Ley 2028

LEY Nº 2028
DE 28 DE OCTUBRE DE 1999
LEY DE MUNICIPALIDADES

Por cuanto el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:
TÍTULO I
MUNICIPALIDAD Y GOBIERNO MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1° (Objeto)
La presente Ley tiene por objeto regular el régimen municipal establecido en el Título VI de la
Parte Tercera, Artículos 200° al 206°, de la Constitución Política del Estado.
Artículo 2° (Ámbito de Aplicación)
El ámbito de aplicación de la presente Ley es el siguiente:
1. Organización y atribuciones de la Municipalidad y del Gobierno Municipal;
2. Normas nacionales sobre Patrimonio de la Nación, Propiedad y Dominio Público; y
3. Control social al Gobierno Municipal.
Artículo 3º (Municipio, Municipalidad y Gobierno Municipal)
I. Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la jurisdicción
y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado
unitario y democrático boliviano.
II. En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la República.
III. La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y
contribuye a la realización de sus fines.
IV. El gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el Gobierno Municipal.
Artículo 4º (Autonomía Municipal)
I. La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, adminis-
trativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial
y de las competencias establecidas por Ley.
II. La autonomía, municipal se ejerce a través de:
1. La libre elección de las autoridades municipales;
2. La facultad de generar, recaudar e invertir recursos;
3. La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las políticas y estra-
tegias municipales;
4. La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica, económi-
ca, financiera, cultural y social;
5. La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente Ley y de sus propias
Ordenanzas y Resoluciones; y
6. El conocimiento y Resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de sus
potestades normativas, ejecutivas, administrativas y técnicas, mediante los recursos
administrativos previstos en la presente Ley y las normas aplicables.

Régimen municipal 187

Artículo 5° (Finalidad)
I. La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la satisfacción
de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos
en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio.
II. El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al servicio
de la población, tiene los siguientes fines:
1. Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del
Municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y pro-
yectos concordantes con la planificación del desarrollo departamental y nacional;
2. Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del
Municipio, mediante el establecimiento, autorización y regulación y, cuando correspon-
da, la administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y explotaciones
municipales;
3. Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas
competitivas;
4. Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas
del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales;
5. Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio de la Nación exis-
tente en el Municipio;
6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, morales y cívi-
cos de la población y de las etnias del Municipio;
7. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equi-
dad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad; y
8. Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su competencia, el
ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las personas estantes y habitan-
tes del Municipio.
CAPÍTULO II
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Artículo 6° (Jurisdicción Territorial)
El Gobierno Municipal ejerce su jurisdicción y competencia en el área geográfica correspondien-
te a la Sección de Provincia respectiva.
Artículo 7° (Principios Rectores)
El ejercicio de las competencias de los gobiernos municipales se regirá por los siguientes princi-
pios rectores:
De Coordinación: Por el cual, las autoridades del Gobierno Municipal, al momento de ejercer sus
propias competencias, deberán coordinar sus políticas, planes, programas y proyectos con otros
Municipios para su ejecución mancomunada; así como articular su actuación con los diferentes
niveles de autoridad del Gobierno Nacional y su administración departamental.
De Concurrencia: Por el cual, el Gobierno Municipal podrá ejercer sus competencias en unión o
en relación directa con otras autoridades o entidades territoriales públicas y privadas, descon-
centradas, descentralizadas y regulatorias, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal. Su
actuación no se prolongará más allá del límite fijado por la materia correspondiente.
De Subsidiariedad: Por el cual, aquellas competencias e iniciativas que puedan ser realizadas con
eficiencia y eficacia por el Gobierno Municipal no deben corresponder a un ámbito superior de
la administración del Poder Ejecutivo, salvo que éstas sean expresamente definidas por Ley.
Artículo 8º (Competencias)
Las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus fines son las siguientes:
I. EN MATERIA DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE:
1. Planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito urbano y rural del
Municipio, de conformidad con las normas de la planificación participativa municipal;

188 Régimen municipal

2. Aprobar, regular, fiscalizar y coordinar la ejecución de los planes de ordenamiento terri-
torial del Municipio, en concordancia con las normas departamentales y nacionales de
acuerdo a criterios técnicos;
3. Promover el crecimiento económico en coordinación con la Prefectura Departamental,
identificando las potencialidades y vocaciones del Municipio e involucrando para ese
propósito a los agentes económicos, locales y externos;
4. Promover la participación del sector privado, de las asociaciones y fundaciones y otras
entidades, sin fines de lucro, en la prestación de servicios, ejecución de obras públicas,
explotaciones municipales y otras actividades de interés del Municipio;
5. Cooperar con las autoridades regulatorias que correspondan para promover y apoyar
la explotación y administración de bienes y servicios de dominio público nacionales, de
recursos de la Nación y de otros bienes y servicios en su jurisdicción;
6. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos natu-
rales, fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y mantener el equilibrio ecológico y
el control de la contaminación en concordancia con las leyes que rigen la materia;
7. Cumplir y hacer cumplir las normas especiales nacionales y municipales de uso de sue-
lo, subsuelo, sobresuelo, agua y recursos naturales;
8. Fomentar y participar en la generación de condiciones técnicas y financieras sostenibles
destinadas a la construcción de vivienda en el marco de los programas nacionales y
departamentales, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal;
9. Demoler las construcciones que no cumplan con la normativa de uso del suelo, subsue-
lo y sobresuelo con la normativa urbanística, la de saneamiento básico y otras normas
administrativas especiales, nacionales y municipales;
10. Reubicar, luego de un proceso técnico – administrativo - jurídico, sin que medie expro-
piación ni compensación alguna, el uso de los inmuebles destinados a vivienda, comer-
ciales, industriales o de cualquier otro carácter, que no cumplan y afecten al plan de
ordenamiento urbano y territorial, la norma del uso del suelo o cuando el interés públi-
co así lo aconseje;
11. Sancionar en el marco de sus competencias los daños a la salud pública y al medio
ambiente, ocasionados por las actividades industriales, comerciales o económicas de
cualquier tipo o naturaleza que se realicen en su jurisdicción. Denunciar y demandar la
reparación de daños y perjuicios cuando provengan de Municipios vecinos;
12. Ejecutar planes y programas que permitan eliminar o reducir las causas y efectos de los
desastres naturales y provocados por el hombre, mediante el establecimiento de meca-
nismos financieros, educativos y técnicos que fueran necesarios, así como coordinar
con los órganos nacionales que correspondan para dicho efecto;
13. Promover e incentivar el turismo en el marco de las políticas y estrategias nacionales y
departamentales;
14. Incorporar la equidad de género en el diseño, definición y ejecución de las políticas,
planes, programas y proyectos municipales;
15. Supervisar, de acuerdo con el Reglamento, el desempeño de las autoridades, personal
docente, médico, paramédico y administrativo de los sectores de educación y salud de
su jurisdicción; proponiendo a la autoridad Departamental o Distrital correspondiente, la
ratificación por buenos servicios o la remoción por causal justificada del personal
docente, médico, paramédico y administrativo de dichos sectores, de manera directa o
a solicitud de las Organizaciones Territoriales de Base o del Comité de Vigilancia del
Municipio, solicitud que será tramitada ante el Concejo Municipal y que en ningún caso
podrá ser denegada;
16. Promover y atender, cuando corresponda y de manera sostenible, los programas de ali-
mentación complementaria y suplementaria de grupos o personas que sean sujetos
de subsidios públicos de acuerdo con el Reglamento y el presupuesto;
17. Preservar los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, republica-
nos históricos de la Nación, o los procedentes del culto religioso que se encuentren en


su jurisdicción sean públicos o privados, promover su uso y goce lucrativo y restaurar
los que sean de propiedad pública municipal;
18. Fomentar e incentivar las actividades culturales, artísticas y deportivas;
19. Promover y fomentar la participación en la formulación de las políticas, planes, progra-
mas y proyectos en favor del desarrollo integral y los derechos de los pueblos indíge-
nas y comunidades originarias y de la mujer en condiciones de equidad;
20. Promover y desarrollar programas y proyectos sostenibles de apoyo y fortalecimiento a
la unidad de la familia, a la integración social y económica generacional, a la defensa y
protección de la niñez y adolescencia, y para la asistencia de la población de la tercera
edad;
21. Incorporar en los procesos de planificación municipal las necesidades de las personas
con discapacidad;
22. Contribuir para la otorgación de prestaciones de salud a la niñez, a las mujeres, a la ter-
cera edad, a los discapacitados y a la población en general, mediante mecanismos pri-
vados y públicos de otorgamiento de coberturas y asunción de riesgos colectivos; y
23. Precautelar la moral pública y las buenas costumbres, preservando los derechos a la
libertad e igualdad individuales.
II. EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA:
1. Construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores de educación, salud, cul-
tura, deportes, micro riego, saneamiento básico, vías urbanas y caminos vecinales;
2. Reglamentar, diseñar, construir, administrar y mantener lugares de esparcimiento y
recreo público, mercados, mataderos, frigoríficos públicos, mingitorios, cementerios y
crematorios públicos en el marco de las normas de uso de suelo;
3. Otorgar en concesión al sector privado y establecer mecanismos de financiamiento
para la construcción, equipamiento y mantenimiento de infraestructura y servicios en los
sectores de educación, salud, cultura, deportes, micro riego, saneamiento básico, vías
urbanas, caminos vecinales, otras obras, servicios y explotaciones de la jurisdicción
municipal. Se comprenderá en dicho concepto, entre otros, los lugares de esparci-
miento y recreo público, mercados, mataderos y frigoríficos públicos, mingitorios,
cementerios y crematorios públicos, excluyendo las concesiones de servicios sujetas al
Sistema de Regulación Sectorial;
4. Normar, regular, controlar y fiscalizar la prestación de servicios públicos y explotaciones
económicas o de recursos otorgados al sector privado en el área de su jurisdicción, en
el marco de sus competencias y de acuerdo con normas nacionales; y
5. Administrar el equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de los bienes muebles e
inmuebles de propiedad del Municipio y otros de interés público que mediante contra-
tos convenios y concesiones que con aprobación del Concejo Municipal pase a tuición
del municipio.
III. EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:
1. Recaudar y administrar los ingresos municipales de carácter tributario y no tributario;
2. Generar ingresos para el Municipio otorgando concesiones de uso y disfrute de servi-
cios, obras y explotaciones en el área de su jurisdicción y competencia, exceptuando
aquéllas que se encuentran bajo competencia expresa de las Superintendencias
Sectoriales de acuerdo con normas nacionales;
3. Generar ingresos para el Municipio otorgando concesiones de uso y disfrute de la pro-
piedad pública municipal, de acuerdo con una reglamentación específica;
4. Recaudar las rentas generadas por el uso común de la propiedad inmueble pública
municipal;
5. Establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de
orden técnico, jurídico y de interés público;
6. Administrar el Sistema del Catastro Urbano y rural en forma directa o a través de terce-
ros, de acuerdo con normas técnicas emitidas por el Poder Ejecutivo;


7. Administrar el Registro y Padrón de contribuyentes, en base al Catastro Urbano y Rural;
8. Conocer los trámites de adjudicaciones, expropiaciones, concesiones, licitaciones, con-
tratos y convenios que los órganos e instituciones departamentales y nacionales reali-
cen en su jurisdicción y resolver la compatibilidad con el Plan de Desarrollo Municipal y
sus programas de Desarrollo en el marco de sus competencias;
9. Expropiar inmuebles por razones de necesidad o utilidad pública o cuando no cum-
plan una función social, previa indemnización justa, mediante Ordenanza Municipal;
10. Supervisar el uso del equipamiento, mobiliario, material didáctico, medicamentos, ali-
mentos y otros insumos que usan los servicios de educación y salud bajo su tuición, así
como suministrar y administrar dichos bienes, cuando corresponda;
11. Autorizar, reglamentar, controlar y supervisar el funcionamiento de juegos recreativos; y
12. Conocer y resolver los asuntos administrativo - financieros municipales.
IV. EN MATERIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR:
1. Representar y defender, cuando corresponda, ante las Superintendencias sectoriales el
interés y derechos de los usuarios de su jurisdicción afectados por las empresas con-
cesionarias de servicios;
2. Establecer un sistema de control de calidad, calificación bromatológica y de niveles y
condiciones de sostenibilidad ecológica para los productos producidos, comercializa-
dos o transportados en su jurisdicción;
3. Supervisar el cumplimiento de las normas y condiciones higiénicas de sanidad en la ela-
boración, transporte y venta de productos alimenticios para el consumo humano y ani-
mal, así como sancionar su quebrantamiento, en coordinación con otros órganos del
Poder Ejecutivo; y
4. Decomisar y destruir sin derecho a compensación alguna para los infractores, los bie-
nes de consumo humano o animal que generen o puedan generar condiciones patoló-
gicas de cualquier naturaleza en individuos o poblaciones humanas o animales; así
como los productos destinados al cultivo vegetal que generen o puedan generar con-
diciones de alteración genética de dichos seres vivos que se encuentren dentro de su
jurisdicción.
V. EN MATERIA DE SERVICIOS:
1. Otorgar en concesión, controlar, regular y planificar la prestación de obras, servicios
públicos y explotaciones económicas en su jurisdicción, cuando tengan competencia
para ello;
2. Cuando no existan condiciones para otorgar en concesión de los servicios de agua
potable y alcantarillado, el Gobierno Municipal ejecutará en forma directa la prestación
de dichos servicios conforme al Plan de Desarrollo Municipal, en concordancia con las
leyes nacionales y sectoriales;
3. Regular, fiscalizar y administrar directamente, cuando corresponda, los servicios de
aseo, manejo y tratamiento de residuos sólidos;
4. Controlar y administrar, cuando corresponda, la prestación del servicio de alumbrado
público;
NOTA: ARTÍCULO 19 DE LA LEY Nº 2494. La competencia municipal con relación al servicio de
alumbrado público establecida en el Capítulo II, Artículo 8, Titulo V de la Ley Nº 2028, pasa
a ser competencia nacional a través de la Superintendencia de Electricidad en las condi-
ciones dispuestas en la presente ley
5. Reglamentar y supervisar los espectáculos públicos, la publicidad comercial y la propa-
ganda vial, mural o por cualquier otro medio que se genere o difunda en su jurisdicción;
6. Coordinar la prestación de los servicios de transporte con la Superintendencia sectorial
correspondiente;
7. Organizar y reglamentar en coordinación con la Policía Nacional, el tránsito y vialidad de
su jurisdicción, en cumplimiento de normas nacionales especiales e internacionales que


sean aplicables; regular y registrar los vehículos en general y la emisión de placas de su
jurisdicción;
8. Organizar y reglamentar los Servicios Legales Integrales de protección a la familia, mujer
y tercera edad y administrar dichos servicios, y
9. Organizar y Reglamentar las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de conformidad al
Código de la materia.
Artículo 9º (Otras Competencias)
I. Son de competencia del Gobierno Municipal los actos administrativos aprobados por las ins-
tancias públicas que tengan autorización expresa para ello y que generen una relación en la
que la Municipalidad sea sujeto, objeto o agente. El o los gobiernos municipales involucra-
dos deberán ser notificados de manera expresa para la validez del acto.
II. La transferencia de nuevas competencias en favor del Gobierno Municipal, por cualquier dis-
posición legal a futuro, deberá prever la asignación de recursos suficientes para cumplir
dichas atribuciones en condiciones que garanticen su sostenibilidad.
III. Para el efectivo cumplimiento de sus competencias, el Gobierno Municipal podrá requerir el
auxilio de la fuerza pública.
TÍTULO II
GOBIERNO MUNICIPAL
CAPÍTULO ÚNICO
CONFORMACIÓN Y ELECCIÓN
Artículo 10º (Conformación)
El Gobierno Municipal está conformado por un Concejo Municipal y un Alcalde Municipal. En los
cantones habrá Agentes Municipales, bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su
jurisdicción.
Artículo 11º (Elección de Concejal, Alcalde y Agente Municipales)
La elección de Concejal, Alcalde y Agente Municipales está regida por la Constitución
Política del Estado y por el Código Electoral.
NOTA: ARTÍCULO 1º DISPOSICIONES FINALES DE LA LEY Nº 2771. Se modifican las siguien-
tes disposiciones legales contenidas en la Ley de Municipalidades, con el siguiente
texto:
“Artículo 11, (Elección de Concejal, Alcalde y Agentes Municipales)
La elección de concejal, Alcalde y Agentes municipales están regidas por la Constitución Política
del Estado, la Ley de Partidos Políticos, Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas y
el Código Electoral.”
TÍTULO III
ÓRGANO REPRESENTATIVO, NORMATIVO, FISCALIZADOR Y DELIBERANTE
CAPÍTULO I
CONCEJO MUNICIPAL
Artículo 12º (Concejo Municipal)
El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal; constituye el órgano repre-
sentativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal, siendo sus atribuciones las
siguientes:
1. Organizar su directiva;
2. Elegir, cuando corresponda, al Alcalde Municipal conforme a lo establecido en los
artículos 200° y 201° de la Constitución Política del Estado;
3. Designar, de entre sus miembros, a la Comisión de Ética, en las primeras sesiones ordi-
narias;
4. Dictar y aprobar Ordenanzas como normas generales del Municipio y Resoluciones de
orden interno y administrativo del propio Concejo;
5. Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial,
a los sesenta (60) días de su presentación por el Alcalde Municipal, incorporando la deli-


mitación del radio urbano y rural de su jurisdicción. En caso de que el Concejo Municipal
no se pronunciara en el plazo señalado, dichos planes y programas se darán por apro-
bados;
6. Aprobar los planos de zonificación y valuación zonal o distrital, tablas de valores según
calidad de vía del suelo, calidad y tipo de construcción, servicios y calzadas, así como la
delimitación literal de cada una de las zonas urbanas y zonas rurales detectadas en el
proceso de zonificación, conforme a normas nacionales vigentes a propuesta del
Alcalde Municipal;
7. Fiscalizar la administración del catastro urbano y rural, de acuerdo con las normas catas-
trales y técnico – tributarias emitidas por el Poder Ejecutivo;
8. Revisar, aprobar o rechazar el informe de ejecución del Programa de Operaciones
Anual, los estados financieros, ejecución presupuestaria y la memoria correspondiente
a cada gestión anual, presentados por el Alcalde Municipal, dentro de los tres (3) prime-
ros meses de la siguiente gestión;
9. Aprobar, dentro de los primeros (30) treinta días de su presentación, el Programa
Operativo Anual y el Presupuesto Municipal, presentados por el Alcalde Municipal en
base al Plan de Desarrollo Municipal, utilizando la Planificación Participativa Municipal.
Cuando el Concejo Municipal no se pronunciara en el plazo señalado, el Programa
Operativo Anual y el Presupuesto Municipal presentados se darán por aprobados;
10. Aprobar las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes, remitiéndolas al Senado
Nacional, para su respectiva consideración y aprobación;
11. Aprobar o rechazar convenios, contratos y concesiones de obras, servicios públicos o
explotaciones del Municipio en un plazo máximo de quince (15) días;
12. Aprobar o rechazar la emisión o compra de Títulos Valores;
13. Aprobar, por dos tercios del total de los concejales, la enajenación de bienes municipa-
les sujetos a régimen jurídico privado, de conformidad con la presente Ley, para la pos-
terior tramitación de su autorización ante el Congreso Nacional;
14. Autorizar la negociación y constitución de empréstitos, en un plazo máximo de quince
(15) días;
15. Aprobar la participación del Gobierno Municipal en mancomunidades, asociaciones,
hermanamientos y organismos intermunicipales, públicos y privados, nacionales o inter-
nacionales;
16. Fiscalizar las labores del Alcalde Municipal y, en su caso, disponer su procesamiento
interno por responsabilidad administrativa; sancionarlo en caso de existir responsabili-
dad ejecutiva y remitir obrados a la justicia ordinaria en los casos de responsabilidad civil
o penal, constituyéndose en esta última situación en parte querellante;
17. Convocar o solicitar al Alcalde Municipal informes de su gestión;
18. Fiscalizar, a través del Alcalde Municipal, a los Oficiales Mayores, Asesores, Directores y
personal de la administración municipal, así como a los directorios y ejecutivos de las
Empresas Municipales;
19. Promover y aprobar la Distritación Municipal, tomando en cuenta las unidades geográfi-
cas, socio-culturales, étnicas, productivas o económicas, físico ambientales, la distribu-
ción territorial y administrativa de los servicios públicos y de infraestructura;
20. Aprobar la creación, constitución, fusión, transformación o disolución de Empresas
Municipales;
21. Emitir Ordenanzas para el registro de la personalidad jurídica de las Organizaciones
Territoriales de Base y de las Asociaciones Comunitarias de estas últimas;
22. Nominar calles, avenidas, plazas, parques y establecimientos de educación y de salud
de acuerdo con criterios históricos y tradicionales, según norma específica;
23. Aprobar mediante Resolución interna el presupuesto del Concejo, la planilla presupues-
taria para la remuneración de los Concejales, Agente Municipal Alcalde Municipal y
Administración Municipal, de acuerdo con el grado de responsabilidad y la naturaleza


del cargo; así como la escala de viáticos y gastos de representación del Presidente del
Concejo y del Alcalde Municipal, en función con lo establecido en la presente Ley y con la
capacidad económica del Municipio, para su consolidación en el presupuesto municipal;
24. Designar de entre sus miembros en ejercicio, por mayoría absoluta, al Alcalde Municipal
interino, en caso de ausencia o impedimento temporal del Alcalde Municipal;
25. Designar, en un plazo no mayor a sesenta (60) días, a los Consejeros Departamentales de
su jurisdicción y coordinarán con ellos acciones en el ámbito departamental y municipal;
26. Designar al Tribunal de Imprenta de acuerdo con la Ley;
27. Considerar los informes y dictámenes emitidos por la Contraloría General de la
República, ejecutando sus disposiciones conforme con lo establecido por Ley;
28. Aprobar el reglamento de honores, distinciones, condecoraciones y premios por servi-
cios a la comunidad, que en ningún caso podrán consistir en montos pecuniarios vitali-
cios o mayores a un solo pago global; y
29. Las demás atribuciones o responsabilidades que le señalen las leyes.
Artículo 13º (Posesión de Cargos)
Los miembros del Concejo Municipal tomarán posesión de sus cargos, en las Capitales de
Departamento ante la Corte Superior de Distrito y, en las secciones de provincia, ante el Juez de
Partido de su jurisdicción. El Alcalde Municipal será posesionado por el Presidente del Concejo
Municipal.
Artículo 14º (Elección de Directiva)
I. El Concejo Municipal, en su primera sesión, elegirá su Directiva de entre los concejales titu-
lares. La Directiva del Concejo estará compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y un
Secretario. El Presidente y el Secretario representarán a la mayoría, y el Vicepresidente a la
minoría. Asimismo, deberá organizar comisiones para tratar y resolver asuntos correspon-
dientes a sus atribuciones.
II. Los concejales suplentes sólo podrán ser elegidos miembros de la Directiva del Concejo,
cuando su titular lo autorice expresamente y, en caso de su reincorporación, se procederá
a nueva elección por el cargo cesante.
NOTA: ARTÍCULO 1º DE LA LEY Nº 2136. Insertase en el Artículo 14º (Elección de la Directiva), de
la Ley Nº 2028, de Municipalidades, de 28 de octubre de 1999, el siguiente parágrafo:
“III. Los Concejales que integran las Directivas del Concejo Municipal y de las comisiones, dura-
rán en sus funciones un año, pudiendo ser reelectos, en la forma establecida por la presen-
te Ley y Reglamento Interno del Concejo Municipal”.
Artículo 15º (Sesiones de Concejo)
El Concejo Municipal fijará el número de sesiones ordinarias por semana y realizará sesiones
extraordinarias cuantas veces sea necesario de acuerdo a Reglamento Interno.
Artículo 16º (Carácter de las Sesiones)
I. Las sesiones del Concejo son ordinarias y extraordinarias. Las sesiones se realizarán en ple-
nario o en comisiones y deberán convocarse obligatoriamente de manera pública y por
escrito.
II. Las sesiones del Concejo Municipal serán necesariamente públicas y sólo podrán ser reser-
vadas o secretas si afectaran o perjudicaran a la moral o al honor personal, éstas serán
determinadas por dos tercios de los miembros presentes. En todos los casos se tomará
asistencia y se levantará acta de los asuntos tratados; transcurridos diez (10) años desde la
sesión reservada o por decisión de dos tercios de sus miembros presentes, las actas adqui-
rirán carácter público.
III. Las sesiones del Concejo Municipal, para ser válidas, se realizarán en un setenta y cinco por
ciento (75%) en su sede oficial y en un veinticinco por ciento (25%) en un Cantón o Distrito
del Municipio, previa convocatoria pública, acordado por dos tercios del total de sus miem-
bros presentes.
IV. Las sesiones del Concejo Municipal no podrán efectuarse si no existe el quórum reglamen-
tario, que se formará con la asistencia de la mitad más uno del total de sus miembros en ejer-
cicio.


V. Serán nulos de pleno derecho los actos del Concejo Municipal que no cumplan las condi-
ciones señaladas en los incisos anteriores.
Artículo 17º (Sesiones Extraordinarias)
Las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal serán convocadas públicamente y por escri-
to cuando menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación por su Presidente, sujetas
siempre a temario específico y adjuntando antecedentes.
Artículo 18° (Comisiones)
El número de Comisiones Ordinarias y Especiales de los Concejos Municipales se sujetará a
Reglamento.
Artículo 19º (Audiencias Públicas)
Se instituyen las audiencias públicas del Concejo Municipal y de las Comisiones, distintas a las
reuniones ordinarias del Concejo Municipal y de las Comisiones que lo integran, con el objeto de
recibir en las mismas a la ciudadanía, individual o colectivamente, para tratar asuntos relativos al
cumplimiento de sus atribuciones. El Reglamento Interno del Concejo Municipal establecerá la
periodicidad y procedimiento de esta instancia.
Artículo 20º (Ordenanzas y Resoluciones Municipales)
Las Ordenanzas Municipales son normas generales emanadas del Concejo Municipal. Las
Resoluciones son normas de gestión administrativa. Las Ordenanzas y Resoluciones son normas
de cumplimiento obligatorio a partir de su publicación. Se aprobarán por mayoría absoluta de los
concejales presentes, salvando los casos previstos por la Constitución Política del Estado, la pre-
sente Ley y los Reglamentos.
Artículo 21º (Promulgación y Derogatoria de Ordenanzas)
I. El Alcalde Municipal promulgará u observará las Ordenanzas en un plazo no mayor a los diez
(10) días calendario de su recepción. Si el Alcalde no emitiera su opinión, el Concejo promul-
gará la Ordenanza de oficio.
II. El Concejo modificará o ratificará la Ordenanza Municipal observada por el Alcalde Municipal,
por dos tercios de votos del total de los concejales, en los diez (10) días siguientes de reci-
bida la observación y la devolverá dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de dictada para
su promulgación obligatoria.
III. El contenido de las Ordenanzas es de irrestricto acceso al público. Deben ser dadas a cono-
cer mediante su publicación obligatoria en un medio de comunicación y mediante una
Gaceta Municipal que deberá publicarse periódicamente. Cuando no exista ningún medio
de comunicación la publicación deberá efectuarse en lugares públicos.
IV. Toda Ordenanza se encuentra vigente mientras no fuera derogada o abrogada mediante
otra Ordenanza emitida por el Concejo del Municipio correspondiente. No existe declarato-
ria de desuso de Ordenanzas Municipales.
Artículo 22º (Reconsideración)
El Concejo Municipal, a instancia de parte o del Alcalde Municipal, por el voto de dos tercios del
total de sus miembros, podrá reconsiderar las Ordenanzas y Resoluciones Municipales.
Artículo 23º (Asistencia del Alcalde Municipal)
El Alcalde Municipal deberá asistir, por lo menos una vez por mes, a las sesiones del Concejo
Municipal con derecho a voz.
CAPÍTULO II
CONCEJALES
Artículo 24º (Elección de Concejales)
Para ser elegido miembro del Concejo Municipal se requiere cumplir con lo establecido por los
Artículos 106° y 112° del Código Electoral.
Artículo 25º (Impedimentos para el ejercicio)
No podrá ejercer el cargo de Concejal quien tenga auto de procesamiento ejecutoriado, senten-
cia condenatoria ejecutoriada a pena privativa de libertad, pliego de cargo ejecutoriado, senten-


cia judicial ejecutoriada por responsabilidad civil contra el Estado o esté comprendido en los
casos de exclusión o incompatibilidad establecidos por Ley.
Artículo 26° (Incompatibilidades)
El ejercicio del cargo de Concejal Municipal es incompatible con cualquier otro cargo público, sea
remunerado o no; su aceptación supone renuncia tácita al cargo de Concejal, se exceptúa la
docencia.
Artículo 27° (Cesación de Funciones)
Los concejales cesan en sus funciones por los siguientes motivos:
1. Fallecimiento;
2. Cumplimiento de su mandato;
3. Renuncia;
4. Incapacidad física o mental declarada judicialmente;
5. Incompatibilidad sobreviniente;
6. Sentencia condenatoria ejecutoriada a pena privativa de libertad; y
7. Pliego de cargo ejecutoriado o sentencia judicial ejecutoriada por responsabilidad civil con-
tra el Estado y por las demás causales establecidas por Ley.
Artículo 28º (Atribuciones)
Las atribuciones de los concejales son:
1. Participar en las deliberaciones del Concejo Municipal;
2. Proponer por escrito, proyectos de Ordenanzas y Resoluciones internas;
3. Solicitar, por intermedio del Presidente del Concejo Municipal, información al Alcalde
Municipal, sobre la ejecución de los asuntos de su competencia; y
4. Solicitar informes a los Consejeros Departamentales, por intermedio del Presidente del
Concejo y coordinar con autoridades de su jurisdicción.
Artículo 29º (Obligaciones)
Las obligaciones de los concejales son:
1. Cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes velando por la correcta administración
de los asuntos municipales;
2. Cumplir las labores que les sean asignadas y sugerir medidas tendientes a mejorar los servi-
cios y funciones municipales;
3. Asistir a las sesiones del Concejo Municipal;
4. Defender los derechos ciudadanos e intereses de la comunidad, en el marco de las compe-
tencias municipales;
5. Formar parte activa y obligatoria de las comisiones;
6. Mantener su domicilio permanente en la jurisdicción municipal durante el período de su man-
dato; y
7. Presentar Declaración Jurada de Bienes ante la Contraloría General de la República al iniciar
y finalizar su mandato
Artículo 30º (Conflicto de Intereses y Prohibiciones)
Los concejales no podrán anteponer sus intereses privados ante los intereses públicos de la
Municipalidad y bajo pérdida del mandato previo proceso y sanción penal cuando corresponda,
están prohibidos de:
1. Intervenir en la decisión de asuntos municipales en los cuales tengan interés personal o los
tuvieran sus cónyuges, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad;
2. Celebrar contratos por sí o por terceros, sobre bienes, rentas y ejecución de obras, presta-
ción de servicios o explotaciones municipales, concedidas, reguladas o supervisadas por el
Gobierno municipal, de cuyo Concejo formen parte;
3. Ejercer funciones de administrador, arrendatario, concesionario o adjudicatario de bienes,
obras, servicios públicos y explotaciones municipales, servir de intermediario, fiador, deudor


y en cualquier otra actividad financiera, comercial, industrial o de servicios en general, en la
cual se encuentre relacionado el Gobierno Municipal, sus bienes, servicios y obligaciones; y
4. Usar indebidamente la información y las influencias derivadas del cargo que ejerce para
obtener beneficios para sí, familiares o terceros en los asuntos o trámites que se ventilen en
el Gobierno Municipal o que se deriven o generen en éste.
Artículo 31º (Concejales Suplentes)
I. Mientras no ejerzan de forma permanente el cargo de concejales titulares, los suplentes
podrán desempeñar cargos en la administración pública de acuerdo con el Reglamento, con
excepción de aquellos en el propio Gobierno Municipal de su jurisdicción o cualesquiera de
sus reparticiones.
II. Los suplentes asumirán la titularidad cuando los concejales titulares dejen sus funciones en
forma temporal o definitiva, por fallo judicial ejecutoriado o ante renuncia o impedimento
definitivo, o en caso de haber sido elegidos alcaldes, de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 95° del Código Electoral.
III. El Concejal Titular y el Suplente no podrán asistir a la misma sesión prevaleciendo los dere-
chos del Titular respecto del Suplente. Un Concejal titular no podrá reincorporarse a sus fun-
ciones mientras no se haya cumplido el término de su licencia.
Artículo 32º (Suspensión del Concejal)
El Concejal será suspendido temporal o definitivamente del ejercicio de sus funciones, previo
proceso substanciado conforme a Ley.
Artículo 33º (Faltas)
I. Se consideran faltas pasibles a sanciones las siguientes:
1. Inobservancia o infracción de la presente Ley; Ordenanzas y Resoluciones internas del
Concejo Municipal;
2. No cumplir las tareas asignadas en las Comisiones del Concejo Municipal u otras dele-
gadas en forma específica;
3. Inasistencia injustificada por más de tres sesiones ordinarias continuas o seis disconti-
nuas en el mes; y
4. Las establecidas en las leyes que les sean aplicables.
II. Los concejales que hubieran incurrido en las causales descritas precedentemente, serán
sancionados de acuerdo con lo previsto en el Artículo 36° de la presente Ley.
Artículo 34º (Suspensión Temporal y Definitiva)
I. La suspensión temporal del concejal procede por existir en su contra auto de procesamien-
to ejecutoriado en estrados judiciales, con el objeto de que pueda asumir su defensa o en
los casos establecidos en la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y sus Reglamentos, cuan-
do corresponda.
II. La suspensión definitiva del concejal procede por haber sido condenado con sentencia eje-
cutoriada a pena privativa de libertad, tener pliego de cargo ejecutoriado o sentencia judicial
ejecutoriada por responsabilidad civil contra el Estado, o en los casos contemplados en la
Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y sus Reglamentos, cuando corresponda.
Artículo 35º (Procesamiento Interno de la Denuncia)
I. El Concejo Municipal, una vez conocido el hecho, de oficio o a denuncia de parte, contra un
Concejal, el Alcalde Municipal o un Agente Municipal, dispondrá la apertura de un proceso
administrativo interno substanciado por la Comisión de Ética designada anualmente para el
efecto, la cual tramitará en la vía sumaria sin interrupciones hasta presentar informe al
Concejo.
II. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción del caso, la Comisión refe-
rida citará con la denuncia y el auto de apertura del proceso a la autoridad involucrada, en
forma personal, quien deberá responder en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles.
III. La Comisión de Ética abrirá un período de prueba improrrogable de diez (10) días hábiles,
pudiendo las partes presentar pruebas de cargo o descargo, periciales, testificales o docu-
mentales.


IV. Vencido el período de prueba, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, la Comisión ele-
vará un informe final ante el Concejo Municipal que, en el plazo máximo de cinco (5) días
hábiles, emitirá Resolución declarando procedente o improcedente la denuncia.
V. La Comisión de Ética encargada de sustanciar las denuncias escritas contra el Alcalde
Municipal, Concejales o Agentes Municipales referida en el presente Artículo, estará confor-
mada por dos (2) concejales, uno (1) por mayoría y otro (1) por minoría en ejercicio, median-
te Resolución aprobada por dos tercios de votos del total de los miembros del Concejo.
VI. En caso de que uno de los miembros de la Comisión de Ética tenga conflicto de interés, o
sea denunciado, éste deberá excusarse obligatoriamente mientras permanezca el conflicto
o se ventile la denuncia, caso contrario será sancionado de acuerdo con la presente Ley.
CuandFo existiera denuncia sobre uno de los miembros de la Comisión de Ética, el Concejo
determinará la procedencia o no de la denuncia en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas,
a partir de su recepción.
VII. La Comisión se elegirá al iniciarse de cada gestión y funcionará de acuerdo con el reglamen-
to interno.
Artículo 36º (Resolución ante la Denuncia)
I. La Resolución que declara procedente o improcedente la denuncia, deberá contar con el
voto afirmativo de la mayoría absoluta de los concejales, contener los hechos y pruebas indi-
ciales, los responsables directos o indirectos, las acciones legales por seguir y la sanción
aplicable; ésta, según la gravedad de los hechos, podrá ser:
1. Llamada de atención verbal;
2. Amonestación escrita;
3. Sanción pecuniaria con cargo a la remuneración;
4. Remitir obrados a la justicia ordinaria cuando se encuentre responsabilidad
civil o penal en su contra;
5. Suspensión temporal del ejercicio del mandato al existir en su contra auto de procesa-
miento ejecutoriado; y
6. Suspensión definitiva en caso de existir sentencia condenatoria ejecutoriada a pena pri-
vativa de libertad, pliego de cargo ejecutoriado o sentencia judicial por responsabilidad
civil contra el Estado.
II. En los casos contemplados en los numerales 5 y 6 anteriores, la suspensión procederá en
forma automática a la sola comprobación de los hechos que la origine y la Resolución sólo
será de carácter formal.
III. En la sesión de Concejo en la que se pronuncie sobre la denuncia, el Concejal involucrado,
luego de usar de su derecho a la defensa, deberá abandonar el recinto de votación.
Artículo 37º (Proceso Previo de Suspensión)
I. Si el Concejo Municipal estableciera, mediante Resolución interna, responsabilidad confor-
me a procedimiento señalado anteriormente, iniciará las acciones legales ante la autoridad
judicial competente y, en caso de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, forma-
lizará querella, con conocimiento del Ministerio Público, constituyéndose en parte civil hasta
la finalización del proceso.
II. En caso de suspensión temporal el concejal suplente será convocado de manera inmedia-
ta, asumiendo las funciones del titular mientras dure la suspensión.
III. El Concejal perderá el mandato siendo destituido y suspendido definitivamente, cuando
existiera sentencia condenatoria corporal ejecutoriada, pliego de cargo ejecutoriado en su
contra o sentencia judicial por responsabilidades en el ejercicio de la función pública.
Procederá su restitución en el cargo de Concejal en caso de sentencia absolutoria o decla-
ratoria de inocencia.
CAPÍTULO III
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONCEJO
Artículo 38º (Presidente del Concejo) El Presidente del Concejo Municipal es el representante
legal y máxima autoridad de este cuerpo colegiado.
Artículo 39º (Atribuciones) Las atribuciones del Presidente del Concejo son:


1. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones que impone la Constitución Política del Estado, la
presente Ley, el Reglamento Interno del Concejo y demás disposiciones pertinentes a la
administración municipal;
2. Presidir las sesiones del Concejo;
3. Representar al Concejo en todos los actos;
4. Posesionar con el juramento de rigor al Alcalde Municipal;
5. Habilitar y convocar a los concejales suplentes en caso de licencia, suspensión o impedi-
mento definitivo de los titulares según reglamento interno;
6. Suscribir, junto con el Secretario, las Ordenanzas, Resoluciones, Actas y otros documentos
oficiales del Concejo, antes de la realización de la siguiente sesión y velar por su cumplimien-
to y ejecución;
7. Convocar públicamente y por escrito a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo
y someter a su consideración la agenda y los asuntos que competen al Gobierno Municipal;
8. Plantear los problemas de la comunidad y sus posibles soluciones, fomentando el espíritu
de participación y cooperación ciudadana en los planes de desarrollo municipal;
9. Someter a consideración del Concejo, los planes, programas y proyectos propuestos por el
Alcalde Municipal, así como los estados financieros, presupuestos, memorias y otros actos
administrativos promoviendo la participación y cooperación ciudadana en los mismos;
10. Someter a consideración del Concejo los informes de las comisiones y las iniciativas de los
concejales;
11. Suscribir la correspondencia del Concejo Municipal;
12. Fomentar y mantener las relaciones del Concejo Municipal con los órganos públicos, priva-
dos y la ciudadanía;
13. Presentar el informe anual de la gestión del Concejo;
14. Autorizar, con el Secretario, los gastos inherentes al presupuesto del Concejo; y
15. Conceder licencia a los concejales de acuerdo con el Reglamento interno y convocar a su
suplente.
Artículo 40º (Vicepresidente)
El Vicepresidente reemplazará al Presidente sólo en casos de ausencia o impedimento temporal
con las mismas atribuciones y responsabilidades.
Artículo 41º (Atribuciones del Concejal Secretario)
Las atribuciones del Concejal Secretario son:
1. Elaborar las actas de las sesiones del Concejo y redactar la correspondencia oficial;
2. Suscribir con el Presidente y antes de la siguiente sesión, las Ordenanzas, Resoluciones,
Actas y otros documentos oficiales internos y públicos;
3. En coordinación con el Presidente, llevar el registro de documentos, libros, expedientes y
archivos del Concejo, velando por su custodia y conservación;
4. Supervisar al personal administrativo del Concejo;
5. Ejecutar la programación de operaciones del Concejo;
6. Expedir certificados, testimonios y copias legalizadas de los documentos que se encuentren
bajo su custodia, previas las formalidades legales;
7. Publicar y difundir las Ordenanzas Municipales a través de la Gaceta Municipal u otros
medios alternativos de comunicación social disponibles en el Municipio; y
8. Cumplir las funciones que le asignen las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos y las que le enco-
miende el Concejo.
CAPÍTULO IV
AGENTES MUNICIPALES
Artículo 42º (Agentes Municipales)
I. Los Agentes Municipales, para ser electos, deben reunir los mismos requisitos necesarios
para ser Concejal.


II. Los Agentes Municipales actuarán en su cantón bajo supervisión y control del Gobierno
Municipal de su jurisdicción cuyas atribuciones y prohibiciones son las siguientes:
1. Ejercer las funciones delegadas por el Concejo Municipal a nivel del cantón y coordinar
con el Subalcalde Municipal del o de los distritos municipales correspondientes y con
otras autoridades e instituciones que actúen en el cantón;
2. Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas, Resoluciones, convenios y reglamentos muni-
cipales;
3. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y su Programa Operativo
Anual, incorporando los programas y proyectos inherentes a su cantón;
4. Canalizar y conocer las demandas de las Organizaciones Territoriales de Base conforme
a los derechos y obligaciones que les confiere la Ley;
5. Participar en las sesiones del Concejo municipal con derecho a voz en los asuntos de
interés de su cantón; y
6. Las prohibiciones contenidas en el Artículo 30º de la presente Ley, se aplicarán a los
Agentes Municipales.
III. El Concejo Municipal contemplará en su reglamento interno el régimen disciplinario aplicado
a los Agentes Municipales del Gobierno Municipal.
TÍTULO IV
ÓRGANO EJECUTIVO
CAPÍTULO I
ALCALDE MUNICIPAL
Artículo 43º (Autoridad)
El Alcalde Municipal es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal.
Artículo 44º (Atribuciones)
El Alcalde Municipal tiene las siguientes atribuciones:
1. Representar al Gobierno Municipal;
2. Presentar a consideración del Concejo proyectos de Ordenanzas Municipales;
3. Promulgar, en el plazo máximo de diez (10) días calendario, toda Ordenanza Municipal apro-
bada por el Concejo. En caso de existir observaciones sobre la misma, deberá representar-
las dentro de dicho plazo;
4. Ejecutar las decisiones del Concejo y, para este efecto, emitir y dictar Resoluciones;
5. Determinar las estrategias y otros aspectos del Municipio mediante Resoluciones y darlas a
conocer al Concejo Municipal;
6. Designar y retirar a los Oficiales Mayores y personal administrativo;
7. Supervisar por la eficiente prestación de servicios a la comunidad;
8. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las labores del Órgano Ejecutivo;
9. Elaborar y elevar ante el Concejo para su consideración y aprobación, el Plan de Desarrollo
Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial con sus normas y reglamentos, ase-
gurando su elaboración participativa y su coordinación y compatibilidad con los planes y
programas de desarrollo departamental y nacional, para su aprobación, dentro de los noven-
ta (90) días de gestión;
10. Elaborar y elevar ante el Concejo Municipal, para su consideración y aprobación, el Programa
Operativo Anual y el Presupuesto Municipal, hasta el 15 de noviembre de la gestión anterior;
11. Elaborar y elevar ante el Concejo, para su consideración y aprobación mediante Ordenanza
Municipal, el Plan de Uso de Suelo de su respectiva jurisdicción;
12. Ejecutar los planes, programas y proyectos de desarrollo humano sostenible, aprobados por
el Concejo, pudiendo para ello suscribir contratos y realizar negocios jurídicos en general;
13. Garantizar que aquellas áreas calificadas de riesgo para la construcción, no sean ocupadas
con fines de vivienda ni equipamiento;


14. Presentar informes periódicos ante el Concejo sobre la ejecución de los diferentes planes,
programas y proyectos, así como responder a los pedidos de informes escritos u orales que,
en cumplimiento a las tareas de fiscalización. requieran los concejales de conformidad con
los plazos y modalidades establecidas en el Reglamento Interno del Concejo Municipal;
15. Elaborar los proyectos de Ordenanzas de Tasas y Patentes;
16. Elaborar y proponer al Concejo Municipal, para su aprobación y remisión al Poder Ejecutivo,
los planos de zonificación y valuación zonal, tablas de valores según calidad de vía del suelo
y la delimitación literal de cada una de la zonas detectadas por el proceso de zonificación;
17. Administrar el catastro urbano y rural en forma directa o darlo en concesión a terceros, pre-
via autorización del Concejo, de acuerdo con normas catastrales y técnico-tributarias emiti-
das por el Poder Ejecutivo;
18. Elaborar y aplicar los reglamentos específicos para implantar e institucionalizar los procesos
de Administración y de Control Gubernamentales, en el marco de las Normas Básicas res-
pectivas;
19. Ejecutar las expropiaciones aprobadas por el Concejo Municipal, conforme a Ley;
20. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir las Ordenanzas, Resoluciones y dis-
posiciones municipales;
21. Establecer, previa aprobación del Concejo, empresas públicas o mixtas para la prestación de
servicios directos por la Municipalidad;
22. Presidir los consejos de administración o los directorios de las empresas, con facultad de
delegar su representación en otros funcionarios de jerarquía;
23. Aplicar el Reglamento de Honores, distinciones, premios y condecoraciones municipales;
24. Promover, gestionar e impulsar el desarrollo económico, social y cultural del Municipio;
25. Poner a disposición de la autoridad competente los estados financieros y la ejecución pre-
supuestaria de la gestión anterior, debidamente suscritos y aprobados por el Concejo
Municipal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 1178 del 20 de julio de 1990;
26. Informar al Concejo Municipal y poner a disposición del público, al menos al cuarto y octavo
mes del año, los avances del Programa Operativo Anual y la ejecución presupuestaria; y de
forma anual sobre la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal;
27. Designar a los Subalcaldes Municipales urbanos y rurales como responsables administrati-
vos del Distrito Municipal;
28. Proponer al Concejo la creación de Distritos Municipales en aquellos lugares donde existan
una unidad étnica socio – cultural, productiva y económica;
29. Elaborar los manuales de organización, funciones, procedimientos y organigrama, para su
aprobación por el Concejo;
30. Difundir y publicar, al menos una vez al año, sus informes de gestión, tanto en lo que a eje-
cución física como financiera se refiere, por los medios de comunicación del Municipio;
31. Sancionar a las personas individuales y colectivas, públicas o privadas que infrinjan las dis-
posiciones de preservación del Patrimonio Nacional, dominio y propiedad públicas, uso
común, normas sanitarias básicas, de uso del suelo, medio ambiente, protección a la fauna
silvestre, animales domésticos, elaboración, transporte y venta de productos alimenticios
para consumo humano y animal, así como los productos destinados al cultivo vegetal prohi-
bidos, de acuerdo con el Reglamento. Asimismo podrá sancionar de manera concurrente
con los órganos de la administración central y las Superintendencias Sectoriales las infrac-
ciones a normas municipales, nacionales y sectoriales;
32. Ordenar la demolición de los inmuebles que no cumplan con las normas de servicios básicos,
de uso del suelo, subsuelo y sobresuelo, normas urbanísticas y normas administrativas espe-
ciales, por sí mismo o con la cooperación de las autoridades nacionales centrales, departa-
mentales y reguladoras; así como la reasignación del uso del suelo que corresponda;
33. Suscribir contratos en nombre del Gobierno Municipal de acuerdo con lo establecido en la
presente Ley;
34. Solicitar al Concejo licencia por ausencia temporal a efectos de la designación del Alcalde
Municipal Suplente, de conformidad con el procedimiento establecido por el Reglamento
General del Concejo Municipal; y


35. Informar por escrito al Comité de Vigilancia, sobre el manejo de recursos y movimiento eco-
nómico de la Alcaldía.
Artículo 45º (Incompatibilidad)
El cargo de Alcalde Municipal es incompatible con cualquier otra función pública, remunerada o
no, su aceptación supone renuncia tácita al cargo de Alcalde, se exceptúa la docencia universi-
taria.
Artículo 46º (Conflicto de Intereses)
Cuando los intereses de la Municipalidad estuvieran en contraposición con los del Alcalde su
cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, aquél
no podrá bajo sanciones de ley, previo proceso interno, anteponer sus intereses privados a los
intereses públicos de la Municipalidad.
Artículo 47º (Reemplazo del Alcalde Municipal)
En caso de renuncia, por cualquier motivo, o impedimento definitivo del Alcalde Municipal, el
Concejo Municipal elegirá al nuevo Alcalde de entre sus miembros en ejercicio.
Artículo 48º (Suspensión Temporal del Alcalde Municipal)
I. El Alcalde Municipal será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones y las de
Concejal, por existir en su contra auto de procesamiento ejecutoriado. La suspensión per-
sistirá durante toda la substanciación del proceso para asumir su defensa. También procede
la suspensión temporal en los casos contemplados en la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990
y sus Reglamentos, cuando corresponda.
II. Procederá su restitución o reincorporación en el cargo de Alcalde Municipal en caso de sen-
tencia absolutoria o declarativa de inocencia.
Artículo 49º (Suspensión Definitiva y Pérdida de Mandato)
El Alcalde Municipal perderá el mandato siendo destituido y suspendido definitivamente
como Concejal, cuando exista en su contra sentencia condenatoria ejecutoriada a pena
privativa de libertad, pliego de cargo ejecutoriado o sentencia judicial ejecutoriada por
responsabilidad civil contra el Estado o en los casos contemplados en la Ley Nº 1178 de
20 de julio de 1990 y sus Reglamentos, cuando corresponda.
NOTA: ARTÍCULO 1º DISPOSICIONES FINALES DE LA LEY Nº 2771. Se modifican las siguien-
tes disposiciones legales contenidas en la Ley de Municipalidades, con el siguiente
texto:
“Artículo 49º (Suspensión Definitiva y Perdida de Mandato)
Los Concejales o Alcaldes Municipales perderán el mandato, siendo destituidos, inhabilitados y
suspendidos definitivamente como concejales en los siguientes casos:
a. Cuando exista en su contra sentencia condenatoria ejecutoriada a pena privativa de libertad:
b. Pliego de Cargo Ejecutoriado
c. Sentencia judicial Ejecutoriada por responsabilidad civil contra el Estado;
d. En lo previsto por el artículo 109º del Código Electoral; y
e. Los casos previstos en la Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990 y sus reglamentos, cuando
correspondan ”
CAPÍTULO II
VOTO CONSTRUCTIVO DE CENSURA
Artículo 50º (Voto Constructivo de Censura)
I. El Alcalde Municipal, electo conforme al parágrafo VI del Artículo 200° de la Constitución
Política del Estado, podrá ser removido mediante Voto Constructivo de Censura.
II. La Censura Constructiva, como medida de excepción, se produce cuando el Concejo
Municipal ha perdido la confianza en el Alcalde Municipal.
III. La Censura Constructiva produce la remoción del Alcalde. Los procesos de responsabilidad
ejecutiva, administrativa, civil o penal se sujetarán a lo previsto por la Ley Nº-1178 de 20 de
julio de 1990 y sus Reglamentos.


Artículo 51º (Proceso Previo)
El mecanismo de remoción del Alcalde Municipal por voto constructivo de censura, se sujetará
al siguiente procedimiento:
1. Cumplido al menos un (1) año de gestión del Alcalde Municipal, computable desde su pose-
sión, podrá proponerse su cambio mediante moción constructiva de censura, siempre y
cuando la propuesta esté motivada, fundamentada y firmada, por al menos un tercio de los
concejales en ejercicio;
2. La moción de censura será presentada al Concejo Municipal, por conducto de su
Presidente, debiendo ser publicada y notificada al Alcalde Municipal, proponiendo simultá-
neamente el nombre del candidato a Alcalde sustituto;
3. El Concejo en el plazo de 24 horas, sin trámite previo, rechazará dicha moción por incumpli-
miento de cualesquiera de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente
Artículo;
4. La moción admitida no podrá ser votada por el pleno del Concejo, sino hasta que hayan
transcurrido siete (7) días hábiles desde su presentación y su respectiva publicación;
5. Transcurridos los siete (7) días de presentada la moción de censura y el nombre del candi-
dato a Alcalde sustituto, el Concejo sesionará públicamente en la sede oficial de sus funcio-
nes y si votara a favor de dicha moción, debe hacerlo por tres quintos del total de sus miem-
bros. El Alcalde así electo, será posesionado inmediatamente por el Presidente del Concejo.
Si el voto de censura es afirmativo, éste procedimiento no podrá volverse a intentar sino
hasta cumplido un año después del cambio de Alcalde;
6. En la ausencia de un Concejal Titular, su suplente participará en la sesión, previa autorización
escrita del titular;
7. La sesión que trate la moción de censura, contará con la presencia de un vocal acreditado
por la Corte Departamental Electoral a objeto de verificar los requisitos y el procedimiento
establecido por la presente Ley;
8. Para la aplicación del Artículo 201º- II de la Constitución Política del Estado, los tres quintos
del total de miembros del Concejo se calcularán redondeando al número entero superior;
9. Este procedimiento no podrá ser planteado en el quinto año de gestión municipal;
10. Será nula toda actuación que no cumpla el procedimiento antes señalado; y
11. El Alcalde removido reasumirá sus funciones de Concejal durante el resto del período muni-
cipal.
CAPÍTULO III
ESTRUCTURA DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Artículo 52º (Estructura del Órgano Ejecutivo)
El Ejecutivo municipal está conformado por:
1. El Alcalde Municipal, máxima autoridad ejecutiva del Municipio;
2. Las Oficialías Mayores;
3. Las Direcciones;
4. Las Jefaturas de Unidad;
5. Las Subalcaldías Municipales de los Distritos Municipales; y
6. Los Funcionarios Municipales.
Artículo 53º (Oficiales Mayores)
Los Oficiales Mayores son los funcionarios jerárquicos inmediatos del Alcalde Municipal en la
dirección y administración del Gobierno Municipal. Su número no deberá exceder a cinco (5) Sus
atribuciones serán establecidas en el Reglamento Interno de cada Gobierno Municipal.
Artículo 54º (Elección y Atribuciones de los Subalcaldes Municipales)
I. Los Subalcaldes son designados por el Alcalde Municipal.
II. Los Subalcaldes Municipales son responsables administrativos de su Distrito Municipal y
deben tener domicilio permanente en el mismo. Sus atribuciones son las siguientes:
1. Ejercer las funciones ejecutivas delegadas por el Alcalde Municipal a nivel del Distrito y
coordinar con el o los Agentes Municipales de su distrito y con otras autoridades e ins-
tituciones que actúan en el mismo;
2. Supervisar por la eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos;


3. Coordinar y participar en la formulación del Programa Operativo Anual y presupuesto de
su distrito, en consulta con las Organizaciones Territoriales de Base, en el marco del pro-
ceso de planificación participativa municipal;
4. Participar en el proceso de planificación del desarrollo de su distrito para su incorpora-
ción en el Plan de Desarrollo Municipal canalizando las sugerencias de las
Organizaciones Territoriales de Base;
5. Presentar informes al menos cada tres (3) meses al Alcalde Municipal sobre la marcha y
ejecución del Programa Operativo Anual;
6. Promover el desarrollo económico, social, de género, niñez, adolescencia, tercera edad
y cultural de su jurisdicción; y
7. Administrar los recursos asignados al distrito y rendir cuentas de acuerdo con el siste-
ma de administración central municipal.
Artículo 55º (Conflicto de Intereses)
Cuando los intereses de la Municipalidad estuvieran en contraposición a los del Subalcalde, su
cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, aquél
no podrá, bajo sanción previo proceso interno, anteponer sus intereses privados a los intereses
públicos de la Municipalidad.
CAPÍTULO IV
RETRIBUCIÓN A CARGOS ELECTIVOS
Artículo 56º (Régimen Especial)
I. Se establece un régimen especial de retribuciones para los concejales y alcaldes municipa-
les por el carácter electivo y representativo del que están investidos, no inserto en la Ley
General del Trabajo, ni en la normativa del funcionario público. Este régimen reconoce sólo
una remuneración diferenciada acorde con la naturaleza de las responsabilidades del
Ejecutivo y del Concejo Municipal respectivo, al que se adjuntarán el derecho al aguinaldo, a
los regímenes de seguridad social de corto y largo plazo y los seguros obligatorios.
II. Por el carácter especial de los cargos, las personas que los ejerzan no son acreedoras a
otras retribuciones, beneficios o emolumentos que los establecidos expresamente en la pre-
sente Ley.
Artículo 57º (Publicación de la Retribución)
La Resolución que apruebe la retribución del Alcalde Municipal, los Concejales y Agentes
Municipales y la que establezca los niveles salariales del personal jerárquico del Gobierno
Municipal, deberán ser publicadas por los medios de comunicación de distribución en el
Municipio, como condición legal para su aplicación, así como cualquier nueva Resolución poste-
rior que las modifique.
Artículo 58° (Remuneración)
I. La remuneración del Alcalde, Concejales y Agentes Municipales deberá ajustarse a la capa-
cidad económica del Gobierno Municipal.
II. La remuneración de los concejales constituye una retribución al trabajo permanente e inte-
gral realizado por ellos a nivel de las sesiones del Concejo, comisiones y audiencias públicas.
III. La remuneración que perciban los concejales suplentes se calculará en relación directa al
tiempo efectivamente trabajado en reemplazo del Concejal titular.
IV. La remuneración del Agente Municipal se determinará mediante Resolución Interna del
Concejo Municipal, la cual será publicada en medios de comunicación del Municipio y esta-
rá acorde con su capacidad económica.
CAPÍTULO V
SERVIDORES PÚBLICOS Y OTROS EMPLEADOS MUNICIPALES
Artículo 59º (Servidores Públicos y otros Empleados)
A partir de la promulgación de la presente Ley, el personal que se incorpore a los Gobiernos
Municipales será considerado en las siguientes categorías:
1. Los servidores públicos municipales sujetos a las previsiones de la Carrera Administrativa
Municipal descrita en la presente Ley y las disposiciones que rigen para los funcionarios
públicos;


2. Los funcionarios designados y de libre nombramiento que comprenden al personal com-
puesto por los oficiales mayores y los oficiales asesores del Gobierno Municipal. Dichas per-
sonas no se consideran funcionarios de carrera y no se encuentran sujetas a la Ley General
del Trabajo ni el Estatuto del Funcionario Público de acuerdo con lo previsto por el Artículo
43º de la Constitución Política del Estado; y
3. Las personas contratadas en las empresas municipales, públicas o mixtas, establecidas para
la prestación directa de servicios públicos, éstas se encuentran sujetas a la Ley General del
Trabajo.
Artículo 60º (Responsabilidad por la Función Pública)
Las personas señaladas en las categorías descritas en el Artículo anterior, se encuentran com-
prendidas dentro del marco de aplicación de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y sus dispo-
siciones reglamentarias.
Artículo 61º (Carrera Administrativa Municipal)
Se establece la carrera administrativa municipal con el objetivo de promover la eficiencia de la
actividad administrativa en servicio de la colectividad, el desarrollo laboral de los servidores públi-
cos municipales y la permanencia de éstos está condicionada a su desempeño. La carrera admi-
nistrativa municipal se articula mediante el Sistema de Administración de Personal.
Artículo 62º (Cuantificación de la Demanda de Personal)
La demanda y requerimientos de personal de cada Gobierno Municipal serán cuantificados y
determinados con relación a sus objetivos y su Programación Operativa Anual. Al efecto, éstos
cuantificarán y determinarán los puestos de trabajo efectivamente requeridos, tomando en cuen-
ta los Sistemas de Programación de Operaciones y Organización Administrativa previstos por la
Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990.
Artículo 63º (Valoración de Puestos y Remuneración)
Los Gobiernos Municipales, a través de la función de valoración de puestos y remuneración,
determinarán técnicamente el alcance, la importancia y conveniencia de cada puesto, asignán-
dole una remuneración vinculada con la disponibilidad de recursos del Municipio, con las políti-
cas presupuestarias del Estado y con el mercado laboral local.
Artículo 64º (Reclutamiento y Selección de Personal)
I. Los procesos de reclutamiento de personal en los Gobiernos Municipales estarán fundados
en los principios de mérito, competencia y transparencia, a través de procedimientos que
garanticen la igualdad de condiciones de selección.
II. Los procesos de reclutamiento de personal deberán ser realizados mediante convocatorias
externas y convocatorias internas.
III. La selección de los funcionarios y consecuente ingreso a la carrera administrativa municipal,
se realizará sobre la base de su capacidad, idoneidad, aptitud y antecedentes laborales y
personales, en aplicación de las normas establecidas por el Sistema de Administración de
Personal.
Artículo 65º (Prohibición y Sanciones)
Las autoridades municipales que recluten, incorporen o contraten a personal y dispongan su
remuneración, vulnerando los procesos que comprenden la dotación de personal y la normativa
prevista en la presente Ley y disposiciones reglamentarias, podrán ser sujetos de responsabili-
dad civil con cargos de daño económico al Estado, sin perjuicio de otras responsabilidades pre-
vistas por la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990.
Artículo 66º (Evaluación del Desempeño)
I. Los Gobiernos Municipales, en forma obligatoria, programarán y conducirán procesos de
evaluación de desempeño de sus funcionarios de carrera, en la forma y condiciones que se
señalan en la presente Ley.
II. Los procesos de evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera se realizarán en
forma periódica y se fundarán en aspectos de igualdad de participación, oportunidad, ecua-
nimidad, publicidad, transparencia, mensurabilidad y verificabilidad.


III. El incumplimiento de los procesos de evaluación, generará responsabilidad administrativa a
la máxima autoridad municipal, independientemente de la obligatoriedad de realizarse las
evaluaciones.
Artículo 67º (Permanencia, Movilidad y Retiro)
La permanencia, la movilidad y el retiro de los funcionarios de carrera estarán condicionados al
cumplimiento de los procesos de evaluación de desempeño conforme a la presente Ley, las
Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias.
Artículo 68º (Promoción)
I. Los procesos de promoción podrán contemplar modalidades que consideren la participa-
ción de funcionarios de carrera mediante convocatorias internas. Los procesos de promo-
ción, para los máximos niveles jerárquicos de la carrera administrativa municipal, deberán
necesariamente realizarse mediante convocatorias internas y externas.
II. Los Gobiernos Municipales desarrollarán los procesos de promoción de sus funcionarios de
carrera en la forma y condiciones que señalen las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Personal y disposiciones reglamentarias específicas.
Artículo 69º (Programas de Capacitación)
I. Los Gobiernos Municipales organizarán programas de capacitación de los funcionarios de
carrera, tomando en cuenta su disponibilidad de recursos económicos, la selectividad y per-
tinencia de los beneficiarios y la mensurabilidad en las evaluaciones de desempeño.
II. La articulación y reglamentación de los programas de capacitación se realizarán a través de
las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y las respectivas disposicio-
nes especiales.
Artículo 70º (Incentivos o Motivación)
I. Los funcionarios de carrera podrán recibir incentivos económicos con base en los resulta-
dos de las evaluaciones de su desempeño que reflejen indicadores de excelencia, idonei-
dad, capacidad, motivación y eficiencia.
II. Las modalidades y condiciones relativas al tratamiento de incentivos serán reguladas por las
Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias
específicas.
Artículo 71º (Sanciones)
Dos evaluaciones consecutivas no satisfactorias y otras infracciones a la presente Ley, de los fun-
cionarios de carrera darán lugar a sanciones que incluyan llamadas de atención, multas, suspen-
sión temporal de funciones o destitución del cargo, de acuerdo con el reglamento.
Artículo 72º (Retiro)
El retiro de los funcionarios de carrera municipal podrá producirse por cualesquiera de las
siguientes causales:
1. Renuncia, entendida como el acto por el cual el funcionario de carrera manifiesta voluntaria-
mente su determinación de concluir su vínculo laboral con el municipio;
2. Jubilación, conforme a las disposiciones del régimen correspondiente;
2. Invalidez y muerte, conforme a las disposiciones legales aplicables;
4. Lo previsto en el artículo anterior de la presente Ley;
5. Destitución como resultado de un proceso disciplinario por responsabilidad por la función
pública o proceso judicial con sentencia ejecutoriada;
6. Abandono de funciones por un período de tres días hábiles consecutivos, o seis disconti-
nuos, en un mes, no debidamente justificados; y
7. Por supresión del cargo, entendida como la eliminación de puestos de trabajo o cargos en
el marco del Sistema de Organización Administrativa.
Artículo 73º (Registro)
Los Gobiernos Municipales llevarán un registro en el cual se deje constancia de los anteceden-
tes, causales y procedimientos efectuados para el retiro de sus funcionarios de carrera y remitir
dicha información al Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal.


Artículo 74º (Supresión de Cargo)
I. La comprobación de que la decisión de retiro no estuviera legalmente justificada, podrá ser
objeto de sanciones por responsabilidad administrativa y civil, sin perjuicio de las reclamacio-
nes que puedan interponer los servidores públicos afectados, ante las instancias correspon-
dientes.
II. En los casos de retiro por supresión del cargo, el Gobierno Municipal no podrá, en lo que
resta de la gestión fiscal, reponer el mismo.
Artículo 75º (Prohibición de Retiro Discrecional)
I. Se prohíbe el retiro de funcionarios de carrera a través de decisiones discrecionales y unila-
terales de las autoridades municipales, bajo alternativa de iniciarse contra éstas los procedi-
mientos y las acciones de responsabilidad por la función pública y sin perjuicio de las recla-
maciones que puedan interponer los afectados.
II. Excepcionalmente, la máxima autoridad del Gobierno Municipal, podrá disponer del retiro de
funcionarios de carrera, en las situaciones previstas en el Artículo 33º de la Ley Nº 1178 de
20 de julio de 1990, conforme a los procedimientos que rigen para el efecto.
Artículo 76º (Reglamentación Específica)
Cada Gobierno Municipal aprobará su Reglamento específico del Sistema de Administración de
Personal, su Reglamento Interno y Manuales e Instrumentos que regulen la función pública pro-
curando la eficiencia de los servidores públicos municipales.
CAPÍTULO VI
PLANIFICACIÓN
Artículo 77º (Planificación Municipal)
Los Gobiernos Municipales establecerán procesos integrales de planificación, tomando en cuen-
ta los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad establecidos en la presente Ley
y en cumplimiento de las normas y sistemas departamentales y nacionales.
Artículo 78º (Plan de Desarrollo Municipal)
Los Gobiernos Municipales formularán, en el marco de una planificación estratégica, el Plan de
Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial bajo las normas básicas, téc-
nicas y administrativas del Sistema de Planificación Nacional y de la Ley de Administración y
Control Gubernamental, garantizando el carácter participativo del mismo.
Artículo 79º (Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial)
El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial comprenderá el área urbana y rural del Municipio y
establecerá, al menos, lo siguiente:
1. La formulación de los esquemas del Ordenamiento Territorial y Urbano a corto, mediano y
largo plazo;
2. La asignación de usos del suelo;
3. La determinación de patrones de asentamiento, normas de edificación, urbanización y frac-
cionamiento;
4. Los mecanismos y modalidades de planificación estratégica que viabilicen su ejecución;
5. La determinación de los planes, programas y proyectos así como la programación de inver-
siones;
6. La delimitación de las áreas urbanas que cuenten con los servicios básicos de energía eléc-
trica, saneamiento básico, educación y salud; y
7. Las áreas de gobierno, grandes centros comerciales, áreas de uso militar, industrial, de ser-
vicio de agua, alcantarillado, energía eléctrica, cementerios, depósitos de residuos, dese-
chos y otros servicios colectivos deben usar del subsuelo y contar obligatoriamente con una
red de distribución de servicios de mayor capacidad, con los medios de eliminar o disminuir
los riesgos de contaminación ambiental e insalubridad y mantener condiciones de vida vege-
tal y animal constantes y autorreguladas.
Artículo 80º (Planificación Participativa)
La planificación participativa municipal es el mecanismo de gestión pública para alcanzar el desa-
rrollo humano sostenible por ser aplicada en los distritos y cantones, de manera concertada
entre el Gobierno Municipal, las Organizaciones Territoriales de Base.


Artículo 81° (Programa de Desarrollo Institucional Municipal)
Los Gobiernos Municipales formularán, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal, un
Programa de Desarrollo Institucional, el cual obedecerá a los lineamientos estratégicos definidos
mediante reglamentación especial.
Artículo 82º (Órganos de Planificación)
Los Gobiernos Municipales que carezcan de un organismo propio encargado de la planificación
municipal podrán ser asistidos por los mecanismos de fortalecimiento municipal, públicos o pri-
vados, nacionales o extranjeros.
Artículo 83° (Cumplimiento Obligatorio de Normas Urbanísticas, Estructurales y del Uso del
Suelo)
Las normas nacionales de planeación urbanística de ingeniería y de uso del suelo, subsuelo y
sobresuelo son de cumplimiento obligatorio, inexcusable y prioritario para las personas individua-
les o colectivas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras, sea cual fuera su naturaleza y
características, en toda área urbana o rural del territorio de la República. Su quebrantamiento por
parte de las mismas será pasible a sanciones administrativas y dará lugar a responsabilidad civil
por daños causados a la colectividad. El Alcalde Municipal y Ministerio Público serán los encar-
gados de iniciar e impulsar dichas causas.
TÍTULO V
PATRIMONIO, BIENES MUNICIPALES Y RÉGIMEN FINANCIERO
CAPÍTULO I
PATRIMONIO Y BIENES MUNICIPALES
Artículo 84º (Bienes Municipales)
Los bienes municipales se clasifican en:
1. Bienes de dominio público;
2. Bienes sujetos al régimen jurídico privado; y
3. Bienes de régimen mancomunado.
Artículo 85º (Bienes de Dominio Público)
Los bienes de dominio público corresponden al Gobierno Municipal y son aquellos destinados al
uso irrestricto por parte de la comunidad; son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Comprenden:
1. Calles, aceras, cordones, avenidas, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, caminos veci-
nales, túneles y demás vías de tránsito;
2. Plazas, parques, bosques declarados públicos y otras áreas verdes y espacios destinados al
esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural;
3. Bienes declarados vacantes por autoridad competente en favor del Gobierno Municipal; y
4. Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos,
torrenteras y quebradas, con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento.
Artículo 86º (Bienes de Dominio Público y Patrimonio Institucional)
I. Son también bienes de dominio público todos aquellos inmuebles destinados a la adminis-
tración municipal y a la prestación de un servicio público municipal, así como aquellos bie-
nes inmuebles transferidos por la Ley de Participación Popular y otras disposiciones legales.
II. En los casos de enajenación de estos bienes, el Concejo Municipal, mediante Ordenanza por
dos tercios de votos del total de sus miembros, autorizará y tramitará los mismos ante el
Poder Legislativo, garantizando que el producto sea destinado a inversiones en el marco del
Plan de Desarrollo Municipal.
Artículo 87º (Concesiones)
El Gobierno Municipal podrá otorgar concesiones de uso y disfrute de bienes de dominio públi-
co, con carácter estrictamente temporal, las cuales no podrán exceder de treinta (30) años, de
acuerdo con un Reglamento Especial.
Artículo 88º (Ocupación de Vías Públicas)
El Gobierno Municipal en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de la promulgación de la
presente Ley, reglamentará mediante Ordenanza Municipal la autorización de ocupación de
espacios y vías públicas precautelando la libre circulación de los ciudadanos y los derechos de
los propietarios de inmuebles circundantes.


Artículo 89º (Bienes Sujetos al Régimen Privado)
I. Son bienes patrimoniales municipales, sujetos a régimen jurídico privado, los que no están
destinados a la prestación de un servicio público y que son administrados conforme a los
principios del derecho privado. Estos bienes comprenden:
1. El activo de las empresas municipales; y
2. Las inversiones financieras en acciones, bonos y otros títulos valores similares.
II. La disposición de los bienes antes referidos será autorizada por dos tercios de votos del
Concejo Municipal, tratándose de bienes inmuebles se tramitará Ley de la República.
Artículo 90º (Inversión en Valores Financieros)
El Gobierno Municipal podrá adquirir valores, siempre que su calificación de riesgo sea igual a la
permitida para los fondos de pensiones. En ningún caso, el gobierno Municipal se encuentra
habilitado para especular financieramente a costa del erario público. Los funcionarios del
Gobierno Municipal que así lo hicieran serán responsables del delito de defraudación al
Municipio.
Artículo 91º (Emisión de Deuda Municipal)
I. El Gobierno Municipal sólo podrá emitir deudas cumpliendo con todas las normas que esta-
blece la Ley del Mercado de Valores y sus Reglamentos y las normas de endeudamiento del
Estado.
II. La contratación de todo endeudamiento por el Gobierno Municipal deberá regirse a lo esta-
blecido en la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, la pre-
sente Ley y demás disposiciones legales en vigencia;
III. La emisión de títulos valores no contemplados en la Ley del Mercado de Valores, será obli-
gatoriamente registrada en el Ministerio de Hacienda y deberá ser publicada en un medio de
comunicación nacional.
Artículo 92º (Otros Bienes)
Constituyen también Patrimonio público municipal aquellos bienes, derechos y valores prove-
nientes de los contratos de concesión existentes o de otros contratos, sea cual fuera su natura-
leza que, en su momento, deban pasar a propiedad de la Municipalidad.
Artículo 93º (Bienes de Régimen Mancomunado)
Son bienes de régimen mancomunado los provenientes del interés de dos o más Gobiernos
Municipales y otras entidades de derecho público o privado producto de su hacienda y cuyo
mantenimiento, administración y beneficio sean emergentes de acuerdo expreso. El convenio
mancomunitario establecerá el régimen para el uso, disfrute y disposición de dichos bienes.
Artículo 94º (Donación y Negocios Jurídicos)
El Gobierno Municipal no podrá donar los bienes inmuebles sujetos al régimen jurídico privado.
En cambio, podrá realizar todo tipo de negocios jurídicos con ellos, siempre que los mismos sean
rentables y previa Ordenanza aprobada por dos tercios de los miembros del Concejo.
Artículo 95º (Bienes del Patrimonio Histórico - Cultural y Arquitectónico de la Nación)
I. Los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, republicanos históricos,
ecológicos y arquitectónicos de la Nación, o los procedentes del culto religioso, ya sean de
propiedad privada, pública o de la Iglesia, localizados en el territorio de la jurisdicción muni-
cipal, se encuentran bajo la protección del Estado, sujeto a legislación especial y destinados
inexcusablemente al uso y disfrute de la colectividad.
II. El Gobierno Municipal, en coordinación con organismos nacionales e internacionales com-
petentes, precautelará y promoverá la conservación, preservación y mantenimiento de los
bienes del Patrimonio Histórico-Cultural y Arquitectónico de la Nación en su jurisdicción.
CAPÍTULO II
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y DELIMITACIÓN DEL DOMINIO TRIBUTARIO
Artículo 96º (Hacienda Pública Municipal)
La Hacienda Pública Municipal comprende el conjunto de normas y procedimientos que regulan
la administración de los recursos municipales.


Artículo 97º (Régimen Tributario)
El régimen tributario que forma parte de la Hacienda Pública Municipal está regulado por el
Código Tributario y por las normas tributarias vigentes.
Artículo 98° (Funciones)
El régimen tributario debe cumplir las siguientes funciones:
1. De instrumento de política financiera de desarrollo integral del Municipio; y
2. De instrumento financiero para la captación de recursos.
Artículo 99º (Delimitación del Dominio Tributario)
Para establecer la delimitación del dominio tributario correspondiente al gobierno central y a los
gobiernos municipales se señalan los siguientes criterios:
1. Se reconoce a los gobiernos municipales, con carácter exclusivo, la facultad de cobrar y
administrar impuestos a la propiedad inmueble, a los vehículos automotores, impuesto a la
chicha con grado alcohólico, impuestos a las transferencias municipales de inmuebles y
vehículos, Tasas por servicios prestados y patentes; y
2. Dominio tributario de coparticipación, corresponden a este concepto las participaciones
reconocidas por el gobierno central a que tienen derecho los gobiernos municipales de con-
formidad con disposiciones legales en vigencia.
Artículo 100° (Carácter de los Ingresos Municipales)
Los ingresos municipales son de carácter tributario y no tributario.
Artículo 101º (Ingresos Tributarios)
Se consideran ingresos municipales tributarios a los provenientes de:
1. Impuestos y;
2. Tasas y Patentes.
Artículo 102º (Ingresos no Tributarios)
I. Se consideran ingresos municipales no tributarios, con carácter enunciativo y no limitativo,
los provenientes de:
1. Pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos realizados con los bienes munici-
pales o producto de la política de concesiones o explotaciones existentes en la jurisdic-
ción municipal;
2. Venta o alquiler de bienes municipales;
3. Transferencias y contribuciones;
4. Donaciones y legados en favor del Municipio;
5. Derechos preconstituidos;
6. Indemnizaciones por daños a la propiedad municipal;
7. Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales; y
8. Operaciones de crédito público.
II. Los recursos originados por la venta de bienes municipales se destinarán íntegramente a la
inversión.
Artículo 103º (Padrón de Contribuyentes)
Los Gobiernos Municipales deberán crear y administrar el registro y padrón de contribuyentes
municipales.
Artículo 104° (Exenciones)
Las exenciones tributarias señaladas por Ley que se encuentren bajo la potestad de la adminis-
tración municipal, se tramitarán en forma específica en el Gobierno Municipal correspondiente y
serán objeto de Ordenanza expresa del Concejo Municipal con las limitaciones establecidas por
el Artículo 153° de la Constitución Política del Estado.
Artículo 105º (Tasas y Patentes)
I. El Gobierno Municipal, a través del Alcalde Municipal, presentará las Ordenanzas de Tasas y
Patentes, sus modificaciones o enmiendas al H. Senado Nacional, dentro de los primeros sesenta
(60) días de cada legislatura ordinaria, previo dictamen técnico motivado del Poder Ejecutivo, el
mismo que será emitido en el plazo máximo de veinte (20) días a partir de su presentación, caso
contrario, remitirá sin el dictamen requerido.


NOTA: ARTÍCULO ÚNICO DE LA LEY Nº 2696. Modificase el parágrafo I, del Artículo 105°, de
la Ley No 2028 de Municipalidades, con el siguiente texto:

Artículo 105º (Tasas y Patentes)
“I. El Gobierno Municipal a través del Alcalde Municipal, presentará las Ordenanzas de Tasas y
Patentes, sus modificaciones o enmiendas a la Cámara de Senadores, dentro de las seten-
ta y cinco (75) sesiones de la Legislatura ordinaria, previo dictamen técnico motivado por el
Poder Ejecutivo, el mismo que será emitido en el plazo máximo de veinte (20) días a partir de
su presentación, caso contrario, remitirá sin el dictamen requerido”.
II. El Senado Nacional considerará esta Ordenanza en un plazo no mayor a los sesenta (60)
días a partir de su presentación. Vencido este plazo, se entenderán por aprobadas y entra-
rán en vigencia.
III. Si el Gobierno Municipal no presentara la Ordenanza de Tasas y Patentes en el plazo esta-
blecido en el presente Artículo, regirá la última vigente, bajo su propia responsabilidad.
CAPÍTULO III
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL
Artículo 106º (Formulación del Presupuesto)
El Alcalde Municipal formulará y ejecutará su Programa Operativo Anual y Presupuesto en el
marco del Plan de Desarrollo Municipal, bajo las normas y reglamentación establecidas por la Ley
1178 de 20 de julio de 1990, la presente Ley y demás disposiciones legales vigentes.
Artículo 107º (Límites del Gasto Corriente)
I. Dentro de cada gestión presupuestaria, los Gobiernos Municipales podrán asignar recursos
hasta un quince por ciento (15%) de la Coparticipación Tributaria en su conjunto.
II. De manera separada e independiente, podrán asignarse para el gasto señalado en el nume-
ral precedente, en los Municipios con un número mayor a veinte mil (20.000) habitantes, el
veinte por ciento (20%) de los ingresos municipales propios definidos en la presente Ley. En
los Municipios con un número menor a veinte mil (20.000) habitantes, la asignación será del
treinta por ciento (30%)
Artículo 108° (Gastos Elegibles para Inversión Pública)
Dentro de cada gestión presupuestaria, los Gobiernos Municipales, asignarán al menos el ochen-
ta y cinco por ciento (85%) de los recursos de Coparticipación Tributaria y el ochenta por ciento
(80%) de los ingresos municipales propios a los siguientes conceptos:
1. Gastos inherentes a competencias establecidas por el ordenamiento legal vigente, incluyen-
do las transferidas por la Ley Nº 1551 de 20 de abril de 1994 y Gastos que correspondan a
intereses y/o amortizaciones de Deuda Pública interna y/o externa, y otros pasivos financie-
ros, generados por proyectos de inversión autorizados por el Ministerio de Hacienda, con
excepción de gastos de servicios personales en actividades específicas;
2. Gastos destinados a generar condiciones para la concesión de obras, servicios y explota-
ciones de interés público y de uso colectivo; y
3. Incrementar los aportes de capital a las empresas municipales que prestan servicios direc-
tos, a la compra de bienes de capital físico, así como a las actividades de preinversión y pro-
yectos de inversión.
NOTA: DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS DE LA LEY Nº 2296. Se derogan
los Artículos 107º y 108º de la Ley Nº 2028, de 28 de octubre de 1999, de
Municipalidades.
Artículo 109º (Modificaciones Presupuestarias)
En la ejecución presupuestaria sólo se podrá modificar y efectuar traspasos presupuestarios,
previa evaluación de los grupos de gasto correspondientes, los mismos que serán autorizados
mediante Ordenanza Municipal expresa del Concejo. En ningún caso se realizarán traspasos de
recursos de Inversión Pública a los grupos de gasto de Servicios Personales.
Artículo 110º (Contabilidad Municipal)
La contabilidad de los Gobiernos Municipales se regirá por los principios de Contabilidad
Integrada y Gubernamental, con uniformidad en la nomenclatura de cuentas y procedimientos
administrativos.


CAPÍTULO IV
EMPRESAS MUNICIPALES
Artículo 111º (Empresas Municipales)
El Gobierno Municipal está facultado para crear, constituir, disolver o participar en empresas, para
la ejecución de obras, prestación de servicios o explotaciones municipales con recursos públi-
cos, siempre y cuando éstas no puedan ser prestadas mediante administración privada o corres-
pondan al Sistema de Regulación Sectorial.
Artículo 112º (Constitución y Fiscalización)
Las Empresas Municipales podrán ser públicas o sociedades anónimas mixtas con personalidad
jurídica y patrimonio propio, constituidas y sujetas al régimen del Código de Comercio bajo el
control y fiscalización del Gobierno Municipal, debiendo adecuarse a los planes programas y pro-
yectos municipales.
Artículo 113° (Prohibición)
Los concejales, sus cónyuges o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segun-
do de afinidad no podrán ser miembros de los directorios de las Empresas Municipales, a excep-
ción del Alcalde Municipal que ejercerá la Presidencia. Los parientes consanguíneos o por afini-
dad del Alcalde Municipal en los mismos grados que de los concejales, no podrán ser miembros
del directorio, ni gerentar las empresas municipales.
Artículo 114º (Gerentes de las Empresas Municipales)
La selección y designación de los Gerentes de las Empresas Municipales se efectuará mediante
convocatoria pública y concurso de méritos, a instancia de sus Directorios. El Concejo Municipal
supervisará la transparencia del proceso.
CAPÍTULO V
CONTRATOS Y CONCESIONES MUNICIPALES
Artículo 115º (Contratos en General)
I. El Alcalde Municipal suscribirá los contratos en general aprobados en el Plan Anual
Operativo.
II. Los contratos de empréstitos, emisión de valores u otros instrumentos de financiamiento,
requerirán la aprobación previa del Concejo, con el voto afirmativo de dos tercios del total
de sus -miembros.
III. La prestación de obras y servicios públicos o la explotación de bienes de propiedad muni-
cipal que no se efectúen en forma directa por el Gobierno Municipal, serán objeto de con-
cesión, otorgada previa licitación pública, conforme a disposiciones legales en vigencia y con
la aprobación de dos tercios de votos de los miembros presentes.
IV. Las licitaciones deberán efectuarse a través de convocatorias públicas de conformidad con
las leyes y normas vigentes.
Artículo 116º (Empréstitos)
I. Los recursos de empréstitos contratados deberán utilizarse sólo en los fines, programas y
proyectos de inversión municipal, según lo establecido en el respectivo contrato que debe-
rá ser previamente autorizado por el Concejo y enmarcarse en el Plan Operativo Anual.
II. Los contratos de empréstitos que conlleven la adquisición forzosa de bienes o servicios de
un proveedor de bienes o servicios, deberán necesariamente regirse a las normas de
endeudamiento público y a las de adquisición de bienes y servicios.
Artículo 117º (Constitución de Hipotecas)
El Alcalde Municipal podrá constituir hipotecas sobre los bienes sujetos al régimen jurídico priva-
do que no estuvieran destinados a la atención de servicios públicos, previa autorización del
Concejo mediante Ordenanza Municipal, por dos tercios de votos del total de sus miembros.
Artículo 118º (Nulidad de Contratos)
I. Los contratos que no contemplen las condiciones de legalidad que establece la presente
Ley y las normas pertinentes son ineficaces de pleno derecho dentro y fuera del país.


II. Es nulo todo contrato celebrado entre el Gobierno Municipal con los servidores públicos
municipales, con empleados de libre contratación y remoción, distinto al de prestación de
servicios personales, con las personas dependientes de las empresas municipales, hasta
doce (12) meses posteriores al cese de sus actividades en la Municipalidad y con los miem-
bros de la Directiva del Comité de Vigilancia sea directamente o por interpósita persona, con
los cónyuges, ascendientes, descendientes o parientes colaterales de aquellos hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El quebrantamiento de estas res-
tricciones será sancionado de acuerdo a Ley.
CAPÍTULO VI
LIMITACIONES DEL DERECHO DE PROPIEDAD
Artículo 119º (Limitaciones al Derecho Propietario)
Dentro del área de su jurisdicción territorial, el Gobierno Municipal, para cumplir con los fines que
le señala la Ley y en el marco de las normas que rigen la otorgación de derechos de uso sobre
recursos naturales, así como las urbanísticas y de uso de suelo, tiene la facultad de imponer las
siguientes limitaciones al derecho propietario:
1. Restricciones administrativas; y
2. Servidumbres Públicas.
Artículo 120º (Restricciones Administrativas)
Las Restricciones Administrativas son las limitaciones que se imponen al derecho de uso y dis-
frute de los bienes inmuebles que no afectan a la disposición del mismo y que son impuestas
por la autoridad municipal, en atención a la planificación municipal y al interés público. En conse-
cuencia, no comprometen al Gobierno Municipal al pago de indemnización alguna.
Artículo 121º (Servidumbre Pública)
Se entenderá por Servidumbre Pública al derecho real que se impone a determinados bienes
inmuebles a efecto del interés público. Constituyen obligaciones de hacer o no hacer que afec-
tan solamente el uso de la propiedad y no comprometen al Gobierno Municipal al pago de
indemnización alguna. Los casos en que constituyan una desmembración del derecho propieta-
rio, se considerará como expropiación parcial. El Gobierno Municipal está obligado a inscribir en
el Registro de Derechos Reales, sin ningún costo, todas las servidumbres públicas.
CAPÍTULO VII
EXPROPIACIONES
Artículo 122º (Expropiación)
I. Los Gobiernos Municipales están facultados para ejercer el derecho de expropiación de bie-
nes privados mediante Ordenanza Municipal, dentro del ámbito de su jurisdicción, con suje-
ción a la Constitución Política del Estado y a lo establecido por la presente Ley.
II. Las expropiaciones requieren de previa declaratoria de necesidad y utilidad pública previo
pago de indemnización justa, mediante Ordenanza Municipal aprobada por dos tercios. En
esta Ordenanza deberá especificarse con precisión el fin a que habrá de aplicarse el bien
expropiado de acuerdo con los planes, proyectos y programas debidamente aprobados
con anterioridad a la expropiación. Una vez concluido el trámite de expropiación, el Alcalde
Municipal deberá informar al Concejo Municipal.
Artículo 123º (Avalúo o Justiprecio)
I. El monto de la indemnización o justiprecio por expropiación de bienes inmuebles urbanos,
será el valor acordado entre partes o, en su caso, establecido por la autoridad competente;
previo avalúo pericial.
II. Las expropiaciones en el área rural requeridas por el Gobierno Municipal, para obras de
Interés Social y Servicios Públicos, se regirán por Ley Nº 1715 de 18 de Octubre de 1996.
III. En ningún caso se aplicará la compensación con otros inmuebles de propiedad pública
municipal.
IV. El valor de todas las expropiaciones dispuestas por el Concejo deberá incluirse en el presu-
puesto municipal de la gestión correspondiente, como gasto de inversión.


Artículo 124º (Resistencia a la Expropiación)
En los casos de resistencia o inconcurrencia del propietario del bien expropiado al emplazamiento
para la suscripción de la minuta o escritura pública de transferencia forzosa, el Juez de Partido de
turno en lo Civil la suscribirá a nombre del propietario renuente, previo trámite en la vía voluntaria.
Artículo 125º (Término para la Expropiación)
En caso de no efectivizarse la Ordenanza Municipal que declaró la necesidad y utilidad pública,
para la expropiación, en un plazo no mayor a dos (2) años desde su publicación, dicha
Ordenanza perderá vigencia y la venta forzosa quedará sin efecto.
CAPÍTULO VIII
CONTROL URBANÍSTICO
Artículo 126º (Planificación Urbana)
El Gobierno Municipal es responsable de elaborar y ejecutar políticas, planes, proyectos y estra-
tegias para el desarrollo urbano, con los instrumentos y recursos que son propios de la
Planificación Urbana, elaborando normativas de Uso del Suelo urbano y emprendiendo acciones
que promuevan el desarrollo urbanístico de los centros poblados de acuerdo con normas nacio-
nales.
Artículo 127º (Normas de Orden Público)
El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial con sus normas y reglamentos, los Planes Maestros,
los Planes Sectoriales y Especiales, y los instrumentos técnicos normativos, aprobados por el
Concejo, constituyen normas de orden público enmarcadas en el Plan de Desarrollo Municipal.
Artículo 128º (Proyectos de Urbanización)
Los terrenos que, como consecuencia de la aprobación de proyectos de urbanización, sean
áreas verdes, deportivas, parques, plazas y áreas de equipamiento, o se encuentren destinados
por dicho proyecto a uso común, se destinarán al uso exclusivo señalado en el proyecto, sien-
do nula cualquier alteración o decisión contraria, bajo responsabilidad para los contraventores.
Artículo 129º (Prohibición de Cambio de Uso)
Las áreas verdes, deportivas y de equipamiento, parques, plazas y aires municipales, existentes
con anterioridad a la aprobación de la presente Ley, bajo ningún motivo serán sujetos a cambio
de uso de suelo, siendo nula cualquier alteración o decisión contraria, bajo responsabilidad para
los contraventores.
Artículo 130° (Divisiones y Fraccionamientos)
En todos los procesos judiciales o extrajudiciales de división y partición que comprendan bienes
inmuebles sujetos al ordenamiento municipal, las autoridades judiciales y los componedores o
árbitros, antes de disponer la aprobación y registro en Derechos Reales de la división o fraccio-
namiento, exigirán a los interesados la acreditación del cumplimiento de las disposiciones muni-
cipales en materia de uso de Suelo, así como el pago de tributos municipales y otras normas que
correspondan por Ley. Es nula de pleno derecho toda sentencia, laudo, contrato o disposición
entre partes o cuando el Estado actúe como particular que quebrante disposiciones de carác-
ter sanitario, de uso del suelo, urbanísticas y del medio ambiente, protección de fauna y anima-
les domésticos, regulatorias o declaratorias de dominio público o de protección del patrimonio
de la Nación.
Artículo 131º (Proceso de Usucapión)
En todo proceso de usucapión sobre bienes inmuebles susceptibles de aplicación de dicha figu-
ra, deberá citarse al Gobierno Municipal de la jurisdicción respectiva que, en función de los inte-
reses municipales, podrá constituirse en parte directamente interesada, sin perjuicio de la cita-
ción al demandado, bajo sanción de nulidad. No procederá la usucapión de bienes de propie-
dad municipal o del Estado. Los jueces que admitieran dichas demandas serán pasibles a juicio
por prevaricato.
Artículo 132º (Exención)
Los Gobiernos Municipales están exentos de todo pago por inscripción y registro de sus bienes
en las Oficinas de Derechos Reales.
Artículo 133º (Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Paisajístico)
Todo proyecto de urbanización deberá respetar el patrimonio histórico - cultural y arquitectóni-
co, los recursos naturales y los valores paisajísticos del terreno, de acuerdo con las normas téc-


nicas expresas sobre dicha preservación y contextualización, bajo responsabilidad civil y penal
de las autoridades, funcionarios y particulares infractores, denegándose la aprobación de la pro-
puesta y el inicio de las obras correspondientes, hasta que se cumpla con las condiciones espe-
cíficas.
Artículo 134° (Áreas no Edificables)
Las áreas calificadas por el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial como de riesgo debido a
fenómenos de origen natural o derivados de intervenciones externas, no serán ocupadas con
usos de viviendas, industriales, comerciales, gubernamentales, de equipamiento, o cualquier uso,
en el cual esté implicada la permanencia o seguridad de colectivos humanos o animales. De igual
forma la aprobación de urbanizaciones en áreas cercanas a instalaciones aeroportuarias, debe-
rá contar con autorización previa de las autoridades aeronáuticas de acuerdo a normas naciona-
les e internacionales.
Artículo 135º (Conformidad con la Ley del Medio Ambiente)
De conformidad con la Ley del Medio Ambiente, el que destruya, lesione, deteriore, degrade o
afecte áreas verdes, de forestación, agrícolas, parques nacionales, cauces de río, o modificara el
uso o destino establecido en dichas áreas, sea a través de fraccionamientos, urbanizaciones y la
realización de cualesquier tipos de construcciones, será sancionado de acuerdo con la Ley y
deberá pagar daños y perjuicios al Municipio.
Artículo 136º (Verificación del Cumplimiento de Normas Técnicas)
Los profesionales topógrafos, arquitectos e ingenieros que presten servicios técnicos en fraccio-
namientos, urbanizaciones y construcción de bienes inmuebles deberán verificar la concordan-
cia, ajuste y pleno cumplimiento de las normas municipales y nacionales urbanísticas, de ingenie-
ría y de uso del suelo. La verificación señalada es de plena responsabilidad civil y penal del pro-
fesional contratado para dicho servicio, quien no podrá ser funcionario público, ni tener paren-
tesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con las autoridades y fun-
cionarios del Gobierno Municipal en el cual desempeñen sus actividades. La fiscalización del
cumplimiento de la norma básica nacional se encontrará a cargo del Gobierno Municipal.
CAPÍTULO IX
RECURSOS ADMINISTRATIVOS, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
Artículo 137º (Procedencia)
I. Las Resoluciones emitidas por una autoridad ejecutiva de Gobierno Municipal podrán ser
impugnadas mediante los recursos establecidos en la presente Ley, cuando dichas
Resoluciones afecten, lesionen o pudieran causar agravio a derechos o intereses legítimos
de los ciudadanos.
II. No proceden los recursos de impugnación administrativa contra los actos de carácter pre-
paratorio o de mero trámite.
Artículo 138º (Efectos de los Recursos Administrativos)
Salvo disposición expresa en contrario, o resolución motivada, los recursos administrativos de
impugnación contra las Resoluciones ejecutivas, se concederán sólo en el efecto devolutivo.
Artículo 139º (Normas Comunes Aplicables)
Los Gobiernos Municipales, en tanto se promulgue una disposición general de procedimientos
administrativos, observarán las normas procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Civil en todo aquello que le sea aplicable y, principalmente, en el recurso de complementación y
enmienda. Asimismo, podrán emitir disposiciones reglamentarias que regulen modalidades de
ejecución de sus determinaciones administrativas.
Artículo 140º (Recurso de Revocatoria)
El recurso de revocatoria deberá ser interpuesto, por el interesado, ante la misma autoridad que
emitió la resolución administrativa, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a su noti-
ficación. La autoridad administrativa correspondiente, tendrá un plazo de diez (10) días hábiles
para revocar o confirmar la resolución impugnada. Si vencido dicho plazo, no se dictase resolu-
ción, ésta se la tendrá por denegada, pudiendo el interesado interponer el Recurso Jerárquico.
Artículo 141º (Recurso Jerárquico)
El Recurso Jerárquico se interpondrá ante la autoridad administrativa que resolvió el Recurso de
Revocatoria, dentro del plazo de los (5) cinco días hábiles siguientes a su notificación. El Recurso


deberá elevarse, en el plazo de tres (3) días hábiles de haber sido interpuesto ante la autoridad
jerárquica superior, la misma que tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para su resolución
confirmatoria o revocatoria. Si vencido dicho plazo no se dictara resolución, ésta se la tendrá por
denegada, pudiendo el interesado acudir a la vía judicial.
Artículo 142° (Agotamiento de la Vía Administrativa)
La vía administrativa quedará agotada en los casos siguientes:
1. Cuando se trate de resoluciones de los recursos jerárquicos; y
2. Cuando se trate de Ordenanzas Municipales emitidas por el Concejo Municipal.
Artículo 143° (Impugnación Judicial)
Agotada la vía administrativa, el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del
proceso contencioso - administrativo. De la misma forma podrá impugnar mediante los recursos
previstos en la Constitución Política del Estado y leyes aplicables.
Artículo 144º (Conciliación y arbitraje)
Todo asunto que implique controversia entre partes en asuntos municipales podrán ser someti-
dos a las reglas de la Ley de Conciliación y Arbitraje Nº 1770 del 10 de marzo de 1997:
1. La aceptación de la conciliación y arbitraje implica renuncia a la vía administrativa y a la vía
ordinaria; y
2. La conciliación en ningún caso supondrá o comprenderá la inobservancia de normas urba-
nísticas, de uso de suelo del medio ambiente y recursos naturales, de protección a la fauna
silvestre y animales domésticos o de salubridad, elaboración, venta y transporte de produc-
tos alimenticios humanos y animales y productos destinados al cultivo vegetal.
Artículo 145º (Conflicto de Competencias)
En caso de conflicto de competencias entre los gobiernos municipales y de éstos con otros
organismos de administración del Poder Ejecutivo, podrá recurrirse ante el Tribunal Constitucional
que dirimirá en última instancia, de conformidad a lo establecido por el Artículo 120º parágrafo II
de la Constitución Política del Estado.
TÍTULO VI
CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN POPULAR
CAPÍTULO ÚNICO
DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 146º (Derechos)
Los habitantes de la jurisdicción municipal individual o colectivamente tienen los siguientes dere-
chos:
1. Asociarse en Organizaciones Territoriales de Base: Comunidades Campesinas, Comunidades
Indígenas, Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales;
2. Recibir en condiciones de equidad y de acuerdo a pago de tasa, cuando corresponda, los
beneficios de los servicios públicos municipales;
3. Exigir el buen funcionamiento de los servicios municipales;
4. Requerir al Alcalde Municipal la atención de una necesidad cuya satisfacción sea competen-
cia del Gobierno Municipal;
5. Representar ante el Concejo las acciones u omisiones perjudiciales al buen funcionamiento
o al desarrollo del Municipio, en que incurrieran las autoridades y servidores públicos muni-
cipales, así como los concesionarios de servicios, obras y explotaciones;
6. Ser recibidos y atendidos en audiencias públicas del Concejo Municipal y sus comisiones;
7. Ser comunicados e informados de la actividad del Gobierno Municipal;
8. Organizarse en asociaciones de defensa del consumidor; y
9. Todos los otros derechos establecidos por la Constitución Política del Estado, la presente
Ley, la Ley de Participación Popular, las leyes y normas vigentes en la República.


Artículo 147º (Derecho de Petición)
Toda persona natural o jurídica, individual o colectivamente, tiene el derecho de formular peticio-
nes a las autoridades municipales, las que obligatoriamente deberán ser atendidas. Al efecto, los
Gobiernos Municipales reglamentarán los procedimientos y precisarán plazos para dictar resolu-
ciones.
Artículo 148º (Obligaciones)
Los habitantes del Municipio tienen las siguientes obligaciones:
1. Cumplir las Ordenanzas, Resoluciones y demás disposiciones municipales;
2. Preservar el ornato, los servicios públicos;
3. Preservar y proteger los ecosistemas y el medio ambiente;
4. Proteger a la fauna silvestre y a los animales domésticos;
5. Preservar el Patrimonio de la Nación y el patrimonio cultural y religioso;
6. Abstenerse de intermediar, negociar o realizar cualquier negocio jurídico o acción que per-
mita la circulación a cualquier título, el acumulo o el transporte de productos que alteren o
puedan alterar la salud humana o animal o a las especies vegetales bajo aplicación de san-
ciones administrativas y penales;
7. Denunciar los actos que lesionen la propiedad pública o la Hacienda Municipal;
8. Presentar las pruebas que respalden sus denuncias y reclamaciones;
9. Contribuir con su esfuerzo personal en las obras que se ejecuten dentro del ámbito de su
Organización Territorial de Base y su Distrito Municipal;
10. Participar en las actividades comunales que incentiven el desarrollo de su Municipio;
11. Responder de los daños y perjuicios causados a la colectividad por el uso irresponsable e ile-
gal de su propiedad privada individual o colectiva o por otras causas establecidas por Ley; y
12. Toda otra obligación establecida en la Constitución Política del Estado, la presente Ley, la Ley
de Participación Popular, las leyes y normas vigentes en la República.
Artículo 149º (Reconocimiento, Registro o Certificación de las OTB´s)
El reconocimiento, registro o certificación de la personalidad jurídica de las Organizaciones
Territoriales de Base y de las Asociaciones Comunitarias, se regirá por lo dispuesto en la Ley de
Participación Popular y sus Decretos Reglamentarios.
Artículo 150° (Comités de Vigilancia)
I. El Comité de Vigilancia, como instancia social representante de la sociedad civil organizada
ante el Gobierno Municipal, es responsable de facilitar la participación, supervisión y control
ciudadano en la gestión social de la municipalidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Participación Popular.
II. Los Comités de Vigilancia conformarán, en un plazo no mayor de noventa (90) días a partir
de la promulgación de la presente Ley un Consejo Consultivo, cuya función será apoyar téc-
nica y logísticamente las acciones necesarias para el logro de los objetivos de la participa-
ción popular y la promoción del crecimiento económico del Municipio. El Consejo Consultivo
estará integrado por delegados de los sectores productivos y de servicios de mayor inciden-
cia en el Municipio y de organizaciones medioambientales y profesionales del mismo.
NOTA: DISPOSICIONES DEROGATORIAS de la Ley 2235.

Artículo 150º parágrafo II de la Ley Nº 2028, de 28 de octubre de 1999, de
Municipalidades.
III. El Comité de Vigilancia tiene la función de apoyar la planificación participativa municipal, la
formulación y reformulación del Plan Operativo Anual y el Plan de Desarrollo Municipal.
IV. El Plan Operativo Anual debe contar con el pronunciamiento previo y expreso del Comité de
Vigilancia para su tratamiento y aprobación por el Concejo Municipal en un plazo máximo de
quince (15) días, a partir de su recepción, en caso de no existir pronunciamiento en el plazo
establecido, se entenderá su conformidad.
V. El Comité de Vigilancia tendrá la facultad de controlar el cumplimiento de los porcentajes
establecidos por Ley para los gastos de inversión y gasto corriente de los recursos prove-
nientes de la Coparticipación Tributaria.


VI. El Comité de Vigilancia está obligado a evaluar semestralmente el cumplimiento de las políti-
cas, planes, programas y proyectos del Gobierno Municipal, mediante informe escrito cir-
cunstanciado técnica y legalmente. Dicho informe será aprobado al menos por dos tercios
de los miembros del Comité de Vigilancia y será presentado al Gobierno Municipal y dado a
conocer públicamente.
VII. Queda prohibido bajo sanción de nulidad, cualquier acto que no contemple lo previsto por
el Artículo 11° de la Ley de Participación Popular, concerniente al trámite de suspensión de
los recursos de la Participación Popular.
Artículo 151º (Fondo de Control Social)
Para el efectivo cumplimiento de las atribuciones señaladas a los Comités de Vigilancia, se crea
en cada Municipio el Fondo de Control Social, sujeto a reglamentación especial e integrada por
los siguientes recursos:
1. Aportes de las Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones Comunitarias;
2. Contribuciones de asociaciones y fundaciones; y
3. Recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria, de acuerdo a la siguiente tabla:
POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PORCENTAJE ASIGNADO
Hasta 10.000 habitantes 1%
De 10.000 a 25.000 habitantes 0.75 %
De 25.000 a 100.000 habitantes 0.5 %
Más de 100.000 habitantes 0.25 %
En ningún caso los recursos del fondo se asignarán al pago de remuneraciones a los miem-
bros del Comité de Vigilancia.
Artículo 152º (Facultades de los Vecinos)
I. Los vecinos, directamente o a través de las Organizaciones Territoriales de Base, los Comités
de Vigilancia y las asociaciones de defensa del consumidor, podrán solicitar la provisión de
servicios públicos municipales, su normal y correcto funcionamiento de manera que satisfa-
gan, en forma eficiente, las necesidades comunitarias en materia de educación, salud,
deporte, saneamiento básico, micro riego, caminos vecinales y desarrollo sostenible de
acuerdo con las posibilidades de cada Gobierno Municipal.
II. El Gobierno Municipal podrá convenir con las Organizaciones Territoriales de Base la confor-
mación de servicios de apoyo a la comunidad en las áreas de seguridad ciudadana, servi-
cios básicos, emergencias y otros.
TÍTULO VII
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
CREACIÓN, FUSIÓN Y DELIMITACIÓN DE SECCIONES DE PROVINCIA
Artículo 153º (Creación y Fusión de Unidades Político – Administrativas)
La creación, fusión y delimitación de unidades político-administrativas y, entre ellas, de las
Secciones de Provincia correspondientes al Municipio, es facultad privativa del Poder Legislativo,
conforme a la Constitución Política del Estado previo proceso técnico administrativo y cumpli-
miento de requisitos definidos por Ley.
Artículo 154º (Fusión de Municipios)
Dos o más Municipios vecinos podrán fusionarse total o parcialmente a uno o más Municipios
con el objeto de que el gobierno municipal cumpla mejor con los fines y competencias estable-
cidas por la presente Ley o la Ley de Participación Popular o cuando por sí mismos los Municipios
no reúnan las condiciones que garanticen su sostenibilidad, para lo cual deberán solicitar la emi-
sión de la Ley respectiva al Poder Legislativo.
CAPÍTULO II
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
Artículo 155. (Mancomunidad)
I. Dos o más Municipios, a través de sus gobiernos municipales, de manera voluntaria y en uso
de su capacidad asociativa, podrán adquirir responsabilidades mancomunadas comprome-
tiendo los recursos necesarios para la realización de fines que les sean comunes.


II. La mancomunidad municipal deberá buscar la mayor cohesión social, articulación, eficiencia
e impacto en la ejecución de las acciones e inversiones que, de manera concurrente, ejecu-
te en el marco del convenio mancomunitario.
Artículo 156º (Municipios con Menos de Cinco Mil Habitantes)
Los Municipios que tengan una población menor a cinco mil (5000) habitantes, deberán confor-
mar mancomunidades para poder acceder, a través de la Cuenta Mancomunada, a los recursos
de la Coparticipación Tributaria.
Artículo 157º (Alcance de la Mancomunidad)
I. Los Gobiernos Municipales interesados en planes, programas, proyectos, obras, servicios,
explotaciones y otras actividades comunes constituirán, mediante convenio, una mancomu-
nidad, para efectivizar las atribuciones y competencias transferidas por el Estado en favor de
los gobiernos municipales; para lograr la plena validez de los convenios, deberán ser apro-
bados por los concejos municipales respectivos quienes tendrán a su cargo la fiscalización.
II. La mancomunidad municipal que así lo considere podrá constituirse en sujeto de derecho
privado tramitando ante la Prefectura Departamental la personalidad jurídica, como
Asociación, con el objeto de desarrollar acciones de inversión concurrente con el sector
público, privado, social y productivo.
III. Cuando la mancomunidad comprenda municipios de distintos Departamentos el trámite de
personalidad jurídica se realizará ante la Prefectura más próxima al territorio de la mancomu-
nidad.
Artículo 158° (Otras Disposiciones)
I. Los mecanismos financieros dependientes del Poder Ejecutivo priorizarán la promoción y el
apoyo a planes, programas y proyectos que representen intereses de dos o más Municipios
mancomunados.
II. La mancomunidad municipal deberá ser apoyada por el sistema nacional de planificación y
el sistema nacional de inversión pública.
III. Los Municipios cuya población tuviera pueblos indígenas o pueblos originarios podrán con-
formar mancomunidades a efectos de establecer o restituir la unidad étnica y cultural de
dichos pueblos.
IV. El Directorio de la mancomunidad será elegido sólo de entre los concejales de los
Municipios integrantes. Podrán asistir con voz y sin voto a las sesiones del directorio
los Alcaldes, Parlamentarios nacionales, los Consejeros Departamentales, miembros
de los Comités de Vigilancia y representantes de los sectores productivos y de servi-
cio de mayor incidencia en el área de la mancomunidad.
V. El directorio de la Mancomunidad solamente tendrá funciones de coordinación entre
los municipios que lo integran, pudiendo realizar recomendaciones que deberán ser
ejecutadas por los Alcaldes Municipales respectivos.
NOTA: DISPOSICIÓN MODIFICATORIA SEGUNDA de la Ley Nº 2235. Se modifican los pará-
grafos IV y V del Artículo 158 de la Ley Nº 2028, de Municipalidades, con el siguiente
texto:
“IV. El Directorio de la Mancomunidad estará integrado por los respectivos Alcaldes Municipales.
Podrán asistir con voz sin voto los Consejeros Departamentales, Concejales Municipales,
miembros de los Comités de Vigilancia y representantes del Consejo de Desarrollo
Productivo, económico y Social en el área de la mancomunidad, debidamente acreditados.
V. El Directorio de la Mancomunidad tendrá funciones de coordinación entre los municipios
que la integran”
VI. Los Gobiernos Municipales mancomunados concertarán con el Poder Ejecutivo Nacional y
las Prefecturas Departamentales, la ejecución de políticas de fortalecimiento, inversión y
desarrollo, compatibilizando planes, programas y proyectos concurrentes.
VII. La mancomunidad municipal que apruebe un plan de desarrollo mancomunitario, concerta-
do y consensuado entre sus integrantes, podrá presentarlo en el Consejo Departamental
para su priorización preferente en la inversión concurrente departamental. El Consejo
Departamental dará el mismo tratamiento a las propuestas de desarrollo concertada por la
mancomunidad y que tenga impacto en la jurisdicción de más de un Municipio.
VIII. La mancomunidad municipal podrá requerir de la Prefectura del o los departamentos que ella
comprenda, el apoyo técnico permanente para el logro de los objetivos mancomunitarios.


CAPÍTULO III
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS
Artículo 159° (Áreas Metropolitanas)
Las áreas metropolitanas están formadas por un conjunto de dos o más Municipios que experi-
mentan procesos de conurbación y de integración física, económica, social y cultural con una
población mínima de quinientos mil (500.000) habitantes.
Artículo 160° (Mancomunidad Metropolitana)
Los Gobiernos Municipales de dos o más Municipios integrantes de un Área Metropolitana debe-
rán constituir, de modo concertado y coordinado, mancomunidades de Municipios
Metropolitanos como instrumento socio-político y técnico de la planificación del desarrollo huma-
no y económico sostenible del Área Metropolitana. Los concejos municipales de los municipios
integrantes, aprobarán de manera independiente el convenio de mancomunidad, mediante
Ordenanza Municipal.
Artículo 161° (Principios, Personalidad Jurídica y Prohibición)
I. La conformación de mancomunidades de Municipios metropolitanos se regirá por los prin-
cipios de subsidiariedad, equidad y proporcionalidad, considerando los derechos y autono-
mías de los gobiernos municipales.
II. La Prefectura otorgará Personalidad Jurídica a la Mancomunidad Metropolitana como
Asociación, de acuerdo con normas aplicables.
III En un área metropolitana no podrá existir más de una mancomunidad metropolitana.
Artículo 162° (Composición y Funcionamiento)
I. La mancomunidad Metropolitana conformará un Directorio constituido por los alcaldes de
los Municipios integrantes.
II. El Directorio tendrá las funciones de concertar y coordinar las políticas, estrategias, planes,
proyectos, programas y acciones, contempladas en el convenio.
III. La ejecución estará a cargo de los alcaldes, por medio de los mecanismos técnicos manco-
munados. La Prefectura del Departamento, coordinará con el Directorio los proyectos, pro-
gramas y acciones concurrentes.
CAPÍTULO IV
DISTRITOS MUNICIPALES
Artículo 163º (Definición)
Los distritos municipales son unidades administrativas integradas territorialmente dependientes
del Gobierno Municipal, a partir de las cuales se deben elaborar planes de desarrollo humano
sostenible. Se ejercerá la administración desconcentrada a través de un Subalcalde Municipal.
Artículo 164º (Organización Administrativa)
Los Gobiernos Municipales tienen la potestad de organizar administrativamente el territorio del
Municipio en distritos municipales, en el marco del proceso participativo de planificación y de
ordenamiento municipal.
Artículo 165º (Objetivos)
La distritación municipal tiene los siguientes objetivos:
1. Promover la eficacia de la gestión administrativa del Municipio favoreciendo la adecuada uti-
lización de los recursos humanos, técnicos y financieros;
2. Promover la eficiencia en el manejo de los recursos y las acciones sectoriales e intersecto-
riales desarrolladas por las instancias públicas y privadas;
3. Facilitar la participación de las Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de Vigilancia
y en la planificación participativa municipal;
4. Respetar la unidad socio - cultural de las Organizaciones Territoriales de Base;
5. Contribuir a la gestión adecuada de las unidades geográficas, económicas, ecológicas y pro-
ductivas existentes en el Municipio; y
6. Apoyar la unificación de los espacios territoriales históricos, en los cuales se encuentran
habitando comunidades indígenas y pueblos originarios.


Artículo 166º (Criterios)
I. La distritación municipal deberá realizarse tomando en cuenta los siguientes criterios:
1. División política – administrativa;
2. Distribución de la población;
3. Unidades socio – culturales;
4. Comunidades indígenas de pueblos originarios;
5. Provisión de servicios públicos, de educación, salud, infraestructura y otros;
6. Aspectos económicos y productivos;
7. Aspectos físico – ambientales; y
8. Accesibilidad y vinculación.
II. La importancia de los factores señalados serán ponderados en el proceso de distritación y
en el marco de los instrumentos técnicos del ordenamiento territorial, según características
del Municipio.
III. . La distritación municipal conservará la estructura territorial del cantón, allá donde exista coin-
cidencia de factores geográficos, sociales, culturales, económicos y productivos antes seña-
lados.
Artículo 167º (Proceso de Distritación)
I. Los distritos son creados por el Concejo Municipal mediante Ordenanza, constituyendo un
proceso concertado y participativo que vincula al Gobierno Municipal con las instancias
públicas y privadas, personas individuales y colectivas del Municipio.
II. Los distritos municipales podrán ser constituidos, a solicitud del Ejecutivo Municipal, las
Organizaciones Territoriales de Base, representantes de grupos de interés, pueblos indíge-
nas y comunidades originarias de unidades socio-culturales correspondientes.
III. La distritación es un mecanismo para la desconcentración de la administración y prestación
de servicios públicos, a través de una Ordenanza se determinará la gradualidad, mecanis-
mos y recursos para la ejecución de los planes, programas y proyectos.
IV. Los sectores de salud, educación y otros órganos de la administración pública y entidades
privadas deberán adecuar la organización territorial de sus servicios a los criterios de distri-
tación y planificación municipal e intermunicipal.
Artículo 168° (Mancomunidad de Distritos)
Aquellos Municipios que compartan con otros similares espacios socio-culturales, físico ambien-
tales, económicos y productivos, podrán disponer mediante Ordenanza Municipal de su Concejo
Municipal la creación de mancomunidades de distritos municipales. La autoridad que por con-
senso se establezca en la mancomunidad de distritos, gestionará con los gobiernos municipales
involucrados, la administración de los recursos de los servicios delegados.

TÍTULO VIII
FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
CAPÍTULO ÚNICO
ROLES DE FISCALIZACIÓN
Artículo 169° (Fiscalización Legislativa)
I. El Congreso Nacional, a través de sus Comisiones correspondientes, podrá fiscalizar las
labores del Alcalde y por intermedio de su Presidente las del Concejo Municipal, mediante
sus instrumentos legislativos.
II. El Comité de Vigilancia podrá recurrir a los Parlamentarios Nacionales para el cumplimiento
de sus gestiones de control social, previo cumplimiento a lo establecido por el Artículo 11°
de la Ley Nº 1551 de 20 de abril de 1994.
Artículo 170° (Control Fiscal)
La Contraloría General de la República ejercerá el control fiscal de los Gobiernos Municipales
conforme al Artículo 155° de la Constitución Política del Estado y a la Ley Nº 1178 de 20 de julio
de 1990.
Artículo 171° (Auditoría Interna)
I. Los Gobiernos Municipales con una población mayor a cincuenta mil (50.000) habitantes,


están obligados a contar en su estructura con una unidad de auditoría interna. Los
Gobiernos Municipales con una población menor a los cincuenta mil (50.000) habitantes
deberán conformar unidades de auditoría en forma mancomunada en caso de no poder
hacerlo independientemente. El responsable de auditoría será nombrado por el Ejecutivo
Municipal de una terna aprobada por dos tercios de votos del Concejo Municipal.
II. En los municipios mancomunados el auditor interno será designado por los Alcaldes de los
municipios involucrados de una terna aprobada en sesión conjunta por los concejales de los
municipios mancomunados.
III. Las contrataciones de auditorías externas se sujetarán al Reglamento de Contratación de
Auditoría Independiente emitido por la Contraloría General de la República
Artículo 172° (Evaluación de la Ejecución Presupuestaria)
El Concejo Municipal evaluará los informes de ejecución presupuestaria al cuarto y octavo mes
de gestión debiendo emitir un informe sobre el cumplimiento de límites de gasto corriente e
inversión y de endeudamiento, en observancia a las normas legales vigentes.
Artículo 173° (Acciones de Fiscalización)
I. Los concejales ejercerán su tarea de fiscalización de los actos del ejecutivo municipal
mediante minutas y peticiones de informe, orales o escritos, sujetos a Reglamento Interno.
II. Las minutas de comunicación son recomendaciones que deberán ser respondidas en los
plazos sujetos a reglamento interno.
Artículo 174° (Responsabilidad Administrativa)
Cuando se conozcan casos de Responsabilidad Administrativa que involucren a servidores públi-
cos municipales, el procesamiento se llevará a cabo conforme a las disposiciones contempladas
en el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. Si la responsabilidad recae en el
Alcalde Municipal o en los Concejales, como consecuencia de informes de auditoría, dictamen
emitido por el Contralor General de la República o a denuncia de parte, el proceso se substan-
ciará de acuerdo con lo establecido en los Artículos 35° y 36° de la presente Ley.
Artículo 175° (Responsabilidad Ejecutiva)
Cuando se conozca dictamen de Responsabilidad Ejecutiva emitido por el Contralor General de
la República, el Concejo Municipal se sujetará a lo previsto en los Artículos 43º de la Ley Nº 1178
de 20 de julio de 1990 y Artículos 34º al 38º del Decreto Supremo 23318-A.
Artículo 176° (Responsabilidad Civil)
Cuando se conozca dictamen de Responsabilidad Civil emitido por el Contralor General de la
República, el Alcalde o el Concejo Municipal iniciará las acciones legales correspondientes al o
los responsables dentro de los plazos establecidos por Ley.
Artículo 177° (Responsabilidad Penal)
Cuando se conozca informes de auditoría, interna o externa donde se determinen indicios de
Responsabilidad Penal, el Alcalde o el Concejo Municipal formalizarán querella, con conocimien-
to del Ministerio Público constituyéndose en parte civil hasta la finalización del proceso.
Artículo 178° (Responsabilidad por Omisión)
La omisión de iniciar las acciones correspondientes a las que se encuentran obligados por Ley,
hará pasibles a sus responsables a las sanciones previstas por los Artículos 154º y 171º del
Código Penal, como Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento respectivamente. Las acciones
legales podrán iniciarse a instancia del Ministerio Público, a denuncia de la Contraloría General de
la República o de cualquier ciudadano.
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Artículo 1º (Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales)
I. El Poder Ejecutivo establecerá instrumentos de fortalecimiento municipal y comunitario para
mejorar la capacidad de gestión administrativa, planificadora y comunitaria en favor de los
municipios que así lo requieran.
II. Las Asociaciones Municipales o mancomunitarias podrán firmar convenios con el Poder
Ejecutivo para efectivizar las políticas de fortalecimiento municipal.
Artículo 2º (Planes de Desarrollo Municipal)
I. Los Gobiernos Municipales que no cuenten con Planes de Desarrollo Municipal tienen la obli-
gación de elaborar y aprobar los mismos en el plazo de un año a partir de la promulgación
de la presente Ley.


II. Los municipios que no cumplan con la disposición anterior, dejarán de percibir los aportes
provenientes de la Coparticipación Tributaria.
III. Los Gobiernos Municipales ajustarán y adecuarán sus planes de Desarrollo Municipal según
la realidad seccional, con base a un programa de actualización permanente que garantice
una retroalimentación continua y que por lo menos cubra un período de cinco (5) años.
Artículo 3º (Trámites Municipales)
De conformidad con el Artículo 33° de la Constitución Política del Estado, todos los trámites
municipales iniciados con la Ley Orgánica de Municipalidades de 1985, se regirán a sus disposi-
ciones.
Artículo 4º (Ajustes al Límite de Gasto Corriente)
I. Los Gobiernos Municipales tendrán un período de cuatro (4) años para ajustarse al límite
previsto en el Artículo 107º, parágrafo II, de la presente Ley, sujetándose al siguiente crono-
grama de reducción mínima anual en municipios mayores a vente mil (20.000) habitantes:
. Año 2000: 40%
.Año 2001: 33%
. Año 2002: 26%
Año 2003: 20%
A partir del año 2003, y en adelante, no excederán del veinte por ciento (20%) de su presu-
puesto en el gasto corriente.
II. En los municipios menores a veinte mil (20.000) habitantes, el ajuste presupuestario se suje-
tará al siguiente cronograma:
Año 2000 40%
Año 2001 33%
Año 2002 30%
A partir del año 2002 en adelante, no excederán del treinta por ciento (30%) de su presu-
puesto en el gasto corriente.
Artículo 5º (Clasificación de Gastos)
Para efectos de la verificación de la aplicación de los recursos de Coparticipación Tributaria y
Recursos Propios del Municipio, el Ministerio de Hacienda en el plazo de treinta (30) días a partir
de la promulgación de la presente Ley, establecerá las salidas de información que permitan iden-
tificar el destino de los gastos en los porcentajes establecidos en el ordenamiento legal vigente.
NOTA: DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS DE LA LEY Nº 2296. Se derogan
los Artículos 4º y 5º de las Disposiciones Finales y Transitorias de la Ley Nº 2028, de 28
de octubre de 1999, de Municipalidades.
Artículo 6° (Evaluación y Privatización de Empresas Municipales)
I. A los ciento ochenta (180) días de promulgada la presente Ley, cada Municipio o mancomu-
nidad de Municipios, según el volumen de su giro económico, contratarán una auditoría
externa con el objeto de establecer el valor presente y futuro de las concesiones y explota-
ciones administradas o bajo la adscripción de las empresas municipales y a éstas últimas.
II. Cuando el Gobierno Municipal decida iniciar proceso de privatización, las empresas de los
Municipios mancomunados podrán fusionarse, o bien dichas empresas podrán ser liquida-
das y el Municipio podrá proceder a conceder a privados la obra, el servicio o explotación
municipal, mediante procedimiento de licitación sujeto a las Normas Básicas.
Artículo 7º (Fusión de Municipios)
Conocidos los resultados oficiales del próximo Censo de Población y Vivienda de la República, el
Poder Ejecutivo, previo proceso técnico-administrativo establecido por Ley, elevará a considera-
ción del H. Congreso Nacional propuestas de fusión y nueva delimitación de aquellos Municipios
que no estén en condiciones de cumplir los fines establecidos en la presente Ley, respetando
los derechos de los pueblos originarios.
Artículo 8º (Propiedad Pública Municipal)
Los terrenos baldíos de la jurisdicción municipal que no se encuentren registrados en Derechos
Reales, podrán pasar a formar parte de la propiedad pública municipal, a partir de la promulga-
ción de la presente Ley, previo proceso judicial de acuerdo a Ley. Se exceptúan los bienes
inmuebles contemplados en la Ley Nº 1715 de 18 de Octubre de 1996.


Artículo 9º (Inventariación, Clasificación y Registro Técnico)
Los Gobiernos Municipales inventariarán, clasificarán y registrarán los bienes de Dominio público
y privado Municipal, los bienes de Patrimonio Histórico – Cultural y Arquitectónico de la Nación,
en un plazo no mayor a dos (2) años, a partir de la promulgación de la presente Ley, debiendo
registrar en Derechos Reales, los que son de propiedad municipal. A éste efecto podrán contra-
tar los servicios profesionales y técnicos que sean necesarios.
Artículo 10º (Declaración de Necesidad y Utilidad Pública)
Los servicios municipales comprendiendo los básicos, agua, electricidad, alcantarillado, micro
riego, levantamiento y procesamiento de desperdicios, salud, educación, cementerios, matade-
ros, mercados, comercio de primera necesidad, transporte, registros y otros al servicio de la
comunidad se declaran de necesidad y utilidad pública.
Artículo 11° (Trabajadores Municipales)
Las personas que se encuentren prestando servicios a la Municipalidad, con anterioridad a la
promulgación de la presente Ley, a cualquier título y bajo cualquier denominación, mantendrán
sus funciones bajo las normas y condiciones de su contratación o designación original, ya sea
bajo la protección de la Ley General del Trabajo o cualquier disposición legal pertinente. Los
Gobiernos Municipales podrán incorporarlos paulatinamente en las categorías de empleados
que establece la presente Ley.
Artículo 12° (Ampliación de Plazos)
El Concejo Municipal por dos tercios de votos de sus miembros en ejercicio, podrá ampliar los
plazos establecidos en el Artículo 12° numerales 5, 11 y 14 de la presente Ley, siempre que esa
ampliación no duplique los mismos.
Artículo 13º (Número de Concejales Municipales)
I. Los concejales serán elegidos de conformidad al número de habitantes de los Municipios y
en número máximo de once (11) de la siguiente manera:
1. Hasta veinticinco mil (25.000) habitantes, cinco (5) concejales.
2. Por cada veinticinco mil (25.000) habitantes más, o fracción, dos (2) concejales, hasta
llegar al máximo establecido.
II. Los Gobiernos Municipales de las capitales de Departamento tendrán once (11) concejales.
III. A efectos del cumplimiento del parágrafo primero del presente Artículo, los partidos políti-
cos podrán completar, para las elecciones municipales del presente año, sus listas de can-
didatos de acuerdo con el Anexo, hasta las dieciséis (16:00) horas del día jueves 2 de
diciembre de 1999, ante la Corte Nacional Electoral.
Artículo 14º (Abrogaciones, Derogaciones y Modificaciones)
Se abroga la Ley 696 de 10 de enero de 1985, Ley Orgánica de Municipalidades.
Se derogan las siguientes disposiciones legales:
- Los Artículos 10º y 11º de la Ley 1702 de 17 de julio de 1996, relativos a modificaciones y
ampliaciones de la Ley 1551, Ley de Participación Popular.
- El Artículo 17º de la Ley 1551, Ley de Participación Popular, relativo a los Agentes
Municipales y Subalcaldes.
- Se modifica el Artículo 103º, Numeral 6, de la Ley 1455 de 18 de febrero de 1993, Ley de
Organización Judicial, en los siguientes términos:
- Artículo 103. (Atribuciones de la Sala Plena) “Ministrar posesión a quién o quienes fueren
designados sus Vocales o Conjueces, así como a los Prefectos de Departamento.”
- Se modifica el Numeral 7 del Artículo 94º en sus literales a) y b) de la Ley Nº 1984 de 25 de
Junio de 1999, Código Electoral, bajo los términos establecidos en el Artículo 13º de las dis-
posiciones finales y transitorias de la presente Ley.
- Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los diecinueve días del mes
de octubre de mil novecientos noventa y nueve años.


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