El documento propone varias iniciativas para mejorar la gobernabilidad y justicia en México, incluyendo aplicar la ley de manera igual para todos los ciudadanos, eliminar el fuero para funcionarios bajo investigación, y crear mecanismos para una mayor participación ciudadana en el gobierno. También recomienda reformas para establecer un sistema de justicia más eficiente, como la creación de un fiscal anticorrupción, homologar los códigos penales entre estados, y profesionalizar a jueces, ministerios públicos y personal penitenciario.