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LEY NUMERO 100 DE 1993
(Diciembre 23)
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
DECRETA:
PREAMBULO
La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de
que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el
cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad
desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente
las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio
nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.
TITULO PRELIMINAR
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
ARTICULO 1o. Sistema de Seguridad Social Integral. El Sistema de Seguridad Social
Integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la
comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la
protección de las contingencias que la afecten.
El Sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los
recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico,
de salud y servicios complementarios, materia de esta Ley, u otras que se incorporen
normativamente en el futuro
ARTICULO 2o. Principios. El servicio público esencial de seguridad social se prestará con
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y
participación

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a) EFICIENCIA. Es la mejor utilización social y económica de los recursos
administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da
derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente;
b) UNIVERSALIDAD. Es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna
discriminación, en todas las etapas de la vida;
c) SOLIDARIDAD. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones,
los sectores económicos. las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte
hacia el más débil.
Es deber del Estado garantizar la solidaridad en el régimen de Seguridad Social mediante
su participación, control y dirección del mismo.
Los recursos provenientes del erario público en el Sistema de Seguridad se aplicarán
siempre a los grupos de población más vulnerables;
d) INTEGRALIDAD. Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la
capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para
este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para
atender sus contingencias amparadas por esta Ley;
e) UNIDAD. Es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y
prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social, y
f) PARTICIPACION. Es la intervención de la comunidad a través de los beneficiarios de la
seguridad social en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y
del sistema en su conjunto.
PARAGRAFO. La seguridad social se desarrollará en forma progresiva, con el objeto de
amparar a la población y la calidad de vida.
ARTICULO 3o. Del Derecho a la Seguridad Social. El Estado garantiza a todos los
habitantes del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social.
Este servicio será prestado por el Sistema de Seguridad Social Integral, en orden a la
ampliación progresiva de la cobertura a todos los sectores de la población, en los
términos establecidos por la presente Ley.

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ARTICULO 4o. Del Servicio Público de Seguridad Social. La Seguridad Social es un
servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control están a cargo del
Estado y que será prestado por las entidades públicas o privadas en los términos y
condiciones establecidos en la presente Ley.
Este servicio público es esencial en lo relacionado con el Sistema General de Seguridad
Social en Salud. Con respecto al Sistema General de Pensiones es esencial sólo en
aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las
pensiones.
CAPITULO II
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
ARTICULO 5o. Creación. En desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política,
organízase el Sistema de Seguridad Social Integral cuya dirección, coordinación y control
estarán a cargo del Estado, en los términos de la presente Ley.
ARTICULO 6o. Objetivos. El Sistema de Seguridad Social Integral ordenará las
instituciones y los recursos necesarios para alcanzar los siguientes objetivos:
1. Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación
laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema.
2. Garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los términos de
la presente Ley.
3. Garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al
sistema, mediante mecanismos que en desarrollo del principio constitucional de
solidaridad, permitan que sectores sin la capacidad económica suficiente como
campesinos, indígenas y trabajadores independientes, artistas, deportistas, madres
comunitarias, accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma integral.
El Sistema de Seguridad Social Integral está instituido para unificar la normatividad y la
planeación de la seguridad social, así como para coordinar a las entidades prestatarias
de las mismas, para obtener las finalidades propuestas en la presente Ley.

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ARTICULO 7o. Ambito de Acción. El Sistema de Seguridad Social Integral garantiza el
cubrimiento de las contingencias económicas y de salud, y la prestación de servicios
sociales complementarios, en los términos y bajo las modalidades previstos por esta Ley.
ARTICULO 8o. Conformación del Sistema de Seguridad Social Integral. El Sistema de
Seguridad Social Integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas,
normas y procedimientos y esta conformado por los regímenes generales establecidos
para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios
que se definen en la presente Ley.
ARTICULO 9o. Destinación de los recursos. No se podrán destinar ni utilizar los recursos
de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella.
LIBRO PRIMERO
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
TITULO I DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
ARTICULO 10. Objeto del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de
Pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en la presente Ley, así como propender por
la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un
sistema de pensiones.
ARTICULO 11. Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones, con las
excepciones previstas en el artículo 279 de la presente Ley, se aplicará a todos los
habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a
disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta Ley
hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados
por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial,
semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado
en general.
Para efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los
derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención
colectiva de trabajo. Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que les asiste
a las partes y de que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes.

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ARTICULO 12. Regímenes del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de
Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten,
a saber:
a. Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida;
b. Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
ARTICULO 13. Características del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de
Pensiones tendrá las siguientes características:
a) La afiliación es obligatoria salvo lo previsto para los trabajadores independientes;
b) La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es
libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su
elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona
natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a
las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente Ley;
c) Los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de las
pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, conforme a lo dispuesto en la
presente Ley;
d) La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en esta
Ley;
e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de
pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán
trasladarse de régimen por una sola vez cada 3 años, contados a partir de la selección
inicial, en la forma que señale el gobierno nacional;
f) Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos
regímenes, se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la
vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o
entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos,
cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio;

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g) Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos
regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualquiera de ellos;
h) En desarrollo del principio de solidaridad, los dos regímenes previstos por el artículo 12
de la presente Ley garantizan a sus afiliados el reconocimiento y pago de una pensión
mínima en los términos de la presente Ley;
i) Existirá un Fondo de Solidaridad Pensional destinado a ampliar la cobertura mediante
el subsidio a los grupos de población que, por sus características y condiciones
socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, tales como
campesinos, indígenas, trabajadores independientes, artistas, deportistas y madres
comunitarias;
j) Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez;
k) Las entidades administradoras de cada uno de los regímenes del Sistema General de
Pensiones estarán sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria.
ARTICULO 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de
jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos
regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante,
se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, según la variación
porcentual del Indice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al
salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el
mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno.
CAPITULO II
AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
ARTICULO 15. Afiliados. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:
1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo
o como servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esta Ley. Así mismo, los
grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean
elegibles para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional,
de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.

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2. En forma voluntaria: Los trabajadores independientes y en general todas las personas
naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el exterior, que no
tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren expresamente
excluidos por la presente Ley. Los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo
permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de
cualquier otro.
PARAGRAFO. Las personas a que se refiere el numeral 2 del presente artículo podrán
afiliarse al régimen por intermedio de sus agremiaciones o asociaciones, de acuerdo con
la reglamentación que para tal efecto se expida dentro de los 3 meses siguientes a la
vigencia de esta Ley.
ARTICULO 16. Incompatibilidad de Regímenes. Ninguna persona podrá distribuir las
cotizaciones obligatorias entre los dos Regímenes del Sistema General de Pensiones.
Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad de los afiliados
para contratar o ser partícipes en planes de pensiones complementarios dentro o fuera
del Sistema General de Pensiones.
PARAGRAFO TRANSITORIO. El Gobierno Nacional reglamentará en el término de 6
meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, la integración y funciones de
una comisión permanente de trabajadores, empleadores y pensionados, para analizar las
fallas en la prestación del servicio administrativo de seguridad social, para que con un
enfoque de rentabilidad social mantenga el objetivo básico de redistribución de la riqueza.
CAPITULO III
COTIZACIONES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
ARTICULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación
laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema
General de Pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario
que aquéllos devenguen.
Salvo lo dispuesto en el artículo 64 de esta Ley, la obligación de cotizar cesa al momento
en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o
cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.

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Lo anterior será sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando
el afiliado o el empleador en el caso del régimen de ahorro individual con solidaridad.
ARTICULO 18. Base de Cotización de los trabajadores dependientes de los sectores
privado y publico. La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo
anterior, será el salario mensual.
El salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares será el que
resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.
El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público será el que
se señale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4a. de 1992.
En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al monto del salario mínimo legal
mensual vigente, salvo lo dispuesto para los trabajadores del servicio doméstico
conforme a la Ley 11 de 1988.
Cuando se devengue mensualmente más de 20 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, la base de cotización podrá ser limitada a dicho monto por el Gobierno
Nacional.
Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de
salario integral, se calculará sobre el 70 % de dicho salario.
PARAGRAFO 1. En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más
empleadores, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional
al salario devengado de cada uno de ellos, y dichos salarios se acumularán para todos
los efectos de esta Ley.
PARAGRAFO 2. A partir de la vigencia de la presente Ley se eliminan las tablas de
categorías y aportes del Instituto de Seguros Sociales y de las demás entidades de
previsión y seguridad social. En consecuencia, las cotizaciones se liquidarán con base en
el salario devengado por el afiliado.
PARAGRAFO 3. Cuando el Gobierno Nacional limite la base de cotización a 20 salarios
mínimos, el monto de las pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación
Definida no podrá ser superior a dicho valor.

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ARTICULO 19. Base de Cotización de los trabajadores independientes. Los afiliados al
sistema que no estén vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, y
serán responsables por la totalidad de la cotización.
Cuando se trate de personas que el Gobierno Nacional haya determinado que deban ser
subsidiadas temporalmente en sus aportes, deberán cubrir la diferencia entre la totalidad
del aporte y el subsidio recibido.
Los afiliados a que se refiere este artículo, podrán autorizar a quien realice a su favor
pagos o abonos en cuenta, para que efectúe la retención de la cotización y haga los
traslados correspondientes.
En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente.
ARTICULO 20. Monto de las Cotizaciones. La tasa de cotización para la pensión de
vejez, será del 8 % en 1994, 9 % en 1995 y del 10 % a partir de 1996, calculado sobre el
ingreso base y se abonarán en las cuentas de ahorro pensional en el caso de los fondos
de pensiones. En el caso del ISS, dichos porcentajes se utilizarán para el pago de
pensiones de vejez y capitalización de reservas, mediante la constitución de un
patrimonio autónomo destinado exclusivamente a dichos efectos.
Para pagar la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y los gastos de
administración del sistema, incluida la prima del reaseguro con el fondo de garantías, la
tasa será, tanto en el ISS como en los fondos de pensiones, del 3.5 %.
Sin embargo, en la medida en que los costos de administración y las primas de los
seguros se disminuyan, dichas reducciones deberán abonarse como un mayor valor en
las cuentas de ahorro de los trabajadores o de las reservas en el ISS, según el caso.
La cotización total será el equivalente a la suma del porcentaje de cotización para
pensión de vejez y la tasa de que trata el inciso anterior.
Los empleadores pagarán el 75 % de la cotización total y los trabajadores, el 25 %
restante.
Para financiar las pensiones de invalidez y de sobrevivientes de los actuales y futuros
afiliados al ISS, se podrá trasladar de las reservas de pensión de vejez a las de invalidez

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y sobrevivientes un monto equivalente al que se obtendría por el bono de reconocimiento
de conformidad con esta Ley.
El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de las cuentas separadas en el
Instituto de Seguros Sociales, de manera que en ningún caso se puedan utilizar recursos
de las reservas de pensión de vejez, para gastos administrativos u otros fines distintos.
Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior a 4 salarios mínimos
mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un aporte adicional de un punto
porcentual (1%) sobre su base de cotización, destinado al Fondo de Solidaridad
Pensional, previsto por los artículos 25 y siguientes de la presente Ley.
La entidad a la cual esté cotizando el afiliado deberá recaudar y trasladar al Fondo de
Solidaridad Pensional, el punto porcentual adicional a que se refiere el inciso anterior,
dentro de los plazos que señale el Gobierno Nacional.
ARTICULO 21. Ingreso Base de Liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar
las pensiones previstas en esta Ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o
en todo el tiempo si éste fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o
sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos
de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el
trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas
como mínimo.
ARTICULO 22. Obligaciones del Empleador. El empleador será responsable del pago de
su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del
salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias
y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y
trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las
correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el
Gobierno.
El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere
efectuado el descuento al trabajador.
ARTICULO 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos
señalados para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al
que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán

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en el fondo de reparto correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional
de los respectivos afiliados, según sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no
dispongan la consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala
conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las
partidas necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito
para la presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente.
ARTICULO 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los
diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de
las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora
determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.
CAPITULO IV
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
ARTICULO 25. Creación del Fondo de Solidaridad Pensional. Créase el Fondo de
Solidaridad Pensional, como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica,
adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serán administrados
en fiducia por las sociedades fiduciarias de naturaleza pública, preferencialmente por las
sociedades fiduciarias del sector social solidario, o por administradoras de fondos de
pensiones y/o cesantía del sector social solidario, cuales quedan autorizadas para tal
efecto por virtud de la presente Ley.
PARAGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará la administración, el funcionamiento y
la destinación de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con lo
previsto en la presente Ley.
El Fondo de Solidaridad Pensional contará con un consejo asesor integrado por
representantes de los gremios de la producción, las centrales obreras y la confederación
de pensionados, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el
Gobierno Nacional. Este Consejo deberá ser oído previamente, sin carácter vinculante,
por el Consejo Nacional de Política Social para la determinación del plan anual de
extensión de cobertura a que se refiere el artículo 28 de la presente Ley.

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ARTICULO 26. Objeto del Fondo. El Fondo de Solidaridad Pensional tiene por objeto
subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los trabajadores asalariados o
independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para
efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores,
toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de
trabajo asociado y otras formas asociativas de producción, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
El subsidio se concederá parcialmente para reemplazar los aportes del empleador y del
trabajador o de este último en caso de que tenga la calidad de trabajador independiente,
hasta por un salario mínimo como base de cotización. El Gobierno Nacional reglamentará
la proporción del subsidio de que trata este inciso.
Los beneficiarios de estos subsidios podrán escoger entre el Régimen Solidario de Prima
Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pero
en el evento de seleccionar esta última opción sólo podrán afiliarse a fondos que
administren las sociedades administradoras que pertenezcan al sector social solidario,
siempre y cuando su rentabilidad real sea por lo menos igual al promedio de los demás
fondos de pensiones de conformidad con lo establecido en le presente Ley.
Para hacerse acreedor al subsidio el trabajador deberá acreditar su condición de afiliado
del Régimen General de Seguridad Social en Salud, y pagar la porción del aporte que allí
le corresponda.
Estos subsidio se otorgan a partir del 1o. de enero de 1995.
PARAGRAFO. No podrán ser beneficiarios de este subsidio los trabajadores que tengan
una cuenta de ahorro pensional voluntario de que trata la presente Ley, ni aquellos a
quienes se les compruebe que pueden pagar la totalidad del aporte.
ARTICULO 27. Recursos. El Fondo de Solidaridad Pensional tendrá las siguientes
fuentes de recursos:
a) La cotización adicional del 1 % sobre el salario, a cargo de los afiliados al Régimen
General de Pensiones cuya base de cotización sea igual o superior a 4 salarios mínimos
legales mensuales vigentes;
b) Los aportes del presupuesto nacional. Estos no podrán ser inferiores a los obtenidos
anualmente por concepto de las cotizaciones adicionales a que se refiere el literal
anterior, y se liquidarán con base en lo reportado por el fondo en la vigencia del año

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inmediatamente anterior, actualizados con base en la variación del índice de precios al
consumidor, certificado por el DANE;
c) Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de extensión de
cobertura en sus respectivos territorios o de agremiaciones o federaciones para sus
afiliados;
d) Las donaciones que reciba, los rendimientos financieros de sus excedentes de
liquidez, y en general los demás recursos que reciba a cualquier título;
e) Las multas a que se refieren los artículos 111 y 271 de la presente Ley.
PARAGRAFO. Anualmente, en el presupuesto general de la nación, se incluirá la partida
correspondiente a los aportes que debe hacer el Gobierno Nacional al Fondo.
ARTICULO 28. Parcialidad del Subsidio. Los subsidios a que se refiere el presente
capitulo serán de naturaleza temporal y parcial, de manera que el beneficiario realice un
esfuerzo para el pago parcial del aporte a su cargo.
El monto del subsidio podrá ser variable por períodos y por actividad económica, teniendo
en cuenta además la capacidad económica de los beneficiarios y la disponibilidad de
recursos del Fondo.
El Consejo Nacional de Política Social determinará el plan anual de extensión de
cobertura que deberá incluir criterios de equilibrio regional y los grupos de trabajadores
beneficiarios de este subsidio, así como las condiciones de cuantía, forma de pago y
pérdida del derecho al subsidio.
PARAGRAFO. El subsidio que se otorgue a las madres comunitarias o trabajadoras
solidarias de los hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
será mínimo el 50 % de la cotización establecida en la presente Ley.
ARTICULO 29. Exigibilidad del Subsidio. Cuando el afiliado que haya recibido subsidios
del Fondo de Solidaridad Pensional exceda de los 65 años de edad y no cumpla con los
requisitos mínimos para acceder a una pensión de vejez, la entidad administradora
respectiva devolverá el monto de los aportes subsidiados con los correspondientes
rendimientos financieros a dicho Fondo.

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Las entidades administradoras deberán llevar cuentas separadas de los aportes recibidos
del Fondo y establecerán los mecanismos de seguimiento de los beneficiarios.
ARTICULO 30. Subsidio a Trabajadores del Servicio Doméstico. Los aportes del
presupuesto nacional de que trata la Ley 11 de 1988, para el subsidio en los aportes de
los trabajadores del servicio doméstico, se girarán al Fondo de Solidaridad, en cuentas
separadas, para que éste traslade el subsidio correspondiente a la entidad que haya
seleccionado el trabajador.
TITULO II
REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION
DEFINIDA
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
ARTICULO 31. Concepto. El Régimen de Prima Media con Prestación Definida es aquel
mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de
invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas, de acuerdo
con lo previsto en el presente Título.
Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez,
vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones
modificaciones y excepciones contenidas en esta Ley.
ARTICULO 32. Características. El Régimen de Prima Media con Prestación Definida
tendrá las siguientes características:
a) Es un régimen solidario de prestación definida;
b) Los aportes de los afiliados y sus rendimientos, constituyen un fondo común de
naturaleza pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la
calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la
constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley;
c) El Estado garantiza el pago de los beneficios a que se hacen acreedores los afiliados.

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CAPITULO II
PENSION DE VEJEZ
ARTICULO 33. Requisitos para Obtener la Pensión de Vejez. Para tener derecho a la
pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta 60 años de
edad si es hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de 1.000 semanas en cualquier tiempo.
PARAGRAFO 1. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo, y en concordancia con lo establecido en el literal f) del artículo 13 se tendrán en
cuenta:
a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones;
b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados;
c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que tienen a su
cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre que la vinculación laboral se
encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente Ley;
d) El número de semanas cotizadas a cajas provisionales del sector privado que tuviesen
a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión:
e) Derógase el parágrafo del artículo 7o. de la Ley 71 de 1988.
En los casos previstos en los literales c) y d), el cómputo será procedente siempre y
cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial,
la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad
administradora.

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PARAGRAFO 2. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente Ley, se
entiende por semana cotizada el período de 7 días calendario. La facturación y el cobro
de los aportes se hará sobre el número de días cotizados en cada período.
PARAGRAFO 3. No obstante el requisito establecido en el numeral 2 de este artículo,
cuando el trabajador lo estime conveniente, podrá seguir trabajando y cotizando durante
5 años más, ya sea para aumentar el monto de la pensión o para completar los requisitos
si fuere el caso.
PARAGRAFO 4. A partir del primero (1o.) de enero del año dos mil catorce (2014) las
edades para acceder a la pensión de vejez se reajustarán a cincuenta y siete (57) años si
es mujer y sesenta y dos (62 )años si es hombre.
PARAGRAFO 5. En el año 2013 la Asociación Nacional de Actuarios, o la entidad que
haga sus veces, o una comisión de actuarios nombrados por las varias asociaciones
nacionales de actuarios si las hubiere, verificará, con base en los registros demográficos
de la época, la evolución de la expectativa de vida de los colombianos, y en
consecuencia con el resultado podrá recomendar la inaplicabilidad del aumento de la
edad previsto en este artículo, caso en el cual dicho incremento se aplazara hasta que el
Congreso dicte una nueva Ley sobre la materia.
ARTICULO 34. Monto de la Pensión de Vejez. El monto mensual de la pensión de vejez,
correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65 %
del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las
1.200 semanas, este porcentaje se incrementara en un 2 %, llegando a este tiempo de
cotización al 73 % del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a
las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementara en 3 % en lugar del 2 %, hasta
completar un monto máximo del 85 % del ingreso base de liquidación.
El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85 % del ingreso base de liquidación,
ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.
ARTICULO 35. Pensión Mínima de Vejez o jubilación. El monto mensual de la pensión
mínima de vejez o jubilación no podrá ser inferior al valor del salario mínimo legal
mensual vigente.
PARAGRAFO. Las pensiones de jubilación reconocidas con posterioridad a la vigencia
de la Ley 4a. de 1992 no estarán sujetas al limite establecido por el artículo 2o. de la Ley
71 de 1988, que por esta Ley se modifica, salvo en los regímenes e instituciones
excepcionadas en el artículo 279 de esta Ley.

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ARTICULO 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez.
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es
decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o
más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones
y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán
por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a
la entrada en vigencia de la presente Ley. el ingreso base para liquidar la pensión será el
promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector
privado y de un (1) año para los servidores públicos.
Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en
vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o
cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas
personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso
en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual
con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.
Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para
acceder a la pensión de Jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores,
aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho en desarrollo de
los derechos adquiridos. a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones
de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos.
PARAGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el
inciso primero(1º.) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas
cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros
Sociales, a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado,
o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas
cotizadas o tiempo de servicio.

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ARTICULO 37. Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez. Las personas que
habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo
de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán
derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de
liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al
resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los
cuales haya cotizado el afiliado.
CAPITULO III
PENSION DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN
ARTICULO 38. Estado de Invalidez. Para los efectos del presente capitulo se considera
inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el 50 % o más de su capacidad laboral.
ARTICULO 39. Requisitos para obtener la Pensión de Invalidez. Tendrán derecho a la
pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean
declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos 26
semanas, al momento de producirse el estado de invalidez;
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos 26 semanas del ano inmediatamente anterior al momento en que se produzca el
estado de invalidez.
PARAGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente
Ley.
ARTICULO 40. Monto de la Pensión de Invalidez. El monto mensual de la pensión de
invalidez será equivalente a:
a) El 45 % del ingreso base de liquidación, más el 1.5 % de dicho ingreso por cada 50
semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las
primeras 500 semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea
igual o superior al 50 % e inferior al 66 %;

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b) El 54 % del ingreso base de liquidación, más el 2 % de dicho ingreso por cada 50
semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las
primeras 800 semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es
igual o superior al 66 %.
La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75 % del ingreso base de liquidación.
En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.
La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a
pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado.
ARTICULO 41. Calificación del Estado de Invalidez. El estado de invalidez será
determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el
manual único para la calificación de la invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, que
deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación, para calificar la imposibilidad que
tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de la capacidad laboral.
ARTICULO 42. Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. En las capitales de
departamento y en aquellas ciudades en las cuales el volumen de afiliados así lo
requiera, se conformará una comisión interdisciplinaria que calificará en primera instancia
la invalidez y determinará su origen.
Las comisiones estarán compuestas por un número impar de expertos, designados por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quienes actuarán de conformidad con la
reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.
Los honorarios de los miembros de la comisión serán pagados por la entidad de previsión
o seguridad social o la sociedad administradora a la que esté afiliado el solicitante.
ARTICULO 43. Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Créase la Junta Nacional
para la Calificación de los Riesgos de Invalidez con sede en la capital de la República,
integrada por un número impar de miembros designados por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
Esta Junta, que será interdisciplinaria, tiene a su cargo la resolución de las controversias
que en segunda instancia sean sometidas para su decisión por las juntas regionales o
seccionales respectivas.

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Los honorarios de los miembros de la Junta serán pagados, en todo caso por la entidad
de previsión o seguridad social correspondiente.
El Gobierno Nacional reglamentará la integración, financiación y funcionamiento de la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, de su secretaria técnica y de las juntas
regionales o seccionales, el procedimiento de apelación, el manual único para la
calificación de la invalidez y demás normas necesarias para su adecuado funcionamiento.
PARAGRAFO. Los miembros de la Junta Nacional y los de las Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez de que trata el artículo anterior, no tienen el carácter de
servidores públicos.
ARTICULO 44. Revisión de las Pensiones de Invalidez. El estado de invalidez podrá
revisarse:
a) Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente cada tres
(3) años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de
base para la liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la
extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiere lugar.
Este nuevo dictamen se sujeta a las reglas de los artículos anteriores.
El pensionado tendrá un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de dicha
solicitud, para someterse a la respectiva revisión del estado de invalidez. Salvo casos de
fuerza mayor, si el pensionado no se presenta o impide dicha revisión dentro de dicho
plazo, se suspenderá el pago de la pensión. Transcurridos doce (12) meses contados
desde la misma fecha sin que el pensionado se presente o permita el examen, la
respectiva pensión prescribirá.
Para readquirir el derecho en forma posterior, el afiliado que alegue permanecer inválido
deberá someterse a un nuevo dictamen. Los gastos de este nuevo dictamen serán
pagados por el afiliado;
b) Por solicitud del pensionado en cualquier tiempo y a su costa.
ARTICULO 45. Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Invalidez. El afiliado que al
momento de invalidarse no hubiere reunido los requisitos exigidos para la pensión de

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invalidez, tendrá derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a la que
le hubiere correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez, prevista en el artículo 37 de la presente Ley.
CAPITULO IV
PENSION DE SOBREVIVIENTES
ARTICULO 46. Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán derecho a
la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la
muerte.
artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente
Ley.
ARTICULO 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que
éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y
hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos

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con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el
pensionado fallecido;
b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 anos,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez;
c) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste.
ARTICULO 48. Monto de la Pensión de Sobrevivientes. El monto mensual de la pensión
de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100 % de la pensión que aquél
disfrutaba.
El monto mensual de la pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual
al 45 % del ingreso base de liquidación más 2 % de dicho ingreso por cada cincuenta (50)
semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de
cotización, sin que exceda el 75 % del ingreso base de liquidación.
En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente Ley.
No obstante lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por una pensión de
sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, vigente con
anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley equivalente al 65 % del ingreso
base de liquidación, siempre que se cumplan las mismas condiciones establecidas por
dicho instituto.
ARTICULO 49. Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Sobrevivientes. Los miembros
del grupo familiar del afiliado que al momento de su muerte no hubiese reunido los
requisitos exigidos para la pensión de sobrevivientes, tendrán derecho a recibir, en
sustitución, una indemnización equivalente a la que le hubiera correspondido en el caso
de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en el artículo 37 de la
presente Ley.

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CAPITULO V
PRESTACIONES ADICIONALES
ARTICULO 50. Mesada adicional. Los pensionados por vejez o jubilación, invalidez y
sustitución o sobrevivencia continuarán recibiendo cada año, junto con la mesada del
mes de noviembre, en la primera quincena del mes de diciembre, el valor
correspondiente a una mensualidad adicional a su pensión.
ARTICULO 51. Auxilio Funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos
de entierro de un afiliado o pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario
equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente a la última
mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces
dicho salario.
Cuando los gastos funerarios por disposición legal o reglamentaria deban estar cubiertos
por una póliza de seguros, el Instituto Seguros Sociales, cajas, fondos o entidades del
sector público podrán repetir contra la entidad aseguradora que lo haya amparado, por
las sumas que se paguen por este concepto.
CAPITULO VI
ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON
PRESTACION DEFINIDA
ARTICULO 52. Entidades administradoras. El régimen solidario de prima media con
prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.
Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado,
administrarán este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades
subsistan, sin perjuicio de que aquéllos se acojan a cualquiera de los regímenes
pensionales previstos en esta Ley.
Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado,
estarán sometidos a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria.
ARTICULO 53. Fiscalización e Investigación. Las entidades administradoras del régimen
solidario de prestación definida tienen amplias facultades de fiscalización e investigación
sobre el empleador o agente retenedor de las cotizaciones al régimen para asegurar el
efectivo cumplimiento de la presente Ley. Para el efecto podrán:

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a) Verificar la exactitud de las cotizaciones y aportes u otros informes, cuando lo
consideren necesario;
b) Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para verificar la ocurrencia de
hechos generadores de obligaciones no declarados;
c) Citar o requerir a los empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al
régimen, o a terceros, para que rindan informes:
d) Exigir a los empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a
terceros, la presentación de documentos o registros de operaciones, cuando unos u otros
estén obligados a llevar libros registrados;
e) Ordenar la exhibición y examen de los libros, comprobantes y documentos del
empleador o agente retenedor de las cotizaciones al régimen, y realizar las diligencias
necesarias para la correcta y oportuna determinación de las obligaciones.
ARTICULO 54. Inversión y rentabilidad de las reservas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
y Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional (ATEP). La inversión de las reservas
de IVM y ATEP del ISS y del Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional, se
manejaran, mediante contrato de fiducia con las entidades del sector financiero
especializado en este servicio o en títulos de la nación donde se busque obtener la
rentabilidad mínima de que trata el artículo 101 de la presente Ley.
En caso de no garantizarse la rentabilidad señalada en el inciso anterior, las reservas de
IVM y ATEP del Instituto Seguros Sociales y del Fondo de Pensiones Públicas del nivel
nacional se colocarán en una cuenta de la Tesorería General de la Nación que les
garantizará una rentabilidad que preserve su poder adquisitivo.
Dichas entidades podrán efectuar retiros de la cuenta de la Tesorería General de la
Nación para celebrar nuevos contratos de fiducia o para invertir en títulos de deuda de la
nación colocados en el mercado de capitales. Cuando dentro del plazo de un (1) año la
rentabilidad de los títulos de deuda de la nación no mantengan el poder adquisitivo de las
reservas, la nación efectuará la compensación necesaria para cumplir el mandato del
artículo 48 de la Constitución Política, mediante apropiación y giro del Presupuesto
General de la Nación.
PARAGRAFO. Las reservas de las cajas, fondos o entidades de previsión social del
sector público que conforme a lo dispuesto en la presente Ley, administren el régimen de
prima media con prestación definida, deberán manejarse mediante encargo fiduciario o

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títulos de la nación, con arreglo a las normas que sobre inversión, rentabilidad y control
determine el Gobierno Nacional.
ARTICULO 55. Exoneración de intereses. Los empleadores que a 31 de julio de 1993
adeudaban sumas al ISS por concepto de aportes o cotizaciones a los seguros de
Enfermedad General y Maternidad y accidente de trabajo y Enfermedad Profesional,
quedarán exonerados de los intereses moratorios y de la sanción por mora
correspondientes a tales deudas, así como de las sanciones por mora correspondientes
al capital adeudado por los Seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, siempre y cuando
cancelen la deuda dentro de los 4 meses siguientes a la vigencia de la presente Ley.
Para gozar del beneficio de que trata el presente artículo, el empleador deberá cancelar
la totalidad de las sumas adeudadas al momento del pago.
ARTICULO 56. Castigo de Cartera. El Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales
podrá castigar aquella cartera de dudoso recaudo cuando ésta tenga un atraso superior a
24 meses, utilizando para el efecto criterios similares a los que rigen en el sistema
bancario. En ningún caso el castigo de cartera implicará la condonación de la deuda.
ARTICULO 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código
Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades
administradoras del Régimen de Prima Media con prestación definida podrán establecer
el cobro coactivo, para hacer efectivos sus créditos.
ARTICULO 58. Publicidad. Las entidades administradoras del régimen solidario de
prestación definida podrán adelantar programas de publicidad, comunicación y promoción
de sus actividades conforme, en lo pertinente, a la reglamentación que para el efecto
expida la Superintendencia Bancaria. Tal publicidad solamente podrá contratarse con
cargo al presupuesto de gastos administrativos de la entidad.
TITULO III
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
ARTICULO 59. Concepto. El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es el conjunto
de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos
privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban
reconocerse a sus afiliados, de acuerdo con lo previsto en este Título.

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Este régimen está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos
rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de pensión mínima y
aportes al Fondo de Solidaridad, y propende por la competencia entre las diferentes
entidades administradoras del sector privado, sector público y sector social solidario, que
libremente escojan los afiliados.
ARTICULO 60. Características. El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad tendrá
las siguientes características:
a) Los afiliados al régimen tendrán derecho al reconocimiento y pago de las pensiones de
vejez, de invalidez y de sobrevivientes, así como de las indemnizaciones contenidas en
este Título, cuya cuantía dependerá de los aportes de los afiliados y empleadores, sus
rendimientos financieros, y de los subsidios del Estado, cuando a ellos hubiere lugar.
b) Una parte de los aportes mencionados en el literal anterior, se capitalizará en la cuenta
individual de ahorro pensional de cada afiliado. Otra parte se destinará al pago de primas
de seguros para atender las pensiones de invalidez y de sobrevivientes y la asesoría para
la contratación de la renta vitalicia, financiar el Fondo de Solidaridad Pensional y cubrir el
costo de administración del régimen.
Las cuentas de ahorro personal, serán administradas por las entidades que se autoricen
para tal efecto, sujetas a la vigilancia y control del Estado.
c) Los afiliados al sistema podrán escoger y trasladarse libremente entre entidades
administradoras, y seleccionar la aseguradora con la cual contraten las rentas o
pensiones;
d) El conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio
autónomo propiedad de los afiliados, denominado Fondo de Pensiones, el cual es
independiente del patrimonio de la entidad administradora;
e) Las entidades administradoras deberán garantizar una rentabilidad mínima del fondo
de pensiones que administran;
f) El patrimonio de las entidades administradoras garantiza el pago de la rentabilidad
mínima de que trata el literal anterior y el desarrollo del negocio de administración del
fondo de pensiones;

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g) El Estado garantiza los ahorros del afiliado y el pago de las pensiones a que éste
tenga derecho, cuando las entidades administradoras o aseguradoras incumplan sus
obligaciones, en los términos de la presente Ley, revirtiendo contra el patrimonio de las
entidades administradoras y aplicando las sanciones pertinentes por incumplimiento, de
acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional;
h) Tendrán derecho al reconocimiento de bonos pensionales los afiliados al régimen que
hayan efectuado aportes o cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, o a las cajas,
fondos o entidades del sector público, o prestado servicios como servidores públicos, o
trabajado en empresas que tienen a su exclusivo cargo las pensiones de sus
trabajadores y trasladen la parte proporcional del cálculo actuarial correspondiente;
i) En desarrollo del principio de solidaridad, el Estado aportará los recursos que sean
necesarios para garantizar el pago de pensiones mínimas, cuando la capitalización de los
aportes de los afiliados y sus rendimientos financieros fueren insuficientes, y aquéllos
cumplan las condiciones requeridas para el efecto;
j) El control y vigilancia de las entidades administradoras de los fondos de pensiones
corresponde a la Superintendencia Bancaria.
ARTICULO 61. Personas excluidas del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Están excluidos del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad:
a) Los pensionados por invalidez por el Instituto Seguros Sociales o por cualquier fondo,
caja o entidad del sector público;
b) Las personas que al entrar en vigencia el sistema tuvieren cincuenta y cinco (55) años
o más de edad, si son hombres, o cincuenta (50) años o más de edad, si son mujeres,
salvo que decidan cotizar por lo menos 500 semanas en el nuevo régimen, caso en el
cual será obligatorio para el empleador efectuar los aportes correspondientes.
ARTICULO 62. Cotizaciones Voluntarias. Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad podrán cotizar, periódica u ocasionalmente, valores superiores a los
límites mínimos establecidos como cotización obligatoria, con el fin de incrementar los
saldos de sus cuentas individuales de ahorro pensional, para optar por una pensión
mayor o un retiro anticipado.
ARTICULO 63. Cuentas Individuales de Ahorro Pensional. Las cotizaciones obligatorias y
voluntarias se abonarán a la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado Cada
afiliado sólo podrá tener una cuenta.

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Las administradoras deberán enviar a sus afiliados, por lo menos trimestralmente, un
extracto que registre las sumas depositadas, sus rendimientos y saldos, así como el
monto de las comisiones cobradas y de las primas pagadas.
Las sumas existentes en las cuentas individuales de ahorro pensional, sólo podrán ser
utilizadas para acceder a las pensiones de que trata este Título, salvo lo dispuesto en los
artículos 85 y 89 de la presente Ley.
CAPITULO II
PENSION DE VEJEZ
ARTICULO 64. Requisitos para obtener la pensión de Vejez. Los afiliados al Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que
escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les
permita obtener una pensión mensual, superior al 110 % del salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la
variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el
cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste
hubiere lugar.
Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los términos del
inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el empleador estará obligado a
efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral, legal o
reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) años si es
mujer y sesenta y dos (62) años de edad si es hombre.
ARTICULO 65. Garantía de Pensión Mínima de Vejez. Los afiliados que a los 62 anos de
edad si son hombres y 57 si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión
mínima de que trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos
1.150 semanas, tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio
de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.
artículo se tendrá en cuenta lo previsto en los parágrafos del artículo 33 de la presente
Ley.
ARTICULO 66. Devolución de Saldos. Quienes a las edades previstas en el artículo
anterior no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no hayan
acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario
mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro
individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a éste
hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho.

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ARTICULO 67. Exigibilidad de los Bonos Pensionales. Los afiliados que tengan derecho
a recibir bonos pensionales, sólo podrán hacer efectivos dichos bonos, a partir de la
fecha en la cual cumplan las edades para acceso a la pensión, previstas en el artículo 65
de la presente Ley.
ARTICULO 68. Financiación de la Pensión de Vejez. Las pensiones de vejez se
financiarán con los recursos de las cuentas de ahorro pensional, con el valor de los bonos
pensionales cuando a ello hubiere lugar, y con el aporte de la Nación en los casos en que
se cumplan los requisitos correspondientes para la garantía de pensión mínima.
CAPITULO III
PENSION DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN
ARTICULO 69. Pensión de invalidez. El estado de invalidez, los requisitos para obtener la
pensión de invalidez, el monto y el sistema de su calificación en el régimen de ahorro
individual con solidaridad, se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos. 38,
39, 40 y 41 de la presente Ley.
ARTICULO 70. Financiación de la Pensión de Invalidez. Las pensiones de invalidez se
financiarán con la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado, el bono pensional si
a éste hubiere lugar, y la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que
financie el monto de la pensión. La suma adicional estará a cargo de la aseguradora con
la cual se haya contratado el seguro de invalidez y de sobrevivientes.
El monto acumulado en las cuentas individuales de ahorro pensional, en virtud de
cotizaciones voluntarias, no hará parte del capital para financiar las pensiones de
invalidez, salvo que así lo disponga el afiliado, o cuando ello sea necesario para acceder
a la pensión mínima de invalidez. El pensionado por invalidez podrá disponer del monto
de las cotizaciones voluntarias no utilizado.
Cuando de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la presente Ley se determine
la cesación del estado de invalidez, la compañía de seguros deberá reintegrar a la cuenta
individual de ahorro pensional, el saldo no utilizado de la reserva para pensiones, en la
parte que corresponda a capital más los rendimientos de la cuenta de ahorro individual y
al bono pensional.
En los eventos de que trata el inciso anterior, los afiliados tendrán derecho a que el
Estado les habilite como semanas cotizadas aquellas durante las cuales gozaron de la
respectiva pensión. Esta habilitación del número de semanas será aplicable sólo cuando
el Estado deba pagar garantía de pensión mínima.

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PARAGRAFO. El afiliado podrá contratar la pensión de invalidez con una aseguradora
distinta de la que haya pagado la suma adicional a que se refiere el inciso primero de
este artículo.
ARTICULO 71. Garantía Estatal de Pensión Mínima de Invalidez. En desarrollo del
principio de solidaridad, el Estado garantizará los recursos necesarios para que los
afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tengan acceso a una pensión
mínima de invalidez, cuyo monto mensual será equivalente al salario mínimo legal
mensual conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente Ley.
La garantía estatal de pensión mínima operará de conformidad con lo previsto en los
artículos 83 y 84 de esta Ley.
ARTICULO 72. Devolución de Saldos por Invalidez. Cuando el afiliado se invalide sin
cumplir con los requisitos para acceder a una pensión de invalidez, se le entregará la
totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los
rendimientos financieros y adicionado con el valor del bono pensional si a ello hubiere
lugar.
No obstante, el afiliado podrá mantener un saldo en la cuenta individual de ahorro
pensional y cotizar para constituir el capital necesario para acceder a una pensión de
vejez.
CAPITULO IV
PENSION DE SOBREVIVIENTES
ARTICULO 73. Requisitos y monto. Los requisitos para obtener la pensión de
sobrevivientes en el régimen de capitalización individual con solidaridad así como su
monto, se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos 46 y 48, de la presente
Ley.
ARTICULO 74. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.

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En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que
éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez,
hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos
con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el
pensionado fallecido.
b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte: y los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez;
c) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste.
ARTICULO 75. Garantía Estatal de Pensión Mínima de Sobrevivientes. En desarrollo del
principio de solidaridad, el Estado garantiza el complemento para que los sobrevivientes
tengan acceso a una pensión mínima de sobrevivientes, cuyo monto mensual será
equivalente al 100 % del salario mínimo legal mensual conforme a lo establecido en el
artículo 35 de la presente Ley.
ARTICULO 76. Inexistencia de Beneficiarios. En caso de que a la muerte del afiliado o
pensionado, no hubiere beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, las sumas
acumuladas en la cuenta individual de ahorro pensional, harán parte de la masa
sucesoral de bienes del causante.
En caso de que no haya causahabientes hasta el 5o. orden hereditario, la suma
acumulada en la cuenta individual de ahorro pensional se destinará al Fondo de
Solidaridad Pensional de que trata la presente Ley.
ARTICULO 77. Financiación de las Pensiones de Sobrevivientes.
1. La pensión de sobrevivientes originada por la muerte del afiliado, se financiará con los
recursos de la cuenta individual de ahorro pensional generados por cotizaciones
obligatorias, el bono pensional si a ello hubiere lugar, y con la suma adicional que sea
necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión. Dicha suma
adicional estará a cargo de la aseguradora.
El monto acumulado en las cuentas individuales de ahorro pensional, en razón de
cotizaciones voluntarias, no integrará el capital para financiar las pensiones de
sobrevivientes generadas por muerte de un afiliado, salvo cuando ello sea necesario para

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acceder a la pensión mínima de sobrevivientes. Dicho monto podrá utilizarse para
incrementar el valor de la pensión, si el afiliado así lo hubiere estipulado o los
beneficiarios lo acuerdan. En caso contrario hará parte de la masa sucesoral del
causante.
2. Las pensiones de sobrevivientes causadas por la muerte de un pensionado se
financian con los recursos previstos para el pago de la pensión de vejez o invalidez,
según el caso, que estuviese recibiendo el causante al momento de su fallecimiento.
Cuando la pensión de sobrevivientes sea generada por muerte de un pensionado acogido
a la modalidad de retiro programado o retiro programado con renta vitalicia diferida, el
exceso del saldo de la cuenta individual de ahorro pensional sobre el capital necesario
para financiar la pensión de sobrevivientes, podrá utilizarse para incrementar el valor de
la pensión, si el afiliado así lo hubiere estipulado o los beneficiarios lo acuerdan. En caso
contrario hará parte de la masa sucesoral del causante.
PARAGRAFO. Los sobrevivientes del afiliado podrán contratar la pensión de
sobrevivientes con una aseguradora distinta de la que haya pagado la suma adicional a
que se refiere el inciso primero de este artículo.
ARTICULO 78. Devolución de Saldos. Cuando el afiliado fallezca sin cumplir con los
requisitos para causar una pensión de sobrevivientes, se les entregará a sus beneficiarios
la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los
rendimientos, y el valor del bono pensional si a éste hubiere lugar.
CAPITULO V
MODALIDADES DE PENSION
ARTICULO 79. Modalidades de las Pensiones de Vejez, de Invalidez y de Sobrevivientes.
Las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, podrán adoptar una de las
siguientes modalidades, a elección del afiliado o de los beneficiarios, según el caso:
a) Renta vitalicia inmediata;
b) Retiro programado;
c) Retiro programado con renta vitalicia diferida, o

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d) Las demás que autorice la Superintendencia Bancaria.
ARTICULO 80. Renta vitalicia inmediata. La renta vitalicia inmediata, es la modalidad de
pensión mediante la cual el afiliado o beneficiario contrata directa e irrevocablemente con
la aseguradora de su elección, el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento y el
pago de pensiones de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por el tiempo a que
ellos tengan derecho. Dichas rentas y pensiones deben ser uniformes en términos de
poder adquisitivo constante y no pueden ser contratadas por valores inferiores a la
pensión mínima vigente del momento.
La administradora a la que hubiere estado cotizando el afiliado al momento de cumplir
con las condiciones para la obtención de una pensión, será la encargada de efectuar, a
nombre del pensionado, los trámites o reclamaciones que se requieran, ante la respectiva
aseguradora.
ARTICULO 81. Retiro Programado. El retiro programado es la modalidad de pensión en
la cual el afiliado o los beneficiarios obtienen su pensión de la sociedad administradora,
con cargo a su cuenta individual de ahorro pensional y al bono pensional a que hubiera
lugar.
Para estos efectos, se calcula cada año una anualidad en unidades de valor constante,
igual al resultado de dividir el saldo de su cuenta de ahorro y bono pensional, por el
capital necesario para financiar una unidad de renta vitalicia para el afiliado y sus
beneficiarios. La pensión mensual corresponderá a la doceava parte de dicha anualidad.
El saldo de la cuenta de ahorro pensional, mientras el afiliado disfruta de una pensión por
retiro programado, no podrá ser inferior al capital requerido para financiar al afiliado y sus
beneficiarios una renta vitalicia de un salario mínimo legal mensual vigente.
Lo dispuesto en el inciso anterior, no será aplicable cuando el capital ahorrado más el
bono pensional si hubiere lugar a él, conduzcan a una pensión inferior a la mínima, y el
afiliado no tenga acceso a la garantía estatal de pensión mínima.
Cuando no hubiere beneficiarios, los saldos que queden en la cuenta de ahorro al fallecer
un afiliado que esté disfrutando una pensión por retiro programado, acrecentarán la masa
sucesoral. Si no hubiere causahabientes, dichas sumas se destinarán al financiamiento
de la garantía estatal de pensión mínima.
ARTICULO 82. Retiro Programado con Renta Vitalicia Diferida. El retiro programado con
renta vitalicia diferida, es la modalidad de pensión por la cual un afiliado contrata con la
aseguradora de su elección, una renta vitalicia con el fin de recibir pagos mensuales a

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partir de una fecha determinada, reteniendo en su cuenta individual de ahorro pensional,
los fondos suficientes para obtener de la administradora un retiro programado, durante el
período que medie entre la fecha e que ejerce la opción por esta modalidad y la fecha en
que la renta vitalicia diferida comience a ser pagada por la aseguradora. La renta vitalicia
diferida contratada tampoco podrá en este caso, ser inferior a la pensión mínima de vejez
vigente.
CAPITULO VI
CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS PENSIONES MINIMAS
ARTICULO 83. Pago de la garantía. Para las personas que tienen acceso a las garantías
estatales de pensión mínima, tales garantías se pagarán a partir del momento en el cual
la anualidad resultante del cálculo de retiro programado sea inferior a doce veces la
pensión mínima vigente, o cuando la renta vitalicia a contratar con el capital disponible,
sea inferior a la pensión mínima vigente.
La administradora o la compañía de seguros que tenga a su cargo las pensiones,
cualquiera sea la modalidad de pensión, será la encargada de efectuar, a nombre del
pensionado, los trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de
pensión mínima.
ARTICULO 84. Excepción a la Garantía de Pensión Mínima. Cuando la suma de las
pensiones, rentas y remuneraciones que recibe el afiliado o los beneficiarios, según el
caso, sea superior a lo que le correspondería como pensión mínima, no habrá lugar a la
garantía estatal de pensión mínima.
CAPITULO VII
PRESTACIONES Y BENEFICIOS ADICIONALES
ARTICULO 85. Excedentes de Libre Disponibilidad. Será de libre disponibilidad, desde el
momento en que el afiliado opte por contratar una pensión, el saldo de la cuenta
individual de ahorro pensional, mas el bono pensional, si a ello hubiere lugar, que exceda
del capital requerido para que el afiliado convenga una pensión que cumpla con los
siguientes requisitos:
a) Que la renta vitalicia inmediata o diferida contratada, o el monto del retiro programado,
sea mayor o igual al 70 % del ingreso base de liquidación, y no podrá exceder de quince
(15) veces la pensión mínima vigente en la fecha respectiva;

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b) Que la renta vitalicia inmediata, o el monto del retiro programado, sea mayor o igual al
ciento diez por ciento (110 %) de la pensión mínima legal vigente.
ARTICULO 86. Auxilio Funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos
de entierro de un afiliado o pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario
equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente a la última
mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que pueda ser inferior a cinco (5)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho salario.
El auxilio deberá ser cubierto por la respectiva administradora o aseguradora, según
corresponda.
Las administradoras podrán repetir contra la entidad que haya otorgado el seguro de
sobrevivientes respectivo, en el cual se incluirá el cubrimiento de este auxilio.
La misma acción tendrán las compañías de seguros que hayan pagado el auxilio de que
trata el presente artículo y cuyo pago no les corresponda por estar amparado este evento
por otra póliza diferente.
ARTICULO 87. Planes Alternativos de Capitalización y de Pensiones. Los afiliados al
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad podrán optar por planes alternativos de
capitalización, que sean autorizados por la Superintendencia Bancaria. Los capitales
resultantes del plan básico y de dichas alternativas de capitalización, podrán estar ligados
a planes alternativos de pensiones que sean autorizados por la misma Superintendencia.
El ejercicio de las opciones de que trata este artículo, está sujeto a que los afiliados
hayan cumplido metas mínimas de capitalización. Los planes aprobados deberán permitir
la movilidad entre planes, administradoras y aseguradoras, y deben separar los
patrimonios y cuentas correspondientes a capitalización y seguros, en la forma que
disponga la Superintendencia Bancaria. El Gobierno Nacional señalará los casos en los
cuales el ingreso a planes alternativos implica la renuncia del afiliado a garantías de
rentabilidad mínima o de pensión mínima.
PARAGRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo no exime al afiliado ni al empleador,
del pago de las cotizaciones previstas en la presente Ley.
ARTICULO 88. De otros Planes Alternativos de Pensiones. Las sociedades
administradoras de fondos de pensiones, podrán invertir en contratos de seguros de vida
individuales con beneficios definidos y ajustados por inflación, las cantidades que
permitan asegurar un monto de jubilación no menor al monto de la pensión mínima
establecida por la Ley.

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Las mencionadas pólizas de seguros de vida, deberán cubrir los riesgos de invalidez y
sobrevivencia y serán adquiridas con cargo a la cuenta de ahorro individual de la cual se
invertirá el porcentaje necesario que garantice por lo menos la pensión mínima arriba
mencionada.
El Gobierno Nacional reglamentará el porcentaje máximo del portafolio que podrán
invertir los fondos de pensiones en estos tipos de pólizas.
ARTICULO 89. Garantía de Crédito y Adquisición de Vivienda. El afiliado que haya
acumulado en su cuenta individual de ahorro pensional el capital requerido para financiar
una pensión superior al 110 % de la pensión mínima de vejez, podrá emplear el exceso
de dicho capital ahorrado, como garantía de créditos de vivienda y educación, de acuerdo
con la reglamentación que para tal efecto se expida.
CAPITULO VIII
ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD
ARTICULO 90. Entidades Administradoras. Los fondos de pensiones del Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad serán administrados por las sociedades
administradoras de fondos de pensiones, cuya creación se autoriza.
Las sociedades que de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales
vigentes administren fondos de cesantía, están facultadas para administrar
simultáneamente fondos de pensiones, previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente Ley.
Las entidades de derecho público del sector central o descentralizado, de cualquier nivel
territorial, podrán promover la creación o ser socias de sociedades administradoras de
Fondos de Pensiones.
También podrán promover la constitución o ser socias de las sociedades administradoras
de fondos de pensiones las entidades del sector social solidario, tales como cooperativas,
organizaciones sindicales, fondos mutuos de inversión, bancos cooperativos, fondos de
empleados y las cajas de compensación familiar.
Las Cajas de Compensación Familiar directamente o a través de instituciones de
economía solidaria podrán promover la creación, ser socias o propietarias de sociedades
administradoras de fondos de pensiones y/o cesantía, en los términos de la Ley. A
efectos de lograr la democratización de la propiedad, las cajas de compensación familiar

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deberán ofrecer a sus trabajadores afiliados en término no mayor a 5 años la titularidad
de por lo menos el 25 % de las acciones que posean en las respectivas administradoras,
conforme a los reglamentos. El plazo de 5 años se contará a partir de la constitución de la
sociedad administradora.
Las cajas de compensación familiar podrán destinar recursos de sus excedentes para el
pago de los aportes a las sociedades administradoras.
Las compañías de seguros podrán ser socias de las entidades a que se refiere el
presente artículo, pero sólo podrán participar directamente en el régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad mediante los planes de seguros que se adopten en esta Ley.
ARTICULO 91. Requisitos de las Entidades Administradoras. Además de los requisitos
establecidos en la Ley 45 de 1990 para las sociedades de servicios financieros, las
sociedades administradoras de fondos de pensiones, deberán cumplir con los siguientes
requisitos especiales:
a) Constituirse bajo la forma de sociedades anónimas, o de instituciones solidarias;
b) Disponer de un patrimonio igual al cincuenta por ciento (50 %) exigido para la
constitución de una corporación financiera, el cual respaldará exclusivamente el
desarrollo del negocio de administración de fondos de pensiones.
El patrimonio asignado a la administración de los fondos de pensiones previsto en esta
Ley, podrá estar representado en las inversiones que al efecto se autoricen, y no será
computable para el cumplimiento de los requisitos patrimoniales que tenga la respectiva
sociedad para el desarrollo de sus demás negocios. Del mismo, deberá llevarse
contabilidad en forma separada, de conformidad con lo que sobre el particular establezca
la Superintendencia Bancaria.
c. Desde el momento de su constitución y por el término de 5 años deberán ofrecer
públicamente acciones, para que las entidades del sector social solidario a que se refiere
el inciso cuarto del artículo anterior, puedan llegar a suscribir mínimo el 20 % de su
capital social.
Los afiliados y pensionados del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, de
conformidad con los reglamentos, podrán ser socios de las sociedades administradoras y
dicha participación será tenida en cuenta para efectos del cómputo del porcentaje referido
en el inciso anterior.

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Los porcentajes de participación que tanto el sector social solidario, como los afiliados y
pensionados adquieran en la propiedad de la respectiva administradora, de conformidad
con lo previsto en este literal, serán abonables o imputables a las obligaciones de oferta
pública de venta de participaciones que impongan las normas de democratización,
aplicables a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y a las de pensiones
y cesantía. De la misma manera se abonará el valor de las acciones que se hayan
vendido por oferta pública en desarrollo de la Ley 50 de 1990 y demás normas
complementarías, hasta completar el porcentaje establecido en el presente artículo sobre
el total del capital exigido por la presente Ley;
d) Disponer de capacidad humana y técnica especializada suficiente, para cumplir
adecuadamente con la administración apropiada de los recursos confiados, de acuerdo
con la naturaleza del plan de pensiones ofrecido.
PARAGRAFO. Las administradoras podrán ser autorizadas para constituir y administrar
simultáneamente varios planes de capitalización o de pensiones dentro del régimen,
siempre y cuando acrediten ante la Superintendencia Bancaria la capacidad
administrativa necesaria para el efecto.
ARTICULO 92. Monto Máximo de Capital. Con el fin de evitar la concentración
económica, las sociedades que administren fondos de pensiones no podrán tener un
capital superior a 10 veces el monto mínimo establecido.
Este limite podrá ser modificado por el Gobierno Nacional de acuerdo con la evolución del
régimen.
ARTICULO 93. Fomento para la Participación en el Capital Social de las Administradoras
de Fondos de Pensiones. El Gobierno Nacional, con cargo a los recursos del presupuesto
nacional, establecerá dentro de los 6 meses siguientes a la iniciación de la vigencia de
esta Ley los mecanismos de financiación necesarios para que las entidades a que se
refiere el inciso cuarto del artículo 90 de la presente Ley, puedan completar los recursos
que les permitan participar en el capital social de las entidades administradoras del
régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
El Gobierno Nacional, para fijar el monto del estimulo, tendrá en cuenta la necesidad de
apoyo financiero de cada entidad y la capacidad de pago para responder por el mismo.
ARTICULO 94. Niveles de Patrimonio. El Gobierno Nacional fijará la forma en la cual se
garantice que las administradoras y aseguradoras mantengan niveles adecuados de
patrimonio, de acuerdo a los distintos riesgos asociados a su actividad.

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En todo caso, el nivel de activos manejados por una administradora no podrá exceder en
más de 40 veces su patrimonio técnico.
ARTICULO 95. Aprobación de los Planes de Pensiones. Las entidades autorizadas para
actuar como administradoras o aseguradoras del sistema, deberán someter a la
aprobación de la Superintendencia Bancaria los planes de capitalización y de pensiones
que pretendan administrar.
ARTICULO 96. Requisitos para la Aprobación de los Planes de Pensiones. Todo plan de
pensiones que sea sometido a consideración de la Superintendencia Bancaria para su
aprobación, deberá amparar a los afiliados y pensionados contra todos los riesgos a que
hace referencia esta Ley, y señalar las condiciones específicas de cada amparo. Los
planes aprobados no podrán modificarse posteriormente desmejorando cualquiera de las
condiciones establecidas anteriormente.
ARTICULO 97. Fondos de Pensiones como Patrimonios Autónomos. Los fondos de
pensiones, conformados por el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional y
los que resulten de los planes alternativos de capitalización o de pensiones, así como los
intereses, dividendos o cualquier otro ingreso generado por los activos que los integren,
constituyen patrimonios autónomos, propiedad de los afiliados, independientes del
patrimonio de la administradora.
La contabilidad de los mismos, se sujetará a las reglas que para el efecto expida la
Superintendencia Bancaria.
ARTICULO 98. Participación de los Afiliados en el Control de las Sociedades
Administradoras. Los afiliados y accionistas de las sociedades administradoras de fondos
de pensiones elegirán el revisor fiscal para el control de la administración del respectivo
fondo. Además, los afiliados tendrán 2 representantes elegidos por ellos mismos, para
que asistan a todas las juntas directivas de la sociedad administradora, con voz y sin
voto, quienes con el revisor fiscal velaran por los intereses de los afiliados de acuerdo
con la reglamentación que para tal fin expida el Gobierno Nacional.
PARAGRAFO. Las sociedades que administren fondos de pensiones y de cesantía
tendrán en total dos (2) representantes de los afiliados.
ARTICULO 99. Garantías. Las administradoras y aseguradoras, incluidas las de planes
alternativos de pensiones, deberán constituir y mantener adecuadas garantías, para
responder por el correcto manejo de las inversiones representativas de los recursos
administrados en desarrollo de los planes de capitalización y de pensiones.

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Las administradoras deberán contar con la garantía del Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras, con cargo a sus propios recursos, para asegurar el reembolso
del saldo de las cuentas individuales de ahorro pensional, en caso de disolución o
liquidación de la respectiva administradora, sin sobrepasar respecto de cada afiliado el
ciento por ciento (100 %) de lo correspondiente a cotizaciones obligatorias, incluidos sus
respectivos intereses y rendimientos, y de 150 salarios mínimos legales mensuales
correspondientes a cotizaciones voluntarias. Las garantías en ningún caso podrán ser
inferiores a las establecidas por la Superintendencia Bancaria para las instituciones del
régimen financiero.
ARTICULO 100. Inversión de los Recursos. Con el fin de garantizar la seguridad,
rentabilidad y liquidez de los recursos del sistema, las administradoras los invertirán en
las condiciones y con sujeción a los limites que para el efecto establezca el Gobierno a
través de la Superintendencia Bancaria, previo concepto, que no será vinculante, de una
comisión del Consejo Nacional Laboral o el organismo que haga sus veces.
En cualquier caso, las inversiones en Títulos de Deuda Pública no podrán ser superiores
al 50 % del valor de los recursos de los fondos de pensiones, y dichos títulos deberán
cubrir la desvalorización monetaria y permitir el pago de intereses reales que reflejen la
tasa del mercado financiero, certificada por la Superintendencia Bancaria para períodos
trimestrales.
La Superintendencia de Valores deberá definir los requisitos que deban acreditar las
personas jurídicas que sean destinatarias de inversiones o colocación de recursos de los
fondos de pensiones.
Cuando la Superintendencia de Valores autorice la colocación de recursos en el mercado
de capitales o en títulos valores diferentes a los documentos oficiales de deuda pública,
deberá exigir a los destinatarios, que cumplan con las normas destinadas a contener
fenómenos de concentración de propiedad e ingresos.
El Gobierno podrá reglamentar las transacciones diferentes a la suscripción de títulos
primarios, para que se efectúen por intermedio de las bolsas de valores.
Las administradoras de fondos de pensiones y cesantía de cualquier naturaleza podrán
descontar actas y cartera en las condiciones y en la proporción que fije el Gobierno
Nacional, para que en todo caso la inversión sea de máxima seguridad.
ARTICULO 101. Rentabilidad Mínima. La totalidad de los rendimientos obtenidos en el
manejo de los fondos de pensiones será abonado en las cuentas de ahorro pensional
individual de los afiliados, a prorrata de las sumas acumuladas en cada una de ellas y de
la permanencia de las mismas durante el respectivo período.

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Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías deberán
garantizar a sus afiliados de unos y otros una rentabilidad mínima, que será determinada
por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta rendimientos en papeles e inversiones
representativas del mercado que sean comparables. Esta metodología deberá buscar
que la rentabilidad mínima del portafolio invertido en títulos de deuda no sea inferior a la
tasa de mercado definida, teniendo en cuenta el rendimiento de los títulos emitidos por la
Nación y el Banco de la República. Además deberá promover una racional y amplia
distribución de los portafolios en papeles e inversiones de largo plazo y equilibrar los
sistemas remuneratorios de pensiones y cesantía.
En aquellos casos en los cuales no se alcance la rentabilidad mínima, las sociedades
administradoras deberán responder con sus propios recursos, afectando inicialmente la
reserva de estabilización de rendimientos que se defina para estas sociedades.
ARTICULO 102. Rentabilidad Mínima en caso de Liquidación, Fusión o Cesión de la
Administradora o por Retiro del Afiliado. En caso de liquidación, cesión o fusión de una
administradora, los recursos que formen parte de la cuenta especial de que tratan los
artículos anteriores, se abonarán en las cuentas individuales de ahorro pensional de sus
afiliados.
Así mismo, en caso de retiro definitivo de un afiliado, por traslado a otra administradora o
porque contrate con una entidad aseguradora el pago de una pensión, se le deberá
reconocer la rentabilidad mínima exigida, mediante el pago inmediato de las cuantías que
de la cuenta especial de estabilización resulten proporcionalmente a su favor.
ARTICULO 103. Publicación de Rentabilidad. Las administradoras deberán publicar la
rentabilidad obtenida en los planes de capitalización y de pensiones ofrecidos, en la
forma y con la periodicidad que para el efecto determine la Superintendencia Bancaria.
ARTICULO 104. Comisiones. Las administradoras cobrarán a sus afiliados una comisión
de administración cuyos montos máximos y condiciones serán fijados por la
Superintendencia Bancaria, dentro de los limites consagrados en el artículo 20 de esta
Ley.
El Gobierno reglamentará las comisiones de administración por el manejo de las
cotizaciones voluntarias.
ARTICULO 105. Contratos con Establecimientos de Crédito. Las administradoras podrán
celebrar contratos con instituciones financieras u otras entidades, con cargo a sus propios
recursos, con el objeto de que éstos se encarguen de las operaciones de recaudo, pago y
transferencia de los recursos manejados por las primeras, en las condiciones que se

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determinen, con el fin de que dichas operaciones puedan ser realizadas en todo el
territorio nacional.
ARTICULO 106. Publicidad. Toda publicidad o promoción de las actividades de las
administradoras deberá sujetarse a las normas que sobre el particular determine la
Superintendencia Bancaria, en orden a velar porque aquélla sea veraz y precisa; tal
publicidad solamente podrá contratarse con cargo al presupuesto de gastos
administrativos de la entidad.
En todo caso, todas las administradoras deberán publicar, con la periodicidad y en la
forma que al efecto determine la misma Superintendencia, el costo de las primas que
sean pagadas por concepto de seguros y el valor de las comisiones cobradas.
El gobierno eliminará privilegios provenientes de grupos con capacidad de control de
medios masivos, y en su caso impedir que sean los beneficiarios quienes directa o
indirectamente absorban costos de publicidad.
ARTICULO 107. Cambio de Plan de Capitalización o de Pensiones y de Entidades
Administradoras. Todo afiliado al régimen y que no haya adquirido la calidad de
pensionado, podrá transferir voluntariamente el valor de su cuenta individual de ahorro
pensional a otro plan de capitalización o de pensiones autorizado, o trasladarse a otra
entidad administradora.
Los cambios autorizados en el inciso anterior no podrán exceder de una vez en el
semestre respectivo, previa solicitud presentada por el interesado con no menos de 30
días calendario de anticipación.
ARTICULO 108. Seguros de Participación. Los seguros que contraten las
administradoras para efectuar los aportes adicionales necesarios para financiar las
pensiones de invalidez y sobrevivientes deberán ser colectivos y de participación.
La contratación de dichos seguros deberá efectuarse utilizando procedimientos
autorizados por la Superintendencia Bancaria que aseguren la libre concurrencia de
oferentes.
Así mismo las aseguradoras que asuman cualquier tipo de rentas vitalicias adoptarán
para ello la modalidad de seguros de participación en beneficio de los pensionados.
ARTICULO 109. Garantía Estatal a las Pensiones Contratadas con Aseguradoras. Sin
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los reaseguradores, la Nación

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garantizará el pago de las pensiones en caso de menoscabo patrimonial o suspensiones
de pago de la compañía aseguradora responsable de su cancelación de acuerdo con la
reglamentación que para tal efecto sea expedida. Para este efecto, el Gobierno Nacional
podrá permitir el acceso de la compañía aseguradora a la garantía del Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras. En este caso, la compañía aseguradora asumirá
el costo respectivo.
PARAGRAFO. En todos los eventos en los que exista defraudación o malos manejos por
parte de los administradores de los fondos de pensiones o de las aseguradoras, para
eludir sus obligaciones con los ahorradores, deberán responder penalmente por sus
actos. Para estos efectos, los aportes de los ahorradores se asimilarán al carácter de
dineros del tesoro público.
ARTICULO 110. Vigilancia y Control. Corresponderá a la Superintendencia Bancaria el
control y vigilancia de las entidades administradoras de los planes de capitalización y de
pensiones a que se refiere esta Ley.
ARTICULO 111. Sanciones a las Administradoras. Sin perjuicio de la aplicación de las
demás sanciones que puede imponer la Superintendencia en desarrollo de sus facultades
legales, cuando las administradoras incurran en defectos respecto de los niveles
adecuados de patrimonio exigidos, la Superintendencia Bancaria impondrá, por cada
incumplimiento, una multa en favor del Fondo de Solidaridad Pensional por el equivalente
al tres punto cinco por ciento (3.5 %) del valor del defecto mensual, sin exceder, respecto
de cada incumplimiento, del uno punto cinco por ciento (1.5 %) del monto requerido para
dar cumplimiento a tal relación.
Así mismo, cuando el monto correspondiente a la Reserva de Estabilización sea inferior
al mínimo establecido, la Superintendencia Bancaria impondrá una multa en favor del
Fondo de Solidaridad Pensional por el equivalente al 3.5 % del valor del defecto mensual
presentado por la respectiva administradora.
En adición a lo previsto en los incisos anteriores, la Superintendencia Bancaria impartirá
todas las órdenes que resulten pertinentes para el inmediato restablecimiento de los
niveles adecuados de patrimonio o de la Reserva de Estabilización, según corresponda.
ARTICULO 112. Obligación de Aceptar a todos los afiliados que lo Soliciten. Las
personas que cumplan los requisitos para ser afiliados al régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad no podrán ser rechazados por las entidades administradoras del mismo.
TITULO IV
DISPOSICIONES COMUNES A LOS REGIMENES DEL SISTEMA GENERAL DE
PENSIONES

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CAPITULO I
TRASLADO ENTRE REGIMENES - BONOS PENSIONALES
ARTICULO 113. Traslado de régimen. Cuando los afiliados al sistema en desarrollo de la
presente Ley se trasladen de un régimen a otro se aplicarán las siguientes reglas:
a) Si el traslado se produce del régimen de Prestación Definida al de Ahorro Individual
con Solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales en los términos
previstos por los artículos siguientes;
b) Si el traslado se produce del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al régimen
de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual,
incluidos los rendimientos, que se acreditará en términos de semanas cotizadas, de
acuerdo con el salario base de cotización.
ARTICULO 114. Requisito para el traslado de régimen. Los trabajadores y servidores
públicos que en virtud de lo previsto en la presente Ley se trasladen por primera vez del
régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con
solidaridad, deberán presentar a la respectiva entidad administradora comunicación
escrita en la que conste que la selección de dicho régimen se ha tomado de manera libre,
espontánea y sin presiones.
Este mismo requisito es obligatorio para los trabajadores vinculados con los empleadores
hasta el 31 de diciembre de 1990 y que decidan trasladarse al régimen especial de
cesantía previsto en la Ley 50 de 1990, para lo cual se requerirá que adicionalmente
dicha comunicación sea rendida ante notario público, o en su defecto ante la primera
autoridad política del lugar.
ARTICULO 115. Bonos pensionales. Los bonos pensionales constituyen aportes
destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las
pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones.
Tendrán derecho a bono pensional los afiliados que con anterioridad a su ingreso al
régimen de ahorro individual con solidaridad cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a) Que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, o a las cajas o
fondos de previsión del sector público;

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b) Que hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades descentralizadas como
servidores públicos;
c) Que estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tienen a su
cargo el reconocimiento y pago de las pensiones;
d) Que hubiesen estado afiliados a cajas previsionales del sector privado que tuvieren a
su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones.
PARAGRAFO. Los afiliados de que trata el literal a) del presente artículo que al momento
del traslado hubiesen cotizado menos de 150 semanas no tendrán derecho a bono.
ARTICULO 116. Características. Los bonos pensionales tendrán las siguientes
características:
a) Se expresarán en pesos;
b) Serán nominativos;
c) Serán endosables en favor de las entidades administradoras o aseguradoras, con
destino al pago de pensiones;
d) Entre el momento de la afiliación del trabajador y el de redención del bono,
devengarán, a cargo del respectivo emisor, un interés equivalente a la tasa DTF, sobre
saldos capitalizados, que establezca el Gobierno, y
e) Las demás que determine el Gobierno Nacional.
ARTICULO 117. Valor de los Bonos Pensionales. Para determinar el valor de los bonos,
se establecerá una pensión de vejez de referencia para cada afiliado, que se calculará
así:
a) Se calcula el salario que el afiliado tendría a los sesenta (60) años si es mujer o
sesenta y dos (62) si es hombre, como el resultado de multiplicar la base de cotización
del afiliado a 30 de junio de 1992, o en su defecto, el último salario devengado antes de

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dicha fecha si para la misma se encontrase cesante, actualizado a la fecha de su ingreso
al Sistema según la variación porcentual del índice de precios al consumidor del DANE,
por la relación que exista entre el salario medio nacional a los sesenta (60) años si es
mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que
hubiere tenido el afiliado en dicha fecha. Dichos salarios medios nacionales serán
establecidos por el DANE:
b) El resultado obtenido en el literal anterior, se multiplica por el porcentaje que resulte de
sumar los siguientes porcentajes:
Cuarenta y cinco por ciento, más un 3 % por cada año que exceda de los primeros 10
años de cotización, empleo o servicio público, más otro 3 % por cada año que faltaré para
alcanzar la edad de sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre,
contado desde el momento de su vinculación al sistema.
La pensión de referencia así calculada, no podrá exceder el 90 % del salario que tendría
el afiliado al momento de tener acceso a la pensión, ni de 15 salarios mínimos legales
mensuales.
Una vez determinada la pensión de referencia, los bonos pensionales se expedirán por
un valor equivalente al que el afiliado hubiera debido acumular en una cuenta de ahorro,
durante el período que haya efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, o
haya sido servidor publico o haya estado empleado en una empresa que deba asumir el
pago de pensiones, hasta el momento de ingreso al sistema de ahorro, para que a ese
ritmo de acumulación, hubiera completado el capital necesario para financiar una pensión
de vejez y para sobrevivientes, a los 62 años si son hombres y 60 años si son mujeres
por un monto igual a la pensión de referencia.
En todo caso, el valor nominal del bono no podrá ser inferior a las sumas aportadas
obligatoriamente para la futura pensión con anterioridad a la fecha en la cual se afilie al
régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
El Gobierno establecerá la metodología, procedimiento y plazos para la expedición de los
bonos pensionales.
PARAGRAFO 1. El porcentaje del 90 % a que se refiere el inciso quinto, será del 75 % en
el caso de las empresas que hayan asumido el reconocimiento de pensiones a favor de
sus trabajadores.
PARAGRAFO 2. Cuando el bono a emitir corresponda a un afiliado que no provenga
inmediatamente del Instituto de Seguros Sociales, ni de caja o fondo de previsión del
sector público, ni de empresa que tuviese a su cargo exclusivo el pago de pensiones de

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sus trabajadores, el cálculo del salario que tendría a los 62 años si son hombres y 60
años si son mujeres, parte de la última base de cotización sobre la cual haya cotizado o
del último salario que haya devengado en una de dichas entidades, actualizado a la fecha
de ingreso al Sistema, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor
del DANE.
PARAGRAFO 3. Para las personas que ingresen por primera vez a la fuerza laboral con
posterioridad al 30 de junio de 1992, el bono pensional se calculará como el valor de las
cotizaciones efectuadas más los rendimientos obtenidos hasta la fecha de traslado.
ARTICULO 118. Clases. Los bonos pensionales serán de tres clases:
a) Bonos pensionales expedidos por la Nación;
b) Bonos pensionales expedidos por las Cajas, Fondos o entidades del sector público que
no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional a que se
refiere el Capítulo III del presente Titulo, y cuya denominación genérica de bono
pensional se complementará con el nombre de la caja, fondo o entidad emisora;
c) Bonos pensionales expedidos por empresas privadas o públicas, o por cajas
pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el
reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominación genérica de bono pensional se
complementará con el nombre de entidad emisora.
ARTICULO 119. Emisor y Contribuyentes. Los bonos pensionales serán expedidos por la
última entidad pagadora de pensiones a la cual haya pertenecido el afiliado antes de
entrar al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, siempre y cuando el tiempo de
cotización o de servicios, continuo o discontinuo, haya sido igual o mayor a cinco (5)
años.
Cuando el tiempo de cotización o de servicios en la última entidad pagadora de
pensiones, sea inferior a cinco (5) años, el bono pensional será expedido por la entidad
pagadora de pensiones, en la cual el afiliado haya efectuado el mayor número de aportes
o haya cumplido el mayor tiempo de servicio
En los casos señalados en el artículo 121 de la presente Ley, la Nación expedirá los
bonos a cargo de tales entidades.
ARTICULO 120. Contribuciones a los Bonos Pensionales. Las entidades pagadoras de
pensiones a las cuales hubiere estado afiliado o empleado el beneficiario del bono

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pensional, tendrán la obligación de contribuir a la entidad emisora del bono pensional,
con la cuota parte correspondiente.
El factor de la cuota parte será igual al tiempo aportado o servido en cada entidad,
dividido por el tiempo total de cotizaciones y servicios reconocido para el cálculo del
bono.
ARTICULO 121. Bonos Pensionales y Cuotas Partes a Cargo de la Nación. La Nación
expedirá un instrumento de deuda pública nacional denominado Bono Pensional, de la
naturaleza y con las características señaladas en los artículos anteriores, a los afiliados al
Sistema General de Pensiones, cuando la responsabilidad corresponda al Instituto de
Seguros Sociales, a la Caja Nacional de Previsión Social, o a cualquiera otra caja, fondo
o entidades del sector público sustituido por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional, y asumirá el pago de las cuotas partes a cargo de estas entidades.
Los bonos a cargo de la Nación se expedirán con relación a los afiliados con anterioridad
a la fecha de vigencia de la presente Ley y sobre el valor de la deuda imputable con
anterioridad a dicha fecha.
ARTICULO 122. Fondos para Pago de Cuotas Partes y Bonos Pensionales de las Cajas,
Fondos o Entidades Públicas no Sustituidos por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional. Las cajas, fondos o entidades del sector público que no hayan sido sustituidos
por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, destinarán los recursos
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus correspondientes
bonos pensionales y de las cuotas partes que les correspondan, mediante la constitución
de patrimonios autónomos manejados por encargo fiduciario de acuerdo con las
disposiciones que expida la Superintendencia Bancaria y las garantías que exija el
Gobierno Nacional.
Estos fondos estarán sometidos a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria.
Los recursos se apropiarán con cargo prioritario a las cotizaciones previstas en la
presente Ley, y cuando sea necesario también con cargo a los recursos propios de las
entidades.
La Nación podrá subrogar las obligaciones de que trata este artículo, para asegurar el
pago de las mismas a los beneficiarios del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad,
y los afiliados a las entidades del régimen de prestación definida, cuando la entidad tenga
incapacidad temporal para asumirlas, en las condiciones que se establezcan para el
efecto.

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ARTICULO 123. Recursos y garantía para el pago de los bonos y obligaciones
pensionales a cargo de las entidades territoriales. Las entidades territoriales podrán emitir
títulos de deuda pública a fin de acceder a los recursos de los fondos de pensiones en los
términos previstos en el artículo 100 de esta Ley. Las transferencias del presupuesto
nacional se podrán pignorar a fin de garantizar las obligaciones que resulten de esta
operación. Los recursos se destinarán a la redención de los bonos pensionales y al pago
de las pensiones a su cargo.
El Gobierno Nacional reglamentará esta materia teniendo en cuenta que las entidades
territoriales deberán hacer un esfuerzo para acrecentar la participación de los recursos
propios para el pago de las pensiones a su cargo y en todo caso deberán contar con la
aprobación de la Superintendencia Bancaria.
ARTICULO 124. Fondos para Pago de Cuotas Partes y Bonos Pensionales de las
Empresas que Tienen a su Cargo Exclusivo las Pensiones de sus Empleados. Para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los correspondientes bonos pensionales y
de las cuotas partes, a cargo de las empresas que tienen a su cargo exclusivo el pago de
las pensiones y de las cajas de previsión del sector privado, se deberán otorgar las
garantías que para el efecto determine el Gobierno Nacional.
Cuando el monto de las obligaciones de que trata el inciso anterior, exceda las
proporciones de los activos que para el efecto se establezca, se deberán constituir
patrimonios autónomos manejados por encargo fiduciario, sujetos a la vigilancia y control
de la Superintendencia respectiva.
Los aportes a los fondos de que trata este artículo serán deducibles de la renta de los
contribuyentes en cuanto no se hayan deducido con anterioridad.
PARAGRAFO 1. Se exceptúan de la obligación prevista en este artículo, los recursos
destinados al pago de los beneficios de carácter pensional diferentes a los contemplados
en esta Ley, que acuerden o hayan acordado los empleadores y trabajadores del sector
privado.
PARAGRAFO 2. Se excepcionan de la obligación prevista en este artículo, aquellas
empresas que constituyan las reservas actuariales de conformidad con las normas
expedidas por la Superintendencia respectiva.
ARTICULO 125. Adquisición de Acciones de Empresas. Los bonos pensionales, de los
afiliados que hayan acumulado en sus cuentas individuales de ahorro pensional el capital
necesario para obtener una pensión de vejez superior al 110 % de la pensión mínima de
vejez vigente, podrán ser destinados para la adquisición, en condiciones preferenciales,
de acciones de empresas públicas.

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En tal caso, los administradores de los fondos representarán a los tenedores de los
bonos pensionales frente a los emisores de las acciones, previa autorización expresa del
afiliado y de acuerdo con la reglamentación que el Gobierno Nacional expida.
ARTICULO 126. Créditos Privilegiados. Los créditos causados o exigibles por concepto
de los bonos y cuotas partes de que trata este Capítulo pertenecen a la primera clase del
artículo 2495 del Código Civil y tienen el mismo privilegio que los créditos por concepto
de salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones laborales.
ARTICULO 127. Títulos de Deuda Interna. Autorizase al Gobierno Nacional para expedir
los Bonos Pensionales a cargo de la Nación y títulos de deuda pública Interna de la
Nación, hasta por el valor necesario para pagar las pensiones que queden a su cargo en
virtud de lo dispuesto en esta Ley, más las obligaciones correspondientes a dichos bonos
y a las cuotas partes con las cuales haya de contribuir a los bonos pensionales expedidos
por los demás emisores de bonos pensionales.
La emisión de los títulos que por la presente Ley se autoriza, sólo requerirá concepto
previo de la Junta Directiva del Banco de la República y decreto del Gobierno Nacional,
mediante el cual se señalen las clases, características y condiciones financieras de
emisión, colocación y administración de los títulos.
La Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá administrar
directamente los títulos de deuda pública que por la presente Ley se autorizan. Así
mismo, podrá autorizar celebrar con entidades nacionales o extranjeras contratos para la
agencia, emisión, edición, colocación, garantía, administración y servicio de los
respectivos títulos.
Tales contratos sólo requerirán para su celebración, validez y perfeccionamiento, de la
firma de las partes y su publicación en el Diario Oficial, requisito que se entiende
cumplido con la orden impartida por el Director General de Crédito Público.
CAPITULO II
DISPOSICIONES APLICABLES A LOS SERVIDORES PUBLICOS
ARTICULO 128. Selección del régimen. Los servidores públicos afiliados al Sistema
General de Pensiones podrán escoger el régimen al que deseen afiliarse, lo cual deberá
informarse al empleador por escrito.
Los servidores públicos que se acojan al régimen de prestación definida, podrán
continuar afiliados a la caja, fondo o entidad de previsión a la cual se hallen vinculados.

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Estas entidades administrarán los recursos y pagarán las pensiones conforme a las
disposiciones de dicho régimen previstas en la presente Ley.
Los servidores públicos que no estén afiliados a una caja, fondo o entidad de previsión o
seguridad social, aquellos que se hallen afiliados a alguna de estas entidades cuya
liquidación se ordene, y los que ingresen por primera vez a la fuerza laboral, en caso de
que seleccionen el régimen de prestación definida, se afiliarán al Instituto de Seguros
Sociales.
Los servidores públicos nacionales cualquiera sea el régimen que seleccionen, tendrán
derecho a bono pensional.
PARAGRAFO. La afiliación al régimen seleccionado implica la aceptación de las
condiciones propias de éste, para acceder a las pensiones de vejez, de invalidez y de
sobrevivientes.
CAPITULO III
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
ARTICULO 129. Prohibición General. A partir de la vigencia de la presente Ley, se
prohíbe la creación de nuevas cajas, fondos o entidades de previsión o de seguridad
social del sector público, de cualquier orden nacional o territorial, diferentes a aquellas
que de conformidad con lo previsto en la presente Ley. se constituyan como entidades
promotoras o prestadoras de servicios de salud.
ARTICULO 130. Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional. Crease el Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional, como una cuenta de la Nación adscrita al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos se administrarán mediante
encargo fiduciario.
El Fondo sustituirá a la Caja Nacional de Previsión Social en lo relacionado con el pago
de las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, y
a las demás cajas de previsión o fondos insolventes del sector público del orden nacional,
que el Gobierno determine y para los mismos efectos. El Gobierno Nacional establecerá
los mecanismos requeridos para el pago de las pensiones reconocidas o causadas con
anterioridad a la presente Ley.
A partir de 1995, todas las obligaciones por concepto de pensiones de vejez, de invalidez
y de sobrevivientes, reconocidas por la Caja Nacional de Previsión, serán pagadas por el
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.

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El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, creado por la Ley 33 de 1985
continuará siendo responsable del reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o
jubilación, de invalidez y de sobrevivientes, y de los servicios de salud de los congresistas
y de los empleados del Congreso y del Fondo que aporten para los sistemas de
pensiones y de salud de conformidad con las normas de la presente Ley.
ARTICULO 131. Fondo para pagar el pasivo pensional de las universidades oficiales y de
las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Cada una de las
instituciones de educación superior oficiales, del nivel territorial, departamental, distrital,
municipal, constituirá un fondo para el pago del pasivo pensional contraído a la fecha en
la cual esta Ley entre en vigencia, hasta por un monto igual al valor de dicho pasivo que
no esté constituido en reservas en las cajas de previsión, o fondos autorizados,
descontando el valor actuarial de las futuras cotizaciones que las instituciones como
empleadores y los empleados deban efectuar según lo previsto en la presente Ley, en
aquella parte que corresponda a funcionarios, empleados o trabajadores vinculados hasta
la fecha de iniciación de la vigencia de la presente Ley.
Dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución.
Será financiado por la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, que
aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido al presupuesto de la
respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el
promedio de los 5 últimos presupuestos anuales, anteriores al años de iniciación de la
vigencia de la presente Ley.
Los aportes constarán en bonos de valor constante de las respectivas entidades que se
redimirán a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionales de
acuerdo con las proyecciones presupuestales y los cálculos actuariales, y de conformidad
con la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.
Dentro del años siguiente a la iniciación de la vigencia de la presente Ley, las
universidades y las instituciones de educación superior referidas en este artículo,
elaborarán o actualizarán los estudios actuariales con el visto bueno del Ministerio de
Hacienda. Este requisito es necesario para la suscripción de los bonos que representen
los aportes de la Nación. Esta suscripción deberá hacerse dentro de los 2 primeros años
de la vigencia de la presente Ley.
ARTICULO 132. Separación de riesgos. A partir de la vigencia de la presente Ley, las
cajas, fondos y entidades del sector público, en todos sus órdenes, deberán financiar y
administrar en forma independiente y en cuentas separadas, las pensiones de vejez, de
invalidez y de sobrevivientes, del régimen de protección contra los riesgos profesionales y
del régimen de amparo contra enfermedad general y maternidad. Deberán además
administrar las mismas en cuentas separadas con respecto a las cuentas y conceptos
restantes utilizadas por la administración respectiva.

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CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
ARTICULO 133. Pensión-sanción. El artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo,
subrogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, quedará así:
El trabajador no afiliado al Sistema General de Pensiones por omisión del empleador, que
sin justa causa sea despedido después de haber laborado para el mismo empleador
durante diez (10) años o más y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos,
anteriores o posteriores a la vigencia de la presente Ley, tendrá derecho a que dicho
empleador lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos
sesenta (60) años de edad si es hombre, o 55 años de edad si es mujer, o desde la fecha
en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.
Si el retiro se produce por despido sin justa causa después de 15 años de dichos
servicios, la pensión se pagara cuando el trabajador despedido cumpla cincuenta y cinco
(55) años de edad si es hombre, o 50 años de edad si es mujer, o desde la fecha del
despido, si ya los hubiere cumplido.
La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto
de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para
acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida y se
liquidará con base en el promedio devengado en los últimos diez (10) años de servicios,
actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el
DANE.
PARAGRAFO 1. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará exclusivamente a los
servidores públicos que tengan la calidad de trabajadores oficiales y a los trabajadores
del sector privado.
PARAGRAFO 2. Las pensiones de que trata el presente artículo podrán ser conmutadas
con el Instituto de Seguros Sociales.
PARAGRAFO 3. A partir del 1o. de enero del año 2014 las edades a que se refiere el
presente artículo, se reajustarán a sesenta y dos (62) años si es hombre y cincuenta y
siete (57) años si es mujer, cuando el despido se produce después de haber laborado
para el mismo empleador durante diez (10) años o más y menos de quince (15) años, y a
sesenta (60) años si es hombre y cincuenta y cinco (55) años si es mujer, cuando el
despido se produce después de quince (15) años de dichos servicios.

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ARTICULO 134. Inembargabilidad. Son inembargables:
1. Los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con
solidaridad.
2. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación
definida y sus respectivas reservas.
3. Las sumas abonadas en las cuentas individuales de ahorro pensional del régimen de
ahorro individual con solidaridad, y sus respectivos rendimientos.
4. Las sumas destinadas a pagar los seguros de invalidez y de sobrevivientes dentro del
mismo régimen de ahorro individual con solidaridad.
5. Las pensiones y demás prestaciones que reconoce esta Ley, cualquiera que sea su
cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de
cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
6. Los bonos pensionales y los recursos para el pago de los bonos y cuotas partes de
bono de que trata la presente Ley.
7. Los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional.
PARAGRAFO. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, las cotizaciones
voluntarias y sus rendimientos financieros sólo gozarán de los mismos beneficios que la
Ley concede a las cuentas de ahorro en UPAC, en términos de inembargabilidad.
ARTICULO 135. Tratamiento tributario. Los recursos de los fondos de pensiones del
régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, los recursos de los fondos de reparto del
régimen de Prima Media con Prestación Definida, los recursos de los fondos para el pago
de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales y los recursos del fondo de
solidaridad pensional, gozan de exención de toda clase de impuestos, tasas y
contribuciones de cualquier origen, del orden nacional.
Estarán exentos del impuesto sobre la renta y complementarios:

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1. El Instituto de Seguros Sociales.
2. La Caja Nacional de Previsión y las demás cajas y fondos de previsión o seguridad
social del sector público, mientras subsistan.
3. Las sumas abonadas en las cuentas individuales de ahorro pensional del régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad y sus respectivos rendimientos.
4. Las sumas destinadas al pago de los seguros de invalidez y de sobrevivientes dentro
del mismo régimen de ahorro individual con solidaridad.
5. Las pensiones estarán exentas del impuesto sobre la renta. A partir del 1o. de enero
de 1998 estarán gravadas sólo en la parte que exceda de veinticinco (25) salarios
mínimos.
Estarán exentos del impuesto a las ventas:
1. Los servicios prestados por las administradoras dentro del régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad y de prima media con prestación definida.
2. Los servicios de seguros y reaseguros que prestan las compañías de seguros, para
invalidez y sobrevivientes contemplados dentro del régimen de ahorro individual con
solidaridad.
Estarán exentos del impuesto de timbre los actos o documentos relacionados con la
administración del Sistema General de Pensiones.
PARAGRAFO 1. Los aportes obligatorios y voluntarios que se efectúen al Sistema
General de Pensiones no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente por
salarios y serán considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia
ocasional. Los aportes a cargo del empleador serán deducibles de su renta.
PARAGRAFO 2. Las disposiciones a que se refieren el presente artículo y el artículo
anterior, serán aplicables, en lo pertinente, a los fondos de pensiones de que trata el
Decreto 2513 de 1987 y a los seguros privados de pensiones.

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PARAGRAFO 3. En ningún caso los pagos efectuados por concepto de cesantía serán
sujetos de retención en la fuente por parte de la Nación.
ARTICULO 136. Tratamiento tributario de los excedentes de libre disponibilidad. El retiro
de los excedentes de libre disponibilidad, en la parte que corresponda a rentabilidad real
de las cuentas de ahorro pensional, para fines diferentes a la financiación de pensiones,
estará gravada con el impuesto sobre la renta.
ARTICULO 137. Faltantes a Cargo de la Nación. La Nación asumirá el pago de
pensiones reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales, la Caja Nacional de Previsión
y otras cajas o fondos del sector público sustituidos por el Fondo de Pensiones Públicas
del Nivel Nacional, incluido este último, en cuanto se agotasen las reservas constituidas
para el efecto y sólo por el monto de dicho faltante.
ARTICULO 138. Garantía estatal en el régimen de Prima Media con Prestación Definida.
El Estado responderá por las obligaciones del Instituto de Seguros Sociales, para con sus
afiliados al régimen de Prima Media con Prestación Definida, cuando los ingresos y las
reservas de dicha entidad se agotasen, siempre que se hubiesen cobrado las
cotizaciones en los términos de esta Ley.
ARTICULO 139. Facultades Extraordinarias. De conformidad con lo previsto en el ordinal
10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de
precisas facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses contados desde la
fecha de publicación de la presente Ley para:
1. Determinar la estructura, administración, recursos, y demás disposiciones necesarias
para el funcionamiento de la delegatura exclusiva para la vigilancia de administradoras de
fondos de pensiones y/o cesantía y demás entidades de previsión social de la
Superintendencia Bancaria y armonizarla con el resto de su estructura.
Estas facultades incluyen la de modificar la denominación de la Superintendencia. El
superintendente delegado para estas funciones, deberá reunir las mismas condiciones y
requisitos que las exigidas para el Superintendente Bancario.
2. Determinar, atendiendo a criterios técnico-científicos y de salud ocupacional, las
actividades de alto riesgo para la salud del trabajador, que requieran modificación en el
número de semanas de cotización y el monto de la pensión. Las demás condiciones y
requisitos para acceder a la pensión, se regirán por las disposiciones previstas en esta
Ley, sin desconocer derechos adquiridos y en todo caso serán menos exigentes.
Quedando igualmente facultado para armonizar y ajustar las normas que sobre
pensiones rigen para los aviadores civiles y los periodistas con tarjeta profesional.

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Esta facultad incluye la de establecer los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador y el trabajador, según cada actividad.
3. Establecer un régimen de fondos departamentales y municipales de pensiones
públicas, que sustituya el pago de las pensiones a cargo de las cajas o fondos
pensionales públicos y empresas productoras de metales preciosos insolventes, en los
respectivos niveles territoriales. Se podrá retener de las transferencias, de la respectiva
entidad territorial, para garantizar el pago de tales pensiones, sólo mediante acuerdo con
su representante legal.
4. Establecer la manera como las Cajas, Fondos o entidades del sector privado que
subsistan, deben adaptarse a las disposiciones contenidas en la presente Ley, señalando
las funciones adicionales a la Superintendencia Bancaria, y a la de Salud, a fin de que
dichas entidades adapten sus estatutos y reglas de funcionamiento.
5. Dictar las normas necesarias para la emisión de los bonos pensionales, su redención,
la posibilidad de transarlos en el mercado secundario, y las condiciones de los bonos
cuando deban expedirse a personas que se trasladen del régimen de Prima Media al
régimen de Capitalización Individual.
6. Establecer las normas que fueren necesarias para autorizar la constitución de
sociedades sin ánimo de lucro, sujetas a la reglamentación del Gobierno Nacional y bajo
la vigilancia de la entidad que éste determine, cuyo objeto social sea asumir los riesgos
derivados de la enfermedad profesional y del accidente de trabajo.
7. Revisar las cotizaciones sobre nómina, con excepción de las del ICBF destinadas a
actividades diferentes a las consagradas en esta Ley, y de la pequeña empresa, rural o
urbana.
8. Establecer el régimen jurídico y financiero de las sociedades administradoras de
fondos de pensiones.
9. Establecer un Fondo de Actualización Pensional para los pensionados por jubilación,
invalidez, vejez y sobrevivientes, del sector público, en el sector privado y del Instituto de
Seguros Sociales, cuyas pensiones se hubiesen reconocido antes del 1o. de enero de
1989, de tal manera que permita atender los siguientes compromisos:
a) El reajuste anual, contenido en el Decreto 2108 de 1992;

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b) La mesada pensional adicional de que trata el artículo 142 de la presente Ley;
c) El reaforo de rentas y la adición presupuestal de que trata el artículo 267 de esta Ley.
En ejercicio de las facultades establecidas en el presente numeral, se establecerá la
estructura, administración, recursos y demás disposiciones necesarias para el
funcionamiento del Fondo.
La actualización de las pensiones en el sector público del nivel departamental y
municipal, se hará en la medida en que los presupuestos respectivos así lo permitan, y
previa decisión de las Asambleas Departamentales y Concejos respectivos.
10. Establecer los mecanismos para que la Nación consolide y asuma total o
parcialmente la deuda de ésta y de los demás organismos y entidades del Estado por
concepto de la inversión y manejo de reservas del Instituto de Seguros Sociales, vigentes
hasta la fecha de promulgación de la presente Ley y fije los procedimientos para su pago.
11. Dictar las normas necesarias para organizar la administración del Sistema General de
Riesgos Profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los
efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como
consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo
de los empleadores.
PARAGRAFO. Para el ejercicio de las facultades a que se refiere el numeral 2o. del
presente artículo, el Gobierno deberá escuchar el concepto no vinculante de dos (2)
representantes del Congreso, dos (2) representantes de los trabajadores y dos
representantes de los empleadores.
ARTICULO 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad
con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores
públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad
de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se
consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas
que cumplen algunos sectores tales como el cuerpo de custodia y vigilancia nacional
penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.

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ARTICULO 141. Intereses de mora. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora
en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente
reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el
importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se
efectúe el pago.
ARTICULO 142. Mesada adicional para actuales pensionados. Los pensionados por
jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de sectores públicos, oficial, semioficial, en
todos sus órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como los
retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuyas
pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del primero (1o.) de enero de 1988,
tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión que le
corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se cancelará con la
mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994.
Los pensionados por vejez del orden nacional, beneficiarios de los reajustes ordenados
en el decreto 2108 de 1992, recibirán el reconocimiento y pago de los 30 días de la
mesada adicional sólo a partir de junio de 1996.
PARAGRAFO. Esta mesada adicional será pagada por quien tenga a su cargo la
cancelación de la pensión sin que exceda de quince (15) veces el salario mínimo legal
mensual.
ARTICULO 143. Reajuste pensional para los actuales pensionados. A quienes con
anterioridad al 1o. de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o
jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de dicha fecha, a un reajuste
mensual equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la
aplicación de la presente Ley.
La cotización para salud establecida en el Sistema General de Salud para los
pensionados está, en su totalidad, a cargo de éstos, quienes podrán cancelarla mediante
una cotización complementaría durante su período de vinculación laboral.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud podrá reducir el monto de la cotización
de los pensionados en proporción al menor número de beneficiarios y para pensiones
cuyo monto no exceda de tres (3 ) salarios mínimos legales
PARAGRAFO TRANSITORIO. Sólo por el año de 1993, los gastos de salud de los
actuales pensionados del ISS se atenderá con cargo al Seguro de IVM y hasta el monto
de la cuota patronal.

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ARTICULO 144. Pensiones por muerte reconocidas antes de 1990. Las pensiones de
sobrevivientes reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales, a los ascendientes, como
únicos beneficiarios de asegurados fallecidos hasta el 17 de abril de 1990, continuarán
vigentes en los mismos términos en que fueron reconocidas.
ARTICULO 145. Recursos para el pago de pensiones en las entidades territoriales. De
los recursos adicionales que, a partir de 1997, reciban los departamentos y los municipios
como transferencias por los recursos provenientes del impuesto de renta y la contribución
sobre la producción de las empresas de la industria petrolera en la zona Cusiana-
Cupiagua, destinarán por lo menos un 5 % a un fondo para pago de pensiones, sin
perjuicio que dichas entidades territoriales continúen cumpliendo sus obligaciones
contraídas en materia pensional
Los saldos que mantenga este fondo se invertirán exclusivamente en papeles de deuda
pública emitidos por la Nación o el Banco de la República.
ARTICULO 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones
municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas
con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones municipales o
departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de
empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades
territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con
anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos
años siguientes los requisitos exigidos en dichas normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que
se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente
Ley.
ARTICULO 147. Garantía de pensión mínima para desmovilizados. Los colombianos que
acogiéndose a procesos de paz se hayan desmovilizado o lo hagan en el futuro, podrán
pensionarse en las edades establecidas en la presente Ley, con garantía de pensión
mínima en el régimen de Prima Media con Prestación Definida, siempre que hayan
cotizado por lo menos 500 semanas.
ARTICULO 148. Deportistas destacados de escasos recursos. El Gobierno Nacional
mediante reglamentación previa podrá garantizar las pensiones de los deportistas de
escasos recursos, que obtengan medallas en los juegos olímpicos de verano del Comité

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Olímpico Internacional y en los campeonatos mundiales. El monto de la pensión no podrá
exceder de 3 salarios mínimos mensuales y adicionalmente deberán cumplir con los
requisitos para adquirir el mencionado derecho de acuerdo con la Ley.
ARTICULO 149. Beneficiarios del Fondo de Pensiones de las Empresas Productoras de
Metales Preciosos y EMPOS. Las pensiones de los beneficiarios del Fondo de
Pensionados de las Empresas Productoras de Metales Preciosos creado mediante la Ley
50 de 1990, y las de las Empresas de Obras Sanitarias liquidadas serán pagadas en
adelante por el Instituto de Seguros Sociales, el cual también asumirá la prestación del
servicio médico asistencial siempre y cuando el pensionado cotice para salud.
El Gobierno Nacional apropiará anualmente en el presupuesto las partidas necesarias
para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, y hará las correspondientes
transferencias al Instituto de Seguros Sociales.
ARTICULO 150. Reliquidación del monto de la pensión para funcionarios y empleados
públicos. Los funcionarios y empleados públicos que hubiesen sido notificados de la
resolución de jubilación y que no se hayan retirado del cargo, tendrán derecho a que se
les reliquide el ingreso base para calcular la pensión, incluyendo los sueldos devengados
con posterioridad a la fecha de notificación de la resolución.
PARAGRAFO. No podrá obligarse a ningún funcionario o empleado público a retirarse del
cargo por el solo hecho de haberse expedido a su favor la resolución de jubilación, si no
ha llegado a la edad de retiro forzoso.
ARTICULO 151. Vigencia del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de
Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de abril de 1994. No
obstante, el Gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los
fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la
presente Ley, a partir de la vigencia de la misma.
PARAGRAFO. El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel
departamental, municipal y distrital, entrara a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en
la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.
LIBRO II
EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
TITULO I

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DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
OBJETO, FUNDAMENTOS Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
ARTICULO 152. Objeto. La presente Ley establece el Sistema General de Seguridad
Social en Salud, desarrolla los fundamentos que lo rigen, determina su dirección,
organización y funcionamiento, sus normas administrativas, financieras y de control y las
obligaciones que se derivan de su aplicación.
Los objetivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud son regular el servicio
público esencial de salud y crear condiciones de acceso en toda la población al servicio
en todos los niveles de atención.
Las competencias para prestación pública de los servicios de salud y la organización de
la atención en salud en los aspectos no cobijados en la presente Ley se regirán por las
disposiciones legales vigentes, en especial por la Ley 10 de 1990 y la Ley 60 de 1993.
Las actividades y competencias de salud pública se regirán por las disposiciones vigentes
en la materia, especialmente la Ley 9a. de 1979 y la Ley 60 de 1993, excepto la
regulación de medicamentos que se regirá por lo dispuesto en la presente Ley.
ARTICULO 153. Fundamentos del Servicio Público. Además de los principios generales
consagrados en la Constitución Política, son reglas del servicio público de salud, rectoras
del Sistema General de Seguridad Social en Salud las siguientes:
1. Equidad. El Sistema General de Seguridad Social en Salud proveerá gradualmente
servicios de salud de igual calidad, a todos los habitantes en Colombia,
independientemente de su capacidad de pago. Para evitar la discriminación por
capacidad de pago o riesgo, el sistema ofrecerá financiamiento especial para aquella
población más pobre y vulnerable así como mecanismos para evitar la selección adversa.
2. Obligatoriedad. La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es
obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo
empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la
afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago.
3. Protección integral. El Sistema General de Seguridad Social en Salud brindará
atención en salud integral a la población en sus fases de educación, información y
fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en cantidad,
oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 162
respecto del Plan Obligatorio de Salud.

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4. Libre escogencia. El Sistema General de Seguridad Social en Salud permitirá la
participación de diferentes entidades que ofrezcan la administración y la prestación de los
servicios de salud, bajo las regulaciones y vigilancia del Estado y asegurará a los
usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades Promotoras de Salud y las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, cuando ello sea posible según las
condiciones de oferta de servicios. Quienes atenten contra este mandato se harán
acreedores a las sanciones previstas en el artículo 230 de esta Ley.
5. Autonomía de instituciones. Las instituciones prestadoras de servicios de salud
tendrán, a partir del tamaño y complejidad que reglamente el Gobierno, personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, salvo los casos previstos
en la presente Ley.
6.Descentralización administrativa. La organización del Sistema General de Seguridad
Social en Salud será descentralizada y de ella harán parte las direcciones seccionales,
distritales y locales de salud. Las instituciones públicas del orden nacional que participen
del sistema adoptarán una estructura organizacional, de gestión y de decisiones técnicas,
administrativas y financieras que fortalezca su operación descentralizada.
7. Participación social. El Sistema General de Seguridad Social en Salud estimulará la
participación de los usuarios en la organización y control de las instituciones del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y del sistema en su conjunto. El Gobierno Nacional
establecerá los mecanismos de vigilancia de las comunidades sobre las entidades que
conforman el sistema. Será obligatoria la participación de los representantes de las
comunidades de usuarios en las juntas directivas de las entidades de carácter público.
8. Concertación. El sistema propiciará la concertación de los diversos agentes en todos
los niveles y empleará como mecanismo formal para ello a los Consejos Nacional,
departamentales, distritales y municipales de Seguridad Social en Salud.
9. Calidad. El sistema establecerá mecanismos de control a los servicios para garantizar
a los usuarios la calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral,
continua y de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y prácticas
profesional. De acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno, las instituciones
prestadoras deberán estar acreditadas ante las entidades de vigilancia.
ARTICULO 154. Intervención del Estado. El Estado intervendrá en el servicio público de
Seguridad Social en Salud, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley,
en el marco de lo dispuesto en los artículos 48, 49, 334 y 365 a 370 de la Constitución
Política. Dicha intervención buscará principalmente el logro de los siguientes fines:

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a) Garantizar la observancia de los principios consagrados en la Constitución y en los
artículos 2 y 153 de esta Ley;
b) Asegurar el carácter obligatorio de la Seguridad Social en Salud y su naturaleza de
derecho social para todos los habitantes de Colombia;
c) Desarrollar las responsabilidades de dirección, coordinación, vigilancia y control de la
Seguridad Social en Salud y de la reglamentación de la prestación de los servicios de
salud;
d) Lograr la ampliación progresiva de la cobertura de la Seguridad Social en Salud
permitiendo progresivamente el acceso a los servicios de educación, información y
fomento de la salud y a los de protección y recuperación de la salud a los habitantes del
país;
e) Establecer la atención básica en salud que se ofrecerá en forma gratuita y obligatoria,
en los términos que señale la Ley;
f) Organizar los servicios de salud en forma descentralizada, por niveles de atención y
con participación de la comunidad;
g) Evitar que los recursos destinados a la Seguridad Social en Salud se destinen a fines
diferentes;
h) Garantizar la asignación prioritaria del gasto público para el servicio público de
Seguridad Social en Salud, como parte fundamental del gasto público social.
PARAGRAFO. Todas las competencias atribuidas por la presente Ley al Presidente de la
República y al Gobierno Nacional, se entenderán asignadas en desarrollo del mandato de
intervención estatal de que trata este artículo.
ARTICULO 155. Integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El
Sistema General de Seguridad Social en Salud está integrado por:
1. Organismos de Dirección, Vigilancia y Control:

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a) Los Ministerios de Salud y Trabajo;
b) El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud;
c) La Superintendencia Nacional en Salud;
2. Los Organismos de Administración y Financiación:
a) Las Entidades Promotoras de Salud;
b) Las Direcciones Seccionales, Distritales y Locales de Salud;
c) El Fondo de Solidaridad y Garantía.
3. Las institucionales Prestadoras de servicios de Salud, públicas, mixtas o privadas.
4. Las demás entidades de salud que, al entrar en vigencia la presente Ley, estén
adscritas a los Ministerios de Salud y Trabajo.
5. Los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones y los trabajadores
independientes que cotizan al sistema contributivo y los pensionados.
6. Los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en todas sus
modalidades.
7. Los Comités de Participación Comunitaria 'COPACOS' creados por la Ley 10 de 1990
y las organizaciones comunales que participen en los subsidios de salud.
PARAGRAFO. El Instituto de Seguros Sociales, seguirá cumpliendo con las funciones
que le competan de acuerdo con la Ley.

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ARTICULO 156. Características básicas del Sistema General de Seguridad Social en
Salud. El Sistema General de Seguridad Social en Salud tendrá las siguientes
características:
a) El Gobierno Nacional dirigirá, orientará, regulará, controlará y vigilará el servicio
público esencial de salud que constituye el Sistema General de Seguridad Social en
Salud;
b) Todos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, previo el pago de la cotización reglamentaria o a través del
subsidio que se financiará con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de
los entes territoriales;
c) Todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud recibirán un plan
integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico-quirúrgica y
medicamentos esenciales, que será denominado el Plan Obligatorio de Salud;
d) El recaudo de las cotizaciones será responsabilidad del Sistema General de Seguridad
Social-Fondo de Solidaridad y Garantía, quien delegará en lo pertinente esta función en
las Entidades Promotoras de Salud;
e) Las Entidades Promotoras de Salud tendrán a cargo la afiliación de los usuarios y la
administración de la prestación de los servicios de las instituciones prestadoras. Ellas
están en la obligación de suministrar, dentro de los limites establecidos en el numeral 5
del artículo 180, a cualquier persona que desee afiliarse y pague la cotización o tenga el
subsidio correspondiente, el Plan Obligatorio de Salud, en los términos que reglamente el
Gobierno;
f) Por cada persona afiliada y beneficiaria, la entidad promotora de salud recibirá una
Unidad de Pago por Capitación, UPC, que será establecida periódicamente por el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud;
g) Los afiliados al sistema elegirán libremente la Entidad Promotora de Salud, dentro de
las condiciones de la presente Ley. Así mismo, escogerán las instituciones prestadoras
de servicios y/o los profesionales adscritos o con vinculación laboral a la Entidad
Promotora de Salud, dentro de las opciones por ella ofrecidas.
h) Los afiliados podrán conformar alianzas o asociaciones de usuarios que los
representarán ante las entidades promotoras de salud y las instituciones prestadoras de
servicios de salud;

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i) Las instituciones prestadoras de salud son entidades oficiales, mixtas, privadas,
comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud a los
afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud dentro de las entidades
promotoras de salud o fuera de ellas. El Estado podrá establecer mecanismos para el
fomento de estas organizaciones y abrir líneas de crédito para la organización de grupos
de práctica profesional y para las instituciones prestadoras de servicios de tipo
comunitario y solidario;
j) Con el objeto de asegurar el ingreso de toda la población al sistema en condiciones
equitativas, existirá un régimen subsidiado para los más pobres y vulnerables que se
financiará con aportes fiscales de la Nación, de los departamentos, los distritos y los
municipios, el Fondo de Solidaridad y Garantía y recursos de los afiliados en la medida
de su capacidad;
k) Las entidades promotoras de salud podrán prestar servicios directos a sus afiliados por
medio de sus propias instituciones prestadoras de salud, o contratar con instituciones
prestadoras y profesionales independientes o con grupos de práctica profesional,
debidamente constituidos;
l) Existirá un Fondo de Solidaridad y Garantía que tendrá por objeto, de acuerdo con las
disposiciones de esta Ley, garantizar la compensación entre personas de distintos
ingresos y riesgos y la solidaridad del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
cubrir los riesgos catastróficos y los accidentes de tránsito y demás funciones
complementarías señaladas en esta Ley;
m) El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, a que hacen referencia los
artículos 171 y 172 de esta Ley, es el organismo de concertación entre los diferentes
integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sus decisiones serán
obligatorias, podrán ser revisadas periódicamente por el mismo Consejo y deberán ser
adoptadas por el Gobierno Nacional.
n) Las entidades territoriales, con cargo a los fondos seccionales y locales de salud
cumplirán, de conformidad con la Ley 60 de 1993 y las disposiciones de la presente Ley,
la financiación al subsidio a la demanda allí dispuesta y en los términos previstos en la
presente Ley;
o) Las entidades territoriales celebrarán convenios con las entidades promotoras de salud
para la administración de la prestación de los servicios de salud propios del régimen
subsidiado de que trata la presente Ley. Se financiarán con cargo a los recursos
destinados al sector salud en cada entidad territorial, bien se trate de recursos cedidos,
participaciones o propios, o de los recursos previstos para el Fondo de Solidaridad y
Garantía. Corresponde a los particulares aportar en proporción a su capacidad
socioeconómica en los términos y bajo las condiciones previstas en la presente Ley;

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p) La Nación y las entidades territoriales, a través de las instituciones hospitalarias
públicas o privadas en todos los niveles de atención que tengan contrato de prestación de
servicios con él para este efecto, garantizarán el acceso al servicio que ellas prestan a
quienes no estén amparados por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, hasta
cuando éste logre la cobertura universal.
CAPITULO II
DE LOS AFILIADOS AL SISTEMA
ARTICULO 157. Tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud. A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el
servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo
harán en forma temporal como participantes vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas
a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los
trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al
Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el Capitulo I del Título
III de la presente Ley.
2. Los afiliados al Sistema mediante el régimen subsidiado de que trata el artículo 211 de
la presente Ley son las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la
cotización. Serán subsidiadas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud la
población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana. Tendrán particular
importancia, dentro de este grupo, personas tales como las madres durante el embarazo,
parto y posparto y período de lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de
familia, los niños menores de un año, los menores en situación irregular, los enfermos de
Hansen, las personas mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las
comunidades indígenas, los trabajadores y profesionales independientes, artistas y
deportistas, toreros y sus Subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de
construcción, albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin
capacidad de pago.
B. Personas vinculadas al Sistema.

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Los participantes vinculados son aquellas personas que por motivos de incapacidad de
pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado tendrán derecho a los
servicios de atención de salud que prestan las instituciones públicas y aquellas privadas
que tengan contrato con el Estado.
A partir del año 2000, todo colombiano deberá estar vinculado al Sistema a través de los
regímenes contributivo o subsidiado, en donde progresivamente se unificarán los planes
de salud para que todos los habitantes del territorio nacional reciban el Plan Obligatorio
de Salud de que habla el artículo 162.
PARAGRAFO 1. El Gobierno Nacional establecerá un régimen de estímulos, términos,
controles y sanciones para garantizar la universalidad de la afiliación.
PARAGRAFO 2. La afiliación podrá ser individual o colectiva. a través de las empresas,
las agremiaciones, o por asentamientos geográficos, de acuerdo a la reglamentación que
para el efecto se expida. El carácter colectivo de la afiliación será voluntario, por lo cual el
afiliado no perderá el derecho a elegir o trasladarse libremente entre Entidades
Promotoras de Salud.
PARAGRAFO 3. Podrán establecerse alianzas o asociaciones de usuarios, las cuales
serán promovidas y reglamentadas por el Gobierno Nacional con el fin de fortalecer la
capacidad negociadora, la protección de los derechos y la participación comunitaria de
los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Estas agrupaciones de
usuarios podrán tener como referencia empresas, sociedades mutuales, ramas de
actividad social y económica, sindicatos, ordenamientos territoriales u otros tipos de
asociación, y podrán cobrar una cuota de afiliación.
PARAGRAFO 4. El Consejo Nacional de Seguridad Social definirá y reglamentará los
grupos de afiliación prioritaria al subsidio.
ARTICULO 158. Beneficios para desmovilizados. Los colombianos que, acogiéndose a
procesos de paz, se hayan desmovilizado, o lo hagan en el futuro, tendrán derecho a los
beneficios del régimen subsidiado en salud contenido en la presente Ley, mientras no se
afilien al régimen contributivo en virtud de relación de contrato de trabajo.
ARTICULO 159. Garantías de los afiliados. Se garantiza a los afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud la debida organización y prestación del servicio
público de salud, en los siguientes términos:
1. La atención de los servicios del Plan Obligatorio de Salud del artículo 162 por parte de
la entidad promotora de salud respectiva a través de las instituciones prestadoras de
servicios adscritas.

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2. La atención de urgencias en todo el territorio nacional.
3. La libre escogencia y traslado entre Entidades Promotoras de Salud, sea la modalidad
de afiliación individual o colectiva, de conformidad con los procedimientos, tiempos,
limites y efectos que determine el Gobierno Nacional dentro de las condiciones previstas
en esta Ley.
4. La escogencia de las Instituciones Prestadoras de Servicios y de los profesionales
entre las opciones que cada Entidad Promotora de Salud ofrezca dentro de su red de
servicios.
5. La participación de los afiliados, individualmente o en sus organizaciones, en todas las
instancias de asociación, representación, veeduría de las entidades rectoras, promotoras
y prestadoras y del Sistema de Seguridad Social en Salud.
ARTICULO 160. Deberes de los Afiliados y Beneficiarios. Son deberes de los afiliados y
beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud los siguientes:
1. Procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.
2. Afiliarse con su familia al Sistema General de Seguridad Social en salud.
3. Facilitar el pago, y pagar cuando le corresponda, las cotizaciones y pagos obligatorios
a que haya lugar.
4. Suministrar información veraz, clara y completa sobre su estado de salud y los
ingresos base de cotización.
5. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores a las que se
refiere la presente Ley.
6. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de las instituciones y profesionales
que le prestan atención en salud.

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7. Cuidar y hacer uso racional de los recursos, las instalaciones, la dotación, así como de
los servicios y prestaciones sociales y laborales.
8. Tratar con dignidad al personal humano que lo atiende y respetar la intimidad de los
demás pacientes.
ARTICULO 161. Deberes de los Empleadores. Como integrantes del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, los empleadores, cualquiera que sea la entidad o institución
en nombre de la cual vinculen a los trabajadores, deberán:
1.Inscribir en alguna Entidad Promotora de Salud a todas las personas que tengan alguna
vinculación laboral, sea ésta, verbal o escrita, temporal o permanente. La afiliación
colectiva en ningún caso podrá coartar la libertad de elección del trabajador sobre la
Entidad Promotora de Salud, a la cual prefiera afiliarse, de conformidad con el
reglamento.
2. En consonancia con el artículo 22 de esta Ley, contribuir al financiamiento del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, mediante acciones como las siguientes:
a) Pagar cumplidamente los aportes que le corresponden, de acuerdo con el artículo 204.
b) Descontar de los ingresos laborales las cotizaciones que corresponden a los
trabajadores a su servicio;
c) Girar oportunamente los aportes y las cotizaciones a la Entidad Promotora de Salud,
de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno.
3. Informar las novedades laborales de sus trabajadores a la entidad a la cual están
afiliados, en materias tales como el nivel de ingresos y sus cambios, las vinculaciones y
retiros de trabajadores. Así mismo, informar a los trabajadores sobre las garantías y las
obligaciones que les asisten en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
4. Garantizar un medio ambiente laboral sano, que permita prevenir los riesgos de trabajo
y enfermedad profesional, mediante la adopción de los sistemas de seguridad industrial y
la observancia de las normas de salud ocupacional y seguridad social.

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PARAGRAFO. Los empleadores que no observen lo dispuesto en el presente artículo
estarán sujetos a las mismas sanciones previstas en los artículos 22 y 23 del Libro
Primero de esta Ley. Además, los perjuicios por la negligencia en la información laboral,
incluyendo la subdeclaración de ingresos, corren a cargo del patrono. La atención de los
accidentes de trabajo, riesgos y eventualidades por enfermedad general, maternidad y
ATEP serán cubiertos en su totalidad por el patrono en caso de no haberse efectuado la
inscripción del trabajador o no gire oportunamente las cotizaciones en la entidad de
seguridad social correspondiente.
CAPITULO III
EL REGIMEN DE BENEFICIOS
ARTICULO 162. Plan de Salud Obligatorio. El Sistema General de Seguridad Social de
Salud crea las condiciones de acceso a un Plan Obligatorio de Salud para todos los
habitantes del territorio nacional antes del año 2001. Este Plan permitirá la protección
integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción
y fomento de la salud y la prevención, diagnostico, tratamiento y rehabilitación para todas
las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que se
definan.
Para los afiliados cotizantes según las normas del régimen contributivo, el contenido del
Plan Obligatorio de Salud que defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
será el contemplado por el Decreto-Ley 1650 de 1977 y sus reglamentaciones,
incluyendo la provisión de medicamentos esenciales en su presentación genérica. Para
los otros beneficiarios de la familia del cotizante el Plan Obligatorio de Salud será similar
al anterior pero en su financiación concurrirán los pagos moderadores, especialmente en
el primer nivel de atención, en los términos del artículo 188 de la presente Ley.
Para los afiliados según las normas del régimen subsidiado, el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud diseñará un programa para que sus beneficiarios alcancen e 1
Plan Obligatorio del Sistema Contributivo. en forma progresiva antes del año 2001. En su
punto de partida, el plan incluirá servicios de salud del primer nivel por un valor
equivalente al 50 % de la unidad de pago por capitación del sistema contributivo. Los
servicios del segundo y tercer nivel se incorporarán progresivamente al plan de acuerdo
con su aporte a los años de vida saludables.
PARAGRAFO 1. En el período de transición, la población del régimen subsidiado
obtendrá los servicios hospitalarios de mayor complejidad en los hospitales públicos del
subsector oficial de salud y en los de los hospitales privados con los cuales el Estado
tenga contrato de prestación de servicios.
PARAGRAFO 2. Los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud serán
actualizados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los

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cambios en la estructura demográfica de la población, el perfil epidemiológico nacional, la
tecnología apropiada disponible en el país y las condiciones financieras del sistema.
PARAGRAFO 3. La Superintendencia Nacional de Salud verificará la conformidad de la
prestación del Plan Obligatorio de Salud por cada Entidad Promotora de Salud en el
territorio nacional con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
y el Gobierno Nacional.
PARAGRAFO 4. Toda Entidad Promotora de Salud reasegurará los riesgos derivados de
la atención de enfermedades calificadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social
como de alto costo.
PARAGRAFO 5. Para la prestación de los servicios del Plan Obligatorio de Salud, todas
las Entidades Promotoras de Salud establecerán un sistema de referencia, y
contrarreferencia para que el acceso a los servicios de alta complejidad se realicen por el
primer nivel de atención, excepto en los servicios de urgencias. El Gobierno Nacional, sin
perjuicio del sistema que corresponde a las entidades territoriales, establecerá las
normas.
ARTICULO 163. La Cobertura Familiar. El Plan de Salud Obligatorio de Salud tendrá
cobertura familiar. Para estos efectos, serán beneficiarios del Sistema el (o la) cónyuge o
el compañero o la compañera permanente del afiliado cuya unión sea superior a 2 años;
los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges, que haga parte del núcleo
familiar y que dependan económicamente de éste; los hijos mayores de 18 años con
incapacidad permanente o aquellos que tengan menos de 25 años, sean estudiantes con
dedicación exclusiva y dependan económicamente del afiliado. A falta de cónyuge,
compañero o compañera permanente, e hijos con derecho, la cobertura familiar podrá
extenderse a los padres del afiliado no pensionados que dependan económicamente de
éste.
PARAGRAFO 1. El Gobierno Nacional reglamentará la inclusión de los hijos que, por su
incapacidad permanente, hagan parte de la cobertura familiar.
PARAGRAFO 2. Todo niño que nazca después de la vigencia de la presente Ley quedará
automáticamente como beneficiario de la Entidad Promotora de Salud a la cual esté
afiliada su madre. El Sistema General de Seguridad Social en Salud reconocerá a la
Entidad Promotora de Salud la Unidad de Pago por Capitación correspondiente, de
conformidad con lo previsto en el artículo 161 de la presente Ley.
ARTICULO 164. Preexistencias. En el Sistema General de Seguridad en Salud, las
Empresas Promotoras de Salud no podrán aplicar preexistencias a sus afiliados.

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El acceso a la prestación de algunos servicios de alto costo para personas que se afilien
al Sistema podrá estar sujeto a períodos mínimos de cotización que en ningún caso
podrán exceder 100 semanas de afiliación al Sistema, de las cuales al menos 26
semanas deberán haber sido pagadas en el último año. Para períodos menores de
cotización, el acceso a dichos servicios requerirá un pago por parte del usuario, que se
establecerá de acuerdo con su capacidad socioeconómica.
En el régimen subsidiado, no se podrán establecer períodos de espera para la atención
del parto y los menores de un año. En este caso, las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud que atiendan tales intervenciones repetirán contra la subcuenta de
solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, de acuerdo con el reglamento.
PARAGRAFO. Cuando se encuentre que alguna Entidad Promotora de Salud aplique
preexistencias a algún afiliado, la Superintendencia de Salud podrá aplicar multas hasta
por dos veces el valor estimado del tratamiento de la enfermedad excluida. Este recaudo
se destinará al Fondo de Solidaridad y Garantía. Cada vez que se reincida, se duplicará
el valor de la multa.
ARTICULO 165. Atención Básica. El Ministerio de Salud definirá un plan de atención
básica que complemente las acciones previstas en el Plan Obligatorio de Salud de esta
Ley y las acciones de saneamiento ambiental. Este plan estará constituido por aquellas
intervenciones que se dirigen directamente a la colectividad o aquellas que son dirigidas
a los individuos pero tienen altas externalidades, tales como la información pública, la
educación y fomento de la salud, el control de consumo de tabaco, alcohol y sustancias
psicoactivas, la complementación nutricional y planificación familiar, la desparasitación
escolar, el control de vectores y las campañas nacionales de prevención, detección
precoz y control de enfermedades transmisibles como el sida, la tuberculosis y la lepra, y
de enfermedades tropicales como la malaria.
La prestación del plan de atención básica será gratuita y obligatoria. La financiación de
este plan será garantizada por recursos fiscales del Gobierno Nacional, complementada
con recursos de los entes territoriales.
ARTICULO 166. Atención Materno Infantil. El Plan Obligatorio de Salud para las mujeres
en estado de embarazo cubrirá los servicios de salud en el control prenatal, la atención
del parto, el control del posparto y la atención de las afecciones relacionadas
directamente con la lactancia.
El Plan Obligatorio de Salud para los menores de un año cubrirá la educación,
información y fomento de la salud, el fomento de la lactancia materna, la vigilancia del
crecimiento y desarrollo, la prevención de la enfermedad, incluyendo inmunizaciones, la
atención ambulatoria, hospitalaria y de urgencias, incluidos los medicamentos esenciales;
y la rehabilitación cuando hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en la presente
Ley y sus reglamentos.

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Además del Plan Obligatorio de Salud, las mujeres en estado de embarazo y las madres
de los niños menores de un año, del régimen subsidiado, recibirán un subsidio
alimentario en la forma como lo determinen los planes y programas del instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y con cargo a éste.
PARAGRAFO 1. Para los efectos de la presente Ley, entiéndase por subsidio alimentario
la subvención en especie, consistente en alimentos o nutrientes que se entregan a la
mujer gestante y a la madre del menor de un año y que permiten una dieta adecuada.
PARAGRAFO 2. El Gobierno Nacional organizara un programa especial de información y
educación de la mujer en aspectos de salud integral y educación sexual en las zonas
menos desarrolladas del país. Se dará con prioridad al área rural y a las adolescentes.
Para el efecto se destinarán el 2 % de los recursos anuales del ICBF, el 10 % de los
recursos a que se refiere el parágrafo 1o. del artículo 10 de la Ley 60 de 1993 y el
porcentaje de la subcuenta de promoción del Fondo de Solidaridad y Garantía que defina
el Gobierno Nacional previa consideración del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud. El Gobierno Nacional reglamentara los procedimientos de ejecución del programa.
La parte del programa que se financie con los recursos del ICBF se ejecutará por este
mismo instituto.
ARTICULO 167. Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito. En los casos de
urgencias generadas en accidentes de tránsito, en acciones terroristas ocasionadas por
bombas o artefactos explosivos, en catástrofes naturales u otros eventos expresamente
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, los afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud tendrán derecho al cubrimiento de los servicios
médico-quirúrgicos, indemnización por incapacidad permanente y por muerte, gastos
funerarios y gastos de transporte al centro asistencial. El Fondo de Solidaridad y Garantía
pagara directamente a la institución que haya prestado el servicio a las tarifas que
establezca el Gobierno Nacional de acuerdo con los criterios del Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud.
PARAGRAFO 1. En los casos de accidentes de tránsito, el cubrimiento de los servicios
médico-quirúrgicas y demás prestaciones continuara a cargo de las aseguradoras
autorizadas para administrar los recursos del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito con las modificaciones de esta Ley.
PARAGRAFO 2. Los demás riesgos aquí previstos serán atendidos con cargo a la
subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía, de acuerdo con la reglamentación que
establezca el Gobierno Nacional.
PARAGRAFO 3. El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de cobro y pago
de estos servicios.

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PARAGRAFO 4. El Sistema General de Seguridad Social en Salud podrá establecer un
sistema de reaseguros para el cubrimiento de los riesgos catastróficos.
ARTICULO 168. Atención Inicial de Urgencias. La atención inicial de urgencias debe ser
prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten
servicios de salud, a todas las personas independientemente de la capacidad de pago.
Su prestación no requiere contrato ni orden previa. El costo de estos servicios será
pagado por el Fondo de Solidaridad y Garantía, en los casos previstos en el artículo
anterior, o por la entidad promotora de salud al cual este afiliado en cualquier otro evento.
PARAGRAFO. Los procedimientos de cobro y pago, así como las tarifas de estos
servicios serán definidos por el Gobierno Nacional, de acuerdo con las recomendaciones
del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
ARTICULO 169. Planes Complementarios. Las entidades Promotoras de Salud podrán
ofrecer planes complementarios al Plan de Salud Obligatorio de Salud, que serán
financiados en su totalidad por el afiliado con recursos distintos a las cotizaciones
obligatorias previstas en el artículo 204 de la presente Ley.
PARAGRAFO. El reajuste del valor de los planes estará sujeto a un régimen de libertad
vigilada por parte del Gobierno Nacional.
CAPITULO IV
DE LA DIRECCION DEL SISTEMA
ARTICULO 170. Dirección del Sistema. El Sistema General de Seguridad Social en Salud
esta bajo la orientación, regulación, supervisión, vigilancia y control del Gobierno
Nacional y del Ministerio de Salud y atenderá las políticas, planes, programas y
prioridades del Gobierno en la lucha contra las enfermedades y en el mantenimiento y
educación, información y fomento de la salud y la salud de conformidad con el plan de
desarrollo económico y social y los planes territoriales de que tratan los artículos 13 y 14
de la Ley 60 de 1993.
ARTICULO. 171. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Créase el Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud, adscrito al Ministerio de Salud, como organismo
de dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de carácter permanente,
conformado por:
1. El Ministro de Salud, quien lo presidirá.

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2. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, o su delegado.
3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.
4. Sendos representantes de las entidades departamentales y municipales de salud.
5. Dos (2) representantes de los empleadores, uno de los cuales representará la pequeña
y mediana empresa y otras formas asociativas.
6. Dos (2) representantes por los trabajadores, uno de los cuales representará a los
pensionados.
7. El representante legal del Instituto de Seguros Sociales.
8. Un (1) representante por las Entidades Promotoras de Salud, diferentes del Instituto de
Seguros Sociales.
9. Un (1) representante de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
10. Un (1) representante de los profesionales del área de la salud, de la asociación
mayoritaria.
11. Un (1) representante de las asociaciones de usuarios de servicios de salud del sector
rural.
PARAGRAFO 1. El Consejo tendrá un secretario técnico que será el Director General de
Seguridad Social del Ministerio de Salud, cargo que se creará para el efecto, o quien
haga sus veces. A través de esta secretaria se presentarán a consideración del Consejo
los estudios técnicos que se requieran para la toma de decisiones.
PARAGRAFO 2. El Gobierno reglamentará los mecanismos de selección de los
representantes no gubernamentales entre sus organizaciones mayoritarias, así como su
período.

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PARAGRAFO 3. Serán asesores permanentes del Consejo un representante de la
Academia Nacional de Medicina, uno de la Federación Médica Colombiana, uno de la
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, uno de la Asociación Colombiana de
Hospitales y otro en representación de las Facultades de Salud Pública.
PARAGRAFO 4. Los Consejos Territoriales tendrán, en lo posible, análoga composición
del Consejo Nacional, pero con la participación de las entidades o asociaciones del orden
departamental, distrital o municipal.
ARTICULO 172. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud tendrá las siguientes funciones:
1. Definir el Plan Obligatorio de Salud para los afiliados según las normas de los
regímenes contributivo y subsidiado, de acuerdo con los criterios del capítulo tercero del
primer título de este libro.
2. Definir el monto de la cotización de los afiliados del Sistema, dentro de los limites
previstos en el artículo 204 de esta Ley.
3. Definir el valor de la Unidad de Pago por Capitación según lo dispuesto en el artículo
182 del presente libro.
4. Definir el valor por beneficiario del régimen de subsidios en salud.
5. Definir los medicamentos esenciales y genéricos que harán parte del Plan Obligatorio
de Salud.
6. Definir los criterios generales de selección de los beneficiarios del régimen subsidiado
de salud por parte de las entidades territoriales, dando la debida prioridad a los grupos
pobres y vulnerables y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993.
7. Definir el régimen de pagos compartidos de que tratan el numeral 3 del artículo 160 y
los artículos 164 y 187 de la presente Ley.

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8. Definir el régimen que deberán aplicar las entidades promotoras de salud para el
reconocimiento y pago de las incapacidades originadas en enfermedad general y de las
licencias de maternidad a los afiliados según las normas del régimen contributivo.
9. Definir las medidas necesarias para evitar la selección adversa de usuarios por parte
de las entidades promotoras de salud y una distribución inequitativa de los costos de la
atención de los distintos tipos de riesgo.
10. Recomendar el régimen y los criterios que debe adoptar el Gobierno Nacional para
establecer las tarifas de los servicios prestados por las entidades hospitalarias en los
casos de riesgos catastróficos, accidentes de tránsito y atención inicial de urgencias.
11. Reglamentar los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud.
12. Ejercer las funciones de Consejo de Administración del Fondo de Solidaridad y
Garantía.
13. Presentar ante las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara, un informe anual
sobre la evolución del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
14. Adoptar su propio reglamento.
15. Las demás que le sean asignadas por Ley o que sean necesarias para el adecuado
funcionamiento del Consejo.
PARAGRAFO 1. Las decisiones anteriores que tengan implicaciones fiscales y sobre la
calidad del servicio público de salud requerirán el concepto favorable del Ministro de
Salud.
PARAGRAFO 2. El valor de pagos compartidos y de la Unidad de Pago por Capitación,
UPC, serán revisados por lo menos una vez por año, antes de iniciar la siguiente vigencia
fiscal. En caso de que no se haya revisado la UPC al comenzar el año, ésta se ajustara
en forma automática en una proporción igual al incremento porcentual del salario mínimo
aprobado por el Gobierno Nacional el año inmediatamente anterior.
PARAGRAFO 3. Las definiciones de que tratan los numerales 1, 4, 5, 7 y 11 del presente
artículo deberán ser adoptadas por el Gobierno Nacional.

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ARTICULO 173. De las funciones del Ministerio de Salud. Son funciones del Ministerio de
Salud además de las consagradas en las disposiciones legales vigentes, especialmente
en la Ley 10 de 1990, el Decreto-Ley 2164 de 1992 y la Ley 60 de 1993, las siguientes:
1. Formular y adoptar, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
las políticas, estrategias, programas y proyectos para el Sistema General de Seguridad
Social en Salud, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo económico, social
y ambiental que apruebe el Congreso de la República.
2. Dictar las normas científicas que regulan la calidad de los servicios y el control de los
factores de riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por todas las Entidades
Promotoras de Salud y por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones seccionales,
distritales y locales de salud.
3. Expedir las normas administrativas de obligatorio cumplimiento para las Entidades
Promotoras de Salud, por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones seccionales, distritales y
locales de salud.
4. Formular y aplicar los criterios de evaluación de la eficiencia en la gestión de las
Entidades Promotoras de Salud y por las Instituciones Prestadoras de Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones seccionales, distritales y
locales de salud.
5. Elaborar los estudios y propuestas que requiera el Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud en el ejercicio de sus funciones.
6. Ejercer la adecuada supervisión, vigilancia y control de todas las entidades
comprendidas en los literales b) a h) del artículo 181 de la presente Ley y de las
direcciones seccional, distrital y local de salud, excepto la Superintendencia Nacional de
Salud.
7. El Ministerio de Salud reglamentará la recolección, transferencia y difusión de la
información en el subsistema al que concurren obligatoriamente todos los integrantes del
Sistema de Seguridad Social de Salud independientemente de su naturaleza jurídica sin
perjuicio de las normas legales que regulan la reserva y exhibición de los libros de
comercio. La inobservancia de este reglamento será sancionada hasta con la revocatoria
de las autorizaciones de funcionamiento.

Hoja 81 de 132
PARAGRAFO. Las funciones de que trata el presente artículo sustituyen las que
corresponden al artículo 9o. de la Ley 10 de 1990, en los literales a), b), e), j).
ARTICULO 174. Sistema General de Seguridad Social en Salud a nivel territorial. El
Sistema General de Seguridad Social en Salud integra en todos los niveles territoriales,
las instituciones de dirección, las entidades de Promoción y Prestación de Servicios de
Salud así como el conjunto de acciones de salud y control de los factores de riesgo en su
respectiva jurisdicción y ámbito de competencia.
De conformidad con las disposiciones legales vigentes, y en especial la Ley 10 de 1990 y
la Ley 60 de 1993, corresponde a los departamentos, distritos y municipios, funciones de
dirección y organización de los servicios de salud para garantizar la salud pública y la
oferta de servicios de salud por instituciones públicas por contratación de servicios o por
el otorgamiento de subsidios a la demanda.
Para el ejercicio de sus competencias, las entidades territoriales se sujetarán, a partir de
la vigencia de esta Ley, al servicio público de salud aquí regulado, que precisa y
desarrolla los términos, condiciones, principios y reglas de operación de las competencias
territoriales de que trata la Ley 60 de 1993 y la Ley 10 de 1990. En desarrollo de lo
anterior, la estructura actual de los servicios de salud del subsector oficial en las
entidades territoriales se adaptará e integrará progresivamente al Sistema General de
El Sistema General de Seguridad Social en Salud que crea esta Ley amplia la órbita de
competencia de los sistemas de dirección en salud de los departamentos, distritos y
municipios para garantizar la función social del Estado en la adecuada prestación y
ampliación de coberturas de los servicios de salud, Las direcciones de salud en los entes
territoriales organizarán, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley, el sistema
de subsidios a la población más pobre y vulnerable realizando contratos para la atención
de los afiliados de salud con las entidades promotoras de salud que funcionen en su
territorio y promoviendo la creación de empresas solidarias de salud; así mismo,
apoyarán la creación de entidades públicas promotoras de salud y la transformación, de
acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, de los hospitales en instituciones prestadoras de
servicios con capacidad de ofrecer servicios a las diferentes entidades promotoras de
salud.
La oferta pública de servicios de salud organizada por niveles de complejidad y por
niveles territoriales, contribuye a la realización de los propósitos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, a su organización y a su adecuado funcionamiento.
En el Sistema General de Seguridad Social en Salud los recursos de destinación especial
para la salud que arbitre cualquiera de los niveles de Gobierno en los términos de la
presente Ley, concurren a la financiación de los subsidios para la población más pobre y
vulnerable de cada entidad territorial.

Hoja 82 de 132
PARAGRAFO. Durante el período de transición requerido para lograr la cobertura
universal de seguridad social en salud, los hospitales públicos y aquellos privados con
quienes exista contrato para ello continuarán prestando servicios a las personas pobres y
vulnerables que no estén afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
ARTICULO 175. Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud. Las entidades
territoriales de los niveles seccionales, distrital y local, podrán crear un Consejo territorial
de Seguridad Social en Salud que asesore a las direcciones de salud de la respectiva
jurisdicción en la formulación de los planes, estrategias, programas y proyectos de salud
y en la orientación de los sistemas territoriales de seguridad social en salud que
desarrollen las políticas definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
ARTICULO 176. De las funciones de la Dirección Seccional, Distrital y Municipal del
Sistema de Salud. Las direcciones seccional, distrital y municipal de salud, además de las
funciones previstas en las Leyes 10 de 1990 y 60 de 1993 tendrán las siguientes
funciones:
1. Preparar los estudios y propuestas que requiera el Consejo Territorial de Seguridad
Social de Salud en el ejercicio de sus funciones.
2. Preparar para consideración del Consejo territorial de Seguridad Social en Salud los
instrumentos y metodologías de focalización de los beneficiarios del régimen subsidiado
en el área de su jurisdicción y orientar su puesta en marcha.
3. Administrar los recursos del subsidio para la población más pobre y vulnerable en los
términos previstos en la presente Ley, con los controles previstos en el numeral 7 del
artículo 153.
4. La inspección y vigilancia de la aplicación de las normas técnicas, científicas,
administrativas y financieras que expida el Ministerio de Salud, sin perjuicio de las
funciones de inspección y vigilancia atribuidas a las demás autoridades competentes.
5. Velar por el cumplimiento de las normas sobre pasivo prestacional de los trabajadores
de la salud en su respectiva jurisdicción.
TITULO II
LA ORGANIZACION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
CAPITULO I

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DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
ARTICULO 177. Definición. Las Entidades Promotoras de Salud son las entidades
responsables de la afiliación y el registro de los afiliados y del recaudo de sus
cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. Su función básica será
organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud
Obligatorio a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la presente Ley, la
diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las
correspondientes Unidades de Pago por Capitación al Fondo de Solidaridad y Garantía,
de que trata el Título III de la presente Ley.
ARTICULO 178. Funciones de las Entidades Promotoras de Salud. Las Entidades
Promotoras de Salud tendrán las siguientes funciones:
1. Ser delegatarias del Fondo de Solidaridad y Garantía para la captación de los aportes
de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
2. Promover la afiliación de grupos de población no cubiertos actualmente por la
Seguridad Social.
3. Organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus familias
puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional. Las Empresas
Promotoras de Salud tienen la obligación de aceptar a toda persona que solicite afiliación
y cumpla con los requisitos de Ley.
4. Definir procedimientos para garantizar el libre acceso de los afiliados y sus familias, a
las Instituciones Prestadoras con las cuales haya establecido convenios o contratos en su
área de influencia o en cualquier lugar del territorio nacional, en caso de enfermedad del
afiliado y su familia.
5. Remitir al Fondo de Solidaridad y Compensación la información relativa a la afiliación
del trabajador y su familia, a las novedades laborales, a los recaudos por cotizaciones y a
los desembolsos por el pago de la prestación de servicios.
6. Establecer procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de
calidad en los servicios prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud.
7. Las demás que determine el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

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ARTICULO 179. Campo de acción de las entidades promotoras de salud. Para garantizar
el Plan de Salud Obligatorio a sus afiliados, las entidades promotoras de salud prestarán
directamente o contratarán los servicios de salud con instituciones prestadoras y los
profesionales. Para racionalizar la demanda por servicios, las entidades promotoras de
salud podrán adoptar modalidades de contratación y pago tales como capitación,
protocolos o presupuestos globales fijos, de tal manera que incentiven las actividades de
promoción y prevención y el control de costos. Cada entidad promotora deberá ofrecer a
sus afiliados varias alternativas de instituciones prestadoras de salud, salvo cuando la
restricción de oferta lo impida, de conformidad con el reglamento que para el efecto
expida el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
PARAGRAFO. Las entidades promotoras de salud buscarán mecanismos de
agrupamiento de riesgo entre sus afiliados, entre empresas, agremiaciones o
asociaciones o por asentamientos geográficos de acuerdo con la reglamentación que
expida el Gobierno Nacional.
ARTICULO 180. Requisitos de las Entidades Promotoras de Salud. La Superintendencia
Nacional de Salud autorizará como Entidades Promotoras de Salud a entidades de
naturaleza pública, privada o mixta, que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Tener una razón social que la identifique y que exprese su naturaleza de ser Entidad
Promotora de Salud.
2. Tener personería jurídica reconocida por el Estado.
3. Tener como objetivos la afiliación y registro de la población al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, el recaudo de las cotizaciones y la promoción, gestión,
coordinación y control de los servicios de salud de las instituciones Prestadoras de
Servicios con las cuales atienda a los afiliados y su familia, sin perjuicio de los controles
consagrados sobre el particular en la Constitución y la Ley.
4. Disponer de una organización administrativa y financiera que permita:
a) Tener una base de datos que permita mantener información sobre las características
socioeconómicas y del estado de salud de sus afiliados y sus familias;
b) Acreditar la capacidad técnica y científica necesaria para el correcto desempeño de
sus funciones y verificar la de las instituciones y profesionales prestadores de los
servicios;

Hoja 85 de 132
e) Evaluar sistemáticamente la calidad de los servicios ofrecidos.
5. Acreditar periódicamente un número mínimo y máximo de afiliados tal que se obtengan
escalas viables de operación y se logre la afiliación de personas de todos los estratos
sociales y de los diferentes grupos de riesgo. Tales parámetros serán fijados por el
Gobierno Nacional en función de la búsqueda de la equidad y de los recursos técnicos y
financieros de que dispongan las Entidades Promotoras de Salud.
6. Acreditar periódicamente el margen de solvencia que asegure la liquidez y solvencia
de la entidad promotora de salud, que será fijado por el Gobierno Nacional.
7. Tener un capital social o fondo social mínimo que garantice la viabilidad económica y
financiera de la entidad, determinados por el Gobierno Nacional.
8. Las demás que establezcan la Ley y el reglamento, previa consideración del Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud.
PARAGRAFO. El Gobierno Nacional expedirá las normas que se requieran para el fiel
cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.
ARTICULO 181. Tipos de Entidades Promotoras de Salud. La Superintendencia Nacional
de Salud podrá autorizar como Entidades Promotoras de Salud, siempre que para ello
cumplan con los requisitos previstos en el artículo 180, a las siguientes entidades:
a. El Instituto de Seguros Sociales;
b. Las cajas, fondos, entidades o empresas de previsión y seguridad social del sector
público, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 236 de la presente Ley;
c. Las entidades que por efecto de la asociación o convenio entre las cajas de
compensación familiar o la existencia previa de un programa especial patrocinado
individualmente por ellas se constituyan para tal fin;
d. Las entidades que ofrezcan programas de medicina prepagada o de seguros de salud,
cualquiera sea su naturaleza jurídica;

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e. Las Entidades Promotoras de Salud que puedan crear los departamentos, distritos y
municipios y sus asociaciones. Para ello podrán también asociarse con entidades
hospitalarias públicas y privadas;
f. Los organismos que hayan sido organizados por empresas públicas o privadas para
prestar servicios de salud a sus trabajadores con anterioridad a la vigencia de la presente
Ley, siempre que se constituyan como personas, jurídicas independientes;
g. Las organizaciones no gubernamentales y del sector social solidario que se organicen
para tal fin, especialmente las empresas solidarias de salud y las de las comunidades
indígenas;
h. Las entidades privadas, solidarias o públicas que se creen con el propósito específico
de funcionar como Entidad Promotora de Salud.
PARAGRAFO 1. Cuando una Institución Prestadora de Servicios de Salud sea de
propiedad de una Entidad Promotora de Salud, la primera tendrá autonomía técnica,
financiera y administrativa dentro de un régimen de delegación o vinculación que
garantice un servicio más eficiente. Tal autonomía se establecerá de una manera gradual
y progresiva, en los términos en que lo establezca el reglamento.
PARAGRAFO 2. Corresponde al Ministerio de Salud y a las Direcciones Seccionales y
Locales de Salud la promoción de Entidades Promotoras de Salud donde los usuarios
tengan mayor participación y control, tales como las empresas solidarias de salud, las
cooperativas y las microempresas médicas.
PARAGRAFO 3. Las empresas que presten los servicios de salud en la forma prevista
por el literal f) podrán reemplazarlo, contratando dichos servicios con las Entidades
Promotoras de Salud adscritas al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
ARTICULO 182. De los ingresos de las Entidades Promotoras de Salud. Las cotizaciones
que recauden las Entidades Promotoras de Salud pertenecen al Sistema General de
Por la organización y garantía de la prestación de los servicios incluidos en el Plan de
Salud Obligatorio para cada afiliado, el Sistema General de Seguridad Social en Salud
reconocerá a cada Entidad Promotora de Salud un valor per cápita, que se denominará
Unidad de Pago por Capitación, UPC. Esta Unidad se establecerá en función del perfil
epidemiológico de la población relevante, de los riegos cubiertos y de los costos de
prestación del servicio en condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería y será

Hoja 87 de 132
definida por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los
estudios técnicos del Ministerio de Salud.
PARAGRAFO 1. Las Entidades Promotoras de Salud manejarán los recursos de la
seguridad social originados en las cotizaciones de los afiliados al sistema en cuentas
independientes del resto de rentas y bienes de la entidad.
ARTICULO 183. Prohibiciones para las Entidades Promotoras de Salud. Las Entidades
Promotoras de Salud no podrán, en forma unilateral, terminar la relación contractual con
sus afiliados, ni podrán negar la afiliación a quien desee ingresar al régimen, siempre y
cuando garantice el pago de la cotización o del subsidio correspondiente, salvo los casos
excepcionales por abuso o mala fe del usuario, de acuerdo con la reglamentación que
para el efecto expida el Gobierno Nacional.
PARAGRAFO 1. El Gobierno Nacional podrá reglamentar parámetros de eficiencia y fijar
el régimen de inversión y organización de las Empresas Promotoras de Salud que no
sean prestadoras de servicios. Cuando presten simultáneamente servicios, podrá
establecer limites por concepto de gastos administrativos y operativos de la actividad de
promoción.
PARAGRAFO 2. Están prohibidos todos las acuerdos o convenios, así como las practicas
y decisiones concertadas que, directa o indirectamente, tengan por objeto impedir,
restringir o falsear el juego de la libre escogencia dentro del Sistema General de
ARTICULO 184. De los incentivos para un mejor servicio. Con el fin de obtener calidad y
eficiencia en la provisión de los servicios de salud contemplados por la Ley, se aplicarán
sistemas de incentivos a la oferta de servicios dirigidos al control de costos, al aumento
de productividad y a la asignación de recursos utilizando criterios de costo-eficiencia. De
la misma manera, se aplicarán sistemas de incentivos la demanda con el fin de
racionalizar el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, ampliar el
conocimiento y manejo del sistema de parte de los beneficiarios y promover un servicio
de mayor calidad al usuario.
CAPITULO II
DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
ARTICULO 185. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Son funciones de las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud prestar los servicios en su nivel de
atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y
principios señalados en la presente Ley.

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Las Instituciones Prestadoras de Servicios deben tener como principios básicos la calidad
y la eficiencia y tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera. Además,
propenderán a la libre concurrencia en sus acciones, proveyendo información oportuna,
suficiente y veraz a los usuarios y evitando el abuso de posición dominante en el sistema.
Están prohibidos todos los acuerdos o convenios entre Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud, entre asociaciones o sociedades científicas y de profesionales o
auxiliares del sector salud, o al interior de cualquiera de los anteriores, que tengan por
objeto o efecto impedir restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del
mercado de servicios de salud, o impedir, restringir o interrumpir la prestación de los
servicios de salud.
Para que una entidad pueda constituirse como Institución Prestadora de Servicios de
Salud deberá cumplir con los requisitos contemplados en las normas expedidas por el
Ministerio de Salud.
PARAGRAFO. Toda Institución Prestadora de Servicios de Salud contará con un sistema
contable que permita registrar los costos de los servicios ofrecidos. Es condición para la
aplicación del régimen único de tarifas de que trata el artículo 241 de esta Ley, adoptar
dicho sistema contable. Esta disposición deberá acatarse a más tardar al finalizar el
primer año de la vigencia de la presente Ley. A partir de esta fecha será de obligatorio
cumplimiento para contratar servicios con las Entidades Promotoras de Salud o con las
entidades territoriales, según el caso, acreditar la existencia de dicho sistema.
ARTICULO 186. Del Sistema de Acreditación. El Gobierno Nacional propiciará la
conformación de un sistema de acreditación de las Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud, para brindar información a los usuarios sobre su calidad y promover su
mejoramiento.
ARTICULO 187. De los Pagos Moderadores. Los afiliados y beneficiarios del Sistema
General de Seguridad Social en Salud estarán sujetos a pagos compartidos, cuotas
moderadoras y deducibles. Para los afiliados cotizantes, estos pagos se aplicarán con el
exclusivo objetivo de racionalizar el uso de servicios del sistema. En el caso de los demás
beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también para complementar la
financiación del Plan Obligatorio de Salud.
En ningún caso los pagos moderadores podrán convertirse en barreras de acceso para
los más pobres. Para evitar la generación de restricciones al acceso por parte de la
población más pobre, tales pagos para los diferentes servicios serán definidos de
acuerdo con la estratificación socioeconómica y la antigüedad de afiliación en el sistema
según la reglamentación que adopte el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo

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Los recaudos por estos conceptos serán recursos de las Entidades Promotoras de Salud,
aunque el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud podrá destinar parte de ellos a
la subcuenta de Promoción de Salud del Fondo de Solidaridad y Garantía.
PARAGRAFO. Las normas sobre procedimientos de recaudo, definición del nivel
socioeconómico o de los usuarios y los servicios a los que serán aplicables, entre otros,
serán definidos por el Gobierno Nacional, previa aprobación del Consejo Nacional de
ARTICULO 188. Garantía de Atención a los Usuarios. Las Instituciones Prestadoras de
Servicios no podrán discriminar en su atención a los usuarios.
Cuando ocurran hechos de naturaleza asistencial que presuntamente afecten al afiliado
respecto de la adecuada prestación de los servicios del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, éstos podrán solicitar reclamación ante el comité técnico científico que
designará la entidad de salud a la cual esté afiliado. En caso de inconformidad, podrá
solicitar un nuevo concepto por parte de un comité similar que designará la Dirección
Seccional de Salud de la respectiva entidad territorial en donde está afiliado. El Gobierno
Nacional reglamentará la materia.
ARTICULO 189. Mantenimiento Hospitalario. Los hospitales públicos y los privados en los
cuales el valor de los contratos suscritos con la nación o las entidades territoriales
representen más del treinta por ciento (30 %) de sus ingresos totales deberán destinar
como mínimo el 5 % del total de su presupuesto a las actividades de mantenimiento de la
infraestructura y la dotación hospitalaria.
ARTICULO 190. Evaluación Tecnológica. El Ministerio de Salud establecerá normas que
regirán la importación de tecnología biomédica y definirá aquellas cuya importación será
controlada. Igualmente reglamentará el desarrollo de programas de alta tecnología, de
acuerdo con planes nacionales para la atención de las patologías.
Las normas que se establezcan incluirán, entre otras, metodologías y procedimientos de
evaluación técnica y económica así como aquellas que permitan determinar su más
eficiente localización geográfica. Las normas serán aplicables tanto en el sector público
como en el privado.
ARTICULO 191. De las Prioridad de Dotación Hospitalaria. Los municipios darán
prioridad en su asignación de recursos de inversión para la salud al fortalecimiento del
sistema de centros y puestos de salud, de forma tal que se fortalezca la dotación básica
de equipo y de personal que defina el Ministerio de Salud y amplíe, progresivamente y de
acuerdo con la demanda, sus horarios de atención al público, hasta llegar a tener
disponibilidad las 24 horas de Centros de Salud bien dotados. El servicio social
obligatorio de los profesionales del área de la salud se desempeñara prioritariamente en
la atención de los centros y puestos de salud del área rural.

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Los requerimientos de dotación que tendrán los puestos, centros de salud y los hospitales
oficiales de cualquier nivel de atención, así como la red de servicios a nivel territorial
serán establecidos por el Ministerio de Salud. El Ministerio ejercerá el control técnico
sobre la dotación de tales entidades, directamente o a través de una autoridad delegada.
ARTICULO 192. Dirección de los hospitales públicos. Los directores de los hospitales
públicos de cualquier nivel de complejidad, serán nombrados por el jefe de la respectiva
entidad territorial que haya asumido los servicios de salud conforme a lo dispuesto en la
Ley 60 de 1993 y a la reglamentación que al efecto expida el Gobierno Nacional de terna
que le presente la junta directiva, constituida según las disposiciones de la Ley 10 de
1990 por períodos mínimos de 3 años prorrogables. Sólo podrán ser removidos cuando
se demuestre, ante las autoridades competentes, la comisión de faltas graves conforme
al régimen disciplinario del sector oficial, faltas a la ética según las disposiciones vigentes
o ineficiencia administrativa definidas mediante reglamento del Gobierno Nacional.
PARAGRAFO 1. Esta norma entrará en vigencia a partir del 31 de marzo de 1995.
PARAGRAFO 2. Los directores de hospitales del sector público o de las empresas
sociales del Estado se regirán en materia salarial por un régimen especial que
reglamentará el Gobierno Nacional dentro de los 6 meses siguientes a la vigencia de la
presente Ley, teniendo en cuenta el nivel de complejidad y el presupuesto del respectivo
hospital.
ARTICULO 193. Incentivos a los trabajadores y profesionales de la salud. Con el fin de
estimular el eficiente desempeño de los trabajadores y profesionales de la salud y su
localización en las regiones con mayores necesidades, el Gobierno podrá establecer un
régimen de estímulos salariales y no salariales, los cuales en ningún caso constituirán
salario. También podrá establecer estímulos de educación continua, crédito para
instalación, equipos, vivienda y transporte. Igualmente, las entidades promotoras de salud
auspiciarán las practicas de grupo y otras formas de asociación solidaria de profesionales
de la salud. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud determinará las zonas en
las cuales se aplicara lo dispuesto en el presente artículo.
Para los empleados públicos de la salud del orden territorial el Gobierno Nacional
establecerá un régimen salarial especial y un programa gradual de nivelación de salarios
entre las diferentes entidades.
El régimen salarial especial comprenderá la estructura y denominación de las categorías
de empleo, los criterios de valoración de los empleos y los rangos salariales mínimos y
máximos correspondientes a las diferentes categorías para los niveles administrativos, o
grupos de empleados que considere el Gobierno Nacional.

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El Gobierno Nacional establecerá un proceso gradual para nivelar los límites mínimos de
cada rango salarial entre las diferentes entidades territoriales. Esta nivelación se realizará
con arreglo al régimen gradual aquí previsto y por una sola vez sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 6o. de la Ley 60 de 1993, Esta nivelación debe producirse en
las vigencias fiscales de 1995 a 1998 de acuerdo con la disponibilidad de recursos del
situado fiscal y de las demás rentas del sector en los diferentes departamentos y
municipios con quienes deberá concertarse el plan especifico de nivelación. Para la
vigencia de 1994, puede adelantarse la nivelación con arreglo a las disponibilidades
presupuestales y al reglamento.
Para la fijación del régimen salarial especial y la nivelación de que trata el presente
artículo, se considerarán los criterios establecidos en el artículo 2 de la Ley 4a. de 1992,
con excepción de las letras k y ll. Igualmente, deberá considerarse la equidad regional y
el especial estímulo que requieran los empleados públicos que presten sus servicios en
zonas marginadas y rurales de conformidad con el reglamento.
PARAGRAFO 1. Los convenios docente-asistenciales que se realizan con ocasión de
residencia o entrenamiento de profesionales de la salud en diferentes especialidades que
impliquen prestación de servicios en las instituciones de salud deberán consagrar una
beca-crédito en favor de tales estudiantes y profesionales no menor de dos salarios
mínimos mensuales. Al financiamiento de este programa concurrirán el Ministerio de
Salud y el ICETEX conforme a la reglamentación que expida el Gobierno. El crédito podrá
ser condonado cuando la residencia o entrenamiento se lleve a cargo en las áreas
prioritarias para el desarrollo de la salud pública o el Sistema General de Seguridad
Social en Salud, y/o la contraprestación de servicios en las regiones con menor
disponibilidad de recursos humanos, de acuerdo con la definición que expida el Ministerio
de Salud.
PARAGRAFO 2. Las entidades promotoras de salud y las instituciones prestadoras de
salud podrán establecer modalidades de contratación por capitación con grupos de
práctica profesional o con profesionales individuales con el fin de incentivar la eficiencia y
la calidad de las prestación de servicios de salud.
PARAGRAFO 3. El Instituto de Seguros Sociales, podrá establecer un sistema de prima
de productividad para los trabajadores, médicos y demás profesionales asalariados, de
acuerdo con el rendimiento de los individuos o de la institución como un todo, la cual en
ningún caso constituirá salario. El Consejo Directivo del Instituto reglamentará su
aplicación.
PARAGRAFO 4. Las instituciones prestadoras de salud privada podrán implementar
programas de incentivos a la eficiencia laboral para los médicos, demás profesionales
trabajadores asalariados de la salud que tengan en cuenta el rendimiento de los
individuos, de los grupos de trabajo o de las instituciones como un todo. El Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud definirá la modalidad de los estímulos a que se
refiere este parágrafo.

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CAPITULO III
REGIMEN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
ARTICULO 194. Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa por la
Nación o por las entidades territoriales, se hará a través de las Empresas Sociales del
Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o
por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en
este capítulo.
ARTICULO 195. Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al
siguiente régimen jurídico:
1. El nombre deberá mencionar siempre la expresión "Empresa Social del Estado".
2. El objeto debe ser la prestación de los servicios de salud, como servicio público a
cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad social.
3. La junta o consejo directivo estará integrada de la misma forma dispuesta en el artículo
19 de la Ley 10 de 1990.
4. El director o representante legal será designado según lo dispone el artículo 192 de la
presente Ley.
5. Las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos y
trabajadores oficiales, conforme a las reglas del Capitulo IV de la Ley 10 de 1990.
6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente
utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la
admininistración pública.
7. El régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, en la
Ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen de presupuestación
con base en el sistema de reembolso contra prestación de servicios, en los términos
previstos en la presente Ley.

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8. Por tratarse de una entidad pública podrá recibir transferencias directas de los
presupuestos de la nación o de las entidades territoriales.
9. Para efectos de tributos nacionales se someterán al régimen previsto para los
establecimientos públicos.
ARTICULO 196. Empresas Sociales de Salud de carácter nacional. Transfórmense todas
las entidades descentralizadas del orden nacional cuyo objeto sea la prestación de
servicios de salud, en empresas sociales de salud.
ARTICULO 197. Empresas sociales de salud de carácter territorial. Las entidades
territoriales deberán disponer, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de vigencia de
esta Ley, la reestructuración de las entidades descentralizadas cuyo objeto principal sea
la prestación de servicios de salud, con el fin de adecuarlas a lo dispuesto en este
capítulo.
CAPITULO IV
DE LOS USUARIOS
ARTICULO 198. Información a los Usuarios. Las Instituciones Prestadoras de Salud
deberán garantizar un adecuado sistema de información de sus servicios y atención a los
usuarios, mediante la implementación de una línea telefónica abierta con atención
permanente 24 horas.
ARTICULO 199. Información de los Usuarios. El Ministerio de Salud definirá normas de
calidad y satisfacción del usuario, pudiendo establecer medidas como tiempos máximos
de espera por servicios y métodos de registro en listas de espera, de acuerdo con las
patología y necesidades de atención del paciente
PARAGRAFO. El Ministerio de Salud solicitará la información que estime necesaria con
el objeto de establecer sistemas homogéneos de registro y análisis que permitan
periódicamente la evaluación de la calidad del servicio y la satisfacción del usuario.
ARTICULO 200. Promoción de Asociaciones de Usuarios. Para aquellas poblaciones no
afiliadas al régimen contributivo, el Gobierno promoverá la organización de las
comunidades como demandantes de servicios de salud, sobre la base de las
organizaciones comunitarias de que trata el artículo 22 de la Ley 11 de 1986 y el decreto
1416 de 1990, los cabildos indígenas y, en general, cualquier otra forma de organización
comunitaria

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TITULO III
DE LA ADMINISTRACION Y FINANCIACION DEL SISTEMA
ARTICULO 201 Conformación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En el
Sistema General de Seguridad Social en Salud coexisten articuladamente, para su
financiamiento y administración, un régimen contributivo de salud y un régimen de
subsidios en salud, con vinculaciones mediante el Fondo de Solidaridad y Garantías
CAPITULO I
DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO
ARTICULO 202. Definición. El régimen contributivo es un conjunto de normas que rigen
la vinculación de los individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual y
familiar, o un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en
concurrencia entre éste y su empleador.
ARTICULO 203. Afiliados y Beneficiarios. Serán afiliados obligatorios al régimen
contributivo los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157.
PARAGRAFO. El Gobierno podrá establecer los sistemas de control que estime
necesarios para evitar que los afiliados obligatorios al régimen contributivo y las personas
de altos ingresos se beneficien de los subsidios previstos en la presente Ley.
ARTICULO 204. Monto y distribución de las Cotizaciones. La cotización obligatoria que
se aplica a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud según las
normas del presente régimen, será máximo del 12 % del salario base de cotización el
cual no podrá ser inferior al salario mínimo. Dos terceras partes de la cotización estarán a
cargo del empleador y una tercera parte a cargo del trabajador. Un punto de la cotización
será trasladado al Fondo de Solidaridad y Garantía para contribuir a la financiación de los
beneficiarios del régimen subsidiado.
El Gobierno Nacional, previa aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud, definirá el monto de la cotización dentro del limite establecido en el inciso anterior
y su distribución entre el Plan de Salud Obligatorio y el cubrimiento de las incapacidades
y licencias de maternidad de que tratan los artículos 206 y 207 y la subcuenta de las
actividades de Promoción de Salud e investigación de que habla el artículo 222.

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PARAGRAFO 1. La base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de
trabajo o como servidores públicos, afiliados obligatorios al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, será la misma contemplada en el Sistema General de
Pensiones de esta Ley.
PARAGRAFO 2. Para efectos de cálculo de la base de cotización de los trabajadores
independientes, el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunciones de
ingreso con base en información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral, las
actividades económicas, la región de operación y el patrimonio de los individuos. Así
mismo, la periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar dependiendo
de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos.
PARAGRAFO 3. Cuando se devenguen mensualmente más de 20 salarios mínimos
legales vigentes, la base de cotización podrá ser limitada a dicho monto por el Consejo
ARTICULO 205. Administración del Régimen Contributivo. Las Entidades Promotoras de
Salud recaudarán las cotizaciones obligatorias de los afiliados, por delegación del Fondo
de Solidaridad y Garantía. De este monto descontarán el valor de las Unidades de Pago
por Capitación -UPC- fijadas para el Plan de Salud Obligatorio y trasladará la diferencia al
Fondo de Solidaridad y Garantía a más tardar el primer día hábil siguiente a la fecha
límite establecida para el pago de las cotizaciones. En caso de ser la suma de las
Unidades de Pago por Capitación mayor que los ingresos por cotización, el Fondo de
Solidaridad y Garantía deberá cancelar la diferencia del mismo día a las Entidades
Promotoras de Salud que así lo reporten.
PARAGRAFO 1. El Fondo de Solidaridad y Garantía está autorizado para suscribir
créditos puente con el sistema bancario en caso de que se presenten problemas de
liquidez al momento de hacer la compensación interna.
PARAGRAFO 2. El Fondo de Solidaridad y Garantía sólo hará el reintegro para
compensar el valor de la Unidad de Pago por Capitación de aquellos afiliados que hayan
pagado íntegra y oportunamente la cotización mensual correspondiente. La
Superintendencia Nacional de Salud velará por el cumplimiento de esta disposición.
ARTICULO 206. Incapacidades. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo
157, el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad
general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de
estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán subcontratar con compañías
aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad profesional y accidente de
trabajo serán reconocidas por las Entidades Promotoras de Salud y se financiarán con
cargo a los recursos destinados para el pago de dichas contingencias en el respectivo
régimen, de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto.

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ARTICULO 207. De las Licencias por Maternidad. Para los afiliados de que trata el literal
a) del artículo 157, el régimen contributivo reconocerá y pagará a cada una de las
Entidades Promotoras de Salud, la licencia por maternidad, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes. El cumplimiento de esta obligación será financiado por el
Fondo de Solidaridad, de su subcuenta de compensación, como una transferencia
diferente de las Unidades de Pago por Capitación, UPC.
ARTICULO 208. De la Atención de los Accidentes de Trabajo y la Enfermedad
Profesional. La prestación de los servicios de salud derivados de enfermedad profesional
y accidente de trabajo deberá ser organizada por la Entidad Promotora de Salud. Estos
servicios se financiarán con cargo a la cotización del régimen de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional, que se define en el Libro 3o. de la presente Ley.
PARAGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de cobro y pago de
estos servicios. La Superintendencia Nacional de Salud vigilará y controlará el
cumplimiento de tales normas.
ARTICULO 209. Suspensión de la Afiliación. El no pago de la cotización en el sistema
contributivo producirá la suspensión de la afiliación y el derecho a la atención del Plan de
Salud Obligatorio. Por el período de la suspensión, no se podrán causar deuda ni interés
de ninguna clase.
ARTICULO 210. Sanciones para el Empleador. Se establecerán las mismas sanciones
contempladas en los artículos 23 y 271 de la presente Ley para los empleadores que
impidan o atenten en cualquier forma contra el derecho del trabajador a escoger libre y
voluntariamente la Entidad Promotora de Salud a la cual desee afiliarse. También les son
aplicables las sanciones establecidas para quien retrase el pago de los aportes.
PARAGRAFO. Ningún empleador de sector público o privado está exento de pagar su
respectivo aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
CAPITULO II
DEL REGIMEN SUBSIDIADO
ARTICULO 211. Definición. El Régimen Subsidiado es un conjunto de normas que rigen
la vinculación de los individuos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando
tal vinculación se hace a través del pago de una cotización subsidiada, total o
parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad de que trata la presente Ley.
ARTICULO 212. Creación del Régimen. Créase el Régimen Subsidiado que tendrá como
propósito financiar la atención en salud a las personas pobres y vulnerables y sus grupos

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familiares que no tienen capacidad de cotizar. La forma y las condiciones de operación de
este régimen serán determinadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Este régimen de subsidios será complementario del sistema de salud definido por la Ley
10 de 1990.
ARTICULO 213. Beneficiarios del Régimen. Será beneficiaria del Régimen Subsidiado
toda la población pobre y vulnerable, en los términos del artículo 157 de la presente Ley.
El Gobierno Nacional, previa recomendación del Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud, definirá los criterios generales que deben ser aplicados por las entidades
territoriales para definir los beneficiarios del Sistema, según las normas del régimen
subsidiado. En todo caso, el carácter del subsidio, que podrá ser una proporción variable
de la Unidad de Pago por Capitación, se establecerá según la capacidad económica de
las personas, medida en función de sus ingresos, nivel educativo, tamaño de la familia y
la situación sanitaria y geográfica de su vivienda.
Las personas que cumplan con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud como posibles beneficiados del régimen de subsidios se
inscribirán ante la Dirección de Salud correspondiente, la cual calificara su condición de
beneficiario del subsidio, de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto.
PARAGRAFO. El Gobierno Nacional, bajo los lineamientos del Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud, establecerá un régimen de focalización de los subsidios entre
la población más pobre y vulnerable del país, en el cual se establezcan los criterios de
cofinanciación del subsidio por parte de las entidades territoriales.
El Gobierno Nacional reglamentará la proporción del subsidio de que trata el inciso
anterior para aquellos casos particulares en los cuales los artistas y deportistas merezcan
un reconocimiento especial.
ARTICULO 214. Recursos del Régimen. El Régimen Subsidiado se financiará con los
siguientes recursos:
a)Quince puntos como mínimo de las transferencias de inversión social destinadas a
salud de que trata el numeral 2 del artículo 22 de la Ley 60 de 1993.
Los 10 puntos restantes deberán invertirse de conformidad con el numeral 2 del artículo
21 de la Ley 60 de 1993, exceptuando el pago de subsidios. Adicionalmente, durante el
período 1994-1997 10 puntos de la transferencia de libre asignación de que trata el
parágrafo del artículo 22 de dicha Ley deberán destinarse a dotación, mantenimiento y
construcción de infraestructura de prestación de servicios;
b) Los recursos propios y aquellos provenientes de Ecosalud que los departamentos y
municipios destinen al régimen de subsidios en salud;

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c) Los recursos del situado fiscal y de las rentas cedidas a los departamentos que se
requieran para financiar al menos las intervenciones de segundo y tercer nivel del Plan de
Salud de los afiliados al régimen subsidiado, conforme a la gradualidad de que tratan los
artículos 161 y 240 del presente libro;
d) Los recursos para subsidios del Fondo de Solidaridad y Garantía que se describen en
el artículo 221 de la presente Ley;
e) El 15 % de los recursos adicionales que a partir de 1997 reciban los municipios,
distritos y departamentos como participaciones y transferencias por concepto del
impuesto de renta sobre la producción de las empresas de la industria petrolera causada
en la zona de Cupiagua y Cusiana.
PARAGRAFO 1. Los recursos que, conforme a este artículo, destinen las direcciones
seccionales, distritales y locales de salud al régimen de subsidios en salud, se manejarán
como una cuenta especial aparte del resto de recursos dentro del respectivo fondo
seccional, distrital y local de salud.
PARAGRAFO 2. A partir del primero. de enero de 1995, el presupuesto de inversión de
los recursos de libre asignación destinados a salud por el literal a) de este artículo deberá
ser aprobado por la autoridad departamental de salud. Si la autoridad departamental de
salud certifica que la infraestructura de prestación de servicios del respectivo municipio
esta debidamente dotada, podrá autorizar la destinación de los recursos para inversión a
las otras finalidades de que trata la Ley 60 de 1993.
ARTICULO 215. Administración del Régimen Subsidiado. Las direcciones locales,
Distritales o Departamentales de salud suscribirán contratos de administración del
subsidio con las Entidades Promotoras de Salud que afilien a los beneficiarios del
subsidio. Estos contratos se financiarán con los recursos del Fondo de Solidaridad y
Garantía y los recursos del subsector oficial de salud que se destinen para el efecto.
Las Entidades Promotoras de Salud que afilien a los beneficiarios del régimen subsidiado
prestarán, directa o indirectamente, los servicios contenidos en el Plan de Salud
Obligatorio.
PARAGRAFO. El Gobierno Nacional establecerá los requisitos que deberán cumplir las
Entidades Promotoras de Salud para administrar los subsidios.

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ARTICULO 216. Reglas Básicas para la Administración del Régimen de Subsidios en
Salud.
1. La Dirección Seccional o local de Salud contratará preferencialmente la administración
de los recursos del subsidio con Empresas Promotoras de Salud de carácter comunitario
tales como las Empresas Solidarias de Salud.
2. Cuando la contratación se haga con una entidad que no sea propiedad de los usuarios
como las Empresas Solidarias de Salud, la contratación entre las direcciones seccionales
o locales de salud con las Entidades Promotoras de Salud se realizará mediante
concurso y se regirá por el régimen privado, pudiendo contener cláusulas exorbitantes
propias del régimen de derecho público.
3. Un representante de los beneficiarios del régimen subsidiado participara como
miembro de las juntas de licitaciones y adquisiciones o del órgano que hace sus veces,
en la sesión que defina la Entidad Promotora de Salud con quien la dirección seccional o
local de salud hará el contrato. El Gobierno Nacional reglamentará la materia
especialmente lo relativo a los procedimientos de selección de los representantes de los
beneficiarios.
4. Si se declara la caducidad de algún contrato con las Entidades Promotoras de Salud
que incumplan las condiciones de calidad y cobertura, la entidad territorial asumirá la
prestación del servicio mientras se selecciona una nueva Entidad Promotora.
5. Los beneficiarios del sistema subsidiado contribuirán a la financiación parcial de la
organización y prestación de servicios de salud, según su condición socioeconómica,
conforme a la reglamentación que expida el Consejo de Seguridad Social en Salud.
6. Las Direcciones locales de Salud, entre si o con las direcciones seccionales de salud
podrán asociarse para la contratación de los servicios de una Entidad Promotora de
Salud.
7. Las Entidades Promotoras de Salud que afilien beneficiarios del régimen subsidiado
recibirán de los fondos seccionales, distritales y locales de salud, de la cuenta especial de
que trata el parágrafo del artículo 214, por cada uno de los afiliados hasta el valor de la
unidad de pago por capitación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 213 de la presente Ley. Durante el período de transición el valor de la unidad de
pago por capitación será aquel correspondiente al plan de salud obligatorio de que trata
el parágrafo 2 del artículo 162 de la presente Ley.

Hoja 100 de 132
PARAGRAFO 1. Los recursos públicos recibidos por las Entidades Promotoras de Salud
y/o las Instituciones Prestadoras de Servicios se entenderán destinados a la compra y
venta de servicios en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley 60 de 1993.
PARAGRAFO 2. El 50 % de los recursos del subsidio para ampliación de cobertura se
distribuirá cada año entre los beneficiarios del sector rural y las comunidades indígenas,
hasta lograr su cobertura total.
ARTICULO 217. De las participación de las Cajas de Compensación Familiar. Las Cajas
de Compensación Familiar destinarán el 5 % de los recaudos del subsidio familiar que
administran, para financiar el régimen de subsidios en salud, salvo aquellas cajas que
obtengan un cuociente superior al 100 % del recaudo del subsidio familiar del respectivo
año, las cuales tendrán que destinar un 10 %. La aplicación de este cuociente, para todos
sus efectos, se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 49 de 1990
y a partir del 15 de febrero de cada año.
Las Cajas de Compensación Familiar podrán administrar directamente, de acuerdo con la
reglamentación que se expida para el efecto, los recursos del régimen subsidiado de que
trata el presente artículo. La Caja que administre directamente estos recursos constituirá
una cuenta independiente del resto de sus rentas y bienes. Las Cajas de Compensación
Familiar que no cumplan los requisitos definidos en la reglamentación, deberán girar los
recursos del subsidio a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía.
PARAGRAFO. A partir de la vigencia de la presente Ley, el 55 % que las Cajas de
Compensación deben destinar al subsidio en dinero, se calculará sobre el saldo que
queda después de deducir el 10 % de gastos de administración, instalación y
funcionamiento, la transferencia respectiva del fondo de subsidio familiar de vivienda, la
reserva legal y el aporte a la Superintendencia del Subsidio Familiar y la contribución a
que hace referencia el presente artículo.
CAPITULO III
DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA
ARTICULO 218. Creación y Operación del Fondo. Créase el Fondo de Solidaridad y
Garantía, como una cuenta adscrita al Ministerio de Salud que se manejará por encargo
fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, de conformidad con lo
establecido en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública de que
trata el artículo 150 de la Constitución Política.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud determinará los criterios de utilización
y distribución de sus recursos.

Hoja 101 de 132
ARTICULO 219. Estructura del Fondo. El Fondo tendrá las siguientes subcuentas
independientes:
a) De compensación interna del régimen contributivo;
b) De solidaridad del régimen de subsidios en salud;
c) De promoción de la salud;
d) Del seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito, según el artículo 167 de
esta Ley.
ARTICULO 220. Financiación de la Subcuenta de Compensación. Los recursos que
financian la compensación en el régimen contributivo provienen de la diferencia entre los
ingresos por cotización de sus afiliados y el valor de las Unidades de Pago por
Capitación, UPC, que le serán reconocidos por el Sistema a cada Entidad Promotora de
Salud. Las entidades cuyos ingresos por cotización sean mayores que las Unidades de
Pago por Capitación reconocidas trasladarán estos recursos a la subcuenta de
compensación, para financiar a las entidades en las que aquéllos sean menores que las
últimas.
PARAGRAFO. La Superintendencia Nacional de Salud realizará el control de las sumas
declaradas y tendrá la facultad de imponer las multas que defina el respectivo
reglamento.
ARTICULO 221. Financiación de la Subcuenta de Solidaridad. Para cofinanciar con los
entes territoriales los subsidios a los usuarios afiliados según las normas del régimen
subsidiado, el Fondo de Solidaridad y Garantía contará con los siguientes recursos:
a) Un punto de la cotización de solidaridad del régimen contributivo, según lo dispuesto
en el artículo 203. Esta cotización está girada por cada Entidad Promotora de Salud
directamente a la subcuenta de solidaridad del Fondo;
b) El monto que las Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el artículo 217
de la presente Ley, destinen a los subsidios de salud;

Hoja 102 de 132
c) Un aporte del presupuesto nacional de la siguiente forma:
1. En los años 1994, 1995 y 1996 no deberá ser inferior a los recursos generados por
concepto de los literales a) y b).
2. A partir de 1997 podrá llegar a ser igual a los recursos generados por concepto del
literal a) del presente artículo;
d) Los rendimientos financieros generados por la inversión de los anteriores recursos;
e) Los rendimientos financieros de la inversión de los ingresos derivados de la
enajenación de las acciones y participaciones de la nación en las empresas públicas o
mixtas que se destinen a este fin por el CONPES;
f) Los recursos provenientes del impuesto de remesas de utilidades de empresas
petroleras correspondientes a la producción de la zona Cusiana y Cupiagua. Estos
recursos se deducirán de la base de cálculo de los ingresos corrientes a que hace
referencia la Ley 60 de 1993;
g) Los recursos del IVA social destinados a las planes de ampliación de la cobertura de
seguridad social a las madres comunitarias del ICBF de que trata la Ley 6a. de 1992.
PARAGRAFO 1. Los recursos de solidaridad se destinarán a cofinanciar los subsidios
para los colombianos más pobres y vulnerables, los cuales se transferirán, de acuerdo
con la reglamentación que para el efecto adopte el Gobierno Nacional, a la cuenta
especial que deberá establecerse en los fondos seccionales, distritales y locales para el
manejo de los subsidios en salud.
PARAGRAFO 2. Anualmente, en el Presupuesto General de la Nación, se incluirá la
partida correspondiente a los aportes que debe hacer el Gobierno Nacional al Fondo de
Solidaridad y Garantía. Para definir el monto de las apropiaciones se tomara como base
lo reportado por el Fondo de Solidaridad y Garantía en la vigencia inmediatamente
anterior al de preparación y aprobación de la Ley de presupuesto y ajustados con base
en la variación del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE. El Congreso
de la República se abstendrá de dar trámite al proyecto de presupuesto que no incluya
las partidas correspondientes. Los funcionarios que no dispongan las apropiaciones y los
giros oportunos incurrirán en causal de mala conducta que será sancionada con arreglo
al régimen disciplinario vigente.

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ARTICULO 222. Financiación de la Subcuenta de Promoción de la Salud. Para la
financiación de las actividades de educación, información y fomento de la salud y de
prevención secundaria y terciaría de la enfermedad, el Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud definirá el porcentaje del total de los recaudos por cotización de que trata
el artículo 204 que se destinará a este fin, el cual no podrá ser superior a un punto de la
cotización del régimen contributivo de que trata el artículo 204 de la presente Ley. Estos
recursos serán complementarios de las apropiaciones que haga el Ministerio de Salud
para tal efecto.
Los recursos previstos en el presente artículo se podrán destinar al pago de las
actividades que realicen las Entidades Promotoras de Salud y que el Consejo Nacional
de Seguridad Social en Salud considere son las que mayor impacto tienen en la
prevención de enfermedades.
ARTICULO 223. Financiación de la Subcuenta de Enfermedades Catastróficas y
Accidentes de Tránsito. El cubrimiento de las enfermedades catastróficas definidas en el
artículo 166 de la presente Ley se financiara de la siguiente forma:
a) Los recursos del FONSAT, creado por el decreto-Ley 1032 de 1991, de conformidad
con la presente Ley;
b) Una contribución equivalente al 50 % del valor de la prima anual establecida para el
seguro obligatorio de accidente de tránsito, que se cobrara en adición a ella;
c) Cuando se extinga el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia de
la República, los aportes presupuestales de este Fondo para las víctimas del terrorismo
se trasladarán al Fondo de Solidaridad y Garantía.
PARAGRAFO. Estos recursos serán complementarios a los recursos que para la
atención hospitalaria de las urgencias destinen las entidades territoriales.
ARTICULO 224. Impuesto social a las armas y municiones. A partir del 1º de enero de
1996 créase el impuesto social a las armas de fuego que será pagado por quienes las
porten en el territorio nacional y que será cobrado can la expedición o renovación del
respectivo permiso y por el término de éste. El recaudo de este impuesto se destinará al
Fondo de Solidaridad previsto en el artículo 221 de esta Ley. El impuesto tendrá un
monto equivalente al 10 % de un salario mínimo mensual. Igualmente, créase el impuesto
social a las municiones y explosivos que se cobrara como un impuesto ad valorem con
una tasa del 5 %. El Gobierno reglamentará los mecanismos de pago y el uso de estos
recursos: el plan de beneficios, los beneficiarios y los procedimientos necesarios para su
operación.

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PARAGRAFO. Se exceptúan de este impuesto las armas de fuego y municiones y
explosivos que posean las Fuerzas Armadas y de Policía y las entidades de seguridad
del Estado.
TITULO IV
DE LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA.
ARTICULO 225. Información Requerida. Las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera
sea su naturaleza deberán establecer sistemas de costos, facturación y publicidad. Los
sistemas de costo deberán tener como fundamento un presupuesto independiente, que
garantice una separación entre ingresos y egresos para cada uno de los servicios
prestados, utilizando para el efecto métodos sistematizados. Los sistemas de facturación
deberán permitir conocer al usuario, para que éste conserve una factura que incorpore
los servicios y los correspondientes costos, discriminando la cuantía subsidiada por el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La Superintendencia exigirá en forma periódica, de acuerdo con la reglamentación que se
expida la publicación de la información; que estime necesaria de la entidad y de ésta
frente al sistema, garantizando con ello la competencia y transparencia necesarias.
Igualmente, deberá garantizarse a los usuarios un conocimiento previo de aquellos
procedimientos e insumos que determine el Ministerio de Salud.
ARTICULO 226. Información para la vigilancia del recaudo. La afiliación al Sistema
General de Seguridad Social en Salud podrá hacerse en forma independiente a la
afiliación al régimen general de pensiones.
La Superintendencia Nacional de Salud podrá solicitar a las entidades rectoras del
régimen general de pensiones, la información que permita determinar la evasión y elusión
de los aportes por parte de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
Así mismo, podrá solicitar información a la Administración de Impuestos Nacionales y a
las entidades recaudadoras territoriales y a otras entidades que reciban contribuciones
sobre la nómina, orientada a los mismos efectos. En todo caso, esa información
observará la reserva propia de la de carácter tributario.
ARTICULO 227. Control y Evaluación de la Calidad del Servicio de Salud. Es facultad del
Gobierno Nacional expedir las normas relativas a la organización de un sistema
obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud, incluyendo la auditoría médica
de obligatorio desarrollo en las Entidades Promotoras de Salud, con el objeto de
garantizar la adecuada calidad en la prestación de los servicios. La información producida
será de conocimiento público.

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ARTICULO 228. Revisoría Fiscal. Las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera sea su
naturaleza, deberán tener un revisor fiscal designado por la asamblea general de
accionistas, o por el órgano competente. El revisor fiscal cumplirá las funciones previstas
en el libro II, titulo I, capítulo VII del Código de Comercio y se sujetará a lo allí dispuesto
sin perjuicio de lo prescrito en otras normas.
Corresponderá al Superintendente Nacional de Salud dar posesión al Revisor fiscal de
tales entidades. Cuando la designación recaiga en una asociación o firma de contadores,
la diligencia de posesión procederá con relación al contador público que sea designado
por la misma para ejercer las funciones de revisor fiscal. La posesión sola se efectuara
una vez el Superintendente se cerciore acerca del carácter, la idoneidad y la experiencia
del peticionario.
PARAGRAFO. Para la inscripción en el registro mercantil del nombramiento de los
revisores fiscales, se exigirá por parte de las Cámaras de Comercio copia de la
correspondiente acta de posesión.
ARTICULO 229. Control Fiscal. El control fiscal de las entidades de que habla esta Ley,
se hará por las respectivas Contralorías para las que tengan carácter oficial y por los
controles estatutarios para las que tengan un carácter privado.
ARTICULO 230. Régimen Sancionatorio. La Superintendencia Nacional de Salud, previa
solicitud de explicaciones, podrá imponer, en caso de violación a las normas contenidas
en los artículos 161, 168, 178, 182, 183, 188, 204, 210, 225 y 227, por una sola vez, o en
forma sucesiva, multas en cuantía hasta de 1.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes a favor de la subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía.
El certificado de autorización que se les otorgue a las Empresas Promotoras de Salud
podrá ser revocado o suspendido por la Superintendencia mediante providencia
debidamente motivada, en los siguientes casos:
1. Petición de la Entidad Promotora de Salud.
2. Cuando la entidad deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos para el
otorgamiento de la autorización.
3. Cuando la entidad no haya iniciado su actividad en un plazo de 3 meses contados a
partir de la fecha de otorgarmiento del certificado de autorización.

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4. Cuando la entidad ejecute practicas de selección adversa.
5. Cuando se compruebe que no se prestan efectivamente los servicios previstos en el
Plan de Salud Obligatorio.
PARAGRAFO 1. El Gobierno reglamentará los procedimientos de fusión, adquisición,
liquidación, cesión de activos, pasivos y contratos, toma de posesión para administrar o
liquidar y otros mecanismos aplicables a las entidades promotoras y prestadoras que
permitan garantizar la adecuada prestación del servicio de salud a que hace referencia la
presente Ley, protegiendo la confianza pública en el sistema.
PARAGRAFO 2. La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las funciones de
inspección, control y vigilancia respecto de las Entidades Promotoras de Salud,
cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
ARTICULO 231. Veedurías comunitarias. Sin perjuicio de los demás mecanismos de
control y con el fin de garantizar cobertura, eficiencia y calidad de servicios, la prestación
de los servicios mediante el régimen de subsidios en salud será objeto de control por
parte de veedurías comunitarias elegidas popularmente, de acuerdo con la
reglamentación que se expida para el efecto.
ARTICULO 232. Obligaciones de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. A
las instituciones prestadoras del servicio de salud se les aplicarán las disposiciones
contenidas en los artículos 225, 227 y 228 de que trata la presente Ley, de acuerdo con
la reglamentación que se expida para el efecto. El Ministerio de Salud definirá los casos
excepcionales en donde no se exigirá la revisoría fiscal.
ARTICULO 233. De la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia
Nacional de Salud es un organismo adscrito al Ministerio de Salud con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
Adiciónase el artículo 7º. del Decreto 2165 de 1992, que establece las funciones de la
Superintendencia Nacional de Salud, con los siguientes numerales:
1. Interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas para esta
clase de pruebas en el Código de Procedimiento Civil, a cualquier persona cuyo
testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo
de sus funciones.

Hoja 107 de 132
En desarrollo de esta facultad podrá exigir la comparecencia, haciendo uso de las
medidas coercitivas que se consagran para este efecto en el Código de Procedimiento
Civil.
2. Imponer a las instituciones respecto de las cuales tenga funciones de inspección y
vigilancia, administradores, empleados o revisor fiscal de las mismas, previa solicitud de
explicaciones, multas sucesivas hasta de 1.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de la sanción cuando desobedezcan las instrucciones u órdenes que
imparta la Superintendencia.
3. Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato prácticas ilegales o
no autorizadas y se adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento.
4. Velar porque las entidades vigiladas suministren a los usuarios la información
necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte
que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores
opciones del mercado.
5. Publicar u ordenar la publicación de los estados financieros e indicadores de las
entidades sometidas a su control, en los que se demuestre la situación de cada una de
éstas y la del sector en su conjunto.
6. Fijar las reglas generales que deben seguir los hospitales en su contabilidad, sin
perjuicio de la autonomía reconocida a éstos para escoger y utilizar métodos accesorios,
siempre que éstos no se opongan, directa o indirectamente, a las instrucciones generales
impartidas por la Superintendencia.
7. Practicar visitas de inspección a las entidades vigiladas con el fin de obtener un
conocimiento de su situación financiera, del manejo de los negocios, o de aspectos
especiales que se requieran.
8. Velar porque se realicen adecuadamente las provisiones en materia previsional y
prestacional de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las instituciones de
utilidad común que contraten con el Estado.
9. Inspeccionar y vigilar las Entidades Promotoras de Salud en los términos previstos en
la presente Ley y en las demás normas que regulan la estructura y funciones de la
Superintendencia.

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El Gobierno Nacional podrá delegar total o parcialmente la inspección y vigilancia de las
Entidades Promotoras de Salud en los jefes de las entidades territoriales.
La Superintendencia Nacional de Salud será la entidad encargada de resolver
administrativamente las diferencias que se presenten en materia de preexistencias en el
sector salud. Para el efecto la Superintendencia deberá tener en cuenta la opinión de un
comité, integrado para, cada caso por un especialista designado por la Superintendencia,
un especialista designado por la entidad y un especialista designado por el usuario. Los
especialistas serán llamados a cumplir con su función en forma gratuita y, obligatoria
frente, a la Superintendencia. El procedimiento para resolver la controversias, será fijado
por el Gobierno Nacional.
PARAGRAFO 1. Deróganse el artículo 3º., numerales 1, 2, 16, 17, 18 y artículo 38 del
Decreto 2165 de 1992.
PARAGRAFO 2. El procedimiento administrativo de la Superintendencia Nacional de
Salud será el mismo que se consagra por las disposiciones legales para la
Superintendencia Bancaria. Los actos de carácter general que expida la
Superintendencia Nacional de Salud no producirán efectos legales mientras no se
publiquen en el boletín del Ministerio de Salud, Capitulo, Superintendencia Nacional de
Salud, el cual podrá ser editado y distribuido a través de ésta.
PARAGRAFO 3. Para el cumplimiento de su función de inspección y vigilancia sobre el
Fondo de Solidaridad y Garantía y sobre las Entidades Promotoras de Salud, la
Superintendencia Nacional de Salud podrá contratar con firmas de auditoría colombianas
la realización del programa o labores especiales.
TITULO V
LA TRANSICION DEL SISTEMA
ARTICULO 234. Régimen de Transición. El Sistema General de Seguridad Social en
Salud con todas las entidades y elementos que lo conforman tendrá un plazo máximo de
un año, contado a partir de la entrada en, vigencia de la presente Ley, para iniciar su
funcionamiento, salvo los casos especiales previstos en la presente Ley.
Créase la Comisión Técnica para la Transición, la cual estará encargada de la asesoría al
Gobierno, Nacional, con la debida consulta a los diversos grupos participes del Sistema,
para la puesta en marcha del nuevo Sistema de Seguridad Social en Salud dentro del
plazo previsto en el presente artículo. Estará compuesta por 5 expertos en la materia y su
organización y funcionamiento serán reglamentados por el Gobierno Nacional. El
Gobierno Nacional hará las apropiaciones presupuestales necesarias para su
financiación.

Hoja 109 de 132
PARAGRAFO 1. Las Entidades Promotoras de Salud que se creen en desarrollo de esta
Ley tendrán desde el comienzo de su operación cobertura familiar para sus afiliados.
ARTICULO 235. Del Instituto de Seguros Sociales. No obstante lo previsto en el artículo
anterior, las obligaciones de afiliación y cotización consagradas en las Leyes vigentes
serán exigibles para empleadores y trabajadores durante el período de transición.
Quienes al momento de entrar en vigencia la presente Ley, se encuentren afiliados al
Instituto de Seguros Sociales, podrán trasladarse a otra Entidad Promotora de Salud
debidamente aprobada sólo cuando la subcuenta de compensación del Fondo de
Solidaridad y Garantía, de que habla el artículo 220 de esta Ley, se encuentre
efectivamente operando.
La extensión de la cobertura familiar para quienes continúen o decidan afiliarse al
Instituto de Seguros Sociales, se hará en forma progresiva, en un período máximo de 1
año a partir de la operación efectiva del Fondo de Solidaridad y Garantía.
PARAGRAFO. Los trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, mantendrán el
carácter de empleados de la seguridad social.
ARTICULO 236. De las Cajas, Fondos y Entidades de Seguridad Social del Sector
Público, Empresas y Entidades Públicas.
Las cajas, fondos y entidades de seguridad social del sector público, empresas y
entidades del sector público de cualquier orden, que con anterioridad a la fecha de
vigencia de la presente Ley presten servicios de salud o amparen a sus afiliados riesgos
de enfermedad general y maternidad, tendrán 2 años para transformarse en empresas
promotoras de salud, adaptarse al nuevo sistema o para efectuar su liquidación, de
acuerdo con la reglamentación que al respecto expida el Gobierno Nacional.
La transformación en Entidad Promotora de Salud será un proceso donde todos los
trabajadores reciban el Plan de Salud Obligatorio de que trata el artículo 162 y, en un
plazo de cuatro años a partir de la vigencia de esta Ley, éstos pagarán las cotizaciones
dispuestas en el artículo 204 -ajustándose como mínimo en un punto porcentual por año--
y la Entidad Promotora de Salud contribuirá al sistema plenamente con la compensación
prevista en el artículo 220. Cuando el plan de beneficios de la entidad sea más amplio
que el Plan de Salud Obligatorio, los trabajadores vinculados a la vigencia de la presente
Ley y hasta el término de la vinculación laboral correspondiente o el período de jubilación,
continuarán recibiendo dichos beneficios con el carácter de plan complementario, en los
términos del artículo 169. Las dependencias que presten servicios de salud de las cajas,
fondos, entidades previsionales o entidades públicas con otro objeto social podrán

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suprimirse o convertirse en Empresas Sociales del Estado, que se regirán por lo
estipulado en la presente Ley.
Las entidades públicas antes referidas, que a juicio del Gobierno Nacional no requieran
transformarse en Empresas Promotoras de Salud, ni liquidarse podrán continuar
prestando los servicios de salud a los servidores que se encuentren vinculados a la
respectiva entidad en la fecha de iniciación de vigencia de la presente Ley y hasta el
termino de la relación laboral o durante el período de jubilación, en la forma como lo
vienen haciendo. Estas entidades deberán no obstante, ajustar gradualmente su régimen
de beneficios y financiamiento, al tenor de lo previsto en los artículos 162, 204 y 220 de
esta Ley, en un plazo no mayor a cuatro (4) años, de tal manera que participen en la
subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía. De conformidad con lo
anterior, las entidades recaudarán mediante retención a los servidores públicos, en forma
creciente y explícita, las cotizaciones establecidas en el artículo 204 de la presente Ley,
la cual aumentará como mínimo en un punto porcentual por año.
En caso de liquidación de las cajas, fondos, entidades previsionales y empresas del
sector público, los empleadores garantizarán la afiliación de sus trabajadores a otra
Entidad Promotora de Salud y, mientras éstos logren dicha afiliación, tendrán que
garantizar la respectiva protección a sus beneficiarios.
Para las instituciones del orden nacional se aplicaran por analogía las disposiciones
laborales de que trata el Capitulo 2 del Decreto 2147 de 1992, en especial para preservar
los derechos de los trabajadores y pagar las indemnizaciones que resulten de la
supresión de los empleos. Igualmente, se harán extensivas las disposiciones
consagradas en el Decreto 2151 de 1992 para garantizar la adaptación laboral de los
empleados que, por obra de lo aquí dispuesto, se les supriman sus cargos.
Para las instituciones de otro orden distinto del nacional, la respectiva entidad territorial o
la junta directiva de los entes autónomos, expedirá la norma correspondiente, observando
los principios establecidos en el presente artículo.
PARAGRAFO 1. En todo caso, los servidores públicos que se vinculen a partir de la
vigencia de la presente Ley se afiliaran al Instituto de Seguros Sociales, o a cualquier
Entidad Promotora de Salud, según lo dispuesto en esta Ley.
PARAGRAFO 2. Las enajenaciones derivadas de los procesos de reorganización aquí
mencionados estarán exentos de los impuestos correspondientes.
PARAGRAFO 3. Las instituciones de seguridad social del orden nacional podrán ser
liquidadas cuando así lo solicite la mitad más uno de los afiliados que se expresarán de
conformidad con el mecanismo que para el efecto defina el decreto reglamentario. Lo
anterior sin perjuicio de que todas las instituciones se sometan a las disposiciones
consagradas en la presente Ley.

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ARTICULO 237. De la transición para el sector agropecuario. La obligación de los
empleadores y trabajadores del sector agropecuario de afiliarse a los organismos
encargados de prestar el Servicio de Seguridad Social en Salud regulado en esta Ley,
deberá cumplirse en el momento en que se disponga de la oferta de servicios en la
respectiva región.
ARTICULO 238. De la Financiación de los Hospitales Públicos que reciben aportes de la
Nación y/o de las Entidades Territoriales. En lo sucesivo y de acuerdo al programa de
conversión gradual que para el efecto se establezca, las direcciones seccionales,
distritales y locales de salud garantizaran la celebración de contratos de compraventa de
servicios con los hospitales para atender a la población que se les asigne o con las
Entidades Promotoras de Salud, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 10 de 1990 y en la
Ley 60 de 1993.
Para las vigencias fiscales de 1995 y 1996, las entidades territoriales, sin perjuicio de lo
que trata el numeral 7 del 115 artículo 18 de la Ley 60 de 1993 tomaran como referencia
para la programación presupuestal de las entidades públicas que prestan servicios de
salud el valor en pesos constantes a ellas asignadas en la vigencia fiscal de 1994.
Durante los primeros tres años de vigencia de la Ley, las instituciones de prestación de
servicios de salud que reciben recursos públicos a cualquier título, continuarán recibiendo
como mínimo una suma igual en términos reales a la obtenida durante el año fiscal
inmediatamente anterior a la fecha de la presente Ley. Una vez concluido este término se
acogerá el programa de conversión concertado entre el Ministerio de Salud y las
entidades territoriales de que trata el artículo 239 de la presente Ley.
ARTICULO 239. De las Entidades Territoriales. En forma gradual, las entidades
territoriales organizarán el régimen de subsidios en un plazo máximo de dos (2) años a
partir de la vigencia de esta Ley, de tal forma que una parte creciente de los ingresos de
las instituciones prestadoras provenga de la venta de servicios de los planes de salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Para este fin, las Direcciones Seccionales, Distritales y Municipales deberán presentar al
Ministerio de Salud como parte del plan de ampliación de coberturas, mejoramiento de
calidad y descentralización de que tratan los artículos 13 y 14 de la Ley 60 de 1993, las
condiciones y términos de transición para la sustitución de transferencias por la
contratación de servicios y la implementación de los subsidios a la demanda en salud.
ARTICULO 240. De las Cajas de Compensación Familiar. Las cajas de compensación
familiar que sin haberse transformado en Entidades Promotoras de Salud opten por
prestar los servicios propios de estas entidades, tendrán el mismo plazo contemplado en
el artículo 234 para adoptar los programas regulados para el Sistema General de
Seguridad Social en Salud de que trata la presente Ley.

Hoja 112 de 132
En cualquier caso las cajas de compensación familiar tendrán que garantizar la actual
protección a sus beneficiarios durante el período de transición de que trata el artículo 234
a las Entidades Promotoras de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Durante este período, las cajas de compensación familiar destinarán al régimen de
subsidios según lo dispone el artículo 217 únicamente la diferencia entre el cinco por
ciento (5 %) o el diez por ciento (10 %) según sea el caso de que trata el artículo 217 y el
costo de la atención en salud de los familiares que no estén afiliados a dicho Sistema.
Las cajas destinarán estos recursos para atender beneficiarios del régimen subsidiado
que se afilien a la misma o a la atención de los grupos prioritarios definidos en el artículo
157 literal b), según la forma y modalidades que el Gobierno Nacional reglamente, previo
el concepto del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
PARAGRAFO. Durante el período en el cual los afiliados al Instituto de Seguros Sociales,
no puedan trasladarse a otras Entidades Promotoras de Salud, la atención de las familias
de los trabajadores podrá ser cubierta por las cajas de compensación familiar o por
cualquier otra Entidad Promotora de Salud, de acuerdo con la elección que haga el
afiliado cotizante. Para ello, recibirán una parte de la cotización de que trata el artículo
204, según lo establezca el Gobierno Nacional previo el concepto del Consejo Nacional
de Seguridad Social en Salud.
ARTICULO 241. El Régimen de Tarifas. Un año después de la vigencia de la presente
Ley, se unificará el régimen de tarifas que aplicarán las Instituciones Públicas
Prestadoras de Servicios de Salud en la venta dé sus servicios o uso de su capacidad a
cualquier entidad promotora de servicios o asociación de profesionales, de acuerdo a la
reglamentación que para el efecto se expida.
TITULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTICULO 242. Fondo Prestacional del Sector Salud. El fondo del pasivo prestacional
para el sector salud, de que trata la Ley 60 de 1993, cubrirá las cesantías netas
acumuladas y el pasivo laboral por pensiones de jubilación causado a 31 de diciembre de
1993.
El costo adicional generado por concepto de la retroactividad de cesantía del sector salud
que a la vigencia de esta Ley tienen derecho a ello, conforme al artículo 33 de la Ley 60
de 1993, y para los fines previstos en ésta, será asumido por el Fondo del Pasivo
Prestacional y las entidades territoriales, en los plazos y términos de concurrencia que
establece la misma Ley.

Hoja 113 de 132
A partir de la vigencia de la presente Ley no podrá reconocerse ni pactarse para los
nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos
aplicable.
En el caso de que las instituciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 60 de 1993 y
para los efectos allí previstos, estén reconociendo por un régimen especial un sistema
pensional distinto del exigido por la entidad de previsión social a la cual se afilien o se
encuentren afiliados los trabajadores correspondientes, la pensión será garantizada por el
Fondo del Pasivo Prestacional y las entidades territoriales, hasta el momento en que el
trabajador reúna los requisitos exigidos por la entidad de previsión y los diferenciales de
pensión serán compartidos y asumidos por el Fondo, las entidades territoriales y la
mencionada entidad previsional, en la proporción que a cada cual le corresponda.
Las entidades del sector salud deberán seguir presupuestando y pagando las cesantía y
pensiones a que están obligadas hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el
fondo prestacional y se establezcan para cada caso la concurrencia a que están
obligadas las entidades territoriales en los términos previstos en la Ley 60 de 1993.
PARAGRAFO. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, entiéndese por
cesantías netas, las cesantías acumuladas menos las pagadas a 31 de diciembre de
1993.
ARTICULO 243. Amnistía a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Para la
cabal aplicación de lo dispuesto en el inciso 5º. del artículo 19 de la Ley 60 de 1993,
sobre los pagos por prestaciones sociales del personal de salud, de las entidades
previstas en el numeral 2 del artículo 33 de la misma Ley, el Instituto de Seguros
Sociales, y el Fondo Nacional de Ahorro deberán afiliar a los servidores públicos del
sector salud, una vez se haya definido el pago de la deuda acumulada por cesantía y el
pasivo pensional incluidos los intereses corrientes.
Cuando se trate de las entidades públicas previstas en el literal a) del segundo numeral
del artículo 33 de la Ley 60 de 1993, el ISS, el FNA, el ICBF, el SENA y la ESAP
condonaran las multas y otras erogaciones distintas al saneamiento del pasivo pensional
y los intereses corrientes que adeuden por su falta de afiliación o pago antes de
diciembre de 1993.
Cuando se trate de entidades incursas en causal de liquidación en los términos previstos
en los literales b) y c) del artículo mencionado, los consejos u órganos directivos del
Instituto de Seguros Sociales, el FNA, el ICBF, el SENA y la ESAP, estarán facultados
para condonar las multas y erogaciones previstas en el inciso anterior.
ARTICULO 244. Sobre el Funcionamiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito. Por el cual se introducen las siguientes modificaciones, al decreto 663 de 1993.

Hoja 114 de 132
1. Agréguese el numeral 5 al artículo 192.
Las Compañías Aseguradoras que operan el seguro obligatorio de daños corporales
causados a las personas en accidentes de tránsito, destinarán el 3.0 % de las primas que
recauden anualmente a la constitución de un fondo administrado por ellas para la
realización conjunta de campanas de prevención vial nacional, en coordinación con las
entidades estatales que adelanten programas en tal sentido.
2. El artículo 194 numeral 1, literal a) quedara así:
a) A certificación sobre la ocurrencia del accidente. El Gobierno Nacional reglamentará la
forma en que habrá de demostrarse la ocurrencia de éste. Será prueba del mismo la
certificación que expida el médico que atendió inicialmente la urgencia en el centro
hospitalario.
3. El artículo 194 numeral 2, quedará así:
En caso de muerte de la víctima como consecuencia de accidente de tránsito y para los
efectos de este estatuto serán beneficiarios de las indemnizaciones por muerte las
personas señaladas en el artículo 1.142 del Código de Comercio. En todo caso a falta de
cónyuge, en los casos que corresponda a éste la indemnización se tendrá como tal al
compañero o compañera permanente, que acredite dicha calidad, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto señale el Gobierno Nacional. La indemnización por
gastos funerarios y exequias se pagara a quien demuestre haber realizado las
correspondientes erogaciones.
4. El inciso 2 numeral 1, del artículo 195, quedará así:
El Gobierno Nacional determinará las tarifas a que deben sujetarse los establecimientos
hospitalarios y clínicos, de los subsectores oficial y privado de que trata el artículo 5o. de
la Ley 10 de 1990, en la prestación de la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y
hospitalaria a las víctimas de los accidentes de tránsito. Las tarifas que establezca el
Gobierno Nacional serán fijadas en salarios mínimos legales.
5. Agrégase el numeral 5º. al artículo 195.
Las compañías aseguradoras que incurran en conductas tendientes a dilatar
injustificadamente el pago de la indemnización de que trata el presente artículo se verán

Hoja 115 de 132
abocadas a las sanciones de carácter pecuniario que para el efecto establezca el
Gobierno Nacional sin perjuicio de las demás previstas en la Ley.
6. Agrégase el numeral 6 al artículo 195.
Cuando las compañías aseguradoras encuentren que existen serios motivos de objeción
a la reclamación que presenten las entidades clínicas hospitalarias, deberán poner en
conocimiento del reclamante tales objeciones, dentro del término previsto para el pago de
la indemnización. No obstante, deberá en todo caso la aseguradora pagar como anticipo
imputable a la indemnización, una suma equivalente al porcentaje que reglamente el
Gobierno Nacional, siempre que la reclamación se haya presentado de conformidad con
lo dispuesto en las normas que la regulan.
7. El literal b) del numeral 4º. del artículo 199, quedará así:
Agotado el límite de la cobertura de gastos médicos. quirúrgicos, farmacéuticos y
hospitalarios otorgada por las compañías aseguradoras o el Fonsat, a la atención de las
víctimas politraumatizadas de accidentes de tránsito o a la rehabilitación de las mismas
en los términos del reglamento del Gobierno Nacional, según directrices del Consejo
Nacional de Seguridad.
8. El literal c) del numeral 4º. Del artículo 199, quedará así:
c) A partir de la vigencia de la presente Ley y atendidas las erogaciones anteriores, a la
atención de las víctimas de catástrofes naturales y de actos terroristas de conformidad
con la reglamentación del Gobierno Nacional según directrices fijadas por el Consejo
Nacional de Seguridad Social. El saldo existente en la fecha se destinará según las
normas anteriores.
9. Por el cual se modifica la parte final de los incisos 1 y 4 del artículo 199, numeral 2º.
Inciso 1o. Transferencias de los recursos administrados por las entidades aseguradoras
al "Fonsat". Las entidades aseguradoras que cuenten con autorización para la operación
del ramo de seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en
accidentes de tránsito transferirán bimestralmente el 20 % del valor de las primas
emitidas por cada una de ellas, en el bimestre inmediatamente anterior, al Fondo del
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito "Fonsat". Dicha transferencia deberá
efectuarse dentro de los quince (15) primeros días hábiles del mes correspondiente.

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Inciso 4º. La determinación del resultado del período anual se efectuará dentro de los dos
(2) meses siguientes al corte correspondiente. La transferencia deberá realizarse dentro
de los quince (15) primeros días hábiles del mes correspondiente.
ARTICULO 245. El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Créase el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, como un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Salud, con
personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, cuyo objeto es
la ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de
medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y
elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los
generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto
en la salud individual y colectiva.
El Gobierno Nacional reglamentará el régimen de registros y licencias, así como el
régimen de vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos de que trata el objeto
del Invima, dentro del cual establecerá las funciones a cargo de la nación y de las
entidades territoriales, de conformidad con el régimen de competencias y recursos.
PARAGRAFO. A partir de la vigencia de la presente Ley, la facultad para la formulación
de la política de regulación de precios de los medicamentos de que goza el Ministerio de
Desarrollo Económico, de acuerdo con la Ley 81 de 1987, estará en manos de la
Comisión Nacional de Precios de los Medicamentos.
Para tal efecto, créase la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos compuesta, en
forma indelegable, por los Ministros de Desarrollo Económico y Salud y un delegado del
Presidente de la República. El Gobierno reglamentará el funcionamiento de esta
Comisión.
Corresponde al Ministerio de Desarrollo hacer el seguimiento y control de precios de los
medicamentos, según las políticas fijadas por la comisión.
Corresponde al Ministerio de Salud el desarrollo de un programa permanente de
información sobre precios y calidades de los medicamentos de venta en el territorio
nacional, de conformidad con las políticas adoptadas por la Comisión.
ARTICULO 246. Difusión y Capacitación para el Desarrollo de la Ley. El Ministerio de
Salud organizará y ejecutará un programa de difusión del nuevo Sistema General de
Seguridad Social en Salud y de capacitación a las autoridades locales, las Entidades
Promotoras e Instituciones Prestadoras, trabajadores y, en general, los usuarios que
integren el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este programa incluirá
acciones específicas para capacitar y apoyar a los profesionales de la salud en el
proceso de adecuación a las modalidades de organización, contratación, remuneración y

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prestación de servicios, que requiere el nuevo Sistema de Salud con base en la
universalización solidaria de la seguridad social.
ARTICULO 247. Del ofrecimiento de programas académicos en el Area de Salud por
parte de las instituciones de Educación Superior. Para desarrollar programas de pregrado
o postgrado en el área de salud que impliquen formación en el campo asistencial, las
instituciones de educación superior deberán contar con un Centro de Salud propio o
formalizar convenios docente-asistenciales con instituciones de salud que cumplan con
los tres niveles de atención médica, según la complejidad del programa, para poder
realizar las prácticas de formación. En tales convenios se establecerán claramente las
responsabilidades entre las partes.
Los cupos de matrícula que fijen las instituciones de educación superior en los programas
académicos de pregrado y postgrado en el Area de Salud, estarán determinados por la
capacidad que tengan las instituciones que prestan los servicios de salud.
Los convenios mencionados en el inciso primero deberán ser presentados ante el
Ministerio de Educación Nacional por intermedio del ICFES, con concepto favorable del
Consejo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud al momento de
notificar o informar la creación de los programas.
Los programas de especializaciones medicoquirúrgicas que ofrezcan las instituciones
universitarias y las universidades, tendrán un tratamiento equivalente a los programas de
maestría, conforme a lo contemplado en la Ley 30 de 1992, previa reglamentación del
Consejo de Educación Superior.
ARTICULO 248. Facultades Extraordinarias. De conformidad con lo previsto en el ordinal
10 del artículo 150 de la Constitución Política, revistase al Presidente de la República de
precisas facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados desde la
fecha de publicación de la presente Ley para:
1. Reestructurar al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio de Salud de acuerdo con los
propósitos de esta Ley.
2. El Gobierno Nacional podrá modificar la estructura y funciones de la Superintendencia
Nacional de Salud con el exclusivo propósito de efectuar las adecuaciones necesarias
para dar eficaz cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley. En el evento de que deban
producirse retiros de personal como consecuencia de la modificación de la estructura y
funciones de la Superintendencia, el Gobierno Nacional establecerá un plan de retiro
compensado para sus empleados, el cual comprenderá las indemnizaciones o
bonificaciones por el retiro y/o pensiones de jubilación.

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3. Determinar la liquidación de las cajas, fondos o entidades de seguridad o previsión
social del orden nacional que presten servicios de salud que por su situación financiera
deban ser liquidadas por comprobada insolvencia.
4. Expedir un régimen de incompatibilidades e inhabilidades y las correspondientes
sanciones para los miembros de junta directiva u organismos directivos y para los
representantes legales y empleados de las entidades prestadoras y promotoras de
servicios estatales y las instituciones de utilidad común o fundaciones que contraten con
el Estado la prestación de servicios o las que reciban aportes estatales.
5. Expedir un estatuto orgánico del sistema de salud, de numeración continua, con el
objeto de sistematizar, integrar, incorporar y armonizar en un solo cuerpo jurídico las
normas vigentes en materia de salud, así como las que contemplen las funciones y
facultades asignadas a la Superintendencia Nacional de Salud. Con tal propósito podrá
reordenar la numeración de las diferentes disposiciones, incluyendo esta Ley, sin que en
tal caso se altere su contenido. En desarrollo de esta facultad podrá eliminar las normas
repetidas o superfluas.
6. Facúltase al Gobierno Nacional para que en el término de 6 meses, contados a partir
de la fecha de la presente Ley, organice el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de
Policía y al personal regido por el decreto-Ley 1214 de 1990, en lo atinente a:
a) Organización estructural;
b) Niveles de atención médica y grados de complejidad;
c) Organización funcional;
d) Régimen que incluya normas científicas y administrativas;
e) Régimen de prestación de servicios de salud.
7. Precisar las funciones del Invima y proveer su organización básica. Facúltase al
Gobierno Nacional para efectuar los traslados presupuestales necesarios que garanticen
el adecuado funcionamiento de la entidad.
8. Reorganizar y adecuar el Instituto Nacional de Cancerología, los sanatorios de
Contratación y de Agua de Dios y la unidad administrativa especial Federico Lleras

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Acosta, que prestan servicios de salud para su transformación en empresas sociales de
salud. Para este efecto facúltase al Gobierno Nacional para efectuar los traslados
presupuestales necesarios.
LIBRO TERCERO
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES
CAPITULO I
INVALIDEZ POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL
ARTICULO 249. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional. Las pensiones de
invalidez originadas en accidente de trabajo o enfermedad profesional continuarán
rigiéndose por las disposiciones vigentes, salvo lo dispuesto en relación con el sistema de
calificación del estado de invalidez y las pensiones de invalidez integradas a que se
refieren los artículos siguientes.
ARTICULO 250. Calificación del Estado de Invalidez. La calificación del estado de
invalidez derivado de accidente de trabajo o enfermedad profesional se sujetará a lo
dispuesto en esta Ley para la calificación de la invalidez por riesgo común.
ARTICULO 251. Pensiones de Invalidez Integradas. En el régimen de ahorro individual
con solidaridad, los seguros para amparar la invalidez por riesgo común y la invalidez por
accidente de trabajo o enfermedad profesional, podrán ser contratados de manera
conjunta con una misma compañía de seguros, cuando los trabajadores y empleadores
así lo decidan. En este evento, el amparo para el riesgo de invalidez por accidente de
trabajo o enfermedad profesional, deberá ser equivalente o superior, al otorgado por el
seguro de accidente de trabajo y enfermedad profesional a cargo del Instituto de Seguros
Sociales, o del que actualmente les aplica en el caso de los trabajadores de la rama
jurisdiccional.
La compañía de seguros señalará el monto de la cotización para el seguro de accidentes
de trabajo y enfermedad profesional a cargo del empleador y dejará de ser obligatoria la
cotización al Instituto de Seguros Sociales, por dicho concepto.
ARTICULO 252. Normas Comunes. Cuando el seguro para amparar el riesgo por
accidente de trabajo o enfermedad profesional se contrate en la forma prevista en el
artículo anterior, le serán aplicables en lo pertinente las disposiciones de los seguros de
invalidez por riesgo común.
ARTICULO 253. Devolución de Saldos. Cuando un afiliado al régimen de ahorro
individual con solidaridad se invalide por accidente de trabajo o enfermedad profesional,
además de la pensión por invalidez que cubre la cotización a cargo del empleador, se le
entregará la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional y en
este caso no habrá lugar a bono pensional.

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ARTICULO 254. Prestaciones Médico-Asistenciales. Los servicios de salud derivados de
accidente de trabajo o enfermedad profesional, serán prestados por las Entidades
Promotoras de Salud de que trata la presente Ley, quienes repetirán contra las entidades
encargadas de administrar los recursos del seguro de accidente de trabajo y enfermedad
profesional a que esté afiliado el respectivo trabajador.
CAPITULO II
PENSION DE SOBREVIVIENTES ORIGINADA POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y
ENFERMEDAD PROFESIONAL
ARTICULO 255. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional. La pensión de
sobrevivientes originada en accidente de trabajo o enfermedad profesional continuará
rigiéndose por las disposiciones vigentes, salvo que se opte por el manejo integrado de
estas pensiones de conformidad con lo previsto en el artículo 157 de esta Ley.
ARTICULO 256. Devolución de Saldos por Muerte Causada por Accidente de Trabajo o
Enfermedad Profesional. En caso de muerte del afiliado al sistema de ahorro individual
con solidaridad, derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, no habrá
lugar a bono pensional y el saldo de la cuenta individual de ahorro pensional podrá
utilizarse para incrementar el valor de la pensión que se financia con la cotización del
empleador, si el afiliado así lo hubiere estipulado o los beneficiarios lo acuerdan.
En caso contrario hará parte de la masa sucesoral del causante. Si no hubiere
causahabientes dichas sumas se destinarán al financiamiento de la garantía estatal de
pensión mínima.
LIBRO CUARTO
SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
ARTICULO 257. Programa y Requisitos. Establécese un programa de auxilios para los
ancianos indigentes que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser colombiano;
b) Llegar a una edad de sesenta y cinco o más años;

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c) Residir durante los últimos diez años en el territorio nacional;
d) Carecer de rentas o de ingresos suficientes para su subsistencia, o encontrarse en
condiciones de extrema pobreza o indigencia, de acuerdo con la reglamentación que para
tal fin expida el Consejo Nacional de Política Social;
e) Residir en una institución sin ánimo de lucro para la atención de ancianos indigentes,
limitados físicos o mentales y que no dependan económicamente de persona alguna. En
estos casos el monto se podrá aumentar de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales y el nivel de cobertura. En este evento parte de la pensión se podrá pagar
a la respectiva institución.
PARAGRAFO 1. El Gobierno Nacional reglamentará el pago de los auxilios para aquellos
personas que no residan en una institución sin ánimo de lucro y que cumplan los demás
requisitos establecidos en este artículo.
PARAGRAFO 2. Cuando se trate de ancianos indígenas que residan en sus propias
comunidades, la edad que se exige es de cincuenta (50) años o más. Esta misma edad
se aplicará para dementes y minusválidos.
PARAGRAFO 3. Las entidades territoriales que establezcan este beneficio con cargo a
sus propios recursos, podrán modificar los requisitos anteriormente definidos.
ARTICULO. 258. Objeto del Programa. El programa para los ancianos tendrá por objeto
apoyar económicamente y hasta por el 50 % del salario mínimo legal mensual vigente, a
las personas que cumplan las condiciones señaladas en el artículo anterior y de
conformidad con las metas que el CONPES establezca para tal programa.
El programa se financiará con los recursos del presupuesto general de la nación que el
CONPES destine para ello anualmente y con los recursos que para tal efecto puedan
destinar los departamentos, distritos y municipios.
PARAGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos y procedimientos
para hacer efectivo el programa de que trata el presente artículo, contemplando
mecanismos para la cofinanciación por parte de los departamentos, distritos y municipios.
El programa podrá ser administrado y ejecutado de manera descentralizada. Así mismo,
el Gobierno podrá modificar los requisitos dependiendo de la evolución demográfica y la
evolución de la población beneficiaria del programa.

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ARTICULO 259. Pérdida de la Prestación Especial por Vejez. La prestación especial por
vejez se pierde:
a) Por muerte del beneficiario;
b) Por mendicidad comprobada como actividad productiva;
c) Por percibir una pensión o cualquier otro subsidio;
d) Las demás que establezca el Consejo Nacional de Política Social.
ARTICULO 260. Reconocimiento, administración y control de la prestación especial por
vejez. El reconocimiento de la prestación especial por vejez, su administración y control
serán establecidos por el Gobierno Nacional.
Para efectos de la administración de la prestación especial por vejez se podrán
contemplar mecanismos para la cofinanciación por parte de los departamentos,
municipios y distritos.
Los municipios o distritos así como las entidades reconocidas para el efecto que presten
servicios asistenciales para la tercera edad, podrán administrar la prestación de que trata
el artículo 258 de la presente Ley siempre y cuando cumplan con lo establecido en el
artículo siguiente.
ARTICULO 261. Planes Locales de Servicios Complementarios. Los municipios o distritos
deberán garantizar la infraestructura necesaria para la atención de los ancianos
indigentes y la elaboración de un plan municipal de servicios complementarios para la
tercera edad como parte integral del plan de desarrollo municipal o distrital.
ARTICULO 262, Servicios Sociales Complementarios para la Tercera Edad. El Estado a
través de sus autoridades y entidades y con la participación de la comunidad y
organizaciones no gubernamentales prestarán servicios sociales para la tercera edad
conforme a lo establecido en los siguientes literales:
a) En materia de educación, las autoridades del sector de la educación promoverán
acciones sobre el reconocimiento positivo de la vejez y el envejecimiento;

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b) En materia de cultura, recreación y turismo, las entidades de cultura, recreación,
deporte y turismo que reciban recursos del Estado deberán definir e implantar planes de
servicios y descuentos especiales para personas de la tercera edad;
c) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promoverá la inclusión dentro de los
programas regulares de bienestar social de las entidades públicas de carácter nacional y
del sector privado el componente de preparación a la jubilación.
ARTICULO 263. Autorización para el Subsidio al Desempleo. Autorizase a las entidades
territoriales para que creen y financien con cargo a su propios recursos planes de
subsidio al desempleo.
LIBRO QUINTO
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 264. Disposiciones Presupuestales. El Gobierno presentará al Congreso de la
República, el proyecto de presupuesto de seguridad social conjuntamente con el proyecto
de presupuesto nacional y de los establecimientos públicos del orden nacional.
El proyecto de presupuesto estará integrado así:
a) Presupuesto anual de las entidades públicas del orden nacional en el cual se refleje la
proyección de ingresos y pagos de cada seguro económico durante la vigencia;
b) La situación financiera a largo plazo de los seguros económicos manejados por
entidades públicas o privadas de cualquier orden nacional o territorial, en la cual se refleje
el valor presente de los ingresos y gastos potenciales del sistema de previsión social;
c) Las fuentes de financiamiento de los faltantes o el destino de los excedentes de los
seguros económicos de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.
PARAGRAFO. En el caso del Instituto de Seguros Sociales, se presentará un informe al
Congreso de la República sobre lo contemplado en los literales a), b) y c) del presente
artículo, aplicándosele en el trámite presupuestal, solamente, lo dispuesto en el Estatuto
Orgánico del Presupuesto General de la Nación.

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ARTICULO 265. Presupuestos de las Entidades. El proyecto de presupuesto anual de las
entidades públicas del orden nacional, se presentará al Congreso de la República
clasificado en gastos de funcionamiento e inversión de cada seguro económico.
El presupuesto anual de las entidades públicas de seguridad social del orden nacional se
regirá por lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, sin perjuicio de lo
establecido en esta Ley.
ARTICULO 266. Componentes del Gasto Público Social en el Presupuesto Nacional. Los
gastos que efectúen las, entidades públicas de seguridad en el orden nacional se
agruparan como componentes del gasto público social a que hace referencia el artículo
350 de la Constitución Política.
ARTICULO 267. Estimación del Pasivo Pensional y reaforo de rentas. El Gobierno
Nacional calculará antes del 31 de diciembre de 1994 el pasivo pensional con relación a
sus servidores públicos y el de las entidades territoriales con sus respectivos servidores,
causada a 31 de diciembre de 1993.
El costo para calcular dichos pasivos lo absorberá la nación, para lo cual el Gobierno
Nacional está autorizado para efectuar las adiciones y traslados requeridos en el
Presupuesto General de la Nación.
Para atender al pago de las pensiones y de las mesadas atrasadas a cargo de la Caja
Nacional de Previsión, el Presupuesto General de la Nación se adiciona en sesenta mil
millones de pesos, con recursos de crédito interno. Además, los recursos de reaforo de
rentas de la Caja Nacional de Previsión, por veinte mil millones de pesos, se incorporan a
su presupuesto para el mismo fin y para el pago de servicios de salud a su cargo.
ARTICULO 268. Recursos para el pago de aportes de los municipios. En aquellos
municipios que presenten dificultades para pagar los aportes de esta Ley, el CONPES
social autorizará para tal fin, que se disponga de una parte de los ingresos previstos en
los numerales 2 y 16 del artículo 21 de la Ley 60 de 1993.
ARTICULO 269. Transferencia de cotizaciones. Los dineros provenientes de las
cotizaciones para el Sistema General de Seguridad Social de las entidades estatales y de
los servidores públicos, podrán ser entregados a las entidades administradoras del
Sistema a través de encargos fiduciarios o fiducias.
ARTICULO 270. Prelación de créditos. Los créditos exigibles por concepto de las
cotizaciones y los intereses a que hubiere lugar, tanto en el Sistema General de

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Pensiones como en el Sistema de Seguridad Social en Salud, pertenecen a la primera
clase de que trata el artículo 2495 del Código Civil y tienen el mismo privilegio que los
créditos por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.
ARTICULO 271. Sanciones para el Empleador. El empleador, y en general cualquier
persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del
trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de
Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa,
impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del
Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual
vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo
de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y
Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La
afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y
espontánea por parte del trabajador.
El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de
cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o
con contrato por prestación de servicios.
ARTICULO 272. Aplicación Preferencial. El Sistema Integral de Seguridad Social
establecido en la presente Ley, no tendrá, en ningún caso, aplicación cuando menoscabe
la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores.
En tal sentido, los principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 de la
Constitución Política tendrán plena validez y eficacia
ARTICULO 273. Régimen Aplicable a los Servidores Públicos. El Gobierno Nacional,
sujetándose a los objetivos, criterios y contenido que se expresan en la presente Ley, y
en particular a lo establecido en los artículos 11 y 36 de la misma, podrá incorporar,
respetando los derechos adquiridos, a los servidores públicos, aun a los congresistas, al
Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La seguridad social procurará ser universal para toda la población colombiana.
ARTICULO 274 Asesoría y elección a través de los Organizaciones Sindicales. Las
confederaciones, las federaciones y las organizaciones sindicales de primer grado y los
empleadores, podrán asesorar a los trabajadores en las decisiones de libre escogencia
que correspondan a cada uno de éstos, relativas a la afiliación y selección de organismos
e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral.

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Las organizaciones sindicales quedan facultadas para tomar las decisiones que en
principio correspondan a cada trabajador, relacionadas con la afiliación y elección de
organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral. En tal caso, la
organización sindical decidirá por mayoría de sus trabajadores afiliados y la decisión sólo
les será aplicable a los afiliados interesados que voten afirmativamente, quienes dentro
de los términos de esta Ley conservan la facultad de trasladarse de un sistema a otro.
ARTICULO 275. Del Instituto de Seguros Sociales. El Instituto de Seguros Sociales, es
una empresa industrial y comercial del Estado, del orden nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y el régimen de sus cargos será el contemplado en el
Decreto-Ley 1651 de 1977 y podrá realizar los contratos de que trata el numeral 5 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
El Presidente del Instituto de Seguros Sociales será nombrado por el Presidente de la
República de terna presentada por el Consejo Directivo del Instituto.
Sin perjuicio de la facultad discrecional del Presidente de la República, el Consejo
Directiva, por mayoría absoluta de votos podrá solicitarle al Presidente la remoción del
Presidente del Instituto de Seguros Sociales por el no cumplimiento de las metas anuales
de gestión previamente determinadas por el consejo directivo.
Así mismo, el Consejo Directivo señalará las directrices generales para elegir al personal
directivo del Instituto.
PARAGRAFO 1. Respecto de los servicios de salud que presta, actuará como una
Entidad Promotora y Prestadora de Servicios de Salud con jurisdicción nacional. El
Consejo Directivo del Instituto determinara las tarifas que el Instituto aplicará en la venta
de servicios de salud.
PARAGRAFO 2. Para efectos tributarios el Instituto de Seguros Sociales, se regirá por lo
previsto para los establecimientos públicos.
PARAGRAFO 3. En un plazo de un año a partir de la vigencia de la presente Ley y de
acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Directivo, el Instituto garantizará la
descentralización y la autonomía técnica, financiera y administrativa de las unidades de
su propiedad que presten los servicios de salud.
ARTICULO 276. Venta de Activos del Instituto de Seguros Sociales. La venta de activos
del Instituto de Seguros Sociales, no podrá afectar su patrimonio y tendrá como finalidad
el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Seguridad Social Integral.

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ARTICULO 277. Composición del Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales, El
Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales, tendrá una composición tripartita,
integrada por representantes del Gobierno, de los empleadores, de los cuales uno será
representante de la pequeña o mediana empresa, y de los trabajadores, uno de los
cuales será representante de los pensionados.
El Gobierno determinará el número de integrantes y reglamentará la forma como serán
designados, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de esta Ley.
Este nuevo Consejo Directivo tomara la decisión definitiva, sobre el proceso de
reestructuración de la planta de personal del Instituto de Seguros Sociales.
ARTICULO 278. Carácter de los subsidios. Los subsidios de que trata esta Ley no
tendrán el carácter de donación o auxilio, para los efectos del artículo 355 de la
Constitución Política.
ARTICULO 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles
con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la
expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del
servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.
Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que al empezar a regir la
presente Ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan pactado
sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones, y mientras dure el
respectivo concordato.
Igualmente, el presente régimen de Seguridad Social, no se aplica a los servidores
públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de la misma.
Quienes con posterioridad a la vigencia de la presente Ley, ingresen a la Empresa
Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por vencimiento del término de contratos de
concesión o de asociación, podrán beneficiarse del régimen de Seguridad Social de la
misma, mediante la celebración de un acuerdo individual o colectivo, en términos de
costos, forma de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el
sistema que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol.

Hoja 128 de 132
PARAGRAFO 1. La empresa y los servidores de que trata el inciso anterior, quedan
obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta Ley.
Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo, quedan facultadas para
recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de vinculación o cotización a
que hubiere lugar, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto se expida.
PARAGRAFO 2. La pensión de gracia para los educadores de que tratan las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, continuará a cargo de la Caja Nacional de Previsión
y del Fondo de Pensiones Publicas del Nivel Nacional, cuando éste sustituya a la Caja en
el pago de sus obligaciones pensionales.
PARAGRAFO 3. Las pensiones de que tratan las Leyes 126 de 1985, adicionada por la
Ley 71 de 1988, continuarán vigentes en los términos y condiciones en ellas
contemplados.
ARTICULO 280. Aportes a los fondos de solidaridad. Los aportes para los fondos de
solidaridad en los regímenes de salud y pensiones consagrados en los artículos 27 y 204
de esta Ley, serán obligatorios en todos los casos y sin excepciones. Su obligatoriedad
rige, a partir del 1o. de abril de 1994, en las instituciones, regímenes y con respecto
también a las personas que por cualquier circunstancia gocen de excepciones totales o
parciales previstas en esta Ley.
En consecuencia, a partir del 1º de abril de 1994 el aporte en salud pasará del 7 al 8 % y
cuando se preste la cobertura familiar, el punto de cotización para solidaridad estará
incluido, en todo caso, en la cotización máxima del 12 %.
ARTICULO 281. Afiliación de trabajadores de la Construcción y de las empresas de
transporte público terrestre. A partir de la vigencia de la presente Ley y conforme a la
reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional, las licencias de
construcción y de transporte público terrestre se otorgarán previa acreditación de la
afiliación de la respectiva empresa a los organismos de seguridad social.
Los funcionarios competentes para el otorgamiento de los anteriores permisos que
omitan exigir la acreditación de la afiliación, incurrirán en causal de mala conducta.
Las entidades, agremiaciones, corporaciones u otras sociedades de derecho privado que
administran recursos de la nación o parafiscales, exigirán a sus afiliados que acrediten la
afiliación de los trabajadores a su cargo a los organismos de seguridad social.

Hoja 129 de 132
La violación a lo dispuesto en el presente artículo, será sancionada de conformidad con el
reglamento que para tal efecto se expida, que podrá incluir desde multas hasta la
revocatoria de la administración de los recursos de que trata el inciso anterior o la
suspensión de las licencias respectivas.
ARTICULO 282. Obligación de Afiliación de Contratistas del Estado. Ninguna persona
natural podrá prestar directamente sus servicios al Estado, bajo la modalidad de contrato
de prestación de servicios, sin afiliarse a los sistemas de pensiones y salud previstos en
la presente Ley.
ARTICULO 283. Exclusividad. El Sistema de Seguridad Social Integral, con cargo a las
cotizaciones previstas en la presente Ley, pagará exclusivamente las prestaciones
consagradas en la misma.
Los recursos destinados para el pago de las prestaciones diferentes de las consagradas
en la presente Ley para el sector público, se constituirán como patrimonios autónomos,
administrados por encargo fiduciario, cuando las reservas requeridas para dichas
prestaciones, excedan las proporciones de activos que para el efecto establezca el
Gobierno Nacional.
Aquellas convenciones que hacia el futuro llegaren a pactar en condiciones diferentes de
las establecidas en la presente Ley, deberán contar con los recursos respectivos para su
garantía, en la forma que lo acuerden empleadores y trabajadores.
Esta Ley no vulnera derechos adquiridos mediante convenciones colectivas del sector
privado o público, sin perjuicio del derecho de denuncia que asiste a las partes.
ARTICULO 284. Aportes de los profesores de los establecimientos particulares. Los
profesores de establecimientos particulares de enseñanza cuyo contrato de trabajo se
entienda celebrado por el período escolar, tendrán derecho a que el empleador efectúe
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por la totalidad del período calendario
respectivo, que corresponda al período escolar para el cual se contrate.
ARTICULO 285. Arbitrio rentístico de la Nación. El artículo 42 de la Ley 10 de 1990
quedará así:
ARTICULO 42. ARBITRIO RENTISTICO DE LA NACION. Declárase como arbitrio
rentístico de la nación la explotación monopólica, en beneficio del sector salud, de las
modalidades de juegos de suerte y azar, diferentes de las loterías, apuestas permanentes
existentes y de las rifas menores aquí previstas.

Hoja 130 de 132
La concesión de permisos para la ejecución de rifas que no sean de carácter
permanente, cuyo plan de premios no exceda doscientos cincuenta (250) salarios
mínimos mensuales, y se ofrezcan al público exclusivamente en el territorio del respectivo
municipio o distrito, será facultad de los alcaldes municipales y distritales.
Las sumas recaudadas por concepto de permisos de explotación o impuestos generados
por estas rifas se transferirán directamente al fonda local o distrital de salud.
PARAGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará la organización y funcionamiento de
estas rifas, así como su régimen tarifario.
ARTICULO 286. Disposición de activos de las entidades públicas. Cuando una entidad
pública decida enajenar bienes muebles o inmuebles o un establecimiento de salud o
seguridad social, o entregar a cualquier título, dará condiciones preferenciales trazadas
por la junta directiva del organismo, a las personas jurídicas conformadas por sus
exfuncionarios o en las que ellos hagan parte. Adicionalmente se ofrecerán condiciones
especiales de crédito y plazos que faciliten la operación.
Igualmente se podrá dar en administración la totalidad o parte de las entidades de
seguridad social a las personas jurídicas previstas en el inciso anterior, en condiciones
preferenciales.
Cuando se contrate la prestación de servicios de salud, en lugares en los cuales no exista
la suficiente infraestructura estatal, las personas jurídicas previstas en el inciso 1 no
tendrán trato preferencial con respecto a otros oferentes.
Las entidades públicas en reestructuración podrán contratar con las personas jurídicas
constituidas por sus exfuncionarios o en las que estos hagan parte, a los cuales se les
haya suprimido el empleo, pagado indemnización o pagado bonificación.
A las personas previstas en este artículo que suscriban contrato no se les exigirá el
requisito de tiempo de desvinculación para efectos de las inhabilidades de Ley.
PARAGRAFO TRANSITORIO. Mientras se consolida la contratación integral, las
entidades públicas prestadoras de servicios de salud, en proceso de reestructuración,
que no pueden suspender la prestación de los servicios podrán contratar con
exfuncionarios de la misma entidad, aunque sean personas naturales a quienes se les
haya suprimido el empleo, pagado indemnización o pagado bonificación.

Hoja 131 de 132
También podrán contratar con personas jurídicas conformadas por funcionarios de la
misma entidad a quienes se les suprimirá el empleo y se hayan constituido como
personas jurídicas para tal fin.
A las personas previstas en este artículo que suscriban contratos no se les exigirá el
requisito de tiempo de desvinculación para efectos de las inhabilidades de Ley.
ARTICULO 287. Actividades propias de los intermediarios en las Entidades de Seguridad
Social. Las entidades de seguridad social, las entidades promotoras de salud y las
sociedades administradoras de fondos de cesantía y/o pensiones, podrán realizar las
actividades de promoción y ventas, la administración de la relación con sus afiliados, el
recaudo, pago y transferencia de los recursos por intermedio de instituciones financieras,
intermediarios de seguros u otras entidades, con el fin de ejecutar las actividades propias
de los servicios que ofrezcan.
El Gobierno reglamentará la actividad de estos intermediarios, regulando su organización,
actividades, responsabilidades, vigilancia y sanciones a que estarán sujetos.
ARTICULO 288. Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en
Leyes anteriores. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público
y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable
cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en
Leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de
disposiciones de esta Ley.
ARTICULO 289. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de la fecha de su
publicación, salvaguarda los derechos adquiridos y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarías, en especial el artículos 2o. de la Ley 4a. de 1966, el artículo 5o. de la
Ley 33 de 1985, el parágrafo del artículo 7° de la Ley 71 de 1988, los artículos 260, 268,
269, 270, 271 y 272 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que los
modifiquen o adicionen.
El Presidente del Honorable Senado de la República,
Jorge Ramón Elías Nader
El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Pedro Pumarejo Vega
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Francisco José Jattín Safar
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Diego Vivas Tafur

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REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a los 23 días de diciembre de 1993.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rudolf Hommes Rodríguez
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Luis Fernando Ramírez Acuña
El Ministro de Salud,
Juan Luis Londoño de la Cuesta
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública (E.),
Jorge Eliécer Sabas Bedoya

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