El documento establece que es responsabilidad del gobierno y autoridades locales formular e implementar regulaciones para el manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas. Debe incluir leyes sobre infraestructura, construcciones, seguridad e incendios, transporte, clasificación y etiquetado de sustancias, y planes de emergencia. También presenta consideraciones para propietarios de sustancias peligrosas como cumplir las leyes, tener el personal capacitado y contacto con autoridades en caso de emergencias.