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Ley 21342
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Ley 21342
ESTABLECE PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL PARA EL
RETORNO GRADUAL Y SEGURO AL TRABAJO EN EL MARCO DE LA ALERTA
SANITARIA DECRETADA CON OCASIÓN DE LA ENFERMEDAD DE COVID-19 EN
EL PAÍS Y OTRAS MATERIAS QUE INDICA
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Publicación: 01-JUN-2021 | Promulgación: 01-MAY-2021
Versión: Única De : 01-JUN-2021
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LEY NÚM. 21.342
ESTABLECE PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL PARA EL RETORNO GRADUAL Y SEGURO
AL TRABAJO EN EL MARCO DE LA ALERTA SANITARIA DECRETADA CON OCASIÓN DE LA ENFERMEDAD
DE COVID-19 EN EL PAÍS Y OTRAS MATERIAS QUE INDICA
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables senadores señor
Alejandro Guillier Álvarez, señora Adriana Muñoz D'Albora y señor Francisco
Chahuán Chahuán, y en moción de los Honorables senadores señor Carlos Montes
Cisternas, señoras Carolina Goic Boroevic y Adriana Muñoz D'Albora y señor Juan
Pablo Letelier Morel,
Proyecto de ley:
"TÍTULO I
De los Protocolos de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 y otras normas
Artículo 1°.- Las normas de la presente ley se aplicarán durante el tiempo en
que esté vigente la alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del Nuevo
Coronavirus COVID-19.
Del mismo modo, mientras persista la citada alerta sanitaria, el empleador
deberá implementar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, de conformidad
con el Capítulo IX, Título II del Libro I del Código del Trabajo, sin reducción
de remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitieren y
el o la trabajadora consintiere en ello, si se tratare de un trabajador o trabajadora
que acredite padecer alguna condición que genere un alto riesgo de presentar cuadro
grave de infección, como ser una persona mayor de 60 años, tener hipertensión,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica u otras
afecciones pulmonares graves, enfermedad renal con requerimiento de diálisis o
similar; tratarse de una persona trasplantada y que continúe con medicamentos de
inmunosupresión; padecer de cáncer y estar actualmente bajo tratamiento; tratarse
de una persona con un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones o
medicamentos como inmunosupresores o corticoides, o bien al trabajador o trabajadora
que tenga bajo su cuidado a un menor de edad o adulto mayor o haya sido beneficiaria
o beneficiario de la ley N° 21.247 o que tenga bajo su cuidado a personas con
discapacidad; el empleador deberá cumplir la obligación antedicha dentro de los
diez días de notificada la condición del trabajador, pudiéndose reclamar del
incumplimiento de esta obligación ante el respectivo Inspector del Trabajo. El
trabajador no podrá ser obligado a concurrir a su trabajo en tanto dicha obligación

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no sea cumplida por el empleador. Si la naturaleza de las funciones del trabajador o
de la trabajadora no fueren compatibles con la modalidad de trabajo a distancia o
teletrabajo, el empleador, con acuerdo de éstos y sin reducir sus remuneraciones,
los destinará a labores que no requieran atención al público o en las que se evite
el contacto permanente con terceros que no desempeñen funciones en dicho lugar de
trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para el trabajador o la
trabajadora.
Artículo 2°.- Los organismos administradores del seguro de la ley N° 16.744
tendrán que elaborar, dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la
publicación de la presente ley, un protocolo tipo para sus empresas adheridas o
afiliadas, debiendo basarse en las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad
Social y en los contenidos mencionados en el artículo 4° de esta ley.
En caso de reclamo, la Superintendencia de Seguridad Social deberá conocer y
resolver el asunto mediante resolución fundada dentro del plazo de diez días
hábiles contado desde su recepción. Dicha resolución deberá ser notificada al
organismo administrador y a las partes involucradas, preferentemente a través de
medios electrónicos, y cuando contenga modificaciones al protocolo, deberá indicar
el plazo en que el empleador deberá efectuar dichas modificaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, durante el tiempo en que se tramite el o los
requerimientos de las partes, se aplicará el protocolo tipo al que se refiere el
inciso primero de este artículo y, una vez resuelto el asunto y efectuadas las
modificaciones que correspondan, comenzará a aplicarse el Protocolo de Seguridad
Sanitaria Laboral COVID-19 de la empresa.
Los organismos administradores podrán colaborar con las empresas o entidades en
la correcta implementación de los protocolos de que trata este artículo y asesorar
e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de
protección, así como apoyar la información a los trabajadores sobre el
procedimiento para la correcta utilización del Seguro Individual Obligatorio de
Salud asociado a COVID-19, establecido en el Título II de esta ley.
Artículo 3°.- La elección de los delegados de los trabajadores para los
Comités Paritarios se efectuará de acuerdo a lo establecido mediante votación de
los trabajadores, estén suspendidos o no. La misma se efectuará de modo directo y
secreto donde sea posible o, de no serlo, de forma directa por medios electrónicos o
telemáticos.
Artículo 4°.- El Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 aplicable
en cada empresa deberá contener al menos:
a) Testeo diario de la temperatura del personal, clientes y demás personas que
ingresen al recinto de la empresa.
b) Testeo de contagio de acuerdo a las normas y procedimiento que determine la
autoridad sanitaria.
c) Medidas de distanciamiento físico seguro en:
i. Los puestos de trabajo, de acuerdo a las características de la actividad;
ii. Las salas de casilleros, cambio de ropa, servicios sanitarios y duchas;
iii. Comedores, y
iv. Vías de circulación.
d) Disponibilidad de agua y jabón, de fácil acceso, y dispensadores de alcohol
gel certificado, accesibles y cercanos a los puestos de trabajo.
e) Medidas de sanitización periódicas de las áreas de trabajo.
f) Medios de protección puestos a disposición de los trabajadores, incluyendo
mascarillas certificadas de uso múltiple y con impacto ambiental reducido, y, cuando
la actividad lo requiera, guantes, lentes y ropa de trabajo.

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g) Definición y control de aforo, que deberá incluir el procedimiento de
conteo que contemple tanto a los trabajadores como al público que acceda, además de
medidas de prevención de aglomeraciones en lugares con atención de público.
h) Definición de turnos, procurando horarios diferenciados de entrada y salida,
distintos a los habituales, para evitar aglomeraciones en transporte público de
pasajeros.
i) Otras medidas que disponga la autoridad sanitaria en uso de sus facultades
reglamentarias, conforme sea la evolución de la pandemia.
Asimismo, deberá detallar aspectos particulares relativos a las condiciones
específicas de la actividad laboral.
Artículo 5°.- Mientras se encuentre vigente la declaración de alerta
sanitaria decretada con ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19, la
Superintendencia de Seguridad Social podrá autorizar, de manera extraordinaria y
transitoria, a las Mutualidades de Empleadores para destinar el Fondo de
Eventualidades regulado en el artículo 22 del decreto N° 285, promulgado el año
1968 y publicado el 26 de febrero de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, a iniciativas de testeo u otras medidas preventivas que contribuyan a la
gestión del riesgo de COVID-19 en sus entidades empleadoras asociadas. La referida
Superintendencia supervisará el adecuado uso de los recursos del Fondo de
Eventualidades.
Artículo 6°.- Las empresas, en ningún caso, podrán cobrar a los
trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, el valor de los insumos,
equipos y condiciones de las medidas adoptadas.
Artículo 7°.- Las empresas que no cuenten con un Protocolo de Seguridad
Sanitaria Laboral COVID-19, en los términos señalados en el artículo 2°, no
podrán retomar o continuar la actividad laboral de carácter presencial.
Las empresas que, al momento de entrar en vigencia la presente ley, se
encuentren realizando actividades laborales presenciales, deberán confeccionar el
referido protocolo y tomar las medidas previstas, en un plazo no mayor de diez días
hábiles a partir de la fecha de publicación de la presente ley.
La fiscalización de la existencia del Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral
COVID-19 y su aplicación se realizará por la Dirección del Trabajo y por la
autoridad sanitaria que corresponda, quienes podrán, en uso de sus atribuciones,
aplicar las multas respectivas y disponer la suspensión inmediata de las labores que
signifiquen un riesgo inminente para la salud de los trabajadores.
Artículo 8°.- Las empresas que reinicien o continúen labores sin contar con
el Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19, a que se refiere el artículo
2°, estarán sujetas a lo establecido en el inciso final del artículo 68 de la ley
N° 16.744.
Cuando el contagio por COVID-19 se deba a culpa del empleador, o de un tercero,
se aplicará la letra b) del artículo 69 de la ley N° 16.744. El incumplimiento de
la norma contenida en el inciso primero del artículo 2° de la presente ley, será
agravante en caso de que se determine que el contagio de un trabajador por COVID-19
se debió a culpa del empleador.
Artículo 9°.- Durante la vigencia de la presente ley, no se aplicará el
artículo 14 del decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, respecto de las licencias médicas por COVID-19 de
cualquier naturaleza.
La calificación del origen de la enfermedad como laboral deberá efectuarse

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conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social.
El trabajador con licencia preventiva tendrá los mismos derechos de que goza en
las licencias por incapacidad temporal.
Título II
Del Seguro Individual Obligatorio de Salud asociado a COVID-19
Artículo 10.- Objeto. Establécese un seguro individual de carácter
obligatorio, en adelante el "seguro", en favor de los trabajadores del sector privado
con contratos sujetos al Código del Trabajo y que estén desarrollando sus labores
de manera presencial, total o parcial, conforme lo señalado en el artículo
siguiente, para financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y
rehabilitación de cargo del trabajador, asociados a la enfermedad COVID-19, en la
forma y condiciones que se señalan en los siguientes artículos. Se excluyen de esta
obligatoriedad, aquellos trabajadores que hayan pactado el cumplimiento de su jornada
bajo las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo de manera exclusiva.
Este seguro contemplará, asimismo, una indemnización en caso de fallecimiento
natural del asegurado ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza, con o
por contagio del virus SARS.CoV2, causante de la enfermedad denominada COVID-19.
Artículo 11.- Personas aseguradas. Los trabajadores señalados en el inciso
primero del artículo 10 quedarán afectos al seguro, según se encuentren en
cualquiera de las siguientes situaciones:
A.- Afiliados del Fondo Nacional de Salud, pertenecientes a los grupos B, C y D
a que se refiere el artículo 160 del decreto con fuerza de ley Nº 1, promulgado el
año 2005 y publicado el 24 de abril de 2006, del Ministerio de Salud, siempre que se
atiendan bajo la modalidad de atención institucional.
B.- Cotizantes de una Institución de Salud Previsional, siempre que se atienda
en la Red de Prestadores para la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas
(CAEC), conforme a las normas que dicte la Superintendencia de Salud al efecto.
Artículo 12.- Cobertura del seguro. El seguro establecido por la presente ley
cubre copulativamente los siguientes riesgos:
1.- Riesgos de salud:
a) Tratándose de los trabajadores referidos en la letra A del artículo
anterior, el seguro indemnizará un monto equivalente al 100% del copago por los
gastos de hospitalización realizados en la Red Asistencial a que se refiere el
artículo 17 del decreto con fuerza de ley Nº 1, promulgado el año 2005 y publicado
el 24 de abril de 2006, del Ministerio de Salud, de acuerdo a la Modalidad de
Atención Institucional.
b) Tratándose de los trabajadores señalados en la letra B del artículo
anterior, el seguro indemnizará el deducible de cargo de ellos, que corresponda a la
aplicación de la CAEC respecto de las atenciones hospitalarias realizadas en la red
de prestadores de salud que cada Institución de Salud Previsional pone a
disposición de sus afiliados, con el propósito de otorgarles dicha cobertura
adicional o en un prestador distinto en aquellos casos en que la derivación se
efectuó a través de la correspondiente unidad del Ministerio de Salud. Para estos
efectos, cumplidos los requisitos aquí establecidos, la CAEC se activará en forma
automática.
En ambos casos, la cobertura asegurada se aplicará respecto de los gastos
relacionados con las prestaciones de salud recibidas durante la hospitalización y
rehabilitación derivada de un diagnóstico confirmado de COVID-19, siempre y cuando

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éste se haya producido dentro del período de vigencia de la póliza.
2.- Riesgo de muerte:
En caso de fallecimiento de los trabajadores referidos en las letras A y B del
artículo anterior, de cualquiera edad, cuya causa básica de defunción sea
COVID-19, según la codificación oficial establecida por el Ministerio de Salud, se
pagará un monto equivalente a 180 unidades de fomento. Esta cobertura no podrá
estar condicionada a la edad del asegurado.
Artículo 13.- Contratante del seguro. Será obligación del empleador contratar
este seguro y entregar comprobante de su contratación al trabajador.
El seguro se podrá contratar en cualquiera de las entidades aseguradoras
autorizadas para cubrir riesgos comprendidos en el primer o segundo grupo del
artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de
Hacienda. Adicionalmente, la prima podrá enterarse a través de entidades que
recauden cotizaciones de seguridad social.
La contratación del seguro por parte del empleador deberá realizarse dentro
del plazo de treinta días corridos, contado desde que la respectiva póliza es
incorporada en el depósito de la Comisión para el Mercado Financiero, en el caso de
los trabajadores existentes a dicha época. Para los trabajadores contratados o que
vuelvan a prestar servicios presencialmente después del depósito, la contratación
del seguro deberá hacerse dentro de los diez días corridos siguientes al inicio de
las labores del trabajador.
Artículo 14.- Responsabilidad por no contratar el seguro. Los empleadores que
no hubieren contratado el seguro, en los términos que señala esta ley, serán
responsables del pago de las sumas que le habría correspondido cubrir al asegurador,
sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a lo dispuesto en el
artículo 505 y siguientes del Código del Trabajo.
Artículo 15.- Póliza. El modelo de póliza correspondiente al seguro a que se
refiere esta ley deberá ser ingresado al depósito de pólizas que tiene la
Comisión para el Mercado Financiero, a objeto que las aseguradoras puedan realizar
su comercialización.
El valor anual de la póliza, en caso alguno, podrá exceder de 0,42 unidades de
fomento por trabajador, más el impuesto al valor agregado correspondiente, conforme
a lo dispuesto en el decreto ley N° 825, de 1974, Ley sobre Impuesto a las Ventas y
Servicios.
Artículo 16.- Prima del seguro. La prima del seguro se pagará en una sola
cuota, se devengará y ganará íntegramente por el asegurador desde que asuma los
riesgos, y será de cargo del empleador.
Artículo 17.- Exclusiones del seguro. El seguro no cubre lo siguiente:
1.- Gastos de hospitalización o el fallecimiento asociados a enfermedades
distintas al COVID-19.
2.- Gastos de hospitalización o el fallecimiento asociados o derivados de
lesiones sufridas en un accidente, de cualquier naturaleza o tipo, incluso si la
víctima tiene COVID-19. Se entenderá por accidente todo suceso imprevisto,
involuntario, repentino y fortuito, causado por medios externos y de un modo
violento, que afecte el organismo del asegurado ocasionándole una o más lesiones,
que se manifiesten por heridas visibles o contusiones internas, incluyéndose
asimismo el ahogamiento y la asfixia, torcedura y desgarramientos producidos por

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esfuerzos repentinos, como también estados septicémicos e infecciones que sean la
consecuencia de heridas externas e involuntarias y hayan penetrado por ellas en el
organismo o bien se hayan desarrollado por efecto de contusiones, revelados por los
exámenes correspondientes.
3.- En el caso de personas aseguradas afiliadas al Fondo Nacional de Salud, los
gastos incurridos en prestadores que no pertenezcan a la Red Asistencial del
artículo 17 del decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado el año 2005 y publicado
el 24 de abril de 2006, del Ministerio de Salud, o bien fuera de la Modalidad de
Atención Institucional.
4.- En el caso de personas aseguradas afiliadas a una Institución de Salud
Previsional, los gastos incurridos en prestadores que no pertenezcan a la red de
prestadores de salud individuales e institucionales que cada Institución pone a
disposición de sus afiliados, con el propósito de otorgarles la CAEC.
El seguro no podrá contemplar carencias de ninguna especie, ni deducibles.
Sin perjuicio de lo anterior, el seguro deberá financiar una suma equivalente
al monto del deducible que le hubiere correspondido pagar si el beneficiario se
hubiese atendido en la red de prestadores respectiva para gozar de la CAEC, el cual
en ningún caso será superior al equivalente a 126 unidades de fomento. En este
caso, el monto de dinero se imputará al copago que, de acuerdo al plan de salud, sea
de cargo del afiliado; si el copago fuere inferior al monto equivalente al deducible,
el asegurador sólo estará obligado a enterar el monto del copago efectivo. La
Institución de Salud Previsional estará facultada para ejercer, en representación
de los asegurados que sean sus beneficiarios, directamente las acciones para
perseguir el pago del monto equivalente al financiamiento señalado e imputarlo al
copago de cargo de sus afiliados.
Artículo 18.- Acciones para el pago de la indemnización. Las acciones para
perseguir el pago de las indemnizaciones contempladas en esta ley prescribirán en el
plazo de un año contado a partir de la muerte de la víctima o, en su caso, desde la
fecha de emisión de la liquidación final del copago o del monto del deducible de la
CAEC cuyo reembolso se requiera, independiente de la fecha de la prestación que lo
origina.
La recepción por parte del asegurador de los antecedentes justificativos del
pago de cualquiera de las indemnizaciones previstas en el seguro producirá la
interrupción de la prescripción, aunque en su presentación se hubieren omitido
algunos de los antecedentes a que se refiere el artículo 19.
Facúltase al Fondo Nacional de Salud para ejercer, en representación de los
asegurados que sean sus beneficiarios, directamente las acciones para perseguir el
pago de las indemnizaciones que corresponda por la cobertura de salud. Igual facultad
tendrán las Instituciones de Salud Previsional respecto de sus asegurados.
Artículo 19.- Antecedentes para el pago. Las indemnizaciones provenientes de
gastos médicos cubiertos por el seguro se pagarán por el asegurador una vez que se
le hayan presentado por el Fondo Nacional de Salud o la Institución de Salud
Previsional, según corresponda, los siguientes antecedentes:
1.- Epicrisis del paciente otorgada por el médico tratante, que indique el
diagnóstico de COVID-19.
2.- Recibos, comprobantes de pago, boletas o facturas que den cuenta de los
gastos amparados por la póliza; en dichos documentos deberá individualizarse el
nombre de la persona que recibió las prestaciones o incurrió en el gasto y la
naturaleza de una u otro.
3.- Liquidación final del copago de cargo del trabajador, en el caso de los
afiliados al Fondo Nacional de Salud; o del monto del deducible de la CAEC, que le
corresponde pagar al trabajador afiliado a una Institución de Salud Previsional.
4.- En caso de fallecimiento, certificado de defunción de la víctima, emitido

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por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que señale como causa de la
muerte la enfermedad COVID-19. Este requisito se dará por cumplido por el hecho de
que su causa básica de defunción sea COVID-19, según la clasificación y
codificación establecida por el Ministerio de Salud. En el mismo evento, libreta de
familia o certificado de nacimiento, certificado de matrimonio o certificado de
acuerdo de unión civil, según corresponda, que acrediten legalmente la calidad de
beneficiario del seguro. De no existir beneficiarios de aquellos señalados en los
números 1 a 4 del artículo 21, se deberán presentar los antecedentes legales que
acrediten la calidad de herederos conforme a la legislación vigente.
Artículo 20.- Tratamiento de datos. Para los efectos previstos en este Título,
las entidades aseguradoras se entenderán autorizadas para tratar datos personales,
con la única finalidad de otorgar la cobertura del seguro.
Asimismo, la respectiva entidad aseguradora podrá requerir de las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, la información que fuera necesaria,
especialmente a los prestadores de salud, para determinar el origen de las
hospitalizaciones y defunciones, así como al Ministerio de Salud.
Toda persona que, en el ejercicio de su cargo, tenga acceso a esta información,
deberá guardar reserva y confidencialidad respecto de la misma y abstenerse de
usarla con una finalidad distinta de la que corresponda a sus funciones, debiendo dar
cumplimiento a las normas establecidas en la ley N° 19.628, sobre protección de la
vida privada, en lo referente al tratamiento de datos personales.
Artículo 21.- Forma, plazo y condiciones para el pago de la indemnización. Una
vez presentados los antecedentes señalados en el artículo 19 que permitan evaluar
la procedencia del pago de la indemnización, el asegurador deberá pagarla dentro de
los 10 días hábiles siguientes. Mismo plazo tendrá para rechazarla en forma
fundada.
Las indemnizaciones por la cobertura de salud, establecida en el artículo 12,
se pagarán, dentro del mismo plazo señalado en el inciso anterior, por el
asegurador directamente al Fondo Nacional de Salud o a la Institución de Salud
Previsional. Con este pago, la entidad aseguradora cumplirá con la obligación de
pago.
En caso de fallecimiento, serán beneficiarias del seguro las personas que a
continuación se señalan, en el siguiente orden de precedencia:
1.- El o la cónyuge o conviviente civil sobreviviente.
2.- Los hijos menores de edad, los mayores de edad hasta los 24 años, solteros,
que sigan cursos regulares en enseñanza media, normal, técnica, especializada o
superior, en instituciones del Estado o reconocidos por éste, y los hijos con
discapacidad, cualquiera sea su edad, por partes iguales.
3.- Los hijos mayores de edad, por partes iguales.
4.- Los padres, por partes iguales.
5.- A falta de todas las personas indicadas, la indemnización corresponderá
por partes iguales a quienes acrediten la calidad de herederos.
El asegurador pagará la indemnización a quienes demuestren su derecho conforme
a los antecedentes presentados y, en el caso de los hijos menores de edad, el pago se
efectuará a la persona que acredite ser el representante legal conforme a la
legislación vigente.
Artículo 22.- Otros seguros de salud. El seguro de que trata esta ley, en su
cobertura de salud, se aplicará con preferencia a cualquier contrato de seguro
individual o colectivo de salud en el cual el trabajador sea asegurado, que contemple
el reembolso de gastos médicos.

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Artículo 23.- Término de la relación laboral. La cobertura del seguro se
mantendrá en el evento que la relación laboral concluya por cualquier causa y hasta
el plazo que señala el inciso primero del artículo 24.
Los empleadores no estarán obligados a contratar un nuevo seguro respecto de
aquellos trabajadores que tengan vigente la cobertura del seguro de acuerdo a esta
ley.
Artículo 24.- Vigencia y terminación del seguro. El plazo de vigencia del
contrato de seguro será de un año desde su respectiva contratación.
En todo caso, la obligación del empleador para contratarlo perdurará por los
trabajadores bajo la modalidad presencial que tenga contratados hasta la fecha de
término de la alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del Nuevo
Coronavirus COVID-19.
Si al término del plazo de vigencia de la póliza aún permanece vigente la
alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19, el
empleador deberá contratar un nuevo seguro o renovar el que se encuentre vigente.
Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de
la presente ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se
financiará con cargo al presupuesto vigente del Fondo Nacional de Salud y, en lo que
faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público.".
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y
llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 1 de mayo de 2021.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la
República.- Patricio Melero Abaroa, Ministro del Trabajo y Previsión Social.-
Rodrigo Cerda Norambuena, Ministro de Hacienda.- Enrique Paris Mancilla, Ministro de
Salud.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Pedro Pizarro Cañas,
Subsecretaría de Previsión Social.

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