MANUAL-PROCEDIMIENTO-PENAL-ABREVIADO-Y-ACUSADOR-PRIVADO-24-02-2017

Manual de Procedimiento
Penal Abreviado y
Acusador Privado
Fiscalía General de la Nación
Dirección Nacional del Sistema
Penal Acusatorio y de la
Articulación Interinstitucional en
Materia Penal
Febrero de 2017
Serie Legislativa - 1

Néstor Humberto Martínez Neira
Fiscal General de la Nación
María Paulina Riveros Dueñas
Vicefiscal General de la Nación
José Tobías Betancourt Ladino
Director Nacional de Apoyo a la Gestión
Darío Garzón Garzón
Director Nacional del Sistema Penal Acusatorio
y de la Articulación Interinstitucional en Materia Penal
Nicolás Augusto Romero Páez
Jefe Departamento de Altos Estudios
Manual elaborado por:
María Reina Serrato
Fabiola Inés Baquero Carvajal
Darío Garzón
Marcelo Buendía Vélez

Manual de procedimiento penal abreviado y acusador privado
Copyright © Dirección Nacional del Sistema Penal Acusatorio y de la Articulación
Interinstitucional en Materia Penal.
Fiscalía General de la Nación, 2017.
© 2017, Fiscalía General de la Nación.
Diseño: Juan Camilo Rivera.
Diagramación: Lady Sánchez. Departamento de Altos Estudios.
Textos: María Reina Serrato, Fabiola Inés Baquero Carvajal, Darío Garzón, Marcelo
Buendía Vélez. Dirección Nacional del Sistema Penal Acusatorio y de la Articulación
Interinstitucional en Materia Penal.
Corrección de estilo y edición: Tatiana López Peña. Departamento de Altos Estudios.
Bogotá, Colombia.
Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre)
Teléfono: 57(1) 570 20 00
Todos los derechos reservados. Queda prohibida cualquier forma de
reproducción o publicación de esta obra, ya sea a través de una impresión,
fotocopia, microfilm o cualquier otro procedimiento sin la autorización previa de
la Fiscalía General de la Nación.

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Tabla de Contenido
Presentación
1. Exposición sobre el Procedimiento Abreviado
y la Figura del Acusador Privado
1.1 Procedimiento Abreviado
1.1.1 Ámbito de aplicación
a. Primer segmento: conductas querellables
b. Segundo segmento: conductas investigables de oficio
que deben ser tramitadas por el procedimiento abreviado
1.1.2 Procedimiento abreviado y sus etapas
1.1.2.1 Noticia criminal – denuncia o querella –
a. En caso de encontrarnos frente a un delito querellable
b. En caso de encontrarnos frente a un delito investigable de oficio
1.1.2.2 Acusación
1.1.2.3 Audiencia Concentrada
a. Desarrollo de la audiencia concentrada
1.1.2.4 Juicio oral
1.2 Acusador Privado
1.2.1 Ámbito de aplicación
1.2.2 Conversión de la acción pública a privada
a. Solicitud de conversión
b. Existencia de pluralidad de víctimas
c. Decisión sobre la conversión
1.2.3 Actos de investigación
1.2.4 Procedimiento investigativo de actos complejos
1.2.5 Solicitud de medida de aseguramiento
1.2.6 Custodia de los elementos materiales probatorios,
evidencia física e información legalmente obtenida
1.2.7 Reversión de la acción privada a pública
1.2.8 Reparación integral
2. Catálogo de preguntas y respuestas
2.1 Sobre el procedimiento abreviado
2.2 Sobre el acusador privado
3. Texto de la Ley 1826 de 2017
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Presentación
Con el fin de proponer estrategias que propugnen la descongestión del sistema judicial, en
especial el sistema penal acusatorio, el Congreso de la República expidió la Ley 1826 del 2017,
“Por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura
del acusador privado”.
A través de esta legislación, el Congreso creó un procedimiento especial abreviado que, si bien
respeta todas las garantías al debido proceso, hace mucho más corto el procedimiento penal
para algunas conductas delictivas previamente establecidas. Así, frente a un catálogo de delitos
contemplados en la legislación penal, se puede realizar un trámite mucho más expedito y ágil,
que dará mejores y mayores respuestas a la ciudadanía.
Ahora bien, con fundamento en lo anterior, y con el propósito de alcanzar los fines previamente
expuestos, la Ley 1826 del 2017 también desarrolla la figura del acusador privado. Cabe aclarar
que dicha institución tiene fundamento constitucional en el parágrafo 2 del artículo 250 de la
Carta Política, el cual fue introducido por el Acto Legislativo 006 de 2011 de la siguiente manera:
“Atendiendo la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible, el
legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades
distintas a la Fiscalía General de la Nación.En todo caso,la Fiscalía General de la Nación podrá
actuar de forma preferente”.
En ese sentido, el Congreso de la República regula lo pertinente a esta figura y señala los casos
en los que es viable acudir al acusador privado.También dispone que el proceso a seguir en estas
actuaciones es el procedimiento abreviado.
Ahora bien, existen tres mecanismos además del procedimiento abreviado que vale la pena
resaltar. En primer lugar, la conversión de la acción penal presentada cuando el Estado, en este
caso la Fiscalía, otorga al ciudadano la posibilidad de acusar. En segundo lugar, la reversión, que
se presenta cuando se le ha dado al ciudadano la posibilidad de acusar. En estas circunstancias
existen factores determinados en la ley que imponen que esta acción regrese a la Fiscalía.Y, en
tercer lugar, el procedimiento investigativo de actos complejos. En este procedimiento, el acusador
privado debe solicitar autorización al juez de control de garantías para la realización de acciones
investigativas complejas. De esta manera, el juez puede ordenar la realización a través de la
Fiscalía, que luego entrega al acusador privado los resultados correspondientes.
En ese orden de ideas, el presente manual tiene el propósito de orientar y desarrollar los principales
aspectos del procedimiento abreviado y acusador privado. Por tal razón, se divide en tres partes.
La primera presenta una exposición sobre el procedimiento abreviado. Luego, fija las pautas del
acusador privado y, finalmente, expone los conceptos y procedimiento relativos a la conversión,
reversión y desarrollo de actos de investigación complejos. La segunda expone un catálogo de
preguntas y respuestas relacionadas con los aspectos más significativos de la Ley 1826 de 2017.
El tercer acápite consagra el texto de la ley que crea el procedimiento penal abreviado y regula la
figura del acusador privado.

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Primera parte
1. Exposición sobre el Procedimiento Abreviado y la Figura del Acusador
Privado
1.1. Procedimiento abreviado
1.1.1.Ámbito de aplicación
Es importante considerar que no todas las conductas pueden ser objeto de
procedimiento abreviado. El catálogo de comportamientos punibles sobre los cuales
se aplica dicho procedimiento se encuentra consagrado en el artículo 534 de la
Ley 906 de 2004. Esta disposición se divide en dos segmentos. Por un lado, se
consagran las conductas que requieren querella. Y, por otro lado, un listado de
conductas investigables de oficio que se rigen por el procedimiento abreviado.
La siguiente tabla resume lo anterior.
Tabla No. 1
Para mayor comprensión se expone cada una de las tipificaciones penales cuya
judicialización debe hacerse por el procedimiento abreviado:
a. Primer segmento: conductas querellables
Estas conductas requieren querella de parte para el inicio de la acción penal. Es
decir, aquellas contempladas en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal. La
judicialización de estos comportamientos debe seguir las pautas del procedimiento
abreviado. En esa vía, los delitos que se enuncian a continuación son querellables.
Los siguientes son aquellos que, de conformidad con el Código Penal, no tienen
señalada pena privativa de la libertad1
:
• Violación de habitación ajena (C.P. artículo 189)
• Violación de habitación ajena por servidor público (C.P. artículo 190)
1
Existen algunas excepciones a esta regla que luego del listado de aquellos delitos que constituyen la regla
general, son expuestas en el manual.
Tipos penales que se rigen por el procedimiento abreviado
Primer segmento: conductas querellables
conforme al artículo 74 del Código de
Procedimiento Penal.
Primer segmento: Tipos penales
expresamente consagrados en el artículo
534 del Código de Procedimiento Penal,
adicionado por el artículo 10 de la
Ley 1826 de 2017, delitos que sin ser
querellables se rigen por el procedimiento
abreviado.

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• Violación en lugar de trabajo (C.P. artículo 191)
• Violación de la libertad de trabajo (C.P. artículo 198)
• Daños o agravios a personas o a cosas destinadas al culto (C.P. artículo 203)
• Irrespeto a cadáveres (C.P. artículo 204)
• Sustracción de bien propio (C.P. artículo 254)
• Falsificación o uso fraudulento de sello oficial (C.P. artículo 279)
• Circulación y uso de efecto oficial o sello falsificado (C.P. artículo 281)
• Supresión de signo de anulación de efecto oficial (C.P. artículo 283)
• Uso y circulación de efecto oficial anulado (C.P. artículo 284)
• Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero (C.P. artículo 295)
• Falsedad personal (C.P. artículo 296)
• Ofrecimiento engañoso de productos y servicios (C.P. artículo 300)
• Intervención en política (C.P. artículo 422)
• Falsa denuncia (C.P. artículo 435), falsa denuncia contra persona determinada
(C.P. artículo 436), falsa autoacusación (C.P. artículo 437) en aquellos eventos
en los que se trate de una contravención penal, según el artículo 439 del Código
Penal
• Violación de inmunidad diplomática (C.P. artículo 465)
Excepción a la regla general
La Ley 1826 de 2017 excluye expresamente un catálogo de delitos.
Ello implica que, aun cuando no tienen pena privativa de la libertad,
estas conductas dejan de ser querellables. Por lo tanto, no les aplica el
procedimiento abreviado. Las conductas referidas son las siguientes:
• Ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la
comunicación privada entre personas (C.P. artículo 193)
• Divulgación y empleo de documentos reservados (C.P. artículo 194)
• Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto (C.P. artículo 416)
• Revelación de secreto (C.P. artículo 418)
• Utilización de asunto sometido a secreto o reserva (C.P. artículo 419)
• Utilización indebida de información oficial privilegiada (C.P. artículo
420)
• Asesoramiento y otras actuaciones ilegales (C.P. artículo 421)
• Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función
pública (C.P. artículo 431)
• Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función
pública (C.P. artículo 432).

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A su vez, las conductas que se enuncian a continuación son querellables (lo cual
significa que están regidas por las reglas del procedimiento abreviado):
• Inducción o ayuda al suicidio (C.P. artículo 107)
• Lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o
enfermedad sin exceder sesenta (60) días (C.P. artículo 112 incisos 1° y 2°)
• Lesiones personales con deformidad física transitoria (C.P.artículo 113 inciso 1°)
• Lesiones personales con perturbación funcional transitoria
(C.P. artículo 114 inciso 1°)
• Parto o aborto preterintencional (C.P. artículo 118)
• Lesiones personales culposas (C.P. artículo 120)
• Omisión de socorro (C.P. artículo 131)
• Violación a la libertad religiosa (C.P. artículo 201)
• Injuria (C.P. artículo 220)
• Calumnia (C.P. artículo 221)
• Injuria y calumnia indirecta (C.P. artículo 222)
• Injuria por vías de hecho (C.P. artículo 226)
• Injurias recíprocas (C.P. artículo 227)
• Maltrato mediante restricción a la libertad física (C.P. artículo 230)
• Malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C.P. artículo 236)
• Hurto simple cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos
mensuales legales vigentes (C.P. artículo 239 inciso 2°)
• Alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (C.P.artículo 243)
• Estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos
mensuales legales vigentes (C. P. artículo 246 inciso 3°)
• Emisión y transferencia ilegal de cheques (C.P. artículo 248)
• Abuso de confianza (C.P. artículo 249)
• Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C.P. artículo 252)
• Alzamiento de bienes (C.P. artículo 253)
• Disposición de bien propio gravado con prenda (C.P. artículo 255)
• Defraudación de fluidos (C.P. artículo 256)
• Acceso ilegal de los servicios de telecomunicaciones (C.P. artículo 257)
• Malversación y dilapidación de bienes (C.P. artículo 259)
• Usurpación de tierras (C.P. artículo 261)
• Usurpación de aguas (C.P. artículo 262)
• Invasión de tierras o edificios (C.P. artículo 263)
• Perturbación de la posesión sobre inmuebles (C.P. artículo 264)
• Daño en bien ajeno (C.P. artículo 265)
• Usura y recargo de ventas a plazo (C.P. artículo 305)
• Falsa autoacusación (C.P. artículo 437)
• Infidelidad a los deberes profesionales (C.P. artículo 445)
• Violación de los derechos de reunión y asociación (C.P. artículo 200)

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b. Segundo segmento: conductas investigables de oficio que deben ser
tramitadas por el procedimiento abreviado
El siguiente listado de conductas también debe surtir el procedimiento abreviado.
Aunque se trata de ilícitos no querellables se ha dispuesto que su rito procesal sea
el contemplado en la Ley 1826 de 2017:
• Lesiones personales a las que hacen referencia los artículos 111, 112, 113, 114,
115, 116, 118 y 120 del Código Penal
• Actos de discriminación (C.P. artículo 134A)
• Hostigamiento (C.P. artículo 134B)
• Actos de discriminación u hostigamiento agravados (C.P. artículo 134C)
• Inasistencia alimentaria (C.P. artículo 233)
• Hurto (C.P. artículo 239)
• Hurto calificado (C.P. artículo 240)
• Hurto agravado (C.P. artículo 241 numerales 1-10)
• Estafa (C.P. artículo 246)
• Corrupción privada (C.P. artículo 250A)
• Administración desleal (C.P. artículo 250B)
• Abuso de condiciones de inferioridad (C.P. artículo 251)
• Utilización indebida de información privilegiada en particulares (C.P.artículo 258)
• Los delitos contenidos en el Título VII Bis para la protección de la información
y los datos, excepto los casos en los que la conducta recaiga sobre bienes o
entidades del Estado
• Violación de derechos morales de autor (C.P. artículo 270)
• Violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos
(C.P. artículo 271)
Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el parágrafo del artículo
71 de la Ley 906 de 2004, cuando el delito de hurto no haya sido puesto
en conocimiento de la administración de justicia por el querellante
legítimo, debido a que este se encuentra en imposibilidad física o
mental para interponer la querella, esta podrá ser presentada por un
miembro de la Policía Nacional. Este individuo debe encontrarse en
ejercicio de sus funciones y tener conocimiento del hecho, en función
de las mismas.
En estos casos, la víctima del hecho no deja de ser querellante legítimo
y es el único facultado para ejercer la acción privada.

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• Violación a los mecanismos de protección de derechos de autor
• Falsedad en documento privado (C.P. artículos 289 y 290)
• Usurpación de derechos de propiedad industrial y de derechos de obtentores de
variedades vegetales (C.P. artículo 306)
• Uso ilegítimo de patentes (C.P. artículo 307)
• Violación de reserva industrial y comercial (C.P. artículo 308)
• Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico
Algunas precisiones sobre el ámbito de aplicación
» Se debe tener en cuenta que, en caso de existir un concurso entre las
conductas señaladas anteriormente, se aplica el procedimiento abreviado.
Sin embargo, si el concurso se presenta entre una de estas y otra en la cual
se aplique el procedimiento ordinario, la actuación se rige por el ordinario.
» Debe recordarse que el procedimiento abreviado aplica, tanto para los casos
en los que la Fiscalía actúa como acusador, como en aquellos en que lo hace
un ciudadano bajo la figura del acusador privado. Así, en términos generales, el
proceso es muy similar en uno u otro caso, salvo algunas particularidades que se
describen en el acápite correspondiente a “Acusador privado”.
» Los delitos querellables no pierden su condición por ser susceptibles de
investigación y juzgamiento por el procedimiento abreviado.
»Losdelitosquerellablesnopierdensucondiciónalsersusceptiblesdeinvestigación
y juzgamiento por el procedimiento abreviado.
» Es necesario señalar que, de acuerdo con el parágrafo del artículo 74 del Código
de Procedimiento Penal, existen cuatro eventos en los cuales no es necesaria
querella para iniciar la acción penal. Por lo tanto, se hace de manera oficiosa.
Los cuatro casos a los que se hace referencia son los siguientes: 1) Cuando se
presenta una flagrancia; 2) cuando el sujeto pasivo es menor de edad; 3) cuando el
sujeto pasivo es inimputable; y 4) cuando se refiere a conductas punibles de violencia
contra la mujer. Estas conductas también se tramitan por el procedimiento abreviado.
1.1.2. Procedimiento abreviado y sus etapas
El procedimiento abreviado tiene el siguiente esquema:

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Es necesario señalar que la Ley 1826 de 2017 crea un procedimiento especial
abreviado para las conductas que ya se han descrito. Así las cosas, como
consecuencia del traslado del escrito de acusación (diligencia en la cual la Fiscalía
le hace entrega al indiciado la acusación con la que se pretende llamarlo a juicio
por escrito), se llevan a cabo dos audiencias principales. Una en la que, entre otras
cosas, se descubren y solicitan pruebas (audiencia concentrada), y otra en la que se
practican y controvierten. Culmina con una decisión de fondo (audiencia de juicio).
Ahora bien, para identificar las características fundamentales del procedimiento
abreviado vale la pena resaltar la exposición de motivos del proyecto referenciado en
la Gaceta del Congreso No. 591 del 12 de agosto de 2016.
La exposición de motivos indica que se pretende crear un procedimiento especial
abreviado “que se basa en dos audiencias principales: una en la que se comunican
los cargos, se descubren y solicitan pruebas y otra en la cual se practican, se adelanta
el contradictorio y culmina con una decisión de fondo”.
De igual forma, al exponer las características más relevantes del procedimiento, se
señala lo siguiente:
“Se suprime el acto de imputación. En cambio, la comunicación de los cargos
se hará, como regla general, a través del traslado del escrito de acusación
…”.
“Precisamente, si se trata de una audiencia preliminar de solicitud de medida
de aseguramiento, deberá citarse al investigado y en la misma audiencia
se le comunicarán previamente los hechos y los cargos por los cuales está
siendo investigado. Así mismo, se realizará el debate jurídico propio sobre
la imposición de la medida. En el procedimiento abreviado no se introducen
limitaciones en las solicitudes de medida de aseguramiento ni en los actos
de investigación a cargo de la Fiscalía”.
“…En esencia, la acusación privada tendrá las mismas facultades de
investigación que la defensa y se limita la posibilidad de adelantar actos
investigativos que afecten derechos fundamentales”.
Lo anterior permite concluir que se produce la eliminación de la audiencia de
imputación en el procedimiento abreviado. Al respecto, se debe decir que el artículo
286 de la Ley 906 de 2004 señala que la formulación de imputación es un acto de
comunicación de la Fiscalía General de la Nación a una persona, con el propósito de
darle información sobre su vinculación a un proceso penal, el cual se debe realizar
mediante audiencia ante el juez de control de garantías.
Lo que se pretende con el procedimiento abreviado es mantener la garantía, pero
modificar la manera en que se realiza la comunicación, en beneficio de la eficiencia
del proceso. De este modo, se hace entrega del escrito, previa citación por parte del
fiscal al indiciado, en compañía de su defensor, a través del denominado “traslado
de la acusación”.

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Además, es necesario tener en cuenta las siguientes particularidades del modelo:
» En el procedimiento abreviado, quien adelante el ejercicio de la acción penal
puede preparar la investigación hasta el momento en el que decida acusar. A
partir de entonces, debe citar al procesado junto con su defensor a su despacho
para hacerle entrega del escrito de acusación, así como trasladarle los elementos
materiales probatorios y la evidencia física que lo soporta.
» Después de esa fase, el procesado cuenta con sesenta (60) días para preparar
su defensa. Desde el momento en que se realiza el “traslado de la acusación”
(entendido este último como el acto mediante el cual se acusa y se hace entrega
de la relación de los elementos materiales probatorios), el acusador, bien sea un
particular o la Fiscalía, cuenta con cinco (5) días para presentar el escrito ante el
juez competente.
» Una vez concluida esta etapa, el procedimiento especial abreviado contempla
una audiencia concentrada para la formalización de la acusación y la evacuación
de las solicitudes probatorias de las dos partes, entre otras cosas. En el marco
de la audiencia concentrada, se da la posibilidad de que el procesado se allane
a cargos. Así, se verifica que el descubrimiento del ente acusador haya sido
completo y se solicita la práctica de pruebas para el juicio oral. Con esto, se busca
integrar las actividades propias de la audiencia de acusación y preparatoria, de
manera que se mantenga el mismo nivel de respeto por las garantías procesales
del procedimiento ordinario.
» Cuando termina la audiencia concentrada, el juez fija la fecha de audiencia de
juicio oral en la cual se sigue lo dispuesto por el procedimiento ordinario, de acuerdo
con el Libro II, Título IV de la Ley 906 de 2004. Con excepción de lo dispuesto por
el artículo 447 respecto a la audiencia de lectura de fallo. Esta desaparece y, en su
reemplazo, se comunica por escrito la providencia.
» En todo aquello que no haya sido regulado por el procedimiento especial se
aplican las normas del Código Penal y Código de Procedimiento Penal, con
excepción de la figura de la imputación. Dentro de estos aspectos, se encuentra la
posibilidad de preclusión y archivo en el procedimiento abreviado.
A continuación, se encuentra cada una de las etapas del procedimiento abreviado
con su respectiva explicación:
1.1.2.1. Noticia criminal -denuncia o querella-
En este caso es necesario distinguir si estamos frente a delitos investigables de
oficio o si, por el contrario, nos encontramos frente a un delito querellable.
a. En caso de encontrarnos frente a un delito querellable
Lo primero que debe hacer el fiscal es convocar a una audiencia de conciliación. Si

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se lleva a cabo y no tiene un resultado conciliatorio, el fiscal y el investigador deben
elaborar el programa metodológico. Así, posteriormente, en caso de ser procedente,
pueden llevar a cabo la acusación de acuerdo con las reglas del procedimiento
abreviado.
Lo mismo ocurre cuando las partes deciden surtir la conciliación por fuera del proceso
penal y acuden ante un centro de conciliación. Si fracasa el respectivo acuerdo, el
fiscal está legitimado para continuar con el trámite del procedimiento abreviado.
En caso de surtirse la conciliación de manera exitosa, se procede con el archivo de
la actuación, de conformidad con el artículo 522 de la Ley 906 de 2004.
Es posible que la querella llegue a la fiscalía con la realización de la audiencia
de conciliación ya fracasada. En ese caso, se procede a elaborar el programa
metodológico y se siguen las reglas del procedimiento abreviado.
Adicionalmente, es importante precisar los delitos querellables. Dado que estos
delitos cumplen unas particularidades, no hay necesidad de agotar el requisito de la
querella ni tampoco el de la conciliación. En este sentido, el parágrafo del artículo 74
del Código de Procedimiento Penal consagra lo siguiente:
“Parágrafo.No será necesario querella para iniciar la acción penal respecto
de casos de flagrancia o en los cuales el sujeto pasivo sea menor de edad,
inimputable o se refieran a presuntas conductas punibles de violencia
contra la mujer”.
b. En caso de encontrarnos frente a un delito investigable de oficio
Si el delito es investigable de oficio, hay que precisar si hay una persona capturada en
flagrancia o no. Si la hay, el fiscal debe evaluar tanto la legalidad de la captura como
la procedencia de una medida de aseguramiento. En caso de encontrar la captura
legal y evidenciar suficientes motivos para solicitar una medida de aseguramiento,
es necesario acudir lo más pronto posible al juez de control de garantías para llevar
a cabo la audiencia concentrada de legalización de captura e imposición de medida
de aseguramiento. Además, es necesario surtir el traslado del escrito de acusación
al indiciado durante esta audiencia y de manera previa a la solicitud de medida de
aseguramiento.
Si la captura no es legal o no procede medida de aseguramiento, el fiscal puede
optar por surtir el traslado del escrito de acusación al indiciado o no, con base en la
fortaleza de las evidencias probatorias que tenga.
En el caso de no existir una persona capturada, se procede a elaborar el programa
metodológico.
Desde este momento, comienza la etapa investigativa. En esa fase, la Fiscalía o
el acusador privado, según sea el caso, comienza las labores de indagación para
acreditar los hechos.

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Cabe aclarar que todas las normas del Libro II de la Ley 906 de 2004 son aplicables
al procedimiento abreviado, con excepción de aquellas que hagan referencia a la
imputación.
1.1.2.2. Acusación
Cuando quien vaya a acusar pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la
conducta delictiva sí existió y que el indiciado fue autor o partícipe, se debe proseguir
al “traslado de la acusación”. El traslado de la acusación equivale a la formulación de
imputación para todos los efectos procesales, según el parágrafo 4 del artículo 536
del Código de Procedimiento Penal.
Para el traslado de la acusación se debe citar al indiciado en compañía de su defensor,
así como a la víctima. Dicha citación se puede dar por medio electrónico, o bien, por
cualquier mecanismo idóneo para tal fin. Después de que se encuentren las partes,
se procede a dos o tres acciones específicas, dependiendo del caso. 1) Cuando se
trate de delitos querellables, después de entregar el escrito de acusación, se debe
indagar por el ánimo conciliatorio de las partes, y de encontrarlo, procede conforme
al artículo 522 del Código de Procedimiento Penal; 2) se hace entrega del escrito
de acusación; 3) se realiza el descubrimiento probatorio por parte de quien acusa.
No obstante, existe la posibilidad de realizar este descubrimiento con la entrega
electrónica de los elementos. Esto es, a través de un CD o memoria USB.
De no existir ánimo conciliatorio, o no ser procedente por la naturaleza de las
conductas, el acusador, sea la Fiscalía o el acusador privador, debe presentar el
escrito dentro de los cinco días siguientes al traslado de la acusación para adelantar
el juicio. Debe anexar lo siguiente: 1) la constancia de la comunicación del escrito
de acusación al indiciado; 2) la constancia de la realización del descubrimiento
probatorio; 3) la declaratoria de persona ausente o contumacia, cuando haya lugar.
Igualmente, el fiscal debe citar a la víctima para realizar con ella el traslado del
escrito de acusación y el descubrimiento de evidencias, sin que la no presencia de
esta sea un obstáculo para que el fiscal radique el escrito dentro de los cinco días
siguientes.
Pueden presentarse algunas situaciones particulares dentro del traslado de la
acusación que se relacionan con la manera en que se aproxima el indiciado al
proceso penal.
Existen dos tipos de eventos. Por un lado, cuando existe una captura, bien sea por
flagrancia o por orden del juez. Puede darse en delitos querellables o de oficio. Por
el otro, cuando existe una aproximación sin que medie una captura. Para mayor
comprensión de estas situaciones, cada una de ellas se describe en la siguiente
sección, así como la manera de proceder.

22
Tabla No. 2 Captura
Captura en flagrancia por delito querellable
Persona capturada en flagrancia y puesta
a disposición del fiscal, quien después de
revisar el caso, concluye que la captura
es legal, existe mérito para acusar
y se requiere solicitar medida de
aseguramiento de detención preventiva.
es legal y existe mérito para acusar. Sin
embargo, no se requiere solicitar medida de
Persona capturada en supuesta flagrancia
y puesta a disposición del fiscal, quien
después de revisar el caso, concluye
que la captura es ilegal por no existir
flagrancia, independientemente de
si amerita solicitud de medida de
aseguramiento.
»Se legaliza la captura ante juez de control
de garantías.
»Se da traslado de la acusación.
Se realiza la solicitud de la medida de
aseguramiento ante el juez de control de
garantías.
» El fiscal deja en libertad a la persona y
suscribe con esta un acta de comparecencia.
»Se da traslado de la acusación en caso de
ser pertinente, o bien, se le cita en una fecha
posterior a fin de realizar esa diligencia.
» El fiscal deja en libertad a la persona y
suscribe con esta un acta de comparecencia,
en caso de que las conductas presuntamente
cometidas se enmarquen dentro de los casos
del parágrafo del artículo 74 del Código de
»Si la conducta por la cual se capturó a la
persona no se enmarca dentro de la norma
referida, se deja en libertad a la persona y se
debe esperar a que el querellante legítimo
interponga la querella.
Situación Manera de proceder
Captura en flagrancia por delito investigable de oficio
es legal, existe mérito para acusar
y se requiere solicitar medida de
es legal y existe mérito para acusar,
pero no se requiere solicitar medida de
revisar el caso, concluye que la captura es
ilegal, independientemente de si amerita
solicitud de medida de aseguramiento.
»Se legaliza la captura ante juez de control
de garantías.
»Se realiza la solicitud de la medida de
aseguramiento ante el juez de control de
garantías.
»El fiscal deja en libertad a la persona
y suscribe con ella un acta de
comparecencia.
»Se da traslado de la acusación en
caso de ser pertinente, o bien, se le cita
para fecha posterior a fin de realizar esa
diligencia.
»El fiscal deja en libertad a la persona
y suscribe con esta un acta de
comparecencia.
»Es necesario analizar si existe mérito
para acusar. En caso afirmativo, se puede
proceder a dar traslado de la acusación a
quien fue capturado.
Situación Manera de proceder

23
Tabla No. 3 Sin captura
Se deben tener en cuenta algunos aspectos importantes de la diligencia de traslado
de la acusación:
» Cuando exista ausencia del imputado en los términos del artículo 127 de la Ley
906 de 2004, o contumacia según el artículo 291 de la misma normatividad,
Captura por orden de autoridad competente independientemente de si se trata de
delitos querellables o de oficio
No media captura
Persona capturada por orden de autoridad
competente y puesta a disposición del
fiscal, quien después de revisar el caso,
concluye que la captura es legal y
que se requiere solicitar medida de
aseguramiento.
La noticia criminal llega por querella o
denuncia, y no media captura.
Persona capturada por orden de autoridad
competente y puesta a disposición del
fiscal, quien después de revisar el caso,
concluye que la captura es ilegal,
independientemente de si el caso
amerita o no solicitud de medida de
aseguramiento.
» Se legaliza la captura ante juez de
control de garantías.
»Se solicita la medida de aseguramiento.
» La investigación se adelanta, en
desarrollo del programa metodológico.
Hasta que exista mérito para acusar, se
procederá de conformidad con el artículo
sin perjuicio de que oportunamente
se pueda solicitar la medida de
aseguramiento correspondiente. En este
caso, durante la audiencia se efectúa el
respetivo traslado de la acusación, tal
como lo prevé el artículo 537 del mismo
Código.
Se debe agotar el requisito de la
conciliación en los casos que sea
procedente.
» El acusador debe dar la libertad
inmediata a la persona privada de la
libertad.
» Es necesario comprobar si existe mérito
proceder a trasladar la acusación a quien
fue capturado.
Situación
Situación
Manera de proceder
Manera de proceder
Persona capturada en flagrancia y
puesta a disposición del fiscal, quien
después de revisar el caso, concluye que
la captura es ilegal por algún factor
distinto a la ausencia de flagrancia,
independientemente de si amerita
solicitud de medida de aseguramiento.
» El fiscal deja en libertad a la persona
y suscribe con esta un acta de
comparecencia.
» Es necesario comprobar si existe mérito
proceder a dar traslado de la acusación a
quien fue capturado.

24
el traslado de la acusación se surte con el defensor designado, después del
procedimiento correspondiente.
»El traslado del escrito de acusación genera la interrupción de la prescripción de
la acción penal. Una vez se produce esta interrupción, el término vuelve a correr
un tiempo correspondiente a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código
Penal, que en todo caso, no podrá superar tres (3) años.
»Cuando resulte procedente la solicitud de imposición de una medida de
aseguramiento previa a la solicitud respectiva ante juez de control de garantías,
el acusador, sea fiscal o el acusador privado, da traslado del escrito de acusación
dentro de la misma audiencia, antes de solicitar la medida.
Sobre las figuras de la contumacia y la persona ausente
De acuerdo con el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal,
la figura de la persona ausente procede cuando no ha sido posible
localizar a quien se pretende acusar para trasladar la acusación.
Por otro lado, haciendo el mismo ejercicio con la figura de la contumacia
con base en el artículo 291 del Código de Procedimiento Penal, esta
procede cuando la persona que fue citada para el traslado de la
acusación no comparece sin una causa justificada.
En suma, se evidencia que, tanto la figura de la contumacia como la de
persona ausente, se pueden presentar en el proceso penal abreviado
para los casos en que la comparecencia de la persona investigada no
es posible.
Cabe aclarar que estamos frente a la figura de la persona ausente
cuando, aun después de realizar actos de investigación tendientes a
ubicar al indiciado, no se ha podido establecer su paradero. Por otra
parte, la contumacia se presenta cuando se conoce la ubicación del
indiciado y este se muestra reacio a comparecer, pese a que fue citado
correctamente.
La contumacia y la declaración de persona ausente requieren
declaración de juez. Esto quiere decir que no son un acto de parte.
Por lo tanto, en el contexto del procedimiento abreviado, también se
debe solicitar la audiencia correspondiente para decretar cualquiera
de estas situaciones. La audiencia referida debe hacerse ante juez de
Así pues, el acto de traslado de la acusación en los casos de una
persona ausente o contumaz solo puede hacerse cuando se tenga la
declaración judicial de dicha situación.

25
a.Sobre el contenido del escrito de acusación
El escrito de acusación debe cumplir con los parámetros contemplados en el artículo
337 del Código de Procedimiento Penal, y otros agregados por el artículo 538 del
mismo. Adicionalmente, cuando llegue el momento de radicarlo ante el juez, deben
anexarse los documentos anteriormente señalados.
De este modo, el escrito de acusación debe contener lo siguiente:
» Requisitos contemplados en el artículo 337 del Código de Procedimiento
Penal
1. La individualización concreta de quiénes son acusados, que incluya datos como
su nombre, información para identificarlo y el domicilio de citaciones.
2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un
lenguaje comprensible.
3. El nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, en su defecto, del
que le designe el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
4. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso.
5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presenta un documento
anexo que debe contener:
a) Los hechos que no requieren prueba.
b) La trascripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio,
siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo.
c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya
declaración se solicite en el juicio.
d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con
los respectivos testigos de acreditación.
e) La indicación de los testigos o peritos de descargo. Debe incluir su nombre,
dirección y datos personales.
f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía.
g) Las declaraciones o deposiciones.
» Requisitos contemplados en el artículo 538 del Código de Procedimiento
Penal
6. La indicación del juzgado competente para conocer la acción, la cual debe
precisar si es ante un juez penal municipal o ante un juez penal del circuito.
7. Prueba sumaria que acredite la calidad de la víctima y su identificación.
8. Indicación de la posibilidad de allanarse a los cargos.
9. La orden de conversión de la acción penal de pública a privada, en el caso que
actúe como acusador privado.

26
» Anexos que deben acompañar el escrito de acusación cuando se presente
ante el juez
1. La constancia de la comunicación escrita de acusación al indiciado.
2. La constancia de realización del descubrimiento probatorio.
3. La declaratoria de persona ausente o contumacia, cuando haya lugar.
1.1.2.3. Audiencia concentrada
Una vez se haga el traslado de la acusación, el indiciado tiene un término de sesenta
(60) días para preparar su defensa. Cuando se vence este término, el juez debe citar
a la audiencia concentrada, la cual se debe llevar a cabo dentro de los diez (10) días
siguientes con presencia necesaria del acusador y su defensor.
a. Desarrollo de la audiencia concentrada
El desarrollo de la audiencia concentrada sigue las reglas previstas en el artículo
542 del Código de Procedimiento Penal, a saber:
1. Lleva a cabo un interrogatorio al indiciado acerca de su voluntad para aceptar
los cargos formulados y constatar la voluntariedad de la manifestación. En caso
de un allanamiento, se procede de acuerdo con el artículo 447 del Código de
Algunas observaciones acerca de cómo debe presentarse el escrito
de acusación
Es importante tener en cuenta que la redacción del escrito de
acusación debe cumplir con algunas características desarrolladas por
la jurisprudencia. En este sentido, se destacan las siguientes:
»El escrito de acusación debe ser explícito, claro, preciso,
detallado y circunstanciado.
»Debe precisar, con una redacción adecuada, las circunstancias
de tiempo, modo y lugar de los hechos.
»La redacción debe ser lo suficientemente clara para no
desnaturalizar su sentido y no afectar el derecho a la defensa.
En consecuencia, si se siguen estos tres elementos descritos, el escrito
logra satisfacer el efectivo conocimiento de los hechos por parte de la
defensa y la garantía de los derechos de la sociedad y de la víctima a
la verdad, justicia y reparación.
En todos los casos, es deber del fiscal realizar una adecuación jurídica
de los hechos a los que se refiere la acusación.

27
1. Lleva a cabo un interrogatorio al indiciado acerca de su voluntad para aceptar
los cargos formulados y constatar la voluntariedad de la manifestación. En caso
de un allanamiento, se procede de acuerdo con el artículo 447 del Código de
2. Realiza el reconocimiento de la calidad de víctimas. En los eventos en los
que la acción penal sea ejercida por el acusador privado, la víctima debe ser
reconocida preliminarmente en la orden de conversión y de manera definitiva en
esta audiencia.
3. Procede a dar la palabra a las partes e intervinientes para que expresen
oralmente las causales de incompetencia, impedimentos y recusaciones.
4. Acto seguido, interroga al fiscal sobre si existen modificaciones a la acusación
plasmada en el escrito abordado por el artículo 538, las cuales no pueden afectar
el núcleo fáctico señalado en tal escrito.
5. Da el uso de la palabra a la defensa y a la víctima para que presenten sus
observaciones al escrito de acusación y sus modificaciones respecto a los
requisitos establecidos en los artículos 337 y 538. De ser procedente, ordena al
fiscal que lo aclare, adicione o corrija de inmediato.
6. Las partes e intervinientes manifiestan sus observaciones pertinentes al
procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios. Si el descubrimiento
no está completo, el juez debe rechazarlo conforme al artículo 346 del Código de
7. La defensa descubre sus elementos materiales probatorios y evidencia física.
8. La Fiscalía y la defensa enuncian la totalidad de las pruebas que harán valer
en la audiencia del juicio oral y público. Lo anterior debe consignarse en un listado
que se entrega al juez y a las partes e intervinientes al inicio de la audiencia.
9. Que las partes e intervinientes manifiesten su tienen interés por hacer
estipulaciones probatorias. En este evento, pueden reunirse previamente a la
realización de la audiencia para acordar las estipulaciones probatorias que serán
presentadas al juez para su aprobación. Si lo anterior no se realiza, el juez puede
ordenar un receso hasta de una (1) hora durante la audiencia, a fin de que las
partes puedan acordar las estipulaciones.
10. La Fiscalía, las víctimas y la defensa realizan sus solicitudes probatorias, de lo
cual se corre traslado a las partes e intervinientes para que se pronuncien sobre
su exclusión, rechazo e inadmisibilidad.
11. Otorga la palabra a las partes para que propongan las nulidades que consideren
pertinentes.
12. El juez se pronuncia sobre las solicitudes probatorias y las nulidades propuestas
en una única providencia.

28
13. Se corre traslado conjunto a las partes para que interpongan los recursos a
que haya lugar sobre las decisiones de reconocimiento de víctimas, resolución
de nulidades, solicitudes probatorias y todas las demás que se adopten en esta
audiencia y sean susceptibles de recurso.
Algunas observaciones sobre la audiencia concentrada
»Sobre las decisiones que toma el juez en la audiencia y los recursos
procedentes
Es importante tener en cuenta que la audiencia concentrada no debe
ser interrumpida por la interposición de recursos. Para evitar lo anterior,
el juez, como último punto de la audiencia, debe hacer un traslado
común de las decisiones tomadas en la vista pública. En caso de existir
recurso sobre alguna(s) de la(s) decisiones tomada(s), este se sustenta
en un mismo momento y debe tomarse la decisión correspondiente
sobre lo recurrido.
»Sobre el descubrimiento probatorio por parte de la defensa
Tal como se indicó en el descubrimiento probatorio por parte de la
de Fiscalía, esta actuación debe procurar la utilización de medios
electrónicos para su desarrollo. De esta manera, por ejemplo, basta
con identificar los archivos electrónicos objeto del descubrimiento y
entregarlos o enviarlos al acusador por medios electrónicos.
»Sobre las estipulaciones
Las estipulaciones se hacen con respecto a hechos o circunstancias
objeto del debate frente a los cuales no exista controversia alguna
entre las partes. Por el contrario, no se estipulan elementos materiales
probatorios, evidencia física, informes o medios de conocimiento.
»Sobre el decreto de pruebas y la posibilidad de recursos frente a esta
actuación
Es necesario recordarles que, de conformidad con la sentencia
AP 4812-2016, con radicado No. 47469, de 27 de julio de 2016, con
ponencia del H.M. Gustavo Enrique Malo Fernández: “…el auto que
admite pruebas únicamente admite recurso de reposición, mientras
que el auto que deniega o imposibilita la práctica de pruebas, puede
ser objeto del recurso de apelación…”.
Igualmente, de conformidad con el auto de 17 de septiembre de 2012,
proferido en el proceso de única instancia número 36784:

29
“… las pruebas se decretan sin que se pueda conocer a ciencia
cierta lo que será su contenido, sino basándose en la respectiva
solicitud probatoria. Por tanto, el juez queda facultado para que
durante su práctica en el juicio,pueda verificar que la misma cumple
con el presupuesto de pertinencia,para lo cual habrá de confrontar
lo que la prueba muestra con los hechos o circunstancias que se
busca demostrar, y también con las razones esgrimidas cuando se
pidió su admisión.
No en vano las normas que aluden a la pertinencia y admisibilidad
de los medios de convicción se encuentran ubicadas dentro del
Capítulo III del Título IV de la Ley 906 de 2004,el cual se refiere a la
práctica de la prueba en el juicio, pues es en ese momento donde
verdaderamente se hace palpable la admisibilidad de la prueba…”.
Una vez se concluya la audiencia concentrada, el juez debe fijar el inicio del juicio
oral dentro de los treinta (30) días siguientes.
1.1.2.4. Desarrollo de la audiencia de juicio oral
El juicio oral tiene el mismo desarrollo contemplado en el Título IV del Libro III del
Código de Procedimiento Penal.La única diferencia reside en la citación contemplada
en el artículo 447 que se sentencia para lectura.
En este sentido, se debe decir que, una vez el juez emite el sentido del fallo y si
este es condenatorio, se abre la posibilidad a las partes para que se refieran a las
condiciones individuales, familiares, sociales, modos de vivir y antecedentes de todo
orden del culpable. De igual manera, se pueden manifestar con respecto a la pena
aplicable y la concesión de subrogados en el marco de la audiencia de juicio. Luego
de esto, se dan diez (10) días para proferir la sentencia y trasladar la misma a las
partes.
La sentencia se entiende notificada por medio de citación del juez a las partes. Luego
de esta diligencia, se cuenta con cinco (5) días para la presentación de recursos
en caso de que los interesados deseen hacerlo. Estos deben ser presentados y
sustentados por escrito, y se tramitan conforme al procedimiento ordinario.
En caso de que el sentido del fallo sea absolutorio, aun cuando no se dé la
oportunidad a las partes para intervenir, el resto del procedimiento debe darse de la
misma manera.

30
El siguiente esquema ilustra lo anterior:
Algunas disposiciones transversales a todo el procedimiento
» Sobre la justicia restaurativa en el procedimiento abreviado
Se puede dar la aplicación de los mecanismos de justicia restaurativa contemplados
en el Libro VI de la Ley 906 de 2004, hasta antes de que exista fallo de primera
instancia.
» Sobre las causales de libertad en el procedimiento abreviado
Cláusula general: El tiempo máximo que puede pasar una persona con medidas
de aseguramiento privativas de la libertad en el procedimiento abreviado no puede
exceder los ciento ochenta días (180).
Adicionalmente, la libertad del indiciado procede en los siguientes eventos:
1) Cuando se cumpla la pena según, la determinación anticipada que se lleve
a cabo para este efecto; 2) cuando se decrete preclusión; 3) Cuando se haya
absuelto al acusado; 4) cuando se aplique el principio de oportunidad; 5) como
consecuencia de las cláusulas de acuerdo debidamente aceptadas por el juez
de conocimiento; 6) cuando trascurran setenta (70) días desde el traslado de la
acusación y no se haya iniciado audiencia concentrada; 7) Cuando transcurran
treinta (30) días desde la terminación de la audiencia concentrada y no se haya
iniciado la audiencia de juicio oral; 8) cuando transcurran setenta y cinco (75) días
desde el inicio del juicio oral y no se haya dado traslado de la sentencia.
Existen algunas excepciones a los términos contemplados con anterioridad:
- En los casos No. 4 y 5 se reestablecen los términos cuando haya improbación de
la aceptación de cargos, de los preacuerdos o del principio de oportunidad.
- Cuando no se haya podido comenzar o terminar la audiencia por maniobras
dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizan los días empleados en
ellas.
-Cuando no se haya podido iniciar o terminar la audiencia por causa razonable,
fundada en hechos externos y objetivo de fuerza mayor, la audiencia debe iniciarse
o reanudarse cuando haya desparecido la causa.

31
» Sobre la aceptación de cargos en el procedimiento abreviado
El procedimiento abreviado contempla unas disposiciones específicas en relación
con la aceptación de cargos que pueden ser resumidas en el siguiente cuadro,
donde se ilustra el momento procesal en que procede la aceptación y la rebaja
correspondiente.
Tabla No. 4 Momentos procesales / Rebajas
Cabe aclarar que, según el parágrafo del artículo 539 del Código de Procedimiento
Penal, las rebajas contempladas también aplican para los casos de flagrancia, salvo
las prohibiciones previstas en la ley, referidas a la naturaleza del delito.
Lo anterior significa que el parágrafo del artículo 301 del Código de Procedimiento
Penal, modificado por el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, no tiene aplicación en
el procedimiento abreviado.
Asimismo, es importante recordar que las prohibiciones de ley a las que hace
referencia el artículo 539 son las siguientes: 1) aquellas contempladas en el artículo
26 la Ley 1121 de 2006; y 2) aquellas contempladas en el artículo 199, numeral 7 del
Código de Infancia y Adolescencia-Ley 1098 de 2006.
En cualquier momento hasta antes de la
audiencia concentrada.
Una vez se inicia la audiencia concentrada.
Una vez instalada la audiencia de juicio
oral.
»Beneficio punitivo de hasta la mitad de
la pena. En este caso, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 539 del Código
de Procedimiento Penal, el acusador, el
indiciado y su defensor deben suscribir
un acta en la que conste la manifestación
libre y voluntaria de la aceptación. Este
documento debe ser anexado al escrito
de acusación. Dichos documentos son
evaluados por el juez correspondiente para
verificar la validez de la aceptación.
»Beneficio punitivo de hasta una tercera
parte de la pena.
»Beneficio punitivo de una sexta parte de
la pena.
Momento procesal donde procede la
aceptación
Rebaja correspondiente
Sobre la aplicación del procedimiento abreviado en la justicia penal para
adolescentes
El procedimiento abreviado tiene plena aplicabilidad en el procedimiento
de justicia penal para adolescentes. Esto de conformidad con el artículo
144 de la Ley 1098 de 2006, que consagra lo siguiente:
“Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el
presente libro,el procedimiento del sistema de responsabilidad penal
para adolescentes se regirá por las normas consagradas en la Ley
906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), exceptuando aquellas que
sean contrarias al interés superior del adolescente.”

32
1.2.Acusador privado
En virtud de esta figura, la víctima de la conducta punible puede ejercer la acción
penal, siempre y cuando sea por intermedio de su abogado. Para ello, los estudiantes
de consultorio jurídico de las universidades debidamente acreditadas pueden actuar
en representación del acusador privado en los términos de ley. Sin embargo, bajo
ninguna circunstancia puede figurar más de un (1) acusador privado dentro de cada
proceso penal.
Sobre la indemnización integral en el procedimiento abreviado
Si bien las leyes 906 de 2004 y 1826 de 2016 no consagran la figura
de la indemnización integral, esta tiene aplicación en la ley penal, por
virtud de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia con radicado
No. 35946 del 13 de abril de 2011, M.P. María del Rosario González
de Lemos.
Dado que en la actualidad coexisten dos leyes procesales (Ley 600
de 2000 y Ley 906 de 2004), por principio de favorabilidad se toma
de la primera, figuras no desarrolladas en la segunda, tal es el caso
de la indemnización integral.
Laindemnizaciónintegraleslareparacióntotalporpartedelvictimario
de los perjuicios causados en virtud o como consecuencia del delito.
Es indispensable que se cubran todos los perjuicios causados a la
víctima, a saber:daño emergente, lucro cesante, daño moral objetivo,
daño de vida en relación y pretium doloris.
La terminación del proceso no es procedente cuando existen varios
titulares de la acción civil y solo se cubre la indemnización con relación
a uno de ellos. La expresión integral tiene una significación exacta
por cuanto requiere que se satisfaga la indemnización respecto a
todos los perjudicados que demuestren titularidad para proponer la
pretensión económica.
La preclusión del proceso penal no puede ordenarse en aquellos
casos en que el procesado haya obtenido el mismo beneficio en
otro proceso dentro de los cinco años anteriores, contados hasta la
fecha en que se hace la solicitud de pago. Incluso, si el procesado
indemniza completamente los perjuicios.
Nada impide que, cuando se esté frente a conductas punibles
conexas, obre la extinción independiente y sucesiva para cada una
de las infracciones

33
1.2.1.Ámbito de aplicación
El acusador privado puede conocer de las conductas punibles previstas para el
trámite de procedimiento abreviado, ya enunciadas en el Capítulo II, Numeral 1. de
este manual. No obstante, se exceptúa la conversión de la acción pública en privada
en los siguientes eventos:
» Conductas contra bienes del Estado.
» Cuando no se acredite sumariamente la condición de la víctima de la conducta
punible.
» Cuando no esté plenamente identificado o individualizado el sujeto investigado.
» Cuando el indiciado pertenezca a una organización criminal y el hecho esté
directamente relacionado con su pertenencia a esta.
» Cuando el indiciado sea inimputable.
» Cuando los hechos guarden conexidad o estén en concurso con delitos frente a
los que no procede la conversión de la acción penal.
» Cuando la conversión de la acción penal implique riesgo para la seguridad de la
víctima.
» Cuando no haya acuerdo entre todas las víctimas de la conducta punible.
» Cuando existan razones de política criminal, investigaciones en contexto o interés
del Estado que indiquen la existencia de un interés colectivo sobre la investigación.
» Cuando la conducta sea objetivamente atípica, caso en el cual el fiscal procede
al archivo de la investigación
Es importante tener en cuenta que, tal como ya se ha mencionado, en caso de existir
un concurso entre una(s) conducta(s) que deba(n) ser tramitadas por el procedimiento
abreviado, y otra(s) en la cual el procedimiento aplicable sea el ordinario, el caso
debe tramitarse por este último, toda vez que así lo indica el artículo 534 del Código
de Procedimiento Penal. Por esta razón, este tipo de asuntos no pueden ser objeto
de acusador privado.
Sobre el régimen de acusador privado en la justicia penal para adolescentes
Conforme a lo consagrado en la Ley 1826 de 2017, en lo relacionado a las
causales que impiden la conversión en acción privada, tampoco procede
la conversión cuando se trate de procesos adelantados por el sistema de
responsabilidad para adolescentes, sin perjuicio de que los mismos sean
regulados por el procedimiento abreviado.

34
1.2.2.Conversión de la acción pública a privada
a. Solicitud de conversión
La persona interesada en solicitar la conversión de la acción pública en privada debe
cumplir con las mismas calidades exigidas para el querellante legítimo, conforme al
artículo 71 del Código de Procedimiento Penal.
En ese orden, puede solicitar la conversión de forma escrita y acreditar sumariamente
su calidad de víctima ante el fiscal del caso, siempre y cuando no se haya realizado
el traslado del escrito de acusación.
Como primera medida, se debe verificar si se trata de un delito querellable o
investigable de oficio. En el primer escenario, el fiscal del caso decide sobre la
conversión de la acción pública en privada, una vez se haya realizado la audiencia
de conciliación sin acuerdo entre las partes, y hasta antes del traslado del escrito de
acusación.
En el segundo caso, es decir, cuando la investigación penal se adelante de manera
oficiosa, la solicitud de conversión en acción privada procede, siempre y cuando no
se haya dado traslado del escrito de acusación por parte del fiscal del caso. De ser
así, la competencia para adelantar el proceso penal debe ser exclusivamente de la
Fiscalía General de la Nación.
En el segundo caso, es decir, cuando la investigación penal se adelante de manera
oficiosa, la solicitud de conversión en acción privada procederá siempre y cuando no
se haya dado traslado del escrito de acusación por parte del fiscal del caso, pues de
ser así, la competencia para adelantar el proceso penal será exclusivamente de la
En los eventos en que se presente concurso de conductas punibles que se tramitan
por el procedimiento ordinario y otras transitables por el procedimiento abreviado, la
regla es que el proceso se adelante por el procedimiento ordinario. Luego, no podrá
convertirse la acción penal.
b. Existencia de pluralidad de víctimas
En los casos en que exista pluralidad de víctimas, debe mediar acuerdo entre todas
y cada una de ellas para proceder a la conversión de la acción penal. De lo contrario,
la titularidad de la acción penal se mantiene a cargo de la Fiscalía General de la
Nación.
Dicha solicitud debe comprender la manifestación expresa de cada víctima y
coadyuvar la solicitud. En los casos en que aparezca un nuevo afectado cuando ya
ha iniciado el trámite, este se puede adherir al trámite de la acción privada.

35
c. Decisión sobre la conversión
El fiscal tiene un (1) mes contado a partir del día del recibo de la solicitud de conversión
para resolver de fondo sobre ello. Si la autoriza, debe señalar al peticionario la
identidad e individualización del indiciado(s), los hechos que son objeto de la acción
privada y su cali-ficación jurídica provisional. En todo caso, el escrito de acusación
presentado por el acusa-dor privado debe estar acompañado de la autorización u
orden emanada del fiscal.
En caso de demostrarse que el fiscal y/o el acusador privado tienen conocimiento
de alguna de las causales que impiden la conversión y no lo hayan manifestado,
proceden las respectivas investigaciones disciplinarias y penales, sin perjuicio de la
reversión.
Es necesario tener en cuenta que el fiscal del caso debe verificar algunos requisitos
adicionales para que proceda la conversión. Así pues, si quien solicita la conversión
es un abogado en ejercicio, debe verificarse que el mismo tenga tarjeta profesional
vigente o licencia provisional, así como poder para actuar.
Por otro lado, si se trata de un estudiante de consultorio jurídico, es necesario revisar
el poder, y adicionalmente, es necesario tener certeza de que el estudiante se
encuentra autorizado para actuar. Esto último se comprueba al solicitar el permiso
que el consultorio jurídico le otorga para tal fin.
Cabe aclarar que contra la decisión que niega la conversión no procede recurso
alguno.
1.2.3. Actos de investigación
La Ley 1826 de 2017 faculta al acusador privado para que desarrolle actos de
investigación encaminados a la compilación de los elementos materiales que
constituyen el fundamento del ejercicio de la acción penal.
En ese sentido, el acusador privado está facultado para desarrollar actos de
investigación directamente. No obstante, cuando se trate de actos complejos en los
que pueden verse afectados derechos fundamentales, de manera excepcional puede
solicitar su realización ante el juez de control de garantías, cuya ejecución recae en
la Fiscalía General de la Nación.
En ese orden, tales actos de investigación que pueden ser solicitados por el acusador
al juez de control de garantías, y que de ser decretados deben ser ejecutados por la
Fiscalía General de la Nación, son los siguientes:
» Interceptación de comunicaciones
» Inspecciones corporales
» Registros y allanamientos
» Vigilancia y seguimiento de personas
» Vigilancia de cosas
» Entregas vigiladas

36
» Retención de correspondencia
» Recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las
redes de comunicaciones
1.2.4. Procedimiento investigativo de actos complejos
En los casos en que el acusador privado, debido a la complejidad del caso, requiera
llevar a cabo actos investigativos exceptuados para ser ejecutados directamente,
puede solicitar autorización previa ante el juez de control de garantías.
En dicha audiencia, el juez debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales y
llevar a cabo una valoración de la complejidad, urgencia y proporcionalidad del acto
investigativo. En caso de proceder a su autorización, entrega al acusador privado
una copia del acta de la audiencia en donde se ordena la realización del acto de
investigación complejo. Lo anterior con el propósito de que este, a su vez, se la
entregue al fiscal inicial del caso o al que se designe para tal efecto, quien tiene el
deber de coordinar la realización del acto investigativo autorizado.
Bajo ninguna circunstancia el acusador privado puede tener acercamientos,
intervenciones o injerencias con el funcionario de policía judicial designado para la
realización del acto investigativo autorizado.
En efecto, la ejecución de estos actos está en cabeza de la Fiscalía General de
la Nación y debe realizarse dentro de los términos establecidos en la ley. Una vez
se haya cumplido la ejecución de estos actos, debe comparecer ante el juez de
control de garantías para su respectiva legalización y la evidencia recaudada debe
ser entregada al acusador privado.
Frente a este tema, es necesario aclarar que es deber del fiscal asegurar el control
posterior de las actuaciones ante juez de control de garantías. En caso de que dicho
control no sea satisfactorio, el fiscal tiene el deber de realizar el acto investigativo
hasta que se declare la legalidad del mismo.
De la misma manera, debe tenerse en cuenta que el fiscal tiene el deber de guardar
copia de los elementos entregados, y valerse de cualquier medio que garantice la
fidelidad y autenticidad de los mismos.
Por ningún motivo el acusador privado puede hacer uso de la evidencia recaudada
para fines distintos al ejercicio de la acción penal, como, por ejemplo, su divulgación
a terceros. Esta conducta acarrea la reversión de la acción en cabeza de la Fiscalía,
sin perjuicio de la compulsa de copias en materia disciplinaria y penal que con dicha
conducta dé lugar.
1.2.5. Solicitud de medida de aseguramiento
Cuando se trate de la acción privada, el acusador privado puede acudir por sí mismo
ante el juez de control de garantías para solicitar la imposición de la medida de

37
aseguramiento privativa o no privativa de la libertad de la misma forma en la que lo
haría el fiscal. Dicha actuación se rige por las reglas previstas para el procedimiento
ordinario.
En ese sentido, si el juez considera viables los argumentos presentados por el
acusador privado para decretar la detención preventiva, libra la orden de captura
para que se haga efectiva por parte de la Fiscalía General de la Nación.
1.2.6. Custodia de los elementos materiales probatorios, evidencia física e
información legalmente obtenida
Al haberse autorizado la conversión de la acción penal pública en privada, el fiscal
debe dar traslado al acusador privado de todos los elementos materiales probatorios,
evidencia física e información legalmente obtenida hasta el momento, para dar pleno
cumplimiento a las normas que regulan la cadena de custodia.
De ese traslado se deja constancia en un acta detallada. No obstante, el fiscal del
caso debe guardar copia de los elementos entregados, si ello fuera posible, puesto
que el fiscal está facultado para utilizar cualquier medio que garantice la fidelidad
y autenticidad de los mismos. Para este último punto, se prefiere la utilización de
medios electrónicos.
1.2.7. Reversión de la acción privada a pública
Conforme a lo adicionado por el Acto Legislativo 06 de 2011, que establece en
el parágrafo 2 del artículo 250 de la Constitución Política que la Fiscalía General
de la Nación actúa con poder preferente en lo relacionado con el ejercicio de la
acción penal, se puede revertir la misma en cualquier momento a través de una
decisión fundada, cuando opere alguna o algunas de las causales que impidan la
conversión.
En caso de que las conductas punibles se hayan cometido mediante armas
blancas o de fuego, cuando se cumpla la cadena de custodia y estas sean
examinadas por peritos para los fines investigativos pertinentes, se procede a su
destrucción, con previa orden del fiscal del caso.Adicional a lo anterior, se debe
tomar registro fotográfico de las armas y este debe ser entregado al acusador
privado, a efectos de poder incorporarlo al juicio, de considerarlo necesario.
La disposición relativa a la destrucción de armas de fuego y armas blancas
después de que fueron examinadas, no solo aplica para los efectos del
procedimiento abreviado, sino también para el procedimiento ordinario.
Bajo ninguna circunstancia el acusador privado puede acudir directamente ante
el juez de control de garantías para solicitar la expedición de la orden de captura,
ni le corresponde la materialización de la misma.

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Acerca de la vigencia de la ley
Tanto el procedimiento abreviado como la figura del acusador privado rigen
en dos grandes grupos de delitos: por un lado, aquellos delitos cometidos
con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, es decir, el 13 de julio de
2017. Por otro lado, aquellos delitos que, aun cuando fueron cometidos con
anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, esto es, antes del 13 de julio
de 2017, deben recibir la aplicación del procedimiento abreviado y pueden ser
objeto de acusador privado debido a que no se formuló la imputación.
Frente al primer grupo, la aplicación de la ley se da desde el momento en
que entre en vigencia. Esto quiere decir que tiene efectos hacia el futuro y
cualquier comportamiento indicado en la nueva ley debe ser llevado por el
procedimiento abreviado y puede ser objeto de acusador privado si se dan
los presupuestos de ley.
Con respecto al segundo grupo correspondiente a aquellos cometidos con
anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, deben aplicar el procedimiento
El fiscal que autorizó la conversión también puede ordenar la reversión de oficio,
o a solicitud de parte, retomando la actuación en la etapa procesal en la que se
encuentre, cuando el acusador privado sea sorprendido en actos de desviación de
poder por el ejercicio de los actos de investigación, o por una ausencia permanente
del abogado de confianza del acusador privado.
Cabe aclarar que contra la orden de reversión no procede recurso alguno.
1.2.8. Reparación integral
Con relación al incidente de reparación integral, es necesario tener en cuenta dos
escenarios previstos de la siguiente manera:
a. Cuando se trate de la acción penal pública, el incidente de reparación integral
se rige por las reglas previstas para el procedimiento ordinario, el cual consiste en
la solicitud de apertura del incidente una vez el juez de conocimiento determine la
responsabilidad penal del enjuiciado y dicha sentencia condenatoria se encuentre
en firme.
b.Cuando haya procedido la conversión de la acción penal en privada, el acusador
privado debe incluir en su escrito de acusación sus pretensiones y las pruebas
con las que sustentan las mismas, además de las pretensiones en materia penal
y la solicitud de reparación integral de los perjuicios.
Al momento de dictar sentencia, si es condenatoria, el juez debe resolver
inmediatamente los perjuicios, con base en las pruebas aportadas.

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de manera retroactiva. Esto quiere decir que tiene efectos en conductas
cometidas antes de su entrada en vigencia. Por lo tanto, aquellos delitos
cometidos antes de la entrada en vigencia de la ley que estén contemplados
en el catálogo de la misma, y frente a los cuales no se haya formulado
imputación, deben tramitarse por el procedimiento abreviado. En caso de
existir los presupuestos de ley, pueden ser llevados por un acusador privado.
Lo anterior significa que la Ley 1826 de 2017 tiene efectos retrospectivos.
Teniendo en cuenta este último punto, es importante que los representantes
de víctimas y los denunciantes conozcan la posibilidad que tienen de evaluar
la viabilidad de solicitar la conversión de la acción penal de pública a privada.
Esto les permite, en caso de considerarlo conveniente, solicitarle la acción
penal a la Fiscalía y empezar a acusar de manera directa. Para esto, se
incentiva a los fiscales a informar a las víctimas y a sus representantes sobre
la posibilidad de que estos realicen solicitud de conversión de la acción penal.

41
Segunda parte
2. Catálogo de preguntas y respuestas
2.1.Sobre el procedimiento abreviado
1.¿Cuáles fueron las principales razones que fundamentaron la expedición
de la ley que regula el procedimiento penal abreviado?
R: : La expedición de la Ley 1826 de 2017 surge como una estrategia para la
descongestión del sistema judicial, en especial el sistema penal acusatorio. De esta
manera, se quiso simplificar el procedimiento penal mediante un procedimiento más
corto que el ordinario, pero que de ninguna manera fuera a irrespetar los principios
constitucionales de debido proceso, derecho a la defensa y derechos de las víctimas.
2.¿Qué diferencias hay entre el procedimiento abreviado y el procedimiento
ordinario?
R: Aunque guardan una esencia similar, el procedimiento abreviado y el ordinario
tienen las siguientes diferencias.
» El procedimiento abreviado suprime la audiencia de formulación de imputación y
la reemplaza por un “traslado de la acusación”.Por regla general, este traslado no se
da en una audiencia ante juez, sino que es una diligencia en el despacho del fiscal,
donde este hace entrega del escrito de acusación y se realiza el descubrimiento
probatorio.
» Cuando se trate de una audiencia preliminar de solicitud de medida de
aseguramiento, debe citarse al indiciado. En la misma audiencia, se le corre
traslado de la acusación, previo a la solicitud de la medida de aseguramiento.
» Luego del “traslado de la acusación”, se tienen sesenta (60) días para preparar la
defensa.Luego de este término, se da citación para la audiencia concentrada.Dicha
diligencia concentra lo que en el sistema ordinario es la audiencia de formulación
de acusación y la audiencia preparatoria. Por esta razón, se puede decir que las
dos diligencias mencionadas, al final, son una sola en el procedimiento abreviado.
» Una vez concluida la audiencia concentrada, el juez debe fijar la fecha de
audiencia de juicio oral, en la cual se sigue lo dispuesto por el procedimiento
ordinario de acuerdo con el Libro II, Título IV de la Ley 906 de 2004. Con excepción
de lo dispuesto por el artículo 447 respecto a la audiencia de lectura de fallo, la
cual desaparece y, en su reemplazo, se comunica por escrito la providencia.

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3. ¿Qué factores se deben tener en cuenta para utilizar el procedimiento
abreviado?
R: El único factor que hay que tener en cuenta es el delito. Esto quiere decir que
para la utilización del procedimiento abreviado únicamente se debe verificar que la
conducta que se va a judicializar se encuentre dentro del catálogo de delitos que
contempla la Ley 1826 de 2017.
Ahora bien, para la utilización del procedimiento abreviado no se tienen en cuenta los
factores subjetivo, personal o territorial.
4.¿Qué comportamientos delictivos se tramitan por el procedimiento
abreviado?
R: El catálogo de comportamientos punibles sobre los cuales se aplica dicho
procedimiento se encuentra consagrado en el artículo 534 de la Ley 906 de 2004,
el cual se divide en dos segmentos. Por un lado, se consagran las conductas que
requieren querella. Y, por otro lado, un listado de conductas investigables de oficio
que se rigen por el procedimiento abreviado.
La siguiente tabla resume lo anteriormente expresado:
Para mayor comprensión de lo anterior, se expone cada una de las tipificaciones
penales cuya judicialización debe hacerse mediante el procedimiento abreviado.
a.Primer segmento: conductas querellables
Estas conductas son aquellas que requieren querella para el inicio de la acción de
parte. En otras palabras, aquellas contempladas en el artículo 74 del Código de
Procedimiento Penal. La judicialización de estas conductas debe hacerse por el
procedimiento abreviado.
Aquellos que no tienen señalada pena privativa de la libertad, de acuerdo con el
Código Penal:
• Violación de habitación ajena (C.P. artículo 189)
• Violación de habitación ajena por servidor público (C.P. artículo 190)
• Violación en lugar de trabajo (C.P. artículo 191)
• Violación de la libertad de trabajo (C.P. artículo 198)
• Daños o agravios a personas o a cosas destinadas al culto (C.P. artículo 203)
Primer segmento: conductas querellables
conforme al artículo 74 del Código de
Segundo segmento: tipos penales
expresamente consagrados en el artículo
añadido por el artículo 10 de la Ley 1826
de 2017, delitos que sin ser querellables se
rigen por el procedimiento abreviado.
Tipos penales que se rigen por el procedimiento abreviado

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• Irrespeto a cadáveres (C.P. artículo 204)
• Sustracción de bien propio (C.P. artículo 254)
• Falsificación o uso fraudulento de sello oficial (C.P. artículo 279)
• Circulación y uso de efecto oficial o sello falsificado (C.P. artículo 281)
• Supresión de signo de anulación de efecto oficial (C.P. artículo 283)
• Uso y circulación de efecto oficial anulado (C.P. artículo 284)
• Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero (C.P. artículo 295)
• Falsedad personal (C.P. artículo 296)
• Ofrecimiento engañoso de productos y servicios (C.P. artículo 300)
• Intervención en política (C.P. artículo 422)
• Falsa denuncia (C.P. artículo 435), falsa denuncia contra persona determinada
(C.P. artículo 436), falsa autoacusación (C.P. artículo 437) y aquellos eventos en,
que según el artículo 439 del código penal, las conductas sean contravenciones
penales
• Violación de inmunidad diplomática (C.P. artículo 465)
Excepción a la regla general
Las conductas que se exponen a continuación se exceptúan de la regla general. Ello
implica que estas conductas, aun cuando no tienen pena privativa de la libertad, no
son querellables. Por lo tanto, no les aplica el procedimiento abreviado.
• Ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación
privada entre personas (C.P. artículo 193)
• Utilización indebida de información oficial privilegiada (C.P. artículo 420)
• Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública
• Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública (C.
P. artículo 432)
• Calumnia (C.P. artículo 221)
• Injuria y calumnia indirecta (C.P. artículo 222)
• Injuria por vías de hecho (C.P. artículo 226)
• Injurias recíprocas (C.P. artículo 227)
• Maltrato mediante restricción a la libertad física (C.P. artículo 230)

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• Malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C.P. artículo 236)
• Hurto simple cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos
• Alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (C.P.artículo 243)
• Estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos
• Emisión y transferencia ilegal de cheques (C.P. artículo 248)
• Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C.P. artículo 252)
• Alzamiento de bienes (C.P. artículo 253)
• Disposición de bien propio gravado con prenda (C.P. artículo 255)
• Defraudación de fluidos (C.P. artículo 256)
• Acceso ilegal de los servicios de telecomunicaciones (C.P. artículo 257)
• Malversación y dilapidación de bienes (C.P. artículo 259)
• Usurpación de tierras (C.P. artículo 261)
• Usurpación de aguas (C.P. artículo 262)
• Invasión de tierras o edificios (C.P. artículo 263)
• Perturbación de la posesión sobre inmuebles (C.P. artículo 264)
• Daño en bien ajeno (C.P. artículo 265)
• Usura y recargo de ventas a plazo (C.P. artículo 305)
• Falsa autoacusación (C.P. artículo 437)
• Infidelidad a los deberes profesionales (C.P. artículo 445)
• Violación de los derechos de reunión y asociación (C.P. artículo 200)
b. Segundo segmento: conductas investigables de oficio que deben ser
tramitadas por el procedimiento abreviado
Las conductas incluidas en esta lista deben ser judicializadas por el procedimiento
abreviado. Aunque no son querellables, la ley ha dispuesto que su procedimiento es
el contemplado en la Ley 1826 de 2017:
•Lesiones personales a las que hacen referencia los artículos 111, 112, 113, 114,
115, 116, 118 y 120 del Código Penal
•Actos de discriminación (C.P. artículo 134A)
•Hostigamiento (C.P.Artículo 134B)
•Actos de discriminación u hostigamiento agravados (C.P. artículo 134C)
•Inasistencia alimentaria (C. P. artículo 233)
•Hurto (C. P. artículo 239)
•Hurto calificado (C. P. artículo 240);
•Hurto agravado (C. P. artículo 241), numerales del 1 al 10

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• Estafa (C.P. artículo 246)
• Corrupción privada (C.P. artículo 250A)
• Administración desleal (C.P. artículo 250B)
• Abuso de condiciones de inferioridad (C.P. artículo 251)
• Utilización indebida de información privilegiada en particulares (C.P.artículo 258)
• Los delitos contenidos en el Título VII Bis para la protección de la información
y los datos, excepto los casos en los que la conducta recaiga sobre bienes o
entidades del Estado
• Violación de derechos morales de autor (C.P. artículo 270)
• Violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos
• Violación a los mecanismos de protección de derechos de autor
• Falsedad en documento privado (C.P. artículos 289 y 290)
• Usurpación de derechos de propiedad industrial y de derechos de obtentores de
variedades vegetales (C.P. artículo 306)
• Uso ilegítimo de patentes (C.P. artículo 307)
• Violación de reserva industrial y comercial (C.P. artículo 308)
• Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico (C.P. artículo 312)
5.¿Cuálessonlasconductasalasquenoselespuedeaplicarelprocedimiento
abreviado, aun cuando no tengan pena privativa de la libertad?
R: Aunque las siguientes conductas no están sancionadas con pena privativa de la
libertad por virtud de la Ley 1826 de 2017, deben tramitarse bajo el procedimiento
ordinario:
• Ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación
privada entre personas (C.P. artículo 193)
• Utilización indebida de información oficial privilegiada (C.P. artículo 420)
• Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública

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• Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública
(C.P. artículo 432).
6. ¿Puede concurrir una conducta regulada por el procedimiento abreviado
con otra regulada en el mismo procedimiento? En caso afirmativo, ¿qué tipo
de procedimiento se aplica?
R: Es posible que concurran dos o más conductas que deben ser tramitadas por el
procedimiento abreviado en un solo caso. Por ejemplo, un concurso de delitos.
En estas situaciones, dado que todos los delitos se pueden tramitar por el
procedimiento abreviado, el concurso de los mismos también debe ser tramitado por
dicho procedimiento.
7. ¿Puede concurrir una conducta regulada en el procedimiento abreviado
con otra que debe tramitarse bajo el procedimiento ordinario? En caso
afirmativo, ¿qué tipo de procedimiento se aplica?
R: Es posible que en un mismo caso concurran conductas delictivas que deben ser
tramitadas por el procedimiento ordinario y aquellas que deben ser tramitadas por
el ordinario.
En estas situaciones, dado que al menos uno de los delitos debe ser tramitado
por el procedimiento ordinario, todas las actuaciones deben ser llevadas por este
procedimiento.
8.¿Qué juez es competente para adelantar el procedimiento abreviado?
R: La competencia para conocer del procedimiento abreviado está dada por las
conductas delictivas. Por esta razón, para determinar la competencia judicial, se
debe evaluar el delito que se va a judicializar. De acuerdo con esto, la competencia
la tienen los Jueces Penales Municipales o los Jueces Penales del Circuito.
9.¿Qué órganos ejercen las labores de indagación e investigación en las
conductas que se tramitan bajo el procedimiento abreviado?
R: Por regla general, estas actividades las desarrolla la policía judicial de la Fiscalía
General de la Nación y/o de la Policía Nacional. Por su parte, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses presta el auxilio técnico-científico para lo que
se requiera.
10. ¿Cuando se vaya a judicializar un delito querellable, ¿es necesario agotar
previamente la condición de procedibilidad de la conciliación?
R: Sí. En el procedimiento abreviado, se mantiene el requisito de procedibilidad de
la conciliación. En otras palabras, para realizar el “traslado de la acusación” se debe
haber agotado previamente la diligencia de conciliación, y en esta, no debió haber
acuerdo entre las partes.

47
11. ¿Interviene el Ministerio Público en el procedimiento abreviado?
R: El Ministerio Público actúa en el procedimiento abreviado de la misma manera en
que lo viene haciendo en el procedimiento ordinario. Esto quiere decir que su rol no
cambia por la entrada en vigencia de la Ley 1826 de 2017.
12. ¿El archivo y la preclusión de la investigación pueden aplicarse en el
procedimiento abreviado? En caso afirmativo, ¿se aplican las mismas
causales que se tienen para el procedimiento ordinario?
R: Sí, es posible aplicar en el procedimiento abreviado tanto el archivo como la
preclusión de la investigación. En el caso del archivo, las causales son las mismas
que se han dispuesto en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, y aquellas desarrolladas
por la jurisprudencia. Frente a la preclusión, se aplican las mismas causales que
consagra el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal.
13. ¿Cuál es el término de caducidad de la querella en el procedimiento
abreviado?
R: Las reglas sobre caducidad de la querella son las mismas que en el procedimiento
ordinario. Por esta razón, de acuerdo con el artículo 79 del Código de Procedimiento
Penal, la querella debe presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la
comisión del delito. Sin embargo, cuando el querellante legítimo no conozca la
ocurrencia del hecho por razones de fuerza mayor o caso fortuito, el término se
cuenta a partir del momento en que las razones desaparezcan.
14. ¿Todos los delitos querellables requieren petición del perjudicado para
iniciar investigación?
R: Por regla general, los delitos querellables requieren petición del perjudicado. No
obstante, la Ley 1826 faculta a la Policía Nacional para interponer la querella dentro
del término legal cuando el querellante legítimo se encuentre en imposibilidad física
o mental de hacerlo. En esos eventos, la víctima de la conducta es el querellante
legítimo y el único facultado para ejercer la acción penal (Parágrafo del artículo 2 de
la Ley 1826).
Tampoco resulta necesaria la petición del perjudicado en los casos de flagrancia, en
los cuales el sujeto pasivo sea menor de edad, inimputable o se refieran a presuntas
conductas punibles de violencia contra la mujer, conforme a lo contemplado en el
Parágrafo del artículo 5 de la Ley 1826.
15. ¿Qué debo hacer si, al actuar como fiscal, tengo a disposición una
persona capturada en flagrancia por un delito que debe ser tramitado bajo el
procedimiento abreviado, la captura es legal, existe mérito para acusar y se
requiere solicitar medida de aseguramiento?

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R: En este caso, los pasos a seguir son los siguientes: 1) se legaliza la captura ante
juez de control de garantías; 2) se da traslado de la acusación; y 3) se realiza la
solicitud de la medida de aseguramiento ante el juez de control de garantías.
16. ¿Qué debo hacer, al actuar como fiscal, tengo a disposición una
persona capturada en flagrancia por un delito que debe ser tramitado bajo el
procedimiento abreviado, la captura es legal, existe mérito para acusar, pero
no se requiere solicitar medida de aseguramiento?
R: : En este caso, los pasos a seguir son los siguientes: 1) el fiscal deja en libertad
a la persona y suscribe con esta un acta de comparecencia; 2) se da traslado de la
acusación.
persona capturada en flagrancia por un delito que debe ser tramitado bajo
el procedimiento abreviado, la captura es ilegal, independientemente de si
amerita solicitud de medida de aseguramiento?
R: En este caso, los pasos a seguir son los siguientes: 1) el fiscal deja en libertad a la
persona y suscribe con esta un acta de comparecencia; 2) es necesario comprobar
si existe mérito para acusar. En caso afirmativo, se puede proceder a dar traslado de
la acusación a quien fue capturado.
persona capturada por orden de autoridad competente, por un delito que
debe ser tramitado bajo el procedimiento abreviado, la captura es legal y se
requiere solicitar medida de aseguramiento?
R: En este caso, los pasos a seguir son los siguientes: 1) se legaliza la captura ante
juez de control de garantías; 2) se da traslado de la acusación; y 3) se solicita la
medida de aseguramiento.
debe ser tramitado bajo el procedimiento abreviado, la captura es legal pero
no se requiere solicitar medida de aseguramiento?
R: En este caso, los pasos a seguir son los siguientes:1) el fiscal deja en libertad a
la persona y suscribe con esta un acta de comparecencia; 2) se da traslado de la
acusación.
20. ¿Qué debo hacer si, al actuar como fiscal, me ponen a disposición una
debe ser tramitado bajo el procedimiento abreviado y la captura es ilegal,
independientemente de si el caso amerita o no solicitud de medida de
aseguramiento?
R: En este caso, los pasos a seguir son los siguientes: 1) se debe dar la libertad
inmediata por parte del acusador a la persona privada de la libertad; 2) es necesario

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comprobar si existe mérito para acusar. En caso afirmativo, se puede proceder a
trasladar la acusación a quien fue capturado.
21. ¿Qué efectos legales tiene el traslado del escrito de acusación?
R: Para un mejor entendimiento de la diligencia de traslado de la acusación es
necesario tener en cuenta que la misma reemplaza la audiencia de formulación
de imputación. En estos términos, es posible decir que los efectos legales que
produce dicha diligencia son los mismos que se producen con la imputación en el
procedimiento ordinario.
Así pues, luego del traslado de la acusación, se interrumpe el término de prescripción
de la acción penal.
22. ¿En caso de flagrancia, la acusación se surte ante Juez de Control de
Garantías o Juez de Conocimiento?
R: Ninguno de los dos casos. En los eventos de captura en flagrancia, el fiscal surte
el traslado de escrito de acusación en el marco de la audiencia de legalización. Sin
embargo, esto no significa que el juez pueda intervenir en dicha actuación, pues se
trata de un acto de parte entre fiscal e indiciado.
23. ¿Es posible aplicar el procedimiento abreviado a investigaciones que no
tengan persona privada de la libertad?
R: : Sí, el procedimiento abreviado aplica tanto para casos en los que se encuentre
un indiciado capturado, como en aquellos donde se desarrollará la investigación y
juicio sin el indiciado privado de la libertad.
24. ¿Es posible que en el procedimiento abreviado se utilicen las figuras de
la declaración de persona ausente y de contumacia?
R: Sí. De acuerdo con el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, adaptado
al procedimiento abreviado, la figura de la persona ausente procede cuando no ha
sido posible localizar a quien se pretende acusar para trasladarle la acusación.
Por otro lado, haciendo el mismo ejercicio con la figura de la contumacia, de acuerdo
con el artículo 291 del Código de Procedimiento Penal, esta procede cuando la
persona que ha sido citada para el traslado de la acusación no comparece sin causa
justificada.
Así pues, se puede ver que, tanto la figura de la contumacia como la de persona
ausente, se pueden llevar a cabo en el proceso penal abreviado, en caso de
imposibilidad de comparecencia de la persona investigada.
La contumacia y la declaración de persona ausente requieren declaración de juez. Es
decir, decir que no son un acto de parte. Por lo tanto, en el contexto del procedimiento
abreviado, también se debe solicitar la audiencia correspondiente para decretar
cualquiera de estas situaciones. La audiencia referida debe hacerse ante juez de

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En suma, el acto de traslado de la acusación en los casos de una persona ausente
o contumaz solo puede hacerse una vez se tenga declaración judicial de dicha
situación.
25. ¿Quién puede presentar una querella en el marco del procedimiento
abreviado?
R: Puede ser instaurada por cualquier persona natural o jurídica, siempre que sea
querellante legítimo, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 906 de 2004. Si este
es incapaz, o persona jurídica, debe ser formulada por su representante legal. Si el
querellante legítimo ha fallecido, pueden presentarla sus herederos.
26. ¿Cómo se presenta la querella y qué debe contener en el marco del
procedimiento abreviado?
R: La querella se presenta verbalmente o por escrito y debe contener el nombre, los
datos de identificación y ubicación del querellante; el nombre, datos de identificación
y ubicación de la persona contra quien se dirige la querella; los hechos por los cuales
se interpone la querella y la relación de todas las pruebas que se pretendan solicitar
o aportar al proceso.
27. ¿Requiere abogado la formulación de la querella?
R:No.La querella se puede presentar en causa propia sin necesidad de la intervención
de abogado.
28. ¿Qué tipos de audiencia tiene el procedimiento abreviado?
R: El procedimiento abreviado tiene tres tipos de audiencia. En primer lugar, las
audienciaspreliminaresdentrodelascualesestántodaslasquetieneelprocedimiento
ordinario, salvo la audiencia de formulación de imputación (reemplazada por el
traslado de la acusación). En segundo lugar, está la audiencia concentrada, la cual
recoge las audiencias que en el procedimiento ordinario llamamos como formulación
de acusación y preparatoria. Finalmente, está la audiencia pública de juzgamiento.
29. ¿Cuál es la naturaleza del traslado del escrito de acusación?
R: La diligencia de traslado de la acusación es un acto de parte, no jurisdiccional que
proviene de la Fiscalía o del acusador privado, dependiendo del caso.
30. ¿Qué debe contener el escrito de acusación?
R: El escrito de acusación debe cumplir con los parámetros contemplados en el
artículo 337 del Código de Procedimiento Penal y otros agregados por el artículo 538
del Código de Procedimiento Penal. Adicionalmente, cuando llegue el momento de
radicarlo al juez, se deben anexar los documentos anteriormente expuestos.

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Por ende, el escrito de acusación deberá contener lo siguiente.
»Requisitos contemplados en el artículo 337 del Código de Procedimiento
Penal
1. La individualización concreta de quiénes son acusados, que incluya su nombre,
los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.
2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un
lenguaje comprensible.
3. El nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, en su defecto, del que
le designe el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
4. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso.
5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto, se presenta un documento
anexo que debe contener:
a) Los hechos que no requieren prueba.
b) La trascripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio,
siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo.
c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya
declaración se solicite en el juicio.
d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los
respectivos testigos de acreditación.
e) La indicación de los testigos o peritos de descargo, que indiquen su nombre,
dirección y datos personales.
f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía.
g) Las declaraciones o deposiciones.
»Requisitos contemplados en el artículo 538 del Código de Procedimiento
Penal
6. La indicación del juzgado competente para conocer la acción, que especifique
si es ante un juez penal municipal o ante un juez penal del circuito.

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9. La orden de conversión de la acción penal de pública a privada, en el caso que
actúe como acusador privado.
»Anexos que deben acompañar el escrito de acusación cuando se presente
ante el juez
1. La constancia de la comunicación escrita de acusación al indiciado.
2. La constancia de realización del descubrimiento probatorio.
3. La declaratoria de persona ausente o contumacia, cuando haya lugar.
31. ¿Qué pasos debo seguir para entregar el escrito de acusación?
R: Para el traslado de la acusación se debe citar al indiciado en compañía de su
defensor, así como a la víctima. Dicha citación se puede dar por medio electrónico,
o bien, a través de cualquier medio idóneo para tal fin. Una vez se encuentren las
partes, se procede a dos o tres acciones específicas, dependiendo del caso: 1)
cuando se trate de delitos querellables, una vez se entrega el escrito de acusación,
se debe indagar por el ánimo conciliatorio de las partes, y de encontrarlo, procede
conforme al artículo 522 del Código de Procedimiento Penal; 2) se hace entrega del
escrito de acusación; 3) se realiza el descubrimiento probatorio por parte de quien
acusa. Cabe aclarar que existe la posibilidad de realizar este descubrimiento con la
entrega electrónica de los elementos. Es decir, a través de un CD o memoria USB.
Aun cuando es recomendable que el indiciado esté con su abogado, no es una
condición necesaria para llevar a cabo la diligencia.
32. ¿En los casos de flagrancia también se debe dar el trámite del artículo
536 del Código de Procedimiento Penal sobre traslado de la audiencia de
acusación?
R: Sí, este traslado del escrito de acusación se aplica no solo para los delitos en
donde la persona haya sido capturada en flagrancia, sino también para aquellos
procesos en donde no haya una persona capturada.
33. ¿Se requiere que la persona citada al traslado de la acusación vaya con
su defensor?
R: Sí. En relación con el traslado de la acusación, el artículo 536 del Código de
Procedimiento Penal establece que el fiscal debe citar al indiciado para que
comparezca en compañía de su defensor.

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34. ¿Qué sucede cuando la persona citada no concurra al despacho para
surtirle entrega del escrito de acusación?
R: La no comparecencia del indiciado a la diligencia se puede deber a varios factores.
Es labor del fiscal identificarlos y, con base en ellos, proceder a realizar nuevamente
la citación. O bien, en caso de darse los presupuestos necesarios, solicitarle al juez
de control de garantías la declaratoria de contumacia o persona ausente.
35.¿Qué debe hacer el fiscal luego de haber entregado el escrito de acusación
al procesado?
R: La Fiscalía, o el acusador privado, debe presentar el escrito ante el juez de
conocimiento competente dentro de los cinco días siguientes al traslado de la
acusación para adelantar el juicio. Debe anexar lo siguiente:
1) La constancia de la comunicación del escrito de acusación al indiciado; 2) la
constancia de la realización del descubrimiento probatorio; 3) la declaratoria de
persona ausente o contumacia, cuando haya lugar.
36. ¿En los casos de flagrancia, si la pretensión de reparación no está
incorporada por la premura del tiempo, significa que necesariamente tiene
que hacerse este requerimiento ante la justicia civil?
R: No. En el procedimiento abreviado, en donde no haya habido conversión de
la acción penal de pública a privada luego de ejecutoriada la sentencia penal de
responsabilidad, se debe dar inicio al incidente de reparación integral, de conformidad
con el artículo 102, y siguientes, del Código de Procedimiento Penal.
37. ¿Qué hace el juez a quien por reparto le corresponda la radicación del
escrito de acusación?
R: El juez debe citar para audiencia concentrada. Con tal propósito, debe tener
en cuenta que el indiciado cuenta con sesenta (60) días, desde el traslado de la
acusación, para preparar su defensa. Luego, la autoridad judicial debe citarlo dentro
de los diez (10) días siguientes a la terminación de los sesenta (60) días.
38. ¿El artículo 44 de la Ley 1826 autoriza la aplicación del procedimiento
abreviado a todo tipo de delitos?
R: No, solamente se va a aplicar a los delitos a los que se refiere el artículo 10 de la
Ley 1826. Esto es, al nuevo artículo 534 del Código de Procedimiento Penal.
39. ¿Es posible que en el procedimiento abreviado el indiciado acepte
cargos? Si es así, ¿en qué momento(s)? y ¿esta actitud tiene reducción de
pena?

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R: El procedimiento abreviado contempla unas disposiciones específicas respecto
a la aceptación de cargos que pueden ser resumidas en el siguiente cuadro, el
cual también ilustra el momento procesal en que procede la aceptación y la rebaja
correspondiente:
De acuerdo con el parágrafo del artículo 539 del Código de Procedimiento Penal,
es necesario señalar que las rebajas contempladas también aplican para los casos
de flagrancia, salvo las prohibiciones previstas en la ley, referidas a la naturaleza del
delito.
Lo anterior implica que, el parágrafo del artículo 301 del Código de Procedimiento
Penal, modificado por el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, no tiene aplicación en
el procedimiento abreviado.
Adicionalmente, es importante recordar que las prohibiciones de ley a las que hace
referencia el artículo 539 son las siguientes: 1) aquellas contempladas en el artículo
26 de la Ley 1121 de 2006 y 2) aquellas contempladas en el artículo 199, numeral 7,
del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006.
40. ¿Cuáles son las consecuencias de que el fiscal radique el escrito de
acusación después de los los 5 días (vencido el término)?
R: El incumplimiento de esta disposición da lugar a posibles investigaciones de
carácter disciplinario. De igual manera, pueden existir consecuencias de índole
penal, tales como la judicialización por el delito de prevaricato por omisión.
41. ¿Cuáles son los pasos que un juez debe seguir para agotar la audiencia
concentrada?
R: Una vez se haga el traslado de la acusación, el indiciado tiene un término de
sesenta (60) días para preparar su defensa. Luego de vencido este término, el juez
debe citar a la audiencia concentrada, la cual se debe llevar a cabo dentro de los
diez (10) días siguientes, con presencia necesaria del acusador y su defensor.
En cualquier momento hasta antes de la
audiencia concentrada.
Una vez se inicia la audiencia concentrada.
Una vez instalada la audiencia de juicio
oral.
»Beneficio punitivo de hasta la mitad de
la pena. En este caso, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 539 del Código
de Procedimiento Penal, el acusador, el
indiciado y su defensor deben suscribir
un acta en la que conste la manifestación
libre y voluntaria de la aceptación y ésta
debe ser anexada al escrito de acusación.
Dichos documentos serán evaluados por
el juez correspondiente para verificar la
validez de la aceptación.
»Beneficio punitivo de hasta una tercera
parte de la pena.
»Beneficio punitivo de una sexta parte de
la pena.
Momento procesal donde procede la
aceptación
Rebaja correspondiente

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En consecuencia, se sugiere a los fiscales proponer a los jueces de conocimiento los
siguientes pasos para desarrollar la audiencia concentrada, según lo establecido en
el artículo 542 del Código de procedimiento Penal.
1. Corroboración de la presencia de las partes.
2. Dar la palabra a las partes e intervinientes para que expresen oralmente las
causales de incompetencia, impedimentos y recusaciones.
3. Realizar el reconocimiento de la calidad de víctimas. En los eventos en los que la
acción penal sea ejercida por el acusador privado, la víctima debe ser reconocida
preliminarmente en la orden de conversión y de manera definitiva en esta audiencia.
4.Acto seguido, se debe preguntar al fiscal si existen modificaciones a la acusación
plasmada en el escrito que aborda el artículo 538, las cuales no pueden afectar el
núcleo fáctico señalado en tal escrito.
5. Dar el uso de la palabra a la defensa y a la víctima para que presenten sus
observaciones al escrito de acusación, así como las modificaciones referentes a
los requisitos establecidos en los artículos 337 y 538. De ser procedente, ordenar
al fiscal que lo aclare, adicione o corrija de inmediato.
6. Las partes e intervinientes deben manifestar sus observaciones pertinentes al
no está completo, el juez debe rechazarlo, conforme al artículo 346 de este Código.
7. La defensa descubre sus elementos materiales probatorios y evidencia física.
8. La Fiscalía y la defensa deben enunciar la totalidad de las pruebas que hacen
valer en la audiencia del juicio oral y público. Lo anterior se consigna en un listado
que se entrega al juez y a las partes e intervinientes al inicio de la audiencia.
9. La Fiscalía, las víctimas y la defensa deben realizar sus solicitudes probatorias,
de lo cual se corre traslado a las partes e intervinientes para que se pronuncien
sobre su exclusión, rechazo o inadmisibilidad.
10. Dar la palabra a las partes para que propongan las nulidades que consideren
pertinentes.
11. Las partes e intervinientes deben manifestar si tienen interés en hacer
estipulaciones probatorias. En este evento, pueden reunirse previamente a la
realización de la audiencia para acordar las estipulaciones probatorias que se
presentan al juez para su aprobación. Si lo anterior no se realiza, el juez puede
ordenar un receso hasta de una (1) hora durante la audiencia, a fin de que las

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12. Interrogatorio al indiciado acerca de su voluntad para aceptar los cargos
formulados constatando la voluntariedad de la manifestación. En caso de un
allanamiento,seprocededeacuerdoconelartículo447delCódigodeProcedimiento
Penal.
13.El juez se pronuncia sobre las solicitudes probatorias y las nulidades propuestas
en una única providencia.
14. Se corre traslado conjunto a las partes para que se interpongan los recursos a
que haya lugar sobre las decisiones de reconocimiento de víctimas, resolución de
nulidades, solicitudes probatorias, así como todas las demás que se adopten en
esta audiencia y sean susceptibles de recurso.
42. ¿Qué son las estipulaciones probatorias?
R: Es un derecho que le asiste a las partes de manera libre, a través del cual los
intervinientes manifiestan al juez si tienen interés en hacer acuerdos probatorios, los
cuales se hacen en referencia a hechos o circunstancias objeto de debate frente a
los que no exista controversia alguna entre las partes. En este caso, pueden reunirse
antes de la realización de la audiencia para acordar las estipulaciones probatorias
que son presentadas al juez para su aprobación. Si lo anterior no se realiza, el juez
puede ordenar un receso hasta de una (1) hora durante la audiencia, a fin de que las
Por el contrario, no se estipulan elementos materiales probatorios, evidencia física,
informes o medios de conocimiento.
43. ¿Cuándo se fija fecha para la audiencia pública de juicio oral?
R: Concluida la audiencia concentrada, el juez debe fijar fecha y hora para el inicio del
juicio que debe realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación
de la audiencia concentrada.
44. ¿Qué reglas debe seguir el juez para el desarrollo de la audiencia de
juicio oral?
R: El juez sigue las reglas establecidas en el Título IV del Libro III de la Ley 906 de
2004.En otras palabras, luego de la práctica de pruebas y la presentación de alegatos
finales de las partes, el juez emite el sentido del fallo.Si este fuera de responsabilidad,
el juez debe surtir traslado a las partes para que propongan la cantidad de pena y las
formas de ejecutarla. La diferencia con el procedimiento ordinario consiste en que el
juez no citará a una nueva audiencia para lectura del fallo.
45. ¿Existe sentido de fallo en el procedimiento abreviado?
R: Sí. En la misma audiencia pública el juez anuncia el sentido del fallo, que puede
ser condenatorio o absolutorio. Sin embargo, el procedimiento abreviado no incluye
la citación para audiencia de lectura de sentencia, pues la providencia es entregada

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a las partes de manera escrita. Para ello, el juez cuenta con diez (10) días después
de la finalización de la audiencia de juicio oral.
46. ¿Hay lugar a manifestarse sobre las condiciones personales, familiares
y sociales del condenado, de cara a la pena a imponerse y la posibilidad de
que procedan subrogados en el marco del procedimiento abreviado?
R: Sí, el procedimiento abreviado, al igual que en el procedimiento ordinario, da a las
partes tienen la posibilidad de manifestarse sobre dichos aspectos en la audiencia
de juicio oral, después de que se haya emitido el sentido del fallo.
47. ¿Existe audiencia de lectura de fallo en el procedimiento abreviado?
R: No. Una vez el juez emite la sentencia, debe citar a las partes a su despacho para
entregarles una copia de la decisión. En ese momento, se entiende que las partes
han quedado notificadas de dicha providencia.
48. ¿Qué recursos proceden contra las sentencias y los autos que se
produzcan en el procedimiento abreviado?
R:Procede el recurso de apelación, el cual se puede interponer dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación de la sentencia de primera instancia. La presentación
y sustentación de dicho recurso debe hacerse de manera escrita.
49. ¿De qué forma se surten las notificaciones del procedimiento abreviado?
R:Deacuerdoconelartículo546delCódigodeProcedimientoPenal,lasnotificaciones
del procedimiento abreviado deben seguir las reglas establecidas en los artículos
168 a 174 del Código de Procedimiento Penal.
Es importante tener en cuenta que, para efectos de notificación dentro del
procedimiento abreviado, las partes e intervinientes deben suministrar al juez y al
fiscal su dirección de correo electrónico. Esto con el propósito de surtir la notificación
de las decisiones correspondientes.
50. ¿Cómo opera la justicia restaurativa dentro del procedimiento abreviado?
R: Según el artículo 547 de la Ley 906 de 2004, titulado Justicia Restaurativa
en el Procedimiento especial abreviado, los mecanismos de justicia restaurativa
pueden aplicarse en cualquier momento del procedimiento abreviado, bajo los
términos y condiciones establecidos en el Libro VI hasta antes que se emita fallo de
primera instancia.Y dan lugar a la extinción de la acción penal, de conformidad con
lo previsto en los términos del artículo 77 de este Código y 83 del Código Penal.

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51. ¿Cuáles condiciones deben cumplir tanto el fiscal como el juez para la
remisión a los programas de justicia restaurativa?
R: 1) Informar plenamente a las partes sus derechos a la naturaleza del proceso
y a las posibles consecuencias de su decisión; 2) cerciorarse de que no se haya
coaccionado a la víctima ni al infractor para que participen en procesos restaurativos
o acepten resultados restaurativos, ni se los haya inducido a hacerlo por medios
desleales.
52. ¿Existe la posibilidad de la libertad provisional dentro del procedimiento
abreviado? De ser así, ¿en qué eventos procede?
R: Sí. Existe la posibilidad de libertad provisional dentro del procedimiento abreviado.
Para el efecto, el artículo 548, referente a Causales de libertad en el procedimiento
penal abreviado, de la Ley 906 de 2004, señala que el término de las medidas
de aseguramiento privativas de la libertad en el procedimiento abreviado no puede
exceder los ciento ochenta (180) días. La libertad del indiciado o acusado se cumple
de inmediato y procede en los siguientes eventos:
1.- Cuando se haya cumplido la pena, según la determinación anticipada que se
realice para este efecto.
2.- Cuando se haya decretado la preclusión.
3.- Cuando se haya absuelto al acusado.
4.- Como consecuencia de la aplicación del Principio de Oportunidad.
5.- Como consecuencia de las cláusulas de acuerdo, cuando haya sido aceptado
por el Juez de Conocimiento.
6.- Cuando han transcurrido (70) días después del traslado de la acusación y no
se ha iniciado la audiencia concentrada.
7.- Cuando han transcurrido treinta (30) días después de la terminación de la
audiencia concentrada y no se ha iniciado la audiencia de juicio oral.
8.- Cuando han transcurrido setenta y cinco (75) días después del inicio del juicio
oral y no se ha dado traslado de la sentencia.
Existen algunas excepciones a los términos contemplados con anterioridad. En
los numerales 4 y 5 se reestablecen los términos cuando existe improbación de
la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de
oportunidad.
También en aquellos casos en que la audiencia no se ha podido iniciar o terminar
por maniobras dilatorias del acusado o su defensor. De cualquier manera, los días
empleados en ellas no se contabilizarán dentro de dichos términos.
Cuando la audiencia no se ha podido iniciar o terminar por causas razonables,
fundadas en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la
administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará cuando haya
desaparecido dicha causa.

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Los términos anteriormente señalados se incrementan por el mismo término inicial
cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada. O bien, cuando sean
dos o más procesados, o se trate de la investigación o juicio de actos de corrupción,
abordados por la Ley 1474 de 2011.
53. ¿Cómo opera la indemnización integral según el procedimiento
abreviado?
R: Si bien las leyes 906 de 2004 y 1826 de 2016 no consagran la figura de la
indemnización integral, la misma tiene aplicación en la ley penal, por virtud de la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia con radicado no. 35946 del 13 de abril de
2011, M.P. María del Rosario González de Lemos.
Teniendo en cuenta que, en la actualidad, coexisten dos leyes procesales (Ley 600
de 2000 y Ley 906 de 2004), por principio de favorabilidad se toma de la primera,
figuras no desarrolladas en la segunda, tal es el caso de la indemnización integral.
La indemnización integral es la reparación total por parte del victimario de los
perjuicios causados en virtud o como consecuencia del delito. Es indispensable que
se cubran todos los perjuicios causados a la víctima, a saber: daño emergente, lucro
cesante, daño moral objetivo, daño de vida en relación y pretium doloris.
La terminación del proceso no es procedente cuando existen varios titulares de
la acción civil y solo se cubre la indemnización en relación con uno de ellos. La
expresión integral tiene una significación exacta por cuanto requiere que se satisfaga
la indemnización de todos los perjudicados que demuestren titularidad para proponer
la pretensión económica.
A su vez, la preclusión del proceso penal no puede ordenarse cuando el procesado
haya obtenido el mismo beneficio en otro proceso dentro de los cinco años anteriores,
contados hasta la fecha en que se hace la solicitud de pago. Incluso, si el procesado
indemniza completamente los perjuicios.
Nada impide la extinción independiente y sucesiva obre para cada una de las
infracciones en aquellos casos en que se enfrenten conductas punibles conexas.
54. ¿En qué término debe ser puesto a disposición el capturado en flagrancia
ante el Juez de Control de Garantías?
R: El capturado debe ser puesto a disposición del juez de Control de Garantías
inmediatamente o, a más tardar, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a
la aprehensión, con el propósito de legalizar su captura.
55.¿Rigeelprocedimientoabreviadoenmateriadelsistemaderesponsabilidad
penal para adolescentes?
R: Sí, el procedimiento abreviado tiene plena aplicabilidad en el procedimiento de
justicia penal para adolescentes, conforme al artículo 144 de la Ley 1098 de 2006,
que consagra lo siguiente:

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“Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el
procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regirá
por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio),
exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente”.
56. ¿Cuándo empieza a regir la ley de procedimiento abreviado?
R: La ley de procedimiento abreviado comenzará a regir seis (6) meses después de
su promulgación. Es decir, estará vigente a partir del 13 de julio de 2017.
Es necesario aclarar que la Ley 1826 tiene efectos retrospectivos. En otras palabras,
se aplica para los hechos que se produzcan con posterioridad al día 13 de julio de
2017, pero también se aplica para las indagaciones que se estén adelantando en esa
fecha, siempre y cuando no se haya realizado la audiencia de imputación.
2.2. Sobre el acusador privado
1.¿Qué es el acusador privado?
R: El Acusador privado es aquella persona que, al ser víctima de la conducta punible,
está facultada legalmente para ejercer la acción penal, siempre y cuando esté
representada obligatoriamente por un abogado.
Al respecto, los estudiantes de consultorio jurídico de las universidades debidamente
acreditadas también pueden fungir como abogados de confianza del acusador
privado, en los términos de ley.
El Acusador Privado debe reunir las mismas calidades que el querellante legítimo
para ejercer la acción penal.
Solamente puede ser nombrado un acusador privado por cada proceso.
También pueden ejercer la acusación las autoridades que la ley expresamente faculte
para ello y solo en las conductas habilitadas específicamente.
2. ¿La figura del acusador privado tiene respaldo constitucional?
R: Sí, el Acto Legislativo 06 de 2011, en virtud del cual se adicionó un parágrafo al
artículo 250 de la Constitución Política, que consagra lo siguiente:
3.¿Con la creación de la figura del acusador privado dentro del procedimiento
penal se está privatizando la administración de justicia?
R: No. Con la creación de la figura del acusador privado no se ha dado la posibilidad
a los particulares de administrar justicia. Dichos poderes siguen en cabeza de los
jueces de control de garantías y de los jueces de conocimiento.Así pues, el acusador
privado constituye una parte dentro del proceso, tal como la Fiscalía, en los casos en
que no se ordene la conversión de la acción penal.

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4. ¿En qué casos procede la figura del acusador privado?
R: El acusador privado procede para las conductas punibles consagradas en el
artículo 534 de la Ley 906 de 2004. Dichas conductas deben ser tramitadas por el
procedimiento abreviado.
5. ¿Quién puede ser acusador privado?
R: La víctima de la conducta punible y aquellos que cumplan con las condiciones
exigidas para el querellante legítimo, consagradas en el artículo 71 del Código de
Procedimiento Penal, dentro de las cuales se encuentra el defensor de familia, entre
otros.
6. ¿Se requiere un abogado para la solicitud de conversión de la acción penal
de pública a privada?
R: Sí. La solicitud de conversión de la acción penal debe hacerse a través de un
abogado. Asimismo, se requiere un profesional del derecho para actuar como
acusador privado dentro del proceso penal.
7. ¿Cuántos acusadores privados pueden existir en un proceso?
R: Bajo ninguna circunstancia puede figurar más de un (1) acusador privado dentro
de cada proceso penal. En los casos en que exista pluralidad de víctimas, debe
mediar acuerdo entre todas y cada una de ellas, con el propósito de proceder a la
conversión de la acción penal. De lo contrario, la titularidad de la acción penal se
mantiene a cargo de la Fiscalía General de la Nación.
Dicha solicitud debe comprender la manifestación expresa de cada víctima y
coadyuvar la solicitud, y en los casos en que aparece un nuevo afectado cuando ya
ha iniciado el trámite, este puede adherir al trámite de la acción privada.
8.¿Pueden los estudiantes de consultorio jurídico actuar como acusadores
privados?
R: Sí. La ley ha facultado a los estudiantes de consultorio jurídico para que actúen
como acusadores privados, siempre y cuando, junto a la solicitud de conversión de
la acción pública en privada, entreguen el poder para actuar, otorgado por la víctima,
y un certificado de consultorio jurídico que autorice específicamente dicha solicitud.
9. ¿Los procesos que pueden llegar a ser objeto de acusador privado deben
entrar a la Fiscalía o el acusador privado puede actuar sin que la noticia
criminal haya ingresado al ente acusador?
R: Todas las denuncias de hechos que revisten las características de un delito deben
ser puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. En ese orden, la
entidad debe realizar el trámite interno de reparto en consideración de los delitos que
se denuncian. Así, se asigna la noticia criminal al fiscal que corresponda para dar
inicio a la indagación.

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El acusador privado tiene dos oportunidades para presentar la solicitud de conversión.
Puede presentarla junto a la denuncia penal o cuando la investigación haya sido
asignada a un despacho fiscal.
En todo caso, el acusador privado puede presentar dicha solicitud hasta antes del
traslado del escrito de acusación.
10. ¿Un acusador privado puede realizar actos urgentes?
R: No. La facultad de realizar actos urgentes corresponde a los servidores públicos
que cumplen funciones de Policía Judicial, bien sea de forma permanente o transitoria,
conforme a los artículos 201, 202, 203, 204 y 205 de la Ley 906 de 2004.
La función de policía judicial está prevista exclusivamente para ser ejercida por las
entidades del Estado con el ánimo de apoyar la investigación penal. En ese sentido,
dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación.
Sin embargo, una vez convertida la acción penal en privada, el acusador privado
puede adelantar labores de investigación, siempre y cuando las mismas no afecten
derechos fundamentales. Bajo ese entendido, dichos actos de investigación no
pueden entenderse como “urgentes”.
11. ¿Desde cuándo la víctima, por intermedio de abogado, puede constituirse
como acusador privado?
R: Dependiendo de si se trata de delitos querellables o investigables de oficio. En el
primer escenario, el representante de la víctima puede solicitar la conversión una vez
haya fracasado la audiencia de conciliación prevista para este tipo de delitos.
En el caso de que la denuncia contenga delitos investigables de oficio, la víctima
puede solicitar la conversión de la acción, después de que la noticia criminal haya
sido asignada a un despacho y el fiscal de conocimiento haya hecho un análisis
juicioso del cumplimiento de los requisitos legales para su conversión. A partir de
la autorización de conversión que emita el fiscal de conocimiento, la víctima, por
intermedio de abogado, se constituye como acusador privado.
12. ¿Hasta cuándo la víctima, por intermedio de abogado, puede constituirse
como acusador privado?
R: Hasta antes de que el fiscal de conocimiento surta traslado del escrito de
acusación.A partir de ese momento, la competencia para adelantar el proceso penal
es exclusivamente de la Fiscalía General de la Nación.
13. ¿Cómo se denomina la figura por medio de la cual la Fiscalía hace entrega
de la acción penal a un privado?
R: El mecanismo por medio del cual la Fiscalía General de la Nación asigna el
ejercicio de la acción penal a la víctima se llama Conversión.

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14. ¿Cuál es el procedimiento mediante el cual se reconoce el acusador
privado?
R: La persona interesada en solicitar la conversión de la acción pública en privada
debe cumplir con las mismas calidades exigidas para el querellante legítimo, conforme
al artículo 71 del Código de Procedimiento Penal. En ese orden, puede solicitar la
conversión de forma escrita, de modo que acredite sumariamente su calidad de
víctima ante el fiscal del caso, siempre y cuando se realice previamente el traslado
del escrito de acusación.
Además de la solicitud escrita de conversión, el representante de víctima debe
adjuntar el poder otorgado por la misma. Por su parte, los estudiantes de consultorio
jurídico que actúen como acusadores privados deben adjuntar los documentos
anteriores y, además, la certificación del consultorio jurídico de la universidad a la
que pertenecen.
15. ¿Cuál es el término que tiene el Fiscal para resolver de la solicitud de la
conversión?
R: El Fiscal tiene un (1) mes contado a partir del día del recibo de la solicitud de
conversión, respecto a los delitos investigables de oficio, para resolver de fondo la
solicitud. Si la autoriza, debe señalar al peticionario la identidad e individualización
del indiciado(s), los hechos que objeto de la acción privada y su calificación jurídica
provisional.
Al tratarse de delitos querellables, el término también es de un (1) mes contado a
partir del fracaso de la audiencia de conciliación, para los casos en que la solicitud
de conversión haya sido adjuntada a la denuncia penal. Si la solicitud se hace con
posterioridad a la denuncia, se cuenta con el mismo término a partir del momento
en que se radique dicha solicitud, siempre y cuando el fiscal no haya dado traslado
de la acusación.
16. ¿Qué sucede cuando en una misma denuncia se ponen en conocimiento
delitos querellables y delitos investigables de oficio (que deban ser
tramitados por el procedimiento abreviado) y se solicita la conversión de la
acción penal?
R: En los eventos en que se presente concurso de conductas punibles que se tramitan
por el procedimiento ordinario, y otras transitables por el procedimiento abreviado,
la regla es que el proceso se lleva por el procedimiento ordinario. Luego, la acción
penal no puede convertirse.
17. ¿Es posible que se formule denuncia por delitos investigables de oficio
que deban ser tramitados por el procedimiento abreviado, así como por
delitos querellables en un solo acto, y solo se solicite la conversión de uno
o de otro?

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R: Sí, es perfectamente posible que ello ocurra. La decisión de solicitar la conversión
corresponde exclusivamente a la víctima a través de su abogado. En ese sentido, es
dispositivo de la víctima solicitar los delitos por las cuales quiere llevar la acusación
a su nombre, siempre y cuando los mismos hagan parte del ámbito de aplicación de
esta figura.
18. ¿Cuál es la naturaleza de la decisión de conversión emitida por el fiscal?
R: Es una orden que no admite recursos.
19. ¿Es posible que el fiscal niegue la solicitud de conversión?
R: Sí.Para la procedencia de la conversión es necesario que el fiscal de conocimiento
realice un estudio de los requisitos legales para autorizar su conversión. En
consecuencia, si el fiscal evidencia el incumplimiento de uno de estos, tiene la
obligación legal de rechazar la solicitud de conversión y continuar el trámite normal
de la investigación penal.
En el evento en que el fiscal, a pesar de tener conocimiento del incumplimiento de las
causales, autoriza la solicitud de conversión, su actuación será objeto de compulsa
de copias en materia disciplinaria y penal.
20. ¿Es posible que, a pesar de que se cumplan los requisitos de ley para que
se dé la conversión, el fiscal decida no convertir la acción?
R: Sí.A pesar de que la Constitución Política consagra en su artículo 250, parágrafo 2,
la facultad de asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima, también consagra
en el mismo parágrafo el poder preferente que tiene el ente acusador para adelantar
las investigaciones en materia penal.
Bajo este entendido, el fiscal de conocimiento tiene el poder preferente para ejercer
su investigación, sin estar obligado a convertirla en pública, negando la conversión
de forma motivada.
21. ¿Esta misma naturaleza la tiene la decisión que niega la conversión?
R: Correcto. La decisión de no conversión es una orden frente a la cual no procede
recurso alguno.
22. ¿Qué debe contener la orden por medio de la cual el Fiscal convierte la
acción penal?
R: De acuerdo con el artículo 554 de la Ley 906 de 2004, la orden de conversión
debe contener la identidad e individualización del indiciado o indiciados, los hechos
que serán objeto de la acción privada y su calificación jurídica provisional.

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23. ¿Qué sucede cuando se solicita la conversión de una acción penal y el
solicitante actúa de mala fe y oculta información a la Fiscalía para que la
conversión proceda?
R: Una vez la Fiscalía General de la Nación tenga conocimiento de esta situación,
debe ordenar la reversión de la acción penal en pública para continuar con el trámite
correspondiente. Igualmente, debe compulsar copias para que se investigue penal y
disciplinariamente a quienes hayan incurrido en esta conducta.
24. ¿Qué sucede cuando el fiscal se abstiene de verificar todos los requisitos
consagrados en la ley para que no proceda la conversión?
R: El fiscal de conocimiento tiene el deber y la obligación de verificar el cumplimiento
de todos los requisitos exigidos en la ley antes de autorizar la conversión de la acción
penal en privada.Sin embargo, si llega a autorizar la conversión sin dicha verificación,
procede la respectiva compulsa de copias en materia disciplinaria y penal que dé
lugar con su conducta.
25. ¿Qué facultades tiene el acusador privado?
R: El acusador privado cuenta con las mismas facultades para indagación e
investigación con las que cuenta la defensa, toda vez que es propio del acusador
privado recopilar todos los elementos materiales probatorios, evidencia física e
información legalmente obtenida para ejercer la acción penal. No obstante, el titular
de la acción privada no puede ejercer actos de investigación complejos, bajo ninguna
circunstancia.
26. ¿Cuáles son los actos de investigación complejos a los que se refiere la
Ley 1826 de 2017?
R: La ley enuncia los siguientes actos de investigación complejos:
- Interceptación de comunicaciones
- Inspecciones corporales
- Registros y allanamientos
- Vigilancia y seguimiento de personas
- Vigilancia de cosas
- Entregadas vigiladas
- Diligencias de agente encubierto
- Retención de correspondencia
- Recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de
las redes de comunicaciones

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27. ¿Qué debe hacer un acusador privado cuando pretenda realizar actos de
investigación complejos?
R: Si, bajo el criterio del acusador privado, se evidencia la necesidad de llevar a cabo
actos de investigación complejos (siempre que estén relacionados directamente con
la investigación), puede solicitar su autorización ante el Juez de Control de Garantías,
cuya ejecución estará a cargo de la Fiscalía General a través de su policía judicial.
28. ¿El acusador privado puede dirigir a la policía judicial sobre la forma de
realizar los actos de investigación complejos?
R: No. Bajo ninguna circunstancia
29. Si los resultados del acto de investigación complejo requieren control
posterior, ¿quién debe solicitar ese control posterior?
R: Debido a que la realización de los actos de investigación complejos corresponde
a la Fiscalía General, el fiscal que autorizó la conversión de la acción penal es el
encargado de solicitar el control posterior sobre dichos actos ante los jueces.
30. ¿El acusador privado puede acudir por sí mismo ante el Juez de Control
de Garantías para solicitar una medida de aseguramiento?
R: EEl Acusador Privado puede acudir por sí mismo ante el Juez de Control de
Garantías para solicitar la imposición de la medida de aseguramiento privativa o no
privativa de la libertad de la misma forma en la que lo haría el fiscal. Dicha actuación
se rige por las reglas previstas para el procedimiento ordinario.
En ese sentido, si el juez considera viables los argumentos presentados por el
acusador privado para decretar la detención preventiva, puede librar la orden de
captura para que se haga efectiva por parte de la Fiscalía General de la Nación.
No obstante, bajo ninguna circunstancia el Acusador Privado puede acudir
directamente ante el Juez de Control de Garantías para solicitar la expedición de la
orden de captura. Tampoco corresponde a quien es titular de la acción privada, la
materialización de la misma.
31. ¿Qué debe hacer el Fiscal con los elementos materiales probatorios que
provengan de la denuncia, o que se hayan recolectado desde la presentación
de la misma, hasta que se decida otorgar la conversión?
R: Una vez se haya autorizado la conversión de la acción penal pública en privada, el
fiscal da traslado al acusador privado de todos los elementos materiales probatorios,
evidencia física e información legalmente obtenida hasta el momento. Ello da plena
validez a las normas que regulan la cadena de custodia.
De ese traslado se deja constancia en un acta detallada. No obstante, el fiscal del
caso debe guardar copia de los elementos entregados, si ello fuera posible, ya que

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está facultado para utilizar cualquier medio que garantice la fidelidad y autenticidad
de los mismos. Para este último punto, se recomienda la utilización de medios
electrónicos.
Ahora bien, la custodia de los elementos entregados corresponde exclusivamente al
acusador privado.
32. ¿Qué sucede si dentro de los elementos materiales probatorios que se
le van a entregar al acusador privado hay armas de fuego o armas blancas?
R: En caso de que las conductas punibles se cometan mediante armas blancas o
de fuego, una vez cumplida la cadena de custodia y después de que estas armas
sean examinadas por peritos para los fines investigativos pertinentes, se procede a
su destrucción, con previa orden del fiscal del caso. Adicional a lo anterior, se debe
tomar registro fotográfico de las armas para entregarlo al acusador privado, a efectos
de poder incorporarlo al juicio, si se considera necesario.
33. ¿Qué hacer con una acusación injusta?
R: En los eventos en que al acusado se le atribuya una acusación injusta, la defensa
puede solicitar al juez de conocimiento la preclusión de la investigación, bien sea por
la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, la inexistencia
del hecho investigado, o por la atipicidad de la conducta.
34. ¿Qué requisitos debe contener el escrito de acusación cuando es
presentado por el acusador privado?
R: Además de lo dispuesto para la acusación en el procedimiento abreviado, el
acusador privado debe incluir la orden emitida por el fiscal, en la que autoriza la
conversión de la acción penal en privada, en el escrito de acusación.
35. ¿Cuál es el procedimiento por medio del cual se puede revertir la acción
penal de privada a pública?
R: La reversión es el mecanismo por medio del cual la acción penal pasa a ser pública
nuevamente, en consideración del parágrafo 2 del artículo 250 de la Constitución
Política, el cual consagra el poder preferente que tiene la Fiscalía para su ejercicio.
En ese sentido, la acción penal se puede revertir en cualquier momento a través de
una decisión fundada, cuando opere alguna o algunas de las causales que impidan
la conversión, al retomar la actuación en la etapa procesal en la que se encuentre, o
bien, cuando el acusador privado sea sorprendido en actos de desviación de poder
por el ejercicio de los actos de investigación.
36. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la orden de reversión?
R: Es una orden que no admite recursos.

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37. ¿Cuáles son las causales para que proceda la reversión de la acción?
R: Se trata de las mismas causales que impiden la conversión taxativamente
enunciadas en la ley. Adicionalmente, procede la reversión cuando el acusador
privado sea sorprendido en actos de desviación de poder, en virtud del ejercicio de
actos de investigación. A su turno, cuando se establezca que el abogado que lleva
adelante la acusación privada haya abandonado el caso.
38. ¿Algún recurso procede contra la orden de reversión?
R: No. Contra esta orden no procede recurso alguno, toda vez que conceder el
ejercicio de la acción penal al acusador privado es un acto propio y dispositivo de la
39. ¿Cómo opera la solicitud de reparación integral cuando el procedimiento
ha sido adelantado por un acusador privado?
R: Cuando haya procedido la conversión de la acción penal en privada, el acusador
privado debe incluir en su escrito de acusación, además de las pretensiones en
materia penal, la solicitud de reparación integral de los perjuicios, sus pretensiones
y las pruebas que sustentan las mismas.
Al momento de dictar sentencia, si es condenatoria, el juez debe resolver
inmediatamente los perjuicios con base en las pruebas aportadas.
40. ¿Bajo qué procedimiento se adelanta el proceso penal que lleva a cabo
el acusador privado?
R: Se rige por la ley que regula el procedimiento abreviado.
41. ¿Desde qué fecha los usuarios del sistema penal colombiano pueden
solicitar la conversión de la acción penal?
R: A partir del 13 de julio de 2017.
42. ¿Puede solicitarse la conversión de la acción penal con respecto a delitos
cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley?
R: Sí, siempre y cuando no se haya realizado la audiencia de formulación de
imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación y se trate de
delitos que hacen parte de su ámbito de aplicación. Una vez realizada la imputación
de cargos, no es posible solicitar la conversión de la acción penal en privada, bajo
ninguna circunstancia.
43. ¿Opera la figura del acusador privado en la justicia penal para
adolescentes?
R: No, conforme a lo consagrado en la Ley 1826 de 2017 en lo referente a las causales
que impiden la conversión en acción privada, no procede la conversión cuando se
trate de procesos adelantados por el sistema de responsabilidad para adolescentes,
sin perjuicio de que los mismos sean regulados por el procedimiento abreviado.

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44. ¿Cuándo se agota la posibilidad de hacer la solicitud de acusador privado
en los eventos en que existe flagrancia?
R: Solo procede la conversión si en el caso no se ha dado traslado del escrito de
acusación.
45. ¿Qué ocurre cuando el fiscal considera la imposibilidad práctica de
guardar copia de algunos elementos materiales probatorios o evidencia física
por parte de la Fiscalía General de la Nación, al tratarse de la conversión de
la acción penal en privada?
R: Para todos los efectos, es posible guardar copia de los elementos materiales
probatorios o evidencia física por parte de la Fiscalía, teniendo en cuenta lo siguiente:
» Si se trata de armas blancas o de fuego, estas serán fijadas fotográficamente y
videográficamente antes de proceder a su destrucción, conforme al artículo 563
del Código de Procedimiento Penal.
» Los macroelementos deben ser fijados por cualquier medio, bien sea por
fotografías, videos o audio, si es procedente.
46. En los casos de inasistencia alimentaria, ¿el Comisario de familia, la
defensora de familia o funcionarios del ICBF pueden actuar como acusadores
privados?
R: : Para actuar como acusador privado, se debe cumplir con las condiciones de
querellante legítimo, conforme a lo contemplado en el artículo 27 de la Ley 1826
de 2017. Bajo ese entendido, los defensores de familia pueden ser querellantes
legítimos, de acuerdo con el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal.
47. ¿Qué sucede si, una vez realizada la conversión de la acción pública a
privada, el acusador privado renuncia a la acusación o la víctima no cuenta
con los medios para contratar otro abogado de confianza?
R: Cuando se presenta alguno de esos eventos, la consecuencia inmediata es la
reversión, debido la causal de ausencia de abogado contemplada en el inciso 2 del
art 560 del Código de Procedimiento Penal.
48. Una vez decretada la conversión de la acción penal, ¿la policía judicial
que adelantó programa metodológico recibe órdenes del acusador privado?
R: No. Cuando se tiene en mente hacer la conversión de acción pública en privada,
la víctima debe tener en cuenta que no solamente debe contratar a un abogado que
haga las veces de acusador privado, sino también a los investigadores privados que
van a trabajar de común acuerdo con el acusador privado.

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Así, la policía judicial que ejecuta dicho acto no puede recibir órdenes del acusador
privado, ni siquiera cuando el juez ordene actos de investigación complejos.
49. Ante una indagación en que la Fiscalía considere que procede el archivo
por atipicidad de la conducta y la víctima no comparte dicha decisión, ¿se
debe entregar la carpeta al acusador privado dejando la constancia? ¿El juez
de control de garantías es la figura competente para dirimir este punto?
R: Ninguna de las anteriores. El artículo 79 del Código de Procedimiento Penal no fue
modificado por la Ley 1826, de tal forma que cuando sea el caso, el fiscal debe archivar
las diligencias porque las circunstancias fácticas no permiten la caracterización de
un comportamiento como delito.
Ahora bien, según la Sentencia C-1154 de 2005, si la víctima allega nuevos elementos
de prueba y el fiscal persiste en su posición de mantener el archivo, la víctima, sin
necesidad de convertirse en acusador privado, puede acudir ante el Juez de Control
de Garantías para solicitar el desarchivo de la investigación.
50. ¿Cuál es la responsabilidad del acusador privado ante aquellos elementos
materiales probatorios y evidencia física que se le entregan tras la conversión
de la acción penal?
R: Fuera de la responsabilidad disciplinaria a que hubiere lugar, el acusador privado
también será investigado en materia penal por los tipos penales que se encuadren
dentro de su conducta, tales como el artículo 454B del Código Penal que regula el
“Ocultamiento,Alteración o Destrucción de elementos materiales probatorios”, entre
otros.
51. En la audiencia concentrada, ¿se puede debatir la legitimidad de la víctima
para solicitar la conversión de la acción penal pública a privada? En ese
evento, ¿el juez puede decidir que el trámite vuelva a la Fiscalía?
R: Sí. En la audiencia concentrada, el juez de conocimiento decide definitivamente
sobre el reconocimiento de la calidad de la víctima. Esto significa que debe verificar
que la solicitud de conversión provenga realmente de quien goza de dicha calidad.
En este caso, el juez puede decidir que el trámite regrese a la Fiscalía porque la
orden de conversión no cumplió con las condiciones exigidas para ello.
52. Si la víctima es un abogado titulado, ¿puede actuar como acusador
privado?
R: Sí. La ley consagra la obligación de ser abogado para actuar como acusador
privado. Bajo ese entendido, si la víctima goza de dicha calidad, puede ser su propio
acusador privado.

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53. ¿Cuáles son las autoridades expresamente facultadas por la ley para
ejercer la acusación?
R: Además de la Fiscalía y la víctima, los Defensores de Familia y la Procuraduría
General de la Nación, entre otros, pueden ejercer la acusación privada.
54. ¿Qué pasa con los impedimentos y recusaciones en la figura del acusador
privado?
R: : Las solicitudes de impedimentos y recusaciones en un proceso adversarial se
dirigen contra el juez y no contra las partes. Lo que se pretende es contar con un
tercero independiente e imparcial que juzgue el asunto.
55. ¿Qué requisitos debe contener la solicitud de conversión de acción
pública en privada?
R: Además de aportar el poder de la víctima y la certificación de los consultorios
jurídicos, si se trata de estudiantes de facultades de derecho, el requerimiento debe
contener expresamente la solicitud de conversión de acción penal de pública en
privada.
56. ¿Solo la Fiscalía General de la Nación puede revertir la acción penal?
R:Sí.En algunos eventos, tales como la renuncia del abogado en calidad de acusador
privado, la imposibilidad de la víctima de seguir pagando los costos derivados de la
investigación, etc., la reversión se hace a solicitud de la víctima y la Fiscalía General
de la Nación retoma la investigación en la etapa procesal en la que se encuentre.
57. En las audiencias de actos complejos, ¿es necesario que el fiscal
comparezca a dicha audiencia para oponerse a la pretensión del acusador
privado?
R: No. El fiscal no tiene por qué comparecer a la audiencia, toda vez que ya se ha
desprendido de la acción penal y no representa los intereses de la víctima. Además,
por regla general, la audiencia preliminar para solicitar actos de investigación
complejos, es una audiencia reservada en donde solo están presentes el acusador
y el juez.
58. Una vez ordenada la conversión, ¿el acusador privado debe permitir
al fiscal copia de los elementos materiales probatorios obtenidos con
posterioridad a la conversión de la acción penal?
R: No. Solamente en el evento en que haya reversión, el acusador privado tiene que
devolverle al fiscal aquellos elementos materiales probatorios recibidos al momento
de la conversión. De igual forma, entregar aquellos que producto de su investigación
haya obtenido. De no ser así, su comportamiento incurre en las conductas penales a
que hubiera lugar tales como el art 454B.

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59. ¿El acusador privado podrá solicitar la preclusión de la investigación o
sólo la defensa?
R: Sí. Cuando se solicita la conversión de la acción pública en privada, el acusador
privado adquiere las facultades y obligaciones de la Fiscalía General, entre esas, la
de obrar con transparencia, objetividad y lealtad. Bajo ese entendido, si el acusador
privado llega a la convicción de que no existen elementos para trasladar el escrito
de acusación, puede precluir la investigación ante un juez de control de garantías e
informar de dicha decisión del fiscal.
60. Decretada la reversión de la acción penal, ¿el representante del acusador
privado debería fungir inmediatamente como apoderado de la víctima?
R: : No necesariamente. Existen eventos en que la reversión se da por ausencia del
acusador privado. Bajo ese entendido, no tiene que actuar inmediatamente como
apoderado de víctima.

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Tercera parte
Texto de la Ley 1826 de 2017
LEY 1826 DE 2017, POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE UN
PROCEDIMIENTO PENAL ESPECIAL ABREVIADO Y SE REGULA LA FIGURA
DEL ACUSADOR PRIVADO
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º Modifíquese el artículo 66 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:
Artículo 66. Titularidad y obligatoriedad. El Estado, por intermedio de la Fiscalía
GeneraldelaNación,estáobligadoaejercerlaacciónpenalyarealizarlainvestigación
de los hechos que revistan las características de una conducta punible, de oficio o
que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o
cualquier otro medio, salvo las excepciones contempladas en la Constitución Política
y en este código.
No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución
penal, salvo en los casos que establezca la ley para aplicar el principio de oportunidad
regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido
al control de legalidad por parte del juez de control de garantías.
Cuando se autorice la conversión de la acción penal pública a privada, y entre tanto
esta perdure, la investigación y la acusación corresponderán al acusador privado en
los términos de este código.
Artículo 71. Querellante legítimo. La querella únicamente puede ser presentada por
la víctima de la conducta punible. Si esta fuere incapaz o persona jurídica, debe ser
formulada por su representante legal. Si el querellante legítimo ha fallecido, podrán
presentarla sus herederos.
Cuando la víctima estuviere imposibilitada para formular la querella, o sea incapaz y
carezca de representante legal, o este sea autor o partícipe de la conducta punible,
puede presentarla el Defensor de Familia, el agente del Ministerio Público o los
perjudicados directos.
El Procurador General de la Nación podrá formular querella cuando se afecte el
interés público o colectivo.
La intervención de un servidor público como representante de un menor incapaz,
no impide que pueda conciliar o desistir. El juez tendrá especial cuidado de verificar
que la causa de esta actuación o del acuerdo, se produzca en beneficio de la víctima
para garantizar la reparación integral o la indemnización económica.

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Parágrafo. Cuando el delito de hurto, no haya sido puesto en conocimiento
de la Administración de Justicia por el querellante legítimo, por encontrarse en
imposibilidad física o mental para interponer la querella, esta podrá ser instaurada
dentro del término legal, por el miembro de la Policía Nacional, que en el ejercicio de
la actividad de policía, tenga conocimiento del hecho. En estos casos, la víctima de
la conducta seguirá siendo querellante legítimo y el único facultado para ejercer la
acusación privada.
Artículo 72. Extensión de la querella. La querella se extiende de derecho contra
todos los que hubieren participado en la conducta punible.
Artículo 73. Caducidad de la querella. La querella debe presentarse dentro de los
seis (6) meses siguientes a la comisión de la conducta punible. No obstante, cuando
el querellante legítimo por razones de fuerza mayor o caso fortuito acreditados no
hubiere tenido conocimiento de su ocurrencia, el término se contará a partir del
momento en que aquellos desaparezcan, sin que en este caso sea superior a seis
(6) meses.
Artículo 5º Modifíquese el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, modificado por el
artículo 108 de la Ley 1453 de 2011, el cual quedará así:
Artículo 74. Conductas punibles que requieren querella. Para iniciar la acción
penal será necesario querella en las siguientes conductas punibles:
1. Aquellas que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena
privativa de la libertad, con excepción de: Ofrecimiento, venta o compra de
instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas (C. P.
artículo 193); Divulgación y empleo de documentos reservados (C. P. artículo 194);
Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto (C. P. artículo 416); Revelación de
secreto (C. P. artículo 418); Utilización de asunto sometido a secreto o reserva (C. P.
artículo 419); Utilización indebida de información oficial privilegiada (C. P. artículo
420); Asesoramiento y otras actuaciones ilegales (C. P. artículo 421); Utilización
indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública (C. P. artículo
431); Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública
(C. P. artículo 432).
2.Inducción o ayuda al suicidio (C.P.artículo 107);lesiones personales sin secuelas
que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta
(60) días (C. P. artículo 112 incisos 1º y 2º); lesiones personales con deformidad
física transitoria (C. P. artículo 113 inciso 1º); lesiones personales con perturbación
funcional transitoria (C. P. artículo 114 inciso 1º); parto o aborto preterintencional
(C. P artículo 118); lesiones personales culposas (C. P. artículo 120); omisión de
socorro (C. P. artículo 131); violación a la libertad religiosa (C. P. artículo 201);

75
injuria (C. P. artículo .220); calumnia (C. P. artículo 221); injuria y calumnia indirecta
(C. P. artículo 222); injuria por vías de hecho (C. P. artículo 226); injurias recíprocas
(C. P. artículo 227); maltrato mediante restricción a la libertad física (C. P. artículo
230); malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C. P. artículo 236);
hurto simple cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos
mensuales legales vigentes (C. P. artículo 239 inciso 2º); alteración, desfiguración
y suplantación de marcas de ganado (C. P. artículo 243); estafa cuya cuantía no
exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.
P. artículo 246 inciso 3º); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo
248);abuso de confianza (C.P.artículo 249);aprovechamiento de error ajeno o caso
fortuito (C. P. artículo 252); alzamiento de bienes (C. P. artículo 253); disposición de
bien propio gravado con prenda (C. P. artículo 255); defraudación de fluidos (C. P.
artículo 256); acceso ilegal de los servicios de telecomunicaciones (C. P. artículo
257); malversación y dilapidación de bienes (C. P. artículo 259); usurpación de
tierras (C. P. artículo 261); usurpación de aguas (C. P. artículo 262); invasión de
tierras o edificios (C. P. artículo 263); perturbación de la posesión sobre inmuebles
(C.P.artículo 264);daño en bien ajeno (C.P.artículo 265);usura y recargo de ventas
a plazo (C. P. artículo 305); falsa autoacusación (C. P. artículo 437); infidelidad a los
deberes profesionales (C. P. artículo 445); Violación de los derechos de reunión y
asociación (C. P. artículo 200).
Parágrafo. No será necesario querella para iniciar la acción penal respecto de casos
de flagrancia o en los cuales el sujeto pasivo sea menor de edad, inimputable o se
refieran a presuntas conductas punibles de violencia contra la mujer.
Artículo 76. Desistimiento de la querella. En cualquier momento de la actuación
y antes del inicio de la audiencia de juicio oral, el querellante podrá manifestar
verbalmente o por escrito su deseo de desistir de la acción penal.
Si al momento de presentarse la solicitud no se hubiese presentado escrito de
acusación, le corresponde a la Fiscalía verificar que ella sea voluntaria, libre e
informada, antes de proceder a aceptarla y archivar las diligencias.
Si se hubiere presentado escrito de acusación le corresponderá al juez de
conocimiento, luego de escuchar el parecer de la Fiscalía, o del acusador privado,
según sea el caso, determinar si acepta el desistimiento.
En cualquier caso el desistimiento se hará extensivo a todos los autores o partícipes
de la conducta punible investigada, y una vez aceptado no admitirá retractación.
Artículo 7º Modifíquese el numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, el cual
quedará así:
4. Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o
contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de
la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o
absolución en el caso precedente.

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En el supuesto contemplado por el inciso anterior, se entenderá que la libertad del
capturado representa peligro futuro para la sociedad en los términos de los artículos
308 y 310 de este código.
Artículo 8º La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo Libro VIII, con el siguiente nombre:
LIBRO VIII
PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO Y ACUSACIÓN PRIVADA
Artículo 9º. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo Título I y un nuevo Capítulo I en su
Libro VIII, con el siguiente nombre.
TÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO
CAPÍTULO I
Definiciones y reglas generales
Artículo 10. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 534, así:
Artículo 534. Ámbito de aplicación. El procedimiento especial abreviado de que
tratael presente título se aplicará a las siguientes conductas punibles:
1.Las que requieren querella para el inicio de la acción penal.
2.Lesiones personales a las que hacen referencia los artículos 111, 112, 113, 114,
115, 116, 118 y 120 del Código Penal;Actos de Discriminación (C. P.Artículo 134A),
Hostigamiento (C. P. Artículo 134B), Actos de Discriminación u Hostigamiento
Agravados (C. P. Artículo 134C), inasistencia alimentaria (C. P. artículo 233) hurto
(C. P. artículo 239); hurto calificado (C. P. artículo 240); hurto agravado (C. P. artículo
241), numerales del 1 al 10; estafa (C. P. artículo 246); abuso de confianza (C. P.
artículo 249); corrupción privada (C. P. artículo 250A); administración desleal (C. P.
artículo 250B); abuso de condiciones de inferioridad (C. P. artículo 251); utilización
indebida de información privilegiada en particulares (C. P. artículo 258); los delitos
contenidos en el Título VII Bis, para la protección de la información y los datos,
excepto los casos en los que la conducta recaiga sobre bienes o entidades del
Estado; violación de derechos morales de autor (C. P. artículo 270); violación de
derechos patrimoniales de autor y derechos conexos (C. P. artículo 271); violación
a los mecanismos de protección de derechos de autor (C. P. artículo 272); falsedad
en documento privado (C. P. artículos 289 y 290); usurpación de derechos de
propiedad industrial y de derechos de obtentores de variedades vegetales (C. P.
artículo 306); uso ilegítimo de patentes (C. P. artículo 307); violación de reserva
industrial y comercial (C. P. artículo 308); ejercicio ilícito de actividad monopolística
de arbitrio rentístico (C. P. artículo 312).

77
En caso de concurso entre las conductas punibles referidas en los numerales
anteriores y aquellas a las que se les aplica el procedimiento ordinario, la actuación
se regirá por este último.
Parágrafo. Este procedimiento aplicará también para todos los casos de flagrancia
de los delitos contemplados en el presente artículo.
Artículo 535. Integración. En todo aquello que no haya sido previsto de forma
especial por el procedimiento descrito en este título, se aplicará lo dispuesto por
este código y el Código Penal.
Artículo 12. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo Capítulo II en su Título I de su Libro
VIII, con el siguiente nombre:
CAPÍTULO II
De la acusación
Artículo 13 La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 536, así:
Artículo 536. Traslado de la acusación. La comunicación de los cargos se surtirá
con el traslado del escrito de acusación, tras lo cual el indiciado adquiere la condición
de parte.
Para ello, el fiscal citará al indiciado para que comparezca en compañía de su
defensor, así como a la víctima, con el fin de hacer entrega del escrito de acusación
y realizar el descubrimiento probatorio, cuando de los elementos materiales
probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar,
con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el indiciado fue
autor o partícipe. El descubrimiento probatorio que haga la Fiscalía deberá ser total,
incluirá los elementos materiales probatorios, evidencia física e información
legalmente obtenida aportada por la víctima, y del mismo deberá quedar constancia.
En los eventos contemplados por los artículos 127 y 291 de este código el traslado
de la acusación se realizará con el defensor.
Parágrafo 1º. El traslado del escrito de acusación interrumpe la prescripción de la
acción penal. Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a
correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del
Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años.
Parágrafo 2º. Cuando se trate de delitos querellables, concluido el traslado de la
acusación, el Fiscal indagará si las partes tienen ánimo conciliatorio y procederá
conforme lo dispuesto en el artículo 522.
Parágrafo 3º. A partir del traslado del escrito de acusación el fiscal, el acusador
privado o la víctima podrán solicitar cualquiera de las medidas cautelares previstas

78
en este código, sin perjuicio de las medidas de restablecimiento del derecho las
cuales podrán solicitarse en cualquier momento.
Parágrafo 4º.Para todos los efectos procesales el traslado de la acusación equivaldrá
a la formulación de imputación de la que trata la Ley 906 de 2004.
Artículo 537. Traslado de la acusación en audiencia de solicitud de medida de
aseguramiento. En los eventos en los que resulte procedente la imposición de una
medida de aseguramiento, el Fiscal dará traslado del escrito de acusación al inicio
de la audiencia, acto seguido se procederá de conformidad con lo previsto en los
artículos 306 y siguientes de este código.
Artículo 538. Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de
acusación deberá cumplir con los requisitos del artículo 337 del Código de
Procedimiento Penal. Además deberá contener:
1. La indicación del juzgado competente para conocer la acción.
4 .La orden de conversión de la acción penal de pública a privada, de ser el caso.
Artículo 539.Aceptación de cargos en el procedimiento abreviado. Si el indiciado
manifiesta su intención de aceptar los cargos, podrá acercarse al fiscal del caso, en
cualquier momento previo a la audiencia concentrada.
La aceptación de cargos en esta etapa dará lugar a un beneficio punitivo de hasta la
mitad de la pena. En ese caso, la Fiscalía, el indiciado y su defensor suscribirán un
acta en la que conste la manifestación de aceptación de responsabilidad de manera
libre, voluntaria e informada, la cual deberá anexarse al escrito de acusación. Estos
documentos serán presentados ante el juez de conocimiento para que verifique la
validez de la aceptación de los cargos y siga el trámite del artículo 447.
El beneficio punitivo será de hasta una tercera parte si la aceptación se hace una vez
instalada la audiencia concentrada y de una sexta parte de la pena si ocurre una vez
instalada la audiencia de juicio oral.
Parágrafo. Las rebajas contempladas en este artículo también se aplicarán en
los casos de flagrancia, salvo las prohibiciones previstas en la ley, referidas a la
naturaleza del delito.

79
Artículo 540. Presentación de la acusación. Surtido su traslado, el fiscal deberá
presentar dentro de los cinco días siguientes el escrito de acusación ante el juez
competente para adelantar el juicio. El incumplimiento de esta disposición dará lugar
a las sanciones disciplinarias, procesales y penales correspondientes.
Para su presentación, el fiscal deberá anexar la siguiente información:
1. La constancia de la comunicación del escrito de acusación al indiciado.
2. La constancia de la realización del descubrimiento probatorio.
3.La declaratoria de persona ausente o contumacia cuando hubiere lugar.
Artículo 541. Término para la audiencia concentrada. A partir del traslado del
escrito de acusación el indiciado tendrá un término de sesenta (60) días para la
preparación de su defensa. Vencido este término, el juez de conocimiento citará
inmediatamente a las partes e intervinientes a audiencia concentrada, que se llevará
a cabo dentro de los diez (10) días siguientes.
Para la realización de la audiencia será necesaria la presencia del fiscal y el defensor.
Artículo 542.Audiencia concentrada. Una vez instalada la audiencia y corroborada
la presencia de las partes, el juez procederá a:
1. Interrogar al indiciado sobre su voluntad de aceptar los cargos formulados y
verificará que su contestación sea libre, voluntaria e informada, advirtiéndole que
de allanarse en dicha etapa sería acreedor de un beneficio punitivo de hasta la
tercera parte de la pena. En caso de aceptación, se procederá a lo dispuesto en el
artículo 447.
2.Se hará el reconocimiento de la calidad de víctima.En los eventos en que la acción
penal la ejerza el acusador privado, la víctima será reconocida preliminarmente en
la orden de conversión y definitivamente en esta audiencia.
3. Procederá a darle la palabra a las partes e intervinientes para que expresen
oralmente las causales de incompetencia, impedimentos y recusaciones.
4.Acto seguido, interrogará al fiscal sobre si existen modificaciones a la acusación
plasmada en el escrito de que habla el artículo 538, las cuales no podrán afectar
el núcleo fáctico señalado en tal escrito.
5. Dará el uso de la palabra a la defensa y a la víctima para que presenten sus
observaciones al escrito de acusación y sus modificaciones con respecto a los
requisitos establecidos en los artículos 337 y 538. De ser procedente ordenará al
fiscal que lo aclare, adicione o corrija de inmediato.

80
6. Que las partes e intervinientes manifiesten sus observaciones pertinentes al
no estuviere completo, el juez lo rechazará conforme al artículo 346 de este Código.
7.Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física.
8. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer
en la audiencia del juicio oral y público. Lo anterior constará en un listado, el cual
se entregará al juez y a las partes e intervinientes al inicio de la audiencia.
9.Quelasparteseintervinientesmanifiestensitieneninterésenhacerestipulaciones
probatorias. En este evento, podrán reunirse previamente a la realización de la
audiencia para acordar las estipulaciones probatorias que serán presentadas
al juez para su aprobación. Si lo anterior no se realiza, el juez podrá durante la
audiencia ordenar un receso hasta de una (1) hora a fin de que las partes puedan
acordar las estipulaciones.
10. Que la Fiscalía, las víctimas y la defensa realicen sus solicitudes probatorias,
de lo cual se correrá traslado a las partes e intervinientes para que se pronuncien
sobre
su exclusión, rechazo e inadmisibilidad.
11.Otorgar la palabra a las partes para que propongan las nulidades que consideren
pertinentes.
12. El Juez se pronunciará sobre las solicitudes probatorias y las nulidades
propuestas en una única providencia.
13. Se correrá traslado conjunto a las partes para que interpongan los recursos
a que haya lugar sobre las decisiones de reconocimiento de víctima, resolución
de nulidades, solicitudes probatorias y todas las demás que se adopten en esta
audiencia y sean susceptibles de recurso.
Parágrafo. Si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material
probatorio y evidencia física significativo que debería ser descubierto, lo pondrá
en conocimiento del juez quien, oídas a las partes y en consideración al perjuicio
que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es
excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba.
Artículo 543. Fijación de la audiencia de juicio oral. Concluida la audiencia
concentrada, el juez fijará fecha y hora para el inicio del juicio que deberá realizarse
dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación de la audiencia concentrada.
Artículo 544. Trámite del juicio oral. El trámite del juicio oral, seguirá las reglas
establecidas en el Título IV del Libro III de este Código, exceptuando lo previsto en el

81
Artículo 447 respecto de la audiencia para proferir sentencia, ante lo cual seguirá lo
dispuesto por el artículo siguiente.
Artículo 545.Traslado de la sentencia e interposición de recursos. Anunciado el
sentido del fallo el juez dará traslado inmediato para cumplir con el trámite previsto
en el artículo 447 de este código. El juez contará con diez (10) días para proferir la
sentencia y correr traslado escrito de la misma a las partes.
La sentencia se entenderá notificada con el traslado, para lo cual el juez citará a las
partes a su despacho y hará entrega de la providencia. En caso de no comparecer
a pesar de haberse hecho la citación oportunamente, se entenderá surtida la
notificación salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito.
Surtidas las notificaciones las partes contarán con cinco (5) días para la presentación
de los recursos que procedan contra la decisión de primera instancia. Estos se
presentarán por escrito y se tramitarán conforme a lo dispuesto por el procedimiento
ordinario.
Artículo 546. Notificaciones. Las notificaciones del procedimiento abreviado
se surtirán de conformidad con lo previsto en el Capítulo VI del Título VI de este
Código. En todo caso, las partes e intervinientes deberán suministrar al juez y al
fiscal su dirección de correo electrónico con el propósito de surtir la notificación de
las decisiones correspondientes.
Artículo 547. Justicia restaurativa en el procedimiento especial abreviado. Los
mecanismos de justicia restaurativa podrán aplicarse en cualquier momento del
procedimiento abreviado en los términos y condiciones establecidos en el Libro VI
hasta antes de que se emita fallo de primera instancia y darán lugar a la extinción de
la acción penal de conformidad con lo previsto en los términos de los artículos 77 de
este Código y 82 del Código Penal.
Artículo 548. Causales de libertad en el procedimiento penal abreviado. El
término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad en el procedimiento
abreviado no podrá exceder de ciento ochenta (180) días. La libertad del indiciado o
acusado se cumplirá de inmediato y procederá en los siguientes eventos:
1. Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para
este efecto se haga.

82
2. Cuando se haya decretado la preclusión.
3. Cuando se haya absuelto al acusado.
4. Como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad.
5. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado
por el Juez de Conocimiento.
6. Cuando transcurridos setenta (70) días desde el traslado de la acusación no se
haya iniciado la audiencia concentrada.
7. Cuando transcurridos treinta (30) días desde la terminación de la audiencia
concentrada no se haya iniciado la audiencia de juicio oral.
8. Cuando transcurridos setenta y cinco (75) días desde el inicio del juicio oral no
se haya corrido traslado de la sentencia.
Parágrafo 1º. En los numerales 4 y 5 se restablecerán los términos cuando hubiere
improbación de la aceptación de cargos, de los preacuer-dos o de la aplicación del
principio de oportunidad.
Parágrafo 2º. Cuando la audiencia no se haya podido iniciar o terminar por maniobras
dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos
contenidos en este artículo, los días empleados en ellas.
Parágrafo 3º. Cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar o terminar por causa
razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez
o a la administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará cuando haya
desaparecido dicha causa.
Parágrafo 4º. Los términos dispuestos en este artículo se incrementarán por el mismo
término inicial cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean
dos o más procesados, o se trate de la investigación o juicio de actos de corrupción
de los que trata la Ley 1474 de 2011.
Artículo 26. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo Título II, con un nuevo capítulo en
su Libro VIII, con el siguiente nombre:
TÍTULO II
DE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 549. Acusador privado. El acusador privado es aquella persona que al ser
víctima de la conducta punible está facultada legalmente para ejercer la acción penal
representada por su abogado.
El acusador privado deberá reunir las mismas calidades que el querellante legítimo
para ejercer la acción penal.

83
En ningún caso se podrá ejercer la acción penal privada sin la representación de un
abogado de confianza. Los estudiantes de consultorio jurídico de las universidades
debidamente acreditadas podrán fungir como abogados de confianza del acusador
privado en los términos de ley.
También podrán ejercer la acusación las autoridades que la ley expresamente faculte
para ello y solo con respecto a las conductas específicamente habilitadas.
Artículo 550. Conductas punibles susceptibles de conversión de la acción
penal. La conversión de la acción penal de pública a privada podrá autorizarse para
las conductas que se tramiten por el procedimiento especial abreviado, a excepción
de aquellas que atenten contra bienes del Estado.
Artículo 551. Titulares de la acción penal privada. Podrán solicitar la conversión
de la acción pública en acción privada las mismas personas que en los términos del
artículo 71 de este código se entienden como querellantes legítimos y las demás
autoridades que expresamente la ley faculta para ello.
Cuando se trate de múltiples víctimas, deberá existir acuerdo entre todas ellas sobre
la conversión de la acción penal. En caso de desacuerdo, el ejercicio de la acción
penal le corresponderá a la Fiscalía. Si una vez iniciado el trámite de conversión
aparece un nuevo afectado, este podrá adherir al trámite de acción privada.
El acusador privado hará las veces de fiscal y se seguirán las mismas reglas previstas
para el procedimiento abreviado establecido en este libro. En todo aquello que no
haya sido previsto de forma especial por este título respecto de las facultades y
deberes del acusador privado, se aplicará lo dispuesto por este código en relación
con el fiscal.
El desarrollo de la acción penal por parte del acusador privado implica el ejercicio
de función pública transitoria, y estará sometido al mismo régimen disciplinario y de
responsabilidad penal que se aplica para los fiscales.
Artículo 552. Procedencia de la conversión. La conversión de la acción penal
pública en acción penal privada podrá solicitarse ante el fiscal del caso hasta antes
del traslado del escrito de acusación.
Artículo 553. Solicitud de conversión. Quien según lo establecido por este título

84
pueda actuar como acusador privado, a través de su apoderado, podrá solicitar al
fiscal de conocimiento la conversión de la acción penal de pública a privada. La
solicitud deberá hacerse de forma escrita y acreditar sumariamente la condición de
víctima de la conducta punible. El fiscal tendrá un (1) mes desde la fecha de su recibo
para resolver de fondo sobre la conversión de la acción penal.
En caso de pluralidad de víctimas, la solicitud deberá contener la manifestación
expresa de cada una coadyuvando la solicitud.
Artículo 554. Decisión sobre la conversión. El fiscal decidirá de plano sobre
la conversión o no de la acción penal teniendo en cuenta lo previsto en el inciso
siguiente.
En caso de aceptar la solicitud de conversión, señalará la identidad e individualización
del indiciado o indiciados, los hechos que serán objeto de la acción privada y su
calificación jurídica provisional.
No se podrá autorizar la conversión de la acción penal pública en privada cuando se
presente alguna de las siguientes circunstancias:
a. Cuando no se acredite sumariamente la condición de víctima de la conducta
punible;
b. Cuando no esté plenamente identificado o individualizado el sujeto investigado;
c. Cuando el indiciado pertenezca a una organización criminal y el hecho esté
directamente relacionado con su pertenencia a esta;
d. Cuando el indiciado sea inimputable;
e. Cuando los hechos guarden conexidad o estén en concurso con delitos frente
a los que no procede la conversión de la acción penal pública a acción privada;
f. Cuando la conversión de la acción penal implique riesgo para la seguridad de
la víctima;
g. Cuando no haya acuerdo entre todas las víctimas de la conducta punible;
h. Cuando existan razones de política criminal, investigaciones en contexto o
interés del Estado que indiquen la existencia de un interés colectivo sobre la
investigación;
i. Cuando se trate de procesos adelantados por el sistema de responsabilidad
penal para adolescentes;
j.Cuando la conducta sea objetivamente atípica, caso en el cual el Fiscal procederá
al archivo de la investigación.
Si el acusador privado o su representante tuvieron conocimiento de alguna de las
anteriores causales y omitieron ponerla de manifiesto, se compulsarán copias para
las correspondientes investigaciones disciplinarias y penales.

85
El Fiscal General de la Nación ejerce de forma preferente la acción penal y en virtud
de ello en cualquier momento podrá revertir la acción penal a través de decisión
motivada con base en las anteriores causales.
Parágrafo. El Fiscal General de la Nación deberá expedir, en un término no mayor
a 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, un reglamento en el
que se determine el procedimiento interno de la entidad para garantizar un control
efectivo en la conversión y reversión de la acción penal.
Artículo 555. Representación del acusador privado. El acusador privado deberá
actuar por intermedio de abogado en ejercicio.
Solamente podrá ser nombrado un (1) acusador privado por cada proceso.
Cuando se ordene la reversión de la acción, el acusador privado pierde su calidad de
tal y solo mantendrá sus facultades como interviniente en el proceso en calidad de
víctima, caso en el cual se le garantizará la asistencia jurídica de un abogado en los
términos que establece el código.
Artículo 556. Actos de investigación. El titular de la acción privada tendrá las
mismas facultades de investigación que la defensa.
El acusador privado no podrá ejecutar directamente los siguientes actos complejos
de investigación: interceptación de comunicaciones, inspecciones corporales,
registros y allanamientos, vigilancia y seguimiento de personas, vigilancia de cosas,
entregas vigiladas, diligencias de agente encubierto, retención de correspondencia
y recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las
redes de comunicaciones.
Artículo 557. Apoyo investigativo. Cuando se autorice la conversión de la
acción penal, la investigación y la acusación corresponden al acusador privado.
Excepcionalmente, el acusador privado podrá solicitar autorización para la realización
de actos complejos de investigación ante el juez de control de garantías, en este
evento, el juez además de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, valorará
la urgencia y proporcionalidad del acto investigativo.
De encontrarlo procedente, el juez ordenará al fiscal que autorizó la conversión de la
acción penal o al que para el efecto se designe, que coordine su realización.
La ejecución del acto complejo de investigación estará a cargo exclusivamente de la
Fiscalía General de la Nación y deberá realizarse en los términos establecidos en la
ley para cada caso.

86
Culminada la labor el fiscal acudirá ante juez de garantías, en los términos de este
código, para realizar el control posterior correspondiente. Legalizado el acto, la
evidencia recaudada y la información legalmente obtenida en la diligencia serán
puestas a disposición del acusador privado respetando los protocolos de cadena de
custodia.
Parágrafo 1º. La información recaudada en el marco de los actos de investigación
aquí descritos gozará de reserva. En consecuencia, el acusador privado no podrá
divulgar la información a terceros ni utilizarla para fines diferentes al ejercicio de la
acción penal, so pena de incurrir en alguna de las conductas previstas en el Código
Penal.
Parágrafo 2º. Si el acusador privado es sorprendido en actos de desviación de
poder por el ejercicio de los actos de investigación se revertirá inmediatamente el
ejercicio de la acción. Asimismo, se compulsarán las copias penales y disciplinarias
correspondientes.
Artículo 558. Solicitud de medida de aseguramiento. Cuando la acción penal
sea ejercida por el acusador privado, este podrá acudir directamente ante el juez
de control de garantías para solicitar la medida de aseguramiento privativa o no
privativa de la libertad.
Artículo 559. Traslado de la custodia de los elementos materiales probatorios,
evidencia física e información legalmente obtenida. Una vez ordenada la
conversión de la acción pública a privada, el fiscal de conocimiento entregará los
elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida
al apoderado del acusador privado, respetando la cadena de custodia. De este acto,
se dejará un acta detallada.
Realizado el traslado del artículo anterior, la custodia de los elementos materiales
probatorios, evidencia física y la información legalmente obtenida corresponderá
exclusivamente al acusador privado.
Es deber del Fiscal del caso, guardar una copia de los elementos materiales
probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que haya sido
entregada al acusador privado, cuando ello fuere posible. El Fiscal podrá utilizar para
ello cualquier medio que garantice la fidelidad y autenticidad
de la información entregada.
Parágrafo. De la misma manera se procederá cuando la Fiscalía ordene la reversión
de la acción penal.

87
Artículo 560. Reversión. En cualquier momento de la actuación, de oficio o por
solicitud de parte, el fiscal que autorizó la conversión podrá ordenar que la acción
privada vuelva a ser pública y desplazar en el ejercicio de la acción penal al acusador
privado cuando sobrevenga alguna de las circunstancias descritas en el artículo
554. En este evento, el fiscal retomará la actuación en la etapa procesal en que se
encuentre.
Además de las causales previstas en el artículo 554, el Fiscal ordenará la reversión de
la acción penal cuando se verifique la ocurrencia del supuesto de hecho contemplado
por el parágrafo 2º del artículo 557 o una ausencia permanente del abogado de
confianza del acusador privado.
Artículo 561. Traslado y presentación de la acusación privada. Además de lo
dispuesto para la acusación en el procedimiento abreviado, el escrito de acusación
deberá tener como anexo la orden emitida por el fiscal que autoriza la conversión de
la acción pública a privada.
Artículo 562. Preclusiónpor atipicidadabsoluta. Además de lo previsto por
el parágrafo del artículo 332 de este código, la defensa podrá solicitar al juez de
conocimiento la preclusión cuando al acusado se le atribuya una conducta que no
esté tipificada en la ley penal.
Artículo 563. Destrucción del objeto material del delito. En las actuaciones por
conductas punibles en las que se empleen como medios o instrumentos para su
comisión, armas de fuego o armas blancas, una vez cumplidas las previsiones de
este código relativas a la cadena de custodia y después de ser examinadas por
peritos para los fines investigativos pertinentes, se procederá a su destrucción previa
orden del fiscal de conocimiento, siempre que no sean requeridas en la actuación a
su cargo.
Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación aplicará el procedimiento previsto en este
artículo para las armas de fuego o armas blancas que actualmente se encuentran a
su disposición.
Artículo 564. De la reparación integral al acusador privado. El acusador privado
podrá formular su pretensión de reparación dentro del procedimiento especial
abreviado, para tal efecto deberá incorporarla en el traslado y en la presentación del
escrito de acusación.
Igualmente, deberá descubrir, enunciar y solicitar las pruebas que pretenda hacer
valer para demostrar su pretensión en los mismos términos y oportunidades
procesales previstos en el procedimiento especial abreviado.

88
Parágrafo 1º. En la sentencia el juez condenará al penalmente responsable al pago
de los daños causados con la conducta punible de acuerdo a lo acreditado en el
juicio.
Parágrafo 2º. En el evento en que el acusador privado previamente haya acudido a
la jurisdicción civil para obtener reparación económica, la pretensión de reparación
integral no podrá incluir tales aspectos.
Parágrafo 3º. Cuando el acusador privado no formule una pretensión de reparación
dentro del procedimiento especial abreviado podrá acudir ante la jurisdicción civil
para tal efecto.
Artículo 43.Medidas de implementación.La SalaAdministrativa del Consejo Superior
de la Judicatura dispondrá lo necesario para el eficaz y eficiente cumplimiento de las
disposiciones del presente código.
Artículo 44. Vigencia y derogatoria. La presente ley entrará a regir seis (6) meses
después de la fecha de su promulgación y se aplicará a los delitos cometidos con
posterioridad a su entrada en vigencia.
También se aplicará a los delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia
respecto de los que no se haya realizado formulación de imputación en los términos
de la Ley 906 de 2004.
Esta ley no modifica, deroga ni adiciona el Código Penal Sustantivo ni la Ley 1773
de 2016.
El Presidente del Honorable Senado de la República,
Óscar Mauricio Lizcano Arango.
El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Miguel Ángel Pinto Hernández.
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de enero de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

www.fiscalia.gov.co
@FiscaliaCol

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