El documento discute la ley colombiana que establece que el Consejo Superior de la Judicatura debe incorporar tecnología avanzada para mejorar la administración de justicia. La ley también autoriza que los tribunales utilicen medios electrónicos, informáticos y telemáticos para llevar a cabo sus funciones y que los documentos emitidos por estos medios tendrán validez siempre que se garantice su autenticidad, integridad y cumplimiento de los requisitos legales.