Ecuador ha aprobado una ley de comunicación que incluye la figura del 'linchamiento mediático', definida como la difusión coordinada de información para desprestigiar a personas o entidades. Esta ley establece regulaciones para medios y periodistas, y contempla la creación de un observatorio de derechos humanos, así como concursos para asignar frecuencias a medios privados y comunitarios. Sin embargo, muchos críticos argumentan que esta figura puede restringir la libertad de prensa y que la impunidad del linchamiento mediático ya ha causado un daño significativo a diversos líderes y países.