocurrieron a partir del año 2.000. Entre
1990 y 2014, La Fiscalía computa 548 desapariciones forzadas.
De 1990 a 2014 hubo 26 masacres con un saldo de 201 perso-
nas asesinadas. La Red Nacional de Información (RNI) da cuenta
de 163.227 personas que en Buenaventura fueron víctimas de
un amplio conjunto de acciones de violencia.
A todo esto, en el último periodo la sevicia y la tortura se con-
solidaron como prácticas regulares del conflicto, ejemplificadas
en las llamadas ‘Casas de pique”, lugares donde se cometían
descuartizamientos de forma sistemática.
Homicidios. El homicidio se mantiene como uno de los delitos
con mayor impacto social. Entre 1990 y 2014 se cometieron,
según Medicina Legal, 5.047 homicidios, más del 70 por ciento
ocurrieron a partir de 2.000. El promedio anual fue de 217. La

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Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas
reportó en el Distrito de Buenaventura 153 homicidios en 2014
y 187 en 2013. La comuna cinco donde se encuentra TCBuen es
la segunda comuna donde ocurren el mayor número de asesina-
tos detrás de la comuna 12. Fueron 29 en el 2008, 15 en 2009 y
11 en 2010. La policía dice que los homicidios en Buenaventura
se han reducido un 77 por ciento en lo que va del 2015. A me-
diados de mayo del presente año, la ciudad portuaria presumió
de cumplir un mes sin homicidios. Antes de romperse la racha
con dos nuevos crímenes, la buena noticia había sido anunciada
a bombo y platillo por el propio presidente Santos en público.
Ciertamente fue una buena noticia, pero que había que coger
siempre con cautela. En Medellín, normalmente cuando bajan
los asesinatos sube la desaparición forzada y lo mismo sucede
en Buenaventura según sus habitantes66
“la violencia sigue,
unas veces son más numerosos los asesinatos, otras veces las
desapariciones forzadas, o los desplazamientos”
Los crímenes y las masacres han sido muchos pero algunos que-
dan especialmente en la memoria como el de la Joven de 16
años Ingrid Yahaira Siniestra asesinada en 2007 y cuyo cuerpo
fue expuesto un día entero atado a un poste de energía como
escarnio público para ser arrojado al mar al día siguiente des-
pués de abrirle el vientre y sacarle los órganos67
. O el de Jair
Murillo, un joven que lideraba un proceso con personas víctimas
66 Taula Catalana per Colòmbia, Entrevista a habitante comuna 5
67 Cimacnoticias (2007, 14 setiembre) Colombia: paramilitares asesinaron a una jo-
ven de 16 años http://www.cimacnoticias.com.mx/node/58311
de desplazamiento y que fue asesinado en 201068
. Igual tuvo un
grandísimo impacto la masacre de los 12 jóvenes del barrio de
Punta del Este en la Comuna 569
o las muertes de doce lideresas
comunitarias a lo largo de todo el año 2013.
ASESINATOS Y TASA DE HOMICIDIOS
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
No. de homicidios
Tasa de homicidios
Casas de pique70
. Los niveles de violencia en Buenaventura tras-
cendieron a nivel internacional cuando se supo que en esta ciudad
68 http://www.fundescodes.org/img/articulos/files/jair%20murillo%20in%20
memoriam.pdf
69 El País (2014, 18 de abril) Se cumplen 9 años de la masacre de Punta del Este,
en Buenaventura, disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/
este-sabado-cumplen-9-anos-masacre-punta-este-buenaventura
70 El Espectador, (2014, 5 de marzo), Renacen las casas de pique, en: http://www.
elespectador.com/noticias/judicial/renacen-casas-de-pique-buenaventura-articulo-478997

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descuartizar estaba “de moda”. De los 187 homicidios habidos en
2013, la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tem-
pranas empezó a reportar que muchos de estos crímenes se lle-
varon a cabo en las denominadas ‘Casas de pique’ lugares donde
las personas eran descuartizadas y asesinadas para luego arrojar
las partes de su cuerpo al mar o enterrarlos en fosas clandestinas.
Las personas eran torturadas con un gran nivel de sevicia y cruel-
dad mientras los vecinos escuchaban impotentes como las víctimas
gritaban e imploraban piedad. En Buenaventura se identificaron
varias casas de pique, una de ellas en La Inmaculada, el barrio afec-
tado por el proyecto de TCBuen. Las casas de pique sintetizan una
nueva modalidad de violencia que pretende generar terror, reafir-
mar el control territorial y someter a la población.
Desapariciones forzadas. El Sistema de Información Red de
Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) registró 475 víctimas entre
1990 y 2013 el SIRDEC registró 548 víctimas de desaparición
forzada entre 1990 y 2013. De ellas, 444 continúan desapa-
recidas, 13 aparecieron vivas y 18 sin vida. El Centro Nacional
de Memoria señala en su informe ‘Buenaventura, un puerto sin
comunidad’ que la desaparición forzada responde a una estra-
tegia de control y desestabilización social, razón por la cual la
Una mujer coloca flores en solidaridad en
la casa de una familia bonaverense.

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población más afectada ha sido en su mayoría hombres, líderes
y lideresas sociales y población de bajos ingresos.
CUADRO: DESAPARICIONES FORZADAS
Fuente: SIRDEC
70
60
50
40
30
20
10
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Cementerios clandestinos. En Buenaventura es un secreto a
voces la existencia de al menos tres cementerios clandestinos
donde yacerían cientos de restos de cadáveres. Una de esas fo-
sas estaría en el lugar donde se encuentra TCBuen, en el ba-
rrio de La inmaculada, pero la expansión portuaria lo invisibilizó.
Nunca se investigaron ni adelantaron procesos de exhumación.
Las comunidades identifican esos cementerios en lugares que
antes servían para el ocio y el esparcimiento de la gente
Reclutamiento de niños y niñas. Los grupos armados utilizan
frecuentemente a los niños y niñas de los barrios para sus pro-
pósitos, ya sea de mensajeros, para labores de vigilancia, espio-
naje o para recabar información. Igualmente llegan a cometer
actos delictivos obligados, transportan armas y drogas, extor-
sionan o ejercen el control del microtráfico y en el peor de los
casos para proveer favores sexuales y ejercer la prostitución o se
les obliga a ejecutar acciones de tortura y asesinatos. Los grupos
armados seducen muchas veces a los menores y a los jóvenes
ofreciendo dinero, armas, celulares y de alguna manera sentirse
con poder.
En el informe de situación “Niños, niñas y adolescentes en
busca de la buena ventura”71
realizado por varias organizacio-
nes se exponen las diferentes realidades adversas que vive los y
las menores y también los adolescentes en medio del conflicto
armado en Buenaventura, así como los impactos psicosociales
que sufren. En este trabajo se advierte que los riesgos para ser
involucrados en el conflicto se incrementaron. Según este in-
forme los actores armados han acudido a prácticas de uso, utili-
zación y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes como una
estrategia de fortalecimiento de sus filas identificando múltiples
formas o modalidades de vinculación. En el caso de la vincula-
ción de niñas y mujeres adolescentes al conflicto armado suele
estar relacionada con modalidades de violencia sexual
Por otra parte, el que se resista o se niegue paga cara la osadía
con su muerte o desaparición. Esta situación se convierte, a su
71 War Child –WCH–, Fundescodes, Servicio Jesuita a Refugiados y COALICO, (2013,
noviembre 2013), Niños, niñas y adolescentes en busca de la Buena Ventura, Alen Impre-
sos, en http://www.coalico.org/images/stories/informebuenaventuraweb.pdf

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vez, en un factor de desplazamiento si se quiere evitar cualquier
tipo de vinculación.
El informe del Servicio Jesuita al Refugiado”72
Buenaventura,
también incide en esta problemática, así como en los impactos
que el conflicto armado tiene en la vida de los niños, niñas y
adolescentes de Buenaventura y en como los actores invaden
los espacios vitales de este sector poblacional.
Violencia contra la mujer. Las mujeres se han convertido en
uno de los grupos más violentados por las bandas criminales en
Buenaventura. Datos de la Defensoría del 2014 cifran en 1.106
las mujeres asesinadas ese año en toda Colombia, de las cuales
el 29’5 de los crímenes se presentaron en el departamento del
Valle del Cauca, siendo Cali y Buenaventura las ciudades con más
víctimas.
En el caso de la violencia sexual en el marco del conflicto ar-
mado, Colombia apenas está despertando al horror de lo que
ha significado y significa este crimen de lesa humanidad. En
este país, especialmente las bandas paramilitares, continúan
utilizando a las mujeres como arma de guerra, se sigue atrope-
llando sus cuerpos y su dignidad, y se sigue usando la violación
como forma de terror e intimidación hacia los enemigos. Las
cifras no se corresponden con una realidad muy extendida por-
que habitualmente no se denuncia.
72 Defensoría del Pueblo, (2014), Caracterización de la situación de los niños, niñas y
adolescentes afrodescendientes e indígenas, en riesgo de reclutamiento y cualquier otra
forma de uso y utilización, en http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/
field-documents/field_document_file/info_buenaventura.pdf
En el caso de Buenaventura, tal y como recogía un periódico
local, la violencia contra las mujeres no para73
. Según el Cen-
tro Nacional de Memoria, con el fin de imponer y mantener un
control territorial y poblacional, los actores armados han involu-
crado a niñas y mujeres que incluso han terminado vinculadas a
los grupos como colaboradoras, compañeras sexuales e infor-
mantes o sometidas a explotación sexual, en redes criminales.
Para el Centro Nacional de Memoria “en las modalidades de
violencia dirigida en contra de niñas y mujeres se encuentran al-
gunos elementos relacionados con la intencionalidad por parte
de los grupos armados de enviar mensajes aleccionadores, mos-
trar castigos ejemplarizantes y activar mecanismos de despojo
violento, lo cual va configurando un patrón en la forma como
se ejecuta la violencia en contra de las mujeres y las estrategias
para evidenciarla. En consecuencia, la tortura, la violencia sexual
y el desmembramiento de los cuerpos de las niñas y las mujeres
expresa una forma de degradación de la violencia, que busca no
solo la destrucción de las víctimas, sino a la vez, la destrucción
física, moral y sicológica de la población afrodescendiente”74
Para el proyecto de mujeres afrodescendientes defensoras de
derechos humanos del Proceso de Comunidades Negras (PCN)
la guerra ha tenido profundos impactos en la vida y la identidad
de las mujeres. Lo explican en un trabajo llamado Derrotar la
invisibilidad, un reto para las mujeres afrodescendientes en Co-
73 El País, (2014, 12 de septiembre), Violencia contra las mujeres en Buenaventura no
para, en http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/dos-mujeres-nuevas-vic-
timas-violencia-buenaventura

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lombia en el que expresan su preocupación por la situación que
viven. “Las mujeres, jóvenes y niñas afrodescendientes sufren en
forma desproporcionada las condiciones de inequidad y violen-
cia que afectan de manera grave su capacidad y oportunidades
de goce del ejercicio pleno de sus derechos y de su ser como
mujeres negras y las mantiene en condiciones estructurales de
marginalidad y opresión. El impacto del conflicto armado y las
guerras geoeconómicas sobre las comunidades han generado
rupturas culturales y sociales desestabilizadoras de los procesos
y formas organizativas en la que las mujeres han emprendido la
labor de reconstruir los debilitados lazos comunitarios en barrios
y comunas. La resistencia sin embargo ha convertido a las mu-
jeres en blanco directo de la guerra y su estigmatización al ser
identificadas como defensoras de derechos humanos”75
Extorsión: Es uno de los delitos más generalizados que vienen
ocurriendo en la ciudad y afectando de manera particular a los
comerciantes y los vendedores informales a los que se les llega
a cobrar entre 5.000 y 10.000 pesos semanales. En Buenaven-
tura los grupos paramilitares cobran impuestos o vacunas como
dicen en Colombia a todo el mundo. “Aquí todos estamos vacu-
nados, es el pan de todos los días. El tendero porque la paga di-
rectamente y nosotros porque le compramos más caro los huevos
o cualquier cosa”76
. La extorsión con el cobro de vacunas se ha
vuelto de esta manera en uno de los sostenes de estos grupos.
(2012, Abril),
76 Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a lideresa PCN, , abril 2015
En la dinámica actual del conflicto armado se dan igualmente
otras formas de violencia como los secuestros, las cada vez más
recurrentes amenazas contra líderes y lideresas sociales, los
atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos.
El estado no ha actuado con voluntad de erradicar toda esta
violencia. Diferentes funcionarios y entidades del Estado, como
recoge el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica,
han tratado de invisibilizar el conflicto en Buenaventura, ya sea
minimizándolo o ya sea negándolo directamente. “A manera
de ejemplo cabe mencionar que durante los primeros meses de
2014, periodo durante el cual los medios de comunicación y la
opinión pública siguieron la pista a la violencia en Buenaventura
en respuesta a protestas y denuncias de extorsiones y casas de
pique por parte de la sociedad civil y los comerciantes, el Minis-
tro de Defensa Juan Carlos Pinzón negó la existencia de los pica-
deros, pese a que incluso la misma Policía Nacional había hecho
pública su existencia77
”. El mismo alcalde de la ciudad Bartolo Va-
lencia, en diversas ocasiones, ha negado el ascenso de los homi-
cidios y la existencia de casas pique queriendo rebajar las cifras de
muertes violentas ofrecidas por la Defensoría del Pueblo.78
El Estado colombiano ha permitido que la violencia se desarro-
lle en un clima de impunidad mantenido Buenaventura, cómo
reconocía el informe de la Caravana de Juristas realizada en
77 Noticias RCN, (2014, 7 de marzo), Mindefensa niega que haya ‘casas de pique’
en Buenaventura, en: http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-pacifico/mindefen-
sa-niega-haya-casas-pique-buenaventura

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Agosto de 201479
, “el sistema de justicia penal en Buenaventura
funciona con recursos insuficientes e ineficaces”. Buenaventura
sólo disponía de 3 fiscales, con más de 1.000 expedientes por
muertes violentas por resolver, siendo la fiscalía de Buenaven-
tura percibida como un destino “no deseado” por los profesio-
nales “y que algunos fueron destinados a él “como “castigo”
79 Caravana Colombiana de Juristas (2014), The lawless city. Report of the Buenaven-
tura delegation - August 2014
después de haber tenido un rendimiento deficiente o cuestiones
políticas en otros lugares”.
Todo este contexto con la suma de eventos violentos contras las
comunidades negras hace que no sea descabellado hablar de et-
nocidio. Así lo considera sin paliativos el propio Proceso de Co-
Movilización de la CEPAC por las calles de
Buenaventura.

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munidades Negras (PCN) “Nosotros decimos que caminamos ha-
cia un etnocidio por varias razones. Buenaventura con el 92 por
ciento de la población afro es un territorio étnico inmerso en una
guerra intensa. Tomando solo la coyuntura, si miramos las esta-
dísticas del 2000 para acá vemos que desde el 95 se dieron 400
muertes por año. Son cifras oficiales porque nosotros por otras
fuentes pensamos que son el doble. Todo ese acumulado nos ha
arrojado más de 2000 muertes violentas en cinco años, sin contar
desaparición ni desplazamiento forzado. Esas cifras nos llevan a
hablar de etnocidio. Y qué pasa con el desplazamiento forzado.
Ha sido continuo, masivo y también individual, gota a gota. Qué
pasa cuando las personas se desplazan, que es lo que el Estado
no lee. No solo se desplaza la familia, se desplaza su cultura, se
desplazan sus prácticas y valores culturales. A Bogotá no puedo
llevarme la canoa. Cuando masacran están desapareciendo la
cultura. Lo que ellos quieren erradicar es precisamente la cultura
porque ellos saben que es nuestra principal fuente de resistencia.
Todo va en la dirección de atacar eso. A ellos les quedaría muy
fácil matarnos de un tiro de gracia, pero porque nos tienen que
torturar y hacer pedacitos, qué intencionalidad hay ahí. Hay un
exterminio físico y cultura y eso sí tenemos como probarlo”80
.
80 Taula Catalana, Entrevista a líderesa comunidades negras PCN, abril de 2015
Entre 1990 y 2013 se han producido
oficialmente 548 casos de desaparición
forzada en Buenaventura, pero las or-
ganizaciones sociales afirman que serían
muchísimos más.

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ EL COMPLEJO PUERTO 59 ❚
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❚❚ EL COMPLEJO PUERTO DE BUENAVENTURA
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3 EL COMPLEJO PUERTO
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Los planes de expansión y modernización del puerto de Bue-
naventura pretenden consolidarlo como el principal puerto de
Colombia en el Pacífico y convertirlo en uno de los enclaves
portuarios más importantes de Latinoamérica aprovechando su
proximidad al Canal de Panamá. El complejo marítimo bona-
verense busca así posicionar la conexión comercial del interior
del país con Asia y los Estados Unidos, una zona de gran creci-
miento que representa casi un tercio del PBI mundial con más
de 2000 millones de potenciales consumidores. A día de hoy, el
puerto de Buenaventura conecta con 17 países asiáticos, 19 del
Pacífico sur y 13 americanos. Por aquí salen ya cerca del 23 por
ciento de las exportaciones del país y entran aproximadamente
el 77 por ciento de las importaciones81
.
En todo caso, la presencia de un fuerte sector empresarial com-
prometido con la ampliación del puerto y la determinación de
concentrar las inversiones en el municipio de Buenaventura es
ya un hecho. Todo empezó en el gobierno de Cesar Gaviria
(1990-1994) cuando Colombia inicia el camino de su apertura
económica a la globalización para lo cual, por supuesto, debía
contar con una infraestructura adecuada que permitiera los flu-
jos de mercancías y materias primas.
81 Revista Semana, (2013, Diciembre) Especial Rumbo Pacífico
Para asegurase esa inserción en la economía globalizada, el Es-
tado se enfocó en la extracción de bienes naturales sobre la to-
davía inexplotada costa Pacífica, rica en minerales, maderas, y
tierras para la explotación agroindustrial. “De esta manera, se
formularon y ejecutaron planes de desarrollo regional, como
Plaidecop, Plan Pacífico y Agenda Pacífico XXI, que avanzaron
en la construcción de infraestructura y el establecimiento de
una nueva institucionalidad estatal para la región”82
En el año 1961 se había creado la empresa pública Puertos de
Colombia (Colpuertos) empresa industrial y comercial del Estado
que administró los terminales marítimos de Cartagena, Barran-
quilla y Santa Marta, en la costa Caribe, y de Buenaventura y Tu-
maco, en la costa Pacífica. “La interacción entre la población y la
dinámica económica del puerto fue estrecha e influyó en los ám-
bitos políticos, sociales y laborales de la población bonaverense.
Los procesos creados desde esta relación hicieron posible la vin-
culación laboral formal de más de cinco mil trabajadores nativos
de la región, fortaleció el surgimiento de élites políticas locales
y la construcción de una fuerte organización sindical”83
. En esa
época se produjeron grandes desigualdades sociales entre quien
83 Centro Nacional de Memoria Histórica, (2015).

DE BUENAVENTURA
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tenía un trabajo estale en el puerto, que aunque fuese duro es-
taba bien pagado, y el resto de las personas de las comunidades.
Con la llegada de la globalización, los puertos de Colombia fue-
ron adecuados a las nuevas necesidades del comercio interna-
cional84
por lo que el Estado procedió a su privatización en los
años 90. Liquidado Colpuertos, los muelles colombianos fueron
entregados en concesión a las llamadas Sociedades Portuarias
Regionales (SPRs)85
y a operadores portuarios privados. En Bue-
naventura se constituyó la Sociedad Portuaria Regional de Bue-
naventura S.A., (SPRB) Su creación estuvo acompañada de un
proceso de modernización tecnológica y cambios en el sistema
de manejo del puerto que empezó por una drástica reducción
de empleados y bajada de salarios. De 10.000 trabajadores en
1990 se pasó a 4.000 en 1996. Los sindicatos en las empresas
portuarias, prácticamente dejaron de existir y los abundantes
derechos laborales adquiridos fueron suprimidos. “Con la pro-
liferación de CTA (Cooperativas de Trabajo Asociado) como me-
dio para la contratación de mano de obra, se pasó de ofrecer
84 Jiménez, Nayibe y Delgado, Wilson, (2008), La política pública de privatización del
sector portuario y su impacto en la organización del trabajo en el puerto de Buenaventu-
ra, Revista Pensamiento y Gestión N° 25, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia,
en: http://bit.ly/1LedRsL
85 Las Sociedades Portuarias son sociedades anónimas de carácter oficial, mixto o
privado que prestan servicios portuarios y logísticos. La de Buenaventura gestiona hoy un
terminal con 12 muelles para todo tipo de carga. En 2014, esta entidad asegura haber
movido 11’5 millones de toneladas en mercancía, dos millones más que el año anterior,
y aspira a que sean 18 millones en el año 2033 En http://www.sprbun.com/informa-
cion-corporativa/index.php.
contratos laborales a contratos de prestación de servicio, dete-
riorando dramáticamente la calidad del empleo”86
.
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A, 2013
Esos paradigmas de desarrollo nunca fueron enfocados hacia
la conservación de los ecosistemas y tampoco contaron con la
participación de las comunidades. En ningún caso significaron
avances en el empoderamiento de la población ni constituyeron
una alternativa frente al desarrollo extractivo impulsado por las
élites del interior del país. Sólo despojo y un empobrecimiento
de las comunidades afrodescendientes.

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La violencia ya había entrado en la región y en las zonas rurales
del municipio se inició una estrategia de “tierra arrasada” y re-
poblamiento con proyectos agroindustriales, apalancados finan-
cieramente en el narcotráfico y bajo el padrinazgo del Estado.
Esta coyuntura, a finales de los años noventa, trajo un período
especialmente sangriento en la historia del departamento y pro-
vocó el desplazamiento de miles de personas hacia la ciudad
de Buenaventura. Por acción u omisión, las fuerzas del Estado
Los planes de modernización del puerto
de Buenaventura pretenden consolidarlo
como el principal puerto de Colombia en
el Pacífico.

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permitieron la consolidación del paramilitarismo y participaron
igualmente de manera activa en el arraigo de varios de dichos
grupos.
Todo este conjunto de intereses de posesión y control territorial,
respaldados por los grupos armados ilegales y su estrategia de
sembrar terror, han sumido a la ciudad de Buenaventura en una
profunda crisis social, económica, política y cultural. Desocu-
par demográficamente los territorios ancestrales y tradicionales
para luego utilizarlos a beneficio de los capitales privados em-
pezó a ser lo habitual en el departamento. En esa lógica estarían
en Buenaventura los casos de los territorios de bajamar, y en
concreto los de la comuna cinco con el megaproyecto “Terminal
Especializado de Contenedores de Buenaventura - TCBUEN”,
empresa objeto de este estudio. La numerosa documentación
consultada, las entrevistas realizadas y las visitas en terreno que
hicimos a los barrios así nos lo demuestran.
Lo indican así también algunos análisis dónde se señalan qué el
mapa de los territorios afrocolombianos e indígenas en Colom-
bia coincide, en parte, con el de grandes proyectos de infraes-
tructura, con el de una gran biodiversidad, con el de las riquezas
en el subsuelo y con el del conflicto armado. Buenaventura no
es una excepción. Muchas de sus comunidades que se encuen-
tran precisamente establecidas en sitios militar, política y econó-
micamente estratégicos (Regional Pacífico: 2006)87
han sufrido
87 Regional Pacífico, (2007) Derecho a la alimentación y territorio en el Pacífico Co-
lombiano, Diócesis de Tumaco, Quibdó, Buenaventura, Istmina y Vicariato Apostólico de
Guapi.
los embates de la violencia, el desplazamiento, el desalojo y una
crueldad y barbarie difícilmente imaginable. Y en este contexto
de violencia extrema, tiene lugar también al mismo tiempo el
proyecto de expansión portuaria, acompañado del despojo de
los territorios, barrios habitacionales y esteros más grande que
jamás haya conocido la ciudad88
.
Todas estas violaciones a los derechos humanos fueron apro-
vechadas para despejar el camino a la implementación de los
proyectos de infraestructura portuaria y urbanística mediante
formas de destierro que van desde los repetidos desplazamien-
tos forzados hasta el desalojo forzoso.
88 Valencia Viveros, Hamington y Mestizo Ruiz, Gustavo, (2006), Desplazamiento for-
zado en Buenaventura. Documento elaborado para la Conferencia Nacional de organi-
zaciones Afrocolombianas, CNOA.

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ DESARROLLISMO EN 63 ❚
LATINOAMÉRICA
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❚❚ DESARROLLISMO EN LATINOAMÉRICA:
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4 DESARROLLISMO
EN LATINOAMÉRICA:
TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO, LA ALIANZA
DEL PACÍFICO E IIRSA
La visión de modernización desarrollista y extractivista que con-
tienen los planes nacionales de desarrollo están en concordan-
cia con los Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia,
y muy especialmente con la conformación de la Alianza del Pa-
cífico. Buenaventura, con su zona portuaria, está llamado a ser
una de sus puntas de lanza.
Sin embargo, los retos que se plantea Colombia son tantos
como las dudas que generan sus políticas económicas. ¿La si-
tuación económica actual es tan optimista como se preveía? ¿La
necesidad de esas mega infraestructuras se corresponden a la
realidad económica del país? ¿El balance de los acuerdos de li-
bre comercio son beneficiosos para el país?. Y finalmente quizá
convenga saber cómo está la balanza de exportación e impor-
tación.
Si en 2013 Colombia contaba con un superávit comercial de
1.646,7 millones de dólares, un año después de firmados los
TLC con la Unión Europea y el acuerdo comercial con Corea del
Sur, el creciente déficit comercial se sitúa en 4.807 millones de
dólares89
. Al finalizar el año 2014, la producción industrial es-
taba por debajo del 1%, mientras que las exportaciones totales
habían caído un 4,7%, comparadas con el mismo periodo de
2013. Con la caída de los precios del carbón y especialmente
del petróleo, la desaceleración económica se intensificó. Sobra
decir, que si los precios internacionales del carbón y del petróleo
siguen con la tendencia a la baja o se mantienen (el Brent entre
US$55 Y US$65 barril), las cifras seguirán configurando un dé-
ficit en cuenta corriente. El proceso de devaluación ha comen-
zado, la reducción del gasto público y privado se acentúa90
.
89 Torres Murillo, Sebastian (2015, 27 de abril) Colombia: El detrimento de la balan-
za comercial, Las 2 Orillas, en http://www.las2orillas.co/el-detrimento-de-la-balan-
za-comercial/
90 Torres Murillo, Sebastian (2015, 27 de abril), Las 2 orillas

LATINOAMÉRICA
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La Alianza del Pacífico cumple cuatro años de existencia. Sus
países miembros —México, Chile, Colombia y Perú — acorda-
ron, entre otras cosas, facilitar el libre tránsito de personas y au-
mentar el comercio intrarregional y la cooperación aduanera91
.
La oficialización del acuerdo se celebró el 10 de febrero de 2014
en Cartagena de Indias. Se había previsto inicialmente hacerlo
en Buenaventura, pero se descartó. La decisión se interpretó
como que al presidente Santos le daba vergüenza mostrar la
ciudad, así que finalmente optaron por la turística y caribeña
Cartagena que, como dijo Monseñor Héctor Epalza92
, “para
quien sabe un poco de geografía está en el Caribe”.
Actualmente “la integración productiva de la Alianza del Pací-
fico permanece estancada, ya que el comercio intrarregional re-
presenta 3.5% del comercio total, proporción insignificante en
comparación con las transacciones comerciales intrarregionales
de Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión Europea
que representan 15 y 66% del comercio total respectivamente93
.
La prioridad de la Alianza del Pacífico es encontrar nuevos mer-
cados en expansión a causa de la baja rentabilidad que genera
el mercado interno para las grandes empresas trasnacionales.
De esta manera, los miembros de la Alianza del Pacífico desean
91 Noyola Rodríguez Ulises (2015, 29 de abril), Alianza del Pacífico, la nueva
era del capitalismo dependiente, Rebelión, en http://www.rebelion.org/noticia.
php?id=198228
92 Taula Catalana per Colòmiba, entrevista al Obispo de Buenaventura, Monseñor
Héctor Epalza.
93 Noyola Rodríguez Ulises (2015, 29 de abril),Rebelión
profundizar las relaciones comerciales con la región Asia-Pací-
fico94
.
Sin embargo, las negociaciones serán difíciles debido a la opo-
sición de Estados Unidos al ascenso de los países asiáticos con
el papel predominante de China que propuso una zona de libre
comercio en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC, por
sus siglas en inglés) incluyendo a los miembros de la Alianza del
Pacífico en noviembre de 2014. El establecimiento de esta zona
de libre comercio está obstaculizado por el Acuerdo de Asocia-
ción Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), que excluye a
China con el fin de blindar a la Alianza del Pacífico ante el inmi-
nente ascenso del gigante asiático en Latinoamérica reforzando
la hegemonía de Estados Unidos95
.
“Los TLC con Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Mé-
xico y otros están provocando, según las cifras del DANE, le-
sivos impactos en la economía nacional. Con Estados Unidos,
por ejemplo, en dos años de TLC perdimos el superávit comer-
cial que habíamos construido en dos décadas. Con los demás
países con quienes se suscribieron acuerdos, las exportaciones
han venido cayendo y las importaciones se han incrementado
Alianza del Pacífico no será la excepción. Según la Sociedad de
Agricultores de Colombia, este acuerdo pone en riesgo más de
1.254.000 empleos agrícolas, acabará con la producción de 9.1

LATINOAMÉRICA
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millones de toneladas de alimentos, afectando 2 millones de
hectáreas y le costará al país $16,92 billones de pesos”96
.
Colombia también participa del Plan IIRSA (Iniciativa para
la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana)
otra supraestructura que dice promover la integración regional
a través del desarrollo de proyectos relacionados con el trans-
96 Intervención en el Congreso de la República del Grupo Proindustria; Asociación
de Industrias Farmacéuticas Nacionales, Asinfar; Asociación Colombiana de la Micro,
Mediana y Pequeña Empresa, Acopi – Bogotá-Cundinamarca; Confederación General
del Trabajo, CGT; Central Unitaria de Trabajadores, CUT; Confederación de Trabajadores
de Colombia, CTC; Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca; Centro
de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo. Exhortaban al Congreso de la República a que
aplazara la votación de Alianza del Pacífico y le exija al Gobierno Nacional que se realice
un debate a fondo sobre los impactos que están generando para la nación la implemen-
tación de este tipo de acuerdos (2014, 17 de junio) Acuerdo Alianza del Pacífico es un
paso gigante en la quiebra del agro y la industria, en RECALCA ,en http://www.recalca.
org.co/acuerdo-alianza-del-pacifico-es-un-paso-gigante-en-la-quiebra-del-agro-
y-la-industria/ Consultado el 2 mayo 2015
porte, la energía y las telecomunicaciones. Su radio de acción
son los oleoductos, gasoductos, puertos marítimos y fluviales,
tendidos eléctricos y de fibra óptica, centrales hidroeléctricas,
megaminería, soja y transgénicos, entre otros. La idea es redu-
cir costos productivos de la extracción de los recursos natura-
les, aunque ello suponga un considerable impacto medioam-
biental y social97
.
97 En los proyectos ejecutados en distintos países sudamericanos ya se han detecta-
do los siguientes impactos: extracción intensiva de los recursos naturales no renovables
(petróleo, gas, minerales); destrucción de zonas ricas en biodiversidad para promover
monocultivos (Soya o caña de azúcar para biocombustibles, plantaciones de celulosa…);
deforestación masiva: 74% de la deforestación de la región amazónica ocurrió en los
terrenos a 50 Km. de los dos lados de las carreteras más importantes; violaciones a los
DDHH, en especial de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades
(1 millón 600 mil indígenas de 370 pueblos y culturas) reconocidos por constituciones,
Convenio 169 OIT y Declaración de NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Soto Santiesteban, Gustavo, (2011, 9 de septiembre), Una mirada macroscópica al con-
flicto del TIPNIS, en http://isiborosecure.blogspot.com/2011/09/una-mirada-macros-
copica-al-conflicto.html, consultado el 13 de junio de 2015.
Los Tratados de Libre Comercio y la
conformación de la Alianza del Pacífico
hacen que el gobierno colombiano quiera
acelerar la modernización y expansión
portuaria de Buenaventura para ser com-
petitivos.

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ MEGAPROYECTOS Y 66 ❚
CONSULTA PREVIA
RESUMEN EJECUTIVO
PRESENTACIÓN
❚❚ MEGAPROYECTOS Y CONSULTA
PREVIA: MALAVENIDOS
MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
5 MEGAPROYECTOS
Y CONSULTA PREVIA:
MALAVENIDOS
Los mecanismos de planeación que tiene el Estado, desde el go-
bierno hasta el ámbito municipal, han sido realizados en Bue-
naventura sin contar para su diseño, aprobación e implantación
con las comunidades afectadas. Ha desconocido la adquisición
de títulos colectivos logrados por las comunidades negras histó-
ricamente asentadas, en el marco de la nueva constitución po-
lítica de 1991. Se ha desconsiderado para los megaproyectos la
territorialidad y la existencia de comunidades negras en esta ciu-
dad, en particular en los territorios de bajamar. En consecuen-
cia, tampoco se han llevado a cabo las consultas previas de los
megaproyectos con las comunidades afectadas, obligadas por
la Constitución, el artículo 169 de la Organización del Trabajo
(OIT) y la Ley 70, de la que ya hemos hablado.
El amplio reconocimiento de los derechos de la población afro-
colombiana en los instrumentos internacionales de protección
de los derechos humanos, tales como el Convenio 169, al igual
que en el ordenamiento jurídico interno y en la jurisprudencia
constitucional no se ha materializado en garantías efectivas
para los derechos de las comunidades que ocupan el territorio
afectado por los megaproyectos.
Cabe insistir en que los tratados internacionales de derechos
humanos, como es el caso del convenio 169 de la OIT, adoptado
en 1991, prevalecen en el orden interno y tienen rango consti-
tucional98
. Como de igual manera las recomendaciones de los
órganos de los tratados internacionales de derechos humanos
tienen fuerza jurídica interna y son parte del Bloque Constitu-
cional, tal como ha establecido la Corte constitucional99
.
Aun sin haberlas llevado todavía a cabo, el Gobierno sólo ha
reconocido el derecho a la consulta para comunidades negras
de ámbito rural en territorios que sean de titulación colectiva
organizadas en consejos comunitarios.
98 Constitución Política de 1991, artículo 93: “Los tratados y convenios internacio-
nales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben
su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos
y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
99 Uprimny, Rodrigo, (2002, febrero), “El Bloque de Constitucionalidad en Colombia.
Un análisis jurisprudencia y un ensayo de sistematización doctrinal”, en Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Compilación de juris-
prudencia y doctrina nacional e internacional”, Nuevas Ediciones Ltda., Bogotá, pág.136.

CONSULTA PREVIA
RESUMEN EJECUTIVO
PRESENTACIÓN
PREVIA: MALAVENIDOS
MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
El estado colombiano, con el decreto 1320 de 1998, reguló el
procedimiento para implementar la consulta previa de los pue-
blos indígenas y tribales señalando que sólo deberán consultar
los proyectos que hayan de afectar el territorio de los resguar-
dos indígenas, desconociendo el contenido del artículo 15 del
Convenio 169 que prevé la aplicación de la consulta previa a la
“totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesa-
dos ocupan o utilizan de alguna otra manera”.100
100 Comisión Colombiana de Juristas – Coljuristas, (2009), Informe sobre la situación
de derechos humanos y desplazamiento forzado de la población afrocolombiana que
ocupa el territorio de bajamar de Buenaventura (Valle del Cauca). Bogotá: CCJ.
Sin embargo, el Estado colombiano no ha reconocido los dere-
chos sobre las tierras de bajamar de Buenaventura donde estas
comunidades se encuentran asentadas. Al contrario, en los pro-
cesos de licenciamiento ambiental el Ministerio del Interior ha
ido certificando que a pesar de la presencia de comunidades
negras en los barrios afectados, estos no podían acceder al de-
recho a la consulta Previa establecida por el convenio 169 de la
OIT, reconocida en el artículo 44 de la ley 70 de 1993, debido a
que esas comunidades negras están ubicadas en zonas urbanas
que no son susceptibles de ser tituladas colectivamente. En esos
artículos, como se ha dicho anteriormente, queda claro que el
derecho es para el hábitat que los pueblos afrodescendientes
El impulso de los megaproyectos sin
consulta previa ha afectado a las comuni-
dades negras, en especial al sector de la
pesca tradicional.

CONSULTA PREVIA
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PRESENTACIÓN
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MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
ocupan o utilizan de alguna otra manera, estén o no tituladas
dichas tierras.
También el auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional esta-
bleció las comunidades negras urbanas de Buenaventura, en
especial de los territorios ganados al mar, como un sujeto co-
lectivo de especial protección, ya que el desplazamiento forzado
de las comunidades afrocolombianas genera graves riesgos. Las
prácticas del gobierno han sido declaradas inconstitucionales
por la sentencia T-025 de 2004, donde se señaló “la imposibili-
dad de desarrollar una vida común en el territorio que los identi-
fica como colectividad, también debilita sus estructuras sociales
y políticas y les impide ejercer su derecho a la consulta previa
como mecanismo para la protección de sus derechos colecti-
vos”101
. En este sentido, la Corte Constitucional al identificar “el
riesgo extraordinario de vulneración de los derechos territoriales
colectivos de las comunidades afrocolombianas por el desplaza-
miento forzado interno”, precisó en el Auto 005: […] al hablar
de territorio no se hace referencia solo a los titulados colectiva-
mente sino a los ancestralmente habitados por las comunidades
afrodescendientes en Colombia. El territorio es una concepción
integral que incluye la tierra, la comunidad, la naturaleza y las
relaciones de interdependencia de los diversos componentes.
En esta línea el Auto 234 de 2013 de la Corte Constitucional
reconoce que las comunidades negras urbanas deben ser escu-
chadas, asimismo relata la realidad del desplazamiento forzado
intraurbano en Buenaventura y las garantías que se tienen que
101 Corte Constitucional (2009), Auto 005 de 2009, numeral 120
establecer para esta población y para las comunidades urba-
nas102
.
Así pues, el estado colombiano incumple esas normas en las co-
munidades de Buenaventura a las que ha excluido de la posibili-
dad de consulta previa, sin tener en cuenta que cuando llegaron
y ocuparon y transformaron el territorio urbano de los barrios
bonaverenses, especialmente en los de Bajamar, reprodujeron
sus usos, costumbres y cultura. Con esa interpretación el go-
bierno, considera a los y las habitantes de Buenaventura de ma-
nera individual, como ciudadanos con fenotipo negro, negando
su condición de que son comunidad y violando con ello sus de-
rechos colectivos.
De igual manera, no ha dado ninguna respuesta a la petición
realizada en febrero de 2013 de implementar la Ruta étnica103
establecida en el auto 005 de 2009104
. Como respuesta a las
afectaciones que vienen sufriendo las comunidades negras, la
102 Auto 234 solicitó a al Ministro del Interior y al Alcalde Municipal de Buenaventura:
Situación de riesgo frente a desplazamientos forzados intraurbanos y/o intermunicipales
en los barrios (i) Isla de la Paz, La Cima, El Oriente y Bosque Municipal de la comuna seis
de Buenaventura (producto, entre otras, de la situación de violencia y de la suspensión de
procesos de titulación de predios, así como de la intervención con maquinaria pesada en
dichos barrios), y (ii) La Inmaculada y Santa Cruz de la comuna cinco (como consecuen-
cia, principalmente, de la situación de violencia generalizada que se vive en este sector y
del megaproyecto TCBUEN).
Proyectos de intervención portuaria y de infraestructura, así como procesos de consulta
y participación que se están realizando en cada uno de estos barrios.
Corte Constitucional (2013), Auto 234 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
103 “Ruta étnica para la protección de los territorios étnicos”. Departamento para
la Prosperidad Social, en http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catI-
D=295conID=3341pagID=6217, consultado el 19/4/2015
104 Corte Constitucional (2009), Auto 005 de 2009

CONSULTA PREVIA
RESUMEN EJECUTIVO
PRESENTACIÓN
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MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
Corte Constitucional ordenó el diseño y aplicación de La Ruta
Étnica, como mecanismo de protección del derecho fundamen-
tal de los grupos étnicos sobre sus territorios
La Ruta étnica para la protección de los territorios étnicos105
aprobada en la Constitución Política de 1991 es un mecanismo
definido en el año 2008, por el gobierno nacional, en el marco
del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Pobla-
ción Desplazada. – PPTP y en concertación con autoridades y
organizaciones étnicas (indígenas y negras). La Ruta étnica tiene
105 La Ruta Étnica parte de: a) El reconocimiento del territorio como un derecho fun-
damental de los grupos étnicos, en tanto ellos constituyen sujetos colectivos de derecho;
b) El carácter especial de sus autoridades; c) Su derecho a la participación en el desarrollo
y en las decisiones que les afectan mediante la consulta previa.
como uno de sus fundamentos normativos en el art. 63 de la
constitución política que establece que los territorios colectivos
son inembargables (no se pueden dar como garantía de prés-
tamos), imprescriptibles (el derecho sobre el territorio no tiene
un fin en el tiempo) e inalienables (no se puede vender, arren-
dar, donar, etc.). Pese a estas formas de protección dadas por la
Constitución, los territorios étnicos se ven afectados a causa de
la violencia y de los impactos negativos por el desarrollo de me-
gaproyectos económicos de monocultivos, explotación minera,
turística o portuaria.
El megaproyecto del malecón tiene
previsto acabar con todos los barrios de
bajamar en Buenaventura desplazando a
su población. La intención es realizarlo sin
la consulta previa pertinente.

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ BLINDAR LOS 70 ❚
MEGAPROYECTOS
RESUMEN EJECUTIVO
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❚❚ BLINDAR LOS MEGAPROYECTOS;
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BIBLIOGRAFÍA
6 BLINDAR LOS
MEGAPROYECTOS;
POT, CONPES Y PLANES
DE DESARROLLO
En Colombia son muchos los proyectos y megaproyectos de in-
fraestructura urbana y rural que han sido impuestos de manera
arbitraria sin tener en cuenta las dinámicas y las opiniones de las
comunidades, generando violencia, desplazamiento y profundi-
zando la pobreza. En el país existe ahora toda una batería de
normas e instrumentos que con una clara intencionalidad pri-
man y tratan de blindar el impulso de megaproyectos y las gran-
des infraestructuras al tiempo que tratan de socavar el derecho
a la consulta previa de las comunidades. El propio Estado ha
reconocido que más del 75 por ciento de sus proyectos suscep-
tibles de ser de interés nacional y estratégico tienen problemas
ambientales, un 22 por ciento problemas de consulta previa y
un 20 por ciento problemas de adquisición predial106
.
106 Departamento Nacional de Planeación http://www.upme.gov.co/Memorias%20
Convocatoria%20Redes%20de%20Alto%20Voltaje/DNP-PINES.pdf consultado el
20/05/2015
En las ciudades, el desarrollo urbano ha sido regulado mediante
los Planes de Ordenamiento Territorial107
. Los conocidos como
POT han sido presentados en muchas ocasiones como un me-
canismo óptimo de planificación territorial urbana, de cuya apli-
cación saldrían soluciones a los problemas de las personas de
las ciudades, particularmente en temas como los de vivienda,
movilidad, espacio público, convivencia, empleo, sostenibilidad
ambiental, democracia o participación. Sin embargo, y atenién-
donos al caso de Buenaventura lo que encontramos es mayor
segregación social, fragmentación y pobreza urbana.
El Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura –POT- vi-
gente en la actualidad con sus megaproyectos de infraestruc-
tura portuaria y urbanística tampoco fue consultado con las co-
107 La ley 388 de 1997 adoptó la figura del Plan de Ordenamiento Territorial –POT-
como instrumento de planificación territorial para ciudades con más de 100 mil habi-
tantes. El POT incorpora el marco normativo de las ciudades, el régimen de suelo que
otorga derechos y deberes a sus propietarios, y los instrumentos de planeación, gestión y
financiación del desarrollo urbano. En: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor-
mas/Norma1.jsp?i=339 consultado el 8/5/2015

MEGAPROYECTOS
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LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
munidades. El Ministerio del Interior señaló que no daba lugar
realizar una consulta previa al respecto, aunque si exhortaba a
la alcaldía a pedir certificaciones de presencia o no de comuni-
dades negras para cada uno de los proyectos, obras o activida-
des descritos en los componentes del POT.
Tampoco fueron consultadas las medidas sobre Buenaventura
que recoge el Consejo Nacional de Política Económica y Social,
considerado como el máximo organismo de coordinación de la
política económica en Colombia. Esta institución no dicta decre-
tos, pero si da la línea y orientación de la política macro a seguir
a través de unos documentos conocidos como CONPES y que se
consideran estratégicos.
El Plan de expansión portuaria fue aprobado mediante el do-
cumento Conpes No 3342 de 2005 Plan de expansión portua-
ria 2005 – 2006 Estrategias para la Competitividad del Sector
Portuario. Para implementar dicha expansión portuaria se argu-
mentó que en el puerto marítimo de Buenaventura se “presenta
una alta saturación de instalaciones con síntomas de conges-
tión en particular en los tráficos contenerizados, restricciones en
la capacidad de los accesos terrestres, y un calado insuficiente
para el volumen de carga que maneja.”108
108 Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes 3342 de 2005 “Plan
de expansión portuaria 2005–2006: Estrategias para la competitividad del sector por-
tuario”. págs 11 y 12. En: https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/
conpes/2005/conpes_3342_2005.pdf
El plan de expansión portuaria parece
imparable. Miles de trailers con su conte-
nedores entran y salen a diario de Buena-
ventura.

MEGAPROYECTOS
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LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
Se ha ido dando una revisión de los Conpes, añadiendo y preci-
sando proyectos, pero siempre en la misma línea. Las estrategias
priorizadas por Conpes 3410109
, del año 2006, corresponden a
los propósitos de desarrollo económico y empresarial de los an-
teriores documentos Conpes: construcción de megaproyectos
de infraestructura; reformas urbanísticas que buscan desalojar
a la población de los lugares donde se construirán las obras de
infraestructura y el fortalecimiento de la gobernabilidad me-
diante las acciones militares y autoritarias propias de la política
de “seguridad democrática”. A fin de justificar dichos proyec-
tos, generalmente las políticas del gobierno sustentan su imple-
mentación con base en la situación de pobreza y de vulneración
de los derechos humanos que padece la población, que presun-
tamente sería superada a través de las acciones militares de la
“seguridad democrática” y de la inversión privada en obras de
infraestructura y explotación de los recursos naturales.
En el enfoque anterior, la estrategia de promoción del desarrollo
económico señalada en el Conpes 3410 coloca el énfasis sobre
la atracción de la inversión extranjera, mediante medidas como
la adopción de la ley 963 de 2005110
que ofrece estabilidad jurí-
dica a los inversionistas; la firma de acuerdos internacionales; y
109 El gobierno aprobó el documento Conpes 3410 de 2006 Política de estado para
mejorar las condiciones de vida de la población de Buenaventura. Este documento con-
templa la ejecución en Buenaventura de los proyectos de infraestructura mencionados
en los documentos Conpes 3342 y 3355 de 2005, al tiempo que adiciona otros proyec-
tos de desarrollo urbanístico.
110 Ley 963 de 2005 por la cual se establece una ley de estabilidad jurídica para los
inversionistas en Colombia.
la definición de Buenaventura como una de las Zonas Económi-
cas Especiales de Exportación –ZEEE111
.
Por otro lado, la estrategia de promoción del desarrollo econó-
mico del documento Conpes 3410 contempla la Modernización
de la Infraestructura para el Desarrollo Económico, ya que con-
tiene megaproyectos que debieron ser objeto de consulta con la
población afrocolombiana del territorio de bajamar. Dicho com-
ponente consta de acciones relacionadas con la consolidación
de Buenaventura como nodo portuario, logístico e industrial;
infraestructura portuaria; infraestructura vial; e infraestructura
férrea; entre otras. También el documento Conpes 3410 esta-
blece que los gobiernos nacional y municipal orientarán sus ac-
ciones en el marco del Plan de Expansión Portuaria (documentos
Conpes 3342 y 3355), como un “sistema integral orientado a la
consolidación de Buenaventura como ciudad puerto”.
Otros CONPES que merecen ser citados por su importancia y re-
percusión sobre la población y que tampoco fueron consultados
son el CONPES 3476 “Importancia estratégica de los macropro-
yectos de vivienda de interés social en Cali y Buenaventura” de
9 de julio de 2007; CONPES 3625 “Concepto favorable a la na-
ción para contratar empréstitos externos con la banca multila-
teral hasta por 40 millones de dólares o su equivalente en otras
111 Las ZEEE son creadas con la finalidad de atraer inversiones y reglamentadas por el
decreto 1227 de 2002. Durante 50 años ofrecen beneficios tales como exenciones fisca-
les sobre ingresos derivados de las exportaciones, sobregiros al exterior, para constructo-
res de obras de infraestructura, en el pago de aranceles por la importación de bienes de
capital e insumos, así como una flexibilización a la baja de las condiciones laborales y la
reducción en un 50% de las cargas sociales de la empresa.

MEGAPROYECTOS
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LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
monedas, destinado a financiar el programa de macroproyectos
de interés social Nacional-MISN”, de 20 de noviembre de 2009.
El CONPES 3476, se refiere a un “macroproyecto de Interés
Social Nacional para la reubicación de hogares localizados en
zonas de alto riesgo en el sector sur de la Isla Cascajal del mu-
nicipio de Buenaventura” 112
. Se trata de una obra destinada a
reubicar a 3400 familias de población afrocolombiana que se
pretende que salgan de los barrios de bajamar donde viven
para construir un malecón turístico. La medida sería contraria
al artículo 16 del Convenio 169 que habla de la prohibición de
trasladar a los pueblos de las tierras que ocupan. Para los habi-
112 Consejo Nacional de Política Económica y Social, Documento Conpes 3476 http://
www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Conpes-34762.pdf,
año 2007
tantes de las comunas113
este proyecto de viviendas no cumple
con las condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad que
deben respetar los procesos de reasentamiento de población
desplazada y por tal motivo significa un desalojo forzoso de la
población. Estas viviendas no tienen en cuenta la adecuación
cultural a la población afrodescendiente, están muy lejos del
mar lo que dificulta poder seguir viviendo de acuerdo a sus for-
mas de vida, relación y trabajo. Estos principios son señalados
en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Prin-
cipios 27 y 28)114
.
El recientemente aprobado y bajo el nombre de “Todos por un
nuevo país”, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-
2018 marca la política económica para este cuatrienio con una
113 Entrevistas realizadas en la comuna 5, abril de 2015
114 Comisión Colombiana de Juristas – Coljuristas, (2009)
En este cartel se observa la decidida
apuesta del alcalde de Buenaventura por
el desarrollo y el crecimiento.

MEGAPROYECTOS
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PREVIA: MALAVENIDOS
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LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
clara apuesta por los megaproyectos y el extractivismo115
. Re-
presentantes a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo
anunciaron una demanda de inconstitucionalidad a esta norma116
al entender que viola el derecho fundamental a la consulta pre-
via. Un Plan que además “no ha sido consultado previamente
con las comunidades afectadas por los proyectos que se van a
desarrollar.
Otra crítica importante realizada por congresistas indígenas es
respecto a la desconsideración en el PND de las diversidades
étnicas. “La multiculturalidad implica la existencia de diversas
formas de comprender el mundo, el Plan Nacional de Desarrollo
debe destacarse por tener un carácter intercultural, en el que se
reconozcan, incluyan, y dialoguen las diferentes concepciones
sobre desarrollo, bienestar, producción, manejo de recursos na-
turales, entre otros”117
.
115 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/
Prensa/ArticuladoVF.pdf
116 “Las demandas se presentarían entre otras razones por violar el derecho funda-
mental a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afrocolombianas,
raizales y palenqueras, por promover el exceso de delegación de facultades reglamen-
tarias que se conceden al gobierno en una proporción importante del articulado, por la
violación del principio de unidad de materia, y por supuesto, por la extralimitación del
gobierno nacional sobre las demás autoridades, en especial lo relacionado en materia tri-
butaria y ambiental” Polo democrático Alternativo (2015, 6 de mayo), Polo Democrático
demandará el Plan de Desarrollo por irregularidades en el debate en: http://www.polo-
democratico.net/noticias/titulares/8277-polo-democratico-demandara-el-plan-de-desa-
rrollo-por-irregularidades-durante-el-debate
117 ONIC, (2015, 6 de mayo), Bancada Indígena se pronuncia sobre el Plan Nacional
de Desarrollo, en http://cms.onic.org.co/2015/05/bancada-indigena-se-pronuncia-so-
bre-el-plan-nacional-de-desarrollo/
El PND refuerza la figura de utilidad pública, que tiene rango
constitucional, que resulta de extrema importancia para la rea-
lización de los proyectos de interés nacional y estratégico, pues
es la que permite la expropiación de los derechos de propiedad
sobre las tierras que son necesarias para desarrollar dichos pro-
yectos. En el PND se agilizan y reducen los trámites y términos
para el licenciamiento ambiental e introduce la “expropiación
exprés” con mecanismos de expropiación administrativa mucho
más ágiles y expeditos.
Como el Estado no está habilitado para expropiar si no alega
tener un motivo de utilidad pública para ello, el gobierno ha
decidido convertir, unilateralmente y sin un asomo de participa-
ción popular, proyectos que realmente benefician a privados en
interés de la nación. Esto no es una novedad del PND, pues la
arbitrariedad de esta figura viene siendo utilizada para imponer
todo tipo de proyectos (mineros, hidroeléctricos, entre otros),
pero el texto que se ha aprobado del PND le da varios impul-
sos. Por un lado, el artículo 50 establece que el gobierno “orga-
nizará” el Sistema Nacional de Proyectos de Interés Nacional y
Estratégico como una estrategia de gestión pública para la “op-
timización de procedimientos y trámites” de los denominados
“Proyectos de Interés Nacional y Estratégico” (PINE).
Por su parte, el artículo 52 establece que sea la Autoridad Na-
cional de Licencias Ambientales (ANLA)118
quien tramite de ma-
118 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) http://www.anla.gov.co/
portal/default.aspx

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ LA JUSTICIA Y LAS 75 ❚
EMPRESAS TRANSNACIONALES
RESUMEN EJECUTIVO
PRESENTACIÓN
PREVIA: MALAVENIDOS
❚❚ LA JUSTICIA Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES
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LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
nera integral y exclusiva los permisos y licencias ambientales re-
queridos en la ejecución de los –PINE (…)119
.
El plan de desarrollo da vía libre a la Comisión Intersectorial de
Infraestructura (CIIPE)120
para decidir qué proyectos considera de
Interés Nacional y Estratégico - los PINE - quedando autorizada
la expropiación de bienes por la vía judicial o administrativa,
cuando los “PINE- no son más que proyectos que en materia
económica siguen bajo la lógica extractiva”121
.
Estos artículos, por tanto, conceden todo el poder de decisión a
un organismo netamente gubernamental para decidir qué pro-
yectos serán de interés social y estratégico, agilizando sus trámi-
tes y licencias, al tiempo que permiten una expropiación que, así
concebida, es más un despojo por vía legal que una legítima ex-
propiación de bienes. Para ser legítima y legal requeriría que los
motivos de utilidad pública realmente fueran de interés de to-
dos y todas, y que adicionalmente fueran consultados con quie-
nes sufren el impacto directo de dichos proyectos. “Si los PINES
son en el fondo una forma de despojo legalizado, vale la pena
preguntarse por los beneficiarios de la locomotora de la infraes-
tructura. Es claro que algunas empresas se verían beneficiadas
con tal regulación al convertirse en posibles gestoras de obras
119 Plan Nacional de Desarrollo https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Arti-
culadoVF.pdf
120 Creación y funciones de la Comisión Interseccional de Infraestructura: http://bit.
ly/1SuuUf2
121 Página web Polo Democrático Alternativo
con inversiones y ganancias multimillonarias”122
. Ya veremos al
hablar de los megaproyectos en Buenaventura como alguno ya
se ha planteado acogerse a esa figura a los PINE123
122 Castilla, Alberto, (2015, 1 de mayo), ¿Plan Nacional de Desalojo? Cámara apro-
bó en su totalidad el Plan Nacional de Desarrollo, Kavilando Consultado el 2 de mayo
de 2015 en: http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-10/confllicto-so-
cial-y-paz/3528-plan-nacional-de-desalojo. Consultado 2 de mayo
123 Proyecto de Puerto Solo

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LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
7. LA JUSTICIA Y
LAS EMPRESAS
TRANSNACIONALES
Un informe de la Caravana Internacional de Juristas realizado
sobre Buenaventura en el 2014 hacia un llamado a la respon-
sabilidad de las empresas trasnacionales que allí operan, en
especial a las que lo hacen en el puerto. Esta organización les
recordaba la situación de violencia generalizada que vive la ciu-
dad y en particular todo el desplazamiento intraurbano que se
sucede. Por este motivo, les instaba a ser muy conscientes que,
aun en su probable buena intencionalidad, sólo por participar o
invertir en Buenaventura se convertían indirectamente en cóm-
plices. “Cabe preguntarse si cualquier inversión responsable en
Buenaventura puede tener lugar antes de que los problemas de
la violencia e impunidad se resuelvan”, indicaba124
.
Como introduce la socióloga e investigadora del Observatorio
de la Deuda en la Globalización Mónica Vargas en un reciente
informe125
“las empresas transnacionales, en tanto que actores
clave en el proceso de globalización, están siendo señaladas de
124 Caravana Colombiana de Juristas (2014)
125 Vargas, Mónica, (2015, abril) Extraterritorialidad. Mecanismo de control frente a
la vulneración de derechos por empresas transnacionales. Observatori del Deute en la
Globalització-ODG
forma creciente por la violación sistemática de los Derechos Hu-
manos126
. Existen miles de tratados de protección de las inver-
siones a nivel global que establecen marcos jurídicos vinculantes
a favor de las empresas, pero no existen instrumentos que obli-
guen a las transnacionales a respetar los Derechos Económicos
Sociales y Culturales- DESC y el medio ambiente”.
En los últimos 40 años, las empresas transnacionales y los Es-
tados que las apoyan —tanto aquellos de las que son origina-
rias como los Estados receptores— han construido lo que po-
dría llamarse una ‘arquitectura de la impunidad’, una normativa
prolija y vinculante que, a través de los tratados y los acuerdos
de comercio e inversiones, las resoluciones de instituciones in-
ternacionales tales como la Organización Mundial del Comer-
cio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y los
mecanismos de resolución de disputas inversor-Estado, les ha
conferido un enorme poder económico, jurídico y político a las
empresas transnacionales.
126 Véase al respecto la Página de la Campaña Global para detener la impunidad de las
transnacionales: http://www.stopcorporateimpunity.org/

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Una definición completa y clara sobre que son las empresas
transnacionales (ETN) es la siguiente127
“son entidades o gru-
pos de entidades económicas que realizan actividades en más
de un país, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten,
tanto en el país de origen como en el país de la actividad, con-
sideradas tanto a título individual como colectivo. Una empresa
transnacional es toda aquella empresa que está constituida por
una sociedad matriz creada de conformidad con la legislación
del país en que se encuentra instalada, que se implanta a su
vez en otros países mediante inversión extranjera directa u otras
prácticas económico-financieras, sin crear empresas locales o
mediante filiales que se constituyen como sociedades locales,
conforme a la legislación del país destino de la inversión. Las
empresas transnacionales, como todas las personas jurídicas,
tienen la obligación de respetar las normas jurídicas bajo pena
de sufrir sanciones si no lo hacen, tanto a nivel nacional como a
escala internacional, lo que surge del análisis de los instrumen-
tos internacionales vigentes, e incluye a los derechos humanos.
El reconocimiento de las obligaciones de las personas privadas
— incluidas las personas jurídicas— en materia de derechos hu-
manos, y de su responsabilidad en el caso de incurrir en vio-
laciones a los mismos, queda consagrada en el Artículo 29 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y afianzada
en la doctrina y numerosos convenios internacionales, especial-
mente en lo que refiere a la protección del medio ambiente”.
127 Campaña Global para detener la impunidad de las transnacionales, (2014, diciem-
bre), Ideas y propuestas para avanzar hacia un Tratado Internacional de los Pueblos para
el Control de las Empresas Transnacionales Documento para consulta global , en: http://
www.stopcorporateimpunity.org/wp-content/uploads/2015/02/PeoplesTrea-
ty-ES-dec2014-1.pdf
El Derecho Internacional de los derechos humanos ha conside-
rado tradicionalmente al Estado como el único responsable de
respetar, garantizar y asegurar el disfrute de los derechos por
parte de las personas bajo su jurisdicción128
. Ahora bien, para
poder asegurar efectivamente dicho disfrute, los Estados debe-
rían también tratar de controlar las actividades de los actores no
estatales, entre los que se encuentran las empresas transnacio-
nales, cuando dichas actividades supongan un peligro para la
garantía de ciertos derechos humanos.
Ese es el sentido de las Maastricht Guidelines on Violations of
Economic, Social and Cultural Rights cuando se señala que la
obligación de proteger los derechos humanos “incluye la res-
ponsabilidad del Estado de asegurar que los entes privados o los
individuos, incluyendo las empresas transnacionales sobre las
que ejercen jurisdicción, no priven a los individuos de sus dere-
chos económicos, sociales y culturales. Los Estados son respon-
sables por las violaciones… que resulten de su omisión del de-
ber de controlar la conducta de dichos actores no estatales”129
.
128 Principios Rectores de Derechos Humanos para Empresas de la ONU, conocido
como “Marco Ruggie”. Rulli, Mariana; Justo, Juan Bautista (2012) Guía de derechos
humanos para empresas : proteger, respetar y remediar : todos ganamos, a ed. - Buenos
Aires : Programa Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD; Red Argentina Pacto Global,
en:
http://comunicarseweb.com.ar/download.php?tipo=acrobatview=1da-
to=1372874218_Guia_de_Derechos_Humanos_para_empresas_-_Red_Argenti-
na_del_Pacto_Global.pdf
129 (1997, enero) Masstricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural
Rights, en: https://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtguidelines_.html
Consultado en 29/05/2015

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Según explica Mónica Vargas130
, “en lo que atañe a la relación
entre el Estado y los actores privados, los Principio de Maas-
tricht-PM apuntan la “obligación de proteger”, que implica la
obligación de los Estados de regular (adoptar todas las medidas
necesarias, incluyendo medios diplomáticos), para asegurar que
esos actores no anulen ni menoscaben el disfrute de los DESC.
Esta obligación se aplica, particularmente, en los siguientes ca-
sos:
- El actor no estatal tiene la nacionalidad del Estado en cuestión
- La empresa, la compañía matriz o la sociedad que ejerce el
control, tiene su centro de actividad, está registrada o domici-
liada, o tiene su principal sede de negocios, desarrollando ac-
tividades comerciales sustanciales, en el Estado en cuestión131
.
- Cuando la conducta que viola los DESC constituye una vio-
lación de una norma imperativa en el derecho internacional.
Ahí los Estados deben ejercer la jurisdicción universal sobre los
responsables o transferirlos legalmente a la jurisdicción ade-
cuada.
130 Vargas, Mónica, (2015, abril)
131 “de acuerdo con Pigrau (2015), los criterios más utilizados para determinar el do-
micilio de una empresa, estipulados por la International Legal Association (ILA) en Sofia
Guidelines on Best Practices for International Civil Litigation for Human Rights Violations
(Sofia, 2012), son:
- El lugar donde tiene su sede o donde está vigente la legislación bajo la cual se creó la
empresa.
- El lugar donde tiene su administración central
- El lugar donde la empresa tiene sus principales actividades comerciales.”
Vargas, Mónica, (2015, abril)
Por lo que respecta a la acción exterior de la Unión Europea, un
punto de referencia para conocer qué posibilidades existen de
actuación respecto a las empresas transnacionales y los estados
hay que acudir al Artículo 21 del Tratado de Lisboa que, según
analiza Mónica Vargas, presenta debilidades a la vez que aspec-
tos positivos.132
“Al referirse a la Unión Europea directamente, y
no a los Estados de forma específica, ofrece pocas oportunida-
des para obligar a la aplicación de los principios que estipula en
la acción externa de los Estados miembros o de sus instituciones
de forma individual. Su capacidad coercitiva es bastante redu-
cida, ya que permite actuar cuando se comprueba que una ac-
ción de alguna institución de la Unión o de un Estado miembro,
se basa en el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Euro-
pea y es contraria al Artículo 21. No obstante, el artículo puede
ser útil a la hora de influir sobre las políticas comunitarias en sí,
lo cual puede permitir, de forma indirecta incidir sobre actores
públicos pero también privados”.
Por lo que se refiere a conocer las políticas y normas que el es-
tado español tiene respecto a las actividades empresariales y co-
merciales en el exterior, hace un año se aprobó la Ley 2/2014,
de 25 de marzo de Acción y Servicio Exterior del Estado133
. En
dicha ley se exponen como sus principales objetivos el tratar
de fortalecer la presencia internacional de España y reforzar su
imagen en el mundo, consolidar y reforzar la credibilidad de Es-
133 Ley 2/2014, de 25 de marzo de Acción y Servicio Exterior del Estado http://ob-
servatorio.icam.es/docs/BOE-A-2014-3248acci%C3%B3n%20y%20servicio%20
exterior%20del%20estado.pdf

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paña en el exterior para aumentar la exportación de bienes y
servicios, atraer capitales y facilitar la implantación y expansión
de empresas españolas en el mundo, fortalecer la participación
en el proceso de integración europea de forma armónica con la
Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea así
como los fines del Servicio Europeo de Acción Exterior. Entre sus
objetivos también destacan la coordinación de la Acción Exte-
rior de España con la de los Estados que integran la Comunidad
Iberoamericana de Naciones, dar asistencia y protección a los
españoles, y apoyar a la ciudadanía española y a las empresas
españolas en el exterior.
A la vez, la política exterior afirma inspirarse de principios como
el respeto de la dignidad humana, la libertad, el Estado de De-
recho, así como defender los principios de la Carta de las Nacio-
nes Unidas así como esta Ley estipula que la Acción exterior en
materia de Derechos Humanos debe promover el cumplimiento
de las Directrices de derechos humanos de la Unión Europea134
.
A pesar de ello, como indica Mónica Vargas135
“en la Ley no
figuran mecanismos que permitan asegurar de forma vincu-
lante el respeto de los DDHH o los DESC en la acción exterior
del gobierno español… Si bien se afirma la intención de promo-
ver la internacionalización de las empresas privadas españolas
en sectores como el turismo, la energía, la construcción y las
infraestructuras, no se estipulan mecanismos de vigilancia y mo-
nitoreo del respeto de los DDHH por parte de dichas empresas.
134 Se pueden consultar las directrices en este enlace http://europa.eu/legislation_
summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/r10101_en.htm
Al respecto, la Estrategia de Acción Exterior (MAEC 2015, 77)
se mantiene en la línea voluntaria de la Responsabilidad Social
Corporativa (…) Por otra parte, si bien la Estrategia de Acción
Exterior se refiere al principio de Coherencia de Políticas para el
Desarrollo, no establece mecanismos que permitan hacer efec-
tivo dicho principio en espacios particularmente delicados en
términos de la protección del medio ambiente y del respeto de
los DESC”.
Acabando este breve repaso podemos ver cómo lo que existe a
nivel internacional son las normas voluntarias. En ese sentido, se
pueden destacar, entre otras:
- Las “Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) para empresas multinacio-
nales” (1976).
- La “Declaración Tripartita de principios sobre las empresas
multinacionales y la política social”, Organización Internacio-
nal del Trabajo (1977).
- El “Pacto Mundial” o Global Compact, auspiciado por la ONU
(1999).
- La Resolución 17/4 “Principios Rectores sobre las empresas y
los Derechos Humanos”, del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU (16/06/2011).
Por todo ello, desde la Plataforma 2015 que integra 11 ONG’s
españolas se considera que las empresas transnacionales se

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han convertido en poderosos agentes que condicionan directa
o indirectamente las leyes que se dictan en sus propios países
y en países terceros. “Mientras las compañías multinacionales
protegen sus contratos e inversiones a través de una multitud
de normas, convenios, tratados y acuerdos que conforman un
nuevo Derecho Corporativo Global, la llamada lex mercatoria,
no existen contrapesos suficientes ni mecanismos efectivos para
controlar sus impactos sociales, laborales, culturales y ambien-
tales”136
. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y
el Derecho Internacional del Trabajo se ven incapaces de con-
trarrestar la expansión del Derecho Internacional del Comercio
como fundamento de toda la arquitectura económica globali-
zada.
En este contexto, diferentes movimientos sociales, pueblos ori-
ginarios, sindicalistas, juristas, activistas y víctimas de las prácti-
cas de las multinacionales vienen defendiendo desde hace años
la necesidad de establecer mecanismos efectivos para el control
de las empresas transnacionales. Gracias a ese esfuerzo, desde
junio de 2014 se ha abierto un espacio de actuación nuevo a
nivel de las Naciones Unidas. Se trata de la Resolución 26/9 del
Consejo de Derechos Humanos “Elaboración de un instrumento
jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y
136 Zubizarreta, Juan Hernández; González, Erika; Ramiro, Pedro, (2014) Tratado in-
ternacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales. Una apuesta
desde los movimientos sociales y la solidaridad. Revista: Cuadernos de Trabajo, Hegoa,
número 64.
otras empresas con respecto a los derechos humanos”137
. El
proceso puede ser muy largo, pero el grupo de trabajo intergu-
bernamental que comience a elaborar el instrumento vinculante
ya ha sido activado en 2015. Esta iniciativa constituye un avance
considerable para disponer de normas vinculantes que obliguen
a las empresas transnacionales a respetar los Derechos Huma-
nos. De forma paralela, la sociedad civil internacional, en el
marco de la Campaña Para Desmantelar el poder de las transna-
cionales y poner fin a su impunidad y contando con el apoyo de
un equipo de personas expertas en el Sistema Internacional de
los Derechos Humanos, ha redactado el “Tratado Internacional
de los Pueblos”138
Concretamente, se trata de una herramienta
política que esboza una visión alternativa del Derecho y de la
Justicia, afirmando el papel de los Pueblos como sujeto político
protagónico en los cuales se deben originar las leyes y normas
para un sistema político, económico y jurídico que asegure que
la responsabilidad exterior de las grandes empresas esté total-
mente sujeta a los Derechos Humanos y los DESC. A la vez, el
interés que comporta este Tratado se ubica en una redefinición
de los crímenes a partir de las propias comunidades afectadas.
137 Véase Elaboration of an international legally binding instrument on transnational
corporations and other business enterprises with respect to human rights; la Nota de
Prensa de CETIM; y la del Transnational Institute
138 Campaña Global para detener la impunidad de las transnacionales, (2014, diciem-
bre)

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7.1 Las empresas catalanas y la
acción exterior de la Generalitat
En los últimos meses el Parlament y el Gobierno de Catalunya,
empujados por las movilizaciones y las demandas de la sociedad
civil catalana, han expresado de forma reiterada su voluntad de
velar porque los derechos humanos sean respetados en todo el
mundo por parte de todos los actores catalanes que actúan más
allá de sus fronteras. En efecto, el mes de diciembre de 2014 el
Parlament aprobó la Ley 16/2014, de 4 de diciembre, de Acción
Exterior y de Relaciones con la Unión Europea139
. Por otra parte,
el pasado 22 de abril aprobó el Plan Director de Cooperación al
Desarrollo desde 2015 hasta 2018140
. Finalmente, en la reunión
del Consejo de Ejecutivo del 26 de mayo de 2015 se aprobó el
Plan Estratégico de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión
Europea 2015 a 2018, que se contempla en el artículo 15 de la
Ley de Acción Exterior. Los tres textos defienden la necesidad de
proteger los derechos humanos.
De esta manera, la Ley 16/2014, del 4 de diciembre, de Acción
Exterior y de Relaciones con la Unión Europea promueve la de-
fensa de la paz, los derechos humanos y el desarrollo humano
sostenible (artículo 4, punto f), así como la garantía de la co-
herencia de las acciones de promoción de la internacionaliza-
ción económica de Catalunya con los Principios Rectores de las
139 Ley 16/2014, de 4 de diciembre, ley de acción exterior y de relaciones con la Unión
Europea: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13367
140 Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2015-2018 http://web.gencat.cat/es/
actualitat/detall/Pla-director-de-Cooperacio-al-Desenvolupament-2015-2018-00001
Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos,
velando siempre por el respeto a éstos en cualquier acción que
se lleve a cabo (artículo 12. 2. e). Este sentir de la Ley también
queda recogido en sus artículos 13, 26.c., 27, 34 y 36, donde se
reconoce la necesidad de llevar a cabo políticas de promoción y
de reconocimiento de las organizaciones sociales que promue-
ven y realizan tareas en ámbitos como son el desarrollo humano
sostenible, la cooperación y ayuda al desarrollo, fomento de la
paz y defensa de los derechos humanos, así como de cohesión
social en aquellos países donde opere.
Por su parte, el Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2015-
2018 considera la defensa, la protección y la garantía de los de-
rechos humanos, individuales y colectivos el eje principal de su
acción en materia de cooperación al desarrollo. Por último, el
Plan Estratégico de Acción Exterior, dentro de su tercer objetivo
estratégico, contempla la construcción de una política pública
coherente y cohesionada, velando por la integración del enfo-
que de fomento de la cultura de paz y la defensa de los dere-
chos humanos en todas las políticas e intervenciones en materia
de acción exterior de Catalunya.

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ EMPRESAS Y 82 ❚
DERECHOS HUMANOS
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❚❚ EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS.
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8. EMPRESAS Y
DERECHOS HUMANOS
EN COLOMBIA, LA
RESPONSABILIDAD
INCUMPLIDA
Las empresas multinacionales que han optado por adelantar sus
actividades en forma “responsable” utilizan los “Principios rec-
tores sobre empresas y Derechos Humanos”, adoptados por el
Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas en el año
2.011 y recogidos en el llamado “Marco Ruggie”, como guía
para sus actuaciones en esta materia141
. Ya vimos anteriormente
que las empresas se acogen voluntariamente y que el incum-
plimiento de estos principios no procura la penalización a las
empresas.
141 La red del Pacto Global en la Argentina desarrolló una guía sobre empresas y dere-
chos humanos, que incluye un análisis detallado de los Principios Rectores, recomenda-
ciones para su implementación y también herramientas– como indicadores de calidad y
evaluación, análisis de experiencias exitosa de información práctica– que ayudarán a las
empresas a conocer y operar en el nuevo contexto fijado por los Principios Rectores de
Derechos Humanos para Empresas de la ONU, conocido como “Marco Ruggie”. Rulli,
Mariana; Justo, Juan Bautista, (2012) en:
http://comunicarseweb.com.ar/download.php?tipo=acrobatview=1da-
to=1372874218_Guia_de_Derechos_Humanos_para_empresas_-_Red_Argenti-
na_del_Pacto_Global.pdf
Los contenidos comprenden desde nociones generales en ma-
teria de derechos humanos hasta recomendaciones específicas
orientadas a permitir a las empresas actuar eficazmente. Ello in-
cluye buenas prácticas en materia de compromiso político, de-
bida diligencia, evaluaciones de riesgo e impacto en derechos
humanos, promoción de la participación pública, particular-
mente de los actores más relevantes, integración de resultados,
monitoreo y difusión. Todos estos lineamientos se conjugan con
propuestas para la implementación de los Principios del Pacto
Global en áreas específicas, tales como derechos laborales, me-
dio ambiente y lucha contra la corrupción.
Estos principios orientan y establecen las correspondientes com-
petencias, tanto del estado en cuanto a la “obligación de pro-
teger a las personas frente a los abusos de los derechos huma-
nos cometidos por terceros, incluidas las empresas, mediante
adecuadas actividades de reglamentación y sometimiento a la
justicia. Esta protección constituye la base misma del régimen

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internacional de derechos humanos”, como de las empresas en
cuanto a la obligación de respetar los derechos humanos, lo que
significa actuar con la debida diligencia para no vulnerar los de-
rechos de terceros y reparar las consecuencias negativas de sus
actividades.
El primer criterio que se desarrolla en los 10 primeros principios
rectores queda definido así: Proteger “La causa última de la difí-
cil situación de los derechos humanos en relación con las empre-
sas reside en las lagunas de gestión debidas a la globalización,
que han surgido entre el alcance y los efectos de las fuerzas y
actores económicos, por una parte, y la capacidad de las socie-
dades para gestionar sus consecuencias adversas, por la otra.
Estas lagunas de gestión crean un entorno permisivo para actos
ilícitos de las empresas de todo tipo sin que haya sanciones o
reparaciones adecuadas. Cómo reducir y en definitiva superar
las lagunas relacionadas con los derechos humanos es nuestro
problema fundamental” (J. Ruggie, Informe final 2008)142
.
Para el caso de Colombia son especialmente significativos los
siguientes principios:
Principio 1. Medidas apropiadas de protección. El Prin-
cipio 1 propone un criterio internacional ampliamente acep-
tado, de acuerdo con el cual “Los Estados deben proteger
contra las violaciones de los derechos humanos cometidas
en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las
empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropia-
142 Rulli, Mariana; Justo, Juan Bautista (2012)
das para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos
mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación
y sometimiento a la justicia”. Proteger implica, así, diseñar y
poner en práctica medidas regulatorias tendientes a impedir
a cualquier sujeto la realización de conductas lesivas, y por
ello la falta de la debida diligencia en las autoridades guber-
namentales para prevenir que terceros vulneren los bienes
jurídicos que protegen los derechos humanos acarrea la res-
ponsabilidad estatal, aún cuando las conductas dañosas no
sean directamente atribuibles a órganos o funcionarios del
Estado.
Principio 2. Un mensaje claro a las empresas. Para cum-
plir ese deber de protección, lo primero que deben hacer los
Estados es dar un mensaje claro a las empresas domiciliadas
en su territorio y/o jurisdicción, en especial las que actúan en
el extranjero, y manifestar sin rodeos que esperan de ellas
un cabal respeto a los derechos humanos en todas sus acti-
vidades. En este plano no hay lugar para ambigüedades, aún
cuando –bien vale aclararlo– la omisión estatal en explicitar
esa exigencia no implica bajo ningún concepto que ese de-
ber a cargo de las empresas se vea dispensado o relativizado.
Principio 7. Zonas de conflicto. La función de protección
debe profundizarse en zonas afectadas por conflictos, pues
en ellas el riesgo de violaciones a los derechos humanos au-
menta. En esos casos, los Estados deben actuar eficazmente
para evitar que las empresas –en especial las transnacionales
se involucren en abusos, y para ello deben asistirlas desde el

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inicio mismo del potencial conflicto y penalizar toda falta de
cooperación.
En caso de que esa labor preventiva no surta efecto, toda
empresa implicada en graves violaciones debe recibir la más
contundente respuesta del gobierno, incluyendo la dene-
gación de apoyo y servicios públicos, impidiendo su futura
contratación, implementando medidas multilaterales y acti-
vando las responsabilidades civiles, administrativas o penales
de las empresas domiciliadas u operativas en su territorio y/o
jurisdicción.
Pero una cosa es la adopción de esos principios como decla-
ración y otra muy diferente es el nivel de cumplimiento de los
mismos. La revisión de los casos de violencia ejercida por las
empresas multinacionales, en connivencia con organizaciones
paramilitares y también con el ejército y policía para operar
en territorios colombianos dejan un balance preocupante en
cuanto a desapariciones forzadas, asesinatos, violencia sexual, y
desplazamiento forzado que afecta a personas trabajadoras de
esas empresas, a sindicalistas y a las comunidades en donde se
han instalado. Pocos son los casos, ni en Colombia ni en el país
donde tiene su sede la empresa multinacional, en los que se ha
podido llevar a cabo la judicialización de estos crímenes a pesar
La violencia ejercida por algunas empresas
multinacionales con la posible connivencia
con otros actores armados, paramilitares
en el caso colombiano, siempre ha sido
motivo de preocupación para las organi-
zaciones de Derechos Humanos.

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de contar con pruebas fehacientes. Famosos son los procesos
de la bananera Chiquita Brands143
o de la minera Drummond144
.
La estrategia de violencia llevada a cabo nos muestra entre otras
muchas afectaciones, estas cifras que hablan por sí mismas145
En 6 Departamentos con población Afrocolombiana se genera
el 43% del desplazamiento forzado del país.
Desde hace 26 años en promedio, se asesina un sindicalista
cada 3 días.
En 1986 la tasa de afiliación de trabajadores a los sindicatos era
del 14%, 26 años después es de solo el 3.9%.
El 60% de los sindicalistas que asesinan en el mundo son Co-
lombianos y solo representan el 0.0002% del total mundial de
sindicalistas.
Si ya es complicada la existencia de organización sindical en ge-
neral, en el sector portuario es especialmente difícil, así como
conocer las normas laborales por las que se rigen las empresas
143 Valencia, Leon , (2011, 28 de mayo), Chiquita Brands y la reparación en Urabá,
Semana, en: http://www.semana.com/opinion/articulo/chiquita-brands-reparacion-ura-
ba/240477-3
144 Verdad Abierta, (2014, 26 de junio), El lado oscuro del Carbón en el Cesar, en:
http://www.verdadabierta.com/otros-negocios-criminales/5368-el-lado-oscuro-del-car-
bon
145 Ponencia de Francisco Ramírez Cuellar, abogado especializado en derechos huma-
nos y sindicalismo, del equipo jurídico de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT- Uni-
versidad Javeriana, mayo 2015.
ya que son medidas unilaterales fijadas por las mismas y que no
han sido fruto de la negociación colectiva.
Uno de los únicos convenios internacionales que rige al sector
portuario es el Convenio 137 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) referido a las repercusiones sociales de los nue-
vos métodos de manipulación de cargas en los puertos y que
Colombia no ha ratificado146
. Si lo hizo con el Convenio 154 de
la misma OIT sobre negociación colectiva.
146 Organización Internacional del Trabajo (OIT)(1973) Convenio 137 sobre el trabajo
portuario, 1973 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::-
NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312282:NO

DERECHOS HUMANOS
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147
8.1 Accidentes laborales mortales e infracciones
laborales en el puerto de Buenaventura
Con el objetivo de tener algunos datos de lo que sucede en el sector portuario, el Senador Alexander
López Maya realizó por vía oficial una solicitud de información al Ministerio de Trabajo: “Relacionar las
querellas administrativas radicadas en sede territorial del Ministerio del Trabajo, cuyo objeto sea la de-
nuncia de irregularidades en materia laboral, tercerización laboral u otros en los casos de los trabajado-
res de la Sociedad Portuaria de Buenaventura u otros operadores del Terminal Marítimo de Buenaven-
tura, durante las vigencias 2013, 2014, y 2015”.
De la respuesta recibida147
, hemos podido extraer los siguientes datos que son los más remarcables:
Accidentes laborales mortales en el puerto de Buenaventura
De Enero de 2013 a Abril de 2015 ha habido 9 accidentes de trabajo mortales en las empresas que han
sido objeto de intervención por el Ministerio de Trabajo. Y once intervenciones en relación a cuestiones
de salud ocupacional y riesgos laborales.
En 2015, el Ministerio de trabajo investigó una querella del Sindicato de Trabajadores Portuarios espe-
cializado de Contenedores – “SINTRAPORTECSA” contra la empresa Terminal Especializado de Conte-
nedores de Buenaventura-TECSA por atentar contra el derecho de asociación sindical.
TCBUEN tuvo una actuación del Ministerio de trabajo en 2013 por “Evasión, elusión, aportes parafisca-
les,…”
DATA CONTROL SA, empresa del grupo GEPSA en 2013 tuvo dos intervenciones por “Otras normas
laborales” y “Evasión, elusión, aportes parafiscales,…”, y en 2014 otra “Por no reporte de accidente de
trabajo”
Asimismo, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, S.A. (SPRBUN) respondió el 28 de Mayo
de 2015 a las inquietudes manifestadas por el senador Alexander López sobre los accidentes laborales
mortales ocurridos en sus instalaciones entre los años 1997 y 2014, arrojando un total de 28 accidentes
fatales, en un período de 18 años. Estas cifras no cubren la totalidad de accidentes laborales ocurridos
en la zona portuaria de Buenaventura, ya que además de la SPRBUN también operan TCBUEN, la Socie-
dad Portuaria de Cementeras Asociadas SA (Cemas) y Lizcamar Ltda.
147 Fuente: Ministerio de trabajo: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN
HSALM-763-15 DEL 27 DE ABRIL DE 2015, de 26/5/2015 formulada por el senador
Alexander López

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ UN MAR DE 87 ❚
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❚❚ UN MAR DE MEGAPROYECTOS
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LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
9 UN MAR DE
MEGAPROYECTOS
Esta es la lista de los megaproyectos que actualmente hay en
curso y proyectados en Buenaventura a lo largo y ancho de toda
su bahía. La mayoría de ellos afectan de forma directa a los ba-
rrios de bajamar, un territorio donde se libran dos guerras: la
del llamado “progreso” y la del “rebusque”; la de implantación
de megaproyectos y la de continuidad de formas de vida de la
población afrodescendiente. La población local vive inmersa en
medio de una violencia violadora de los DDHH colectivos e in-
dividuales que amenaza y cumple con el despojo de esos terri-
torios y el desplazamiento de su gente. Estas son algunas de las
reflexiones recogidas a los habitantes de Bajamar al respecto:
- “Estos terrenos se los ganamos al mar. Todos los fines de se-
mana trabajábamos en minga para rellenar con greda, basura
y con aserrín las calles. Nos tocó aguantar las moscas, los ma-
los olores y las enfermedades, para tener una casa cerca al
mar y así poder salir en la lancha a trabajar en la pesca”
- “Ahora nos quieren sacar porque dicen es una zona de alto
riesgo y están preocupados por nuestra seguridad. Pero des-
pués que nos saquen, aquí en nuestro territorio, van a cons-
truir hoteles, restaurantes, almacenes, oficinas”
- “Esa preocupación por el riesgo es falsa, les interesa quedarse
con la tierra que es nuestra”
- “Nadie nos ha consultado si nos queremos ir”

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LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
Fuente:Alcaldía municipal de Buenaventura. Febrero de 2006.
Proyectos estratégicos en el
puerto de Buenaventura
9.1 Ampliación de la sociedad
portuaria Regional (Spburn)
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura logró la am-
pliación de su actual contrato de concesión por 20 años más
y sentó las bases de su plan de expansión para el futuro. Su
propósito es pasar de los 10 millones de toneladas de carga que
maneja actualmente a 18 millones en el año 2033148
. Para ello
requiere inversiones superiores a los $450.000 millones. El creci-
miento del actual terminal está inserto dentro del Plan Maestro
de Inversiones en Infraestructura, avalado por el Gobierno Na-
cional. La expansión de este puerto implica afectaciones en la
comuna 1, en el barrio las Mercedes, en el barrio la Calimita y
en la antigua zona portuaria.
148 El País, (2011, mayo 16), Grupo empresarial le apuesta a la inversión en Buenaven-
tura en: http://bit.ly/1FJRmxa

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BIBLIOGRAFÍAFuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A, 2013
9.2 Malecón portuario Bahía de la Cruz
y complejo turístico y hotelero
El malecón es una propuesta de transformación urbana, que
busca desarrollar la explotación turística y comercial en el
puerto. Tendrá unos cuatro kilómetros y está contemplado ha-
cerlo en el área de Bajamar, bordeando la Isla de Cascajal por el
costado suroccidental.
La construcción del malecón se llevará a cabo en cuatro fases.
La primera incluye la construcción de una zona comercial y tu-

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BIBLIOGRAFÍA
rística que afecta una amplia zona del barrio Pueblo Nuevo y la
zona comercial del puerto. Se contempla la construcción de un
complejo hotelero a la orilla del mar, un Centro de Convencio-
nes, complejos comerciales y oferta urbana de bienes públicos y
privados para el desarrollo inmobiliario y empresarial.
Las otras fases, proyectadas en cinco años, afectan a conflictivas
zonas de bajamar que se caracterizan por ser controladas por
grupos armados. Su construcción está prevista en el sur de la Isla
Cascajal, donde están ubicados, entre otros, los barrios Viento
Libre, Alfonso López, Alberto lleras Camargo (“el Lleras”) y Palo
Seco. En estos barrios se registran los más altos niveles de con-
frontación armada y de acciones de violencia extrema.
Desde el año 2006 en el que se ha venido promoviendo el
proyecto, se han sucedido las presiones y el incremento de la
violencia por parte de grupos paramilitares para que la gente
venda o abandone sus casas. En los barrios Muro Yusti, La Pla-
yita o Alfonso López, los actores armados siguen imponiendo su
lógica de terror, lo que ha sido aprovechado por especuladores
de tierra para comprar a precios irrisorios.
El megaproyecto Malecón se inscribe en el marco de la expan-
sión portuaria y la preparación de infraestructura hotelera para
las demandas de visitantes que por motivos de trabajo o disfrute
llegarían a Buenaventura. Este megaproyecto prevé la reubica-
ción de unas 3.000 familias ubicadas en las zonas de baja marea
de la Isla El Cascajal, concretamente desde los barrios San Anto-
nio “Sanyu” hasta Pascual de Andagoya, antiguo “Palo Seco”.
El gobierno plantea que va a “reubicar” a estas familias porque
viven en una zona de alto riesgo y, sin embargo, en la misma
zona construirá el complejo hotelero más grande del pacifico
colombiano.
Los residentes de las zonas costeras recibieron con especial
suspicacia la designación de sus territorios como zonas de alto
riesgo y la expedición de una alerta sobre la posibilidad que
ocurra un tsunami. Mucha gente se pregunta por qué si es tan
riesgoso como dicen, entidades públicas y privadas quieren rea-
lizar justo ahí una inversión multimillonaria como el Malecón
con edificaciones de concreto. Las comunidades locales sienten
que se les está engañando para agilizar el desalojo del territorio
y así abrir paso a un megaproyecto que va a beneficiar a los
empresarios149
.
De igual manera, representantes de las comunidades afirman
que una de las presiones que reciben es el racionamiento en la
prestación de los servicios públicos domiciliarios y que incluso
conexiones eléctricas que habían sido legalizadas años atrás,
ahora fueron declaradas ilegales.
Esta imagen muestra el modelo pensado con edificios unifor-
mes, similares a los de cualquier línea de mar en ciudades “mo-
delo”. En este esquema no hay lugar para los habitantes negros
y negras de Buenaventura.

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Proyección sector de bajamar Isla -Ciudadela del pescador-
El proyecto turístico del malecón está aparejado con una ini-
ciativa de construcción de viviendas para la reubicación de las
3400 familias afectadas. Se trata de la llamada Ciudadela San
Antonio, un megaproyecto de 4.052 viviendas de interés social
que requerirá una inversión de 77.932 millones de pesos. La ciu-
dadela está ubicada a las afueras de la ciudad, en la Comuna
12, cerca al aeropuerto y es colindante con el estero San Anto-
nio, el cual le da su nombre.
La reubicación no ha sido concertada con la población y es am-
pliamente cuestionada. Las casas nuevas no tienen buenas con-
diciones de habitabilidad y están en una zona del continente
muy lejos de la isla de Cascajal y del mar. Salir de la bajamar
rompería las dinámicas culturales de unos barrios dónde las re-
laciones vecinales son importantes. Un proyecto de esta natu-
raleza supone la desculturalización de las comunidades negras
que sienten que han sido despojadas de su territorio y formas
de vida ancestral, especialmente por su vinculación al mar.
Con la construcción del malecón y del macroproyecto de vi-
vienda en el continente las comunidades se ven afectadas en su
identidad étnica y cultural, así como en sus dinámicas sociales,
productivas y económicas. En este megaproyecto también se ha
desconocido los derechos colectivos de las comunidades negras
y no se ha realizado tampoco la consulta previa a la población.
9.3 Terminal de Contenedores de
Buenaventura - TCBUEN150
TCBUEN es un terminal de contenedores mayoritariamente pri-
vado situado en el estero El Aguacate y en los barrios Inmacu-
lada y Santa fe de la comuna número cinco de Buenaventura.
Las obras se iniciaron en 2008 y concluyeron en su primera
fase en mayo de 2011 con una suntuosa inauguración a la que
asistió el presidente Santos. El megaproyecto se desarrollara
en cinco etapas. La terminal de contenedores de Buenaventura
afecta a la comuna 5, que incluye también los barrios El Piñal,
Punta del Este y Santa Cruz.
150 Tomado de la Cámara de Comercio de Buenaventura http://www.ccbun.org/

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Al ser el objeto principal de la presente investigación será desa-
rrollado ampliamente en el capítulo siguiente
9.4 La Vía Alterna-Interna
Es un proyecto de infraestructura vial que complementa la acti-
vidad portuaria de la SPRB y TCBUEN. Se trata de una variante
de 12’5 kilómetros que evita el paso de vehículos pesados por
parte de la zona urbana de Buenaventura. Tuvo un costo total
de 126.000 millones de pesos151
.
Los transportadores y comerciantes que usan el puerto han ex-
presado su inconformismo por el deterioro que ya presenta la
vía. Su estado inadecuado les obliga a usar nuevamente la an-
tigua avenida Simón Bolívar con el riesgo de ser multados y ge-
nerando infinidad de molestias a los vecinos de las comunidades
aledañas. La recuperación de la vía requerirá de una inversión de
al menos 8.000 millones de pesos más152
. “De igual manera, las
personas residentes del barrio Santa Fe de la Comuna 5 denun-
cian que su construcción supuso partir el barrio en dos, reubicar
a cientos de familias y daños en el precario sistema de aguas
residuales, lo que provocó todo tipo de infecciones153
. Para la
realización de la vía Interna-Alterna se hizo la consulta previa,
151 El Tiempo, (2006, 12 de septiembre), Al servicio, vía alterna al puerto de Buenaven-
tura, en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2202305
152 ElPaís (2010, 15 de diciembre), Dos mil millones serán invertidos en vía alterna
interna, en:http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/dos-mil-millones-se-
ran-invertidos-en-alterna-interna
aunque no en el marco de derechos étnico-territoriales, sino de
necesidades y servicios sociales. A pesar de ello, es la única ac-
ción que se tiene en la zona urbana de Buenaventura, donde se
reconoció desde el Ministerio del Interior la existencia de la co-
munidad negra como sujeto colectivo y se desarrolló el proceso
de consulta previa, así haya sido limitado.
9.5 Puerto industrial de Aguadulce
Aguadulce es un proyecto portuario de tipo multipropósito que
se especializará en movimiento de carga de carbón y contene-
dores154
.Es el proyecto más antiguo de todos, con más de 26
años de haber sido creado por el ingeniero Roberto Osorio. Per-
tenece a la Sociedad Portuaria Industrial de Aguadulce, SPIA155
,
que tiene como meta mover más de 400.000 contenedores en
su primera etapa de funcionamiento, prevista para finales del
2016. Para ello ha sido precisa la construcción de una vía de ac-
ceso de 21,5 kilómetros construida por la caleña Conalvía.
En los últimos tiempos, Aguadulce tomó un gran impulso con la
entrada de la empresa filipina “Internacional Container Terminal
Service Inc, (ICTSI)”, líder mundial del sector marítimo. ICTSI ad-
quirió inicialmente el 70% de las acciones de la sociedad. Hoy
posee el 45’6 tras la incorporación de la Autoridad Portuaria de
154 El País, (2011, febrero 7), Buenaventura fortalece su capacidad portuaria, en: 3
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/buenaventura-fortale-
ce-su-capacidad-portuaria
155 http://www.ictsi.com/operations/sociedad-puerto-industrial-del-aguadul-
ce-s-a-spia-aguadulce-colombia/

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Singapur (PSA), considerado otro gigante en el mundo de los
terminales portuarios y que tiene el 45’6 por ciento del accio-
nariado.
Actualmente se trabaja en la consolidación de los terrenos
donde se construirá una gran plataforma portuaria de 700 me-
tros de línea de muelle que esperan que tenga un tráfico de
siete millones de toneladas por año. El nuevo puerto ocupará
unas 225 hectáreas de la península de la quebrada Aguadulce
frente a las actuales instalaciones de la Sociedad Portuaria. El
Puerto de Aguadulce afecta el área del Bajo Calima y la comuni-
dad de la Brea de Buenaventura. Su licencia ambiental del año
2000 fue modificada en 2008 y se otorgó igualmente sin con-
sulta previa a pesar que la Defensoría del Pueblo156
en el 2005
les instó a realizarla ya que afecta al territorio del consejo comu-
nitario de la Brea. Hasta el momento no se ha realizado.
156 Defensoria del Pueblo, (2007 21 diciembre). Informe de seguimiento a la resolu-
ción defensorial regional nº 36 “Licenciamiento ambiental de proyectos de infraestructu-
ra en Buenaventura
Proyección de cómo quedará el Puerto Aguadulce.
9.6 Muelle cementero
El muelle cementero de Buenaventura forma parte del Grupo
Argos, que en 2012 fusionó sus activos portuarios con los de
muelles El Bosque, propiedad de la familia Echavarria Obregón
-herederos de Hernán Echavarría en asocio con el Grupo espa-
ñol Erschip – familia Alvargonzález de Asturias creando COM-
PAS157
, una sociedad con siete puertos en Colombia.
157 Bonilla, Maria Elvira (2014, 21 de abril), Los verdaderos dueños de Buenaventura,
Las 2 orillas, por Maria Elvira Bonilla en: http://www.las2orillas.co/los-multimillona-
rios-duenos-del-puerto-de-buenaventura/

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Se encuentra ubicado en un barrio de la comuna 5 conocido
como La Palera. Cuando empezó a operar en 2009 movía sólo
cemento, pero desde el año 2011158
maneja también carga ve-
getal y mineral.
9.7 Almacenamiento de carbón a cielo abierto
Buenaventura tiene siete depósitos de carbón a cielo abierto159
,
cuatro de ellos ubicados en la comuna 5, y no cumplen con nin-
gún mecanismo de control para paliar la gran contaminación
que generan. Las personas que habitan en las zonas adyacentes
a los patios donde se almacena el carbón que después se em-
barca en los terminales de la ciudad llevan años quejándose. La
comunidad bonaverense se ha venido igualmente movilizando
para frenar esta actividad que aseguran amenaza su salud, con-
tamina los esteros, lamina los almacenamientos de agua para
el consumo doméstico, provoca enfermedades respiratorias en
niños o el cierre de colegios y restaurantes comunitarios por la
contaminación que produce el polvillo del carbón.
Ante las continuas quejas, la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca (CVC) como autoridad ambiental de la zona
suspendió como medida preventiva la operación de los patios
158 Tradeland News, (2011, noviembre), Colombia: El muelle cementero con nueva
carga en: http://tradelandnews.blogspot.com/2011/11/colombia-el-muelle-cemente-
ro-con-nueva.html
159 Soydebuenaventura.com, (2011, junio 19), Almacenadoras de carbón siguen ge-
nerando alarma ambiental en la ciudad, en: http://bit.ly/1LvqjEQ
de almacenamiento de carbón160
. Sin embargo, paseando por
los barrios afectados la actividad prosigue y las comunidades di-
cen que las afectaciones continúan.
9.8 Terminal marítimo Delta del Río Dagua
Perteneciente a la Sociedad Portuaria Delta del Río Dagua, será
un terminal multipropósito ubicado en la zona más exterior de
la bahía de Buenaventura, considerada zona rural161
. Contará
con una estructura de muelles de 1.600 metros de longitud y un
área de almacenamiento y manejo de carga de 105 hectáreas.
Tendrá una profundidad prevista de 16 metros que permitirá el
arribo de embarcaciones de gran calado tipo Panamax y Postpa-
namax. Para ello será necesaria la construcción de un corredor
vial de 13,7 kilómetros para conectar con el sistema vial y la
construcción de una vía férrea de 13,7 kilómetros de longitud.
La empresa responsable del proyecto es Sociedad Portuaria Delta
del Río Dagua S.A. A diferencia de otros proyectos, éste se ubica
en zona rural. Diversas comunidades con titulaciones colectivas
afectadas por este proyecto solicitaron la consulta previa.
160 El País, Cali, (2014, junio 17), CVC suspende almacenamiento de carbón en bode-
gas de Buenaventura en: http://bit.ly/1IUOJI4
161 http://www.deltadagua.com/index.php

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http://www.deltadagua.com/presentacion_macroproyecto.php
El Ministerio del Interior162
ya certificó que efectivamente, en
el área de influencia de la nueva terminal existe presencia de
comunidades indígenas y afrodescendientes por lo que dicha
consulta deberá realizarse. A día de hoy tampoco contaba con
la licencia ambiental. Se trata de un lugar con una abundante
zona de mangle y uno de los puntos con más sedimentación de
la bahía por lo que será conveniente dragarlo con cierta perio-
dicidad.
162 Certificación número 1855 de 18 de septiembre de 2012, Ministerio del Interior
9.9 Proyecto portuario
multipropósito Puerto Solo163
Puerto Solo es un nuevo y ambicioso complejo portuario que
ocuparía 150 hectáreas de la Bahía de Buenaventura. El pro-
yecto lo impulsa la sociedad Puertos, Inversiones y Obras S.A.S.-
PIO SAS, grupo empresarial presidido por Óscar Isaza creado en
2013164
. Esta corporación asumió buena parte de las participa-
ciones accionariales que poseía el Grupo Empresarial del Pacífico
S.A. (GEPSA), presidido también por Óscar Isaza, en diferentes
empresas.
163 Página web Grupo Piosas: http://www.piosas.com
164 Inscrito en el Registro Mercantil de Buenaventura el 15-10-2013

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BUENAVENTURA PRÓSPERA Presentado por: Ing. Oscar Isaza Benjumea CEO / Presi-
dente PIO SAS
Además de un terminal de contenedores, Puerto Solo tendrá
terminales para distintos usos energéticos desde donde se
podrá transportar petróleo, gas, propano o butano, entre otras
materias primas. Así mismo contará con una planta térmica de
generación de energía eléctrica y un terminal de contenedores.
El proyecto contempla igualmente un gasoducto de
Buenaventura a Yumbo de 115 km de longitud de 24 pulgadas
de diámetro en el que está implicada la empresa TGI. El proyecto
tendría previsto iniciar operaciones en el segundo semestre del
2015 y aunque tiene el visto bueno de la Alcaldía, no cuenta
todavía con la licencia ambiental.
Para el conjunto del proyecto de Puerto Solo solicitaron al Mi-
nisterio de Medio Ambiente extraer 30,45 hectáreas de la re-
serva forestal del pacífico, ubicadas en el estero de Aguacate,
adyacente a TCBUEN en su parte oriental. La Resolución 1223
de 2014 del Ministerio permitió substraer 6,64 hectáreas con-
cediendo el permiso para la construcción. Para el resto de hec-
táreas solicitadas, el Ministerio resolvió que era preciso efectuar
trámites con la corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca- CVC, para la zonificación del manglar debido a que es
considerado área urbana.
Las comunidades afectadas por Puerto Solo son los barrios
Punta del Este, Santa Cruz y la Inmaculada, de la comuna 5 de
Buenaventura, ya muy afectados por la empresa Terminal de
Contenedores TCBUEN. Sobre este proyecto no se ha hecho la
consulta previa con las comunidades.

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BUENAVENTURA PRÓSPERA Presentado por: Ing. Oscar Isaza Benjumea CEO / Presi-
dente PIO SAS
El INCODER165
expidió certificado en el que señala que el área
afectada por el proyecto de Puerto Solo, no coincide con terri-
torios titulados por resguardos indígenas ni con territorios co-
lectivos de comunidades negras, por lo cual dicen que no se
requiere la consulta.
165 INCODER: Instituto Colombiano de Desarrollo rural. Certificado número
20131105058, 5 de abril 2013
Para algunos urbanistas consultados poner un puerto de hidro-
carburos en una ciudad es una auténtica aberración, incompati-
ble con una urbe por temas de seguridad y por el impacto diario
que genera el transporte de mercancías peligrosas.
La realización de todos estos megaproyectos implica la apropia-
ción de tierras en el interior de la isla en beneficio de las em-
presas y sus oportunidades de negocio en el puerto. Supone
igualmente la expulsión de población, fruto de los conflictos
relacionados con el control de la tierra en zonas de interés eco-
nómico para el capital nacional y transnacional. Y con ello, la
pérdida de todo tipo prácticas culturales relacionadas con el

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uso y disfrute sociocultural del territorio que tienen que ver con
formas de trabajo tradicionales como la pesca o la captura de
piangua; con prácticas culturales relacionadas con el espacio ha-
bitacional y sus formas de construcción de casas, calles, puentes
u otros lugares de socialización. También con formas y usos ali-
menticios y con prácticas culturales relacionadas con la compo-
sición y dinámica de la parentela, responsabilidades, formas y
criterios de relacionamiento (en la pareja, la familia extensa, el
vecindario, la comunidad), con festividades y conmemoraciones
comunitarias y religiosas o con formas de organización comuni-
taria, participación y autonomía teniendo en cuenta a mujeres,
jóvenes y niños y niñas.
Isaza, el magnate portuario
En todos los proyectos relacionados hemos ido viendo quien
está detrás. Pero sin duda, hay una persona que consideramos
preciso resaltar por el papel que ha jugado desde el inicio en los
cambios del puerto y en los megaproyectos. Hablamos de Oscar
Isaza
Isaza fue el que promovió el proyecto del puerto privado TC-
BUEN del cual es accionista junto a los españoles del Grup Ma-
rítim TCB. Emprendedor y exitoso empresario nacido en Bue-
naventura, hace 20 años se empecinó en construir un puerto
privado que compitiese con la Sociedad Portuaria de su ciudad.
No solo lo logró sino que hoy sus tentáculos empresariales se bi-
furcan por decenas de empresas y países. Su influencia en Bue-
naventura es notable.
Sobre el magnate portuario se ha cernido siempre un manto
de sospecha por sus posibles relaciones con el paramilitarismo y
por poder haber generado su fortuna gracias al narcotráfico que
sale por el puerto. En junio de 2013 un mandato judicial obligó
a la policía a pedirle disculpas públicas por la acusación que 16
años atrás le hizo la propia policía de ser miembro de un cartel
de drogas166
. Rara vez ha sucedido algo parecido en Colombia
donde prácticamente no existen sentencias de tipo administra-
tivo que obliguen a una rectificación pública de actuaciones de
las fuerzas armadas y policiales. En el caso de Isaza, hay inter-
pretaciones que señalan que aquel gesto sirvió de alguna ma-
nera para legitimar por parte del Gobierno nacional todo lo que
se está haciendo en Buenaventura con la intención de desvincu-
lar de la violencia paramilitar y del narcotráfico los megaproyec-
tos que se están realizando167
.
En cualquier caso, Isaza representa el “ideal de empresario exi-
toso y emprendedor” al que le gusta hacer dinero, identificado
con el “modelo desarrollista”, con una ideología y práctica euro-
céntrica y racista. Su visión sobre el desarrollo es la cara opuesta
de la cosmovisión indígena y de las comunidades negras. Hace
unos años, siendo gerente de proyectos del Pacífico en la gober-
nación del Valle del Cauca dijo: “Todos quieren tierras; negros,
indígenas, colonizadores, todos ellos. Los indígenas, me pre-
gunto, ¿para qué quieren más reservas? Ellos no usan las tierras
166 El País (2013, 6 de junio) Policía de Buenaventura ofrece disculpas a Óscar Isaza en:
http://www.gepsa.com.co/web/index.php?option=com_contentview=categoryla-
yout=blogid=41Itemid=50
167 Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, entrevistas a personas de
la comuna 5

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que han conseguido, ¿qué producen en sus reservas?168
Más
reciente, en unas declaraciones al diario El Espectador169
decía
cosas como estas:
“Yo no soy traqueto ni mafioso. No tengo vínculos con el
narcotráfico. Las bandas criminales no me han vacunado
nunca, me haría matar si lo hacen”
“Si no me dejan hacer Puerto Solo en Buenaventura me voy
para Barranquilla. Al fin y al cabo en esta ciudad uno sólo ve
mediocridad. No hay gente preparada. Hay como 460 soció-
logos y cuando yo me levanto pienso en contratar gente útil
para el mercado”
“Me siento orgulloso de tener 500 empleados, 300 de ellos
provenientes de Santa Fe, (barrio afectado por TCBUEN) con
contratos a término indefinido170
. Ese que usted ve ahí en la
grúa era un vago que jugaba Play Station en el barrio. ¿Eso
no se llama retribución? Esto era una olla y yo quiero reubi-
car a la gente, pero ellos quieren que les dé la plata”. Yo les
construí las primeras salas de cine y perdí $19.000 millones.
168 Chaparro, David, (2010), ¿Haciendo negocios en medio de la barbarie? El Vie-
jo Topo, 267/ abril 2010. Barcelona, en www.elviejotopo.com/web/archivo_revista.
php?arch=1414.pdf
169 El Espectador, (2014, 5 de abril), Destierro en Bajamar, en: http://bit.ly/1mQ07IB
170 Los datos a los que hace referencia sobre el empleo de personas del barrio, son
desmentidas por las propias personas de las comunidades, quienes afirman en las en-
trevistas realizadas en la comuna 5 en abril del 2015, que apenas hay nadie contratado
por TCBUEN, y quien lo ha estado ha sido con contratación temporal y unas condiciones
laborales y salariales que rozan el esclavismo. Así mismo señalan que su racismo es muy
evidente, cosa que se lee claramente en sus declaraciones.
TCBUEN lo hicimos con un préstamo de leasing del Banco de
Occidente de $23.000 millones. Yo no veré plata sino hasta
dentro de nueve años”.

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ MASTERPLAN 2050 100 ❚
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10 MASTER PLAN 2050:
LA MARCA BARCELONA
EN BUENAVENTURA
Un master plan se define como un instrumento de planificación
estratégica consistente en imaginar una ciudad a medio plazo y
el proceso para hacer de esa visión creativa una realidad. Bue-
naventura tiene ya el suyo. Se llama “Master Plan Buenaventura
2050171
y lo realizó la firma española Esteyco con un equipo de
urbanistas de la órbita del Partido Socialista catalán (PSC) que
en su momento ocuparon cargos en el Ayuntamiento de Barce-
lona y en la Generalitat de Catalunya. El exalcalde Jordi Hereu
o el ex regidor de urbanismo Manuel García Bragado fueron al-
gunos de sus integrantes. La ‘Marca Barcelona’ está por tanto
muy presente en un posible desarrollo futuro de la ciudad de
Buenaventura.
Por el momento, la Presidencia de la República colombiana ya
empezó a socializar el master plan entre el empresariado y las
instituciones locales y departamentales como la hoja de ruta
que contiene las grandes directrices que debe seguir la ciudad.
Junto a más de 100 proyectos que implicarían una transforma-
ción radical de Buenaventura, la principal idea del Master Plan
171 Presentación Masterplan 2050 de Buenaventura:
http://ciev.co/doc/1_8_master_plan_2050_ramon_sagarra.pdf
y quizá la que menos ha gustado a un sector empresarial ligado
al puerto bonaverense es que los urbanistas barceloneses de-
fienden que los muelles a largo plazo deberán de salir de donde
están para llevarlos hacia aguas más profundas. Proponen que
el muelle pase a ser ciudad trasladando los puertos fuera de la
misma y no que toda la ciudad pase a ser un muelle como al
parecer pretenden algunos. El proyecto de Esteyco lleva por
título “De un puerto con asentamiento a una ciudad con
puerto”.
El escepticismo frente al Master Plan es grande entre la gente
de las comunidades que viven en los barrios de bajamar. Du-
rante la socialización del proyecto, los técnicos se reunieron con
las instituciones, con los empresarios, con los gremios, pero en
ningún momento con las comunidades.
A las personas que habitan los territorios de bajamar, lo que
les preocupa es en qué tipo de ciudad se está pensando y si
esta será realmente para las comunidades ancestrales. Se pre-
guntan por qué se califica de asentamiento a las actuales co-
munas y por qué se las contrapone al concepto de ciudad inter-
pretándolo como un prejuicio contra las formas ancestrales de

RESUMEN EJECUTIVO
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BIBLIOGRAFÍA
vivir y sentir el territorio. El Master Plan les genera desconfianza
porque temen que se quiera cambiar el modelo ancestral de vi-
vienda palafítica por uno prediseñado sin siquiera consultarles,
desplazándoles para que se configure una línea de viviendas e
infraestructuras frente al mar dirigidas a otros sectores sociales.
Quieren saber si ellas van a poder seguir viviendo en las zonas
de bajamar o cerca del mar. Todas estas son cuestiones centrales
que abordaremos y que las comunidades exigen que se les ex-
plique claramente.
Y si vemos lo que dice la empresa Esteyco, que fue quien ela-
boró el Master Plan, tienen razones para estar preocupadas.
Esteyco entiende que la vivienda palafítica tradicional es un
modelo de vida que se ha visto superado por el bienestar y no
consideran que estuvieran obligados a consultar el Master Plan
con las comunidades172
.
172 “Un master plan no tiene carácter jurídico, es un plan de visión a largo plazo, una
entelequia en el sentido más bienintencionado de la palabra. Qué sentido tiene consultar
una entelequia. Hicimos muchas socializaciones con sectores públicos como la iglesia. En
cualquier caso, solo es una propuesta que marca las directrices, pero el proyecto se tiene
que desarrollar y ahí sí se debe consultar con las comunidades”, señaló Ramón Sagarra,
de Esteyco. Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a Ramón Sagarra, de Esteyco, mayo
2015
Fue el 4 de septiembre de 2013 cuando los integrantes del
grupo evaluador173
de la financiera gubernamental Findeter174
contrataron a Esteyco como firma consultora para elaborar un
Master Plan del Distrito de Buenaventura. Querían dotarse de
“una herramienta de planificación que integrara diferentes ini-
ciativas de crecimiento y desarrollo social, ambiental, industrial,
logístico y portuario de la ciudad”. Esteyco fue la única de las
propuestas que llegó hasta el final de la convocatoria y ganó el
concurso por 823 millones de pesos que al cambio serían unos
342.000 euros aproximadamente, según consta en el docu-
mento de evaluación de Findeter175
.
El Masterplan 2050 puso en evidencia un desarrollo portuario,
nacido con una vida útil limitada, que compite por sacar a la
gente de la ciudad. Ramón Sagarra, una de las personas de Es-
teyco que elaboró la propuesta, considera en la entrevista que
nos concedió que Buenaventura lleva 15-20 años equivocán-
dose. “No quiere decir que vayamos contra ellos. Han hecho una
cosa que será aprovechable en estos próximos 25 años, pero no
es el mejor lugar para tener un puerto y lo peor es que están
empeñados en hacer dos puertos más en la zona. Defendemos
sacar los puertos de donde están, no tiene sentido que en una
173 Acta de evaluación. Convocatoria nº1 de 2013. Gerencia de Estructuración de
Proyectos.
174 Findeter se define en su página web como ”La Financiera del Desarrollo”, una
sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda que funciona como
un banco de crédito. Financia básicamente las llamadas locomotoras del Plan Nacional
de Desarrollo (infraestructura de transporte, minero-energética, vivienda, innovación y
tecnología, la salud y educación) www.findeter.gov.co
175 Acta convotaria de Findeter www.findeter.gov.co/descargar.php?idFi-
le=210740

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isla donde se encuentra el casco histórico esté compitiendo un
puerto y además haya gente con la idea de querer sacar a toda
la población de Cascajal para seguir poniendo más contene-
dores. Es una aberración y no tiene ningún sentido social. Que
nos digan que harán con los contenedores dentro de 35 años y
cuando hayan borrado del mapa a la gente de Buenaventura. Y
sin embargo aquí da la sensación como que, bueno, yo no digo
nada, les voy metiendo codazos y voy ganando terreno”176
En el momento de la presentación del Master Plan en Buena-
ventura Luis Fernando Arboleda González, presidente de Fin-
deter, presentó de forma clara y concreta lo que es el Master
Plan para sus impulsores. “El Master Plan de Buenaventura se
constituye en la hoja de ruta que le permitirá a la ciudad conec-
tar las condiciones socioeconómicas para proyectar una ciudad
competitiva y sostenible. Este documento va de la mano con el
Plan de Desarrollo de la ciudad proyectando sus acciones a 30
años” En el Plan se contemplan cambios en los antiguos barrios
ganados al mar que se han ido vaciando por las masacres y des-
tierros para ubicar la nueva zona industrial y logística que se ex-
tiende hasta el continente y se integra a los nuevos puertos en
los deltas de los ríos que desembocan en esta amplia bahía. Es
decir una continuidad de lo que se viene implementando hasta
el momento, pero al parecer con una visión de futuro a largo
plazo.
La consultora Esteyco con sedes en Barcelona, Madrid y País
Vasco trabaja principalmente en el mundo de las grandes in-
176 Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a Ramón Sagarra, de Esteyco, mayo 2015
fraestructuras y no tenía especial experiencia en la planeación
urbanística, lo cual de entrada plantea un interrogante sobre
las razones por las que se escogió. Esteyco preparó un equipo177
para hacer este trabajo integrado por Jordi Hereu, Ricard Fayos,
Ramón García Bragado, Jordi Juliá y Ramón Juan Sagarra Rius.
Buena parte de ellos son personas que con anterioridad estuvie-
ron vinculadas al Ayuntamiento de Barcelona durante la etapa
socialista municipal y autonómica, y algunos incluso también al
Consorcio del Puerto de Barcelona, donde tiene su sede Termi-
nal de Contenedores de Barcelona.
Este es el perfil del equipo de Esteyco que elaboró el Masterplan
para Buenaventura.
Jordi Hereu178
, ex alcalde de Barcelona por el Partit Socialista de
Catalunya, (PSC) entre 2006 y 2011. En sus inicios profesionales
trabajó en varias empresas vinculadas al Puerto de Barcelona,
entre ellas Port 2000 y CILSA, Centro Intermodal de Logística.
177 Esteyco se presenta como una firma consultora con más de 40 años de experiencia
en España y otros países europeos. Con un equipo interdisciplinar, trabaja en ámbitos
como arquitectura, ingeniería civil, ambiental, puertos y transporte.
178 Jordi Hereu es Presidente Ejecutivo de Barcelona Plataforma Empresarial y fue Con-
sultor de la Fundación Fòrum Ambiental; asesor logístico del Centro BCL Barcelona; Alcal-
de de Barcelona (2006-2011); Concejal Presidente Área Seguridad y Movilidad; Concejal
del Distrito de Sant Andreu (2003-2006:); Concejal del Distrito de Les Corts (1999-2003);
Gerente del Distrito de les Corts (1998-1999); Puerto de Barcelona (1991-1997); Direc-
tor Marketing Nacional CILSA Centro Intermodal de Logística (1992-1997:);Responsable
Marketing Gerencia Urbanística PORT(1991).

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Ricard Fayos Molet179
, arquitecto y urbanista que ocupó dife-
rentes cargos en el Ayuntamiento de Barcelona como técnico
dentro del ámbito de la planificación urbanística. Allí coordinó
y redactó los planes especiales de mejora y rehabilitación de di-
ferentes barrios de la capital catalana. Ha colaborado también
muy estrechamente como asesor en la transformación urbana
de la ciudad colombiana de Medellín.
Ramón García-Bragado180
, trabaja hoy como abogado urba-
nista especialista en la planificación y gestión de infraestructuras
energéticas, de telecomunicaciones, de transportes y medioam-
bientales. Fue concejal y teniente de Alcalde del Ayuntamiento
de Barcelona entre 2007 y 2011 y gerente de urbanismo con el
alcalde socialista Joan Clos entre 1999 y 2004.
Jordi Julià Sort181
, ingeniero de caminos, canales y puertos con
especialidad en transportes y urbanismo. Fue Director General
de Puertos y Transportes de la Generalitat de Catalunya de 2004
a 2005 estando Pascual Maragall de President de la Generalitat
de Catalunya.
179 Ricard Fayos fue director de Proyecto de la Coordinación de Urbanismo del Ayunta-
miento de Barcelona, responsable de la Dirección Técnica de la oficina municipal del Plan
Diagonal-Poble Nou, encargada de la prolongación de la Diagonal hasta el mar; Director
de los Servicios de Planeamiento del Ayuntamiento de Barcelona desde donde se llevó a
cabo la política de rehabilitación de los barrios de Porta, Clota, Trinitat Vella o Trajana, y
desde donde se han redactado los planes del área Sagrera-Sant Andreu, el proyecto de
la fachada marítima, Plaza de las Glorias, centro direccional Diagonal-Mar, renovación
industrial de Poble Nou, etc. https://es.linkedin.com/pub/ricard-fayos-molet/94/a11/95a
180 Bragado tuvo que dejar la política activa cuando fue acusado en el caso “Hotel del
Palau” del que fue absuelto en 2014. Cuando se solicita y se concede la concesión para
la realización del Masterplan estaba pendiente de juicio
181 Curriculum de Jordi Juliá: http://www.transfer.cat/pdf/cvjjesp.pdf
Ramón Juan Sagarra Rius182
, ingeniero industrial, es director
de tecnología de Esteyco. Fue una de las personas encargadas
de socializar el Masterplan en Buenaventura. Sagarra participó
como director de infraestructura en la planificación urbanística
y desarrollo del llamado 22@ y que supuso la transformación de
200 hectáreas de suelo industrial del barrio barcelonés del Poble
Nou.
No se puede desconocer que toda la operación urbanística de
una Barcelona abierta al mar, aprovechando primero las Olim-
piadas del 1992 y el Fórum de las Culturas después tuvo un
sinfín de críticas respecto al modelo de ciudad que se estaba
construyendo. En Barcelona también se destruyó una gran can-
tidad de viviendas y de instalaciones industriales para dar paso a
un modelo de ciudad agradable sobre todo a los turistas. Esto y
el hecho de que el equipo consultor haya formado parte con un
alto nivel de responsabilidad de esos cambios urbanísticos, tam-
bién criticados por diferentes sectores populares de Barcelona,
crea inquietud en los sectores sociales que vienen luchando
contra los megaproyectos en el puerto de Buenaventura. La
coincidencia de que una de las grandes empresas del puerto de
Buenaventura, TCBUEN, disponga del 60% de su capital prove-
niente del grupo Terminal de Contenedores de Barcelona, y que
varios de los consultores tengan o hayan tenido relación directa
con el Consorcio del Puerto, no deja de apuntar al modelo que
se pretende para Buenaventura a partir del Master Plan.
182 Ramón Segarra en https://es.linkedin.com/pub/ramon-juan-sagarra-rius/98/260/
a63

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Una de las propuestas urbanísticas de Esteyco tiene que ver con
la realización de un malecón turístico. Se trata de una de las
obras que más afectaciones tendría en cuanto se estima que
unas 3400 familias deberían abandonar sus hogares de los ba-
rrios de bajamar. Esteyco, como hemos visto, no es partidario
de mantener los palafitos, las viviendas tradicionales asentadas
sobre el mar de las comunidades negras, pero dice abogar por
hacer una reubicación en la misma Isla de Cascajal y no en la
zona del continente como está planteada por la alcaldía del Dis-
trito. “(..) no nos parece que lo mejor sea lo que empezaron a
hacer de sacar a la gente y trasladarla a las nuevas viviendas
de la zona de San Antonio. Aquello es horroroso, está lejos y
además la misma gente se está volviendo porque no tienen las
condiciones”. 183
Pero hay que señalar que el Master Plan no ha cuestionado los
proyectos existentes, ni las inversiones en curso que están dirigi-
das a ocupar la bajamar y la isla de Cascajal, sino que ha tratado
de dar una cierta planeación y perspectiva coherente a los pro-
yectos previstos en el horizonte de 2050. Y recalcar que la ela-
boración del Master Plan no contó con un proceso participativo
y de concertación con las comunidades afectadas por los pro-
yectos que en él se ordenan ni realizó un esfuerzo por integrar
la visión cultural de las comunidades negras que históricamente
han poblado y repoblado Buenaventura184
.
183 Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a Ramón Sagarra, de Esteyco, mayo 2015
184 Master Plan del Distrito Especial Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico e
Buenaventura, 22 de abril 2014. ESTEYCO Colombia, Presentación Buenaventura 2014-
2050. En la relación de entidades e instituciones consultadas, no aparece ningún contac-
to ni acercamiento desarrollado con las comunidades.
Vistos los megaproyectos ya existentes o en curso, así como la
concepción del Master Plan, se presentan más interrogantes…
¿Para quién será Buenaventura un territorio sostenible y compe-
titivo? ¿Cuántos habitantes podrán ejercer su derecho a conser-
var sus viviendas, sus familias y sus territorios? ¿Las y los legíti-
mos propietarios de esos territorios de la Isla Cascajal verán sus
viviendas reducidas a unas cuantas casas palafíticas reconverti-
das en un parque temático para visitas de turistas? …
Ante el Master Plan de Buenaventura, el senador del Polo De-
mocrático Alternativo Alexander López185
considera que no pre-
tende otra cosa que acondicionar el territorio para la Alianza
Transpacífico ya que se recoge todo el escenario concesionario
en el país, la planeación estratégica y también la concreción de
dicho Acuerdo TP proyectando la ciudad hacia el año 2050.
López hizo notar la coincidencia que en donde se está pensando
construir los barrios de expansión portuaria es precisamente
dónde se está presentando la mayor violencia en Buenaventura
en los últimos años. ”Lo que se está generando en Buenaven-
tura es un escenario de terror, de miedo, de persecución para
que la población abandone el territorio, se desplace y no sola-
mente hacia el continente sino hacia cualquier parte del terri-
torio nacional. De ahí las cifras que tenemos en los últimos 20
años. En un municipio de 340.000 personas se ha generado el
desplazamiento de 140.000 personas. Tan solo en el último año
fueron 6000. La mayoría habitaban en bajamar, el lugar donde
se está construyendo infraestructura portuaria”, dice el senador
185 Audiencia Pública de 16 de septiembre de 2014 en Bogotá.

RESUMEN EJECUTIVO
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“En ese plan – continua Alexander López- por ningún lado apa-
recen los seres humanos. Lo que se plantea de nuevos asenta-
mientos urbanos son catalizadores de nuevos tejidos de acogida
de centralidades locales que nada tiene que ver con las formas
de vida de la población afrodescendiente, ya que los están ubi-
cado en el continente, lejos de las zonas ancestrales de pesca, y
vida comunitaria que ha venido desarrollando la población a lo
largo de estos años”.
López considera que el Master Plan es un proyecto liderado por
Findeter, y por los empresarios de este país. “Es un plan que no-
sotros hemos denominado vaciamiento de la isla Cascajal hacia
el continente. Todos los que piensan Buenaventura 2050 nin-
guno vive en Buenaventura. Este Masterplan está viciado como
también lo están todos los megaproyectos en Buenaventura”.
Alexander López anunció que lo que se sucede en Buenaventura
con los megaproyectos y el Master Plan lo va a llevar a Naciones
Unidas para denunciarlo. “El desarrollo no puede pasar por en-
cima de los seres humanos, y aquí no ha habido cumplimiento
de la ley que obliga a la consulta previa con las comunidades
afrodescendientes”, concluye.
Mientras Esteyco reitera que su plan no ha sido entendido, por
nuestra parte creemos que no es ese el problema, sino que la
población no está de acuerdo con él. Por ello nos parece inte-
resante introducir unas reflexiones sobre el modelo de ciudad
que se está configurando en Buenaventura en el Masterplan y a
partir de lo observado en lo que sucede en diferentes ciudades
de Colombia y de otras partes del mundo, ya que responden
a unos patrones de desarrollo similares. Vemos como el ajuste
territorial en función de la acumulación del capital está clara-
mente establecido en el sistema de ciudades promovido por el
Departamento Nacional de Planeaci186
. En otras palabras, que
las ciudades en su organización, infraestructura, equipamientos,
instituciones, fuerza laboral y cultura deben ponerse al servicio
del capital nacional y transnacional.
La globalización neoliberal está impulsando procesos de urba-
nización, especialmente en las grandes ciudades, que generan
segregación socio espacial, urbanización de la pobreza, degra-
dación del trabajo, crisis de legitimidad de los gobiernos locales,
informalidad e inhabilidad de los asentamientos populares, eco-
nomías ilegales y un nuevo desorden tanto en la institucionali-
dad como en la vida cotidiana.
Al mismo tiempo y siguiendo ejemplos europeos, sobre todo el
de Barcelona, ha comenzado a ganar impulso en América Latina
la recuperación de los frentes marítimos o fluviales en aquellas
ciudades que hasta ahora no habían explotado este potencial.
Es el caso de Puerto Madero en Buenos Aires, del Malecón 2000
en Guayaquil187
o de la recuperación de la zona ribereña en Ro-
sario. Todas estas iniciativas han permitido abrir y ofrecer a los
negocios inmobiliarios amplios frentes fluviales.
186 Ver http://bit.ly/1vpxEAe
187 El Malecón 2000, ubicado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil junto al río Gua-
yas, es un proyecto de regeneración urbana del antiguo Malecón Simón Bolívar, de 2.5
km de extensión http://www.malecon2000.org/web/

RESUMEN EJECUTIVO
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BIBLIOGRAFÍA
En el caso de Barcelona, como se apuntó anteriormente, se
trató de proyectos que en muchos casos con el tiempo demos-
traron que su finalidad era seguir avanzando una línea marítima
de élite, desplazando a hombres y mujeres que habitaban los
barrios antiguos; gente obrera y población roma, desplazándo-
les de la zona cercana al mar y sustituyendo sus viviendas por
otras dirigidas a clases más pudientes.
El llamado modelo Barcelona se ha construido desde unas
alianzas entre los agentes públicos y privados, con frecuencia
en contra de los intereses de los y las ciudadanas. El “modelo
Barcelona” empezó a derivar en “marca Barcelona”. Como ex-
pone el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos
y Vecinas de Barcelona (FAVB) Lluis Rabell188
“La globalización
ha comportado la reorganización de los mercados mundiales y
una nueva división internacional del trabajo. Barcelona ha en-
contrado un lugar propio como urbe en el que el pasado in-
dustrial ha dejado paso a la economía de servicios, al turismo
de masas y a las inversiones. ‘La apertura de la ciudad al mar’
del 92 comportaba ya transformaciones del puerto que iban en
este sentido – y que fueron objeto de controversia con el movi-
miento vecinal. En el último periodo de los gobiernos progresis-
tas de las ciudad estas tendencias se fueron acentuando”. Y la
situación se ha ido acelerando con proyectos cada vez más con-
trovertidos diseñados durante el último gobierno conservador
de CIU, pensados para la demanda turística, que poco tiene a
188 Rabell, Lluís, (2013, 10 de noviembre), El debat sobre la transformació del front
marítim. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Uni-
versidad de Barcelona, Vol. XVIII, nº 1049(02). En:http://www.ub.es/geocrit/b3w-1049/
b3w-1049-02.htm
ver con el equilibrio entre las necesidades de los y las habitantes
y los nuevos usos que se quieren dar al frente marítimo.
Marca Barcelona- Marca Buenaventura. Habitantes de las co-
munas bonaverenses explican cómo se quiere hacer creer a la
población que Buenaventura se va a transformar en una ciudad
como Barcelona, que se muestra como moderna, atractiva, con
inversiones y empleo.
Vivienda del barrio de San José marcada por la Alcaldía municipal de Buenaventura
para ser destruida para dar paso a la construcción del Maleción

RESUMEN EJECUTIVO
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Este modelo homogeneizante de ciudad, diseñado por gente
que no vive en Buenaventura y que ni tan solo conoce la cultura
de sus habitantes, que sólo quiere enseñar una fachada bonita,
es generadora de mayores desigualdades sociales y desestruc-
turación comunitaria, de desprecio a formas de vida y cosmo-
visiones diferentes a la eurocéntrica, que se quieren destruir. En
contraposición, los barrios populares, ya sean favelas, ranchos,
villa miserias o comunas de América Latina manifiestan una vida
social mucho más intensa que los distritos burgueses de las ciu-
dades. Esta vida social solo sobrevive en tanto que se auto-de-
fiende. A pesar de la pobreza y abandono por las instituciones,
todos esos lugares organizan a menudo el espacio de forma
mucho más efectiva y pensada para la gente que los habita. La
arquitectura espontnea de la planificación demuestra ser muy
superior en la organización del espacio por parte de especialis-
tas quienes traducen el orden social en una realidad territorial
con o sin órdenes directas de las autoridades económicas o po-
líticas.
La urbanización impuesta con los POT en Colombia ha conver-
tido la ciudad en una mercancía, en un valor de cambio, des-
truyendo su principal rasgo: ser el espacio de encuentro entre
personas, grupos y culturas diferentes y un lugar para el disfrute
y la satisfacción de las necesidades humanas. El Master Plan no
se aleja de este tipo de modelo del POT sino que está en la
misma visión, de continuidad de los megaproyectos. Por eso es
muy posible que el Master Plan, que se quiere presentar como si
fuera sólo una propuesta “técnica”, se acabe por incorporar al
nuevo POT que se está elaborando también sin consultar con las
comunidades, como pasó con el anterior POT.
Diapositivas más representativas de la presentación
de Ramón Segarra sobre Master Plan

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❚❚ TCBUEN. DESEMBARCO EN BUENAVENTURA
LA COMUNIDAD NEGRA?
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11 TCBUEN, DESEMBARCO
EN BUENAVENTURA
Con la llegada del buque Rio Verde de la naviera Maersk y la
presencia del presidente de Colombia Juan Manuel Santos, TC-
BUEN inauguró su terminal portuaria de carga y descarga de
contenedores en mayo del año 2011, tres años después de ha-
ber iniciado las obras, en agosto de 2008189
. El nuevo terminal,
muy próximo al de la Sociedad portuaria, se encuentra situado
en la Bahía de Buenaventura frente a la Isla de Cascajal, sobre el
estero190
de Aguacate. Al oeste limita con el barrio de la Inma-
culada, de la comuna 5; al este con el barrio de Santa Fe, de la
comuna 6, y al sur con la carretera conocida como vía interna
alterna de Buenaventura.
El proyecto está estructurado en 4 fases. Su primera fase, ya
concluida, abarca una superficie de 20 hectáreas para opera-
ciones de almacenamiento de contenedores. Cuenta con 438
metros de muelle para atender a dos buques de 230 metros
de eslora cada uno. Su dársena de giro es de 350 metros y la
189 Inauguración de TCbuen. Discurso del presidente Juan Manuel Santos http://wsp.
presidencia.gov.co/Prensa/2011/Mayo/Paginas/20110513_15.aspx
190 Estero es un estuario o desembocadura de un río caudaloso en el mar, caracteriza-
do por tener una forma semejante al corte longitudinal de un embudo, cuyos lados van
apartándose en el sentido de la corriente, y por la influencia de las mareas en la unión
de las aguas fluviales con las marítimas. Puede ser también un terreno bajo pantanoso,
intransitable, que suele llenarse de agua por la lluvia o por la filtración de un río o laguna
cercana.
profundidad de 13 metros. Esta primera fase tuvo una inversión
de 240 millones de dólares con financiación de la Corporación
Financiera Internacional de la rama privada del Banco Mundial
(IFC)191
, la responsable de inyectar fondos para proyectos de de-
sarrollo. Se trata de una entidad que ha sido acusada a menudo
de responsabilidad por omisión en la supervisión de riesgos y
errores en la ejecución de proyectos, lo cual ha acabado supo-
niendo desplazamientos forzosos de los ciudadanos a quienes
supuestamente debería ayudar y la vulneración de sus derechos
más básicos.192
En su primer año de funcionamiento, el total de carga movili-
zada por TCBUEN representó ya el 33 por ciento del total de
contenedores movidos en la Bahía de Buenaventura. Según la
propia empresa, en 2014 atendió 210 barcos de los cuales un
40’48 por ciento fueron barcos de tamaño superior a 300 me-
tros193
.
191 International Finance Corporation, IFC. Proyectos TCBUEN y TCBUEN II http://bit.
ly/1J0hKSP y http://bit.ly/1FR8n8S. Consultado el 27/4/2015
192 Diari Ara, (2015, 27 de mayo), Milions de desplaçats en nom del progres, en:
http://www.ara.cat/mon/Milions-desplacats-nom-del-progres_0_1364863550.
html
193 TCBUEN, Informe de gestión 2014. http://issuu.com/libreexpresion7/docs/in-
forme_de_gestion_final

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MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
Desde junio de 2012 TCBUEN acomete las obras de la segunda
etapa del proyecto que incluye las fases 2 y 3 con el fin de am-
pliar de 100 a 150 metros el canal de acceso a lo largo de sus
2’5 kilómetros de longitud, manteniendo a su vez la profundi-
dad a 12 metros. Las nuevas fases prevén igualmente ampliar la
dársena de giro y la zona de maniobras. Las previsiones de TC-
BUEN II es duplicar la capacidad de movimiento de contenedo-
res hasta los 600.000 teus194
anuales y poder atender naves tipo
porta-contenedores de 81.500t de peso muerto, con una eslora
de 304 metros, una manga de 40 metros y un calado de 13,3
metros. La fase dos, en la que TCBUEN invertirá 150 millones de
dólares más, financiados también por el IFC, debería concluir en
breve. La vida útil estimada del proyecto es de 30 años.
Delimitación del Canal de Acceso y Dársena de Giro de la Terminal de Contenedores
de Buenaventura-TCBUEN. Tomado de Modificación de la Licencia Ambiental. TCBUEN
Noviembre 2012.
194 Las siglas TEU (Twenty-foot Equivalent Unity), es una unidad de medida equiva-
lente a veinte pies expresada en contenedores. Una TEU es la capacidad de carga de un
contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m) http://bit.ly/1BnDYb5
Delimitación de área del proyecto. Tomado de Modificación de la Licencia Ambiental.
TCBUEN Noviembre 2012

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MASTERPLAN 2050:
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BIBLIOGRAFÍA
Los principales clientes de TCBUEN son las navieras MAERSK,
la compañía danesa de transporte marítimo de mercancías más
grande del mundo, que representa el 73% del volumen de
carga; la alemana Hamburg Sud el 17% y la Compañía Chilena
de Navegación Interoceánica (CCNI) el 10%195
11.1 Los dueños de TCBUEN y su
conexión con Barcelona
TCBUEN, S.A. es una filial de la empresa matriz Grup Marítim
Terminal de Contenidors de Barcelona (Grup Marítim TCB). La
firma con sede en la capital catalana posee el 60 por ciento de
la empresa bonaverense aportando además todo su conoci-
miento para la gestión del terminal colombiano.
El otro gran inversionista y promotor de TCBUEN es el Grupo
Empresarial del Pacífico (GEPSA)196
de la familia Isaza Pinzón que
controla el 30 por ciento del accionariado. GEPSA pertenece a
la familia Isaza Pinzón y está presidida por el empresario Óscar
195 http://www.piosas.com/web/index.php/features/key-features-4/tcbuen con-
sultado el 10/05/2015
196 GEPSA: https://www.icesi.edu.co/icecomex/images/stories/pdfs/presenta-
cin%20gepsa.pdf
Isaza197
, que como ya se ha explicado en este informe es un
hombre con mucho poder en Buenaventura. Fue de hecho el
auténtico anfitrión de la ceremonia de inauguración de la nueva
terminal de TCBUEN. El 10 por ciento restante de acciones se
reparten entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca (CVC) que tiene el 2,5 por ciento, la Alcaldía de Buena-
ventura con otro 2,5 por ciento y otros accionistas minoritarios
el cinco por ciento198
En el año 2013 GEPSA distribuyó sus participaciones empre-
sariales con el grupo empresarial Puertos Inversiones y Obras
S.A.S, (PIOSAS), creado en ese mismo año y presidido también
por Oscar Isaza. Según su propia página web, PIOSAS asume el
31,5% de la participación en TCBUEN199
, aunque Grup TCB ma-
nifiesta no tener ninguna relación con esta empresa.
Este movimiento accionarial no ha afectado al control sobre
TCBUEN. Según el gerente general de ésta, Gabriel Corrales, el
Grup TCB y GEPSA sostienen una sólida alianza estratégica; han
197 Óscar Isaza es el presidente de GEPSA y el dueño del 30 por ciento de TCBUEN.
El primer terminal tuvo como socios a la Corporación Autónoma del Valle del Cauca
(CVC), al municipio de Buenaventura y a la Gobernación del Valle. Fue construido en un
lote de la CVC con una inversión de 240 mil dólares (400 millones de pesos). Diez años
más tarde, Isaza promovió la idea en Europa y consiguió vincular al grupo marítimo de
Barcelona TCB. Las 2 orillas (2014, 21 de abril) Los verdaderos dueños de Buenaventura,
en: http://www.las2orillas.co/los-multimillonarios-duenos-del-puerto-de-buena-
ventura/ Isaza está promoviendo actualmente el 100 por cien del proyecto de Puerto
Solo, un complejo portuario que contaría con terminales para distintos usos energéticos
y una terminal de contenedores.
198 Datos sobre la participación accionarial facilitados por TCB el 04/06/2015
199 http://www.piosas.com/web/index.php/quienes-somos consultado el
09/05/2015

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construido la principal terminal de contenedores de Colombia y
tienen más del 90 por ciento del accionariado200
.
La terminal de Buenaventura es una de las 11 terminales marí-
timas repartidas por todo el mundo en las que participa el Grup
Marítim Terminal de Contenedores de Barcelona (Grup Marítim
TCB) como inversionista y gestor. Grup TCB es el primer ope-
rador marítimo español en terminales portuarias y servicios de
ingeniería y consultoría marítima para carga de contenedores y
general. Es también uno de los de mayor proyección internacio-
nal.
Por su parte, el Grupo Empresarial del Pacífico y PIOSAS tienen
otras empresas filiales que operan en TCBUEN. Una es el termi-
nal Logístico de Buenaventura (TLBUEN) que presta servicios de
almacenamiento al terminal de TCBUEN principalmente. Sus ins-
talaciones están ubicadas sobre los barrios de La Inmaculada y
de Santa Fe de la comuna 5, a la entrada de esta terminal. Otra
de las empresas del holding de Óscar Isaza es Datacontrol Por-
tuario, S.A, especializada en operaciones portuarias terrestres y
servicios logísticos de carga y que da servicio a prácticamente
todas las empresas portuarias de la ciudad, incluida TCBUEN.
200 http://www.piosas.com/web/index.php/quienes-somos consultado el
09/05/2015
11.2 Grup Marítim TCB, la Casa Madre
Los datos aquí presentados están basados en la información
pública disponible sobre la empresa Grup TCB. También de la
entrevista solicitada por la Taula Catalana per Colòmbia a la em-
presa y que esta aceptó contestar vía cuestionario por escrito a
través de correo electrónico201
.
El Grup TCB se constituye en el año 2000 en sociedad Holding
en la que se integran Terminal de Contenidors de Barcelona
(TCB) y TMA Ingeniería y Consultoría Portuaria. Se incorporan
como nuevos accionistas Belamy Holding, Grupo 3i y Grupo Pé-
rez y Cia. El grup TCB es el primer operador marítimo español
de terminales portuarias y servicios de ingeniería y consultoría
marítima para carga contenerizada y general.
Sus servicios abarcan desde el diseño y la construcción y gestión
de infraestructuras portuarias, hasta la adquisición y gestión de
equipamientos, servicios de ingeniería y consultoría técnica o la
planificación y gestión de conexiones intermodales ferroviarias.
Su estrategia de crecimiento se basa en ser operador y accio-
nista de referencia en cada una de las terminales en las que in-
terviene, tanto desde la fase inicial de proyecto como en la ges-
tión diaria del tráfico intermodal.
201 Respuesta del Grup TCB al cuestionario enviado por Taula Catalana per Colòmbia
el 04/06/2015 de Newsline Gabinete de Prensa y Comunicación en nombre de Grup TCB

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El Grup TCB no ha establecido una política de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) aprobada formalmente por la alta direc-
ción de la empresa. Tampoco se ha identificado la existencia de
una política de derechos humanos de acuerdo a los Principios
Rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Uni-
das en lo que a sus operaciones exteriores se refiere.
En cualquier caso, la compañía cuenta con una serie de prin-
cipios alrededor de los cuales articula su estrategia de RSE y se
compromete en su página web a cumplir “las regulaciones loca-
les e internacionales en materia de seguridad y respeto al medio
ambiente.”
En este sentido parece no contar con un sistema de gestión in-
tegrado de estos temas a excepción de los ámbitos de medio
ambiente y seguridad laboral. Para ello afirma que “lleva a cabo
todas las acciones necesarias para cumplir de manera estricta las
regulaciones locales e internacionales en materia de seguridad
y respeto medioambiental. Para ello desarrolla diversos progra-
mas de ahorro energético y sostenibilidad ambiental tanto en
el uso de energía como en el tratamiento de los residuos que
se generan en sus instalaciones. Igualmente realiza de manera
continuada planes de formación interna en maquinaria y pro-
gramas de seguridad; y apoya iniciativas sociales de entidades
que promueven las artes, la educación, la cultura, la salud o el
deporte.”
La compañía expresa públicamente que considera que: “La em-
presa del futuro no podrá limitarse a ser una mera explotación
económica en el sentido tradicional del concepto. Adquirirá un
mayor protagonismo en la sociedad en tanto que sea social-
mente responsable, lo cual incorpora aspectos como que sus
servicios y productos sean aceptados por los ciudadanos, mejore
la normativa vigente, sus directivos tengan un comportamiento
ético intachable, conceda una elevada importancia a la relación
con sus empleados y sindicatos, sea respetuosa con el medio
ambiente y apoye a las personas más desfavorecidas de las co-
munidades en las que opera”
El Grup TCB también afirma querer responder a las necesida-
des de la sociedad en la que interviene mediante la creación
de mejores condiciones de trabajo para un desarrollo humano
verdaderamente sostenible. El compromiso de Grup TCB en
este ámbito es el de “asegurar la viabilidad de sus proyectos
empresariales reinvirtiendo en la sociedad, en general, y en sus
colaboradores, en particular, parte de los beneficios obtenidos,
contribuyendo al bienestar de la sociedad, de sus empleados y a
la preservación del medio ambiente.”
Propiedad actual de la compañía. La compañía tiene una pro-
piedad múltiple. El accionariado de Grup TCB está distribuido
entre el grupo Pérez y Cía. (familia Pérez-Maura) domiciliado en
Madrid, con un 41’9 por ciento, la británica Portobar Capital
con el 38,6 y el fondo de inversión holandés Belami con el 18’6
por ciento. La familia Pérez-Maura, de origen aristocrático, po-
see la empresa naviera Pérez y Cia.
Portobar Capital está participado a medias por el grupo austra-
liano Queensland Investment Corporation (QIC) y el grupo luso
de inversiones en infraestructuras Finpro, controlado a su vez

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por el empresario Américo Amorim y la entidad financiera pú-
blica Caixa Geral de Depósitos (CGD). Queensland Investment
Corporation (QIC), una de las mayores gestoras de fondos de
pensiones de Australia.
Grup TCB ha registrado entradas parciales de capital externo en
los últimos años. Cabe destacar la entrada de Mitsubishi y de
otra multinacional japonesa, Kamigumi. Esta entrada de capital
corresponde a una alianza estratégica para el desarrollo de nue-
vos negocios en otros mercados hasta ahora no desarrollados.
La facturación que declara el Grup TCB en 2013 fue de 400
millones de euros.
El Grup TCB está compuesto por diferentes filiales en diversos
países. En Catalunya, la Terminal de Contenidors de Barcelona
(TCB) es la única de todo el Grupo que, a tenor de la informa-
ción analizada, cuenta con un informe de sostenibilidad publi-
cado en 2011 pero que no ha tenido continuidad en los años
posteriores. Un pescador pasa por delante de las gruas
portuarias de TCBUEN.

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El Grup TCB gestiona varias terminales marítimas de contenedo-
res en todo el mundo. Además de Barcelona, está en Canarias,
Valencia, Gijón (España), Paranaguá (Brasil), La Habana (Cuba),
Yucatán (México), Buenaventura (Colombia), Bahía de Nemrut
(Turquía) y próximamente en Puerto Quetzal (Guatemala). El
Grup TCB se encuentra en un proceso de expansión internacio-
nal en Europa, América Latina y Asia Pacífico, continente este
último en el que construirá una nueva terminal en India. De to-
dos estos muelles, el más importante por capacidad de carga es
el Terminal de contenedores de Barcelona que mueve 1.400.000
teus. En Barcelona maneja también la terminal Port Nou. La fac-
turación del Grup TCB en 2013 fue de 400 millones de euros.
11.3 Crecer contra viento y marea
TCBUEN, una vez finalice en 2015 la fase II, tiene previsto se-
guir ampliando el muelle hacia el occidente y duplicar su capa-
cidad de carga hasta los 1.200.000 teus anuales. No obstante,
esta expansión dependerá principalmente de la situación del
mercado portuario y de los posibles inversores. Igualmente, por
la propia ubicación y concepción del terminal, existen factores
técnicos que la empresa debe considerar y que pueden ser limi-
tantes de dicha expansión. Y es que, por un lado, TCBUEN se
encuentra en un estero que tiene una profundidad limitada y
recibe continuamente los sedimentos del río Aguacate. Por otro,
tiene igualmente las limitaciones de la profundidad de la bahía
de Buenaventura y del canal de acceso que lleva al puerto de la
Isla de Cascajal y que después de ahí sigue hasta el terminal de
TCBUEN, que recibe los sedimentos de hasta 8 ríos.
Vista aérea de las instalaciones de TCBUEN, entre los barrios de La Inmaculada y Santa Fe
Teniendo en cuenta la insuficiente profundidad de la bahía que
obliga a un dragado permanente y que los buques son cada
vez de mayor calado, la perspectiva es que en un plazo relati-
vamente corto el canal de acceso a Buenaventura se torne ob-
soleto. El Master Plan ya prevé de hecho que para el año 2050
el puerto de Buenaventura esté en aguas más profundas, des-
plazándose a la parte más externa de la bahía. Para que fuera
posible la continuidad de los puertos actuales sería necesaria la
profundización del canal de acceso, de la zona de fondeo y que
el canal permitiera el tráfico simultáneo, con todas las implica-
ciones medioambientales que conllevaría. Ello concuerda con la
vida útil del proyecto solicitada y otorgada por la licencia am-
biental, prevista para 30 años, incluyendo las fases de construc-
ción, operación y desmantelamiento.

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Otro interrogante sobre la posible expansión de TCBUEN es el
proyecto de PUERTO SOLO, adyacente al muelle de TCBUEN,
impulsado por el grupo empresarial PIO SAS, presidido, al igual
que GEPSA, por Oscar Isaza. PUERTO SOLO prevé un complejo
portuario que contará con terminales para distintos usos ener-
géticos y una terminal de contenedores, al igual que TCBUEN,
pero este proyecto no cuenta con la participación de TCB. Hoy
la empresa Sociedad Portuaria Energética Multipropósito y Con-
tenedores Puerto Solo Buenaventura S.A. está en manos al
100% del grupo PIO SAS, el cual a través de la participación de
TCB en TCBUEN está obteniendo la experiencia necesaria para
gestionar una terminal de contenedores propia.
Viviendas del barrio Santa Fe, en la Co-
muna 5, con las instalaciones portuarias
de TCBUEN de fondo.

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11.4 Impactos ambientales, licencia para actuar
El impacto ambiental provocado por TCBUEN en la zona ha sido
considerable. El propio IFC, financiador del proyecto, ya recono-
ció con anterioridad que este podría llegar a implicar importantes
y diversos impactos ambientales y sociales. En este sentido, este
organismo del Banco Mundial enumeró los problemas “relacio-
nados con el dragado del canal de acceso y la dársena de ma-
niobras; con la correspondiente remoción del material dragado;
con la tala de manglares y vegetación y el restablecimiento de
manglares en las tierras afrocolombianas; con el restablecimiento
de los medios de subsistencia de los pescadores económicamente
desplazados y la adquisición de tierras y el reasentamiento” 202
.
La obtención de licencias estuvo igualmente rodeada de contra-
dicciones y de beneficios hacia TCBUEN. El proyecto, aunque se
encuentra en “suelo de expansión urbana”, se ubica en un área de
27,71 hectáreas que hace parte de la reserva forestal del Pacífico.
Obtuvo la aprobación de las diversas solicitudes de licencia ambien-
tal sin que se contemplaran los impactos acumulativos y sinérgi-
cos de los diferentes proyectos que se realizan en Buenaventura. Al
presentarlos de manera fraccionada se beneficiaron de una primera
aprobación que luego redundaría en las posteriores aprobaciones.
Según fuentes consultadas cercanas a la alcaldía, TCBUEN tam-
poco ha realizado hasta ahora el plan parcial al cual obliga el
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Buenaventura. El Plan
202 Véase el Resumen del examen social y ambiental preparado por la IFC para TC-
Buen, en: http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SPI_DP28479
Parcial lo debe costear la propia empresa y tendría que realizar
el ordenamiento urbanístico del sector donde opera y definir las
necesidades203
.
El proyecto TCBUEN también se benefició, desde el tiempo de su
solicitud, de cambios en procesos de licenciamientos que fueron
disminuyendo los requisitos y las exigencias para hacer la eva-
luación y el seguimiento ambiental. Lo mismo ocurrió con deter-
minados actos administrativos que beneficiaron igualmente a la
empresa. Es el caso de la reducción del área de reserva forestal
del pacífico que sustrajo 24,85 hectáreas para la ejecución del
proyecto, la ampliación del plazo de la licencia a 30 años o la
autorización para ampliar el dragado, inicialmente estipulado en
1.234.670 m3
y que fue pasando a 5.264.466 m3
, 6.300.000
m3
y 2.455.500 m3
en posteriores dragados. Asimismo se lega-
lizó la construcción de partes que fueron realizadas fuera de las
coordenadas otorgadas por la licencia ambiental y sus sucesivas
modificaciones. Igualmente, entidades como la Corporación Au-
tónoma del Valle del Cauca, que forma parte del accionariado
de TCBUEN y es la máxima autoridad ambiental en el municipio,
levantó en dos ocasiones la veda para la utilización económica
del ecosistema de manglar en la zona de TCBUEN.
Un estudio, realizado en la Universidad Militar de Nueva Gra-
nada concluía, a raíz del análisis sobre el proceso de licencia-
miento ambiental de TCBUEN, como los intereses de desarrollo
económico habían primado completamente sobre la protección
del medio ambiente y de los recursos naturales. “La protección
203 Testimonios de funcionarios de la Alcaldía de Buenaventura, 20 abril 2015

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y recursos naturales, pierde importancia frente a los intereses
de desarrollo y crecimiento económico descontextualizado del
desarrollo sostenible, y se reduce a un tema de asignación de
competencias y requisitos que simplemente deben surtir un trá-
mite flexible y ambiguo” 204
. 205
204 Jormmy Maritza, Machado Hernández, Jormmy Maritza; Carolina, Alarcón Vargas,
Carolina; Hernández Pardo, Jesús María, Hernández Pardo, (2013), Revisión del proceso
de evaluación y seguimientos del “Proyecto Terminal de Contenedores de Buenaventura
– TCBUEN S.A”. Aportes de mejora en la planificación, decisión y evaluación ambiental
de proyectos portuarios en Colombia. Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de
Ingeniería, Bogotá D.C. 2013.
205 Jormmy Maritza, Machado Hernández, Jormmy Maritza; Carolina, Alarcón Vargas,
Carolina; Hernández Pardo, Jesús María, Hernández Pardo, (2013), y Licencias ambienta-
les, en: http://www.anla.gov.co/ consultado el 02/05/2015
11.5 Un plácido proceso de licenciamiento ambiental
Esta es la relación de los trámites efectuados durante el proceso de
licenciamiento ambiental del proyecto TCBUEN durante la fase I, II y
II de construcción, desde el año 2005 a 2014205
.
2005, febrero: inicia trámite para la solicitud de la Licencia Ambiental.
El Ministerio del Medio Ambiente hace entrega de los términos de
referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (ElA).
2005, Julio: Entrega del EIA por parte del Complejo Portuario In-
dustrial de Buenaventura S A al Ministerio del Medio Ambiente.
2006, 12 de Abril: El Ministerio del Medio Ambiente emite con-
cepto técnico No. 608 donde informa que el EIA presentado por el
Complejo Portuario cumple con los parámetros solicitados en los
términos de referencia y se hacen observaciones para complemen-
tar dicho documento. El Ministerio realizó la revisión con la lista de
chequeo que se encuentra en el Manual de
Evaluación de Estudios Ambientales.
2006 21 de Abril: Se otorga la licencia ambiental al proyecto TC-
BUEN en la fase temprana de construcción para los años 2007 y
2012. Se otorga también licencia para 20 años que incluye la cons-
trucción y operación, y se autoriza el dragado de 1.234.670 m3
2007, 15 de Mayo: La CVC mediante acuerdo del consejo directivo
estableció la veda para el aprovechamiento, movilización y comer-
cialización de productos forestales provenientes del ecosistema
manglar en el Departamento del Valle del Cauca
2008 28 Mayo: El Ministerio del Medio Ambiente expide la resolu-
ción, por medio de la cual se modifica la Resolución 0721 del 31 de
julio de 2002, modificada por la Resolución 696 del 19 de abril de
2006, cambiando la categoría de restauración (recuperación) a la
categoría de manejo o (uso sostenible) hacia la sustentabilidad de
actividades industriales y portuarias en una área de 10.07 ha; den-
tro de la cual se encuentra el proyecto TCBUEN.
Gruas pórtico de TCBUEN.

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2008, 28 de Mayo: El Ministerio del Medio Ambiente expide la
resolución, por medio de la cual se sustrae una superficie de 8.95
hectáreas de la Reserva Nacional forestal del Pacifico, destinada a la
ampliación del área que involucra el proyecto TCBUEN.
2008, 29 de Mayo: El Ministerio del Medio Ambiente expide la re-
solución, por medio de la cual se modifica la licencia aprobada en
la resolución 705 de 2006, previo ajuste al EIA donde se cambian
las dimensiones de las estructuras a construir, aumentan el área de
sustracción de reserva y se amplía el plazo de la licencia a 30 años.
Se autoriza el dragado de 5.264.466 m3
2008, Agosto. Se inicia la construcción de TCBUEN
2008, 3 de Octubre: La CVC levanta la veda para el aprovecha-
miento, comercialización y transporte de productos forestales del
ecosistema manglar en determinadas áreas del proyecto TCBUEN.
2008, 18 de Noviembre: El Ministerio del Medio Ambiente expide
la resolución, por medio de la cual modifica el artículo tercero de la
resolución 0858 de mayo de 2008, aumentando el área de sustrac-
ción de la zona de reserva forestal del Pacífico a 10.07 hectáreas,
destinado a la ampliación del área que involucra el proyecto TC-
BUEN.
la resolución, por medio de la cual modifica artículos de la resolu-
ción 705 de 2006 y 862 de 2008. Se aumentan los tiempos para la
ejecución de monitoreos y toma de muestras, se aprueba y autoriza
el incremento de volumen en el dragado a 6,300.000 m3
.
la resolución, por medio de la cual modifica artículos de las Resolu-
ciones 705 de 2006 y 862 de 2008, ampliando el área del proyecto
para la expansión de vía de acceso, incluyendo obligaciones y re-
querimientos en relación con los lineamientos de participación, con
el Plan de manejo Ambiental.
2011. Inicio Operaciones el 27 de Enero de 2011
2011, Mayo: Finaliza la fase I de construcción de TCBUEN
2012, 27 de Septiembre: Se crea la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales — ANLA, quien es la encargada de que los proyectos,
obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que
contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del País.
2013, 25 de abril: Resolución 375 del ANLA a TCBUEN por la que
se modifican las resoluciones 705 de 2006, 862 de 2008 y 2280 de
2010, incorporando al polígono inicialmente licenciado la parte del
muelle construido sin autorización previa. Se autoriza el dragado
de 1.655.500 m3
, más el dragado de 800.000 m3
de manteni-
miento,
2014, 13 de febrero: Solicitud de TCBUEN para la modificación de
la licencia ambiental resolución 705 de 2006 en la que solicita am-
pliar la zona de maniobras marítimas, ampliar la dársena de giro a
500 metros de lado en una longitud de 350 metros, ampliar el ca-
jón de atraque, la profundización del canal de acceso y profundizar
la dársena de giro y cajón de atraque a -16 metros.

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11.6 Ni negociación colectiva ni sindicatos
Según el gerente de TCBUEN Gabriel Corrales206
, con la amplia-
ción del proyecto portuario una vez acabada la segunda fase se
generarán 70 nuevos empleos que se sumaran a los 600 traba-
jadores que tiene actualmente la empresa. Durante el tiempo
que duraron las obras de dicha fase llegaron a emplearse más
de 1.000 personas.
Según informa la empresa el 72 por ciento del total de los
trabajadores son del Valle del Cauca, el departamento colom-
biano al que pertenece Buenaventura, y el 28% son del resto
de Colombia. Asimismo, el 23 por ciento del empleo generado
es contratado directamente en la comuna 5 donde también se
realizan actividades de capacitación, ya sea para el propio ter-
minal o para otras actividades ajenas a él. En este momento la
mayoría del empleo es contratado directamente por TCBUEN.
En otros momentos si hubo tercerización y los estibadores eran
contratados por cooperativas207
.
La regulación legal de las condiciones laborales en TCBUEN está
sujeta a los mínimos que marca la ley colombiana. No existe una
regulación específica negociada con una representación labo-
ral de los trabajadores y trabajadoras de TCBUEN. Sí existen, en
cambio, unos planes establecidos por voluntad de la empresa
de compensaciones, de estímulo, de carrera y de entrenamiento
206 Entrevista a Gabriel Corrales, Taula Catalana per Colòmbia, 22 de abril de 2015.
207 Taula Catalana per Colòmbia, Entrevista a trabajadores de TCBUEN, 19 de abril de
2015
permanente. La empresa también manifiesta que existen me-
canismos instituidos por ella misma de representación laboral y
participación.
Otra visión bien distinta es la que dan los trabajadores de TC-
BUEN con los que nos hemos entrevistado. Confirman que en
esta empresa no solo no existen los sindicatos sino que no quie-
ren saber nada de ellos y al menor atisbo de ver a alguien que
destaque con cierto liderazgo o vocería lo despiden, viviendo
así en un clima de temor e intimidación por las prácticas anti-
sindicales. La empresa, como práctica habitual, inquiere a los
solicitantes de empleo si están afiliados a algún sindicato o si
tienen intención de organizar alguno una vez estén dentro de
la empresa.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) del Valle del Cauca
ha denunciado cuatro casos de despidos laborales cuyo motivo
ha sido la afiliación sindical y también que se ha despedido a
personas que mostraban conocimiento de la legislación laboral.
De igual manera, se han dado casos en los que no se han con-
tratado a personas de la Comuna 5, del barrio de Santa Fe, por
pertenecer a determinados colectivos sociales que organizan a
los jóvenes del barrio.
La no existencia de mecanismos de negociación colectiva ni de
sindicatos redunda en las malas condiciones laborales y está ge-
nerando malestar entre muchos trabajadoresy trabajadoras. Es-
tos se refieren por ejemplo el sistema de horarios de trabajo no
negociados que permite que se encadenen turnos en un mismo
día, al incumplimiento de normas como la retribución extraordi-

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naria del trabajo habitual y no eventual en festivos. Igualmente
señalan que no hay personal suficiente para poder hacer turnos
bien organizados que contemplen posibles imprevistos o inca-
pacitaciones. Esta situación deriva a que en muchas ocasiones
no se respeten los períodos completos de descanso entre tur-
nos. El cómputo horario se realiza por quincenas, eludiendo de
esta manera la jornada máxima de 8 horas diarias y la conside-
ración de horas extras a las que la superan.
De acuerdo a estos testimonios recogidos, los estibadores son la
mayor fuerza laboral del puerto y realizan el trabajo más físico
de carga y descarga. Tienen contrato indefinido y son emplea-
dos a través de DATA CONTROL SA208
, una empresa que presta
servicios de operación portuaria y logística en los muelles bo-
naverenses perteneciente al grupo GEPSA y al grupo PIOSAS,
ambos de Oscar Isaza. En dicho contrato, los estibadores no
figuran vinculados como tales sino bajo una categoría de ofi-
cios varios por lo que así cobran solo el salario mínimo, 644.000
pesos al mes (268 euros) Se trata de una cantidad sustancial-
mente menor al salario de un estibador que oscilaría entre los
800000 y los 900.000 pesos. Trabajan 8 horas diarias, seis días a
la semana y suelen hacer bastantes horas extras que se pagan a
3800 pesos la hora (1’58 euros). De esta forma, los estibadores
pueden llegar a ganar entre 160.000 y 200.000 pesos mensua-
les más.
Más tecnificado es el trabajo de los operadores de grúas pór-
tico. Son los encargados de mover los contenedores y trabajan
208 http://www.datacontrolportuario.com/web2/
a 45 metros de altura. Es una labor de mucha responsabilidad
que exige gran concentración y que puede generar problemas
de salud a largo plazo por cuestiones posturales. Cuando se
presta porque hay barcos, deben trabajar también a altas ho-
ras de la noche, así llueva o estén en medio de una tormenta.
Sin descansos estipulados y dada su especificidad, el trabajo en
una grúa pórtico no es recomendable que exceda de las tres ho-
ras por turno. En TCBUEN, en cambio, los operadores de grúa
trabajan seis horas seguidas, cosa que no ocurre, por ejemplo,
en los muelles de la competencia, en la Sociedad Portuaria de
Buenaventura donde los turnos son de dos horas con descansos
largos de por medio. Por otra parte, los horarios no están bien
compensados. Sus trabajadores deben estar siempre telefóni-
camente disponibles y en función de las cargas de trabajo, un
operador de grúa puede llegar a trabajar en un mismo día 12
horas si, como sucede, el empleado sale a las seis de la mañana
y vuelve a entrar a las seis de la tarde.
El salario de un operador de grúa que trabaja en TCBUEN es de
2.700.000 pesos. Podría considerarse un buen sueldo en Co-
lombia, pero no lo es teniendo en cuenta las condiciones en
las que se desempeña y sería prácticamente la mitad de lo que
gana un operador de grúa en el puerto de Cartagena de Indias,
también en Colombia.
Asimismo, han existido presiones para que el personal se aco-
gieran a la modalidad de retribución flexible en el que una parte
del salario se convierte en conceptos que no están obligados
a tributar a la hacienda pública, con el consiguiente ahorro de
impuestos a pagar por la empresa. Este cambio no significaba

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un aumento salarial sino la flexibilización de un salario que ya se
devengaba.
Las mujeres están empleadas mayoritariamente en los puestos
de trabajo de tarjadores y contadoras, que tienen la función de
controlar los contenedores.
Segregación racial y accidentes laborales. Que una ciudad
como Buenaventura tenga el 90 por ciento de la población ne-
gra no tiene su correlación en TCBUEN donde se da una evi-
dente segregación racial entre los empleos más pesados y el
trabajo de oficina. Los trabajadores aseguran que existe discri-
minación racial laboral porque los mejores empleos son siempre
para la gente del interior del país y que mucha de la gente que
llega tiene rango militar, se apadrinan entre ellos y así difícil-
mente ellos pueden aspirar a ascensos dentro de la misma em-
presa.
TCBUEN no está exenta de accidentes laborales, y en muchos
casos derivados de jornadas excesivas, como refieren sus traba-
jadores: “Hasta donde tengo entendido accidentes mortales no
ha habido ninguno, pero sí accidentes laborales como pérdidas
de dedos y de movilidad en ambas manos, entre otros. También
se han producido daños de contenedores y buques o accidentes
en los que un operador se fue al agua con el tracto camión con
carga por horas laborales excesivas. Se dan situaciones en las
que se retira al personal sin justa causa y sin siquiera haberle
llamado la atención”.209
.
209 Entrevista a un trabajador de TCBuen del que omitimos su nombre por seguridad.
11.7 ¿Empleo para las comunidades?
Luces y sombras
En los folletos de TCBUEN dirigidos a las comunidades210
se
hacía constar dentro de un plan de gestión social como se be-
neficiaba a las zonas de influencia del proyecto. En esta línea,
se incluía un programa de manejo de empleo para distribuir
equitativamente el trabajo generado por la construcción del
TCBUEN y por la ejecución de las medidas del plan de manejo
ambiental. Dicho programa establecía el criterio de “emplear la
mayor cantidad de mano de obra de los barrios de Santa Fe,
Miramar, Punta del Este, La Inmaculada y Santa Cruz, en cuanto
los perfiles estén disponibles y cumplan los requisitos de la ley”
El programa establecía también la creación de un comité de em-
pleo para la fase de construcción de la terminal compuesto por
representantes legales de las cinco juntas de acción comunal de
los barrios de influencia del proyecto. A ellos se dirigirían los
contratistas semanalmente para solicitar el personal que reque-
rían. Según la empresa211
, un tercio de los trabajadores emplea-
dos desde el mes de agosto de 2008 hasta 2010 pertenecían a
la comuna 5 y otro tercio vivían en otros barrios de Buenaven-
tura. La empresa también aseguró que había ofrecido capacita-
ción a casi 500 personas en los barrios afectados por el proyecto
con la intención de que pudieran prestar diferentes servicios al
210 Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura, TCBUEN, S.A.
(2010) Plan de manejo Ambiental. Plan de Gestión Social. Programa de Comunicación y
Participación.
211 CAO, (2010, julio), Informe de evaluación del Ombusdman. Reclamación relacio-
nada con TCBUEN S.A. Buenaventura, Colombia.

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proyecto como inspectores de contenedores, de archivistas, de
cocineros, etc.
Líderes de los barrios afectados a los que entrevistamos cues-
tionan esta información aduciendo que han detectado casos en
que personas que no eran en realidad de la comuna 5 eran ma-
triculadas como si lo fueran con direcciones falsas.
A pesar de que en los barrios afectados hay personal que cuenta
con una amplia experiencia laboral de haber trabajado anterior-
mente en la Sociedad Portuaria de Buenaventura, los trabajos
que ocupan suelen ser los más pesados y peor cualificados o no
los contratan.
El comité de empleo no ha repartido equitativamente el trabajo,
los presidentes de las Juntas de Acción Comunal no han infor-
mado adecuadamente a las personas de los barrios de las opor-
tunidades de empleo o de cursos de capacitación que, la ma-
yoría de las veces, no llegan a conocimiento de la comunidad y
son cubiertos por familiares de miembros de la Junta de Acción
Comunal.
Manifiestan también que muchos de los que realizaron cursos
hace más de tres años relacionados con las actividades de TC-
BUEN como tarjadoras, manipulación de alimentos, sastrería,
logística portuaria u otros nunca fueron contratados. Las con-
trataciones que se efectúan son de corta de duración, de una
quincena o dos, con una elevada rotación de las personas con-
tratadas que hace que no puedan contar con ese empleo para
su subsistencia.
La empresa cuando lo necesita obliga a realizar horas extraordi-
narias de tal manera que las jornadas de trabajo de las personas
contratadas exceden y casi duplican la jornada legal. De este
modo, se realizan durísimas jornadas de trabajo en períodos
muy cortos de contratación. La dureza de estas condiciones de
trabajo ha hecho que muchas personas opten finalmente por
no trabajar en TCBUEN.
Hasta hace dos años las personas contratadas debían conseguir
su propia indumentaria y los elementos de protección laboral.
Esta circunstancia originó un grave problema cuando muchos,
para poder acceder al contrato se endeudaron, y una vez ya
comprado el material la empresa no les contrató. Frente a todo
esto, los habitantes del barrio de Santa Fe sienten que no son
contratados porque están estigmatizados como perezosos y ra-
teros por ser negros.

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ COLUMNA 5, 125 ❚
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❚❚ COMUNA 5, PADECER UN PUERTO
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12 COMUNA 5,
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El daño hecho a las comunidades negras afectadas por la im-
plantación del proyecto de TCBUEN es cuantioso y quienes más
lo han sufrido han sido los barrios de la Comuna 5 de Buena-
ventura – Punta del Este, Miramar, Santa Cruz, Inmaculada y
Santa Fe localizados en su zona de influencia. Su población total
es de 17.262 habitantes repartidos en unas 5.558 viviendas212
.
El barrio con mayor número de personas es La Inmaculada, jus-
tamente el que colinda, separado por un muro, con las instala-
ciones de TCBUEN y TLBUEN.
De entrada, en el proceso de obtención de la licencia ambiental
no hubo consulta previa. El Ministerio del Interior certificó que,
a pesar de la presencia de comunidades negras en los barrios
afectados, estos no tenían derecho a esa consulta que establece
el convenio 169 de la OIT y que está también reconocida en el
artículo 44 de la ley 70 de 1993. El gobierno argumentó que di-
chas comunidades negras están ubicadas en zonas urbanas que
no son susceptibles de ser tituladas colectivamente.
212 “Solicitud de extracción de un área de la Reserva Forestal del Pacífico para la cons-
trucción y operación del Terminal Portuario Multipropósito de Puerto Solo en la bahía de
Buenaventura”. Citado en Ministerio de Medio Ambiente, (2014) Resolución número
1223 de 2014 de 30 de julio. Diario Oficial. Edición 49250 de 21/08/2014.
Esta certificación fue desmentida por la Corte Constitucional en
su auto 234 en el cual se dice que las comunidades negras ur-
banas deben ser escuchadas. El alto tribunal solicitó al Ministe-
rio del Interior y a la alcaldía distrital de Buenaventura saber qué
procesos de consulta y participación se habían establecido en
los barrios de las comunas 5 y 6 frente a los proyectos de inter-
vención portuaria y de infraestructura que les afectan213
.
En toda esta zona y desde la llegada de los primeros asentamien-
tos de población, el ecosistema marino de manglar venía siendo
utilizado de manera permanente e intensiva. De igual forma,
debido a su cercanía con los caladeros de los esteros Aguacate y
El Piñal, era habitual la presencia de pescadores artesanales que
213 El auto 234 de la Corte Constitucional solicitó al Ministerio del Interior y la alcaldía
de Buenaventura le informen “sobre la situación de riesgo frente a desplazamientos
forzados intraurbanos y/o intermunicipales en los barrios (i) Isla de la Paz, La Cima, El
Oriente y Bosque Municipal de la comuna seis de Buenaventura (producto, entre otras,
de la situación de violencia y de la suspensión de procesos de titulación de predios, así
como de la intervención con maquinaria pesada en dichos barrios), y de los barrios (ii)
La Inmaculada y Santa Cruz de la comuna cinco (como consecuencia, principalmente,
de la situación de violencia generalizada que se vive en este sector y del megaproyecto
TCBUEN)”. Igualmente, la Corte instó a que se le ponga en situación de los “Proyectos
de intervención portuaria y de infraestructura, así como procesos de consulta y participa-
ción que se están realizando en cada uno de estos barrios” Corte Constitucional (2013)
Auto 234 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. www.corteconstitucional.gov.co/
sentencias/autos/2013/A234-13.rtf

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habían formado su propio hábitat a partir de la construcción de
viviendas de madera con cimentación palafítica214
.
Para las familias, la validez de la propiedad está acreditada por
el derecho de dominio y posesión que han tenido sobre las tie-
rras durante más de 30, 40 y 50 años. En todo este tiempo se
esmeraron por consolidar los terrenos con sus propios esfuer-
zos, ganando terreno al mar mediante la conformación de relle-
nos con escombros y basuras.
El poblamiento del territorio de bajamar en Buenaventura co-
menzó hace más de 40 años cuando muchas familias abando-
naron sus comunidades ancestrales en las cuencas de los ríos de
Buenaventura o en el litoral pacífico de los departamentos de
Nariño, Chocó y Cauca. Se trató de una migración motivada por
la búsqueda de mejores condiciones de vida a través del acceso
a la educación y el empleo.
Las familias buscaron asentarse en lugares donde llegan las ma-
reas con la finalidad de permanecer cerca de la fuente de la
pesca, que ancestralmente es su principal medio de vida y refe-
rente cultural.215
214 “Solicitud de extracción de un área de la Reserva Forestal del Pacífico para la cons-
trucción y operación del Terminal Portuario Multipropósito de Puerto Solo en la bahía de
Buenaventura”. Citado en Ministerio de Medio Ambiente, (2014) Resolución número
1223 de 2014 de 30 de julio. Diario Oficial. Edición 49250 de 21/08/2014
215 Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano y la Comisión Colombiana de Ju-
ristas, (2011) Situación de derechos humanos y desplazamiento forzado en la Comuna 5
de Buenaventura
El barrio La Inmaculada, en su caso, tiene su origen en 1948
cuando algunos trabajadores de la empresa Industrias del Man-
gle construyeron sus viviendas cerca de su lugar de trabajo, a un
lado de la vía del ferrocarril. Eran familias originarias de las cuen-
cas de los ríos Timbiquí, Anchicayá, Raposo y Yurumanguí216
.
Las primeras familias pobladoras se asentaron sobre las áreas
firmes, muy cerca de la actual autopista Simón Bolívar. La exten-
sión del territorio en dirección hacia el mar le servía a la comu-
nidad como vía de transporte para ir y venir desde la isla, pero
también como espacio de recreación y para realizar diferentes
actividades productivas como la cacería, corte de madera, agri-
cultura de guandal, pesca artesanal, recolección de piangüa,
conchas y cangrejo, entre otras.217
.
Estos primeros pobladores y pobladoras despejaron la vegeta-
ción para construir puentes artesanales utilizando la corteza de
los árboles y escombros. Las primeras viviendas fueron levanta-
das en los terrenos localizados en el tramo norte de la Avenida
Simón Bolívar, al frente de las instalaciones de la empresa In-
dustrias del Mangle, donde actualmente se localiza la sede de
Industrias Pesqueras –Inpesca S.A.-. La construcción de la vía de
acceso al barrio y sus calles se hizo utilizando desechos de ma-
dera de la empresa Chapas del Pacífico que se transportaron en
216 Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano y la Comisión Colombiana de Juris-
tas, (2011)
217 Comité Interorganizacional de Buenaventura (2015), Más puertos; menos comu-
nidad Impactos de la estrategia económica de ampliación portuaria en Buenaventura.
Caso: Barrio La Inmaculada Concepción, Comuna número Cinco de Buenaventura. Do-
cumento sin publicar.

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canoas y balsas aprovechando la marea alta. También utilizaron
escombros y basura218
.
Después de los primeros 20 años de vida del barrio y como re-
sultado del proceso de relleno de zonas anegadas, se empezó la
ampliación de la infraestructura habitacional del mismo con la
construcción de más viviendas pertenecientes a nuevas familias
que seguían llegando. En su mayoría eran paisanos o familiares
de las primeras personas fundadoras.
218 Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano y la Comisión Colombiana de Juris-
tas (2011)
TCBUEN se construyó precisamente donde antes quedaba “La
Loma” un lugar de recreación muy apreciado por las comunida-
des de la comuna cinco. Fue precisamente también ahí donde
la comunidad construyó la primera cancha del barrio y tenían
lugar los campeonatos entre barrios. Y justo donde hoy llegan
los barcos de TCBUEN antes era “La Punta”, un balneario na-
tural de uso comunitario donde las familias de la comunidad se
reunían y pasaban los domingos. 219
219 Comité Interorganizacional de Buenaventura (2015)
Una calle del barrio de Santa Fe, en la
Comuna 5, con las gruas de TCBUEN al
fondo.

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12.1 Una historia de violencia
En Febrero de 2005 la compañía empezó los trámites para cons-
truir TCBUEN. Dos meses después, el 19 de abril, una horrible
masacre sacudió a la comuna 5. Doce jóvenes de los barrios de
Punta del Este, Santa Cruz y Palo Seco fueron invitados a ju-
gar un partido de fútbol en Puerto Dagua. Les prometieron ga-
nar 200.000 pesos si ganaban. El partido nunca se celebró. Los
cuerpos de 11 de estos jóvenes serían encontrados sin vida dos
días después en las cercanías del aeropuerto con signos de tor-
tura, quemaduras con ácido y disparos en el cuerpo. Uno sigue
desaparecido.220
.
Días antes, el 5 de abril, se había realizado una marcha de los
pobladores de los barrios de Punta del Este, Santa Cruz y Palo
Seco para pedir la construcción de un puente peatonal. Los ma-
nifestantes fueron golpeados por la policía antimotines, además
de tomar fotos y filmar a la comunidad. Varios de los jóvenes
que aparecieron asesinados habían participado en esa marcha.
Los responsables de la masacre fueron grupos paramilitares que
sindicaron a los jóvenes de ser bases de apoyo para la guerrilla.
El horrendo crimen sigue en la impunidad.
A partir de 2006 la violencia se intensificó en la comuna 5. El
barrio de la Inmaculada se convirtió en uno de los sectores más
violentos de la zona urbana de Buenaventura. La intensidad
de la violencia en el barrio se manifestó a través de amenazas,
220 Las 2 Orillas, (2014, 28 de abril) De la masacre de Punta del Este en Buenaventura,
en: http://www.las2orillas.co/de-la-masacre-de-punta-del-este-en-buenaventura/
desapariciones, desplazamientos masivos, violaciones sexuales,
asesinatos selectivos y masacres. La Inmaculada fue en poco
tiempo estigmatizada con la marca de la violencia. Su solo nom-
bre causaba terror. Nadie desconocido podía entrar al barrio.
Testimonios de personas que habitaban en el barrio desvelan
que a partir del 2006 empezaron a llegar hombres desconoci-
dos, fuertemente armados y que empezaron a controlar la vida
social, cultural y económica de todo el barrio.
“El que entraba al barrio sin ser de allí ya no salía. Lo cogían, lo
descuartizaban, lo metían en una bolsa y unas veces lo tiraban
al mar y otras lo enterraban. Los desplazamientos masivos y las
balaceras eran constantes y hasta establecieron un cementerio
clandestino. La Inmaculada tuvo durante un tiempo fama de ser
muy peligrosa. Sólo pasar por allí, uno sentía escalofríos. Nadie
se atrevía a mirar hacia la Inmaculada y cuando la ola de vio-
lencia bajó y nos quisimos dar cuenta el muelle de TCBUEN ya
estaba hecho”221
.
En 2007, en medio de un contexto muy violento, TCBUEN co-
menzó a comprar predios en la Inmaculada. El control parami-
litar definía en que casa decidían vivir. Las familias tenían que
desocupar sus camas y dormir en el suelo, las mujeres debían
atenderlos y ellos hacían fiestas hasta la madrugada. Impusieron
horarios de movilidad social. La hora límite para entrar al barrio
para sus habitantes era las siete de la noche. Quien entrara des-
pués de esta hora era asesinado sistemáticamente. Ante esta

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zozobra, muchas personas dejaron el barrio y se desplazaron.
Según datos comunitarios, 45 viviendas que quedaron desocu-
padas fueron derribadas por paramilitares que además impe-
dían que volviera a construirse allí.
En 2008 entre el 25 y el 26 de abril fue asesinado Justo Mecías
Becerra, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del
barrio de Santa Cruz. Su cadáver fue encontrado en el estero
de Santa Cruz. Justo Mecías era candidato a la presidencia de
la Junta de Acción Comunal del barrio. Las elecciones estaban
programadas para el 27 de abril. Sus hijos denunciaron el hecho
y cuando fueron hasta el estero de Santa Cruz donde se halló el
cadáver se percataron de la existencia de otras fosas sin identifi-
car222
. El asesinato de Justo obligó a que el presidente de la JAC
Luis Asterio Murillo abandonara el barrio y la ciudad de Buena-
ventura. Era más que probable que el objetivo fuese él y hubie-
ran asesinado por “error” a Justo. Don Luis Asterio era en aquel
entonces un destacado defensor de los habitantes del sector y
se había posicionado claramente contra el proyecto de construir
siete muelles en las zonas de Bajamar y contra la ampliación de
la Sociedad Portuaria” 223
224225
222 Proceso de Comunidades Negras-Palenque Regional El Congal. PCN (2010). La
desaparición forzada en Buenaventura (Valle del Cauca) Años 2000 a 2009. Cali – Co-
lombia.
223 Comunicado de la Alianza, (2010, 12 de agosto), La Alianza rechaza amenazas
contra dirigentes comunales y líderes de población afrocolombiana, en: https://groups.
google.com/forum/#!msg/plan-integral-largo-plazo/SLvlNRztR6E/2FN8PhzNrQwJ consul-
tado el 3/05/2015.
224 Proceso de Comunidades Negras-Palenque Regional El Congal. PCN (2010)
225 Proceso de Comunidades Negras-Palenque Regional El Congal. PCN (2010)
12.2 Desapariciones y asesinatos224
Abril de 2005. Los jóvenes asesinados en la masacre de Punta del
Este, Palo Seco y Santa Cruz eran: Javier Borja, de 15 años de edad;
Concepción Rentería Valencia, de 16 años de edad; Carlos Arbey
Valencia, de 17 años de edad; Pedro Paulo Valencia Aramburo, de 17
años de edad; Rubén Dario Valencia Aramburo, de 18 años; Pedro
Luis Aramburo Cangá, de 18 años; Alberto Valencia, de 18 años;
Mario Valencia, de 19 años; Víctor Alfonso Angulo, de 20 años; Leo-
nardo Salcedo García, de 20 años; Iver Valencia, de 21 años, y, Jhon
Jairo Rodallegas. 4 de los jóvenes eran sobrinos del Sr. Jorge Isaac
Aramburo García, líder del Consejo comunitario del río Yurumanguí,
cuya familia había sido víctima de asesinatos y hostigada de manera
sistemática, por lo cual recurrió a la Comisión Interamerica de Dere-
chos Humanos (CIDH) buscando protección, ante la falta de protec-
ción por parte del Estado colombiano.
El 2 de julio de 2007, el joven Fernando Reginfo de 22 años de
edad, del barrio de Santa Cruz fue hallado en un estero del barrio
Viento libre muerto con signos de tortura.
El 11 de octubre de 2007, en su primer día como mensajero el
joven Wellington Caicedo de 33 años de edad ingresó al barrio La
Inmaculada y seis días después su cuerpo fue hallado flotando en el
sector de la Pagoda. El cuerpo presentaba huellas de tortura.225
El 20 de Agosto de 2008 fue encontrado en zona de Bajamar del
barrio Inmaculada el cadáver de SEGUNDO SALAS BANGUERA, de
39 años. Segundo era aserrador, oriundo del río Calambre y vivía en
el barrio Santa Fe. Su cadáver fue encontrado cuatro días después
de su desaparición con 8 heridas de arma blanca y cuatro impactos
de bala. Fuente; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
El 15 de Mayo de 2009 CARLOS ALBERTO VALENCIA de 20 años,
motorista del muelle turístico desapareció cuando salió temprano
de su casa en el barrio de Santa Cruz.

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En la comunidad es un secreto a voces que TCBUEN se asienta
sobre una fosa común, que cuando empezaron las obras del
terminal de contenedores en mayo 2008 se encontraron restos
humanos. No se hizo nada para exhumarlos y nunca se parali-
zaron las obras. Dicen que no fueron uno ni dos, sino cerca de
200 los que se pudieron encontrar. Los vecinos temen hablar
por temor a represalias o a perder el empleo. El gerente de TC-
BUEN Gabriel Corrales lo niega. También lo hicieron el Director
del Departamento de ingeniería de la empresa y el Director de
PROES Consultores que aseguran que verificaron el proceso de
excavación en la zona del proyecto y no se encontró nada226
226 CAO, (2010, julio)
También en 2008 se formularon 11 denuncias por expulsión del
barrio de Santa Cruz y 18 del barrio La Inmaculada.227
Según miembros de la comunidad, ese mismo año hubo pre-
siones de paramilitares en favor de la candidata auspiciada por
TCBUEN. Los habitantes del barrio fueron advertidos bajo ame-
nazas que si ésta no ganaba el programa de ayuda presidencial
“Familias en Acción” se retiraría del barrio228
.
227 Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, (2008, 24 de diciembre),
Informe de Riesgo N° 032-08, Municipio Buenaventura, departamento Valle del Cauca.
228 Proceso de Comunidades Negras (2011) Conflicto armado y megaproyectos en la
Comuna número 5 de Buenaventura, documento no publicado
Imagen del barrio de La Inmaculada,
rodeado de contenedores.

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En 2008 en la comuna 5 se reportaron 16 homicidios, 10 en
2009 y 6 de febrero a octubre de 2010229
. Todas las siete no-
tas de seguimiento al Informe de Riesgo 32-08 sobre Buena-
ventura emitidas por la Defensoría del Pueblo desde 2009 hasta
2015 han incluido en la zona de riesgo a los barrios Inmaculada,
Punta del Este y Santa Cruz.
La Defensoría del Pueblo en su nota de seguimiento de 2010
confirmaba los modos de control del barrio por parte de grupos
paramilitares tal y como habían descrito y denunciado los habi-
tantes de la comuna 5 en 2008. El documento se refería a he-
chos como “el control de alimentos básicos de consumo, el uso
de la violencia sutil y oculta, la intimidación a líderes y lideresas
por medio de amenazas directas, panfletos, o presencia de los
miembros de estos grupos en las reuniones a donde asisten los
representantes sociales”. La nota añadía que “durante las elec-
ciones de marzo y mayo del 2010, ejercieron presión e incitaron
a los lugareños para que votaran por los candidatos de su pre-
ferencia. Esto permite establecer que la nueva estrategia de los
grupos armados ilegales en Buenaventura es no confrontar, sino
coartar y presionar en los niveles organizativos y comunales,
como Juntas de Acción Comunal y representantes sociales,..”
El Proceso de Comunidades Negras (PCN), denunciaba la pre-
sión ejercida desde 2011 por bandas criminales como los Urabe-
ños y ‘la Empresa’ para que los habitantes desalojen la Comuna
229 Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas (2009, 16 de diciembre y
2010, 13 de diciembre) Nota de Seguimiento N° 034-09, Primera al Informe de Riesgo
N° 032 de 2008 emitida el 24 de Diciembre de 2008 y Nota de Seguimiento N° 027-10,
Segunda al Informe de Riesgo N° 032 de 2008 emitida el 24 de Diciembre de 2008.
5230
. En 2011 hubo un desplazamiento forzado masivo de 151
personas pertenecientes a 32 familias del barrio de la Inma-
culada231
. El 10 de noviembre de 2012, en el barrio de Santa
Cruz se produjo el desplazamiento forzado de 265 familias que
sumaban 1.111 personas232
. A estos desplazamientos masivos
cabe añadir el goteo continuo de desplazamientos individuales
o de familias solas que se ha ido produciendo.
El 12 de julio del 2011 un grupo de 7 hombres armados incur-
sionó a las 10:30 pm al barrio la Inmaculada ocupando de ma-
nera forzada tres viviendas. Pasaron allí la noche del 12 de julio
y la mañana del 13. Ese día se dio un enfrentamiento a las 8:30
am entre paramilitares, Ejército y los supuestos guerrilleros que
incursionaron la noche anterior. El enfrentamiento duró media
hora, hubo una víctima mortal y un civil herido, el barrio fue
militarizado. Los hechos generaron el desplazamiento de casi 50
familias. En la mañana del 14 de julio salieron del barrio los 7
hombres que entraron en la noche del 12 de julio. Lo hicieron
con maletines cargados al hombro que el ejército revisó sin ma-
yores cuestionamientos. Según versiones de la comunidad es-
tos hombres eran los mismos que se habían enfrentado con los
paramilitares y el ejército el día anterior. En cuanto estos siete
230 El Espectador, (2014, cinco de abril), La ampliación del puerto, detrás del incendio
en Santa Fe, en: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/destierro-baja-
mar-articulo-485127
231 Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas (2012, 23 de agosto), Nota
de Seguimiento Nº 012-12, Cuarta al Informe de Riesgo nº 032 de 2008 emitido el 24 de
diciembre de 2008, , Municipio Buenaventura, departamento Valle del Cauca
232 Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas (2013, 2 de mayo), Nota de
Seguimiento Nº 005-13, Quinta al Informe de Riesgo nº 032 de 2008 emitido el 24 de
diciembre de 2008, , Municipio Buenaventura, departamento Valle del Cauca

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hombres salieron, los paramilitares entraron a esas tres viviendas
que habían sido ocupadas por supuestos milicianos y las desva-
lijaron. Tiraron la ropa y los enseres a la marea y desbarataron
las paredes para buscar unas supuestas armas. Amenazaron de
muerte a los propietarios de las viviendas acusándolos de cola-
boradores de la guerrilla y manifestaron que en cuanto el ejér-
cito y la policía desocuparan la zona matarían a todos los que
albergaron a los guerrilleros.
Esta situación provocó el desplazamiento de las tres familias a
las que después los paramilitares destrozaron sus viviendas. Los
perpetradores argumentaron que lo hacían para que los guerri-
lleros no volvieran a refugiarse allí y que no se preocuparan por-
que la Personería iría a tomar fotografías de las viviendas para
que estas fueran pagadas por TCBUEN cuando ampliara el par-
que de contenedores. Las versiones de la comunidad manifies-
tan que cuando las casas estaban siendo desvalijadas, soldados
y policías estaban observando y conversando con los mismos
paramilitares que cometían la acción.
Una de las viviendas desvalijadas fue la de la joven de 20 años
Karen Montaño. La mujer, madre soltera y temiendo por la vida
de su bebé, tuvo que abandonar Buenaventura tras la amenaza
hecha por los paramilitares. Un año después, la policía aclaró
que esta incursión fue ejecutada por miembros de la banda cri-
minal llamada La Empresa con la intención de recuperar rutas
del narcotráfico233
.
233 Proceso de Comunidades Negras (2013) Caso TCBUEN. Documento no publicado
El 13 de Noviembre del 2012, Leydy Yasuri Sinisterra de 13 años
fue asesinada en medio de una balacera que se presentó en el
barrio Inmaculada cuando los Urabeños y la ‘Empresa’ se en-
frentaban en una disputa territorial234
.
El 1 de febrero de 2013 desapareció en el barrio La Inmaculada
Julio César Jíménez Riascos, un mototaxista de 38 años235
.
El 1 de abril de 2014 un pavoroso incendio arrasó 35 vivien-
das, dejando a 196 familias en la calle del barrio de Santa Fe.
No pudieron establecerse las causas del incendio, pero era ya el
tercer incendio que se producía ese mismo año236
. Uno de ellos
destruyó el local de la asociación juvenil “Transformando men-
tes”, una asociación que a través de la cultura y la acción ha
organizado activamente a los jóvenes del barrio y se ha opuesto
a la actuación de TCBUEN en el barrio. Todos estos hechos han
aumentado la presión sobre los pobladores para que abando-
nen el sector que es una de las áreas de ampliación de TCBUEN.
La violencia y el riesgo en la Comuna 5, en especial en los ba-
rrios del área de influencia de TCBUEN no son un hecho del pa-
234 Proceso de Comunidades Negras (2013)
235 El País, (2013, marzo 8), Desapariciones forzadas en Buenaventura, un drama que
parece no acabar, consultado el 28 de abril, en: http://www.elpais.com.co/elpais/va-
lle/noticias/desapariciones-forzadas-buenaventura-drama-parece-acabar
236 En: http://www.polodemocratico.net/index.php/noticias/titulares/7368-en-bue-
naventura-gobierno-nacional-no-resuelve-fenomeno-de-violencia-y-abandono-esta-
tal-de-la-poblacion-alexander-lopez

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sado. La última nota de seguimiento de la Defensoría237
recoge
que en el último período analizado se han seguido produciendo
hechos de desplazamiento en 5 de los 7 barrios que conforman
la comuna. También homicidios en La Inmaculada, en Santa Fe
y en el Piñal, así como extorsiones en La Inmaculada y en Santa
Cruz. Los tres barrios del área de influencia de TCBUEN siguen
apareciendo en la zona de riesgo. En relación a la comuna 5, así
como a las comunas 1 y 2, la Defensoría advierte que aunque
pueda presentarse una disminución temporal de acciones vio-
lentas ello no sería debido a una disminución del riesgo, sino
que estaría reflejando el control hegemónico de los Urabeños/
Autodefensas Gaitanistas de Colombia, manteniéndose la pre-
sión sobre los pobladores que se oponen a su presencia, bajo
las amenazas de atentados contra la vida e integridad personal,
el desplazamiento forzado por miedo a los enfrentamientos ar-
mados entre los grupos en pugna y las amenazas de muerte238
.
12.3 Impactos sociales de TCBUEN
TCBUEN en su solicitud de licencia ambiental clasificaba las
afectaciones socioeconómicas que podía generar su proyecto
en varios factores como la transformación del empleo o trabajo
convencional, la alteración de las actividades de pesca artesanal,
un mayor esfuerzo de desplazamiento para pescar y, por último,
237 Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas (2015, 30 de marzo) Nota de
Seguimiento Nº 003-15, Séptima al Informe de Riesgo nº 032 de 2008 emitida el 24 de
diciembre de 2008, Municipio Buenaventura, Valle del Cauca
238 Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas (2015, 30 de marzo)
las expectativas e inconformidades frente al proyecto. Pero fi-
nalmente el proyecto ha producido bastantes más daños sobre
las comunidades de su área de influencia.
En el marco del proyecto, ha habido igualmente impactos que,
si bien no todos pueden incriminarse directamente a TCBUEN,
han golpeado de forma contundente a la zona y han acabado
beneficiando a la empresa, como ha sucedido con el desplaza-
miento intraurbano provocado por la violencia y el clima de te-
rror desatado en la comuna 5, o con los incendios ocurridos en
casas del barrio de Santa Fe que no han podido esclarecerse.
Otros impactos si se corresponden con la actividad que día y
noche realiza la empresa como la afectación de las viviendas
por los temblores producidos por su propia actividad portuaria.
Todos ellos, más la carencia de servicios básicos como agua y
alcantarillado han incidido de forma evidente para que TCBUEN
pudiera comprar más fácilmente muchas viviendas y predios del
barrio. La carencia de servicios y de seguridad para los habitan-
tes de la comuna 5 contrasta, sólo con traspasar el muro que los
separa de TCBUEN, con la seguridad y los servicios, incluido el
de agua potable, con los que cuenta la empresa portuaria.
La violencia física sufrida por los barrios del área de influencia
de TCBUEN provocó el desplazamiento intraurbano de muchos
de sus habitantes, y también la venta o directamente la pérdida
de las viviendas que habitaban. Al margen de esa violencia, las
instalaciones de TCBUEN y del terminal logístico de TLBUEN es-
tán situadas de forma adyacente a los barrios de La Inmaculada
y de Santa Fe, separados por un muro. La actividad constructiva
y operacional de la empresa ha impactado fuertemente en mu-

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chos aspectos de la vida cotidiana de los barrios de la comuna
5. Describimos algunos de ellos.
Temblores y ruidos. La operativa de contenedores genera rui-
dos y temblores. Esta operativa no tiene un horario particular
sino que se genera a cualquier hora del día según las necesi-
dades de carga, descarga y estiba de los buques portaconte-
nedores y de las necesidades del muelle y el terminal logístico.
La comuna 5 está ubicada es una zona de bajamar, lugar que
de forma tradicional han ocupado las comunidades afrodescen-
dientes del Pacífico, construida con madera del propio manglar,
en sistema palafítico. Las propias comunidades, asentadas en
el barrio desde hace más de 35 años, han ido rellenando de
forma artesanal las calles y terrenos hasta convertirlas en calles
firmes. Las vibraciones y temblores han afectado a muchas de
las viviendas. En casas construidas con ferrocemento y concreto
(hormigón) se han presentado grietas en pisos, azoteas y losas
causando daños en muchas ocasiones irreparables. Varios pro-
pietarios de casas de madera manifestaron que sus viviendas vi-
bran y se mueven de forma permanente por las actividades de
la empresa TCBUEN y que las tejas de las cubiertas se desplazan
con frecuencia y provocan goteras
Ante los escritos de reclamación que se la han presentado, TC-
BUEN alega que no ha causado daños estructurales y que son
otros los factores que en conjunto, pueden afectar la estabilidad
de las viviendas. Según consta, TCBUEN responsabiliza de esas
afectaciones a la construcción en zonas de bajamar inundables
y altamente húmedas, al sistema de edificaciones levantadas
sobre pilotes improvisados de madera o a la estructura y cali-
Una mujer enseña las grietas de su casa
provocadas por el movimiento de conten-
dedores de TCBUEN.

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dad de los materiales de construcción. Sin embargo, la Oficina
Coordinadora para la Prevención y Atención de Desastres de la
Alcaldía distrital de Buenaventura desmiente en un informe esta
versión tras visitar los barrios en octubre de 2014. Desde esta
oficina municipal se afirmó que la práctica milenaria de estos
modos de construcción en casas de madera y en concreto ha
demostrado que, en condiciones normales, ese tipo de vivien-
das se comportan de manera estable. En cambio, añaden, esos
terrenos son proclives a desestabilizarse por agentes externos. El
informe municipal concluye que las casas del barrio de la Inma-
culada sí se estaban viendo perturbadas por factores externos,
probablemente por vibraciones, y observó graves desperfectos
en cuatro viviendas construidas en ferro concreto.”239
El 21 agosto de 2013 la misma oficina municipal observó que
12 viviendas del barrio la Inmaculada presentaban diferentes ti-
pos de anomalías por la operativa de TCBUEN, y que 19 vivien-
239 “Se puede percibir y concluir, de manera clara, que las viviendas del sector que se
está tratando, están siendo afectadas por algún tipo de perturbación externa, lo que
unido a la poca capacidad de soporte del suelo y al propio peso, están ocasionando los
daños, en diferentes grados. Los efectos de estos fenómenos naturales o artificiales, en
las construcciones de concreto, bajo las características mencionadas, son: Fracturas o
fisuras de muros y acabados, fracturas o deformación de las estructuras, asentamiento
diferencial o inclinación, asentamiento drástico o uniforme y eventualmente Derrumba-
mientos o colapsos (…) “Esta perturbación externa, probablemente vibración, tiene ma-
yor incidencia en las casas construidas en concreto, ya que estas, comparadas con las de
madera, son más rígidas, poco flexibles en sus articulaciones y más pesadas. Las viviendas
de este sector construidas en ferro concreto, especialmente las arriba relacionadas, se
encuentran en alto riesgo y si la perturbación persiste podrían colapsar. “Gestión del
riesgo por daños a asentamientos de viviendas en el Barrio La Inmaculada de Buenaven-
tura”, Oficina Coordinadora para la Prevención y Atención de Desastres, Alcaldía Distrital
de Buenaventura, Visita 8/10/2014
das de una calle tenían afectaciones por las aguas que salen del
muro perimetral de TCBUEN.
El Comité Interorganizacional por la Defensa de los Derechos
de la Comunidades que Habitan Territorios Recuperados al Mar240
desde el 2012 hasta la fecha ha censado 280 viviendas afec-
tadas con el mismo patrón (hundimiento, paredes agrietadas,
láminas partidas o corridas). Los propietarios de las viviendas
coinciden al afirmar que los deterioros de las viviendas comen-
zaron a evidenciarse a los pocos meses que la empresa entró en
operaciones, y el deterioro de las viviendas ha sido progresivo241
TCBUEN ha reparado en los últimos cinco años unas 50 vivien-
das, unas pocas de ferrocemento y la mayoría construidas en
madera. No obstante, a partir del año 2012 las responsabili-
dades fueron derivadas hacia la firma Constructora Colpatria,
la misma que realizó la obra de TCBUEN. Esta empresa no ha
atendido las peticiones de reparación negando responsabilidad
alguna sobre las afectaciones en las construcciones aledañas y
señalando como la causante al tipo de construcción y la inesta-
bilidad de los terrenos. 242
240 El Comité Inter Organizacional, es una articulación de organizaciones que defien-
den derechos colectivos de las comunidades Afro urbanas en Buenaventura. Este comité
se conformó en el año 2011 y lo conforman las siguientes organizaciones; NOMADES,
MOVICE, SJR, PCN, FUNDESCODES, Comité por el Agua, Comité por defensa y Salvación
de Buenaventura, Colectivo de Jóvenes Transformando Mentes – del barrio Santa fe,
Junta de Acción Comunal del barrio Isla de la Paz – comuna número seis, Junta de acción
Comunal Palo Seco- comuna número 5 y la Asociación de los territorios recuperados al
Mar, en la relación campo poblado.

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La contaminación auditiva. La propia actividad portuaria y el
movimiento de contenedores, pero también los 3.000 vehículos
pesados que pasan diariamente por la Vía Alterna Interna cons-
truida para facilitar la llegada a los muelles están provocando
daños en la salud de los habitantes de la comuna 5. Las altera-
ciones del sueño, el estrés y nervios alterados, tímpanos reven-
tados y discapacidad auditiva (sordera) en especial en niños y
niñas, son algunas de los problemas que se manifiestan por esa
situación.
Los temblores que produce la actividad de TCBUEN también in-
ciden en los costos de los servicios de energía porque algunos
vecinos aseguran que el cimbramiento constante del suelo al-
tera los propios contadores propiciando unos consumos absolu-
tamente desmesurados.
Vertidos irregulares. Aunque la empresa manifestó que cuenta
con su propio sistema de desagüe y depuración de aguas que
luego vierten al estero, hay una boca de alcantarillado que vierte
aguas residuales a cielo abierto en el barrio de Santa Fe. En una
ocasión, los vecinos denuncian que hubo un derrame químico
que cubrió de espuma las calles del barrio. La comunidad no
tuvo medios económicos para enviar a analizar de qué tipo de
sustancia era y aseguran que TCBUEN no tiene alcantarillado
propio, y todos sus vertidos los derraman en el alcantarillado del
barrio que no puede soportar tanta demanda.
Desagüe de TCBUEN en el alcantarillado del barrio de Santa Fe
La pérdida de espacios comunitarios recreativos que disfrutaba
la comunidad como canchas deportivas por la construcción del
parque de contenedores, y el mismo estero de Aguacate, que
además ha sido restringido para pescar, bañarse o movilizarse
por él estero. Esta falta de espacios ha motivado que la comu-
nidad utilice la Vía Alterna Interna, por donde circula el tráfico
pesado que conecta el puerto, como cancha deportiva con el
consiguiente peligro para las personas de la comunidad, en es-
pecial jóvenes, niños y niñas. Ya ha habido diversos accidentes
traumáticos. Uno de los últimos fue pocos días antes de que vi-

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sitáramos el barrio de Santa Fe cuando una tractomula, camión
pesado, arrolló a una niña que perdió una pierna. Soldados y
policías han arremetido en muchas ocasiones, con maneras ve-
jatorias, contra la comunidad por este uso de la vía alterna.
Inseguridad vial. La comuna 5, así como la comuna 6, han de
hacer frente a la inseguridad vial que ha conllevado la Vía Al-
terna Interna por donde pasa el tráfico pesado que se dirige a
TCBUEN y a otros muelles. La Vía Alterna Interna ha dividido
los barrios de Santa Fe y la Inmaculada, no existen puentes ni
semáforos ni señalizaciones que permitan a los y las peatones
cruzarla de manera segura. La alta velocidad a la que se circula
pone en riesgo la vida de los habitantes de estos barrios, en
especial de los niños y niñas que se desplazan a estudiar. La em-
presa no realizó el plan parcial urbanístico al que estaba obli-
gado.
Bloqueo de las calles de entrada al barrio de Santa Fe. Las trac-
tomulas aparcan a lo largo del barrio de forma indiscriminada
impidiendo el acceso o la salida en ocasiones de enfermos y el
paso de camillas y ambulancias.
Daños al territorio. La construcción de TCBUEN ha impactado
fuertemente en el estero de Aguacate y el ecosistema de man-
glar. La licencia ambiental y sus ampliaciones sustrajeron 24,85
hectáreas a la reserva forestal del Pacífico para su construcción,
pero los efectos de la actividad portuaria sobre el ecosistema y
sobre la actividad pesquera tradicional que allí se desarrolla han
sido mayores.
La empresa argumenta que el desmonte de 14 hectáreas de
manglar no ha tenido efectos significativos en la comunidad
porque “los manglares existentes ya estaban muy degradados
y no podían proporcionar bienes y servicios suficientes para res-
paldar la subsistencia de muchas personas”.
Respecto a la pesca, la empresa aduce que “tan solo 14 per-
sonas utilizaban la pesca como un medio de subsistencia cons-
tante” y que esas personas fueron compensadas con la cons-
trucción de 14 canoas de fibra de vidrio.243
Sobre los pescadores, en la licencia ambiental 705 de 2006 se
decía: “la población del área de influencia, al igual que la de
Buenaventura en general, practica pesca artesanal de subsisten-
cia, aunque la misma no se practica en el área de intervención
directa del proyecto, sino en los caladeros del estero localizados
un poco distantes de ésta, por lo que va a poder seguir practi-
cándose”.
No es esta la visión que tienen los pescadores artesanales que
tradicionalmente han desarrollado su actividad pesquera en el
estero de Aguacate244
. Eran muchos los pescadores que vivían
de la pesca en el estero, era la actividad principal junto con la
venta del pescado recolectado que se vendía en el puente direc-
tamente por las mujeres del barrio. Además hay que sumar la
243 CAO, (2010, julio)
244 Información extraída de entrevistas a pescadores artesanales (Taula Catalana, abril
2015) y de conclusiones de una reunión con 30 pescadores y pescadoras agrupados en
Asoaguacate y Asoagripesca realizada el 17/5/2014

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actividad de las recolectoras de piangua, un sabroso bivalvo que
habita el mangle245
.
La construcción e instalación de TCBUEN en el estero de Agua-
cate ha conllevado una restricción para el desarrollo de la acti-
vidad pesquera. La vigilancia de la seguridad privada y también
de la infantería de marina prohíben el libre tránsito por el estero
e impiden la circulación en canoa a en un área de 500 metros
alrededor del muelle. Los pescadores lo consideran una arbitra-
riedad, especialmente los que se desplazan en canoa a remo
porque esa medida les impide su circulación. Tampoco pueden
realizar sus faenas de pesca en horas nocturnas porque la em-
presa ha dado órdenes a sus vigilantes de disparar si identifican
lanchas alrededor o cerca de la empresa.
En el dragado del estero se ha utilizado dinamita para romper
los riscales, las partes más duras de las rocas donde los peces
descansan, ahuyentando la pesca y destruyendo los principales
bancos pesqueros. Igualmente, el lodo de los diversos dragados
del canal de acceso ha sido en diversas ocasiones depositado en
los manglares del estero contaminando el hábitat de las pian-
guas. Las recolectoras informan que la recolección de piangua
ha disminuido significativamente y que han visto pianguas des-
compuestas con el interior lleno de barro.
245 María Camila Peña Bernal, La historia de las mujeres del Pacífico que recolectan
piangua en: http://www.cocinasemana.com/edicion-impresa/ingredientes/articulo/un-ri-
tual-femenino/28902
Los pescadores han identificado como otro factor de contami-
nación el desagüe en el estero del agua que los barcos inter-
nacionales cargan en sus países de origen para regular el nivel.
También denuncian la limpieza de los barcos en la bahía y les
causa especial estupor que los barcos se nivelen con agua po-
table cuando la comunidad padece de graves restricciones en
el suministro de agua potable. Los puertos tienen agua potable
continuamente mientras la comunidad solo la tiene en días al-
ternos y con horarios restringidos.
Con toda esta situación, los pescadores aseguran que el volu-
men de capturas ha disminuido significativamente y que a causa
de los agentes contaminantes el pescado está sufriendo malfor-
maciones. Aseguran haber pescado alguaciles con dos cabezas,
canchimalos sin cola y lizas con el buche lleno de polvillo de
carbón y mal formadas.
A pesar de la vigilancia privada de TCBUEN y de la presencia de
la infantería de marina, los pescadores han sido objeto de robos
de sus lanchas, motores y equipos de pesca que son lanzados al
mar.
Todo lo relatado está poniendo en riesgo la vida comunitaria
de un territorio ancestral. Las prácticas que se reproducen en el
territorio son prácticas de culturas milenarias, especialmente la
africana. La gente está acostumbrada a sus canoas, la actividad
pesquera, sus cultivos y huertas, sus azoteas. La pervivencia en
la comunidad en esos territorios de bajamar no puede enten-
derse sin el conjunto indivisible de territorio, cultura y biodiversi-
dad. “Son cultura, valores, biodiversidad, porque lo hemos con-

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servado al venir al territorio urbano, y la actividad y ampliación
portuaria lo pone en riesgo”246
.
La empresa, además de afectaciones individuales, causa daños
colectivos a las comunidades negras. Llegó desconociendo a las
personas que allí habitan y su cultura, sin realizar la obligada
consulta previa. Está violando los derechos colectivos de la po-
blación afrocolombiana que no es la suma de los derechos indi-
viduales sino su reconocimiento como comunidad y la posibili-
dad de vivir como tal.247
246 Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a mujer Comuna 5, abril 2015
247 Comité Interinstitucional por la defensa y protección de los territorios Afrourbanos
ancestrales (2013) La comunidad del sector los desplazados del barrio Isla de la Paz en
la Comuna número seis, ahora son victimas de la política de expansión portuaria en
Buenaventura. Segundo Comunicado. 2/07/2013
12.4 Tensiones en la Isla de la Paz
Además de las molestias de la Vía interna-alterna por donde pasan
cada día centenares de trailers, la expansión portuaria ha traído
también consigo la presencia de empresas que utilizan sin permiso
los espacios comunitarios para su uso particular y se los quitan a la
comunidad.
Esta situación lleva tiempo perturbando la vida diaria de las comu-
nidades. Es el caso del barrio conocido como Isla de la Paz, de la
comuna 6, donde sus vecinos y vecinas vieron con sorpresa como
los terrenos de uso colectivo donde tenían su cancha polideportiva
fueron allanados por una empresa relacionada con el puerto para
usarlos de almacén a cielo abierto. En 30 de julio de 2013 la comu-
nidad recuperó la cancha en una minga comunitaria reinstalando
los arcos de las porterías que la empresa Inversiones Tocam había
retirado. Al día siguiente, el señor Elkin Tobón, accionista de dicha
empresa, se presentó en compañía de tres agentes de la policía y
un grupo de 10 personas más, entre las que había integrantes de
la banda paramilitar de los “Urabeños”, para arrancar las porterías
que la comunidad había reinstalado. No lo consiguieron, pero no se
fueron sin amenazar a miembros de la comunidad.247
Desde entonces las tensiones con la empresa no han cesado. A
todo esto, de un tiempo a esta parte se han presentado en el barrio
personas, aparecidas de la nada, que reclaman la propiedad. Ante
la indefensión, la Isla de la Paz solicitó medidas de protección e hizo
un llamado a la comunidad internacional para se verifique la situa-
ción de riesgo de desplazamiento en la que se encuentran y más
porque se trata de un sector habitado por personas que habían
sido ya reubicadas once años atrás.
La actividad portuaria invade espacios
comunitarios como sucedió con la cancha
polideportiva del barrio de La Isla de la
Paz.

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ LA SOMBRA DEL ETNOCIDIO 140 ❚
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❚❚ LA SOMBRA DEL ETNOCIDIO EN BUENAVENTURA
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BIBLIOGRAFÍA
13 LA SOMBRA
DEL ETNOCIDIO EN
BUENAVENTURA248
Lidia Garrido-Cordobera249
precisa respecto al daño colectivo
que este incide sobre una colectividad propiamente dicha y los
sujetos que son dañados lo son por constituir parte integrante
de una comunidad. Pero el daño colectivo no surge de la sim-
ple suma de daños individuales, presenta una autonomía, una
integridad grupal, ya que afecta simultánea y coincidentemente
al grupo o a la sociedad que es víctima indiscriminada de la le-
sión”.
El daño colectivo, así planteado, presenta una sola víctima di-
recta, que es la colectividad, la comunidad. Por eso, la repara-
ción es también colectiva. Para ampliar ésta óptica, es necesario
tener en cuenta que el daño colectivo no se configura sola-
mente por vulneración a derechos colectivos, sino por menos-
cabo a bienes jurídicos colectivos, es decir, que interesan a la co-
munidad. Cabrían aquí todos aquellos bienes de los que disfruta
la comunidad, que la convocan, que la unen, pero también otro
248 Apartado elaborado a partir de documentos de PCN, y testimonios de habitantes
de comunas de bajamar.
249 Garrido-Cordobera, Lidia María (2009) La inclusión de los daños colectivos en el
derecho de daños: de las fronteras individuales a la realidad de la colectividad Vniversitas,
num.118, junio 2009, Bogotá
tipo de bienes como sus costumbres específicas, sus tradiciones
ancestrales o sus expresiones culturales, tratándose por ejemplo
de una comunidad étnica.
También se encuentra la categoría referida al daño individual
con impacto en el colectivo. En este caso sería por ejemplo un
asesinato de una o un líder comunitario que termina por provo-
car por miedo el desplazamiento forzado y afectaciones psico-
sociales en la comunidad.
Finalmente, aquella que se refiere a los perjuicios causados a
una colectividad cuando en ella han ocurrido de manera grave,
sistemática y generalizada violaciones a derechos humanos de
sus miembros, como cuando se cometen varios delitos contra
diferentes bienes protegidos (o contra uno de manera reite-
rada), como la libertad sexual (como arma de guerra), asesinatos
selectivos y desapariciones forzadas de manera constante, y que
conllevan afectaciones de todo tipo, sobretodo psicosociales.
Comunidad Negra de Buenaventura, víctima colectiva es-
pecífica. Entre los colectivos que pueden ser sujeto de repa-
ración colectiva se encuentran aquellos específicos que están

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BIBLIOGRAFÍA
protegidos constitucionalmente, es decir los grupos étnicos250
y
por tanto las comunidades negras de Buenaventura que han de-
sarrollado y practicado su propia cultura. ¿Pero cuál ha sido el
daño colectivo en las comunidades Negras de Buenaventura?
A continuación analizaremos cuál ha sido en su conjunto el ba-
lance de los hechos victimizantes ocurridos en los barrios de
toda la ciudad de Buenaventura, en las cuencas de los ríos Yuru-
250 Una etnia es una población humana en la cual las y los miembros se identifican
entre ellos, normalmente con base en una real o presunta genealogía y ascendencia
común, o en otros lazos históricos. Las etnias están también normalmente unidas por
unas prácticas culturales, de comportamiento, lingüística o religiosas comunes.
Dichas comunidades comúnmente reclaman para sí una estructura social, política y un
territorio.
mangui, Bajo San Juan, Cajambre, Mallorquín, Dagua, Anchi-
cayá, Calima y Raposo, y en la zona costera de Bahía Málaga y
Ladrilleros.
Con el fin de aproximarnos a una evaluación de los daños oca-
sionados a las comunidades negras de Buenaventura tomare-
mos en cuenta los derechos colectivos ancestrales específicos de
las comunidades negras, agrupándolos en grandes categorías
de daños -con estrecha relación-, tal como veremos en los si-
guientes apartes251
:
251 Todas las citas que se hace en el documento, respecto a manifestaciones de la
comunidad, no cuentan con un nombre por razones de voluntad propia de sus autores,
fueron tomadas en desarrollo de los talleres comunitarios adelantados en la ciudad de
Buenaventura y sus zonas rurales (cuencas de los ríos más importantes).
Las principales afectaciones frente al
derecho a ser comunidad negra se refie-
ren a la pérdida de la identidad étnica y
cultural.

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13.1 Daño frente al derecho a ser comunidad
negra - Derecho a la identidad étnica colectiva
Puede establecer que las principales afectaciones frente al dere-
cho a ser comunidad negra se refieren a la pérdida de la identi-
dad étnica y cultural y a las afectaciones psicosociales.
13.1.1 Pérdida de la identidad étnica y cultural
El conflicto armado está afectando a la pérdida de identidad
cultural de las comunidades en diferentes ámbitos. Las restric-
ciones en el tránsito de alimentos a las comunidades, el confi-
namiento, la contaminación de los ríos, la tala de bosque, la ex-
tinción de flora y fauna de la región, así como la emigración de
animales típicos para el consumo o la pérdida de sus prácticas
tradicionales de medicina son algunas de las afectaciones que
provocan los actores armados y la fuerza pública.
Por otra parte el conflicto armado estigmatizó a las comuni-
dades, rompió el tejido social y sus relaciones de confianza. La
fragmentación ha sido tal, que ya no existen relaciones de con-
fianza entre vecinos y vecinas, ni entre los miembros de la pro-
pia familia, pues unas y otros, pueden creer que su familiar, su
vecino, su paisana, puede estar involucrado como colaborador
o como miembro de un grupo armado al margen de la ley.
En la zona urbana, por ejemplo, los y las habitantes de los dis-
tintos barrios expresan que no pueden transitar de “barrio a ba-
rrio”, porque “entre unos y otros no se quieren” son señalados
como paramilitares o guerrilleros, entre los mismos habitantes,
por parte de los miembros de grupos armados al margen de la
ley y por la Fuerza Pública.
En cuanto a las figuras de autoridad como han sido los padri-
nos, los compadres, el vecino, el mayor o el tío, es importante
mencionar, que la dimensión del poder se afirma plenamente
debido a que su origen está identificado con la noción de: “au-
toridad asociada a la de fundadores de ese territorio”, enten-
diendo los fundadores como creadores, herederos y cuidadores
del mismo y de sus propias costumbres. De acuerdo a ello, “el
más viejo”, tiene la facultad -dada de manera implícita por to-
dos sus miembros-, de hacer injerencia en los conflictos que se
presenten en el territorio, entre amigos y amigas, entre familia-
res, entre paisanas, entre compadres. Ellos y ellas, en las tradi-
ciones ancestrales, tienen la capacidad de decidir cómo se solu-
ciona un determinado hecho que está causando malestar en la
comunidad, pues por su vasta experiencia se exige frente a ellos
un respeto especial, y pueden determinar la integración de los y
las miembros de la comunidad en sus actividades más diversas,
además de ser un ejemplo a seguir252
.
Sin embargo, debido a la influencia del conflicto armado, esas
figuras tradicionales de autoridad se han ido perdiendo, los gru-
pos armados no permiten a éstas personas solucionar los con-
flictos a su manera.
252 Este concepto no se confunde con la estratificación socioeconómica.

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“Que si un muchacho le hizo algo a otro, ya no ponen que-
jas al papá, sino que van donde los paras, porque eso suce-
dió en mi casa.
Antes existía el control interno, la mediación desde los adul-
tos, esto se ha cambiado por los paras quienes llegan por la
vía del terror”.
En caso de muerte, los ritos también se han perdido en gran
medida porque al interior de la comunidad la mayoría de muer-
tes son violentas, relacionadas con la dinámica del conflicto ar-
mado:
“La gente de la comunidad ya no se muere de vieja, antes se
están muriendo los jóvenes por causa de la violencia. Ahora
si no nos matan las balas, es la pena moral por la muerte de
un hijo que causa nervios y dolor en el pecho o infarto. Mire
no más las niñas que mataron en estos días, ¿Cuántos años
tenían, 15, 14?”
Lo anterior trae como consecuencia que no se puedan hacer
velorios tradicionales y que los miembros de la comunidad pre-
fieran no asistir por miedo. Como generalmente ocurre, a quien
se ha dado muerte, es a quien antes se ha amenazado y seña-
lado como colaborador o colaboradora de alguno de los grupos
armados ilegales.
En la zona urbana ya no pueden velar a sus muertos en la casa,
sino en las funerarias, porque dicen que allí “los enemigos no
les pueden hacer nada a la familia del difunto”.
“Los velorios en casa y las últimas noches se están dejando
de hacer por el miedo y la desconfianza porque como entran
buenos a estos espacios también entra el enemigo y forma el
problema. A las fiestas tampoco se sabe pues entra el bueno
y el malo. Se vela al muerto en la funeraria por desconfianza
y por la economía. Antes en los velorios se tomaba, se ju-
gaba domino y tocaba el tambor y el cununo para alabar,
ahora no”
Todo lo anterior, vulnera entre otros, los derechos a la libre ex-
presión, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de
culto, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, y en todos
ellos, al de la dignidad humana.
13.2.2 Afectaciones Psicosociales
Debido a la sistematicidad de las acciones violentas ocurridas en
los territorios colectivos y ancestrales de las comunidades ne-
gras de Buenaventura las afectaciones a nivel psicosocial se han
insertado en los procesos identitarios de las comunidades, ha-
ciéndose más complejas, en razón del largo periodo de desaten-
ción que han sufrido. Es así como se observan transformaciones
en las pautas de crianza, en el establecimiento de relaciones so-
ciales, culturales y familiares, en la constitución de referentes de
autoridad y de justicia en la interiorización de valores morales,
en los roles parentales y sociales.
Adicionalmente se hace evidente el deterioro en la salud física
y emocional de la comunidad debido a la incapacidad para res-
ponder ante el impacto desproporcionado de los hechos, y la

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imposibilidad de contención y recuperación comunitaria a través
de sus ritos tradicionales funerarios y de encuentro social.
Al revisar dichas afectaciones, es necesario poner énfasis en el
sentido que cobra cada hecho violento y la manera en que éstos
son significados por las diversas poblaciones de acuerdo con sus
características etarias y de género, niños y niñas, mujeres, hom-
bres, adultos mayores.
“Se desplazó a Buenaventura. Esto generó impacto en las
mujeres, los niños y los jóvenes. En las mujeres y los adultos
mayores afectó emocionalmente y psicológicamente porque
mataron a sus hijos. Las mujeres sentían miedo de estar solas
y sin compañía de su marido… las que estaban en embarazo
parían los hijos en caseríos que se hicieron en las montañas,
mantenían listas las maletas y cerca del río por si tocaba sa-
lir corriendo. El caserío parecía vacío después de las 6 p.m.
Estos grupos realizaban amenazas por medio de panfletos
diciendo que eran 300 hombres que iban a llegar”…
“Mataron a muchos hombres y las mujeres quedamos viu-
das, todo cambió y los niños tuvieron que salirse de estudiar
para trabajar y ayudar en la casa”
Los impactos a nivel psicosocial de los hechos violentos pueden
observarse en los efectos de las masacres perpetradas por los
actores armados en la zona. Estos actos fueron cometidos ge-
neralmente de forma pública, cometiendo actos de barbarie y
tortura, con el objeto no sólo de desaparecer a quienes tildaban
como culpables, sino de amedrentar y amenazar a los demás,
generando en la comunidad temor permanente, zozobra, des-
confianza de sus pares, al igual que resentimiento y deseos de
venganza principalmente en los menores.
“En el barrio de El Firme hicieron una masacre el 2001, ma-
taron a la gente a machete, hacha y motosierra...Mataron a
siete, iban a ser ocho pero uno se les escapó… Esto generó
temor en Cajambre por ser vecinos y los rumores era que lo
mismo que había sucedido haya eso iba a pasar en Cajam-
bre. La gente por el temor se mantenía trasladándose de un
lugar a otro.”
De igual manera, las afectaciones psicosociales generadas por
los múltiples desplazamientos de los que han sido objeto las
comunidades negras de Buenaventura tanto a nivel intermu-
nicipal, interveredal como intraurbano, pueden ser observados
como: la desintegración familiar y en general la ausencia de
redes sociales, comunitarias, de apoyo, laborales y económicas
que posibiliten su subsistencia; experimentación de rechazo, es-
tigmatización, exclusión y desarraigo desde el nivel institucional
y comunitario, lo cual conlleva la interiorización de sentimientos
de inestabilidad y desesperanza.
“Después de haber retornado, nuevamente nos desplaza-
mos en el 2003, pero ahora fue por enfrentamientos entre
“paras” y guerrilla.
Cuando mataron a mi papá en el 2000 hubo desintegración
porque, como a mi mamá le quedaba muy duro, cada uno

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cogió su punta. Los hombres se fueron a trabajar a otros la-
dos por miedo a la guerra”
Por otro lado, el delito de la desaparición como estrategia de
los actores armados para sembrar zozobra ha sido una forma
de imponer su poder desde el silencio. Este ha sido uno de los
actos que ha generado mayor desestructuración en las comuni-
dades negras de Buenaventura dado que en muchas ocasiones
ha sucedido con líderes y lideresas comunitarias o personas que
ejerzan un rol similar, generando grandes rupturas e incapaci-
dad para asumir la defensa de los derechos comunes, más aun
observando que los casos se quedan generalmente en la impu-
nidad.
“Los paramilitares se desmovilizaron pero las desapariciones
no terminaron…algunos hombres que salieron a pescar en
2003 no volvimos a saber de ellos”
En términos generales, los hechos del conflicto armado que han
venido sucediendo de manera sistemática en Buenaventura han
conllevado un daño psicosocial en las comunidades negras que
se evidencia en la ruptura del tejido social, anteriormente sólido
Manifestación de estudiantes por las
calles de Buenaventura.

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y estructurado sobre referentes tradicionales que posibilitaban
la convivencia.
La regularidad con que se han dado los sucesos ha imposibili-
tado el restablecimiento de estrategias sociales y comunitarias
para la recuperación emocional, por lo cual el proyecto de vida
comunitario se plantea desde el antes y el después de las ac-
ciones perpetradas por los actores armados. En la actualidad se
observan reacciones y emociones recurrentes de incertidumbre,
impotencia, temor, nostalgia y tristeza; y el establecimiento de
relaciones interpersonales y comunitarias desde la desconfianza
y el temor. La reparación psicosocial implica entonces el fortale-
cimiento de los recursos propios de este colectivo, mediante un
ejercicio de reconocimiento y validación de los conocimientos y
prácticas culturales, al igual que estrategias y medidas de aten-
ción psicosocial y de salud mental comunitaria.
13.2 Daño frente al derecho a un espacio
para ser – derecho al territorio
Las principales afectaciones frente al Derecho a un Espacio para
Ser – Derecho al Territorio se refieren al deterioro del medio am-
biente, la profundización de la pobreza, y la imposibilidad de
ejercer el uso, manejo y control del territorio ancestral.
Respecto al derecho al territorio, podemos resumirlo diciendo
que se está atentando contra la entidad territorial y la relación
cultural que tienen las comunidades negras con el territorio.
Visto así, no sólo hay afectación o violación en la ocupación y el
usufructo que se hacen del territorio, sino la ruptura del tejido
cultural y comunitario que está histórica y culturalmente muy
ligado a éste. Debe recordarse que el bien más preciado para las
comunidades negras es el territorio.
“El conflicto ha generado la pérdida del uso de los espacios
públicos, porque cuando uno ve a alguien matando a otra
persona se pone en riesgo”.
“Sí, el uso de las orillas, que uno está en la orilla y el ejército
está, yo me subo porque me da miedo, y no es solo porque
el ejército está allí, sino porque a uno le da miedo el enfren-
tamiento con los otros grupos”.
“Antes nosotros teníamos una quebrada donde hacíamos
sus labores, ahora por la presencia de los grupos no pode-
mos entrar, porque a la gente le da miedo”.
Se presenta la vulneración de derechos colectivos constitucio-
nalmente reconocidos; a un ambiente sano, a la paz, a la salud
pública, entre otros, y derechos fundamentales como la salud
en conexidad con la vida, a la educación, entre otros.
13.3 Daño frente al derecho al ejercicio
de ser comunidad negra - derecho a la
organización, participación y autonomía
En este apartado las afectaciones se refieren al debilitamiento
de los procesos político - organizativos para el ejercicio del go-

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bierno propio (administración del territorio, rutas de relacio-
namiento con la institucionalidad, resolución de los conflictos,
protección y permanencia en el territorio), y pérdida de la credi-
bilidad en el Estado, como Estado Social de Derecho.
13.3.1 Balance de daños
En las comunidades negras de Buenaventura existe un especial
reconocimiento de los Consejos Comunitarios, no sólo el legal
dado a través de la Ley 70 de 1993253
, sino el referido al res-
peto que el mismo infunde en la comunidad porque son sus
miembros, quienes representan sus intereses como comunidad
étnica. Sin embargo, debido a la dinámica del conflicto armado,
muchas de las personas representantes y líderes (no sólo del
Consejo, sino defensoras de derechos en la comunidad) están
siendo estigmatizadas, amenazadas, desplazadas, desapareci-
das y asesinadas. Esta situación preocupa y aterroriza a las fami-
lias y a la comunidad entera, debido a que, con esos hechos, los
miembros de los grupos armados ilegales trasmiten su mensaje
de dominio sobre el territorio, precisamente a través del terror, a
fin de debilitar los procesos organizativos propios de la comuni-
dad, para la defensa de sus derechos.
Con la llegada del conflicto armado a los territorios colectivos,
parte de las apuestas organizativas ganadas por la Ley 70 de
1993 se vieron truncadas, cuando la autoridad, legitimidad y
253 Ley 70 de 1993 (Agosto 27) Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la
Constitución Política. En: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=7388
reconocimiento que habían ganado los Consejos Comunitarios
destinados a la administración de los territorios titulados, se vio
coaptado por la imposición de patrones de autoridad infundidos
a través de la fuerza, el miedo y el resquebrajamiento de los
procesos organizativos.
Éstos hechos, son de gran impacto en el colectivo, así el daño
corresponda a la esfera individual:
“En 1997, Espinosa, representante legal del Consejo Comu-
nitario del Río Raposo, tuvo que salir de la zona por amena-
zas contra su vida por parte de la guerrilla”.
“Yo estoy señalado por revolucionario… Yo estoy señalado
por unas declaraciones que di, porque hablé de cómo veía-
mos la llegada de los marinos a la Base. Un comandante del
ejército me interrogó y me dijo que ratificara lo dicho, des-
pués hablé con un medio y me dijo que cierta gente no es-
taba contenta con mis declaraciones”.
Por otra parte, ha existido pérdida en la credibilidad de las en-
tidades del Estado como protectoras de derechos humanos. La
Fiscalía General de la Nación sería una de ellas, sobre todo en lo
que atañe a delitos de desaparición forzada, y la falta de interés
y colaboración de los miembros de la Brigada Fluvial de Infante-
ría de Marina, (por ejemplo, en los casos de las fosas comunes)
en éstos mismos hechos. Los habitantes de la región, son rece-
losos al momento de brindar información porque no cuentan
con las garantías de seguridad suficientes, y por el temor a las
represalias que podrían tomar los autores de los hechos atroces,

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que aún se encuentran en la zona, con diferentes denominacio-
nes delictivas254
y bajo el manto de una total impunidad.
Estos hechos, constituyen violación a los derechos a la libre ex-
presión, y a la libre asociación, principalmente, y por supuesto,
a la vida, a la integridad personal, a la libertad, y a la dignidad
humana. Finalmente, la falta de esclarecimiento de los hechos
violentos por parte del Estado, hace que una de las principales
medidas reparatorias, tenga que ver con que las comunidades
negras conozcan la verdad sobre las causas, consecuencias y
móviles que motivaron la realización de homicidios, masacres,
daños en bienes ajenos, rompimiento de pautas y patrones tra-
dicionales, etc.
13.4 Daño frente al desarrollo propio
En el derecho al desarrollo propio se conjugan muchos de los
otros derechos que ya hemos visto. Podemos decir entonces que
éste derecho es el más amplio de todos y quizá el más impor-
tante, pues abarca espacios de identidad, territorio, organiza-
ción, participación y autonomía, que a su vez marcan el rumbo
de lo que es tener una visión propia de desarrollo.
254 En otros sitios como la isla Calavera, frente al Barrio Lleras, se han escuchado mu-
chas versiones de un cementerio clandestino, pero al llegar al sitio, por las condiciones
constantes de cambio de mareas no se han encontrado restos, pero sí vestigios de los
mismos. Según una fuente de la Fiscalía General de la Nación, se han encontrado cuer-
das atadas a los manglares, jirones de ropa, chuspas y otros elementos que podrían dar
indicios de que allí habían arrojado cadáveres. Según el CTI y la Personería, el número de
desaparecidos estaría en un promedio de 36 este año, pero según otras fuentes, como
ONGs, la cifra puede ser superior a 60.
Frente a este desarrollo existen tensiones realmente profundas
entre el modelo económico que quieren continuar implemen-
tando los foráneos, las empresas privadas y del Estado, y los
procesos democráticos de las comunidades negras que se ven
afectados por los megaproyectos industriales inconsultos que
dañan su territorio ancestral255
.
La llegada de varios actores externos motivados por intereses
particulares ha debilitado de tal manera la institucionalidad que
ha logrado que se fortalezca especialmente la discriminación a
las comunidades negras y la impunidad. De esta forma se ha
creado de facto una “legalidad paralela” que excluye y niega
la protección a los y las más vulnerables. Estas circunstancias
no permiten que se ejerza una ciudadanía propia, pues la vul-
neración al derecho a la igualdad les ha privado abruptamente
de todas las libertades, como la referida a la asociación, y a los
procesos organizativos de gobierno, propios de las comunida-
des negras.
Por otra parte, la dinámica del conflicto armado y el narcotráfico
en la zona, han implementado para las comunidades negras
nuevos referentes culturales y modelos de vida que desdibujan
sus propios valores ancestrales. La conclusión de todo esto es
que actualmente el derecho al desarrollo propio de las comuni-
dades negras, se encuentra prácticamente disuelto.
255 Ver análisis correspondiente al derecho a un espacio para ser, donde se relacionan
cambios a las prácticas productivas y de generación de ingresos ancestrales de las comu-
nidades.

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Toda esta situación podría llevar a sus habitantes al exterminio
étnico, pues son precisamente sus características propias y reco-
nocidas constitucionalmente las que están siendo vulneradas y
son las que dan cuenta de Colombia como un país pluriétnico y
multicultural.
13.5 Daño frente al enfoque diferencial
Se tiene que contemplar los impactos diferenciales del conflicto
armado sobre algunos grupos con mayores grados de vulnera-
bilidad, reconocidos como sujetos de especial protección cons-
titucional dentro de un Estado pluriétnico y multicultural. Nos
referimos a mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adul-
tos mayores, personas en situación de discapacidad y personas
con diferentes expresiones sexuales y de género LGBTI perte-
necientes a las comunidades negras, con tal de promover que
éstas accederán a la reparación colectiva de acuerdo a sus ne-
cesidades, usos, costumbres, cosmovisiones y derecho propio,
contribuyendo a la reconstrucción de proyectos, planes de vida
y planes de etnodesarrollo.
13.5.1 La violencia de género hacia la mujer negra
“Nos embarazan, nos intimidan, nos desaparecen, nos des-
plazan, nos desemplean, matan a nuestros hijos e hijas y
luego nos asesinan…”
La situación de los habitantes de Buena-
ventura y de toda la región podría condu-
cir a su exterminio étnico.

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Los múltiples casos de maltrato físico, psicológico, violaciones
sexuales, y casos de feminicidios256
son una muestra clara de
la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres
bonaverenses, principalmente aquellas pertenecientes a secto-
res marginados, en situación de desplazamiento, y en zonas ru-
rales del municipio.
“Hoy las madres no sólo tenemos que llorar a nuestros hijos
varones, también a nuestras hijas, quienes se desplazan por
seguridad de un barrio a otro, o en el peor de los casos a
otra ciudad”.
Lo hacen ante la persecución de grupos armados al margen de
la ley, narcotraficantes y delincuencia común, principales res-
ponsables de violaciones sexuales, amenazas, torturas y mutila-
ciones entre otras miles de violaciones a los Derechos Humanos
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario257
.
256 La Corte Interamericana de Derechos Humanos define feminicidios como el “homi-
cidio de mujer por razones de género”. ”Caso González y otras (“Campo Algodonero”)
vs. México” en: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=20
consultado: agosto 17 de 2011.
257 Son reiterados los casos en Buenaventura en los que se encuentran cuerpos sin
vida de la población femenina joven del municipio y sus alrededores. Aparecen tortura-
das, mutiladas, sin vísceras, y en bolsas de polietileno por los diferentes barrios que están
ubicados en sectores de bajamar, sectores incluidos dentro de los límites de la expansión
portuaria del municipio.
Año a año se vienen registrando asesinatos de mujeres en Bue-
naventura258
, y casos de violaciones sexuales de niñas y jóvenes
en barrios como Punta del Este, Inmaculada o San Francisco,
entre otros. En su mayoría, estos casos no son denunciados por
temor a las amenazas de actores armados llámense paramilita-
res, guerrilla o militares.
Adicional a estos hechos de violencia, nos encontramos con un
aumento de embarazos en niñas y adolescentes entre los 10
y 14 años de edad, muchas de ellas embarazadas por miem-
bros de los grupos armados legales e ilegales, que más tarde las
abandonan o mueren en combate. Esta situación de embarazos
en niñas y jóvenes aumenta las condiciones de pobreza de las
mujeres, que en su mayoría pertenecen a hogares con jefaturas
femeninas y no cuentan con los recursos necesarios, generando
consecuentemente problemas como deserción escolar y bajo ni-
vel académico, perpetuando ciclo de pobreza, violencia y exclu-
sión.
Otro aspecto para destacar es la utilización de mujeres jóvenes
para transportar armas o el incremento de la prostitución en
adolescentes a cambio de dinero o artículos, zapatillas, motos,
ropa o dinero. Este fenómeno se presenta muchas veces tam-
bién al interior de sus propias viviendas.
258 Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas, (2011) Consultoría Violencia
contra las mujeres en el departamento de Valle del Cauca, con particular atención en la
situación de derechos de las mujeres víctimas sobrevivientes del Distrito de Buenaventura
y con énfasis en las afectaciones en los liderazgos y procesos organizativos de las muje-
res.

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Las venganzas entre grupos armados ilegales ponen en riesgo
la vida de las mujeres, como sucedió en el barrio San Francisco
donde fue asesinada una mujer de 60 años dentro de su vi-
vienda por ser madre de un guerrillero. O el asesinato de dos
mujeres en el barrio la Independencia que se dedicaban a la lec-
tura de cartas adivinatorias. Los grupos armados, paramilitares
en este caso, querían usarlas para obtener información. Tras ne-
garse, la asesinaron.
En cuanto a la participación política en espacios de decisión,
también se vienen ensañando con las mujeres que se dedican a
labores organizativas, políticas y de defensa de derechos huma-
nos. En el barrio de La Independencia fue asesinada una mujer
de 69 años que hacia parte de la junta administradora local de
su barriada.
El desplazamiento forzado es otra de las afectaciones que viven
las mujeres, principalmente de la zona rural259
, tras afrontar el
asesinato de sus hijos e hijas, de sus compañeros permanentes y
el incremento de desapariciones forzadas.
Todas estas reiteradas violaciones a los derechos humanos de las
mujeres bonaverenses han traído consigo serios traumas emo-
cionales y graves afectaciones a la salud mental. Para citar un
ejemplo, tal como fue relatado en uno de los encuentros con
mujeres, ”los paramilitares forzaron a una mujer a asar la carne
de su hijo y luego se la dieron a comer”260
. Esta madre se en-
259 Un porcentaje importante de mujeres de la zona rural es hoy cabeza de hogar.
260 La fuente de este testimonio se omite por motivos de seguridad
cuentra en una clínica de reposo. Otro caso conocido es el de
las madres de los 12 jóvenes asesinados del barrio Punta del
Este. Ellas no sólo tuvieron que vivir el drama de la desaparición
de sus hijos sino el dolor de recibir sus cuerpos con señales de
tortura261
. Como ellas, son muchas las mujeres que han tenido
que vivir estas situaciones de horror, tanto en la zona rural como
urbana.
Los casos mencionados, sirven para dar un panorama de la si-
tuación de las mujeres en el municipio. Es evidente que el con-
flicto armado ha profundizado la discriminación y la violencia
hacia las mujeres.
Los talleres realizados con mujeres por PCN arrojaron resultados
específicos en relación a la violencia basada en género, y la afec-
tación específica de las mujeres negras en Buenaventura. Estas
afectaciones específicas se pueden clasificar en tres grupos: ac-
tos de violencia sexual, actos y situaciones que evidencian la
profundización de las violencias existentes y actos de discrimi-
nación.
- Con respecto al primer grupo, constataron que las mujeres de
las comunidades rurales y urbanas han sido víctimas de actos
de violencia sexual como violaciones sexuales, actos sexuales,
amenazas e intimidaciones, constreñimiento e inducción a la
prostitución y trata de mujeres. Una de las prácticas más recu-
261 Comision Intereclesial de Justicia y Paz (2008), Masacre de 12 jóvenes en el barrio
“Punta del Este en: http://justiciaypazcolombia.com/Masacre-de-12-jovenes-en-el-barrio,
recuperado: 9 de agosto de 2011.

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rrentes de los grupos armados, catalogada por la Corte Cons-
titucional como una táctica de guerra, es el enamoramiento
de mujeres negras. En los talleres se evidenció que muchas
mujeres han sido enamoradas, embarazadas y abandonadas
por diversos actores armados en el conflicto. Se trata de situa-
ciones que en muchos casos las ha expuesto a riesgos adicio-
nales de ser víctimas de retaliaciones por miembros de otros
grupos armados y de estigmatización y señalamiento.
- En el tema de actos y situaciones que evidencian la profundi-
zación de las violencias existentes previa a la entrada de acto-
res armados a la zona, resaltamos que muchas de las personas
participantes en los talleres mencionaban como un efecto en
las comunidades el aumento de la violencia intrafamiliar o do-
méstica. Y la veían como una manifestación más de la violen-
cia social que se presenta en las comunidades producto del
deterioro social y la deslegitimación de valores tradicionales de
comunidades negras.
- Finalmente, frente a los actos de discriminación, los talleres
evidenciaron la doble discriminación exacerbada a la que se
enfrentan las mujeres pertenecientes a comunidades negras:
por el hecho de ser mujeres y por ser negras.
- La CIDH ha podido corroborar que la situación de las mujeres
indígenas y afrocolombianas es particularmente crítica al ser
víctimas de múltiples formas de discriminación por causa de
su raza, etnia y por el hecho de ser mujeres, situación que
se agrava dentro del ámbito del conflicto armado. Enfrentan
dos estratos de discriminación desde que nacen: el primero
por pertenecer a su grupo racial y étnico y el segundo por
su sexo. Al estar expuestas históricamente a dos formas de
discriminación, son doblemente vulnerables a ser abusadas y
victimizadas por los grupos armados en su lucha por controlar
recursos y territorios. Según ya se ha señalado, los actores ar-
mados explotan y manipulan factores de desventaja social en
determinados grupos como estrategia de guerra y en el caso
de las mujeres indígenas y afrocolombianas, hay más de un
factor de vulnerabilidad que pueden abusar262
.
13.5.2 Mujer negra e identidad263
El impacto de la violencia en las mujeres afrocolombianas es sig-
nificativo, y se manifiesta de distintas formas debido a su cos-
movisión, cultura y tradiciones, identificación con su territorio y
su condición de mujeres. (…)
El conflicto ha implicado voraces cambios en las prácticas de
crianza de hijos e hijas, en la forma en que se entierran a sus
muertos. Todo esto pone en riesgo la identidad y la pervivencia
cultural de las comunidades negras.
262 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (2006, 18 de octubre), Las Muje-
res frente a la violencia y la Discriminación derivadas del Conflicto Armado en Colombia.
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 6.,en: http://bit.ly/1FHMln7.
263 Un artículo interesante que hace referencia al papel de la mujer en la cultura afro-
colombiana, y su afectación en conflicto armado es: Afrocolombianidad (2010, 24 de
septiembre) Tejiendo y construyendo redes en la historia de la mujer afrocolombiana, en:
http://bit.ly/1F3wM4f

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Durante el recorrido por distintas comunidades y la zona urbana
del municipio, se tuvo la oportunidad de corroborar el papel de
la mujer dentro de la cultura negra como transmisora de cultura
viva. Como matrona, como figura orientadora, integradora,
como consejera y formadora de la familia y la comunidad, como
transmisora de cultura oral, como autoridad y tramitadora de
conflictos, como sanadora, partera y curandera.
En efecto, el conflicto armado que vive el municipio de Buena-
ventura ha marcado una ruptura en el valor tradicional de la
mujer negra. Adicionalmente, se han profundizado los estereo-
tipos sobre el papel de la mujer en la familia, la comunidad y la
sociedad. Varias personas de la zona urbana del municipio argu-
mentan que en muchas comunidades se ha legitimado el ejerci-
cio de la prostitución de las mujeres, muchas veces incentivado
y patrocinado desde el núcleo familiar, ya sean esposos, madres
o padres. Lo explicaron diversas personas, lamentando que los
La mujer negra es transmisora de cultura
viva, pero el conflicto armado que vive
Buenaventura ha marcado una ruptura
en el valor tradicional de las afrodescen-
dientes.

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nuevos valores de la belleza, del dinero y de viajar por el mundo
amenazaban los valores individuales, familiares y comunitarios.
13.5.3 Mujer negra y organización
Con respecto al impacto que el conflicto ha traído sobre la par-
ticipación de la mujer negra en los procesos organizativos, de
defensa del territorio, de los derechos humanos y en procesos
políticos, es fundamental reiterar lo constatado por la Corte
Constitucional colombiana.
El Auto 092 de 2008264
, menciona que las mujeres en Colom-
bia se enfrentan a un riesgo extraordinario que se deriva de su
pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas,
así como las labores de promoción social, liderazgo político o
defensa de los derechos humanos. De acuerdo a la Corte Cons-
titucional, estas mujeres que adquieren visibilidad pública son
víctimas día a día de homicidios, desapariciones, violencia se-
xual, torturas, detenciones y amenazas de los diversos actores
armados en conflicto.
“Las organizaciones de la mujer, sobre todo campesinas, in-
dígenas y afrocolombianas, y sus dirigentes, han sido objeto
de intimidación sistemática y se han visto perseguidas por la
264 Corte Constitucional (2008), Auto 092 de 2008 Protección de los derechos fun-
damentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto
armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en
la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica reali-
zada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión. M.P. Manuel José Cepe-
da Espinosa disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/
a092-08.htm
labor que realizan en defensa de la mujer y en pro del me-
joramiento de las condiciones de vida de sus comunidades.
(…) En su afán de lograr el control social y político de terri-
torios en litigio, los grupos armados la emprenden con las
organizaciones de la mujer por considerarlas un obstáculo
visible, profundamente arraigado en las comunidades, a las
que tratan de utilizar para su beneficio propio o de lo con-
trario tratan de destruir”265.
13.5.4 Mujer negra y pobreza
El conflicto armado ha profundizado el empobrecimiento de las
comunidades con especial incidencia en mujeres, niños, niñas o
personas mayores.
En ese sentido, hombres y mujeres de las comunidades negras
de Buenaventura se han visto afectadas por dinámicas de des-
plazamiento forzado, despojo de tierras, ventas forzadas, pro-
yección de megaproyectos en sus territorios y titulación parcial
del territorio, entre otros. Esto evidencia la superposición de in-
tereses divergentes en los territorios, muchos de ellos de carác-
ter económico, que no van acordes a su cultura y uso ancestral
del mismo266
. Si además tenemos en cuenta la difícil situación
económica que viven muchas de las comunidades, muchas mu-
jeres tuvieron que migrar de los territorios en busca de oportuni-
265 Denuncias realizadas por la Relatora de Naciones Unidas, retomadas por la Corte
Constitucional Colombiana. Tomado de: Corte Constitucional (2008), Auto 092 de 2008
266 En los talleres realizados fue evidente la pérdida de espacios productivos tradicio-
nales, los espacios de trabajo y de recreación como fincas, esteros, algunas zonas de
bajamar, etc.

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BIBLIOGRAFÍA
dades. Salir de la pobreza ha implicado también que en muchos
casos la titulación individual, que atenta contra la naturaleza
colectiva de los derechos como grupo étnico, se vea como una
opción.
Como mujeres afrocolombianas han tenido que enfrentar el
asesinato de los esposos, compañeros permanentes, hijos e hijas
u otros familiares. Si era la persona que tenía la responsabilidad
económica del núcleo familiar, las mujeres debían afrontar nue-
vas y difíciles situaciones para no profundizar sus condiciones de
pobreza. Muchas debían continuar con la responsabilidad de la
crianza de los hijos e hijas, además de asumir las cargas econó-
micas de sus hogares.
En el empobrecimiento de las mujeres ha tenido también mu-
cho que ver la disminución de algunas de las actividades pro-
ductivas tradicionales que solían realizar, especialmente la pesca
o la captura de piangua (por la contaminación de los esteros).
En los barrios también han perdido las actividades económicas
como eran las ventas de los pescados de los esteros, la venta de
fritos, ventas ambulantes. Así mismo las mujeres negras están
más expuestas a sufrir acoso y discriminación laboral que se evi-
dencia en trabajos con escasa remuneración.
13.5.5 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes
De la infancia a la adolescencia los efectos del conflicto armado
han formado profundas huellas que ponen en riesgo la conser-
vación de la identidad negra, tan cuidadosamente heredada de
generación en generación. La presencia de grupos armados ile-
gales fuerzan a las comunidades negras a ingeniarse cada vez
más formas de evitar que sus hijos e hijas sean involucrados en
la guerra y en las actividades ilícitas que la sostienen.
La utilización de espacios frecuentados por niños y niñas para
el ejercicio de la violencia se ha reflejado en la pérdida del signi-
ficado de recreación y educación para la niñez. La presencia de
cadáveres, el control social y las múltiples restricciones impues-
tas por los grupos armados, han alejado a los niños y niñas de
los lugares que frecuentaban para sus juegos, hoy convertidos
en campo de batalla. Igualmente, la comunidad ha enfrentado
la difícil situación del estigma, que ha alejado oportunidades es-
colares y posteriormente laborales para niños, niñas y jóvenes.
Las nuevas generaciones han tenido que presenciar la forma
como los y las lideresas negras han sido diezmados. La victimiza-
ción de lo que para ellos había sido un ideal de vida se ha con-
vertido en un referente de temor que suele hacer mella. De esta
manera, se han menguado también las iniciativas juveniles de
resistencia y organización por el miedo generalizado de asumir
o liderar procesos comunitarios, como en anteriores épocas lo
habían hecho los jóvenes.
No falta la amenaza de la idealización de nuevos modelos de
vida “guerreristas” que proporcionan poder, dinero y recono-
cimiento. O el desplazamiento forzado del territorio colectivo,
por temor y en la búsqueda de nuevas oportunidades en tierras
desconocidas. Todas estas situaciones exponen a niños, niñas y
adolescentes a un riesgo mayor como el reclutamiento forzado.

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La invitación por parte de estos grupos armados ilegales a ni-
ños y niñas se origina en formas de acercamiento que han sido
aprovechadas a raíz de problemas familiares dada la escasa pre-
sencia de los padres en los tiempos libres de los y las jóvenes;
al igual que por amenazas, y estrategias de identificación y en-
gaño, donde se observa el ingreso al grupo como una opción de
conseguir recursos, posibilidades y/o estatus.
Así, una de las formas de vinculación se produce a través del
consumo de sustancias psicoactivas o de bebidas alcohólicas,
lo que genera mayor vulnerabilidad en esta población. Una vez
son vinculados a estos grupos, los niños, niñas y adolescentes
son utilizados como informantes o para labores de servidumbre,
de tal manera que cuando ya hacen parte de estas agrupacio-
nes fácilmente pueden llegar a ser víctimas de homicidio, abu-
sos, maltrato y violencia sexual, generándole daños de índole
física y emocional y psicológica, tanto en el niño o niña como en
su comunidad.
La lucha por la identidad por parte de niños, niñas y jóvenes es
entonces una tarea difícil frente a los referentes impuestos por
los grupos armados ilegales. El modelo de lo que significa ser
una mujer o un hombre negro se ha ido modificando por los
mismos efectos de la guerra. Se ha perdido el sentido de la au-
toridad tradicional y de los conocimientos que se heredaban de
generación tras generación; ha ocurrido un cambio sustancial
en el valor que se le atribuye a la sexualidad por parte de hom-
bres y mujeres, lo que puede haber incidido en el aumento de
embarazos en adolescentes. El conflicto armado ha generado
un cambio incluso en el lenguaje y los comportamientos, cuya
forma es ahora más agresiva y bélica orientado hacia el interés
por un mayor dominio y protección como forma de imitación de
estos nuevos modelos que ha traído la violencia y que a su vez
reflejan otro referente de progreso.
13.5.6 Los y las mayores
La ruptura que ha ocasionado el conflicto armado entre las ge-
neraciones, también se puede observar en la población adulta
mayor. La atracción por imaginarios de poder y estatus de los
jóvenes han debilitado el papel de las personas mayores dentro
de la comunidades negras. No solo los daños que la guerra ha
generado a nivel individual, como en su salud mental y física,
sino el abandono y desatención por parte de las propias fami-
lias. Las personas mayores han dejado de ser un referente y no
son tenidos en cuenta en el momento de la toma de decisiones
a nivel comunitario, lo que ha generado en estas personas ma-
yores sentimientos de abandono e irrespeto.
De esta forma se confirma que el conflicto armado también ha
afectado a los y las mayores y ha debilitado su papel de media-
dores, trasmisores de la cultura ancestral, y referentes de auto-
ridad dentro de la comunidad negra. Entre las afectaciones que
de mayor forma evidencian los efectos del conflicto armado se
encuentran los daños en la salud física por desatención de las
familias y del Estado, al igual que por la aceleración de enferme-
dades por los cambios de la alimentación y la dieta ocasionados
por el desplazamiento.

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Las afectaciones psicológicas devienen en el momento que son
retirados de las funciones tanto productivas como sociales, que
antes venían desarrollando al interior de la comunidad y que se
suman a la forma como han observado las múltiples violacio-
nes a los Derechos Humanos, dirigidas a los hijos y nietos. Es
entonces cuando la lucha por la identidad negra que asumen
los mayores, se traslapa al cuerpo, evidenciándose en sentimien-
tos de tristeza y frustración por el desarraigo y el rechazo. Estos
sentimientos han profundizado las enfermedades y las muertes
prematuras de mayores y con ella sus saberes y costumbres an-
cestrales.

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ ¿QUÉ ES LA REPARACIÓN 158 ❚
PARA LA COMUNIDAD NEGRA?
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❚❚ ¿QUÉ ES LA REPARACIÓN PARA
LA COMUNIDAD NEGRA?
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14 ¿QUÉ ES LA
REPARACIÓN PARA LA
COMUNIDAD NEGRA? 267
Como hemos señalado, las comunidades negras han venido re-
flexionando frente a los daños causados a los derechos colecti-
vos ancestrales y han construido su propia comprensión de la
reparación colectiva.
- Como comunidad negra plantean que es necesario reparar
todo aquello que ha sido dañado o deteriorado y esto está
referido a cada uno de los elementos culturales como son las
prácticas productivas, formas de relacionarse, figuras de auto-
ridad, las prácticas para el cuidado del cuerpo, las prácticas de
obtener los ingresos, las prácticas para organizarse, ritos fúne-
bres, prácticas de celebraciones, prácticas de parentela entre
otros.
- También hace referencia a otros daños los cuales se evidencian
en los espacios naturales del territorio como son manglares,
playas, fincas, montes, montañas, quebradas, entre otros, re-
lacionando éstos con los derechos colectivos ancestrales.
267 Proceso de Comunidades Negras (PCN) – Fundación para el desarrollo de la mu-
jer de Buenaventura y la Costa Pacífica, FUNDEMUJER (2011, septiembre), Propuesta
autónoma de reparación colectiva para comunidades negras de Buenaventura. Cali y
entrevistas a personas de PCN y comunidades realizadas en marzo abril 2015
- De igual manera, la reparación para la comunidad negra hace
referencia a todo aquello que a partir de los daños ocasiona-
dos ha dejado de cumplir su función de forma colectiva e in-
dividual tanto en lo cultural como en lo natural, dentro del
marco del conflicto armado interno y de la implementación de
proyectos.
De esta manera el propósito de la reparación colectiva pasaría
por definir y desarrollar mecanismos y acciones de reparación
del daño causado (justicia, atención, restitución, rehabilitación,
indemnización, etc.) trascendiendo el marco de las necesidades
básicas insatisfechas y abordando aspectos estructurales de la
discriminación, la desigualdad y la exclusión social.
Naturalmente, garantizar que la memoria colectiva no se pierda
y también la no repetición del daño o deterioro comunitario (en
lo cultural y en lo natural) En ese sentido, las comunidades ne-
gras requieren de un proceso de reparación con la participación
directa de las comunidades afectadas o víctimas colectivas.
Finalmente es importante hacer un especial énfasis en algunas
violaciones sistemáticas por parte del Estado de las cuales han

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sido víctimas y que se reflejan en la discriminación, olvido, se-
gregación y falta de inversión social.
14.1 Marco conceptual de la reparación
Las comunidades negras víctimas de la violación de sus derechos
humanos, colectivos y consuetudinarios exigen que la repara-
ción colectiva sea responsabilidad de los autores intelectuales y
materiales del daño o deterioro. De igual forma, exigen que sea
responsabilidad del Estado colombiano reparar a las comunida-
des víctimas por sus acciones, omisiones e incumplimientos, al
ser el responsable de cuidar y proteger a las comunidades y de
garantizar sus derechos.
Como sujetos colectivos, las comunidades negras de Buena-
ventura son víctimas debido al accionar de los actores armados
ilegales en el territorio. También lo son por el accionar ilegal y
arbitrario de algunos miembros de la Fuerza Pública y debido
al abandono estatal en que se encuentran estas comunidades
permitiendo que se violen sus derechos humanos a pesar de la
masiva presencia de Fuerza Pública en el Distrito. Así mismo y
combinada con la violencia armada, la implementación de me-
gaproyectos de empresas nacionales y transnacionales en las
zonas rurales y urbanas ha despojado de sus territorios a mu-
chas comunidades, condenándolas al desplazamiento forzado
e incrementado la pobreza de las mismas. Todo lo anterior, se
refleja en daños físicos, morales, emocionales, materiales y prin-
cipalmente en la afectación de nuestras prácticas tradicionales y
derechos ancestrales y colectivos.
La Ley 975 del 2005 con base en principios internacionales que
rigen los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Huma-
nitario, expone, en sus artículos 6º, 7º y 8º los derechos de las
víctimas a la Justicia, la Verdad y la Reparación de la siguiente
manera:
- Derecho a la Justicia: Reafirma el deber del Estado de rea-
lizar una investigación efectiva que conduzca a la identifica-
ción, captura y sanción de los responsables de delitos cometi-
dos por los miembros de grupos armados al margen de la ley;
asegurar a las víctimas el acceso a recursos eficaces que repa-
ren el daño infringido, y tomar todas las medidas destinadas a
evitar la repetición de tales violaciones.
- Derecho a la Verdad: Se plantea como el derecho “inaliena-
ble” de las víctimas, sus familiares y la sociedad colombiana en
general de conocer las circunstancias en que se cometieron las
graves violaciones de los Derechos Humanos; de conocer quié-
nes son los responsables de los hechos; el por qué y el cómo
se dieron los sucesos, así mismo saber dónde se encuentran
las víctimas de secuestro y desaparición forzada.
- El derecho a la Reparación: Se describe desde acciones de
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y ga-
rantías de no repetición.
En este último escenario, actualmente se entiende que el Tribu-
nal de Justicia y Paz sólo puede exhortar a las instituciones del
Estado para adoptar medidas. Sobre este punto, es importante
señalar que el proceso judicial permite determinar y probar la

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existencia del daño colectivo en cada escenario, y a partir del
mismo se pueden exhortar medidas de reparación específicas,
que pueden ser tenidas en cuenta en el marco de programas
administrativos de reparación colectiva, que desbordan el pro-
ceso judicial. El desarrollo actual de la reparación colectiva en
Colombia, evidencia que no hay conceptos claros sobre la de-
terminación del daño, ni de las medidas de reparación, por lo
que a continuación se realizarán aproximaciones teóricas y prác-
ticas que podrían ser adoptadas para unificar criterios268
.
268 “La reparación colectiva en el marco de los incidentes de reparación según la ley
de justicia de justicia y paz” MAPP/OEA 2011
14.2 Componentes de la reparación integral
Desde los Principios y directrices básicos del derecho de los Dere-
chos Humanos y el DIH, las víctimas gozan del derecho esencial
a obtener reparaciones a los perjuicios causados a sus derechos
humanos y fundamentales. Por otra parte se establece que “Los
Estados han de procurar establecer programas nacionales de re-
paración y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable
de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obliga-
ciones.” Finalmente, una reparación plena y efectiva, debe invo-
lucrar los siguientes componentes: restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Las comunidades negras esperan una
reparación integral que les restituya sus
derechos y su proyecto de vida étnico
territorial.

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1. La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la
víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las
normas internacionales de derechos humanos o la violación
grave del derecho internacional humanitario. La restitución
comprende, según corresponda, el restablecimiento de la li-
bertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la
vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de resi-
dencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus
bienes.
2. La indemnización ha de concederse de forma apropiada y
proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstan-
cias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente
evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos o de
violaciones graves del derecho internacional humanitario, ta-
les como daño físico o mental, pérdida de oportunidades, ya
sea empleo, educación y prestaciones sociales, etc.
3. La rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicoló-
gica, así como servicios jurídicos y sociales.
4. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y proce-
dente, la totalidad o parte de una serie de medidas, basadas
en los principios y directrices de Naciones Unidas y que entre
otras muchas se incluyen por ejemplo la de adoptar medidas
eficaces para conseguir que no continúen las violaciones, la
Las comunidades negras han construido
su propia comprensión de la reparación
colectiva frente a los daños causados a
sus derechos colectivos ancestrales.

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búsqueda de personas desaparecidas o la revelación pública
y completa de la verdad269
-
En la construcción de la propuesta de reparación colectiva para
comunidades negras de Buenaventura realizada por el Proceso
de Comunidades negras se considera necesario que se pongan
en marcha una serie de programas encaminados a hacer efectiva
la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción
y las garantías de no repetición. Entre algunos de esos progra-
mas que se reclaman estaría un programa de apoyo psicosocial,
un programa de fortalecimiento organizativo y del tejido social
de las comunidades negras, la expulsión de los grupos armados
del territorio y garantías de retorno digno o la elaboración de un
protocolo de actuación de la Fuerza Pública dentro de las comu-
nidades, con participación de las comunidades y respectando
los derechos colectivos y ancestrales”270
14.3 La reparación colectiva
Finalmente, resulta necesario aclarar que la presente propuesta
responde a la reparación de carácter colectivo, distinta a la in-
dividual a la cual tienen derecho solamente las víctimas directas
269 Naciones Unidas (2005, 16 de diciembre) Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de dere-
chos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interpo-
ner recursos y obtener reparaciones. Resolución aprobada por la asamblea general, en :
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx.
270 Medidas propuestas en los talleres realizados en el ejercicio de construcción de la
propuesta de reparación colectiva para comunidades negras de Buenaventura por PCN
en 2011
de los hechos de violencia asociados al conflicto armado en el
municipio.
Por su parte, la Ley 975 de 2005 establece que el Estado colom-
biano deberá crear un Programa de Reparaciones Colectivas. En
el Artículo 8º establece que la reparación colectiva debe “orien-
tarse a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afecta-
das por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera espe-
cial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos
de violencia sistemática”. Más adelante, el artículo 49 consigna
sobre el Programa de Reparación Colectiva que debe ser formu-
lado con base en las recomendaciones de la Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación (CNRR) y que debe compren-
der acciones “orientadas a recuperar la institucionalidad propia
del Estado Social de Derecho particularmente en las zonas más
afectadas por la violencia; a recuperar y promover los derechos
de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reco-
nocer y dignificar a las víctimas de la violencia.”
“El daño colectivo es el que afecta a una comunidad más o me-
nos numerosa, al causarse deterioro a los bienes que sin estar
en cabeza de ningún particular, benefician la vida en común,
como cuando se contaminan las aguas de un río… (…) nada im-
pide que un daño colectivo genere a su vez daños individuales,
como cuando el río contaminado impide a los pescadores de la
región conseguir su sustento diario. En éste caso, son los pesca-
dores afectados, los legitimados para cobrar su reparación por
no poder pescar, mientras que es la comunidad la legitimada

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para cobrar la reparación del daño colectivo, reparación que en
principio, debería estar destinada a descontaminar el río”271
14.4 Esclarecimiento de la Verdad
Las garantías de no repetición de los hechos victimizantes son
un elemento fundamental, hacen parte de la reparación integral
y la restitución de los derechos individuales y colectivos. Las ga-
rantías de no repetición contemplan varios aspectos, entre los
cuales se encuentra la vigencia y garantía de los Derechos Hu-
manos y el avance en la superación de los factores que hicieron
y hacen posible la persistencia de las expresiones de conflicto
armado y violencia generalizada y, el desarme y la desmoviliza-
ción plena y definitiva de personas y grupos armados al margen
de la ley.
Para las comunidades que participaron en la construcción de la
propuesta de reparación colectiva, la superación de esos facto-
res tiene que ver con el esclarecimiento de la verdad de los he-
chos y actores que han estado relacionados con el conflicto ar-
mado, y la implementación de medidas efectivas de satisfacción
relacionadas con la judicialización de los victimarios.
Las comunidades atribuyen gran parte de la situación a la com-
plicidad de la institucionalidad con los grupos armados y la im-
271 TAMAYO JARAMILLO, Javier. (1999), De la Responsabilidad Civil. T. IV Bogotá. Edi-
torial Temis.
punidad que ha prevalecido frente a las acciones que han resul-
tado de esos vínculos. En este sentido exigen:
“Esclarecimiento y divulgación pública de los vínculos entre
funcionarios, miembros de la Fuerza Pública y empresas o
grandes actores económicos con grupos armados al margen
de la ley.
“Esclarecimiento de la verdad sobre las relaciones entre la
implementación de megaproyectos y los hechos de violen-
cia ocurridos en el municipio, tanto en zona rural como ur-
bana”.
“Investigación y confirmación de las empresas que generan
desplazamiento”.
“Investigación y sanción de funcionarios, autoridades civiles,
policiales, militares que han tenido vínculos con actores ar-
mados, y que éstas investigaciones tengan la participación
de organismos internacionales de derechos humanos”.
“Creación de una Comisión de Verificación o de la Verdad
integrada por las autoridades locales, la comunidad, orga-
nismos de derechos humanos, y la comunidad internacional,
para que se conozca la verdad de los hechos de violencia en
las comunidades”.

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14.5 Investigación sobre los desaparecidos
en el Distrito Especial de Buenaventura
La Fiscalía General de la Nación General de la Nación debe
implementar una comisión especial de investigación y de bús-
queda para la recuperación de los cadáveres que se encuentran
en los esteros, su identificación y la devolución de los cuerpos a
los familiares, con acompañamiento y veeduría de organizacio-
nes internacionales.
Las comunidades observan cómo los hechos de violencia que
han ocurrido y continúan ocurriendo en el territorio, están aso-
ciados a la lógica económica y comercial del puerto
La violencia grave y sistemática que ha soportado la comunidad
de este municipio puede tener explicaciones en el desarrollo del
narcotráfico y el necesario control de las rutas del mismo por
parte de los grupos armados legales e ilegales. También en el
desarrollo mismo del puerto, en lo que tiene que ver con su
expansión y crecimiento, el cual, según la comunidad, en múl-
tiples ocasiones sólo es posible luego del desplazamiento de las
personas habitantes de los sectores que resultan necesarios para
implementar los negocios propios de la actividad portuaria.
Este desplazamiento se garantiza a través del amedrentamiento
de la población mediante asesinatos, torturas, violaciones, desa-
pariciones y demás tratos crueles, inhumanos y degradantes en
contra de la población, los cuales son realizados por los grupos
paramilitares.
Adicionalmente, se cuestiona el papel de la Fuerza Pública en el
municipio, puesto que, aunque su presencia es evidente y nu-
merosa, ésta no ha sido suficiente para proteger la vida, honra
y bienes de todos los y las habitantes de Buenaventura. Al con-
trario, se señala al Ejército Nacional como uno de los principales
actores violadores de derechos humanos en el territorio.
Por lo anterior, el esclarecimiento de la verdad en el caso de
Buenaventura, es tan importante como urgente, puesto que
los hechos victimizantes continúan ocurriendo al mismo tiempo
que se desarrolla y expande el modelo económico del puerto.
Adicionalmente, y debido a posibles complicidades entre los
representantes del Estado en el municipio, los grupos armados
legales e ilegales y los grupos económicos que allí operan, las
labores de esclarecimiento de la verdad deberán ser realizadas
por una comisión conjunta con participación de la comunidad
internacional, la comunidad de Buenaventura, con una especial
participación de las organizaciones de la sociedad civil y de De-
rechos Humanos, así como por el Estado Colombiano, represen-
tado por los entes y autoridades competentes, que garantice la
imparcialidad y autonomía necesarias para establecer la verdad.

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ DEFENDER UNA CULTURA 165 ❚
Y UN TERRITORIO
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❚❚ DEFENDER UNA CULTURA Y UN TERRITORIO;
BIBLIOGRAFÍA
15 DEFENDER UNA
CULTURA Y UN
TERRITORIO; HISTORIAS
DE RESISTENCIA272
Demasiadas veces las investigaciones y artículos sobre Buena-
ventura resaltan las violencias que se ejercen sobre la población
negra de las comunidades empobrecidas. En pocas ocasiones,
sin embargo, se pone en evidencia las luchas y resistencias que
mujeres y hombres, comunidades y organizaciones sociales vie-
nen realizando contra esas políticas de brutalidad y de despojo.
A pesar del dolor, la inseguridad, las amenazas, los asesinatos
brutales, la violencia sexual o el desplazamiento forzado, esas
comunidades defienden, como pueden, con total abandono de
las instituciones (y en muchos casos la complicidad del estado)
la permanencia en el territorio y los derechos colectivos que
como pueblo les corresponden. Crean conciencia y visibilizan
que significa la cultura afro, quieren conservar y recuperar su
manera de vivir, de trabajar, de celebrar sus alegrías y tristezas,
sus formas de relacionarse con la naturaleza, con el mar y con
otras personas, su concepción de que los seres humanos for-
272 Este apartado se basa fundamentalmente en Centro Nacional de Memoria His-
tórica (2015) y en las entrevistas realizadas y de las visitas a los barrios y comunas de
Buenaventura entre marzo y mayo de 2015.
man parte de un todo que si no se respeta, ama y cuida avanza
hacia la desintegración social y de la humanidad.
Por ello, aunque de manera esquemática, ofrecemos una rela-
ción de cómo se ha ido generando esas resistencias en Buena-
ventura.
Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaventura desde 1953
hasta su muerte en 1972, es considerado el primer ideólogo
frente a la construcción de un pensamiento político étnico-terri-
torial desde y con las personas afrocolombianas en esta región.
La Teología de la Liberación y los planteamientos del grupo Gol-
conda273
, del que formaba parte monseñor Gerardo Valencia,
influenciaron en las formas de expresión y organización de la
comunidad negra en los años 80.
273 El grupo sacerdotal Golconda fue una asociación de clérigos católicos colombianos
que decidieron trabajar mancomunadamente a finales de los años 60 y comienzos de los
70, bajo la orientación de la “Teología de la liberación”.

Y UN TERRITORIO
RESUMEN EJECUTIVO
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LA COMUNIDAD NEGRA?
BIBLIOGRAFÍA
Años 70. Se crean las primeras organizaciones de pescadores en
Buenaventura
1991. Creación del espacio de Trabajo regional ANPAC (Corpo-
ración para el Desarrollo de la Pesca Artesanal del Litoral Pací-
fico Colombiano).
En los 80-90 se fortalece el proyecto político basado en la reivindi-
cación de lo negro desde la perspectiva de identidad-racial, en el
que se combinan prácticas culturales, procesos de resistencia, de-
manda de derechos y búsqueda de reconocimiento como grupo
étnico frente al Estado colombiano. Estos movimientos sociales
confluyeron en la Asamblea Nacional constituyente que daría lu-
gar a la constitución de 1991 y a la ley 70 de 1993 de protección
de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades ne-
gras. En lo organizativo, el movimiento social de la Coordinadora
Nacional de Comunidades Negras, (CNCN) dará lugar en 1991
al Proceso de Comunidades Negras (PCN). A este proceso se
han vinculado más de 120 organizaciones de base a nivel regio-
nal y nacional, convirtiéndose el PCN en el estructurador de la red
de organizaciones, precedentes y emergentes. En la actualidad el
PCN forma parte de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y
popular274
. Desde el 12 de septiembre de 2013 y como resultado
del paro agrario del mes de agosto, sectores y organizaciones
274 Coordinador Nacional Agrario (CNA)-Congreso de los Pueblos; Mesa de Interlo-
cución Agraria (MIA)-Movimiento político y social Marcha Patriótica; Proceso de Co-
munidades Negras (PCN); Mesa de Unidad Agraria (MUA); Coalición de Movimiento y
Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC); Movimiento por la Constituyente
popular-MCP; Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); Federación Nacional
Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO); Asociación Nacional de Zonas de Reserva
Campesina (ANZORC) Asociación Campesina Popular (Asocampo)
populares instalaron la Cumbre Agraria. A partir de aquí se ha
venido construyendo una perspectiva colectiva y común sobre la
problemática del sector agrario, pero sobretodo de las demandas
y reivindicaciones ante el Estado275
.
En 1991 se crean organizaciones eclesiales como la Pastoral
Afro (CEPAC, siglas de Centro de Pastoral Afrocolombiana).
Después de 1993, además del PCN surgen en Buenaventura
otras organizaciones articuladas al reconocimiento de la titula-
ridad territorial de las comunidades negras en las zonas rurales,
agrupando consejos comunitarios. Estas son, la Asamblea de
Consejos Comunitarios de Buenaventura, Consejos Comu-
nitarios Independientes y Federación de Consejos Comu-
nitarios del Valle del Cauca.
En 1999 se constituye la AFRODES (Asociación de Afroco-
lombianos Desplazados)
En los años 2000 emergen nuevas organizaciones para promo-
ver procesos de resistencia al ciclo de violencia que ocasionó la
incursión paramilitar.
En 2006, se crearán la Fundación Rostros y Huellas del Sentir
Humano, cuya labor busca empoderar a los y las jóvenes con
alternativas para la construcción de sus proyectos de vida como
275 Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y popular. Congreso de los Pueblos, en: http://
congresodelospueblos.org/index.php/paro-nacional-2014/544-cumbre-agra-
ria-campesina-etnica-y-popular consultado en 10 de mayo de 2015

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estrategia para la prevención de violencia en el puerto de Buena-
ventura. Y en la parroquia San Pedro Apóstol se crea FUNDES-
CODES (Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo
Social) con el objetivo de construir espacios de convivencia en
donde se puedan potenciar los valores étnicos culturales, formar
y organizar a los niños y niñas, jóvenes y mujeres cabeza de hogar
afectadas por el conflicto. Asimismo, a iniciativa de la Parroquia
San Pedro y de FUNDESCODES en conjunto con un grupo de mu-
En Buenaventura son múltiples las ex-
presiones que defienden y potencian los
valores étnicos y culturales.

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jeres a quienes se les había asesinado, torturado o desaparecido
algún familiar surge la iniciativa de la Capilla de la Memoria.
En 2009 se logra consolidar un espacio de confluencia de las or-
ganizaciones sociales denominado Comité Inter-Organizacio-
nal, conformado por el PCN, Comité por la Defensa y Salvación
de Buenaventura, Fundación Rostros y Huellas del sentir hu-
mano, el Servicio Jesuita a Refugiados, Fundescodes, y del que
actualmente también forman parte el Colectivo Juvenil Transfor-
mando Mentes, NOMADESC, CEPAC y el Comité por la Defensa
del Agua y de la Vida.
En 2007 se crean el colectivo Madres por la Vida y el Grupo de
Mujeres de Triana. Madres por la Vida se conformó con la par-
ticipación de 85 familias víctimas del conflicto armado, con el fin
de trabajar alrededor de temas como el desplazamiento forzado,
la desaparición forzada y la violencia sexual, a partir de la creación
de estrategias para el fortalecimiento emocional y de incidencia
política. El Grupo de Mujeres de Triana conformado por muje-
res víctimas de las masacres y las desapariciones de principios de
la década de 2000, vienen adelantando acciones para la docu-
mentación de casos y la reconstrucción de la memoria de las víc-
timas y han realizado denuncias públicas con el fin de que se les
garanticen los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Estas dos experiencias organizativas y de resistencia precedieron
la creación en 2010 de un espacio de trabajo inter-organizacio-
nal denominado Red de Solidaridad Contra las Violencias
hacia las Mujeres: Mariposas de Alas Nuevas Constru-
yendo Futuro, orientado a la defensa de los derechos y la ca-
lidad de vida de las mujeres de Buenaventura, el cual está con-
formado por: representantes de la Junta de Acción Comunal del
Barrio Alberto Lleras y la Playita, Mujeres Ahorradoras del Barrio
Lleras, Consejo Comunitario de Córdoba y San Cipriano, Aso-
ciación de Mujeres Campesinas de Buenaventura, Madres por
la Vida y Jóvenes Unidos por el bienestar de Bajo Calima. Es la
primera organización colombiana en recibir el premio Nansen
para los Refugiados de ACNUR-2014, por su labor de acompa-
ñamiento a miles de mujeres que han sido víctimas de diversas
formas de violencia en Buenaventura.
En 2009 se crea el Comité por la Defensa del Agua y de la
Vida, que reúne motivaciones e intereses comunes para la exi-
gibilidad del derecho al agua, donde participan organizaciones
como: Sutev, PCN, Pastoral Afrocolombiana, Honorable Cuerpo
de Bomberos, Sintrambiente, CGT, Sintramunicipio, CTC, Sin-
traelecol CUT, Comité de Control Social de los Servicios Públicos
Domiciliarios, ANPAC, JAC Barrio Pueblo Nuevo, Edil Comuna 1
y Comuna 7 OCE, Colectivo Ashanti y Estudiantes de la Unipa-
cífico, ASDEP, (Asociación de Estudiantes de la Univalle Pacífico),
PDA, Delegadas Escuela República de Venezuela, Comité por La
Unidad, Defensa y Salvación de Buenaventura.
También en 2009 surge la organización juvenil Transformando
Mentes, la cual incorporó dentro de sus estrategias de trabajo
el discurso de la defensa del territorio y comenzó a realizar ac-
ciones para evitar el involucramiento de niños, niñas y jóvenes a
los grupos armados a través del arte, la danza, el deporte y di-
versas actividades culturales que han buscado rescatar aspectos
perdidos de la propia ancestralidad étnica.

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En 2011 surgirán dos organizaciones juveniles más. La organi-
zación Marcando Territorio, como resultado del Foro-Festival
Marcando Territorios realizado el año anterior, y del acompaña-
miento de FUNDESCODES, para fortalecer iniciativas artísticas
juveniles y el auge de la música urbana con contenido social a
través de la apertura del estudio de grabación “MT MUSIC”.
Y la Plataforma de Acción Joven, para facilitar espacios de
participación y acción política de las organizaciones de jóvenes
de Buenaventura y articular procesos organizativos de las y los
jóvenes para la incidencia en el desarrollo comunitario local.
El 19 de febrero de 2014 será recordado por la realización de
la gran marcha que bajo la consigna “Enterrar la violencia
en Buenaventura: para vivir con dignidad en el territo-
rio” agrupó a más de 30.000 personas para clamar por el cese
de la violencia. Esta marcha fue convocada por la Diócesis de
Buenaventura en cabeza de Monseñor Héctor Epalza Quintero,
en conjunto con organizaciones sociales y de defensa de dere-
chos humanos, para exigir al Estado acciones efectivas frente a
la agudización de la violencia y la crisis generalizada que vive la
ciudad.
El 13 de abril de 2014 se crea el Espacio Humanitario de
Puente Nayero, en la calle San Francisco, más popularmente
conocida como Puente Nayero. Se trata de un lugar muy re-
conocido internacionalmente, ubicado en la comuna 4 y que
tiene el respaldo de Conpaz (Comunidades construyendo paz
en los territorios), de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz,
el Perpetuo Socorro Parroquia y de la Diócesis de Buenaventura,
así como de diferentes organizaciones Internacionales, como un
mecanismo de protección de la vida de los habitantes de esa ca-
lle de Buenaventura. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
interpuso una solicitud a la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos CIDH para que se dicten medidas cautelares y
se le exija al gobierno colombiano proteger a las familias que
están viviendo en el espacio humanitario. Como resultado de
esta acción jurídica, la CIDH dictó medidas cautelares el 15 de
septiembre de 2014. A diferencia de otras zonas humanitarias
en Colombia, donde no se acepta o se intenta que no entre nin-
gún actor armado, aquí si se permite la presencia de la Policía,
controlando el acceso y salida de la calle, y también del Ejército,
que puede circular libremente por la misma.
Después de este breve repaso, queremos resaltar como las re-
sistencias organizadas desde la comunidad, que vienen tan de
lejos, en sus luchas siguen reivindicando que la comunidad ne-
gra urbana es el sujeto colectivo, ante la negativa del Estado a
reconocerlas como tal y a cumplir los mandatos constituciona-
les sobre la consulta previa obligada en territorios con presen-
cia afrodescendiente y raizal. Su propósito es visibilizar que el
sujeto colectivo es la comunidad, y las formas como son repre-
sentadas pueden ser diversas, tal y como hemos visto en este re-
sumen “La comunidad de la Inmaculada es un sujeto colectivo,
la comunidad de Santa Fe es un sujeto colectivo y ellos, en su
autonomía, definen su organización que les representa y el tipo
de organización”276
.
276 Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a mujer líderesa de PCN, marzo 2015.

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Tal como explican de manera reiterativa las diferentes personas
entrevistadas, las normas existen, los derechos colectivos están
reconocidos por la Constitución del 91, por el auto constitucio-
nal 005 y su definición y por el Auto 234 entre otras disposicio-
nes, donde se repite que debe aplicarse consulta previa a las co-
munidades urbanas de Buenaventura sobre cualquier proyecto
que impacte en su territorio.
Las comunidades y las organizaciones de esta zona del Pacífico
son conscientes que la lucha ha de seguir ya que consideran
que el Estado es quien está actuando inconstitucionalmente.
La norma existe, pero saben que las garantías para su cumpli-
miento dependen en buena medida de que las propias comu-
nidades tengan conciencia de ello, de la firmeza en mantener
la defensa de los derechos colectivos y también en hacer visi-
ble, más allá de Buenaventura, lo que está pasando en esta ciu-
dad, de lo que ”supone implementar megaproyectos aunque se
tenga que matar a miles de personas, y un racismo estructural
que quiere acabar con nuestra cultura. Aquí se está haciendo un
etnocidio contra las comunidades negras del pacífico”277
.
En este sentido, las organizaciones y comunidades que forman
la resistencia de Buenaventura consideran muy importante que
en una perspectiva de empoderamiento se pueda evitar o impe-
dir el desarrollo de programas asistencialistas, ya sea de institu-
ciones o de ONG’s, que desintegran la capacidad organizativa
interna y de movilización social por las lógicas de dependencia y
277 Declaraciones de una mujer de la organización interorganizacional en un taller
sobre propuestas al gobierno en abril 2015.
El grupo Marcando Territorio es una ini-
ciativa cultural de jóvenes por la defensa
de Buenaventura.

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fortalecer las medidas comunitarias de autoprotección a través
de la socialización, apropiación y el establecimiento de canales
de comunicación comunitaria.
15.1 Cuadro: Breve relación de
actividades y resistencias278 279
Como una muestra de las acciones de resistencia y lucha de las
organizaciones sociales y comunidades negras de Buenaventura
en defensa del territorio y de sus derechos colectivos e indivi-
dualesen el siguiente cuadro se recogen algunas de las que pue-
den ser más relevantes.
06/2009 Realización del foro: “Los derechos de los pueblos
afrodescendientes frente al desarrollo de megaproyec-
tos”, caso Buenaventura y los megaproyectos turísticos
y de expansión portuaria, organizado por el Comité
Interorganizacional.
278 Palenque Regional el Congal es una coalición de consejos comunitarios y organiza-
ciones étnico-territoriales en Buenaventura, y es miembro del Proceso de Comunidades
Negras, una red de 140 organizaciones que procura dar más voz a los afrocolombianos,
preservar su cultura y proteger las tierras que ellos habitan. Ver http://www.renacientes.
org/ así como http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Agen-
tesid=9555opcion=descripcion#ficha_gloobal.
279 Las platoneras son vendedoras de pescado que llevan el producto en un platón de
metal sostenido encima de la cabeza.
12/2009 Una coalición local de consejos comunitarios y orga-
nizaciones étnico-territoriales—Proceso de Comuni-
dades Negras - Palenque Regional El Congal (PCN) 278
– presentó reclamación ante la Oficina del Asesor en
Cumplimiento/Ombudsman (CAO), el mecanismo de
recurso independiente para la Corporación Financiera
Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones (MIGA) del Grupo del Banco
Mundial por los impactos de TCBUEN en las comuni-
dades afrocolombianas vulnerables, en representación
de los miembros de la comunidad de Buenaventura.
11/2010 El Comité Interorganizacional decide elevar ante la
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afro-
colombianas, Raizales y Palenqueras (DACN) del Mi-
nisterio del Interior un derecho de petición presentado
por un morador del barrio Lleras de la zona sur de la
isla, en relación con el macroproyecto de vivienda y el
derecho colectivo a la consulta previa de las comunida-
des negras de la zona. La DACN del Ministerio del In-
terior responde que sí aplica la consulta previa e indica
procedimientos para adelantar dicho proceso, lo cual,
después de 5 años, no se ha realizado
12/2010,
12/2013,
12/2014.
Realización en tres ocasiones del evento afrourbano
“Foro_Festival Marcando Territorio”, bajo el lema “El
territorio es la vida y la vida no es posible sin el territo-
rio”. Los eventos consistieron en Conferencias, panel y
mesas de trabajo sobre megaproyectos económicos y
derechos individuales y colectivos de comunidades ne-
gras. Se produjeron 22 canciones inéditas de solistas y
grupos de jóvenes artistas afrourbanos sobre derechos
colectivos afro y el conflicto armado. Organizados por
el Comité Interorganizacional.
Años 2011,
2013 y
2014
Realización de tres diplomados sobre Derechos Colecti-
vos de Comunidades Negras y Políticas Públicas, desde
la coordinación del Comité Interorganizacional.

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BIBLIOGRAFÍA
05/2011 En concertación entre PCN, la Alcaldía de Buenaven-
tura y CHF Internacional se realiza el Foro Distrital
“Renovación Urbana y Participación Ciudadana a la luz
de los Derechos Colectivos”, con el propósito de sen-
sibilizar y promover procesos de discusión y concerta-
ción en función al derecho a la participación y la toma
de decisiones de la comunidad frente a alternativas de
desarrollo local, incluyente y pertinente y los megapro-
yectos turísticos y de expansión portuaria.
06/2011 Misión de observación en la comuna número cinco,
barrios Santa Fe, Inmaculada y Santa Cruz, el 14 de
junio de 2011 con OACNUDH, OCHA, Defensoría del
Pueblo de Buenaventura, CHF Internacional, TV Canal
Universitario de la Universidad del Pacífico, PCN – Pa-
lenque Regional el Congal, Pastoral Afrocolombiana,
Fundación Rostro y Huellas del Sentir Humano y el me-
dio de comunicación Hecho en Cali.
Segundo
semestre
2011
Concurso Historia de Barrios, para reconstruir argu-
mentos sobre el derecho al territorio construido y
apropiado, por las comunidades negras afrourbanas,
a partir de la recuperación de la memoria histórica co-
munitaria, de líderes y lideresas.
10/2011 Carta de habitantes de los barrios Punta del Este,
Santa Cruz, Inmaculada y Miramar dirigida al ministe-
rio público (Procuraduría Provincial, Personería Distrital
y Defensoría del Pueblo) solicitándoles convocar a
TCBUEN para dialogar con líderes de las comunidades
sobre los impactos que ocasionan en la vida familiar y
en los derechos colectivos de las comunidades negras
de la comuna 5.
12/2011 Reunión de líderes y miembros de las comunidades de
los barrios de la comuna 5 y PCN con representantes
de TCBUEN, convocada a través de la Personería Mu-
nicipal y la Defensoría comunitaria. Los líderes presen-
taron los impactos negativos que ha causado, la cons-
trucción y puesta en funcionamiento de la primera fase
de TCBUEN en la vida familiar y comunitaria, y en los
espacios territoriales de las comunidades de la comuna
5. Así mismo presentaron una propuesta de reparación
integral de daños causados y de consulta previa para
las siguientes fases proyectadas de TCBUEN.
06/2012 y
07/2013
El Comité Interorganizacional tuvo dos audiencias con
la sala de seguimiento de la Corte Constitucional para
el Auto 005 donde presentó la situación del bajo nivel
de avance en el cumplimiento de las órdenes del Auto
005, así como de los acuerdos suscritos con entidades
del gobierno nacional para el desarrollo de las órdenes,
señalando el incumplimiento de cada una de las enti-
dades involucradas.
Estas dos audiencias fueron el soporte base para la
promulgación por la Corte constitucional del Auto 234
del 2013 referido a las Comunidades Negras de Bue-
naventura.
10/2012 Realización de una Audiencia Pública sobre los im-
pactos del proceso de expansión portuaria, en la vida
de las comunidades y sus territorios, con énfasis en
la comuna 5, en relación con el almacenamiento de
carbón a cielo abierto, el Malecón Bahía de La Cruz y
el Terminal de Contenedores. La audiencia pública fue
acordada con el Consejo Distrital de Buenaventura a
propuesta de las Juntas de Acción Comunal de la Co-
muna 5.

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BIBLIOGRAFÍA
20/2/2013 La Defensoría del Pueblo Regional Valle, solicita al
Ministerio del Interior la aplicación de la ruta étnica
en la comuna 6 de Buenaventura, como mecanismo
de protección que contenga el despojo de territorios
ancestrales y el cambio del uso del suelo, de residen-
cial a industrial, en el marco de la expansión portuaria.
Esta iniciativa surge en respuesta a la solicitud expresa
de las comunidades y en cumplimiento de una de las
recomendaciones del informe de la misión humanitaria
de verificación de la invasión de la cancha comunitaria
ubicada en el barrio Isla de La Paz (comuna 6), que se
realizó el 19 de diciembre de 2012.
19/6/2013 Nuevamente, por la falta de respuesta, se presenta al
gobierno nacional y a los organismos de control, las
solicitudes de consulta previa y de aplicación de ruta
étnica para los Consejos Comunitarios de Raposo y
La Esperanza y de la zona urbana de Buenaventura,
como parte de la estrategia de experiencias piloto para
la aplicación del Auto 005 de 2009 y de sus órdenes,
presentada por las dinámicas organizativas de Comu-
nidades Negras de Buenaventura.
08/2013 Elaboración de un documento sobre la problemática
territorial de las comunidades afrobonaverenses pre-
sentado en la audiencia pública convocada por la Con-
traloría General de la República, en seguimiento a la
aplicación de la Ley de Víctimas y el Auto 005.
05/2014 Conversatorio con pescadores artesanales y platone-
ras279
para describir y reflexionar sobre los impactos
negativos que ha causado TCBUEN sobre el ecosistema
del Manglar y práctica tradicional de la pesca artesanal
y actividades relacionadas.
08/2014 La Oficina de Prevención y Atención de Desastres mu-
nicipal , a solicitud del Comité Interorganizacional y la
gestión institucional del Concejal de PCN, realiza una
visita de verificación de daños a la estructura de vivien-
das de la Comuna 5 generados por el cimbramiento
provocado por la actividad portuaria de TCBUEN.
En enero de 2015, la Oficina de Prevención y Atención
de Desastres entrega el informe de la visita realizada,
corroborando que los daños a la estructura de las vi-
viendas son generados por cimbramientos externos a
las viviendas, pero no indican la fuente de los mismos.
09/2014 Debate en la Comisión Primera Constitucional del
Senado de la República, promovido por el senador
Alexander López Maya “Buenaventura: el derecho
a participar bajo sitio. Crisis de derechos humanos,
deuda social y megaproyectos”. Toman la palabra
monseñor Héctor Epalza y líder de PCN.
10/2014 Participación en la audiencia de conmemoración de los
10 años de la Sentencia T-25, convocada por la Corte
Constitucional, con una presentación sobre el signifi-
cado del Auto 005, como herramienta jurisprudencial
que ratifica el reconocimiento jurídico de derechos
colectivos e individuales de Comunidades Negras, así
como los pocos avances en el cumplimiento de sus ór-
denes y el incumplimiento de acuerdos locales y regio-
nales suscritos con entidades del nivel nacional y local,
para la aplicación de las órdenes del Auto 005.
11/2014 PCN solicita la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) la realización de una audiencia especial
de seguimiento al cumplimiento de las órdenes del
Auto 005 para Comunidades Afrocolombianas, con
énfasis en Buenaventura y el Norte del Cauca. Como
respuesta, la CIDH informó sobre una visita que rea-
lizará la Relatora Delegada Especial para Afrodescen-
dientes a Buenaventura y al Norte del Cauca, entre los
meses de mayo y junio del presente año (2015).

❚ ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA ❚ RECOMENDACIONES Y 174 ❚
PROPUESTAS
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❚❚ RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS
BIBLIOGRAFÍA
06/2015 El Centro Nacional de Memoria Histórica presenta en
Buenaventura su informe “Buenaventura: un puerto
sin comunidad”. En marzo de 2014 el CNMH inició su
proyecto “Buenaventura, un caso emblemático” como
respuesta a las gestiones realizadas por el Comité Inte-
rorganizacional para visibilizar la memoria histórica de
esta ciudad.

PROPUESTAS
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BIBLIOGRAFÍA
16 RECOMENDACIONES
Y PROPUESTAS
Las propuestas que se realizan surgen del compendio de las
realizadas por diferentes comisiones de verificación nacionales
e internacionales, por la Defensoría del Pueblo, por el senador
Alexander López, por diversas y completas investigaciones rea-
lizadas promotoras y defensoras de derechos humanos conjun-
tamente con organizaciones eclesiales, pero especialmente por
las aportaciones de los hombres y mujeres de las comunidades
afrodescendientes afectadas por las violaciones a los derechos
humanos individuales y colectivas de Buenaventura.
16.1 A la Sociedad Portuaria Terminal de
Contenedores de Buenaventura SA- TCBUEN
Iniciar, por las instituciones pertinentes, una investigación a la
empresa y subsidiariamente al gobierno, ya que no efectuó un
estudio medioambiental completo, en su primera fase ni en la
segunda. Este hecho ha tenido impactos importantes en las co-
munidades que habitan ese territorio en relación a su salud, al
desplazamiento forzado, a la contaminación de los esteros o a
la pérdida de su actividad productiva de pesca artesanal, y a la
pérdida de sus modos ancestrales de vida en comunidad.
Responder por no cumplir el requisito de consulta previa, libre
e informada a las comunidades negras que habitan el territorio,
tanto en la primera como en la segunda fase del proyecto, in-
cumpliendo todas las leyes internacionales, nacionales y autos
constitucionales.
Exigencia a la empresa de publicitar el conjunto del megapro-
yecto, y no aceptar su presentación por fases, que evita el co-
nocimiento del impacto global que va a tener. La empresa debe
realizar un estudio ambiental general del conjunto del proyecto.
Debe terminar con los vertidos de aguas residuales y productos
químicos en los barrios adyacentes, teniendo un sistema propio
de alcantarillado que no desemboque en la bahía.
Debe implementar las medidas necesarias para reducir la conta-
minación acústica, vibraciones y otros impactos que está produ-
ciendo, así como cumplir todas las normas legales en relación a
ello.
Actuaciones de reparación por daños causados a la comu-
nidad y al territorio en las dos primeras fases del proyecto
Reparación integral por los daños causados por TCBUEN
en la vida cotidiana de las familias y de la comunidad.
Que el Ministerio del Interior y de Justicia dinamicen y garanti-
cen el acercamiento de las comunidades y organizaciones repre-
sentativas designadas por las mismas con TCBUEN para saldar
las reparaciones que esta empresa tiene pendiente con las co-

PROPUESTAS
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munidades, con el fin de garantizar el derecho a la integración
cultural y el cumplimiento del derecho a la consulta previa y el
consentimiento previo libre e informado.
Sobre la reparación al daño, uno de los resultados ha de ser el
fortalecimiento de la comunidad negra. Toda la acción debe ir
a reforzar la identidad de esa comunidad que debido a actua-
ciones externas tienen el grave peligro de disgregación cultural.
Se debe realizar un proceso de reubicación concertada para las
familias más afectadas por TCBUEN donde primen los derechos
de la comunidad a decidir dónde quieren vivir y a tener una vi-
vienda digna de acuerdo a su propia concepción del espacio ha-
bitacional y barrial. El territorio que se desocupe debe seguir
siendo de la comunidad que permanece en el barrio ya que de
otra forma quedaría expuesta a que la expansión portuaria si-
guiera avanzando
Así pues, el territorio desocupado por las familias no pasa a ser
propiedad de TCBUEN, sino que esos espacios territoriales serán
destinados como zona de amortiguamiento o hacer de límite
entre la empresa y la comunidad. En concertación con la co-
munidad determinar un área de amortiguamiento, de acuerdo
a la normatividad, que ponga distancia física entre la zona de
poblamiento de las comunidades y la construcción de TCBUEN,
como medida de mitigación de algunos impactos negativos que
produce la actividad portuaria, como son: el deterioro y erosión
del suelo y calles, el deterioro y agrietamiento de viviendas, los
altos niveles de ruido, etc. Ese territorio es necesario para hacer
cumplir las normas ambientales de mitigación de actividades de
alto impacto ambiental, ya que dichas normas regulan que las
empresas, y en particular los depósitos de contenedores no pue-
den estar a menos de 100 m de la comunidad. Actualmente,
TCBUEN no está ni a un metro de distancia de las viviendas.
La misma comunidad definirá qué hacer en ese territorio colec-
tivo: sembrar árboles, alameda, sendero, parques…
Viviendas palafíticas de Buenaventura

PROPUESTAS
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Generación de empleo debido a la destrucción de formas
productivas ancestrales de la comunidad
La empresa debe emplear de manera masiva a los habitantes de
la comuna cinco como modo de compensación por el impedi-
mento para usar el estero como fuente productiva, por la desa-
parición de los peces a causa de la destrucción y contaminación
de dichos esteros, y por los beneficios generales que la empresa
debe brindar a la comunidad.
Financiar la realización de estudios por parte de un equipo inde-
pendiente multidisciplinar y con presencia de personas de la co-
munidad conocedoras del territorio para medir el grado de con-
taminación del estero Aguacate y para implementar estrategias
para reducir la contaminación del mismo. Y una vez realizado el
diagnóstico impulsar proyectos para su recuperación en la me-
dida que sea posible dado su grado de destrucción. Hay que
recordar que para la población afro el medio ambiente también
es un sujeto que tiene sus derechos y que, por tanto, personas y
medio ambiente es un conjunto que conforma el territorio.
Como mecanismo de reparación la empresa TCBUEN ha de vin-
cular laboralmente a las personas que están en edades laborales
en esas zonas, sea en la propia empresa o en las tercerizadas. En
la misma línea se debe hacer cumplir a TCBUEN su compromiso
de contratar a personas de las comunidades. Hasta el momento
no existe ningún informe dónde aparezcan los datos de su cum-
plimiento.
La empresa tiene que hacer público el reglamento de trabajo
y las normas que tiene establecidas para comprobar que sean
concordantes con las leyes laborales del sector.
TGBUEN tiene que cumplir con normas laborales no discrimi-
natorias, por razón de etnia, sexo, edad o por pertenecer a or-
ganizaciones sociales o sindicales. En esos casos es precisa la
intervención de la institucionalidad para sancionar a la empresa
(tanto a ella como a las empresas tercerizadas que tiene con-
tratadas) y rectificar la mala práctica en relación a los derechos
laborales.
Se requiere contratación estable tanto en la empresa TCBUEN
como en las tercerizadas que dependen de ella. Las estadísti-
cas, sistemáticas y públicas para conocimiento de la comunidad
e instituciones responsables del cumplimiento de la normativa
laboral, tienen que contemplar el número de puestos de tra-
bajo que se han creado, no el número de contratos (ejemplo
con contratos de un mes, pueden decir estadísticamente que se
crearon 12 puestos de trabajo en un año). Se requiere conocer
las cifras de contratación, donde aparezcan número de personas
contratadas, desagregadas por sexo, en qué puesto de trabajo,
duración del contrato, horas laborales realizadas por semana o
personas que son de las comunas afectadas por la empresa.
En la misma línea, la empresa ha de hacer públicos los tipos
de turnos que se realizan, rotación de los mismos, periodos de
descanso entre los mismos, estabilidad de las rotaciones. De la
misma forma, cómo quedan establecidos los trabajos en festi-

PROPUESTAS
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vos y nocturnos y el tiempo de preaviso en cada de cambio de
turno cuando sea modificado por voluntad de la empresa.
En el caso de despidos, la empresa ha de especificar causas de
los mismos. Y en el caso de cesación voluntaria de trabajo, las
razones de las mismas.
Respecto al cumplimiento de las condiciones de trabajo: estable-
cer y cumplir normas de salud laboral, carga de trabajo, tiempos
de descanso para comidas, estadísticas de accidentes laborales y
que existan bajas por enfermedad pagadas y sin posibilidad de
despido durante las mismas.
Derecho a la sindicalización sin posibilidad de represalia
(no renovación de contrato o despidos). Actualmente no hay
ningún sindicato en TCBUEN y cuando se ha sabido de alguien
que ha intentado la sindicalización ha sido despedido. Libertad
sindical: remover cualquier obstáculo o práctica que pueda im-
pedir el libre desarrollo de la libertad sindical de los trabajadores
y trabajadoras de TCBUEN y las empresas subcontratadas que
ofrecen sus servicios a TCBUEN.
Concertación colectiva con la representación laboral: Ase-
gurar la libre representación sindical de los trabajadores y traba-
jadoras de la empresa madre y las empresas subcontratadas, y
abrir un proceso de concertación colectiva con la representación
laboral sobre salarios, duración de contrato, las horas de tra-
bajo, los turnos, las condiciones de salud laboral, los accidentes
y bajas laborales, los despidos, la entrega de las prendas y mate-
rial de trabajo requerido para el mismo, la no discriminación por
razón de sexo, la ausencia de acoso sexual...
No discriminación por razón de etnia en la empresa. Cono-
cer cuál es porcentaje de las personas afros contratadas, en qué
puestos de trabajo están, si se corresponde su nivel de capacida-
des demostradas o su titulación con el empleo que desempeñan
o si están subocupadas (por debajo de sus conocimientos) en
función de etnia. Por este motivo, sería bueno conocer el por-
centaje de personas ocupadas en la empresa que son de fuera
de las comunas afectadas o de fuera de Buenaventura, y en que
puestos de trabajo están.
Que se cumpla el ordenamiento laboral en relación al deber de
las empresas (TCBUEN y las tercerizadas) a tener como apren-
dices contratados a estudiantes del SENA y esos sean pagados.
Debe haber un control por parte de las instituciones sobre su
cumplimiento.
TCBUEN tiene que realizar cursos que sean de capacitación para
trabajos de la empresa dirigidos a las personas de la comuni-
dad y contratar a las personas asistentes que hayan superado
las pruebas formativas pertinentes.
Eliminar del formulario de demanda de empleo (la empresa pide
el de “Formas Minerva, Hoja de vida 10 – 03”) preguntas como:
¿Alguna vez ha obtenido distinciones o reconocimientos por su
desempeño en actividades deportivas, culturales, sociales, etc.?
Si No ¿Cuáles? ¿Pertenece a algún tipo de asociación comunita-
ria, deportiva, cultural, etc.? Si No ¿Cuáles?

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Compromiso entre TCBUEN y las instituciones del distrito de
Buenaventura para que de manera concertada con la comuni-
dad se comprometan a insertar laboralmente a las personas de
la comuna 5. Desarrollar un plan de apoyo a iniciativas producti-
vas para las familias y comunidad que pudiera tener repercusión
en generación de empleo, y también apoyo técnico a iniciativas
de las familias para ayudar con los ingresos. Las personas de la
comunidad tienen iniciativas de trabajo, emprendimiento y en-
tusiasmo para realizarlas, pero es preciso que se sientan respal-
dadas. Así pues, se ha de invertir en generar espacios laborales
a partir de microproyectos, concertados con las comunidades,
que se ajusten a las características de trabajo de comunidades
afros
Obras sociales de compensación por destrucción de
espacios comunes barriales y espacios ambientales:
Reparación y construcción de puentes, andenes, parques, ala-
medas, canchas deportivas y espacios de recreación de las per-
sonas del barrio.
Hacer un diagnóstico del daño cultural que el megaproyecto ha
generado en la comunidad y a partir del mismo se hagan proce-
sos de reparación colectiva, no solo a las familias sino a la vida
comunitaria que se ha dañado en ese espacio territorial.
Quien tiene que estar en la concertación de todos estos temas,
ya que se está hablando de derechos colectivos, es la comuni-
dad como sujeto colectivo que desde su autonomía definen la
organización que les representa. En la concertación debe par-
ticipar una representación de mujeres, de jóvenes, porque son
todos esos sectores poblacionales los que van a decir cómo se
sienten afectados y qué tipos de medidas proponen desde las
diversidades.
De cumplimiento inmediato y de cara al futuro
Detener la segunda fase, iniciada pero aún en curso, de la ex-
pansión portuaria de TCBUEN en tanto no se haya realizado la
pertinente consulta previa. Para ello se debe exigir el cumpli-
miento de la normativa que se ha señalado en el apartado de
consulta previa.
Exigir a la empresa que haga público el conjunto del proyecto
(se habla de 5 fases) para conocimiento de las comunidades y
entidades comprometidas en procesos de consulta previa. Con
el Master Plan queda clara la continuidad de las obras en la isla
y en la zona portuaria, y por tanto también tiene que ser objeto
de estudios ambientales y consulta previa.
Previo a la continuidad del proyecto TCBUEN o de cualquier otra
empresa que vaya a ubicarse en el territorio, que se realicen
estudios ambientales del conjunto del proyecto, teniendo en
cuenta las normativas existentes y ya que afecta a comunidades
negras que se tenga en cuenta lo que representan este tipo de
megaproyectos en las formas de vida, en las formas de relacio-
narse de las comunidades negras con su territorio.
Por las características de la cultura de la población que habita
el territorio es preciso un estudio paralelo, independiente, con

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personas expertas pero también con personas de la comunidad
que tienen una comprensión y una análisis del medio ambiente
desde una cosmovisión diferente, una visión del territorio como
un todo, que ha permitido su conservación debido a las comu-
nidades afro e indígenas que por años han cuidado del mismo
hasta la entrada de agentes destructores del mismo. La confor-
mación de esa comisión independiente de personas expertas
(medioambientalistas, etc. y personas de la comunidad) tendría
que contar con financiación pública, ya que las comunidades no
tienen fondos para realizar investigaciones de estas característi-
cas. Y eso se puede exigir al gobierno ya que ha hecho parte de
las políticas de las empresas concediendo los permisos e incum-
pliendo todas las normativas y autos constitucionales que dan la
razón a las comunidades.
Conocidos el conjunto de proyectos y los resultados de los es-
tudios ambientales (en la línea que se ha planteado ambien-
tales-culturales-territoriales) tiene que realizarse la consulta
previa, libre e informada a y con las comunidades, antes de
reanudarse las obras y trabajos de las empresas que afectan los
barrios.
Ese derecho ya está reconocido legalmente. El Estado sigue res-
pondiendo que no hay consulta porque no existe comunidad
negra en lo urbano, pero esa respuesta es equivocada y antinor-
mativa, ya que la ley es clara al respecto y la corte constitucional
lo ha desarrollado. Lo que era implícito en la Constitución, la ley
70, el auto 005 y los dos últimos autos para Buenaventura los
hizo explicito, los desarrolló y los reglamentó dejando claro que
“la comunidad negra está también en lo urbano”
Es obligación promover procesos participativos de consulta pre-
via libre e informada, entendida ésta como un proceso de coor-
dinación entre los diferentes actores del territorio, siendo las co-
munidades los actores políticos fundamentales. En este sentido,
se deberá fomentar la participación comunitaria respetando las
formas internas y tradicionales de la comunidad negra en el
proceso de consulta. Esto implica garantizar la participación del
conjunto de la población e igualmente implica que la decisión
respecto a la implementación de la metodología de la consulta
se realice de forma concertada con las autoridades del territorio
y la comunidad a través de sus organizaciones sociales legitima-
das por ella.
Garantizar la presencia del Ministerio público (defensoría, per-
sonería), el Ministerio del interior y una veeduría internacional,
para que en el marco de sus obligaciones sean los garantes de
este proceso de consulta previa.
16.2 A Grup Marítim TCB, S.L.
(Grup TCB, de Barcelona)
La inversión del Grup TCB se ha desarrollado en un contexto de
grave violación de los derechos humanos, de violencia, de impu-
nidad y de acoso y expulsión de las comunidades negras que an-
cestralmente han habitado estos territorios y en particular de los
habitantes de la Comuna 5, donde se ubica TCBUEN. Como em-
presa mayoritaria en TCBUEN ha de despejar las dudas de que sus
inversiones puedan haberse beneficiado de la violencia, directa
o indirectamente, ofreciendo la mayor transparencia y colabora-

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ción, a las instituciones pertinentes de Catalunya y Colombia y a
la sociedad bonaverense para resolver la impunidad en que per-
manecen los crímenes en la comuna 5. Asimismo ha de tomar las
medidas pertinentes para garantizar que sus operaciones no con-
tribuyan al ciclo de la violencia y la impunidad en Buenaventura.
La Corte constitucional, con la sentencia T-025 de 2004 y los
autos 005 de 2009 y 234 de 2013, entre otros, así como los
diversos informes de la Defensoría del Pueblo han señalado el
incumplimiento por parte del gobierno colombiano de la legis-
lación nacional e internacional en relación a los derechos de las
comunidades afrodescendientes, y en particular de las comuni-
dades desplazadas forzosamente que habitan las zonas de ba-
jamar en Buenaventura. Dichos incumplimientos, así como un
sistema de otorgamiento de licencias ambientales que han pri-
mado los intereses del desarrollo económico sobre la protección
del medio ambiente y de los recursos naturales, han beneficiado
directamente al proyecto de TCBUEN en perjuicio de las comu-
nidades y de sus derechos. El Grup Marítim TCB, como empresa
socialmente responsable, en su actuación y en las empresas en
que participa, no puede limitarse a cumplir únicamente las pres-
cripciones a que le obliga el gobierno colombiano, sino que ha
de actuar de manera proactiva cumpliendo la legislación colom-
biana, las resoluciones de su corte constitucional, así como la
legislación internacional, para evitar daños a las comunidades y
sea respetuosa con los derechos humanos.
De acuerdo al convenio 169 de la OIT y de la legislación colom-
biana, ha de realizar consultas previas, libres e informadas en las
comunidades tanto en la fase de exploración, de realización o
de ampliaciones y/o cambios del proyecto buscando el consen-
timiento de la comunidad. Por tanto, ha de paralizar sus actua-
ciones de la actual fase 2 y posteriores hasta que no haya cum-
plido con el requisito de la consulta previa, libre e informada a
las comunidades.
Debe realizar la debida reparación de manera concertada con
las comunidades en los daños e impactos producidos sobre las
mismas en las actuaciones empresariales ya realizadas y que se
han llevado a cabo sin la consulta previa pertinente. Grup Marí-
tim TCB, como empresa mayoritaria en TCBUEN, es responsable
por las acciones y omisiones de TCBUEN, y es por ello que ha de
contribuir positivamente a la reparación de los daños causados
a la comunidad y al territorio.
Ha de comprometerse a fondo en el cumplimiento de los dere-
chos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales y
medioambientales.
Los puentes comunican las viviendas
palafítcas del barrio de Santa Fe, en la
Comuna 5 de Buenaventura, afectado por
TCBUEN

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Ha de comprometerse con la plena libertad sindical en sus em-
presas participadas. Ha de promover procesos de concertación
colectiva sobre las condiciones laborales con los representantes
de los y las trabajadoras.
16.3 A las Instituciones Catalanas
En coherencia a la voluntad expresada desde las más altas ins-
tituciones de Catalunya, y con el objetivo de garantizar que las
actividades de las empresas catalanas que operan en aquellos
países donde también lo hace la cooperación catalana sean co-
herentes con los principios que defienden, se recomienda que
se definan los siguientes mecanismos de control y supervisión:
En el ámbito de actuación catalán:
Crear un observatorio o centro de estudios público que tenga
como misión emitir informes independientes sobre los impactos
de la inversión catalana en el exterior en cuanto a la salvaguarda
de los derechos humanos, la promoción de la paz y el desarrollo
humano sostenible. Este observatorio se debería gestionar con
la participación del Gobierno, el Parlament, movimientos socia-
les, sindicatos y las comunidades potencialmente afectadas. Su
función primordial será la de investigar posibles casos de vulne-
ración de Derechos Humanos por parte de empresas catalanas,
así como hacer seguimiento de las denuncias presentadas por
las poblaciones afectadas por las prácticas de las transnaciona-
les.
Asegurar que la promoción de la internacionalización de la eco-
nomía catalana incorpora el respeto de los derechos humanos,
de la cultura de la paz y del medio ambiente como una norma
de obligado cumplimiento a la hora de apoyar a una empresa
para su acción exterior.
Aumentar los estándares de los pliegos de condiciones de con-
tratación de servicios para las empresas privadas, así como los
requisitos necesarios para que puedan obtener subvenciones
públicas, con el fin de garantizar que las empresas respetan los
derechos humanos, los derechos económicos, sociales, cultura-
les y medioambientales en los países donde operan. En el caso
de evidencias de incumplimiento, hacer público el nombre de
las empresas para garantizar que no vuelven a recibir ningún
apoyo público.
Comprometer a las Delegaciones del Gobierno, los Cen-
tros de Promoción de Negocios de ACCIÓ y a las oficinas de
la Agencia Catalana de Turismo que están distribuidas por
todo el mundo a disponer de un código ético de protec-
ción de los derechos humanos y de promoción de la paz
que sea de obligado cumplimiento tanto para las empre-
sas catalanas que operan en los países donde están presen-
tes, así como para sus filiales, proveedoras y subcontratas.
Garantizar que en todas las delegaciones comerciales de pro-
moción de la internacionalización de la economía catalana que
se llevan a cabo desde el Gobierno de la Generalitat se incor-
poran personas expertas en protección de los derechos huma-
nos, de los derechos económicos, sociales y culturales y del fo-

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mento de la paz, con el objetivo de que sean tenidas en cuenta.
Valorar la posibilidad de que el Síndic de Greuges interprete el al-
cance de sus competencias de acuerdo con la Ley de Acción Ex-
terior con el objeto de incorporar el seguimiento de la Generali-
tat de Catalunya en tareas de supervisión sobre el impacto de las
empresas catalanas en los derechos humanos, los derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y medioambientales en el exterior
y, en su caso, pueda hacer algún tipo de seguimiento directo.
En el ámbito de acción internacional:
Promover la creación de un observatorio de empresas que ac-
túan más allá de sus fronteras encargado de analizar, investigar
e inspeccionar sus prácticas sobre el terreno para garantizar que
se protegen los derechos humanos y la paz. Este centro debería
estar adherido a las Naciones Unidas y gestionado de manera
tripartita entre gobiernos, movimientos sociales y sindicales.
Promover y apoyar cualquier iniciativa internacional en el que
participa el Gobierno de la Generalitat para eliminar definitiva-
mente los paraísos fiscales, ya que estos son refugio de capitales
que provienen de la violación de los derechos humanos y los
conflictos armados.
Apoyar la creación de un tribunal internacional de empresas
transnacionales y derechos humanos encargado de tutelar y eje-
cutar las sentencias que demuestren violación de los derechos
humanos y la perpetuación de conflictos armados por parte de
las empresas. Este tribunal deberá garantizar que las personas y
comunidades afectadas tengan acceso a una instancia judicial
internacional independiente para la obtención de justicia por
violaciones de los derechos civiles, políticos, sociales, económi-
cos, culturales y medioambientales. También será el encargado
de aceptar, investigar y juzgar las denuncias interpuestas contra
las empresas transnacionales, estados e instituciones internacio-
nales económico-financieras por violaciones de derechos huma-
nos y por la responsabilidad civil y penal de crímenes económi-
cos, corporativos y ecológicos internacionales. En caso de que
las denuncias acompañen indicios de veracidad, se produciría la
inversión de la carga de la prueba, es decir, serían las empresas
las que estarían obligadas a probar que no han cometido viola-
ciones de derechos civiles, políticos, sociales, económicos, cultu-
rales y / o medioambientales. Las sentencias y sanciones de este
tribunal serán ejecutivas y de obligado cumplimiento.
INTERNACIONAL
16.4 A la Unión Europea y Comisión Europea
Con el fin de cumplir con sus responsabilidades de derechos hu-
manos de conformidad con los Principios de Ruggie, el Reino
Unido y la Unión Europea deben tomar medidas para fomentar
y garantizar que cualquiera de las empresas que deseen insta-
larse en Colombia, Buenaventura, han de actuar en el área de
cumplimiento de los derechos humanos, comprometiéndose a
fondo. Así mismo deben ser cuidadosas en cumplir el curso y
la debida diligencia ambiental realizando evaluaciones precisas.
Las empresas europeas que operen en Buenaventura han de
realizar consultas previas, libres e informadas en las comunida-

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des tanto en la fase exploración, de realización o de ampliacio-
nes y/o cambios del proyecto buscando el consentimiento de la
comunidad. Esto es con el fin de garantizar que sus operaciones
no contribuyan al ciclo de la violencia y la impunidad en Buena-
ventura.
Que los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los de-
rechos indígenas, de población afrodescendiente, los derechos
laborales y la protección del ambiente primen por encima de los
intereses empresariales y privados.
Los gobiernos y los parlamentos europeos han de exigir a las
corporaciones transnacionales que rindan cuentas en sus países
por las consecuencias sociales y ambientales de sus operaciones
en todo el mundo.
Que se aplique el principio de precaución (por el que se asume
la responsabilidad de proteger al público de daños potenciales,
aunque aún no estén demostrados) en todas las regulaciones y
normas de comercio e inversiones.
16.5 Al Sistema de Naciones Unidas
Alentar al Estado colombiano, a través de sus diferentes orga-
nismos y representantes, en particular aquellos en terreno, a re-
doblar sus esfuerzos para hacer efectivo el respeto, la garantía
y la protección de los derechos humanos y el DIH para los afro-
descendientes en Colombia.
Examinar y priorizar, en el marco del Comité de Derechos Hu-
manos, el cumplimiento de las recomendaciones que sus orga-
nismos y procedimientos especiales realizan sistemáticamente
al Estado colombiano sobre su población afrodescendiente. Y,
dada la gravedad y prolongación de la crisis humanitaria afroco-
lombiana, realizar un plan de acción específico para promover
su adopción efectiva. En este propósito la acción coordinada y
sistemática del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescen-
dientes, el CERD y el CEARC, al igual que la del ACNUR, dada la
crítica situación de la población desplazada y refugiada afroco-
lombiana, sería de vital importancia
Tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discri-
minación Racial, la Declaración y el Plan de Acción de Durban
en el Estado colombiano. La OACNUDH y el PNUD de Colombia
podrían brindar el soporte en terreno y adelantar los respectivos
diálogos con las autoridades competentes.
Acompañar al proceso organizativo afrocolombiano y al Go-
bierno nacional en la construcción y concertación de los meca-
nismos para hacer efectivos los derechos a la consulta previa y
a la participación. A tal efecto, la OACNUDH y los demás repre-
sentantes del Sistema de Naciones Unidas en Colombia podrán
tomar todas las medidas que consideren necesarias para apoyar
este trascendental proceso.

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16.6 Marco Nacional colombiano
16.6.1 Al Gobierno nacional
Diseñar e implementar una política pública de atención y re-
paración integral y transformadora a víctimas del pueblo y co-
munidades afrocolombianas en Buenaventura, que integre un
plan nacional de reparación transformadora para la población
afrocolombiana, con una institucionalidad específica, un crono-
grama definido, con recursos técnicos y financieros suficientes,
y con la consulta y la participación efectiva de las comunidades
afrocolombianas y sus instituciones representativas.
Diseñar e implementar de manera inmediata un programa de
protección integral a cargo de la Unidad Nacional de Protección
y otras entidades del SNARIV, con medidas diferenciales, indivi-
duales y colectivas para la población afrocolombiana, indígena
en Buenaventura, para proteger a las víctimas, los y las líderes
sociales, las organizaciones, las comunidades y sus territorios.
Sistematizar y adoptar las recomendaciones que a efectos de
la protección de los y las afrodescendientes en Colombia ha
realizado el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial (CERD) relativas a los afrodescendientes,
prioritariamente la Recomendación General nº 34, al igual que
aquellas que con el mismo fin han formulado mecanismos espe-
ciales o instituciones del Sistema de Naciones Unidas
Implementar mecanismos efectivos de coordinación entre auto-
ridades étnico-territoriales reconocidas por la comunidad afro-
descendientes, municipios y departamentos, y nación, a partir
de los principios establecidos por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia, y nuevos mecanismos a partir del enfoque dife-
rencial.
El gobierno nacional y la administración municipal deben garan-
tizar la protección a los derechos de la población en situación
de desplazamiento en el territorio de Bajamar (Buenaventura) y
brindarle asistencia humanitaria de conformidad con los Princi-
pios Rectores de los Desplazamientos Internos y el auto 005 de
2009 de la Corte Constitucional relativo a la población afroco-
lombiana desplazada o en riesgo de desplazamiento.
El Gobierno Nacional aprovisionará y garantizará los recursos
necesarios, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en el Marco
Fiscal de Mediano Plazo para la creación y convocatoria inme-
diata de 25 plazas de fiscales especializados adicionales para el
Distrito Especial de Buenaventura, Valle del Cauca, adscritos a
las unidades nacionales especializadas de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, análisis y contextos, crimen
organizado, antinarcóticos y lavado de activos y terrorismo, a la
par que se definirán recursos conforme a esta ley, para nombrar
personal suficiente del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial,
CTI, para el desarrollo de un plan de choque de la Fiscalía Gene-
ral de la Nación en Buenaventura, Valle del Cauca, con indica-
dores de cumplimiento para el cuatrienio que permitan avocar
el conocimiento y formulación de acusación formal y juicio en
aquellos casos que así lo requieran, en los 1.000 expedientes de
homicidio y delitos conexos con la vida e integridad personal,
desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada y delitos

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contra la libertad y formación sexual, por resolver en la jurisdic-
ción de Buenaventura, Valle del Cauca.
necesarios en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, como plan de
choque, para la definición, implementación y desarrollo de un
plan de inversiones de corto y mediano plazo que permita supe-
rar las condiciones de pobreza y necesidades básicas insatisfe-
chas de la población del Distrito Especial de Buenaventura, con
énfasis en saneamiento básico, reconstrucción de la infraestruc-
tura y operación de la red de salud pública, red de educación
pública y programas de generación de ingresos; en las áreas ur-
bana y rural del Distrito Especial de Buenaventura.
El Gobierno Nacional destinará a esta estrategia recursos pro-
visionados por el Plan Nacional de Desarrollo y a ejecutarse por
los ministerios de Salud y Educación, los programas públicos de
Empleo, fondos y agencias especializadas del nivel central de la
Administración. La Superintendencia Nacional de Servicios Pú-
blicos Domiciliarios y las Comisiones de Regulación del Sector,
elaboraran un plan sectorial especial que garantice el 100% de
cobertura en servicios públicos domiciliarios para zonas urbana
y rural del Distrito especial de Buenaventura.
A la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, a la Agen-
cia Presidencial para la Acción Social, Incoder, Gobernación del
Valle y Distrito de Buenaventura: deben cumplir con las órde-
nes consignadas en el Decreto 250 de 2005, en los autos 004,
005, 007, 008 y 011 de 2009, en cuanto a la operación de los
mecanismos comunitarios, jurídicos e institucionales para la
protección de los territorios étnicos. Para ello, es imprescindible
verificar y apoyar la situación legal, de seguridad jurídica y de
ordenamiento y manejo del territorio colectivo y los resguardos,
con la finalidad de que se operen las medidas para la mitigación
del riesgo y la vulnerabilidad territorial.
16.6.2 A las instituciones del Estado
16.6.2.1 A la Corte Constitucional
Mantener el seguimiento a la implementación del Auto 005
de 2009 y demás medidas de protección relativas a los afro-
descendientes en el marco de la Sentencia T-025 de 2004,
en especial, dada la crítica situación de los líderes, las mu-
jeres afrodescendientes, los niños, niñas y jóvenes, la imple-
mentación efectiva de las medidas específicas de los autos
200, 092, 098 y 251. Asimismo, la aplicación concurrente
del Decreto Ley 4635 y los autos de seguimiento a la Senten-
cia T-025.b; Adelantar las acciones que considere pertinente
para hacer efectiva la materialización de la Ley 70 de 1993;
Mantener la línea jurisprudencial encaminada a la protección
de derechos colectivos de los pueblos y comunidades afroco-
lombianas.
16.6.2.2 A la Procuraduría General de la Nación
Adoptar las medidas que considere pertinentes, dentro de la
órbita de sus competencias, para investigar y sancionar a los
funcionarios comprometidos en la no implementación del
Auto 005 y demás órdenes de protección de los derechos de

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la población afrocolombiana emitidas por la Corte Constitu-
cional en la Sentencia T-025; Adelantar las acciones que con-
sidere convenientes para hacer el seguimiento y garantizar
el cumplimiento efectivo del Decreto Ley 4635 de 2011. En
particular, realizar un balance detallado sobre el proceso de
“consulta previa” adelantado en su construcción y tomar las
acciones a las que considere que haya lugar como resultado
de este examen.
16.6.2.3 A la Defensoría del Pueblo
Tomar las medidas para acatar la obligación de integrar un
enfoque diferencial relativo a la población afrocolombiana
de forma integral en toda la institución. Entre otras acciones
que considere necesarias, la capacitación de los y las fun-
cionarias en este enfoque sobre los derechos y la situación
diferencial de los afrocolombianos deberá advertir sobre la
incidencia de factores como el racismo y la discriminación
en la perpetración de estos crímenes; asimismo, sobre la ne-
cesidad de lograr que todas las personas u organizaciones
que comentan estas violaciones sean procesadas y que las
víctimas sean atendidas de forma sensible a estas violaciones
y daños. En esa perspectiva, la reforma a la Defensoría del
Pueblo es fundamental y debería concertarse con los grupos
étnicos en la perspectiva de fortalecer la entidad en la pro-
tección de sus derechos.
16.6.2.4 A la Fiscalía General de la Nación
Adaptar de forma prioritaria en su estructura interna, dada
la magnitud desproporcionada de crímenes contra afroco-
lombianos, una unidad específica para abordar de forma
diferencial las violaciones a los DDHH y el DIH perpetradas
en su contra, que se encargue de investigar y acusar a los
presuntos infractores, y a las estructuras políticas y económi-
cas que los financiaron o auspiciaron. Esta unidad específica,
destinada a la protección de los derechos de las comunida-
des afrocolombianas y a la prevención de nuevas violaciones,
debe contar con los recursos financieros, institucionales y
humanos necesarios; adelantar todas las acciones judiciales,
de investigación y probatorias para acusar a los presuntos
criminales antes los jueces; igualmente, para asistir a las víc-
timas afrocolombianas en procura del restablecimiento del
derecho y la reparación integral en los términos definidos en
el Decreto Ley 4635, y demás instrumentos nacionales e in-
ternacionales aplicables en la materia. En esta unidad debe-
ría introducirse un enfoque de género que atienda de forma
diferencial la situación y los crímenes perpetrados en contra
de las mujeres afrocolombianas.
16.6.2.5 A las instituciones pertinentes en
materia de respuesta estructural del Estado
Al Departamento Nacional de Planeación en coordinación
con la Alcaldía de Buenaventura, realizar una evaluación de
las políticas públicas implementadas en el Distrito Especial
de Buenaventura en materia de atención en salud, educa-

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ción, saneamiento básico, empleo y vivienda entre los años
2012 y 2014, con el fin de mejorar la intervención y supe-
rar las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad social
a la que se enfrenta la comunidad afrodescendiente. Para
ello entre otras propuestas: a) Plan de trabajo MINTRABAJO,
MINTRANSPORTE, Comisión accidental del Senado de la Re-
pública, normalización de la situación laboral en el puerto de
Buenaventura; b) A la Superintendencia de Industria. Que la
Superintendencia de Industria y Comercio investigue el ma-
nejo de las utilidades de la Sociedad Portuaria de Buenaven-
tura; c) Solicitud de Control Excepcional Posterior General y
amplio por parte de la Contraloría General de la República
sobre la administración de los bienes públicos de la conce-
sión portuaria de Buenaventura.
16.6.2.6 A las Instituciones del Estado en materia de
protección a líderes sociales, de Consejos Comunitarios,
de comunidades indígenas y víctimas de Buenaventura
A la Unidad Nacional de Protección y a la Fuerza Pública,
brindar protección a los y las líderes comunitarios de los ba-
rrios que han sido víctimas de amenazas y fortalecer, por
parte de la Policía Nacional, la seguridad en los barrios de las
comunas más afectadas por la violencia.
A la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desapare-
cidas, en coordinación con los entes de investigación locales
implementar mecanismos para promover la búsqueda de las
personas cuyos casos han sido denunciados ante las autori-
dades competentes, activando los dispositivos de búsqueda
urgente para dar con el paradero de las personas desapare-
cidas en el Distrito de Buenaventura; promover y difundir los
mecanismos establecidos para la prevención y las rutas de
acceso de la población civil a los mismos.
A la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social, e INCODER,
Gobernación del Valle, y Distrito de Buenaventura, cumplir
con las órdenes consignadas en el Decreto 250 de 2005, en
los Autos No. 004, 005, 007, 008 y 011 de 2009, en cuanto
a la operación de los mecanismos comunitarios, jurídicos e
institucionales para la protección de los territorios étnicos.
Para ello, es imprescindible verificar y apoyar la situación le-
gal, de seguridad jurídica y de ordenamiento y manejo del
territorio colectivo y los resguardos.
A la Unidad Administrativa Especial para la Reparación de
Víctimas del Departamento Administrativo para la Prosperi-
dad Social, coordinar, con las autoridades étnicas, la actuali-
zación del registro de víctimas y realizar un censo de familias
y personas en situación de desplazamiento forzado, con el
objeto de integrarlos al proceso de concertación y consulta
con las autoridades de los Pueblos Indígenas y Comunidades
Negras, del plan de reparación colectiva.
16.6.2.7 A las instituciones del Estado en relación
a la reparación de las víctimas de Buenaventura
Es indispensable que en la ejecución de las medidas de re-
paración, las instituciones del Estado observen las siguientes

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recomendaciones: El Estado debe reconocer que: a) la comu-
nidad de Buenaventura, ubicada en la zona urbana y rural,
es un sujeto colectivo, injustamente víctima de violaciones a
los derechos humanos y colectivos, perpetradas por los dife-
rentes grupos armados en medio del conflicto; b) la institu-
cionalidad y el sector privado tienen una responsabilidad en
los daños causados a la comunidad negra de Buenaventura,
por acción y/u omisión, y por tanto, deben rechazar enfáti-
camente la ocurrencia de los hechos violatorios de los dere-
chos humanos individuales y colectivos de esta comunidad y
comprometerse con la no repetición.
Ejecutar la Propuesta Autónoma de Reparación Colectiva a
través de una acción integral, simultánea y coordinada entre
las diferentes instituciones del Estado, en donde también se
articule el nivel central y los respectivos entes territoriales.
Para coadyuvar a este propósito son preciso espacios de ar-
ticulación institucional y seguimiento a la ejecución de las
medidas de reparación y las instituciones dinamizadoras pro-
moverán la creación de veedurías comunitarias para hacer
seguimiento y garantizar la implementación de las medidas
de reparación colectiva.
Propiciar la transformación de las condiciones de exclusión
y vulnerabilidad en la cual se encuentran las comunidades
negras, por medio de la ejecución de acciones que no sólo
pretendan reparar el daño causado, sino que busquen: ga-
rantizar a la comunidad el goce efectivo de sus derechos
colectivos, eliminar los esquemas de discriminación, profun-
dizar la democracia y fortalecer las capacidades de las comu-
nidades e instituciones
Incluir el tema de la participación comunitaria libre e infor-
mada en el esclarecimiento de la verdad y la reparación co-
lectiva durante cada una de las fases de los procesos judicia-
les.
A La Unidad de Restitución de Tierras, activar la ruta de pro-
tección de los bienes y predios urbanos abandonados de los
barrios de donde han sido expulsadas las familias, teniendo
en cuenta que en hechos anteriores se han presentado situa-
ciones de despojo.
Avanzar en un proceso de caracterización de la población y
de verificación de goce efectivo de derechos de las víctimas
afrocolombianas, a fin de establecer una línea base que per-
mita formular políticas públicas más asertivas.
16.6.2.8 A las instituciones del Estado en
relación a combatir la discriminación por razón
de género y avanzar hacia la equidad de las
mujeres afrodescendientes de Buenaventura
A la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en
coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Bue-
naventura diseñar y aplicar planes, programas y proyectos de
prevención y protección frente a probables hechos de violen-
cia sexual de los grupos armados contra niñas y mujeres de

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la zona urbana y rural del Distrito. Se recomienda que estás
estrategias sean formuladas y aplicadas con participación de
las comunidades indígenas y afrocolombianas.
Al Ministerio de Salud en coordinación con la Secretaría de
Salud Departamental y la Secretaría de Salud del Distrito de
Buenaventura mejorar la implementación de planes, pro-
gramas y proyectos relacionados con la salud sexual y re-
productiva, priorizando hacer efectivos los mecanismos de
prevención de la violencia sexual en el Distrito e igualmente
facilitando el acceso a la debida atención médica, terapéu-
tica y psicosocial de las personas víctimas de violencia sexual
desde la cosmovisión de las mujeres afrodescendientes.
A la Agencia Presidencial para la Acción Social: brindar la
atención humanitaria que la población del distrito en situa-
ción de desplazamiento forzado y en particular las mujeres
requieren, hasta lograr el pleno restablecimiento de sus de-
rechos.
A la Fiscalía General de la Nación: adoptar las medidas ne-
cesarias para superar la impunidad en los casos de violencia
contra las mujeres perpetrados en el distrito de Buenaven-
tura. En este sentido, se recomienda también a la Fiscalía,
adelantar las investigaciones pertinentes ante tales agresio-
nes contra las mujeres y sancionar penalmente a los respon-
sables de las mismas.
A la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del In-
terior, y a la Fiscalía General de la Nación: adecuar los pro-
gramas de protección contemplados en los decretos 1737
y 1740 de 2010 y la Resolución 5101 de 2008, de acuerdo
con los elementos mínimos de racionalidad enunciados por
la Corte Constitucional en la sentencia T-496 de 2008, y en
especial el de especificidad, de manera que se otorgue una
respuesta diferenciada a los diversos impactos que produce
el conflicto armado en las poblaciones beneficiarias de la
protección, y en particular en las mujeres, en atención a las
condiciones de género, etnia y edad, entre otros aspectos.
A la Procuraduría General de la Nación y a su delegada en
el distrito: adelantar las investigaciones disciplinarias perti-
nentes ante las denuncias de los habitantes reseñadas en el
presente informe, sobre presuntos nexos entre funcionarios
del Estado y los grupos armados ilegales que operan en la
región, así como la negligencia de funcionarios y funciona-
rias en la atención a casos de violencia contra las mujeres.
16.6.2.9 A las instituciones del Estado en relación
a la consulta previa libre e informada de las
comunidades rurales y urbanas de Buenaventura
necesarios en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y conforme
a la jurisprudencia de la Corte Constitucional especializada
en materia de derechos colectivos de los territorios étnicos,
para la convocatoria de una Consulta Previa, libre e infor-
mada por parte del Gobierno Nacional a las comunidades
afectadas de las zonas de playas, los terrenos de bajamar
y todas las zonas accesorias de la Isla de Cascajal al mar y

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la antigua zona franca industrial en Buenaventura, Valle del
Cauca, en el marco de la implementación del plan de ex-
pansión portuaria y grandes proyectos mineros en el Distrito
Especial de Buenaventura.
Reiterar lo señalado la Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones de la OIT, respecto a que
la consulta debe llevarse a cabo con las instituciones real-
mente representativas de los pueblos interesados, y que la
identificación de las mismas es un derecho autónomo de las
comunidades, quienes deben identificar las instituciones que
cumplan con el requisito de representatividad, ya que lo im-
portante es que dichas instituciones representativas sean el
fruto de un proceso propio e interno de los pueblos interesa-
dos. Cabe adicionar que como señala la Corte Constitucio-
nal la participación tal como fue concebida en el convenio
169 de la OIT busca proteger la integridad cultural de las co-
munidades (Auto 005, párrafo 120), de modo que no debe
ser entendida como un requisito de validación de las estrate-
gias y decisiones gubernamentales. En este sentido, deberán
fomentar la participación comunitaria respetando las formas
internas y tradicionales de la comunidad negra en el proceso
de toma de decisiones
Cumplir sin más dilación y de forma integral en Buena-
ventura las órdenes del Auto 005 de 2009, al igual que las
demás órdenes de protección que con el mismo objeto ha
establecido la Corte Constitucional en los autos 200, 092,
251, 006, 098, y demás providencias en el marco del segui-
miento a la Sentencia T-025 de 2004; en particular todas las
relacionadas con derechos de víctimas afrodescendientes
en Colombia. Armonizar la legislación y las políticas públi-
cas para la protección de los derechos de los grupos étni-
cos. Por ejemplo, la legislación y la política minera, así como
los megaproyectos portuarios en Buenaventura no han sido
consultadas y esto ha afectado la integridad cultural de los
pueblos.
Reformar los Conpes 3712 y 3726 y POT actualmente vigen-
tes en Buenaventura que han provocado una planeación so-
bre los territorios sin haber existido consulta previa con las
poblaciones rurales y urbanas afectadas.
Por cuanto ha habido graves fallas en la garantía del derecho
a la consulta previa en medidas legislativas y administrativas,
estos procesos irregulares han afectado la pervivencia de los
pueblos, de manera que debería establecerse un mecanismo
complementario de reparación por las consecuencias deri-
vadas de la omisión de la obligación de consulta previa o de
consultas irregulares.
16.7 A las Instituciones de
Buenaventura y departamentales
En relación a la Reparación colectiva
En materia de garantías para el ejercicio de los derechos a la ver-
dad, justicia y garantías de no repetición, los entes territoriales y

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a las autoridades civiles y militares con presencia en Buenaven-
tura deben:
Adoptar las medidas institucionales necesarias que permitan ga-
rantizar que los hechos de violencia que han afectado a la co-
munidad negra de Buenaventura (veredas, cuencas, ríos, barrios
y comunas) no volverán a ocurrir.
Adelantar mecanismos de prevención del riesgo y protección de
la comunidad negra de Buenaventura, entre las cuales se des-
taca la protección a las y los jóvenes y a las mujeres negras víc-
timas de múltiples violencias basadas en género y exacerbadas
por el conflicto armado
Priorizar en la ejecución de los recursos públicos en este territo-
rio, el cumplimiento de las medidas de reparación formuladas
por la comunidad negra de Buenaventura con el propósito de
lograr la mayor eficacia de los recursos disponibles. Al respecto,
se recomienda a las autoridades que resulten electas para dirigir
los entes territoriales, incorporar en sus Planes de Desarrollo la
reparación colectiva dentro de sus líneas de acción, previa con-
sulta con las comunidades, asignando el presupuesto corres-
pondiente para su real ejecución y permitiendo los ejercicios de
veeduría ciudadana.
Veeduría Comunitaria en los barrios respecto a la implemen-
tación y desarrollo de las medidas que se implementen (obras,
programas, proyectos), haciendo interventorías comunitarias y
de otras entidades estatales para que sean responsables de los
dineros públicos que se invierten.
Evitar o impedir el desarrollo de programas asistencialistas que
desintegran la capacidad organizativa interna y de movilización
social por las lógicas de dependencia.
En relación a los derechos de las personas víctimas
de la violencia y prevención de las misma
Realización de un diagnóstico de las necesidades psicosociales
de las afectaciones de cada una de las comunidades.
Programa de apoyo psicosocial con enfoque diferencial y trans-
formador que se desarrolle desde dos estrategias: a) conforma-
ción de redes comunitarias que posibiliten atención individual
y grupos de apoyo comunitario; y b) componente de atención
clínica especializada en salud mental y medicina general y espe-
cializada. El programa debe desarrollarse a partir del diagnóstico
realizado
La administración municipal debe garantizar la protección a los
derechos de la población en situación de desplazamiento en el
territorio de Bajamar (Buenaventura) y brindarle asistencia hu-
manitaria de conformidad con los Principios Rectores de los Des-
plazamientos Internos y el auto 005 de 2009 de la Corte Cons-
titucional relativo a la población afrocolombiana desplazada o
en riesgo de desplazamiento. Implementación de la ordenanza
quinta del Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional rela-
cionada con la implementación de la Ruta Étnica de Protección
como mecanismo de salvaguarda del territorio ancestral.

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Al Alcalde Distrital de Buenaventura, apropiar los recursos y pre-
supuestos para atender de manera apropiada y digna con enfo-
que diferencial a las víctimas del conflicto armado de acuerdo
con lo consagrado en la Ley 1448 de 2011 y evaluar la coheren-
cia y capacidad de la respuesta institucional local para afrontar
la crisis humanitaria como también las dificultades y la falta de
coordinación para implementar el plan de contingencia.
En materia de búsqueda de personas desaparecidas, los entes
de investigación locales en coordinación con la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ha de implementar
mecanismos para promover la búsqueda de las personas cuyos
casos han sido denunciados ante las autoridades competentes,
activando los dispositivos de búsqueda urgente para dar con el
paradero de las personas desaparecidas en el Distrito de Buena-
ventura.
A la Unidad de Restitución de Tierras active la ruta de protección
de los bienes y predios urbanos abandonados de los barrios de
donde han sido expulsadas las familias, teniendo en cuenta que
en hechos anteriores se han presentado situaciones de despojo.
A la Gerencia Social para Buenaventura, evaluar las acciones im-
plementadas como medida preventiva y de mitigación de ries-
gos en materia de violaciones masivas a los derechos humanos
e infracciones al DIH en el año 2014, a fin de identificar los va-
cíos y focalizar nuevas acciones en los barrios, comunas, veredas
y corregimientos mayormente afectados por la violencia de los
grupos armados ilegales. Realizar un censo de familias y perso-
nas en situación de desplazamiento forzado, con el objeto de
integrarlos al proceso de concertación y consulta con las autori-
dades de los Pueblos Indígenas y Comunidades Negras del plan
de reparación colectiva.
A la Alcaldía de Buenaventura en coordinación con la Unidad
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, realizar y/o ac-
tualizar el censo de víctimas con el objeto de establecer sus ne-
cesidades, prioridades de atención humanitaria, entre otros, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 1448 de 2011.
Los Comités de Justicia Transicional Departamental del Valle del
Cauca y Distrital de Buenaventura han de actualizar y/o elabo-
rar, acorde con la actualización del escenario de riesgo los si-
guientes planes a nivel departamental y distrital: 1) Planes de
Acción Territorial; 2) Planes de Contingencia para la Atención de
Emergencias Humanitarias; 3) Planes de Retornos y Reubicacio-
nes; 4) Planes de reparación Colectiva.
A la Alcaldía de Buenaventura, adelantar las gestiones para la
construcción del albergue para el alojamiento de personas vícti-
mas de la violencia y requerir a las entidades del Estado compe-
tentes la atención humanitaria a las víctimas que llegan a Bue-
naventura como lugar de refugio sean atendidas en condiciones
humanas y dignas y de acuerdo a las formas de vida de la pobla-
ción afrodescendiente.
A la Gobernación del Valle del Cauca, bajo los principios de
complementariedad, subsidiariedad y concurrencia, destinar los
recursos suficientes para la atención integral de las víctimas en
el Distrito de Buenaventura.

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En materia de fortalecimiento al Ministerio Público
Demandar el fortalecimiento de la Procuraduría Provincial de
Buenaventura, que tiene un amplio ámbito territorial, especial-
mente con un equipo humano experto en investigaciones espe-
ciales, que facilite el seguimiento a la actuación, respuesta opor-
tuna y cumplimiento de los deberes funcionales por parte de
los servidores públicos con responsabilidades frente a la Ley de
Víctimas; e igualmente para agilizar procesos de investigación
sobre presuntas irregularidades de los servidores públicos en el
Distrito, procurando y alentando la denuncia de una ciudada-
nía que se muestra apática y escéptica frente a las instituciones
dada la actual situación de riesgo en que se encuentran y la
impunidad de las actuaciones de los victimarios.
En materia de organización, participación y autonomía
de las comunidades y el derecho al territorio
A la Unidad Nacional de Protección y a la Fuerza Pública, brindar
protección a los y las líderes comunitarios de los barrios que han
sido víctimas de amenazas y fortalecer, por parte de la Policía
Nacional, la seguridad en los barrios de las comunas 3, 4, 5, 6
y 12 pues se teme el incremento de los eventos de desplaza-
miento forzado.
Programa de fortalecimiento organizativo y del tejido social
de las comunidades negras dirigido a Consejos Comunitarios,
consejos inter veredales, comités inter-barriales, juntas de ac-
ción comunal, organizaciones de mujeres y organizaciones de
jóvenes, que tienda a recuperar la confianza, la autonomía y el
respeto por las autoridades tradicionales y las formas de ejercer
Gobierno Propio.
Programa de fortalecimiento étnico cultural. Programa de forta-
lecimiento a líderes, lideresas y a la comunidad encaminado al
rescate de las formas y prácticas de gobierno propio.
Programa de recuperación del uso, manejo y control de los te-
rritorios ancestrales (urbanos y rurales) por parte de las comuni-
dades
Concertación de los Consejos Comunitarios con la Fuerza Pú-
blica para garantizar la seguridad en los territorios colectivos.
Se debe fortalecer los instrumentos de gobernabilidad como los
reglamentos internos y los planes barriales.
Promoción de la objeción cultural como una forma de ejercer la
objeción de conciencia colectiva en el marco de autodetermina-
ción
Los servicios de agua, electricidad, alcantarillado, recogida de
basuras han de llegar a todos los barrios de Buenaventura, tam-
bién a los de bajamar. No es legítimo apelar a unas normas y
cumplirlas arbitrariamente. Las empresas, hoteles instalados a
menos de 50 metros de la línea alta de marea disponen de esos
servicios, mientras son negados a la población que habita en
los barrios. A los sectores de bajamar no se les puede negar a
esos servicios básicos públicos ya que son derechos humanos
básicos.

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En materia del derechos a la salud
Realizar, por parte de la Alcaldía Distrital, en cabeza de la Secre-
taria de Salud, un estudio que permita diagnosticar la situación
de las familias afectadas por el vertimiento de las aguas residua-
les que generó la construcción de la vía interna alterna y el resto
de megaproyectos en las diferentes comunas.
Dotación de equipamientos sanitarios, hospitales, centros de sa-
lud, suficientes para atender a la población de Buenaventura
Programas de atención en salud para las personas que se han
visto afectadas por la contaminación ambiental y el desarrollo
de megaproyectos
En materia de derecho a la educación
La Secretaría de Educación Distrital, ha de evaluar las medidas
urgentes tomadas frente a las causas que originan la deserción
escolar a fin de fortalecer e implementar alternativas y solucio-
nes encaminadas a disminuir el fenómeno, teniendo en cuenta
que los y las adolescentes son objeto de reiteradas ofertas y re-
clutamiento forzado, por parte de los actores armados ilegales.
La Secretaría de Educación del Distrito de Buenaventura ha de
diseñar e implementar planes, programas y proyectos destina-
dos a mejorar la cobertura y la calidad del acceso de los y las
habitantes al derecho a la educación técnica y vocacional a fin
de disminuir las condiciones de vulnerabilidad de la población.
Así mismo ha de realizar formación encaminada a proyectos de
empleo de la población en edad de trabajar, siempre de acuerdo
a las características de los medios de vida que se corresponden
con la población afrodescendiente.
En materia del derecho al trabajo
Fomentar un modelo de desarrollo incluyente y participativo con
enfoque étnico, de género y generación; y basado en el respeto
de las tradiciones y de los derechos de la comunidad negra de
Buenaventura y de otras comunidades que habitan en el terri-
torio.
Política pública debe considerar de manera prioritaria la garan-
tía de los derechos económicos, sociales y culturales, y debe es-
tar encaminada a superar de manera inmediata el racismo, la
discriminación y la inequitativa distribución de la riqueza.
Programa de recuperación del territorio que contemple la visión
propia, la formación comunitaria y que se oriente a la recupera-
ción productiva.
Programa de recuperación socio-económica y productiva de las
comunidades, a través de la restitución de los bienes perdidos
en el marco del conflicto y la garantía de acceso preferente a los
recursos naturales
Recuperar el territorio y las fuentes de trabajo ancestrales: a)
Programa de recuperación de la movilidad en los esteros; b) Pro-
grama de recuperación de especies nativas; c9 Programa de re-
cuperación de la pesca artesanal.

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Al Ayuntamiento y la Gobernación del Valle del Cauca hacer
una inversión social significativa para llevar el suministro de ser-
vicios y oportunidades de empleo para la población local. Hay
una notable falta de inversión social a medio y largo plazo en la
comunidad por las corporaciones en el puerto
Al Ministerio del Trabajo, al SENA, a la Gobernación del Valle del
Cauca y a la Alcaldía Distrital de Buenaventura, evaluar las ac-
ciones que se han generado con la empresa privada sobre pro-
yectos para la capacitación para el empleo de los jóvenes para
fortalecer las acciones en este tema y brindar ofertas laborales
que permitan la ocupación de los mismos que les garantice un
ingreso económico y se prevenga el reclutamiento y la vincula-
ción en actividades ilegales. Ampliar las acciones en materia de
Responsabilidad Social Empresarial.
Al Ministerio del Trabajo, al SENA, a la Gobernación del Valle del
Cauca y a la Alcaldía Distrital de Buenaventura, promover con la
empresa privada proyectos para la capacitación para el empleo
de los y las jóvenes y brindar ofertas laborales que permitan la
ocupación de los mismos.
A la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretarías
de Gobierno, Salud y Agricultura le compete apoyar proyectos
productivos mediante los cuales se brinde alternativas de subsis-
tencia y seguridad alimentaria a la población mestiza, afro des-
cendiente e indígena, de manera articulada con el Plan de De-
sarrollo del Distrito de Buenaventura, que habrá de modificarse
para dar satisfacción a estas necesidades y ponerlo a consulta
previa.
Establecer convenios del SENA con las empresas para realizar
prácticas remuneradas de los y las estudiantes en las empresas
nacionales y transnacionales con opción de contratación.
Controlar por la Alcaldía, en una comisión creada adhoc con
personas representativas y designadas por los barrios y comu-
nas, la contratación de hombres y mujeres de las comunas afec-
tadas, por parte de las empresas nacionales y transnacionales
ubicadas en la zona portuaria y de su influencia. Dicha comisión
ha de vigilar que efectivamente se priorice la contratación de
los y las habitantes del barrio, que no se producen presiones
por parte de ningún grupo para determinar a qué personas se
contratan, que no se ejerza discriminación racial, ni de género
ni por el hecho de pertenecer a organizaciones sociales o sin-
dicales. Abolir las preguntas relativas a estas cuestiones en el
formulario “Formas Minerva-Hoja de Vida-10-03”. Controlar así
mismo que se ajusten a ley: los salarios la duración de contrato,
las horas de trabajo, los turnos, las condiciones de salud laboral,
los accidentes y bajas laborales, los despidos, la entrega de las
prendas y material de trabajo requerido para el mismo, la no
discriminación por razón de sexo, la ausencia de acoso sexual...
Esto ha de ser reflejado en informes trimestrales tanto para las
empresas “madre” como para las terciarizadas que trabajan
para la misma.
Dotación de fondos para la creación de microempresas, previa
fase de formación y concertación que se ajuste a los deseos de
la población, que permitan medios de vida a hombres y muje-
res de las comunas en Buenaventura que se han quedado sin
trabajo debido a la expulsión de sus barrios y a la destrucción

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de esteros, de la contaminación del mar, de la destrucción del
comercio de barrios, que ha despojado a pescadores y a las mu-
jeres y vendedoras… así como a otros tipos de empleos tradicio-
nales.
En materia de equidad de género
Es fundamental que la Ley 1257, de 2008, por la cual se dictan
normas de sensibilización, prevención y sanción de todas las for-
mas de violencia y discriminación contra las mujeres, se aplique
y cumpla plenamente. Las mujeres que asuman roles dirigentes
deben ser reconocidas y se les debe brindar una protección ade-
cuada y en condiciones de igualdad. En relación con las políticas
y medidas de seguridad diseñadas para proteger a las mujeres
de las comunidades en situación de riesgo deben llevarse a cabo
consultas con ellas.
Aumentar el número de personas que atienden a las mujeres so-
brevivientes, ya que la unidad de medicina forense sigue siendo
escasa para una ciudad con una población de más de 400.000
habitantes y en la que tan sólo hay dos médicos y un psicólogo.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional están obli-
gadas por ley a la prevención, sanción y erradicación de todas
las formas de violencia contra las mujeres. Las denuncias de las
mujeres de Buenaventura en cuanto a la existencia de vínculos
entre funcionarias y funcionarios de dichas entidades y grupos
armados deben atenderse, investigarse y sancionarse. Debe po-
nerse fin de manera inmediata a esos intolerables vínculos y to-
mar medidas concretas.
A las unidades locales de Fiscalía de Buenaventura, implementar
estrategias efectivas para promover la denuncia de hechos de
violencia contra la mujer, garantizar la intimidad y seguridad de
sus víctimas, y evitar la revictimización. Establecer una unidad
de la violencia de género en Buenaventura, incluyendo al menos
un/una fiscal dedicada exclusivamente al tema de la violencia
sexual y doméstica.
Todo el personal que trabaja a nivel local dentro del sistema de
justicia debe recibir la sensibilización de género y la capacitación
en derechos de las mujeres, de acuerdo con la Ley 1719 del mes
de junio de 2014. Es urgente debido a que: No hay conciencia sis-
témica o comprensión de las cuestiones que rodean a la violencia
de género, en general, ni las medidas concretas que se requieren
para garantizar a las víctimas la confianza para reportar abusos
sin temor a represalias, protección y un entorno confidencial y de
apoyo para que las víctimas de proporcionar la mejor evidencia;
las mujeres víctimas a menudo tienen que llevar a cabo su pro-
pia investigación y para asegurar las pruebas, un trabajo para el
que no tienen los conocimientos ni los recursos y que las coloca
en situación de riesgo personal; muchas mujeres cuyos maridos
han desaparecido en Buenaventura tienen dificultades impor-
tantes para acceder a la ayuda.
A la Defensoría regional: adoptar estrategias de asesoría y
acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia durante
la denuncia y el desarrollo del proceso judicial, contando con
las organizaciones de mujeres que ya vienen desarrollando ese
trabajo, reconociéndolas su capacidad y experiencia en el trata-
miento de los casos.

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A la Administración Distrital: incorporar el enfoque diferencial
de género en el plan integral único de atención a la población en
situación de desplazamiento (PIU), teniendo en cuenta la direc-
triz de atención a la población en situación de desplazamiento
proferida por la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de
la Mujer y las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en
el auto 092 de 2008, así como garantizar la participación de las
mujeres en el proceso de revisión y ajuste del plan.
A la Administración Distrital: gestionar ante el Programa de Pro-
tección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de
Justicia, una mesa de trabajo en la que se analice la situación
de riesgo al que actualmente están expuestas las mujeres di-
rigentes y activistas de organizaciones de derechos humanos,
organizaciones sociales, cívicas, comunitarias, campesinas y de
grupos étnicos, organizaciones de población desplazada y mu-
jeres en situación de desplazamiento forzado del distrito. Lo an-
terior, con el fin de identificar e implementar mecanismos efecti-
vos de protección que tengan en cuenta las particularidades de
género, etnia y edad de las mujeres.
A la Secretaría de Seguridad Ciudadana: propiciar espacios en
los que las mujeres de las comunas y sus organizaciones, pue-
dan contribuir a elaborar los mapas de riesgo del distrito y suge-
rir medidas de prevención y protección acordes con sus especifi-
cidades de género, etnia, edad, entre otros aspectos.
A la Secretaría de Convivencia del Distrito: promover la partici-
pación de las mujeres, a través de acciones dirigidas a fortalecer
sus liderazgos y procesos organizativos, a partir de talleres, se-
minario u otros espacios independientes de la administración y
gestionados por las mujeres y organizaciones de los barrios.
Al Observatorio del Delito de Buenaventura: incluir en el moni-
toreo que realiza sobre las dinámicas de violencia en el distrito,
los actos de violencia sexual y en particular aquellos cometidos
contra la mujer. Generar la posibilidad de un Observatorio espe-
cializado en los delitos contra la mujer.
Financiar espacios para las organizaciones de mujeres de los ba-
rrios, con amplia experiencia en liderazgo, defensoría de dere-
chos humanos para que puedan socializar toda su experiencia
al conjunto de mujeres de las comunas. Así mismo generar es-
pacios de intercambio con hombres para trabajar sobre la discri-
minación de género y la violencia hacia las mujeres para trans-
formar actitudes machistas en otras favorables a los procesos
de lucha por la equidad de las mujeres. Este tipo de espacios,
realizados a partir de su propia cosmovisión son esenciales para
que exista una incidencia real en la población.

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❚❚ BIBLIOGRAFÍA
17 BIBLIOGRAFÍA
(2014), Solicitud de extracción de un área de la Reserva
Forestal del Pacífico para la construcción y operación del
Terminal Portuario Multipropósito de Puerto Solo en la bahía
de Buenaventura. Citado en Ministerio de Medio Ambiente,
Resolución número 1223 de 2014 de 30 de julio. Diario Oficial.
Edición 49250 de 21/08/2014.
(Regional Pacífico: 2006), Derecho a la a Alimentación y
Territorio en el Pacífico Colombiano; Proyecto Consolidación del
proceso de definición, apropiación y ejercicio de la autonomía
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Alcaldía de Buenaventura, (2001), Plan de Ordenamiento
Territorial Convivencia Pacífica desde la Diversidad, Oficina de
Planeación y Ordenamiento Territorial.
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LA COMUNIDAD NEGRA?
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LA COMUNIDAD NEGRA?
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del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia
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saqueo de América del Sur, 22/10/2014 en http://www.
creadess.org/index.php/informate/lo-bueno-y-lo-malo/
malas-practicas/21348-proyecto-iirsa-el-mega-proyecto-
para-el-saqueo-de-america-del-sur

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Defensoria del Pueblo, (2007 21 diciembre). Informe de
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Buenaventura”.
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el Distrito de Buenaventura. Informe Temático.
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de los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes e
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de uso y utilización. http://www.javerianacali.edu.co/sites/
ujc/files/node/field-documents/field_document_file/info_
buenaventura.pdf
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24 de diciembre), Informe de Riesgo N° 032-08, Municipio
Buenaventura, departamento Valle del Cauca.
16 de diciembre), Nota de Seguimiento Nº 034-09, Informe de
Riesgo nº 032 de 2008 emitido el 24 de diciembre de 2008,
Municipio Buenaventura, departamento Valle del Cauca.
13 de diciembre) Nota de Seguimiento Nº 027-10, Segunda al
Informe de Riesgo nº 032 de 2008 emitido el 24 de diciembre
de 2008, Municipio Buenaventura, departamento Valle del
Cauca.
Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, (2011)
Consultoría Violencia contra las mujeres en el departamento
de Valle del Cauca, con particular atención en la situación de
derechos de las mujeres víctimas sobrevivientes del Distrito
de Buenaventura y con énfasis en las afectaciones en los
liderazgos y procesos organizativos de las mujeres.
Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, (2011, 1
julio) Nota de Seguimiento Nº 016-11, Tercera Nota al Informe
de Riesgo nº 032 de 2008 emitido el 24 de diciembre de 2008,
23 de agosto), Nota de Seguimiento Nº 012-12, Cuarta al
Cauca.
Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, (2013, 2
de mayo), Nota de Seguimiento Nº 005-13, Quinta al Informe
de Riesgo nº 032 de 2008 emitido el 24 de diciembre de 2008,
31 de enero), Nota de Seguimiento Nº 001-14, Sexta al informe
Cauca.

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PREVIA: MALAVENIDOS
MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
30 de marzo) Nota de Seguimiento Nº 003-15, Séptima al
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2006: estrategias para la competitividad del sector portuario.
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PREVIA: MALAVENIDOS
MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
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PREVIA: MALAVENIDOS
MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
Jormmy Maritza, Machado Hernández, Jormmy Maritza;
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descargar.php?idFile=210555 Acta de evaluación: Entre
las personas de ESTEYCO: Jordi Hereu Bonher, Ramón Garcia
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Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado”, (2013), XI Informe
sobre la violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, (2014),
Resolución número 1223 DE 2014. (julio 30) por medio
de la cual se sustrae definitivamente un área de la Reserva
Forestal del Pacifico establecida en la Ley 2ª de 1959 para la
construcción y operación del Proyecto Portuario Multipropósito
Puerto Solo, localizado en la bahía de Buenaventura
departamento del Valle del Cauca, y se toman otras
determinaciones.
Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Vías, (2008),
Dragado de profundización del canal de acceso al puerto de
Buenaventura.

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PRESENTACIÓN
PREVIA: MALAVENIDOS
MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
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PREVIA: MALAVENIDOS
MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
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PROPUESTAS
RESUMEN EJECUTIVO
PRESENTACIÓN
PREVIA: MALAVENIDOS
MASTERPLAN 2050:
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PROPUESTAS
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PRESENTACIÓN
PREVIA: MALAVENIDOS
MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
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www.tcbuen.com.co/
PRENSA
Ara
Bluradio
El Diario.es
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PROPUESTAS
RESUMEN EJECUTIVO
PRESENTACIÓN
PREVIA: MALAVENIDOS
MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
Entrevistas, talleres y testimonios
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista con el presidente
Sintraunicol y responsable DH de CUT del Valle del Cauca, en
Cali, marzo 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista con Holmes Villegas,
coordinador de Valle del Cauca y con Vera Sambudio,
responsable de incidencia, del Servicio Jesuita a Refugiados,
marzo 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista con el coordinador
local de la CUT de Buenaventura, marzo 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a mujer líder
comunitaria Comuna 5 de Buenaventura, marzo 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista al obispo de
Buenaventura, Monseñor Héctor Epalza, marzo 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista con pescadores del
estero Aguacate, marzo 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista con miembro
de la Asociación de Pescadores del estero de Aguacate ,
Asoaguacate, marzo 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista con Alberto Bejarano,
asistente político del senador Alexander López, en Cali, abril
2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a líder de
Transformando Mentes en el barrio de Santa Fe de la Comuna
5, abril 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a líderes de los barrios
Isla de la Paz y la Cima, abril 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a Manuel Bedoya,
presidente de la Asociación de pescadores de Buenaventura,
abril 2015
Taula catalana per Colòmbia, entrevista a líder del barrio la
Cima, abril 2015
Taula catalana per Colòmbia, entrevista al senador Alexander
López, abril 2015
Taula catalana per Colòmbia, entrevista con Gabriel Corrales,
gerente de TCBUEN, en Bogotá, abril 2015.
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a líderes comunitarios
Comuna 5, abril 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista mujer lideresa Proceso
Comunidades Negras (PCN), abril 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevistas con sindicalistas de la
Unión Portuaria de Colombia

PROPUESTAS
RESUMEN EJECUTIVO
PRESENTACIÓN
PREVIA: MALAVENIDOS
MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
Taula Catalana per Colòmbia, entrevistas a familiares de
víctimas de la violencia en Buenaventura, abril 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a mujer desplazada,
abril 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a trabajadores de
TCBUEN, abril 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista al jefe de la policía de
Buenaventura, Marcelo Rusi, abril 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a ingeniero portuario
especialista en dragados
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a representantes de la
Oficina de Terreno ACNUR Buenaventura
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a madres de jóvenes
de la masacre de Punta del Este, comuna 5 de Buenaventura,
abril 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista al Padre Adriel Ruiz,
del barrio Lleras y miembro de la Coordinación Regional del
Pacífico Colombiano, abril 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista a líder comunitario del
barrio Santa Fe Comuna 5 de Buenaventura, abril 2015
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista con Ramón Sagarra,
director de Tecnología, y Ana María Fernandez, arquitecta,
miembros de ESTEYCO, empresa que elaboró el Master plan de
Buenaventura, mayo 2015, en Barcelona
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista con Sindicato marítimo
Barcelona, junio 2015
Taula catalana per Colòmbia, entrevista a Grup Marítim
Terminal de Contenedores de Barcelona (Grup TCB) vía
cuestionario correo electrónico
Taula Catalana per Colòmbia, entrevista con sindicatos(¿)
estibadores portuarios, junio 2015

PROPUESTAS
RESUMEN EJECUTIVO
PRESENTACIÓN
PREVIA: MALAVENIDOS
MASTERPLAN 2050:
LA COMUNIDAD NEGRA?
Reuniones
Asistencia a la Universidad Intercultural de los Pueblos, en Cali y
contactos con NOMADESC y PCN
Reunión con el Comité Interorganizacional de Buenaventura
Visita acción informativa sindical de la CUT a las puertas del
complejo portuario de Isla del Cascajal
Reunión con sindicalistas de Sintraunicol de la CUT de la
Universidad del Pacífico
Seminario a cargo lideresa PCN sobre derechos colectivos de las
comunidades afrodescendientes
Reunión con el Comité Interorganizacional para la elaboración
de propuestas
Visitas a los barrios

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