Libro parte-1

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Esta es una publicación de
Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos Corporación
Consejo Editorial
YPFB Corporación
Producción general
Ever Terán Flores
Antonio Castaños Medrano
Jhonny Salazar Socpaza
Diseño y Diagramación
Marcelo Mamani Condo
Fotografía
Archivo histórico YPFB
José Luis Quintana
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La Paz - Bolivia
Marzo 2012

CONTENIDO
YPFB Corporación, 75 años de aporte al desarrollo nacional 7
CAPÍTULO I
EL PETRÓLEO EN BOLIVIA Y LAS PRIMERAS CONCESIONES 15
Concesiones y especulación 21
Fraude y traición de la Standard Oil 25
La Guerra del Chaco y los intereses transnacionales 32
La generación nacionalista de la post guerra 38
La fundación de YPFB 41
LA PRIMERA NACIONALIZACIÓN 46
Contraofensiva transnacional 52
La misión Bohan 58
El apoyo nacionalista militar 68
La Refinería Gualberto Villarroel 71
La ”revolución movimientista” 74
El Código Davenport 82
Incursión de la Gulf Oil 86
Situación crítica de YPFB 88
LA SEGUNDA NACIONALIZACIÓN 90
Día de la dignidad nacional 100
Cuantiosas pérdidas para la Gulf 102
Nacionalización respaldada por diferentes sectores 106
Régimen de la Ley General de Hidrocarburos 113
Hiperinflación, déficit fiscal y recesión 117

Del 21060 a la capitalización/privatización 120
Jaime Paz y la nueva Ley de Hidrocarburos 122
Goni, el gas y su ”plan de todos” 127
El desmantelamiento de YPFB 131
El acuerdo gasífero con Brasil 133
Exportación de gas a la Argentina 137
Banzer y ”Tuto” cierran la capitalización 139
Nefasto retorno 143
La guerra del gas y ”octubre negro” 149
Carlos Mesa y el referéndum del gas 156
La promulgación de la Ley de Hidrocarburos 3058 161
Incumplimiento a la aplicación de la ley 163
LA TERCERA NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS EN BOLIVIA 164
Argentina, un nuevo aliado para el gas 175
Contratos de operación con el Estado boliviano 177
CAPÍTULO 2
RESULTADOS EFECTIVOS DEL PROCESO
DE LA NACIONALIZACIÓN CONTEMPORÁNEA 189
La Nacionalización el hecho político más legítimo 191
Dominio y control sobre los hidrocarburos bolivianos 193
La apropiación del excedente económico 194
La reactivación de YPFB 200
Patrimonio y utilidades de la estatal petrolera 204
Empresas subsidiarias con mayores utilidades 206
La evolución de las inversiones 209
Crédito del Banco Central de Bolivia 212
El aporte de YPFB a Bolivia 214
El cénit de la producción de gas 220
Desarrollo de campos productivos 222
San Antonio 235
San Alberto 238
Margarita-Huacaya 242
Itau 246
Ipati-Aquío 247
Área Río Grande 250
Bolivia, proveedor confiable en la región 251
Comercialización de gas natural 254
Contratos de exportación al Brasil 257
Contratos de exportación a la Argentina 262
Montos facturados por exportación 268
Operadoras prometen mayor inversión 270
El estado de las reservas nacionales de hidrocarburos 271
Metodología de estimación y certificación de reservas 276
Ciclo de vida de un proyecto 279
El transporte estratégico de hidrocarburos en Bolivia 282
Volúmenes de hidrocarburos líquidos transportados 284
La infraestructura de ductos 289
Ductos de exportación 291
Almacenaje de combustibles 295
Redes de gas 297

CAPÍTULO 3
YPFB COMPLETA EL CIRCUITO PRODUCTIVO Y PROYECTA
EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS 307
Nuevo ciclo exploratorio en Bolivia 309
Incremento de las reservas nacionales de hidrocarburos 315
La exploración a cargo de YPFB 316
Segundo componente, la exploración 319
Tercer componente, apoyo a la gestión de exploración 321
Estrategia de fomento a la exploración de hidrocarburos 322
Áreas de exploración bajo contratos de operación 325
Contratos de exploración y explotación 326
La industrialización del gas se inicia en Bolivia 335
Planta Río Grande 338
Planta Gran Chaco 340
Plan quinquenal para la industrialización del gas 345
Planta Amoniaco Urea 347
Planta Etileno Polietileno 348
Gas a Líquidos 349
CONCLUSIONES 353
YPFB Corporación, 75 años de aporte
al desarrollo nacional
El proceso de la Nacionalización de los Hidrocarburos en Bolivia ha completado su primer ciclo
de cinco años con soberanía y dignidad.
Desde aquel 1 de mayo de 2006, cuando el presidente Evo Morales Ayma, promulgó el histó-rico
Decreto Supremo Nº 28701 “Héroes del Chaco”, que restituye la propiedad y el control ab-soluto
de los recursos naturales por parte del Estado, ha retornado la certidumbre, estabilidad y
desarrollo en la industria de los hidrocarburos, con reglas claras.
“Queremos socios, no patrones”, sentenció el Mandatario hace cinco años, cuando se apro-baron
ante el Legislativo 44 contratos de operación firmados con 16 compañías petroleras que
actualmente operan en el país en una relación proactiva con el Estado.
En este quinquenio, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Corporación se ha consolidado
como el brazo operativo de la Nacionalización que interviene y dirige la cadena de producción
nacional en una perspectiva progresista de desarrollo.
La administración estatal de los hidrocarburos ha asegurado el control del excedente eco-nómico,
mayores mercados para el gas natural y proyecta la diversificación de la oferta, im-plementando
agresivas políticas de exploración y desarrollo industrial en pos de aunar mayor
producción y asegurar mayores reservas.
En Bolivia, la Nacionalización de los Hidrocarburos se ha convertido en el eje del proceso de
cambio que ha refundado Bolivia, restituyendo facultades inalienables sobre la dirección y el
uso de los hidrocarburos como un recurso estratégico que es fuente de dignidad, soberanía y
desarrollo para el pueblo boliviano.
El negocio nacional de los hidrocarburos ha incrementado su eficiencia con mayores volúme-nes
de producción y mejores precios internacionales, ahora Bolivia se autoabastece y cumple
sus compromisos de exportación.
YPFB, al cumplir casi un siglo de servicio a los intereses nacionales, se alza como la empresa
más importante del país; su reactivación y fortalecimiento, es sin duda la mejor decisión que ha
tomado en pueblo boliviano.
La estatal petrolera boliviana despega con la tercera Nacionalización de los Hidrocarburos y
el decidido respaldo del gobierno del presidente Evo Morales Ayma. Los resultados positivos
alcanzados la proyectan como el pilar fundamental de la economía boliviana y se inscribe entre
las 500 empresas más grandes de Sudamérica.
75 años de vida institucional de YPFB nos permiten hacer un alto, analizar retrospectivamente
el pasado, ver el presente y proyectarnos hacia el futuro para continuar contribuyendo al en-grandecimiento
y desarrollo de la patria.
Lic. Carlos Villegas Quiroga
PRESIDENTE EJECUTIVO YPFB CORPORACIÓN

Sr. Evo Morales Ayma
Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia

Lic. Alvaro García Linera
Vice-Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia

Lic. Carlos Villegas Quiroga
Presidente Ejecutivo de YPFB Corporación

Capítulo I
El petróleo en Bolivia y las
primeras concesiones

75 AÑOS DE APORTE AL PAÍS
El petróleo en Bolivia
y las primeras concesiones
os antecedentes históricos más remotos so-bre
la existencia de petróleo en Sudamérica
se remontan al período precolombino. Las
emanaciones naturales de brea, resina o acei-tes
de piedra eran denominadas “chapapote”
por los aztecas, “copey” por los quechuas e
“itani” por los chiquitanos. Estas culturas uti-lizaban
la sustancia mística con fines medici-nales
para curaciones y purga, de acuerdo a
los relatos de los primeros exploradores espa-ñoles
urgidos por la búsqueda de oro en esta
parte del mundo.
Los colonizadores españoles del viejo
mundo denominaron a la sustancia “jugos de
la tierra o bitúmenes”. Seguramente, los ante-cedentes
vistos en los primeros usos curativos
de la sustancia aceitosa negruzca motivaron
que en 1535, los colonizadores transportaran
nueve toneles de la misma a España para cu-rar
la enfermedad de gota del Rey Carlos V.
El padre Alonso Barba, uno de los pri-meros
cronistas de la época hace referencia a
los hallazgos de las primeras muestras colec-tadas
a 80 leguas de Tarabuco por un capitán
llamado Fermín Nuñez en su obra “El arte de
los metales”.
Los ingleses que ocuparon Norteaméri-ca
también descubrieron el petróleo que era
utilizado por los aborígenes de esa región.
Fue precisamente en este territorio que luego
se convertiría en Estados Unidos, donde co-menzó
a darse un uso más especializado a las
primeras muestras colectadas de hidrocarbu-ros
en mecheros y sistemas de calefacción a
carbón bituminoso, aceite de carbón o gas de
carbón.
En contraste con la precariedad de Sud-américa,
el primer descubrimiento de petró-leo
aconteció en el Estado de Penssylvania,
Estados Unidos en 1859, más de una década
después, se tendía en este territorio el primer
oleoducto artesanal construido de juncos y
cañahuecas entre West Bloomfield y Nueva
York, que daría pasó al desarrollo de los pri-meros
ductos que abastecían quemadores,
iluminadores, cocinas y calefactores dando
inicio en 1917 a la manufactura e industriali-zación
de los hidrocarburos, promoviendo su
desarrollo tecnológico.
Las primeras perforaciones de pozos
fueron realizadas en Estados Unidos y poste-riormente
en Europa y África dando inicio a
L
16 PETRÓLEO EN BOLIVIA Y LAS PRIMERAS CONCESIONES 17

Mural de Solón Romero hace referencia al uso medicinal del petróleo en la época colonial.
las primeras faenas de explotación comercial
del petróleo. En un principio, esta sustancia
era vendida como medicina, luego como com-bustible
precario y como producto refinado
artesanalmente para mecheros. En función a
los experimentos realizados en Estados Uni-dos
y Francia, se logró un mejor procesamien-to
para obtener kerosén y parafina.
Los primeros químicos y empresarios en
Estados Unidos especializaron el refino y su
industrialización, una valiosa mercancía que
se convertía en dinero y mercados de escala,
poco a poco dominados por una sola indus-tria,
la Standard Oil Trust, creada en 1882 por
el multimillonario Jhon D. Rockefeller que
monopolizó el comercio de los primeros car-burantes
con 40 empresas.
Sin embargo, este “Trust” de empresas
fue desarticulado por una decisión judicial
antimonopólica. De este modo, se apertura
la libre competencia de la Standard Oil contra
otras empresas creadas dentro y fuera de Es-tados
Unidos como la Gulf Oil, Texaco, Shell y
la Royal Dutch.
Antes del año 1900, la industria comen-zó
a sustituir el motor a vapor por motores
más eficientes de combustión interna en base
a carburantes para maquinarias, transportes
y los primeros automóviles, creados por otro
visionario: Henry Ford. En este contexto se
incrementó la demanda masiva de gasolina y
diesel.
Para entonces, cinco empresas domi-naban
el comercio mundial de hidrocarburos
con operaciones a escala mundial, la Standard
Oil, Royal Dutch Shell, Texaco, Gulf Oil, y Anglo
Persian que luego se convertiría en British Pe-troleum.
De todas ellas, las dos primeras fue-ron
las pioneras en extender sus negocios en
Asia, Europa y Sudamérica con el apoyo de sus
gobiernos que comenzaron a comprender el
valor estratégico del petróleo en el mundo.
El petróleo en Bolivia
A pocos años del período independen-tista,
en la joven República de Bolivia comen-zó
a gestarse la ambición y especulación sobre
las primeras tierras con resina o brea de pe-tróleo,
a flor de tierra. Para entonces, el país
contaba con una basta extensión territorial,
elevados niveles de pobreza, analfabetismo e
incipiente desarrollo económico.
Cuando otros países como México y Ve-nezuela
ya realizaban la explotación, comer-cialización
y exportación de sus reservorios
de petróleo, en Bolivia algunos comerciantes
nacionales y extranjeros, influenciados por la
actividad minera, se dieron a la tarea de aca-parar
la mayor extensión de concesiones en la
perspectiva de especular y lucrar con la reven-ta
de tierras.
En 1865, el ciudadano Juan Manuel
Velarde solicitó extensas concesiones en las
provincias Acero y Tomina de Chuquisaca
(Charcas). En 1867, los ciudadanos alemanes
Frank Hoskst y Ed Hansen consiguieron que el
presidente Mariano Melgarejo les ceda con-cesiones
en la Provincia Salinas de Tarija.
En 1896, Manuel Cuellar descubrió ac-cidentalmente
manantiales de petróleo en
Mandiyuti, en el Chaco boliviano y éste junto
a su socio, Ignacio Prudencio comienzan a co-mercializar
el producto en Sucre, para lo cual
pidió concesiones al gobierno junto a Ernesto
Reyes, las mismas que le fueron entregadas
en Chuquisaca en 1899. Al ver los resultados,
éstos y otros socios fundan el “Sindicato Su-cre”,
consiguiendo concesiones por 74.999
hectáreas (Has.) en 1911.
El agrimensor Luis Lavadenz, gerente ge-neral
del “Sindicato Sucre”, descubrió en 1907,
manantiales de petróleo en Saipurú (Santa
Cruz), éste recogió las primeras muestras y las
envió para su análisis a la Argentina, donde
se confirma el hallazgo de petróleo. De inme-diato,
solicita al gobierno la concesión de un
millón de hectáreas y establece los contactos
para impulsar los primeros emprendimientos

Traslado de equipos, en busca de petróleo, a lomo de mula en la quebrada de Cuevo, en el Chaco boliviano (1923).
en la búsqueda de hidrocarburos, velando ob-viamente
por sus intereses comerciales.
Este personaje instó a empresarios boli-vianos
y capitalistas a invertir en uno de los
primeros proyectos de explotación comercial,
en el país, pero no logró convencer. Por este
motivo, viajó a Europa donde consiguió des-pertar
el interés del capitalista inglés Percival
Farquhar sobre Bolivia, con quien inició la pri-mera
explotación comercial.
Farquhar, perfora el primer pozo en bus-ca
de petróleo en Cuevo en el año de 1911 y
luego otro en Charagua, no obstante, ambas
empresas fracasan en su primer objetivo, una
perforación de 200 metros de profundidad,
que tropieza con dificultades técnicas. El in-glés
quiebra y se retira del país a los pocos me-ses
del emprendimiento hidrocarburífero.
Convencido de la riqueza que podrían
guardar las entrañas bolivianas, una vez más
Lavadenz, viaja a Europa, esta vez a entrevis-tarse
con Henry Deterding, magnate de la Ro-yal
Dust Shell, quien pese a expresar interés
no arriba al país debido al estallido de la Pri-mera
Guerra Mundial que ralentiza el desarro-llo
de la industria del petróleo.
Lavadenz no se dió por vencido, insis-tió
y convenció a inversionistas en Chile que
llegaron a Bolivia para organizar en 1913, la
primera “Compañía Petrolífera Caupolican y
Calacoto” que siete años más tarde, en 1920
perforó su primer pozo en Calacoto, sin em-bargo
el trabajo se detuvo a los 160 metros y
nunca más se reanudó.
Con las primeras emanaciones de pe-tróleo,
Miguel Velasco instaló en su hacienda
Lourdes, en 1915, la primera planta de refina-ción
que fue construida por Percy Boland. Los
primeros productos obtenidos fueron gaso-lina,
kerosén y fuel oíl pesado, combustibles
que se comercializaban en Santa Cruz. El fuel
oil era usado como lubricante para los ejes de
los carretones arrastrados por animales, la
nafta servía para el alumbrado en mecheros y
la gasolina para los primeros automóviles im-portados
al país.
Concesiones y especulación
Sin extraer ni una muestra de petróleo,
entre 1914 a 1916, la adjudicación de conce-siones
petroleras “a perpetuidad” en Bolivia
se había incrementado de 1.7 a 3 millones de
hectáreas, en el marco de la vieja Ley de Mi-nas.
Los titulares de estas concesiones, en su
mayoría de carácter especulativo, buscaban
capitales extranjeros para proceder a la explo-tación
comercial.
De este modo, se constituyeron en Chile,
entre 1912 y 1919 numerosas “Comunidades
Petroleras”. Influyentes personalidades chile-nas
adquirieron la mayoría de las concesiones
adjudicadas a ciudadanos bolivianos. Así por
ejemplo, la Comunidad Petrolífera “La Blan-ca”
contaba con 500.000 hectáreas (Has.);
la Comunidad Petrolífera “Santa Cruz” te-nía
545.000 Has.; “La Poderosa” con 700.00
Has.; “Lagunillas” con 399.850 Has; Calacoto
con 3.473 Has. Posteriormente, todas estas
comunidades vendieron sus derechos al ciu-dadano
inglés, William Braden. 1
El gobierno del presidente Ismael Mon-tes
puso fin a la indiscriminada política de
concesiones, en diciembre de 1916 cuando
promulgó la Ley de Reserva Fiscal que puede
considerarse la primera “Ley de Hidrocarbu-ros”,
normativa que negó mayores conce-siones,
al mismo tiempo que disponía una
participación estatal del 10% en las entregas
y obligó a los poseedores a no enajenar ni
transferir las mismas. Se sentó como prece-dente
ante el caso de controversias, como una
instancia única de apelación a la Corte Supre-ma
de Justicia de la Nación.2
1 YPFB, Libro de Oro, SE, La Paz – Bolivia, 1996. Pag. 18.
2 ROYUELA, Carlos. Cien años de Hidrocarburos en Bolivia.
(1896-1996)

Las primeras concesiones petrolíferas en Bolivia (1920)
Uno de los primeros equipos de bombeo mecánico para la extracción de petróleo.
S.R.28 Febrero 1920 Richmond Leverín Co 1.000.000 Has. Trans a Standard
S.R.8 Marzo 1920 Jacobo Backus 1.000.000 Has. Trans a Standard
S.R.9 Marzo 1920 Rafael Dial Lira 60.000 Has. Trans a Standard
S.R.10 Marzo 1920 Exequiel Romecín C 200.000 Has. Trans a Standard
S.R. 12 Marzo 1920 Rafael Torrico Lemoine 10.000 Has. Trans a Standard
S.R. 14 Diciembre 1920 Jorge de la Reza 85.000 Has. Trans a Standard
2.355.000 Has.
La Paz, octubre 26 de 1921
Armado Orozco Oficial Mayor de Industria
Fuente: “Cien años de hidrocarburos en Bolivia”, de Carlos Royuela Comboni
Sin embargo, en 1921, el Presidente José Gutierrez Guerra, me-diante
Ley, abolió la reserva fiscal, y autorizó contratar la explotación
de hidrocarburos mediante arrendamientos temporales con un perío-do
de vigencia de “66 años”. En este caso, los concesionarios debían
entregar 12,5 y el 20 por ciento del rendimiento líquido a la tesorería
departamental, elevando de algún modo la participación estatal.
En un pésimo momento económico, con la presión de deuda ex-terna
y los intereses estadounidenses, Gutierrez Guerra prácticamente
obligó al Parlamento a aprobar la nueva Ley, entretanto, negociaba en
paralelo una cantidad ilimitada de concesiones con los agentes de la
compañía transnacional Standard Oil.
Con apenas cuatro días de vigencia de la norma, el gobierno
de Gutierrez Guerra, adjudicó “en secreto” nuevas concesiones de
1.000.000 hectáreas a la empresa estadounidense Richmond Levering
y a su representante, Jacobo Backus, de acuerdo a contratos estableci-dos
según la norma aprobada.
La Richmond Levering prometió una inversión de 10 millones de
dólares con la cual consiguió en total una cesión por 50 años de más
de 2.000.000 de hectáreas, en títulos a favor de la empresa y de su
representante Backus, en un extenso territorio que abarcaba los de-partamentos
de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca 3.
A cambio de una exigua participación estatal del 15 % sobre el
producto bruto que extrajese en el futuro, el contrato de la Richmont
Levering era sumamente ventajoso pues estipulaba una exención del
pago de impuestos por todo el tiempo que durase la concesión. Esta
empresa sólo pagaba un impuesto que gravaba las actividades de las
compañías mineras en la época.
Otra prerrogativa, consistió en el privilegio de zona con una dis-posición
de 50 kilómetros en las proximidades de los oleoductos con lo
cual prácticamente tenía derechos monopólicos en el país.
No obstante, por el contrato establecido con el Estado boliviano,
la Richmont Levering no estaba facultada a “transferir estas concesio-nes
sin el consentimiento del gobierno”, de acuerdo a la cláusula 19.
Del mismo modo, este documento contractual establecía, en la
cláusula 18: “Si durante la ejecución del contrato el Gobierno reclama-re
por algo que en su concepto importe incumplimiento, dará aviso a
los capitalistas, los que desde ese momento tendrán un término máxi-mo
de seis meses para subsanar la falta que motive la reclamación; en
caso de no hacerlo pasado dicho término, el Gobierno podrá declarar
3 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA, La Nacionalización del Siglo XXI. 111 años de
historia petrolera en Bolivia. 2007. Pag. 22
El presidente José Gu-tiérrez
autorizó con-tratar
la explotación
de hidrocarburos me-diante
arrendamien-tos
temporales.

la caducidad, rescisión o modificación del con-trato,
que también tendrá lugar administrati-vamente
por cualquier defraudación de los in-tereses
fiscales. La caducidad importa para los
capitalistas la pérdida de todos sus derechos
a los bienes de la compañía, que quedarán en
propiedad exclusiva del Gobierno”.
Bajo esta figura, toda diferencia o cues-tión
sobre el contrato respecto del alcance o
interpretación del mismo y su misma ejecu-ción
será sometido como única instancia de
conocimiento y resolución, a la Corte Supre-ma
de Justicia de Bolivia.
En medio de una serie de irregularidades
y observaciones sobre el contrato en cuestión,
se conoció que la casa bancaria de Gutierrez
Guerra, presidente de Bolivia, extendió el cer-tificado
de solvencia a la Richmond Levering,
documento que resultó falso.
Ante la oposición que comenzaba a ges-tarse
en el país y la opinión pública el repre-sentante
de la empresa Richmond Levering,
Jacobo Backus, afirmó sin desparpajo que
contaba en su presupuesto con 300.000 boli-vianos
para “sobornos”4.
Es muy probable que con estos recursos
esta observada empresa haya conseguido en
los meses que estuvo operando en Bolivia
la modificación de las cláusulas del contrato,
aduciendo las dificultades en Bolivia y los ele-vados
costos de operación. En este marco, el
gobierno de entonces cedió a rebajar del 15 al
12,5% la participación gubernamental, en un
negocio que nunca existió.
En lo fundamental, esta norma declaró
la propiedad inalienable e imprescriptible y
el dominio directo del petróleo por parte del
Estado. Paralelamente, facultó al Poder Ejecu-tivo
su explotación directa o mediante asocia-ción
con otras empresas privadas.
4 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA, La
Nacionalización del Siglo XXI. 111 años de historia petrolera en
Bolivia. 2007. Pag. 22
El presidente de la República con su gabinete presidencial. De izquierda a derecha, Carlos Romero, ministro de
Fomento y Comunicaciones; Alberto Palacios, ministro de Hacienda e Industria; Abel Ituralde, ministro de Relacio-nes
Exteriores y Culto. Presidente de la República, Dr. Hernando Siles; J. Minor Gainsborg, ministro de Gobierno
y Justicia; Félix del Grando, ministro de Instrucción Pública y Agricultura y Aurelio Arauz, ministro de Guerra y
Colonización. (El País, jueves 2 de febrero de 1928).
Fraude y traición de la Standard Oil
Un año después de haber obtenido la
concesión, la Richmond Levering transfirió,
el 3 marzo de 1921, a la Standard Oil de New
Jersey, todas sus concesiones por 270 mil dó-lares.
5 Aunque otros antecedentes, señalan
que la transacción se consumó ante la bolsa
de valores de Nueva York, Estados Unidos, por
la suma de 2,5 millones de dólares.
5 ROYUELA, Carlos. Cien años de Hidrocarburos en Bolivia.
(1896-1996)
Aparentemente, las autoridades del go-bierno
boliviano desconocían la transacción
que violentaba la cláusula 19 del contrato. La
Standard Oil creó su filial boliviana el 16 de
noviembre de 1922 y comienza a presionar al
gobierno para que reconociera la transferen-cia
y firmara un nuevo contrato, situación que
termina consumándose ese mismo año.
Paralelamente, la Standard Oil, había
adquirido, otros dos millones de hectáreas
ABEL ITURRALDE
(Centinela del Petróleo).
El 20 de junio de 1921 un distinguido patriota pa-ceño,
senador de la República, Dn. Abel Iturralde
(el Centinela del petróleo chaqueño), logra que
el Poder Legislativo apruebe la Ley Orgánica del
Petróleo, ante el tráfico de intereses de las “Con-cesiones
Africanas” petroleras de la aristocracia
política boliviana con la Richmond Levering, y con la
Standard Oil Co. y cómo ésta última toma posesión
del territorio guaraní del Chaco boliviano y de su rique-za,
instalándose en Bermejo, Sanandita, Caigua y Camiri
(1921).

(Has). de concesionarios particulares, por lo
que podía explorar en cuatro millones de hec-táreas
y quedarse con un millón de Has. Con
anticipación, la Standard Oil había adquirido
de particulares más de dos millones de hectá-reas
adicionales en concesión.
La ambición de la empresa transnacio-nal
de propiedad de Rockfeller, la primera que
se instaló en Bolivia, prácticamente se apode-ró
de los hidrocarburos nacionales al adquirir
otros 2.145.000 Has. que William Braden y
uno de sus familiares compraron en Bolivia
por 75.000 libras y revendieron a la Standard
en tres millones de dólares.
Para fines de 1926, el emporio acaparó
alrededor de 7 millones de hectáreas, com-prando
prácticamente la totalidad de antiguas
y nuevas concesiones.
Desde el Congreso Nacional, el cuestio-nado
trámite fue refutado por el senador pa-ceño
Abel Iturralde quien protestó el contrato
con “serios visos de irregularidades”, porque
éste sólo fue autorizado por el presidente Gu-tierrez
Guerra y uno de sus ministros. Por su
lucha a favor de los intereses nacionales, este
parlamentario se hizo merecidamente acree-dor
al título del primer “Centinela del Petróleo
en Bolivia”6.
6 YPFB, Libro de Oro. (1936-1996). Pag 21
Prospección exploratoria en el campo Camiri.
“No debemos alucinarnos con una sola empresa que tenga en
sus manos todo el oriente boliviano. Esto ha de traer como conse-cuencia
la absorción de la soberanía del país y la pérdida de su liber-tad.
Yo no soy enemigo de que vengan a Bolivia empresas extranjeras.
Lo que pido es un riguroso control que evite que una sola empresa
monopolice toda la industria petrolera. El día que se consume una
absorción por una sola empresa, estaremos perdidos”, decía el céle-bre
defensor de los recursos naturales.
Derrocado el gobierno de Gutierrez Guerra, asume la presiden-cia
Bautista Saavedra quien ante la incursión discrecional de las em-presas
concesionarias y las “comisiones” que ofrecían a cambio de las
ambicionadas tierras petrolíferas, ordena la revisión de la norma en
comparación con otras vigentes en el mundo.
El 20 de junio de 1921, el presidente Bautista Saavedra aprobó
la Ley Orgánica de Petróleos, que vuelve a declarar la propiedad na-cional
de los recursos hidrocarburíferos, devolviendo al Estado la fa-cultad
explotarlos por sí mismo o en asociación con privados. Al mis-mo
tiempo, esta norma estipula hasta 100.000 Has. como máximo y,
por una sola vez, las concesiones petrolíferas por un lapso de 55 años.
Asimismo, estableció en 11% la participación sobre el producto bruto
y se limitaron los privilegios de zona a cinco metros, implementándo-se
el derecho de cruce de oleoductos.
Por otro lado, en el nuevo texto legal el concesionario quedaba
obligado a iniciar la explotación al cuarto año de firma de contrato y
el Estado fijó para sí la potestad de establecer al quinto año un monto
mínimo, a partir de la concesión.
Esta ley abrió por vez primera la posibilidad de crear una em-presa
nacional para la explotación petrolera al imponer el artículo 35
que señala: “Si los concesionarios no extrajesen durante tres meses
una cantidad de petróleo proporcional a la capacidad productora de
un pozo, el Gobierno podrá extraer por su cuenta la participación que
le corresponde”. 7
Casi premonitoriamente, la norma señalaba en su artículo 40,
una figura antimonopólica que resumía que el gobierno vigilaría la
exploración y explotación de los yacimientos y fiscalizaría las opera-ciones
de las empresas, no sólo para asegurar el pago de impuestos
sino también para organizar convenientemente la industria en bene-ficio
nacional, combatir el acaparamiento de la producción, transpor-te,
almacenaje, comercio de petróleo y sus derivados.
La Ley en referencia fijó un plazo máximo de tres años y una
extensión máxima de 300.000 Has. para fines de exploración y la pre-rrogativa
de elegir una quinta parte para conformar “reserva fiscal”.
7 TAHBUB, Marwan. Las transnacionales no son socias. Por una política nacional de Hidrocarburos.
Ed CEDIB. Pag. 225
La Ley Orgánica de
Petróleos fue apro-bada
el 20 de junio de
1921.

Esta legislación también señalaba que
todo arbitraje debía resolverse en la Corte Su-prema
de Justicia de la Nación al mismo tiem-po
que prohibía a las empresas a no realizar
reclamación diplomática alguna respecto de
obligaciones, derechos y emergencias de las
adjudicaciones y contratos.
Por otro lado, se reivindicó y mejoró la
figura legal sobre la caducidad al subrayar que
si el gobierno reclamaba por incumplimiento,
los concesionarios tenían un plazo no mayor
a seis meses para subsanar la falta, en caso
contrario, éste quedaba facultado para decla-rar
la caducidad, recisión o modificación del
contrato. Entre las causales para este efecto
también se incluyó la defraudación de los in-tereses
fiscales.
Pese a la vigencia de la avanzada legis-lación
modernizada y acorde a los intereses
nacionales, la Standard Oil, pudo más que el
debilitado Estado boliviano y sus autoridades,
para ello, se valió de todo su poder econó-mico
e incurrió en una serie de prebendas y
corrupción de funcionarios, hasta lograr sus
propósitos.
La compañía transnacional de Rockefe-ller
había comprometido invertir 50 millones
de dólares en distintos rubros de producción,
pero hasta 1937, sólo llegó a invertir 17 millo-nes,
según confesaron sus propios gerentes y
representantes. A cambio, esta empresa logró
que se modificara la obligatoriedad contrac-tual
de representar arbitrajes sólo ante la Cor-te
Suprema de Justicia para extender la con-sulta
al presidente de la Sociedad Geológica
de Londres, en Inglaterra.
Desde su incursión para operaciones en
territorio nacional, la Standard no cumplió
con sus obligaciones y urdió una serie de irre-gulares,
evasiones y defraudación.
Ni bien comenzó a operar en Bolivia, la
Standard se quejó por la falta de mapas, lar-gas
distancias, falta de una red caminera apro-piada
y carencia de oleoductos, con lo cual
consiguió el derecho de explorar en cuatro
millones de hectáreas para quedarse con un
millón, además de ampliar el contrato de 50 a
55 años, a partir del segundo año de explora-ción.
Un decenio después, los plazos se fueron
razagando pues la empresa nunca entraba al
período de explotación.
La transnacional petrolera contaba con
un plazo de sólo dos años a fin de identificar
un millón de hectáreas para establecer la con-cesión
y luego perforar un pozo cada 50.000
hectáreas y producir dos millones de barriles
de crudo.
La Standard Oil inició sus operaciones
en Bolivia en la Serranía del Candado, y des-cubrió
petróleo en Bermejo a mediados de
1924. Posteriormente perforó en otras estruc-turas
descubriendo hidrocarburos en Sanan-dita
(1926), Camiri, (1927) y Camatindi (1931).
Instaló dos refinerías rudimentarias en Sanan-dita
y Camiri. En total, la Standard perforó 30
pozos de los cuales 18 fueron exploratorios.
Esta empresa transnacional nunca tuvo inten-ciones
de desarrollar la industria petrolera en
Bolivia. Aparentemente, lo que buscaba era
conseguir mercados futuros y asegurarlos. 8
La Standard Oil, producía desde 1925,
alrededor de dos mil barriles de crudo por
año en la región de Bermejo. En 1926 se in-corporó,
Sanandita con 7.000 barriles y 1927
Camiri con 15.000 barriles, totalizando una
producción de 40.000 barriles. En 1929 en
medio de la crisis económica mundial, la Stan-dard
extrajo 132.000 barriles y para 1936, la
8 YPFB, Libro de Oro. (1936-1996). Pag 20
Taller de la Standard Oil Company 1930.

Pozo Bermejo 2 perforado por la Standard Oil Company en 1924.
31
transnacional había escogido 300.000 hectá-reas
y contaba con 31 pozos.9
En 1927, se denunció por incumplimien-to
en el pago de patentes a la Standard que
adujo tranquilamente no haber ingresado aún
en período de explotación para hacerlo.
La sumisión de los gobernantes al po-derío
económico de la transnacional, se hace
patente cuando el presidente Hernando Si-les
emite el 12 julio de 1928 una Resolución
Suprema en la que asegura que la compañía
cumplió con todos sus compromisos, al día
siguiente la Standard concede al gobierno el
pago de un millón de bolivianos por concepto
de patentes, no sin antes deducir los intereses.
Ese mismo año, Siles mediante Resolución Su-prema
autoriza el pago de patentes a partir de
9 MARIACA, Enrique. Mito y realidad del petróleo en Bolivia. Ed
Norte. 1944
1930, independientemente de si la empresa
producía o no petróleo, aunque ya existían ru-mores
en sentido de que ésta producía crudo
desde 1925 y lo contrabandeaba a través de
un ducto clandestino hacia Argentina donde
también mantenía operaciones.
Es en 1932 cuando la empresa interna-cional
recién comienza el pago de patentes
petroleras, pero no en su totalidad, en me-dio
de amenazas contra las autoridades bo-livianas
y anuncios para comprar el voto de
los magistrados de la Suprema en caso de
demanda. Según Carlos Montenegro, la Stan-dard
defraudó al país 26,5 millones de bolivia-nos
entre 1924 y 1932, pero la cifra real se es-timaba
en 85 millones si se agrega la evasión
por regalías y otros conceptos.
En todo el tiempo de permanencia en
Bolivia, la compañía estadounidense alegaba
que priorizaba la exploración durante todos
Equipo de perforación de pozos instalado en el Chaco boliviano (1926).

sus años de intervención en Bolivia pero no
habían mayores resultados sobre la produc-ción
de petróleo. Así por ejemplo, la escasa
producción de gasolina de la Standard era
destinada al exterior, y un remanente en el
país con precios internacionales que la misma
empresa se encargaba de fijar en relación a los
mercados aledaños que controlaba. En 1935,
la Standard fue acusada de contrabandear la
“producción marginal” de petróleo a través
de un oleoducto clandestino de cuatro pul-gadas
que traspasaba la frontera por debajo
del puente del Río Bermejo hacia la población
de Aguas Blancas, Argentina. Años más tarde
en el juicio que se le instalaría, los principales
ejecutivos de la empresa admitieron haber
comercializado clandestinamente, por esa
vía, 704 toneladas del producto, no obstante
el senador argentino Alberto Arancia señaló
que la compañía no sólo usaba el gasoducto
sino también otros medios de transporte para
trasladar petróleo boliviano, un informe de la
Aduana argentina confirmaba que había ex-traído
cuando menos, cuatro mil toneladas.
La guerra del Chaco y los intereses transnacionales
Al igual que muchos países de América
Latina, Bolivia vivió momentos de auge en
sus exportaciones de la mano del desarrollo
del transporte ferroviario, la banca y el cre-cimiento
urbano. En el país, la minería había
alcanzado el pináculo de su producción tanto
en precios como en volúmenes, las inversio-nes
alcanzaron a más 150 millones de dólares
y más de 27.000 trabajadores acampaban en
áreas mineras.
No obstante, esta bonanza era aparente,
el país sufría un endeudamiento de 82 millo-nes
de dólares; el gobierno se veía obligado a
controlar el aparato recaudador en manos de
una comisión fiscal permanente establecida
por sus acreedores; el déficit de la balanza de
pagos, sobresueldos, corrupción y fuga de ca-pitales
era moneda corriente. Los otros secto-res
de la economía se hallaban escasamente
desarrollados. El afán de atraer capital extran-jero
y contraer créditos presentaba complica-ciones,
principalmente en la cobertura de ta-sas
muy altas y en la dificultad que planteaba
el hecho de pagar deuda con deuda.
La crisis mundial de 1929 dejó al des-nudo
la debilidad de la economía; la caída de
los productos de exportación y, por ende, de
importación llevó a una crisis severa. Más de
siete mil trabajadores fueron expulsados de
sus fuentes laborales, entretanto, el Estado
redujo el gasto público, ordenó la inconverti-bilidad
de la moneda y suspendió el pago de
la deuda externa. La caída de sus ingresos y la
reducción de divisas obligaron al gobierno a
establecer una tasa de cambio múltiple.
En este contexto, la Standard Oil no su-frió
impacto alguno ya que no tenía relación
con el mercado doméstico. Sin control, no
hizo otra cosa que exportar atenida a la venta-ja
concreta que suponía la distancia existente
entre sus centros de producción y operacio-nes
y el centro de influencia política adminis-trativa
de Bolivia.
El impacto de la crisis económica reca-yó
en los asalariados. La desocupación, la es-calada
de precios y la especulación tuvieron
efectos severos. Ante esta situación agravada
por huelgas y otras formas de protesta contra
la Standard, el Presidente Daniel Salamanca,
apremiado por los recursos, revisó las dispo-siciones
gubernamentales de julio de 1928 de
su predecesor Hernando Siles, relacionadas
con la prórroga del período exploratorio con-cedido
a la empresa de Estados Unidos.
De este modo, Salamanca, mediante Re-solución
Suprema de 2 de julio de 1932, dejó
sin efecto la prórroga para la Standard y allanó
el camino para que ésta pague lo que corres-pondía
por ley, obligación que debía incluir
el adeudo acumulado desde 1924 hasta su
gestión. No obstante, el cobro no pudo efec-tivizarse
por la acción legal que la Standard
impuso ante la Corte Suprema de Justicia.
En el campo de las relaciones diplomáti-cas,
el gobierno de Salamanca, agobiado por
la crisis y las presiones sociales, dio un paso
temerario al declarar la guerra al Paraguay,
subestimando sus fuerzas y desconociendo su
pasado histórico, así el enclaustramiento ma-rítimo
boliviano, producto de la derrota de la
guerra del Pacífico (1879) se vio reforzado por
el cierre de la salida por el río Paraguay.
El territorio del Chaco en litigio, que era
reclamado por Bolivia y Paraguay en medio de
una serie de interpretaciones sobre tratados
que legitimaban su soberanía, había concita-do
el interés internacional motivado por dis-tintas
versiones que daban por hecho la exis-tencia
de hidrocarburos en la zona.
El descubrimiento de petróleo en una
región aledaña al Chaco influyó para que el
problema limítrofe se complicara y quizás
alentara el conflicto, no obstante que los re-servorios
de hidrocarburos se encontraban en
regiones que no estaban en disputa.10
En este sentido, el escritor y político Pa-raguayo
Natalicio Gonzales, citado por Sergio
Almaraz, precisa que la conflagración bélica
nunca habría ocurrido si en 1910, no se hubie-ra
comprobado la existencia de yacimientos
petrolíferos en la región, además de la con-fluencia
de otros intereses internacionales.
Por casualidad o azar, el contrato firma-do
entre la Standard y el gobierno boliviano
parecía contener una figura anticipada: “…
En caso de guerra, el Estado puede exigir a
la compañía venderle toda su producción al
costo, con el recargo de un 20 por ciento por
concepto de utilidad. A la vez que en otro
apartado estaba vigente que en caso de in-cumplimiento
se imponían multas y la rever-sión
de yacimientos no explotados”.
La transnacional estadounidense que
operaba en Bolivia, estaba presente en el
norte de Argentina y el Paraguay donde se
disputaba el control de mercados con la an-glo
holandesa Royal Dutch Shell, en procura
de controlar la exportación de crudo boliviano
por el Atlántico, vía Río de la Plata.
“Así frente a la ambición de la Royal
Dutch Shell, estaba la de la Standard Oil, espe-rando
que su apoyo a un Paraguay triunfante
10 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA. La nacion-alización
del siglo XXI. 111 años de historia petrolera en Bolivia.
Pag. 26

Combatientes en una trinchera defendiendo la integridad nacional.
Tcnl. GERMÁN BUSCH
(Expresidente de Bolivia)
“Vamos pues a reafirmar la nacionalización
de los petróleos, ya que todos los que estuvi-mos
en el Chaco en las horas de peligro, he-mos
podido experimentar la inconveniencia
de que esta riqueza estuviese en manos de
capitales extranjeros. El petróleo boliviano va
a ser explotado por el Estado, porque así lo
exigen los altos intereses nacionales”, Tcnl.
Germán Busch (1936-1939)
Reclutamiento para la Guerra del Chaco 1932.

Soldados en una planidicación.
en la Guerra pueda repercutir en abrir el ca-mino
del Río de la Plata para la exportación
de crudo, como en mejores condiciones de su
explotación ya fuera del control boliviano”. 11
La petrolera norteamericana fue cues-tionada
por haber mostrado una actitud de
traición a la patria durante el conflicto béli-co
que enfrentaron Bolivia y Paraguay, des-de
1932 por el control del Chaco Boreal. En
la contienda, esta empresa no sólo continuó
exportando combustibles, sino que además
trasladó gran parte de sus materiales y equi-pos
a la Argentina.
Aunque la Standard anunciaba a los
cuatro vientos una aparente neutralidad en
la guerra, no sólo fue desleal con Bolivia sino
11 TAHBUB, Marwan. Las transnacionales no son socias. Por una
política nacional de Hidrocarburos. Ed CEDIB. Pag. 229
que además saboteó la movilización del Ejér-cito
boliviano que debía recorrer desde el al-tiplano,
la parte central del territorio nacional,
hasta llegar a los arenales chaqueños.
Esta compañía, se atrevió a subir el pre-cio
del galón de la gasolina de 19 a 60 centa-vos
por la supuesta influencia del abogado de
la Standard Oil, Carlos Calvo.12 Aunque se lee
en la prensa de la época un desmentido sobre
esa información difundida por el representan-te
de la compañía en Bolivia W.B. Blocker. 13
La mayor indignación nacional se produ-jo
cuando esta compañía estadounidense se
negó a producir el combustible de aviación
para las naves de guerra bolivianas, bajo la
12 ULTIMA HORA, 13 de noviembre 1933
13 LA RAZÓN, 14 de noviembre de 1933
excusa de “carencia de recursos técnicos ne-cesarios”.
Entre tanto, se dio a la tarea de des-viar
petróleo hacia territorio argentino, donde
lo vendió como derivado para el consumo de
los motorizados del ejército paraguayo. Por
este motivo, el gobierno boliviano se vio obli-gado
a tomar sus refinerías y contratar a los
ingenieros Jorge Muñoz Reyes y Guillermo El-der
Bell para dirigir la producción.
En mérito al insistente reclamo del Ing.
Guillermo Elder Bell que envió una carta, el de
2 de mayo de 1933, al Presidente Salamanca,
por intermedio del Gral. Hans Kundt, Coman-dante
de las FF.AA., el Ejército Boliviano se
hizo cargo de las refinerías de Camiri y Sanan-dita
que fueron administradas por el profesio-nal
cruceño en plena conflagración armada.
Bajo su dirección se logró obtener gaso-lina
de aviación de 80 octanos en la refinería
de Camiri, con lo cual la aviación boliviana
pudo operar en la guerra contra Paraguay.
Posteriormente, Elder Bell, coadyuvó en la
ampliación de las refinerías de Camiri, logran-do
que se produzca en la década de los años
40 hasta 1.200 barriles por día y en Sanandita,
hasta 600 barriles por día.
Los testimonios de la época revelan que
el boicot de la empresa extranjera llegó a tal
extremo que se negó a prestar un tractor para
desatascar decenas de camiones bolivianos
que transportaban tropas y vituallas. Asimis-mo,
se denunció que a “título de neutralidad”
arrojó al río herramientas que precisaba el
Ejército Nacional.
Toma de posiciones de las tropas del Ejército boliviano durante el conflicto bélico con Paraguay.

“La petrolera estadounidense ya había
exhibido su política indolente y sus actitudes
de desacato y hasta traición a la patria. No
sólo le había negado al gobierno boliviano un
anticipo para financiar la preparación de las
Fuerzas Armadas, sino que había rehusado
pagar a sus empleados, llamados a filas, el
50% de sus salarios como lo hacían todas las
empresas del país acatando lo dispuesto por
las autoridades.
De esta forma, quedaron en evidencia
los rasgos más execrables del comportamien-to
de la transnacional, en plena guerra, hacia
Bolivia, país que le había concedido el privile-gio
monopólico de la explotación de la riqueza
petrolífera de su subsuelo.14
“Detrás de su actitud estaba su conside-ración
de que la guerra estaba perdida para
14 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA. La nacion-alización
del siglo XXI. 111 años de historia petrolera en Bolivia.
Pag. 27
Bolivia y suponía que el triunfo paraguayo
podía determinar la apropiación de estos ya-cimientos
por lo tanto tenía que trabajar para
que la parte paraguaya respetase sus conce-siones
vigentes”. 15
La conflagración entre Paraguay y Bo-livia
culminó el 12 de junio de 1935 con un
saldo de 90.000 hombres muertos, 50.000
Bolivianos y 40.000 Paraguayos. “…El telón
fue levantado para la guerra del Chaco. Dos
pueblos empobrecidos disputándose la pro-piedad
de una riqueza que ya habían perdido
varios años antes. Dos pueblos manejados por
titiriteros desde Nueva York y Londres”, resu-mía
Sergio Almaraz 16.
15 TAHBUB, Marwan, Las transnacionales no son socias, página
229
16 TAHBUB, Marwan, Las transnacionales no son socias, página
105
La generación nacionalista de la post guerra
Entre las consecuencias de la guerra del
Chaco estuvo la irrefrenable convicción de
que toda Bolivia había sido conducida a un
desastre por intereses económicos extranje-ros,
cuya única razón de permanencia en el
país era el despojo de sus recursos naturales
para lucro fuera de sus fronteras.
La conciencia de que los intereses de
consorcios internacionales habían primado a
la hora del desencadenamiento del conflicto
bélico con Paraguay estuvo asociada a la con-vicción
de que la Standard Oil, en los cerca de
quince años que estuvo operando en Bolivia,
no había producido lo esperado ni invertido
lo acordado.
En medio de este despertar de la con-ciencia
nacional, en distintas esferas de la so-ciedad,
el golpe de Estado del 17 de mayo de
Defensores del Chaco en Villa Montes (1935).
1936, marcó un momento de inflexión en la
historia nacional por recuperar para los boli-vianos
lo que en pleno derecho les pertenecía.
Protagonizado por un grupo de militares
que participaron en la contienda del Chaco,
ésta asonada, que terminó abruptamente con
la presidencia de José Luis Tejada Sorzano;
marcó el inicio de un gobierno que desde la
oficialidad vivió en carne propia los horrores
del conflicto armado, era la expresión de un
sentimiento unificador de enmienda a años
de administración irresponsable del Estado,
que había ido tomando visos de cínica compli-cidad
con intereses económicos foráneos.
Convenido por este grupo cívico militar
nacionalista encabezado por Germán Busch,
un heroico oficial de la Guerra del Chaco, el
gobierno del general David Toro Ruilova –otro
militar destacado en esa contienda- firmó el 7
de junio de 1936 la caducidad de las concesio-nes
que no se hubiesen apegado estrictamen-te
a la Ley de 1921. Esta acción, sin embargo,
no afectaba directamente a la Standard Oil, ya
que la petrolera tenía suficiente poder como
para salir airosa legalmente y aún falsear di-cho
apego.
Empero, los días de la Standard en Boli-via
estaban contados. A raíz de la promulga-ción
en octubre de 1936, de una nueva norma
jurídica que reemplazaría a la mencionada Ley
Orgánica, y no sin antes haber obtenido va-rios
beneficios, la empresa estadounidense se
prodigó apoyo internacional para hacer frente
a su inevitable expulsión.
La nueva norma jurídica transformaba
las concesiones petroleras en adjudicaciones
y fijaba rebajas de patentes; además estable-cía
la disminución de regalías del 11 al 9 por
ciento y otorgaba una prórroga indefinida al
tiempo de exploración. En cuanto a la tasa
impositiva la Ley establecía en 30 centavos
de Boliviano la patente anual por pertenencia
original y en diez centavos de Boliviano la per-tenencia
prorrogada.
La pertenencia en producción, según lo
establecía este ordenamiento, debía pagar 20
centavos de boliviano antes de los ocho años
y 80 centavos a partir del octavo año. A su
vez, establecía que el Estado debía participar
con el nueve por ciento del producto bruto, y
que el transporte de la regalía iba a hacerse a

Camiri, década 1904.
precio de costo al igual que su refinación, más
un cinco por ciento.
Esta ley promulgada por el gobierno de
Toro, en comparación con la de 1921, rebaja-ba
las patentes en el porcentaje de las regalías
y entregaba la producción a perpetuidad. Para
muchos especialistas, con esa rebaja, el go-bierno
dejó clara su convicción de que, para-lelamente
a la cancelación de las operaciones
de la Standard en el país, había que mantener
la atracción de capitales y permitir cierto mo-vimiento
a esa compañía.
De acuerdo a testimonios de la época,
Toro no era muy versado en materia petrole-ra
como tampoco ninguno de los miembros
de su Gabinete. De todos modos, esta acción
encontró cerrada resistencia entre los milita-res
progresistas liderados por el Tncl. Germán
Busch y otros ex combatientes recién integra-dos
a la vida civil nacional.
Es en esta coyuntura histórica cuando
entran en escena, Dionisio Foianini Banzer
quien junto a otros profesionales y enten-didos
como Humberto Vasquez Machicado,
Jorge Muñoz Reyes, Guillermo Mariaca, José
Lavadenz, Gustavo Chacón y otros habían tra-tado
de mentalizar a las autoridades guberna-mentales
sobre el perjuicio de la medida y la
importancia de crear una empresa petrolera
estatal que impidiera que los hidrocarburos
fueran manejados discrecionalmente por in-tereses
foráneos.
La fundación de YPFB
El horror de una guerra injusta, los erro-res
históricos de una pírrica clase política que
se decía liberal sin visión de país y el abuso
de las élites coludidas con los intereses trans-nacionales,
catalizaron un proceso de madura-ción
de la conciencia nacional que buscaba un
cambio político y social con nuevas estructu-ras
y administración.
El cambio provino de círculos militares,
sectores intelectuales, profesionales y sindica-les
de las clases media y baja.
El centro del debate en la sociedad bo-liviana
de la post guerra fue el petróleo y su
futuro como factor de desarrollo y viabilidad
nacional. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bo-livianos,
nació de las cenizas de la Guerra del
Chaco. La inmolación de 50.000 hombres de-fendiendo
la riqueza petrolera, sirvió de mar-co
al inicio de la entidad petrolera boliviana.
Dos personajes promovieron la creación
de YPFB, el héroe de la contienda del Chaco,
Teniente Coronel de Ejército, Germán Busch

y el destacado profesional, hijo de migrantes
italianos, Don Dionosio Foianini Banzer.
El cruceño Foainini Banzer, doctor en
Química General de la Unidad de Pavía (Ita-lia),
concibió el proyecto de creación de la em-presa
petrolera boliviana desde sus primeros
años de universitario, avizorando el horizonte
de la industria petrolera nacional. Estructuró
y fortaleció a la nueva empresa, hasta 1939.
“Mi vida abundó en inquietudes y esperanzas,
y al repasar mis papeles, cargados de recuer-dos
y de historia, me satisface que algunos
proyectos alcanzaron su objetivo”, señalaba
el impulsor de la industria boliviana de los
hidrocarburos en su autobiografía “Misión
Cumplida”17
Otro cruceño notable, Germán Busch,
con la firme convicción y decisión apoyó el
17 Citado por Personajes Notables de Santa Cruz, El Día, 1995.
emprendimiento de la creación de la empresa
estatal del petróleo. Su gobierno se caracteri-zó
por ubicar al petróleo como nueva palanca
para el desarrollo del país.
“Vamos pues a reafirmar la nacionali-zación
de los petróleos, ya que todos los que
estuvimos en el Chaco en las horas de peligro,
hemos podido experimentar la inconvenien-cia
de que esa riqueza estuviese en manos de
capitales extranjeros. El petróleo boliviano va
a ser explotado por el Estado, porque así lo
exigen los altos intereses nacionales”, resumía
Germán Busch18, el heroico y joven oficial del
Ejército boliviano miembro e impulsor de una
corriente ideológica comprometida con los in-tereses
de la patria.
Aquel histórico, 21 de diciembre de
1936, con el apoyo de Germán Busch, Dionisio
18 Almaraz Sergio, El Petróleo en Bolivia. obra citada, p. 105
Recorte del periódico “La Calle”, publicado el 30 de
diciembre de 1936.
Foianini visitó al Presidente Toro en Palacio de
Gobierno con el proyecto de Decreto Supre-mo
en la mano, quien luego de discutirlo bre-vemente,
lo firma inmediatamente, después
Don Gustavo Chacón se encargó que los fir-maran
todos los ministros.
Así nació YPFB ante el enorme desafío
de proyectar el futuro de la naciente industria
petrolera y la impostergable misión de desa-rrollar
la producción petrolera para mejorar
la economía nacional. Su vocación de servicio
productivo se plasmó tanto en el decreto de
su creación como en sus primeros estatutos
aprobados, poco tiempo después.
La fundación de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) fue casi ignorada
por la prensa contralada por la rosca minero-feudal.
Quizá la mejor forma de describir, el
regocijo que provocó en el país, la creación
de la empresa estatal se refleja en una nota
fechada el 30 de diciembre de 1936 por el pe-riódico
La Calle.
“El gobierno socialista acaba de mostrar
una vez más el amplio espíritu que le anima
luchar por la independencia económica de
la nacionalidad y por fomentar su progreso.
Con fecha 21 de los corrientes ha promulga-do
un Decreto Ley que crea una entidad fis-cal
llamada ´Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (Y.P.F.B) la cual se encargará de la
exploración, explotación, y comercialización
del petróleo y de sus derivados.
No se trata de una empresa privada
puesta al servicio de sórdidos intereses y va-liéndose
de inconfesables medios. No; es el
Estado mismo, que en pleno ejercicio de sus
derechos de soberano quiere independizar la
patria de la tiranía extranjera que nos raciona
el combustible cuando podríamos bastarnos a
nosotros mismos y aún exportar a los vecinos.
La nueva entidad está constituida por el Esta-do
que al asumir tan noble y desinteresado
papel, cumple sus más elementales deberes
de tuición y de ayuda al pueblo todo.
Corren por ahí libros, folletos y artículos
de prensa, presentando al petróleo como una
materia folletinesca, debido a los medios y
tramas horribles, intrigas turbias y personajes
de opereta que bailan en ellos al son del oro
extranjero. El significado que tiene el petróleo
le ha convertido en materia objeto de toda
maquinación y que para obtenerlo no se re-troceda
ante nada.
Ello era necesario que tenga un término
en nuestro país. Hoy no serán ya aventureros
de dudosa filiación nacional u oscuro pasado
los que vengan a manosear nuestra riqueza
petrolera, cual ha sido hasta el presente. La
experiencia del petróleo boliviano es dema-siado
dolorosa para que volvamos a caer en
los mismos errores. Compañías riquísimas y
otras que no eran sino fantasías creadas en al-gún
escritorio famélico, luchaban sin cuartel y
con todos los medios del más bajo rufianismo,
por tener su parte en esa danza de acciones
que subían y bajaban en las cotizaciones de la
bolsa y con ellos dando pingües ganancias a
costa del buen nombre y la riqueza de Bolivia.
El Supremo Gobierno con un alto espíri-tu
de comprensión de sus deberes ha creído
que era tiempo ya de que eso terminara y ha
asumido por sí mismo el control del petróleo
en toda la República, ya que prácticamente es
el significado de los Y.P.F.B.
Las compañías privadas consolidadas
ya, tendrán su rol de acuerdo a sus contratos,
pero ya no serán los omnipotentes organis-mos
de antes, y tendrán que sujetarse a cum-plir
sus obligaciones dentro de un criterio na-cional
y no de sus propios intereses.
La entidad Y.P.F.B es del Estado, o sea
es el Estado mismo, pero funcionará como si
fuera independiente, con su personería jurídi-ca
y autonomía propia, pudiendo desempeñar
en todo caso las funciones de una compañía
privada, pero siempre al servicio del Estado.
La industrialización de Bolivia tiene
que ser obra del petróleo, y ello sólo puede

El Primer Directorio de YPFB, de izquierda a derecha:
Jorge Muñoz Reyes, Humberto Vasquez M., Dionisio Foianini, José Lavadenz y Guillermo Mariaca.
hacerse por medio de los Y.P.F.B. que no pre-tendiendo
ganar millones para que favorezcan
al extranjero, puede ir hasta zonas no comer-ciales,
peor que necesitan de su acción directa
con el fin de favorecer así a la República en to-dos
su componentes y no los apetitos de unos
cuantos.
La entidad que acaba de crearse nece-sita
para su desenvolvimiento del apoyo y
concurso de la nacionalidad toda. El gobierno
da y plantea su creación y realización. Soste-nerla
fomentarla y engrandecerla será la obra
de todos los bolivianos. Fe y decisión hay que
poner en su apoyo y tengamos todos, la plena
seguridad de que los Y.P.F.B, serán el baluarte
más fuerte y desinteresado de nuestra libera-ción
y el fundamento más granítico de nues-tro
progreso.
En nuestro rol de periodistas indepen-dientes
y que seguimos con mirada atenta e
imparcial el desarrollo del programa de actos
que actualmente realiza el gobierno socialista,
hemos tenido alguna vez que apuntarle nues-tra
disconformidad con algunas cosas, pero
esta vez aplaudimos sin reservas este paso
que juzgamos trascendental para nuestra vida
republicana.
Consideramos que es una efectividad
real y verdadera de lo que es el socialismo
de Estado, pues constituye un atajo a cierta
industria privada que quiere supeditar a la
nación misma en sus más altos y sagrados
intereses. Llenando una necesidad sentida
de nuestra estructura económica, vienen los
Firmas de Dionisio Foianini y Guiller-mo
Mariaca, en el Acta de la Primera
Sesión del Directorio de YPFB que
se realizó el 31 de diciembre de
1936 a partir de Hrs. 17:00.
Y.P.F.B. a abrir una nueva era en los destinos y
horizontes de la patria”.19
En ese contexto nace Yacimientos Pe-trolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) como
entidad autárquica y con personería jurídica
propia, encargada de explorar, explotar y de-sarrollar
el rubro hidrocarburífero.
Pocos meses después, en mayo de 1937,
el gobierno de Toro emitió la Ley Orgánica de
YPFB, cuyo instrumento legal incluyó las fun-ciones
y privilegios, aspectos largamente an-helados.
Los intereses petroleros del Estado
pasaban a tuición de YPFB, al tiempo que los
yacimientos petrolíferos eran declarados re-serva
fiscal. La nueva empresa debía organizar
19 La Calle, miércoles 30 de diciembre de 1936, página 7
y dirigir la industria petrolera, además de ase-sorar
en la materia a particulares ante las dis-tintas
instancias del Estado.
La petrolera estatal, nació dotada de
plena autonomía en su presupuesto. Podía
realizar importaciones de petróleo y sus deri-vados
con el objetivo de cubrir la demanda del
mercado interno cuando fuese necesario. Del
mismo modo, estaba autorizada a explotar y
comercializar en forma directa o en sociedad,
previa aprobación del gobierno. En cuanto
a las utilidades líquidas, YPFB debía percibir
montos proporcionales a por lo menos el 20
por ciento de las mismas como fondo de in-cremento
y reserva. Su contabilidad debía ser
revisada periódicamente por la Contraloría de
la República.

La primera Nacionalización
El primer directorio de la estatal YPFB
abordó el tema de la nacionalización de los
hidrocarburos. “El ingeniero Jorge Muñoz Re-yes,
manifestó que había realizado un estudio
completo de todos los antecedentes relativos
a la situación de la Standard Oil Co. y había
llegado a la conclusión de que se imponía la
caducidad de todas las propiedades de esta
compañía, caducidad que debía dictarla el Su-premo
Gobierno y que importaba la pérdida
ipso-juri de todos los bienes de esta compañía
tuviera en el territorio de la República”. 20
La base del futuro Decreto sobre la ca-ducidad
de las concesiones de la Standard Oil,
tiene fundamento jurídico en la cláusula 18
del contrato de 1920 en la que “indicaba que
cualquiera (sic) defraudación de los intereses
fiscales por parte de los capitalistas importaba
para éstos la pérdida de todos sus bienes sin
derecho a indemnización alguna y que como
esa cláusula no había sido expresamente mo-dificada
en el contrato del 22 (del 27 de julio
de 1922), y que estaba plenamente probada la
defraudación de los intereses fiscales por par-te
de la compañía por dos conceptos que son:
exportación clandestina de petróleo sin haber
entregado la participación correspondiente
al Estado y ocultación de estar en el perío-do
de producción para no pagar las patentes
20 Manuscrito del Acta de la Novena Sesión del Directorio de
YPFB, 26 de febrero de 1937
correspondientes a este período, era de ley y
derecho proceder a tal acción”.
La fundamentación para la caducidad de
las concesiones de la Standard Oil fue elabo-rada
por Muñoz por encargo del directorio de
YPFB, documento que fue remitido al “Supre-mo
Gobierno” de la Junta Militar encabezada
por el Coronel David Toro.
En vísperas de la primera nacionaliza-ción
de los hidrocarburos, la décima sesión
del directorio de la estatal petrolera del 12 de
marzo de 1937, acordó por unanimidad pasar
de inmediato un memorándum a conocimien-to
del Presidente de la República y del señor
Ministro de Minas y Petróleo con todas las re-servas
del caso.
La misión fue encomendada a Dionisio
Foianini para que se entreviste con el Coronel
Toro ese mismo día para exponerle la impor-tancia
de una pronta resolución sobre el parti-cular,
ya que, si la Standard Oil llegaba a saber
los detalles contenidos en el mencionado me-morándum
trataría de desvirtuar la acción que
podría tomar el Gobierno.
De acuerdo al documento de Jorge Mu-ñoz
“se comprueba la mala fe de la compañía
al negar en 1927 y 1928 producción alguna
con el fin de no pagar al Estado las patentes
correspondientes al período de explotación
que se le cobraban y no entregar la regalía res-pectiva.
El hecho de eludir el pago de patentes
devengados utilizando medios dolosos es un
La caducidad de las conseciones de la Standad Oil. (El Diario 1937)
caso típico de defraudación consciente. Que
probada que ha sido la defraudación, no cabe
otra cosa que aplicar la sanción correspon-diente,
prescrita en la citada segunda parte
de la clausula 18 del contrato Richmond Le-vering.
El Ejecutivo debe dictar la caducidad
de The Standar Oil Co. of Bolivia y debe tomar
posesión de todos los bienes de la extinguida
compañía en defensa de los intereses del Es-tado
y en cumplimiento de clausula expresa
de un contrato bilateral que es la Ley entre las
partes”.
Si bien, el decreto Ley emitido, el 7 de
junio de 1936, por la administración de David
Toro respetaba las concesiones de la Standard,
a la vez nacionalizaba la comercialización,
transporte y exportación de petróleo y sus de-rivados
en el país. Esta medida dejaba a su vez
en manos de YPFB las responsabilidades de
exploración y explotación, pero sólo en zonas
designadas.
De hecho, el 16 de enero de 1937, otra
medida del presidente Toro, asigna a YPFB la
totalidad del territorio nacional con excepción
de las concesiones de la Standard. Como hu-biese
sido, tras varias reuniones efectuadas
para sopesar la medida y medir sus efectos,
finalmente el 13 de marzo de 1937, el gobier-no
de Toro dictó una Resolución Suprema que
declaraba la caducidad de las concesiones
petroleras de la Standard Oil y la reversión de
todos sus bienes al Estado Boliviano.
“(…) aunque el término no fue utilizado
como tal y tampoco el término confiscación,
sino que el 13 de marzo del mismo año de
1937, se declara la caducidad (por incumpli-miento
de contrato) de las concesiones de la
Standard Oil para que, el 30 de abril sean ad-judicadas
con carácter definitivo a Yacimien-tos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos todos los
bienes, acciones y derechos que pertenecie-ron
a la extinguida Standard Oil Co. of Bolivia”.
21
21 TAHBUB, Marwan, Las Transnacionales no son socias, Pág.
232

La Resolución Suprema de la nacio-nalización
de los hidrocarburos a la que se
hace referencia señala textualmente:
La Paz, 13 de marzo de 1937
VISTOS: Los obrados del proceso contra The
Standard Oil Co. Of Bolivia por defrauda-ción
de los intereses fiscales; y
CONSIDERANDO: Que por la documenta-ción
presentada por The Standard Oil Co.
Of Bolivia, se comprueba plenamente la
producción de petróleo en los pozos Ber-mejo
en 1925 y 1926 y su exportación del
territorio de la República;
Que en el año 1928 la citada Compañía, al
exigírsele el pago de patentes petroleras
correspondientes al período de explotación,
manifestó en varios escritos no haber pro-ducido
petróleo y más aún no estar en po-sibilidad
de producirlo, siendo así que tenía
evidencia de lo contrario puesto que había
autorizado la exportación de este producto
desde el campamento Bermejo en Bolivia al
de Agua Blanca en la Argentina;
Que ratificó su negativa de haber produci-do
petróleo con el hecho de no entregar las
liquidaciones semestrales a las que estaba
obligada en virtud de su contrato, manifes-tando
más bien, que no había producción y
por tanto no había lugar a presentar ningu-na
liquidación;
Que a base de estas falsas afirmaciones
eludió el pago de patentes y la entrega
de la regalía correspondiente al Estado,
defraudando los intereses fiscales en forma
manifiesta;
Que el contrato suscrito con esta Compañía
en 27 de julio de 1922, no es sino una acla-ración
del contrato anterior sobre el mismo
asunto firmado en 1920 con Richmond Le-vering
and Co., ya que en 1922 no era po-sible
suscribir legalmente un contrato en
contraposición expresa de la Ley Orgánica
de Petróleos de 1921, y que en vista de ello
The Standard Oil Co., explicó que no se tra-taba
de un nuevo, sino de la subrogación
del de Richmond Levering and Co., que era
anterior a la Ley, sin rescindirlo ni dejarlo
sin efecto;
Que en la cláusula décima octava del con-trato
de Richmond Levering and Co., se
estipula que el Gobierno podrá declarar su
caducidad o rescisión administrativamente,
por defraudación de los intereses fiscales;
caducidad que importa para los capitalistas
la pérdida de todos los derechos a los bie-nes
que tuvieran en el país, los que pasan a
propiedad exclusiva del Estado;
Que mientras se define la forma en que el
Estado administrará los campamentos pe-troleros,
pozos y refinerías de The Standard
Oil Co., con todos sus anexos, enseres, útiles
etc, éstos podrán ser manejados por YPFB;
SE RESUELVE: Declárese la caducidad de
todas las propiedades de The Sntandard Oil
Co. of Bolivia, dentro del territorio de la Re-pública,
por defraudación comprobada de
los intereses fiscales.
PETRÓLEO en Bolivia
El primer presidente y fundador de YPFB, Dionisio Foianini y los pioneros de la estatal petrolera, Camiri 1937.
Todos los bienes de la Compañía menciona-da
que se hallaren en territorio boliviano al
tiempo de dictarse la presente Resolución,
pasan a propiedad del Estado.
Hasta que el gobierno lo crea conveniente,
quedará encargada de la administración y
manejo de todos los bienes de la Compañía,
que en virtud de esta caducidad pasan a po-der
del Estado, a la entidad oficial Yacimien-tos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Regístrese, transcríbase a quien correspon-da
y archívese.
Fdo. D. Toro R. a: Ichazo – General Guillen
– E. Finot – F. Campero – Tcnl. Viera G. o
Moscoso – J. Paz C. – L. Añez – Tabera.
Esta Resolución Suprema entró en eje-cución
el 15 de marzo de 1937. “Los señores
Foianini y Muñoz Reyes, dieron cuenta de
que el día anterior a horas quince y media
(sic) se había dado ejecución a la Resolución
Suprema de trece de marzo habiéndose no-tificado
con ella al Gerente de la Standard
Oil Co. of Bolivia y previa acta circunstan-ciada
fueron cerradas las oficinas”. 22
Dos días después fueron reabiertas las
instalaciones de la compañía estadouniden-se
ubicada en la calle Potosí No. 169 de la
ciudad de La Paz. Más tarde, YPFB tomó po-sesión
de los campamentos y refinerías que
poseía la Standard Oil en Sanandita y Camiri
con ayuda de efectivos militares acantona-dos
en la región. Acto seguido comenzó el
derrotero de la estatal del petróleo que a lo
largo de su historia supo sortear los obstá-culos
que los gobiernos de turno y los gol-pes
de Estado le pusieron en su camino.
22 Manuscrito del Acta de la Undécima Sesión del Directorio
de YPFB, 16 de marzo 1937

of Bolivia de propiedad fiscal y Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos, constitui-dos
por el Estado mismo, no existe incom-patibilidad
ni inconveniencia alguna en que
aquellos pasen a ser propiedad definitiva de
éstos y que antes bien, así se cumple con el
deber del Fisco de ayudar a dicha entidad
fiscal petrolera:
Por tanto en Consejo de Ministros,
DECRETA: Art. 1º.- Se adjudica, con carácter
definitivo a Yacimientos Petrolíferos Fisca-les
Bolivianos, todos los bienes, acciones y
derechos que pertenecieron a la extinguida
The Standard Oil Co. of Bolivia y que pasa-ron
a propiedad fiscal en virtud de la R.S. de
Art. 2º.- El régimen a seguirse con estos bie-nes,
acciones y derechos adjudicados, será
el mismo que determina la Ley Orgánica
de YPFB en ejercicio de sus actividades en
general y relaciones con el Estado en par-ticular.
El señor Ministro de Estado en el Despacho
de Minas y Petróleo, queda encargado de
la ejecución y cumplimiento del presente
Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de La Paz,
a los treinta días del mes de abril de mil no-vecientos
PETRÓLEO en Bolivia
El 30 de abril de 1937 el Presidente
de la Junta Militar de Gobierno, adjudicó a
YPFB todos los bienes, acciones y derechos
de The Standard Oil Co.
Coronel David Toro R.
Presidente de la Junta Militar de Gobierno
CONSIDERANDO: Que el Gobierno de la Re-pública
en cumplimiento de sus deberes y
en ejercicio de sus legítimas atribuciones,
dictó el Decreto de 21 de diciembre de 1936,
creando la entidad Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB).
Que en Resolución Suprema de 13 de marzo
de 1937, al declarar caducas las concesio-nes
de The Standard Oil Co. y de propiedad
fiscal todos los bienes, acciones y derechos
a la citada Compañía, se encomendó su ad-ministración
a Yacimientos Petrolíferos Fis-cales
Bolivianos:
Que dentro del ejercicio de las actividades
inherentes a su propia índole, YPFB tiene
necesidad de los bienes, acciones y dere-chos
de la extinguida Compañía, para su ex-plotación
y comercialización, garantías de
crédito, etc de acuerdo a sus características
de entidad industrial comercial del Fisco:
Que siendo los citados bienes, acciones y de-rechos
de la ya caduca The Standard Oil Co.
13 de marzo de 1937.
treinta y siete años.
YPFB, en sus primeros años, abastecía combustibles al mercado interno en forma manual.

Jhon D. Rockefeller.
Contraofensiva transnacional
Golpeada como pocas veces, la empresa
transnacional planteó una contraofensiva le-gal.
Sus asesores llegaron a la conclusión de
que lo más conveniente para sus intereses era
recurrir a la propia Corte Suprema de Justicia
de Bolivia, acción que inició más de un año
después que el gobierno nacionalista dispu-siera
su salida. Entre tanto, la transnacional
apeló a todas sus influencias, chantajes y so-bornos.
Paralelamente, la Standard Oil desen-cadenó
una campaña de desprestigio inter-nacional
sobre Bolivia, estigmatizando al go-bierno
del coronel David Toro como anárquico,
autoritario y extremista e inculpando al país
de poco serio y no garante de las inversiones
privadas. La intimidación llegó al extremo de
plantear una acción de intervención del De-partamento
de Estado de EE.UU.
Después de insistir y llegar a ofertar “un
arreglo” con el pago de adeudos con alguna
indemnización, la compañía estadounidense
recurrió, un año después de la nacionalización,
a la Corte Suprema de Justicia en demanda de
la nulidad de la Resolución Suprema del 13
de marzo de 1937. El 8 de marzo de 1939, la
máxima instancia de la justicia boliviana decla-ró,
en primera y única instancia, “improceden-te
e inadmisible” las demandas iniciadas.
La Suprema subrayó que la empresa brindó
información falsa sobre los volúmenes produ-cidos
y la calidad del petróleo hallado, además
de una sobredimensión de las inversiones rea-lizadas
con el fin de establecer el precio de la
gasolina en 29 centavos el litro para su venta
al Estado y su renuencia por incrementar la
producción de gasolina de aviación cuando el
Estado boliviano se hallaba en plena guerra,
estableciendo un precio especulativo para los
combustibles requeridos.
La transnacional pidió la revocatoria y
enmienda. El 14 de marzo de 1939, la máxi-ma
instancia de la justicia boliviana emitió un
auto complementario en el que “la sentencia
causa estado e importa cosa juzgada irreversi-ble;
en cuya consecuencia declaró no ha lugar
ni a la revocatoria ni a la enmienda pedidas”.
Durante su estadía en el país, la Standard
Oil realizó varios estudios geológicos de super-ficie,
perforó en 14 estructuras y descubrió
cuatro campos productores: Bermejo, Sanan-dita,
Camiri y Camatindi. Sin embargo, a raíz
de su expulsión, sustrajo toda la información
técnica y operativa de estos campos.
En función a la sentencia que la Stan-dard
Oil manipuló en los estrados judiciales
bolivianos, a principios de enero de 1942 lo-gró
uno de sus principales objetivos; el com-promiso
de Bolivia de reconocer el pago, por
concepto de indemnización de $us 1.750.000,
más $us 250.000 por intereses, según Guiller-mo
Mariaca. Todo bajo la figura de un conve-nio
interinstitucional de compra de planos y
estudios sobre la caduca concesión.
Pese a las protestas en distintas esferas
políticas del país, el mencionado acuerdo fue
aprobado mediante una Resolución Suprema
emitida a fines de ese mismo año, durante el
gobierno del presidente Enrique Peñaranda.
Con esa medida, la Standard Oil logró
anotarse una gran victoria en su historial. Dio
muestras de que aun después de ser expul-sada
de Bolivia tenía suficiente poder para
continuar enriqueciéndose a costa de las ar-cas
nacionales, y al mismo tiempo, expuso la
debilidad y precariedad del Estado boliviano.
La recientemente fundada empresa pe-trolera
boliviana que nació a la vida institucio-nal
hacia fines de 1936, comenzó de cero y se
fue configurando y fortaleciendo, paso a paso,
de la mano de sus ejecutivos pioneros, profe-sionales
de gran compromiso y servicio a los
intereses nacionales.
La administración de YPFB comenzó con
cuatro patriotas (Dionisio Foianini, Jorge Mu-ñoz
Reyes, José Lavadenz y Guillermo Maria-ca),
en una pequeña oficina prestada por el
Ministerio de Minas y Petróleo ubicada en la
calle Yanacocha de la ciudad de La Paz desde
donde, al mes de su fundación, la Junta Militar
encabezada por el coronel David Toro, le asig-nó
Bs 100.000 para cubrir los gastos que de-mandaba
su organización, visualizando su fu-turo
responsablemente. El primer directorio
de YPFB fue legalizado a través de un Decreto
Supremo en mayo de 1937. Para entonces ya
se incorporó Humberto Vasquez Machicado
como secretario general.
El acompañamiento del gobierno de
Toro con la aprobación de la Ley Orgánica de
YPFB del 6 de mayo de 1937 fue fundamental,
dio el respaldo necesario a la estatal petrole-ra
para desarrollar sus específicas actividades.
Ese documento incluía, las funciones y privile-gios
legalmente anhelados.
De este modo, los intereses petrole-ros
del Estado pasaban a tuición de YPFB al
tiempo, que los yacimientos petrolíferos eran
declarados reserva fiscal. La nueva empresa
debía organizar y dirigir la industria petrolera.
Se le autorizó a explotar y comercializar hidro-carburos
en forma directa o en sociedad, pre-via
aprobación gubernamental. En cuanto a
las utilidades líquidas, la estatal debía percibir
montos proporcionales o por lo menos el 20%
de las mismas como fondo de incremento y
reserva. Su contabilidad debía ser revisada
periódicamente por la Contraloría.
En sus inicios, YPFB carecía de capitales
y técnicos en petróleo, el país no disponía de
vías terrestres, empero la demanda interna
de hidrocarburos se incrementaba por el cre-cimiento
de las ciudades y la desmovilización
del ejército de la región del Chaco. El 75% de
sus gastos operativos eran de transporte. El
Departamento Comercial se conformó el 26
de junio de 1939. 23. Luego el departamento
jurídico, entre los primeros.
23 Manuscrito del Acta de la Trigésima Quinta Sesión del Directo-rio
de YPFB, 26 de junio 1939

Los ingenieros Mariaca y Muñoz Reyes
se hicieron cargo de los campos descubiertos
por la Standard Oil y transferidos a la estatal
petrolera. En tanto que el Ing. Guillermo Elder
Bell se encargó del funcionamiento de las refi-nerías
de Sanandita y Camiri.
La producción de petróleo subió a 75 mi-llares
de metros cúbicos (MMC) anuales que
sólo cubrían un 25% del mercado interno. La
producción de Bermejo tenía como destino el
mercado argentino, las refinerías de Camiri y
Sanandita eran rudimentarias y los equipos de
perforación eran obsoletos.
En 1927 la refinería de Sanandita pro-ducía
20.000 litros de gasolina y la planta
de Camiri tenía una similar producción. Tras
la nacionalización de la Standard Oil y con
la intervención del pionero de la industria
petrolera en Bolivia, Elder Bell aumentó su
producción a 600 Barriles por dia (BPD) y Ca-miri
a 1.200 BPD.
El Directorio de la estatal petrolera con-siguió
un préstamo de $us 40 mil destinado a
la compra de materiales de urgencia para las
destilerías, adicionalmente se logró la adjudi-cación
de material de perforación en desuso
de YPF Argentina y consiguió reunir materiales
dispersos de la Standard Oil, incluyendo calde-ras
que se encontraban en el cerro Camatindi.
Según un testimonio de José Lavadenz,
miembro del primer Directorio de YPFB, -que
fue reproducido en la publicación conmemo-rativa
del 25 aniversario de creación de la
estatal petrolera en 1961- “con estos escasos
recursos, se perforó el primer pozo petro-lero
de YPFB, el Sanandita No.6 que dio una
producción inicial de 800 barriles por día.
Vista panorámica de uno de los primeros campamentos petroleros, campo Sanandita.
Los recursos humanos eran escasos, solo algunos técnicos estaban calificados para operar las primeras refinerías como la de Camiri.
Posteriormente, también se perforó un pri-mer
pozo productivo en Camiri y en Bermejo”.
La producción de YPFB en el año 1937 a
1941, osciló entre 123.208, en el primer año
y 234.788, en el último, habiendo superado
el total de la producción de la Standard Oil
durante una década de producción. En sólo
un lustro de actividades de YPFB con 987.309
barriles, superó con creces una década de ac-tividades
de la Standard Oil que sólo obtuvo
685.597 barriles. 24
La década de 1940, YPFB logró, con es-caso
material y equipos obsoletos que dejó
la Standard Oil, triplicar su producción, as-pecto
que no se había logrado antes con la
24 TAHBUB MARWAN, “Las transnacionales no son socias” Por
una política nacional de hidrocarburos. Pág 233
perforación de dos pozos en Sanandita y Ber-mejo,
en la región del Chaco.
Una de las grandes falencias que expe-rimentó
YPFB en sus primeros años fue la ca-rencia
de recursos humanos para operar los
campos que había dejado la Standard Oil, lle-vándose
consigo todos los profesionales y téc-nicos.
La transnacional sólo explotaba siete
pozos en los campos Sanandita, Bermejo, Ca-matindi,
Camiri y había suspendido las tareas
de exploración durante la guerra del Chaco,
trasladando sus equipos a Argentina.
Los responsables de la naciente indus-tria
petrolera estatal, dándose cuenta de
lo delicado y difícil que resultaba el manejo
de una empresa tan compleja y costosa, se
dieron a la tarea de planificar la explotación
racional de los campos descubiertos y de
continuar con las exploraciones iniciadas por

Retrato de los primeros becarios en el pozo B-310 Cañadón Perdido, enviados para capacitación
a Comodoro Rivadavia, Argentina - Junio 1938.
la Standard. Tarea difícil por la falta de ex-periencia
y de técnicos experimentados. Se
comprendió que lo primero que se tenía que
hacer era contratar técnicos extranjeros con
experiencia para continuar los trabajos. De
esta manera, llegaron al país el Dr. Wagner, el
Dr. Schagenwait, el Ing Uterladstater, el Ing.
Alvarez, algunos perforadores y obreros capa-citados
en su mayoría argentinos. 25
El Ing. Alfonso Romero, citado por el Li-bro
de Oro, relata la problemática. “Se com-prendió
asimismo que era necesaria la forma-ción
de elementos técnicos nacionales y YPFB
llamó a un curso en La Paz a más de 80 alum-nos
de todos los departamentos de la Repúbli-ca.
Este curso, que tuvo una duración de seis
meses fue atendido por los ingenieros Gui-llermo
Mariaca, Jorge Muñoz Reyes, Formeri
Gonzales de la Iglesia, Guillermo Nuñez del
25 Libro de oro de YPFB, Página 46
Prado, entre otros y tuvo por objeto la selec-ción
de elementos que deberían seguir cursos
de ingeniería petrolera, geología y química en
universidades del exterior y el resto debería
adquirir experiencia y conocimientos prácti-cos
en el yacimiento Comodoro Rivadavia en
la República Argentina.
El grupo de estudiantes universitarios
estuvo formado por Jorge Aldazosa, Miguel
Angel Roca, Efraín Capriles, Enrique Mariaca,
Hernán Saavedra, Reynaldo Muños Reyes y
Alfonso Romero Loza que fueron enviados a
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) a seguir cursos de capacitación en in-geniería
petrolera, geología y química.
“El viaje a México fue realizado en barco,
ya que estábamos en vísperas de la Segunda
Guerra Mundial y la aviación era un medio de
transporte muy escaso y demasiado caro en
ese tiempo. El barco en el que navegamos era
inglés, llamado Órbit, que tenía programada
El 18 de marzo de 1938 el presidente, Lázaro Cárdenas, anunció la expropiación de las compañías
petroleras en México.
una escala en La Habana, Cuba, para proseguir
viaje a Europa. De la Habana nos trasladamos
a México, en un barco norteamericano más
pequeño, para encallar en el puerto de Vera-cruz.
Al llegar, el 18 de marzo de 1938, vimos
que México vivía una gran fiesta con fuegos
artificiales en pleno día. El gran festejo se de-bía
a la nacionalización del petróleo, decidida
por el entonces presidente Lázaro Cárdenas”,
cita Guillermo Mariaca en sus memorias.26
Después de algunos años todos estos
elementos regresaron al país y prestaron va-liosos
servicios a YPFB. Ellos constituyeron el
primer contingente de ingenieros petroleros
que operó en territorio boliviano.
26 Nacionalización de los Hidrocarburos en Bolivia, Pag 10
Puede afirmarse que la base que sirvió
a YPFB, para su organización nacional la cons-tituyen
en su debido tiempo estos dos grupos
de técnicos nacionales; los que fueron a Méxi-co
y a Comodoro Rivadavia, Argentina. Fueron
ellos, en conjunto, los que pudieron sostener
las graves crisis que atravesó YPFB en sus pri-mero
tiempos ya que aparte de su indudable
capacidad profesional, supieron infundir una
mística en su trabajo, llevando ella a los nive-les
obreros más bajos y pudiéndose consoli-dar
en esta forma lo que constituye el orgullo
de la nación.27
27 (Historia de la Explotación Petrolera Nacional, Ing Alfonso Ro-mero
Loza Petroleo Boliviano, vol IV Nº 4. La Paz, diciembre
de 1962).

La misión Bohan
Como efecto directo del arreglo eco-nómico
o indemnización a la Standard Oil de
New Jersey, además de la colaboración que
había prestado Bolivia durante la Segunda
Guerra Mundial con la provisión de estaño a
bajos costos, el presidente estadounidense
Franklin Roosevelt envió, en 1941, una misión
de la Cooperación Comercial Norteamericana
a la cabeza de Marwin Bohan.
El objetivo era relevar un diagnóstico na-cional
y realizar un plan de desarrollo econó-mico
con proyección futura.
La misión Bohan permaneció seis meses
en Bolivia y elaboró un diagnóstico de la situa-ción
económica dirigida a crear las bases de la
industria agropecuaria e integrar el eje de la
nación con carreteras.
“En cuanto a la industria petrolera, los
estadounidenses hicieron un análisis com-pleto
y recomendaron: Incrementar la pro-ducción
de petróleo, a través del desarrollo
de mayor número de campos, especialmente
del campo Camiri; incrementar las reservas hi-drocarburíferas,
a través de la exploración de
nuevas áreas petroleras y construir facilidades
de transporte para el petróleo y sus derivados,
a fin de optimizar costos, disminuir precios
de comercialización en el mercado interno y
viabilizar la exportación de excedentes en con-diciones
favorables para el Estado.
“En lo referente al petróleo resulta asom-brosa
la claridad con la cual los funcionarios
estadounidenses exponen sus intereses en el
crudo boliviano, relacionándolo directamente
con la situación bélica creada por la Segunda
Guerra Mundial. La producción propuesta (de
petróleo) se aproxima mucho al consumo ac-tual
y también al consumo calculado para el
tiempo que después del final de la presente
guerra requiera el rehabilitar las propiedades
estañíferas del Lejano Oriente. Durante este
período no hay posibilidad de rebajar los re-querimientos
bolivianos ya que el uso de los
productos petrolíferos está tan íntimamen-te
relacionado a la producción y transporte
de tales minerales estratégicos como estaño,
tungsteno y antimonio.
Hasta que este plan sea puesto en ope-ración,
la producción continuada de estos
minerales, vitalmente necesarios, depende
enteramente de buques cisternas para fuel
oil y diesel oil y de transportes marítimos
para carbón y gasolina. En la práctica, una vez
que el plan sea puesto en operación, Bolivia
pudiera servir también como una fuente de
emergencia de productos petrolíferos para la
Equipo a vapor que utilizó la empresa en trabajos de exploración.

Inspección de trabajo en el oleoducto de exportación a la Argentina.
importante zona minera del Norte de Chile…”, señala parte del infor-me
de la misión Bohan.
Merwin Bohan presidió la comisión de técnicos que el gobierno
de EE.UU., -en aplicación de su política de “buena vecindad” con los
países de América Latina y por las necesidades surgidas al calor de la
Segunda Guerra Mundial-, envió a Bolivia en 1941, con el supuesto
de analizar la situación económica del país andino y presentar las
bases de un nuevo programa de cooperación económica entre La Paz
y Washington. Independientemente del esfuerzo para presentarlo
como instrumento del desarrollo de Bolivia, en realidad el Informe
responde más a las propias necesidades de EE.UU. que en plena Se-gunda
Guerra Mundial buscaba satisfacer y resolver sus demandas
mediante una estrategia a desplegarse en países en vías de desarro-llo,
entre ellos Bolivia. En este contexto, cabe señalar que Bolivia era
la principal fuente de estaño en el Hemisferio Occidental además de
disponer de la goma indispensable para el esfuerzo bélico y otras ma-terias
primas imprescindibles para EE.UU. y sus aliados.
Respecto a la estatal YPFB, el Plan Bohan pone a ésta bajo la tui-ción
de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF). En sus recomen-daciones,
señala: “Que el plan delineado en la sección previa de este
informe, sea efectuado… con la aprobación previa, sin embargo, de la
Corporación Boliviana de Fomento…”. La CBF estaba bajo control del
Export Import Bank de Estados Unidos más conocido como Eximbank.
De hecho, a partir de su presentación a la parte boliviana en
1942, los sucesivos gobiernos lo aplicaron al pie de la letra, especial-mente
los gobiernos del MNR. Plan, como se verá durante su larga
aplicación, condujo a que Bolivia sea país exportador de materias pri-mas
e importador de manufacturas fabricadas en EE.UU. 28.
Con una visión más práctica sobre los resultados de la aplicación
del Plan Bohan, particularmente en el sector petrolero, el ex Ministro
de Hidrocarburos y presidente de YPFB, Ing Enrique Mariaca, expone:
“Una de las principales medidas que ayudó al potenciamiento de YPFB
fue la aplicación del Plan Bohan, durante la presidencia del Coronel
Gualberto Villarroel”.
Una vez recibidas estas recomendaciones, YPFB intensificó el
trabajo en exploración de reservas, obteniendo importantes créditos,
tanto del Banco Mundial (BM) como del Fondo Monetario Internacio-nal
(FMI), poniendo como garantía las reservas encontradas en cada
descubrimiento.
El Banco Central de Bolivia (BCB) , presidido por los Barones
del Estaño en aquella época, y ante el rumor de una posible nacio-nalización
de las minas, negó a YPFB cualquier préstamo solicitado.
28 “Las transnacionales no son socias”: Por una política nacional De hidrocarburos
Una de las principales
medidas que ayudó
al potenciamiento de
YPFB fue el plan Bohan.

Era inconcebible para la “rosca minera” que la
riqueza del petróleo sea administrada por el
Estado.
Con el tiempo, YPFB se convirtió en una
empresa generadora de riqueza, con patri-monio
propio y sujeto de créditos internacio-nales
que eran cubiertos con la producción,
comercialización y exportación de petróleo y
sus derivados, llegando al autoabastecimien-to
nacional en 1954. De esta forma, YPFB le
otorgaba a Bolivia su ansiada independencia
económica, bajo un marco totalmente técnico,
libre de politizaciones o partidización del ente
petrolero. 29
En efecto, sobre la base del liberal Plan
Bohan, YPFB elaboró su propio plan de desa-rrollo
de operaciones que consistió en cons-truir
el oleoducto Camiri-Santa Cruz, poner en
pie una refinería en Camiri y perforar 45 pozos
en los tres centros productores de Bolivia.
El plan autorizado y aprobado por Ex-port
Import Bank autorizó la asignación de un
crédito $us 5.500.000 que no llegó a ejecutar-se
plenamente por el golpe de Estado de 1943
que llevó al poder a Gualberto Villarroel. Se
estima que sólo se invirtieron $us 2.000.000
para perforación, no se avanzó en la construc-ción
del oleoducto, ni en la construcción de la
refinería en referencia.
En 1942 se puso de nuevo en produc-ción
el campo Bermejo y con los primeros
desembolsos de este crédito se compraron
dos equipos rotativos accionados a vapor que
se los destinó a este campo. Para su operación,
se contrató a “Tool Pushers” y perforadores
de nacionalidad norteamericana. Más ade-lante,
en 1946, estos equipos se trasladaron a
Camiri y operaron con personal nacional.
29 MARIACA ENRIQUE, Nacionalización de los Hidrocarburos en
Bolivia: Memorias de Don Enrique Mariaca Bilbao, página 9
A fin de obtener créditos de apoyo, se
dispuso la creación de la Corporación Bolivia-na
de Fomento (CBF) con funciones de órgano
de enlace y supervisión con la estatal petrole-ra
nacional.
Después de la muerte del presidente
Germán Busch, el Dr. Foianini dejó la presi-dencia
de YPFB, lo remplazó el Ing. Raúl Zume-lzu.
El general Felipe M. Rivera fue nombrado
Vicepresidente del Directorio y Alcides Molina,
Ricardo Urquidi, Humberto Sañanchez Peña,
León M Loza y Hernán Zuazo, fueron designa-dos
vocales. El Gerente General era Arthuro J.
Machicao. Fue en esa época que los trabaja-dores
de la Standard, Jorge T. Lavadenz y Gui-llermo
Elder Bell ingresaron a trabajar a YPFB.
Posteriormente Guillermo Mariaca fue nom-brado
gerente general, Jorge Lavadenz, geren-te
industrial y José Paz Estenssoro gerente de
perforación. En esta coyuntura, YPFB compra
dos equipos de perforación rotatoria y con
ellos llegó el Ing. Alvarez de nacionalidad ar-gentina,
quien debía enseñar a operarlos.
Germán Rovira, Fadrique Muñoz Reyes y
Eduardo Hinojosa fueron posesionados como
Administradores de los campos Camiri, Sanan-dita
y Bermejo. Igualmente fueron contrata-dos
por YPFB ex trabajadores de la Standard
de Camiri, y Sanandita como Roberto Sinclair,
Amadeo Cuellar, Santiago Rojas, Faustino La-mas,
Juan Mocobono, Tomás Ardunga, Justo
Lopez, Luis Arroyo y Francisco Menacho.
Posteriormente, recién desmovilizado
del Ejército, ingresa a trabajar a la estatal
petrolera, el teniente Luiz Lavadenz, el sub-teniente
José Soruco, sargento Jorge Echazú y
Luis Lopez. En 1944, durante el gobierno Gual-berto
Villarroel fue nombrado como presiden-te
ejecutivo de YPFB, Jorge T. Lavadenz. 30
30 Libro de Oro YPFB, página 62 El crecimiento de la estatal petrolera redundó en un incremento en la capacidad de transporte para garantizar el abastecimiento interno, vía férrea.

Primera imagen institucional
El primer logotipo de Yacimientos Pe-trolíferos
Fiscales Bolivianos fue diseñado por
el Ing. Guillermo Elder Bell y se presentó ofi-cialmente,
en 1943. Su significado original re-presentado
por el clásico rombo y las iniciales
YPFB, están definidas por las siguientes carac-terísticas:
• Los cuatro vértices del rombo significan
la presencia y soberanía de YPFB en los
cuatro puntos cardinales del país.
• El color gris representa la riqueza petro-lera.
• El color rojo representa la sangre derra-mada
por las 50.000 vidas perdidas en la
guerra del Chaco.
• El rombo representa la unión de esfuer-zos
de los trabajadores petroleros al ser-vicio
de nuestra amada Patria.
Edificio YPFB. Calle Bueno esquina Camacho, La Paz 1958.

Vista de los equipos iniciales instalados en la Refinería de YPFB en Cochabamba que lleva el nombre del ex presidente Gualberto Villarroel.
Cnl. GUALBERTO VILLARROEL
(Expresidente de Bolivia).
Durante su gobierno Yacimientos Petrolí-feros
Fiscales Bolivianos (YPFB) recibió re-cursos
necesarios para el desarrollo de la
infraestructura de hidrocarburos destinada a
impulsar el crecimiento económico nacional.

El apoyo nacionalista militar
Durante el gobierno nacionalista del
presidente Gualberto Villarroel, la economía
del petróleo recibió un gran impulso.
YPFB vio la necesidad de replantear el
crédito con el Export Import Bank para un
programa de largo aliento, con el objetivo de
incrementar la producción, la capacidad de
refinado y cambiar el sistema de transporte
de productos de ferrocarril o camión a oleo-ductos,
a fin de abaratar costos y entregar al
mercado interno un producto barato. 31
Villarroel dio todo su apoyo al proyecto
para su presentación en Washington y su fi-nanciamiento
por el Export Import Bank. Para
el efecto el proyecto consistió en: desarrollo
del distrito de Camiri con la perforación de
20 pozos, perforación de Guairuy y Mande-yapecua,
construcción de un oleoducto Ca-miri-
Cochabamba de 525 kilómetros y cinco
estaciones de bombeo, construcción de una
refinería topping-reforming en Cochabamba
con una capacidad de 5.000 BPD y otra refi-nería
topping en Sucre con una capacidad de
1.500 BPD y un ramal de oleoducto.
El gobierno nacionalista de Villarroel,
consiguió un préstamo para la producción,
al transporte, oleoductos e imprevistos. Los
recursos fueron aportados en un 60% por Ex-port
Import Bank, el 4,5% por la constructora
31 Libro de Oro YPFB 1936-1996
de oleoductos Willam Brothers y un fondo
adicional del Banco Central de Bolivia (BCB).
Con el derrocamiento de Villarroel (21
de julio de 1946), el gobierno de Tomás Mon-je
Gutiérrez firmó el 15 de noviembre de 1946
un contrato con la compañía Foster Wheeler
para instalar una refinería en Cochabamba
con capacidad para producir 5.000 Barriles
por Día (BPD) y otras dos refinerías en Sucre
con capacidad de 1.000 y 3.000 BPD. Una de
ellas quedó sin operar pese a costar más de
$us 14 millones.
Entre tanto, YPFB operaba en difíciles
condiciones. En el rubro de la exploración, los
equipos de perforación a percusión se halla-ban
en malas condiciones y carecían de ma-teriales
y equipos de bombeo. Sin embargo,
el éxito alcanzado por la empresa del Estado
boliviano era inobjetable, inició su gestión
en 1937 con 20 Millares de Metros Cúbicos
(MMC), en 1940 duplicó ese volumen con 45
MMC, en 1945 subió a 60 MMC y en 1952
YPFB producía 83 MMC.
“Durante 1949 se perforaron 3.927.80
metros contra 3.465.10 metros perforados
en 1948, lo que representa un incremento del
13.35%. La producción de petróleo crudo en
1949 alcanzó a cifra récord de 107.831 me-tros
cúbicos, contra 73.698 metros cúbicos
La estatal petrolera contribuyo al desarrollo de Camiri. en la foto se obverva la Av. Petrolera en la década del 50.
producidos en 1948, lo que representa un in-cremento
del 46 por ciento. 32
La producción de Camiri provino de 13
pozos, que produjeron petróleo en forma no
32 Memoria de YPFB 1949
continua, dos permanecieron en reserva. Sa-nandita
consiguió su producción de nueve po-zos,
tres permanecieron cerrados por falta de
equipo de bombeo e igual número de pozos
en reserva.
La producción de petróleo 1947-1949
Camiri Sanandita Bermejo Total
AÑO M3 M3 M3 M3 INDICE
1947 26.154 16.026 17.814 59.994 100
1948 42.518 14.121 17.059 73.698 123
1949 82.082 13.027 12.722 107.831 180
Fuente: Memoria de YPFB 1949.

La producción de petróleo 1947-1949
Camiri Sanandita Bermejo Total
AÑO M3 M3 M3z M3 INDICE
1947 25.599 16.774 -- 42.373 100
1948 38.887 13.758 -- 52.654 124
1949 68.849 11.986 15.314 96.149 227
En tanto que el petróleo de Bermejo se
lo obtuvo de seis pozos habiendo sufrido la
producción de este campamento una declina-ción
de 4.337 metros cúbicos con respecto al
año anterior.
Durante 1949, cuando el país fue gober-nado
por Enrique Hertzog y Mamerto Urriola-goitia,
las dificultades en el transporte fueron
superadas, en gran parte, al utilizarse el oleo-ducto
Camiri-Sucre en forma provisoria, como
línea de transporte de productos elaborados.
El rendimiento combinado de las plan-tas
de refinación de Camiri y Sanandita es el
mayor registro hasta 1949, lo que se sumó la
elaboración de la refinería de Sucre, cuya pri-mera
unidad de 1.000 BPD entró en operación
a partir de agosto de 1949.
El siguiente cuadro contiene las cifras
comparativas del petróleo elaborado desde
1947 hasta 1949.
Los recursos que consiguió el gobierno
del extinto presidente Gualberto Villarroel,
se invirtieron hasta 1949 de la siguiente ma-nera:
perforación en Camiri (Guairuy) $us
2.070.000, oleoducto Camiri-Tintin y oleoduc-to
Tintin-Cochabamba $us 6.850.000, instala-ción
primaria en Cochabamba $us 6.343.000
y refinería en Sucre que incluye una línea de
toma de oleoducto a la planta $us 20.050.000
y el fondo de contingencia de $us 1.000.000.
Estos recursos provenían del Banco Central
de Bolivia (BCB) y del Export Import Bank del
compromiso de Estados Unidos.
Hasta el 31 de diciembre de 1949, la
estatal petrolera –que empezó en 1937
con Bs 100.000- registró un capital de Bs
1.112.226.621, cifra que muestra el creci-miento
de YPFB en los primeros doce años de
existencia. Durante esa gestión, el importe de
las regalías del 11% sobre la producción de
crudo a favor de los departamentos de Tarija
y Santa Cruz, ascendió a Bs 3.280.971.32.
Sumando este importe a las regalías de
los años anteriores, se obtuvo un total de Bs
17.591.431 que fue abonado a los departa-mentos
citados, desde la creación de la enti-dad,
por concepto de regalías sobre la produc-ción
de petróleo crudo.
Reservas en barriles
Yacimientos Probada Semiprobada Total Producción total
Camiri 28.000.000 4.000.000 32.000.000 2.019.820
Sanandita 2.000.000 1.120.000 3.120.000 1.343.444
Bermejo 5.000.000 1.875.000 6.875.000 ------------
Camatindi 4.440.000 3.700.000 8.140.000 ------------
Ñancorainza
(Buena Vista) 400.000 2.000.000 2.400.000 ------------
Saipurú 500.000 2.500.000 3.000.000 ------------
TOTAL 40.340.000 15.195.000 55.535.000 4.219.043
en barriles 37-49
La refinería Gualberto Villarroel
La refinería Gualberto Villarroel está ubi-cada
en la avenida Petrolera, de la ciudad de
Cochabamba, kilómetro 6 de la carretera anti-gua
a Santa Cruz.
Su gran infraestructura fue desarrollada
por YPFB en varias etapas desde el año 1949,
cuando se inició la construcción de la primera
planta de Topping (CRBO).
La planta de Cochabamba que es la
mayor de las instalaciones de su género que
permite mejores ingresos económicos y me-jores
condiciones de distribución para el país.
Este complejo trabajó 302 días durante 1954
contra 62 días en 1953, lo que representó
un aumento en días trabajados del 387%. El
crudo tratado en 1954 fue de 196.00 metros
cúbicos (m3) contra 42.000 m3, en 1953, ci-fra
que representa un aumento de 366%. Las
refinerías de Camiri, Sanandita y Bermejo

procesaron 10.000 metros cúbicos de crudo
para el abastecimiento regional y consumo
interno. 33
Entre 1953 y 1957 se construyó la pri-mera
planta de lubricantes de YPFB, que asu-mió
el reto de la producción de aceites, grasas,
asfaltos y parafinas. En 1967 se amplió la plan-ta
Topping y al mismo tiempo se adecuaron
técnicas de operación para la producción de
gasolinas, jet fuel, fuel oil, solventes y GLP en-tre
otros productos.
33 Memoria Anual YPFB 1954
En 1976 se instaló una nueva planta de
Topping de 12.500 barriles por día para cubrir
las necesidades del mercado local. En 1979
se inauguró el Complejo de Refinación, con
una capacidad de procesamiento de 27.500
barriles por día en la Unidad de Carburantes.
Actualmente, las plantas producen: gas li-cuado
de petróleo (GLP), gasolina especial,
gasolina de aviación, jef fuel, kerosén, diesel
oil, aceites, grasas automotrices e industriales,
cemento asfáltico, solventes y otros.
La producción de lubricantes y grasas
con la marca YPFB se realiza en la Planta de
Operador de la Refinería Gualberto Villarroel, Cochabamba 1950.
Limpieza de equipo de perforación.

Lubricantes de la Refinería Gualberto Villa-rroel.
Abastece más del 60% de la demanda
del país de lubricantes terminados.
Paradójicamente, pese al incremento de
la producción solo lograba abastecer el 47 por
ciento del mercado interno. En 1951, el con-sumo
llegó a 242 MMC y el diez por ciento
de la inversión fue destinada a exploración y
producción. Según estudios de la época, los
factores que limitaban la producción radicaba
en que los yacimientos se hallaban en franjas
de solo 1.5 kilómetros de ancho y de reducida
longitud.
Era la época en que el país fue sacudi-do
por el hecho histórico que fue bautizado
como el “mamertazo”. El presidente de enton-ces,
Mamerto Urriolagoitia decidió entregar
el poder a una Junta Militar encabezada por
el Gral, Hugo Ballivián el 16 de junio de 1951
luego del triunfo del MNR en las urnas. Este
hecho apresuró los acontecimientos del 9 de
abril de 1952.
La “revolucion movimientista”
La gestión de Víctor Paz Estenssoro, no
se inició con los mejores auspicios en el tema
económico, pues el Banco Central de Bolivia
(BCB) informó que existían 300 millones de
fuga de capitales, los precios de los minerales
eran inestables, el sector agrario de la zona
occidental se hallaba atrasado debido a la su-pervivencia
de latifundios improductivos.
De esa forma, el gobierno del MNR, en
la revolución de 1952, vio en el petróleo el
mejor instrumento para aliviar la difícil situa-ción
que atravesaba la economía nacional. Su
plan estratégico consistía en diversificar la
economía e integrar las regiones. A partir de
este año, Guillermo Elder diseñó las llamadas
“refinerías de bolsillo” en las estaciones de
Bombeo de Monteagudo, Risal, Tarabuquillo
y Vila Vila del oleoducto Camiri-Cochabamba
ramal Sucre. Estas mini destilerías tenían una
capacidad de proceso entre 25 y 30 BPD.
Al inicio de la revolución movimientista
que aprobó medidas como la nacionalización
de las minas, el voto universal y la reforma
agraria, la minería que era el principal sos-tén
de la economía mostró cifras decrecien-tes,
con mineral de baja ley, agotamiento de
yacimientos, los bienes de capital no habían
sido renovados desde los años 20 y toda una
Ejecutivos de la estatal petrolera en trabajo en de campo.
generación del proletariado estaba consumi-da
por la silicosis.
En cuanto a la infraestructura caminera,
ésta era incipiente y el transporte ferroviario
se encontraba en decadencia. La población
era escasa, mayoritariamente analfabeta y
con baja capacidad de compra. A esto, se
sumó la escasez de ahorro interno y una deu-da
externa de más de 170 millones de dólares.
Pese a todo, la entrega inmediata a YPFB
de dos millones de dólares provenientes de
las escasas divisas que disponía el país signi-ficó
una inyección de capital que permitió la
adquisición de cuatro equipos de perforación.
Al inicio de los 1950, YPFB experimenta un de-sarrollo
y avance tecnológico significativo que
le permitió autoabastecerse e incrementar su
producción petrolera, mediante el descubri-miento
de nuevos campos.
En 1953, se crea el Departamento Sur
de Exploración en Camiri que luego pasaría
a convertirse en la Gerencia de Exploración,
sus impulsores fueron los doctores bolivianos
en geología Felix Celso Reyes, Hernán López
y Reynaldo Muños Reyes junto a los técnicos
europeos invitados Victor Honcharenko y An-drés
Hunterslatter, los primeros profesionales
en exploración.
El equipo de exploración se reforzó con
los doctores Enrique Tomás Mauri y Eduardo
Padula que comenzaron a trabajar en las se-rranía
de Aguarague, Iguiraro y Guairuy. Se
contrataron en esta gestión los servicios es-pecializados
de compañías mexicanas para el

relevamiento geofísico de las llanuras del chaco boliviano; una gravi-métrica
y las otra sísmica.
La Brigada Gravimétrica Nº 31 de servicios geofísicos S.A. de
México con 60 personas cubrió un área de 73 kilómetros cuadra-dos
con 27.000 kilómetros de líneas gravimétricas abarcando el re-levamiento
de áreas del chaco boliviano (frontera con el Paraguay),
oriente y altiplanos bolivianos (frontera con el Perú). La Brigada Nº 21
Lamexco, mexicana americana, realizó un relevamiento sísmico en el
área del Chaco. Debido a resultados poco satisfactorios fue reempla-zada
por la Brigada Nº 27, United Gophysical Company.
En febrero de 1955, se creó la Gerencia de Exploración a la
cabeza Dr. Enrique T. Mauri y se convirtió en Distrito Sur de Explo-ración,
en el departamento de geología. Entonces, se contrató los
servicios de los doctores Guillermo Kely, Aniello Russo, Aduardo Ari-gos
y N.Flores quienes se hicieron cargo de las primeras brigadas de
exploración.
La Comisión geológica Nº 1 estuvo a cargo del Dr. Kely. La comi-sión
geológica Nº 2 a cargo del Dr. Padula –junto con Aniello Russo y
Felix Celso Reyes. A cargo del control geológico de los pozos estaba el
Dr Arigos. Con la creación de la Gerencia de Exploración, en febrero
de 1955, YPFB contrato personal técnico especializado, el ingeniero
Andrés Ramirez Becerra, geofísico graduado en EEUU que en 1956
organizó la Primera Brigada Gravimétrica Nacional, con personal ín-tegramente
boliviano.
En el área de Bermejo se descubrió en 1954 el campo Toro que
compensó la declinación del campo Bermejo. Se perforó un segundo
pozo en Mandeyapecua sin lograr objetivos deseados.
En 1956, el Dr. Padula reemplazó en la Gerencia de Exploración
al Dr. Mauri quien se alejó de YPFB para formar su propia oficina. El
Ing. Reynaldo Muñoz Reyes se hizo cargo del departamento de ex-ploración
en Camiri y posteriormente, en 1858, el Distrito Sur de Ex-ploración
fue cambiado a Villamontes a cargo del Dr. Hernán Lopez
Murillo.
El geofísico extranjero, Marcelo Methewic junto a Julio Monta-ño
y Manuel Caba conforman la primera brigada Gravimétrica Nº 32
que trabajó en Santa Cruz, en las zonas de Colpa, Caranda, Teberinto
y Alrededores, el trabajo de nueve meses arrojó importantes resulta-dos,
sin embargo años después una empresa transnacional certifica-ría
el descubrimiento de reservas de petróleo y gas natural.
La primera Brigada Sísmica de YPFB Nº 23 fue organizada por
órdenes del Ing. Juan Manuel Suárez, geofísico graduado en la Uni-versidad
de Oklahoma, EEUU junto con los ingenieros Freddy Torrico
y Guido Casso. Su primer trabajo se desarrolló en el área La Vertiente
En 1953 se crea el De-partamento
Sur de
Exploración en Cami-ri
que luego pasaría a
convertirse en la Ge-rencia
de Exploración.
YPFB construyó los ductos necesarios para el abastecimiento y la integración del país.
de Tarija, haciendo el trabajo de desmonte a
mano pues no contaba con tractores, estos
trabajos redujeron a la mitad los costos en re-lación
a los contratos, por lo cual se justificó
la compra de un equipo sismográfico portátil
para áreas difíciles. Colaboraron en la conso-lidación
de la gerencia de exploración Hum-berto
Suarez Roca, Jaime Oblitas, Celso Reyes,
Hernán López.
Paralelamente, fueron descubiertos los
yacimientos de Sararenda cerca de Camiri,
que al inicio de su explotación, produjeron
380 BPD de petróleo liviano, mas tarde, me-diante
la producción intensiva, este reservorio
superó los 1.500 BPD, ya en 1956, esa canti-dad
se duplicó.
Una vez abastecido el mercado inter-no,
con la cobertura del elevado costo de
transporte por ferrocarril, se logró exportar
el excedente de la producción nacional. Con
los beneficios logrados, a partir de 1954, fue-ron
construidos varios oleoductos, entre ellos
Camiri-Yacuiba de 223 kilómetros proyectado
para transportar 2.500 BPD. Inició sus opera-ciones
en 1955, con la exportación de crudo
a la Argentina. Debido al incremento del vo-lumen
de dicha exportación se construyeron
líneas paralelas. Al 31 de diciembre de 1954,
la estatal petrolera tenía una utilidad neta de
Bs 1.674.681.603,26.
En 1956 inició operaciones el poliducto
Cochabamba-Oruro-La Paz que transportaba
desde la refinería de Cochabamba, gasolina,
kerosén, diesel oil y fuel oil. En 1958 fue cons-truido
el oleoducto Camiri-Santa Cruz, cuyo
cálculo y diseño fue realizado por el Ing. Gui-llermo
Elder Bell. La dirección y supervisión
estuvo a cargo de los ingenieros Pablo Fuertes,

Victor Paz soldando el Oleoducto, Cochabamba-Oruro-La Paz (OCOLP).
Carlos Casso y Felipe Michel. Tenía una lon-gitud
de 258 kilómetros, cuatro pulgadas de
diámetro y una capacidad de 4.000 BPD. Ini-cialmente
transportó petróleo crudo, poste-riormente
en 1979 el poliducto se diseñó para
abastecer al sur del país.
El oleoducto Sica Sica-Arica data de
1958, año en el que Chile otorgó a Bolivia el
derecho necesario para la línea submarina y
amarre de los barcos. La línea tenía 346 kiló-metros,
los primeros 276 tenían un diámetro
de diez pulgadas y los restantes 70 de ocho
pulgadas, su capacidad de transporte fue de
20.000 BPD.
El gobierno de Víctor Paz consideró que
era necesario atraer capital externo a Boli-via.
Convencido de ello, el 26 de septiembre
de 1952 firmó un contrato con el aventurero
texano Glenn McCarthy, concediéndole por
35 años más 350 mil hectáreas dentro del
área de YPFB para la exploración y explota-ción,
ubicados cerca de Sanandita, entre Villa
Montes y Yacuiba.
La empresa MacCarthy debía producir el
tercer año y suministrar petróleo al mercado
argentino a precio corriente y destinar el 10%
de su producción a otros mercados externos.
La empresa quedaba liberada de patentes y
gravámenes, únicamente debía pagar una re-galía
entre 16 y 40% sobre la producción en
boca de pozo. (Mariaca, 1966).
MacCarthy aseguró que invertiría cuatro
millones de dólares, a la larga llegó a invertir
poco más de millón y medio de dólares en
unos pozos que produjeron escasos volú-menes
de gas. Ante este incumplimiento se
suscribió un contrato sustitutivo. Pero a prin-cipios
de 1957, MacCarthy rompió el contra-to
y transfirió sus concesiones a la empresa
norteamericana Chaco Petroleum, que cinco
años más tarde y luego de varias perforacio-nes
fallidas renunció a sus concesiones. Una
vez más el gobierno boliviano fracasó en su
intento de atraer capitales debido a la falta de
experiencia en los negocios. En la década del
60, el aventurero texano abandonó el país y
su sustituta la empresa Chaco Petroleum in-virtió
solamente 40 millones de dólares.
Los requerimientos en materia de co-bertura
del mercado interno continuaba de-mandando
la intervención del gobierno. La
importación del energético que costaba más
de siete millones de dólares al Estado, repre-sentaba
una de las dificultades más importan-tes
de la política de abastecimiento.
En promedio, el mercado interno reque-ría
240 MMC de petróleo, para satisfacer esa
demanda hacía falta una producción de más
de 4.000 BPD, sin embargo la capacidad límite
de producción era de 73 MMC. La producción
de Bermejo a razón de 1.000 estaba destinada
a la exportación a la Argentina. En contrapar-tida,
el país importaba 160 MMC de gasoli-na,
kerosén y otros derivados a 26.5 dólares
por metro cúbico y a un costo de transporte
de 16.5 dólares por metro cúbico (Mariaca,
1966).
Durante el período de 1937 a 1954 YPFB
perforó aproximadamente 45 pozos en Ca-miri,
Sanandita y Bermejo. YPFB contaba con
modernos equipos de perforación que incluía
tecnología para el registro eléctrico radioacti-vo
y la aplicación de rayos gamma.
Una nueva medida tomada por el go-bierno
para mejorar la situación consistió en
impulsar la exploración y sustituir el encare-cido
transporte ferroviario, cuyos fletes re-presentaban
elevados gastos para el Estado.
Para este propósito, encomendó en 1956 a
la empresa William Brothers la construcción
del oleoducto Camiri-Yacuiba, con una lon-gitud
de 258 kilómetros y una capacidad de
transporte de 4.000 BPD, el proyecto formaba
parte de los trabajos adelantados de la expor-tación
de crudo a la Argentina. Así comenzó la
instalación de estaciones de bombeo.
Los entendidos de la época, comenta-ban
que se debía continuar con la exploración
a fin de asegurar niveles adecuados de reser-va
y no seguir ampliando la exportación hacia
la Argentina. Por lo tanto, era prematuro ins-talar
el oleoducto Camiri-Yacuiba. En 1955, las
reservas de petróleo alcanzaban a 28 millones
de barriles. Enrique Mariaca afirmaba enton-ces
que la política de ampliación de exporta-ción
no era conveniente y que en todo caso, si
la Argentina requería de mayores volúmenes,
se podía extender el ferrocarril Boyuibe-Yacui-ba,
aún no explotado comercialmente.
Contra toda previsión, el oleoducto fue
instalado y su historia fue accidentada; luego
de funcionar algunos años, su actividad de-clinó
y las exportaciones fueron suspendidas.
Para cubrir la demanda interna, el gobierno
debió recurrir a la importación. Más tarde,
hacia 1963, Camiri se recuperó y YPFB apre-miada
por el déficit, se vio forzada a seguir
importando.
El siguiente paso dado por el gobierno
del MNR fue la aplicación de un nuevo plan
de exportación que fue elaborado por Walter
Guevara Arce y Goodrich Carter, el cual con-templaba
la exportación de 7.000 barriles dia-rios
a Arica, Chile cuando el mercado interno
boliviano requería poco más de 5.000.
Al tener reservas de 30 millones de barri-les,
necesitar una inversión en oleoductos con
el requerimiento de 120 millones de barriles
en reservas; la idea de mantener la exporta-ción
y el consumo interno era sencillamente
irracional. Así lo hicieron notar oportunamen-te
los técnicos de YPFB. Como tiempo después

Obreros de antaño de la estatal petrolera realizan trabajos de prospección exploratoria.
lo reconoció el propio gobierno, la búsqueda
de capitales extranjeros había primado sobre
la planificación.
Los dilemas políticos del “gobierno de
la revolución nacional” tuvieron sus propias
repercusiones. El retorno a las “políticas de
puertas abiertas” de los años 20 se contrade-cía
con el discurso nacionalista. Los ideólogos
y líderes políticos “movimientistas” en el ob-jetivo
de hacer digerible “la revolución” a los
intereses de Estados Unidos, se convencieron
de que había que entregar el petróleo como
tributo. Así vistas las cosas, la concesionaria
McCarthy sólo había sido un globo de ensayo.
En este contexto, el gobierno del MNR no tar-dó
en dar el siguiente paso.
Reporte de producción de petróleo en la Memoria Anual 1954 YPFB.

DIVISIÓN ZONAL DE ACUERDO AL ART. 20 DEL CÓDIGO DEL PETRÓLEO
El Código Davenport
Entre las varias medidas asumidas por el
Presidente de la República, Dr. Víctor Paz Es-tensoro,
figura la implementación del “Código
del Petróleo, también conocido como el Có-digo
Davenport” que implementó avanzadas
normas jurídicas, económicas y técnicas como
medidas de protección y seguridad al capital
privado. La consultora extranjera fue contra-tada
con los auspicios del Programa de las Na-ciones
Unidas y Henry Holland.
La normativa considerada antinacional,
fue encomendada por el gobierno del MNR
al bufete americano Shuster & Davenport, li-gados
a los grandes intereses petroleros. “La
consultora había sido contratada por la Mi-sión
de Operaciones de EEUU, entidad de-pendiente
del Departamento de Estado de los
Estados Unidos, por un monto de $us 60.000
con el fin de asesorar en temas petroleros al
gobierno boliviano”.34
Con la finalidad de levantar la reserva
fiscal, la esperanza de bienestar y mejora-miento
económico para el país, este Código
fue promulgado, en principio, por Paz Estens-soro
mediante Decreto Ley Nº 4210 de 26 de
octubre de 1955 con el que se abrogó la Ley
de 20 de junio de 1921.
Posteriormente, fue elevado a rango de
Ley el 29 de octubre de 1956, siendo presi-dente
del Congreso Juan Lechín Oquendo. La
citada Ley fue promulgada por Hernán Siles
Zuazo. Todos los que participaron en este pro-ceso
pertenecieron a las filas del MNR.
34 FERNÁNDEZ, Roberto, Gas, petróleo e imperialismo en Bolivia,
Ed. Plural, Bolivia, 2009, pág. 35..
El Artículo 1° del Código Davenport indicaba
que los yacimientos de petróleo, asfalto, gas
natural y demás hidrocarburos, en cualquier
estado que se encuentren dentro del territo-rio
de la República, ya sea en la superficie o en
el subsuelo, eran del dominio directo, inalie-nable
e imprescriptible de la Nación.
Sin embargo, el Código abría nuevamen-te
las puertas a las Inversiones extranjeras.
Entregaba más de tres millones de hectáreas
y limitaba la participación de YPFB en nuevas
áreas de exploración y explotación. Además,
establecía que se deducía sin impuestos un
27% de la producción bruta por “factor de
agotamiento”. Esto implicaba que YPFB per-dería
un porcentaje similar de lo que le corres-pondía.
En cuanto a la tasa tributaria, las empre-sas
tendrían que pagar una regalía del 11%
con una expectativa rebajada hasta el 7.5%,
por no más de 15 años “en función de los
intereses nacionales. El Estado, en este caso,
cobraría un impuesto único y fijo del 30% so-bre
las utilidades líquidas, de ello, se extraería
el factor de agotamiento. Junto a todas estas
ventajosas condiciones, el código establecía
que las concesiones otorgadas tendrían una
duración de 40 años”.
Entre otras disposiciones, las patentes
que se debían pagar al Estado se limitaban a
un dólar y medio por hectárea. Las empresas
debían invertir entre 20 y 80 centavos de dó-lar
por hectárea, por concepto de exploración
y explotación.
“Debido al desconocimiento de la rea-lidad
boliviana, del sistema jurídico y fiscal
del país, esta norma, lejos de potenciar a la
Fuente: Código Davenport.

empresa estatal, permitió la explotación libre
por parte de empresas internacionales, debi-litando
de manera significativa el poder del
Estado. Establecía que las actividades de la
industria petrolera podrían ser realizadas por
el Estado mediante autoridades autárquicas
de tipo nacional, sociedades mixtas o por el
otorgamiento de concesiones o contratos en
sociedad con terceros”. 35
Según el experto Enrique Mariaca, las
concesiones otorgadas al amparo de este
Código, comprendían un período de 40 años
en actividades de exploración, explotación,
35 MARIACA, Bilbao Enrique, Nacionalizaciones de hidrocarburos
en Bolivia, Ed, Fundación Jubileo, La Paz – Bolivia, 2009, págs.
10-11.
Interés de las petroleras
Con la vigencia del Código Davenport en
1956, ingresaron al país 15 compañías
concesionarias.
Nº Empresa
1 Chaco Petrolium Co.
2 Bolivian Gulf Oil Co. (BOGOC)
3 Shell Prospecting Co.
4 Uniao Brasil Bolivia Da Petroleo
5 Compañía Petrolífera Brasilera
6 Bolivia California Petroleum Co.
7 Andes Oil Inc.
8 White Eagle International Co.
9 Bolivian Atlantic Corporation
10 Bolivian Oil Corporation
11 Catarat Mining Corp.
12 Bolivian American Oil
13 Bolivian Petroleum Co.
14 Bolivian Texas Oil
15 Petroleo Da Bolivia
refinación, almacenaje y transporte, con ca-rácter
irreversible.
La normativa se refería al estableci-miento
de una industria del petróleo, de gran
magnitud, la misma que exigía enormes capi-tales
ya que, por la naturaleza misma de esa
industria, las inversiones iniciales debían ser
cuantiosas. Este Código representó para el
país una apertura franca a la inversión privada
extranacional en la explotación petrolera, ac-tividad
que requería de grandes inversiones
que el país no poseía.
El Código Davenport consideraba a Bo-livia
carente de capitales a consecuencia de
la larga explotación semicolonial, organiza-da
y mantenida por la fuerza, en acuerdo y
provecho exclusivo de la oligarquía minero
feudal, que empobreció a la Nación con el
constante drenaje de sus riquezas mineras y
las limitaciones impuestas por el régimen se-mi-
feudal en el trabajo de la tierra.
“En los 13 años que duró el Código in-gresaron
al país 15 compañías petroleras, de
las cuales ocho culminaron con perforaciones,
descubriendo dos de ellas siete campos nue-vos,
Madrejones (Bolivian Oil Co.) y Caranda
Colpa, Río Grande, La Peña, Palmar y Santa
Cruz (Bolivian Gulf)”. 36
Para la década de 1960, McCarthy ya
se había ido del país y su sustituta, la Chaco
Petroleum había invertido sólo 40 millones
de dólares. En este panorama, la Bolivian Oil
Company (BOC) que invirtió 19 millones de
dólares tuvo un pequeño auge tras el hallazgo
de los yacimientos de Madrejones, cerca de la
frontera con Argentina. La máxima producción
que alcanzó este campo fue de 460.000 barri-les
de petróleo condensado por año. Si bien
en 1967 la producción de condensado decayó
a casi un trigésima parte de la de 1960, la BOC
no tuvo pérdidas. Produjo un total de 1.200
barriles de condensado, pero sus utilidades
derivaron de la exportación de gas natural a
Argentina a ocho centavos de dólares el millar
36 YPFB, Libro de Oro, SE, La Paz – Bolivia, 1996, pág. 75.
de pies cúbicos (MPC), sumando un total de
más de 16 MPC.
Como secuela de la guerra del Chaco, en
1956, el gobierno del MNR, presentó un plan
de estabilización para frenar la hiperinflación
galopante. Este plan que había sido elabora-do
por el asesor norteamericano Jackson Eder,
proponía, entre otras medidas, reducir el gas-to
público, eliminar los subsidios, contraer el
crédito, liberar las divisas, fijar el tipo de cam-bio,
congelar los salarios e instaurar la libre
contratación y libre comercio.
Esa medida que en el fondo tenía el ob-jetivo
de desalentar el desarrollo industrial de
las empresas públicas, repercutió directamen-te
en las cuentas de YPFB, cuyo presupuesto
sufrió un drástico recorte ya que sus produc-tos
fueron entregados por debajo de su precio.
Pero además la estatal petrolera tuvo que co-rrer
con la cuenta de divisas a precio de costo
y cubrió un alza de salarios y deudas incobra-bles
por más de tres millones de dólares por
concepto de servicios prestados a otras enti-dades
estatales. Como consecuencia de ello,
YPFB experimentó un déficit de 41 millones de
bolivianos y no pudo acceder a la obtención
de equipos de gran profundidad para interve-nir
los yacimientos de Madrejones, teniendo
que ceder los respectivos trabajos a la Gulf Oil.

Incursión de la Gulf Oil
Durante la vigencia del Código del Petró-leo,
muchas empresas internacionales llega-ron
a Bolivia desde 1955 en busca de realizar
trabajos de prospección exploratoria y perfo-ración
de pozos, entre las que se encontraba
la compañía estadounidense Gulf Oil que fir-mó
contrato con el Estado boliviano el 23 de
mayo de 1956, de acuerdo a la facultad que le
confirió el Artículo 161 de esa normativa.
YPFB entregó a la transnacional una ex-tensión
de 1.500.000 hectáreas delimitadas
de su zona exclusiva para que la compañía
transnacional realice trabajos de exploración.
“La Gulf recibió, entonces, por un plazo
de cuarenta años, la concesión de los cam-pos
más ricos en petróleo de todo el país. El
código fijaba una ridícula participación del
Estado en las utilidades de las empresas: por
muchos años, apenas un once por ciento. El
Estado se hacía socio en los gastos del conce-sionario,
pero no tenía ningún control sobre
esos gastos, y se llegó a la situación extrema
El presidente de Bolivia, Gral. René Barrientos, visita intalaciones de la compañia norteamericana Gulf Oil.
en materia de ofrendas: todos los riesgos eran
para YPFB, y ninguno para la Gulf. En la Carta
de intenciones firmada a fines de 1966, du-rante
la dictadura de Barrientos, se estableció,
en efecto, que en las operaciones conjuntas
con YPFB, la Gulf recobraría el total de sus ca-pitales
invertidos en la exploración de un área,
si no encontraba petróleo. Si el petróleo apa-recía,
los gastos serían recuperados a través
de la explotación posterior, pero ya de entra-da
serían cargados al pasivo de la empresa es-tatal.
Y la Gulf fijaría esos gastos según su cri-terio.
La transnacional petrolera se atribuyó
también, con toda tranquilidad, la propiedad
de los yacimientos de gas, que no se le habían
concedido nunca”.37
Esta compañía debía perforar 5.000 me-tros
por cada 100.000 hectáreas en la etapa
de explotación. Con el desarrollo de campos,
el Estado tendría una participación del 11%
como regalía y 19% como impuesto único cal-culados
sobre el total de la producción bruta.
La Gulf descubrió con información de
YPFB, los campos Colpa, Caranda, Río Grande,
El Palmar, La Peña y Yapacaní ubicados en el
departamento de Santa Cruz.
“A los cinco años, la empresa descubre varios
pozos petroleros de importancia. En éste con-texto
la Gulf exige al gobierno del MNR como
al de Barrientos la adjudicación del derecho
de propiedad del gas como la de los oleoduc-tos.
Barrientos, mediante una interpretación
suya, amplía el Código Petrolero para que in-cluya
al gas y mediante el Decreto Supremo
8093 crea la empresa Gas y Petroquímica con
facultades de adquirir toda la producción de
gas sea procedente de entidades privadas o
nacionales. Pero, la creación de esta empre-sa
no podía ocultar el hecho de que la Gulf
ya dominaba el 90% de la producción de gas
37 GALEANO, Eduardo, Las venas abiertas de América Latina,
Ed. Siglo XXI, México, 1971, pág. 268.
boliviano y el 80% del crudo. La desnaciona-lización
del recurso energético avanzaba aún
más con la adjudicación a Williams Brothers
de la construcción del gasoducto a la Argen-tina.
“Para darse cuenta de cómo la Gulf
consideraba las necesidades del mercado na-cional
boliviano dentro del conjunto de sus
actividades, basta contemplar su producción,
como ejemplo, en los primeros cuatro meses
de 1969 arrojó la cifra de una producción de
3.738.252,66 barriles, de los cuales exportó a
Estados Unidos 2.657.779 barriles y destinó al
mercado boliviano 711.564 barriles”.38
Según Sarabia, la compañía Bolivian Gulf,
por todos los favores recibidos, “llegó a deten-tar
una riqueza petrolera de 600 millones de
dólares y emergió como el poder detrás del
poder, al que continuamente cedía el gobier-no.
La salida al sometimiento es la misma en
todos los tiempos, no dependía de la ayuda
americana hasta los límites en que ésta cap-ture
todos los controles vitales de la nación,
sino de potenciar a YPFB, pero eso no se hizo
(…) Aquel pulpo económico no sólo capturó
los yacimientos más ricos, sino que antes de
deducir ningún impuesto tenía a su favor re-tener
de la producción bruta de manera libre
como Factor Agotamiento el 27%”.39
Amparadas por el Código Davenport,
las compañías extranjeras que operaban en
Bolivia recibieron en concesión superior a 13
millones de hectáreas e invirtieron 120 millo-nes
de dólares; la Bolivia Gulf Oil, la Petrolera
Boliviana Shell y la Bolivian California Pet retu-vieron
cerca del 50% del total de los terrenos
concesionados. Por todo ello, el país recibió
hasta 1965, más de 14 millones de dólares.
38 TAHBUB, Marwab, Las transnacionales no son socias, Ed.
CEDIB, La Paz – Bolivia, SA, pág. 240.
39 SARAVIA, Arturo, Gas y petróleo ¿Y para quién?, SE,
Cochabamba – Bolivia, SA, pág. 71.

Situación crítica de YPFB
La caída de la producción iniciada en
1957, los efectos de la crisis internacional en
1958 y el plan de estabilización monetaria
que restringió los créditos, no superaron el
patriotismo de los trabajadores de YPFB que
mantuvieron el prestigio de la entidad. Pese
a la disminución de las brigadas exploratorias,
su rendimiento aumentó en un 6.5% por bri-gada.
Se registró un mayor número de pozos
perforados, al finalizar este año, se terminó
de construir el oleoducto Sica Sica-Arica y se
aumentó la exportación de crudo.
Debido a la construcción del Oleoducto
Sica Sica-Arica y otras de importancia, se hizo
necesario el aumento de personal. La obra
más importante fue la conclusión del nuevo
edificio de YPFB ubicada en la calle Bueno de
la ciudad de La Paz. Esta edificación se levantó
en una superficie de 4.967 metros cuadrados
y la obra gruesa tiene un volumen aproxima-do
de 1.397 metros cúbicos.
La obra que demandó un costo de Bs
2.687.851.533 (más de $us 215.394) consta
de once pisos con sótanos y azotea.
Según la memoria anual de YPFB, en
1960 la estatal petrolera atravesó por una
crítica situación financiera que fue arrastrada
por un largo tiempo y se produce un estan-camiento
en su desarrollo. Se registró menor
disponibilidad de divisas, mayores costos de
operación, precios bajos de sus productos en
el mercado interno y una tardía recuperación
de créditos otorgados.
“A comienzos de 1961, con el fin de con-trarrestar
la caída de producción de Camiri, se
vio la necesidad de conseguir un crédito de
organismos internacionales como el Banco In-teramericano
de Desarrollo (BID), el Eximbank
y el Banco Internacional de Fomento y Desa-rrollo
para comprar materiales y repuestos
para mantenimiento y reacondicionamiento
de pozos, para la Planta de Gas, para fractura-miento
hidráulico y otros, cuyo monto ascen-día
aproximadamente a 2.500.000 $us”.40
Para la aceptación de crédito, YPFB de-bía
cumplir con diferentes requisitos como su
eficiencia indiscutida y sus métodos de traba-jo
altamente calificados, aspectos que fueron
acreditados en 1961 por la compañía nor-teamericana
De Golyer & Mc Naughton que
concluyó: La estatal opera como una empresa
petrolera eficiente.
En función a este informe favorable, se
accedió a un crédito de la International Coo-peration
Administratión (ICA) dentro del pro-grama
Alianza para el Progreso de Estados
Unidos. Sin embargo, la ayuda económica de
este organismo sufrió demoras que desvirtua-ron
por completo el carácter de urgencia de
YPFB, pues los insumos y equipos llegaron a
Bolivia entre 1962 y 1965.
40 Ibidem, pág. 71.
Construcción de la línea del oleoducto Sica Sica-Arica, Chile.
En 1964 se descubrió petróleo y gas en
Bulo Bulo, Tatarenda y Naranjillos. En 1966 se
perforó el pozo exploratorio Monteagudo-1
de tipo estratigráfico dando buenos indicios
de gas y petróleo.
El papel de los hidrocarburos y su in-fluencia
en el poder económico, motivó a las
petroleras de Sud América a agruparse en una
organización. Es así que nace la Asistencia
Recíproca Petrolera Estatal Latinoamericana
(ARPEL) en la que participan todas las empre-sas
estatales con excepción de la mexicana
PEMEX.
Entre los socios fundadores de esta or-ganización
petrolera sudamerican destacan
la Administración Nacional de Combustible,
Alcohol y Portlan (ANCAP) de Uruguay; Corpo-ración
Venezolana del Petróleo (CVP) de Vene-zuela;
Empresa Colombiana de Petróleo (ECO-PETROL)
de Colombia; Empresa Nacional del
Petróleo (ENAD) de Chile; Empresa Petrolera
Fiscal (EPF) del Perú; Petróleo Brasilero S.A.
(PETROBRAS) de Brasil; Yacimientos Petrolí-feros
Fiscales (YPF) de Argentina y Yacimien-tos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de
Bolivia. El ingeniero boliviano Miguel Tejada
Velasco fue uno de los primeros secretarios
generales de ARPEL, de acuerdo a los regis-tros
históricos del archivo la estatal petrolera
boliviana.

La segunda Nacionalización
En la década de los años 1960 se
produce una nueva ola de nacionalizacio-nes
petrolíferas en la región y los militares,
que tradicionalmente servían a los intere-ses
oligárquicos, se atrevieron a enfrentar-se
al poder imperial.
El 9 de octubre de 1968, el presiden-te
de Perú, Gral. Juan Velasco Alvarado,
anunciaba la anulación de la entreguista
acta de Talara, la nacionalización de las
instalaciones de la refinería de la Brea y
Pariñas y la expulsión de la International
Petroleum Company.
“Juan Velasco Alvarado, había esta-tizado
los yacimientos y la refinería de la
International Petroleum Co., filial de la
Standard Oil de Nueva jersey, en Perú. Ve-lasco
había tomado el poder a la cabeza de
una junta militar, y en la cresta de la ola
de un gran escándalo político: el gobierno
de Fernando Belaúnde Terry había perdido
la página final del convenio de Talara, sus-crito
entre el Estado y la IPC. Esa página
Entrada al campamento - Camiri 1967.
misteriosamente evaporada, la página once,
contenía la garantía del precio mínimo que la
empresa norteamericana debía pagar por cru-do
nacional en su refinería.
El escándalo no terminaba allí. Al mismo
tiempo, se había revelado que la subsidiaria
de la Standard había estafado a Perú más de
mil millones de dólares, a lo largo de medio
siglo, a través de los impuestos y las regalías
que había eludido y de otras variadas formas
de fraude y corrupción”.41
Un reportaje del influyente periódico
parisiense Le Mondé, citado por el matutino
Presencia, hace referencia al contagio de la
expropiación del petróleo de América Latina.
El juego de dominó temido en 1969 por el
presidente de Estados Unidos, Richard Nixon,
había empezado y el ejemplo dado por los mi-litares
peruanos y bolivianos iba a extenderse
a otros gobiernos latinoamericanos. La me-dida
asumida en Bolivia fue considerada por
el senador demócrata estadounidense, Frank
Church como una nueva prueba del fracaso
de la política latinoamericana de Washington.
La Bolivian Gulf Oil Company ingresó a
Bolivia al amparo del Código del Petróleo el
23 de mayo de 1956, mediante la suscripción
de contratos de financiación de oleoductos
y contratos de operación conjunta con YPFB
para exploración y explotación en áreas pro-badas
petrolíferas de jurisdicción de la estatal
petrolera.
Una vez asentada en el país, esta com-pañía
buscó la salida de YPFB del mercado in-terno,
pues el contrato de riesgo compartido
dejó a la estatal petrolera sin participación
porque la exploración de un millón y medio
Ed. Siglo XXI, México, 1971, pág. 269.
de hectáreas era exclusivamente de la Gulf Oil
a un costo de 80 centavos por hectárea.
YPFB únicamente recibía una regalía del
11% y un impuesto único del 19%; es decir,
recibía solamente un 30% de la producción
bruta. Quedaba claro que contra lo acordado
no se trataba de un contrato de riesgo com-partido
donde se les exigía inversión, sino era
una concesión ordinaria para explotación de
pozos.
La protesta popular se desató por las
condiciones en que operaba la Gulf y, parale-lamente,
comenzó a registrarse un descenso
en la producción que se ubicó en 22% por de-bajo
de la demanda del mercado interno.
Esa situación obligó a la estatal petrolera
a importar petróleo desde Argentina, previa
instalación de un oleoducto entre Caranda y
Santa Cruz para transportar 26 MMC de crudo
adquirido de la Gulf. YPFB también firmó un
contrato con la Dowell Schlumberg, compa-ñía
que empleó un método de fracturamiento
hidráulico en Camiri permitió elevar este volu-men
en 100 MMC aunque el agotamiento de
los campos era irreversible.
A fin de viabilizar créditos, la estatal pe-trolera
fue sometida a la injerencia de Nacio-nes
Unidas bajo la figura de la asistencia téc-nica.
Esta intromisión acrecentó la corrupción,
el nepotismo, la discontinuidad en la gerencia,
los cambios de personal, la influencia política
y, por ende, se inició el proceso de descapita-lización
de la empresa y el agotamiento de sus
reservas.
Más allá de eso, los resultados con la
Gulf también mostraron un panorama des-alentador,
pues hasta 1965 la compañía es-tadounidense
había extraído 220 millones
de barriles por un valor de 360 millones de
dólares, de los cuales el Estado apenas se

benefició con 39 millones de dólares por con-cepto
de regalías.
Las sucesivas ventajas que las distintas
administraciones gubernamentales habían
aprobado a favor de la Gulf, acrecentó el des-contento
el malestar de diferentes sectores de
la sociedad civil y alentó su rechazo firme y
desaprobación popular hacia las políticas pe-troleras
entreguistas.
Las acciones censurables de la Gulf
bajo la lógica de su “acostumbrada política
basada en la coima y el fraude”, afectaron
directamente a las arcas del Estado e involu-craron
a sus propios administradores. La com-pra
por 22.000 dólares de los estudios de pros-pección
de Colpa y Caranda elaborados por
YPFB y la presión que ejerció en el gobierno
del MNR para que se construyera un oleoduc-to
entre Sica Sica y Arica, Chile y se inmovili-zaran
16 millones de dólares en una tubería
que permaneció 10 años sin prestar servicio,
fueron acciones que no se comprendieron.
Años después se supo que la Gulf Oil había
usado clandestinamente ese oleoducto para
contrabandear petróleo boliviano hacia Chile
con ganancias superiores a los 40 millones de
dólares.
Ante este panorama desolador, brotaron
sentimientos de rechazo contra la Gulf en el
pueblo y en esferas del Estado. Tras la muerte
de René Barrientos a principios de 1969, en
uno de los helicópteros que le había obse-quiado
precisamente la Gulf, por decisión de
las FFAA, asumió la presidencia de la Repúbli-ca
el Gral. Alfredo Ovando Candia, quien con-formó
un nuevo gobierno (1969-1970) con
la participación de reconocidas figuras de iz-quierda,
y Petróleo.
por este gobierno, fue decretar la derogación
del Código del Petróleo, el 26 de septiembre
de 1969, “por ser contrario a los intereses
nacionales”, como paso previo a la más im-portante
El Ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz denunció la presión del imperialismo sobre el negocio del petróleo nacional. Las primeras manifestaciones sociales en Bolivia contra la transnacional Gulf Oil Co.
entre las que sobresalió Marcelo Qui-roga
Santa Cruz, nombrado ministro de Minas
Una de las primeras medidas asumidas
medida en su corto período guber-namental.
La Gulf reaccionó paralizando la ex-portación
del crudo boliviano desde el puerto

chileno de Arica y el Banco Mundial dejó sin efecto un préstamo ya
concedido a Bolivia.
La administración de Ovando autodenominada revolucionaria,
convocó a obreros, campesinos y estudiantes para que, mediante la
conformación de un frente de acción único, gobierno y sectores pro-gresistas
pudieran devolverle al país la administración del petróleo
para beneficio propio.
El entonces ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga
Santa Cruz, considerado como uno de los artífices en la nacionali-zación
de la Gulf, denunciaba ante los medios de información una
presión imperialista por parte de la compañía norteamericana contra
el gobierno revolucionario del Gral. Alfredo Ovando Candia. La acusó
de ejercer a través del Banco Mundial, chantaje de orden político y
Ovando lee el decreto de nacionalización de la Gulf.
(Presencia 1969)
“A Bolivian Gulf no se le pagará ni un centavo de indemnización por el gas ni por el petróleo, porque ambas riquezas son
del pueblo boliviano. Tampoco se pagará indemnización alguna por las inversiones que la compañía hubiera efectuado en
el país, ya que no nos interesan los gastos en que hubiera incurrido. El problema se reduce a cancelar el monto relativo al
activo fijo que la empresa petrolera deja en Bolivia, vale decir, indemnizarla por la maquinaria y vehículos que se queda-rán
en el país, por sus bienes inmuebles, bombas y plantas de reinyección”. Marcelo Quiroga Santa Cruz.
El entonces Ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz firma el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos (17 de octubre de 1969).

económico para evitar realizar una labor re-volucionaria
en materia de hidrocarburos, se
trataba del gasoducto Santa Cruz-Yacuiba que
en un 50% iba a ser financiado por el organis-mo
multilateral. El entonces ministro Quiroga
Santa Cruz aseguró que personalmente defi-nió
una política petrolera en bien del país y
que correspondía al gobierno su ejecución.
Luego de recibir el apoyo absoluto de
las Fuerzas Armadas, el viernes 17 de octubre
de 1969, a horas 19:15 el gobierno revolucio-nario
del Gral. Alfredo Ovando Candia emitió
un Decreto en el Salón de los Espejos de Pa-lacio
de Gobierno que establecía la reversión
al dominio del Estado boliviano de todas las
concesiones otorgadas a la Bolivian Gulf Oil
Company y la nacionalización de todas sus ins-talaciones,
inmuebles, medios de transporte,
estudios, planos, proyectos y todo otro bien,
sin excepción alguna, además de la entrega de
las mismas a YPFB.
Paralelamente, se procedió a la toma mi-litar
de las oficinas de la Gulf en La Paz y a la
ocupación, por parte de las tropas del ejército,
de los pozos petroleros de Colpa, Caranda y
Río Grande en Santa Cruz.
“Ha concluido para los bolivianos el
tiempo del desprecio”, afirmaba el Presiden-te
de la República, Alfredo Ovando Candia, en
aquella oportunidad, en un mensaje dirigido a
la nación, minutos después de firmar el decre-to
supremo de nacionalización de la Gulf.
“Compatriotas: En esta hora decisiva
para el destino de Bolivia, me dirijo a todos los
bolivianos, sin diferencias regionales ni distin-ciones
de partido porque sé que al llamado de
la patria acudirán todos haciendo un frente co-mún
en defensa de Bolivia. El Gobierno Revo-lucionario
ha dictado un decreto por el que el
Estado recupera al fin las concesiones que tan
ominosamente se otorgaran a la Bolivian Gulf
Oil Company y por el cual además, se nacio-nalizan
todos sus bienes. Esta determinación
tomada después de un profundo análisis de
la situación planteada por esa empresa, cuyas
actividades estaban normadas en desmedro
del país por el Código del Petróleo redactado
en su integridad por abogados extranjeros a
quienes solamente movía el interés privado”,42
expresaba Ovando Candia en un mensaje a la
nación.
“El gas boliviano que en un 90% se halla-ba
bajo el dominio de la Bolivian Gulf Oil Co.,
servirá ahora para adelantar vigorosamente
el desarrollo de nuestras refinerías y de la si-derurgia
que pondrá en marcha con carácter
prioritario el Gobierno Revolucionario. Al pro-pio
tiempo estamos tomando las previsiones
necesarias para que el contrato de venta de
gas a la república Argentina, y la previa cons-trucción
del gasoducto a Yacuiba, no sufran
interferencias ni dilaciones (…) Vigorizaremos
a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos,
la empresa tan querida por el pueblo bolivia-no,
que vio en ella, desde el momento de su
creación, tres décadas, la voluntad de afir-mación
del país y el instrumento para la de-fensa
de esta fuente de energía. En el curso
de los últimos años, se había producido una
paulatina descapitalización de YPFB dejando a
la empresa del Estado en una posición subal-terna
y mediatizada frente a la Bolivian Gulf
Oil. Para bien del país esta situación cambiará
fundamentalmente a partir de este momento.
Impulsaremos a la empresa del Estado, no so-lamente
para que avance en todos los campos
de la prospección y la explotación del petróleo
y del gas, sino también para que asegure en
favor de Bolivia los beneficios de la industria
42 PRESENCIA, 18 de octubre de 1969, La Paz – Bolivia.
Con información de YPFB la Gulf descubrió grandes campos petrolíferos en Bolivia.
petroquímica en sus múltiples campos”, 43
añadía el mensaje de Ovando Candia.
Antes de que tome el poder, aproxima-damente
15 días, “Ovando había jurado que
nacionalizaría la Gulf, ante un grupo de inte-lectuales
nacionalistas; había redactado el de-creto,
lo había firmado, lo había guardado, sin
fecha, en un sobre. Y cinco meses antes, en el
Cañadón del Arque, el helicóptero del gene-ral
René Barrientos había chocado contra los
cables de telégrafo y se había ido a pique. La
imaginación no hubiera sido capaz de inventar
una muerte tan perfecta. El helicóptero era un
regalo personal de la Gulf Oil Co.; el telégrafo
pertenece, como se sabe, al Estado. Junto
con Barrientos ardieron dos valijas llenas de
dinero que él llevaba para repartir, billete
por billete, entre los campesinos, y algunas
metralletas que no bien prendieron fuego co-menzaron
a regar una lluvia de balas en torno
del helicóptero incendiado, de tal modo que
nadie pudo acercarse a rescatar al dictador
mientras se quemaba vivo”.44
Durante medio siglo el pueblo boliviano
se vio sometido al yugo de las grandes empre-sas
del estaño. El entonces Presidente de la Re-pública
había herido la cabeza de penetración
Ed. Siglo XXI, México, 1971, pág. 267

del imperialismo y consideraba que la compañía norteamericana
más poderosa en Bolivia alcanzó un predominio económico y polí-tico
semejante al de los Barones del Estaño, pues las condiciones en
que operaba y los enormes beneficios que tenía, convirtieron a la
transnacional en un nuevo “Súper Estado” capaz de distorsionar el
desarrollo económico del país.
“A la Gulf no se le pagará ni un centavo de indemnización por el
gas ni por el petróleo, porque ambas riquezas son del pueblo bolivia-no.
Tampoco se pagará indemnización alguna por las inversiones que
la compañía hubiera efectuado en el país, ya que no nos interesan
los gastos en que hubiera incurrido. El problema se reduce a cance-lar
el monto relativo al activo fijo que la empresa petrolera deja en
Bolivia, vale decir, indemnizarla por la maquinaria y vehículos que se
quedarán en el país, por sus bienes inmuebles, bombas y plantas de
reinyección”. 45
“Ahora sí podemos decir que la sangre derramada en las arenas
del Chaco y la que corrió en los treinta últimos años buscando un
camino de liberación para el pueblo boliviano no fue derramada en
vano”, 46 complementaba Ovando.
Una vez difundido el decreto de nacionalización, en algunos
sectores del país se empezó a temer por una devaluación de la mo-neda.
Sin embargo, esta presunción no tuvo eco en las estructuras
gubernamentales, donde la preocupación central era la nacionaliza-ción
de la compañía internacional. Pese a ello y precautelando la eco-nomía
del pueblo, el Consejo de Ministros del régimen de Ovando
decretó feriado bancario.
YPFB emitió un comunicado de prensa en el que informa que
su personal técnico asumió el control de los campamentos y campos
productores ubicados en Cochabamba y Santa Cruz, y que el bombeo
de crudo por el oleoducto Sica Sica – Arica se efectuaba normalmen-te
bajo el control y supervisión de la estatal petrolera.
En otra nota solicitada en la prensa, YPFB, manifestó con orgu-llo
su satisfacción por la nacionalización de Bolivian Gulf Oil Company,
lograda mediante una trascendental e histórica determinación del
Gobierno Revolucionario. El comunicado agrega que la recuperación
de la riqueza petrolífera del país tiene por meta lograr la indepen-dencia
económica de Bolivia con dignidad y soberanía. Además, YPFB
se compromete a redoblar esfuerzos para aportar positivamente al
engrandecimiento de la patria.
45 TAHBUB, Marwab, Las transnacionales no son socias, Ed. CEDIB, La Paz – Bolivia, SA, pág. 240.
Gral. Juan José Torres y Marcelo Quiroga Santa Cruz 1969.

Día de la dignidad nacional
Desde los balcones de Palacio de Gobier-no
el Gral. Alfredo Ovando Candia proclamó el
17 de octubre como “Día de la Dignidad Nacio-nal
“ ante una multitud que se congregó en Pla-za
Murillo para expresar su júbilo por la medida
asumida.
“La Nacionalización de la Gulf no es obra
de nadie individualmente. El decreto fue escri-to
por la sangre del pueblo boliviano”, 47 afirma-ba
Quiroga Santa Cruz tras invocar el espíritu
juvenil para evitar divi-siones
que buscaría la
oligarquía y el imperia-lismo.
Al encomendar
al Gobierno la nacio-nalización
de la Boli-vian
Gulf, las Fuerzas
Armadas asumieron
plena responsabilidad
de esta medida. En un
comunicado difundido,
las Fuerzas Armadas de la Nación, por con-ducto
de su Capitán General y del Alto Mando
Militar en cumplimiento del punto N° 1 del
Mandato Revolucionario del 26 de septiem-bre
que señala la responsabilidad de asegurar
la soberanía de la Nación sobre las fuentes de
producción del país y, en resguardo de recupe-rar
las riquezas naturales enajenadas en condi-ciones
lesivas al interés nacional y frente a la
confabulación foránea y antinacional desatada
para impedir la continuidad del proceso re-volucionario,
encomendaron al Gobierno la
nacionalización de Bolivian Gulf Oil Company
y asumieron responsabilidad por esta medida
revolucionaria.
La estatización de la compañía privada
provocó un estallido de júbilo y de sentimiento
nacional en todo el país. “Ahora o nunca fue
el slogan que constantemente se vino repitien-do
por las emisoras locales acompañadas de
la música del himno
nacional. Desde que
fue conocida la inter-vención
y se supo que
las Fuerzas Armadas
estaban controlando
todas las pertenen-cias
de Gulf, el país
estaba prácticamente
paralizado, esperando
el próximo paso del
gobierno”.48
Según el matutino católico Presencia, la
medida estuvo precedida de consultas entre
ministros de Estado y medidas de emergencia
para evitar cualquier sabotaje a las instalacio-nes
de la compañía. Posteriormente, el mi-nistro
de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga
Santa Cruz instruyó que un grupo de técnicos
de YPFB partiera inmediatamente a Santa Cruz
con la finalidad de asumir el control técnico de
las instalaciones operativas.
17 de octubre de 1969. (Presencia)

Cuantiosas pérdidas para la Gulf
La nacionalización significaba el cese de
beneficios para la compañía norteamericana
por un monto equivalente a $us 1.500 millo-nes
calculados en reservas en territorio boli-viano,
además de la recuperación a precios de
1969, de $us 3.000 millones en reservas gasí-feras
y de 600 millones de dólares en reservas
petroleras, según cálculos del gobierno.
Tras el anuncio, funcionarios de la Gulf
abandonaron sus oficinas en La Paz, ubicadas
en un edificio de la Avenida Mariscal Santa
Cruz, que fue intervenida por las FFAA al man-do
de su Comandante en Jefe, Gral. Juan José
Torres. Entretanto, los oficiales de carabineros
vigilaron las dependencias y archivos a fin de
evitar la salida clandestina de documentación.
A raíz de esta medida, desde Washing-ton,
el presidente del Concejo de la Gulf Oil,
E.D. Brockett, preconizó la aplicación de la en-mienda
Hickenlooper por la no compensación
de las propiedades de la compañía nacionali-zada.
Esta Enmienda (Ley de Ayuda Extranje-ra)
fue aprobada por el Congreso americano
como Ley Pública en 1964.
El Gobierno boliviano a través del minis-tro
de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga San-ta
Cruz, calificó esta petición como “insolente”,
pues la Gulf consideró a Bolivia como una de
sus “colonias” y jamás pensó que era una re-pública
independiente.
Sin embargo, la Gulf no se quedó de
brazos cruzados porque sus intereses econó-micos
fueron seriamente afectados pero no
así su inmenso poder de influencia con el que
contraatacó.
Ni bien se oficializó la nacionalización de
esta compañía y sus bienes, ésta se ocupó de
que se cerraran los mercados internacionales
para Bolilvia y se bloquearan los accesos de
los yacimientos al circuito de distribución de
crudo en el mundo. El cese de actividades del
yacimiento de Río Grande y su posterior calu-sura
fueron, entre otras cosas, las consecuen-cias
directas de la arremetida emprendida por
la transnacional.
También se suspendió el crédito del
Banco Mundial (BM) para la construcción
del gasoducto a la Argentina que había sido
garantizado por la Gulf. Una comisión de mi-nistros
se trasladó a Buenos Aires a fin de evi-tar
mayores perjuicios y tratar de lograr que
el gobierno argentino levante el bloqueo de
los materiales y equipos que se iba a emplear
en el gasoducto. Se negociaron nuevos plazos
para la venta de gas y se buscó el cambio de
garante para el crédito del ente multilateral.
Esta administración gubernamental con-trató
a la compañía francesa Geopetrole para
que haga la evaluación del monto indemniza-torio
de los bienes de la Gulf.
Enrique Mariaca, aclara este pasaje his-tórico
de la siguiente manera: “Para resolver
el tema del embargo petrolero que sufría Bo-livia
y el préstamo financiero de 25 millones
de dólares que se requerían para garantizar
la construcción del gasoducto a Argentina,
(Marcelo) Quiroga Santa Cruz mandó una co-misión
de negociación a España en la que me
incorporó, junto con el Presidente de YPFB. En
España se había creado una empresa petrole-ra
del Estado, pero con muy poca experiencia
técnica y capacidad económica.
Si bien Quiroga Santa Cruz tenía la espe-ranza
de que esta compañía podía ayudarnos
con el financiamiento del gasoducto, cuya
inversión era de 50 millones de dólares –25
financiados por el Banco Mundial y 25 por el
Banco Morgan de la Gulf, que al ser naciona-lizada
se habían perdido– las negociaciones
no prosperaron debido a la falta de capacidad
financiera de la empresa española para rea-lizar
un préstamo de tal magnitud. Por estos
motivos, la comisión gubernamental tuvo que
regresar a Bolivia sin el objetivo alcanzado.
El Ministro Quiroga Santa Cruz renunció a su
mandato tiempo después.
La situación de falta de financiamiento y em-bargo
petrolero se mantuvo vigente hasta
la sucesión del General Juan José Torres, en
octubre de 1970. Durante este mandato fui
nombrado Ministro de Hidrocarburos para re-solver
los problemas con la Gulf Oil Company,
que exigía una indemnización por las inversio-nes
realizadas durante el tiempo de su conce-sión.
Es así que organicé una comisión para
viajar a Estados Unidos para negociar con la
Gulf Oil Company, solicitando, paralelamente,
la intermediación del Banco Mundial.
De igual forma, en ese viaje se iba a so-licitar
al Banco Interamericano de Desarrollo
el financiamiento faltante para la culminación
del gasoducto a Argentina. Afortunadamente,
la solicitud de intermediación fue aceptada
por el Banco Mundial y se llegó a un acuerdo
de indemnización por un monto de 78 millo-nes
de dólares a favor de la Gulf Oil Company,
sin intereses y pagaderos en un plazo de 15
años, con los recursos provenientes de la co-mercialización
de la producción de los campos
Colpa, Caranda y Río Grande.
De acuerdo a Alvaro García Linera, la
indemnización por la nacionalización de la
Gulf Oil Company el año 1969, de más de 78
millones de dólares, que al valor actual, fácil-mente
equivaldría a más de 447 millones de
dólares.49
Mariaca precisa que Durante esta nego-ciación,
la compañía solicitó que estos cam-pos
sean administrados por una compañía
petrolera norteamericana, proposición in-aceptable
para el gobierno boliviano. Lo que
sí aceptamos fue la creación de un fideicomi-so
en Buenos Aires para garantizar el pago de
la indemnización acordada y lograr el desem-bargo
petrolero.
Con relación al financiamiento solicitado
para la culminación del gasoducto a la Repú-blica
Argentina, el mismo fue aceptado por el
Banco Interamericano de Desarrollo, logran-do
restablecer las actividades de construcción
del gasoducto.50
49 GARCÍA LINERA ALVARO. El Onegismo, enfermedad infantil
del derechismo en Bolivia. Pag. 42.
50 MARIACA ENRIQUE, Nacionalizaciones de Hidrocarburos en
Bolivia. Memorias de Enrique Mariaca. Pag. 14 y 15.

La multinacional exigió una indemni-zación
de más de 150 millones de dólares al
gobierno revolucionario. Éste presionado por
la situación que atravesaba toda la cadena de
producción de los yacimientos recién nacio-nalizados,
se desdijo de su medular compro-miso
de no pagarle ni un centavo a la Gulf y, a
través de contratos con organismos interna-cionales
viabilizó el mismo.
En septiembre de 1970, se promulgó el
Decreto para el pago de la indemnización a
la Gulf, monto que la compañía Geopetrole
había establecido en $us 101.098.961 dóla-res.
De este monto total se dedujo como im-puesto
único el 22% quedando en 78.622.171
dólares por concepto de indemnización, suma
que se pagaría con el 25% de la producción de
los campos nacionalizados: Colpa, Caranda y
Río Grande y en un lapso máximo de 20 años,
sin embargo, este tiempo se redujo a menos
de nueve años.
Las negociaciones sobre el monto indemniza-ble,
el tiempo de pago y otros aspectos inhe-rentes
a la construcción del gasoducto y de
las plantas de gas de esos campos producto-res
de hidrocarburos, dieron lugar a aprecia-ciones
y especulaciones de toda índole que
fueron aprovechados por los medios de presa
interesados en desprestigiar al gobierno y a la
estatal YPFB.
Gulf exigió la aplicación de la Enmienda Hickenlooper que ya entonces protegía los capitales transnacionales (Presencia 1969).
Ejecutivos de la Gulf abandonan sus oficinas, fue tras la nacionalización decretada.

Nacionalización respaldada por diferentes sectores
Varios fueron los sectores sociales que
respaldaron con beneplácito la medida histó-rica
asumida por el gobierno del Gral. Alfredo
Ovando Candia, por el cual se nacionalizó los
bienes de la Bolivian Gulf Oil, entre los que
destacan trabajadores petroleros, universita-rios,
mineros, asociación de ganaderos, chófe-res,
maestros, gremiales, abogados, médicos,
empleados públicos, partidos políticos y pue-blo
en general.
La Federación Sindical de Trabajadores
Petroleros de Bolivia a la cabeza de su enton-ces
secretario ejecutivo, Manuel Ayllón Ocam-po,
emitió un comunicado al pueblo boliviano
en el que sostiene que mediante nota N° 109-
69 dirigida al Gral. Alfredo Ovando Candia de 9
de octubre de 1969 ya habían pedido la nacio-nalización
de Bolivian Gulf Oil como imperati-vo
urgente de la recuperación de las riquezas
naturales en beneficio del país.
“Los trabajadores petroleros fiscales de
Bolivia nos complacemos y recibimos con en-tera
satisfacción y felicidad para el pueblo de
Bolivia íntegro, ya que esto significará la libe-ración
económica del país (…) Hemos insisti-do
los trabajadores petroleros que debemos
hacer una revolución verdaderamente pro-gresista,
caracterizándonos como defensores
eternos de nuestras riquezas naturales (…)
Desde la realización del 5° Congreso de Traba-jadores
Petroleros de Bolivia, llevada a cabo
en la Capital de la República en 1958, hemos
solicitado al Supremo Gobierno la sustitución
del Código Davenport y que en ediciones de la
prensa nacional y extranjera han sido publica-dos
hemos sido subestimados, pero ahora nos
enorgullecemos de haber luchado por una
causa justa que significará para el pueblo boli-viano
su verdadera liberación” 51, menciona el
comunicado de los trabajadores del oro negro.
La Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA) por medio de su Consejo Universi-tario
expresó su complacencia y apoyó esta
medida, pero sin indemnizar a la Gulf y para
evitar cualquier bloqueo económico, deman-dó
al gobierno establecer relaciones con todos
los países socialistas. “La nacionalización de
la Gulf no es una medida extremista, sino es
una medida liberal que tiene que ser comple-mentada
con el manejo y la administración del
petróleo y el gas en beneficio y en interés del
pueblo boliviano”, se menciona en un comuni-cado
de esa época.
La Federación Sindical de Chóferes 1 de
Mayo también respaldó esta nacionalización
y los choferes se consideraron soldados dis-puestos
al combate contra el imperialismo en
Mensaje de los trabajadores petroleros tras la Nacionalización de la Gulf. (Presencia)

Respaldo masivo de sectores sociales a la nacionalización de la Gulf.
ese momento crucial e histórico para el país.
Pidieron que se prosiga con estas medidas y
dijeron que era el turno de la South American
Placers que exportaba cientos de toneladas
de oro de Teoponte sin ningún beneficio para
la nación.
Por su parte, la Asociación de Ganade-ros
de Santa Cruz, en una solicitada de prensa,
apoyó sin reservas este proceso porque signi-ficó
la recuperación de la soberanía sobre la
riqueza petrolífera del país. Brindó su incon-dicional
adhesión moral y respaldo material
al Gobierno Revolucionario e indicaron que
confían plena y categóricamente en la entidad
fiscal del petróleo.
La Confederación Médica Sindical de Bo-livia
tomó con alborozo la reconquista para el
patrimonio nacional de una parte importante
de la riqueza natural como son los hidrocar-buros.
Consideraron que durante la nefas-ta
influencia del capital foráneo por mucho
tiempo se desvió el progreso y se corrompió a
gobernantes contribuyendo a que sea sepul-tada
para siempre el despertar de un pueblo
resuelto a defender sus riquezas.
La Federación Nacional de Maestros Ur-banos
de Bolivia también manifestó su plena
identificación con la reversión al patrimonio
nacional del petróleo y del gas, detentados
anteriormente por intereses extranjeros. Dis-pusieron
que todos los maestros del país ex-pliquen
a la juventud boliviana los alcances y
beneficios de esta medida trascendental.
Los partidos políticos de la época tam-bién
expresaron su apoyo a la nacionalización
de la Gulf. El entonces presidente del Partido
Demócrata Cristiano, Benjamín Miguel, “con-sideró
que la medida beneficia al pueblo boli-viano
y se cumplió con uno de los anhelos más
caros siempre y cuando la nacionalización se
efectivice sin pago de ninguna indemnización”.
52
A ello se sumaron con muestras de apo-yo
el jefe del PIR, Ricardo Anaya; el dirigente
del Partido de la Revolución Boliviana, Edwin
Tapia Frontanilla; además del Comité Ejecuti-vo
Nacional del Movimiento Popular Cristiano,
el Partido de la Revolución Nacional, Falange
Socialista Boliviana, Partido Comunista Peki-nés,
MNR, entre otros.
En este gobierno, el cargo de Presidente
Ejecutivo de YPFB fue suprimido, quedando el
Ministro de Energía e Hidrocarburos, automá-ticamente
posesionado como presidente del
directorio de la empresa.
Con la firma de un documento que viabi-liza
el pago, se ponía fin a una histórica aven-tura
que apostaba por el cambio. Con esta
nacionalización se terminó con 13 años de
saqueo y se expulsó a la Gulf Oil Company.
Los beneficios para el país de la nacionaliza-ción
de la Gulf impactaron en la economía na-cional
pues Bolivia dejó de comprar petróleo
a una empresa extranjera, ganó reservas gasí-feras
y petrolíferas que entonces se estimaron
en el orden de 5 mil millones de dólares, ade-más
se recuperó el mercado argentino para la
compañía nacional YPFB.

DECRETO SUPREMO N° 08956
D.G.R. N° 22
GRAL. ALFREDO OVANDO CANDIA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Considerando:
Que, por mandato de la Constitución
Política del Estado de 1967, declarada en vi-gencia
por el Gobierno Revolucionario, “Los
yacimientos de hidrocarburos, cualquiera
que sea el estado en que se encuentren o la
forma en que se presenten, son del dominio
directo, inalienable e imprescriptible del Es-tado.
Ninguna concesión o contrato podrá
conferir la propiedad de los yacimientos de
hidrocarburos. La exploración, explotación,
comercialización y transporte de los hidro-carburos
y sus derivados, corresponden al
Estado”;
Que, por mandato de la misma Carta
Magna “El régimen económico propenderá
al fortalecimiento de la independencia na-cional
y al desarrollo del país mediante la
defensa y el aprovechamiento de los recur-sos
naturales y humanos en resguardo de la
seguridad del Estado y en procura del bien-estar
del pueblo boliviano”;
Que, la misma Carta fundamental
del Estado establece que, “No se permitirá
la acumulación privada de poder económi-co
en grado tal que ponga en peligro la in-dependencia
económica del Estado”;
Que, el citado cuerpo de leyes pres-cribe
que, “Todas las empresas estableci-das
para explotaciones, aprovechamiento
o negocios en el país se considerarán na-cionales
y estarán sometidas a la soberanía,
a las leyes y a las autoridades de la Repú-blica”;
Que, la empresa boliviana Gulf Oil
Company se ha constituido en un nuevo
SUPERESTADO, que dispone de un poder
económico y político superior al del Estado
boliviano, incompatible con el principio y la
práctica de la soberanía nacional;
Que, los Mandatos Revolucionarios
que, en nombre del pueblo de Bolivia, han
dado las Fuerzas Armadas de la Nación a
este Gobierno, señalan el deber de “Ase-gurar
la soberanía de la Nación sobre las
fuentes de producción del país. En resguar-do
de este objetivo, recuperar las riquezas
nacionales”;
Que, el Gobierno Revolucionario ha
derogado el Código del Petróleo, norma
legal reguladora de la explotación de los
hidrocarburos nacionales redactada por
abogados dependientes de las empresas
petrolíferas privadas extranjeras e impues-tas
al país a través de gobiernos seudo-nacionalistas
para asegurara la empresa
Bolivian Gulf Oil Company un margen de
utilidad y de impunidad que comprometen
gravemente el interés económico y la dig-nidad
nacional;
Que, el pueblo boliviano, en todas sus
actividades y sectores sociales ha tomado
conciencia de la necesidad de proceder a
la nacionalización de los bienes de Bolivian
Gulf Oil Company, y ha exigido la adopción
inmediata de esta medida;
CON EL DICTÁMEN AFIRMATIVO DE
LOS MINISTROS DEL GOBIERNO REVOLU-CIONARIO.
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- La reversión al Estado de to-das
las concesiones otorgadas a BOLIVIAN
GULF OIL COMPANY, y la nacionalización de
todas sus instalaciones, inmuebles, medios
de transporte, estudios, planos, proyectos
y todo otro bien, sin excepción alguna.
ARTÍCULO 2.- El inmediato control, por las
Fuerzas Armadas de la Nación, de todos los
campos, instalaciones y demás pertenen-cias
de BOLIVIAN GULF OIL COMPANY.
ARTÍCULO 3.- Yacimientos Petrolíferos Fis-cales
Bolivianos (Y.P.F.B.) intervendrá inme-diatamente
en el control técnico y adminis-trativo
de las instalaciones y pertenencias
de Bolivian Gulf Oil Company, bajo la direc-ta
dependencia y fiscalización del Ministe-rio
de Minas y Petróleo.
ARTÍCULO 4.- La formación de una comisión
presidida por el Ministerio de Minas y Pe-tróleo,
e integrada por un representante de
las Fuerzas Armadas, un representante del
Ministerio de Hacienda, un representante
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia-nos,
un representante de la Dirección Ge-neral
del Petróleo y un representante de la
Confederación de Trabajadores Petroleros,
la misma que, con el asesoramiento técni-co
que requiera, establecerá el monto, con-diciones
y términos de la correspondiente
indemnización.
ARTÍCULO 5.- La continuidad de las activi-dades
de YABOG, en cuanto persona jurí-dica
beneficiaria del crédito otorgado por
el Banco Mundial y por el New York State
Common Retirement Fundo para el tendido
del gasoducto Santa Cruz-Yacuiba y los ra-males
respectivos, entidad que con el aval
y respaldo del Estado, asume la totalidad
de las obligaciones emergentes de dicho
crédito y la suma de las acciones, derechos
y obligaciones contraidos por el acuerdo de
venta de gas a la República Argentina.
ARTÍCULO 6.- Quedan salvados los dere-chos
reconocidos por el Código del Petróleo
derogado, en favor de los departamentos
productores de hidrocarburos, y asegurada,
en su beneficio, la percepción de regalías
departamentales definidas por la norma le-gal
citada. Asimismo se reconoce en favor

de los departamentos productores, la re-cepción
de gas a precio cero en los volúme-nes
y condiciones establecidos por disposi-ciones
legales en vigencia.
ARTÍCULO 7.- La permanencia y el reconoci-miento
de su antigüedad y de todos los be-neficios
sociales que de acuerdo a Ley les
correspondieran, de todos aquellos obre-ros,
empleados y técnicos, tanto nacionales
como extranjeros, que prestan servicios en
la empresa BOLIVIAN GULF OIL COMPANY
y que manifiesten su intención de continuar
trabajando en la empresa nacionalizada.
El Gabinete en pleno del Gobier-no
Revolucionario queda encargado de
la ejecución y cumplimiento del presente
Decreto, con la garantía y respaldo de las
Fuerzas Armadas de la Nación.
Es dado en el Palacio de Gobierno de
la ciudad de La Paz, a los diecisiete días del
mes de octubre de mil novecientos sesenta
y nueve años.
FDO. GRAL. ALFREDO OVANDO CAN-DIA,
César Ruiz Velarde, Juan Ayoroa Ayo-roa,
David La Fuente Soto, Antonio Sánchez
de Lozada, Mariano Baptista Gumucio, Jai-me
Paz Soldán Pol, Alberto Bailey Gutiérrez,
Marcelo Quiroga Santa Cruz, Edmundo
Valencia Ibañez, José Luis Roca García, Ma-rio
Rolón Anaya, Walter Arzabe Fuenteizas,
León Kolle Cueto, Carlos Hurtado, José Or-tíz
Mercado, Oscar Bonifaz Gutiérrez, Juan
José Torrez G.
Régimen de la Ley General de Hidrocarburos
En la década de 1970, un grupo de mili-tares
pidió la salida de Ovando y en el comien-zo
de esa década se desató una crisis que de-rivó
en un golpe de Estado en el que el Gral.
Juan José Torres derrocó a Ovando.
Apoyado por universitarios, mineros y
obreros, Torres tomó el poder y mantuvo la
política nacional revolucionaria de su prede-cesor.
Alfredo Ovando.
Pero 10 meses después, 19 de agosto de
1971, el coronel Hugo Banzer Suárez consoli-da
el golpe de Estado contra el general Juan
José Torres, imponiendo un régimen dictato-rial.
En su gestión demuestra filiaciones polí-ticas
que favorecían a los intereses petroleros
de Estados Unidos y Brasil.
En esta coyuntura, suceden hechos de
relevancia para la industria petrolera y YPFB.
La estatal desarrolla los campos Mon-teagudo
(Chuquisaca), Tatarenda y Naranjillos
(Santa Cruz). En contraste sólo se perforaron
cinco pozos y únicamente en Los Monos (Tari-ja)
se halló algo de hidrocarburos. En 1972 se
registró, entonces, la subida del precio mun-dial
del petróleo. La nacionalización de la Gulf
significó a YPFB 100 millones de barriles has-ta
la mitad de los años noventa. AsÍ, el 28 de
marzo de 1972, Banzer Suarez lanza otra Ley
de Hidrocarburos.
Alegando que existía un vacío legislativo,
el 28 de marzo de 1972, el régimen dictatorial,
mediante Decreto Ley N° 10170, aprueba la
Ley General de Hidrocarburos por la cual YPFB
pasaba a explorar, explotar, refinar, comercia-lizar
e industrializar los recursos hidrocarburí-feros
del subsuelo. Con esta normativa Banzer
nuevamente desnacionaliza el gas y repone
privilegios a las compañías transnacionales.
En esa gestiòn, también se firma un
acuerdo de venta del energético a Brasil y se
inicia la exportación de gas natural a la Argen-tina
a través de las contratistas norteamerica-nas
Tesoro y Occidental, que en 1974 se bene-ficiarían
con el 40% del mercado brasileño.
La normativa abolió el régimen de con-cesiones
en materia de hidrocarburos e insti-tuyó
los contratos de operación y contratos de
servicios, lo cual significaba que podía trans-ferir
sus actividades petroleras a terceros. Los
contratos serían por 30 años, cuatro años de
exploración y 26 de explotación en lotes con
superficies no mayores a 20 mil hectáreas.
Esta Ley además establecía que la pro-ducción
del contratista sería entregada en su
totalidad a YPFB. De tal producción, la empre-sa
estatal retendría los volúmenes necesarios
para el pago de los impuestos nacionales y
departamentales al precio en boca de pozo.
Por este conducto, se asignó a Yacimien-tos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos la explora-ción
de todo el territorio nacional y la subsi-guiente
explotación y aprovechamiento de
las áreas petrolíferas y gasíferas de acuerdo a
planes específicos determinados.

Asimismo, la ley estipulaba que la pro-ducción
del contratista sería entregada en su
totalidad a YPFB y que sus operaciones esta-rán
sujetas a una regalía departamental equi-valente
al 11% y a un impuesto nacional del
19% de la producción bruta en boca de pozo.
“De tal producción, la empresa estatal
retendría los volúmenes necesarios para el
pago de los impuestos nacionales y departa-mentales
al precio en boca de pozo. El contra-tista
recibiría los volúmenes correspondientes
de acuerdo al contrato, pudiendo exportar li-bremente,
reduciendo los volúmenes destina-dos
al mercado interno. La tasa impositiva se
fijaba en 11% de la producción bruta en boca
de pozo a favor del departamento productor y
se establecía un impuesto nacional del 19%”. 53
Las firmas nacionales de servicios petro-leros
gozaban de preferencia y se les obligaba
a emplear personal nacional y utilizar bienes
materiales producidos en el país.
La nueva legislación coincidió con un
contexto internacional favorable. En 1973, se
registró un crecimiento del desarrollo indus-trial
en el mundo lo que derivó en un aumen-to
en el precio del barril de petróleo. En ese
contexto, la guerra árabe-israelí generó una
fuerte tensión entre la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) y los países
industrializados consumidores del crudo. La
crisis mundial del petróleo permitió al país ex-portar
excedentes de este producto.
Ese año, Bolivia alcanzó una cifra ré-cord
de producción de 47.000 barriles diarios.
Sin embargo, la inversión de las utilidades
fue deficiente, sobre todo en proyectos de
53 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS, Nacionalización en el
siglo XXI, SE, La Paz – Bolivia, 2007, Págs. 47 - 46.
exploración y el interés se volcó a la comercia-lización.
Se aumentó el número de oleoductos,
se construyeron complejos refineros y ductos
que convirtieron a YPFB en la más importante
empresa del Estado, tanto por sus actividades
como por los aportes económicos que produ-jo.
Sin embargo, la inversión de las utilidades
fue deficiente, sobre todo en proyectos de ex-ploración;
el interés se volcó a la comercializa-ción
de los energéticos.
Esta norma dio comienzo a la exporta-ción
de gas a la República Argentina y permi-tió
la llegada al país de 13 compañías extran-jeras
que firmaron 20 contratos de operación
para explorar y perforar en las zonas poten-cialmente
petrolíferas del país.
Las exportaciones pasaron de 3 a 12 mi-llones
de barriles; empero, la declinación de la
producción de los campos y la mayor deman-da
del mercado interno obligaron a cesar la
exportación en 1978. La empresa ya no podía
cumplir sus contratos de venta y debió pagar
multas por incumplimiento.
Para satisfacer las necesidades de re-finación,
en muchos casos YPFB tuvo que
comprar petróleo crudo a los concesionarios
para procesarlo en sus nuevas plantas. Parale-lamente,
se instalaron nuevos oleoductos en
el momento en que menguaba la producción,
como el de Yacuiba, con un costo de más de
32 millones de dólares
El auge de las exportaciones no redundó
en beneficios para YPFB debido al derroche
de sus utilidades, a la compra de materiales
innecesarios y a la mala utilización del equipo
de transporte de la empresa.
A fines de 1975, ante el incremento de
precios en el mercado interno, el gobierno
incluyó un nuevo impuesto del 35 por ciento
Tanques de almacenamiento de petróleo Campo Caigua.
sobre los ingresos de YPFB. Como consecuen-cia,
YPFB tenía que pagar el 20 por ciento de
sus ingresos sobre la exportación, 19 por cien-to
sobre la producción y 11 por ciento para las
regalías departamentales.
En 1979, YPFB no encontró nuevos ya-cimientos
de petróleo significativos. Hubo, en
cambio, importantes avances en materia gasí-fera,
como la construcción de los gasoductos
Monteagudo – Sucre y del altiplano; además
del envasado de gas licuado de petróleo (GLP)
con plantas engarrafadoras en Oruro y El Alto.
A partir de ese año, la producción se desarro-lló
a precios subvencionados y sólo tenía por
destino el mercado interno. Por si fuera poco,
las regalías y los impuestos eran absorbidos
por el Estado.
“Las inversiones realizadas por estas
compañías contratistas, hasta fines de 1979,
llegaron a 219,5 millones de dólares y des-cubrieron
cuatro nuevos campos: Tita, Techi
y Porvenir por parte de Occidental Boliviana
y la Vertiente por parte del Tesoro Petroleum.
La característica esencial de estos contratos
fue el que las compañías ponían el capital de
operación a riesgo propio”.54
Entre 1970 y 1979 se descubrieron campos
petroleros como Enconada, Palometas, Mon-tecristo,
Palacios, Cambeiti, Caigua, El Espino,
Vuelta Grande, Espejos y Río Seco. Asimismo,
se desarrollaron los campos de La Peña, Santa

Cruz y Palmar que fueron descubiertas por la
Gulf Oil Company.
En 1979 se materializa los complejos
refineros de Cochabamba y Santa Cruz, ade-más
de la planta de lubricantes instalada en
Cochabamba. La refinería Guillermo Elder Bell
o Palmasola de Santa Cruz inició sus operacio-nes
para el mercado interno.
En esta década, YPFB continuó su activi-dad
exploratoria y se perforaron varios pozos
exploratorios en diferentes departamentos
como Santa Cruz, Tarija y Oruro.
El presidente de facto, coronel Hugo Banzer en la apertura del gasoducto a la Argentina.
Hiperinflación, déficit fiscal y recesión
La década de los 80 se inauguró con otro
golpe de Estado, esta vez protagonizado por
el Gral. Luis García Meza. En un contexto de
evidente depauperación de la economía, se
produjeron los primeros efectos de una infla-ción
de imprevisibles consecuencias. Bajo la
administración del régimen militar, en YPFB
afloró la corrupción de la mano de sus ocasio-nales
administradores. Así quedó demostrado,
cuando el gobierno dictatorial adquirió con
sobreprecio unos equipos de perforación, tras
negarse a firmar un contrato con la compañía
que había ganado la licitación.
En comparación a años precedentes, la
actividad exploratoria en 1980 se redujo, sin
embargo, se registró el descubrimiento de
dos niveles gasíferos en el Campo Caigua (Ta-rija).
En este periodo, en total, se perforaron
24 pozos de los cuales nueve fueron explo-ratorios
y 15 de desarrollo con un total de
36.063 metros.
La producción de petróleo y condensa-do
en ese año fue de 1.383.845 metros cúbi-cos.
La disminución en un 15.7% con relación
a 1979 se debe a una declinación de los cam-pos
productivos. En tanto que la producción
bruta de gas natural fue de 168.830 MMpcd,
0.7% superior al año precedente.
Con el retorno de la democracia y la
asunción del gobierno del Dr. Hernán Siles
Suazo, en octubre de 1982 la crisis económi-ca
llegó al máximo por la mala administración
heredada de las dictaduras militares y por
desacertadas medidas como la llamada “des-dolarización”.
El país se sumergió en una crisis
recesiva que disminuyó la actividad industrial,
comercial y derivó en una hiperinflación y
ola de desocupación. YPFB se vio obligada a
vender carburantes a precios inferiores a sus
costos, suprimiendo los precios diferenciales
que existían en las fronteras. Esto fomentó el
contrabando hacia países vecinos.
En 1983 la actividad de prospección ex-ploratoria
se concretó a trabajos de geología y
sísmica. El cumplimiento del programa inicial
de perforación exploratoria fue insatisfactorio,
pues sólo se tuvo en actividad 11 de 19 po-zos
programados. El panorama en explotación
fue similar con tendencia a la reducción. La
situación en 1984, no experimentó grandes
variaciones.
Pero, en 1985 se registra una ligera me-joría
en las actividades de exploración y desa-rrollo.
La perforación de pozos arrojó un cum-plimiento
del 72% respecto a lo programado.
La producción de petróleo se incrementó en
1.15% con relación a 1984 y la producción bru-ta
de gas sólo cayó en 4.4% respecto a similar
período.
“Para YPFB fueron años negativos. La explora-ción
petrolera disminuyó a niveles muy bajos
por falta de fondos. La producción declinó.
De los 47.293 BPD que se producían en 1974,
bajó a 17.565 BPD en 1986. Al finalizar la dé-cada,
la producción había repuntado ligera-mente,
registrando 19.929 BPD. En el merca-do
interno, los productos eran entregados a
precios por debajo de sus costos de produc-ción
y elaboración, para satisfacer el afán del
gobierno de mantener precios políticos”.55

Oleoducto Campo Caigua.
VICTOR PAZ
ESTENSSORO
(Expresidente de Bolivia
y fundador del MNR)
Durante su gestión se
aprobó el Código Da-venport,
instrumento
jurídico que abrió nue-vamente
las puertas a
la inversión extranjera
y limitó la participación
de la estatal petrolera
en áreas de exploración
y explotación.

Del 21060 a la capitalización/privatizacion
La incapacidad del gobierno de la Unión
Democrática Popular (UDP) para solucionar el
caos y el desorden, obligó al Congreso Nacio-nal
a llamar a elecciones generales con un año
de anticipación.
Con la frase dramática “Bolivia se nos
muere”, en 1985 asume la presidencia por
cuarta vez el Dr. Víctor Paz Estenssoro (MNR)
e impone una Nueva Política Económica neo-liberal
basada en el Decreto Supremo 21060,
con el que se inicia la privatización de las em-presas
estatales, concentrando la riqueza en
unos cuantos y otorgando a las transnaciona-les
el liderazgo de la economía.
Este instrumento que apertura el libre
mercado y el capital extranjero en el país, fue
coordinado por el ministro de Planeamiento
y Coordinación, Gonzalo Sánchez de Lozada
y asesorado una vez más por instituciones
financieras estadounidenses. Grupos intere-sados
en cambios en el modelo hacia el neo-liberalismo
encaramados en los poderes del
Estado, provocaron hechos negativos como el
fomento a la corrupción en las empresas esta-tales,
en la perspectiva de utilizar como argu-mentos
que el Estado es mal administrador.56
“El presidente Paz al asumir el gobierno
en 1985, se comprometió ante el Departa-mento
de Estado (de EEUU) a cumplir con el
pago de la deuda externa, a reorganizar -en-tiéndase
liquidar- las estatales Comibol y YPFB,
y abrir las puertas, de par en par, a las empre-sas
norteamericanas que se llevan recursos
naturales”.
Para la estatal petrolera, este decreto
significó su descentralización y la creación
56 SARAVIA, Arturo, Gas y petróleo ¿Y para quién?, SE,
Cochabamba – Bolivia, SA, pág. 65.
de tres empresas subsidiarias en diferentes
sedes: Empresa Petrolera del Oriente (Santa
Cruz), Empresa Petrolera del Sur (Camiri) y
Empresa de Industrialización y Comercializa-ción
de Hidrocarburos (Cochabamba)
“En el campo petrolero, el gobierno pre-paró
un plan de emergencia tendiente a fre-nar
la baja de la producción y las reservas, y
a disminuir la quema de gas de alta presión.
Para este propósito, se buscó vender el ga-soducto
Carrasco-Colpa. Asimismo, aceleró
los proyectos de explotación y promovió la
inversión. Más tarde concretó el tendido del
oleoducto Carrasco-Caranda para el transpor-te
de líquidos”.57
El incremento sustancial de precios a
raíz del retiro de la subvención a los carburan-tes,
destaca como uno de los principales apor-tes
de esta normativa para YPFB. Como conse-cuencia
de los nuevos precios, YPFB transfirió
más del 65% de sus ingresos brutos al Tesoro
General de la Nación (TGN) para financiar la
salida de la crisis nacional.
Durante varios meses de este año, la
producción de petróleo condensado experi-mentó
un descenso debido a la declinación
natural de los campos de campos de explo-tación,
sin embargo en el último trimestre se
incrementó gracias a la perforación de nuevos
pozos de desarrollo de los campos denomina-dos
Santa Cruz y La Peña.
La estabilización monetaria y la profun-dización
de la recesión en el aparato producti-vo
nacional caracterizaron el comportamiento
de la economía en 1986.
siglo XXI, SE, La Paz – Bolivia, 2007, pág. 51.
JAIME
PAZ ZAMORA
(Expresidente de Bolivia)
En su administración
gubernamental se
promulgó la Ley Nº
1194 de Hidrocarburos
que relegó a segundo
plano a Yacimientos
Petrolíferos Fiscales
Bolivianos y constituyó
la base para la priva-tización
de la industria
petrolera nacional.

Jaime Paz y la nueva Ley de Hidrocarburos
En 1989 asume la presidencia del país,
Jaime Paz Zamora y con el Acuerdo Patriótico
dispone restablecer y reconocer la indepen-dencia
de libre disponibilidad de la regalía del
1% sobre la producción de hidrocarburos, en
favor de los departamentos de Beni y Pando.
En noviembre de ese mismo año, se
firmó en Buenos Aires, Argentina el acuerdo
político “Borrón y Cuenta Nueva” con la fina-lidad
de equilibrar la balanza de pagos, pero
que era perjudicial para YPFB, pues esa tran-sacción
privó a la estatal petrolera acceder a
recursos frescos. Se amortizó una deuda de
más de 800 millones de Bolivia con la Argen-tina,
en parte con los 300 millones de dólares
de la deuda que tenía la empresa argentina
Gas Estado con YPFB.
El campo Vuelta Grande, a fines de 1989,
logra producir 3.700 BPD de condensado, 92
MMpcd de gas, 845 BPD de gasolina natural y
182 toneladas métricas por día de gas licuado.
Con el proyecto de Vuelta Grande se perfora-ron
26 pozos y se invirtió en total de $us 79,3
millones con recursos de propios de YPFB y
del Banco Mundial.
En 1990, Paz Zamora aprueba un contra-to
de préstamo con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) por la suma de $us 56,9
millones destinados a financiar el Programa
de Desarrollo de Campos Petrolíferos de pro-piedad
de YPFB.
En agosto de 1990, se produce una crisis
petrolera mundial generada por el conflicto
en Medio Oriente que influye negativamente
sobre YPFB. El precio del barril de petróleo su-bió
de 14 a 25 dólares y representaba una san-gría
para Bolivia, pues debía pagar el petróleo
que compraba a los contratistas, además de
impuestos y regalías en base al precio interna-cional
del petróleo árabe ligero.
Para posibilitar la presencia y el ingreso
al país de la inversión extranjera directa, se re-quirió
elaborar y aprobar una serie de disposi-ciones
legales. Este proceso se inicia durante
la administración de Jaime Paz Zamora. El 17
de septiembre de 1990, se aprobó la Ley de
Inversiones cuyo fin fue otorgarle a la empre-sa
extranjera el mismo tratamiento que reci-ben
las empresas nacionales.
El 1 de noviembre de 1990, la adminis-tración
de Paz Zamora promulgó la Ley Nº
1.194 de Hidrocarburos, la misma que susti-tuía
a la de 1972. La nueva normativa otorga-ba
garantías a la inversión extranjera petrole-ra
y relegó a YPFB a un segundo plano.
“Esta ley, que normó el comportamiento
de la industria petrolera en el período 1990-
1996, tenía una doble orientación: estatal por-que
YPFB podía actuar en las distintas fases
de la cadena hidrocarburífera, y privada en el
sentido en que generaba condiciones para el
Los gobiernos del MIR, ADN y MNR impulsaron leyes hidrocarburíferas en beneficio
de las transnacionales y en desmedro de YPFB.
ingreso e instalación de empresas transnacio-nales”.
58
La nueva legislación prescribía contratos
de operación o de asociación en las fases de
exploración y de explotación por un tiempo
máximo de 30 años. Las reservas de gas natu-ral
pasaron a ser propiedad del Estado en con-formidad
con lo que disponía la Constitución
Política del Estado. Los hidrocarburos produci-dos
se tomaban como propiedad de YPFB y las
empresas contratistas tenían derecho a una
retribución que consistía en la participación
del 50% de la producción.
“La principal conclusión que se extrae de
la Ley de Hidrocarburos Nº 1194, vigente has-ta
1996, es que en ella queda explícitamente
establecido que el Estado boliviano mantiene
los derechos de propiedad sobre los recursos
hidrocarburíferos. Respecto de los Contratos
de Operación y de Asociación, debe señalarse
que arrojaron resultados significativos. Permi-tieron,
por una parte, el ingreso de empresas
petroleras extranjeras de diverso origen –en

Alfonso Revollo, ex ministro de Capitalización.
especial de Estados Unidos y de Brasil– y, por otro, impulsaron el des-cubrimiento
de varios campos y yacimientos, entre ellos los de San
Alberto y San Antonio. En la actualidad (en 1996), quien ejerce los de-rechos
de propiedad sobre estos importantes campos es la empresa
brasileña Petrobras, cuya presencia en Bolivia se debe, precisamente,
a un Contrato de Operación suscrito con YPFB”.59
Esa norma dictaminaba que las concesiones se otorgarán sólo
mediante licitación pública a las empresas que demuestren solven-cia
económica y financiera y garanticen la ejecución de las obras con
recursos y financiamiento propios dentro del plazo requerido en la
convocatoria.
La estatal petrolera directamente o mediante invitación públi-ca
internacional negoció los Contratos de Operación, de Asociación y
su participación en Sociedades Mixtas, promoviendo la concurrencia
59 VILLEGAS, CARLOS, Privatización de la industria petrolera en Bolivia, Ed. Plural, La Paz-Bolivia,
200, pág. 61.
Campo San Alberto, ubicado en el departamento de Tarija.

de ofertas de empresas de probada experien-cia
y capacidad técnica y económica.
“El área objeto del contrato, dentro del
cual el contratista tendrá derecho exclusivo
de exploración, a nombre y en representación
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos,
consistirá en una extensión superficial no ma-yor
a 1.000.000 de hectáreas en áreas tradi-cionales
y 1.500.000 en áreas no tradicionales
sin solución de continuidad, que serán deter-minadas
por Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos en cada caso y dividida en lotes,
que no excederán de 20.000 hectáreas cada
uno”, según el Artículo 30 de esa Ley.
En materia de tributación, la producción
de hidrocarburos en boca de pozo estaba suje-ta
a una regalía departamental equivalente al
11% de la producción bruta, pagadera en be-neficio
del departamento donde se origine la
producción; a una regalía nacional compensa-toria
del 1% de la producción bruta, pagadera
al departamento del Beni en dos tercios y a
Pando en un tercio; y a un impuesto nacional
equivalente al 19% de la producción bruta.
El resultado económico financiero de
YPFB refleja una gestión positiva durante 1991
producto de importantes decisiones. Con la
nueva normativa del sector, se ingresó a la ex-ploración
de áreas no tradicionales con recur-sos
de la estatal petrolera y la participación de
capitales privados por medio de contratos de
operación.
En 1992, los resultados financieros de
YPFB mostraron una utilidad positiva de 267,3
millones de dólares. Los ingresos obtenidos
por ventas permitieron cubrir los aportes pre-vistos
al TGN, así como a los departamentos
productores por concepto de regalías, consti-tuyéndose
la estatal petrolera en el principal
sostén de la economía del país.
Posteriormente, el 24 de abril de 1992
Jaime Paz promulgó la Ley de Privatización Nº
1330 en la que “se autoriza a las instituciones,
entidades y empresas del sector público ena-jenar
los bienes, valores, acciones y derechos
de su propiedad y transferirlos a personas na-turales
y colectivas nacionales o extranjeras, o
aportar los mismos a la constitución de nue-vas
sociedades anónimas mixtas”.
Asimismo, Paz Zamora promulga el De-creto
Supremo N° 23116-A, el 25 de abril de
1992, mediante el cual autoriza a YPFB sus-cribir
con la empresa YPF S.A. de la República
Argentina, el contrato de compraventa de gas
natural, en cumplimiento del acuerdo de com-plementación
en materia energética celebra-do
entre ambos gobiernos, el 20 de marzo de
1992.
En la etapa inicial de privatización de
YPFB, varios ex funcionarios públicos de aque-lla
administración estuvieron implicados en
casos de corrupción y fueron serviles a las
transnacionales, de acuerdo a las investiga-ciones
en el Congreso Nacional y las instancias
jurisdiccionales.
La Ley de Hidrocarburos 1689 declaró libre la actividad de refinación.
Goni, el gas y su “plan de todos”
Dos años antes de asumir la Presidencia,
el sucesor de Victor Paz Estenssoro, el movi-mientista
Gonzalo Sánchez de Lozada, resu-mió
sus planes, en un seminario realizado el
14 de junio en la Cámara Boliviano Americana
(AMCHAM): “Así como había que privatizar la
mayoría de las empresas estatales, debía pro-ducirse
una inmediata y radical privatización
de YPFB y la sustitución de la Ley de Hidrocar-buros”.
En 1993 asume la Presidencia de la Re-pública,
Gonzalo Sánchez de Lozada y pone
en práctica su oferta electoral denominada
“Plan de Todos” que básicamente contempla-ba
la creación de 500.000 empleos, no incluir
a las empresas estratégicas del Estado en el
proceso de privatización, rebajar el pago del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otros
para buscar supuestamente el desarrollo del
país. Sin embargo, Sánchez de Lozada más
conocido como “Goni” sienta las bases de la
apertura neoliberal más salvaje al capital pri-vado
transnacional y la “transformación eco-nómica”
del país a través de la capitalización
de las empresas estatales, calificadas como
ineficientes y deficitarias.

El 21 de marzo de 1994, Sanchez de Lo-zada
desde la Presidencia sancionó la Ley de
Capitalización N° 1544 y posteriormente creó
el Ministerio de Capitalización para encaminar
el proceso en las empresas estratégicas del Es-tado
YPFB, ENDE, ENFE, LAB y ENTEL.
Este objetivo consistió en la búsqueda
de una empresa transnacional, que erogase
capitales equivalentes al valor en libros o de
mercado de la empresa estratégica estatal,
bajo la lógica de que tales capitales se invier-tan
en la misma empresa.
“Normas favorables, alta rentabilidad,
mercados cautivos y exclusivos fueron los
elementos de atracción de empresas trans-nacionales
que capitalizaron a las estatales.
Como consecuencia, YPFB fue descuartizada
en varias empresas al tiempo que se desvincu-ló
totalmente de la cadena de hidrocarburos,
entregando sus capacidades de exploración,
producción y transporte a capitales privados
externos”.60
El gobierno del MNR explicó en su mo-mento
que no se trataba de una privatización
(venta de empresas públicas a inversionistas
privados), sino de una “capitalización” que se
caracteriza por la inyección de nuevos capita-les
extranjeros o nacionales. Ante los reclamos
que comenzaron a gestarse en el país, se ale-gó
que este proceso rescataría el patrimonio
de los bolivianos al introducir una fórmula
que originalmente mantendría el 51% de las
acciones de las empresas estatales en manos
de los bolivianos y el 49 por ciento en “socios
internacionales” que aportarían recursos fres-cos,
tecnología, impuestos y alta gerencia para
administrar el patrimonio nacional.
El economista y ex rector de la Univer-sidad
Mayor de San Andrés (UMSA), Pablo
Ramos, advirtió que la capitalización podía ser
calificada como el más audaz y agresivo inten-to
de expropiación-apropiación del patrimo-nio
público y como un proceso desembozado
siglo XXI, La Paz – Bolivia, 2007, pág. 69.
de desnacionalización de los sectores estraté-gicos
de la economía boliviana.
Sánchez de Lozada aseguraba que las
empresas estatales tenían un valor superior
a los 2.000 millones de dólares, capital que
sólo sirvió a un grupo de burócratas y políticos
de los gobiernos de turno que hicieron de las
empresas públicas un botín contaminado de
corrupción. Alegó que mediante la capitali-zación
se podía atraer 2.000 millones más y, a
ello, añadir otros 6.000 millones más en finan-ciamiento
privado, concretando una inversión
8.000 millones, en cinco años.
Manuel Morales Dávila, impulsor del Co-mité
de Defensa del Patrimonio Nacional, des-calificó
la capitalización por ser contraria a los
intereses nacionales, según una publicación
del matutino Presencia de 1995. “Los precios
ofertados por nuestras empresas son ridícula-mente
bajos con relación a su valor en libros.
Según sus reservas probadas, YPFB vale 15 mil
millones de dólares; y según las reservas pro-bables
tiene un valor de $us 130 mil millones,
pero se la quiere entregar por menos de 2 mil
millones, lo que constituye una lesión enorme
para el país”.
Enrique Mariaca, ex Presidente de YPFB
y ex Ministro de Hidrocarburos, también arre-metió
contra el proceso de capitalización de la
estatal petrolera al aclarar su inconveniencia
con los intereses nacionales.
En 1994 se perforaron 30 pozos y la
producción bruta de gas natural era de 572,5
MMpcd aproximadamente. De ese total, YPFB
contribuyó con un promedio de 431,9 MMpcd
que representa 75.4% mientras que las em-presas
contratistas contribuyeron con un cau-dal
promedio de 140,6 MMpcd.
1995 es catalogado como un año de
transición, debido a la necesidad de adapta-ción
al proceso de capitalización de YPFB. Este
hecho deriva en una reducción en el programa
de inversiones de 102,4 a 66,7 millones de dó-lares,
política que afectó principalmente a su
plan de exploración.
El día funesto para los intereses nacionales, la Capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Con la finalidad de privatizar YPFB, el
gobierno de Sánchez de Lozada proyectó un
“triángulo energético” como política para ese
propósito. “Se planteó la capitalización (en
realidad privatización) de YPFB, que consistía
en el traspaso de los bienes de la estatal a ma-nos
de las transnacionales a cambio de sim-ples
promesas de inversión (…) Una segunda
política fue la modificación de la Ley de Hidro-carburos
para transferir legalmente la propie-dad
de los hidrocarburos a manos de las trans-nacionales
y eliminar la participación de YPFB
de cualquier emprendimiento en el sector. Sin
embargo, la reforma más lesiva a los intereses
de Bolivia fue la reducción de los impuestos
para las transnacionales (denominados rega-lías
y participaciones) del 50% al 18%”.61
La medida se complementó con la ex-portación
de gas natural boliviano a Brasil que
61 GANDARILLAS, M. Tahbub, Nacionalización de los hidrocarbu-ros
en Bolivia, Ed. Icaria, Madrid – España, 2008, pág. 72.
presuntamente convertiría al país en el centro
energético de la región.
El 30 de abril de 1996, Gonzalo Sánchez de
Lozada promulgó la Ley de Hidrocarburos N°
1689 y autorizó a YPFB suscribir “contratos de
riesgo compartido” con personas individuales
o colectivas extranjeras, públicas o privadas,
para la exploración, explotación y comerciali-zación
de hidrocarburos. Esta ley eliminó los
contratos de operación y de asociación e insti-tuyó
los contratos denominados “joint ventu-re”
con una vigencia de 40 años.
Al mismo tiempo, la norma en referen-cia
declaró libres las actividades de transpor-te,
refinación, comercialización, exportación
e industrialización de la cadena de hidrocar-buros.
“Deja que cualquier persona, individual
o colectiva, pública o privada, pueda reali-zar
esas actividades con la sola condición de
que se registren en la Superintendencia de

Hidrocarburos, instancia que se crea para la
regulación del sector”.62
En materia de régimen tributario, se
promovió una nueva clasificación para los
campos petroleros bajo la denominación de
“campos nuevos y existentes”. Además, la nue-va
política descartó en forma tácita a YPFB de
las actividades de exploración, desarrollo y
comercialización.
Según Gandarillas, la reclasificación de
campos fue una medida sumamente ventajo-sa
para las transnacionales, pues muchos de
los campos denominados nuevos fueron ya
descubiertos o estaban en producción antes
de la promulgación de la Ley de Hidrocarbu-ros,
lo que significó una pérdida millonaria
62 MARIACA, Bilbao Enrique, Nacionalizaciones de hidrocarburos
en Bolivia, Ed., Fundación Jubileo, La Paz-Bolivia, 2009, pág.
17.
para el fisco boliviano porque en diez años
alrededor de 20 campos erogaron al TGN un
18% en lugar del 50% que correspondía a los
campos existentes.
Las adjudicaciones realizadas en el mar-co
de la capitalización, vulneraron la Consti-tución
Política del Estado, el Artículo 139 de
la Carta Magna vigente entonces, prescribe
que los yacimientos hidrocarburíferos en
cualquier estado o forma, son de dominio di-recto,
imprescriptible e inalienable del Estado
y advierte que ninguna concesión o contrato
puede interferir con ese derecho propietario.
Sin embargo, la Ley de Hidrocarburos, al ceder
concesiones sobre la cadena de producción,
otorgó a su vez, la propiedad de la producción
de líquidos y gas natural a favor de las petro-leras
transnacionales.
Socios estratégicos de la capitalización deYPFB, según el MNR.
“Para preparar a la opinión pública sobre
la inminente desaparición de YPFB a manos
de empresas extranjeras, el presidente de la
entidad estatal, Arturo Castaños, declara dra-máticamente
que la situación de ésta es insos-tenible
pues ya no puede prestarse un dólar
más; las inversiones están en riesgo y hay pro-bable
parálisis de la producción. Advierte al
Ministerio de Hacienda sobre los problemas
ocasionados por la falta de desembolsos co-rrespondientes
al segundo semestre de 1996
(…) El 6 de diciembre de ese año, a los cuatro
días del anuncio apocalíptico de Castaños, la
prensa nacional informa que la mitad de YPFB
pasó a manos privadas por 835 millones de
dólares”.63
Efectivamente, las transnacionales com-prometieron
invertir este monto en ocho años,
suma que según algunos expertos del sector,
63 ROCA, JOSE LUIS, Bolivia, después de la capitalización, Ed.
Plural, Bolivia, 1999, pág. 218.
era equivalente al valor en libros de YPFB al
momento de su capitalización.
“Hasta el año 2003, aunque las transna-cionales
aducían que ya habrían invertido el
total comprometido de los 834,9 millones de
dólares de la capitalización de YPFB, no hubo
ningún mecanismo que pudiera verificar estas
inversiones, porque se trató de empresas pri-vadas
en las que el Estado boliviano no podía
inmiscuirse. Amparadas en estas disposicio-nes,
las transnacionales hicieron de las suyas,
reportaron bajas utilidades y tasas de rentabi-lidad
insignificantes”.64
Ese discurso fue reforzado por el minis-tro
de Hacienda, Fernando Candia, quien ar-gumentó
que el remedio para la crisis de YPFB
era su capitalización. “La petrolera no puede
continuar sin capital, por lo que es urgente su
capitalización y, para el gobierno, esto es inmi-nente
e irreversible”.
64 GANDARILLAS, M. TAHBUB, Nacionalización de los hidrocar-buros
en Bolivia, Ed. Icaria, Madrid – España, 2008, pág. 78.
El desmantelamiento de YPFB
En medio del descontento social, YPFB
fue capitalizada paradógicamente, en diciem-bre
de 1996, a los 60 años de su creación. La
empresa fue desmembrada. Sus operaciones
de exploración y desarrollo quedaron a cargo
de las “capitalizadas” controladas por trans-nacionales
Chaco S.A. y Andina S.A., mientras
que el transporte estaba bajo responsabilidad
de Transredes S.A, producto de la promulga-ción
de la Ley de Hidrocarburos N° 1689 del
30 de abril de 1996. La estatal petrolera fue
reducida a una condición de “empresa resi-dual”
administrando solamente las unidades
de refinación, distribución y comercialización.
YPFB inició un período de adecuación
institucional al cierre del proceso de capitali-zación,
que se cumplió con las empresas Cha-co
y Andina y Transredes. Este nuevo ordena-miento
se efectúa como empresa en unidades
de negocios en el marco de la entonces Ley de

Infraestructura petrolera de YPFB paso a manos privadas.
Hidrocarburos vigente y la creación de la Vice-presidencia
de Negociaciones Internacionales
y Contratos, dependiente de YPFB.
Mediante Decreto Supremo Nº 24430
de 5 de diciembre de 1996, Gonzalo Sánchez
de Lozada, dispuso la capitalización de la Em-presa
Petrolera Chaco Sociedad de Economía
Mixta (EPCHA S.A.M.), en cumplimiento de lo
previsto por el artículo tercero de la Ley de Ca-pitalización.
En ese marco, se adjudica en fa-vor
del proponente Amoco Bolivia Petroleum
Company, las acciones a ser emitidas para la
capitalización de Chaco por $us 306.667.001.
En esa misma fecha, Goni dispone (De-creto
Supremo Nº 24429) la capitalización
de la Empresa Petrolera Andina Sociedad
de Economía Mixta (EPAN S.A.M.), en cum-plimiento
de la misma norma y se adjudica
en favor del consorcio YPF - Perez Companc
- Pluspetrol, las acciones a ser emitidas para la
capitalización de Andina por el monto de $us
264.777.021.
Asimismo, mediante Decreto Supremo
Nº 24431 de 05 de diciembre de 1996, Goni
adjudica en favor del Consorcio Enron Trans-portadora
(Bolivia) S.A. - Shell Overseas Hol-ding
Ltd., las acciones a ser emitidas para la
capitalización de la Transportadora Boliviana
de Hidrocarburos Sociedad de Economía Mix-ta
(TBH S.A.M.), al haber ofertado la propues-ta
económica por el monto más alto, que as-cendió
a la suma de $us. 263.500.000, dentro
de la “Licitación Pública Internacional para la
Capitalización de YPFB.
“Transredes registra buenas ganancias en los
primeros tres años, pero tiene pérdidas el
2000; Chaco tiene un comportamiento inver-so:
de pérdidas significativas en 1997 y 1998
pasa a registrar excelentes resultados entre
1999 y el 2000, mientras que Andina obtuvo
utilidades todos los años con una tendencia
ascendente”, según las ganancias netas de las
capitalizadas en el período 1997 - 2000, citada
por una publicación oficialista difundida sobre
la marcha de ese proceso.
Al concluir la gestión 1996, el gobierno
de Goni entregó en forma gratuita las reser-vas
probadas de gas y petróleo a las empresas
transnacionales, que lograron constituir un
aparato estatal para el beneficio del poder pe-trolero.
El economista Carlos Villegas, en su libro
“Privatización de la industria petrolera en Boli-via”,
sostiene que si bien el Estado es propie-tario
de las reservas de gas natural mientras
estas reservas se encuentran bajo tierra, la
propiedad de éstas pasa a manos de las em-presas
petroleras transnacionales o contratis-tas,
cuando estas reservas se encuentran en la
fase de producción o cuando son declaradas
como campos comerciales.
“En estas condiciones, las compañías
petroleras extranjeras adquirieron el derecho
de propiedad de la producción en boca de
pozo; en términos sencillos, se enajenaron los
yacimientos hidrocarburíferos desde el mo-mento
en el que éstos salieran a la superficie
(…) Tanto la ley como el decreto de Sánchez
de Lozada vulneraron el principio constitucio-nal
sobre la propiedad nacional de los hidro-carburos
al discriminar dolosamente que la
propiedad de los mismos era del Estado bajo
tierra, pero en boca de pozo les pertenecía a
las transnacionales que no sólo se apropiaron
del excedente hidrocarburífero, sino además,
del uso de los recursos incluyendo su libre
comercialización”.65
Los gobiernos de Jaime Paz Zamora y de Gon-zalo
Sánchez de Lozada se encargaron de ate-nuar
una apertura legal para la incursión de
capitales externos a través de las leyes de In-versiones,
de capitalización, de hidrocarburos
y de privatización, además de modificaciones
al sistema tributario.
65 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS, La Nacionalización del
siglo XXI. 111 años de historia petrolera, SE, La Paz – Bolivia
2007, pág. 71.
El acuerdo gasífero con Brasil
En 1993, Bolivia y Brasil firmaron el pri-mer
acuerdo de exportación de gas y el 14 de
agosto de 1996, el presidente ejecutivo de
YPFB, Arturo Castaños y el máximo represen-tante
de Petrobras, Joel Méndez Renno, firma-ron
un contrato definitivo de compra-venta
del energético por 20 años contados a partir
de 1999. El 4 de septiembre de 1996, se firmó
el contrato de construcción del gasoducto a
Brasil que tiene una extensión de 3.150 kiló-metros
y una capacidad de transporte de 30
MMmcd de gas natural.
Antes de que se consolide la venta
de gas a Brasil, los capitalizadores de turno

prometieron una composición accionaria so-bre
el gasoducto de 85% para YPFB y 15% para
Petrobras, sin embargo esos porcentajes fue-ron
manipulados de tal forma que la compo-sición
final fue la siguiente: 59.5% para Enron-
Shell, 25.5% para YPFB y 15% para Petrobras.
En 1996, se firmó el contrato de gas a
Brasil en el que originalmente se fijó la venta
de 16 MMmcd pero posteriormente a través
de dos adendas al contrato, se modificó ese
volumen a 18 MMmcd y 30 MMmcd respec-tivamente.
Este incremento en el cupo fue
justificado por Brasil a raíz de la instalación de
centrales termoeléctricas para garantizar el
consumo previsto.
Empero, nunca se llegó a concretar esa
infraestructura. En 2003 Brasil debía consumir
24,6 MMmcd pero el volumen exportado en
esa gestión sólo alcanzó a 11 MMmcd. A par-tir
de 2004, Brasil debía comprar 30 MMmcd
pero sólo alcanzó a 26 ó 27 MMmcd.
“En el marco del Take or pay (toma o
paga) –sistema de contrato de compra venta
de gas adoptado por Bolivia y Brasil, que invo-lucraba
el pago por los volúmenes de gas com-prometidos
en el contrato GSA, aún cuando
éstos no hubiesen sido utilizados efectivamen-te-
se generó en los últimos años una deuda
de millones de dólares que es constantemen-te
reajustada, en medio de intensas negocia-ciones
pues también se cuestiona la capacidad
boliviana para el cumplimiento de los volúme-nes
de gas comprometidos”.66
El precio de exportación se calculó por
millón de unidades térmicas británicas (BTU) y
se determinó por una fórmula compleja cuyo
componente es un precio base estipulado en
el mismo contrato que varía por años entre
siglo XXI, pág. 78, 2007, La Paz – Bolivia
0,95 de dólar por millón de BTU para el primer
año y 1,06 dólares para el último.
“El segundo componente contempla un
factor de ponderación en base a una canasta
de combustibles (fuel oils), sujeta a variacio-nes
de precios en el mercado internacional
del petróleo. Si suben estos precios, también
aumenta el precio de venta del gas. En vista de
que esta fue una constante por varios años, y
en función del aumento del precio del gas, el
gobierno brasileño solicitó la revisión del con-trato
y el cambio de sistema por el de banda
de precios que definiese límites o bandas infe-riores
y superiores. Sobre este asunto, los es-pecialistas
consideraban que el sistema Take or
pay era desfavorable a los intereses brasileños
aunque beneficiara a las transnacionales”.67
Otro reclamo de Brasil se relaciona a los
precios de gas en el punto final de distribución
(city gates), donde operaban las distribuidoras
brasileñas. Por ello, también se planteó la revi-sión
de los precios en toda la cadena así como
de los volúmenes comprometidos.
El incremento del precio de las tarifas
de transporte del gas también constituyó otro
punto de discusión. La superintendencia del
sector era la que fijaba las tarifas de transpor-te
desde los campos de producción hasta la
frontera. Esta tarifa se conocía como “estam-pilla”
porque contemplaba un costo fijo, por
este concepto. Desde el año 2003, Transredes
cobró 0,2481 centavos de dólar por MM/BTU.
Para todos los campos en Bolivia el pre-cio
del gas en boca de pozo se calculaba en
función del precio del gas en Río Grande al
que se le restaba la tarifa de transporte. Este
precio fluctuaba de 0,88 y 1,54 dólares por
millón de BTU; sin embargo, posteriormente
experimentó una tendencia ascendente por
El ministro de Minas de Brasil, Rodolpho Tourinho y el presidente Hugo Banzer en la apertura de válvulas
en la planta de compresión de Río Grande, Santa Cruz.
las variaciones del precio del mercado inter-nacional.
Por tanto, hubo un mayor beneficio
para los departamentos productores y el TGN.
Un hito histórico se registró el 1 de ju-lio
de 1999 en Río Grande con la exportación
de gas natural a Brasil en cumplimiento a los
contratos de compra venta. Con la apertura de
válvulas desde la Planta de Compresión de Río
Grande y el inicio de la venta del energético a
Brasil, Bolivia se conviertía en el país líder de
la oferta y consolidaba la integración energéti-ca
en la región.
Aproximadamente 38 años de negocia-ción
antecedieron al proceso de esta compra
–venta. El 22 de mayo de 1974 los presidentes
de Bolivia, Hugo Banzer y de Brasil, Ernes-to
Geisel, suscribieron en Cochabamba un
“Acuerdo de cooperación y complementación
industrial” por el que se intentó comercializar,
por primera vez, 240 MMpcd al Brasil.
En la gestión de 1999, se exportaron
2,18 MMmcd a Brasil y redituó 15,2 millones
de dólares al país, es decir, un 2,96% de las
exportaciones totales de Bolivia. En el año
2001 se exportó 11,6 MMmcd por más de 220
millones de dólares y representó un 17,7% de
todo los exportado por Bolivia.
Con la participación de los presidentes
Hugo Banzer Suárez de Bolivia y Fernando
Enrique Cardoso de Brasil, el 16 de marzo de

El entonces presidente de YPFB, José Saavedra Banzer y el Joel Mendes Rennó de Petrobras estampan
su firma en el convenio de venta de gas a Brasil.
Exportación de gas a la Argentina
El 21 de abril de 1968, Bolivia suscribió
el primer contrato de venta de gas a Argen-tina
pero la comercialización se inició recién
en 1972. A partir de mayo de ese año, Bolivia
concretó uno de los logros más importantes,
pues bajo esta normativa se concreta la expor-tación
de gas natural al vecino país.
A partir de ese mes, YPFB despacha un
volumen de 148 millones de pies cúbicos por
día (MMpcd). De acuerdo a contrato, durante
los primeros siete años se enviaría este caudal
para después incrementar a 167 MMpcd por
los restantes 13 años, según el Libro de Oro de
la estatal petrolera.
De acuerdo a la Ley de Hidrocarburos
de Banzer, correspondía a Yacimientos Petro-líferos
Fiscales Bolivianos, con carácter exclusi-vo,
vender y exportar, mediante negociaciones
directas, los hidrocarburos en su estado natu-ral,
semi-elaborados, elaborados y los produc-tos
y subproductos de los mismos, sin excep-ción
alguna, considerando los requerimientos
del mercado interno.
La conclusión de las plantas de gas de los
campos de Colpa y Río Grande y el Gasoducto
Santa Cruz-Yacuiba, contribuyeron a la expor-tación
del energético que se incrementó en
volumen y en ingresos para YPFB.
“El rubro de exportaciones tuvo un com-portamiento
altamente positivo, no solamen-te
desde el punto de vista empresarial, sino
además, como fuente generadora de divisas
para la economía nacional.
El volumen de petróleo exportado pro-medio
32.450 BPD y los ingresos por este con-cepto
fueron de 48,9 millones de $us; el gas
Inauguración de la exportación de gas boliviano a la República de Argentina.
2000, los presidentes de YPFB, Carlos Salinas
Estenssoro y de Petrobras, Philippe Reichstul,
suscribieron el Addendum N° 2 al contrato de
compra y venta de gas de 1996 permitiendo el
suministro de un volumen adicional al estipula-do
originalmente. Desde el 2004 las cantidades
contratadas alcanzan a 30,08 MMmcd.
En los últimos años, Brasil pretendió re-visar
el contrato GSA y el sistema Take or pay,
priorizando la reducción de precios y la revisión
de los volúmenes comprometidos. En 2007 Bo-livia
logró un incremento en el precio del gas
natural a Cuiabá de 1,09 a 4,30 dólares por
MM/BTU, además se incluyó el pago de valor
de líquidos por el GSA.
Sin embargo, Bolivia no solo cedió precios
bajos y otras ventajas a Petrobras, sino que la
contraparte brasileña recibió la colaboración
de técnicos bolivianos que habían trabajado en
YPFB y que conocían muy bien la situación de la
estatal petrolera. Un ejemplo notorio fue el de
Arturo Castaños, quien fue presidente de YPFB
en el período capitalizador y posteriormente
desempeñó funciones como representante de
Petrobras en Bolivia.
En 1997, se efectivizó la suscripción del
contrato de Construcción del Gasoducto al
Brasil, sector boliviano y se firmó el contrato
ampliado de compra-venta de gas natural a la
República Argentina entre YPFB y YPF S.A. que
establece un suministro de 24 meses prorroga-bles
a 36 con un volumen de 6,1 MMmcd.

Brigadier Calos Alberto Rey Vicepresidente de Argentina y el coronel, Hugo Banzer inician el contrato gasìfero.
exportado comenzó a mostrar su peso al ge-nerar
18,8 millones de $us”.68
El dinero percibido por la venta del ener-gético
generó una suma abultada; pero en los
hechos esos ingresos no contribuyeron signifi-cativamente
al país ni a YPFB, pues casi en su
totalidad fueron destinados al gasto corriente
y al pago de la deuda externa.
“Los vaivenes del mercado internacio-nal
determinaron que los precios de expor-tación
de gas, durante ese lapso, presenten
variaciones significativas que registraron su
máximo en 1987, cuando se llegó a un precio
de 4,46 dólares el MPC. Fue en ese mismo año,
cuando Bolivia y Argentina pactaron una nue-va
fórmula sujeta a los precios de los combus-tibles
basada en los mercados de Rotterdam,
Amsterdam y Mediterráneo”.69
En 1999 se reinició la exportación de gas
natural a la Argentina a través del gasoducto
Madrejones-Campo Durán. Entre 1999 y 2002,
las exportaciones del energético al país vecino
no dejaron un saldo favorable al país, pues el
negocio fue poco beneficioso para los intere-ses
nacionales por la drástica disminución de
volúmenes y valores exportados.
En 2004, los presidentes Carlos Mesa de
Bolivia y Néstor Kirchner de Argentina, perfi-laron
las condiciones de un nuevo acuerdo de
comercialización de gas en condiciones con-cesionales
y a un “precio solidario”.
Banzer y “Tuto” cierran la capitalización
Luego de asumir el mando de la nación en
agosto de 1997 a través de la vía democrática,
el Gral. Hugo Banzer Suárez afronta una crisis
económica y la recesión lleva a una caída del
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Banzer y su gobierno de megacoalición
(ADN, MIR, NFR, CONDEPA, PDC, FRI y UCS)
aprobaron el DS Nº 24880 mediante el cual se
autoriza a YPFB proceder al reordenamiento
de todos sus activos, bienes, valores, acciones
y derechos de su propiedad, en el objetivo de
determinar los bienes prescindibles, incluyen-do
los equipos de perforación, excepto los ne-cesarios
para los emprendimientos previstos.
Los bienes declarados prescindibles
deberán ser valorizados necesariamente por
evaluadores independientes, para establecer
el valor del mercado referencial en el momen-to
de su transferencia.
Una vez realizado el reordenamiento, se
autoriza a YPFB por esta única vez y con ca-rácter
exclusivo, considerar la transferencia en
forma onerosa de sus activos y bienes declara-dos
prescindibles en favor de cualquier tipo de
sociedades previstas en el Código de Comer-cio
boliviano.
El gobierno de ADN privatizó lo que que-daba
de la cadena productiva de hidrocarbu-ros
y lo que hasta ese entonces permanecía
bajo tuición de YPFB. Se trataba del denomi-nado
downstream que abarcaba las fases de
refinación, comercialización y almacenaje de
la cadena productiva. Con este paso, se elimi-nó
definitivamente la participación residual
estatal en la cadena de hidrocarburos.
En ese proceso, participó el ingeniero
químico Hugo del Granado Cossío, quien en-tre
las gestiones 1997 y 2000 fue vicepresi-dente
de Administración y Finanzas de YPFB
asumiendo una actitud entreguista y privatiza-dora
de la estatal petrolera junto al entonces
presidente de YPFB, Carlos Salinas Estenssoro,
quien se desempeñó como presidente de la
estatal petrolera en ese mismo período.
En 1998 la producción de gas fue de
189.606 millones de pies cúbicos y la expor-tación
del energético a la República Argentina
fue de $us 55,8 millones. Además, se firmaron

Inauguracion del gasoducto a la Argentina 1972.
nueve contratos de riesgo compartido para la
exploración y explotación de hidrocarburos
entre YPFB y las empresas petroleras naciona-les
y extranjeras.
En ese mismo año, en el marco del pro-ceso
de privatización, fueron transferidas las
estaciones de servicio en aeropuertos y las
plantas de almacenaje de carburantes y poli-ductos.
Asimismo, se oficializó el 7 de diciem-bre
de 1999 la transferencia de las refinerías
Gualberto Villarroel de Cochabamba y Gui-llermo
Elder Bell de Santa Cruz a la Empresa
Boliviana de Refinación (EBR S.A.) conforma-da
por Petrobras de Brasil y Pérez Companc de
Argentina. Como resultado de la privatización
de ambas refinerías, los activos de YPFB tuvie-ron
un decremento del 22.5% al 31 de diciem-bre
de 1999.
Sobre una base de 102 millones de dó-lares,
se privatizaron ambas refinerías lo que
significó el cierre de un ciclo histórico de YPFB.
La empresa Oil Tankin se adjudicó la Compa-ñía
Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB).
“Después de 63 años de haberse constituido
en la principal empresa productiva del país,
YPFB concluyó en 1999 un proceso histórico
de permanente presencia a lo largo y ancho
de nuestra geografía como factor de integra-ción
y positivo aporte al desarrollo nacional”.70
La administración capitalizadora, infor-mó
“(…) como resultado de las tareas de ex-ploración
desarrolladas por los contratistas,
las reservas nacionales en campos existentes
registraron un incremento significativo. “Las
reservas nacionales de gas natural probadas
más probables de hidrocarburos y certifica-das
por la consultora internacional DeGolyer
& MacNaughton han experimentado al 1 de
enero de 2001”. 71
Reservas 1997 1998 1999 2000 2001
Gas Natural
(TCF) 5.69 6.62 8.58 32.21 46.83
Petróleo
condensado
200.9 216.7 240.5 692.0 892.0
(MMBbl)
Los contratos de riesgo compartido para
la exploración, explotación y comercialización
de hidrocarburos suscritos por la estatal pe-trolera
con diferentes empresas llegaron a 84
al 31 de diciembre de 2001. Similar número
de contratos se registró en 2002. Resultado
de las actividades de perforación, las reser-vas
hidrocarburíferas certificadas por DeGo-lyer
& MacNaughton, tuvieron un crecimien-to:
las de petróleo / condensado llegaron a
951,9 millones de barriles y las probadas más
70 YPFB, Memoria Anual 1999, SE, La Paz – Bolivia, 1999, pág. 3.
probables de gas natural ascendieron a 54,9
trillones de pies cúbicos (TCF), por sus siglas
en inglés.
Ese año, YPFB asume la responsabilidad
del Plan Nacional de Conexiones de Gas Do-miciliario
que en su primera fase contempla
20.000 nuevas conexiones gratuitas de gas
domiciliario en las ciudades de La Paz, El Alto,
Oruro, Potosí y Camiri con materiales existen-tes
en almacenes de la estatal petrolera.
Un cáncer en el pulmón obligó a Banzer
a renunciar a su cargo el 7 de agosto de 2001
y, por tanto, mediante sucesión constitucional,
el vicepresidente de la República, Jorge Quiro-ga
Ramírez, se hizo cargo del gobierno hasta
las elecciones del año siguiente.
Tuto Quiroga pudo recuperar a favor del
Estado las parcelas que las petroleras no per-foraron,
como establecía la Ley de Hidrocar-buros
que heredó de Sánchez de Lozada.
Sin embargo, Tuto Quiroga, en un acto
ilegal, el 4 de octubre de 2001 emitió el DS
26366 que privó al país de 1.300 millones de
dólares al evitar que las petroleras invirtie-ran
en la perforación a razón de un pozo por
parcela. Esta normativa las benefició porque
ampliaba las facilidades de explotación de las
áreas que se les había entregado. Los sectores
sociales calificaron a este ilícito como un rega-lo
que beneficiaba a las petroleras.
En su programa de gobierno de “12 me-ses”,
en materia de hidrocarburos, Quiroga
inició la denominada “diplomacia del gas” con
el gobierno de George Bush y propuso el Pro-yecto
Pacífic LNG con la finalidad de promo-ver
acuerdos para transportar, transformar y
exportar gas natural a mercados de México y
Estados Unidos por puertos del Pacífico.
El 4 de diciembre de 2001, se sus-cribió
en Washington un Memorando de

Entendimiento entre Sempra Energy y
Pacific LNG, consorcio integrado por Rep-sol
YPF, British Gas (BG), Pan American
Energy LLC, en el que se acuerda nego-ciar
las condiciones para el suministro de
un volumen promedio de 800 MMpcd de
gas natural boliviano, para una planta de
regasificación en la costa del Pacífico que
operarán conjuntamente Sempra Energy
y CMS Energy Corporation para el abaste-cimiento
del mercado del sudoeste de los
Estados Unidos.
“El frustrado proyecto de expor-tación
de gas natural a los mercados de
Norteamérica a través de un puerto chi-leno,
es la última ofensiva del proceso de
privatización de YPFB y la nueva Ley de
Hidrocarburos. Bajo esas condiciones, las
transnacionales del consorcio Pacific LNG
pretendieron determinar las reglas de un
juego dentro del cual el Estado boliviano
sería solamente un medio diplomático
capaz de facilitar los trámites de moviliza-ción
internacional del gas natural”.72
El fracaso de este proyecto energéti-co
encarado por los gobiernos neolibera-les,
se debió a un rechazo popular encabe-zado
por diferentes movimientos sociales
72 GANDARILLAS, M. Tahbub, Nacionalización de los hidro-carburos
en Bolivia, Ed. Icaria, Madrid – España, 2008 ,
pág. 93.
y por el diferendo histórico que se tiene
con Chile.
En síntesis, en la gestión de Banzer
se firmaron otros 32 contratos de riesgo
compartido y en la de Tuto Quiroga se pro-mulgó
la Ley 1981 con la que se liquidó de-finitivamente
a YPFB y firmó otros cuatro
contratos de riesgo compartido.
Entre el 8 y el 21 de abril de 2000
la Coordinadora de Defensa del Agua y la
Vida y las organizaciones campesinas de
Cochabamba, protagonizaron de la prime-ra
lucha contra la privatización del sistema
público de tratamiento y distribución de
agua y protestaron la firma de un contrato
de concesión de servicios con el consorcio
transnacional Aguas del Tunari.
En septiembre de ese mismo año
se produjo un levantamiento indígena en
el altiplano paceño que demandó la rea-lización
de programas de desarrollo para
el área rural, oposición a la nueva Ley de
Tierras y el rechazo a las medidas privati-zadoras
del gobierno.
A partir de ese año salió a relucir la
capacidad social interpelatoria contra la
privatización o entrega de los recursos na-turales
no renovables a las multinaciona-les.
Gonzalo Sanchez de Lozada junto a su ministro de Hacienda, Javier Comboni.
Nefasto retorno
Con un plan de emergencia denomi-nado
“Sí se puede”, Gonzalo Sánchez de
Lozada retorna al esquema gubernamental
el año 2002 acompañado del periodista
Carlos Mesa. Los escasos resultados electo-rales
obligaron a Goni a armar una alianza
con el MIR y UCS.
Desde agosto de ese año, el gobierno
del MNR se encargó nuevamente de armar
un gigantesco aparato de propaganda para
publicitar el “mal estado de la economía
nacional, el elevado déficit fiscal calculado
en 8,5% del PIB y la consecuente descapita-lización
de las arcas públicas que obligaban
a un ajuste”.
Ante el pedido clamoroso de las dife-rentes
organizaciones de la sociedad civil
de modificar la Ley de Hidrocarburos que
favorecía a las compañías extranjeras, esa
administración niega la petición y dilata el
curso de las negociaciones.
La política de hidrocarburos del MNR pre-suntamente
buscaba desarrollar a plenitud
el potencial hidrocarburífero y energético

Al primer semestre de su gestión, Sán-chez
de Lozada ya enfrentaba los reclamos
de los movimientos sociales, ordenando una
serie de tareas de represión para lo cual ins-truyó
la conformación de fuerzas combinadas
entre militares y policías.
En febrero de 2003, en un mensaje tele-visado
al país, Goni anunció con alarma que el
gobierno precisaba de mayores ingresos para
bajar el déficit fiscal en tres puntos porcentua-les.
Para entonces, alegaba era imprescindible
un cambio en el sistema impositivo a través de
reformas y la aplicación de un nuevo impuesto
al salario.
El 10 de febrero, se presentó al país el
nuevo impuesto a los salarios progresivo y
no deducible de hasta 12,5%. Mediante ese
¿ CÓMO SE R EDUCE EL
DÉFI CI T FI SCAL?
del país, además de dotar a la mayoría de los
bolivianos de energía domiciliaria e industrial
barata y limpia. Goni y Mesa prometen ade-más
en su Plan de Emergencia conformar un
Consejo Nacional de Energía y ampliar el mer-cado
del Brasil duplicando el actual volumen
contratado, reabrir el mercado a la Argentina
y abrir los mercados de Chile, México y Califor-nia,
Estados Unidos.
La capitalización y/o privatización del
sector de hidrocarburos, asignó una mayor
participación a la inversión extranjera petro-lera,
en tanto que YPFB quedó como una par-ticipación
marginal, dedicada exclusivamente
a la supervisión, suscripción de contratos de
riesgo compartido y meros trámites adminis-trativos.
Progresividad en el RC-IVA
El impuestazo al salario y su progresividad
Salario Tasa
Bruto Efectiva
28,880
26,880
24,880
8 80 0.0%
1 ,320 4.2%
1 ,760 6.3%
2 ,000 7.0%
3 ,000 8.8%
4 ,000 9.8%
5 ,000 10.3%
6 ,000 10.7%
8 ,000 11.1%
1 0,000 11.4%
2 0,000 12.0% 880
2 9,900 12.1%
22,880
20,880
18,880
16,880
14,880
12,880
10,880
8,880
6,880
4,880
2,880
En bolivianos
13.0%
12.0%
11.0%
Tasa efectiva RC-IVA
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
Salario Bruto Tasa Efectiva
Proyecto de presupuesto general de la nación 2003.
Fuente|: Ministerio de Hacienda.
tributo se pretendía recaudar los ingresos fis-cales
que no generaba el IVA, que hasta ese
momento posibilitaba a los bolivianos deducir
con facturas el consumo hasta un total de 13%
sobre la renta personal.
Apenas oficializada por el ministro de
Hacienda, Javier Comboni, la medida fue ca-lificada
como “impuestazo” y provocó la in-mediata
resistencia social por el sector menos
previsible, los miembros del Grupo Especial
de Seguridad (GES), dependiente de la Policía
Nacional, se amotinaron.
La oposición a la cabeza de NFR (tienda
política que más tarde se sumó al gobierno
de Goni) y el MAS lanzó las primeras voces de
protesta y resistencia a
la política fiscal de ajus-te
que se sobrecargaba
sobre el pueblo. El jefe
de NFR, Manfred Reyes
Villa, dijo que estaba
dispuesto a coordinar
acciones con la oposi-ción,
para rechazar la
propuesta de presu-puesto
presentada por
El motín policial dejó
desprotegido al Palacio
de Gobierno y por ende
a la ciudad de La Paz.
el Ejecutivo que incluía
un impuesto de 12,5% al salario.
Por su parte, el MAS, advirtió que asu-miría
medidas de protesta junto al denomina-do
Estado Mayor del Pueblo. En lo inmediato,
este partido propondría en el Parlamento una
reducción del 50% a las dietas de los par-lamentarios,
ministros, superintendentes y
miembros de la Corte Suprema de Justicia,
además de la eliminación total de los “gastos
reservados” y el rechazo al impuesto a los tra-bajadores.
Luego de una reunión convocada de
emergencia, el presidente de la Confede-ración
de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB), Carlos Calvo, expresó el malestar del
sector. “Rechazamos, repudiamos el impues-tazo
y estamos dispuestos, si es necesario
para lograr ello, que tampoco se rebaje el
IVA y el impuesto a las transacciones en me-dio
por ciento, si eso va a coadyuvar a que la
población asalariada no tenga que sufrir este
impuestazo”.
El 12 de febrero de 2003 estalló una de
las rebeliones populares más intensas regis-tradas
en la historia del país, que luego sería
recordada como “Febrero negro”. La clase go-bernante
nunca imaginó los acontecimientos
que se gestarían a pocos pasos de Palacio de
Gobierno, en el Grupo Especial de Seguridad.
El motín policial, li-derado
por el Suboficial
Daniel Cahuana y el Ma-yor
David Vargas deman-dó
un aumento del 40%
en sus salarios, ropa de
trabajo y alimentos, ade-más
de la elevación del
bono alimenticio trimes-tral,
la eliminación de
los aportes a COVIPOL,
el mejoramiento de la
infraestructura policial y la devolución de los
aportes al Club Litoral.
El motín policial dejó desprotegido al
Palacio de Gobierno, y por ende a la ciudad
de La Paz, provocando inseguridad ciudadana.
Por dos días reinó el desgobierno y la inesta-bilidad
se adueñó del país.
Los estudiantes del Colegio Nacional
Ayacucho que protagonizaron coincidente-mente
una marcha de protesta por la desti-tución
de su director, encendieron la chispa
de los enfrentamientos entre efectivos de la
Policía y el Ejército. Cuando pasaban por Pala-cio
de Gobierno, empezaron a apedrear este

edificio provocando el enfrentamiento entre
uniformados que derivó en la pérdida de 16
vidas humanas.
Fueron dos días de violencia caracte-rizados
por saqueos a centros comerciales y
entidades bancarias, incendios de edificios
públicos y pérdida de valiosa información, en
el caso de la biblioteca del Congreso Nacional.
Mientras la Plaza Murillo seguía siendo
escenario del enfrentamiento con armas de
fuego entre policías amotinados y militares
del Regimiento de Colorados, cientos de ma-nifestantes
atacaron la sede del Ministerio de
Trabajo, la Vicepresidencia de la República y
el Ministerio de Desarrollo Sostenible, incen-diando
algunas de sus oficinas.
La inactividad policial facilitó el saqueo
de tiendas comerciales y el ataque sedes
bancarias y oficinas de los partidos políticos
de la coalición de gobierno. La primera fue la
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR), y luego la del Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), y por último la de Uni-dad
Cívica y Solidaridad (UCS).
Ante estos sucesos el Poder Ejecutivo
emitió un decreto en el que declara feriado
bancario y suspensión de actividades públicas
y privadas el jueves 13 de febrero de 2003 en
todo el territorio nacional debido a la crítica
situación social.
Las portadas de algunos de los medios
de la prensa, son especialmente expresivos:
“Violencia y muerte anulan el impuestazo”, ti-tula
“Los Tiempos”. “Presidente anuló impues-tazo
y pide que Dios salve a Bolivia”, escribe
“El Mundo”. Por su parte, “El Deber” tituló: “El
impuestazo se borró con sangre”.
Ese mismo día el gobierno decidió reti-rar
el proyecto del PGN 2003 con el propósi-to
de empezar un proceso de diálogo entre
los bolivianos. En un mensaje a la nación, el
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada expre-só
su pesar y sentir por los enfrentamientos
que se registraron entre uniformados a quie-nes
ordenó replegarse.
Sánchez de Lozada anunció que retiraba
el proyecto de la Ley Financial, que había en-viado
al Parlamento Nacional para su aproba-ción,
debido a los enfrentamientos entre dos
instituciones que tradicionalmente son el res-paldo
del país.
El 14 de febrero, Bolivia volvió a una
normalidad relativa y Sánchez de Lozada dio
por superado el conflicto con la firma de un
acuerdo de 19 puntos con los policías. Según
el documento, el Gobierno se compromete a
entregar una indemnización de diez mil dó-lares
a cada una de las viudas de los policías
fallecidos y el Comando General asignará un
puesto de trabajo a las viudas o hijos de los
uniformados caídos en la Plaza Murillo. El Eje-cutivo
se comprometió a mejoras salariales,
sociales, planes de formación, adecuación de
instalaciones y cuarteles policiales.
El 15 de febrero el Poder Ejecutivo de-nunció
“un intento de golpe de Estado y de
asesinato al Presidente de la República” tras
la refriega de las fuerzas del orden.
Las autoridades no admitieron respon-sabilidades
por los sucesos de violencia y el
16 del mismo mes el Jefe de Estado pidió a la
Organización de Estados Americanos (OEA) y
al Fiscal General de la República investigar los
sucesos del 12 y 13 de febrero.
Después de la masacre de febrero, la
transnacional Repsol, anunció que congeló el
proyecto LNG de exportación de gas boliviano
a Chile debido a la inestabilidad política del
país. “Bolivia no disfruta de su mayor momen-to
de estabilidad y el proyecto está congela-do”,
indicó el vicepresidente de exploración y
producción de Repsol.
El descontento de la población también derivó en la quema del edificio de la Vicepresidencia.

Los líderes de la coaliación gobernante a la que se sumó NFR en agosto de 2003.
La Nueva Fuerza Republicana (NFR) in-gresa
al gobierno en agosto de 2003. En su
mensaje, Sánchez de Lozada, ponderó la capi-talización
asegurando que permitió inversio-nes
que sirvieron de colchón para amortiguar
el golpe de la crisis económica.
Le pidió al diputado y dirigente coca-lero
Evo Morales “pasar de la protesta a la
propuesta”. Respecto del gas natural, Goni
prometió que promovería un diálogo nacional
para definir su exportación. Sin embargo, de-cidió
que el gas de Tarija sería explotado por
el consorcio Pacific LNG y, sería exportado, a
través de Chile a los mercados de México y Ca-lifornia.
De ese modo, retornó a la mesa de dis-cusión
la necesidad de elegir un puerto de ex-portación,
pero el gobierno del MNR se decla-ró
abiertamente partidario de optar por Chile
alegando que esa salida hacia el Pacífico era
más viable técnica y financieramente debido a
sus bajos costos.
Ante esta situación, el Consejo Supremo
de Defensa Nacional (COSDENA) recomendó
en agosto de 2003 revisar las leyes de Capi-talización
y de Hidrocarburos porque en ellas
radicaba el origen de todos los problemas na-cionales,
políticos y económicos. Pero el movi-mientismo
ignoró deliberadamente las atribu-ciones
constitucionales de esa entidad.
Bajo este contexto, el pueblo boliviano
salió nuevamente a las calles a mediados de
septiembre de 2003 e inició una ola de pro-testas
contra los planes oficialistas sobre el
futuro del gas boliviano y su eventual expor-tación
a mercados de ultramar por un puerto
de Chile, país con el que Bolivia mantiene un
diferendo histórico por el acceso al mar.
La primera accción
masiva de la guerra
del gas la protagonizó
el pueblo alteño.
La guerra del gas y ”octubre negro”
Una marcha pacífica que partió de Caracollo, entre Oruro y La
Paz, organizada por la Central Obrera Regional (COR) de El Alto con el
objetivo de rechazar la venta del gas y exigir su industrialización dio
origen al uno de los mayores movimientos sociales por la defensa de
los recursos naturales. Este frente unido tuvo la activa participación
de los principales dirigentes campesinos como Felipe Quispe de la
CSUTCB y Evo Morales de las Seis Federaciones de Cocaleros del Tró-pico
de Cochabamba.
Los bloqueos de caminos comenzaron el 15 de septiembre de
2003. Campesinos de la provincia Omasuyos cerraron la carretera
que une La Paz con Achacachi, Warisata, Sorata y Copacabana.
El autodenominado Estado Mayor del Pueblo convocó el 19 de
septiembre a una gran manifestación. En la protesta, intelectuales,
analistas y técnicos en temas petroleros manifestaron abierto recha-zo
a la venta de gas por Chile.
Una misión de “rescate” del Ejército dirigida por el entonces mi-nistro
de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, ingresó el 20 de septiem-bre
de 2003 a las poblaciones de Sorata y Warisata con la finalidad
de romper el cerco que impedía la salida de un grupo de turistas y
comerciantes. Posteriormente, se desencadenaron enfrentamientos
que duraron todo el día. Cuatro civiles y un soldado resultaron muer-tos,
además de 23 heridos y cinco detenidos.
Entre la última semana de septiembre y la primera de octubre
de 2003, con la consolidación de la participación de la COB y el MAS
en los movimientos de rechazo a la exportación de gas, el conflicto
creció y alcanzó a La Paz, que fue paralizada por marchas diarias de
miles de rentistas, maestros urbanos y micro prestatarios.
El Alto protagonizó la primera acción masiva de protesta el 11
de octubre, cuando 5.000 vecinos, organizados en cabildos, rodearon
la planta de Senkata para impedir la salida de 32 camiones cisternas,
cerrando la avenida 6 de marzo de la urbe alteña. Este hecho provocó
enfrentamientos entre militares y la sociedad civil.
Desde el gobierno se manifestó que el Presidente estaba dis-puesto
a dialogar sobre el tema de la exportación de gas pero se acla-ró
que no se discutiría sobre los pedidos de su renuncia, ni mucho
menos se negociaría sobre una Asamblea Constituyente o del refe-réndum
porque “no eran figuras constitucionales”.
Nuevos choques entre manifestantes y uniformados se produ-jeron
el domingo 12 de octubre de 2003 en la tranca de Río Seco que

Las movilizaciones se radicalizaron en octubre de 2003, se desató la guerra del gas.
dejaron como saldo 26 muertos. A las 10:00
de ese día, el vicepresidente de la República,
Carlos Mesa, rompió su relación con Gonzalo
Sánchez de Lozada. “No puedo aceptar al pun-to
en que hemos llegado y no puedo aceptar
que no haya una sola razón que justifique la
muerte sucesiva, permanente, ininterrumpida
de compatriotas de nuestro país a lo largo de
estos días”, explicó Mesa su decisión, pero sin
renunciar a la Vicepresidencia.
“No voy a renunciar”, fue la respuesta de
Goni no solo a Mesa, sino a todos los sectores
en conflicto, en un mensaje al país transmitido
por los medios de información.
Poco después, el gobernante y sus alia-dos
políticos decidieron convocar a un refe-réndum
consultivo por departamento para
determinar la política de exportación de gas.
Además, el Ejecutivo se animó a ofrecer la
revisión de la Ley de Hidrocarburos pero en
un marco de concertación con las empresas
petroleras. Asimismo, aceptó convocar, a la
Asamblea Constituyente.
Al día siguiente, dirigentes políticos, sin-dicales,
campesinos y personajes representati-vos
de la clase media, calificaron la propuesta
gubernamental como tardía y extemporánea.
El pedido de las mayores era la renuncia defi-nitiva
de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Ante la masificación de la protesta que
fue reflejada por los medios de información,
éstos denunciaron haber recibido llamadas
del entorno palaciego exigiendo que en lugar
de difundir noticias sobre las movilizaciones,
La población rechazó la exportación de gas a EEUU por un puerto chileno.
FOTO: José Luis Quintana

El descontento social llegó hasta el altiplano con un prolongado bloqueo de caminos.
transmitieran música. También se decomisó
toda una edición del semanario Pulso que en
su principal titular pedía la renuncia de Goni
en nombre de la democracia.
A pesar de toda esta situación de con-vulsión,
el jueves 16 de octubre, Sánchez de
Lozada insistió en que su renuncia sería el fin
de la democracia y el inicio de una dictadura
“narcoterrorista” y “anarcosindical”.
El viernes 17 de octubre de 2003, el jefe
de NFR, Manfred Reyes Villa abandonó la coa-lición
gobernante pidiendo la dimisión del Pre-sidente
frente a la presión social.
Goni abandonó la residencia presiden-cial
de incógnito a las 17:05 de esa misma
fecha en una vagoneta. En el Colegio Militar
de Ejército de la zona de Irpavi lo esperaba un
helicóptero Lama de la Fuerza Aérea Boliviana
y un Kazán Ml-17 de la Fuerza Aérea Peruana.
En el primero Goni y sus allegados se traslada-ron
a la pista del Grupo Aéreo de Caza (GAC)
en El Alto y de allí se dirigieron a Santa Cruz.
“Al poner mi renuncia a consideración
del Honorable Congreso Nacional, lo hago con
la íntima convicción de que la aceptación de la

misma no corresponde ya que no se puede re-tirar
a un presidente elegido democráticamen-te,
por mecanismos de presión y de violencia
que están al margen de la ley”, manifestó el
hasta ese día presidente de Bolivia, Gonzalo
Sánchez de Lozada en una carta dirigida al
Congreso Nacional y que fue leída en una se-sión
especial del Parlamento.
Es día, cerca de las 10 de la noche, Car-los
Mesa, pronunciaba sus primeras palabras
como Presidente de la República, mientras
tanto, Goni y sus ex ministros Carlos Sánchez
Berzaín, Javier Tórrez Goitia y Mauricio Balcá-zar
huían en una aeronave con destino a Mia-mi,
Estados Unidos. De esta forma, concluyó
una fatídica gestión de 14 meses y dos días
con un saldo de 69 muertos y centenares de
heridos.
El “Ninja alteño”, vence una barricada levantada en la zona Alto Tejar de la ciudad de La Paz.

Carlos Mesa y el referéndum del gas
Al asumir el mando de la na-ción,
el 17 de octubre de 2003, Car-los
Mesa prometió convocar a un
referéndum vinculante para decidir
sobre la exportación de gas, modi-ficar
la Ley de Hidrocarburos vigen-te
y revisar el proceso de capitaliza-ción
de las empresas estatales.
La propuesta de Mesa pro-vocó
reacciones dispares. Mien-tras
las petroleras anunciaban su
acuerdo con las reformas y espe-raban
garantías para quedarse en
Bolivia, Tarija reaccionó contra el
referéndum e insistió en viabilizar
la exportación por Chile.
Mesa heredó una economía
en crisis con un crecimiento de 0%,
una inflación en ascenso, alto des-empleo
y un elevado desprestigio
en los indicadores internacionales
de riesgo para las inversiones.
El 18 de octubre se trasladó a
la urbe alteña donde participó en
la misa por los “héroes por la Gue-rra
del Gas” y dirigió un encendido
discurso en el que proclamó “ni ol-vido
ni venganza” ante una multi-tud.
Carlos Mesa, ex presi-dente
de la República
dio un paso al costado.
Mesa destituyó el 2 de abril de 2004,
al Delegado Presidencial para la Mejora de
la Capitalización, Juan Carlos Virreira, quien
demandó ante el Ministerio Público la anota-ción
preventiva de los bienes de la Enron en
el gasoducto a Brasil exigiendo la devolución
de 130 millones de dólares a favor del Estado
boliviano.
Con anterioridad Virreira había emitido
cinco polémicos informes que cuestionaron la
administración y fiscalización de las empresas
capitalizadas donde se hallaron serias irregu-laridades
administrativas, principalmente, en
el rubro petrolero.
El 14 de abril de 2004, Mesa presentó su
proyecto de Ley de Hidrocarburos que fue ela-borado
por técnicos y funcionarios de gobier-no.
La propuesta incluía una consulta con los
sectores sociales, previo envío del documento
al Parlamento.
El proyecto de 109 artículos priorizaba el
desarrollo de los planes regionales de expor-tación
e industrialización de mercados subre-gionales,
entre ellos Brasil, Argentina y Méxi-co.
Esta propuesta no alteraba el derecho de
propiedad de los hidrocarburos en manos de
las compañías que firmaron 79 contratos de
riesgo compartido aprobados por Gonzalo
Sánchez de Lozada, por tanto la vigencia de
los mismos se extendía hasta el año 2036.
Además la propuesta de Mesa ratificaba
la clasificación de hidrocarburos en “existen-tes
y nuevos”. En ese sentido, se planteó “una
estructura estable” para el pago de regalías
y participaciones que reprodujo el sistema
de 50% de pago para campos existentes y
18% para campos nuevos. Éstos últimos no
pagaban la regalía nacional complementaria
del 13% ni la participación nacional del 19%,
sumando 32%, que el Estado iba a dejar de
percibir por la renta de hidrocarburos. La no-vedad
planteada en esta posible normativa
fue un beneficio del 6% para el TGN, YPFB y la
Superintendencia de Hidrocarburos.
También se habilitaba la posibilidad de
liberar a las empresas de la obligación de efec-tuar
la perforación de al menos un pozo por
parcela y destinar la inversión programada a
diferentes proyectos hidrocarburíferos.
En materia de renta petrolera, la nove-dad
fue un Impuesto Complementario a los
Hidrocarburos (ICH) que en el plano político
constituía el reconocimiento que el Estado no
percibía ingresos acordes a los niveles de re-serva
y comercialización de hidrocarburos.
Mediante DS N° 25507, el 19 de mayo
de 2004, el gobierno de Mesa hizo conocer
públicamente las preguntas del “referéndum
vinculante” sobre la política energética. Sin
embargo, surgieron cuestionamientos por-que
se obvió la pregunta: ¿Está de acuerdo
con nacionalizar el gas y el petróleo en Boli-via?,
además se observó la ambigüedad de las
preguntas de esa consulta con un nítido sesgo
favorable a las transnacionales petroleras.
Las preguntas cerradas que figuraron en
la boleta del Referéndum Vinculante sobre la
política energética del país fueron:
¿Está usted de acuerdo con la abrogación de
la Ley de Hidrocarburos Nº 1689 promulgada
por Gonzalo Sánchez de Lozada?
SI NO
Según el entonces analista económico
Carlos Villegas el alcance de esta problemática
era insuficiente, pues el ámbito capitalizador
abarcaba la Ley 1731, el DS 24806, además de
los contratos de riesgo compartido; por ende,
no alteraba la legislación neoliberal.

¿Está usted de acuerdo con la recuperación
de la propiedad de todos los hidrocarburos
en boca de pozo para el Estado boliviano?
SI NO
Villegas argumentó que la normativa
capitalizadora-privatizadora sobre la industria
hidrocarburífera vulneró la CPE en su artícu-lo
139 referido a la propiedad inalienable e
imprescriptible del Estado sobre sus recursos
naturales.
¿Está usted de acuerdo con refundar YPFB re-cuperando
la propiedad estatal de las accio-nes
de las bolivianas y bolivianos en las em-presas
petroleras capitalizadas, de manera
que pueda participar en toda la cadena pro-ductiva
de los hidrocarburos?
SI NO
Con esta pregunta se ponía en juego las
acciones de los bolivianos en las empresas
capitalizadas, valoradas en alrededor de 800
millones de dólares y transferirlas al Estado
para que éste pudiera administrarlas. Con el
valor de estas acciones, de acuerdo a Villegas,
se podía respaldar el inicio de las actividades
de YPFB y participar activamente en la cadena
productiva de los hidrocarburos. Sin embargo
la propuesta de Mesa planteaba otorgar más
atribuciones a la Superintendencia de Hidro-carburos
que a la estatal petrolera.
Carlos Mesa y su gabinete ministerial.
¿Está usted de acuerdo con la política del Pre-sidente
Carlos Mesa de utilizar el gas como
recurso estratégico para el logro de una sali-da
útil y soberana al Océano Pacífico?
SI NO
El analista consideró pertinente el plan-teamiento.
No obstante, cuestionó el carácter
temporal introducido en la misma, al circuns-cribir
su aplicación sólo a ese gobierno y no
ampliar el radio de acción de una política de
Estado aplicable a futuras gestiones.
Está usted de acuerdo con que Bolivia expor-te
gas en el marco de una política nacional
que: Cubra el consumo de gas de las bolivia-nas
y bolivianos, fomente la industrialización
del gas en territorio nacional, cobre impues-tos
y/o regalías a las empresas petroleras lle-gando
al 50% del valor de la producción del
gas y el petróleo en favor del país, destine los
recursos de la exportación e industrialización
del gas principalmente para educación, salud,
caminos y empleos?
SI NO
Esta última pregunta resumía la pro-puesta
de Ley de Hidrocarburos del gobierno
de Mesa en cuatro partes. Planteaba la expor-tación,
pero no dilucidaba el abanico de posi-bilidades,
sino más bien daba por hecho que
se debía viabilizar en el marco de una política
nacional el consumo interno supeditado a res-tricciones
financieras; aunque el proyecto de
Mesa planteó incentivos para la industrializa-ción
al mismo tiempo daba “irrestricta liber-tad”
a las empresas para hacerlo, o no.
Aquel proyecto de ley proponía lle-gar
hasta el 50% de la recaudación entre
impuestos y regalías pero no alteraba los com-promisos
contraídos en los contratos de ries-go
compartido y la distinción entre reservas
nuevas y existentes, que planteaban tributos
diferenciados de 18 y 50%, respectivamente.
En cuanto al destino de los recursos, Vi-llegas
recomendó implementar mecanismos
de control para que los mismos no se utilicen
en gasto corriente ni para cubrir el déficit fis-cal
como propuso el mismo Mesa en su ante-proyecto.
Con un alto nivel de participación ciuda-dana,
el domingo 18 de julio de 2004, el go-bierno
de Mesa llevó a efecto el referéndum
vinculante en todo el país.
“Cómputos oficiales determinaron que
1.913.642 ciudadanos apoyaron la recupera-ción
de los hidrocarburos, cifra que represen-tó
un 92% de respaldo, resultando la de ma-yor
apoyo de la consulta popular. La tercera
pregunta del referéndum, referida al fortale-cimiento
de YPFB con las acciones de los boli-vianos
en las capitalizadas fue respaldado por
1.793.594 personas, lo que implicó un apoyo
del 87% de los consultados.
Así también la primera pregunta referi-da
a la abrogación de la Ley de Hidrocarburos
Nº 1689 recibió el 87% de respaldo. La cues-tión
que menos apoyo recibió fue la del uso
del gas como herramienta para lograr un ac-ceso
soberano al mar con tan sólo el 55%.
La última pregunta sobre la exportación
del gas, su industrialización, la elevación de
impuestos y regalías hasta el 50% y el destino
de los recursos fue apoyada por el 62%”.73
siglo XXI, pág. 129, 2007, La Paz – Bolivia

Hormando Vaca Diez, presidente del Congreso Nacional sancionó la Ley de Hidrocarburos en 2005.
La promulgación de la Ley de Hidrocarburos 3058
Después de 11 anteproyectos de Ley de
Hidrocarburos que fueron ventilados en el Par-lamento
y en medio de un clima de creciente
tensión y descontento de los sectores sociales
que exigían la nacionalización de los hidrocar-buros,
el 17 de mayo de 2005, el presidente
del Congreso Nacional, Hormando Vaca Diez,
sancionó la nueva Ley de Hidrocarburos N°
3058 ante la negativa de Mesa para poner su
firma y promulgar esa ley.
La decisión del presidente Carlos Mesa
de devolver esa ley provocó generalizadas crí-ticas
y nuevamente surgieron amenazas sindi-cales
de protesta en la sede de gobierno.
Mesa alegó que este proyecto dividía al
país y que estaba en riesgo la integridad nacio-nal.
Indicó que su contenido “era confiscato-rio”
para las empresas petroleras extranjeras y
aseguró que no la promulgaría por considerar-la
“suicida e inviable”.
“La Ley de Hidrocarburos tenía por ob-jetivo
darle a Bolivia un horizonte de esperan-za,
de certeza, de seguridad hacia adelante. Y
creo que el contexto de hoy está mostrando
exactamente lo contrario’’, aseguró.
La nueva ley del gas buscaba impulsar
una economía mixta en el sector de hidrocar-buros,
fortalecer YPFB y su participación en
toda la cadena productiva, fomentar el consu-mo
interno de gas natural e incrementar los
niveles de exportación, además de priorizar la
industrialización con la consecuente genera-ción
de valor agregado a las exportaciones.
Este instrumento legal obligaba a la mi-gración
de contratos en un plazo de 180 días.
En materia impositiva, creó el Impuesto Direc-to
a los Hidrocarburos (IDH) del 32% sobre el
total de la producción de hidrocarburos, un
tributo no acreditable ni deducible que se me-día
y pagaba con las regalías. En su momento,
se explicó que la vigencia de este “sobreim-puesto”,
al que se sumaban el 18% de regalías,
participaciones y otros tributos, constituía
una carga de más del 50% para las petroleras,
que incluso analizaban dejar el país por no ser
atractivo a sus intereses.
La coparticipación del IDH quedó dis-tribuida
en un 4% para los departamentos
productores de hidrocarburos, 2% para los
departamentos no productores y un saldo a
favor del TGN, pueblos indígenas y originarios,
comunidades campesinas, municipios, univer-sidades,
Fuerzas Armadas, Policía Nacional,
entre otros. El destino de los recursos se dis-tribuyó
entre los sectores de educación, salud,
caminos, desarrollo productivo y empleo.
Aunque no le asignó recursos, esta nor-ma
dio curso a la refundación de YPFB y es-tableció
su participación en toda la cadena
productiva, a partir de la recuperación de las
acciones de las empresas petroleras capitali-zadas
administradas por las AFP, que se des-tinaban
al pago del Bonosol. También se pro-movió
la descentralización de sus oficinas en
los departamentos productores del país, Co-chabamba,
Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija.

Las petroleras anunciaron su rechazo a la nueva Ley de Hidrocarburos.
En materia de comercialización, la Ley
de Hidrocarburos, estableció límites sobre
precios y volúmenes. Además, priorizó el
abastecimiento interno y elimina a los mayo-ristas
de la cadena comercialización interna.
Sobre el consumo interno, se establecie-ron
subsidios para las tarifas de distribución
de gas natural por redes como una forma de
facilitar el consumo doméstico, la pequeña in-dustria
y servicios esenciales.
Las petroleras mostraron su disconfor-midad
con el nuevo régimen que gravaba
mayores impuestos y regalías, éstas advirtie-ron
un “clima de incertidumbre” para las in-versiones.
En tanto, los movimientos sociales
amenazaron con radicalizar sus medidas de
presión en procura de la recuperación de los
hidrocarburos, la viabilización de la Asamblea
Constituyente, el cierre del Congreso Nacio-nal,
la renuncia del Presidente y el adelanta-miento
de elecciones generales.
El 6 de junio de 2005, el presidente
Carlos Mesa renunció irrevocablemente des-pués
de dos amenazas previas efectuadas en
marzo y junio. La aprobación de la Ley de Hi-drocarburos,
sus diferencias con el Congreso
Nacional y las movilizaciones sociales fueron
las razones expuestas para su dimisión ante el
Congreso. “No me dejan gobernar”, sentenció.
Incumplimiento a la aplicación de la Ley
En medio de las tensiones sociales alre-dedor
de Plaza Murillo, se decidió trasladar
las sesiones del Congreso a Sucre, la capital
de la República. Presionados por los movi-mientos
sociales, el presidente de la Cámara
de Senadores, Hormando Vaca Diez (MIR) y el
presidente de la Cámara de Diputados, Mario
Cossío (MNR), dieron un paso al costado, de-jando
así la responsabilidad de la conducción
del país al presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien en
el marco de la sucesión constitucional, juró
como Presidente de la República, al filo de la
media noche del 9 de junio de 2005.
La asunción de un presidente provenien-te
de las filas del Poder Judicial despertó es-peranzas
y temores respecto el cabal cumpli-miento
de la Ley de Hidrocarburos, más aún
cuando Rodríguez Veltzé aclaró que su única
misión era la preservación del orden y la pro-secución
de las elecciones generales. En los
hechos, el Presidente jurista archivó la agenda
de octubre y la recuperación de los recursos
hidrocarburíferos.
Bajo esa coyuntura, se impusieron las
amenazas de ocho empresas petroleras, ex-cepto
Petrobras, de acudir a organismos in-ternacionales
para impugnar la nueva Ley de
Hidrocarburos 3058 por considerarla confisca-toria
y por no respetar los contratos de riesgo
compartido y acuerdos bilaterales de protec-ción
recíproca de inversiones. Las petroleras
ratificaron su intención de no migrar a los nue-vos
contratos hasta que se impulse “un plan
de incentivo al sector y se introdujera cambios
de fondo en la ley”.
Las compañías que recurrieron a estos
argumentos fueron Repsol YPF, Total, British
Gas, Pluspetrol, Vintage, Pan American Energy,
Exxon y Techint, que consideraron que el régi-men
impositivo de la Ley 3058 era un exceso al
obligarlas a pagar el 50% de tributos (32% de
IDH y 18% de regalías).
Temeroso de las acciones legales que
asumieron las petroleras, Eduardo Rodríguez,
optó por ignorar la Guerra del Gas y el cumpli-miento
de la nueva Ley de Hidrocarburos. Para
evitar arbitrajes internacionales, esa adminis-tración
gubernamental forzó la ampliación de
los plazos de negociación para que el venidero
gobierno asumiera decisiones. Esta caracte-rística
marcó el proceder de ese gobierno no
sólo en el sector hidrocarburos.
Pese a sus reclamos, las compañías pe-troleras
tuvieron que conformarse con las
nuevas condiciones de aquella Ley de la Repú-blica
que allanó de un modo u otro el camino
para la nacionalización, la tercera en la vida
pública del país.
El gobierno de Rodríguez Veltzé aseguró
que no tenía capacidad para ejecutar la nueva
ley hidrocarburífera y el 22 de junio de 2005
reglamentó la aplicación del IDH. Tras una
prolongada presión y posterior negociación
con los beneficiarios, el gobierno determinó
la obligatoriedad de que estas entidades, para
recibir los recursos, presentasen proyectos en
diferentes rubros.

La tercera Nacionalización
de los Hidrocarburos en Bolivia
Las elecciones nacionales del 18 de di-ciembre
de 2005, constituyeron el último acto
administrativo de Rodríguez Veltzé. Pocas ho-ras
después de oficializarse el triunfo de Evo
Morales, el candidato del Movimiento Al So-cialismo
(MAS) que obtuvo el 53,7 por ciento
de apoyo en los comicios generales del 18 de
diciembre de 2005, los sectores sociales exigie-ron
el cumplimiento de la “Agenda de Octubre”
que planteó la nacionalización de los hidrocar-buros,
su industrialización y la imposibilidad de
exportar gas por un puerto chileno.
El primer mandatario indígena de Suda-mérica
que volcó la atención del mundo sobre
Bolivia, en sus primeras palabras prometió
acatar la voluntad de la mayoría nacional ex-presada
en el referéndum del gas, ratificando
la consecución de la recuperación natural y el
petróleo, para beneficio nacional.
“Estamos acá para cambiar Bolivia, para
acabar con la injusticia, para detener el saqueo
de los recursos naturales”, afirmó el flamante
Jefe de Estado en el acto de su posesión al jurar
en enero 2006, ante el Congreso Nacional, con
el puño izquierdo en alto y la otra mano en el
pecho.
La lucha histórica del pueblo boliviano
contra la privatización y/o capitalización había
encontrado un cauce e imponía la recupera-ción
de la propiedad sobre los hidrocarburos y
el control del excedente económico por parte
del Estado como único factor de viabilidad y
desarrollo nacional. De ese movimiento, nace
la agenda hidrocarburífera propuesta por los
movimientos sociales.
“El presidente Evo Morales no declaró en
ningún momento la paternidad de los hechos
que se dieron sino viabiliza la agenda de octu-bre.
En gran medida, su propuesta de gobierno
durante la campaña electoral recogió la deman-da
que tenía que ver con los hidrocarburos y la
Asamblea Constituyente para debatir el futuro
y la proyección del país.
Cuando Morales Ayma asume la conduc-ción
del gobierno, en ese momento, empieza
su implementación. Es importante subrayar
que se ejecutó lo que se ofreció. La población
de Bolivia sabía exactamente en el período
electoral lo que iba a hacer el Presidente en el
marco de la nacionalización. No le ofreció algo
y se aplicó otra cosa. Se ofreció y se aplicó74.
La Ley de Hidrocarburos, aprobada du-rante
el período de transición política si bien
recogió algunos avances como efecto de la
oposición a los planes elaborados por fuerzas
políticas del partidismo, coludidas con intere-ses
transnacionales, no presenta una visión de
desarrollo del sector sino sólo el equilibrio de
intereses y presiones regionales.
Empero, producto de las tensiones políti-cas
impelidas por la oposición, encabezada por
Evo Morales y el MAS, esta norma incorpora
en su estructura la emergencia por la recupe-ración
de los recursos naturales y fundamen-talmente
la vigencia del Impuesto Directo a
los Hidrocarburos (IDH) de 32% que junto a las
Regalías de 18%, configuran un 50% de partici-pación
estatal sobre el negocio estratégico de
los hidrocarburos.
La nacionalización de los hidrocarburos,
resultó del consenso popular, el país se ponía
de acuerdo por vez primera en las priorida-des
que debía acatar el Estado, después de un
quinquenio de lucha entre una clase política
que no representaba los intereses nacionales
y la emergencia de la empobrecida clase cam-pesino,
indígena popular que reclamaba su de-recho
y participación en las grandes decisiones
nacionales.
Así planteada la situación, el primer desa-fío
para la nueva administración fue configurar
la ecuación de la nueva nacionalización de los
hidrocarburos, de manera que se obtenga el
mayor beneficio para el pueblo boliviano, toda
74 YPFB, 2010 año de la inversión y la reactivación, Entrevista
Carlos Villegas, pág. 8 La Paz – Bolivia
vez que un intrincado entramado legal creado
y premeditado en más de cincuenta años den-tro
y fuera del país, protegía las inversiones
privadas y las homologaba y refrendaba ante
pactos y organismos internacionales de “pro-tección
de inversiones (privadas)”.
Una de las primeras medidas instruidas
por Evo Morales al Congreso Nacional fue la
revisión de los 71 contratos de riesgo compar-tido
(joint ventures) firmados con las empresas
petroleras en función de la abrogada Ley de
Hidrocarburos 1689, aprobada por Sanchez de
Lozada. “Si la relación contractual no era legal,
entonces se tenía que comenzar de nuevo toda
vez que el artículo 59 de la Constitución Política
de Estado instruía su autorización para que es-tos
entren en plena vigencia y facultad”.
En paralelo, se comenzó a visibilizar la ne-cesidad
de realizar una auditoría a todas las pe-troleras
para verificar denuncias sobre ilícitos
como contrabando y los compromisos de in-versión
definidos con el Estado. La Contraloría
General no resultaba eficiente en esos momen-tos
porque había dejado de auditar los campos
petroleros, pese a una instrucción emanada
del Poder Legislativo.
Al inició de la gestión 2006, las empresas
petroleras y los diplomáticos enviaron sendos
mensajes a Bolivia. “No creo que ninguna em-presa
salga de Bolivia, porque tiene un papel
importante. Creo que todas las empresas van
a sentarse a negociar con el gobierno (…) No
pienso que la posición de Petrobras, sea dife-rente
de las demás empresas petroleras”, dijo
Sergio Gabrielli, máximo ejecutivo de Petro-bras,
el 12 de enero de 200675.
A raíz de un escándalo internacional por
ofertar al mercado valores información enga-
75 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA,La Nacional-ización
del Siglo XXI. 111 años de historia petrolera en Bolivia.
2007 , Pág. 155. La Paz – Bolivia

ñosa sobre sus reservas en la bolsa de Estados
Unidos, Repsol señaló: “Hemos seguido invir-tiendo,
no pensamos irnos” a través de su ge-rente
de comunicación y relaciones externas
en Bolivia, Miguel Cirbian76.
En tanto, varios gobiernos de países ami-gos
apoyaban la medida y anunciaron que
asesorarían la vigencia de la nacionalización
de los hidrocarburos en Bolivia, país sometido
al extremo de la pobreza por el neoliberalis-mo
y la privatización.
Las compañías petroleras exhortaron a
entablar negociaciones sobre la futura rela-ción
contractual con el Estado boliviano y las
reglas de la próxima nacionalización de los
hidrocarburos, al tiempo que ofrecían incre-mentar
sus inversiones.
En esta coyuntura, algunos “analistas”
(ex autoridades de anteriores gobiernos) y
la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH)
satanizaron la nacionalización y fustigaron el
“sobreimpuesto”, propalando versiones alar-mistas
sobre una presunta confiscación. “Se
ha provocado incertidumbre sobre las inver-siones
y la inestabilidad del mercado en Bo-livia”,
aducían. Desde entonces, esta entidad
fue calificada como “interlocutor no válido” y
las autoridades optaron por una relación di-recta
con las empresas petroleras.
Versiones anónimas y ambiguas circula-ban
por los medios de comunicación privados
del país. Según estas, las petroleras “estaban
dispuestas a convertirse en socias estratégicas
de YPFB si se garantizaba la inversión y renta-bilidad
en el sector”.
76 Ibidem
Para las petroleras constituían factores
críticos a sus inversiones la consolidación de
nuevos mercados, la indispensable introduc-ción
de condiciones que permitiesen la recu-peración
de las inversiones realizadas y la apli-cación
de un marco legal regulatorio y fiscal
estable en el mediano y largo plazo.
Sin embargo, otras versiones, reflejaban
“off the record”, la “incertidumbre”, “la sobre-carga
fiscal creada con la Ley 3058 que hacía
inviable el negocio”, asimismo lanzaban “ulti-mátums”
para la continuidad de las inversio-nes
en Bolivia, y advertían sobre los “efectos
de la futura nacionalización” en un país sin
capacidad de inversión, nuevos mercados y
pozos, situación que ponía en riesgo no sólo
la producción futura sino el mismo el abaste-cimiento
interno y las exportaciones.
“En Bolivia el debate sobre el gas sigue
sustentándose en premisas equivocadas y en
posturas relativas a la dignidad, la soberanía,
la equidad y el nacionalismo que no son ni nun-ca
han sido elementos que definan la inversión
y los negocios”, señalaban las publicaciones de
prensa.
Las transnacionales consideraron que los
nuevos planes en el sector de hidrocarburos
se reducían a consignas y situaciones coyuntu-rales,
ajenas al sector mismo, más que a una
voluntad de hacer negocios o participar activa-mente
en los procesos de integración energéti-ca
regional.
Bolivia tendrá dificultades para compro-meter
mayores volúmenes de exportación
pues su capacidad de producción y entrega
de gas está cercana al límite y ésta no se incre-mentará
sin inversiones que no son probables
en un momento en el que están amenazadas
con la rescisión unilateral de contratos y la na-cionalización
de sus inversiones, predecían los
ejecutivos de las petroleras, sin dar la cara.
La Secretaría de Energía de Estados Uni-dos,
Karen A Harbert opinó que la nacionali-zación
no era el mejor camino para Bolivia y
para construir una vía de desarrollo para un
pueblo empobrecido. “La nacionalización sólo
creará el tipo de ambiente impredecible que
ahuyentará las inversiones privadas”.77
El Presidente Evo Morales sentenció,
“Bolivia requiere socios y no patrones…”, al
ponderar que se acata la decisión de todos
los bolivianos.
77 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA,La Nacional-ización
del Siglo XXI. 111 años de historia petrolera en Bolivia.
2007 , Pág. 178.
Aquel histórico 1 de mayo de 2006, el presidente Evo Morales promulgó el DS 28701 “Héroes del Chaco”.

Al igual que en 1969,
el Ejército Nacional
participó activamen-te
en la tercera Na-cionalización
de los
Hidrocarburos, esta
vez encabezado por
el presidente Evo
Morales.
Efectivos militares acompañaron en la ejecución del Decreto Supremo 28701 “Héroes del Chaco”.

El operativo por la Dignidad Nacional
En un tiempo récord de cinco meses, un
equipo multidisciplinario del gobierno, perfiló
la estrategia, técnico, económica y jurídica del
decreto que daría vigencia a la nueva naciona-lización
de los hidrocarburos, la tercera regis-trada
en la vida republicana boliviana.
El lunes 1 de mayo, Evo Morales convocó al
gabinete a las 04:00 a.m. En esa reunión se dio
lectura al Decreto Supremo Nº 28701 “Héroes
del Chaco” e incluso se aprobaron algunos ar-tículos
pendientes. Finalizada la sesión, los mi-nistros
se pusieron de pie y entonaron el himno
nacional.
En medio de la más absoluta reserva, se
organizó el operativo, decenas de oficiales del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, vestidos con
trajes de campaña se movilizaron en silencio
desde el aeropuerto de Yacuiba donde aguar-daron
la llegada del presidente Evo Morales,
ministros de Estado, y dirigentes sociales hasta
el megacampo San Alberto, sin avisar a la pe-trolera
que hasta ese momento se consideraba
dueña del yacimiento en producción.
Morales, munido con un casco de YPFB y
una chamarra con el logotipo de la emblemá-tica
empresa estatal avanzó flanqueado por los
uniformados e ingresó al campo. Desde ese
monto el Canal de televisión estatal comenzó a
transmitir. A lo lejos, podía verse un letrero que
remarcaba. “Nacionalizado, propiedad de los
bolivianos”, mientras un soldado hacía flamear
la tricolor nacional.
El mandatario decretó la nacionalización
de los hidrocarburos, leyó el tenor completo
de la disposición. Acto seguido, conminó a las
empresas petroleras a acatar la normativa na-cional
o, en caso contrario, abandonar el país.
“Si las empresas no nos respetan, nos haremos
respetar”, advirtió.
Aquella jornada histórica que dio inicio a
la nacionalización provocó la satisfacción y el
alborozo en varias regiones del país, el festejo
continuó hasta pasada la media noche. En la
ciudad de La Paz, una multitud esperó al Primer
Mandatario en la Plaza Murillo para escuchar
expectante al Jefe de Estado.
La decisión política estaba tomada, a partir
de aquel histórico 1 de mayo de 2006 se nacio-nalizaron
los recursos naturales hidrocarburífe-ros
del país. El Estado recuperó su propiedad, la
posesión y el control total y absoluto.
DECRETO SUPREMO Nº 28701
“HEROES DEL CHACO”
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que en históricas jornadas de lucha, el
pueblo ha conquistado a costa de su sangre,
el derecho de que nuestra riqueza hidrocar-burífera
vuelva a manos de la nación y sea
utilizada en beneficio del país.
Que en el Referéndum Vinculante de 18
de julio de 2004, a través de la contundente
respuesta a la pregunta 2, el pueblo ha deci-dido,
de manera soberana, que el Estado
Nacional recupere la propiedad de Todos los
hidrocarburos producidos en el país.
Que de acuerdo a lo expresamente dis-puesto
en los Artículos 136, 137 y 139 de la
Constitución Política del Estado, los hidrocar-buros
son bienes nacionales de dominio ori-ginario,
directo, inalienables e imprescripti-bles
del Estado, razón por la que constituyen
propiedad pública inviolable.
Que por mandato del inciso 5 del ArtÍculo
59 de la Constitución Política del Estado, los
contratos de explotación de riquezas nacio-nales
deben ser autorizados y aprobados
por el Poder Legislativo, criterio reiterado en
la sentencia del Tribunal Constitucional Nº
0019/2005 de 7 de marzo de 2005.
Que esta autorización y aprobación legis-lativa
constituye fundamento del contrato de
explotación de riquezas nacionales por tra-tarse
del consentimiento que otorga la na-ción,
como propietaria de estas riquezas, a
través de sus representantes.
Que las actividades de exploración y pro-ducción
de hidrocarburos se están llevando
adelante mediante contratos que no han
cumplido con los requisitos constitucionales
y que violan expresamente los mandatos de
la Carta Magna al entregar la propiedad de
nuestra riqueza hidrocarburífera a manos
extranjeras.
Que ha expirado el plazo de 180 días, se-ñalado
por el Articulo 5 de la Ley Nº 3058 de
17 de mayo de 2005 Ley de Hidrocarburos,
para la suscripción obligatoria de nuevos
contratos.
Que el llamado proceso de capitalización
y privatización de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos - YPFB ha significado no
sólo un grave daño económico al Estado,
sino además un acto de traición a la patria al
entregar a manos extranjeras el control y la
dirección de un sector estratégico, vulneran-do
la soberanía y la dignidad nacionales.
Que de acuerdo a los Artículos 24 y 135
de la Constitución Política del Estado, todas
las empresas establecidas en el país se con-sideran
nacionales y están sometidas a la so-beranía,
leyes y autoridades de la República.
Que es voluntad y deber del Estado y del
Gobierno Nacional, nacionalizar y recuperar
la propiedad de los hidrocarburos, en aplica-ción
a lo dispuesto por la Ley de Hidrocarbu-ros.

Que el Pacto Internacional de los Dere-chos
Civiles y Políticos, como también el Pacto
de los Derechos Económicos y Culturales, sus-critos
el 16 de diciembre de 1966, determinan
que: … todos los pueblos pueden disponer li-bremente
de sus riquezas y recursos naturales,
sin perjuicio de las obligaciones que derivan
de la cooperación económica internacional
basada en el principio del beneficio reciproco,
así como del derecho internacional. En ningún
caso podrá privarse a un pueblo de sus pro-pios
medios de subsistencia.
Que Bolivia ha sido el primer país del Con-tinente
en nacionalizar sus hidrocarburos, en
el año 1937 a la Standar Oil Co., medida heroi-ca,
que se tomó nuevamente en el año 1969
afectando a la Gulf Oil, correspondiendo a la
generación presente llevar adelante la tercera
y definitiva nacionalización de su gas y su pe-tróleo.
Que esta medida se inscribe en la lucha
histórica de las naciones, movimientos so-ciales
y pueblos originarios por reconquistar
nuestras riquezas como base fundamental
para recuperar nuestra soberanía.
Que por lo expuesto corresponde emitir la
presente disposición, para llevar adelante la
nacionalización de los recursos hidrocarburí-feros
del país.
EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:
ARTICULO 1.- En ejercicio de la soberanía
nacional, obedeciendo el mandato del pueblo
boliviano expresado en el Referéndum vincu-lante
del 18 de julio del 2004 y en aplicación
estricta de los preceptos constitucionales, se
nacionalizan los recursos naturales hidrocar-buríferos
del país.
El Estado recupera la propiedad, la pose-sión
y el control total y absoluto de estos re-cursos.
ARTICULO 2.-
I. A partir del 1 de mayo del 2006, las em-presas
petroleras que actualmente realizan
actividades de producción de gas y petróleo
en el territorio nacional, están obligadas a
entregar en propiedad a Yacimientos Petrolí-feros
Fiscales Bolivianos YPFB, toda la produc-ción
de hidrocarburos.
II. YPFB, a nombre y en representación del
Estado, en ejercicio pleno de la propiedad de
todos los hidrocarburos producidos en el país,
asume su comercialización, definiendo las
condiciones, volúmenes y precios tanto para
el mercado interno, como para la exportación
y la industrialización.
ARTICULO 3.-
I Sólo podrán seguir operando en el país
las compañías que acaten inmediatamente
las disposiciones del presente Decreto Supre-mo,
hasta que en un plazo no mayor a 180
días desde su promulgación, se regularice su
actividad, mediante contratos, que cumplan
las condiciones y requisitos legales y constitu-cionales.
Al término de este plazo, las compa-ñías
que no hayan firmado contratos no po-drán
seguir operando en el país.
II. Para garantizar la continuidad de la produc-ción,
YPFB, de acuerdo a directivas del Minis-terio
de Hidrocarburos y Energía, tomará a
su cargo la operación de los campos de las
compañías que se nieguen a acatar o impi-dan
el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente Decreto Supremo.
III. YPFB no podrá ejecutar contratos de
explotación de hidrocarburos que no hayan
sido individualmente autorizados y aproba-dos
por el Poder Legislativo en pleno cumpli-miento
del mandato del inciso 5 del Artículo
59 de la Constitución Política del Estado,
ARTICULO 4.-
I. Durante el período de transición, para
los campos cuya producción certificada pro-medio
de gas natural del año 2005 haya sido
superior a los 100 millones de pies cúbicos
diarios, el valor de la producción se distribui-rá
de la siguiente forma: 82% para el Estado
(18% de regalías y participaciones, 32% de
Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y
32% a través de una participación adicional
para YPFB), y 18% para las compañías (que
cubre costos de operación, amortización de
inversiones y utilidades).
II. Para los campos cuya producción cer-tificada
promedio de gas natural del año
2005 haya sido menor a 100 millones de pies
cúbicos diarios, durante el período de transi-ción,
se mantendrá la actual distribución del
valor de la producción de hidrocarburos.
III. El Ministerio de Hidrocarburos y Ener-gía
determinará, caso por caso y mediante
auditorias, las inversiones realizadas por las
compañías, así como sus amortizaciones,
costos de operación y rentabilidad obtenida
en cada campo. Los resultados de las audi-torias
servirán de base a YPFB para determi-nar
la retribución o participación definitiva
correspondiente a las compañías en los con-tratos
a ser firmados de acuerdo a lo esta-blecido
en el Artículo 3 del presente Decreto
Supremo.
ARTICULO 5.-
I. El Estado toma el control y la dirección
de la producción, transporte, refinación, al-macenaje,
distribución, comercialización e
industrialización de hidrocarburos en el país.
II. El Ministerio de Hidrocarburos y Ener-gía
regulará y normará estas actividades
hasta que se aprueben nuevos reglamentos
de acuerdo a Ley.
ARTICULO 6.-
I. En aplicación a lo dispuesto por el Artí-culo
6 de la Ley de Hidrocarburos, se trans-fieren
en propiedad a YPFB, a título gratuito, las
acciones de los ciudadanos bolivianos que
formaban parte del Fondo de Capitalización
Colectiva en las empresas petroleras capita-lizadas
Chaco SA., Andina SA. y Transredes
SA.
II. Para que esta transferencia no afecte
el pago del BONOSOL, el Estado garantiza la
reposición de los aportes por dividendos,
que estas empresas entregaban anualmen-te
al Fondo de Capitalización Colectiva.
III. Las acciones del Fondo de Capitaliza-ción
Colectiva que están a nombre de las Ad-ministradoras
de Fondos de Pensiones en las

empresas Chaco SA., Andina SA. y Transre-des
SA. serán endosadas a nombre de YPFB,
ARTICULO 7.-
I. El Estado, recupera su plena participa-ción
en toda la cadena productiva del sector
de hidrocarburos.
II. Se nacionalizan las acciones necesa-rias
para que YPFB controle como mínimo
el 50% más 1 en las empresas Chaco SA.,
Andina SA., Transredes SA., Petrobrás Boli-via
Refinación SA. y Compañía Logística de
Hidrocarburos de Bolivia SA.
III. YPFB nombrará inmediatamente a
sus representantes y síndicos en los respec-tivos
directorios y firmará nuevos contratos
de sociedad y administración en los que se
garantice el control y la dirección estatal de
las actividades hidrocarburíferas en el país.
ARTICULO 8.-
En 60 días, a partir de la fecha de pro-mulgación
del presente Decreto Supremo y
dentro del proceso de refundación de YPEB,
se procederá a su reestructuración integral,
convirtiéndola en una empresa corporativa,
transparente, eficiente y con control social.
ARTICULO 9.-
En todo lo que no sea contrario a lo dis-puesto
en el presente Decreto Supremo, se
seguirán aplicando los reglamentos y nor-mas
vigentes a la fecha, hasta que sean mo-dificados
de acuerdo a ley.
Los Señores Ministros de Estado, el Pre-sidente
de YPFB y las Fuerzas Armadas de la
Nación, quedan encargados de la ejecución
y cumplimiento del presente Decreto Supre-mo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la
ciudad de La Paz, al primer día del mes de
mayo del año dos mil seis.
FDO. EVO MORALES AYMA. David Choque-huanca
Céspedes, Juan Ramón Quintana
Taborga, Alicia Muñoz Alá, Walker San
Miguel Rodríguez, Carlos Villegas Quiroga,
Luis Alberto Arce Catacora, Abel Mamani
Marca, Celinda Sosa Lunda, Salvador Ric
Riera, Hugo Salvatierra Gutiérrez, Andrés
Solíz Rada, Walter Villarroel Morochi, San-tiago
Alex Gálvez Mamani Ministro de Tra-bajo
e Interino de Justicia, Félix Patzi Paco,
Nila Heredia Miranda.
Argentina, un nuevo aliado para el gas
El 30 de junio de 2006, en el Municipio de
Hurlingham, provincia de Buenos Aires, el Pre-sidente
Evo Morales y su homólogo argentino,
Néstor Kirchner acordaron que este país com-praría
provisionalmente gas boliviano a cinco
dólares el millón de BTU (médida térmica bri-tánica,
por sus siglas en inglés) hasta diciembre
de 2006; entre tanto se procesaba un acuerdo
más amplio.
La administración del Presidente Evo Mo-rales,
había anticipado al inicio de su gestión la
necesidad de revisar los términos contractuales
para la venta o exportación de gas boliviano “en
mejores condiciones”, toda vez que los precios
internacionales para este energético, eran en-tonces
muy superiores al precio de comercia-lización
que habían fijado anteriores gobiernos
en gestiones pasadas.
El expresidente de Argentina, Néstor Kirchner y el presidente de Bolivia, Evo Morales acuerdan
la compra venta de gas natural en 2006.

Medios de información internacionales,
divulgaron por esos días que Brasil, había pe-dido
al gobierno de Kirchner, por la vía diplo-mática,
no aceptar ningún alza del precio del
gas boliviano. Es más, se comentaba con un
misión de alto nivel del gobierno argentino se
había trasladado hasta Buenos Aires, la capital
argentina, para frenar cualquier intento de re-forma
sobre precios.
Después de algunos meses de tratativas y
negociaciones, el 19 de Octubre de 2006, en
la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, los manda-tarios
de Bolivia y Argentina, firmaron, el 19
octubre de 2006, el Nuevo Acuerdo de Aso-ciación
Estratégica en Materia de Energía que
estableció el incremento del precio por millón
de BTU de cuatro a cinco dólares, además del
incremento progresivo de los volúmenes de
venta de gas de 7,7 Millones de Metros Cúbi-cos
por Día (MMmcd) hasta 27,7 MMmcd el
año 2029.
En los hechos la nueva relación contrac-tual
impulsada por las excelentes relaciones
diplomáticas con el gobierno Argentino y par-ticularmente
con el Presidente Kirchner que
brindó todo su apoyo al gobierno de Evo Mo-rales,
abría el segundo gran mercado para la
exportación de gas natural y convirtió a Bolivia
en el centro energético de la región.
La mejor señal política del acuerdo con
la Argentina constituyó la reactivación de
la capacidad exportadora de Bolivia ante el
mundo, además de la posibilidad de inyectar
nuevas inversiones a un mayor mercado ase-gurado,
quebrando otro eje del ataque hacia
la nacionalización de los hidrocarburos que
comenzaba a rendir sus primeros resultados.
En entonces Ministro de Hidrocarburos
y Energía, Carlos Villegas Quiroga, afirmó en
aquella oportunidad, “este histórico acuerdo
convierte a Bolivia en el mayor distribuidor
energético de Sudamérica y en el principal
polo de atracción de inversiones para el desa-rrollo
del mercado de los hidrocarburos”.
Se calculó que el negocio binacional movi-lizaría
49.800 millones de dólares; 32.500 sólo
por concepto de exportación de gas natural;
7.900 millones por la comercialización de pe-tróleo
asociado al gas; 5.400 millones por la
extracción de licuables y 4.000 más por la de-puración
del etano industrial.
Entre las principales condiciones venta-josas
que estipula el nuevo contrato con Ar-gentina
se consigna un valor calorífico de sólo
1.000 Unidad Térmica Británica (BTU) con la
posibilidad de recuperar mayores líquidos
para el mercado interno, además de la imple-mentación
de una fórmula de ajuste para el
cálculo trimestral del precio de compra ven-ta
con una canasta de “fuels” que incluye el
diesel, en función de precios internacionales
(WTI).
Todo el conjunto de situaciones concretas
y potencialidades en las que derivó el acuer-do
con Argentina abrió el “cerco” de que las
petroleras habían tendido alrededor de las
aspiraciones de Bolivia, lo que fue considera-do
por las autoridades de gobierno como “la
ruptura del sindicato de las petroleras”.
El contrato con la Argentina llegó en un
momento clave para Bolivia y la nacionaliza-ción
de los hidrocarburos pues le dio el impul-so
suficiente para encarar las negociaciones
de los nuevos contratos con las petroleras
en mejores condiciones porque ahora podía
ofrecer mercados. Ya no se podía alegar la fal-ta
de mercados para constreñir la producción.
Paralelamente, el histórico Acuerdo Bo-liviano
Argentino, en los hechos, establecía
que después de un decenio de privatización y
capitalización que redujo a Yacimientos Petro-líferos
Fiscales Bolivianos a condición residual,
la estatal petrolera asumiría un rol protagóni-co
en el negocio de los hidrocarburos.
Contratos de Operación con el Estado boliviano
Un día antes del plazo fatal, establecido en
el D.S. 28701, por el cual el Estado boliviano
podía confiscar y administrar los campos pe-troleros
en los cuales los titulares se negaran
a migrar a una nueva relación contractual con
el Estado, las compañías petroleras Vintage de
EE.UU. y Total de Francia, esta última conside-rada
la cuarta petrolera a nivel mundial, firma-ron
los nuevos contratos de operación. Este
hecho se produjo en el auditorio del edificio
del Palacio de las Comunicaciones, el viernes
27 de octubre de 2006.
“Nuestros hidrocarburos, nuestra digni-dad.
Nacionalización ni un paso atrás”, se podía
leer en una gigantografía colgada detrás de la
testera oficial del evento desarrollado en vier-nes
27 de octubre de 2006, donde participaron
el Presidente Evo Morales, el Vicepresidente
García Linera, el Ministro de Hidrocarburos,
Carlos Villegas y el presidente de YPFB, Juan
Carlos Ortiz, entre otros miembros del gabine-te
ministerial y cuerpo diplomático.
Los ejecutivos de Total, informaron que
esta empresa operadora invertiría $us 948 mi-llones
en los próximos 30 años a objeto de de-sarrollar
mayores proyectos de hidrocarburos
en Bolivia.
La decisión de las dos petroleras aceleró
la negociación con las otras compañías que se
enfrascaron en sendas negociaciones con las
autoridades de YPFB y el Ministerio de Hidro-carburos,
las cuales culminaron faltando pocos
minutos para el sábado 28 de octubre cuando
los ejecutivos de las doce empresas petroleras
restantes acudieron a la firma que inauguraría
un nuevo ciclo de relación con el Estado, en
condiciones equitativas para el país.
“Todas las petroleras firman”; “Se consu-ma
la Nacionalización”; “El gobierno ganó la
pulseta a las petroleras”, son algunos de los ti-tulares
de primera plana que matizaron al día
siguiente el estado de relación entre el gobier-no
y las petroleras después de seis meses de
incredulidad, objeciones y desinformación.
El presidente Evo Morales se dirigió al
pueblo, señalando visiblemente emocionado:
“Misión cumplida, misión cumplida con todo el
pueblo boliviano”, al asegurar que consolidó la
política más importante de su gobierno en diez
meses de gestión.
El Estado había convenido a las empresas
petroleras a firmar contratos de operación que
les brindarían seguridad jurídica, pero en me-jores
condiciones de interés nacional.
En total, las empresas habían comprome-tido
invertir hasta cuatro mil millones de dóla-res,
producto de la nueva relación contractual.
La Cámara de Hidrocarburos, en un es-cueto
comunicado, calificó las negociaciones
como “duras”, aunque ponderó la ”seguridad
jurídica” establecida. “El escenario que se ha
planteado con la firma de nuevos contratos vis-lumbrará
una relación positiva y duradera en-tre
socios, las empresas y el Estado Nacional”,
se subrayó.

Los contratos de operación como resultado del proceso de nego-ciación
de los contratos petroleros, entre el 27 y 28 de octubre de 2006,
YPFB suscribió 44 Contratos de Operación con las siguientes empresas:
BG Bolivia Corporation-Sucursal Bolivia; Canadian Energy Entreprises
C.E.E. Bolivia S.R.L., Compañía Petrolera Exploración y Explotación
“Petrolex” S.A., Compañía Petrolera ORCA S.A., Dongwon Corporation
(Sucursal Bolivia) , Empresa Petrolera Andina Sociedad Anónima EPAN
S.A., Empresa Petrolera Chaco S.A. “EPCHA S.A.”, Matpetrol S.A., Mon-roy
Electrónica y Control “Monelco” S.R.L., PAE E&P Bolivia Limited (Su-cursal
Bolivia), Petrobras Bolivia S.A., Petrobras Energía S.A. Sucursal
Bolivia, Pluspetrol Bolivia Corporation S.A., Repsol YPF E&P Bolivia S.A.,
Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia, Vintage Petroleum Boliviana Ltd. (Su-cursal
Bolivia).
El gobierno del Presidente Evo Morales ganó la pulseta con las petroleras, éstas firmaron los nuevos contratos de operación en octubre de 2006.

Las condiciones y requisitos del contrato de
operación se establecen en el artículo 77
de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058:
• El titular ejecutará con sus propios me-dios
y por su exclusiva cuenta y riesgo,
a nombre de y en representación de
YPFB, las operaciones correspondien-tes
a las actividades de Exploración y
Explotación dentro del área materia
del contrato, bajo el sistema de retri-bución,
en caso de ingresar a la activi-dad
de Explotación.
• YPFB no efectuará inversión alguna y
no asumirá ningún riesgo o responsa-bilidad
en las inversiones o resultados
obtenidos relacionados con el contra-to,
debiendo ser exclusivamente el ti-tular
el que aporte la totalidad de los
capitales, instalaciones, equipos, ma-teriales,
personal, tecnología y otros
necesarios.
• YPFB retribuirá al Titular por los servi-cios
de operación, con un porcentaje
de la producción, en dinero o en es-pecie.
Debe aclararse que en cumpli-miento
a la política de nacionalización
de los Hidrocarburos y el Mandato del
Decreto Supremo de Nacionalización
en relación con la dirección, control y
ejecución de toda la cadena de hidro-carburos
a cargo del Estado a través de
YPFB, a pesar de que legalmente era
posible la Retribución del Titular, es es-pecie,
el Gobierno Nacional ha dejado
claramente establecido como parte de
su política y YPFB en cada uno de los
contratos, que el pago es únicamente
en dinero y que toda la Producción de
Hidrocarburos es de propiedad de la
empresa estatal. Este pago cubrirá la
totalidad de sus costos de operación y
utilidad.
• YPFB, por su parte, pagará las Rega-lías,
Impuestos y Participaciones so-bre
la producción, más los impuestos
que le correspondan.
• La ejecución de todas las operaciones
será supervisada por la Unidad de Se-guimiento
y Control integrada por re-presentantes
de YPFB y del Titular. Di-cha
unidad empezará a funcionar tan
pronto como se suscriba el contrato.
Sus atribuciones y forma de represen-tación
serán establecidas en un Regla-mento
aprobado por el Ministerio de
Hidrocarburos.
El Contrato de Operación suscrito por
YPFB con las empresas petroleras garantiza
el pago del 18% por concepto de Regalías
y Participaciones, el 32 % de Impuesto Di-recto
a los Hidrocarburos (IDH); asimismo,
establece las reglas sobre la Retribución del
Titular (Costos Recuperables y Utilidad) y la
Participación de YPFB. Las características
principales de los Contratos de Operación
que garantizan la Exploración y la Explota-ción
de hidrocarburos en los campos obje-to
de contratos para los siguientes 30 años
son las siguientes:
El Objeto de Contrato es la ejecución
por parte del titular (Empresa petrolera
con la que YPFB ha suscrito el contrato), de
todas las Operaciones Petroleras (explora-ción,
evaluación, desarrollo, explotación y
abandono) dentro del Área del Contrato,
a su exclusiva cuenta y riesgo, de acuerdo
con la Ley de Hidrocarburos y a cambio de
recibir de YPFB la Retribución del Titular. El
Titular debe cubrir los Costos y proveer el
personal, tecnología, instalaciones, mate-riales
y el capital necesario para la realiza-ción
de las Operaciones Petroleras.
La Propiedad de los Hidrocarburos es
un aspecto fundamental en el Contrato de
Operación que reitera la disposición consti-tucional
en relación a la propiedad del Esta-do
sobre los yacimientos de hidrocarburos,
y además establece en forma expresa que
la propiedad de los Hidrocarburos Produ-cidos,
corresponde a YPFB. Esa previsión
contractual en plena compatibilidad con la
Política de Nacionalización da lugar a que el
Contrato de Operación garantice también
que todos los Hidrocarburos Producidos
sean entregados por los Titulares a YPFB
que será, a partir de la Fecha Efectiva de
los contratos, el único comercializador de
Hidrocarburos Producidos, tanto al merca-do
interno como a mercado externo. Así, la
empresa estatal asume en forma plena el
eslabón de la Exploración y la Explotación
(vía prestación de servicios por parte de las
empresas petroleras), y la Distribución y
Comercialización, sepultando para siempre
el rol de simple aglomerador que la “ca-pitalización”
le otorgó a YPFB residual; es
decir, una especie de “tubo” `por el cual se
comunicaban las empresas petroleras pro-ductoras
y sus compradores y transcurría la
producción hidrocarburífera del país hacia
el mercado interno y el mercado externo
sin mayor control por parte del Estado.
Patentes, Regalías, Participaciones e
Impuestos se aplican dentro del marco de
las disposiciones legales en vigencia, co-rrespondiendo
al Titular el pago definitivo
por concepto de Patentes y a YPFB el pago
de Regalías y Participaciones e Impuesto
Directo a los Hidrocarburos. Por otra par-te,
a pesar de que las normas tributarias
se aplican por imperio de la Ley y no sur-te
efecto sobre ellas ningún acuerdo entre
partes, se aclara que los tributos en general

se aplican conforme a la Ley Nº 843 de Re-forma
Tributaria y sus modificaciones y el
Código Tributario Boliviano; esto quiere de-cir
que tanto los impuestos directos como
los indirectos se aplican a las Operaciones
Petroleras, así como a las utilidades obte-nidas
tanto por las empresas como por las
empresas titulares como por YPFB.
La Retribución del Titular es siempre
en dinero, nunca en especie. Se ha esta-blecido
que el Contrato de Operación, no
da lugar a pago en especie, debido a que
los Hidrocarburos Producidos son de pro-piedad
de la empresa estatal. Una vez que
se inicia la producción comercial del o los
Campos en el Área de Contrato, la Retribu-ción
del Titular es el pago por concepto de
las actividades realizadas por la empresa
Titular y consta de:
• Costos recuperables.- Montos destina-dos
a cubrir los Costos Presupuestados
y ejecutados por dichas empresas, los
mismos que deben ser aprobados fisca-lizados
y auditados por YPFB.
• Utilidad.- Una vez que se paguen las
Regalías y Participaciones, así como los
Costos Recuperables, el Titular tiene
derecho a recibir utilidades (Participa-ción
del Titular).
Además, es importante anotar la previ-sión
que hace el Contrato de Operación en
relación con los Costos Recuperables acu-mulados;
en sentido de que si al concluir
el mismo, el Titular no recupera todos los
Costos Recuperables, asumirá los montos
como pérdida económica, sin que pueda
ser repercutida en forma alguna a YPFB.
Asimismo, el Contrato establece que la
Retribución del Titular, constituye el único
pago efectuado por YPFB por las Opera-ciones
Petroleras y la empresa estatal no
garantiza al Titular la rentabilidad en el
Contrato y tampoco la recuperación de las
inversiones en que incurra.
En cuanto a las Obligaciones de YPFB,
en el Contrato de Operación, dicha empre-sa
debe suministrar información y datos
que disponga la empresa estatal y que el
titular no tenga en su posesión en relación
con el Área del Contrato, cooperar con el ti-tular
para obtener de acuerdo con las Leyes
Aplicables, los derechos de paso, de uso o
servidumbre requeridos para las Operacio-nes
Petroleras; cooperar con el Titular en
las gestiones administrativas que tenga que
efectuar ante las autoridades del Estado,
así como supervisar todas las Operaciones
Petroleras realizadas por el Titular bajo el
Contrato.
Las Obligaciones de los Titulares y al-cances
del Contrato de Operación están
señaladas en cada una de sus cláusulas; sin
embargo, se hace un listado adicional que
establece las siguientes obligaciones:
• Conducir las Operaciones Petroleras
de forma continua y conforme a las
Leyes Aplicables, las Prácticas de la
Industria, los Planes de Desarrollo,
Programas de Trabajo, y Presupuestos
aprobados por YPFB, y los demás tér-minos
y condiciones de Contrato.
• Producir los volúmenes necesarios
para atender la demanda del mercado
interno de acuerdo con los requeri-mientos
de las Leyes Aplicables.
• Emplear el personal calificado, así
como suministrar todos los recursos
necesarios, para la ejecución de las
Operaciones Petroleras y obtener
oportunamente todos los Materiales
requeridos para la ejecución de las
mismas, debiendo asegurarse de que
estén de acuerdo con las normas y
Prácticas Prudentes de la Industria.
• Responsabilizarse de los Hidrocarbu-ros
Producidos hasta su recepción por
parte de YPFB en los Puntos de Fiscali-zación.
• Presentar un programa de inversiones
de inversiones para la renovación y
modernización tecnológica de las plan-tas
y demás instalaciones que actual-mente
operan en el Área de Contrato
de acuerdo con las Prácticas Prudentes
de la Industria.
• Abrir y mantener las cuentas corrien-tes
bancarias en un banco en el país
que serán utilizadas, entre otros fines,
para cubrir operaciones denominadas
en Bolivianos.
• Suministrar a YPFB toda la informa-ción,
datos e interpretaciones relacio-nados
con las operaciones petroleras,
tales como datos científicos y técnicos
obtenidos en razón de sus trabajos,
perfiles eléctricos, sónicos, radiacti-vos
y otros, cintas y líneas sísmicas,
muestras de pozos, núcleos, testigos
de formación, así como cualquier otra
información similar e informes de eva-luación
geológica, geofísica y de Cam-pos,
junto con los planos y documen-tos
correspondientes.
• Mantener en el Estado Plurinacional
registros completos de todas las ope-raciones
técnicas realizadas conforme
contrato.
• Suministrar a YPFB toda la información
sobre la existencia de riquezas mine-ras,
hidráulicas y de otro tipo que se
descubran como resultado de las Ope-raciones
Petroleras, y abstenerse de
exportar recursos naturales distintos
de los Hidrocarburos.

• Mantener una sucursal o subsidiaria
en el Estado Plurinacional y a un repre-sentante
legal, ambos con domicilio
legal en el país.
• Abstenerse de perforar, sin el consen-timiento
de YPFB, cualquier pozo que
pueda atravesar la proyección vertical
de sus límites desde el Área del Con-trato.
• Ofrecer las más amplias facilidades
para que los representantes de YPFB,
del Ministerio, autoridades tributarias
y ambientales realicen inspecciones
contables e información relacionada
con las Operaciones Petroleras.
• Asegurar que los Hidrocarburos descu-biertos
en el Área del Contrato no se
derramen o despierten en cualquier
forma, y evitar el daño a los estratos
que contengan hidrocarburos y a los
que contengan depósitos de agua.
- Cumplir con todas las obligaciones en
materia de Derechos de los Pueblos
Campesinos, Indígenas y Originarios,
establecidas en la Ley de Hidrocarbu-ros.
- Obtener las autorizaciones ambienta-les
y de las instancias correspondien-tes
que se requieran para realizar las
Operaciones Petroleras y, al concluir
cada trabajo, realizar la restauración
del área afectada de conformidad con
su correspondiente Declaratoria de
Impacto Ambiental o Declaratoria de
Adecuación Ambiental.
- Mantener informadas permanente-mente
a la Unidad de Seguimiento y
Control y a YPFB del desarrollo de to-das
las actividades efectuadas duran-te
la vigencia del Contrato, mediante
informes diarios, semanales y men-suales
sobre el proceso de las Opera-ciones
Petroleras y otros informes es-tablecidos
en el Contrato.
- Recibir a estudiantes o egresados de
educación técnica superior o relacio-nados
con la industria petrolera, para
que realicen prácticas y estudios en los
Campos del Área del Contrato y en las
oficinas del Titular del Estado Plurina-cional,
debiendo adicionalmente en-tregar
una ayuda económica mensual
por estudiante, que será considerada
Costo Recuperable.
• Exigir a sus subcontratistas que adop-ten
las medidas para proteger la vida,
el derecho de propiedad, sembradíos,
cosechas, pesca, flora y fauna silvestre
y otros derechos vinculados a las pro-tección
social y del medio ambiente.
• Dar preferencia a la contratación de
bienes producidos en el Estado Pluri-nacional
o servicios prestados por em-presas
nacionales, siempre y cuando
dichos bienes y servicios se ofrezcan
en condiciones similares de calidad,
precio y disponibilidad, en el momen-to,
lugar y en las cantidades requeri-das.
• Responsabilizarse por cualquier pérdi-da
o daño causados a terceros por sus
Subcontratistas o sus empleados, por
acción u omisión y deberá indemnizar
al Estado por sus Subcontratistas o
sus empleados, por acción u omisión
y deberá indemnizar al Estado o a sus
dependencias y a terceros, por las res-ponsabilidades
emergentes de dichos
actos u omisiones liberando a YPFB de
toda responsabilidad. Estos costos no
se consideran costos recuperables.
• Cumplir con las Leyes Aplicables en
materia de derechos de propiedad
industrial e intelectual de terceros, li-berando
a YPFB y al Estado y a sus de-pendencias
de cualquier reclamo que
pueda resultar por el uso indebido o
no autorizado de dichos derechos.
• Comunicar inmediatamente a YPFB
cualesquiera procedimientos arbitra-les,
judiciales o administrativos en que
sea parte o estuviere de algún modo
involucrado, en relación al Contrato.
• Asumir frente a YPFB la responsabili-dad
por cualesquiera pérdidas, perjui-cios,
daños, acción, juicio o procedi-miento
ocasionado por actos ilícitos,
negligencias, culpa grave o dolo de
sus empleados o subcontratistas, exi-miendo
a YPFB de toda reclamación
o responsabilidad que de ello emane.
Los Costos incurridos por el Titular
en cualquiera de las cuestiones antes
mencionadas no se considerarán Cos-tos
Recuperables. La responsabilidad
abarca los daños directos.
En relación con el Mercado Interno, en
cumplimiento a las normas de la Ley de Hi-drocarburos,
los Contratos de Operación
estipulan que las empresas deben cumplir
con la entrega de volúmenes de hidrocar-buros
suficientes para el abastecimiento de
dicho mercado, así como las demandas adi-cionales
del mismo. Asimismo, el contrato
establece que el incumplimiento de dicha
obligación constituye causal de termina-ción
del Contrato.
Respecto del personal de las empresas
Titulares y su correspondiente capacita-ción,
el Contrato de Operación establece
la preferencia de la contratación de traba-jadores
bolivianos en los diferentes niveles
de la empresa, dejando un margen legal

máximo de un 15 % de trabajadores ex-tranjeros.
El personal de la empresa y de
YPFB debe ser capacitado en forma per-manente
por la empresa Titular en el últi-mo
caso conforme a los programas apro-bados
por YPFB, y los Costos se consideran
Costos Recuperables garantizando así una
capacitación óptima.
La subcontratación de empresas se en-cuentra
regulada en función de los montos
a ser contratados en tres Procedimientos:
Procedimiento A (Inferior a $us 350.000.-
); Procedimiento B (Entre $us 350.000.- y
4.000.000.-); procedimiento C (Superior a
los $us 4.000.000).
El Control sobre el Contrato de Ope-ración
es un tema de importancia pues
se establece la obligación para el Titular
de lograr el consentimiento de YPFB y
del Ministerio de Hidrocarburos y Energía
para ceder, gravar o transferir directa o
indirectamente los derechos u obligacio-nes
emergentes del Contrato, esto alcanza
inclusive a la participación en las empre-sas
que conforman al Titular. La previsión
contractual responde al principio de que el
Estado debe asumir el control y dirección
de la cadena de hidrocarburos. Es más, el
Contrato estipula que cuando las empre-sas
Titulares fueren objeto de un cambio
de control involuntario u hostil, YPFB po-drá
observar dicho cambio por razones de
política de Estado o por haber el nuevo
controlante demandado a YPFB o al Esta-do
boliviano ante tribunales internaciona-les,
y exigir el cambio de control que debe
ser ejecutado dentro del plazo de un año,
y en caso de no procederse al cambio YPFB
(sin pago alguno) debe tomar la participa-ción
de la empresa que hubiere cambiado
el control.
Los mecanismos de Solución de Con-troversias
son tres:
• Reuniones Extraordinarias ante la Uni-dad
de Seguimiento y Control para re-solver
la controversia.
• Peritaje Técnico, en el cual, de común
acuerdo, se designa a un perito inde-pendiente
y se define el objeto y pro-cedimientos
a ser implementados. El
Dictamen pericial es no vinculante.
• Arbitraje, que se realizará conforme
a la Ley de Arbitraje y Conciliación Nº
1770 de 10 de marzo de 1997, bajo las
siguientes condiciones: la sede del ar-bitraje
será la ciudad de La Paz, Bolivia;
las leyes aplicables serán las leyes de
la República de Bolivia; el número de
árbitros será tres (uno nombrado por
YPFB, uno por el Titular y el tercero por
los árbitros antes nombrados, (con el
consentimiento de las Partes); si el ter-cer
árbitro no es nombrado dentro de
60 días a partir del nombramiento del
segundo, o si alguna parte no nombre
a un árbitro, éste será nombrado de
acuerdo con el Reglamento de la Cá-mara
de Comercio Internacional-CCI; el
arbitraje se llevará a cabo conforme al
procedimiento y Reglamento de Arbi-traje
de la CCI, y se conducirá en idioma
español.
Asimismo, se prevé la renuncia de las
partes, a formular cualquier reclamo, en la
vía diplomática.
Dentro de las Causas de Terminación
del Contrato a simple notificación por
parte de YPFB se contemplan el incumpli-miento
en la ejecución de las Unidad de
Trabajo para la Exploración; incumplimien-to
del Plan de Desarrollo; negativa al Titu-lar
de producir los volúmenes necesarios
para el abastecimiento del mercado inter-no
de acuerdo con las Leyes aplicables;
incumplimiento del pago por reembolso
a YPFB de las Patentes dentro del plazo
de 30 días de notificación al Titular por
YPFB con la correspondiente certificación
de pago; interrupción de la producción en
un Área de Exploración, excepto por cau-sas
técnicas justificadas e informadas en
forma previa y por escrito y aceptadas por
YPFB o si el Titular se encuentra en algún
otro incumplimiento substancial derivado
del Contrato.
La información en el Contrato de Infor-mación.
El titular reconoce como propie-dad
de YPFB toda la información que ésta
le proporcione en relación con el Contrato.
La disposición no alcanza a los inventos o
procesos tecnológicos patentados por el
titular e informados para sus registros a
YPFB.
• Obligación de confidencialidad. El Ti-tular
debe guardar confidencialidad
sobre los acuerdos relacionados con
el Contrato y sobre documento e in-formación
técnica y comercial. La con-fidencialidad
no se aplica a la informa-ción
que:
- Sea de dominio público
- Hay sido obtenida de terceros que ten-gan
derecho a la divulgarla.
- Deba ser divulgada por requerimiento
de leyes.
• Divulgación de información. El Titular
tendrá derecho a divulgar informa-ción
a profesionales, bancos u otras
entidades financieras, inversionistas o
subcontratistas, cuando la información
pudiera razonablemente ser necesaria
para el seguimiento de sus obligacio-nes
conforme al Contrato, siempre que
mediaren convenios de confidenciali-dad
con el Titular:

En relación al Abandono de Campos,
el Contrato de Operación establece que el
Titular es responsable de realizar todas las
Operaciones de Abandono conforme a las
Leyes Aplicables y a las Prácticas Prudentes
de la industria relativas al Abandono, de-biendo
incluir en cada uno de los Progra-mas
de Trabajo y Presupuestos de Desarro-llo
y de Explotación un capítulo relativo al
Abandono.
Asimismo, el Contrato prevé la transfe-rencia
de fondos por parte del Titular para
cubrir las indicadas operaciones.
De conformidad a la Ley de Hidrocar-buros,
el Contrato de Operación establece
que todas las Operaciones Petroleras serán
supervisadas por la Unidad de Seguimiento
y Control conformada por representantes
del Titular y de YPFB. Debe aclararse que
esta Unidad constituye una instancia dife-rente
de la de control y fiscalización a cargo
de YPFB, que en ejercicio de sus atribucio-nes
y en nombre del Estado debe cumplir
dichas funciones.
Por último, en cumplimiento al Artículo
135 de la Constitución Política del Estado,
las empresas Titulares se someten expresa-mente
a la soberanía nacional, sea por la
cláusula de renuncia de reclamos o en la
vía de aceptación de ejecución a la Cons-titución,
las leyes y a las autoridades nacio-nales.
Por lo expuesto, el Contrato de Opera-ción,
en su cuerpo principal y sus Anexos,
cumple las normas de la Constitución Po-lítica
del Estado, la Ley de Hidrocarburos y
el Decreto Supremo de Nacionalización, ga-rantizando
las operaciones de Exploración
y Explotación mediante la prestación de
servicios por parte de las empresas petro-leras,
bajo el control y fiscalización de YPFB
que, además, en su calidad de propietario
de los Hidrocarburos Producidos, toma la
producción, total de los mismos, a través
de los Acuerdos de Entrega. En ese sentido,
la vigencia de los Contratos de Operación
garantiza también la distribución y comer-cialización
de Hidrocarburos a cargo de
YPFB.
188 PETRÓLEO EN BOLIVIA Y LAS PRIMERAS CONCESIONES

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