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LICENCIATURA EN DERECHO
Módulo 20. Juicio de amparo
Unidad 2. Generalidades del amparo
Sesión 3. Partes del amparo e improcedencia del mismo
Alumno: Alejandro Domínguez Castillo
ES1821000987

INTRODUCCION
El amparo es una definición indudablemente extensa, pero necesaria para que queden incluidos
tanto los elementos esenciales como la estructura procesal y la finalidad tuteladora de nuestro
procedimiento de garantías.
En aras de una cabal comprensión del concepto, lo fragmentaremos y en seguida explicaremos
de manera individual cada uno de sus segmentos. Afirmamos en principio que "el amparo es
una institución jurídica", porque su existencia y regulación están concebidas en ordenamientos
de tal naturaleza, como la Constitución y la Ley de Amparo.
Atendiendo a las definiciones que sobre el juicio de amparo han, formulado diversos juristas
mexicanos, y de acuerdo con los elementos que a nuestro parecer merecen su conservación,
elaboramos un concepto de nuestro prestigiado medio de control constitucional, que a
continuación se expone: El amparo es una institución jurídica que se tramita y resuelve por los
órganos del Poder Judicial y excepcionalmente por los órganos jurisdiccionales locales a
instancia del gobernado que considera que un acto de autoridad afecta su esfera jurídica por
ser contrario a las garantías que en su favor consagra la Constitución, después de haber
agotado contra él los medios de defensa ordinarios, con el objeto de que el mismo se deje
insubsistente y sin efecto en el caso especial sobre el que versa la demanda, v se le mantenga
o restituya en el goce de la garantía que estima infringida.

Actividad 1. Formulación de conceptos de violación
1. Lee hasta el apartado “Demanda y sus requisitos” del texto de apoyo.
2. Consulta la siguiente conferencia:
• DUA UNAM. (2018). La justiciabilidad de los derechos humanos [video]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=Otz9YmZnJlk
3. Con base en el contenido de la conferencia, en un documento de texto señala lo siguiente:
• Descripción de los principios de los derechos humanos.
• Jurisprudencia para cada principio que robustezca lo dicho en la conferencia. Explica con tus propias palabras su contenido y el
principio al que alude.
• Planteamiento de los conceptos de violación con su fundamento jurídico.
• Descripción de los principios de los derechos humanos.
“El derecho objetivo – concede - derechos subjetivos” también llamados derechos
fundamentales porque las personas no podrán hacer su plan de vida, por su importancia no por
su fuente.
--Tenemos entonces que el derecho objetivo es la norma o el conjunto de normas, y el derecho
subjetivo es la facultad que se tiene para exigir el cumplimiento de la norma. Asimismo, el
derecho objetivo tiene dos connotaciones, una como derecho natural y otra como derecho
positivo, podemos advertir que el derecho objetivo se refiere al conjunto de normas jurídicas
que regulan el sistema democrático mexicano y en términos más prácticos, el derecho subjetivo
es la facultad atribuida por la norma del derecho objetivo el maestro explica la reforma
constitucional en México de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una de las
modificaciones a la Constitución Federal más importantes en materia de derechos humanos.
Entre los 11 artículos que modificó destaca el artículo 1o., que en su primer párrafo señala que
“en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”. En el párrafo segundo el
artículo 1o. constitucional precisa que “las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. La interpretación
de normas implica el sentido que se les debe dar, considerando en materia de derechos
humanos tanto las normas constitucionales, como las contenidas en tratados internacionales.
El párrafo contempla también el principio pro persona, que encamina a que si hay dos
interpretaciones posibles se opte por la que sea más protectora a las personas o si existen dos
o más normas referentes a un mismo derecho, se aplique la que mayor favorezca a la persona.
En este tema, el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señalan que “no podrá admitirse
restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o
vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de
que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”.
En el tercer párrafo el artículo 1o. precisa: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. De ello se
desprenden las obligaciones que tienen las autoridades de:
1) respetar, que implica la abstención de cometer toda acción u omisión que viole derechos
humanos;
2) proteger, que implica la toma de medidas necesarias para que ninguna persona viole
derechos humanos;
3) garantizar, que implica hacer efectivos los derechos humanos a través de la toma de medidas
necesarias como leyes, políticas públicas, así como también a mediante las garantías como el
juicio de amparo; y
4) promover, que implica la toma de medidas para la sensibilización y educación en derechos
humanos.
Asimismo, en concordancia con los estándares internacionales y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en caso de violación de derechos humanos, las
autoridades tienen la obligación de:
1) investigar cualquier conducta que menoscabe derechos humanos;
2) sancionar a los responsables; y
3) reparar el daño a las víctimas.

Los principios de Derechos Humanos: Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad
El artículo primero de la Constitución Federal reconoce los principios de Universalidad,
Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad de los derechos humanos que han sido
reconocidos y desarrollados junto con la protección internacional de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales.
• Jurisprudencia para cada principio que robustezca lo dicho en la conferencia.
Explica con tus propias palabras su contenido y el principio al que alude.
Registro digital: 2010361
Instancia: Segunda Sala
Décima Época
Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a. CXXVII/2015 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II , página 1298
Tipo: Aislada

LICENCIATURA EN DERECHO
Módulo 20. Juicio de amparo
Unidad 2. Generalidades del amparo
SESION 3. Partes del amparo e improcedencia del mismo
Alumno: Alejandro Domínguez Castillo
ES1821000987

Actividad 2. El amparo indirecto
1. Concluye la lectura del texto de apoyo.
2. Lee el siguiente texto:
• Aguilar, M. A. (2017). Sentencias de amparo: efectos, motivación e interpretación constitucional y convencional. En Ferrer, E. y
Herrera, A. (Coords.). El juicio de amparo en el centenario de la Constitución mexicana de 1917. Tomo II (367-379). México: UNAM.
Recuperado de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4337/25.pdf
3. Espera la sentencia proporcionada por tu docente en línea.
4. En el mismo documento de texto de la actividad anterior, señala lo siguiente:
• Acto o actos reclamados.
• Autoridad o autoridades responsables.
• Partes en el juicio conforme al artículo 5 de la LA.
• Pruebas desahogadas en el proceso.
• Efecto de la sentencia dictada.
• Acto o actos reclamados.
De la autoridad marcada con el numeral 1, se reclama lo siguiente:
1. La omisión de concluir con el trámite correspondiente para la entrega de título profesional a
favor del suscrito; omisión que, como consecuencia, implica la restricción al libre ejercicio de la
profesión, en atención a las manifestaciones que se hacen a lo largo de la presente demanda
de amparo.
2. Consecuentemente, la falta de entrega personal del título profesional del suscrito, violentando
el libre ejercicio de la profesión, en atención a las manifestaciones que se hacen a lo largo de la
presente demanda de amparo De la marcada con el numeral 2, se reclama lo siguiente:
3. Lo constituye la conducta omisiva de requerir y/o supervisar el estado de trámite que guarda
el proceso de revisión de estudios a efecto de que el suscrito obtenga mediante la entrega que
le es debida, el título profesional, lo cual, como se ha manifestado, ha implicado la restricción al
libre ejercicio de la profesión, en atención a las manifestaciones que se hacen a lo largo de la
presente demanda de amparo.”
• Autoridad o autoridades responsables.
“II.- AUTORIDADES RESPONSBALES: Se señala a las siguientes:
1. UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México (UNAM), por conducto de la Dirección General
de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE).
2. Universidad Latina campus sur (UNILA), con domicilio en Avenida Pedro Henríquez Ureña
137, Los Reyes, Coyoacán, Código Postal 04330, en esta Ciudad de México.”
• Partes en el juicio conforme al artículo 5 de la LA.
El derecho a la educación se encuentra íntimamente ligado la libertad de trabajo que prevé el
numeral 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del contenido
siguiente:
“Artículo 5°. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá
vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La
ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para
su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de
expedirlo. (…).” De lo anterior, se infiere que el gobernado puede ejercer su profesión, esto es,
desenvolverse en el mundo laboral, teniendo como condición que el oficio de que se trate sea
lícito, no dañe a terceros ni al sector social.
Sirve de apoyo la jurisprudencia con registro 194152 de la Novena Época, del Pleno, visible en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999, Materia(s):
Constitucional, Tesis: P./J. 28/99, Página: 260, de rubro y contenido.
• Pruebas desahogadas en el proceso.
"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.”

Una vez verificados los documentos, la Dirección General de Incorporación y Revalidación de
Estudios (DGIRE) remite el expediente del alumno a la Dirección General de Administración
Escolar de esta Universidad, para la expedición del título profesional.
Se afirma lo anterior, pues si el quejoso acreditó haber cumplido con los requisitos exigidos en
los planes y/o programas de estudio de la Universidad Latina Campus Sur (UNILA), es
incuestionable que ésta y la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios
(DGIRE) de la Universidad Nacional Autónoma de México, tienen la obligación de concluir el
trámite a efecto de expedir el grado obtenido en términos de la normatividad vigente en la
materia.
• Efecto de la sentencia dictada
En tales condiciones, ante lo fundado de los conceptos de violación con fundamento en el
artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia
federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables, una
vez que cause firmeza legal el presente fallo, realicen particularmente lo siguiente:
I. Prosigan el trámite de expedición del título profesional que acredite respecto a la quejosa el
grado académico de licenciatura – nivel educativo superior –, para lo cual la responsable
(Universidad Latina Campus Sur (UNILA)) deberá proporcionar a las autoridades educativas
(Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la Universidad
Nacional Autónoma de México) todos los elementos legales para dicho fin.
II. Únicamente en caso de que la normativa educativa aplicable así lo permita, deberán expedir
la documentación que avale al quejoso como licenciado en derecho.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la
Ley de Amparo, se:

Actividad integradora. Redacción del escrito de demanda en el amparo indirecto.
1. Espera la sentencia proporcionada por tu docente en línea.
2. En un documento de texto, redacta el escrito de demanda de amparo indirecto.
3. En el mismo documento de texto y de forma ascendente, adjunta los productos elaborados
a lo largo de la sesión.
CASO CONCRETO.
La señora Laura Almeida Juárez tiene un hijo de 7 de nombre Mario Fernando Almeida Juárez;
años que padece cáncer de estómago desde hace poco más de un año; desde entonces, lo
atienden en el Hospital Infantil de Cancerología Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el cual depende de
la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, ya que ni la señora, ni su hijo cuentan con IMSS
o ISSSTE o cualquier otro servicio de salud.
Desde hace 2 meses, Mario Fernando no recibe el suministro de los medicamentos necesarios
entre los que se encuentran:
• 5-FU (fluorouracilo), a menudo administrado con leucovorín (ácido folínico)
• Capecitabina (Xeloda)
• Carboplatino.
• Cisplatino.
• Docetaxel (Taxotere)
• Epirrubicina (Ellence)
• Irinotecan (Camptosar)
• Oxaliplatino (Eloxatin)
Lo anterior toda vez que cada que la señora asiste a consulta con su menor hijo, así como a las
revisiones le dicen que dichos medicamentos se encuentran agotados y todos tienen tan altos
precios que le es imposible comprarlos ya que ella trabaja en una fábrica como obrera tipo “A”
donde mensualmente gana la cantidad de $8, 000 (ocho mil pesos 00/100 m.n)
Usted quiere ayudar a la señora y su menor hijo, mediante la presentación de una demanda de
amparo indirecto, por lo cual deberá elaborar la demanda de amparo.
DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO
La señora Laura Almeida Juárez tiene un hijo de 7 de nombre Mario Fernando Almeida Juárez;
años que padece cáncer de estómago desde hace poco más de un año; desde entonces, lo
atienden en el Hospital Infantil de Cancerología Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el cual depende de
la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, ya que ni la señora, ni su hijo cuentan con IMSS
o ISSSTE o cualquier otro servicio de salud.
Desde hace 2 meses, Mario Fernando no recibe el suministro de los medicamentos necesarios
entre los que se encuentran:

• Carboplatino.
• Cisplatino.
Lo anterior toda vez que cada que la señora asiste a consulta con su menor hijo, así como a las
revisiones le dicen que dichos medicamentos se encuentran agotados y todos tienen tan altos
precios que le es imposible comprarlos ya que ella trabaja en una fábrica como obrera tipo “A”
donde mensualmente gana la cantidad de $8, 000 (ocho mil pesos 00/100 m.n)
Usted quiere ayudar a la señora y su menor hijo, mediante la presentación de una demanda de
amparo indirecto, por lo cual deberá elaborar la demanda de amparo.
LAURA ALMEIDA JUAREZ
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO
C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL,
DEL ESTADO DE CHIAPAS
P R E S E N T E:
LAURA ALMEIDA JUAREZ, por mi propio derecho, mexicano mayor de edad, en
representación de mi menor hijo Mario Fernando Almeida Juárez de edad 07 siete años.
Señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el inmueble
ubicado: en calle Nicolás Bravo, numero 17 (diecisiete), colonia Linda Vista, código postal
45520, en el municipio de Tlaquepaque, Chiapas. Correo electrónico mgpegtz85@hotmail.com.
Autorizando para recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a María
Guadalupe Gutiérrez Salmerón.
Ante usted Señoría, de forma pacífica y respetuosa comparezco en tiempo y forma que
por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1 fracción I, 5 fracción I,
107 fracciones I y II y 108, 109y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, vengo a
solicitar AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, contra los actos y

omisiones de las autoridades señaladas como responsables, los cuales son violatorios de los
artículos 1, 4, 17 y 133 de la Constitución Federal, así como de los Derechos Humanos
consagrados en los artículos 4, 5, 25 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos
y los artículos 6.1,14, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los
diversos artículos 3, 9, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
Por consiguiente y para dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 108 de la Ley
de la materia, se precisa lo siguiente:
I.NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO:
LAURA ALMEIDA JUAREZ,
Con domicilio ubicado: en calle Americas numero 1805 colonia Centro, código postal
40096, en el municipio de Tuxtla Gutierrez, Chiapas
II.NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO:
No existe dada la naturaleza de los actos reclamados.
III. AUTORIDADES RESPONSABLES:
La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas con calle Madero, Centro, código postal
40488 municipio de Tuxtla Gutierrez, Chiapas.
El Hospital Infantil de Cancerología con calle ocho, colonia monumental, código postal
40488 municipio de Tuxtla Gutierrez, Chiapas.
IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE AUTORIDAD SE RECLAME.
1. El Hospital Infantil de Cancerología:
a) Se reclama la negativa de atención médica urgente por el padecimiento consistente
en Cáncer de Parénquima Cerebral al igual que Hemisferios Cerebelosos muestran
múltiples nódulos sólidos localizados en ambos hemisferios en la interface de
sustancia gris-blanca, diámetro de milímetros a un máximo de 3CM, reforzamiento
ávido con el contraste intravenoso y edema periférico, (Enfermedad metastática en
ambos hemisferios cerebrales, cerebelo y cuerpo calloso).La negativa de brindarme
todos y cada uno de los medicamentos para tratar el padecimiento de mi hijo, cáncer
Cerebral, como lo es el medicamento denominado
• Carboplatino.
• Cisplatino.

mismo que se encuentra dentro del cuadro básico y catálogo de medicamentos del
consejo de salubridad general que debe proporcionarse por parte del Instituto.
b) La falta de otorgar el tratamiento médico urgente e inmediato.
2. La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas
a) Se reclama la negativa de atención médica urgente por el padecimiento consistente
en Cáncer de Parénquima Cerebral al igual que Hemisferios Cerebelosos muestran múltiples
nódulos sólidos localizados en ambos hemisferios en la interface de sustancia gris-blanca,
diámetro de milímetros a un máximo de 3CM, reforzamiento ávido con el contraste intravenoso
y edema periférico, (Enfermedad metastática en ambos hemisferios cerebrales, cerebelo y
cuerpo calloso).
b) La negativa de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar el
padecimiento de cáncer Cerebral, como lo es el medicamento denominado todos y cada uno
de los medicamentos para tratar el padecimiento de mi hijo, cáncer Cerebral, como lo es el
medicamento denominado
• Carboplatino.
• Cisplatino.
mismo que se encuentra dentro del cuadro básico y catálogo de medicamentos del
consejo de salubridad general que debe proporcionarse por parte del Instituto.
c) La falta de otorgar el tratamiento médico urgente e inmediato.
VI.- LOS PRECEPTOS QUE CONFORME AL ARTICULO 1RO. DE LA LEY DE AMPARO,
CONTENGAN LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARANTIAS CUYA VIOLACION SE
RECLAME. -
La norma general impugnada, así como los actos y omisiones reclamados violan los Derechos
Humanos consagrados en el artículo 1, 4, 14, 16, 17, 123 apartado B, fracción XI, y 133, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 8, y 25 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 4 punto 1 Convención Americana
Sobre Derechos Humanos, Adoptada en San José De Costa Rica, Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, artículos 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales "Protocolo de San Salvador" Adoptado en la Ciudad de San Salvador.

VI.- PRECEPTOS DE LA LEY DE LA MATERIA VIOLADO. – Artículos 1 bis, 2, 5, 6, fracción
I, 23 a 27, 32, 33, 34 y 37, de la Ley General de Salud.
VII. ANTECEDENTES, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE
CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, LOS SIGUIENTES. -
1) El diecinueve de marzo de dos mil veinte, fue diagnosticado mi hijo de nombre Mario
Fernando Almeida Juárez con Cáncer de Parénquima Cerebral al igual que Hemisferios
Cerebelosos muestran múltiples nódulos sólidos localizados en ambos hemisferios en la
interface de sustancia gris-blanca, diámetro de milímetros a un máximo de 3CM, reforzamiento
ávido con el contraste intravenoso y edema periférico, (Enfermedad metastática en ambos
hemisferios cerebrales, cerebelo y cuerpo calloso), y fue remitido a consulta con el especialista
en Oncología a efecto de recibir un tratamiento especializado.
2) El veintitrés de marzo de dos mil veinte, se me receto por parte de la responsable El
Hospital Infantil de Cancerología de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, los siguientes medicamentos;
• Carboplatino.
• Cisplatino.
• Oxaliplatino (Eloxatin,
el cual no nos han sido abastecido por dicha institución, mismo QUE SE ENCUENTRA dentro
del cuadro básico de medicamentos del Instituto, tal y como se desprende del CUADRO
BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS, del consejo de salubridad general.
3) No obstante, hasta la fecha de hoy se nos ha negado la atención en Oncología, así como
el otorgamiento del medicamento; sin embargo, ante la negativa me es imposible adquirirlo a mi
costa, dado que una caja tiene un costo elevado y mis posibilidades económicas son limitadas
puesto que laboro de en una fábrica como obrera tipo “A” donde mensualmente gana la cantidad
de $8, 000 (ocho mil pesos 00/100 m.n)
.
4) Lo anteriormente manifestado por parte de la autoridad respecto del no
proporcionamiento de los medicamentos requeridos, y tampoco subrogarme el costo del
medicamento, así como la negativa de atención clínica, me coloca en un estado de afectación
en cuanto a los derechos humanos a la vida, mínimo vital, dignidad humana, salud y
otorgamiento de medicamentos, que me son inherentes por el simple hecho de ser un ser
humano, así como un perjuicio en mi economía familiar, y un estado de indefensión puesto
que aun cuando el medicamento forma parte del cuadro básico medicinal y ha sido solicitado,
no me es proporcionado en el tiempo y forma necesarios.

VIII.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. -
PRIMER. - Causa violaciones y daños de imposible reparación a la hoy quejosa, la negativa
de otorgamiento y/o subrogación de medicamentos por parte de las autoridades responsables.
Se señala como violatorios de mis derechos humanos consagrados en los artículos 1, 4, 17 y
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos y omisiones que
se reclaman en el presente juicio, llevados a cabo por las autoridades señaladas como
responsables, toda vez que se han negado a otorgarme la atención médica necesaria y a
proporcionarme y/o subrogarme los medicamentos denominados
• Carboplatino.
• Cisplatino.
• Oxaliplatino (Eloxatin,
que me fue prescrito por el médico especialista en Oncología, en virtud de la enfermedad que
padezco de Cáncer de Parénquima Cerebral al igual que Hemisferios Cerebelosos
muestran múltiples nódulos sólidos localizados en ambos hemisferios en la interface
de sustancia gris-blanca, diámetro de milímetros a un máximo de 3CM, reforzamiento
ávido con el contraste intravenoso y edema periférico, (Enfermedad metastática en
ambos hemisferios cerebrales, cerebelo y cuerpo calloso), mismo diagnostico que fue
debidamente reafirmado por personal médico especializado de la institución y donde nos fue
prescrito el medicamento en mención mismo suministro que me ha sido negado en diversas
ocasiones por parte de la institución, escudando la negativa de su obligación de administración
y/o subrogación bajo el argumento de que no se encuentra dentro del cuadro básico de
medicamentos que debe de otorgar, siendo esto falso, puesto que en la Ley General de Salud,
en sus artículo 23 y 27.
Asimismo, dentro del Cuadro Básico y Catálogo de Medicinas emitido por COMISIÓN
INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR
SALUD, en el año dos mil diecisiete, se encuentra los medicamentos, en el Grupo No. 16 y
haciéndole saber de nueva cuenta a esta Autoridad que el cuál es el necesario para la salud
de la hoy recurrente, debido a la enfermedad diagnosticada; sirve de apoyo la transcripción
de la lista del catálogo donde se encuentra la misma:
Ahora bien, se evidencia la existencia de una obligación señalada por la propia Ley por parte
de las instituciones de salud, con sus derechohabientes a proporcionar la atención médica y
los medicamentos necesarios que formen parte del cuadro básico de medicinas, y en caso de
no hacerlo, será responsable en subrogarlos; por lo que, notoriamente se está privando a la
quejosa del derecho a la salud, toda vez que no se le ha proporcionado ninguno de los
medicamentos necesarios para mejorar su calidad de vida, dignidad humana, así como
encontrándose en perjuicio la economía familiar, mínimo vital, de tal manera que los derechos

que se le deben de respetar y reconocer a mi representado se le están vulnerando, ya como
se estableció en la normatividad anteriormente citada, está creando una obligación para las
autoridades responsables en hacérselos llegar al suscrito y en caso de no estar en
posibilidades de hacerlo, existe la obligación por parte de la misma de subrogarlos.
Es decir, se establece que al tratarse del otorgamiento de medicamentos será conforme lo
previsto por la normatividad respectiva, y al no establecer la propia Ley General de Salud
expresamente el cuadro básico obligatorio, este se remite al CUADRO BÁSICO Y
CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, cuyo
objetivo es elaborar, actualizar, publicar y difundir el cuadro básico de Insumos para el primer
nivel de atención médica y el catálogo de insumos para el segundo y tercer nivel, y del cual
se desprende que sí se encuentra expresamente previsto el medicamento que me fue
prescrito, dentro del Grupo Nº 16: Oncología, en su página 14, tal y como puede advertirse en
la siguiente liga electrónica del consejo de salubridad general:
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/cuadro-
basico/med/catalogo/2017/EDICION_2017_MEDICAMENTOS-FINAL.pdf
Dada la gran variabilidad y complejidad que rodean una condición clínica concreta, en este
caso de CÁNCER DE CEREBRAL, enfermedad que padezco, es imposible aplicar la misma
normatividad en todos los casos, sino que estas deben adecuarse al caso en concreto,
entendiendo por esto que debido a mi complejo caso clínico, debemos entender esta
protección y aseguramiento de la manera más amplia, por la cual el Estado debe de asegurar
su intervención de una manera eficaz y de buena fe, haciendo valer sus obligaciones
estrictamente establecidas por la Ley de su materia en tiempo y forma.
Toda vez que la responsabilidad que existe por parte del Estado, debe garantizar a las
personas protegidas, cuando esto se requiera de asistencia médica, de carácter preventivo o
curativo, otorgando servicios de salud con calidad, oportunidad y equidad para sea cual sea
el caso en concreto.
Por lo que este Juzgador debe tomar en consideración que el derecho a la salud es un derecho
humano previsto por nuestra Carta Magna y diversos Tratados Internacionales de los que
México forma parte, y en todo caso, si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos
del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por Ley, el
déficit existente me deja en un estado de incertidumbre jurídica y de un notable estado de
indefensión, toda vez que el derecho vulnerado no se está garantizando de forma inmediata,
y tampoco ha sido garantizado en ningún momento desde el padecimiento de la enfermedad
crónica de artritis existente, se evidencia enormemente que no existe compromiso para
satisfacer la totalidad y disponibilidad de los medicamentos necesarios a la población, y en el
caso en concreto al hoy quejoso.
Asimismo, entre los derechos que implica el derecho a la salud se encuentran el sistema
relativo a la protección de la salud que proporcione a las personas las mismas
oportunidades para disfrutar el más alto nivel posible de salud. Este concepto al que se
ha hecho referencia tendrá en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas de

las personas como los recursos con los que cuenta el Estado. Por tanto, este derecho debe
entenderse como un derecho a disfrutar en igualdad de circunstancias de todas las facilidades,
bienes, servicios y condiciones necesarias que le permitan al individuo lograr el mejor nivel de
salud posible. El criterio deriva en particular del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en su artículo 12.
Por tanto, se desprende que todo paciente tiene derecho a acceder a medicamentos de
calidad, siendo un elemento esencial al mismo. Se crea la responsabilidad del Estado a hacer
todo lo razonablemente para garantizar los medicamentos necesarios y que estos se
encuentren disponibles en cantidades suficientes para su jurisdicción y así poder
proporcionarlos.
EL ESTADO NO PUEDE RENUNCIAR A SU FUNCIÓN, cuando la asistencia médica no
resulte cubierta suficientemente por el sistema de salud, haciendo valer su cobertura
asistencial a todos los ciudadanos, en el que permitan la efectividad de sus recursos.
De manera reiterada a lo largo de este primer concepto de violación, se señala la importancia
a la protección al derecho de la salud consagrado en nuestra Constitución, siendo una
garantía individual también prevista y establecida en la Ley General de Salud, de la cual
menciona que tal garantía comprende la recepción de medicamentos básicos como PARTE
INTEGRANTE DEL SERVICIO MÉDICO EN LA ATENCIÓN MÉDICA, existiendo deber de
proporcionarlo por parte de las dependencias y entidades que estén al servicio del mismo,
sirviendo de apoyo la siguiente Tesis Aislada: “SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN,
QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL,
COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO
DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS.” y “DERECHO A LA SALUD MENTAL.
DEBE PROTEGERSE DE MANERA INTEGRAL Y ELLO INCLUYE, CUANDO MENOS, EL
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SU TRATAMIENTO.”
Por tanto, el párrafo cuarto del artículo 4º, de nuestra Carta Magna, contiene el derecho
humano a la salud y su protección; asimismo, establece el principio de que todas las personas
tienen derecho a vivir en condiciones óptimas de salud física y mental, en un medio ambiente
adecuado para ese fin, representando esto la obligación del Estado de crear mecanismos,
planes y programas de gobierno tendentes a conseguir ese objetivo, satisfaciendo así uno de
los factores esenciales en el goce del más alto nivel posible de salud: EL ACCESO A LOS
MEDICAMENTOS.
El componente de medicamentos del derecho a la salud se centra en LAS
RESPONSABILIDADES DE LOS ESTADOS, y provee una breve introducción a las
responsabilidades de los institutos obligados a llevar a cabo el suministro de medicamentos,
determinando obligaciones para los Estados las cuales tratan de garantizar que los
medicamentos estén accesibles, y de buena calidad, es decir las instituciones deben hacer
todo lo posible para garantizar que los medicamentos se encuentren disponibles y en las
cantidades necesarias.

En pocas palabras, no sólo tienen un deber de garantizar que los medicamentos existentes
estén disponibles, sino que también tienen una responsabilidad de tomar medidas razonables
para garantizar que los medicamentos que no se encuentran disponibles primariamente, sean
adecuadamente subrogados a fin de no afectar el derecho humano al disfrute de salud.
La idea de vida digna se asocia a la existencia que puede llevar una persona cuando logra
satisfacer sus necesidades básicas. Por contraposición, quien no consigue tener satisfechas
estas necesidades se viola el mínimo de subsistencia digna y autónoma constitucionalmente
protegida, siendo universal para sujetos de la misma clase y con expectativas de progresividad
en lo concerniente a las prestaciones, entendiéndolo en este orden de ideas, constituye al
mínimo vital, el cual coincide en las competencias, condiciones básicas y prestaciones
necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de mísera
o necesidades insatisfechas que limitan sus libertades, de tal manera hay que valorar todas
las medidas positivas y negativas necesarias para evitar que la persona en este caso no se
me vea inconstitucionalmente reducido mi valor intrínseco como ser humano, por no contar
con las condiciones materiales para llevar una existencia digna.
Es importante tener en cuenta que aquello que se entiende como una vida digna varía de
acuerdo a las personas y las culturas. Es habitual, como decíamos líneas arriba, que la vida
digna se vincule a la posibilidad de dormir bajo techo, alimentarse todos los días y tener
acceso a la educación y a los servicios de salud, entre otras cuestiones consideradas
imprescindibles para que un ser humano pueda subsistir y desarrollarse es primordiales, no
puede tener una vida digna.
Es evidente que dentro del sistema de salud muchas personas carecen de acceso a
medicamentos, es decir, que aunque si bien el medicamento requerido se encuentran dentro
del cuadro básico, estos no están disponibles para la entrega a los derechohabientes, es por
ello que las propias Leyes internas prevén esa situación y establecen la posibilidad de
subrogar la entrega de los medicamentos específicos a fin de buscar la más amplia protección
al derecho a la salud, puesto que el que no existan causa agravantes en los problemas de
salud y afectaciones directas a los derechos humanos primigenios como lo son la dignidad
humana, vida digna y la vida; sin embargo, en el caso particular que nos ocupa, la institución
médica competente, aun existiendo dicha disposición de subrogar los medicamentos a la
suscrita puesto que no se encuentran en clínica, está siendo omisa en realizar la entrega de
los medicamentos requeridos, aun y cuando la recurrente es derechohabiente y los mismos
medicamentos fueron prescritos por un médico especialista, es decir no está llevando a cabo
su obligación de proveer a la quejosa con los medicamentos necesarios para llevar a cabo
una vida digna y tener el disfrute del derecho a la salud consagrado en el artículo cuarto de la
Constitución Federal.
Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, por analogía jurídica, la tesis aislada 1a.
LXV/2008, emitida por la Primera Sala, que este órgano comparte, legible en la página 457,
julio de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del
tenor siguiente: “DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA

CONSTITUCIÓNPOLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU
COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS”.
Por los motivos anteriormente referidos es que la promovente estima que se están violentando
mis derechos humanos a la vida, a la salud y su protección, así como al servicio y otorgamiento
de medicamentos, a la dignidad humana, mínimo vital y la integridad personal, como
seguridad social, tiene sustento lo anterior en la siguiente Tesis Aislada XV.3o.9 A (10a.)
emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en el Seminario
Judicial de la Federación, con número de registro 2021661: “PENSIÓN JUBILATORIA. LA
OMISIÓN RECURRENTE DE PAGARLA OPORTUNAMENTE VIOLA LOS DERECHOS
HUMANOS A LA DIGNIDAD, AL MÍNIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
JUBILADOS”.
Es importante establecer que el derecho a la salud y su protección constituye uno de los
derechos humanos fundamentales, que corresponden a la persona humana por el sólo hecho
de serlo y que se encuentra consagrado en el artículo 4 Constitucional mencionado,
encontrándose además protegido por los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano
ha suscrito mencionando los de nombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos –
Pacto de San José de Costa Rica, 1969, así como lo dispuesto por el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos –1966–, la Declaración Universal de Derechos Humanos –1948–
, cabe destacar también la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial –1965–, ya con un mayor grado de precisión, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre –1948–, sin olvidar por su trascendencia
e importancia, al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales –
1966– y por último ejemplo el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San
Salvador", adoptado en la Ciudad de San Salvador.
Es decir, debemos entender esta protección y aseguramiento de la manera más amplia,
puesto que en ellos se establece que deben de existir las condiciones óptimas y
suficientes en los servicios de salud, representando esto en una obligación del Estado y los
organismos que del emanan, como lo es en el caso que nos ocupa el Hospital Infantil de
Cancerología del Estado de Chiapas, quienes son los encargados de cumplir con el objetivo
de lograr el acceso completo al sistema de salud y al otorgamiento de los medicamentos
necesarios para lograr el efectivo disfrute de este derecho, es decir la autoridad responsable
tiene la obligación de satisfacer mi necesidad de medicamento, al ser derechohabiente del
instituto y haber sido diagnosticada con el padecimiento de cáncer cerebral.
El no estar teniendo acceso a los medicamentos prescritos, no solamente me afecta de
manera directa en mi derecho humano a la vida, sino también en la economía familiar y la
suscrita no cuenta con los suficientes recursos económicos por lo que no puede estar
costeándolos ya que se ha vuelto insostenible para mí.

Las políticas mal aplicadas y las reglas incumplidas por las responsables, en cuanto a sus
obligaciones de subrogación en cuanto a los medicamentos necesarios para la quejosa dan
lugar a estas privaciones, desigualdades y discriminación.
Es necesaria la pronta acción y respuesta dadas, respecto a proporcionar los medicamentos
ya que, ante esta negativa e incumplimiento de los deberes legales y éticos, consagrados no
solamente en la Constitución Nacional, sino también en los Tratados Internacionales, se
encuentra una afectación al suscrito, surgiendo con ello afectaciones de imposible
reparación, mismas que pudieren ser evitadas con la entrega y/o subrogación del
medicamento que la recurrente requiere.
Se entiende como uno de los elementos del derecho a la salud consagrado como un derecho
humano, el disfrute a servicios de calidad en todas sus representaciones y niveles, debiendo
garantizarlo el Estado, tomando acciones necesarias para satisfacer su jurisdicción y teniendo
condiciones óptimas y suficientes para que el quejoso desarrolle su nivel de vida con calidad
y no se vea vulnerado su dignidad humana, integridad social y economía familiar al caso en
concreto que hoy nos ocupa, sirviendo de apoyo la siguiente jurisprudencia, la cual me permito
transcribir a efecto de proveer: “DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL
ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD”.
Se debe mejorar el acceso a los medicamentos por parte de la institución, lograr la
cooperación a efecto de proporcionar acceso a los medicamentos esenciales y que en algunos
de los casos no se encuentran de manera inmediata en los sistemas de salud, aun y cuando
forman parte de los cuadros básicos y que por ende deberían encontrarse a disposición y
acceso de los derechohabientes en las clínicas. Todos los servicios, bienes e instalaciones
de salud, tienen que estar disponibles, ser accesibles, aceptables y de buena calidad; existen
obligaciones de respetar, proteger y satisfacer el derecho al disfrute del más alto nivel posible
de salud, debido a su gran importancia, el marco analítico requiere que se le preste especial
atención a cuestiones de no-discriminación, igualdad y VULNERABILIDAD; y por último, se
requiere que existan mecanismos de monitoreo y control eficaces, transparentes, accesibles
y disponibles, respecto del acceso a los medicamentos.
Esta preocupación respecto de la vulnerabilidad y la desventaja surge de dos de los principios
más importantes del derecho internacional de los derechos humanos: no-discriminación e
igualdad. En relación con el acceso a medicamentos, la no-discriminación y la igualdad tienen
numerosas implicancias. Por ejemplo, un Estado está obligado a establecer un sistema
nacional de provisión que incluya programas específicamente diseñados para alcanzar a los
vulnerables y desaventajados.
Refiriéndonos a algunos de los preceptos internacionales de los que el estado mexicano es
parte, viene a colación la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San
José de Costa Rica, 1969–, que en su artículo 4º establece: “toda persona tiene derecho a
que se respete su vida.”

Así como lo dispuesto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –1966–,
establece en su artículo 6º,“el derecho a la vida es inherente a la persona humana.”
Por su parte la Declaración Universal de Derechos Humanos –1948– establece en su artículo
3º, “todo individuo tiene derecho a la vida” y, en el artículo 25, párrafo 1º, dispone que: “toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar y en especial la alimentación y el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios.”
Cabe destacar también la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial –1965–, que en su artículo 5º, apartado e), inciso IV), establece que
“es deber de los Estados garantizar el derecho a la salud pública y a la asistencia médica.”
Ya con un mayor grado de precisión, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre –1948– establece en su artículo 1º que “todo ser humano tiene derecho a la vida,
a la libertad y a la integridad”, y en su artículo 11precisa que: “toda persona tiene derecho a
que su salud sea preservada.”
No podemos obviar por su trascendencia e importancia, al Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales –1966–,que contiene las previsiones más
completas y de mayor alcance sobre el derecho a la salud dentro del sistema internacional de
los derechos humanos, entendiendo por salud conforme la Organización Mundial de la Salud
(OMS), como “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de enfermedad.”, sirviendo de apoyo la siguiente tesis aislada, a manera de analogía
y fortalecer lo vertido en los párrafos anteriores: “DERECHO A LA SALUD MENTAL. DEBE
PROTEGERSE DE MANERA INTEGRAL Y ELLO INCLUYE, CUANDO MENOS, EL
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SU TRATAMIENTO”.
En tal sentido, es importante resaltar que los tratados internacionales no sólo reconocen el
derecho a la vida, sino el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental, implicando esto no solo la existencia de los servicios de atención médica,
SINO LOS MEDIOS IDÓNEOS Y SUFICIENTES, así como los cuidados; es decir, el
otorgamiento de los medicamentos necesarios para lograr este disfrute de derecho a la salud.
La obligación de cumplir la garantía del más alto disfrute de este derecho por parte de los
estados y sus organismos, implica dar plena efectividad al derecho a la salud, y que su
reconocimiento no se limite a meras declamaciones, sino que existan los medios para llevar
a cabo esta satisfacción de bienes y derechos primarios, existiendo, dictando y/o creando con
ello las medidas necesarias tanto de carácter legislativo, administrativo, presupuestarias y
judiciales.
Aunque si bien es cierto, no existe ningún acuerdo internacional o declaración Política de
carácter internacional que reconozca literalmente el derecho de toda persona a acceder a los
medicamentos esenciales, cabe entender que este derecho se infiere y resulta del derecho a
la vida, derecho a la dignidad humana y del derecho a la salud, constituyendo un aspecto
esencial en estos derechos.

En virtud de que el bien esencial es la protección de la salud, y con ello la vida de las personas,
y al ser un derecho humano de gran importancia y valor, los Estados y las instituciones que
de ella emanen, tienen la obligación llevar a cabo los actos y adoptar las medidas necesarias
para garantizar su disfrute a través del adecuado acceso a los medicamentos para toda
aquella persona que los requiera a través de cualquier forma o medio, ya sea porque se
encuentren en un cuadro básico de medicamentos o no, puesto que el bien jurídico tutelado
a proteger que es la vida, la salud y la integridad física y mental sobrepasan la existencia o no
de un medicamento en un listado básico, y es en virtud de esa ponderación y jerarquización
que se pudiera llegar a hacer respecto de los derechos humanos contravenidos, QUE EMANA
MI DERECHO HUMANO A RECIBIRLO DE MANERA OPORTUNA Y PUNTUAL, puesto que
el acceso a los derechohabientes de los medicamentos abarca cualquier modo posible de
entrega, ya sea en farmacias internas o por medio de subrogación, volviéndose tangible este
derecho al ser capaz de salvar la vida de una persona y ofrecerle una adecuada y mejor
calidad de vida, siendo esto el fin, responsabilidad y obligación primigenia estatal.
Entendiéndose la protección de la salud como un objetivo que el Estado puede perseguir
legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental, teniendo proyección tanto
individual o personal, como público o social, entendiéndose al caso concreto en la obtención
de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental y psicológico y
social, del que deriva de otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad
física como se ha venido estableciendo a lo largo de la presente demanda, lo cual es necesario
establecer mecanismos a los cuales se les dé seguimiento y controles de calidad por parte
del Estado, al existir la negativa al otorgamiento de medicamentos y/o subrogación de los
mismos, causa una afectación de imposible reparación al suscrito, generando consecuencias
en su validad de vida, patrimonio, integridad social, dignidad humana y el primero de ellos
siendo su derecho a la salud.
En otras palabras, mientras que un Estado puede contratar la provisión de servicios de salud
a una empresa privada, no se deshace de sus obligaciones respecto del derecho a la salud.
El Estado siempre retiene responsabilidad residual respecto de la adecuada regulación de sus
sistemas de salud y medicamentos, así como respecto del bienestar de la mayoría de los
desaventajados en su jurisdicción.
En base a los argumentos antes planteados en este PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN,
es que le solicitamos a usted Juez, se sirva de resolver procedente el mismo y otorgar el
amparo y protección de la Justicia Federal.
SEGUNDO. –Causa violaciones y daños de imposible reparación a la parte quejosa, la
negativa de atención médica y otorgamiento y/o subrogación de medicamentos por parte de
la autoridad responsable.
La subrogación de medicamentos contenidos dentro del Cuadro Básico y Catálogo de
medicinas emitido por la COMISION INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BASICO Y
CATALOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, es destinado a resolver problemas de

salud y mejorar la calidad de vida, salvaguardando el derecho a la salud, la integridad social,
consagrados en nuestra Carta Magna, de los pacientes derechohabientes en el caso en
concreto que hoy nos ocupa por parte de la responsable, actualmente encontrándose en un
total desabasto de medicamentos, incidiendo sobre la salud de la quejosa por la falta de
suministro y/o subrogación de los mismos, afectando económicamente mi patrimonio,
cayendo en la necesidad de comprar con mis propios recursos, encontrándose en una
vulnerabilidad evidenciando una violación a la Ley, ya que la relación jurídica que existe entre
el Estado y el Instituto, abarca la obligación de este ultimo de entregar de manera oportuna y
completa los servicios de salud, medicamentos que se encuentren dentro del cuadro básico y
en caso de no hacerlo, asumir la subrogación de los mismos.
El disfrute de servicios de calidad se exige en todas sus formas y niveles, entendiendo por
esto que sean apropiados, oportunos, completos y otorgar un buen estado y condiciones
adecuados, a efectos de proteger el derecho consagrado en nuestra Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el Estado tiene la obligación de emprender las acciones
necesarias para alcanzar los medios necesarios para este fin, corresponde a la institución
médica el objeto de restaurar la salud de sus pacientes, cuando la presentación deducida en
el presente concepto de violación es obtener el rembolso de los gastos generados por los
medicamentos que no le están siendo otorgados por el Instituto debido a la negligente
atención médica.
La Organización Mundial de la Salud indica que los Gobiernos deben de asegurar que los
pacientes reciban los medicamentos de acuerdo con sus necesidades clínicas, en las dosis y
tiempos adecuados y al menor costo posible, evidenciando que por parte de las responsables
no asumen responsabilidad alguna, teniendo un alto impacto sobre los servicios que otorga
ya que son de insumos básicos, causando una afectación de imposible reparación a la hoy
quejosa.
Situación que destaca en torno a los gastos referidos, teniendo como consecuencia las
barreras de accesibilidad a obtener un nivel de calidad de los servicios médicos tanto en
medicamentos como en la deficiencia de atención médica.
Por otra parte, de los numerales 1, 1 bis, 2, 5, 6, fracción I, 23 a 27, 32, 33, 34 y 37, de la Ley
General de Salud, podemos llegar a las siguientes conclusiones:
- La Ley General de Salud es reglamentaria del derecho a la protección de la salud reconocido
en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades.
- Las finalidades del derecho a la protección de la salud son, entre otras, el bienestar físico y
mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y
el mejoramiento de la calidad de la vida humana; y, el disfrute de servicios de salud y de
asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

- El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la
Administración Pública federal y local; y, por las personas físicas o morales de los sectores
social y privado, que presten servicios de salud.
- El Sistema Nacional de Salud tiene como objetivo primario proporcionar servicios de salud a
toda la población y mejorar la calidad de los mismos.
- Los servicios de salud son aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la
sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la
colectividad.
- La atención médica integral, como servicio básico de salud, comprende la atención médica
integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo
la atención de urgencias.
- La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud constituye un
servicio básico de salud.
- La atención médica es el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de
proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de medios electrónicos de
acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud.
Así, en el caso que nos ocupa, el Instituto, por medio de su Dirección General tiene obligación
de no cancelar o negarse a continuar proporcionando los servicios médicos a esta parte
quejosa, para salvaguardarla integridad física, psicológico y mental.
A lo anterior sirve de sustento Jurídico los siguientes criterios Jurisprudenciales y Aislados:
“SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓNPOLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL.” y “ISSSTE. EL ARTÍCULO 25, PÁRRAFOS
SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, AL PERMITIR LA SUSPENSIÓN DE LOS
SEGUROS OBLIGATORIOS, ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 4o. Y 123,
APARTADO B, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓNPOLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)”.
De igual manera el suscrito, tengo derecho a recibir atención médica, ya que de lo contrario
se estarían violando en mi perjuicio lo establecido por los artículos 1,4, 7, 8 fracciones I, VI
incisos a y b, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, con
relación en los , 1 bis, 2, 5, 6, fracción I, 23 a 27, 32, 33, 34 y 37, de la Ley General de Salud,
los cuales establecen que el Estado tiene la obligación de cuidar, y asegurar que se respeten
los derechos humanos como los son el derecho a la vida, a la seguridad social, entre otros,
en el caso que nos ocupa es de vital importancia que se cuide y respete el derecho a la
seguridad social, ya que está recibiendo un tratamiento por parte del instituto responsable, y
de cancelarle o negarse a seguir prestándole los servicios médicos se estaría poniendo en
peligro la integridad física, y su calidad de vida, causándole un daño de imposible reparación.
De los argumentos anteriormente vertidos se puede concluir, que el Estado tiene la
responsabilidad de proteger se respeten los derechos humanos de la aquí recurrente, como
lo son el derecho a la salud y seguridad social, así como al otorgamiento de medicamentos,

solicitándole a este Juzgador AMPARE Y PROTEJA LOS DERECHOS HUMANOS de la
parte quejosa.
El Instituto responsable, se encuentra violando a la aquí recurrente, lo establecido por los
artículos 1, 2, 3 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 4 punto
1, y 19, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Adoptada en San José De
Costa Rica, 24 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 9, 10 y 16
Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" Adoptado en la
Ciudad de San Salvador, artículos 4, y19, de la Convención Americana de Derechos
Humanos, toda vez que al negarse a proporcionar los medicamentos de manera amplia y
adecuada, se le estaría causando un DAÑO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.
De ahí que los actos negativos relacionados con la prestación de servicios básicos de salud,
como lo es la atención médica, inciden directamente en el derecho fundamental de protección
a la salud previsto en nuestra Constitución, así como en los tratados internacionales en los
que el Estado Mexicano es parte, y, desde luego, en la esfera jurídica del solicitante del
amparo.
El párrafo primero del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dispone
que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios; ahora bien por otra parte tenemos que el artículo 10 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", dispone que toda
persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar
físico, mental y social.
De esta forma, los servicios de salud, a la luz del párrafo cuarto del artículo 4 Constitucional,
deben entenderse como UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL ESTADO
MEXICANO, precisamente porque además de ser un derecho fundamental del ser humano,
la Ley de la materia establece las bases y modalidades para su aplicación en el ámbito público,
social y privado, siendo incluso compartida dicha responsabilidad con tales sectores (sociedad
e interesados),siendo el Estado a quien incumbe los mecanismos necesarios para que todas
las personas tengan acceso a tal derecho fundamental.
En este orden de ideas, se observa que el derecho a la salud, entre los principales elementos,
comprende: El disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, que
sean apropiadas médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado,
medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, así como
las condiciones sanitarias adecuadas.
No obstante lo anterior, en acatamiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado es Parte,

supracitados, no resulta correcto considerar que en cuanto al proceso y tratamiento médico
bajo el cual se encuentra la suscrita, se le niegue a proporcionarle los medicamentos
necesarios por parte del Instituto, los cuales resulta ser indispensable para mejorar su calidad
de vida y respetar el derecho a la salud, se estaría poniendo en riesgo la vida del hoy quejoso,
pues dicha postura resulta no valorable a las circunstancias especiales del caso que nos
ocupa, va contra la efectividad del derecho a la salud consagrado en el numeral 4º de la Carta
Magna, lo que desde luego es adverso a lo ya reseñado. Máximo que tiene un tratamiento de
seguimiento mensual el cual como se ha mencionado a lo largo del presente escrito, se
conforma mediante medicamento y la suscrita no cuenta con los recursos económicos para
estar costeándolos, además que soy una persona en estado de vulnerabilidad; por lo que,
tenemos como resultado que se ha vuelto insostenible para el mismo, y de igual manera, el
Estado no está siendo responsable en subrogar los medicamentos necesarios para solventar
la falta de los mismos, se encuentra evadiendo su responsabilidad como se ha venido
alegando en el presente escrito.
De tal manera, se evidencia que la negativa al otorgamiento de medicamentos que son
obligación por parte del Estado solventar y hacer llegar a las personas que lo requieran
existentes dentro del Cuadro Básico y Catalogo de Medicinas emitido por la COMISIÒN
INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÀSICO Y CATÀLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR
SALUD, y en caso de no otorgarlos, se hace responsable de la subrogación de los mismos
que se reclama hoy a la autoridad responsable, implica una contravención al derecho humano
a la salud que se establece en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con los preceptos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, pues se le priva al quejoso del derecho a la salud.
Sirve de apoyo a las consideraciones planteadas en el presente amparo, por analogía jurídica,
las siguientes tesis jurisprudenciales publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, del tenor siguiente: “SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO
GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL,
QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS.” y “DERECHO HUMANO A LA
PROTECCIÓN DE LA SALUD. PARA GARANTIZARLO, EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL DEBE SUMINISTRAR A SUS BENEFICIARIOS LOS MEDICAMENTOS
QUE SE LES PRESCRIBAN, AUN CUANDO NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL CUADRO
BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD.”
Evidenciando la omisión por parte del Instituto al otorgamiento y/o subrogación de los
medicamentos a la suscrita, consagrando su obligación de proteger, respetar y cumplir
progresivamente con el mismo en nuestra Carta Magna, absteniéndose de negar su acceso,
garantizándolo con igualdad y sin discriminación ni condicionamiento alguno, permitiendo su
eficacia y garantía, lo cual no hay respuesta alguna por parte del Instituto.

De los argumentos esgrimidos anteriormente, podemos llegar a la conclusión, que deviene
violatoria de mis derechos humanos la negativa al otorgamiento de medicamentos incluidos
dentro del Cuadro Básico y Catalogo de Medicinas emitido por la COMISIÒN
INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÀSICO Y CATÀLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR
SALUD y/o subrogación de los mismos, reclamada a las autoridades competentes; en tanto
que, en respeto de la dignidad humana, que como se dijo, comprende una serie de otros
derechos al menos en un mínimo vital; sin embargo, previamente a la negativa de otorgar un
servicio médico de más alto nivel posible de salud: el acceso a los medicamentos se debió
comunicar, notificar por escrito al derecho habiente dicha determinación e informarle de las
opciones que tiene para sustituir el cumplimiento de dicha prestación médica a través de las
dependencias de salud oficiales. Por lo que a su vez se violenta el derecho de audiencia de
la parte quejosa.
Máxime que se trata de una paciente la cual necesita un tratamiento especializado por parte
de la responsable, perteneciente a un grupo vulnerable de la sociedad y encontrándose en
aumento mencionada enfermedad y al no recibir los medicamentos necesarios para mejorar
su calidad de vida, genera como consecuencia la vulnerabilidad de sus derechos humanos,
acceso a los servicios médicos, seguridad social, el Estado evadiendo su obligación a
solventar o subrogar los medicamentos necesarios, se ve afectado el patrimonio del suscrito
y sus recursos económicos familiares.
Por todo lo planteado en el presente amparo, con el único pero primordial fin de salvaguardar
el derecho a la salud de la parte quejosa, por su propio derecho, en aras de que se cumpla el
efecto protector a que se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es que le solicitamos
a usted JUEZ, se sirva de OTORGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA
FEDERAL, en base a los conceptos de violación ya antes planteados, al ser de imposible
reparación para el suscrito, y como se ha planteado, la responsable se encuentra en la
negativa de sus obligaciones, que hoy es la base de nuestro acto reclamado.
IX.- CAPÍTULO ESPECIAL QUE ANALIZA LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA
DE AMPARO INDIRECTO.
En el presente caso, se estima que es procedente el análisis de la presente demanda de
Amparo Indirecto, ya que actualiza en los supuestos de asuntos urgentes con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 107 de la Ley de Amparo; y de conformidad a los Acuerdos
Generales 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020 y especialmente en el Acuerdo 8/2020; así como
el 10/2020 y 11/2020;acuerdosdel Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las
medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública
derivado del virus COVID-19.
Como se señaló, el presente asunto se considera de carácter urgente conforme a lo dispuesto
en el artículo 4 del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
publicado el veintisiete de abril del año en curso; con fundamento en los numerales 15 de la
Ley de Amparo y 48, fracciones IX y XII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la

Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de
los órganos jurisdiccionales, en relación con el 22 constitucional; los cuales se refieren a actos
que importen peligro de privación de la vida o el tormento de cualquier especie, entre otras
hipótesis; en virtud de que, en la demanda de amparo se reclaman actos que afectan el
derecho a la salud y ponen en peligro la vida, así como mínimo vital, por lo que se considera
que se trata de un asunto urgente.
Por lo que, al ubicarnos en plena contingencia sanitaria provocada por la pandemia derivada
del virus COVID-19, sufro una afectación directa en mi derecho de salud, seguridad y certeza
jurídica y a la postre en el derecho a la vida.
Lo anterior es así, toda vez que, ante la omisión de las autoridades responsables, en dar
cumplimiento con lo establecido por los acuerdos de veinticuatro y treinta y uno de marzo,
veintiuno de abril y catorce de mayo de dos mil vente, y al ser parte de un grupo vulnerable,
al no proporcionarme el medicamento y atención medica se pone en peligro eminente la salud
y la vida de la suscrita.
Si bien es cierto, la protección del derecho a la salud tiene como objetivo que el estado está
obligado a perseguir legítimamente la garantía del cumplimiento de ciertos derechos.
Atendiendo que, en el presente caso, al tratarse de un derecho reconocido en el artículo 4º.
Constitucional, en el que expresamente se establece que toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. De ello, se deriva que el Estado tiene un interés primordial que es, el
deber de procurar la salud de los gobernados, así como establecer los mecanismos
necesarios para que las personas tengan acceso a los servicios de salud. Tiene aplicación la
siguiente Tesis Jurisprudencial: “DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.
DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL” y “SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN,
QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL,
QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS.”
En este orden de ideas, se obtiene que, al ser ciudadana mexicana, tengo derecho a que el
Estado garantice la protección a mi derecho humano fundamental como lo es el derecho a la
salud, obteniendo la protección material por parte de las responsables.
Ahora bien, por lo que hace a la procedencia del presente juicio de amparo, se reitera que es
procedente atendiendo a lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Amparo y así como el
diverso numeral 48 fracción IX y XII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que reforma y establece las disposiciones en materia de actividad
administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, y el diverso artículo 22 Constitucional. Tales
artículos establecen que se debe de considerar con carácter de urgente los juicios solicitados
que tengan por naturaleza, conocer sobre actos que pongan en peligro la vida. Tal es el caso
que acontece en el presente juicio, en virtud de que el acto que se reclama pretende frenar la
comisión de actos que pongan en peligro la salud y la vida de la quejosa y así también como
consecuencia de todos los bajacalifornianos en conjunto.

Es por lo anterior, que en atención a lo establecido en el Acuerdo General 6/2020, del Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 4/2020, relativo a las
medidas de contingencia en los Órganos jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública
derivado del virus COVID-19, mismo que entró en vigor el pasado 14 de abril de 2020 y
derivado de la circunstancia para atender las medidas sanitarias emergentes relacionadas
con el virus, se estableció que aunado a lo establecido en el artículo 48 del Acuerdo General
del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones generales en la
actividad de Materia Administrativa, se contemplarán e integraran como casos urgentes
contemplándolos en la fracción XII, aquellos juicios en los que el acto reclamado implique:
A) Partiendo de un análisis de los Derechos Humanos en juego,
B) La trascendencia de su eventual transgresión,
C) Las consecuencias que pudiera llegar a traer la espera de en la conclusión del periodo
de contingencia.
En este tenor, es evidente que el presente juicio de amparo se ubica con exactitud en las tres
hipótesis implementadas para la procedencia del caso urgente, toda vez que en primer lugar,
los actos reclamados versan sobre la inminente vulneración a los DDHH de la salud y la vida,
así como los diversos acceso efectivo a la justicia y seguridad jurídica consagrados en el
artículo 14 y 16 de la Carta Magna; en segundo lugar, en virtud de que de no protegerse la
vulneración a estos derechos, la trasgresión se reproduciría en daños de imposible reparación
que pudieran traer como consecuencia la privación a la vida de la suscrita; por último está
vulneración es tan trascendental que de llevarse a cabo los actos reclamados, se desconoce
si para el momento que se regrese los labores normales del juzgado, este en las mismas
condiciones o la suscrita haya sufrido actos de imposible reparación o aun existan derechos
por proteger ya que existe peligro en la demora de ejecutarse de manera inmediata las
transgresiones a mi derecho a la salud y la vida. Situación que afectan al estado de protección
máxima de los derechos consagrado en su conjunto por la Constitución y así también el deber
del Estado de garantizar la aplicación de los mismos.
Es por todo lo anteriormente argüido, se actualiza la procedencia del presente juicio de
amparo y se solicita a este Juez de Distrito, que, en uso de facultad discrecional, garantice la
protección de los derechos humanos que se estiman vulnerados y por consecuencia dicte las
medidas necesarias para que de manera inmediata se protejan los derechos de la vida y la
salud, mediante la aplicación de un acceso efectivo a la justicia.
Asimismo, se estima procedente el análisis de la presente demanda de Amparo Indirecto, en
virtud de que se promueve en contra de la violación de derechos humanos, de una norma
general y sus actos de aplicación viciados de inconstitucionalidad; respecto los cuales el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido Jurisprudencias; en el sentido que
debe de protegerse el derecho humano a la salud consagrado en el artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados
Internacionales en los que el Estado forma parte, mismos que tal y como ya se estableció en
los párrafos anteriores resultan perfectamente aplicables, estableciéndose que el Tribunal de

Amparo debe evitar la subsistencia de actos violatorios a de Derechos Humanos, con
independencia de la no impugnación o el consentimiento de estas, a lo anterior sirve de
sustento Jurídico los siguientes criterios Jurisprudenciales: “SUPLENCIA DE LA QUEJA
DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE
INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE
HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.
Por lo que, la omisión de las autoridades responsables, al otorgar el medicamento necesario
para mi enfermedad de CANCER DE CEREBRAL, pone en riesgo grave mi salud, por ende
mi vida, en virtud de ser parte de un grupo vulnerable de la tercera edad.
Adicionalmente, la procedencia de la presente demanda de Amparo Indirecto, debe ser
analizada a la luz del nuevo paradigma de protección de los Derechos Humanos; lo anterior,
porque la suscrita quejosa, se le dejaría en un verdadero estado de indefensión, toda vez que
no se estarían respetado a cabalidad mis Derechos Humanos a la salud, consagrado en el
artículo 4 de nuestra Carta Magna, así como en los Tratados Internacionales en los que el
Estado Mexicano forma parte.
Aunado a lo anterior, es menester indicar que la aquí quejosa no ese encuentra obligado a
agotar el principio de definitividad en la medida en que la Ley que norma el juicio contencioso
administrativo del Estado, en comparación con los numerales relativos de la Ley de Amparo,
establece mayores requisitos para conceder la medida cautelar, pues dispone un plazo mayor
para el otorgamiento de la suspensión provisional, esto es, de tres días, a diferencia del de 24
horas que se indica en el artículo 112 de la Ley de Amparo vigente, por lo tanto se actualiza
una excepción al principio de definitividad en términos de la parte final de la fracción XX, del
artículo 61 de la mencionada Ley de Amparo, por lo que en consecuencia, previamente a la
promoción del juicio de derecho fundamentales incluso la determinación impugnada no
establece fundamentación legal alguna por lo que, era innecesario agotar el juicio de nulidad
previsto en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California.
Encuentra sustento lo anterior las siguientes jurisprudencias: "FUNDAMENTO LEGAL
INSUFICIENTE". SE ACTUALIZA ESTA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD
EN EL AMPARO CUANDO POR LA SOLA INTERPRETACIÓN DEL TEXTO LEGAL NO ES
POSIBLE ESTABLECER QUE EN ÉL SE PREVÉ LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO
ORDINARIO CONCRETO CONTRA DETERMINADA RESOLUCIÓN”.
X.- SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. -
En virtud de lo expuesto y toda vez que el presente asunto es de carácter de URGENTE, no
se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, se
solicita de la matera más atenta con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se
decrete la SUSPENSIÓN DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO, para efecto de que se me
proporcione atención médica urgente e inmediata para tratar mi padecimiento de cáncer
cerebral; se me OTORGUEN DE FORMA INMEDIATA LOS MEDICAMENTOS necesario

para el padecimiento de cáncer cerebral como lo es el medicamento referente antes
mencionado en el cuerpo de este escrito, prescrito por medico competente, mismo que se
encuentra dentro del cuadro básico y catálogo de medicamentos del consejo de salubridad
general que debe proporcionarse a la suscrita; asimismo, para que en su momento oportuno,
se ordene que se me continúe otorgando los medicamentos por parte de las autoridades
responsables, en específico el tratamiento médico especializado antes mencionado:
“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE
PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y
PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA
ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA”.
Asimismo, la solicitud de suspensión deberá ser analizada bajo los principios de pro-persona,
solidaridad e igualdad sustantiva, debido a que esta parte quejosa es parte de un grupo
vulnerable, por lo que requiriere de una particular protección por parte del Estado para poder
desplegar su autonomía en condiciones de igualdad con los restantes miembros de la
sociedad y para que no se vean reducidos con menoscabo de nuestra dignidad, su derecho a
la seguridad social, así como su derecho a la vida, a la salud otorgada en un nivel con calidad,
por las necesidades de orden más básicas, justificando dicha circunstancia que el Estado
tome determinadas acciones en favor de la suscrita para inhibir las desigualdades que afronta,
en atención a los mencionados principios de solidaridad e igualdad sustantiva, conferidos por
el artículo 1º. de la Constitución Federal.
Lo anterior, se corrobora con el criterio aislado de rubro siguiente: “SUSPENSIÓN EN EL
AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL
QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON
EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA
DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA”, “SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO
PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE UN ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL DE
MINISTRAR UN MÉDICAMENTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS
RESTITUTORIOS Y ORDENAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LO SUMINISTRE
A LA QUEJOSA” y “DERECHO A LA SALUD. EN MATERIA DE SALUD MENTAL, EL
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DEBE
GARANTIZARSE SIN DISCRIMINACIÓN”.
Se presenta ante esta instancia constitucional, mediante documentos relativos que ha
presentado un padecimiento de salud que está siendo atendida en la Institución de Salud, hoy
autoridad responsable y se le atribuye a esta la negativa de otorgarle los medicamentos
necesarios y/o subrogarlos, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia,
dispone que el derecho que hoy se busca proteger que garantiza pretensiones en términos
de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de
salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y
cumplimiento en relación con él, siendo necesario darle congruencia al sistema jurídico y que
sea susceptible de ser examinado desde una perspectiva de que el Estado es el obligado de
hacer realidad el derecho a la salud a quien se le atribuya esta afectación.

De lo expuesto, solicitamos que este Juzgador de amparo tome como criterio orientador que
puede considerar probable que se conceda la razón al quejoso, derivado de que se están
violando los derechos humanos de la suscrita, asimismo bajo el principio de la apariencia del
buen derecho, se deberá otorgar la suspensión: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL
AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE UN ORGANISMO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE MINISTRAR UN MÉDICAMENTO, POR NO ESTAR INCLUIDO EN EL
CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE INSUMOS. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS
RESTITUTORIOS TEMPORALES Y ORDENAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE
FACILITE AL QUEJOSO EL MÉDICAMENTO, SI ACREDITA QUE SU MÉDICO SE LO
RECETÓ”.
En sentido, resulta evidente que se cumple a cabalidad los requisitos estipulados en el
numeral 128 de la Ley de Amparo en el caso que nos ocupa, no se sigue el perjuicio al interés
social, ni se contravengan disposiciones del orden público.
XI.- SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA:
Pues al tratarse un sector vulnerable el juzgador deberá suplir los conceptos de violación que
se encuentren deficientes, , en términos del artículo 79 Fracciones VI y VII le solicito a este
Órgano de Control Constitucional, que en el caso de que exista alguna deficiencia en nuestra
queja o en nuestras exposiciones, comparecencias, alegatos, así como en los recursos que
interponga con motivo del presente juicio de amparo, supla dichas deficiencia y con
fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo, le solicito de la
manera respetuosa, que aplique dicha suplencia, aún ante la ausencia de conceptos de
violación y/o agravios.
Resultan aplicables las tesis y jurisprudencias de los siguientes rubros: “ADULTOS
MAYORES. OPERA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE,
PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, POR
TRATARSE DE UN GRUPO VULNERABLE QUE MERECE ATENCIÓN JURÍDICA
ESPECIAL”, “ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS VULNERABLES.
INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS EN LA MATERIA, ADOPTADAS EN LA
DECLARACIÓN DE BRASILIA, EN LA XIV CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA DE
MARZO DE 2008, EN RELACIÓN CON EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA
DEFICIENTE, TRATÁNDOSE DE ADULTOS MAYORES”.
Se considera relevante tener en cuenta el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sustentado en el juicio de amparo directo en revisión 4398/2013 resuelto
en sesión de dos de abril de dos mil catorce, en lo relativo a que, los adultos mayores, al
constituir un grupo vulnerable merecen una especial protección por parte de los órganos del
Estado, debido a que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad en atención
a su edad avanzada.
XII.- PRUEBAS. -

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en copia simple de Credencial para votar
expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre de 7896542632.
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en Póliza de Afiliación, emitida por el
Hospital de Cancerología de Tuxtla Gutierrez Chiapas.
3. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en copia simple de Certificado Médico,
emitido por Servicios de la Salud de 963, Departamento de Resonancia Magnética,
4. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente copia simple de Receta Médica, emitida por
Servicios de la Salud de 1959, número de referencia 7899.
5. HECHO NOTORIO.- Consistente en copia simple del CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE
MEDICINAS emitido por COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y
CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, en el año dos mil diecisiete, D.R. Consejo
de Salubridad General, Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos
del Sector Salud, México, D.F., documento donde encuentra los medicamentos solicitados, en
el Grupo Nº 16: Oncología, en su página 14, tal y como puede advertirse en la siguiente liga
electrónica del Consejo Básico de Salubridad General:
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/cuadro-
basico/med/catalogo/2017/EDICION_2017_MEDICAMENTOS-FINAL.pdf
6. PRUEBA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - Consistente en las conclusiones a
que se llegue de todas las inferencias lógico jurídicas que se deriven de todo lo actuado y por
actuar en el juicio correspondiente para obtener de un hecho conocido la verdad de un hecho
desconocido y específicamente que con las pruebas ofrecidas y que se desahoguen
oportunamente, así como las actuaciones y diligencias que se lleven a cabo dentro de esta
causa, y que nos favorezcan. Prueba que se relaciona con todos los hechos.
Pruebas que relaciono con todos los hechos de la demanda, y en caso de objeción pido su
cotejo o informe por parte de la autoridad responsable.
En este sentido, SOLICITO SE ME CONCEDA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA
JUSTICIA FEDERAL PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES QUE EN DERECHO
PROCEDAN.
Por lo anteriormente expuesto ante usted Juez, atentamente pedimos:
PRIMERO. -Se me tenga solicitando el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión en los
términos del presente escrito inicial de demanda, señalando domicilio para oír y notificaciones,
así como abogados autorizados en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo.
SEGUNDO. -Ordenar a las autoridades señaladas como responsables para que, dentro de
los términos de Ley, rindan su informe justificado e informe previo.

TERCERO. -Ordenar la suspensión de plano del acto reclamado en los términos solicitados,
del acto reclamado, y se nos expida copia certificada de la resolución en que se nos conceda
dicha suspensión, autorizando a los Profesionistas en Derecho mencionados en el proemio
del presente ocurso, para que las reciban en nuestro nombre y representación.
CUARTO. -En su momento procesal oportuno, dictar sentencia definitiva otorgándonos la
Amparo y Protección de la Justicia de la Unión.
PROTESTO LO NECESARIO
TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN.
_________________________________________________
LAURA ALMEIDA JUAREZ

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