Ley responsabilidad de los servidores públicos en Tamaulipas

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas
Última reforma POE No. 59 15-05-2013
Decreto LII-10
Fecha de expedición 29 de febrero de 1984
Fecha de promulgación 1 de marzo de 1984
Fecha de publicación Periódico Oficial número 18 de fecha 3 de marzo de 1984.
Periódico Oficial del Estado Página 1 de 22
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO
Al margen un sello que dice: “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder
Ejecutivo.- Secretaría General”.
EL CIUDADANO DOCTOR EMILIO MARTINES MANAUTOU, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado se ha servido expedir el siguiente
DECRETO LII-10
Por medio del cual se expide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Tamaulipas.
EL QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, en nombre del Pueblo que representa y haciendo uso de las
facultades que le concede el Artículo 58, fracción I, de la Constitución Política local, y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que a iniciativa del ciudadano licenciado Miguel de la Madrid Hurtado,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, previa aprobación de las Legislaturas
de los Estados, el Honorable Congreso de la Unión reformó el título IV de la Constitución General
de la República, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 28 de
diciembre de 1982.
SEGUNDO.- Que habiéndose decretado por esa Soberanía, con fecha 29 de diciembre
del año pasado, las reformas al Título XI de la Constitución Política local, a efecto de adecuarlo a
las mencionadas en el considerando anterior, estableciéndose las obligaciones de los servidores
públicos, sus sanciones, procedimientos y autoridades competentes para aplicarlas, resulta
menester reglamentarlo mediante la Ley respectiva. . . y
Estimando justificado lo anterior, se expide
DECRETO No. 10
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es reglamentaria en lo conducente, del Título Once de la
Constitución Política local, y establece:
I.- Los sujetos de responsabilidad en el servicio público Estatal y Municipal;

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II.- Las obligaciones en dicho servicio público;
III.- Las responsabilidades y sanciones administrativas en tal servicio público, así como las
que se deban resolver mediante juicio político;
IV.- Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar las sanciones;
V.- Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del
enjuiciamiento penal de los servidores públicos que gozan de fuero y,
VI.- El registro del patrimonio de los servidores públicos del Estado y de los municipios.
ARTÍCULO 2º.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el
Artículo 149 de la Constitución Política local, así como todas las personas que manejen o apliquen
recursos económicos estatales o municipales.
La actuación de los integrantes de las instituciones policiales se regirá por los principios
previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley
de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, sin demérito de las
demás disposiciones legales de la materia.
(Última reforma POE 150 del 16-Dic-2010)
ARTÍCULO 3º.- Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley serán:
(Última reforma POE No. 25 del 26-Feb-2002)
I.- El Congreso del Estado;
II.- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado;
III.- La Contraloría Gubernamental,
IV.- La Procuraduría General de Justicia;
V.- Las dependencias del Ejecutivo Estatal;
VI.- Los Ayuntamientos;
VII.- El Tribunal Fiscal del Estado;
VIII.- Los Tribunales del Trabajo en los términos de sus respectivas Legislaciones;
IX.- Los demás órganos autorizados por las Leyes.
ARTÍCULO 4º.- Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se refiere el
Artículo 150 de la Constitución Política local, se desarrollarán autónomamente, según su
naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el artículo
anterior turnar las denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por
una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
TÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONGRESO LOCAL EN MATERIA DE JUICIO POLÍTICO
Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE ENJUICIAMIENTO PENAL
CAPÍTULO I
SUJETOS, CAUSAS DE JUICIO POLÍTICO Y SANCIONES
ARTÍCULO 5º.- En los términos del primer párrafo del Artículo 151 de la Constitución
Política local, son sujetos de juicio político los servidores públicos que en el mismo se mencionan.
ARTÍCULO 6º.- Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los
servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses
públicos fundamentales o de su buen despacho.
ARTÍCULO 7º.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su
buen despacho:
I.- El ataque a las instituciones democráticas;

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II.- El ataque a la forma de gobierno establecida por la Constitución del Estado;
III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;
IV.- El ataque a la libertad de sufragio;
V.- La usurpación de atribuciones;
VI.- Cualquier infracción a la Constitución local cuando cause perjuicios graves al Estado,
a uno o varios municipios del mismo, o de la sociedad, o motive algún trastorno en el
funcionamiento normal de las instituciones;
VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y
VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de las
Administraciones Públicas Estatal o Municipal y a las leyes que determinen el manejo de los
recursos económicos Estatales o Municipales.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
ARTÍCULO 8º.- Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se
sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el
ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta cinco años.
CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO POLITICO
ARTÍCULO 9º.- El juicio político solo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor
público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de
sus funciones.
Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año a partir de iniciado
el procedimiento.
ARTÍCULO 10.- Corresponde al Congreso local instruir el procedimiento relativo al juicio
político, actuando como Organo de Acusación y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado fungir
como Jurado de Sentencia.
ARTÍCULO 11.- Al integrarse en el Congreso local las comisiones para el despacho de los
asuntos, se designará por la presidencia una comisión para sustanciar los procedimientos
consignados en la presente Ley y en la Ley de Organización y Funcionamiento Internos del
Congreso del Estado.
(Última reforma POE No. 107-A del 6-Sep-2006)
La Comisión a que hace referencia el párrafo anterior, se compondrá de siete diputados que
formarán la sección instructora. Las vacantes que ocurran serán cubiertas por designación de la
Gran Comisión.
Las vacantes que ocurran serán cubiertas por designación de la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado.
ARTÍCULO 12.- Cualquier ciudadano, bajo su mas estricta responsabilidad y mediante la
presentación de elementos de prueba, podrá formular por escrito, denuncia al Congreso local, por
las conductas a que se refiere el Artículo 7o. de este Ordenamiento. Presentada la denuncia y
ratificada dentro de tres días hábiles, se turnará de inmediato, con la documentación que le
acompañe, a una comisión del Congreso, que estará integrada por los Presidentes de las
Comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia para que dictaminen:
A).- Si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas por aquellos preceptos.
B).- Si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el
Artículo 2.
C).- Si la denuncia es procedente y, por lo tanto, amerita y justifica el inicio de un juicio político.

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En el caso de que estos tres requisitos se llenen, pasará el asunto a la Sección Instructora
del Congreso.
ARTÍCULO 13.- Dentro de los tres días naturales siguientes a la recepción de la denuncia,
la Sección informará al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole saber su garantía
de defensa y que deberá comparecer o informar por escrito, dentro del término que
discrecionalmente fije la Instructora, el cual no será menor de 7 ni mayor de 30 días naturales.
Dicho término principiará a correr al día siguiente del emplazamiento.
ARTÍCULO 14.- La Sección Instructora abrirá un período de prueba de 7 a 30 días
naturales, dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezcan el denunciante y el servidor público, así
como las que la propia Sección estime necesarias.
Si al concluir el plazo señalado no hubiere sido posible recibir las pruebas ofrecidas
oportunamente, o es preciso allegarse otras, la Sección Instructora podrá ampliar el período
probatorio en la medida que resulte estrictamente necesario.
En todo caso, la Sección Instructora calificará la pertinencia de las pruebas, desechándose
las que a su juicio sean improcedentes.
ARTÍCULO 15.- Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la
vista del denunciante, por un plazo de tres días hábiles, y por otros tantos al servidor público y sus
defensores, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, que deberán
presentar por escrito dentro de los seis días hábiles siguientes a la conclusión del plazo concedido
al denunciado.
ARTÍCULO 16.- Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no
entregado estos, la Sección Instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias del
procedimiento. Para este efecto analizará clara y metódicamente la conducta o hechos imputados y
hará las consideraciones jurídicas que procedan para justificar, en su caso, la conclusión o la
continuación del procedimiento.
ARTÍCULO 17.- Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del
encausado, las conclusiones de la Sección Instructora terminarán proponiendo que se declare que
no ha lugar a proceder en su contra por la conducta o el hecho materia de la denuncia, que dio
origen al procedimiento.
Si de las constancias aparece la probable responsabilidad del servidor público, las
conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente:
I.- Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia;
II.- Que existe probable responsabilidad en el encausado;
III.- La sanción que deba imponerse de acuerdo con el Artículo 8o. de esta Ley, y
IV.- Que se envíe la declaración correspondiente al Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, en concepto de acusación, para los efectos legales respectivos.
De igual manera deberán asentarse en las conclusiones las circunstancias que hubieren
concurrido en los hechos.
ARTÍCULO 18.- Una vez emitidas las conclusiones a que se refieren los artículos
precedentes, la Sección Instructora las entregará al Presidente del Congreso, quien anunciará que
dicho órgano legislativo debe reunirse y resolver sobre la imputación dentro de los tres días
naturales siguientes, lo que se hará saber al denunciante y al servidor público denunciado, para
que aquél se presente por sí y éste lo haga personalmente, asistido de su defensor, a fin de que
alegue lo que a su derecho convenga. Las notificaciones se efectuarán por los Secretarios del
Congreso.

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ARTÍCULO 19.- La Sección Instructora deberá practicar todas las diligencias y formular
sus conclusiones hasta entregarlas a la Presidencia del Congreso conforme a los artículos
anteriores, dentro del plazo de noventa días naturales, contado desde el día siguiente a la fecha en
que se haya turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre
impedida para hacerlo. En este caso podrá solicitar del Congreso que se amplíe el plazo por el
tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazo no excederá de 30 días.
Los plazos a que se refiere este artículo, se entienden comprendidos dentro del período
ordinario de sesiones del Congreso, o bien dentro del siguiente ordinario o extraordinario que se
convoque.
ARTÍCULO 20.- El día señalado conforme al Artículo 18, el Congreso local se erigirá en
órgano de acusación, previa declaración de su Presidente. Enseguida la Secretaría dará lectura a
las constancias procedimentales o a una síntesis que contenga los puntos sustanciales de ésta, así
como a las conclusiones de la Sección Instructora. Acto contínuo se concederá la palabra al
denunciante y en seguida al servidor público o a su defensor, o a ambos, si alguno de éstos lo
solicitare, para que aleguen lo que convenga a sus derechos.
El denunciante podrá replicar y, si lo hiciere, el imputado y su defensor podrán hacer uso de
la palabra en último término.
Retirados el denunciante y el servidor público y su defensor, se procederá a discutir y a votar
las conclusiones propuestas por la Sección Instructora.
ARTÍCULO 21.- Si el Congreso resolviere que procede acusar al servidor público, se
remitirá la acusación al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, designándose una comisión de
tres Diputados para que sostengan aquella ante el Tribunal. Si el Congreso resolviere no acusar,
se dará por concluido el expediente.
ARTÍCULO 22.- Recibida la acusación por la Presidencia del Tribunal, ésta la turnará al
pleno para que designe a tres Magistrados que funcionarán como Sección de Enjuiciamiento, la
que emplazará a la Comisión de Diputados encargada de la acusación, al acusado y a su defensor
para que presenten por escrito las pruebas y alegatos que estimen pertinentes, dentro de los diez
días hábiles siguientes al emplazamiento.
ARTÍCULO 23.- Transcurrido el plazo que se señala en el artículo anterior, con alegatos o
sin ellos, la Sección de Enjuiciamiento formulará sus conclusiones en vista de las consideraciones
hechas en la acusación y en los alegatos formulados, en su caso, proponiendo la sanción que en
su concepto deba imponerse al servidor público o si es de absolverse, con expresión de los
motivos y fundamentos legales.
La Sección de Enjuiciamiento podrá escuchar directamente a la Comisión de Diputados, que
sostienen la acusación y al acusado y a su defensor, si así lo estima conveniente, o si lo solicitan
los interesados. Asimismo, la Sección podrá disponer la practica de otras diligencias que considere
necesarias para integrar sus propias conclusiones.
Emitidas las conclusiones, la Sección las entregará a la Secretaría de Acuerdos del Supremo
Tribunal de Justicia.
ARTÍCULO 24.- Recibidas las conclusiones por la Secretaría del Tribunal, su Presidente
anunciará que debe erigirse éste en Jurado de Sentencia dentro de un plazo no menor de 72 horas
siguientes a la entrega de dichas conclusiones, procediendo la Secretaría a citar a la Comisión a
que se refiere el Artículo 21 de esta Ley, al acusado y a su defensor. El expediente y sus
conclusiones quedarán en la Secretaría para consulta de los miembros del Supremo Tribunal de
Justicia.

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A la hora señalada para la audiencia, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, declarará a éste erigido en Jurado de Sentencia y procederá de conformidad con las
siguientes normas:
1.- La Secretaría dará lectura a las conclusiones formuladas por la Sección de
Enjuiciamiento.
2.- Acto continuo, se concederá la palabra a la Comisión de Diputados, al servidor público
o a su defensor, o a ambos.
3.- Concluido lo anterior, el Presidente declarará un receso, después del cual el Supremo
Tribunal, en sesión secreta, procederá a discutir y a votar las conclusiones, y aprobados que sean
los puntos de acuerdo que en ellas se contengan, el Presidente hará la Declaratoria que
corresponda. Si hubiere motivo justificado para rechazar las conclusiones, el Supremo Tribunal de
Justicia gozará de las más amplias facultades para dictar la resolución respectiva.
Si la resolución es absolutoria, el servidor público enjuiciado continuará en el ejercicio de su
función. En caso contrario, la resolución decretará la destitución del cargo y el período de
inhabilitación, en su caso, para el ejercicio de la función pública.
CAPÍTULO III
DE LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE ENJUICIAMIENTO PENAL
ARTÍCULO 25.- Cuando se presente denuncia o querella por particulares y a
requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el
ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de algunos de los
servidores públicos a que se refiere el Artículo 152 de la Constitución Política local, se actuará, en
lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de juicio
político ante el Congreso local. En este caso, la Sección Instructora practicará todas las diligencias
conducentes a establecer la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del
imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida
esta averiguación, la Sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del
inculpado.
Si a juicio de la Sección, la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de
inmediato al Congreso para que éste resuelva si se continúa o desecha, sin perjuicio de redundar
el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen.
La Sección deberá rendir su dictamen en un plazo no mayor de noventa días hábiles, salvo
que fuese necesario disponer de más tiempo, a criterio de la Sección. En este caso se observarán
las normas acerca de ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento
referente al juicio político.
ARTÍCULO 26.- Dada cuenta del dictamen correspondiente, el Presidente del Congreso
anunciará a éste que debe erigirse en Jurado de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se
hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así como al
denunciante, al querellante y al Ministerio Público, en su caso.
ARTÍCULO 27.- El día designado previa declaración del Presidente del Congreso, éste
conocerá en asamblea del dictamen que la Sección le presente y actuará en los mismos términos
previstos por el Artículo 20 en materia de juicio político, instalándose como Jurado de Procedencia.
ARTÍCULO 28.- Si el Congreso declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste
quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción del
Tribunal competente. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el
fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando
el servidor público haya concluido el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

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Por lo que toca al Gobernador del Estado, solo habrá lugar a acusarlo ante el Pleno del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado en los términos del párrafo cuarto del Artículo 152 de la
Constitución Política local. En este supuesto, el Tribunal resolverá por acuerdo de las dos terceras
partes de sus integrantes, con base en la legislación penal aplicable.
ARTÍCULO 29.- Cuando se siga proceso penal a un servidor público de los mencionados
en el Artículo 152 de la Constitución Política local sin haberse satisfecho el procedimiento al que se
refieren los artículos anteriores, la Presidencia del Congreso o la Permanente, en su caso, librará
oficio al Juez o Tribunal que conozca de la causa, a fin de que suspenda el procedimiento en tanto
se plantea y resuelve si ha lugar a proceder.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CAPÍTULOS II Y III
DEL TÍTULO SEGUNDO
ARTÍCULO 30.- Las declaraciones y resoluciones definitivas del Congreso y del Supremo
Tribunal de Justicia son inatacables.
ARTÍCULO 31.- El Congreso y el Supremo Tribunal de Justicia enviarán por riguroso turno
a las Secciones las denuncias, querellas, requerimientos del Ministerio Público o acusaciones que
se les presenten, en su caso.
ARTÍCULO 32.- En ningún caso podrá dispensarse un trámite de los establecidos en los
capítulos segundo y tercero de este Título.
ARTÍCULO 33.- Cuando alguna de las Secciones, el Congreso o el Supremo Tribunal de
Justicia deba realizar una diligencia en la que se requiera la presencia del inculpado, se emplazará
a éste para que comparezca o conteste por escrito a los requerimientos que se le hagan; si el
inculpado se abstiene de comparecer o de informar por escrito se entenderá que contesta en
sentido negativo.
La Sección respectiva practicará las diligencias que no requieran la presencia del
denunciado, solicitando al Supremo Tribunal de Justicia encomiende al Juez de Primera Instancia
que corresponda las que deban practicarse dentro de su respectiva jurisdicción y fuera del lugar de
residencia del Congreso o del Supremo Tribunal de Justicia, por medio de despacho firmado por el
Presidente y el Secretario de la Sección, al que se acompañará testimonio de las constancias
conducentes. La Sección se comunicará por oficio al Supremo Tribunal de Justicia.
El Juez practicará las diligencias que se le encomienden, con estricta sujeción a las
determinaciones que le comunique el Supremo Tribunal de Justicia.
Todas las comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica de las diligencias a
que se refiere éste artículo, se notificarán personalmente o se enviarán por correo, en pieza
certificada y con acuse de recibo, libres de cualquier gasto.
ARTÍCULO 34.- Los miembros de las Secciones y en general los diputados y magistrados
que hayan de intervenir en algún acto de procedimiento, deberán excusarse o podrán ser
recusados por alguna de las causas de impedimento que señala el Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Únicamente con expresión de causa podrá el inculpado recusar a los miembros de la
Sección Instructora que conozcan de la imputación presentada en su contra, o a magistrados que
deban participar en actos del procedimiento.

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El propio servidor público solo podrá hacer valer la recusación desde que se le requiera para
el nombramiento de defensor hasta la fecha en que se cite al Congreso o al Supremo Tribunal de
Justicia para que actúen colegiadamente, en sus respectivos casos.
ARTÍCULO 35.- Presentada la excusa o la recusación se calificará dentro de los tres días
naturales siguientes en un incidente que se sustanciará ante la Sección a cuyos miembros no se
hubiese señalado impedimento para actuar. Si hay excusa o recusación de integrantes de ambas
secciones se llamará a los suplentes. En el incidente se escuchará al promovente y al recusado y
se recibirán las pruebas correspondientes. El Congreso y el Supremo Tribunal de Justicia
calificarán en los demás casos de excusa o recusación.
ARTÍCULO 36.- Tanto el inculpado como el denunciante o querellante podrán solicitar de
las oficinas o establecimientos públicos las copias certificadas de documentos que pretendan
ofrecer como pruebas ante la Sección respectiva, el Congreso o el Supremo Tribunal de Justicia.
Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias certificadas, sin demora, y si no lo
hicieren, la Sección, el Congreso o el Supremo Tribunal de Justicia, a instancia del interesado,
señalará a la autoridad omisa un plazo razonable para que las expida, bajo apercibimiento de
imponerle una multa de diez a cien veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado,
sanción que se hará efectiva si la autoridad no las expidiere. Si resultase falso que el interesado
hubiera solicitado las constancias, la multa se hará efectiva en su contra.
Por su parte, la Sección, el Congreso o el Supremo Tribunal de Justicia solicitarán las copias
certificadas de constancias que estimen necesarias para el procedimiento, y si la autoridad de
quien la solicitasen no las remite dentro del plazo discrecional que se le señale, se impondrá la
multa a que se refiere el párrafo anterior.
ARTÍCULO 37.- Las Secciones, el Congreso o el Supremo Tribunal de Justicia podrán
solicitar por sí o a instancia de los interesados, los documentos o expedientes originales ya
concluidos, y la autoridad de quien se soliciten tendrá la obligación de remitirlos. En caso de
incumplimiento se aplicará la corrección dispuesta en el artículo anterior.
Dictada la resolución definitiva en el procedimiento, los documentos y expedientes
mencionados deberán ser devueltos a la oficina de su procedencia, pudiendo dejarse copia
certificada de las constancias que las Secciones, el Congreso o el Supremo Tribunal de Justicia
estimen pertinentes.
ARTÍCULO 38.- El Congreso no podrá erigirse en órgano de acusación ni el Tribunal
Superior en Jurado de Sentencia, sin que antes se compruebe fehacientemente que el servidor
público, su defensor, el denunciante o el querellante y el Ministerio Público han sido debidamente
citados.
ARTÍCULO 39.- No podrán votar en ningún caso los Diputados o Magistrados que
hubiesen presentado la denuncia contra el servidor público o hayan aceptado el cargo de defensor,
aun cuando lo renuncien después de haber comenzado a ejercer el cargo.
ARTÍCULO 40.- En todo lo no previsto por esta Ley, en las discusiones y votaciones se
observarán, en lo aplicable, las reglas que establecen la Constitución del Estado y la Ley Orgánica
del Poder Legislativo para la discusión y votación de las leyes. En todo caso, las votaciones
deberán ser nominales, para formular, aprobar o reprobar las conclusiones o dictámenes de las
secciones y para resolver incidental o definitivamente en el procedimiento.

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ARTÍCULO 41.- En el juicio político al que se refiere esta Ley, los acuerdos y
determinaciones del Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia se tomarán en sesión publica,
excepto en la que se presente la acusación, en la que se dicte sentencia, o cuando las buenas
costumbres o el interés general exijan que la audiencia sea secreta.
ARTÍCULO 42.- Cuando en el curso del procedimiento a un servidor público de los
mencionados en los Artículos 151 y 152 de la Constitución local, se presentare nueva denuncia en
su contra, se procederá respecto de ella con arreglo a esta Ley, hasta agotar la instrucción de los
diversos procedimientos procurando, de ser posible, la acumulación procesal.
Si la acumulación fuese procedente, la Sección formulará en un solo documento sus
conclusiones, que comprenderán el resultado de los diversos procedimientos.
ARTÍCULO 43.- Las Secciones, el Congreso y el Supremo Tribunal de Justicia podrán
disponer las medidas de apercibimiento que fueren procedentes, mediante acuerdo de la mayoría
de sus miembros presentes en la sesión respectiva.
ARTÍCULO 44.- Las declaraciones o resoluciones definitivas del Congreso y del Supremo
Tribunal de Justicia con arreglo a esta Ley, se comunicarán al Cuerpo Colegiado a que pertenezca
el acusado, salvo que fuera miembro del órgano resolutor; y al Ejecutivo para su conocimiento,
efectos legales y su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
En lo que se refiere al Gobernador, Diputados locales y Magistrados del Supremo Tribunal
de Justicia a quienes se le hubiere atribuido la comisión de delitos federales, una vez recibidas por
el Congreso local las declaratorias que al efecto emitan la Cámara de Diputados y la Cámara de
Senadores del Congreso de la Unión, procederá a declarar si procede la homologación de dichas
declaratorias y consecuentemente el retiro de la protección que la propia Constitución del Estado
otorga a tales servidores públicos a fin de ser enjuiciados como legalmente hubiere lugar.
ARTÍCULO 45.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta
Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código de
Procedimientos Penales del Estado. Asimismo, se atenderán, en lo conducente, las del Código
Penal de la propia Entidad.
TÍTULO TERCERO
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I
SUJETOS DE RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
DEL SERVIDOR PÚBLICO
ARTÍCULO 46.- Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos a que
se refiere el Artículo 2o. de ésta Ley.
ARTÍCULO 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deben ser observadas en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento
y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin
perjuicio de sus derechos laborales:
I.- Cumplir con la máxima diligencia, el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso
o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

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II.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos
correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo
de recursos económicos públicos;
III.- Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso para
su función, exclusivamente para los fines a que están afectos;
IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo
o comisión conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquellas;
V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto,
diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;
VI.- Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y
abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad;
VII.- Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos
inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus
atribuciones;
VIII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que presten sus
servicios, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Artículo o las dudas fundadas
que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba;
IX.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de
concluido el período para el cual se le designó, o de haber cesado, por cualquier otra causa, en el
ejercicio de sus funciones, a menos que por alguna disposición legal esté obligado a no separarse
hasta en tanto sea sustituido;
X.- Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada
a sus labores por mas de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como de
otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo u otras
percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan;
XI.- Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular
que la Ley le prohiba;
XII.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de
quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un
empleo, cargo o comisión en el servicio público;
XIII.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de
asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios , como son aquellos de los que
puedan resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o
de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes
referidas formen o hayan formado parte;
XIV.- Informar por escrito al Jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la
atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción anterior y que sean
de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación o
resolución cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;
XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o
por interpósita persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente
inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo,
cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII, y que procedan de
cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se
encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se
trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta
prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o
comisión;
XVI.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender recibir beneficios
adicionales a las contraprestaciones que el Estado le otorga por el desempeño de su función, ya
sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII;

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XVII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento,
designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor
público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna
ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII.
Cuando al ingresar el servidor público a la función de que se trate, ya se encontrare en el
servicio público el familiar comprendido dentro de la restricción. En este caso el impedimento existe
solamente para efectos de que en todo lo relacionado con los asuntos derivados del ejercicio
público del familiar, el funcionario de que se trate debe excusarse de intervenir en cualquier forma
respecto del mismo.
XVIII.-Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial, en los
términos que señala la Ley;
XIX.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de
su superior jerárquico en relación con las solicitudes que haga la Contraloría Gubernamental,
conforme a la competencia de ésta.
XX.- Informar al superior jerárquico de todo acto u omisión de los servidores públicos
sujetos a su dirección, que pueda implicar inobservancia de las obligaciones a que se refieren las
fracciones de este Artículo, y en los términos de las normas que al efecto se expidan.
Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser
comunicado a la Contraloría Gubernamental, el superior procederá a hacerlo sin demora, bajo su
estricta responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del subordinado interesado. Si el
superior jerárquico omite la comunicación a la Contraloría, el subordinado podrá practicarla
directamente informando a su superior acerca de este acto;
XXI.- Cumplir con cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público;
XXII.- Responder las recomendaciones que le presente la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Tamaulipas y, en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir determinada
recomendación deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en los términos de lo
dispuesto por el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el artículo 126 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas;
XXIII.-Atender a los llamados del Congreso del Estado para comparecer a explicar el motivo
de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Tamaulipas, en términos de lo dispuesto por el Apartado B del artículo 102 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 126 de la Constitución Política
del Estado de Tamaulipas y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Tamaulipas; y
XXIV.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.
(Última reforma POE No. 59 del 15-May-2013)
ARTÍCULO 48.- Para los efectos de esta ley, por Contraloría se entenderá la dependencia
de la administración pública del Estado denominada Contraloría Gubernamental.
Para los mismos efectos se entenderá por superior jerárquico al titular de cada dependencia
y, en el caso de las entidades de la administración pública del Estado, al Secretario o Director
General del sector correspondiente, el cual aplicará las sanciones cuya imposición se hará a través
del órgano de control interno de su dependencia.

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CAPÍTULO II
SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA APLICARLAS
ARTÍCULO 49.- En las dependencias y entidades de la Administración Pública, se
establecerán unidades especificas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier
interesado pueda presentar quejas y denuncias, por incumplimiento de las obligaciones de los
servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario
correspondiente.
La Contraloría Gubernamental establecerá las normas y procedimientos para que las
instancias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.
ARTÍCULO 50.- La Contraloría Gubernamental, el superior jerárquico y todos los
servidores públicos tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de
las quejas y denuncias a las que se refiere el artículo anterior y de evitar que con motivo de éstas
se causen molestias indebidas al quejoso.
Incurren en responsabilidad el servidor público que por sí o por interpósita persona,
utilizando cualquier medio, inhiba al quejoso para evitar la formulación o presentación de quejas y
denuncias, o que con motivo de ello realice cualquier conducta injusta u omita una justa y debida,
que lesione los intereses de quienes las formulen o presenten.
ARTÍCULO 51.- En el caso de los servidores del Poder Judicial, el Supremo Tribunal de
Justicia establecerá los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las
responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 47,
así como para aplicar las sanciones establecidas en el presente capítulo, en los términos de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Lo propio hará el Congreso local, conforme a la legislación respectiva;
y por lo que se refiere a los Ayuntamientos se estará a lo dispuesto en el Código Municipal.
Por cuanto hace a los servidores públicos del área de seguridad pública, ya sea del Estado o
de sus municipios, se regirán por sus disposiciones legales aplicables, sin demérito de aplicar de
manera supletoria las previsiones de esta ley en lo que corresponda.
(Última reforma POE 150 del 16-Dic-2010)
ARTÍCULO 52.- Los servidores públicos de la Contraloría Gubernamental que incurran en
responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 47 serán
sancionados conforme al presente capítulo por el órgano interno de control de la propia
Contraloría. El titular de dicho órgano será designado por el Gobernador del Estado y sólo será
responsable administrativamente ante él y los acuerdos que le impongan sanciones serán
refrendados en los términos del artículo 95 de la Constitución Política del Estado.
ARTÍCULO 53.- Las sanciones por falta administrativa consistirán en:
I.- Apercibimiento privado o público;
II.- Amonestación privada o pública;
III.- Suspensión;
IV.- Destitución del puesto;
V.- Sanción económica;
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público.

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Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique
lucro o cause daños y perjuicios, será de uno a cinco años, si el monto de aquéllos no excede de
cien veces el salario mínimo mensual vigente en la capital del Estado, y de cinco a diez años si
excede de dicho límite.
(Última reforma POE No. 8 del 20-Ene-2010)
ARTÍCULO 54.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los
siguientes elementos:
I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra;
II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;
III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor;
IV.- Las condiciones y los medios de ejecución;
V.- La antigüedad en el servicio;
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y
VII.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de
obligaciones.
ARTÍCULO 55.- En caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos
y daños y perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo
47, se fijarán en dos tantos del lucro obtenido y de los daños y perjuicios causados; en caso de no
cubrirse al momento de su determinación, el monto de la sanción se aumentará proporcionalmente
a los incrementos del salario mínimo desde la fecha en que se fijó la sanción hasta la del momento
del pago.
Por salario mínimo se entenderá el que rija en la Capital del Estado.
ARTÍCULO 56.- Para la aplicación de las sanciones que hace referencia el artículo 53 se
observarán las siguientes reglas:
I.- El apercibimiento, la amonestación y la suspensión del empleo, cargo o comisión por un
período no menor de tres días ni mayor de tres meses, serán aplicables por el superior jerárquico;
II.- La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos, se demandará
por el superior jerárquico de acuerdo con los procedimientos consecuentes con la naturaleza de la
relación y en los términos de las leyes respectivas;
III.- La suspensión del empleo, cargo o comisión durante el período al que se refiere la
fracción I y la destitución de los servidores públicos de confianza, se aplicarán por el superior
jerárquico;
IV.- La Contraloría promoverá los procedimientos a que hacen referencia las fracciones II y
III, demandando la destitución del servidor público responsable o procediendo a la suspensión de
éste, cuando el superior jerárquico no lo haga. En este caso, la propia Contraloría desahogará el
procedimiento y exhibirá las constancias respectivas al superior jerárquico;
V.- La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público
será aplicable por resolución jurisdiccional, que dictará el órgano que corresponda según las leyes
aplicables; y
VI.- Las sanciones económicas serán aplicadas por el superior jerárquico cuando no
excedan de un monto equivalente a cien veces el salario mínimo diario vigente en la capital del
Estado, y por la Contraloría cuando sean superiores a esa cantidad.

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ARTÍCULO 57.- Todo servidor público deberá denunciar por escrito a la Contraloría
interna de su dependencia los hechos que, a su juicio, sean causa interna de responsabilidad
administrativa imputables a servidores públicos sujetos a su dirección, informando al titular de la
propia dependencia.
La Contraloría interna de la dependencia determinará si existe o no responsabilidad
administrativa por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, y aplicará, por
acuerdo del superior jerárquico, las sanciones disciplinarias correspondientes.
En lo que respecta a las entidades, la denuncia a que se refiere el primer párrafo de este
artículo, será recibida por las Contralorías Internas de la Secretaría o de la Dirección General del
Sector correspondiente.
El superior jerárquico enviará a la Contraloría Gubernamental copia de las denuncias cuando
se trate de infracciones graves o cuando, en su concepto y habida cuenta de la naturaleza de los
hechos denunciados, dicha dependencia deba conocer el caso o participar en las investigaciones.
ARTÍCULO 58.- La Contraloría Gubernamental aplicará las sanciones correspondientes a
los contralores internos de las dependencias, cuando éstos incurran en actos u omisiones que
impliquen responsabilidad administrativa.
ARTÍCULO 59.- Incurrirán en responsabilidad administrativa los servidores públicos de las
contralorías internas que se abstengan injustificadamente de sancionar a los infractores o que, al
hacerlo, no se ajusten a lo previsto por esta ley. La Contraloría Gubernamental informará de ello al
titular de la dependencia y aplicará las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 60.- La Contraloría Interna de cada dependencia será competente a imponer
sanciones disciplinarias, excepto las económicas cuyo monto sea superior a cien veces de salario
mínimo diario en la capital del Estado, las cuales están reservadas exclusivamente a la Contraloría
Gubernamental, misma que comunicará los resultados del procedimiento al titular de la
dependencia o entidad. En este último caso, el órgano de control interno de que se trate, previo
informe al superior jerárquico, turnará el asunto a dicha dependencia de la administración pública
del Estado.
ARTÍCULO 61.- Si el órgano de control interno de la dependencia tuviera conocimiento de
hechos que impliquen responsabilidad penal, dará vista de ellos a la Contraloría Gubernamental y
a la autoridad competente para conocer el ilícito, previa comunicación al titular de la dependencia
respectiva.
ARTÍCULO 62.- Si de las investigaciones y auditorías que realice la Contraloría
Gubernamental apareciera responsabilidad de los servidores públicos, ésta informará al titular y al
órgano de control interno de la dependencia correspondiente, para que esta última proceda a la
investigación y sanción disciplinaria por dicha responsabilidad, si fuera de su competencia. Si se
trata de responsabilidades mayores cuyo conocimiento sólo compete a la propia Contraloría
Gubernamental, ésta se abocará directamente al asunto, informando de ello al titular de la
dependencia y al órgano de control interno de la misma para que participe o coadyuve en el
procedimiento de determinación de responsabilidades.

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ARTÍCULO 63.- En los ámbitos de sus respectivas competencias, la dependencia y la
Contraloría Gubernamental, podrán abstenerse de sancionar al infractor por una sola vez, cuando
lo estimen pertinente y mediante la justificación de la causa de la abstención, siempre que se trate
de hechos que no revistan gravedad ni constituyan delito, el daño causado no exceda de cien
veces al salario mínimo diario vigente en la capital del Estado y lo ameriten los antecedentes y
circunstancias del infractor.
ARTÍCULO 64.- La Contraloría Gubernamental impondrá las sanciones administrativas a
que se refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento:
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o
responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que se verificará dicha audiencia y su
derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio
de un defensor.
También asistirá a la audiencia el representante de la dependencia que para tal efecto se
designe.
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco
ni mayor de quince días hábiles.
II.- Al concluir la audiencia o dentro de los tres días hábiles siguientes, la Contraloría
resolverá sobre la inexistencia de responsabilidad o la imposición de las sanciones
correspondientes al infractor, y notificará la resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes al
interesado o a su jefe inmediato, al representante designado por la dependencia y al superior
jerárquico;
III.- Si en la audiencia la Contraloría encuentra que no cuenta con los elementos
suficientes para resolver o advierte elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa
a cargo del presunto responsable o de otras personas, podrá disponer la práctica de
investigaciones y citar para otra u otras audiencias; y
IV.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio al que se refiere la fracción
I del presente artículo, la Contraloría podrá determinar la suspensión temporal de los presuntos
responsables de sus cargos, empleos o comisiones, previo acuerdo con el superior jerárquico
respectivo, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La
suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. La determinación de la
Contraloría Gubernamental hará constar expresamente esa salvedad.
La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior hará cesar provisionalmente los
efectos del nombramiento, cargo o comisión y regirá desde el momento en que sea notificada al
interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio. La suspensión cesará
cuando así lo resuelva la propia Contraloría, independientemente de la iniciación, continuación o
conclusión del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta
responsabilidad de los servidores públicos.
Si los servidores públicos suspendidos temporalmente no resultaren responsables de la falta
que se les imputa, serán restituídos en el goce de sus derechos y se les cubrirán las percepciones
que debieron percibir durante el tiempo en que se hallaron suspendidos.
Se requerirá autorización del Gobernador del Estado para dicha suspensión, si el
nombramiento del servidor público de que se trate incumbe al titular del Poder Ejecutivo.
Igualmente, se requerirá autorización del Congreso, o en su caso de la Comisión Permanente, si
dicho nombramiento requirió ratificación de éste en los términos de la Constitución Política local.

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ARTÍCULO 65.- En los procedimientos que se sigan para la investigación y aplicación de
sanciones ante las contralorías internas de las dependencias, se observarán en todo cuanto sea
aplicable las reglas contenidas en el artículo anterior.
ARTÍCULO 66.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se
practiquen, que suscribirán quienes intervengan en ellas, apercibidos de las sanciones en que
incurran quienes falten a la verdad.
ARTÍCULO 67.- El titular de la dependencia o entidad podrá designar un representante
que participe en las diligencias. Se dará vista de todas las actuaciones a la dependencia o entidad
en la que el presunto responsable presta sus servicios.
ARTÍCULO 68.- Las resoluciones y acuerdos de la Contraloría Gubernamental y de las
dependencias durante el procedimiento al que se refiere este capítulo se harán constar por escrito,
y se asentarán en el registro respectivo, que comprenderá las acciones correspondientes a los
procedimientos disciplinarios y a las sanciones impuestas, entre ellas, en todo caso, las de
inhabilitación.
ARTÍCULO 69.- La Contraloría Gubernamental expedirá constancias que acrediten la no
existencia de registro de inhabilitación para su exhibición, para los efectos pertinentes, por las personas
que sean requeridas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
ARTÍCULO 70.- Los sujetos sancionados podrán impugnar ante el Tribunal Fiscal del
Estado las resoluciones administrativas por las que se les impongan las sanciones a que se refiere
este capítulo en los términos que fija el Código Fiscal. Las resoluciones anulatorias dictadas por
ese Tribunal, que absuelvan al servidor público, tendrán el efecto de restituirlo en el goce de los
derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones anuladas, sin perjuicio de
lo que establecen otras leyes. Si el Tribunal encuentra violaciones formales u ordena dictar nueva
resolución a la contraloría o al superior jerárquico, se procederá en los términos del Artículo 257 del
Código Fiscal.
Si revisado el expediente el Tribunal encuentra infundados los agravios lo declarará así y su
resolución será irrevocable.
ARTÍCULO 71.- Las resoluciones que dicte el superior jerárquico, en las que imponga
sanciones administrativas, podrán ser impugnados por el servidor público ante la propia autoridad,
mediante recurso de revocación, que se interpondrá dentro de los quince días siguientes a la fecha
en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida.
La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes:
I.- Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del
servidor público le cause la resolución, acompañando copia de ésta y constancia de la notificación
de la misma, así como la proposición de las pruebas que considere necesario rendir;
II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas,
desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la
resolución.
Las pruebas admitidas se desahogarán en un plazo de cinco días, que a solicitud del
servidor público o de la autoridad podrá ampliarse una sola vez por cinco días más; y
III.- Concluido el período probatorio, el superior jerárquico emitirá resolución en el acto, o
dentro de los tres días siguientes, notificándolo al interesado.

Decreto LII-10
ARTÍCULO 72.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución
recurrida, si lo solicita el promovente, conforme a estas reglas:
I.- Tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos
que prevenga el Código Fiscal del Estado; y
II.- Tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los
siguientes requisitos:
A).- Que se admita el recurso;
B).- Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible
reparación en contra del recurrente; y
C).- Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de
actos u omisiones que impliquen perjuicio al interés social o al servicio público.
ARTÍCULO 73.- El servidor público afectado por las resoluciones administrativas de la
Contraloría Gubernamental podrá optar entre interponer ante la misma el recurso de revocación o
impugnarlas directamente ante el Tribunal Fiscal del Estado.
ARTÍCULO 74.- La resolución que se dicte en el recurso de revocación será también
impugnable ante el Tribunal Fiscal del Estado en los términos del Código Fiscal.
ARTÍCULO 75.- La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución
firme se llevará a cabo de inmediato en los términos que disponga la resolución. La suspensión,
destitución o inhabilitación que se impongan a los servidores públicos de confianza, surtirán
efectos al notificarse la resolución al interesado y al superior jerárquico y se consideran de orden
público.
Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se sujetarán a
lo previsto en la Ley correspondiente.
Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario
Estatal o Municipal en su caso; se harán efectivas mediante el procedimiento económico-coactivo
de ejecución para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables a
esta materia, pero no gozarán de prelación.
ARTÍCULO 76.- Si el servidor público presunto responsable confesare su responsabilidad
por el incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia la presente Ley, se procederá de
inmediato a dictar resolución, a no ser que quien conoce del procedimiento disponga la recepción
de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. En caso de que se acepte la plena validez
probatoria de la confesión, se impondrá al interesado dos tercios de la sanción aplicable, si es de
naturaleza económica, pero en lo que respecta a indemnización, ésta en todo caso deberá ser
suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados, y siempre deberá restituirse cualquier bien o
producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción. Quedará a juicio de quien resuelve
disponer o no la suspensión, separación o inhabilitación.
ARTÍCULO 77.- Para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere esta ley, la
Contraloría Gubernamental podrá emplear los siguientes medios de apremio:
I.- Sanción económica de hasta veinte veces el salario mínimo diario vigente en Ciudad
Victoria;
II.- Auxilio de la fuerza publica.
Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la
legislación penal.

Decreto LII-10
ARTÍCULO 78.- Las facultades del superior jerárquico y de la Contraloría Gubernamental
para imponer las sanciones que prevé esta ley, se sujetarán a lo siguiente:
I.- Prescribirán en un año las responsabilidades cuando el beneficio obtenido o el daño
causado por el infractor no exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la capital
del Estado, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero;
II.- Prescribirán en dos años las responsabilidades cuando el beneficio obtenido o el daño
causado por el infractor exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la capital
del Estado, y no se trate de los supuestos previstos en la siguiente fracción; y
III.- Prescribirán en tres años las responsabilidades consideradas como graves. Se
estiman como graves las responsabilidades administrativas que sean equiparables a las conductas
previstas en el Título Octavo, Capítulos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del Código Penal
para el Estado, excepto los supuestos señalados en los artículos 217 fracción I, 219 fracción I, 221
fracción I y 223 fracción I de ese ordenamiento. También se consideran como graves las
responsabilidades equiparables a las conductas previstas en el Título Noveno, Capítulo Único, de
dicho ordenamiento.
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que hubiere ocurrido
en la causa de responsabilidad, o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter
continuo.
(1er. reforma POE No. 32 del 19-Abr-2000)
(Última reforma POE No. 62 del 22-May-2003)
TÍTULO CUARTO
CAPÍTULO I
REGISTRO DEL PATRIMONIO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
ARTÍCULO 79.- El registro de la situación patrimonial de los servidores públicos se llevará
de conformidad con esta ley y demás disposiciones aplicables y, según la competencia, estará a
cargo de:
I.- La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado;
(1er. reforma POE No. 25 del 26-Feb-2002)
(Última reforma POE No. 66 del 1-Jun-2006)
II.- La Dirección de Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia, en términos de la
fracción V del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado;
III.- La Contraloría Gubernamental para los servidores públicos adscritos a la esfera del
Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos; y
IV.- El Ejecutivo del Estado, en tratándose de los servidores públicos de confianza de la
Contraloría Gubernamental.
ARTÍCULO 80.- Tienen obligación de presentar declaraciones inicial, actual y final de
situación patrimonial, bajo protesta de decir verdad:
I.- En el Congreso del Estado: Diputados, Secretario General, el Titular de la Unidad de
Servicios Administrativos y Financieros y Auditor Superior del Estado;
(Última reforma POE No. 66 del 1-Jun-2006)

Decreto LII-10
II.- En el Poder Judicial del Estado: Magistrados, Jueces, Secretarios de Acuerdos,
Relatores y Actuarios;
III.- En el Poder Ejecutivo del Estado: Todos los funcionarios, desde el nivel de Subjefes
de Departamentos hasta el de Gobernador, además de los mencionados en las fracciones V, VI y
VIII;
IV.- En los Ayuntamientos del Estado: Presidente Municipal, Regidores, Síndicos,
Secretario y Tesorero del Ayuntamiento, así como los que manejan inversiones públicas, además
de los mencionados en la fracción siguiente;
V.- En la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal: Consejeros, Comisarios,
Directores Generales, Gerentes Generales, Subdirectores generales, Subgerentes Generales,
Directores, Gerentes, Subdirectores y Servidores Públicos, equivalentes de los órganos
descentralizados, empresas de participación mayoritarias, sociedades, asociaciones, fideicomisos,
juntas y patronatos.
VI.- En la Procuraduría General de Justicia del Estado: Procurador, Subprocuradores,
Directores, Subdirectores, Agentes del Ministerio Público y Policías Judiciales;
VII.- En los Tribunales Administrativos y del Trabajo, Magistrados, miembros de las Juntas
y Tribunales de Arbitraje, así como sus Secretarios;
VIII.- En la Contraloría Gubernamental: Todos los servidores públicos de confianza.
Asimismo, deberán presentar las declaraciones referidas en este precepto los demás
servidores públicos que acuerde el Ejecutivo del Estado en el ámbito de su competencia por
conducto de la Contraloría Gubernamental o a la Procuraduría General de Justicia, mediante
disposiciones generales motivadas y fundadas.
ARTÍCULO 81.- La declaración inicial de situación patrimonial deberá presentarse dentro
de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión y la declaración final dentro de los
treinta días siguientes a la conclusión del encargo; la declaración anual de situación patrimonial se
presentará, a más tardar, en el mes de febrero de cada año.
Sin en el plazo de sesenta días a que se hace referencia no se hubiere presentado la
declaración inicial sin causa justificada, quedará sin efecto el nombramiento respectivo, previa
declaración del órgano a cargo de llevar el registro correspondiente.
ARTÍCULO 82.- La Contraloría Gubernamental expedirá las normas y los formatos bajo
los cuales el servidor público deberá presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como
los manuales e instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar.
Estas atribuciones serán ejercidas por la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado en tratándose de la materia de su competencia.
ARTÍCULO 83.- En las declaraciones inicial y final de situación patrimonial se
manifestarán los bienes inmuebles con fecha y valor de adquisición.
En las declaraciones anuales se manifestarán las modificaciones al patrimonio, con fecha y
valor de las adquisiciones realizadas; en todo caso se indicará el medio por el cual el bien ingresó
al patrimonio del servidor público.

Decreto LII-10
Tratándose de bienes inmuebles, la Contraloría Gubernamental o la Junta de Coordinación
Política del Congreso, según corresponda, decidirán las características que deberá tener la
declaración.
ARTÍCULO 84.- En el ámbito de su competencia y cuando los signos exteriores de
riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un
servidor públicos, previo acuerdo del Ejecutivo debidamente refrendado, la Contraloría
Gubernamental podrá disponer mediante acuerdo fundado y motivado la práctica de visita de
inspección y auditoría. Cuando estos actos requieran orden de autoridad judicial, dicha
dependencia hará ante ésta la solicitud correspondiente.
ARTÍCULO 85.- El servidor público a quien se practique visita de inspección o auditoría,
podrá interponer inconformidad ante la Contraloría Gubernamental contra los hechos contenidos en
las actas, mediante escrito que deberá presentar dentro de los cinco días siguientes a la conclusión
de aquellas, en el que expresará los motivos de inconformidad y ofrecerá las pruebas que
considere necesario acompañar o rendir dentro de los treinta días siguientes a la presentación del
recurso.
Todas las actas que se levanten con motivo de la visita deberán ir firmadas por el servidor
público y los testigos que para tal efecto designe. Si el servidor público o los testigos se negaren a
firmar, el visitador lo hará constar, sin que estas circunstancias afecten el valor probatorio que, en
su caso, posea el documento.
ARTÍCULO 86.- Serán sancionados en los términos que disponga el Código Penal los
servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito.
ARTÍCULO 87.- Para los efectos de esta Ley y el Código Penal, se computarán entre los
bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como
dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos
directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al
servidor público.
ARTÍCULO 88.- Durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión y un año
después, los servidores públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita
persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión para sí, o para las
personas a que se refiere la fracción XIII del Artículo 47 y que procedan de cualquier persona
cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas,
reguladas o supervisadas por el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
que determinen conflicto de intereses.
Para los efectos del párrafo anterior no se considerarán los que reciba el servidor público en
una o mas ocasiones, de una misma persona física o moral de las mencionadas en el párrafo
precedente, durante un año, cuando el valor acumulado durante ese año no sea superior a diez
veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, en el momento de su recepción.
En ningún caso se podrán recibir de dichas personas títulos-valor, bienes inmuebles o
cesiones de derechos sobre juicios o controversias en las que se dirima la titularidad de los
derechos de posesión o de propiedad sobre bienes de cualquier clase.
Se castigará como cohecho las conductas de los servidores públicos que violen lo dispuesto
en este artículo, y serán sancionados en términos de la legislación penal.

Decreto LII-10
ARTÍCULO 89.- Cuando los servidores públicos reciban obsequios, donativos o beneficios
en general de los que se mencionan en el artículo anterior y cuyo monto sea superior al que en él
se establece o sean de los estrictamente prohibidos, deberán informar de ello a las autoridades
que la Contraloría Gubernamental o, en su caso, la Junta de Coordinación Política del Congreso,
determinen, a fin de ponerlos a disposición. La autoridad competente llevará un registro de dichos
bienes.
ARTÍCULO 90.- La Contraloría Gubernamental hará al Ministerio Público la declaratoria,
en su caso, de que el funcionario sujeto a la investigación respectiva en los términos de la presente
ley, no justificó la procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio, de los bienes
adquiridos o de aquellos sobre los que se conduce como dueño, durante el tiempo de su encargo o
por motivos del mismo.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga la Ley sobre Responsabilidades de los Funcionarios y
Empleados del Estado y Municipios de 7 de mayo de 1932; y todas aquellas disposiciones que se
opongan a la presente Ley, pero independientemente de la misma, quedan preservados los
derechos laborales de los trabajadores.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y la Legislatura local
establecerán los órganos y sistemas a que hace referencia el Artículo 51 en un plazo no mayor de
6 meses.
ARTÍCULO TERCERO.- Por lo que se refiere a las declaraciones sobre situación
patrimonial efectuadas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, se estará a lo dispuesto
en las normas vigentes en el momento de formularse dicha declaración y por cumplido este
requisito.
ARTÍCULO CUARTO.- La Presidencia del Congreso, dentro del término de 15 días,
designará la comisión a que se refiere el Artículo 11 de la presente Ley.
ARTÍCULO QUINTO.- Los Poderes Legislativo y Judicial, en un plazo de 45 días,
propondrán mediante el derecho de iniciativa que a los Diputados y Supremo Tribunal de Justicia
confiere el Artículo 64 de la Constitución Política local, las reformas conducentes a sus Leyes
Orgánicas.
ARTÍCULO SEXTO.- Los servidores públicos obligados a presentar declaración de
situación patrimonial, que conforme a otras disposiciones no la hubiesen presentado con
anterioridad, tendrán un plazo de 60 días a partir de la vigencia de esta Ley para cumplir con
dicho requisito.
ARTÍCULO SEPTIMO.- Cuando el servidor público antes de la vigencia de la actual Ley
de Responsabilidades hubiera intervenido directa o indirectamente en la designación o
promoción de sus familiares dentro del área de su influencia y dicha situación continuare
indefinidamente, en esta eventualidad, no existe impedimento legal, en razón del principio de la
no retroactividad de las leyes.
ARTÍCULO OCTAVO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Decreto LII-10
SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. Cd. Victoria, Tam., a 29 de
febrero de 1984.- Diputado Presidente, LIC. TITO RESENDEZ TREVIÑO.- Diputado Secretario,
LIC. MERCEDES DEL C. GUILLEN V.- Diputado Secretario JOSE GUADALUPE PUGA
GARCIA.- Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, capital del Estado de
Tamaulipas, a primero de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.
DR. EMILIO MARTINEZ MANAUTOU.- El Subsecretario General de Gobierno Encargado
del Despacho por Ministerio de Ley, LIC. JESUS LAVIN SANTOS DEL PRADO.- Rúbricas.

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Decreto LII-10
Publicado en el Periódico Oficial No. 18 del 03 de marzo de 1984
Decreto Publicación Reformas
1 LVII-175 POE No. 32
19-Abr-2000
Se reforma el Artículo 78.
TRANSITORIOS
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
2 LVIII-9 POE No. 25
26-Feb-2002
Se reforman los artículos 3°, fracción III; 47, fracciones XIX y XX, segundo
párrafo; 48; 49, segundo párrafo; 50; 52; 56, fracciones IV y VI; 57, último
párrafo; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64, primer párrafo y fracciones II, III y IV;
68; 69; 73; 77; 79; 80 primer párrafo; y fracciones I, VIII, y último párrafo;
81; 82; 83; 84; 85; 89, y 90.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan a
los preceptos de este Decreto.
3 LVIII-282 POE No. 62
22-May-2003
Se reforma el artículo 78.
TRANSITORIOS
Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
4 LIX-549 POE No. 66
01-Jun-2006
Se reforma la fracción I del artículo 79 y la fracción I del artículo 80.
TRANSITORIOS
5 LIX-563 POE No. 107
Anexo
06-Sep-2006
Se reforman los Art 11 párrafos primero y se adiciona un tercer párrafo; Art
82 párrafo segundo; Art 83 párrafo tercero; y Art 89.
TRANSITORIOS
6 LX-1009 POE No. 8
20-Ene-2010
Se reforma el último párrafo del artículo 53.
TRANSITORIOS
7 LX-1495 POE No. 150
16-Dic-2010
Se adiciona un párrafo segundo al artículo 2º y un párrafo segundo al
artículo 51.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día
ARTICULO SEGUNDO.- El personal que se encuentre comprendido
en el párrafo 9 del inciso g) del apartado A del artículo 4° de la Ley
del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas
será objeto de los procesos de evaluación y control de confianza que
determine el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Quienes a la
fecha de entrada en vigor de este Decreto tengan un nombramiento
de base podrán solicitar su reubicación a un área no vinculada a la
organización y funcionamiento de las instituciones policiales y de
procuración de justicia. Al personal que hubiere tenido nombramiento
de base y continúe al servicio de las instituciones policiales y de
procuración de justicia, les serán reconocidas su antigüedad y demás
derechos generados para efectos de jubilación y pensión.

8 LXI-844 POE No. 59
15-May-2013
Se reforman las fracciones XXI y XXII y se adicionan las fracciones XXIII y
XXIV del artículo 47.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO. El Presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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