Libro deuda social

Mario Alejandro Pérez Rincón
Paula Alvarez Roa

DEUDA SOCIAL Y AMBIENTAL DEL NEGOCIO
DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN COLOMBIA
Responsabilidad social empresarial
y subsidios implícitos en la industria cañera.
Análisis en el contexto del conflicto corteros-empresarios

Deuda social y ambiental del negocio de la caña de azúcar en Colombia:
Responsabilidad social empresarial y subsidios implícitos en la industria cañera.
Análisis en el contexto del conflicto corteros-empresarios

Autores:
Mario Alejandro Pérez Rincón. Profesor Universidad del Valle, Cali, Colombia
Correo electrónico: aleperez@univalle.edu.co
Paula Alvarez Roa. Politóloga e Investigadora del Grupo Semillas
Correo electrónico: paula@semillas.org.co

ISBN: 978-958-98876-1-5

Primera edición

Edición y revisión de textos:
Franklin Patiño Romero
Lina Patricia Forero Martínez
Grupo Semillas

Agradecimientos especiales
Coordinación Agraria del Cauca
Corporación Humanidad Maestra Vida
Movimiento de Trabajadores Corteros de Caña 14 de Junio
Community Biodiversity Development and Conservation - CBDC
Instituto Mayor Campesino - IMCA

Foto Portada
Jochen Shüller

Diseño de Portada
Adriana Muñoz Cabrales
Tatiana Muñoz Cabrales

Diagramación e impresión
ARFO Editores e Impresores, Ltda.
casaeditorial@etb.net.co
Bogotá, Colombia.

Publicación Auspiciada por:

Appleton Foundation

Bogotá, marzo de 2009

2

Tabla de contenido

Pág.

Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2. Dinámica económica del negocio cañicultor . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3. Políticas gubernamentales de apoyo al sector: cuantificación de
los subsidios económicos de la industria cañera . . . . . . . . . . . . . 21
3.1. Subsidios implícitos en el precio del azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.2. Subsidios asociados a la producción de etanol . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.2.1. Subsidios relacionados con el diferencial de precios del etanol 26
3.2.2. Subsidios a la producción y venta de etanol relacionados
con las exenciones tributarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2.3. Subsidio total a la producción y distribución de etanol y
gasto público potencialmente sacrificado . . . . . . . . . . . . . . 30
3.3. Subsidios totales transferidos al sector cañicultor relacionados con
la producción de azúcar y de etanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4. La deuda ambiental de la industria cañera colombiana . . . . . . . . 33
4.1. El uso intensivo de las funciones ambientales por parte del sector
cañicultor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.2. Valoración económica de algunos subsidios ambientales relaciona-
dos con el sector cañicultor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5. La deuda laboral del sector cañicultor: Condiciones salariales
de los corteros de caña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.1. Las Cooperativas de Trabajo Asociado donde están vinculados los
corteros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.2. Condiciones salariales de los corteros de caña vinculados a las CTA 47
5.3. Transferencia de recursos desde los corteros hacia los empresarios
cañeros (CTA e ingenios y cultivadores) o valoración de la deuda
social asociada a la tercerización de la contratación laboral en el
corte de caña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3

6. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Páginas web consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Índice de figuras y tablas

Pág.

Figura 1. Localización zona productora de caña de azúcar en Colombia y
sus ingenios azucareros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Figura 2. Dinámica productiva de la industria cañera en Colombia . . . . . . 16

Figura 3. Resultados económicos de la industria cañera en Colombia . . . . 18

Figura 4. Producción de caña de azúcar y productividad de los corteros de
caña en Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Figura 5. Producción Bruta, productividad del trabajo y participación de la
remuneración salarial en la producción del sector azucarero en
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Figura 6. Precios nacionales e internacionales del azúcar para Colombia . . 23

Figura 7. Total monto del subsidio asociado al diferencial de precios del
azúcar y consumo potencialmente sacrificado en Colombia . . . . 24

Figura 8. Estimación del monto de subsidios al sector cañicultor asociados
a los diferenciales de precios del etanol en Colombia . . . . . . . . . . 27

Figura 9. Subsidios a los productores de etanol relacionados con las exen-
ciones de impuestos en Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Figura 10. Total monto del subsidio asociado a la producción y distribución
de etanol y gasto público potencialmente sacrificado en Co-
lombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Figura 11. Total monto del subsidio económico al sector cañicultor asociado
a la producción de azúcar y de etanol en Colombia . . . . . . . . . . . 31

4

Figura 12. Uso de recursos naturales por parte del sector cañicultor en Co-
lombia: fases de cultivo y producción de azúcar y etanol . . . . . . 34
Figura 13. Diferencia entre lo que pagan los cañicultores por el uso del agua
a través de la tasa y los costos de mantener las cuencas hidro-
gráficas en el Valle del Cauca, Colombia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Figura 14. Estimación de la deuda ambiental de la industria cañera colom-
biana: uso del agua y quema de la caña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Figura 15. Ingresos y Egresos promedio mensuales de los corteros de caña
vinculados a las CTA en Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Figura 16. Estructura del ingreso bruto mensual de los corteros de caña vin-
culados a las CTA en Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Figura 17. Aportes a la Seguridad Social y otros compromisos laborales de
trabajadores vinculados a la Ley 100 versus trabajadores afilia-
dos a CTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Figura 18. Salario neto trabajadores Ley 100 versus trabajadores afiliados a
las CTA en Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Figura 19. Transferencia de recursos anuales desde los corteros vinculados a
las CTA hacia los empresarios cañeros en Colombia . . . . . . . . . . 53
Figura 20. Transferencia de recursos anuales desde los corteros hacia las CTA
en Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Figura 21. Transferencias de recursos de corteros a empresarios cañicultores
y gasto social sacrificado por tercerización laboral en Colombia. . 55

Tabla 1. Ventas de etanol en Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tabla 2. Distribución de ingresos no recibidos por las entidades territoriales
asociados a las exenciones tributarias a la producción de etanol en
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Tabla 3. Información básica para la estimación de costos de TAR de los
efluentes marginales de los ingenios azucareros en Colombia. . . . 40
Tabla 4. Costos de construir y operar las mejoras de las PTAR de los inge-
nios azucareros a través de la construcción de filtros de piedra . . . 41
Tabla 5. Información financiera de las cooperativas de trabajo asociado de
corteros de caña acorde al número de asociados en Colombia . . . 46

5

A los rostros del azúcar…
Quienes tienen en común su piel negra,
sus manos encallecidas y su corazón africano;
a quienes llegan todos los días a los cañadulzales
y dejan su sudor en la tierra.

Prólogo

El cultivo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca data del siglo XIX. Desde
entonces se expandió por todo el departamento y entre 1920 y 1930 se crean los
primeros ingenios: la Central Azucarera del Valle (hoy conocida como el Ingenio
Providencia), los ingenios Riopaila, Mayagüez, Bengala, Parodias, La Industria y
María Luisa. En los años 40 aparecen San Carlos, Pichichi, Oriente, Papayal, La
Esperanza, El Arado, Castilla, El Porvenir, Meléndez y San Fernando. Desde comien-
zos del Siglo XX se agruparon varias haciendas en “fami-empresas”, con una cre-
ciente utilización de peones, muchos de los cuales habían sido captados desde que
se abolió la esclavitud. La producción se caracterizaba por el arrendamiento pagado
con trabajo servil, que les permitía a los hacendados, a la vez, obtener caña y trabajo
para molerla.

En 1977, doce ingenios pertenecientes a 4 familias tenían control del 76,3% del
mercado azucarero: Caicedo (30%), Eder (24%), Cabal (17,8%) y Garcés (4,5%)
[Silva Colmenares, 2007]. El crecimiento de los ingenios se construyó con base en la
explotación laboral, hasta convertirse hoy en día en una de las principales industrias
del país, con más de 100 empresas relacionadas, en renglones como la energía,
papel, sucroquímica, azúcar, mieles, abonos orgánicos, alimentos, bebidas, alcoho-
les, licores y otras.

Esa industria ha alcanzado altos rendimientos productivos: 126 toneladas de caña y
12 de azúcar por hectárea (superando a Australia y Brasil) y, sumado a lo anterior,
importantes desarrollos en investigación y biotecnología. En contraste, implementan
la política de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) como formas de contrata-
ción laboral, que les permite rebajar los salarios a cifras mínimas y evadir el pago de
la seguridad social y la relación laboral directa.

Hoy en día el Grupo Económico Ardila Lulle es propietario del ingenio del Cauca,
Incauca, tiene el 52% de Providencia y por lo menos el 35% del ingenio Risaralda,
principales ingenios en la producción de etanol. Estos 3 ingenios concentran el 65%
de la producción del etanol colombiano a partir de caña de azúcar, en tanto que
Manuelita produce el 20% y Mayagüez el 15%.

La agroindustria de la caña de azúcar ha recibido inmensos estímulos del gobierno
nacional para la producción del agrocombustible1, asegurando el mercado interno
1
Marco normativo que da garantía a los inversionistas: Ley 693 de 2001 estimula el uso y la producción de
alcohol carburante, a partir de 2005 en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá la gasolina se

9

con base en subsidios y exención de impuestos. El millón 50 mil litros que produ-
cen diariamente, encuentra una demanda fija, puesto que en el país existe la obli-
gatoriedad de la mezcla de gasolina con etanol en un 10%. De acuerdo a esa
política en los años venideros ese porcentaje seguirá subiendo gradualmente.

Diversas organizaciones sociales, ambientales, agrarias, y sindicales de carácter lo-
cal, regional y nacional, han estimulado la discusión sobre el tema de los
agrocombustibles, al considerar que esa producción es una pieza central del modelo
agroexportador que se impulsa desde el gobierno para toda la nación.

Dicho estímulo, y la huelga de los trabajadores “corteros” de caña que, desde el 15
de septiembre de 2008 detuvieron su labor por 56 días, nos llevó a impulsar este
trabajo. Además de lo justo de las reclamaciones laborales, la huelga puso en el
centro del debate los efectos de la tercerización laboral que utiliza a las CTA para
liberar a los industriales de su relación laboral. De esa forma reducen sus costos de
producción para poder competir en el mercado global.

El editorial del periódico El Tiempo del 2 de octubre de 2008 recogía con claridad el
punto central de la huelga: “(…) la magnitud de la bonanza sectorial producto de la
entrada de los biocombustibles e incentivada por la política industrial del gobierno y
que esos beneficios se traduzcan en mejores y dignas condiciones laborales, es una
petición justa que debe atenderse”.

El trabajo que presentamos a continuación intenta aportar información, estadísticas
y cifras al conocimiento del tema. A partir de datos y cálculos realizados con infor-
mación básica, se pretende poner en evidencia los enormes subsidios que rodean la
agroindustria cañera y los costos de oportunidad que en ese sentido sacrifica el resto
de la sociedad colombiana en términos de inversión social. Se describen también,
las precarias condiciones laborales de los trabajadores vinculados a través de las
CTA y el enorme costo ambiental que esta actividad ha generado para la región en
términos del uso intensivo de recursos como el agua, el aire, la tierra y la biodiversidad.

Esperamos que este esfuerzo incentive a otros estudiosos para profundizar en el
tema.
Coordinación Agraria del Cauca

mezclara con un 10% de alcohol carburante; Ley 788 de 2002 introdujo las exenciones del IVA, impuesto
Global y sobretasa al componente alcohol de los combustibles oxigenados; Resolución 180687 de 2003 en
donde se reglamenta la producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de los alcoholes carburantes y su
uso en los combustibles nacionales e importados; Decreto 383 de 2007, reglamenta el establecimiento de
zonas francas especiales para proyectos de alto impacto económico y social, CONPES 3510 de 2008 en donde
se definen las políticas y estímulos para el sector, Decreto 2328 de 2008 del MADR, por el cual se crea la
Comisión Intersectorial para el manejo de biocombustibles. Tomado de Alvarez, P (2008). Los agrocombustibles
.
en Colombia: una historia de ciencia ficción. En tierra y territorios sin agrocombustibles. Asproinca y Grupo
Semillas.

10

1. Introducción

En sus diferentes informes anuales el sector cañero, a través de su principal gre-
mio, la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña,
hace referencia frecuentemente al término Responsabilidad Social para seña-
lar las actividades que en términos laborales y sociales desarrolla el sector con los
trabajadores vinculados a los ingenios y su entorno social y ambiental. Sin em-
bargo, en el conflicto reciente que se presentó entre empresarios azucareros y
trabajadores corteros de la caña, este término quedó al margen cuando debió ser
el eje central de la solución del problema.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), también llamada Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC), es el compromiso que tiene una empresa, una
entidad o un sector frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los
diferentes grupos con los que se relaciona, incluyendo sus propios trabajadores y
el medio ambiente. De esta forma las empresas son socialmente responsables
cuando las actividades que realizan se orientan a la satisfacción de las necesida-
des y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de
su actividad comercial, así como también, al cuidado y preservación del entorno
(Sabogal, 2008). La RSE responde a una visión integral de la sociedad y del
desarrollo que entiende que el crecimiento económico de su negocio está asocia-
do con las mejoras en la calidad de vida de trabajadores y empresarios vincula-
dos al mismo dentro de un marco de sostenibilidad ambiental.

Es claro señalar que la RSE surge en un contexto de liberalización de mercados
donde el desmonte del aparato estatal es visto como una condición necesaria
para el avance de la iniciativa privada como motor del desarrollo. La RSE intenta
llenar el vacío dejado por la noción del Estado de bienestar que buscaba garan-
tizar directa o indirectamente a través de su papel de ejecutor de gasto público y
de regulador, la mejora de las condiciones sociales y laborales de la población. Es
decir, con el neoliberalismo se produce una transferencia de responsabilidades
públicas al sector privado, las cuales deben ser vigiladas y controladas por el
Estado, papel éste que no se ha delegado.

En el contexto del sector cañicultor, la RSE es un compromiso real que adquiere
el sector para distribuir los beneficios generados por sus más de cien años de

11

desarrollo entre todos los eslabones que participan de su cadena productiva. La
RSE no se refleja solo en donaciones a terceros, sino que básicamente debe
expresarse ofreciendo condiciones dignas de trabajo para todos los empleados
del sector2. La tercerización de la contratación colectiva de trabajo de los corteros
por medio de las CTA, mediante las cuales se traslada la responsabilidad patro-
nal de los ingenios a estas organizaciones, no puede ser una excusa para evadir
este principio tan mencionado en los informes anuales de Asocaña. Al sector
azucarero (ingenios y cultivadores) les corresponde garantizar las mejores condi-
ciones laborales para los trabajadores que se ubican en el eslabón más bajo de la
cadena. Este esquema de contratación, que traslada las relaciones de trabajo del
Código Laboral al Código de Comercio, se convierte además en una inadecuada
estrategia de competitividad de largo plazo basada en la reducción de costos,
que genera una deuda social, neutraliza la transferencia de las mejoras de pro-
ductividad a los salarios y aumenta los excedentes empresariales. Esta es una
forma para-legal de evadir la responsabilidad social de las empresas del sector,
mostrando que el principio de RSE es solo retórica para adornar los informes de
Asocaña, pues la generación de riqueza no se transfiere a buena parte del esla-
bón más bajo de la cadena cañícola.

Además, la RSE debe ser aún mayor cuando el Estado y la sociedad colombiana
en su conjunto le han brindado al sector cañicultor una elevada protección que
le ha permitido alcanzar su desarrollo actual. La industria cañera es un sector
altamente subsidiado a través de un esquema de precios de sustentación de al-
gunos de sus derivados como el azúcar y de importantes exoneraciones impositivas
al etanol, siendo ello una razón adicional para que la justicia laboral sea el eje de
la relación obrero-patronal en el sector, pues como lo señala Germán Patiño “ello
entraña una necesaria compensación de estas industrias a la sociedad que tan
solidariamente las acoge” (El País, IX/29/08). Pero adicional a estos subsidios
económicos, existen también subsidios ecológicos relacionados con la explota-
ción de los recursos naturales y los impactos ambientales de sus procesos pro-
ductivos que no son incluidos en los costos de producción, o se hace parcialmen-
te, y se trasladan al resto de la sociedad y de los ecosistemas a través del uso y
contaminación del agua y del suelo, la contaminación atmosférica por la quema
de la caña y otros efectos dañinos sobre el ambiente y la salud pública. Ello crea
una doble deuda social del sector cañicultor que lo obliga a redoblar su respon-
sabilidad: la relacionada con la justicia laboral por una parte y la correspondiente
a la justicia y ética ambiental, abriendo un reto adicional a su RSE.

La deuda social es un término acuñado desde finales de la década del ochenta
por el Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC)
2
Vale la pena rescatar una anécdota relacionada con el magnate mexicano de las telecomunicaciones Carlos
Slim, el cual le preguntó al profesor Stiglitz, premio Nóbel de economía, qué debería hacer él para ayudar a su
país. La respuesta del Nóbel fue: “pague sus impuestos y páguele bien a sus trabajadores”.

12

de la OIT en Chile3, el cual hace referencia a los pasivos o déficit que los gobier-
nos y autoridades tienen con la sociedad, en particular con los sectores más
pobres de la misma, en aspectos fundamentales para el desarrollo de la vida y la
dignidad humana en condiciones de libertad y equidad de oportunidades. Tam-
bién puede definirse como lo plantea Salvia (2005), como un déficit de desarro-
llo humano, considerando que este último concepto es el que mejor interpreta el
conjunto de dimensiones representativas esenciales a la vida humana y de las
sociedades.

Este término puede hacerse extensivo a las empresas o actividades y sectores
económicos que no transfieren, o lo hacen limitadamente, los beneficios de su
crecimiento económico a los diferentes eslabones de su cadena productiva, en
particular a los eslabones más débiles, haciendo que estos tengan un importante
déficit de desarrollo humano. Este término se complementa con el de deuda
ambiental o ecológica que corresponde a los pasivos ambientales que genera
una actividad económica por el uso indiscriminado de los recursos naturales y de
los servicios ambientales sin que la actividad asuma plenamente los costos socia-
les asociados a estos impactos ecológicos. Incluso, las transferencias de recursos
que desde la sociedad o el Estado se hacen a un sector productivo, que en este
documento denominamos como “subsidios económicos y ecológicos implícitos”,
también pueden categorizarse como parte de la deuda social que este sector
tiene con la sociedad que los acoge.

En un sentido amplio, los conceptos de RSE y deuda social están absolutamente
relacionados con el tema de la ética económica (Éarnsperger y van Parijs, 2002),
entendida como una forma diferente de economía en donde las relaciones entre
productores, trabajadores y consumidores tiene que ser justa, equitativa y
ambientalmente sostenible. Bajo este concepto, la justicia y dignidad del género
humano es un principio y un fin que buscan todas las sociedades, principio que
debe regir también las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores. En
tal sentido, identificar si lo que se le paga a los trabajadores corteros por parte del
sector azucarero es lo justo, pasa no sólo por identificar si los salarios devengados,
las prestaciones sociales (primas, cesantías, derecho a pensión, salud, vacacio-
nes remuneradas, riesgos laborales, dotación y material de trabajo, auxilios para
educación, salud y transporte) y las condiciones laborales (baños, sitios para
almorzar, derecho a descanso, transporte adecuado), son las que corresponden
al marco legal existente para este tipo de relaciones laborales en Colombia, sino
también si son las mismas que se ofrecen para otros trabajadores del sector que
desarrollan las mismas actividades.

3
Término que surge por los programas de ajuste estructural de los diferentes gobiernos de América Latina para
enfrentar la crisis de la deuda externa, basados en recortar gastos sociales y condiciones laborales.

13

En el escenario conceptual descrito antes, el propósito de este documento es
mostrar la deuda social y ambiental, o parte de ella, que el sector cañicultor tiene
con la sociedad colombiana que lo obliga a redoblar sus compromisos asociados
a la RSE con los eslabones más bajos de la cadena productiva, esto es con los
corteros de caña. Asimismo, el presente documento tiene como propósito dar
elementos que enriquezcan el debate con relación al conflicto entre empleadores
y trabajadores corteros de la industria de la caña, mostrando, por una parte, la
transferencia de recursos que la sociedad colombiana le brinda al sector cañicultor
que ha facilitado su desarrollo y, por la otra, identificando la realidad de los
ingresos netos que reciben los corteros de caña vinculados a las CTA.

En tal sentido, en una primera parte se presenta la evolución económica del
negocio azucarero en Colombia en los últimos años, con el propósito de identifi-
car su disponibilidad financiera de resarcir la deuda social que tiene con el esla-
bón inferior de su cadena productiva. Posteriormente, se evalúa la política gu-
bernamental hacia el sector azucarero y sus derivados haciendo énfasis en la
producción de azúcar y etanol. En este punto se cuantifican monetariamente los
subsidios implícitos que la sociedad colombiana le ha dado al sector desde 1990
en términos de los precios internos del azúcar y del etanol y en términos de las
exenciones tributarias a este último. El cuarto punto aborda el tema ambiental
mostrando el uso intensivo de los recursos naturales y los servicios ambientales
que hace el sector azucarero en el país, cuantificando económicamente los sub-
sidios ecológicos implícitos que la sociedad colombiana y los ecosistemas le dan
al sector cañicultor. El siguiente acápite se orienta a uno de los propósitos centra-
les de este trabajo, que es identificar las reales condiciones salariales de los corteros
de caña vinculados a las CTA. Para ello, se hace un ejercicio comparativo con los
vinculados directamente por las empresas a través de la Ley 100, mostrando las
condiciones desventajosas de la tercerización de la contratación laboral y eviden-
ciando la deuda social que el sector cañicultor tiene con estos trabajadores que
hacen las labores más duras de la cadena productiva de la caña de azúcar. Final-
mente, se entregan las conclusiones.

La mayor parte de la información de este documento es extraída de los informes
de Asocaña, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas y Energía, Corpora-
ción Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Superintendencia de Eco-
nomía Solidaria, DANE, Bolsa Internacional de Londres, Bolsa Nacional Agro-
pecuaria (BNA) y de algunas Cooperativas de Trabajo Asociado. El periodo de
análisis que cubre este trabajo corresponde la mayor parte a 1990-2007; sin
embargo, en algunos casos por limitación de información se abordan periodos
más cortos.

14

2. Dinámica económica del negocio cañicultor

La agroindustria azucarera colombiana ubicada en el valle geográfico del río
Cauca, específicamente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y
Risaralda (ver Figura 1), posee condiciones geográficas excepcionales para el
cultivo de la caña de azúcar: 1.000 metros sobre el nivel del mar, temperatura
promedio de 25 grados centígrados con oscilaciones de 12 grados entre el día y
la noche, brillo solar superior a las 6 horas diarias, humedad relativa de 76% y
una precipitación promedio de 1.400 milímetros (Asocaña, 2004).

Figura 1. Localización zona productora de caña de azúcar en Colombia y sus ingenios azucareros
Valle geográfico del río Cauca

Fuente: Asocaña

15

Estas condiciones han generado un espacio ambiental adecuado para el desa-
rrollo de la cañicultura en esta zona del país desde 1867, cuando se construyó el
primer trapiche, hasta cuando en las décadas cuarenta y cincuenta del siglo pa-
sado se convirtió en la región de mayor producción azucarera del país, alcanzan-
do las 141 mil toneladas, época en que se crearon la mayor parte de los trece
(13) ingenios azucareros que operan en Colombia. La industria azucarera se
expande en la década del sesenta debido en buena medida al aumento de las
exportaciones de azúcar a Estados Unidos que en ese entonces había cancelado
sus compras a Cuba (Ramos, 1994). El área sembrada casi se duplica entre los
sesenta y los ochenta al pasar de 64 mil a 110 mil hectáreas. A partir de 1990,
como resultado de la apertura económica, se acentúa el proceso de especializa-
ción de la región hacia el cultivo de la caña de azúcar hasta alcanzar las 203 mil
hectáreas sembradas en 2007, que representan la mitad de la disponibilidad de
tierra del valle geográfico (Figura 2).

Figura 2. Dinámica productiva de la industria cañera en Colombia
(1990-2007)

3.000 300

2.500 250

2.000 200

(Miles has/millones lts)
(Miles ton)

1.500 150

1.000 100

500 50

0 0
9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20

Mieles (miles ton) Azúcar (miles ton) Etanol (millones lts) Siembra (miles has)

Fuente: Asocaña (2008).

Los principales productos elaborados por el sector cañicultor son el azúcar, las
mieles y más recientemente el etanol, que le abre un nuevo panorama de nego-
cios al sector impulsado por los altos precios del petróleo resultado de su crecien-
te escasez y la alta demanda energética. En términos de producción azucarera

16

esta pasó de 1,2 a 2,3 millones de toneladas entre 1980 y 2007. Parte de este
despegue azucarero se explica por la dinámica exportadora que se incrementó
de 280 mil toneladas de azúcar y derivados en 1980 a 1.2 millones en 2005, para
luego descender a 716 mil toneladas en 2007 por el desplazamiento del cultivo
de caña hacia la producción de etanol. La miel por su parte se ha venido redu-
ciendo al pasar de 321 mil toneladas en 1980 a 250 mil en 2007. Y el nuevo
negocio agrocombustible, apoyado por las políticas gubernamentales, ha creci-
do en su producción desde su inicio en 2005 al pasar de 29 millones de litros a
275 millones en 2007 (ver Figura 2, con información desde 1990).

Estos acontecimientos señalados, permitieron crear y consolidar un gran conglo-
merado (cluster) en la región –que produce y vende en la actualidad una gran
variedad de productos y servicios, compuesto por cerca de 1.200 proveedores
de caña de azúcar, 13 ingenios, más de 40 empresas procesadoras de alimentos,
bebidas y licores; dos co-generadoras de energía eléctrica; un productor de pa-
pel, tres industrias sucroquímicas, más de 50 grandes proveedores especializados
y 100 empresas asociativas de trabajo– que ha constituido la columna vertebral
del desarrollo económico y social del departamento del Valle del Cauca (CNP ,
2002). Acorde a Asocaña (2004), esto le ha permitido generar al sector más de
36.000 empleos directos, distribuidos entre profesionales, tecnólogos, técnicos,
auxiliares, operarios calificados y corteros de caña. De esta cantidad, el 31%
pertenece a la nómina directa de los ingenios; el 33% es contratado a través de
más de cien CTA; el 23% lo contratan los cultivadores de caña para atender
labores del campo; el 11% corresponde a contratistas independientes que reali-
zan trabajos de distinta índole; y el 2% restante a trabajadores con contrato sindi-
cal empleados por sindicatos adscritos a las confederaciones colombianas de
trabajadores. De los 12.467 corteros registrados por Asocaña para 2004, 2.735
están contratados directamente por los ingenios, mientras los restantes 9.732
están vinculados por medio de las CTA.

A partir de estos 36.000 puestos de trabajo se crean adicionalmente unos 216.000
empleos indirectos, en actividades que realizan proveedores de bienes y servi-
cios, clientes de los ingenios y otras empresas que interactúan con los mismos en
diferentes subsectores (transporte, financiero, comercial, logística, alimentos, li-
cores, papel, sucroquímica, artes gráficas, energía, agroquímicos, investigación,
gremios, combustibles, etc.).

Todo este complejo industrial le ha conferido al sector un gran poder político que
se traduce en una elevada ingerencia sobre las autoridades no sólo departamen-
tales, sino del nivel nacional, poder que se ha acrecentado con la producción de
etanol, al mejorar su posición estratégica en la economía del país. Esto le ha
dado respaldo al sector por parte del gobierno nacional en el conflicto con los
corteros de caña.

17

Esta dinámica empresarial del sector también se refleja en sus resultados econó-
micos y en su importancia como sector estratégico nacional. La Figura 3 muestra
cómo los ingresos totales del sector, que equivalen a sus aportaciones al PIB
nacional, han tenido una tendencia creciente entre 1995 y 2007, al pasar de
US$955 millones a US$1.394, con un significativo descenso entre 1999 y 2003,
producto de la caída de los precios internacionales del azúcar. A partir de ese año
y hasta 2007 se recuperan como resultado del alza en los precios de este produc-
to y el nacimiento de la producción de etanol, que ha mejorado los balances del
sector. De la misma manera, las utilidades operacionales se han visto incre-
mentadas en este periodo al pasar de U$43 millones a US$181 en 2006, redu-
ciéndose a US$99 en 2007 por las reinversiones destinadas a las nuevas plantas
de etanol.

Figura 3. Resultados económicos de la industria cañera en Colombia
(1995-2007)
1.600 40.000
y = 378,41x + 30254
1.400 35.000

1.200 30.000

(US$/trabajador directo)
(Millones de US$)

1.000 25.000
y = 29,427x + 801,46

800 20.000

600 15.000

400 10.000

y = 6,2188x + 41,135
200 5.000

– –
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Utilidades operacionales Ingresos totales Productividad laboral
Lineal (Ingresos totales) Lineal (Utilidades operacionales) Lineal (Productividad laboral)

Fuente: Asocaña (diferentes informes).

Es decir, el sector mantiene una adecuada estabilidad y dinámica económica, a
lo cual ha contribuido en forma importante el aporte de sus trabajadores. Preci-
samente, en la Figura 3 se puede observar la productividad del trabajo en el
sector, la cual pasó de US$31.387 por empleado a US$37.432 entre 1995 y
2007, indicando un importante crecimiento del producto por trabajador (1,5%
promedio anual) en todo el sector cañero, aspecto relevante a considerar en las
discusiones laborales actuales. De igual forma, la productividad del trabajo de
los corteros de caña medida en términos de producto físico (molienda de caña /

18

# de corteros4), indicador que neutraliza los efectos monetarios por devaluación
e inflación, es igualmente creciente como puede apreciarse en la Figura 4, al
pasar de 1.645 a 1.712 toneladas por trabajador en el mismo periodo analizado.
Ello corrobora la significativa contribución del trabajo a la generación de valor en
el sector cañicultor y en forma específica el aporte creciente de los corteros de
caña, aspecto que debería ser compensado con mejores condiciones laborales y
salariales para los mismos.

Figura 4. Producción de caña de azúcar (molienda) y productividad
de los corteros de caña en Colombia
(1995-2007)
25.000 1.720

1.700
20.000
Producción caña (miles ton)

1.680

Toneladas por cortero
15.000

1.660

10.000

1.640

5.000
1.620

– 1.600
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Producción de caña (ton) Producción de caña/# corteros

Fuente: Asocaña (2008); Número de corteros: Estimaciones cooperativas.

Estos resultados exitosos del sector cañero son comprobados para un periodo
más corto a partir de otra fuente estadística: la Encuesta Anual Manufacturera
(EAM) del DANE, la cual se concentra en el sub-sector transformador (fabrica-
ción y refinación de azúcares, Código CIUU 15715). En la Figura 5, se puede
observar cómo la producción total del sub-sector pasó de 1,9 billones (millones
de millones) de pesos corrientes a $2,85 billones entre 2002 y 2006, obteniendo
un crecimiento promedio anual para el periodo de 9,9%. Incluso, la dinámica del
valor agregado del sector fue un poco más alta al alcanzar el 11,4% de crecimien-

4
En esta estimación no está excluido el corte de caña hecho a través de las máquinas cortadoras.
5
Se desconoce acá si esta información del DANE incluye los resultados de la producción de etanol a partir de
2005.

19

to promedio anual para el periodo, cifra similar a la dinámica de la economía
colombiana en su conjunto. A este comportamiento contribuyó en forma impor-
tante la productividad de los 6.399 trabajadores reportados por la industria a la
EAM para 2006, al pasar el producto promedio por empleado de $287 millones
en 2002 a $446 millones en 2006, obteniendo un crecimiento promedio anual
del 11%. Sin embargo, este significativo aporte no fue reconocido en sus remu-
neraciones laborales incluyendo la seguridad social, las cuales crecieron durante
el periodo en sólo 3,4% promedio anual, cifra inferior a la dinámica de la infla-
ción que lo hizo en 5,7%, lo cual significó una pérdida real de los salarios de los
trabajadores y empleados del sector cañero en esos años6. Ello hizo que la parti-
cipación de los salarios y las prestaciones en el conjunto del producto de la in-
dustria azucarera se redujera en forma importante al pasar de 8,8% en 2002 a
6,9% en 2006 (ver Figura 5). Estos elementos indican una fuerte política del
sector cañero y azucarero a concentrar la distribución de los beneficios de la
industria en manos del sector empresarial, sin generar un efecto distributivo im-
portante hacia sus empleados, política que se acentúa más cuando se trata de los
eslabones más bajos de la cadena, poniendo en duda la aplicación efectiva del
concepto de RSE.

Figura 5. Producción Bruta, productividad del trabajo y participación de la remuneración
salarial en la producción del sector azucarero en Colombia (2002-2006)
[fabricación y refinación] [pesos corrientes]
3.000.000 10,00
8,95
8,80
9,43 8,76
9,00
2.851.171
2.500.000
8,00

6,88 7,00
2.000.000
Millones y miles de $

2.138.171
1.947.841 1.914.275 6,00
1.905.449
(%)

1.500.000 5,00

4,00

1.000.000
3,00

2,00
445.565
500.000
308.154 301.556 338.265
287.355 1,00

– –
2002 2003 2004 2005 2006

Producto/# empleados ($ miles) Producción ($ millones) Salarios + Prestaciones/Producto (%)

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM), DANE. Clasificación CIUU, 1571.

6
Mientras los salarios y prestaciones del sector crecieron en el periodo (2002-2006) un 17% en total, la infla-
ción lo hizo en 28,3%; ello significó una caída en los salarios reales de los empleados del sector del 11,3%.

20

3. Políticas gubernamentales de apoyo al sector:
cuantificación de los subsidios económicos
de la industria cañera

El sector cañero y azucarero ha sido objeto importante de las políticas públicas
de apoyo por parte del Estado y de la sociedad colombiana en su conjunto,
políticas que le han permitido sostenerse económicamente a lo largo de buena
parte de su historia contemporánea. En tal sentido, este es otro elemento no sólo
para que el sector asuma con mayor profundidad la RSE, sino para que la socie-
dad y el Estado sean más exigentes en el cumplimiento de este papel. Es por ello
que debemos estimar las transferencias de riqueza de que ha sido depositario el
sector azucarero en dos aspectos fundamentales: las transferencias asociadas al
precio interno de sustentación del azúcar y las relacionadas tanto al precio como
a la exoneración de impuestos para la producción de etanol. En un sentido más
preciso, se pretende en este punto calcular los subsidios económicos implíci-
tos que benefician al sector cañicultor por parte de la sociedad colombiana.

En términos clásicos, un subsidio puede ser entendido como un impuesto nega-
tivo que puede gravar los bienes de consumo, de inversión o los servicios de los
factores (Deane y Kuper, 1988). Uno de los efectos principales de un subsidio
consiste en no trasladar todos los costos a los usuarios, por tal razón el precio
final del bien subsidiado es menor al del libre mercado, aunque el objetivo del
gobierno sea ayudar a que la empresa pueda seguir existiendo o a mantener el
ingreso de los productores, o a que no desaparezcan determinados servicios pú-
blicos. Un precio subsidiado puede hacer referencia tanto a mercados nacionales
como internacionales. Un ejemplo de este último tipo es el utilizado por el go-
bierno nacional para considerar que el precio de la gasolina en Colombia esta
subsidiado pues es inferior al precio internacional de la misma. Sin embargo, es
necesario entender que los subsidios no sólo son recibidos por los consumidores,
sino también por los productores, cuando el Estado los protege de la competen-
cia internacional manteniendo precios de sustentación por encima de los precios
externos. En este caso, el subsidio es transferido desde los consumidores hacia
los productores del bien. Pero además, cuando el Estado no transfiere toda la
carga tributaria a un sector económico, este sector también esta subsidiado en
forma comparativa frente a los otros.

21

Precisamente, ambos tipos de subsidios benefician al sector cañicultor. Por un
lado, desde 1993, a partir de la Ley 101 de ese año, se crean las contribuciones
parafiscales para el sector agropecuario y pesquero y los Fondos de Estabiliza-
ción de Precios que se organizan a partir del Decreto 569/2000 con el fin de
que al productor le sea indiferente vender sus productos en cualquier mercado
ya sea el nacional o el internacional y proteger al sector azucarero. Estos aspec-
tos y otros mecanismos de protección han definido a lo largo de buena parte
de la historia contemporánea del sector, precios internos del azúcar superior a
los del mercado internacional. Esto constituye obviamente un subsidio que es
cubierto por los consumidores colombianos pues el precio de cada libra de
azúcar consumida es superior al precio del mercado externo. Pero además, el
Estado colombiano está igualmente subsidiando la producción de etanol a tra-
vés de un precio de sustentación interno superior al internacional y por medio
de la exoneración de impuestos de que es objeto (Ley 788 de 2002), subsidio
que es asumido directamente por el Estado a través de menores ingresos tribu-
tarios sacrificando gasto público en general y gasto social en particular.

En este contexto, el objetivo de este punto es estimar el subsidio económico
implícito que tiene el sector azucarero en términos del diferencial de precios del
azúcar entre 1990 y 2007 y el del productor de etanol a través tanto del diferen-
cial de precios internos vs. externos, como de las exoneraciones de impuestos
entre 2005 y 2007.

3.1. Subsidios implícitos en el precio del azúcar

La Figura 6 presenta el comportamiento de los precios internacionales del azúcar
(US$/tonelada) frente a los precios nacionales, durante el periodo 1990-2007.
Los resultados evidencian en forma continua y creciente una significativa dife-
rencia que muestra cómo los consumidores colombianos han pagado un precio
más alto por cada libra de azúcar consumida que si esta hubiera sido importada.
Esto es, por tanto, un subsidio que la sociedad colombiana, a través de una
condición impuesta por el Estado, le ha otorgado al sector cañero para sostener-
se económicamente frente a la competencia extranjera. El monto de este subsi-
dio puede observarse en las columnas de la parte inferior de la gráfica, mostran-
do además que el mismo ha sido creciente.

Aunque este subsidio ha sido positivo para proteger al sector y mantener los
empleos generados por el mismo, ha significado importantes sacrificios para
los consumidores nacionales. La estimación del monto total del subsidio nos
permite identificar el volumen de recursos transferidos desde los consumido-
res hacia los productores de azúcar en Colombia entre 1990 y 2007. Este se
estima multiplicando el subsidio por unidad consumida (diferencia entre el
precio internacional del azúcar y el precio nacional promedio al final de cada

22

Figura 6. Precios nacionales e internacionales del azúcar para Colombia
(1990-2007) [US$/ton]
1.000

800

600

400
(US$/Ton)

200

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
0

1995
1991 1999
-200 1993
1997 2003
2005
2001
-400
2007

-600
Subsidios implícitos = Recursos transferidos
del consumidor al productor
-800

Diferencia (US$/ton) Precio internacional (US$/ton) Precio nacional (US$/ton)

Nota: La comparación se hace entre el precio internacional del azúcar blanco y el precio nacional del azúcar
refinado.
Fuente: Precios internacionales (Asocaña - Bolsa Internacional de Londres); Precios nacionales (Bolsa Nacional
Agropecuaria, BNA). Los precios corresponden a los promedios de diciembre de cada año.

año)7 por la cantidad vendida en el mercado nacional. En la Figura 7, se
observa que este monto alcanzó para el periodo analizado US$5.514 millo-
nes ($9,9 billones), cifra que es significativa monetariamente si vemos que
con ella los consumidores hubieran podido adquirir en términos de inversión
o gasto social: 330 mil viviendas de interés social, lo que significa cerca de
1.7 millones de nuevas personas con techo; 1,3 millones de hogares y 6,3
millones de personas beneficiadas con agua potable; 139 mil niños beneficia-
dos anualmente en términos de educación básica; o, 55 mil salarios mínimos
de 2008 (incluyendo prestaciones sociales y subsidio de transporte) transferi-
dos anualmente desde los consumidores a los productores, lo cual también
significan puestos de trabajo. Este es el costo de oportunidad del subsidio
entregado al sector cañicultor por parte de los consumidores (también puede
verse en términos de generación de demanda efectiva para otros sectores pro-
ductivos), asociado al diferencial de precios del azúcar interno y externo en el
7
En este dato podría haber una sobreestimación del mismo pues no se está incluyendo los costos de transporte
de traer el azúcar desde el mercado externo al país.

23

periodo estudiado. La Figura objetiviza la gran magnitud de recursos que son
transferidos por parte de los consumidores a los productores azucareros, aspecto
que debe acentuar el cumplimiento de la RSE del sector hacia la sociedad, en
este caso hacia sus trabajadores corteros de caña.

Figura 7. Total monto del subsidio asociado al diferencial de precios del azúcar
(interno y externo) y consumo potencialmente sacrificado en Colombia
(1990-2007)

Precio unidad de vivienda básica: $30 millones
# de viviendas potencialmente adquiridas: 330 mil
Población potencialmente beneficiada: 1.651 mill.
Valor total de los subsidios implícitos en Colombia:
Diferencia entre precio interno y externo del azúcar
(1990-2007) [millones de US$]
800
Tarifa media de agua por m3: US$0,813
700
m3 potencialmente consumidos: 377 millones
600 Hogares beneficiados: 1,3 millones
Millones (US$)

Población beneficiada: 6,3 millones
500
US$5.514
400 millones
300 ($9,9 billones)
200
Costo educación básica
100 por niño/año: $30 millones
Niños potencialmente
-
beneficiados/año: 110 mil
92
19 0
91

93
94
95
96

19 7
98
99

20 0
01
02
03
04
05
06
07
9

9

0
19
19

19
19
19
19
19

19
20

20
20
20
20
20
20

Valor salarios mínimos/año con
prestaciones: $9,9 millones
Número de salarios mínimos transferidos
por consumidores: 55.511/ año

Fuentes: Estimaciones del monto total del subsidio implícito: autores con base en precios internacionales (Asocaña -
Bolsa Internacional de Londres) y Nacionales (BNA); Valor Unidad Básica de Vivienda (Camacol); Tarifa media m3 de
agua (EMCALI); Costo educación básica desde la demanda: estimaciones propias con base en costos de matrícula,
transporte, refrigerios, libros y útiles de estudio de un colegio oficial o privado económico; Valor Salario Mínimo
Mensual Legal Vigente 2008 (SMMLV) con base en Ley 100 y Viceministerio de Trabajo.

3.2. Subsidios asociados a la producción de etanol

La crisis de abastecimiento de energía fósil y el calentamiento global han puesto
en el derrotero de las políticas internacionales y nacionales la promoción de ener-
gías alternativas dentro de las que se destacan los agrocombustibles8. Para Co-

8
Sin embargo, presentar a los agrocombustibles como la “varita mágica” que resuelve todos los problemas
puede resultar un discurso peligroso y engañoso. Estas opciones, a pesar de estar basadas en el uso y explota-
ción de recursos naturales de carácter renovable, conllevan también importantes implicaciones ambientales y
sociales en varios aspectos: ampliación de la frontera agrícola a costa de significativas áreas boscosas tropicales;

24

lombia, esta opción es parte central de la estrategia de política energética del
gobierno actual y para ello ha adecuado su marco legal para abrir el camino a la
producción de combustibles de origen agrícola. La Ley 693/2001 estipula que la
gasolina colombiana deberá tener un 10% de etanol en 2009 y alcanzar gradual-
mente una proporción del 25% en los próximos 15 ó 20 años. Por su parte, la
Ley 939/2004 estimula la producción y el consumo de biodiesel hasta en un 5%
para este tipo de motores.

Pero adicionalmente a esta ley que obliga al uso de agrocombustibles a través de
la mezcla de la gasolina o el diesel con el etanol y el biodiesel respectivamente, la
política colombiana busca hacer atractiva la producción y distribución de estos
combustibles de origen agrícola para los empresarios. Para ello, se plantean dos
estrategias complementarias: la primera, mantener un precio de sustentación atrac-
tivo para los empresarios; y la segunda, exonerarlos de una serie de impuestos
nacionales y municipales. Para apoyar la primera estrategia, el gobierno definió
el costo de oportunidad (la alternativa de producir alcohol) como el de fabricar
azúcar refinada, cuando la verdadera alternativa, como lo señala Kalmanovitz
(El Espectador, XI/30/08), es el azúcar crudo. Ello permitió elevar el precio míni-
mo de referencia en 25%. Se estableció además que cada quintal de azúcar
generaba 21 litros de etanol, cuando realmente genera 29 litros, lo que arroja un
excedente adicional de 38%. Sumando ambos se obtiene un sobreprecio de 72,5%
sobre el costo que debió servir de base del precio al consumidor, lo cual produce
un efecto similar al del azúcar: que los consumidores terminemos subsidiando a
los productores, pudiendo resultar más barato importar el etanol que adquirirlo
en el mercado interno a esos precios.

Por su parte, las exoneraciones fiscales fueron amarradas a la Ley 788/2002 (de
Reforma Tributaria), la cual introduce las siguientes exenciones a la producción
de etanol: IVA9, Impuesto Global10 y Sobretasa a la Gasolina11, la que financia

incremento de la demanda de agua y alteración de los regimenes hidrológicos en cuencas con situaciones de
estrés hídrico; contaminación del suelo y el agua por el uso exagerado de insumos agroquímicos para aumentar
la productividad; impulso a patrones de desarrollo agrícola que además de ser energéticamente ineficientes
ponen en riesgo la seguridad alimentaria e incrementan la pobreza al presionar al alza los precios de los bienes
básicos y generarse un desplazamiento de la producción de alimentos por la producción para agrocombustibles
(Pérez, 2008).
9
El Art. 31 excluye a la caña de azúcar del pago de este impuesto el cual equivale al 16%, mientras que la
producción de Alcohol Carburante para mezcla con gasolina para vehículo automotor queda exenta de este
pago.
10
El Decreto 1774 de 1996 colocó este impuesto al combustible (gasolina y ACPM), el cual se incrementaría
anualmente acorde a la meta de inflación, partiendo de $ 330/galón de gasolina corriente y $405 para la extra.
De esta cuantía, el 1.1% es para ECOPETROL y el resto (98.9%) para la Tesorería Nacional. El 1.1% se
distribuirá en los departamentos acorde a su participación en los galones vendidos a nivel nacional. Del restan-
te 98,9%, 25,6% será para cubrir las transferencias de la Nación a los municipios para los gastos de agua,
educación, salud, etc.
11
La sobretasa a la gasolina equivale al 25% de cada unidad vendida sobre el precio de referencia extra y
corriente. De este 25%, 6.5% son para el Departamento y el 18.5% restante para los Municipios acorde a la
Ley 488 de 1998.

25

principalmente obras de infraestructura vial municipal. Con ello se afectan las
finanzas públicas nacionales, departamentales y municipales y además se re-
duce la financiación de los gastos sociales y de infraestructura del Estado.
Igualmente, mediante la misma Ley los empresarios que invierten en el nego-
cio agrocombustible obtienen descuentos tributarios del 40% sobre sus inver-
siones.

Precisamente, en este punto queremos identificar el subsidio implícito trasladado
desde los consumidores hacia los productores de etanol (los ingenios azucareros)
a través de los diferenciales de precios, pero también cuantificar el subsidio tras-
ladado desde el Estado hacia los fabricantes de etanol relacionado con las
exoneraciones y exenciones de impuestos, que lleva implícito una disminución
significativa en los gastos sociales estatales que benefician a la población de me-
nores recursos.

3.2.1. Subsidios relacionados con el diferencial de precios del etanol

Para estimar el monto del subsidio vía precios aparecen dos opciones: i) a través
del diferencial entre el precio interno del etanol y su precio externo, tomando en
este caso el precio del etanol producido en Brasil e incluyendo los costos de
transporte12; ii) a través del diferencial entre el precio de referencia estimado por
el gobierno nacional tomando como costo de oportunidad el azúcar refinada y
un rendimiento de 29 litros de etanol por cada quintal de azúcar versus el precio
de referencia con base en el precio del azúcar cruda y un rendimiento de 21 litros
de etanol por quintal de azúcar13 (Kalmanovitz, 2008). En la Figura 8 se aprecian
los resultados de ambos métodos, encontrando que con base en el primero el
subsidio implícito para los tres años alcanza la suma de 117 mil millones de pesos
corrientes (US$57 millones) [Figura 8-derecha], mientras que con el segundo
método el subsidio equivale a $491 millones (US$226 millones) [Figura 8-
izquierda]. Sacando una media de ambos métodos podemos decir que el monto
total aproximado del subsidio vía diferencial de precios alcanza una suma cerca-
na a los 304 mil millones de pesos corrientes14 (US$42 millones). Es necesario

12
El precio interno colombiano es: $3.973,23, $4.596,98 y $4.590,12 para 2005, 2006 y 2007 por galón de
etanol. El precio de Brasil es el estimado como el precio al productor en Sao Paulo llevado a dólares. Esto es
para los mismos años: $3.328,33, 4.362,94 y $3.283.01. Tomado de: BNDES y CGEE (2008). “Bioetanol de
caña de azúcar: energía para el desarrollo sostenible”. Precios tomados del Centro de Estudios Avanzados en
economía aplicada (cepea). http://www.cepea.esalq.usp.br.
13
Al precio promedio de referencia se le descuenta el 25% relacionado con el sobrecosto estimado por usar el
azúcar refinado en vez del azúcar crudo. A este resultado se le descuenta otro 38% por usar un factor de 21
litros de etanol por cada quintal de azúcar en vez del dato de 29 litros que es el real. Esto arroja un sobrecosto
total de 72,5% que es el factor que se descuenta para hallar un precio real de referencia. Esto es con base en
Kalmanovitz (2008).
14
Son corrientes pues se obtienen de multiplicar el subsidio implícito por unidad vendida anual tomando el
precio respectivo promedio de ese año, por la cantidad vendida.

26

señalar que este es un subsidio desde los consumidores hacia los productores de
etanol.

Figura 8. Estimación del monto de subsidios al sector cañicultor asociados
a los diferenciales de precios del etanol en Colombia (2005-2007)

Diferencial de ingresos de la venta de etanol: Diferencial de ingresos de la venta de etanol:
Precios de sustentación Vs. Precios reales Precios nacionales Vs. Precios del Brasil

400.000
400.000 Total 2005-2007:
Total 2005-2007: 350.000
$678 mil millones
350.000
$678 mil millones
Subsidio:
300.000
$117 mil

Millones de pesos
300.000 millones
250.000
Millones de pesos

250.000 Total 2005-2007:
200.000
Subsidio implícito: $561 mil millones
200.000 150.000
$491 mil millones
150.000 100.000

100.000 50.000

Total 2005-2007:
50.000
$186 mil millones 2005 2006 2007

2005 2006 2007
Ventas con base en precios colombianos

Ventas con base en precios brasileños
Ingreso con sobreprecio Ingreso con precio real

Fuente: Con base en precios de referencia de Ministerio de Minas y Energía y para Brasil de Cepea
(http://www.cepea.esalq.usp.br).

3.2.2. Subsidios a la producción y venta de etanol relacionados con
las exenciones tributarias

En la Tabla 1 se aprecia la dinámica de la producción de etanol a partir de 200515,
año en que se inicia la fabricación de este agrocombustible en Colombia por
parte de los ingenios azucareros. Para obtener el valor del subsidio que el Estado
les da a los productores de etanol a través de la exención de impuestos, se parte
del volumen producido de etanol en cada año.

En el caso del IVA, el subsidio estimado es resultado de las ventas totales anuales
de etanol (que se obtienen del precio del etanol promedio año16 multiplicado por

15
Las leyes 693/2001 y 788/2002 tienen efectos reales en términos de producción de etanol solo a partir de
este año.
16
Acá se han tomado así: diciembre para 2005 y los promedios de junio para 2006 y 2007 de las Resoluciones
del Ministerio de Minas y Energía. Estos precios corresponden respectivamente a: $3.973,23, $4.596,98 y
$4.590,12.

27

Tabla 1. Ventas de etanol en Colombia (2005-2007).

Año Ventas (gal)

2005 6.223.737
2006 68.300.263
2007 73.882.051
Fuente: Asocaña (2008).

la cantidad vendida en galones), por el 16% del IVA no cobrado. El subsidio
asociado al Impuesto global se obtiene del valor de este impuesto promedio para
cada año17, multiplicado por las ventas anuales en galones de etanol. Finalmen-
te, el valor del subsidio relacionado con la Sobretasa a la gasolina resulta de
multiplicar la sobretasa a pagar respecto del precio del etanol por galón (25%)18
por las ventas anuales en galones de etanol. El resultado de estas estimaciones se
puede apreciar en la Figura 9, encontrando un nivel de subsidios tributarios cre-
ciente acorde a dinámica similar en las ventas de etanol, resaltando que la mayor
participación del subsidio está relacionada con las exoneraciones a la sobretasa a
la gasolina las cuales afectan con mayor fuerza los ingresos municipales. Al su-
mar las tres fuentes de subsidios tributarios al etanol (IVA, impuesto global y
sobretasa), el monto del subsidio es altamente significativo: $13.633 millones
para 2005; $169 mil millones para 2006 y $184 mil millones para 2007, ascen-
diendo a una suma total cercana a los $367 mil millones para los tres años, sin
contar con las exenciones de impuestos relacionadas con las nuevas inversiones
y las inversiones en zonas francas (Decreto 383/2007).

Otro elemento importante de este análisis es identificar los impactos en los ingre-
sos tributarios de las diferentes entidades territoriales. La Tabla 2 presenta los
resultados de este cálculo, encontrando que la más afectada por la exención de
impuestos al etanol es la Nación en un monto cercano a los $174 mil millones, de
los cuales $109 mil corresponden a IVA no cobrado y el resto a la exoneración
del impuesto global al etanol. La segunda entidad territorial afectada es el muni-
cipio, al cual se le han trasladado la mayor parte de las responsabilidades de
inversión pública social. A esta entidad le han reducido un monto cercano a los
$148 mil millones de sus ingresos tributarios en estos tres años de producción de
etanol, los cuales corresponden en su gran mayoría a la exención del pago de la
sobretasa a la gasolina. Estas transferencias representan un poco más de $125
mil millones de menores recursos para asumir sus responsabilidades constitu-

17
Se han tomado así: $561,50, $586,77 y $610,24 para 2005, 2006 y 2007 respectivamente de diferentes
Resoluciones del Ministerio de Minas y Energía.
18
Acorde al precio del etanol, estas corresponden en promedio a: $993,31, $1.149,25 y $1.147,53 para 2005,
2006 y 2007 respectivamente.

28

Figura 9. Subsidios a los productores de etanol relacionados con las exenciones de impuestos
en Colombia (2005-2007)

[Millones de pesos corrientes]
200.000
184.128
180.000
168.806

160.000

140.000
Millones de pesos

120.000

100.000
84.782
78.494
80.000

60.000 54.260
50.236 45.086
40.000 40.077

20.000 13.633
3.957 3.495 6.182
–
IVA Impuesto global Sobretasa Total

2005 2006 2007

Fuente: Con base en cantidades de etanol producidas anualmente y multiplicadas por los precios de referencia del
combustible o de los impuestos asociados del Ministerio de Minas y Energía.

cionales (el 84% del total de la disminución de ingresos municipales). Por su
parte, el departamento ha sacrificado en estos tres años un monto cercano a
los $45 mil millones, casi todos relacionados con la sobretasa a la gasolina ($44
mil millones).

Tabla 2. Distribución de ingresos no recibidos por las entidades territoriales asociados a las
exenciones tributarias a la producción de etanol en Colombia

[millones de pesos corrientes]

Unidades territoriales
Año Nación Departamentos Municipios Total
2005 6.528 1.646 5.460 13.633
2006 79.725 20.849 68.232 168.806
2007 87.435 22.539 74.154 184.128
TOTAL (2005-2007) 173.688 45.034 147.845 365.568
TOTAL (millones US$) 81.9 21.2 69.7 172,8
(%) 47.4 12.3 40.3 100.0

Fuente: Con base en lo estipulado para la distribución de los ingresos tributarios asociados al IVA, el impuesto global
y la sobretasa a la gasolina en el Decreto 1774/1996 y la Ley 488 de 1998.

29

3.2.3. Subsidio total a la producción y distribución de etanol y gasto
público potencialmente sacrificado

Al sumar todos los subsidios implícitos para el etanol, tanto los provenientes de
los consumidores relacionados con el diferencial de precios como los tributarios,
encontramos que estos son de gran magnitud ascendiendo los mismos a una
suma cercana a los 671 mil millones de pesos (US$311 millones) para los tres
años: $25 mil millones para 2005, $291 mil para 2006 y $355 mil millones para
2007. Pero además, esta cifra adquiere su real magnitud cuando se identifica lo
que ha significado en términos de sacrificio de inversión social.

En la Figura 10 se observa lo que este monto ha significado para la sociedad
colombiana, en términos de inversión social: la construcción de 22 mil viviendas
de interés social; abastecer en términos de agua potable a 2,1 millones de perso-
nas o dar servicios de saneamiento básico a 3,9 millones de habitantes; ofrecer
educación básica a cerca de 124 mil niños anualmente, o generar 22.540 nuevos
puestos de trabajo anuales de SMMLV. Concluyendo, la Figura muestra el gran
impacto en la inversión social que genera el otorgamiento de subsidios a la pro-
ducción y distribución de etanol, lo cual equivale a una deuda social que tiene la
industria de la caña con nuestra sociedad.

Figura 10. Total monto del subsidio asociado a la producción y distribución de etanol y gasto
público potencialmente sacrificado en Colombia (2005-2007)

Subsidios totales implícitos asociados a la Precio unidad de vivienda básica: $30 millones
producción de etanol diferencial de precios medios
# de viviendas sacrificadas: 22.352
+ exenciones tributarias (millones de $)
Población potencialmente afectada: 112 mil
350.000
290.615 307.086
300.000
Millones de pesos

250.000 $670.567 Costo per cápita acueducto rural: US$150
millones Costo per cápita de saneamiento básico: US$80
200.000
(US$311 Población afectada acueducto: 2,1 millones
millones) Población afectada saneamiento: 3,9 millones
150.000

100.000

50.000
24.604 Costo promedio por alumno educación
- básica/media desde la oferta (2008): $1,8
2005 2006 2007 millones.
Cupos sacrificados por año: 123.831

Fuentes: Estimaciones del monto total del subsidio implícito: au-
tores con base en: Asocaña (2008); Ministerio de Minas y Energía
(Web); Cepea (http://www.cepea. esalq.usp.br); Valor Unidad Bá- Valor salarios mínimo/año con
sica de Vivienda (Camacol); Costo per cápita de acueducto y de prestaciones (2008): $9,9 millones
saneamiento (USAID-MINDESARROLLO, 2005); Costo Prome- Número de empleos de SM sacrificados:
dio por Alumno (Sánchez Ribero, 2005), actualizado de 2000 a 22.540/año.

2008 acorde a la inflación. Valor Salario Mínimo Legal Vigente
(SMLV) con base en Ley 100 y Viceministerio de Trabajo.

30

3.3. Subsidios totales transferidos al sector cañicultor relacionados
con la producción de azúcar y de etanol

Finalmente, es importante para este documento estimar el total de subsidios im-
plícitos que son otorgados por la sociedad y el estado colombiano al sector
cañicultor, tanto por los precios diferenciales del azúcar y el etanol como por las
exenciones de impuestos para la producción y distribución de este último. Al
sumar las partidas estimadas en los puntos 3.1 y 3.2.3, se obtiene una aproxima-
ción al total del subsidio transferido al sector de la caña de azúcar en Colombia,
el cual se presenta en la Figura 11. En este gráfico se muestra la magnitud de
tales transferencias, las cuales alcanzan cifras impresionantes: $10,6 billones (mi-
llones de millones de pesos corrientes), lo que equivale a US$5.825 millones
que han sido transferidos por la sociedad colombiana al sector cañicultor desde
1990, a través de diferentes mecanismos. Esto puede ser visto también como
parte de la deuda social del sector cañero con la sociedad colombiana.

Figura 11. Total monto del subsidio económico al sector cañicultor asociado a la producción
de azúcar y de etanol en Colombia (1990-2007).

1.800.000 900
Total: $10,6 billones (US$5.825 millones)
1.600.000 800

1.400.000 700

1.200.000 600

Millones de dólares
Millones de pesos

1.000.000 500

800.000 400

600.000 300

400.000 200

200.000 100

– –
0 2 4 6 8 0 2 4 6
1 99 1 99 1 99 1 99 1 99 2 00 2 00 2 00 2 00

Millones de $ Millones de US$

Fuentes: Con base en: Asocaña (2008); Ministerio de Minas y Energía (Web); Cepea (http://www.cepea.esalq.usp.br);
Bolsa Internacional de Londres; BNA.

31

4. La deuda ambiental de la industria cañera colombiana

4.1. El uso intensivo de las funciones ambientales por parte del sector
cañicultor

El éxito económico del sector cañicultor, mediante el cual ha podido consolidar
un importante cluster con poder político-empresarial, no ha sido gratuito en tér-
minos ambientales y sociales. Esta gran dinámica económica lleva también im-
plícita una gran huella ecológica que se refleja en el uso de los recursos naturales
y en sus procesos contaminantes asociados. Esto ha conllevado a importantes
conflictos ambientales relacionados con problemas ecológicos que han afectado
a las comunidades que viven cerca a los cultivos. Además, estos problemas se
han mantenido casi por fuera del control de la autoridad ambiental por el gran
poder político, económico y de cabildeo que tiene el gremio.

El sector cañicultor es un usuario intensivo de recursos naturales, tanto de la
función abastecedora del ambiente que provee de recursos a la actividad econó-
mica como de la función receptora que permite asimilar desechos. En la Figura
12 se puede apreciar con claridad el uso intensivo de recursos naturales por
parte del sector encontrando una dinámica creciente de la demanda de agua,
tierra y energía en la función proveedora (parte A)19, y una dinámica que tiene
diferentes comportamientos en la función asimiladora de la biosfera (parte B):
por un lado, la contaminación de suelos y aguas y la atmosférica se han visto
incrementadas en forma respectiva por el uso intensivo de herbicidas y fertilizan-
tes20 y por la quema de la caña de azúcar para su cosecha21. Igualmente, los
19
Estimaciones a partir de datos de Asocaña (2008) en área sembrada; Chapagain y Hoekstra (2004) y Pérez
(2007) para el cálculo de la huella hídrica de la caña; y, Asocaña (2007) para la cantidad de energía consumida
para la producción de azúcar complementando la información con el uso de energía para la fabricación de
etanol usando la equivalencia de 29 litros de etanol por cada quintal de azúcar (50 kg) tomada de Kalmanovitz
(2008).
20
Estos se estiman con base en la suma de lo utilizado en fertilizantes y herbicidas, alcanzado para 2007 un nivel
de consumo de 72 mil toneladas. En fertilizantes, acorde a Cenicaña-Quintero (1995), se recomienda usar en
promedio para diferentes tipos de suelos 250 kg/hectáreas de nitrógeno (urea) y entre potasio, fósforo y calcio
otros 100 kg/hectáreas. Para herbicidas, acorde a Cenicaña-Gómez (1995, pp. 150), se recomienda usar 5, 7 kg/
hectáreas correspondientes a: 2,5 kg/hectáreas de Ametrina; 1,5 kg/hectáreas de Diurón polvo; 1,5 kg/hectáreas
de 2,4-DA (diamina) y 0,2 kg/hectáreas de Surfactante. Se ha supuesto que un litro equivale a 1 kg.
21
Se estimó con base en el área de caña quemada suministrada por la CVC (70% del área total) y un factor de
emisión de 75,9 kg de PM10 (partículas menores a 10 micras) por hectárea quemada al día con base en
Madriñan (2002) y Dávalos (2007).

33

niveles de contaminación del suelo y del agua también se han visto presionados
al alza por la generación de vinazas, principal subproducto de la producción de
etanol que, aunque tiene un importante potencial de uso como abono, también
tiene un significativo nivel de contaminación por su riqueza en materia orgáni-
ca22, aspecto que puede incrementarse por el efecto masa al aumentar la produc-
ción de etanol en el tiempo, fenómeno que afecta su potencial económico de
reuso. Por el contrario, se aprecia una disminución importante de la contamina-
ción hídrica (DBO5, DQO y SST) asociada a la producción de azúcar y etanol en
los últimos años relacionada con las mejoras en el proceso productivo y la cons-
trucción y operación de sistemas de tratamiento.

Figura 12. Uso de recursos naturales por parte del sector cañicultor en Colombia:
fases de cultivo y producción de azúcar y etanol (1990-2007).

A. Uso de la función abastecedora del ambiente B. Uso de la función receptora del ambiente
2.500 70.000
80.000 4.000
60.000
70.000 3.500
Miles de Giga Joules (000 Gj)

2.000
50.000 60.000 3.000
Mm3 y miles de has

50.000 2.500

Toneladas
Toneladas

1.500 40.000
40.000 2.000

30.000 30.000 1.500
1.000
20.000 1.000
20.000
500 10.000 500
10.000
– 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
200
200
200
200
200
200
200
200
0 0
0
5
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
200
200
200
200
200
200
200
200

Vinazas (miles ton) DB05, DQO y SST (ton)
Tierra utilizada Agua consumida (Mm3) Consumo de energía Herbicidas y fertilizantes (ton) Contaminación atmosférica
(miles ha) (miles Gj) por quema de caña (ton)

Notas: Mm3= Un millón de m3; Gj = Mil millones de Joules.
Fuentes: Para función abastecedora con base en: Agua consumida (Chapagain y Hoekstra, 2004 y Pérez, 2007); tierra
utilizada y energía consumida (incluye producción de etanol) [Asocaña, 2008]. Para función receptora: DBO5, DQO
y SST (Asocaña, 2008; incluye tanto la producción de azúcar como de etanol); Herbicidas y Fertilizantes (Cenicaña,
1995); Contaminación atmosférica por quema de caña (Madriñan, 2002 y Dávalos, 2007) y producción de vinazas
(Chavarría, 2008 y Asocaña, 2008).

Bajo esta realidad, se puede decir que el sector no sólo recibe subsidios moneta-
rios sino también subsidios ecológicos por parte de la sociedad y de los ecosistemas
donde desarrolla sus actividades. Es en este momento cuando aparece el con-

22
Análisis realizados sobre la composición de la vinaza concentrada a 60° Brix encuentran que posee sólidos
totales en un 60%, sólidos volátiles 44%, carbono 22%, proteína bruta 9,1%, potasio 5,7%, azufre 4,7%,
calcio, cloro, nitrógeno, magnesio y fósforo (Fuente: informe Proquip SA, Brasil). Acorde a Chavarría (2008) y
Asocaña, la cantidad de vinaza por cada unidad de etanol (litros) producido se estimó en un promedio ponde-
rado de 4.8 dado que este factor depende de la materia prima a utilizar para la producción de etanol, así: a
partir de jugo de caña: 12-14 litros de vinaza; a partir de mieles: 8-12 litros; a partir de matadura: 1-4 litros
(Chavarria, 2008). Asocaña por su parte señala una relación de 1,5. Con base en estos datos se estimó un
promedio ponderado.

34

cepto de pasivo23 ecológico o ambiental, que puede definirse como toda aque-
lla obligación legal o social de pagar o incurrir en un gasto como con-
secuencia de un daño ambiental24 o un daño social25, resultado del uso
de los recursos naturales y del ambiente. Este gasto tiene como propósito
devolver, en lo posible, la capacidad de las funciones ambientales (abastecedora
o receptora) de continuar prestando sus servicios en forma adecuada al resto de
ecosistemas y a la sociedad en su conjunto. En otras palabras, este gasto tiene
como objetivo intentar corregir las externalidades negativas26 generadas por el
uso de las funciones ambientales de la biosfera para el desarrollo de las activida-
des productivas y de consumo. Cuando las actividades económicas no cubren
estos pasivos ambientales o externalidades, se genera una deuda ecológica27, la
cual puede ser también vista como un subsidio ecológico o ambiental cuan-
do estos costos (deuda) no son asumidos dentro del flujo de egresos de la empre-
sa contaminadora. En este sentido, el subsidio ecológico corresponde a una trans-
ferencia de costos ambientales desde el contaminador hacia el resto de la socie-
dad y de los ecosistemas, los cuales son en últimas los que asumen el costo
asociado al uso intensivo de las funciones ambientales de la biosfera por parte
del negocio de la caña de azúcar.

Esta deuda ecológica o subsidio ambiental puede ser cuantificada tanto física-
mente como monetariamente a través de métodos de valoración desarrollados
en el primer caso por la economía ecológica y en el segundo por la economía
ambiental. En el primer caso, la Figura 12 ya está mostrando biofísicamente el
volumen de pasivo ambiental en términos de la explotación y uso de las funcio-
nes ambientales generado por la actividad cañera. Ahora, en términos moneta-
rios, el valor del pasivo ambiental o subsidio ecológico puede ser calculado por
métodos sencillos de valoración económica. Precisamente, este es un objetivo
que queremos alcanzar en este capítulo. Sin embargo, dados los amplios usos de
las funciones ambientales por parte del sector cañicultor, sólo estimaremos algu-
nos de ellos. En particular abordaremos tres: i) El subsidio asociado al uso del
agua por parte del cultivo de la caña de azúcar; ii) El subsidio asociado al uso de
las fuentes hídricas como vertedero por parte de la industria azucarera; iii) El
subsidio ambiental relacionado con la quema de la caña de azúcar.

23
Un pasivo es la obligación de incurrir en un gasto por parte de una persona o una empresa como consecuen-
cia de un compromiso contractual, de una decisión de una autoridad administrativa o judicial o incluso asumi-
da de manera voluntaria y unilateral.
24
Daño que afecta el normal funcionamiento de los ecosistemas, ya sea de su función abastecedora o de la
receptora, o de la renovabilidad de sus recursos y componentes.
25
Los ocasionados a la salud humana, el paisaje, la tranquilidad pública, los bienes públicos y privados y
demás bienes con valores económicos y sociales directamente afectados por la actividad contaminante.
26
Costos impuestos sobre la sociedad y el ambiente que no son considerados en el valor del mercado por
productores y consumidores. Incluye daños al ambiente natural y construido, tales como efectos de la contami-
nación a la salud, las construcciones, las cosechas, los bosques, las amenazas globales, etc.
27
Es el uso de los ecosistemas, bienes y servicios ecosistémicos por una actividad económica a expensas de los
derechos de acceso equitativos a esos ecosistemas por parte de otros usuarios (Hemley, 2005).

35

4.2. Valoración económica de algunos subsidios ambientales
relacionados con el sector cañicultor

Para el cálculo de los subsidios ambientales transferidos por parte de la sociedad
y de los ecosistemas al sector azucarero existen diferentes tipos de metodologías
creadas por parte de la economía ambiental28. En esta estimación se recurre a
algunas de ellas para aproximarse al valor económico de tales subsidios, cálculos
no exentos de dificultades por la poca e inconsistente información que existe en
temas ambientales en el país.

Para el caso del subsidio asociado al uso del agua, puede estimarse a través del
diferencial entre el precio pagado a la CVC por la tasa de uso, o el que debió
haberse pagado, y el valor económico de preservar una cuenca hidrográfica. El
subsidio asociado al uso de las fuentes hídricas como vertedero de residuos por
parte de la industria azucarera puede calcularse a través del método denomina-
do “costos de prevención” o “costos evitados”. Mediante este método, se estima
el valor del daño ambiental acorde al volumen de gastos efectivos realizados por
los individuos, firmas, gobiernos o comunidades, para prevenir o mitigar efectos
ambientales indeseables. En este caso, se trata de disminuir el nivel de carga
contaminante que aún se arroja a las fuentes hídricas por la industria azucarera a
través de la optimización y mejoras de las plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) existentes29. Es necesario señalar que estos dos tipos de subsi-
dios no son exclusivos del sector, sino que los mismos también son transferidos al
resto de sectores usuarios del recurso hídrico que arrojan sus aguas residuales a
las fuentes superficiales.

Finalmente, con el propósito de mejorar la productividad de los corteros, los
ingenios y cultivadores queman la caña previamente a su recolección30. Dicha
quema agrícola genera aumentos en la productividad, pero libera a la atmósfera
monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO),
(NO2), (NOX), metano (CH4), hidrocarburos no metálicos (NMHC) y partículas
menores de 10 micras (PM10) (Madriñán, 2002). Estas sustancias alteran el fun-
cionamiento normal del sistema respiratorio (Arbex, 2001), cardiovascular,
reproductivo y neurológico (Curtis, Rea, Smith-Willis, Fenyves, Pan, 2006). El
presente ejercicio se concentra en los efectos nocivos que genera la contamina-
ción en el sistema respiratorio. El subsidio relacionado con la quema de la caña
puede ser obtenido mediante el método de “gastos defensivos” también llamado

28
Para mayor detalle puede verse: Azqueta (1999); Uribe et al. (2003), Cristeche, E. y Penna, J. (2008) y otros.
29
Acá es importante señalar que el sector, como puede observarse en la Figura 12-B, ha venido disminuyendo
en forma importante los niveles de contaminación arrojados a las fuentes hídricas, precisamente por medio de
la construcción y operación de PTAR, que en este caso corresponden a lagunas de estabilización.
30
Sin quemar la caña de azúcar, un cortero corta entre dos y tres toneladas diarias, mientras que si ésta se
quema, se alcanza un rendimiento de entre cinco y seis toneladas diarias por cortero (Madriñán, 2002).

36

en “función de daños”, mediante el cual el valor del daño ambiental equivale a
los gastos que implica resolver o amortiguar los efectos causados por ese impac-
to. En este caso, se toman los costos generados por enfermedades relacionadas
con la contaminación atmosférica31 en la salud de la población que puede estar
siendo afectada por la quema de la caña, tales como medicamentos, costos de
consulta y días laborales perdidos por los afectados.

Utilizando estos métodos señalados, se procedió a hacer la estimación de los
subsidios ecológicos transferidos al sector cañicultor para el periodo 1990-2007,
o para una parte de este. Para el caso del uso del agua para el cultivo de la caña
de azúcar, se estimó primeramente la cantidad de agua requerida para producir
el total de toneladas de caña en cada año. Este cálculo puede estimarse a partir
del concepto de “huella hídrica”, la cual equivale al volumen de agua requerido
por cada tonelada de producto agrícola generado, estimando los requerimientos
de agua del cultivo desde que se siembra hasta que se cosecha (Chapagain y
Hoekstra, 2004). Posteriormente, se calculó la oferta hídrica para estos requeri-
mientos generada directamente por el nivel de pluviosidad. La diferencia entre
ambos resultados permite obtener la cantidad de agua requerida de las fuentes
hídricas superficiales y subterráneas para abastecer el resto de requerimientos
del cultivo. Este dato resultante fue multiplicado por la tasa de uso pagada a la
CVC32 por cada m3, obteniendo el pago total, real o hipotético, puesto que no
siempre se ha cobrado33, que por el uso del agua ha realizado el sector cañicultor
en Colombia.

Posteriormente, a través del estudio realizado por Escobar y Gómez (2008), de-
nominado “El valor económico del agua para riego”, se estimó el costo de man-
tener en forma adecuada un caudal de una cuenca hidrográfica en términos de
cantidad y calidad a través de diferentes inversiones y costos de mantenimiento
para un determinado año34. Utilizando la metodología de Costo Incremental Pro-
medio de Largo Plazo (CIPLP), se encontró que el costo por m3 alcanzaba la
suma de $3,83 para 2007 usando el caso específico del río Tulúa en el Valle del
Cauca, cifra que fue deflactada para los siguientes años. Al multiplicar este costo
por el total de agua captada de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas

31
Estas corresponden a las que en salud pública son denominadas como Infección Respiratoria Aguda, IRA.
32
Se tomó el dato que tenía la CVC para los años 2000-2008, tanto para aguas subterráneas como superficia-
les, deflactándolo para los años anteriores por el IPC.
33
Es importante señalar que la estimación de esto monto pagado, en muchos casos es hipotético porque no
siempre en todos los años analizados los usuarios agrícolas han respondido por este pago. Incluso, los montos
pueden ser menores pues solo desde 2004 se ha pagado por volumen de agua consumida, esto es por m3.
Antes, el cobro realizado por la CVC era por caudal asignado (lps/mes) y según el rango y el tipo de uso.
34
Los rubros de inversiones estimadas para mantener esta cuenca hidrográfica fueron: operación y procesa-
miento de la información hidroclimatológica para las estaciones de la cuenca; mantenimiento de la cobertura
boscosa en las orillas y nacimientos de las corrientes; desarrollo y ejecución de un programa de conservación
de suelos; proyecto de distribución de caudales y diseño y construcción de las obras requeridas para cumplir
con este objetivo.

37

para el cultivo de la caña anualmente, se obtiene una aproximación al valor que
le cuesta a la sociedad el uso de este recurso para el riego de caña. Precisamente,
la diferencia entre lo que los cultivadores pagan o debieron pagar por la tasa de
uso y lo que cuesta el mantenimiento y preservación de una cuenca hidrográfica,
es el subsidio ecológico que la sociedad le ofrece al sector cañicultor. Así, el mon-
to que alcanza este subsidio en pesos corrientes para los 17 años analizados
(1990-2007), representa la suma de $7.417 millones o US$3,9 millones (ver
Figura 13).

Figura 13. Diferencia entre lo que pagan los cañicultores por el uso del agua a través de la
tasa y los costos de mantener las cuencas hidrográficas en el Valle del Cauca, Colombia
(1990-2007)
2.500

2.000

1.500

1.000
Millones de pesos

500

–
90 91 92 93 94 95
96 2001
97 98 99
-500 2000
2002
2003 2004 2005

-1.000

Total diferencia: $7.417 millones 2007
-1.500
2006

-2.000

Subsidio ecológico Tasa de uso pagada Costo mantenimiento cuenca

Fuente: Asocaña (2008); Escobar y Gómez (2008); Chapagain y Hoekstra (2004); CVC, varias resoluciones.

Para el cálculo del subsidio o deuda ecológica por el uso de las fuentes hídricas
superficiales como vertedero de la industria cañera, se procedió al siguiente ejer-
cicio35. Se parte de información de Asocaña (2008) sobre vertimientos de DBO y
SST por cada tonelada de azúcar producida, a la cual se le suma la contamina-

35
Este ejercicio fue realizado por el Ing. Alexander Aponte, estudiante doctoral de la Universidad del Valle,
utilizando el modelo de costos que para lagunas facultativas tiene el Grupo de Investigación de Saneamiento
Ambiental de la misma Universidad.

38

ción de la producción de etanol para los últimos tres años. Con ello se obtuvo la
contaminación vertida asociada a la producción anual de estos dos bienes para
el periodo 1996-2007, dadas las limitaciones de información36. Es necesario de-
cir que esta contaminación es residual pues el vertimiento total ya ha pasado por
un proceso de tratamiento que cumple en general lo señalado por el Decreto
1594 de 1984. Sin embargo, estos vertimientos residuales aún siguen contami-
nando.

Se considera igualmente la existencia de 13 sistemas de tratamiento de aguas
residuales, uno por cada uno de los ingenios existentes. Estos sistemas corres-
ponden a lagunas de estabilización, siendo sus efluentes arrojados por las corres-
pondientes lagunas facultativas. Dado que los efluentes de este tipo de sistemas
pueden ser mejorados con la construcción de filtros en piedra, para la separación
de algas del efluente, se proyecta como alternativa de mejora del tratamiento
esta solución. Es claro que un análisis más integral de la situación implicaría
llevar a cabo consideraciones relacionadas con el uso de los efluentes, el sitio de
vertimiento, la capacidad de autodepuración de las fuentes receptoras, entre otros,
válidos dentro de un enfoque ecosistémico de mayor dimensión (Aponte, 2009).

Los criterios asumidos son prospectivos, en el sentido de considerar una tenden-
cia hacia el futuro en cuanto a cargas y caudales de los sistemas de tratamiento
de aguas residuales de los ingenios. Se asume que el volumen de efluentes de las
lagunas es proporcional al número de ingenios. La concentración de efluentes de
las lagunas se estima tomando el valor para el año 2007, dado que los volúme-
nes de descarga han disminuido, pero las concentraciones tienen una tendencia
creciente en los últimos 3 años. Se adopta un valor de 197,6 mg DBO/L y 56,4
mg SST/L. El caudal de efluentes de las lagunas se estima como el promedio
durante el periodo 1998-2007. Se adopta un valor de 720,1 L/s. Sin tratamiento
de estos efluentes, la carga anual sería de 4.487 Ton de DBO y 1281 Ton de SST.
Los resultados de esto pueden verse en la Tabla 3.

Para el cálculo de los filtros en piedra se aplica el procedimiento de cálculo suge-
rido por Mara, et al. (1992). Para cada ingenio se adopta un número de 4 filtros
en piedra, suponiendo cero evaporaciones en los mismos. Se incluye el valor de
la tierra para la construcción de los filtros, adoptando secciones cuadradas con
profundidades no mayores a 2 metros de lecho filtrante. Se incluyen costos de
tuberías y válvulas y se adoptan reducciones en concentración del 50% en DBO
y SST. Se calculan costos de administración considerando: tiempo parcial de
administrador, secretaria, personal operativo, personal técnico; costos de insumos

36
Esta contaminación hace referencia particular a los vertimientos del proceso de fabricación de azúcar y
etanol. Los datos de contaminación arrojan unos niveles que van desde 10.652 toneladas de DBO5 y 17.088
ton de SST en 1996 hasta 3.851 y 1.100 toneladas respectivamente en 2007, mostrando importantes resulta-
dos en la reducción de la contaminación hídrica por parte de la industria azucarera.

39

Tabla 3. Información básica para la estimación de costos de TAR de los efluentes marginales
de los ingenios azucareros en Colombia.

Concentración
DBO SST CAUDAL (mg/l)
Año (ton) (ton) L/S DBO SST
1998 5281 1760 1160 144,4 48,1
1999 4650 1163 893 165,1 41,3
2000 2870 717 516 176,4 44,1
2001 3367 1122 759 140,7 46,9
2002 2782 1517 556 158,7 86,5
2003 2998 1547 971 97,9 50,5
2004 4507 1424 584 244,7 77,3
2005 3006 1093 564 169,0 61,5
2006 3454 1151 580 188,8 62,9
2007 3851 1100 618 197,6 56,4
7201 168,3 57,6
720,1 720,1
Cargas calculadas 4487,23 1281,73
Fuente: ASOCAÑA (2008) y estimaciones de Aponte (2009).

de operación, análisis de laboratorio y servicios públicos. Para la estimación de
costos se utiliza información generada por un modelo de costos sencillo emplea-
do por el Grupo de Saneamiento Ambiental de la Universidad del Valle, que
considera los rubros más importantes en la construcción de un filtro de piedra,
corrigiendo valores unitarios con base en proyectos de tratamiento de aguas
residuales a escala real construidos recientemente en la región. Los costos inclu-
yen AIU y factores de holgura. Los resultados obtenidos de estas estimaciones se
presentan en la Tabla 4.

Con base en esto podemos decir que el subsidio ambiental o la deuda ecológica
asociada al uso de las fuentes hídricas como vertedero de aguas residuales trata-
das, pero aún con importante carga contaminante, de la industria azucarera,
equivale al costo de optimizar las plantas existentes de los ingenios a través de la
construcción y operación de filtros en piedra. Siendo así, este subsidio ambiental
equivale en pesos corrientes a $27.288 millones (US$13,9 millones) o en tér-
minos de Valor Presente Neto (VPN10%) a $19.431 millones.

40

Tabla 4. Costos de construir y operar las mejoras de las PTAR de los ingenios azucareros
a través de la construcción de filtros de piedra (2008).

Partidas Costos ($)
Costo de inversión por ingenio 872.924.674
Costo de inversión total (13 ingenios) 11.348.020.762
Costo VPN (15 años, TD: 10%) por ingenio (incluye inversión,
O&M y administración) 1.494.658.995
Costo VPN (15 años, TD: 10%) total (13 ingenios)
(incluye inversión, O&M y administración) 19.430.566.937
Costo total (I + O& M + A) (millones de pesos corrientes) 27.288
Costo total (I + O& M + A) (US$ millones de 2008) 13,9
Costo VPN (13 ingenios) (millones de pesos) 19.431
Costo VPN (13 ingenios) (millones US$) 9,6
Cargas Vertidas luego de los filtros en piedra
DBO 2.244 Ton de DBO / año
SST 641 Ton de SST / año

Nota: VPN = Valor Presente Neto.
Fuente: Estimaciones Aponte (2009).

Finalmente, la estimación de la deuda o subsidio ecológico asociado a la quema
de la caña se hizo mediante el siguiente procedimiento para el periodo 1990-
200737. Con base en información de la CVC sobre el número de hectáreas que-
madas de caña anualmente, y tomando el factor de emisión de Kg/PM10/ha/
quemada/día (75,9) de Dávalos (2007) y Madriñán (2002), se obtuvo la conta-
minación total por quema de caña en términos de ton/PM10/año. Ahora, del
estudio de Dávalos (2007) se tomó la elasticidad de consulta sobre IRA38 asocia-
da a incrementos de área de quema de caña y la contribución de la misma a la
contaminación de PM10 para la ciudad de Palmira. Estos datos se extrapolaron
para la población de los municipios con una significativa área de cultivo de caña
en el Valle del Cauca y Cauca, tomando de los mismos información sobre la
incidencia de IRA. Esto nos arrojó un número de pacientes con IRA relacionados
con la quema de caña de azúcar en ambos departamentos. Ahora, la metodolo-
gía de “gastos defensivos” nos dice que es necesario calcular los costos para
resolver el daño, los cuales equivalen a los de consulta y medicamentos que
fueron estimados para 2007 en $50.000. Este valor fue deflactado para el resto
de los años por el IPC. Además se le agregó una pérdida laboral de cinco días

37
La práctica agrícola de la quema de la caña de azúcar se adoptó en Colombia en la mitad de la década de los
setenta (Asocaña-Cenicaña, 2003), a fin de facilitar el corte, reducir las plagas, eliminar las malezas, aumentar
la eficiencia del cortero y reducir la cantidad de materia extraña que se incorpora en el procesamiento.
38
Infección Respiratoria Aguda.

41

promedio acorde al “Committee on Environmental Health” (2004). El costo de
estos días laborales perdidos equivale a su valor en términos del SMMLV diario
para cada año analizado. Así, la suma de los costos asociados a la deuda o
subsidio ambiental por la quema de la caña de azúcar ascendió para todo el
periodo analizado a 2.533 millones de pesos corrientes o US$1,4 millones (ver
Figura 14)39.

Figura 14. Estimación de la deuda ambiental de la industria cañera
colombiana: uso del agua y quema de la caña (1990-2007).

1.600

1.400

1.200
Millones de pesos

1.000

800

600

400

200

–
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Contaminación aire por quema de caña Uso de agua

Fuente: Con base en: Asocaña (2008); Escobar y Gómez (2008); Chapagain y Hoekstra (2004); CVC, diferentes
resoluciones; Dávalos (2008); Madriñan (2002); Committee on Environmental Health (2004).

Retomando a Dávalos (2007), ello indica que la quema de la caña de azúcar no
sólo genera un aumento en la productividad de los corteros, propósito final de la
misma, sino que también produce una externalidad negativa sobre la población
de las regiones donde se cultiva y quema la gramínea, incrementando las visitas
que éstos hacen al médico. Dicho de otro modo, “el aumento en la productivi-
dad derivada de esta quema agrícola, está siendo asumido por la población de
algunos municipios de los departamentos del Valle y del Cauca donde se cultiva

39
También se presenta el subsidio relacionado con el uso del agua como expresión del diferencial entre la tasa
de uso y los costos de conservar las cuencas.

42

esta planta. Esta franja de la población está padeciendo, a través de sus proble-
mas de salud, las debilidades de la normativa ambiental colombiana”.

Finalmente, es importante ahora identificar el total de subsidios ambientales en-
contrados en este ejercicio que han beneficiado al sector cañicultor. Estos sub-
sidios miden igualmente el éxito de transferir externalidades a otros sectores
por parte del sector cañero, lo cual equivale a parte de la deuda ambiental que
asume el sector con el resto de la sociedad y de los ecosistemas. Al sumar las
tres cifras se encuentra una deuda ecológica total 37.337 millones de pesos
corrientes40 (US$19,2 millones): $7.417 millones por el uso del agua; $2.533
millones por la contaminación del aire y $27.288 millones por la contaminación
hídrica.

40
En VPN (2008) esto suma $22.395 millones, suponiendo una tasa de descuento del 10%.

43

5. La deuda laboral del sector cañicultor:
Condiciones salariales de los corteros de caña

Una vez conocido los subsidios económicos y ambientales que la sociedad co-
lombiana y algunos ecosistemas del país le transfieren al sector cañero, es impor-
tante abordar ahora aspectos relacionados con la deuda social que el sector tiene
con sus corteros de caña. En este punto, se parte inicialmente de hacer una
descripción general de la situación financiera de las Cooperativas de Trabajo
Asociado (CTA) a las que están vinculadas los corteros, para luego profundizar
sobre la deuda social que el sector cañicultor asume con los mismos a partir de
un análisis de sus condiciones salariales.

5.1. Las Cooperativas de Trabajo Asociado donde están vinculados
los corteros

Acorde a la información de la Superintendencia de Economía Solidaria (SES),
para 2007 en Colombia existían 444 Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA)
vinculadas a diferentes sectores de la actividad económica que afiliaban a 68.349
asociados, con activos totales por $126 mil millones, un patrimonio cercano a los
$30 mil millones e ingresos superiores anuales a los $756 mil millones. De estas
Cooperativas, 117 (26,4%) correspondían a CTA vinculadas al sector de la caña
de azúcar de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, que afiliaban a
10.145 corteros de caña (14,8% del total de afiliados). Estas CTA de corteros
tenían activos que ascendían a casi $12 mil millones (9,2% del total), un patri-
monio cercano a los $5.000 millones y unos ingresos anuales superiores a los
$105 mil millones (13,9%) [ver Tabla 5].

En esta misma Tabla se puede observar que del total de CTA de corteros de caña, la
mayor parte de las mismas se concentra en los rangos de tamaño más grande: las
cooperativas que afilian a más de 50 asociados (67) corresponden al 57,3% del total
de cooperativas del sector, concentrando además el 87% de los asociados (8.809), el
74% del total de activos y el 89% de los ingresos totales de las mismas. Es importante
señalar también que las CTA de este sector tienen en promedio 87 asociados cada
una y unos ingresos por asociado anuales equivalentes a $10,4 millones, cifra que es
bastante similar para los diferentes rangos de cooperativas. Esta última cifra arroja un
promedio de $864 mil mensuales de ingresos por asociado sin descontar los aportes
de los mismos a las Cooperativas.

45

46
Tabla 5. Información financiera de las cooperativas de trabajo asociado de corteros de caña
acorde al número de asociados en Colombia (2007).

RANGO DE NÚMERO DE ASOCIADOS
Rubro (1-19) (20-49) (50-99) (100-199) >200 TOTAL
de información Unidades (#) (%) (#) (%) (#) (%) (#) (%) (#) (%) (#) (%)

Activos ($ millones) 734 6,3 2.314 19,9 3.362 28,9 2.291 19,7 2.934 25,2 11.635 100,0

Pasivos ($ millones) 414 6,2 1.128 16,8 2.065 30,7 1.569 23,3 1.552 23,1 6.728 100,0

Patrimonio ($ millones) 320 6,5 1.186 24,2 1.297 26,4 722 14,7 1.382 28,2 4.907 100,0

Capital social ($ millones) 178 4,3 1.156 28,0 1.188 28,8 625 15,1 983 23,8 4.129 100,0

Ingresos ($ millones) 2.049 1,9 9.411 9,0 29.341 27,9 25.310 24,1 39.026 37,1 105.138 100,0

Excedentes ($ millones) 51 19,7 0 -0,2 74 28,8 4 1,6 128 50,1 256 100,0

Cartera ($ millones) 72 10,5 502 73,3 111 16,2 0 0,0 0 0,0 685 100,0

Asociados (#) 203 2,0 1.133 11,2 2.985 29,4 2.217 21,9 3.607 35,6 10.145 100,0

Empleados (#) 26 2,2 29 2,5 382 32,5 161 13,7 578 49,1 1.176 100,0

# de cooperativas (#) 16 13,7 34 29,1 40 34,2 16 13,7 11 9,4 117 100,0

Asociados promedio (#) 12,7 33,3 74,6 138,6 327,9 86,7

Ingresos por cooperativa ($ millones) 128,1 276,8 733,5 1581,9 3547,8 898,6

Activos por cooperativa ($ millones) 45,9 68,1 84,1 143,2 266,7 99,4

Ingresos por asociado ($ millones) 10,1 8,3 9,8 11,4 10,8 10,4

Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria (2007).

Finalmente, es importante anotar que los excedentes financieros promedio de
estas CTA son mínimos alcanzando solo $256 millones ($2,2 millones por coo-
perativa), los cuales se concentran en el rango más grande: las de más de 200
asociados se apropian del 50% de los excedentes. Por su parte, el volumen de
cartera, el cual puede estar relacionado con préstamos a los mismos asociados,
es también reducido: solo alcanza $685 millones ($68 mil por trabajador), con-
centrándose paradójicamente en las cooperativas de menor tamaño: el 84% de
la cartera se encuentra en las unidades menores a 50 asociados, observando
mejor oferta crediticia para los socios en las cooperativas más chicas.

5.2. Condiciones salariales de los corteros de caña vinculados
a las CTA

Uno de los puntos centrales de la discusión sobre las condiciones laborales rela-
cionadas con los corteros vinculados a las CTA en el conflicto laboral entre estos
y los empresarios cañeros, tiene que ver con los salarios promedio mensuales
que los corteros devengan. Dentro de esta discusión, Asocaña, los ingenios y
algunas cooperativas publicaron varios avisos de prensa, que fueron respalda-
dos por algunos funcionarios de alto nivel del gobierno, donde señalaban que los
ingresos obtenidos por estos trabajadores rondaban los $850.000 mensuales,
cifra que se acerca a dos SMMLV, siendo estos ingresos considerados excelentes
para este tipo de trabajo rural (El País, El Tiempo, comunicados de Asocaña).

Estas afirmaciones hechas por los empresarios de la industria cañera, certificados
además por una firma auditora internacional de nombre Deloitte, según señala
Asocaña, resultan ser engañosas por la manera como se estima el ingreso por
trabajador-asociado. Al mirar la Tabla 5, cifras reportadas por las CTA a la SES,
se aprecia el rubro ingreso por asociado encontrando allí una suma equivalente
a $10,4 millones anuales que al transformarlos a meses se convierten en $864
mil por asociado (1,8 SMMLV de 2007 incluyendo el subsidio de transporte),
cifra cercana a lo planteado por el gremio cañero. Sin embargo, esta partida no
reporta los descuentos que las CTA le hacen al trabajador-asociado ni los aportes
que este asume para la seguridad social.

Precisamente, con el propósito de aclarar esta situación y estimar los verdaderos
ingresos que recibe el trabajador cortero de su CTA, relación regida para el pre-
sente estudio aún por la Ley 79 de 198841, y compararlo con lo que recibiría si

41
Normativa reemplazada en la actualidad por la Ley 1233 de julio 22 de 2008, pero que solo tiene vigencia a
partir del 22 de enero de 2009. Esta nueva Ley obliga entre otras cosas a las CTA a: i) Pagar parafiscales, lo cual
antes no hacía, en el siguiente orden: ICBF: 3%; SENA: 2% y Caja de Compensación Familiar: 4%. ii) Acogerse
a la normatividad vigente para los trabajadores dependientes en términos del pago a la seguridad social. Es
decir en cuanto a Salud, Pensión y ARP las CTA asumirán parte de sus pagos como el resto de las empresas. Sin
embargo, para el caso de las cooperativas con facturación anual menor a 435 SMMLV ($200 millones de
2008), habrá exención en el pago de parafiscales (Art. 10).

47

estuviera cubierto por la Ley 100/1993, se hizo un análisis a partir de una mues-
tra representativa de 438 recibos de pago quincenales, correspondientes a 247
trabajadores vinculados a dos CTA: La Manuela y La Nueva. Los recibos hacen
parte de las quincenas de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2008.

En la Figura 15, se pueden apreciar los ingresos promedio mensuales de los
corteros vinculados a estas dos cooperativas, encontrando que los ingresos bru-
tos corresponden a $958.808 para 2008, cifra cercana a lo señalado por Asocaña.
Sin embargo, cuando se profundiza más en los datos reportados por las CTA en
los recibos de pago, se encuentran descuentos promedio altamente significativos
alcanzando más de la mitad del ingreso bruto devengado por cada trabajador.
Estos representan mensualmente un poco más de $500 mil, cifra que equivale al
52,2% de los ingresos recibidos, dejando como ingresos netos mensuales $458
mil o el 48% del ingreso bruto.

Figura 15. Ingresos y Egresos promedio mensuales de los corteros
de caña vinculados a las CTA en Colombia (2008)

1.200.000

958.808
(100%)
1.000.000

800.000
Pesos ($)

500.878
600.000
(52.2%)
457.931
(47,8%)

400.000

200.000

–

Ingresos brutos Descuentos Ingresos netos

Fuente: Desprendibles de pago de las dos quincenas de los meses de enero a abril de 2008; Cooperativas La Manuela
y La Nueva; N= 438 casos.

48

Desagregando el ingreso bruto se observa que el rubro de descuentos está com-
puesto por: Seguridad Social Legal con una partida que representa el 24%
del total de ingresos (cifra que equivale al 45% de los descuentos), dado que el
trabajador-asociado, a diferencia del contratado a través de la Ley 100, es el que
asume en su totalidad el costo de la seguridad social: salud, pensión, caja de
compensación y ARP Un 22% de Aportes a las Cooperativas lo cual corres-
.
ponde a: aportes, compensación anual y semestral, descuento de compensa-
ción, administración y fondo de solidaridad. Un 5% de pago de Créditos que la
CTA les facilita a sus asociados. Y finalmente, un 1% de Seguridad Social
Extralegal que se ofrece a los asociados muchas veces en forma no voluntaria.
Esta partida corresponde a: pago funerario y seguro de vida (Figura 16).

Figura 16. Estructura del ingreso bruto mensual de los corteros de
caña vinculados a las CTA en Colombia (2008)

213.593; 22%
457.931; 48%

226.409; 24%

8.807; 1% 52.069; 5%

Ingreso neto mensual Pago créditos SS extralegal SS legal Aportes cooperativos

Notas: SS, Seguridad Social Extralegal: pago funerario y seguro de vida; SS, Seguridad Social Legal: salud,
pensión, caja de compensación y ARP; aportes cooperativos: aportes, compensación anual y semestral; des-
cuento de compensación, administración y fondo de solidaridad.
Fuente: Desprendibles de pago de las dos quincenas de los meses de enero a abril de 2008; cooperativas La Manuela

Comparar los descuentos que se hacen a los trabajadores corteros vinculados a
las CTA con los descuentos que se harían en el escenario de si estuvieran con-
tratados directamente por un ingenio a través de la Ley 100/93 es lo que per-
mite mostrar con claridad la desventaja de la contratación indirecta de las CTA
regida por el Código del Comercio. Partiendo de un ingreso promedio mensual
de 959 mil pesos, que fue el obtenido para las dos CTA analizadas, resultan

49

niveles de descuento por trabajador bien diferentes en cada modelo de contrata-
ción. En el caso de la Ley 100, los descuentos totales (empleador + trabajador)
alcanzan 38,7% ($371.059 para el ingreso obtenido) que corresponden a: sa-
lud: 12%; pensión: 16%; ARP: 0,7%. A esto se le agrega los parafiscales: caja
de compensación: 4%; ICBF: 3% y Sena: 3%. De este porcentaje, el 30,7%
($294.354) lo asume el empleador así: salud: 8%; pensión: 12%; ARP: 0,7% y
todos los costos de los parafiscales (Caja, ICBF y SENA) que ascienden al 10%.
Por su parte, el trabajador asume sólo el 8% de estos descuentos que en este
caso equivalen a $76.705: salud: 4% y pensión: 4% (ver Figura 17).

Figura 17. Aportes a la Seguridad Social (SS) y otros compromisos laborales de trabajadores
vinculados a la Ley 100 versus trabajadores afiliados a CTA (2008).

Con base en el salario mensual promedio
1.200.000
958.808
(100%)
1.000.000

Relación laboral Relación comercial
Aportes acorde a Ley 100/93 Aportes acorde a Ley 79/1988
800.000
Pesos ($)

600.000
440.093
371.059 (45,9%)
(38,7%) 294.354
400.000
(30,7%)
226.279 213.814
(23,6%) (22,3%)
76.705
200.000
(8%)

–

Salario bruto Aporte total SS (Ley 100)
Aporte empleador SS (Ley 100) Aporte trabajador SS (Ley 100)
Aporte trabajador SS (cooperativas) Aporte trabajador cooperativas (Coop.)
Total aportes trabajador cooperativas (SS + Coop.)

y La Nueva; N= 438 casos. La Ley 1233 tendrá vigencia a partir del 22 de enero de 2009.

Por su parte, en la misma Figura se puede observar los descuentos que se hacen
al trabajador vinculado a la CTA. El descuento total realizado a estos trabajado-
res sobre su ingreso bruto mensual asciende a 440.093 pesos, cifra que represen-
ta el 45,9% de los ingresos brutos, sin incluir en este caso la seguridad social
extralegal ni el pago de créditos de los asociados. En este análisis se incluyen los
aportes de los trabajadores a la seguridad social que ascienden a 226 mil pesos
(23,6% de los ingresos42) y los aportes de los trabajadores a las CTA que alcan-

42
Estos deben corresponder a Salud, Pensión y ARP en diferentes participaciones a la Ley 100.

50

zan $214 mil y representan el 22,3%43 de los ingresos recibidos mensuales en los
casos estudiados (ver Figura 17).

Con base en estos descuentos se puede hacer la comparación de los ingresos
netos recibidos por los trabajadores corteros en cada uno de los dos escenarios
para el ingreso bruto mensual analizado ($958.808). Así, si el trabajador fuera
contratado directamente a través de la Ley 100, el ingreso neto recibido mensual
sería de 882 mil pesos a lo cual habría que sumarle el subsidio de transporte44
($55.000 a 2008), arrojando un ingreso neto de $937 mil. Por el contrario, si se
encuentra vinculado a una CTA, el ingreso neto mensual recibido será de $519
mil (cifra cercana a 1,0 SMMLV de 2008, ingreso que no incluye el subsidio de
transporte), lo cual ya no equivale al salario “atractivo” señalado por Asocaña
[ver Figura 18]. Bajo esta realidad, el cortero vinculado a las CTA recibe en
términos netos un 44,6% menos de ingreso que el mismo contratado directa-
mente por los ingenios o cultivadores a través de la Ley 100.

Figura 18. Salario neto trabajadores Ley 100 versus trabajadores afiliados
a las CTA en Colombia (2008).

1.200.000

958.808 882.104
1.000.000
(100%) (92%)

800.000
Pesos ($)

518.715
600.000
(54,1%)
10987654321
10987654321
10987654321
400.000
10987654321
10987654321
10987654321
10987654321
10987654321
10987654321
200.000
10987654321
10987654321
10987654321
10987654321
10987654321
10987654321
– 10987654321
21
Salario Bruto Salario Neto (trabajador Ley 100) 21 Salario Neto (trabajador CTA)

Nota: En el salario bruto, no se incluye el subsidio de transporte ($55.000 a 2008) que es obligatorio pagar por parte
del empleador a los trabajadores que devenguen menos de dos SMMLV.

43
Estos corresponden a: aportes, compensación anual y semestral, descuento de compensación, administra-
ción y fondo de solidaridad.
44
Los asalariados que devenguen menos de dos (2) SMMLV tienen derecho a subsidio de transporte el cual
será pagado por el empleador.

51

Bajo esta realidad, los trabajadores vinculados a las CTA y sus organizaciones
que los representan tienen toda la razón en su lucha por mejores condiciones
salariales y en particular, por querer ser vinculados en forma directa a través de
un contrato laboral a productores y cultivadores de caña de azúcar para ejercer
sus actividades de corte. Además, es necesario decir que en este ejercicio sólo se
está haciendo el análisis salarial, excluyendo del mismo las condiciones laborales
relacionadas con: elementos y herramientas de trabajo, uniformes, sitios para
almorzar, condiciones de transporte, días de descanso, dominicales y festivos,
jornadas de trabajo, etc.

Estas pérdidas relativas que tienen los corteros de caña por el diferencial salarial
entre lo que se les paga por estar vinculados a las CTA y lo que se les pagaría si
estuvieran trabajando directamente con los ingenios a través de la Ley 100, son
recursos que se transfieren a otros grupos sociales. En este caso, los beneficiarios
de estas transferencias son por una parte los empresarios vinculados a la indus-
tria de la caña (ingenios y cultivadores), a los cuales este tipo de contratación
indirecta les permite ahorrarse importantes costos salariales que mejoran sus már-
genes de rentabilidad y, por la otra, los directivos de las CTA y algunos emplea-
dos de las mismas. Este es un asunto que se abordará en el siguiente punto.

5.3. Transferencia de recursos desde los corteros hacia los
empresarios cañeros (CTA e ingenios y cultivadores) o valoración
de la deuda social asociada a la tercerización de la contratación
laboral en el corte de caña

Una primera transferencia de recursos económicos que el sistema de contrata-
ción del personal cortero a través de las CTA tiene como destino los empresarios
cañicultores. Para estimar el monto de recursos transferidos desde los corteros
hacia los empresarios, es necesario comparar cuánto les hubiera tocado pagar a
los cañicultores si hubieran contratado directamente el servicio de los 10.145
corteros vinculados a las CTA, con el monto pagado a estas cooperativas. Par-
tiendo de los ingresos brutos promedio mensuales por cortero encontrado en la
muestra representativa de las dos cooperativas analizadas que alcanzó $959 mil45,
a la cual le agregamos un 38,7% de seguridad social y parafiscales que asume el
empleador dentro de la Ley 100 y el subsidio de transporte ($55 mil), se pueden
hallar los costos laborales totales asociados a la contratación directa. Esta cifra
asciende a cerca de $169 mil millones anuales para 2008.

Por su parte, partiendo de ese mismo ingreso bruto promedio por trabajador, es
decir $959 mil mensuales, y agregándole un 5% como costo de contratación con

45
Cifra altamente creíble pues resulta similar a los datos obtenidos de la SES sobre ingresos por asociado (Tabla
3) y a lo manifestado por Asocaña a los medios de comunicación.

52

las CTA, se puede obtener el valor total del costo laboral anual de la opción
cooperativa, el cual asciende a $123 mil millones. Al comparar las dos opciones
se encuentra que los ingenios y cultivadores de caña se ahorraron para 2008 un
promedio de $46 mil millones, cifra que es obtenida de menores salarios netos
de los trabajadores corteros vinculados a las CTA (Figura 19).

Figura 19. Transferencia de recursos anuales desde los corteros vinculados a las CTA
hacia los empresarios cañeros en Colombia (2008).
180.000
168.594

160.000

140.000
122.562
120.000
Millones de pesos

100.000

80.000

60.000
46.032
40.000

20.000

–
Costos laborales Costos laborales Ahorros tercerización
contratación directa contratación CTA laboral

Fuente: Cálculos con base en: Desprendibles de pago de las cooperativas La Manuela y La Nueva; Superintendencia
de Economía Solidaria, Ley 100/93.

Por otro lado, una segunda transferencia de recursos relacionados con este mo-
delo de contratación de las CTA tiene como destino las mismas cooperativas y en
el fondo sus directivos y empleados que se benefician con su puesto de trabajo46.
Ya en la Figuras 16 y 17 señalábamos como de los ingresos brutos de los trabaja-
dores, un 22,3% se dirige a financiar el funcionamiento de las cooperativas a
través de aportes, costos administrativos y otro tipo de contribuciones. Ahora,
partiendo del mismo ingreso bruto por trabajador utilizado en la estimación ante-
rior ($959 mil) y multiplicado por estos aportes porcentuales y por el número de
corteros vinculados a las CTA (Tabla 5), los cuales corresponden a 10.145 traba-
jadores, encontramos una aproximación al capital de trabajo disponible de estas

46
La SES reportó un total de 1.176 empleados vinculados a las CTA en sus actividades administrativas (Tabla
5), lo cual arroja un promedio de 10 empleados por cooperativa. Esta cifra puede considerarse alta para el
tamaño promedio de las CTA (86,7 asociados por cada una). Ello significaría que cada empleado atiende 8,6
asociados en promedio, sin contar con que algunas cooperativas no reportan ningún empleado.

53

cooperativas. Este asciende a $26 mil millones durante 2008. Sin embargo, dado
que los aportes de los trabajadores y el Fondo de Solidaridad (FS) son recursos
que no pertenecen a las cooperativas47, estos se excluyen del capital neto de las
CTA. Con esta observación, el capital de las CTA asciende a $25.650 millones,
cifra que equivaldría a la transferencia de recursos desde los corteros vinculados
a las CTA hacia estas mismas (ver Figura 20).

Figura 20. Transferencia de recursos anuales desde los corteros hacia las CTA en Colombia
(2008).
30.000

26.030 25.650
25.000

20.000
Millones de pesos

15.000

10.000

5.000

379
–
Capital de trabajo CTA Aportes asociados + FS Capital Neto CTA

Fuente: Cálculos con base en: Desprendibles de pago de las cooperativas La Manuela y La Nueva; Superintendencia
de Economía Solidaria, Ley 100/93.

La suma de ambas cifras (las transferencias hacia los empresarios cañeros y ha-
cia las CTA) permite identificar el monto de recursos transferidos por parte de los
corteros vinculados a las CTA hacia estos dos grupos empresariales, suma que
asciende a $71.682 millones anuales. Esta cifra equivale igualmente a la
deuda social que asume el sector cañicultor por este modelo de contratación
indirecta o, dicho de otro modo, equivale también a los costos anuales (2008) de
los corteros por aceptar ser contratados a través de este modelo de tercerización
laboral.

Ahora, partiendo de que las CTA operan desde 1989, después de la emisión de
la Ley 79 de 198848, se puede realizar una aproximación a la deuda social total,

47
Los primeros le pertenecen a los mismos trabajadores-asociados y los segundos no pueden ser considerados
capital cooperativo pues por el hecho de ser un aporte solidario, pasa a manos del Estado en un proceso de
liquidación.
48
Además desde hace muchos años igualmente existe la contratación indirecta de corteros a través de contra-
tistas, también con condiciones leoninas para los trabajadores.

54

o los costos asumidos por los corteros por la tercerización de su forma de contra-
tación para el periodo analizado (1990-2007). Deflactando la transferencia anual
para 2007 al IPC del resto de años y ajustándola a la disminución del número de
corteros periodo a periodo y al porcentaje de los mismos vinculados a las CTA,
se obtiene la deuda social total del sector cañicultor con los corteros para el
periodo analizado. Esta asciende a un poco más de 468 mil millones de pesos
corrientes (US$248 millones).

Finalmente, es importante identificar el costo de oportunidad sacrificado por los
corteros relacionado con estas transferencias de ingresos hacia los empresarios
cañicultores y las CTA en términos de sus posibilidades de gasto social. Así, con
este monto de recursos transferidos, los corteros hubiesen podido adquirir 15.607
viviendas de interés social; hubiesen podido financiar a 23.647 de sus hijos para
hacer su carrera universitaria completa (5 años) en una universidad pública; ha-
brían financiado 6.569 cupos anuales de educación primaria básica para sus
hijos; o, hubiesen podido adquirir 26.977 canastas familiares mensuales de 2008

Figura 21. Transferencias de recursos de corteros a empresarios cañicultores y gasto social
sacrificado por tercerización laboral en Colombia (1990-2007).

• Precio unidad de vivienda básica: $30 millones
• # de viviendas sacrificadas: 15.607
• Población potencialmente afectada: 78 mil

Transferencia de recursos desde corteros hacia
empresarios cañicultores y CTA (1999-2007)

70.000
• Costo aproximado para un padre de una carrera
60.000 universitaria en U. Pública (5 años):
19.8 millones (2008)
• Carreras profesionales sacrificadas por
Millones de pesos

50.000 $468.213 hijos de corteros: 23.647
millones
40.000
(US$248
30.000 millones)

20.000
• Costo para un padre educación básica
primaria niño/año: $3.9 millones
• Cupos perdidos educación primaria básica
10.000
año: 6.569

–
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

• Costo canasta familiar mensual (2008):
$964.238
• Canastas familiares mensuales
sacrificadas: 26.977

Fuente: Desprendibles de pago de las cooperativas La Manuela y La Nueva; Superintendencia de Economía Solida-
ria, Ley 100/93; Valor Unidad Básica de Vivienda (Camacol); Costo de educación primaria básica y de educación
superior (cálculos nuestros); Costo canasta familiar (DANE).

55

con estos recursos transferidos (ver Figura 21). Es decir, este subsidio que se
transfiere desde los corteros hacia los productores y cultivadores azucareros y las
CTA (de trabajadores a empresarios), resultado de obtener menores ingresos ne-
tos por parte del eslabón inferior de la cadena productiva, ha significado un
importante costo social para este grupo de población. Ello muestra el carácter
regresivo económica y, socialmente hablando, del esquema de tercerización de
la contratación laboral a través de las CTA.

56

6. Conclusiones

El trabajo realizado encuentra fuerte evidencia de las importantes transferencias
que la sociedad colombiana le ha entregado al sector cañicultor a través de dife-
rentes tipos de subsidios: económicos, ambientales y sociales. Estas transferen-
cias se convierten en una gran deuda social que el sector tiene con la sociedad
nacional. El estudio desarrollado permite aproximarse a una valoración econó-
mica del total de los diferentes subsidios transferidos al sector cañicultor, lo cual
equivale a la deuda social para el periodo analizado (1990-2007). Así, los subsi-
dios financieros compuestos por el diferencial de precios del azúcar y del etanol
internos-externos, más las exenciones de impuestos al etanol, alcanzan una suma
total de $10,6 billones (US$5.825 millones). Los subsidios ambientales esti-
mados, relacionados con el uso del agua para la actividad agrícola cañera, la
contaminación del recurso hídrico por la actividad transformadora y la contami-
nación atmosférica por la quema de caña, suman un total de $37.237 millones
(US$19,2 millones). Finalmente, la deuda o subsidio social del sector cañicultor
relacionada con la disminución de las condiciones salariales de los corteros vin-
culados a las CTA, representa un total de $468 mil millones (US$248,2 millo-
nes) para todo el periodo analizado. Con base en esto, al agregar todos los sub-
sidios evaluados en este estudio en unidades monetarias, el Total de la deuda
social y ambiental del sector para el periodo 1990-200749, asciende a un valor
cercano a los 11,1 billones de pesos corrientes, suma que equivale a 6.092
millones de dólares.

Un aspecto a resaltar de este tipo de subsidios transferidos al sector cañero, es el
costo de oportunidad que asume la sociedad visto como lo que sacrifica en tér-
minos de gasto social. Así por ejemplo, solo el subsidio financiero transferido
al sector cañero por los consumidores al pagar precios internos superiores a los
externos en azúcar y etanol y por las exenciones tributarias a este último, podría
invertirse en la construcción de 350 mil viviendas de interés social; podrían be-
neficiarse a 1,3 millones y 720 mil hogares con nuevos servicios de agua potable
y saneamiento respectivamente. También, podrían ofrecerse potencialmente 262
mil nuevos cupos de escuela básica primaria cada año o 78 mil nuevos puestos
49
Sin embargo, es necesario decir que esta estimación es una mera aproximación parcial a la deuda social y
ambiental total del sector cañero, puesto que en la misma no están incluidos todos los subsidios económicos, ni
todos los impactos sociales y ambientales generados por esta actividad.

57

de trabajo de un SMMLV con sus respectivas prestaciones sociales. Esto nos mues-
tra la magnitud de los subsidios transferidos al sector cañero, situación de la cual
deben ser conscientes la sociedad, el Estado y el mismo sector, no sólo para que
este asuma con mayor entereza y compromiso su Responsabilidad Social Em-
presarial, RSE, sino también para que la misma sociedad y el Estado sean mucho
más exigentes con los compromisos sociales y ambientales que debe asumir el
sector azucarero.

En este contexto, es necesario decir nuevamente que el gran volumen de recur-
sos transferidos desde la sociedad y el Estado hacia los productores del sector
cañero, los obliga con mayor razón a comprometerse de manera más cierta con
la RSE relacionada con sus trabajadores, en particular con los de la parte inferior
de la cadena productiva, los corteros de caña. Siendo así, los empresarios de la
caña y su gremio, Asocaña, adquieren un doble compromiso con sus trabajado-
res por las importantes transferencias que la sociedad colombiana les ofrece para
su sostenibilidad como negocio. Este doble compromiso para su RSE debe refle-
jarse en una contratación directa de sus corteros de caña con mejores condicio-
nes laborales que las que tienen actualmente para pasar del discurso escrito a la
práctica. La responsabilidad de los empresarios y su gremio no es sólo con sus
accionistas y propietarios, sino con toda la sociedad colombiana.

Otro elemento importante a tener en cuenta en este análisis de los subsidios
dados al sector cañicultor, son las unidades territoriales que se ven afectadas en
particular por la exoneración de impuestos a la venta de etanol. Aunque la
Nación es la entidad territorial más afectada, con un 47% del valor de las exen-
ciones, las unidades descentralizadas (departamentos y municipios) son las que
más pierden si las vemos como conjunto al alcanzar un total cercano a los $193
mil millones en los tres años de ventas del agrocombustible. Este valor repre-
senta el 53% del total de exenciones. Esto adquiere preocupación por dos as-
pectos interrelacionados: las unidades territoriales asumen buena parte de las
responsabilidades del gasto social (educación, salud, recreación, agua potable
y saneamiento) y los subsidios transferidos al sector cañero serán crecientes en
el futuro puesto que la participación del etanol en la mezcla con la gasolina
seguirá en ascenso acorde a la Ley 693/2001 y a las políticas nacionales e
internacionales que impulsan el uso de estos combustibles alternativos. Sin
embargo, no se han realizado análisis de los impactos de la política de agrocom-
bustibles sobre los ingresos municipales y departamentales y su efecto sobre el
cumplimiento de sus compromisos de gasto social en el contexto nacional y de
los objetivos del milenio. Es fundamental abordar este análisis por parte del
gobierno nacional y de los gobiernos descentralizados.

La actividad cañera, tanto en sus procesos de cultivo como de transformación
hacia la producción de bienes mercadeables (azúcar, mieles y etanol principal-

58

mente), es un usuario intensivo de las funciones ambientales de la biosfera. Este
uso intensivo de los recursos y servicios de la naturaleza genera importantes
impactos ambientales que son transferidos a la sociedad y a los ecosistemas en
su conjunto, a través de un importante número de externalidades relacionadas
tanto con el uso de recursos como con diferentes fuentes de contaminación. En
este caso particular se evaluaron tres tipos de externalidades que generan igual-
mente tres tipos de subsidios ambientales. El uso del agua para el cultivo de la
caña, el uso de las fuentes hídricas como vertedero y la contaminación del aire
por la quema de la caña y sus impactos sobre la salud humana. Los subsidios
ambientales implícitos por estas externalidades arrojaron un valor estimado y
aproximado cercano a los US$20 millones. Estos son los costos que asume la
sociedad en su conjunto por la externalidad generada por las diferentes fuentes
de contaminación, con lo cual, mientras los costos de la contaminación y del uso
de recursos se socializan, los beneficios derivados del proceso productivo son
capturados de manera privada. Esta realidad conlleva a lo que se ha denomina-
do “conflictos ecológicos distributivos”, que explican cómo las cargas o costos
ambientales generados por la actividad económica se trasladan a determinados
grupos sociales que han usado tradicionalmente los recursos y servicios de la
biosfera.

La apropiación del uso de estos recursos y servicios ecosistémicos por un solo
grupo social es lo que genera los conflictos ambientales, y lo que explica la deuda
o pasivo ambiental que una actividad económica adquiere con el resto de la
sociedad. En este ejercicio, se identifican claramente los grupos afectados por
algunas externalidades evaluadas en el sector cañícola: el resto de usuarios del
agua tanto para otros cultivos, la industria y el consumo humano, como para los
ecosistemas vivos. Sobre esto son múltiples los conflictos que se han generado,
en particular con los usuarios que demandan agua para uso doméstico (Cande-
laria, Pradera, Florida, Gorgona en el Valle del Cauca; el caso del río Ovejas en el
Cauca) y el debate por la necesidad de preservar un caudal ecológico en las
cuencas de la zona plana de los departamentos del Valle y del Cauca; los usua-
rios aguas abajo que asumen las externalidades de la contaminación hídrica en
términos de salud y de disminución de su productividad; los habitantes urbanos
y rurales que viven cerca de los cultivos de caña y son afectados por su quema.
En este campo, aparece un conflicto sin solución por el momento que ha llevado
a importantes procesos de negociación para disminuir la quema, los cuales se
han visto frustrados porque resulta más importante el aumento de la productivi-
dad del sector que la salud de la población.

La resolución de estos problemas y conflictos ecológicos son parte de los retos
que tienen que asumir las corporaciones ambientales, en un contexto donde la
importancia estratégica del negocio cañicultor para la economía de la región y
del país, generan el fenómeno de “captura de la autoridad ambiental”, limitando

59

la independencia de la institución encargada de la gestión de los recursos natura-
les (CVC y CRC) para hacer un mejor manejo de los mismos. Esta situación
dificulta la resolución de estos conflictos ecológicos distributivos por el acceso a
los recursos y servicios ambientales. Por ello es fundamental que la política de la
autoridad ambiental esté guiada por la defensa del interés general y no particu-
lar, tendiente a mejorar la gobernabilidad de las instituciones locales y nacionales
para reducir presiones ambientales e implementar políticas para una adecuada
gestión del ambiente. Esto podría garantizar un desarrollo más sostenible para
las regiones donde se realiza el cultivo de la caña de azúcar.

La dinámica económica del sector cañicultor en el periodo analizado (1990-
2007), ha sido significativa tanto en sus aspectos físicos (toneladas producidas y
hectáreas sembradas), como en los económicos, mostrando una situación finan-
ciera y empresarial consolidada, estable y creciente. Pasó de generar 1,7 millo-
nes de toneladas de azúcar en 1990 a 2,3 millones en 2007; de 152 mil hectáreas
sembradas se pasó a 203 mil; como ingresos totales se pasó de US$955 millones
en 1995 a US$1.546 en 2007. Es claro señalar que a esta situación ha contribui-
do de manera importante el sector laboral, lo cual se refleja en los aumentos de
productividad del trabajo tanto en términos monetarios como físicos. El incre-
mento de la productividad laboral, medida como ingresos totales generados por
el sector por cada trabajador, alcanzó 1,5% promedio anual para el periodo 1995-
2007, al pasar de US$31.387a US$37.432. Por su parte, la productividad de los
corteros también ha mejorado al pasar de recoger 1.645 ton/año de caña a 1.712
en el mismo periodo. Acorde a la teoría económica neoclásica, doctrina en la que
se basa el sistema capitalista y bajo la cual están construidas las relaciones obre-
ro-patronales a nivel internacional, la retribución de los factores dependerá de
los aportes de cada uno de ellos a la creación de valor. Bajo esta racionalidad, los
incrementos en la productividad del factor trabajo a lo largo del periodo estudia-
do deberían ser compensados por las empresas con mejores salarios y mejores
condiciones laborales. Para ello, además, no hay restricción económica pues la
dinámica del sector es positiva.

Sin embargo, la realidad ha sido distinta. Acorde a información de la Encuesta
Anual Manufacturera del DANE, mientras el crecimiento promedio anual del va-
lor agregado y del producto del sector en pesos corrientes fue respectivamente de
11,4% y 9,9% para el periodo 2002-2006, época de la que se obtuvo informa-
ción, el crecimiento de sueldos y salarios incluyendo las prestaciones sociales
alcanzó sólo el 3,4%, lo cual se traduce en una pérdida de participación del
factor trabajo en el ingreso generado por el sector, al pasar de 8,8% a 6,9% en
este periodo. La dinámica del crecimiento de sueldos y salarios del sector cañicultor
en este lapso de tiempo, también significó una pérdida en el salario real, pues la
inflación ha crecido más que sus ingresos. La pérdida acumulada en estos cinco
años analizados alcanzó un total de 11,3%.

60

Estos elementos evidencian una fuerte política del sector cañero y azucarero a
concentrar la distribución de los beneficios de la industria en manos del sector
empresarial, sin generar un efecto distributivo importante hacia sus empleados,
política que se acentúa más cuando se trata de los eslabones más bajos de la
cadena productiva, poniendo en duda la aplicación efectiva del concepto de
RSE. Aunque se llegó a un acuerdo con los corteros en términos de mejorar sus
condiciones laborales, este acuerdo fue lento y limitado, desconociendo el sector
patronal este justo y socioeconómicamente merecido ajuste salarial. Las limita-
ciones de este acuerdo se reconfirman pues la solución adecuada debería corres-
ponder a la contratación directa de los corteros por parte de los ingenios y pro-
ductores cañeros.

Ahora, cuando se examinan con detalle los ingresos laborales pagados por las
Cooperativas de Trabajo Asociado a los corteros, se reconfirma por una parte la
justicia de la lucha social de estos trabajadores con el gremio cañicultor y, por la
otra, la política leonina del gremio para apropiarse del máximo de los beneficios
económicos generados por el sector, a través de mecanismos como la tercerización
laboral, que no por legales dejan de ser injustos y de transferir parte de los costos
de la responsabilidad laboral y de la seguridad social sobre los hombros de los
mismos trabajadores. Todo ello incrementa la deuda social que el sector tiene
con la sociedad colombiana y la clase trabajadora.

El análisis de los ingresos brutos pagados por las CTA a los corteros arrojaron un
promedio mensual de $958 mil, de los cuales hay deducciones equivalentes al
52% de los mismos, obteniendo un ingreso neto de 458 mil pesos, ingreso bas-
tante lejano a lo manifestado por Asocaña y el gobierno nacional a la opinión
pública. Estos descuentos corresponden principalmente al pago de la seguridad
social que asumen directamente los corteros al ser “co-propietarios” de la CTA y
a los aportes que hacen a las mismas cooperativas50. El análisis comparativo
entre un trabajador vinculado directamente por un ingenio con el vinculado a
una CTA deja ver con claridad las desventajas de este tipo de contratación indi-
recta para los corteros y las ventajas que tiene para el empresario cañicultor. Bajo
las condiciones encontradas en el estudio, en el primer caso el cortero contratado
directamente y protegido por la Ley 100/93 obtendría un ingreso neto mensual
equivalente a 937 mil pesos para 2008, ya descontado el 8% para seguridad
social y sumado el subsidio de transporte ($55.000). Por su parte, el vinculado a
través de las CTA obtiene un ingreso neto mensual de $519 mil51. Ello significa
que los corteros que se encuentran en las CTA obtienen cerca de un 45% me-
nos de ingresos netos frente a la alternativa de la contratación directa protegi-

50
También se incluyen descuentos por seguridad social extralegal y pago de créditos.
51
En este salario se excluye el pago de seguridad social extralegal y el pago de créditos. Por eso las cifras entre
el ingreso neto de arriba ($458 mil) y este ($519 mil) son distintas.

61

da por la Ley 100. Este es el costo social que asumen los trabajadores por estar
contratados bajo este esquema y una de las ventajas de la terciarización laboral
para los empresarios de la caña.

Estos costos asumidos por los trabajadores corteros de la caña asociados a la
tercerización laboral son transferidos en términos de subsidios a los empresarios
cañicultores y a los mismos directivos y empleados de las CTA. El total de trans-
ferencias anuales relacionadas con este esquema de contratación que afecta a
los corteros asciende a $71.682 millones, cifra que representa otra parte de la
deuda social del sector cañicultor con la sociedad colombiana, en este caso espe-
cífico con sus trabajadores. Evaluando este costo para todo el periodo analizado
(1990-2007), la deuda social del sector por este modelo de contratación ascien-
de a la suma de 468 mil millones de pesos corrientes (US$248 millones).
Ahora, al igual que en el análisis realizado para los subsidios económicos al sec-
tor, un aspecto necesario de evaluar es el costo de oportunidad que han sacrifi-
cado los corteros por estas pérdidas de ingresos. Este subsidio a los empresarios
significó para los corteros sacrificar en términos de posibilidades de gasto social:
15.607 viviendas de interés social; 23.647 carreras universitarias completas (5
años) en instituciones públicas; 6.569 cupos anuales de educación primaria bá-
sica; o, 26.977 canastas familiares mensuales que se hubieran podido adquirir
con estos recursos. Ello objetiviza el volumen del costo social para los corteros,
mostrando la perversidad de la política de terciarización laboral a través de las
CTA y el carácter regresivo de la misma a favor de los empresarios cañicultores.

Sin embargo, ésta no es solamente una discusión relacionada con la equidad
sino también con el mismo crecimiento económico. A partir de la teoría del capi-
tal humano, la cual argumenta que las inversiones en las personas en términos
de educación, salud, nutrición y conocimiento aumentan el potencial de creci-
miento económico de los países en el mediano y largo plazo, se ha repensado en
el mundo el papel de las inversiones en estos campos y la relación que existe
entre equidad y crecimiento. Es obvio que la posibilidad de la sociedad y de los
mismos corteros de invertir en su propio capital humano (familias e hijos) amplía
la probabilidad de que las futuras generaciones de las familias corteras, se dedi-
quen a otras actividades de mayor productividad que el corte de caña. De esta
manera se incrementaría la productividad total de la economía y también las
probabilidades de salir del círculo vicioso entre pobreza - actividades de baja
productividad - pocas inversiones en capital humano - pobreza, asunto que debe
ser preocupación de los cañicultores, el Estado y la sociedad.

Es importante finalmente decir que parte de estos problemas con las CTA se
intenta corregir a través de la Ley 1233/2008 que entra en vigencia a partir de
2009, pues obliga a las CTA a asumir sus compromisos patronales en términos
de aportes a la seguridad social y a los parafiscales (SENA, cajas de compensa-

62

ción e ICBF). Sin embargo, es bueno recordar también que para el cumplimiento
de esta Ley y de los acuerdos alcanzados por los corteros con los ingenios en la
solución parcial a este conflicto socio-laboral, es necesaria una acción vigilante
por parte de las autoridades estatales (Superintendencia de Economía Solidaria
y Ministerio de Seguridad Social). Empero, dadas las debilidades de las institu-
ciones del Estado por las políticas de estrechamiento fiscal y de fortalecer otras
prioridades, se hace necesaria la vigilancia de los movimientos sociales y del
conjunto de la sociedad sobre estos aspectos y sobre el resto de temas tratados
en este documento, con el fin de demandar del sector cañicultor el cumplimiento
de su Responsabilidad Social Empresarial y la amortización de su deuda social y
ambiental.

Por lo tanto, es necesario exigirle al Estado una acción más proactiva y de liderazgo
en todos estos aspectos para que asuma un compromiso menos parcializado
pensando en el interés nacional y de esta manera enfrentar lo que el profesor
Kalmanovitz llama el “capitalismo compinchero”, “donde el éxito de los nego-
cios no depende del desempeño de los empresarios sino de sus influencias polí-
ticas y familiares” (op. cit.). Precisamente, este documento permitió mostrar cómo
los empresarios del sector cañicultor logran que el gobierno intervenga para ga-
rantizarles altas utilidades, castigando a los consumidores y transfiriendo buena
parte de los costos al resto de la sociedad, contribuyendo con ello a perpetuar la
senda del subdesarrollo con deterioro ambiental y la profundización de las
inequidades que han caracterizado al país a lo largo de su historia republicana.
En síntesis este documento ha permitido demostrar que:
• Es necesario que el sector azucarero ponga en práctica con todos sus traba-
jadores y con el resto de la sociedad lo que afirma por escrito en términos de
RSE.
• El sector azucarero ha tenido importantes resultados económicos y financie-
ros, aspecto que no deja excusas para asumir las responsabilidades sociales
y ambientales que le corresponden.
• Los trabajadores han contribuido de manera importante a generar valor y
que ello se demuestra en su creciente productividad.
• El sector ha sido altamente subsidiado y protegido por la sociedad tanto
financiera como ecológicamente, lo cual acrecienta su responsabilidad so-
cial.
• Las condiciones laborales de los trabajadores vinculados a las CTA no son
las mejores al compararlas con las de los corteros vinculados directamente a
los ingenios y que por RSE deben equipararse a las de ellos. Estos corteros
son también responsabilidad del sector.

63

• El régimen de CTA debe desaparecer para dar cabida a la contratación di-
recta de los trabajadores por parte de las empresas en todos los sectores.
• Se ha impulsado una política de producción de agrocombustibles con pro-
fundos cambios que van desde el reacomodo de la legislación, hasta una
serie de incentivos estatales con recursos públicos para hacer viables las
inversiones en el sector, que ha favorecido exclusivamente a los empresa-
rios privados con insuficientes beneficios para los consumidores y los traba-
jadores de la caña.

64

Glosario

Cooperativa de Trabajo Asociado: son aquellas que vinculan a sus asocia-
dos para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios
en las cuales el principal aporte de los asociados es su trabajo, mientras que los
aportes de capital son mínimos. En las CTA los aportantes de capital son al mis-
mo tiempo los trabajadores y gestores de la empresa; así, el régimen de trabajo,
de previsión, seguridad social y compensación, será establecido en los estatutos
y reglamentos en razón a que se originan en el acuerdo cooperativo y, por consi-
guiente, no estará sujeto a la legislación laboral aplicable a los trabajadores de-
pendientes.

Deuda ambiental o ecológica: corresponde a los pasivos ambientales que
genera una actividad económica por el uso indiscriminado de recursos naturales
y de los servicios ambientales sin que la actividad asuma plenamente los costos
sociales asociados a estos impactos ecológicos.

Deuda social: hace referencia a los pasivos o déficit que los gobiernos, autori-
dades o unidades empresariales tienen con la sociedad, en particular con los
sectores más pobres de la misma, en aspectos fundamentales para el desarrollo
de la vida y la dignidad humana en condiciones de libertad y equidad de oportu-
nidades.

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno.

Externalidad negativa: costos impuestos sobre la sociedad y el ambiente que
no son considerados en el valor del mercado por productores y consumidores.
Incluye daños al ambiente natural y construido, tales como efectos de la conta-
minación a la salud, las construcciones, las cosechas, los bosques, las amenazas
globales, etc.

Huella hídrica: equivale al volumen de agua requerido por cada tonelada de
producto agrícola generado, estimando los requerimientos de agua del cultivo
desde que se siembra hasta que se cosecha.

IPC: Índice de Precios al Consumidor.

65

l/s: litros por segundo.

mg/l: miligramos por litro.

IRA: Infección Respiratoria Aguda.

Pasivo: es la obligación de incurrir en un gasto por parte de una persona o una
empresa como consecuencia de un compromiso contractual, de una decisión de
una autoridad administrativa o judicial o incluso asumida de manera voluntaria
y unilateral.

PM10: partículas menores a 10 micras.

RSE: Responsabilidad Social Empresarial. Compromiso que tiene una empresa,
una entidad o un sector, frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre
los diferentes grupos con los que se relaciona, incluyendo sus propios trabajado-
res y el medio ambiente.

SES: Superintendencia de Economía Solidaria.

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.

Subsidio: los subsidios son contribuciones aplicadas para estimular artifi-
cialmente el consumo o la producción de un bien o servicio; uno de los efectos
principales de un subsidio consiste en no trasladar todos los costos a los usua-
rios, por tal razón el precio final del bien subsidiado es menor al del libre mer-
cado, aunque el objetivo del gobierno sea ayudar a que la empresa pueda
seguir existiendo o a mantener el ingreso de los productores o a que no des-
aparezcan determinados servicios públicos. Sin embargo, los subsidios no sola-
mente son recibidos por los consumidores, sino también por los productores,
cuando el Estado los protege de la competencia internacional manteniendo
precios de sustentación por encima de los precios externos del bien. Pero ade-
más cuando el Estado no transfiere toda la carga tributaria a un sector económi-
co, este sector también está subsidiado en forma comparativa frente a los otros.

SST: Sólidos Suspendidos Totales.

TAR: Tratamiento de Aguas Residuales.

VPN: Valor Presente Neto.

66

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