Peci 2007:2010

PLAN [2007 | 2010]

estratégico
CIUDADANÍA
E INTEGRACIÓN

Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Internet: http: //www.mtas.es

Diseño y maquetación: Carmen de Hijes

ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS
por el que se aprueba el PLAN ESTRATÉGICO DE CIUDADANÍA
E INTEGRACIÓN 2007-2010

ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS
por el que se aprueba el PLAN ESTRATÉGICO DE CIUDADANÍA
E INTEGRACIÓN 2007-2010

La integración de los inmigrantes se ha convertido en uno de los retos mas impor-
tantes que afronta la sociedad española en la actualidad y en uno de los cuatro
pilares de la política integral de inmigración puesta en marcha por el Gobierno en
2004, junto con la lucha contra la inmigración ilegal, la vinculación de la inmigra-
ción legal a las necesidades del mercado de trabajo y la cooperación al desarrollo
de los países de origen.

El enfoque de las políticas de integración puestas en marcha parte de las siguien-
tes reflexiones: sin legalidad no hay integración posible y son necesarios recursos
para promover la integración, entendida como proceso bidireccional que busca la
cohesión social.

El compromiso del Gobierno con las políticas de integración se ha puesto de mani-
fiesto en el ámbito institucional, entre otros aspectos, en la creación de una
Dirección General de Integración de los Inmigrantes, en la creación y dotación del
Fondo de apoyo a acogida y la integración de los inmigrantes así como para el re-
fuerzo educativo de los mismo y en el diseño del Plan Estratégico de Ciudadanía e
Integración 2007-2010.

El Plan Estratégico representa una oportunidad para el conjunto de la población,
autóctonos e inmigrantes, porque está orientado a potenciar la cohesión social a
través del fomento de políticas públicas basadas en la igualdad de derechos y de-
beres, la igualdad de oportunidades, el desarrollo de un sentimiento de pertenen-
cia del inmigrante a la sociedad a la que ha accedido y el respeto a la diversidad,
dentro de los límites establecidos por el conjunto de normas y valores sobre los
que se asienta el Estado de Derecho.

PLAN ESTRATÉGICO DE CIUDADANÍA E INTEGRACIÓN [2007 | 2010] 7

Acuerdo Consejo de Ministros

Partiendo de los principios de igualdad, ciudadanía e interculturalidad, el Plan pre-
tende avanzar en el reconocimiento efectivo de la igualdad de derechos y deberes
de los inmigrantes, reforzar los servicios públicos y adecuar las políticas públicas a
las demandas de una sociedad diversa, promover el acceso de los inmigrante a los
servicios públicos en igualdad de condiciones, implantar un sistema de acogida
que asegure su rápida inserción sociolaboral, fomentar el conocimiento de los va-
lores en los que se asienta la Unión Europea, de los derechos y deberes reconoci-
dos por la Constitución Española y de nuestras lenguas y normas sociales, prevenir
y luchar contra la discriminación, el racismo y la xenofobia y favorecer la com-
prensión del fenómeno migratorio por el conjunto de la sociedad.

El Plan no es un proyecto exclusivo del Estado sino que se configura como un mar-
co de cooperación en el que puedan insertarse las iniciativas de las distintas
Administraciones Publicas y, también, de la sociedad civil, permitiendo aunar es-
fuerzos, crear sinergias y dotar de coherencia al conjunto de las actuaciones.

En este contexto se puede hablar del Plan como un elemento fundamental de la
gobernanza del proceso de adaptación mutua de las personas inmigrantes y au-
tóctonas porque trata de contribuir a este proceso bidireccional fomentando un
desarrollo económico, social, cultural e institucional avanzado, plural y duradero
para el conjunto de residentes en España, a través de intervenciones equilibradas
de los poderes públicos y la sociedad civil.

Es importante que el Plan cuente con la máxima participación y concertación so-
cial e institucional, no sólo por continuar con el impulso democrático con el que
está comprometido el Gobierno sino también porque solo así las medidas desarro-
lladas pueden ser eficaces y se puede lograr una sociedad cohesionada en la que la
igualdad sea una realidad. De ahí que en su elaboración hayan participado las
Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, los agentes sociales, las asociacio-
nes de inmigrantes y las organizaciones no gubernamentales. Además, previamen-
te a su redacción definitiva fue objeto de un proceso de consulta social, abierto a
todos los ciudadanos.

8 PLAN ESTRATÉGICO DE CIUDADANÍA E INTEGRACIÓN [2007 | 2010]

Acuerdo Consejo de Ministros

El Plan cuenta con el informe preceptivo del Foro para la Integración Social de los
Inmigrantes y las aprobaciones de la Comisión Interministerial de Extranjería y del
Consejo Superior de Política de Inmigración.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Consejo de
Ministros, en su reunión del día 16 de febrero de 2007, ha adoptado el siguiente:

ACUERDO

Primero: Se aprueba el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, 2007-2010 y
su correspondiente Memoria Económica, que se adjunta como Anexo.

Segundo: Los Ministerios afectados adoptarán las medidas necesarias para el des-
arrollo y ejecución del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, 2007-2010,
en el ámbito de sus respectivas competencias, incluyendo su financiación dentro
de los créditos que se les asignen en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2007. Para los sucesivos ejercicios, las dotaciones del Plan deberán establecer-
se por cada Departamento dentro de los recursos que les sean asignados en el es-
cenario presupuestario que apruebe el Gobierno.

Tercero: Por lo que se refiere a la participación de las Comunidades Autónomas y
Entes Locales en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, 2007-2010, ten-
drá carácter potestativo.

Madrid, 16 de febrero de 2007

EL MINISTRO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
Jesús Caldera Sánchez-Capitán


PRESENTACIÓN

Desde la última década del siglo XX, con la llegada de más de tres millones de ciuda-
danos extranjeros a España, se ha materializado un intenso proceso de cambio, pa-
sando de una sociedad relativamente homogénea a una sociedad diversa, en la que
tienen cabida todos los orígenes, religiones, culturas y razas. La inmigración constitu-
ye, por tanto, un fenómeno que ha irrumpido con extraordinaria celeridad en España,
poniendo de manifiesto en este tiempo su incuestionable contribución al enriqueci-
miento, en distintos ámbitos, de la sociedad española.

La responsabilidad de las políticas públicas para gestionar del modo más adecuado
el impacto del fenómeno migratorio y la nueva realidad a la que ha dado lugar,
constituye la marca que ha guiado la política del Gobierno a lo largo de la presen-
te legislatura. En este tiempo, se ha edificado una política integral dotando al país
de los instrumentos públicos para una correcta gestión de las migraciones: en el
control, reforzando los medios y promoviendo la cooperación entre países; en la
canalización de los flujos, extendiendo la contratación en origen; y ahora, con la
aprobación del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007–2010), promo-
viendo la cohesión social y la convivencia ciudadana.

El Gobierno está decidido a seguir trabajando por la integración social en un esce-
nario nuevo en el que la sociedad española está aprendiendo a vivir y gestionar la
diversidad. El Plan quiere asegurar la imprescindible cooperación entre las distin-
tas iniciativas públicas y privadas que apuestan por la integración porque sólo
compartiendo criterios, podremos caminar en una misma dirección.

Este Plan es, además, un patrimonio colectivo porque nace con un amplio consenso
institucional y social al haber contado con la participación de organizaciones de in-
migrantes y de apoyo, sindicatos y empresarios, las distintas administraciones, así
como de muchos ciudadanos que, a través del proceso de consultas abierto en la red,
han podido realizar sus aportaciones. A todos ellos quiero trasladar el agradecimiento
del Gobierno por su compromiso y su sentido de la responsabilidad.


Presentación

El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración es una iniciativa cuyos destinata-
rios son el conjunto de los ciudadanos, no tan sólo un sector o colectivo, porque su
objetivo es garantizar la cohesión social, la igualdad en los derechos y en las obli-
gaciones y el sentido de pertenencia a un país cuyo porvenir habrá de construirse
con la participación de todos.

Estamos ante un desafío de extraordinaria importancia que, no me cabe duda, será
afrontado a lo largo de los próximos años con acierto e inteligencia por una socie-
dad que durante las tres últimas décadas ha cambiado de manera tan positiva
porque ha sabido confiar en sus capacidades. El Plan Estratégico de Ciudadanía e
Integración es, por todo ello, una suerte de hoja de ruta, una importante contribu-
ción para este recorrido.

Madrid, abril 2007

Consuelo Rumí Ibáñez
Secretaria de Estado
de Inmigración y Emigración


Índice

1. Introducción 19
De país de emigrantes a tierra de inmigración 21
La consolidación del fenómeno inmigratorio 22
La inmigración como oportunidad y como reto 24
Concepto de integración 26
Enfoque del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 27
Premisas y principios que orientan el Plan Estratégico 29
Objetivos del Plan Estratégico 31
Estructura del Plan Estratégico 32

2. La inmigración en España 35
2.1. Evolución de la inmigración en España 38
2.2. Estructura demográfica de la inmigración 42
2.3. Zonas de origen de los inmigrantes 51
2.4. Zonas de destino de los inmigrantes 57
2.5. Inmigrantes y mercado de trabajo 65
2.6. Extranjeros en el Sistema Educativo 77
2.7. Características de las viviendas de los inmigrantes 87
2.8. Concesiones de nacionalidad española 90
2.9. La percepción de la inmigración en España 92

3. El marco jurídico de la inmigración en España 97
3.1. Regulación constitucional 99
3.2. Ámbito internacional 100
3.3. Ámbito comunitario 102
3.4. Regulación estatal 104
3.5. Distribución competencial y regulación de las Comunidades Autónomas
y de las Corporaciones Locales 107


Índice

4. Las políticas de integración en el ámbito de la Unión Europea 109
4.1. Los orígenes: El Consejo de Tampere de 1999 111
4.2. Primeros avances: Las Directivas sobre igualdad de trato,
reagrupación familiar y residentes de larga duración y las Directivas
en materia de asilo 113
4.3. Bases para una incipiente política común de integración 116
La vía del impulso político: de las comunicaciones de la Comisión
a los Principios Básicos Comunes sobre Integración 117
Instrumentos financieros 120

5. Las administraciones y la sociedad española ante la integración
de los inmigrantes 123
5.1. Análisis de la política de integración de los inmigrantes del Estado
hasta 2004 125
Plan para la Integración Social de los Inmigrantes de 1994 125
Programa Global de Regulación y Coordinación de Extranjería
e Inmigración de 2001 128
5.2. Las nuevas líneas de actuación política desde 2004 132
El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000: un instrumento al servicio
de la integración 132
El proceso extraordinario de normalización (febrero-mayo 2005) 138
El Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los Inmigrantes y al
Refuerzo Educativo 143
Promoción de políticas de integración con diversos instrumentos 146
La integración de los inmigrantes en los planes de actuación de carácter general 152
5.3. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales ante la
integración de las personas inmigrantes 156
Las Comunidades Autónomas 156
Las Corporaciones Locales 159
5.4. Agentes sociales y mundo asociativo ante la inmigración 161
Los agentes sociales y el mundo asociativo 161
El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes 163


Índice

6. Principios generales para una política de integración
de la población inmigrada en España 169
6.1. Premisas del Plan Estratégico 173
1. La integración como proceso bidireccional 173
2. La integración, una responsabilidad compartida 175
3. El Plan Estratégico como marco para la cooperación 176
4. Enfoque integral respecto de la inmigración y la integración 177
5. La universalidad de las actuaciones públicas 178
6. La integración como elemento transversal de las políticas generales 178
6.2. Principios del Plan Estratégico 180
1. Igualdad 180
2. Ciudadanía 181
3. Interculturalidad 182
6.3. Objetivos generales del Plan Estratégico 185

7. La gobernanza de las políticas de integración de los inmigrantes 187
7.1. La elaboración del Plan Estratégico: diálogo, participación y consenso 191
7.2. El desarrollo del Plan Estratégico: cooperación y corresponsabilidad 193

8. Áreas de intervención 195
8.1. Acogida 197
8.2 Educación 210
8.3. Empleo 231
8.4. Vivienda 248
8.5. Servicios sociales 258
8.6. Salud 267
8.7. Infancia y Juventud 277
8.8. Igualdad de trato 290
8.9. Mujer 300
8.10. Participación 314
8.11. Sensibilización 324
8.12. Codesarrollo 332


Índice

9. Gestión, participación y evaluación del Plan Estratégico
en la gobernanza de la integración 343
9.1. Gestión del Plan Estratégico 345
9.2. Participación en la gestión del Plan Estratégico 347
9.3. La evaluación del Plan Estratégico como responsabilidad compartida 349
Indicadores de evaluación 351
9.4. La evaluación del Plan Estratégico 353

10. Presupuesto 357

ANEXO 361
Principios Básicos Comunes sobre Integración


1

Introducción


Introducción

1. Introducción De país de emigrantes a tierra de inmigración

Las migraciones constituyen un fenómeno social complejo por sus causas y sus
consecuencias, por sus orígenes y sus destinos, y por los desafíos que plantean
tanto a las sociedades de donde proceden los inmigrantes como a aquellas donde
se asientan. Con mayor o menor intensidad según los momentos históricos, en to-
das las sociedades se han producido movimientos migratorios, interiores y exterio-
res. Por esta razón, todas las sociedades contemporáneas son sociedades mixtas y
plurales, formadas con la sedimentación de sucesivas corrientes migratorias sobre
un territorio determinado. Las migraciones contribuyen así a formar y transformar
las sociedades de destino, a la vez que dejan una profunda huella en las socieda-
des de origen.

España y otros países del sur de Europa han sido zonas de emigración hasta años
recientes. Y los emigrantes que salieron de España y de otros países europeos y
que se trasladaron a América, al norte de África o a otros destinos en Europa en
distintos momentos de la historia moderna, contribuyeron positivamente tanto al
desarrollo de los países de destino como al bienestar de sus familiares y del con-
junto de la población en sus respectivos países de origen.

Desde hace dos décadas, España ha pasado a ser un país de inmigración. Lo es
desde mediados de los ochenta en términos de flujos anuales, y desde principios
de los noventa en términos del número de personas inmigrantes que residen en
España en comparación con los españoles que viven en el exterior. Además, con la
aceleración de los flujos migratorios que se ha registrado durante los últimos cin-
co años, la proporción de extranjeros que reside en España se ha situado en los ni-
veles altos de la Unión Europea.

Es preciso admitir que ni la sociedad, ni las Administraciones Públicas españolas,
estaban preparadas para asumir e integrar el fenómeno migratorio que conocemos
actualmente, con la rapidez con la que se ha producido. Al parecer, la experiencia
de la emigración forzada y la obligada memoria histórica de dicho proceso, no son
bagaje suficiente a la hora de situarse en el otro lado, en el de la tierra que acoge.

Las oportunidades y desafíos que nos plantea la inmigración, en cualquier caso,
son similares a los que afrontan otros países europeos con una experiencia más di-
latada como tierra de inmigración. Respecto de ellos, España cuenta con la venta-
ja de que puede aprender de sus experiencias, de los aciertos y de los errores co-
metidos a la hora de integrar a la población inmigrada. No obstante, aparte de la
mayor rapidez con la que se ha producido aquí el fenómeno, hay algunos elemen-
tos específicos que es necesario tener en cuenta.


Introducción

La consolidación del fenómeno inmigratorio

En los primeros años de este cambio en el comportamiento de las migraciones po-
dría haberse pensado que España era simplemente un lugar de paso hacia otros
destinos o que la inmigración era un fenómeno temporal ligado a problemas eco-
nómicos, sociales o políticos en los países de origen. Hoy sabemos que la conver-
sión de España en un país de inmigración y su consolidación como posible país de
destino en el mapa migratorio internacional y en el imaginario de muchos migran-
tes es un proceso continuado en el tiempo y que se mantendrá al menos durante
varias generaciones.

Las personas inmigrantes de distintos orígenes, culturas y características han pa-
sado ya a formar parte del nosotros común de la sociedad española. Y este es un
hecho social de importancia crucial, porque la presencia de estas personas inmi-
grantes transformará profundamente, está transformando ya, nuestra sociedad,
tanto desde una perspectiva demográfica y económica como cultural y política.

La consolidación de este proceso migratorio desvela también las razones por las
que España se ha convertido en un país de inmigración. Ciudadanos y ciudadanas
inmigrantes han venido a establecerse entre y con nosotros, fundamentalmente,
porque han encontrado oportunidades para mejorar sus condiciones de vida y de
trabajo, y porque desde el mercado de trabajo español se han emitido señales de
que se necesitaban trabajadores en distintas actividades productivas. La reagrupa-
ción familiar ha venido a completar el ciclo migratorio, consolidando núcleos fa-
miliares y estabilizando, de este modo, el proceso.

Las personas inmigrantes hacen aportaciones de gran importancia en distintos ór-
denes y producen oportunidades nuevas tanto para ellos mismos y sus familias
como para el conjunto de la sociedad española.

En el ámbito del mercado de trabajo y la Seguridad Social, hay que destacar que los
inmigrantes que llegan a España tienen una tasa de actividad veinte puntos supe-
rior a la de la población española y desempeñan funciones de gran importancia so-
cial y económica. Además, la incorporación de inmigrantes al mercado de trabajo se
ha demostrado compatible y complementaria con la mejora del nivel del empleo de
los españoles, que tienen hoy una tasa de paro inferior a la media comunitaria y
que es la más baja desde hace dos décadas. Una consecuencia de esta presencia
notable de personas inmigrantes en el mercado de trabajo ha sido su contribución a
la Seguridad Social, donde, en 2006, representaban el 10 por ciento de los cotizan-
tes. Otras consecuencias son la importante contribución que los inmigrantes están
haciendo al crecimiento económico que se registra en España en los últimos años y
su consolidación como contribuyentes fiscales.


Introducción

Las personas inmigrantes también tienen una gran relevancia para nuestra estruc-
tura demográfica, porque, aunque la inmigración por sí sola no va compensar la
desequilibrada pirámide de población española, la estructura de sexo y de edades
de los inmigrantes sí que puede contribuir, y está contribuyendo, a amortiguar
esos desequilibrios, a incrementar la natalidad y a recuperar la tasa de fecundidad
en España.

En el campo cultural, porque la inmigración está contribuyendo a una diversidad
cultural llena de oportunidades que no puede ser sino enriquecedora para una so-
ciedad plural como la española.

Por último, la población inmigrada puede contribuir a la mejora de las condiciones
de vida de sus países de origen, tanto de sus familiares directos como del conjunto
de la población, y al desarrollo económico, social y político de los mismos. La im-
portancia creciente de las remesas económicas y la difusión de ideas y prácticas
sociales son elementos de retorno muy relevantes en los procesos migratorios.

España, lo mismo que el conjunto de los países de la Unión Europea, necesita de la
inmigración, y debe disponerse a adaptar sus instituciones y sus políticas a los
nuevos retos que plantea la presencia de ciudadanos y ciudadanas inmigrantes.


Introducción

La inmigración como oportunidad y como reto

La incorporación a nuestra sociedad de un número considerable de personas in-
migrantes, sobre todo cuando la misma se ha producido en un plazo muy breve de
tiempo, plantea retos que hay que afrontar. Las dimensiones y características es-
pecíficas de estos retos dependen de los contextos sociales, económicos y políticos
en los que se asientan las personas inmigrantes.

En algunos campos la llegada de inmigrantes ha actuado como un reactivo que ha he-
cho aflorar algunas de las insuficiencias cuantitativas y cualitativas de los servicios de
nuestro Estado de bienestar, como ocurre en el sistema educativo o en el sanitario, en
la vivienda o en los servicios sociales. Además, los beneficios y costes de la inmigración
aparecen desigualmente repartidos entre distintos grupos sociales, porque, aunque la
inmigración sea un factor positivo para el conjunto de la sociedad española, unos gru-
pos sociales se benefician más de ella, mientras que otros comparten problemas e in-
suficiencias en el funcionamiento de servicios públicos con la propia población inmi-
grada. La presencia de ciudadanos y ciudadanas inmigrantes plantea, básicamente, la
necesidad de adaptar estos sistemas a la nueva realidad que se va configurando en
España, con una población más numerosa y más diversa y plural, y de dotarlos de los
recursos suficientes para hacer frente a las necesidades de estos nuevos ciudadanos.
En otros aspectos, la inmigración plantea problemáticas específicas que es preciso
abordar, como la de contar con dispositivos de acogida adecuados, o la de promover
mejoras en el conocimiento de las lenguas oficiales y de las normas sociales en España
por parte de la población inmigrada, conocimientos imprescindibles para lograr una
sociedad cohesionada y para la propia integración social de las personas inmigrantes.

La presencia de un número importante de personas inmigrantes ha hecho surgir,
en distintos campos de la vida social, como el empleo, la educación, o la vivienda,
situaciones de discriminación por el origen racial o étnico que es preciso combatir
como un primer paso para garantizar la igualdad de oportunidades.

En algunos casos se han registrado problemas de convivencia entre vecinos, espe-
cialmente jóvenes, en los barrios de algunas ciudades o en algunos pueblos, con-
flictos que, con frecuencia, tienen que ver con la concentración residencial de los
inmigrantes, con la insuficiencia de recursos sociales a disposición de la población
residente, sea española o inmigrada, con la situación de paro o los problemas de
exclusión que padecen algunos españoles y extranjeros, o con diferentes prácticas
y usos sociales entre distintos colectivos de población. En algunas ocasiones estos
conflictos han desembocado en actos de racismo y xenofobia.

Asimismo, la feminización de la inmigración plantea retos específicos a las políticas
de integración de los inmigrantes que deben abordarse desde la perspectiva de géne-


Introducción

ro, tanto por los problemas específicos que sufren las mujeres inmigrantes como por
el importante papel que desempeñan en los procesos de integración social.

Todo ello no hace sino mostrar que, aunque se hayan planteado a distintos niveles
políticas de integración de la población inmigrada, y se hayan emitido múltiples
mensajes públicos sobre la integración, no siempre coherentes, ni aquellas han
sido suficientes, ni los discursos han logrado ser efectivos y cambiar los prejuicios
y estereotipos con los que, en ocasiones, se aborda el fenómeno de la inmigración
y los problemas asociados a la integración de los inmigrantes. Muchas veces las
discusiones políticas sobre la inmigración han oscurecido el esfuerzo que muchas
administraciones, especialmente algunos ayuntamientos, están llevando a cabo en
el campo de la integración social de la población inmigrada.

Por todas estas razones, conviene dar un nuevo y definitivo impulso a las políticas
de integración en el que se impliquen todas las administraciones, los actores de la
sociedad civil y, entre ellos, los propios inmigrantes y sus organizaciones. La go-
bernanza del proceso de integración ha de ser uno de los ejes de la construcción
de una sociedad más justa y cohesionada, capaz de generar un sentimiento de
pertenencia común entre todos los ciudadanos y ciudadanas.


Introducción

Concepto de integración

Para que este nuevo impulso otorgado a las políticas públicas y el esfuerzo de la
sociedad en su conjunto puedan ser fructíferos parece conveniente delimitar el
concepto de integración del que se parte. A este respecto, un excelente referente
son los “Principios básicos comunes para las políticas de integración de los inmi-
grantes en la Unión Europea” (2004), aprobados por el Consejo de la Unión
Europea y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros el 19 de
noviembre de 2004, y en los que se define la integración como “un proceso bidi-
reccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todos los inmigrantes y resi-
dentes de los Estados miembros”, para continuar afirmando que “la integración
implica el respeto de los valores básicos de la Unión Europea.”

Esta formulación encierra tres ideas clave: en primer lugar, que la integración,
más que un estado de cosas en un momento determinado, es un proceso social di-
námico, prolongado en el tiempo, que tiene que ser continuamente reproducido y
renovado; en segundo lugar, que la integración requiere un esfuerzo mutuo o bidi-
reccional de adaptación a la nueva realidad, tanto por parte de la población inmi-
grada, como de la sociedad receptora; y en tercer lugar, que el marco dentro del
cual ha de producirse este esfuerzo mutuo está delimitado por los valores básicos
de la Unión Europea.

En nuestro caso, es el artículo primero de nuestra Constitución el que define dicho
marco, al señalar que “España se constituye en un Estado social y democrático de
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la li-
bertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Este precepto hay que leer-
lo en conjunción con lo dispuesto por el artículo 10.1., conforme al cual “la digni-
dad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo
de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamen-
to del orden político y de la paz social”; y con el artículo 10.2 que establece que
“las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre
las materias ratificados por España”. Estos son los elementos que configuran el
marco de valores y normas básicas dentro del cual debe articularse ese proceso de
mutua adaptación que es la integración.


Introducción

Enfoque del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración

El presente Plan Estratégico aspira a convertirse en un elemento impulsor del pro-
ceso de integración, orientando la acción de los poderes públicos y dinamizando a
la sociedad en esta dirección. Elementos fundamentales del enfoque que subyace al
Plan son la idea de que el mismo se dirige al conjunto de la ciudadanía, tanto au-
tóctona como inmigrada, porque la integración concierne a todos los miembros de
la sociedad, y la idea de que hay que abordar las políticas de integración de mane-
ra integral u holística, y con una orientación proactiva.

La Comisión Europea ha insistido en diversas comunicaciones sobre el carácter ho-
lístico de las políticas de integración, porque deben tener en cuenta “no sólo los as-
pectos económicos y sociales de la integración, sino también los problemas relacio-
nados con la diversidad cultural y religiosa, la ciudadanía, la participación y los
derechos políticos”, y lo deben llevar a cabo estableciendo “un marco global y co-
herente a largo plazo” [COM(2003)336].

Pero, además, el presente Plan tiene que establecer políticas proactivas porque pre-
tende establecer un marco en el que puedan abordarse todos los fenómenos que se
generen en el contexto de la inmigración y la integración, y no sólo dar respuestas
específicas a problemas concretos. Como ha señalado también la Comisión
Europea, “serán probables y necesarios flujos migratorios más intensos (en Europa),
y es importante anticipar esos cambios”, preparando “la futura inmigración en be-
neficio de todos”. En definitiva, se trata de sentar las bases y los instrumentos que
nos permitan gestionar de la manera más adecuada los flujos migratorios y los pro-
cesos de integración, maximizando sus efectos positivos y reduciendo al mínimo el
impacto de los efectos adversos que puedan llevar asociados.

En este sentido se podría hablar del Plan Estratégico como un elemento funda-
mental de la gobernanza del proceso de adaptación mutua de las personas inmi-
grantes y autóctonas, porque se trata de contribuir a ese proceso bidireccional fo-
mentando un desarrollo económico, social, cultural e institucional plural y
sostenido para el conjunto de los residentes en España, a través de intervenciones
equilibradas de los poderes públicos y la sociedad civil.

La cooperación entre las distintas Administraciones Públicas es un factor funda-
mental en esta gobernanza, dado el marco competencial que se ha ido configu-
rando al amparo de la Constitución Española. Muchos de los servicios que se pres-
tan a la ciudadanía, sea española o extranjera, son responsabilidad de las
Corporaciones Locales y de las Comunidades Autónomas, y la Administración General
del Estado, además de establecer los marcos normativos pertinentes, debe poten-
ciar esos servicios, apoyando a las administraciones responsables de los mismos.


Introducción

Aun así, el presente Plan Estratégico tiene carácter estatal, pues su intención es
impulsar, dar coherencia y consolidar las actuaciones orientadas a construir una
sociedad inclusiva en el conjunto de España.

Además, el proceso de adaptación mutua entre todos debe estar presidido por el
consenso, el diálogo y la participación, tanto en la formulación de objetivos, estra-
tegias y políticas, como en el desarrollo y la evaluación de los mismos. Porque el
objetivo de construir entre todos una sociedad más justa y cohesionada precisa de
una acción sostenida y estable en el tiempo. Ese consenso presupone un amplio de-
bate social sobre los procesos de integración y sobre cómo queremos configurar
nuestra convivencia en una sociedad más diversa. Pero exige también renunciar a
instrumentalizar las políticas de inmigración e integración en términos partidistas.


Introducción

Premisas y principios que orientan el Plan Estratégico

El Plan Estratégico se ha elaborado con una filosofía política que se concreta en
seis premisas y tres principios políticos inspiradores del conjunto del Plan y de
cada una de las intervenciones en él previstas que se indican a continuación. A su
vez, estas premisas y principios se concretan en diez grandes objetivos de carácter
general y en una serie de objetivos, programas y medidas más concretos, en cada
uno de los sectores o áreas de intervención en las que cabe subdividir las políticas
públicas de integración.

Las seis premisas a partir de las cuales se ha confeccionado el Plan Estratégico son
las siguientes:

La concepción de la integración como un proceso bidireccional, de adap-
1 tación mutua.

La convicción de que la responsabilidad del proceso de integración y de la
2 gestión de la misma debe ser compartida por las distintas administracio-
nes, los actores sociales, incluyendo a la población inmigrada, y el conjun-
to de la sociedad.

La concepción del Plan como un marco de cooperación capaz de dinami-
3 zar políticas, aglutinar iniciativas y dotar de coherencia a las actuaciones
tanto del sector público como de la sociedad civil.

La necesidad de adoptar un enfoque integral o global, tanto por lo que
4 respecta a las políticas de inmigración como a las de integración de la
población inmigrada.

La idea de que las políticas de integración se dirigen a la ciudadanía en
5 su conjunto, y que las actuaciones públicas deben ir orientadas a promo-
ver y garantizar el acceso normalizado de la población inmigrada a los
servicios públicos y privados de carácter general.

La incorporación transversal de las cuestiones relativas a la integración
6 de la población inmigrada a todas las políticas públicas relevantes a este
efecto.


Introducción

Los tres principios políticos que orientan el conjunto del Plan Estratégico y todas
sus actuaciones son los siguientes:

El principio de igualdad y no discriminación, que implica la equiparación
1 de derechos y obligaciones de la población inmigrada y autóctona, den-
tro del marco de los valores constitucionales básicos.

El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento de la plena
2 participación cívica, social, económica, cultural y política de los ciudada-
nos y ciudadanas inmigrantes.

El principio de interculturalidad, como mecanismo de interacción entre
3 las personas de distintos orígenes y culturas, dentro de la valoración y el
respeto de la diversidad cultural.


Introducción

Objetivos del Plan Estratégico

Los diez objetivos generales que establece el Plan Estratégico son los siguientes:

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, sociales, económi-
1 cos, culturales y políticos de los inmigrantes.
Adecuar las políticas públicas, especialmente la educación, el empleo, los
2 servicios sociales, la salud y la vivienda, a las nuevas necesidades que
origina la presencia de inmigrantes. Esta adecuación ha de ser tanto
cuantitativa, para responder al incremento de los nuevos ciudadanos y
usuarios a los que han de atender los servicios públicos, como cualitati-
va, para gestionar adecuadamente la diversidad de las nuevas demandas
e incorporar las competencias interculturales necesarias.
Garantizar el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos- espe-
3 cialmente la educación, el empleo, los servicios sociales, la salud y la vi-
vienda, en igualdad de condiciones con la población autóctona.
Establecer un sistema de acogida a los nuevos inmigrantes y a los que se
4 encuentren en situación de especial vulnerabilidad, hasta que se hallen
en condiciones de acceder a los servicios públicos generales.
Fomentar entre los inmigrantes el conocimiento y el respeto de los valores
5 comunes de la Unión Europea, de los derechos y las obligaciones de los resi-
dentes en España, de las lenguas oficiales en los diversos territorios del
Estado y de las normas sociales de convivencia de la sociedad española.
Luchar contra las diversas manifestaciones de la discriminación, el racis-
6 mo y la xenofobia en todos los campos de la vida social, tanto en el ám-
bito público como en el privado.
Introducir la perspectiva de género tanto en lo relativo a la elaboración
7 de políticas de integración, como a su aplicación.
Fomentar políticas y experiencias de codesarrollo con los países de ori-
8 gen de la inmigración.
Favorecer la comprensión por parte de la sociedad española del fenóme-
9 no migratorio, mejorar la convivencia intercultural, valorando la diversi-
dad y fomentando valores de tolerancia, y apoyar el mantenimiento y
conocimiento de las culturas de origen de los inmigrantes.
Impulsar la adopción de políticas públicas y medidas por parte de las dis-
10 tintas Administraciones Públicas y de la sociedad civil que fomenten la
integración de los inmigrantes y la cooperación en este campo.


Introducción

Estructura del Plan Estratégico

El Plan Estratégico se estructura en diez capítulos, incluyendo la presente
Introducción.

El Capítulo 2 describe brevemente algunos rasgos básicos de la inmigración en
España, necesarios para comprender la necesidad del Plan y los parámetros básicos de
la situación de partida. Incluye igualmente un análisis de cómo la opinión pública es-
pañola ha ido percibiendo el fenómeno de la inmigración a lo largo del tiempo.

El Capítulo 3 explica el marco normativo internacional, comunitario, estatal y au-
tonómico en el que se desenvuelve el Plan Estratégico, y el Capítulo 4 expone la
evolución de las políticas de integración de los inmigrantes en el ámbito de la
Unión Europea, desde el Consejo Europeo de Tampere de 1999 hasta la formula-
ción de los “Principios Básicos Comunes de Integración” en 2004, pasando por al-
gunas Comunicaciones de la Comisión Europea que han ido marcando hitos en
este campo.

El Capítulo 5 está dedicado a sintetizar las políticas desarrolladas en España en re-
lación con la integración de la población inmigrada. En cuanto al ámbito estatal se
exponen, en primer lugar, las grandes líneas del Plan para la Integración Social de
los Inmigrantes de 1994 y del Programa Global de Regularización y Coordinación
de Extranjería e Inmigración de 2001. A continuación se sintetizan las intervencio-
nes llevadas a cabo desde 2004: el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 y
el proceso de normalización de 2005; la creación, también en 2005, del Fondo de
Apoyo a la Acogida e Integración de los Inmigrantes, así como a su Refuerzo
Educativo; la potenciación de distintos instrumentos de apoyo a las políticas de
integración de los inmigrantes y la inclusión transversal de las cuestiones relativas
a la integración de la población inmigrada en los planes de actuación ministeriales
de carácter general. Otros dos epígrafes de este capítulo exponen las importantes
actuaciones que han llevado a cabo, por una parte, las Comunidades Autónomas y
las Corporaciones Locales y, por otra, los agentes sociales y el mundo asociativo,
sin olvidar las aportaciones procedentes de la esfera académica.

El Capítulo 6 recoge las premisas, los principios políticos y los objetivos generales
del Plan Estratégico, lo que cabría denominar la filosofía política del Plan.

El Capítulo 7 expone el enfoque participativo que orienta el Plan Estratégico, tanto en
lo referente a su elaboración, como a su desarrollo, y que queda sintetizado en el con-
cepto de gobernanza de las políticas de integración de la población inmigrante: en la
elaboración, porque se ha llevado a cabo con diálogo, participación y consenso; y en
el desarrollo porque se hace bajo principios de cooperación y corresponsabilidad.


Introducción

El Capítulo 8 recoge las doce áreas de intervención del Plan Estratégico: Acogida,
Educación, Empleo, Vivienda, Servicios Sociales, Salud, Infancia y Juventud, Igualdad
de trato, Mujer, Participación, Sensibilización y Co-desarrollo. El área de Acogida es la
única que por su naturaleza va orientada específicamente a la población inmigrante,
tratando de dar respuesta a situaciones particulares que afrontan durante su proceso
migratorio, en particular en la fase inicial del mismo. En las áreas de Educación,
Empleo, Vivienda, Servicios Sociales y Salud el Plan Estratégico se orienta a todos los
ciudadanos que viven en España, con la potenciación de estos servicios públicos ge-
nerales y la inclusión en los mismos de aspectos ligados a la interculturalidad. Las
áreas de Infancia y Juventud, Igualdad de Trato y Mujer se refieren a políticas de ca-
rácter transversal, y que como tales han influido también en la configuración del con-
tenido de las restantes áreas.

Sin embargo, la especial necesidad de reforzar la actuación en estos ámbitos ha
aconsejado establecer áreas de actuación específicas que sirvan de impulso a progra-
mas concretos y permitan evaluar mejor los avances que se vayan registrando. Lo
propio cabe decir de dos áreas clave para la construcción de una sociedad inclusiva,
como son las de Participación y Sensibilización. También aquí las actuaciones afectan
transversalmente a las demás áreas, pero parecía conveniente, por su importancia,
otorgarles un tratamiento monográfico. Por último, el Plan incorpora también un área
de Codesarrollo, puesto que, desde una concepción holística de las políticas de inte-
gración, parece imprescindible llevar también a cabo actuaciones que fomenten el
desarrollo de los países de origen de la población inmigrada, y una de las mejores for-
mas de hacerlo es facilitar y potenciar la función de las personas inmigrantes como
agentes de desarrollo, tanto en nuestro país, como en el suyo de origen.

En cada una de las áreas se incluye un breve diagnóstico de la situación, las oportuni-
dades y los retos que plantea la presencia de inmigrantes, se señalan los objetivos es-
pecíficos de ese área que vienen a desarrollar los generales del Plan, se fijan los pro-
gramas que se van a llevar a cabo para conseguir esos objetivos y se indican las
líneas principales que orientarán la evaluación de los programas desarrollados.

El Capítulo 9 se refiere a la gestión del presente Plan Estratégico de Ciudadanía e
Integración, que se atribuye a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a
través de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, y a la participación en
labores de seguimiento y evaluación del Plan que desarrollarán los órganos colegiados
relevantes en esta materia (el Consejo Superior de Política de Inmigración y el Foro
para la Integración Social de los Inmigrantes). A continuación, se fijan las principales
orientaciones para la evaluación del Plan Estratégico, comenzando por establecer los
principios de dicha evaluación como una responsabilidad compartida en la gobernanza
de la integración, así como los dispositivos de seguimiento y evaluación del Plan.

Por último, el Capítulo 10 ordena las asignaciones presupuestarias para el 2007 y
establece previsiones desde el 2008 al 2010.


2

La inmigración
en España


La inmigración en España

2. La inmigración Los movimientos migratorios han sufrido un cambio radical en España en los vein-
en España te últimos años. De ser un país de emigrantes hemos pasado a ser un país de inmi-
gración en términos de flujos desde mediados de los años ochenta y en términos
de volumen global desde los primeros años del siglo XXI. Hoy España está entre los
países europeos que cuentan con mayor proporción de extranjeros viviendo en su
territorio. Y éste es un cambio social de importancia histórica.

Esta transformación se ha producido en tan sólo dos décadas, lo que hace que el
fenómeno no sólo sea nuevo sino que su rapidez puede dificultar la correcta com-
prensión del mismo, de sus características demográficas y de sus cambiantes na-
cionalidades de origen, de su desigual distribución por el territorio nacional, de su
impacto en el mercado de trabajo, en el sistema educativo o en la vivienda, de la
progresiva integración de los inmigrantes en la sociedad española o de la percep-
ción que la sociedad española tiene del fenómeno.

Lo que es indudable es que la inmigración está transformando profundamente la
sociedad española, que este cambio social profundo va a seguir en las próximas
décadas; que gracias a la inmigración se están afrontando más fácilmente algunos
desafíos que ya tenía nuestra sociedad; y que la presencia de inmigrantes plantea
otros nuevos retos y nuevas posibilidades.

Este capítulo pretende exponer algunos de los rasgos más relevantes de la inmi-
gración en el conjunto de España. Aunque se señalarán algunas características de
la misma desglosadas por Comunidades Autónomas, provincias e incluso munici-
pios, conviene poner de relieve que este fenómeno se refleja de modo muy dife-
rente en realidades sociales diversas como son los distintos territorios, los barrios
de las ciudades, sus centros educativos y sus centros de salud, los sectores de acti-
vidad económica y las empresas, los diferentes espacios públicos, etc. No se puede
ofrecer aquí un detallado panorama de este mosaico tan diverso que va trazando
la inmigración en nuestro país.

Se analiza a continuación la evolución del fenómeno inmigratorio y sus caracterís-
ticas demográficas, el origen nacional y el destino regional de los inmigrantes en
España, la situación de los inmigrantes en el mercado de trabajo, la presencia de
alumnos extranjeros en el sistema educativo español, las características de las vi-
viendas que ocupan, las concesiones de nacionalidad que se han producido a lo
largo de los últimos años, así como la percepción de la inmigración por parte de la
opinión pública en nuestro país.



2.1. Evolución de la inmigración en España

A 30 de junio de 2006 había en España 2.804.303 extranjeros con tarjeta o autori-
zación de residencia, que suponen el 6 por ciento de la población total en España.
Por su parte, los datos del Padrón municipal de habitantes de 1 de enero de 2005
muestran que había empadronados en esa fecha 3.730.610 extranjeros, es decir el
8,5 por ciento de los 44 millones de personas que vivían en España.

A esta situación se ha llegado tras una evolución desigual en los últimos treinta
años. Entre 1975 y 1985 el número de extranjeros residentes en España aumentó
en 76.682 personas; en la década siguiente, entre 1985 y 1995, lo hizo en 257.802
personas; y entre 1995 y 2006 el número los que residen legalmente en España ha
aumentado en 2.304.530 personas. Este incremento ha sido especialmente impor-
tante en el último sexenio: desde el año 2000 el número de extranjeros residentes
en España ha crecido en casi dos millones de personas, lo que refleja un incremen-
to medio anual de 300.000 personas (véase Cuadro 2.1. y Gráfico 2.1)

Gráfico 2.1. Evolución de los extranjeros residentes en España 1996-2006 (30 de junio)

3.000.000
2.804.303
2.738.932
2.500.000

1.977.291
2.000.000

1.500.000 1.647.011

1.109.060
1.324.001
1.000.000
801.329
609.813 895.720
719.647
500.000
538.984

0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.



Los datos de finales de 2005 muestran que a 31 de diciembre residían en España
más del doble de extranjeros que en la misma fecha del año 2002. Si en 2002 los
residentes extranjeros en España suponían el 2,2 por ciento de la población empa-
dronada total, este porcentaje se duplica el año 2004 en que alcanza el 4,5 por
ciento. En diciembre de 2005 alcanza el 6,2 % (sobre los empadronados en enero
de 2005).

A mediados de los años ochenta los flujos migratorios anuales comenzaron a ser
favorables a España, es decir, comenzaron a entrar cada año más inmigrantes que
el número de emigrantes que salían hacia el extranjero. Hay que esperar a los pri-
meros años 2000 para que el número de extranjeros que residían en España fuera
mayor que el de españoles que vivían en el exterior y que España se convirtiese
también desde esta perspectiva en un país de inmigración.

Cuadro 2.1. Evolución de los extranjeros residentes en España. 1975-2006

Año Nº extranjeros Año Nº extranjeros

1975 165.289 1991 360.655
1976 157.973 1992 393.100
1977 161.451 1993 430.422
1978 158.349 1994 461.364
1979 173.043 1995 499.773
1980 182.045 1996 538.984
1981 197.942 1997 609.813
1982 200.911 1998 719.647
1983 210.350 1999 801.329
1984 226.470 2000 895.720
1985 241.971 2001 1.109.060
1986 293.208 2002 1.324.001
1987 334.936 2003 1.647.011
1988 360.032 2004 1.977.291
1989 398.147 2005 2.738.932
1990 407.647 Jun. 2006 2.804.303

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (datos a 31 de diciembre de cada
año, excepto 2006). 1

1 Desde el 1 de enero de 2007 los nacionales de Bulgaria y Rumania son ciudadanos comunitarios. Sin embargo, dado que los datos que
se exponen en el presente capítulo están cerrados en junio de 2006, en los cuadros estadísticos los ciudadanos de estos países aparecen
recogidos todavía como europeos no comunitarios.



A lo largo de estos años ha ido cambiando notablemente la composición de los in-
migrantes. El Gráfico 2.2 muestra cómo desde el inicio de la década del 2000, el
número de las autorizaciones de residencia del Régimen general ha superado de
modo progresivo a las tarjetas de residencia del Régimen comunitario, es decir, del
que se benefician las personas que tienen una nacionalidad comunitaria (o forman
parte del Espacio Económico Europeo) y sus familiares, así como los familiares de
españoles que no tienen la nacionalidad española.

Gráfico 2.2. Evolución de los extranjeros residentes por tipo de régimen 1996-2006 (diciembre)
2.500.000

2.092.095
2.000.000 1.958.091

1.500.000
1.305.041

1.000.000 1.074.895 929.713
826.956
475.846 659.179 572.116 780.841
500.000 418.374 672.250
319.327 332.558 380.927 497.045
382.955 419.874 449.881
277.255 338.720
219.657
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Régimen Comunitario Régimen General


Por otra parte, hay que hacer referencia a los datos del Padrón municipal de habi-
tantes, que presentan algunas diferencias con los datos sobre extranjeros residen-
tes en España. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan to-
dos los vecinos que habitan en cada municipio y es gestionado por cada
Ayuntamiento de acuerdo con normas estatales. Toda persona que resida en
España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en que resida habi-
tualmente y quien viva en varios municipios debe inscribirse únicamente en el que
habite durante más tiempo al año. Entre los datos que recoge el Padrón está la na-
cionalidad de los vecinos. Hasta el año 2000 los datos del Padrón venían coinci-
diendo con los de extranjeros residentes. En 1999, por ejemplo, había 29.000 em-
padronados más que el número de residentes en situación regular. Desde esa fecha
los datos se han ido distanciando. La razón es que el empadronamiento está vin-



culado al hecho efectivo de ser habitante en un municipio, no a la autorización de
residencia. Sin embargo, hasta la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre de-
rechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, un extran-
jero en situación irregular no tenía ningún incentivo para empadronarse en su mu-
nicipio. La Ley Orgánica introduce este incentivo al vincular en su artículo 12 el
derecho a la asistencia sanitaria, en igualdad de condiciones con los españoles, al
hecho de figurar empadronado. Además, en los procesos de regularización la ins-
cripción en el Padrón se ha venido utilizando como prueba de la presencia en
España en determinada fecha, lo que también incentiva a inscribirse en el padrón.
Todo ello explica la disparidad entre el número de inmigrantes empadronados y el
de residentes legales.

Hay que hacer también referencia a la existencia de desajustes en los registros,
puesto que se dan algunos casos de empadronamientos de una misma persona en
más de un municipio, otros de personas que ya no están en España, pero no han
sido dadas de baja y otros de personas que están en España, pero que no se han
inscrito en el Padrón. La consecuencia es la necesidad de revisar de manera perió-
dica los datos sobre empadronados, con el fin de que refleje, en cada momento, el
número de extranjeros que de hecho viven en España. En la actualidad se está pro-
cediendo a dicha revisión, sobre la base de la obligación legal de toda persona ex-
tranjera que no sea residente de larga duración de confirmar su empadronamiento
cada dos años, lo cual ha supuesto hasta el momento un descenso sensible en el
número de personas empadronadas. La responsabilidad de coordinar todos los
Padrones municipales para subsanar posibles errores y evitar duplicidades, y para
que las cifras resultantes de las revisiones anuales puedan ser declaradas oficiales,
corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

A fecha 1 de enero de 2005 había 3.730.610 extranjeros empadronados en España
(1.992.034 hombres y 1.738.576 mujeres) frente a 1.977.291 que tenían tarjeta o
autorización de residencia. Además del fenómeno referido de los empadronamien-
tos ficticios, buena parte de esta diferencia son ciudadanos comunitarios que resi-
den y se empadronan en España, pero que no solicitan la tarjeta de residencia a la
que tienen derecho.



2.2. Estructura demográfica de la inmigración

Los extranjeros que viven en España tienen una estructura demográfica por sexo y
grupos de edad y un movimiento natural de población (natalidad y mortalidad)
con algunas características que les diferencian de los españoles.

Estructura demográfica

La estructura demográfica de los extranjeros ofrece algunos rasgos diferenciales
respecto a la composición por sexo y grupos de edad de los españoles. Estas pecu-
liaridades se hacen más evidentes si se diferencian los extranjeros comunitarios y
los no comunitarios.

El primer rasgo diferencial se produce por sexo: el 51% de los españoles son muje-
res y el 49% hombres. Esta relación se invierte en el caso de los extranjeros porque
son mayoría los hombres; entre los comunitarios los hombres representan el 52%
del total (frente al 48% de mujeres) y entre los no comunitarios alcanzan el 54%
(frente al 46% de mujeres).

Las diferencias por grupos de edad tienen mayor relevancia y dimensión. Las pirá-
mides de edad de los tres colectivos (españoles, extranjeros comunitarios y extran-
jeros no comunitarios) muestran perfiles muy diferentes, sobre todo en el caso de
los no comunitarios (véase Grafico 2.3).

El primer aspecto que hay que poner de relieve es el distinto grado de envejeci-
miento de la población que muestran las tres pirámides. En el caso de los extranje-
ros comunitarios, los mayores de 54 años suponen el 31% de la población total y
esta proporción es del 29% en el caso de los españoles. Ambas pirámides mues-
tran, por tanto, un elevado nivel de envejecimiento de la población, que en el caso
de la población española, se acelerará en los próximos quinquenios porque co-
menzarán a alcanzar esas edades cohortes cada vez más numerosas hasta la ac-
tual de 25-29 años. Frente a esta situación, entre los extranjeros no comunitarios
el peso de los mayores de 54 años es de sólo el 5%. Esta situación es consecuencia
de la llegada relativamente reciente a España de la mayor parte de los inmigrantes
no comunitarios, que acceden mayoritariamente cuando son jóvenes o jóvenes-
adultos. Con el tiempo esta situación tenderá a cambiar porque las cohortes irán
alcanzando mayores edades a medida que transcurra el tiempo de permanencia en
España, aunque sigan llegando otros inmigrantes en edades más jóvenes.

El segundo aspecto es el peso de los menores de 20 años. En este grupo de edad
los españoles y los extranjeros no comunitarios concentran un volumen relativo



similar de personas: el 20% en el caso de los españoles y el 21% en el de los no
comunitarios. Este grupo tiene un peso notablemente menor entre los extranjeros
comunitarios, entre los que representa sólo el 13% del total.

Pero el rasgo más relevante de la comparación de las tres pirámides de población
es la proporción de personas, hombres y mujeres, en edades activas. Si entre 20 y
64 años están el 63% de los españoles, entre los extranjeros alcanza el 71% en el
caso de los comunitarios y el 77% en el de los no comunitarios.

Gráfico 2.3. Pirámides de población en España. 1 enero 2005
A) Pirámide de población española
HOMBRES MUJERES
85 y más
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
0-4
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B) Pirámide de población extranjera comunitaria

HOMBRES MUJERES
85 y más
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
0-4
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



C) Pirámide de población extranjera no comunitaria
HOMBRES MUJERES
85 y más
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
0-4
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Si se examina la población entre 20 y 40 años se observan grandes diferencias.
Entre los españoles este grupo supone el 31% del total de la población y entre los
extranjeros comunitarios el 33%; pero entre los no comunitarios representa el
57% de la población que mayoritariamente se concentra en estos grupos de edad
que son los más activos y los más reproductivos. Esta situación es excepcional
tanto si se considera su dimensión temporal (puesto que el peso relativo de estos
grupos de edad tenderá a disminuir con el transcurso del tiempo, aunque aumente
el volumen de inmigrantes en España) como si se compara con otros países de
nuestro entorno que tienen una inmigración relevante desde hace más años y con
un mayor peso en cohortes de más edad.

El examen más detallado de la pirámide de los no comunitarios en relación a la de
los españoles muestra que tienen un mayor peso relativo en todos los grupos
quinquenales de edad desde 5 a 44 años (en el caso de las mujeres desde los 0
años), pero que esta diferencia es muy notable entre los grupos de 25-29 años
(con un peso nueve puntos más entre los no comunitarios) y de 30-34 años (con
un peso de 8 puntos mayor en el mismo colectivo).

Todos estos rasgos diferenciales se producen de modo desigual en colectivos de
extranjeros de distintos continentes y nacionalidades y tienen un reflejo diferente
en las distintas Comunidades Autónomas, en función del origen de los mismos y
del tiempo en que ha comenzado a producirse el fenómeno inmigratorio de modo
significativo en cada una de ellas.



Movimiento natural de población

La presencia de un número importante de extranjeros en el territorio español, su
estructura de edades y el comportamiento de la fecundidad en esta fase de la in-
migración en España son los rasgos que determinan su aportación al movimiento
natural de la población en España. Aportación que es muy importante en términos
de natalidad.

Nacimientos

España ha venido asistiendo a un notable descenso de la natalidad desde 1975. Si
en ese año nacieron en España cerca de 670.000 niños y niñas, veinte años des-
pués, en 1996, nacieron poco más de la mitad (363.000). A partir de ese año co-
menzó una recuperación del número de nacimientos que ha hecho que en 2005
hubiera más de 465.000 nacimientos, alcanzando el volumen de mediados de la
década de los ochenta (véase Gráfico 2.4).

Gráfico 2.4. Evolución de los nacidos en España 1975-2005

800.000

700.000 669.378

600.000

500.000 465.616

400.000
362.626
300.000

200.000

100.000

0
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 P

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE. Datos de 2005 provisionales.



En esa recuperación de la natalidad desde 1996 han tenido cada vez un mayor
peso los hijos e hijas de inmigrantes. Si en 1996 algo menos del 5% de los nacidos
eran hijos o hijas de madre o padre extranjero, esa proporción ha ido aumentando
año tras año hasta superar el 16% en 2004 y 2005. En este último año, de los
465.616 nacimientos que han tenido lugar, 106.480 eran hijos de madre y/o padre
extranjero (véanse Gráfico 2.5 y Cuadro 2.2).

Si el peso de los nacidos de madre o padre extranjero ha ido aumentando desde
1996, la proporción de éstos que son hijos de parejas mixtas ha ido disminuyendo.
Suponían más del 60% en 1996 y en 2005 supusieron poco más de la mitad de ese
porcentaje, a pesar de que hay un aumento significativo de los hijos de parejas
mixtas español o española/extranjero o extranjera. Ello se debe a que el nacimien-
to de hijos de madre y padre extranjero ha aumentado en mayor proporción.

Gráfico 2.5. Nacidos de padre y madre españoles y de madre y/o padre extranjero. 1996-2005

500.000
454.591 465.616
441.881
450.000 418.846
397.632 406.380
400.000 369.035 380.130
362.626 365.193
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000 73.457 78.590
63.591
31.319 40.985 52.740
50.000 19.126 24.486
16.449 20.706
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total nacimientos Nacidos de madre y/o padre extranjero

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE. Datos de 2005 aún provisionales.



Cuadro 2.2. Nacimientos y proporción de nacidos de madre y/o padre extranjero. 1996-2005

Nacidos de madre y/o padre extranjero % nacidos de % nacidos de madre y/o padre
Total
Año madre y/o padre español entre los nacidos de madre
Nacimientos
Total Madre o padre español extranjero y/o padre extranjero

1996 362.626 16.449 9.893 4,54 60,14
1997 369.035 19.126 11.133 5,18 58,21
1998 365.193 20.706 11.594 5,67 55,99
1999 380.130 24.486 13.205 6,44 53,93
2000 397.632 31.319 15.086 7,88 48,17
2001 406.380 40.985 17.385 10,09 42,42
2002 418.846 52.740 20.092 12,59 38,10
2003 441.881 63.591 23.190 14,39 36,47
2004 454.591 73.457 25.712 16,16 35,00
2005 P 465.616 78.590 27.890 16,88 35,49
Total 1996 a 2005P 4.061.930 421.449 175.180 10,38 41,57

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE. Datos de 2005 aún provisionales

Esta notable aportación demográfica de la población inmigrante durante la última
década se debe a que tanto hombres como mujeres se concentran en los grupos de
edad más fértiles y a que las mujeres extranjeras mantienen todavía pautas de fe-
cundidad superiores a las de las mujeres españolas de su misma edad, tasas que
probablemente con el tiempo se vayan pareciendo a las de las españolas.



Defunciones

La diferente estructura de edades que explica parte del diferencial de natalidad
entre españoles y extranjeros en España, es la que está en la base del poco peso
que las defunciones de extranjeros tienen en el total de defunciones que se produ-
cen en España. En el período 1999-2005 se han producido tan sólo 59.222 defun-
ciones de ciudadanos extranjeros, lo que supone el 2,2% del total de las que han
tenido lugar en España (véase Gráfico 2.6).

Si se comparan estas defunciones con el número de nacidos de madre y/o padre
extranjero, se produce un incremento natural de la población de origen extranjero
de 293.082 personas entre 1996 y 2004.

Gráfico 2.6. Defunciones de españoles y extranjeros. 1999-2005
450.000

400.000 384.828 387.019
371.102 360.391 368.618 371.934
360.131
350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000
7.007 7.525 7.980 8.606 8.996 9.399 9.709
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 P

Total de defunciones Total de defunciones de extranjeros




Matrimonios

Desde 1996, ligado al aumento del número de extranjeros que viven en España, se
ha producido un notable incremento de los matrimonios en los que ambos cónyu-
ges son extranjeros y también de los matrimonios mixtos, en los que uno de los
dos cónyuges es español y el otro extranjero. Entre 1996 y 2005 se han celebrado
170.797 matrimonios en los que al menos uno de los cónyuges era extranjero, lo
que supone cerca del 8% del total de matrimonios que han tenido lugar en España
(véase Cuadro 2.3).

El peso de los matrimonios en los que al menos uno de los cónyuges es extranjero
ha ido aumentando a lo largo de estos años. Si los 9.198 matrimonios con al me-
nos un cónyuge extranjero en 1996 suponían algo menos del 5% del total, los
29.454 celebrados en 2005 son un poco más del 14% del total de este año (véase
Gráfico 2.7).

Gráfico 2.7. Matrimonio con cónyuges españoles o extranjeros

250.000

216.451 211.522 212.300 216.149
207.041 208.129 208.057 209.125
194.084 196.499
200.000

150.000

100.000

50.000
26.082 30.930 29.454
11.259 11.794 14.094 18.460
9.198 9.115 10.411
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 P

Total de matrimonios Matrimonios con al menos un cónyuge extranjero




Cuadro 2.3. Matrimonios y proporción de matrimonios con cónyuges extranjeros

Matrimonios con al menos un cónyuge % matrimonios % matrimonios con esposa o
Total extranjero con al menos esposo español respecto a los
Año
matrimonios Esposa o esposo un cónyuge matrimonios con al menos un
Total extranjero cónyuge extranjero
español

1996 194.084 9.198 8.009 4,74 87,07
1997 196.499 9.115 8.152 4,64 89,43
1998 207.041 10.411 9.267 5,03 89,01
1999 208.129 11.259 10.061 5,41 89,36
2000 216.451 11.794 10.301 5,45 87,34
2001 208.057 14.094 11.754 6,77 83,40
2002 211.522 18.460 14.368 8,73 77,83
2003 212.300 26.082 19.088 12,29 73,18
2004 216.149 30.930 22.648 14,31 73,22
2005 P 209.125 29.454 22.294 14,08 75,69
Total 1996 a 2005 2.079.357 170.797 135.942 8,21 79,59

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE. Datos de 2005 aún provisionales

Mientras el número de matrimonios entre españoles en 1996 y en 2005 se mantiene
en torno a los 185.000 anuales, el de matrimonios entre dos extranjeros ha pasado de
1.189 en 1996 a 7.160 en 2005 (multiplicándose por seis) y los matrimonios mixtos
de 8.009 a 22.294 (multiplicándose casi por tres) en el mismo período.



2.3. Zonas de origen de los inmigrantes

Los últimos años no sólo han contemplado un crecimiento notable de la población
extranjera sino también cambios muy importantes en la composición por zonas y
nacionalidades de origen y por zonas de destino de los inmigrantes. Con ello está
cambiando notablemente el perfil de la inmigración y su distribución por la geo-
grafía española.

Extranjeros por grandes zonas de origen

La composición de los inmigrantes por grandes zonas de origen ha cambiado radi-
calmente en los últimos años. En 1992 la mitad de los extranjeros residentes en
España provenían de un país de la (actual) Unión Europea. Hoy representan menos
de la cuarta parte y desde el año 2003 no son el grupo mayoritario de extranjeros
en España, que ha pasado a ser el de los latinoamericanos.

Gráfico 2.8. Extranjeros residentes por grandes zonas de origen. 1995 y 2006

31-12-1995 30-6-2006

Oceanía Oceanía
0,17% 0,06%
Asia Asia
7,65% Apátridas 6,53% Apátridas
y No consta y No consta
América 0,24% 0,04%
del Norte América del Norte
3,21% 0,64%
Europa Comunitaria
22,09%
Iberoamérica Europa
18,59% Comunitaria Iberoamérica
49,76% 35,09% Resto de Europa
11,99%

África
19,15%
Resto de Europa África
1,23% 23,57%



En 1995, el 50% de los extranjeros residentes era de algunos de los actuales
Estados de la UE y el resto provenía de otras zonas. Estos se podían dividir en tres
grandes grupos casi iguales: un 19% provenían de Latinoamérica, otro 19% de
África y el 12% restante del resto del mundo. Esa distribución ha cambiado de
modo muy significativo diez años después: el primer continente de origen de los
inmigrantes es Latinoamérica de donde provienen el 35%, seguido de África con el
24%; en tercer lugar, la Unión Europea con el 22% y el resto de Europa con el
12%. Asia y el resto del mundo representan el 8% del total de los 2.804.303 resi-
dentes en España en junio de 2006 (véanse Gráfico 2.8 y Cuadro 2.4).

Cuadro 2.4. Evolución de los extranjeros residentes por grandes zonas de origen. 1995-2006 (junio)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jun. 2006

TOTAL 499.773 538.984 609.813 719.647 801.329 895.720 1.109.060 1.324.001 1.647.011 1.977.291 2.738.932 2.804.303

Europa Comunitaria 248.696 266.569 278.280 316.457 334.883 329.495 355.070 389.529 438.256 498.875 569.284 619.341

Resto de Europa 6.147 6.672 10.586 13.499 18.091 30.512 57.452 80.903 121.944 168.900 337.177 336.301

África 95.717 98.813 142.816 179.487 213.012 261.385 304.149 366.518 432.662 498.507 649.251 661.066

Iberoamérica 92.891 104.340 112.342 130.203 149.571 184.944 283.778 364.569 514.485 649.122 986.178 983.919

América del Norte 16.031 16.923 14.617 16.997 17.138 15.020 15.020 15.774 16.163 16.964 17.052 17.814

Asia 38.250 43.516 49.328 61.021 66.922 72.445 91.552 104.665 121.455 142.762 177.423 182.991

Oceanía 858 929 888 1.023 1.013 902 944 1.024 1.018 1.112 1.466 1.746

Apátridas y No consta 1.183 1.222 956 960 699 1.017 1.095 1.019 1.028 1.049 1.101 1.125




Los extranjeros comunitarios en España, que comprenden tanto los que están en
edad de trabajar y los menores, como los mayores que vienen como jubilados o
prejubilados, han sido la población mayoritaria hasta el año 2002; pero ese año
prácticamente se igualan con latinoamericanos y africanos (con pesos relativos
que oscilan entre el 28 y el 29%) y desde ese año se produce un notable despegue
de las cifras de latinoamericanos que superan a las también ascendentes de comu-
nitarios. Estos son incluso superados en el último año por los africanos. En 2005
experimenta un fuerte crecimiento el grupo de los europeos no comunitarios (véa-
se Gráfico 2.9).

Los datos del Padrón municipal confirman, a grandes rasgos, la distribución de la
población extranjera en cinco grandes zonas de origen el 1 de enero de 2005.
Según el Padrón, el 39% de los extranjeros empadronados en los municipios espa-
ñoles provienen de Latinoamérica, el 22% son ciudadanos de la Unión Europea,
casi el 18% provienen de África, un 15% de la Europa no comunitaria y el 6% res-
tante de Asia y el resto del mundo (véase Gráfico 2.10).

Gráfico 2.9. Evolución de los extranjeros residentes por grandes zonas de origen 1992-2006

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 juni-06

Total Europa Resto de Europa África Iberoamérica América del Norte Asia Oceanía Apátridas y no consta




Gráfico 2.10. Extranjeros empadronados por grandes zonas de origen. 1 enero 2005

América Asia
del Norte 4,73% Oceanía
0,64% 0,07%

Europa Comunitaria
22,41%

Iberoamérica
39,28%
Resto de Europa
15,09%

África
17,78%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE.

Extranjeros por países de origen

A 30 de junio de 2006, cinco países concentran el 50% de los extranjeros en
España: Marruecos (con 503.966 residentes, lo que supone el 18% del total de ex-
tranjeros residentes), Ecuador (con 339.618, el 12% del total), Colombia (211.122,
el 7,5%), Rumanía (189.966, el 7%) y el Reino Unido (165.534, el 6%).

El Cuadro 2.5 recoge los 21 países que tienen más de 25.000 ciudadanos residen-
tes en España: seis son países comunitarios (Reino Unido, Italia, Alemania,
Portugal, Francia y Polonia) y el resto son países latinoamericanos (comenzando
por Ecuador y Colombia, seguidos de Argentina, Perú, República Dominicana,
Bolivia y Cuba), africanos (Marruecos, seguido a mucha distancia por Argelia y
Senegal), europeos no comunitarios (Rumanía, Bulgaria y Ucrania) y asiáticos
(China, seguida a mucha distancia por Pakistán) (véase Gráfico 2.11 y Cuadro 2.5).

Los datos del Padrón municipal ofrecen una imagen del origen de los inmigrantes
ligeramente distinta. Coinciden los cinco primeros países y en conjunto tienen un
peso similar (casi el 49% del total de empadronados). Pero luego hay otros países
para los que sus nacionales tienen un peso relativo mayor que entre los extranje-
ros residentes. Son países comunitarios como Alemania y Francia (con más nacio-
nales viviendo en España que las tarjetas de residentes que solicitan) o países no
comunitarios con una fuerte inmigración en los últimos años como son los casos
de Argentina, Bolivia, Bulgaria, Ucrania y Brasil (véase Gráfico 2.12).



Gráfico 2.11. Extranjeros residentes por nacionalidades. 30 junio 2006
Ecuador Perú
12,12% 3,09% República
Dominicana
Colombia 1,91%
7,53% China Resto de países
3,32% 16,68%
Argentina
2,93% Otros
26,17%
Pakistán
Marruecos 0,92%
17,98% Cuba
1,36%

Rumanía Alemania
6,78% Polonia
2,66% 1,44%
Francia
Bolivia Ucrania
1,93%
1,71% 1,80%
Bulgaria Italia
1,97% 3,30% Senegal Argelia
Reino 0,96% 1,30%
Unido Portugal
5,94% 2,36%


Gráfico 2.12. Extranjeros empadronados por nacionalidades. 1 enero 2005

Italia Bulgaria
2,56% 2,47%
Bolivia China
2,62% 2,35%

Alemania Perú Resto de
3,56% 2,29% países
Argentina
22,51%
4,11%
Reino
Unido
6,09%

Colombia
Otros
7,29%
31,12%
Rumanía
8,52% Brasil
1,46%

Rep. Francia
Dominicana 2,08%
Ecuador 1,53%
13,32%
Marruecos Ucrania Portugal
13,69% 1,76% 1,78%




Cuadro 2.5. Extranjeros residentes por nacionalidades (ordenadas según peso en 2006)

Nacionalidades 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 30/06/2006

TOTAL 499.773 895.720 1.109.060 1.324.001 1.647.011 1.977.291 2.738.932 2.804.303
Marruecos 74.886 199.782 234.937 282.432 333.770 386.958 493.114 503.966
Ecuador 1.963 30.878 84.699 115.301 174.289 221.549 357.065 339.618
Colombia 6.992 24.702 48.710 71.238 107.459 137.369 204.348 211.122
Rumanía 1.208 10.983 24.856 33.705 54.688 83.372 192.134 189.966
Reino Unido 65.251 73.983 80.183 90.091 105.479 128.283 149.071 165.534
China 9.158 28.693 36.143 45.815 56.086 71.881 85.745 92.915
Italia 19.750 30.862 35.647 45.236 59.745 72.032 84.853 92.569
Perú 15.092 27.888 33.758 39.013 57.593 71.245 82.533 86.603
Argentina 18.427 16.610 20.412 27.937 43.347 56.193 82.412 82.074
Alemania 41.942 60.575 62.506 65.823 67.963 69.719 71.513 74.669
Portugal 36.977 41.997 42.634 43.309 45.614 50.955 59.787 66.107
Bulgaria 931 5.244 9.953 15.495 24.369 32.244 56.329 55.268
Francia 30.838 42.316 44.798 46.986 49.196 49.918 52.255 54.168
Rep. Dominicana 14.470 26.481 29.314 32.412 36.654 42.928 50.765 53.576
Ucrania 180 3.537 9.104 14.861 21.579 27.461 49.812 50.444
Bolivia 888 1.748 3.344 4.995 7.053 11.467 50.738 47.898
Polonia 2.946 8.143 11.342 12.817 15.814 23.617 34.600 40.265
Cuba 6.097 19.165 21.467 24.226 27.323 30.738 36.142 38.118
Argelia 3.612 13.847 15.240 20.081 23.785 27.532 35.437 36.499
Senegal 3.856 11.051 11.553 14.765 16.889 19.343 27.678 26.972
Pakistán 2.030 7.843 14.322 15.584 17.645 18.072 28.707 25.756
Resto de países 141.096 208.375 233.043 260.860 299.643 343.366 453.894 470.196
Apátridas y n.c. 1.183 1.017 1.095 1.019 1.028 1.049 1.101 1.125




2.4. Extranjeros por zonas de destino

La distribución de los extranjeros por zonas de asentamiento a lo largo de la geogra-
fía española es muy diversa y cambiante en los últimos años, tanto si se analizan los
datos por Comunidades Autónomas, por provincias o por municipios. Y lo sería toda-
vía más si se descendiera a nivel de barrios en las ciudades o en los pueblos.

Extranjeros por Comunidades Autónomas

La distribución de los extranjeros que viven en España es muy diferente por
Comunidades Autónomas. Cuatro Comunidades concentran el 67% de los extran-
jeros residentes en junio de 2006: Cataluña (21%), Madrid (20%), Andalucía y
Comunidad Valenciana (13% cada una); el resto de Comunidades tienen mucho
menor proporción del total de extranjeros residentes: Canarias (6%), Murcia (5%),
Illes Balears (4%), Aragón y Castilla-La Mancha (3% cada una) y el resto por deba-
jo de esa cifra (véase Cuadro 2.6 y Gráfico 2.13).

Los datos del Padrón de 1 de enero de 2005 confirman la concentración de los ex-
tranjeros en esas cuatro grandes Comunidades por su población y en las otras cin-
co que concentran mayor número de extranjeros (véase Gráfico 2.14).

El panorama cambia también notablemente si se diferencian los datos de los ex-
tranjeros comunitarios y no comunitarios. Casi el 85% de los primeros se concen-
tran en seis Comunidades: Andalucía y Comunidad Valenciana (20% cada una),
Madrid y Cataluña (13% cada una), Canarias (11%) y Illes Balears (7,5%). Los no
comunitarios, al ser mucho más numerosos, son los que marcan, a grandes rasgos,
el ranking de las Comunidades en el conjunto de los extranjeros residentes (véase
Cuadro 2.6).

El panorama cambia notablemente si se analiza el peso relativo de los extranjeros
residentes a 30 de junio de 2006 sobre el conjunto de la población empadronada
en cada Comunidad Autónoma al 1 de enero de 2005. Para mostrar esta perspecti-
va, en el Cuadro 2.6 se han ordenado las Comunidades Autónomas según el peso
que los extranjeros no comunitarios tienen sobre el conjunto de la población.

La Comunidad Autónoma con mayor proporción de extranjeros residentes en su
territorio es Illes Balears, ya que más del 11% de sus habitantes son extranjeros,
seguida de Murcia (casi el 11%), Madrid (9,5%), Canarias (8,5%), Cataluña y La
Rioja (8% cada una), Comunidad Valenciana (7,5%), Melilla (7%) y Navarra
(6,5%). Éstas son las Comunidades que se sitúan por encima de la media nacional
del 6,36% de extranjeros residentes en junio de 2006. El resto se sitúa en torno a
dos puntos por debajo de esa cifra, salvo Aragón, que casi la alcanza (6,3%).



El mapa que se pone de relieve si se comparan los datos de los extranjeros no co-
munitarios, que para la óptica de este Plan Estratégico es más relevante, es algo
distinto: la Comunidad Autónoma con mayor proporción de extranjeros residentes
no comunitarios en su territorio es Murcia (9%), seguida de Madrid (8%), La Rioja
y Cataluña (con el 7% cada una), Melilla (cerca de 7%) y Illes Balears (6,5); siguen
Navarra (6%) y Aragón (5,5%). Ligeramente por encima de la media nacional, que
es del 4,95%, se sitúan Canarias y la Comunidad Valenciana (5% cada una). Todas
las demás Comunidades tienen una menor presencia de extranjeros no comunita-
rios en su territorio (véase Cuadro 2.6).

Gráfico 2.13. Extranjeros residentes por Comunidades Autónomas. 30 junio 2006
Galicia Madrid
2,06% 20,36%
Murcia Navarra
5,09% 1,37%

Melilla
Comunidad Valenciana 0,17%
12,70%
País Vasco
2,07% La Rioja
0,85%

Otros
Cataluña 4,86%
21,00%

Andalucía Asturias
12,71% 0,81%
Extremadura
0,91%
Aragón
Castilla y León 2,86%
3,07% Baleares Ceuta Cantabria
3,93% 0,11% 0,63%
Castilla La Mancha Canarias
3,27% 6,01%


Gráfico 2.14. Extranjeros empadronados por Comunidades Autónomas. 1 enero 2005

Galicia Madrid
1,86% 20,93%
Murcia Navarra
4,42% 1,34 La Rioja
Comunidad 0,83%
Valenciana
15,60% País Vasco
1,95%
Ceuta
Otros 0,08%
4,28%
Cataluña
21,41% Melilla
Andalucía 0,08%
11,26%
Asturias
0,72%
Castilla y León Aragón Extremadura
3,09% 2,60% 0,68%
Cantabria
Castilla La Mancha Baleares 0,55%
2,45% 4,19%
Canarias
5,96%




Cuadro 2.6. Distribución relativa de los extranjeros residentes y peso relativo de extranjeros sobre el conjunto de la pobla-
ción, ordenadas según el peso relativo de los no comunitarios. 30 de junio de 2006.

Peso relativo de los extranjeros
Distribución relativa de los residentes
extranjeros residentes (junio 2006) sobre la población
(junio de 2006)
total (enero de 2005)

Total UE No UE Total UE No UE

Murcia 5,08 3,33 5,58 10,67 1,54 9,13
Madrid 20,32 13,27 22,32 9,55 1,38 8,18
La Rioja 0,85 0,34 1,00 7,95 0,71 7,24
Cataluña 20,95 13,05 23,19 8,40 1,16 7,24
Melilla 0,17 0,08 0,20 7,42 0,72 6,71
Illes Balears 3,93 7,52 2,91 11,20 4,73 6,46
Navarra 1,37 0,55 1,60 6,47 0,57 5,89
Aragón 2,85 1,67 3,19 6,30 0,82 5,48
Canarias 6,00 11,08 4,56 8,55 3,49 5,07
Com. Valenciana 12,67 19,64 10,70 7,57 2,59 4,98
Ceuta 0,11 0,03 0,13 4,18 0,27 3,91
Castilla y León 3,06 2,26 3,29 4,53 0,74 3,79
Castilla - La Mancha 3,27 0,81 3,96 3,65 0,20 3,45
Andalucía 12,69 19,96 10,63 4,53 1,57 2,96
Cantabria 0,63 0,37 0,70 3,12 0,41 2,71
País Vasco 2,07 1,76 2,15 2,73 0,51 2,21
Extremadura 0,91 0,79 0,95 2,37 0,45 1,92
Asturias 0,81 0,87 0,80 2,12 0,50 1,62
Galicia 2,06 2,61 1,90 2,09 0,58 1,50
Total España 100,00 100,00 100,00 6,36 1,40 4,95

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE y Observatorio Permanente de la Inmigración, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.



Cuadro 2.7. Extranjeros residentes por Comunidades Autónomas y grandes zonas de origen. 30 junio 2006

Zonas de origen
Comunidades
Total Unión Resto de África Latino América Asia Oceanía Apátridas
Autónomas
Europea Europa América del Norte y N/C

Andalucía 355.769 123.613 39.273 96.786 76.222 3.358 16.203 225 89
Aragón 79.953 10.349 18.865 23.550 23.039 345 3.779 15 11
Asturias 22.791 5.369 1.708 2.247 12.236 300 904 16 11
Illes Balears 110.084 46.544 5.233 22.519 30.173 582 4.934 91 8
Canarias 168.323 68.618 4.500 23.012 58.381 635 12.982 35 160
Cantabria 17.536 2.310 3.150 1.620 9.446 213 783 13 1
Castilla-La Mancha 91.625 4.995 29.705 22.447 31.095 284 3.064 16 19
Castilla y León 85.840 13.986 19.399 15.345 32.602 472 3.969 19 48
Cataluña 587.616 80.841 50.290 200.474 187.512 3.013 64.994 285 207
Com. Valenciana 355.380 121.613 55.075 60.549 98.716 1.432 17.432 495 68
Extremadura 25.642 4.871 1.603 12.671 5.334 106 864 3 10
Galicia 57.704 16.135 2.661 6.498 29.717 841 1.774 66 12
Madrid 569.797 82.211 82.493 78.595 280.285 5.202 40.318 269 424
Murcia 142.587 20.618 8.591 58.082 52.375 170 2.719 16 16
Navarra 38.376 3.392 4.688 8.776 20.611 188 709 8 4
País Vasco 57.990 10.926 4.434 11.273 26.762 547 3.945 79 24
La Rioja 23.925 2.132 3.851 7.428 7.449 32 3.029 2 2
Ceuta 3.147 204 15 2.683 96 8 137 - 4
Melilla 4.860 469 3 4.233 68 17 63 1 6
No consta 5.538 145 764 2.278 1.800 69 389 92 1
TOTAL 2.804.303 619.341 336.301 661.066 983.919 17.814 182.991 1.746 1.125




Otro elemento diferencial entre Comunidades Autónomas es la composición de los
inmigrantes que residen en cada una de ellas. A partir de los datos recogidos en el
Cuadro 2.7 pueden señalarse algunos de estos rasgos diferenciales por las grandes
zonas de origen de los extranjeros residentes en cada uno de los territorios, en
comparación con la media nacional:

■ Andalucía tiene un mayor peso de comunitarios (más de un tercio del total) y
de provenientes de África;
■ Aragón destaca por el peso de los europeos no comunitarios (casi la cuarta
parte) y por el de provenientes de África;
■ Asturias, Cantabria, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco destacan por el gran
peso que tienen los latinoamericanos que se sitúan en varias de estas
Comunidades por encima del 50% del total de extranjeros residentes; Navarra
es la Comunidad donde este colectivo alcanza el mayor peso del conjunto de
España (53,7%); en Cantabria tienen también mucho peso los europeos no
comunitarios;
■ Illes Balears y Canarias tienen una alta presencia de comunitarios, y Canarias
además tiene también un elevado peso de extranjeros provenientes de Asia;
■ Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma que tiene mayor proporción
(32,4%) de europeos no comunitarios;
■ Castilla y León y La Rioja tienen también una elevada proporción de europeos
no comunitarios y La Rioja es, además, la Comunidad con mayor proporción
de extranjeros provenientes de Asia;
■ Cataluña, Murcia y Extremadura tienen una elevada proporción de extranjeros
residentes provenientes de África; la última de estas Comunidades es la que
tiene mayor proporción de extranjeros provenientes de África;
■ La Comunidad Valenciana tiene una elevada proporción de comunitarios y de
europeos no comunitarios;
■ En las Ciudades de Ceuta y Melilla, por su parte, la gran mayoría de los ex-
tranjeros residentes provienen de África.

Estos perfiles diferentes de la inmigración según sus zonas y países de nacionali-
dad por Comunidades Autónomas se traducen en características demográficas dis-
tintas según la composición por edades, por sexo, por nivel educativo, etc. Y tam-
bién en rasgos específicos de diferentes colectivos en relación a su incorporación
al sistema educativo y al mercado de trabajo, al conocimiento de los idiomas ofi-
ciales en España, a sus culturas y sus religiones, a la percepción que los españoles
y otros extranjeros tienen del fenómeno migratorio, etc.



Pero dentro de las Comunidades Autónomas, la inmigración tampoco se distribuye
homogéneamente por provincias, comarcas, municipios o barrios de las ciudades.
Por el contrario, con frecuencia, hay una distribución muy desigual que responde a
distintos factores de las estructuras productivas, de las estructuras demográficas y
de las redes migratorias.

Municipios con mayor proporción de extranjeros

La concentración de los inmigrantes en algunos municipios españoles es uno de
esos fenómenos señalados. El Cuadro 2.8 recoge los 46 municipios que tienen más
de 1.000 extranjeros empadronados y más del 25% de su población son extranjeros
y el Cuadro 2.9 los 31 municipios con más de 1.000 extranjeros no comunitarios
empadronados y que suponen más del 15% de la población total del municipio.

Dentro de los primeros figuran 20 municipios de la provincia de Alicante. Entre
ellos están los siete municipios españoles en los que más de la mitad de la pobla-
ción son extranjeros: San Fulgencio, Rojales, Teulada, Benichatell, Els Poblets,
Calpe/Calp y San Miguel de Salinas. Otros 11 son municipios canarios (6 en Las
Palmas y 5 en Tenerife); 7 andaluces (5 en Málaga y 2 en Almería); 4 catalanes (2
en Girona, y 1 en Tarragona y otro en Lleida); 3 en Murcia y 1 en Cáceres. Dos ter-
cios de estos municipios deben su gran presencia de extranjeros a ciudadanos co-
munitarios que están jubilados o prejubilados y que viven su retiro en España. El
mayor de estos municipios es Torrevieja (Alicante), que tiene 76.000 habitantes y,
de ellos, el 43% son extranjeros.

Pero hay también una parte que deben esta alta presencia de inmigrantes a ciuda-
danos no comunitarios, como muestra el Cuadro 2.9. De los 31 municipios que apa-
recen en este Cuadro sólo una decena están también presentes en el Cuadro 2.8.
Aquí aparecen otro tipo de municipios caracterizados por un elevado porcentaje de
extranjeros no comunitarios que son, fundamentalmente, trabajadores y trabajado-
ras. Son municipios rurales, turísticos o próximos a los grandes núcleos urbanos. El
municipio que mayor proporción de extranjeros no comunitarios tiene empadrona-
dos (el 1 de enero de 2004) es Talayuela, en la provincia de Cáceres, donde un ter-
cio de los empadronados son extranjeros no comunitarios. 6 de estos municipios
con más de 1.000 no comunitarios que suponen más del 15% de la población total
son murcianos (con Fuente Álamo de Murcia a la cabeza), 5 almerienses (con La
Mojonera a la cabeza), 8 catalanes (4 en Girona, 2 en Lleida, 1 en Barcelona y otro
en Tarragona, con Guissona en Lleida a la cabeza), 4 en Madrid, 2 en Alicante y 1 en
Zaragoza. El mayor de estos municipios es El Ejido (Almería), que tiene 64.000 habi-
tantes y, de ellos, cerca del 20% son extranjeros no comunitarios.



Cuadro 2.8. Municipios con más de 1000 extranjeros empadronados y que suponen más del 25% de la población total.
1 enero 2004

% población % población
Población Población extranjera Población Población extranjera
total extranjera s/población total extranjera s/población
total total

TOTAL 43.197.684 3.034.326 7,02 Cómpeta (Málaga) 3.364 1.081 32,13
San Fulgencio (Alicante) 6.685 4.202 62,86 Mazarrón (Murcia) 26.122 8.357 31,99
Rojales (Alicante) 11.657 6.890 59,11 Alcázares (Los) (Murcia) 11.306 3.408 30,14
Teulada (Alicante) 11.060 6.344 57,36 La Oliva (Las Palmas) 15.583 4.534 29,10
Benitachell (Alicante) 3.425 1.959 57,20 San Miguel de Abona (Tenerife) 10.802 3.081 28,52
Els Poblets (Alicante) 2.242 1.276 56,91 Yaiza (Las Palmas) 8.130 2.268 27,90
Calpe/Calp (Alicante) 23.653 13.383 56,58 Torrox (Málaga) 12.901 3.569 27,66
San Miguel de Salinas (Alicante) 5.781 2.944 50,93 Antigua (Las Palmas) 6.853 1.895 27,65
Benijófar (Alicante) 3.138 1.553 49,49 Valle Gran Rey (Tenerife) 4.745 1.299 27,38
Jávea/Xábia (Alicante) 26.649 13.026 48,88 Pájara (Las Palmas) 16.821 4.599 27,34
Mojácar (Almería) 5.375 2.582 48,04 Mogán (Las Palmas) 15.176 4.116 27,12
Santiago del Teide (Tenerife) 10.777 5.171 47,98 Manilva (Málaga) 8.245 2.229 27,03
L´Alfás del Pi (Alicante) 14.656 6.718 45,84 Orihuela (Alicante) 68.778 18.438 26,81
Torrevieja (Alicante) 75.530 32.541 43,08 Altea (Alicante) 19.514 5.217 26,73
Nucia (la) (Alicante) 10.672 4.500 42,17 Fuente Álamo de Murcia (Murcia) 13.210 3.525 26,68
Benissa (Alicante) 11.405 4.476 39,25 Pulpí (Almería) 7.368 1.966 26,68
Adeje (Tenerife) 30.304 11.472 37,86 Fuengirola (Málaga) 58.957 15.639 26,53
Castelló d’Empúries (Girona) 7.777 2.829 36,38 Callosa d’en Sarriá (Alicante) 7.957 2.090 26,27
Mijas (Málaga) 52.573 19.081 36,29 Guissona (Lleida) 4.439 1.161 26,15
Pilar de la Horadada (Alicante) 16.050 5.726 35,68 Lloret de Mar (Girona) 26.557 6.933 26,11
Finestrat (Alicante) 3.377 1.203 35,62 Salou (Tarragona) 18.238 4.618 25,32
Tías (Las Palmas) 15.788 5.424 34,36 Dénia (Alicante) 38.584 9.653 25,02
Talayuela (Cáceres) 10.082 3.392 33,64 Guardamar del Segura (Alicante) 12.215 3.054 25,00
Arona (Tenerife) 59.395 19.112 32,18 Resto de municipios 42.363.768 2.745.792 6,48

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE



Cuadro 2.9. Municipios con más de 1000 extranjeros no comunitarios empadronados y que suponen más del 25% de la
población total. 1 enero 2004

% población
Población extranjera Población % población
Población extranjera no Población extranjera extranjera
total no comunitaria total no s/población
comunitaria s/población comunitaria total
total

TOTAL 43.197.684 2.373.597 5,49
Talayuela (Cáceres) 10.082 3.359 33,32 Lloret de Mar (Girona) 26.557 4.856 18,29
Guissona (Lleida) 4.439 1.126 25,37 Níjar (Almería) 21.306 3.670 17,23
Fuente Álamo de Murcia (Murcia) 13.210 3.117 23,60 Vic (Barcelona) 36.571 6.125 16,75
La Mojonera (Almería) 7.746 1.753 22,63 Arganda del Rey (Madrid) 38.269 6.397 16,72
Callosa d’en Sarriá (Alicante) 7.957 1.779 22,36 Roquetas de Mar (Almería) 58.519 9.695 16,57
Salt (Girona) 25.912 5.752 22,20 Galapagar (Madrid) 28.255 4.581 16,21
Mazarrón (Murcia) 26.122 5.490 21,02 San Javier (Murcia) 24.686 3.987 16,15
Pulpí (Almería) 7.368 1.541 20,91 Arrecife (Las Palmas) 51.633 8.279 16,03
Torre-Pacheco (Murcia) 26.806 5.364 20,01 La Almunia (Zaragoza) 6.480 1.019 15,73
Castelló d’Empúries (Girona) 7.777 1.550 19,93 Castell-Platja d’Aro (Girona) 8.470 1.320 15,58
El Ejido (Almería) 63.914 12.416 19,43 Cervera (Lleida) 8.564 1.334 15,58
Torrevieja (Alicante) 75.530 14.142 18,72 Tías (Las Palmas) 15.788 2.401 15,21
Los Alcázares (Murcia) 11.306 2.116 18,72 Adeje (Sta. Cruz de Tenerife) 30.304 4.607 15,20
Oropesa del Mar/Orpesa (Castellón) 6.153 1.150 18,69 Totana (Murcia) 26.435 4.010 15,17
San Martín de la Vega (Madrid) 14.011 2.601 18,56 Collado Villalba (Madrid) 50.695 7.613 15,02
Salou (Tarragona) 18.238 3.353 18,38 Resto de Municipios 42.426.887 2.235.171 5,27

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE



2.5. Inmigrantes y mercado de trabajo

El empleo constituye uno de los aspectos claves para la inclusión social de las per-
sonas inmigrantes y, además, su participación en el mercado de trabajo refleja la
aportación que estas personas hacen al desarrollo económico y social en España.
La Encuesta de Población Activa y los datos de Afiliación a la Seguridad Social
permiten acercarse a la dimensión laboral de la inmigración en España a través de
variables básicas tradicionales en los análisis del mercado laboral, como son la po-
blación activa y las tasas de actividad, los ocupados en situación regular y dados
de alta en la Seguridad Social y el paro y las tasas de paro.

Activos y tasas de actividad

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), de los 21.530.100 activos que hay en
España en 2006 (segundo trimestre), el 12,8% (2.754.800) son extranjeros y el
11,2% (2.413.600) son extranjeros no comunitarios. Estos datos muestran la ex-
traordinaria importancia que la inmigración ha adquirido en España desde el pun-
to de vista laboral.

Casi el 55% de los activos extranjeros no comunitarios son latinoamericanos
(1.324.300), el 22,5% son europeos no comunitarios y casi el 23% del resto del
mundo.

El 55% son hombres y el 45% mujeres. Por grupos de edad hay que señalar el no-
table mayor peso que tienen los jóvenes (menores de 25 años) y los adultos jóve-
nes (de 25-34 años) en el conjunto de los activos extranjeros no comunitarios en
comparación con los españoles: si el 31% de los españoles tiene menos de 35
años, en el caso de los trabajadores no comunitarios este grupo representa un
56% (véase Cuadro 2.10).



Cuadro 2.10. Población activa por sexo y grupos de edad según origen. 2006 (datos en miles)

Extranjera

Extranjeros no Unión Europea
Total Española
Unión
Total Resto de América Resto del
Europea Total
Europa Latina Mundo

Ambos sexos 21.530,1 18.606,1 2.754,8 341,2 2413,6 542,1 1.324,3 547,2

Hombres 12.499,5 10.898,3 1.522,1 193,3 1328,8 277,6 634,0 417,2

Mujeres 9.030,6 7.707,8 1.232,8 147,9 1084,8 264,5 690,3 130,0

Ambos sexos por grupos de edad

De 16 a 24 años 2.478,1 2.044,2 415,5 37,8 377,7 97,8 199,3 80,6

De 25 a 34 años 6.454,6 5.330,4 1.081,2 107,3 974,0 219,6 522,9 231,5

De 35 a 44 años 5.916,5 5.068,7 791,2 102,3 688,9 143,1 385,2 160,6

De 45 a 54 años 4.353,2 3.949,4 365,2 60,5 304,8 69,1 172,0 63,7

De 55 y más años 2.327,7 2.213,4 101,8 33,4 68,4 12,5 45,0 10,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE, Encuesta de Población Activa (II Trimestre 2006)

La clave para entender la importancia que ha adquirido la población activa ex-
tranjera en España, especialmente la no comunitaria, hay que buscarla, además de
en el crecimiento del volumen de extranjeros que se ha producido en los últimos
años, en sus elevadas tasas de actividad que reflejan una incorporación al merca-
do de trabajo notablemente mayor que la de los españoles en ambos sexos. Si el
56 por ciento de los españoles de más de 16 años son activos, esta proporción su-
pera el 80 por ciento en el caso de los extranjeros no comunitarios.



Esta mayor proporción de activos es consecuencia, por una parte, de una estructu-
ra de edades más joven y concentrada en los grupos de edad más activos y, por
otra, de una mayor incorporación al mercado de trabajo en todos los grupos de
edad, con la excepción del de 25-34 años donde las tasas de actividad son simila-
res entre españoles y extranjeros. El contraste es muy relevante entre los jóvenes
de 16-24 años por el peso que este grupo tiene en el conjunto de activos no co-
munitarios y que es consecuencia de una temprana incorporación a la vida activa
por parte de los jóvenes extranjeros en España, como ha mostrado el Informe
Juventud en España 2004 (véase Cuadro 2.11).

Las mayores tasas de actividad de los extranjeros, especialmente de los no comu-
nitarios, se producen tanto en hombres como en mujeres. Si entre los hombres la
diferencia es de algo más de 20 puntos, en el caso de las mujeres casi supera los
25. Estas mayores tasas se producen con los inmigrantes no comunitarios tanto
los que provienen de la Europa no comunitaria y América Latina como los del res-
to del mundo.

Cuadro 2.11. Tasas de actividad por sexo y grupos de edad según origen. 2006

Extranjera

Total Española
Unión
Europea Total
Europa Latina Mundo

Ambos sexos 58,3 56,1 77,5 58,1 81,4 83,7 83,8 74,1

Hombres 69,1 67,2 86,1 65,4 90,2 91,5 89,6 90,3

Mujeres 48,0 45,6 69,1 50,6 72,7 76,8 79,2 47,0


De 16 a 24 años 52,7 50,5 67,5 72,7 67,0 70,3 68,3 60,7

De 25 a 34 años 85,7 85,6 85,9 84,8 86,0 88,5 88,4 79,0

De 35 a 44 años 83,3 82,6 87,4 80,5 88,5 91,9 90,8 81,1
De 45 a 54 años 75,2 74,8 83,6 76,1 85,2 85,5 89,5 75,2

De 55 y más años 19,7 19,3 30,3 16,5 51,1 52,3 56,4 36,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE, Encuesta de Población Activa (II trimestre 2006)



Trabajadores extranjeros afiliados y en alta laboral en la Seguridad Social

La población ocupada en situación regular debe estar dada del alta en la
Seguridad Social. Los datos de Seguridad Social permiten conocer, por tanto, la
población ocupada que cotiza cada mes en los diferentes regímenes del sistema.
Desde 1999 la incorporación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social, en
paralelo con su notable crecimiento en España, se ha producido de modo muy rá-
pido, pasando de los 335.000 de media en 1999 a más de 1.800.000 en agosto de
2006. Si en la primera fecha suponían el 2,3 por ciento del total de afiliados al sis-
tema de Seguridad Social, en la última son ya el 9,7 por ciento (véase Cuadro 2.12
y Gráfico 2.15). Porque mientras el total de trabajadores en alta laboral en la
Seguridad Social se ha incrementado en un 28,8% en ese período, el número de
trabajadores extranjeros en alta ha aumentado en más de un 420%.

Es importante señalar cómo este creciente peso de los extranjeros entre los afilia-
dos a la Seguridad Social en el último sexenio se ha producido en paralelo con un
fuerte incremento del número de trabajadores españoles en alta laboral, que es
ese mismo período han pasado de 14 a 16,68 millones de afiliados a la Seguridad
Social.

Gráfico 2.15. Evolución de los afiliados (españoles y extranjeros) a la Seguridad Social (1999-2006)

20.000.000

18.000.000

16.000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(enero-agosto)
Total trabajadores Trabajadores extranjeros

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.



Cuadro 2.12. Evolución de los afiliados (españoles y extranjeros) a la Seguridad Social (1999-2006)

Total trabajadores Trabajadores españoles Trabajadores extranjeros %
Trabajadores
(1) Incremento Incremento Incremento extranjeros s/
Número Número Número Total
acumulado acumulado acumulado
trabajadores

1999 14.344.900 - 14.009.924 - 334.976 - 2,34
2000 15.062.900 718.000 14.660.189 650.265 402.711 67.735 2,67
2001 15.649.900 1.305.000 15.092.826 1.082.902 557.074 222.098 3,56
2002 16.126.300 1.781.400 15.359.830 1.349.906 766.470 431.494 4,75
2003 16.613.600 2.268.700 15.688.795 1.678.871 924.805 589.829 5,57
2004 17.081.800 2.736.900 16.033.570 2.023.646 1.048.230 713.254 6,14
2005 17.835.400 3.490.500 16.374.260 2.364.336 1.461.140 1.126.164 8,19
2006 18.490.000 4.145.100 16.688.196 2.678.272 1.801.804 1.466.828 9,74
(enero-agosto)


1 Los datos señalan la media anual excepto los correspondientes a julio de 2006 así como los de trabajadores extranjeros de 1999, que se refieren a diciembre de ese año.

Distribución por zonas y países de origen

La distribución según zonas geográficas de origen de los trabajadores extranjeros
en alta laboral, de acuerdo con la media de enero a agosto de 2006, muestra que
los latinoamericanos constituyen el colectivo más numeroso (casi el 40 por cien-
to), seguido por los trabajadores africanos (casi el 20 por ciento), los trabajadores
del Espacio Económico Europeo (casi el 18 por ciento) y los europeos no comuni-
tarios (más del 15 por ciento) (véase Gráfico 2.16).

Cuatro nacionalidades acumulan casi la mitad (el 46 %) de los trabajadores en
alta en la Seguridad Social en junio de 2006: ecuatorianos, marroquíes, rumanos y
colombianos (véase Gráfico 2.17).

Distribución por Comunidades Autónomas

El 67,8 por ciento de los extranjeros en situación de alta en la Seguridad Social en
agosto de 2006 se concentran en cuatro Comunidades Autónomas: Cataluña,
Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Estas comunidades concentran el 60
por ciento del total de trabajadores en alta laboral en España.



Gráfico 2.16. Distribución de los afiliados en alta en la Seguridad Social por zonas geográficas de origen.
Agosto de 2006

No consta Espacio Económico
0,23% Europeo
Asia 17,92%
Oceanía 6,48%
0,04%

América Central
y del Sur Resto de Europa
39,78% 15,26%

Apátridas
0,01%

América del Norte África
0,35% 19,91%


Gráfico 2.17. Distribución de los afiliados en alta en la Seguridad Social por países

1999 - Total trabajadores: 334.976 2006 (agosto) - Total trabajadores: 1.801.804

Rumanía
9,15%
Rumanía
0,96% Marruecos
22,93% Marruecos
14,20%

Colombia
1,60% Colombia
Resto de Resto de 7,77%
países países
72,29% 53,54%
Ecuador
2,22%
Ecuador
15,34%

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. MTAS.

En estas Comunidades Autónomas se han producido los mayores incrementos ab-
solutos desde 1999, tanto en la cifra total de trabajadores como en la de trabaja-
dores extranjeros, pero los mayores incrementos relativos de extranjeros en la
Seguridad Social se han producido en Castilla-La Mancha, Aragón, Cantabria,
Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana, Navarra y Murcia, todas ellas con
incrementos relativos superiores al 500 por ciento (véase Cuadro 2.13).



Cuadro 2.13. Trabajadores (españoles y extranjeros) afiliados a la Seguridad Social por Comunidades Autónomas
(1999 y 2006)

1999[1] 2006 (enero-agosto)[2] Variación 1999 a 2006

% % % %
Número Número
Total Trabajadores Trabajadores Total Trabajadores Trabajadores
trabajadores extranjeros extranjeros s/ trabajadores extranjeros extranjeros Total Trabajadores Total Trabajadores
total s/ total trabajadores extranjeros trabajadores extranjeros

TOTAL 14.344.900 344.976 2,34 18.490.000 1.801.804 9,74 4.145.100 1.456.828 28,90 422,30

Andalucía 2.265.100 38.792 1,71 3.008.200 189.830 6,31 743.100 151.038 32,81 389,35

Aragón 439.400 6.595 1,5 553.200 55.841 10,09 113.800 49.246 25,90 746,72

Asturias 326.000 2.674 0,82 384.100 11.735 3,06 58.100 9.061 17,82 338,86

Illes Balears 348.700 19.132 5,49 447.100 75.173 16,81 98.400 56.041 28,22 292,92

Canarias 599.400 33.549 5,6 766.100 91.211 11,91 166.700 57.662 27,81 171,87

Cantabria 172.000 1.338 0,78 217.100 10.540 4,85 45.100 9.202 26,22 687,74

Castilla La Mancha 511.700 5.265 1,03 704.200 62.691 8,9 192.500 57.426 37,62 1090,71

Castilla y León 776.800 6.294 0,81 928.300 48.518 5,23 151.500 42.224 19,50 670,86

Cataluña 2.639.300 73.214 2,77 3.320.100 411.431 12,39 680.800 338.217 25,79 461,96

Com. Valenciana 1.454.100 29.442 2,02 1.923.800 220.114 11,44 469.700 190.672 32,30 647,62

Extremadura 326.800 5.083 1,56 378.600 9.798 2,59 51.800 4.715 15,85 92,76

Galicia 851.200 6.912 0,81 1.025.300 31.088 3,03 174.100 24.176 20,45 349,77

Madrid 2.131.800 75.140 3,52 2.904.900 400.341 13,78 773.100 325.201 36,27 432,79

Murcia 387.400 16.190 4,18 569.900 98.201 17,23 182.500 82.011 47,11 506,55

Navarra 211.800 4.198 1,98 267.900 26.314 9,82 56.100 22.116 26,49 526,82

País Vasco 775.100 6.613 0,85 927.200 38.012 4,1 152.100 31.399 19,62 474,81

La Rioja 99.800 2.073 2,08 128.500 15.606 12,14 28.700 13.533 28,76 652,82

Ceuta 14.500 641 4,42 17.800 1.894 10,64 3.300 1.253 22,76 195,48

Melilla 14.200 1.831 12,89 17.700 3.468 19,59 3.500 1.637 24,65 89,40

1 Los datos de 1999 del total de trabajadores se refieren a la media anual, y los de 1999 de los trabajadores extranjeros, a los de diciembre de ese año.
2 Las cifras de 2006, tanto para el total de trabajadores como para los trabajadores extranjeros, se refieren a las medias mensuales.

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales



Si los extranjeros suponen el 9,7% de los afiliados a la Seguridad Social en diciem-
bre de 2005, alcanzan un peso superior en las siguientes Comunidades: Murcia y
Illes Balears (17%), Madrid (14%), Cataluña, La Rioja y Canarias (12%),
Comunidad Valenciana (11%), Aragón y Navarra (10%); e igualmente en Ceuta
(casi el 11%) y Melilla (20%)

Distribución por regímenes de Seguridad Social y sectores de actividad

La mayoría de los trabajadores extranjeros, al igual que la mayoría de los españo-
les, están en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, el de los trabaja-
dores por cuenta ajena de la industria y los servicios. Pero la proporción de extran-
jeros en este Régimen es menor que en el caso de los españoles, como sucede
también en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Porque su presencia
es mucho mayor en el Régimen Especial de Empleados de Hogar y en el Régimen
Especial Agrario (véase Grafico 2.18).

Gráfico 2.18. Afiliados a la Seguridad Social por regímenes 2006

Agosto 2006 - Total trabajadores: 18.490.000 Agosto 2006 - Trabajadores extranjeros: 1.801.804

R.E. de Trabajadores
Autónomos
16,26% R.E. de Trabajadores R.E. de Trabajadores
R.E. de Empleados Autónomos
Hogar del Mar
8,58% 0,25%
1,88% R.E. de Trabajadores
del Mar
0,39%
R.E. de Empleados
del Hogar
13,10%
R.E. Agrario
5,43%
R.E. Agrario
8,58%
R.E. de la Minería
Carbón
0,05%
R.E. de la Minería
del Carbón
0,03%
Régimen General Régimen General
75,99% 69,45%

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.



El 11% de los extranjeros en alta laboral en la Seguridad Social en 2005 trabaja-
ban en la agricultura y pesca, el 8% en la industria, el 19% en la construcción y el
63% en el sector servicios, dentro del que cabe destacar que los trabajadores de la
hostelería suponían el 13% respecto al total y los del servicio doméstico otro 14%
(véase Gráfico 2.19).

Gráfico 2.19. Afiliados al Régimen General de la Seguridad Social por sectores (a 31 de diciembre de 2005)

Total trabajadores: 18.156.200 Trabajadores extranjeros: 1.688.598

Agricultura y pesca Agricultura y pesca
6,80% 10,80%

Industria Industria
14,38% 7,64%

Servicios (excluida
Construcción Hostelería) Construcción
12,17% 49,66% 18,85%

Servicios (excluida
Hostelería) Hostelería Hostelería
60,32% 6,32% 13,05%

Distribución por grupos de cotización

Según grupos de cotización de los trabajadores incluidos en el Régimen General, la
tercera parte (33 por ciento) de los extranjeros en alta laboral en agosto de 2006
estaban encuadrados en el grupo 10, trabajadores mayores de 18 años no cualifi-
cados, grupo en el cual están sólo el 16 por ciento del total de trabajadores afilia-
dos. Los extranjeros están sobrerrepresentados, en relación al total, en los tres
grupos de menor cualificación de los mayores de 18 años y, por el contrario, están
subrepresentados en todos los demás grupos de cotización. Y ello a pesar de que
han aumentado notablemente desde 1999 los afiliados en todos los grupos. Por
ejemplo, los extranjeros encuadrados en el grupo 1, ingenieros y licenciados, se
han duplicado desde diciembre de 1999 a 2005, pero su proporción respecto al to-
tal de trabajadores extranjeros en alta ha pasado del 8 al 3 por ciento en ese perí-
odo porque el aumento ha sido mucho mayor en otros grupos, especialmente en
las categorías más bajas (véase Cuadro 2.14).



Cuadro 2.14. Distribución de los afiliados (total y extranjeros) a la Seguridad Social por grupos
de cotización. 1999 y 2006 (agosto)

1999[2] 2006 (enero-agosto)

Grupo de cotización (1) Total Trabajadores Total Trabajadores
trabajadores extranjeros trabajadores extranjeros

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

1. Ingenieros y licenciados 6,67 7,90 7,38 2,87
2. Ingenieros Técnicos. Peritos 5,71 4,20 6,11 1,10

3. Jefes Administrativos 3,80 4,20 4,18 1,52

4. Ayudantes no titulados 3,28 2,42 3,39 1,49

5. Oficiales Administrativos 11,16 9,49 11,93 4,84

6. Subalternos 4,98 2,55 4,40 2,71

7. Auxiliares Administrativos 13,03 10,39 13,57 8,67

8. Oficiales de 1ª y 2ª 19,59 18,19 20,49 23,59

9. Oficiales de 3ª y especialistas 13,78 15,46 12,16 19,49

10. Trabajadores mayores de 18 años no cualificados 17,2 24,88 16,05 33,58

11. Trabajadores menores de 18 de años 0,81 0,32 0,34 0,15

1 Los datos del total trabajadores se refieren a los incluidos en el Régimen General y el RE de la Minería del Carbón, y los de los trabaja-
dores extranjeros sólo a los incluidos en el Régimen General.

2 Los datos de 1999 del total de trabajadores se refieren a la media anual, y los de 1999 de los trabajadores extranjeros, a los de diciem-
bre de ese año.

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, MTAS

Parados y tasas de paro

De los 1.837.000 parados que hay en España en el segundo trimestre de 2006 se-
gún la Encuesta de Población Activa (EPA), 1.492.100 son españoles, 329.600 ex-
tranjeros y, de éstos, 294.000 extranjeros no comunitarios. Este último colectivo
representa el 16% del total de parados en España.

De los extranjeros no comunitarios, más de la mitad (51%) son latinoamericanos,
una quinta parte (20%) europeos no comunitarios y menos de la tercera parte
(29%) del resto del mundo.



Algo más de la mitad de estos extranjeros no comunitarios parados son mujeres (el
54% frente al 57% que suponen las mujeres entre los parados españoles). Por gru-
pos de edad, dos terceras partes (el 67%) de los parados no comunitarios son me-
nores de 35 años (véase Cuadro 2.15).

Cuadro 2.15. Parados por sexo y grupos de edad según origen. Segundo Trimestre de 2006. Datos en miles

Extranjera

Total Española
Unión
Europea Total
Europa Latina Mundo

Ambos sexos 1.837,0 1.492,1 329,6 35,6 294,0 57,6 151,3 85,1

Hombres 795,5 638,5 152,2 17,4 134,9 25,7 52,3 56,9

Mujeres 1.041,5 853,7 177,4 18,2 159,1 31,9 99,0 28,2


De 16 a 24 años 451,8 380,2 68,8 1,7 67,1 11,8 40,2 15,1

De 25 a 34 años 599,9 451,8 144,5 11,3 133,3 32,6 62,5 38,2

De 35 a 44 años 413,2 337,2 71,2 12,4 58,9 9,0 31,4 18,5

De 45 a 54 años 247,7 209,6 35,3 6,5 28,9 4,2 13,8 10,9

De 55 y más años 124,4 113,4 9,8 3,8 6,0 0 3,5 2,5


La tasa de paro correspondiente al segundo trimestre de 2006 es del 8,5%; pero si
para la población española es del 8 por ciento, para el conjunto de la población
extranjera es del 12 por ciento y para los extranjeros no comunitarios es del 12,2
por ciento, por tanto, una tercera parte superior a la de los españoles.

Pero entre los extranjeros se producen diferencias muy importantes. Si los comu-
nitarios tienen, en su conjunto, tasas muy similares a las de los españoles, los eu-
ropeos no comunitarios y los latinoamericanos tienen tasas algo más de un punto
superior a las de los españoles. Pero el hecho más destacable es que los extranje-
ros del resto del mundo tienen tasas de paro que casi duplican a las de los españo-
les, ya que son del 15,6 por ciento (véase Cuadro 2.16).



Por sexo y grupos de edad las diferencias de las tasas de paro de los extranjeros
reproduce la estructura que se da entre los españoles: las tasas de paro de las mu-
jeres son significativamente superiores a la de los hombres y las de los grupos de
edad más jóvenes (sobre todo la de los 16 a 24 años) son mayores que los grupos
de más edad. Especial atención hay que prestar a la tasa de los jóvenes de 16 a 24
años de América Latina que, según la EPA, alcanza el 20,2 por ciento (véase
Cuadro 2.16).

Cuadro 2.16. Tasas de paro por sexo y grupos de edad según origen. Segundo Trimestre de 2006 .

Extranjera

Total Española
Unión
Europea Total
Europa Latina Mundo

Ambos sexos 8,5 8,0 12,0 10,4 12,2 10,6 11,4 15,6

Hombres 6,4 5,9 10,0 9,0 10,2 9,3 8,2 13,6

Mujeres 11,5 11,1 14,4 12,3 14,7 12,1 14,3 21,7


De 16 a 24 años 18,2 18,6 16,6 4,5 17,8 12,1 20,2 18,7

De 25 a 34 años 9,3 8,5 13,4 10,5 13,7 14,8 12,0 16,5
De 35 a 44 años 7,0 6,7 9,0 12,1 8,5 6,3 8,2 11,5

De 45 a 54 años 5,7 5,3 9,7 10,7 9,5 6,1 8,0 17,1
De 55 y más años 5,3 5,1 9,6 11,4 8,8 0 7,8 23,0


Según el Servicio Público de Empleo Estatal (Instituto Nacional de Empleo) en el
avance de datos de septiembre de 2006, en ese mes había 1.966.166 parados re-
gistrados en las Oficinas de empleo de los distintos Servicios Públicos de Empleo
de las Comunidades Autónomas. De ellos, 139.637 son extranjeros, lo que supone
un 7% del total.



2.6. Extranjeros en el Sistema Educativo

La educación, lugar privilegiado de socialización y de igualdad de oportunidades,
es uno de los campos donde la presencia de los inmigrantes se ha hecho más pa-
tente en los últimos años. En este epígrafe se describen algunos rasgos de su pre-
sencia entre el alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias1.

Evolución del número de alumnos extranjeros en el sistema
educativo 1991-2006

En el curso 1991-1992 había 38.927 alumnos extranjeros matriculados en ense-
ñanzas no universitarias que representaban el 0,5 por ciento del total de alumnos.
En el curso 2005-2006, según los datos avanzados por el Ministerio de Educación
y Ciencia, la cifra de alumnos extranjeros era de 529.461, que suponían el 6,94 por
ciento del total del alumnado. Este importante incremento del número de extran-
jeros en el sistema educativo español no universitario se ha producido, sobre todo,
desde el Curso 1999-2000: desde entonces el número de alumnos se ha multipli-
cado prácticamente por 5, pasando de algo más de 100.000 en dicho curso a los
529.461 de 2005-2006.

El total de alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias ha ido descen-
diendo desde los 8.196.207 del curso 1991-1992 hasta los 7.128.251 del curso
1998-1999 (lo que supuso una disminución de más de 1 millón de alumnos, el 13
por ciento en siete cursos académicos). Desde esa fecha se ha producido una recu-
peración hasta los 7.634.409 alumnos del curso 2005-2006 (lo que representaba
un incremento de 506.158 alumnos respecto al curso 1998-1999, el 6 por ciento
en siete cursos académicos). Esa recuperación del número de alumnos en ense-
ñanzas no universitarias ha sido debido, fundamentalmente, al aumento de 477.
539 alumnos extranjeros en ese período (véase Gráfico 2.20).

1 Hasta el curso 1998-1999 enseñanzas del Régimen general; desde ese curso se incluyen también las de
Régimen especial, es decir, enseñanzas artísticas, de idiomas y deportivas.



Gráfico 2.20. Evolución del número de alumnos (total y extranjero) 1991-2007
Evolución del número de alumnos 1991-2007 (estimación)
8400000
8.196.207
8200000

8000000
7.706.600
7800000

7600000

7400000

7200000
7.128.251
7000000

6800000

6600000

6400000
1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
A est

Evolución del número de alumnos extranjeros 1991-2007

600000
529.461

500000

400000

300000

200000

100000
38.927

0
1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
A

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia.

Tanto el número de alumnos extranjeros como su proporción respecto al total del
alumnado ha ido aumentando en cada curso escolar desde 1991-1992, pero el fe-
nómeno ha sido especialmente acelerado desde el curso 1999-2000, con máximos
incrementos en los cursos 2002-2003 y 2003-2004 (véase Cuadro 2.18).



Cuadro 2.18. Evolución del número de alumnos (total y extranjeros) 1991-2006

Alumnado extranjero Total alumnado % alumnos
extranjeros
Curso
s/total
Variación Variación Variación Variación
Número acumulada Número alumnado
interanual interanual acumulada

1991-1992 38.927 8.196.207 0,47
1992-1993 46.111 7.184 7.184 8.123.053 -73.154 -73.154 0,57
1993-1994 50.076 3.965 11.149 8.057.083 -65.970 -139.124 0,62
1994-1995 53.213 3.137 14.286 7.833.097 -223.986 -363.110 0,68
1995-1996 53.362 149 14.435 7.664.082 -169.015 -532.125 0,70
1996-1997 62.707 9.345 23.780 7.495.588 -168.494 -700.619 0,84
1997-1998 72.363 9,656 33.436 7.309.096 -186.492 -877.111 0,99
1998-1999 80.687 8.324 41.760 7.128.251 -180.845 -1.067.956 1,13
1999-2000 107.301 26.614 68.374 7.446.272 318.021 -749.935 1,44
2000-2001 141.868 34.567 102.941 7.359.557 -86.715 -836.650 1,93
2001-2002 207.252 65.384 168.325 7.298.568 -60.989 -897.639 2,84
2002-2003 309.058 101.806 270.131 7.407.258 108.690 -788.949 4,17
2003-2004 402.116 93.058 363.189 7.481.202 73.944 -715.005 5,38
2004-2005 459.291 57.175 420.364 7.568.494 87.292 -627.713 6,07
2005-2006 A 529.461 70.170 490.534 7.634.409 65.915 -561.798 6,94

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia

Alumnos extranjeros por zona geográfica de origen

Todos los colectivos de alumnos han incrementado su número considerablemente
desde 1991, pero la composición según zona geográfica del alumnado extranjero
ha variado de forma sustancial a lo largo de ese período. Durante el curso 1991-
1992 el grupo más numeroso de los alumnos extranjeros lo constituían los origi-
narios de países de la Unión Europea (que suponían el 38% del total de alumnos
extranjeros), pero durante el curso 2005-2006 los originarios de América del Sur
representan el 43,5% del total de alumnos extranjeros matriculados en enseñan-
zas no universitarias y con los de América Central suponen casi la mitad del total
de alumnos extranjeros (véase Gráfico 2.21).



Gráfico 2.21. Distribución de los alumnos extranjeros por continentes. Cursos 1991-92 y 2005-06

Curso 1991-1992 Curso 2005-2006 A
No consta
0,25%
Unión Asia
Asia Europea Unión Europea
7,98% 4,78% 13,66%
37,56%

América del Sur
Resto de Europa
22,32% 13,63%
América del Sur
43,52%
América Central
2,78%

Oceanía América del Norte
0,33% 1,05%
Resto de Europa
8,30%
África
África América Central 19,48%
América
15,97% del Norte 3,59%
4,77% Oceanía
0,04%


Gráfico 2.22. Nacionalidades con mayor peso entre el alumnado extranjero en el curso 2005-06

Reino Unido
4,37% Alemania
1,74%
China
2,56% Bulgaria
2,33%

Resto de países Rumanía
7,53%
27,27%
Ucrania
1,38%

Marruecos
15,58%

Ecuador Argentina
17,70% 5,35%

Bolivia
3,12%
Perú
2,39% Colombia
8,67%



Alumnos extranjeros por Comunidades Autónomas

Durante el curso 2004-2005 el 67% del alumnado extranjero matriculado en en-
señanzas no universitarias se concentraba en Madrid, Cataluña, Comunidad
Valenciana y Andalucía, comunidades en las que estaba el 58% del total de los
alumnos.

La concentración relativa se puede observar a través de la proporción de alumnos
extranjeros presente en cada Comunidad Autónoma. Donde esa proporción es ma-
yor en el curso 2005-2006 es en Illes Balears con el 13%, seguida de Madrid
(12%), La Rioja (11%) Murcia (10,5%), Cataluña (10%) y la Comunidad Valenciana
(casi el 10%) (véase Gráfico 2.23).

Gráfico 2.23. Proporción de alumnos extranjeros respecto al total por Comunidades Autónomas.
Curso 2005-2006

14,00
12,82
12,04
12,00 11,40
10,21 9,87 10,47
10,00 9,42
8,88
8,17
7,59
8,00
6,09 5,69
6,00
4,72 5,05
4,28 4,05
4,00 3,30
2,16 2,38
1,61
2,00

0,00
Castilla-La Mancha

Comunidad Valenciana
Castilla y León

Navarra
Extremadura

País Vasco
Cataluña

La Rioja
Cantabria
Asturias

Baleares

Canarias

Galicia

Melilla
Aragón

Madrid

Murcia

Ceuta

Total
Andalucía


Por provincias, la proporción de alumnos extranjeros respecto al total supera el
10% en el Curso 2005-2006 en Girona (13,5 %), Almería (12%), Illes Balears y
Alicante (cerca del 12%), Madrid (11%), Tarragona (10,5%) y Logroño (10%) (véa-
se Gráfico 2.24).



Gráfico 2.24. Proporción de alumnos extranjeros respecto al total por provincias. Curso 2005-2006

TOTAL ALUMNADO: 7.634.409
ALUMNADO EXTRANJERO: 529,461
PORCENTAJE DE ALUMNOS EXTRANJEROS: 6,94%

Hasta el 3%
Del 3,01% al 6%
Del 6,01% al 10%
Más del 10%

Alumnos extranjeros por tipo de centro escolar

La mayoría de alumnos, españoles y extranjeros, matriculados en enseñanzas no
universitarias lo están en centros públicos. Pero mientras la cifra de estudiantes en
los centros públicos se mantiene en torno al 70% en los diez últimos años, la de
los alumnos extranjeros que hasta el Curso 1998-1999 estaba en torno al 74% ha
ido aumentado desde entonces hasta concentrar el 82% en el Curso 2005-2006
(véase Cuadro 2.19).



Cuadro 2.19. Distribución del alumnado (total y extranjero) entre centros públicos y privados 1996-2006

% alumnos matriculados
Alumnado extranjero Total alumnado
en centros públicos

Tipo de centro Tipo de centro
Total Alumnado
Curso Total Total
Centros Centros Centros Centros alumnado extranjero
públicos privados públicos privados

1996-1997 62.707 46.054 16.653 7.495.588 5.210.587 2.285.001 69,52 73,44
1997-1998 72.363 53.882 18.481 7.309.096 5.075.308 2.233.788 69,44 74,46
1998-1999 80.687 59.507 21.180 7.128.251 4.911.974 2.216.277 68,91 73,75
1999-2000 107.301 81.317 25.984 7.446.272 5.206.214 2.240.058 69,92 75,78
2000-2001 141.868 110.164 31.704 7.359.557 5.110.175 2.249.382 69,44 77,65
2001-2002 207.252 163.823 43.429 7.298.568 5.043.712 2.254.856 69,11 79,05
2002-2003 309.058 245.033 64.025 7.407.258 5.136.689 2.270.569 69,35 79,28
2003-2004 402.116 325.188 76.928 7.481.202 5.195.770 2.285.432 69,45 80,87
2004-2005 459.291 374.880 84.411 7.568.494 5.270.352 2.298.142 69,64 81,62
2005-2006A 529.461 434.758 94.703 7.634.409 5.315.864 2.318.545 69,63 82,11


Si la proporción media de alumnos extranjeros respecto al total de alumnos matri-
culados en el Curso 2005-2006 es del 7%, esa proporción es del 8% en centros
públicos y del 4% en los centros privados.

Alumnos extranjeros por tipo de enseñanza

La mayor parte de los alumnos extranjeros están matriculados en Educación pri-
maria (el 43% del alumnado extranjero durante el Curso 2005-2006), mientras
que en el total de alumnado son las enseñanzas de secundaria las que concentran
el mayor volumen de alumnos (el 38,5% en el curso 2005-2006). La presencia de
extranjeros en la secundaria muestra una tendencia creciente muy importante en
los últimos años.

El volumen de alumnos extranjeros ha aumentado desde el Curso 1999-2000 al
2005-2006 en 422.160 matriculados distribuidos en todos los niveles de enseñan-
za: 184.129 alumnos matriculados más en enseñanza primaria y 153.440 alumnos
más en secundaria. Proporcionalmente, sin embargo, el mayor incremento entre
los cursos citados se ha producido en el número de matriculados en educación es-
pecial y programas de garantía social y en educación infantil.



Gráfico 2.25. Distribución de los alumnos extranjeros por tipo de enseñanza

Enseñanzas
de Idiomas Enseñanzas Artísticas
3,12% No 0,38% Enseñanzas de Idiomas
2,59% 2,22%
Enseñanzas Artísticas
0,13% Infantil Formación Profesional
16,00% 4,54% Enseñanzas Deportivas
Formación Profesional 0,003%
2,76% Bachilleratos Infantil
4,12% 17,62%
Bachilleratos
5,82%

E.S.O.
Curso 1999-2000 E.S.O. Curso 2005-2006 A
27,65% 27,65%

Especial y Programas de Primaria Especial y Programas de Primaria
Garantía Social 40,99% Garantía Social 43,08%
0,94% 0,38


Respecto al total del alumnado por tipos de enseñanza, la proporción más elevada
de alumnos extranjeros matriculados en el curso 2005-2006 se produce en los
Programas de Garantía Social (10,70 por ciento) y en Enseñanza Primaria (9,19 por
ciento), seguidas de Educación Secundaria Obligatoria (7,94 por ciento) y
Educación especial (6,95 por ciento) (véase Cuadro 2.20).

Cuadro 2.20. Distribución del alumnado extranjero por tipos de enseñanza. 1999-2006

Enseñanza Enseñanza
Enseñanza
1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
A A
TOTAL 107.301 141.868 207.252 309.058 402.116 459.291 529.461 1,44 1,93 2,84 4,17 5,38 6,07 6,94
Infantil 17.148 24.571 39.048 60.042 78.986 85.799 93.299 1,51 2,11 3,20 4,69 5,84 6,01 6,29
Primaria 43.943 59.387 87.685 132.453 174.722 198.165 228.072 1,74 2,38 3,54 5,35 7,05 8,03 9,19
Secundaria 38.838 48.799 68.743 100.365 134.593 159.201 192.278 1,19 1,55 2,24 3,33 4,49 5,29 6,54
–– ESO 29.644 38.163 55.246 80.286 107.533 124.714 146.387 1,48 1,97 2,91 4,27 5,75 6,72 7,94
–– Bachilleratos 6.235 7.061 8.605 12.099 15.520 19.160 21.828 0,78 0,92 1,20 1,78 2,36 2,97 3,41
–– Ciclos Formativos de FP 2.959 3.575 4.892 7.980 11.540 15.327 24.063 0,65 0,80 1,08 1,74 2,47 3,01 5,30
Especial y Programas de Garantía Social 1.011 1.427 2.396 3.452 4.473 5.500 6.829 1,68 2,07 3,37 4,71 6,07 7,41 9,22
–– Educación especial 330 428 560 965 1.331 1.572 2.028 1,21 1,57 2,07 3,57 4,79 5,59 6,95
–– Programas de Garantía Social 681 999 1.836 2.487 3.142 3.928 4.801 2,07 2,40 4,18 5,37 6,85 8,53 10,70
EE. Régimen Especial 3.584 4.624 5.964 6.659 9.342 10.626 13.784 0,76 0,97 1,27 1,18 1,62 1,67 2,10
No consta 2.777 3.060 3.416 6.087 - - - - - - - - - -




Evolución de los procesos de homologación de titulaciones académicas

En lo que se refiere a la homologación de titulaciones extranjeras, se observa, en
los títulos no universitarios, un notable descenso en el número de solicitudes en el
año 2003 frente a 2002, a la par que un aumento considerable de la actividad re-
solutoria por parte de la Administración. Asimismo, se distingue una más que am-
plia diferencia entre el número de resoluciones estimatorias y desestimatorias.

Gráfico 2.26. Evolución de las resoluciones de homologación de titulaciones extranjeras de nivel no universitario

40.000

35.000 35.000
32.345
30.000 29.511
24.828 27.483
25.000 23.363 23.289
21.034 21.907
20.881
20.000 21.368
19.982
18.058 17.974
15.000
15.476
10.000
4.463 5.211
5.000 3.151
2.271 2.333
574 230 1.026 904
311
0
2000 2001 2002 2003 2004
Solicitudes presentadas Solicitudes resueltas Resoluciones estimatorias Resoluciones desestimatorias Otras resoluciones




En cuanto a la homologación de títulos universitarios, de 2000 a 2004 se ha pro-
ducido un incremento muy grande del número de resoluciones. De 4.666 en el año
2000 se ha pasado a 23.390 en 2004, de las cuales 9.626 (el 41%), fueron favora-
bles y 2.011 (el 9%), denegatorias. El resto se dividen entre las condicionadas a su-
peración de prueba (8.517, el 36%), y otras resoluciones (3.236, el 14%).

Gráfico 2.27. Evolución de la actividad de homologación de titulaciones de extranjeras de nivel universitario

25.000
23.390

20.000

16.555
15.000
11.751
9.626
10.000
9.303 7.812 8.517
4.666 4.217 5.565
5.000 3.573
2.943 3.590 3.130 3.236
2.757 1.996
1.116 1.810 2.011
352 255 1.187 790 1.182
0
2000 2001 2002 2003 2004
Favorables Denegatorias Condicionadas Otras resoluciones Total resoluciones de homologación




2.7. Características de las viviendas de los inmigrantes

El Censo de Población y Vivienda de 2001 proporciona información para conocer
algunas de las características de las viviendas de los extranjeros en España. En
este epígrafe conviene recordar que una pequeña parte (el 6 por ciento) de los ex-
tranjeros censados son pensionistas por jubilación, de los cuales las cuatro quintas
partes provienen de países comunitarios.

Una diferencia fundamental entre españoles y extranjeros en este campo es el ré-
gimen de tenencia de la vivienda. Mientras el 85 por ciento de los españoles habi-
taban en viviendas de su propiedad, sólo el 37 por ciento de los extranjeros esta-
ban en esa situación. Además, una mayor proporción de extranjeros que habitaban
viviendas en propiedad tenían pagos pendientes para ultimar la compra de la mis-
ma. La mayoría (el 58 por ciento) de los extranjeros habitaban en viviendas en al-
quiler. Representaban más del 20 por ciento del total de personas que vivían en
España en este tipo de viviendas (véase Cuadro 2.21).

Pero entre los extranjeros la situación es muy distinta si se compara a los comuni-
tarios (EU-15, en 2001) con los no comunitarios. Los primeros habitan viviendas de
su propiedad en un 67% de los casos y el 46% la han pagado completamente. Y
sólo un 28% viven en alquiler. Por el contrario, entre los no comunitarios el 67%
viven en viviendas en alquiler y sólo el 28% en viviendas en propiedad; además, la
mitad de ellos tienen gastos pendientes.

Cuadro 2.21. Distribución de la población (española y extranjera) según el régimen de tenencia de la vivienda. 2001

Extranjeros Proporción de
Españoles extranjeros
No Unión sobre total
Total Unión Europea
Europea

TOTAL 39.046.920 1.548.941 357.979 1.190.962 3,8

Total % 100,0 100,0 100,0 100,1 3,8

Total en propiedad % 84,7 37,0 67,0 27,9 1,7

En propiedad por compra, totalmente pagada % 51,8 20,3 46,1 12,5 1,5

En propiedad por compra, con pagos pendientes % 24,5 14,9 18,3 13,9 2,4

En propiedad por herencia o donación % 8,4 1,8 2,6 1,6 0,9

Total en alquiler % 8,9 58,0 28,1 67,0 20,4

Otras formas % 6,3 5,0 4,9 5,0 3,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE, Censo de Población y Vivienda, 2001



En 2001, las viviendas de los extranjeros eran más pequeñas y tenían menor nú-
mero de habitaciones que las de los españoles. Los extranjeros estaban sobrerre-
presentados en las viviendas de menos de 61 metros cuadrados de superficie útil,
aunque el 47 por ciento, tanto de españoles como de extranjeros, vivían en vivien-
das de 61-90 metros. También existían diferencias significativas en el número de
habitaciones de la viviendas de españoles y extranjeros: éstos estaban sobrerre-
presentados en las viviendas de tres o menos habitaciones. Un 57 por ciento, tan-
to de extranjeros como de españoles, habitaban viviendas de cuatro o cinco habi-
taciones (véase Cuadro 2.22).

Cuadro 2.22. Distribución de la población (española y extranjera) según el tamaño y el número de habitaciones de
las viviendas. 2001

Españoles Extranjeros Nº habitaciones Españoles Extranjeros

TOTAL 39.046.920 1.548.941 TOTAL 39.046.920 1.548.941

Total % 100,0 100,0 Total % 100,0 100,0

Hasta 45 m2 % 2,3 7,3 1-2 habitaciones % 1,8 7,7

46-60 m2 % 8,7 15,6 3 habitaciones % 8,0 15,4

61-90 m2% 47,2 46,9 4 habitaciones % 17,8 24,2

91-105 m2% 17,0 13,4 5 habitaciones % 38,8 33,3

Más de 105 m2% 24,8 16,9 6 y más habitac. % 33,6 19,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE, Censo de Población y Vivienda, 2001



Aunque una gran parte de los españoles y de los extranjeros vivían en 2001 en
edificios que se encontraban en buen estado, un 8 por ciento de los primeros y un
14 por ciento de los segundos vivían en edificios que no estaban en buen estado.
Las peores situaciones se daban entre el 2 por ciento de los españoles que vivían
en edificios en estado malo o ruinoso y el casi 4 por ciento de extranjeros en esa
situación. Los extranjeros suponían el 6 por ciento de las personas que habitaban
edificios en estado deficiente, el 8 por ciento de los que se alojaban en edificios en
mal estado y el 6 por ciento de los que lo hacían en edificios ruinosos (véase
Cuadro 2.23).

Cuadro 2.23. Distribución de los edificios destinados principalmente a vivienda según su estado 2001

Proporción de extranjeros
Españoles Extranjeros
sobre total

TOTAL 39.046.920 1.548.941 3,8

Total % 100,0 100,0 3,8

Bueno % 92,2 86,1 3,6

Deficiente % 5,9 10,1 6,4

Malo % 1,4 2,8 7,7

Ruinoso % 0,6 0,9 5,8



2.8. Concesiones de nacionalidad española

Entre 1992 y 2005 han obtenido la nacionalidad española por residencia un total
de 234.694 personas. La evolución anual de estas concesiones ha sido, en general,
creciente año a año, pero han aumentado notablemente desde 2001. Este incre-
mento responde al importante aumento del número de extranjeros residentes en
España que ha tenido lugar en los últimos seis años. La media anual de concesio-
nes de nacionalidad en la década de los noventa fue de 9.555 frente a las más de
23.000 anuales desde el año 2000. Y en el año 2005 las concesiones han sido más
de 40.000 (véase Grafico 2.28).

Gráfico 2.28. Concesiones de nacionalidad española por residencia, 1992-2005

45.000 42.829

40.000
38.335
35.000

30.000
26.555
25.000
21.805
20.000
16.373
16.735
15.000
13.165 11.996
8.411
10.000 7.793 10.293
8.403 6.750
5.000 5.251

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Ministerio de Justicia

Más de la mitad de las personas que obtuvieron la nacionalidad española por resi-
dencia en este período eran nacionales de países latinoamericanos y siguen, en or-
den de importancia, los africanos, asiáticos y europeos comunitarios (véase
Gráfico 2.27).



Las concesiones de nacionalidad a ciudadanos latinoamericanos han representado
más del 50 por ciento del total en todos los años desde 1992; las concesiones a los
africanos han ido aumentado desde el 15% que representaban ese año al 26% que
suponen en 2004; por el contrario, el peso relativo de las concesiones de naciona-
lidad a asiáticos y a europeos comunitarios se ha reducido a la mitad en ese perio-
do pasando, respectivamente, del 15 al 7 % y del 5 al 3 %. Y eso a pesar del au-
mento de las concesiones de nacionalidad a estos colectivos.

Gráfico 2.29. Concesiones de nacionalidad por continente de origen 1992-2005

Oceanía Apátridas y no consta
0,02% 0,25%
Asia Europa Comunitaria
8,66% 5,73%
Resto de Europa
América del Norte 1,68%
0,57%

África
20,66%

Iberoamérica
62,43%


Los argentinos han sido el colectivo que más concesiones de nacionalidad obtuvo to-
dos los años entre 1992 y 1997. Los dos años siguientes ese lugar lo ocupaban los pe-
ruanos y los dominicanos. Desde el año 2000 a 2004 son los marroquíes, con la excep-
ción de 2002, en que obtienen una cifra de concesiones de nacionalidad ligeramente
inferior a los peruanos. En 2004 irrumpen con mucha fuerza en esta estadística los
ecuatorianos, tendencia que se ha reforzado en 2005 hasta el punto de que son ya el
colectivo más importante en número de concesiones, con 10.031 (más del 23%).

En el conjunto del período los marroquíes concentran casi el 16% de las concesiones
de nacionalidad seguido de los inmigrantes originarios de seis países latinoamerica-
nos: Perú (11%), República Dominicana (10%), Ecuador (9%), Argentina (8%),
Colombia (8%) y Cuba (6%). Entre ellos concentran dos de cada tres concesiones de
nacionalidad en el período 1992-2005 (véase Cuadro 2.24 y Gráfico 2.28).



Cuadro 2.24. Concesiones de nacionalidad por países de origen.1992-2005

NACIONALIDAD TOTAL 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

TOTAL 234.694 5.251 8.403 7.793 6.750 8.411 10.293 13.165 16.373 11.996 16.735 21.805 26.555 38.335 42.829

Marruecos 36.864 588 986 894 785 687 1.056 1.542 2.053 1.918 2.822 3.111 6.831 8.036 5.555

Perú 25.716 211 371 468 658 1.150 1.159 1.863 2.373 1.488 2.322 3.117 2.933 3.958 3.645

Rep. Dominicana 22.498 146 298 393 499 833 1.256 1.860 2.652 1.755 21.26 2.876 2.648 2.834 2.322

Argentina 17.878 939 1.532 1.690 1.314 1.387 1.368 1.126 1.026 661 791 996 1.009 1.746 2.293

Colombia 19.836 246 433 380 364 456 478 624 817 594 848 1.267 1.801 4.194 7.334

Ecuador 21.349 42 94 67 53 110 107 173 376 292 510 1.173 1.951 6.370 10.031

Cuba 13.437 146 213 171 168 249 441 772 1.109 893 1.191 2.087 1.602 1.889 2.506

Resto de Paises 76.538 2.905 4.399 3.680 2.872 3.518 4.401 5.161 5.915 4.355 6.081 7.129 7.730 9.276 9.116

Apátridas y no consta 578 28 77 50 37 21 27 44 52 40 44 49 50 32 27


Gráfico 2.30. Concesiones de nacionalidad por países de origen. 1992-2005

Portugal Filipinas
3,27% 3,10%
Cuba Chile
5,73% 2,40%
Ecuador Venezuela Resto de países
9,10% 1,93% 13,31%
Brasil
Colombia 1,85%
8,45%
Otros
Argentina 20,31%
7,62%
Apátridas
Rep. Dominicana y no consta
9,59% 0,25%
Uruguay
1,57%
Perú Marruecos Méjico Guinea Ecuatorial
10,96% 15,71% 1,17% 1,44%
China India
1,33% 1,24%



2.9. La percepción de la inmigración en España

Las encuestas y barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) vie-
nen mostrando que la acogida de la inmigración y de los inmigrantes en España en
los últimos años puede considerarse positiva. Aunque la opinión pública mayorita-
ria conoce poco la situación de la inmigración y muchos españoles no han tenido
una relación personal con inmigrantes, hay un estado de opinión favorable a su
integración. Se prefiere que los inmigrantes accedan al territorio por vía legales,
pero la mayoría de los españoles creen que conviene regularizar su situación con
algunas condiciones y son muy pocos los que optan por la devolución o expulsión.
Una gran mayoría de españoles están a favor de políticas que favorezcan la inte-
gración de los inmigrantes en la sociedad española. Y están también a favor de
que los inmigrantes tengan acceso (en igualdad de condiciones con los españoles)
a las prestaciones del Estado de bienestar como la asistencia sanitaria, la educa-
ción, la vivienda, o los cursos de español o de formación profesional.

La inmigración viene ocupando una de las primeras posiciones como respuesta a la
pregunta sobre los tres problemas principales que existen en España a juicio del en-
trevistado en el Barómetro del CIS. En los meses de enero de 2001 y 2003 ha sido el
cuarto problema señalado por los entrevistados en esta agenda pública, por detrás del
paro (que ocupó el primer lugar en 2003), del terrorismo (en primer lugar en 2001), de
las “vacas locas” en 2001 y de la inseguridad ciudadana en 2003; en 2002 y 2004, la
inmigración ha sido el quinto problema, por detrás del paro, el terrorismo y la insegu-
ridad ciudadana que ocupan esos años las tres primeras posiciones en el ranking de
problemas que existen en España según los entrevistados y por detrás de las drogas
en 2002 y de la vivienda en 2004. En enero de 2005 la inmigración pasó a ser el ter-
cer problema de la agenda pública, sólo por detrás del paro (señalado por el 62 por
ciento de los entrevistados) y del terrorismo (apuntado por el 56 por ciento). Desde fi-
nales de 2004, además, es señalado como uno de los tres “problemas” en España por
más de la quinta parte de los entrevistados (en enero del 2005 por el 21 por ciento).

La proporción de entrevistados que señalan a la inmigración entre los tres problemas
principales en España ha crecido notablemente en los últimos barómetros. En el co-
rrespondiente al mes de octubre 2005 pasó a ocupar la segunda posición y en el de
noviembre mantuvo esa posición. En este mes es señalado como uno de los tres pro-
blemas principales que existen en España por el 40 por ciento de los entrevistados,
sólo por detrás del paro (señalado por el 54 por ciento) (véase Cuadro 2.25).

Pero frente a ésta agenda pública que señala los tres principales problemas que
existen en España, los entrevistados sitúan la inmigración en una posición mucho
más retrasada en el ranking de problemas de su “agenda personal”. En 2001 y 2004
ha ocupado la novena posición, en 2002 la octava, en 2003 la séptima y en enero



de 2005 la sexta. En el barómetro de julio de 2006 ocupa la quinta posición y es
señalada como uno de los tres problemas que más afectan por el 11,8 por ciento
de los entrevistados. Se sitúa detrás de los problemas de índole económica (23,4
por ciento), del paro (señalado por el 22,9 por ciento), la vivienda (20,7 por ciento)
y la inseguridad ciudadana (15,8 por ciento); y por delante de los problemas rela-
cionados con la calidad del empleo (9,7 por ciento), las pensiones (7 por ciento), la
sanidad (5,3 por ciento) y la educación (4,1 por ciento).

Cuadro 2.25. La inmigración en la respuesta a la pregunta sobre los tres problemas principales
que existen en España y los tres que más le afectan personalmente desde 2001

Problemas principales que existen en España Problemas que más le afectan personalmente
Enero de cada
año Posición de la Posición de la
% que lo señalan % que lo señalan
inmigración inmigración

2001 4 17,6 9 4,8
2002 5 15,0 8 6,5
2003 4 14,2 7 6,7
2004 5 16,0 9 6,9
2005 3 21,4 6 9,6
Nov. 2005 2 40,0 5 13,3
2006 2 32,4 5 11,3
Julio 2006 2 35,9 5 11,8

Fuente: CIS, Barómetro mes de enero de cada año, salvo noviembre de 2005 y julio de 2006

Esta distancia tan notable entre la agenda pública y la agenda personal muestra
como la inmigración es una cuestión que la opinión pública juzga de gran impor-
tancia en España, a pesar de que a los entrevistados no les afecte tanto personal-
mente. Sin duda, la importancia otorgada por los medios de comunicación a las
noticias relacionadas con la inmigración, la selección de las mismas y la forma en
que se presentan, influyen también de manera sensible en esta percepción.

Según el barómetro de noviembre de 2005, la inmigración es uno de los dos pro-
blemas más importantes en España en una ligera mayor medida para los hombres
que para las mujeres y para los menores de 54 años que para los mayores de esa
edad; los que más lo señalan como uno de los tres problemas principales de
España son los empresarios con asalariados y altos ejecutivos y los que menos son



los jubilados y pensionistas. Es el segundo problema para todas la posiciones ideo-
lógicas con excepción de las que se sitúan en el extremo derecho del espectro ide-
ológico, para las que ocupa la primera posición. Unas pautas diferenciales simila-
res se producen en la posición que la inmigración ocupa entre las preocupaciones
personales de los entrevistados por sexo, por grupo de edad y por ideología. Pero
por status socioeconómico a los que más les preocupa es a los obreros no cualifi-
cados y a los parados y a los que menos a los profesionales y técnicos.

La percepción de la inmigración por parte de la opinión pública ha cambiado desde el
año 2000. En torno a ese año diversos indicadores muestran cambios relevantes en
distintos aspectos de las opiniones de los españoles respecto a la inmigración que han
ido paralelos con un cierto incremento de los valores de indicadores de racismo y xe-
nofobia. La opinión pública sigue siendo mayoritariamente favorable a la inmigración
pero ha crecido la proporción de los que son reacios al fenómeno. Este hecho hay que
entenderlo, entre otros aspectos, en el marco de un rápido aumento de la presencia
de personas inmigrantes en las ciudades y pueblos de España desde el año 2000 y a la
novedad que supone para muchos españoles el hecho inmigratorio de ciudadanos
prevenientes de países pobres.

El Barómetro del CIS de noviembre de 2005 ofrece importante información sobre la
opinión pública respecto a la inmigración en España, además de la importancia que
tiene entre los retos o problemas que ha de afrontar el país y de los que más afectan al
entrevistado. El 60% opina que el número de personas procedentes de otros países que
viven en España es demasiado, pero esta valoración se hace sobre una premisa falsa,
porque a la pregunta de cuántas personas de cada cien que viven en España han naci-
do fuera del país la media que señalan es del 20,4%, cuando en realidad ni siquiera al-
canza la mitad de esa cifra. Es decir, se tiene la percepción de que viven en España más
extranjeros de los que habitan en realidad y en base a esa falsa información se valora
su número como excesivo. Lo reciente del fenómeno inmigratorio en España y la nota-
ble presencia que esta cuestión tiene en los medios de comunicación puede estar en la
base de esta distorsión y de este juicio de la opinión pública.

La opinión pública está muy a favor de permitir la entrada de trabajadores inmi-
grantes que tengan un contrato de trabajo (el 85% se adhieren a esta opción,
frente al 7% que les parece que lo más adecuado sería permitir su entrada en
España sin poner ningún obstáculo legal o el 6% que preferirían prohibir por com-
pleto la entrada de trabajadores inmigrantes).

Entre los criterios que se apuntan en el barómetro a la hora de permitir a una persona
que no sea española venir a vivir a España, el más importante es que tenga una cuali-
ficación laboral de las que España necesita (valorado en 6,4 sobre 10), que tenga un
buen nivel educativo (5,6 sobre 10), que hable castellano u otras lenguas oficiales (5,2
sobre 10) y que tenga familiares cercanos y/o vivienda aquí (4,7 sobre 10).



Dos tercios de los españoles han tenido alguna vez relación o trato con los inmi-
grantes en España; esta relación o trato se ha producido en el trabajo (61% de los
casos), en relaciones de amistad (55%) o de vecindad (48%).

A la pregunta sobre si el entrevistado cree que a los inmigrantes extranjeros, en gene-
ral, se les deberían dar determinadas facilidades, responden afirmativamente el 93%
para acceder a la enseñanza pública (ellos o sus hijos), el 87% para obtener un pues-
to de trabajo en igualdad de condiciones que los españoles y el 81% para tener asis-
tencia sanitaria gratuita. También responden mayoritariamente de modo afirmativo a
que los inmigrantes pueden practicar su religión si lo desean (81%), traer a su familia
a vivir con ellos (73%), constituir grupos o asociaciones para defender sus derechos
(68%) o afiliarse a partidos políticos o sindicatos (64%).

La mayor parte de los españoles apoya el reconocimiento de derechos políticos a
los inmigrantes: el 78% cree que los inmigrantes deberían tener derecho a obtener
con el tiempo la nacionalidad española; el 61% que deberían poder votar en las
elecciones municipales (61%), incluso en las generales (53%).

En su conjunto, cabe extraer de este análisis dos conclusiones relevantes para el
presente Plan Estratégico:

■ En primer lugar, existe una percepción intensa del impacto que supone la in-
migración en nuestra sociedad, lo que lleva a considerarla como uno de los
asuntos cuya gestión debe figurar como prioridad en la agenda de los poderes
públicos, e incluso a sobrevalorar notablemente el número de personas inmi-
grantes realmente presentes en España. Esa percepción del impacto y el des-
ajuste constatado entre la realidad de la inmigración y la percepción que de
ella se tiene hace necesario impulsar, por un lado, medidas de refuerzo de los
servicios públicos que suavicen el impacto de la inmigración sobre la vida co-
tidiana percibido por los ciudadanos; y por otro, medidas que incrementen el
conocimiento y la comprensión por parte de la población española de los he-
chos, datos y contribuciones más relevantes de la inmigración. Además, resul-
ta imprescindible analizar el impacto generado por el tratamiento informativo
de la inmigración en los medios de comunicación y tratar de consensuar con
los propios medios mejoras en dicho tratamiento.
■ En segundo lugar, y en cuanto la perspectiva desde la cual la población espa-
ñola contempla mayoritariamente la inmigración, hay que destacar que pre-
senta un grado de aceptación muy elevado respecto de la inmigración en la
medida en que vaya ligada a un contrato de trabajo; y que respalda muy ma-
yoritariamente el reconocimiento de derechos a la población inmigrada en
igualdad de condiciones con los españoles, coincidiendo así con la orientación
estratégica del presente Plan.


3

El marco jurídico
de la inmigración
en España


El marco jurídico de la inmigración en España

3. El marco El marco jurídico de la inmigración en España está configurado por un complejo
jurídico de la entramado de normas jurídicas de ámbito internacional, comunitario europeo, na-
cional, autonómico y local, que no es posible exponer aquí en su totalidad. El pre-
inmigración en sente apartado está orientado únicamente a esbozar cuáles son las normas más im-
España portantes de referencia que inciden en la inmigración y en la integración de la
población inmigrada y a aportar una información básica en cuanto a su contenido.

3.1. Regulación constitucional

La Constitución Española es el punto de partida obligado, tanto para conocer el
marco de derechos y obligaciones básicas de las personas inmigrantes en España,
como para conocer la incidencia que el derecho comunitario europeo y los
Tratados internacionales ratificados por España tienen en esta materia.

A tenor del Art. 13.1 de la Constitución Española (CE), “los extranjeros gozarán en
España de las libertades públicas que garantiza el presente Título, en los términos
que establezcan los tratados y la ley.” Esto significa que, en principio, los extranje-
ros tienen los mismos derechos fundamentales que los propios españoles, pero que
la ley o los tratados internacionales pueden introducir diferencias en cuanto a su
ejercicio. Sin embargo, esta posibilidad de introducir diferencias no es ilimitada.
Como ha señalado el Tribunal Constitucional, las limitaciones no pueden afectar a
los derechos “que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana que,
conforme al artículo 10.1 CE, constituyen el fundamento del orden político espa-
ñol” (STC 99/1985), ni tampoco “al contenido del derecho tal y como lo configuran
la propia Constitución o los Tratados internacionales suscritos por España”, siendo
así que “se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo ra-
zonable o lo despojan de la necesaria protección” (STC 11/1981). De acuerdo con el
Tribunal Constitucional (STC 94/1993), el único derecho que la propia Constitución
reserva en exclusiva a los españoles es el de la participación en los asuntos públi-
cos (derecho a votar y ser elegido), aunque abre la posibilidad de que los ciudada-
nos extranjeros puedan participar en las elecciones municipales si así lo establece
una ley o un tratado internacional y si existe reciprocidad, es decir, si los españoles
pueden también ejercer ese derecho en el país de origen del ciudadano extranjero
de que se trate (art. 13.2 CE). Todos los demás derechos son predicables también
de los ciudadanos extranjeros, con las matizaciones en las condiciones de acceso y
ejercicio que el legislador o los tratados internacionales puedan introducir, dentro
de los límites señalados.



3.2. Ámbito internacional

El segundo ámbito normativo que incide en el marco jurídico de la inmigración
está conformado por los tratados y convenciones internacionales. El artículo 96 de
la Constitución Española establece que “los tratados internacionales válidamente
celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del orde-
namiento interno”. Es decir, los tratados internacionales, una vez firmados y ratifi-
cados por España y publicados en el Boletín Oficial del Estado, quedan incorpora-
dos a nuestro propio derecho interno, y pueden ser invocados ante los tribunales
igual que cualquier otra norma de nuestro ordenamiento.

Pero la importancia del Derecho Internacional para el tema que nos ocupa va más
allá, ya que sirve también de parámetro a la hora de interpretar nuestra propia
Constitución. De acuerdo con lo por ella dispuesto en el artículo 10.2 CE “las nor-
mas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución
reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España.”

Lo que nuestra Constitución hace aquí es sentar un principio de convergencia en
la interpretación de los derechos y libertades que ella misma garantiza con los
grandes instrumentos internacionales sobre derechos humanos. De ahí que nues-
tros tribunales, a la hora de fijar el contenido de los derechos y libertades recono-
cidos por la Constitución, acudan con frecuencia a dichos tratados y a las inter-
pretaciones que de ellos hacen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del
Tribunal de Justicia Internacional.

Aparte de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) a la que remite
expresamente el artículo 10.2 de la Constitución a efectos interpretativos, hay que
hacer referencia como principales instrumentos al Pacto Internacional sobre
Derechos Civiles y Políticos (1966) y al Pacto Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966). En el ámbito de la Organización de las
Naciones Unidas, tienen además relevancia para el ámbito de la inmigración las
siguientes convenciones: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
(1951, con su Protocolo de 1967), la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas
(1954), la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial (1965), la Convención Internacional sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), la Convención
Internacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degra-
dantes (1984) y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), y
el Convenio Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabaja-
dores migrantes y de sus familias (1990). Salvo este último, todos han sido ratifi-



cados por España y publicados en el Boletín Oficial del Estado, y, por tanto, forman
parte de nuestro ordenamiento, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución
Española. Además, hay que hacer referencia a la Convención de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional conocida como
Convención de Palermo (2001), y en particular a su Protocolo adicional para pre-
venir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños,
que complementa dicha Convención.

Por otra parte, también la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) se refiere
a los trabajadores extranjeros en numerosos convenios, entre los que cabe desta-
car el Convenio nº 97, sobre trabajadores migrantes (1949, revisado en 1967).

Ya en el ámbito europeo, y más concretamente, del Consejo de Europa, el principal
instrumento, vinculado a la protección dispensada por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, es la Convención Europea para la Protección de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales (1950). Otros instrumentos de referencia
obligada son la Carta Social Europea (1961) y el Convenio relativo al Estatuto
Jurídico del Trabajador Migrante (1977). Todos ellos han sido igualmente ratifica-
dos por España y forman parte de nuestro ordenamiento. Por último, el 16 de
mayo de 2005 se aprobó el Convenio del Consejo de Europa sobre Acciones
contra la Trata de Seres Humanos, que entrará en vigor una vez lo hayan ratifi-
cado diez Estados.



3.3. Ámbito comunitario

El tercer ámbito normativo de relevancia es el de la Unión Europea. De nuevo, el
punto de arranque es la propia Constitución Española, que en su artículo 93 esta-
blece que “mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de Tratados por
los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de
competencias derivadas de la Constitución”. Este artículo habilita la atribución de
competencias normativas a las instituciones comunitarias, cuyos actos jurídicos se
integran igualmente en nuestro ordenamiento. En la actualidad, la base jurídica
que delimita las posibilidades de incidencia de las instituciones comunitarias es el
Título IV del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), que versa sobre
“Visados, Asilo, Inmigración y otras políticas relacionadas con la Libre Circulación
de las Personas”. Bajo esta rúbrica se enumera una serie de medidas a adoptar por
las instituciones comunitarias, a fin de establecer progresivamente un espacio co-
mún de libertad, seguridad y justicia. En particular, hay que destacar por su im-
portancia:

a Las medidas en materia de visados, previstas en el artículo 62 TCE, que por
una parte están encaminadas a garantizar la ausencia de controles en el cru-
ce de las fronteras interiores, tanto de los ciudadanos de la Unión Europea,
como de los nacionales de terceros países, y por otra parte regulan el cruce de
fronteras exteriores de los Estados miembros (normas y procedimientos, visa-
dos de hasta 3 meses de duración, lista de países con visado preceptivo o
exentos de visado, procedimiento de expedición, modelo uniforme de visado,
libertad de circulación);

b Las medidas sobre política de inmigración, previstas en el artículo 63.3 TCE
que se refieren a las condiciones de entrada y de residencia, a los procedi-
mientos de expedición por los Estados miembros de visados de larga duración
y de permisos de residencia, incluidos los destinados a la reagrupación fami-
liar, a la inmigración y la residencia ilegales, incluida la repatriación de resi-
dentes ilegales, así como a las medidas que definan los derechos y las condi-
ciones con arreglo a los cuales los nacionales de terceros países que residan
legalmente en un Estado miembro pueden residir en otros Estados miembros,
previstas en el artículo 63 TCE.

c Las medidas en materia de asilo, en el marco de lo establecido por la
Convención de Ginebra de 1951y el Protocolo de Nueva York de 1967, previs-
tas en el artículo 63.1 y 2 TCE, que se refieren a los criterios y mecanismos
para determinar el Estado miembro que asume la responsabilidad de examinar
una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un na-
cional de un tercer país; a establecer normas mínimas para la acogida de los



solicitantes de asilo en los Estados miembros, normas mínimas para la conce-
sión del estatuto de refugiado a nacionales de terceros países y normas míni-
mas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para
conceder o retirar el estatuto de refugiado; a establecer normas mínimas para
conceder protección temporal a las personas desplazadas procedentes de ter-
ceros países que no pueden volver a su país de origen y para las personas que
por otro motivo necesitan protección internacional; y al fomento de un es-
fuerzo equitativo entre los Estados miembros en la acogida de refugiados y
personas desplazadas.

Estas medidas previstas en los artículos 62 y 63 configuran, por tanto, el ámbito
material sobre el que las instituciones comunitarias pueden incidir, y los actos
normativos que se van adoptando en esta sede se incorporan al ordenamiento de
los Estados miembros. Los actos normativos más trascendentes para la integración
de las personas inmigrantes, y por tanto más relevantes a los efectos del presente
Plan Estratégico, se exponen en el capítulo siguiente, relativo a la política europea
en materia de integración. Baste aquí señalar que la incidencia de la Unión
Europea en las políticas de inmigración e integración está llamada a ser cada vez
mayor, toda vez que se trata de un fenómeno que trasciende con mucho el hori-
zonte estatal y por tanto reclama una acción decidida y concertada en el ámbito
comunitario.



3.4. Regulación estatal

La vigente Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, contiene la principal regulación de
la inmigración. Ha sido reformada en tres ocasiones, a través de las Leyes
Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre, y 14/2003,
de 20 de noviembre, que han modificado la redacción de algunos de sus artículos.
En esta Ley Orgánica se regulan los derechos y libertades de los ciudadanos ex-
tranjeros, incluido el derecho a la reagrupación familiar y las garantías jurídicas;
los requisitos para la entrada en territorio español y para la salida del mismo; las
autorizaciones de estancia, residencia temporal, incluida la residencia por motivo
de arraigo, razones humanitarias u otras circunstancias excepcionales, y la resi-
dencia permanente; los regímenes específicos de estudiantes, apátridas, indocu-
mentados, refugiados y menores no acompañados; las autorizaciones para traba-
jar y el contingente anual de trabajadores extranjeros; las infracciones en materia
de extranjería y su régimen sancionador; y la coordinación de los poderes públicos,
apartados bajo los cuales se regulan las oficinas de extranjería, el Consejo Superior
de Política de Inmigración, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y
el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, además de establecer previ-
siones respecto de la observación permanente del fenómeno inmigratorio, la ac-
tuación de la Inspección de Trabajo destinada a comprobar el cumplimiento del
principio de igualdad y no discriminación de los trabajadores extranjeros, y el apo-
yo de los poderes públicos a las asociaciones de inmigrantes y organizaciones de
apoyo a la inmigración.

La regulación contenida en esta Ley Orgánica se concreta y desarrolla a su vez a
través de diversas normas reglamentarias. La principal es el propio Reglamento de
la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciem-
bre. Las novedades más relevantes para las políticas de integración que esta nor-
ma incorpora se analizan de manera detallada en otro capítulo del presente Plan.
Por otra parte, hay que hacer referencia al régimen específico que rige para los
ciudadanos comunitarios o nacionales de países del Espacio Económico Europeo,
establecido en el Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y perma-
nencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de
otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Este Real
Decreto será reemplazado en breve por otro que transpondrá la Directiva
2004/83/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al dere-
cho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y
residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

Existe también una copiosa jurisprudencia que los tribunales han ido elaborando
en materia de extranjería, un derecho caracterizado por un ritmo muy elevado de



cambios normativos y por un uso frecuente de conceptos jurídicos indeterminados
que los tribunales van paulatinamente concretando por vía interpretativa. De par-
ticular relevancia son las sentencias en esta materia dictadas por el Tribunal
Constitucional y el Tribunal Supremo.

Muchos de los órganos establecidos por la Ley Orgánica para coordinar las políti-
cas de inmigración e integración han sido también objeto de un desarrollo norma-
tivo específico. Así, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes se regula
por el reciente Real Decreto 3/2006, de 16 de enero, el Observatorio Permanente
de la Inmigración se regula por Real Decreto 345/2001, de 4 de abril, y el Consejo
Superior de Política de Inmigración por Real Decreto 344/2001, de 4 de abril, mo-
dificado por Real Decreto 507/2002, de 10 de junio. Por su parte, la Comisión
Interministerial de Extranjería se rige por el Real Decreto 1946/2000, de 1 de di-
ciembre, modificado por Real Decreto 645/2002, de 5 de julio. Para completar el
cuadro institucional, hay que sumar a estos órganos de coordinación y participa-
ción, ya previstos en la Ley Orgánica, la Comisión Laboral Tripartita, creada en vir-
tud de la disposición adicional decimoquinta del Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000 como órgano colegiado del que forman parte las organizaciones sindicales
y empresariales más representativas de carácter estatal. Estos cinco órganos cole-
giados están adscritos al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

En cuanto al régimen de la nacionalidad en España, es decir, lo referente a quién
tiene la nacionalidad española y a los requisitos y procedimientos para que ciuda-
danos extranjeros puedan acceder a esta nacionalidad, se encuentran regulados
en el Código Civil, que en esta materia ha sido reformado de manera sustancial
por las Leyes 18/1990, de 17 de diciembre, y 36/2002, de 8 de octubre. España ha
celebrado además Convenios sobre Doble Nacionalidad con Argentina, Bolivia,
Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República
Dominicana.

Una mención aparte requiere también el ámbito del asilo y la protección interna-
cional, puesto que se rigen por una normativa específica, y sólo subsidiariamente
por la normativa general de extranjería. Apenas unos meses después de que España
se adhiriera, en julio de 1978, a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,
la Constitución Española establecía en su artículo 13.4 que “la ley establecerá los
términos en los que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del
derecho de asilo en España.” En aplicación de este mandato constitucional, se apro-
bó la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición
de refugiado, que fue modificada en algunos aspectos mediante la Ley 9/1994, de
19 de mayo. También ella cuenta con un Reglamento de desarrollo específico, apro-
bado por Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, y modificado en algunos aspec-
tos por los Reales Decretos 864/2001, de 20 de julio, y 2393/2004, de 30 de diciem-



bre. Un aspecto específico de esta regulación es la garantía de la cobertura de las
necesidades básicas de los solicitantes de asilo, prescrita por la Directiva 2003/9/CE
del Consejo, de 27 de enero, sobre condiciones mínimas de acogida para los solici-
tantes de asilo, y que ha sido ya transpuesta a nuestro derecho interno por el cita-
do Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.

En cuanto al estatuto jurídico de los ciudadanos apátridas, les es aplicable la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, a la que España se adhirió
en 1997. Como consecuencia de esta adhesión, se aprobó por Real Decreto
865/2001, de 20 de julio, el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida.

Otra regulación específica es la referente a las personas desplazadas como conse-
cuencia de conflictos bélicos internos o internacionales. En esta materia, el
Consejo de la Unión Europea adoptó la Directiva 2001/55/CE, de 20 de julio, rela-
tiva a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de
afluencia masiva de personas desplazadas, y España transpuso esta Directiva a de-
recho interno mediante el Real Decreto 1353/2003, de 24 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluen-
cia masiva de personas desplazadas.

En la actualidad, el Gobierno prepara una nueva Ley de Asilo, que transpondrá a
derecho interno otras dos Directivas europeas adoptadas por el Consejo de la
Unión Europea en materia de estatuto de refugiado y protección subsidiaria
(Directiva 2004/83/CE, de 29 de abril) y de procedimiento de asilo (Directiva
2005/85/CE, de 1 de diciembre).



3.5. Distribución competencial y regulación de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales

Finalmente, hay que hacer referencia a la distribución de competencias estableci-
da por la Constitución en materia de inmigración e integración y a la regulación
desarrollada por las Comunidades Autónomas. De acuerdo con el artículo 149.1.2ª
de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las ma-
terias de “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”.
Sin embargo, si atendemos a las políticas de integración, que son políticas secto-
riales en materia de empleo, educación, vivienda, sanidad, asuntos sociales, etc., es
evidente que las Comunidades Autónomas tienen asumidas numerosas competen-
cias en estos ámbitos, a través de sus propios Estatutos de Autonomía y de las
transferencias competenciales realizadas, que en unos casos son plenas, de legis-
lación y ejecución, y en otros son solo de ejecución. Así pues, el marco jurídico
proporcionado por las normas estatales, comunitarias e internacionales ha de
completarse con las normas recogidas en los Estatutos de Autonomía y con toda la
legislación autonómica aprobada en desarrollo de dichas normas estatutarias. És-
tas resultan de particular relevancia para las políticas de integración, como pone
de relieve el hecho de que numerosas Comunidades Autónomas hayan aprobado
planes interdepartamentales de inmigración e integración, dispongan en su es-
tructura administrativa de centros directivos con responsabilidades en esta mate-
ria y hayan creado órganos participativos específicos de ámbito autonómico, como
los diversos Foros autonómicos para la inmigración existentes. Finalmente, tam-
bién las entidades locales ostentan competencias que inciden en las políticas de
integración, y de hecho existen también numerosos municipios que cuentan con
Planes de Integración propios o que, en cualquier caso, desarrollan multitud de
iniciativas en este ámbito.


4

Las políticas de
integración en el
ámbito de la
Unión Europea


Las políticas de integración en el ámbito de la Unión Europea

4. Las políticas de 4.1. Los orígenes: el Consejo Europeo de Tampere de 1999
integración en el
ámbito de la
La integración ha constituido desde el inicio uno de los pilares fundamentales de
Unión Europea lo que se ha dado en llamar, en el ámbito de la Unión Europea, una política común
de inmigración y asilo. Cuando los Jefes de Estado y de Gobierno europeos, reuni-
dos en Consejo a finales de 1999 en la ciudad finlandesa de Tampere, decidieron
impulsar la creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia, consi-
deraron imprescindible el desarrollo de políticas comunes en materia de inmigra-
ción y asilo basadas en cuatro pilares fundamentales: la colaboración con países
de origen, un sistema europeo común de asilo, una adecuada gestión de los flujos
migratorios, y el trato justo a los nacionales de terceros países.

En coherencia con la importancia conferida a este último aspecto, las conclusio-
nes de este Consejo de Tampere dedicaron algunos apartados específicos a preci-
sar lo que por tal se entendía.

Así, el apartado decimoctavo señalaba que “la Unión Europea debe garantizar un
trato justo a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el terri-
torio de sus Estados miembros. Una política de integración más decidida debería
encaminarse a concederles derechos y obligaciones comparables a los de los ciu-
dadanos de la Unión, así como a fomentar la ausencia de discriminación en la
vida económica, social y cultural y a desarrollar medidas contra el racismo y la
xenofobia”.

Y en el apartado vigésimoprimero, el Consejo se refería al concreto estatuto jurídi-
co que deberían obtener aquellos nacionales de terceros países que hubieran resi-
dido durante un tiempo determinado en un Estado miembro de la Unión Europea,
señalando que

“El estatuto jurídico de los nacionales de terceros países debería aproximar-
se al de los nacionales de los Estados miembros. A una persona que haya re-
sidido legalmente en un Estado miembro durante un periodo de tiempo por
determinar y que cuente con un permiso de residencia de larga duración, se
le debería conceder en ese Estado miembro un conjunto de derechos de ca-
rácter uniforme lo más cercano posible al de los ciudadanos de la Unión,
que contenga, por ejemplo, el derecho a residir, recibir educación y trabajar
por cuenta ajena o propia, sin olvidar el principio de no discriminación res-
pecto de los ciudadanos del Estado de residencia. El Consejo Europeo hace
suyo el objetivo de ofrecer a los nacionales de terceros países que hayan re-
sidido legalmente durante un periodo prolongado la posibilidad de obtener
la nacionalidad del Estado miembro en que residen.”



Por su parte, el apartado décimonoveno instaba a los Estados a incrementar la lu-
cha contra el racismo y la xenofobia y a elaborar planes nacionales de acción, al
tiempo que invitaba a la Comisión a presentar lo antes posible propuestas de apli-
cación del artículo 13 del Tratado CE que establece una interdicción general de
discriminación.



4.2. Primeros avances: Las Directivas sobre igualdad de trato y no
discriminación, sobre reagrupación familiar y sobre residentes de
larga duración y las Directivas en materia de asilo

El impulso otorgado por este Consejo y por la entrada en vigor, igualmente en
1999, del Tratado de Ámsterdam, se concretó rápidamente en una serie de inicia-
tivas de la Comisión, ulteriormente aprobadas por los Estados miembros, no sin
encontrados debates previos en el seno del propio Consejo.

La Comisión no tardó en secundar el mandato del Consejo europeo de Tampere, y
presentó dos propuestas de Directiva en materia de igualdad de trato y otras dos
propuestas relativas al estatuto jurídico de los extranjeros, en concreto, al derecho
a la reagrupación familiar y al estatuto de los residentes de larga duración.

Las más rápidas en ser aprobadas, ya en el año 2000, fueron las dos Directivas del
Consejo en materia antidiscriminación, la 2000/43/CE relativa a la igualdad de
trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, y la
2000/78/CE, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de
trato en el empleo. Ambas ya han sido transpuestas a derecho español, a través de
la ley 62/2003, de 30 de diciembre. Entre las novedades que introducen están la
ampliación del concepto de discriminación prohibida hasta abarcar las discrimina-
ciones indirectas, la inversión de la carga de la prueba cuando una persona aporta
en un juicio indicios de haber sido discriminada y la creación de un órgano especí-
fico que deberá prestar asistencia jurídica independiente a las víctimas de discri-
minación, realizar estudios sobre discriminación y formular recomendaciones so-
bre las políticas de igualdad de trato a adoptar.

Simultáneamente a la aprobación de estas Directivas, y con el fin de financiar
programas y medidas de apoyo a la lucha contra la discriminación, el Consejo de la
Unión Europea estableció también, por Decisión 2000/750/CE, el Programa de
Acción Comunitario de lucha contra la discriminación (2001-2006), dotado con
100 millones de euros.

En cuanto a dos materias clave para la integración como son la reagrupación fami-
liar (Directiva 2003/86/CE, del Consejo) y el estatuto de los residentes de larga du-
ración (Directiva 2003/109/CE, del Consejo), al que hacían referencia explícita las
Conclusiones de Tampere, la aprobación de las dos Directivas se dilató hasta el año
2003, por los extensos debates en el seno del Consejo entre los Estados miembros.

La Directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar establece el derecho a re-
agrupar al cónyuge o persona con análoga relación debidamente probada y a los
hijos menores, sin más requisitos que una vivienda adecuada, un seguro de enfer-



medad e ingresos suficientes para el sostenimiento familiar. El máximo período de
residencia previa que puede requerirse, antes de ejercitar este derecho, es de dos
años. Los miembros de la familia reagrupados tienen derecho, en igualdad de con-
diciones con el reagrupante, al acceso a la educación, a un empleo por cuenta aje-
na o cuenta propia y a la formación profesional. En relación con esta Directiva,
España ha cursado la pertinente comunicación a la Comisión europea, exponiendo
que no precisa realizar una transposición formal, toda vez que los estándares de la
legislación española en materia de reagrupación familiar están por encima de los
contenidos mínimos exigidos por la Directiva.

La Directiva relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de
larga duración regula los derechos que se adquieren cuando se ha residido de ma-
nera legal e ininterrumpida en el territorio de un Estado miembro durante cinco
años. Tales derechos abarcan, entre otros, la igualdad de trato con los nacionales
en materia de educación, acceso al empleo, seguridad social y el reconocimiento
de diplomas profesionales. Además, se adquiere el derecho de trasladar la residen-
cia, bajo ciertas condiciones, al territorio de otro Estado miembro. Y el estatuto de
residente de larga duración cuenta también con una protección especial frente a
la expulsión, que sólo podrá producirse cuando el residente represente una ame-
naza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública.
Actualmente, el Gobierno está analizando los cambios normativos que va a reque-
rir la transposición de esta Directiva.

Por último, en 2003, y de nuevo invocando expresamente las conclusiones de
Tampere relativas al trato justo a los nacionales de terceros países, el Consejo
adoptó un Reglamento en materia de igualdad de trato en Seguridad Social
(Reglamento (CE) nº 859/2003 del Consejo, de 14 de mayo de 2003), con el fin de
eliminar la exclusión expresa de los nacionales de terceros países que se había he-
cho de los beneficios de dos normas comunitarias anteriores, los Reglamentos
(CEE) nº 1408/71 y nº 574/72. Se trataba de eliminar una discriminación injustifi-
cada por razón de nacionalidad que sufrían los no nacionales de la Unión Europea
cuando se trasladaban de un Estado miembro a otro, en la medida en que perdían
los derechos a las prestaciones de Seguridad Social que hubieran acumulado en el
primero.

Un campo específico, pero que sin duda guarda también una gran relevancia para
las políticas de integración, es el del asilo, en el que las instituciones comunitarias
han desarrollado una intensa actividad normadora. Así, en ejecución del mandato
contenido en los artículos 62 y 63 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo de la Unión Europea adoptó cuatro Directivas y un instrumen-
to financiero de apoyo a las políticas de asilo, el Fondo Europeo para los
Refugiados. Las cuatro directivas se refieren a la protección temporal dispensada
a las personas desplazadas (2001/55/CE, de 20 de julio), a las condiciones mínimas



de acogida para los solicitantes de asilo (2003/9/CE, de 27 de enero), al estatuto
de refugiado y de protección subsidiaria (2004/83/CE, de 29 de abril) y a los proce-
dimientos de asilo (2005/85/CE, de 1 de diciembre). Las dos primeras ya han sido
transpuestas a derecho español, mediante los Reales Decretos 865/2001, de 20 de
julio, y 2393/2004, de 30 de diciembre. En cuanto a las dos últimas, que se refie-
ren al núcleo de la regulación del asilo, el Gobierno está elaborando una nueva Ley
de Asilo con el fin de adecuar la legislación española a lo prescrito por las citadas
directivas.



4.3. Bases para una incipiente política común de integración

Actualmente, la base jurídica de la incipiente política de integración de la Unión
Europea se encuentra en el artículo 63.3 del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea (TCE), que habilita para adoptar “medidas sobre política de inmigración en
el ámbito de condiciones de entrada y de residencia.”

Una base jurídica más específica y sólida sería la brindada por el Tratado por el que
se establece una Constitución para Europa, que sin embargo no está en vigor. El
artículo 267 de este Tratado sienta en primer lugar los pilares de la política co-
mún de inmigración, en un sentido muy similar al del Consejo de Tampere. En con-
creto, establece el mandato de desarrollar una política común de inmigración des-
tinada a garantizar una gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo
de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miem-
bros, así como una prevención de la inmigración ilegal. A continuación, en el apar-
tado cuarto contiene la siguiente habilitación para el ámbito de la integración de
inmigrantes:

“La ley o ley marco europea podrá establecer medidas para fomentar y apo-
yar la acción de los Estados miembros destinada a propiciar la integración
de los nacionales de terceros países que residan legalmente en su territorio,
con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y regla-
mentarias de los Estados miembros”.

Tanto si se toma como referencia la regulación actualmente vigente, como en caso
de que entrara en vigor el Tratado Constitucional o un nuevo Tratado con un pre-
cepto de similar tenor, lo cierto es que las competencias de la Unión Europea en
esta materia tan solo consisten en fomentar y apoyar externamente las medidas
adoptadas por los Estados, pero son éstos quienes tienen toda la capacidad de ini-
ciativa y quienes tienen la competencia normativa exclusiva.

Siendo así, la acción de las instituciones europeas sigue sobre todo una estrategia
indirecta, de tratar de orientar la acción de los Estados. Ello se puede hacer por la
vía de otorgar nuevos impulsos políticos a las decisiones de los Estados miembros,
a través de las conclusiones de los Consejos europeos o de las Comunicaciones de
la Comisión Europea. Las comunicaciones de la Comisión son documentos de de-
bate en los que expone su análisis sobre la materia en cuestión, las medidas que
convendría que la Unión Europea en su conjunto adoptara y las iniciativas que, por
su parte, va a emprender. Las conclusiones de los Consejos europeos, como por
ejemplo el de Tampere, tienen por contra una función de inmediato mandato de
acción para el período subsiguiente, en la medida en que implican el acuerdo entre
todos los Estados miembros sobre el curso de la acción a tomar.



Y la segunda de estas estrategias indirectas consiste en establecer instrumentos
de financiación que sirvan de apoyo a proyectos innovadores en materia de inte-
gración, así como al establecimiento de redes y al intercambio de información y
experiencias entre los Estados miembros de la Unión Europea.

La vía del impulso político: de las Comunicaciones de la Comisión a los
Principios Básicos Comunes sobre Integración

La Comisión europea inauguró la fase post-Tampere con su Comunicación sobre
una política comunitaria de inmigración, de 22 de noviembre de 2000
[COM(2000)757], seguida por su Comunicación relativa a un método abierto de
coordinación de la política comunitaria en materia de inmigración, de 11 de julio
de 2001 [COM(2001)387].

En la primera de ellas aparecen ya ideas clave del enfoque de la Comisión en ma-
teria de integración: señala que el marco ya establecido para la lucha contra la
discriminación y xenofobia deberán complementarse con programas específicos de
integración a escala nacional, regional y local; habla de la integración como pro-
ceso bi-direccional que implica la adaptación tanto por parte de las personas in-
migrantes como por la de la sociedad receptora, dentro del respeto a la dignidad
humana y los derechos humanos, la apreciación del valor del pluralismo y el reco-
nocimiento de que la pertenencia a la sociedad se basa en una serie de derechos,
pero incluye también responsabilidades para todos sus miembros.

Formula también por primera vez el concepto de ciudadanía cívica, entendido
como un conjunto de derechos y obligaciones básicas para todos los ciudadanos,
con independencia de la nacionalidad, para cuyo desarrollo podría servir de refe-
rencia la Carta de derechos fundamentales.

E igualmente habla de la necesidad simultánea de establecer programas de acogi-
da para favorecer la integración desde el mismo momento de la llegada de las per-
sonas inmigrantes y de prestar atención a la segunda generación, incluidos los na-
cidos en la Unión Europea, con particular énfasis en las mujeres y las familias
inmigrantes.

En el plano estratégico, subraya la corresponsabilidad de gobiernos y sociedad civil
por la integración y la necesidad de actuar de manera concertada, con particular
incidencia en el ámbito local. En cuanto a la contribución de la propia Unión
Europea, señala que podría consistir en desarrollar una estrategia pedagógica,
promoviendo el intercambio de información y buenas prácticas y desarrollando di-
rectrices o normas comunes sobre medidas de integración. E igualmente desarro-
llando un programa de acción comunitaria que fomente la comprensión de los



procesos de integración, la evaluación de los programas desarrollados, el diálogo
entre todos los actores y las acciones de sensibilización.

En 2003, la Comisión Europea dedica por primera vez una Comunicación mono-
gráfica al tema de la integración, y más en concreto a la relación entre mercado
de trabajo, inmigración e integración de las personas inmigrantes
[COM(2003)336]. El núcleo de la argumentación estriba en que las ventajas eco-
nómicas y sociales que aporta la inmigración sólo podrán aprovecharse si se al-
canza un mayor grado de integración y si se combate decididamente la discrimi-
nación a que están sometidas las personas inmigrantes. A su vez, aprovechar esas
ventajas resulta imprescindible a la luz de los objetivos establecidos en la llamada
Estrategia de Lisboa (2000), de que la Unión Europea se convierta en la economía
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de man-
tener un crecimiento económico sostenido y de crear más y mejores puestos de
trabajo, con una mayor cohesión social. De ahí que, concluye la Comisión, “la ca-
pacidad de la UE de gestionar la inmigración y de garantizar la integración de los
inmigrantes influirá considerablemente en su capacidad general de controlar la
transformación económica y reforzar la cohesión a corto y largo plazo.”

En cuanto a cómo avanzar hacia esa mejor integración, la Comisión conecta con
las anteriores comunicaciones para desarrollar la idea de que una buena política
de integración tiene que estar basada en un enfoque holístico, que tenga en cuen-
ta no sólo los aspectos económicos y sociales, sino también la dimensión cultural y
religiosa, así como la de la participación cívica y política, en definitiva, contemplar
a las personas inmigrantes en su integralidad.

A continuación pasa revista a cuáles serían los elementos más importantes de esa po-
lítica global, como son la integración en el mercado laboral, la educación, los servicios
sociales y de salud, el entorno social y cultural, la ciudadanía cívica y el respeto a la
diversidad. Subraya las conexiones con la Estrategia Europea de Empleo, los Planes
Nacionales sobre Inclusión Social, las iniciativas para fomentar la cohesión social a
través de los Fondos Estructurales como el Fondo Social Europeo y la iniciativa Equal,
el método abierto de coordinación en materia de educación y la lucha contra la dis-
criminación, para concluir que la integración debe integrarse como objetivo horizon-
tal en todas estas estrategias y políticas (mainstreaming).

Por último, y con el fin de incrementar el conocimiento de las respectivas políticas
de integración entre los Estados miembros, la Comisión crea un foro específico de
intercambio y debate entre las administraciones de los Estados miembros, deno-
minado grupo de puntos nacionales de contacto sobre integración. Este grupo se
reúne con periodicidad bimestral para discutir aspectos concretos de las políticas
de integración en los Estados miembros. Hasta el momento, su principal actividad
ha consistido en la organización de seminarios técnicos sobre integración, en los



que participan expertos de organizaciones no gubernamentales, de agentes socia-
les, de administraciones regionales y locales y de los propios Estados miembros.

Las conclusiones alcanzadas en estos seminarios se plasman en el Manual sobre
Integración para responsables de la formulación de políticas y profesionales, cuya
primera parte se ha publicado en el año 2004. En él se analizan tres temas especí-
ficos: los programas de primera acogida e inserción para inmigrantes recién llega-
dos y refugiados, las medidas para incrementar la participación ciudadana de la
población inmigrante, y el desarrollo de indicadores que permitan evaluar la efica-
cia y el impacto de las políticas de integración aplicadas.

En la segunda entrega, que se publicará en 2007, se analizarán la inserción laboral
de las personas inmigrantes, así como las acciones de lucha contra la discrimina-
ción laboral y de mantenimiento y mejora en el empleo; la problemática de la vi-
vienda y la planificación urbana; la inserción horizontal de la agenda de integra-
ción en las políticas sectoriales más relevantes (educación, vivienda, empleo, etc.)
a todos los niveles; y la creación de infraestructuras y fuentes de financiación es-
tables para las políticas de integración.

El Consejo Europeo celebrado bajo presidencia griega de la Unión Europea en
Salónica, los días de 19 y 20 de junio de 2003, respaldó plenamente en sus conclu-
siones este planteamiento de la Comisión Europea. Asumió igualmente la idea de
la integración como un proceso continuo y bidireccional, de adaptación mutua en-
tre sociedad receptora y población inmigrante.

En el plano estratégico, señaló que “aunque la responsabilidad principal de su ela-
boración sigue incumbiendo a los Estados miembros, dichas medidas deberían ar-
ticularse dentro de un marco coherente de la Unión Europea, teniendo en cuenta
la diversidad jurídica, política, económica, social y cultural de los Estados miem-
bros. Para facilitar la puesta a punto de este marco habría que pensar en definir
Principios Básicos Comunes”.

El desarrollo conceptual que se aprecia en la evolución desde las primeras comuni-
caciones de la Comisión hasta el Consejo de Salónica, y que es reflejo del crecien-
te protagonismo que las cuestiones relativas a la integración han ido asumiendo
en la Unión Europea, cristaliza por último en la aprobación de los Principios
Básicos Comunes sobre Integración en Bruselas, en el Consejo de Ministros de
Justicia y Asuntos de Interior del 19 de noviembre de 2004, como conclusión de
los debates celebrados en la Primera Conferencia Interministerial sobre Integración,
celebrada en Groningen, bajo presidencia holandesa.

Supone el cumplimiento del mandato emanado del Consejo de Salónica de sentar
las bases para contar con un marco coherente europeo en el que insertar las dis-



tintas políticas nacionales. La importancia de estos principios radica en que repre-
sentan un consenso europeo de mínimos de la orientación que debe darse a las
políticas de integración europeas y los elementos que debe integrar, un punto de
partida para articular las intervenciones europeas ulteriores.

Instrumentos financieros

Algunos instrumentos financieros han permitido ya en el pasado desarrollar pro-
gramas con efectos positivos para la integración. En particular hay que mencionar
las acciones financiadas por el Fondo Social Europeo y por la Iniciativa
Comunitaria Equal, en la medida en que numerosas personas inmigrantes han po-
dido beneficiarse de los programas de inserción laboral y de lucha contra la exclu-
sión social establecidos con carácter general.

Con anterioridad, al hablar de las Directivas en materia anti-discriminación se
mencionó igualmente el programa de acción comunitario de lucha contra la discri-
minación, de indudable relevancia para las políticas de integración. Y por último,
hay que mencionar el Fondo Europeo de Refugiados, que también permite financiar
acciones de integración, aunque siempre limitadas al ámbito del asilo y refugio.

Sin embargo, lo que hasta el presente no había existido es un instrumento finan-
ciero específicamente diseñado para financiar, con carácter estable, programas de
integración. Desde el año 2003 hasta el 2006 ha existido una convocatoria especí-
fica de la Comisión Europea para proyectos piloto en el ámbito de la integración
(INTI), pero con un alcance muy limitado.

Para el período 2007-2013 se dispone ya, por primera vez, de un instrumento es-
tructural: el Fondo Europeo de Integración, dotado con 825 millones de euros.
Este Fondo forma parte del Programa Marco de Solidaridad y Gestión de Flujos
Migratorios, integrado además por los nuevos fondos de control de fronteras exte-
riores, de retorno y de refugiados. El Fondo europeo de Integración estará dedica-
do a respaldar las acciones de los Estados en materia de integración de personas
inmigrantes, en proporción al número de estas personas presentes en su territorio.
Se trata, por tanto, de un instrumento de solidaridad europea del que un país
como España, con una presencia y unos flujos de entrada que se sitúan estadísti-
camente en la zona alta de la Unión Europea, se verá muy beneficiado. La gestión
de este Fondo se realizará sobre la base de las directrices estratégicas aprobadas
en el ámbito de la Unión Europea y los planes de acción plurianuales presentados
por los Estados.

En su Comunicación de 1 de septiembre de 2005 sobre Una agenda común para la
integración [COM(2005)38], la Comisión Europea aporta numerosas propuestas



sobre las acciones a realizar sobre la base de este Fondo, tomando como referen-
cia los Principios Básicos Comunes sobre Integración. De hecho, la idea central
aquí defendida es convertir la aplicación práctica de los Principios Básicos
Comunes en el núcleo de la agenda común europea y adoptar una serie de medi-
das destinadas a acompañar este proceso y a garantizar la coherencia entre las
acciones adoptadas a escala nacional y a escala europea.

Entre las medidas de acompañamiento recomendadas destacan las de dotar un
fondo europeo específico para financiar políticas de integración y la de crear un
foro europeo para la integración. Asimismo, la Comisión analiza cómo reforzar la
coordinación potenciando instrumentos tales como el grupo de puntos nacionales
de contacto sobre integración, el manual de integración, la creación de una pági-
na web europea de buenas prácticas o el informe anual de la Unión Europea sobre
inmigración e integración.

Tras esta iniciativa de la Comisión, son de nuevo los Estados miembros quienes tienen
la palabra. El presente Plan Estratégico, como los planes y actuaciones similares que
están desarrollando muchos de nuestros socios europeos, suponen una primera res-
puesta a este envite, limitada al plano estatal. No obstante, la convicción compartida
de que las políticas de integración tienen una inequívoca dimensión europea impone
buscar vías para profundizar en la coordinación de estas políticas.

Para ello, existe en la práctica comunitaria un instrumento que se ha revelado
como útil en ámbitos como la estrategia europea de empleo o la lucha contra la
exclusión social, y que se conoce como método abierto de coordinación
[COM(2001)387]. En síntesis, consiste en que la Comisión propone y el Consejo, en
su caso, aprueba una serie de directrices comunes, y que a continuación cada
Estado elabora un plan de acción para aplicar tales directrices a su peculiar reali-
dad. Posteriormente, y partiendo de los informes estatales, la Comisión prepara un
informe de síntesis que pone de relieve los problemas comunes e identifica los
ámbitos para los cuales podrían adaptarse soluciones europeas.

Este método permite que cada Estado utilice las estrategias que le parezcan más
adecuadas para lograr unos objetivos previamente consensuados, evaluar los pro-
gresos realizados, corregir las estrategias que se revelen erróneas, y producir una
aproximación gradual y espontánea de las distintas políticas nacionales.

En definitiva, si la fase preparatoria consistente en establecer un marco para el
desarrollo de una política común de integración ha sido concluida con éxito, tal
vez haya llegado el momento de pasar, sin más dilación, porque la realidad apre-
mia, a la siguiente fase, y comenzar a coordinar efectivamente las políticas euro-
peas. El Fondo Europeo de Integración supone un valioso soporte para ello.


5

Las administraciones
y la sociedad
española ante la
integración de los
inmigrantes


Las administraciones y la sociedad española ante la integración de los inmigrantes

5. Las 5.1. Análisis de la política de integración de los inmigrantes
administraciones del Estado hasta 2004
y la sociedad
española ante la Plan para la Integración Social de los Inmigrantes de 1994
integración de los
inmigrantes En 1990 el Gobierno presentó una Comunicación al Congreso de los Diputados so-
bre la Situación de los extranjeros en España. Líneas básicas de la política española
de extranjería que terminaba con las siguientes palabras: “En la década de los no-
venta, España se va a consolidar como un país de inmigración, lo que nos obliga a
diseñar y poner en marcha una política coherente y global de extranjería que pre-
serve nuestros intereses económicos y nuestra cohesión social, que tenga en cuen-
ta nuestros lazos históricos y culturales y que garantice, de acuerdo con los valo-
res de la España democrática, una completa integración del colectivo de
residentes extranjeros que eligieron como lugar de vida y de trabajo nuestro país”.
A partir de las grandes líneas expuestas en esta Comunicación del Gobierno, en
marzo de 1991 el Parlamento aprobó una Proposición no de Ley relativa a la situa-
ción de los extranjeros en España que es de gran relevancia porque a partir de ella
comenzó a formularse una política más activa de inmigración.

El 2 de diciembre de 1994, el Consejo de Ministros aprobó el Plan para la
Integración Social de los Inmigrantes (PISI) como “marco de referencia para la
Administración General del Estado, propuesta de acción para las Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales y cauce para una participación activa de la
sociedad civil a favor de la integración de la población inmigrante”. Con este Plan
se pretendía abordar, por primera vez en España, la inmigración con un enfoque
global, siguiendo las directrices de la Unión Europea. El PISI partía del reconoci-
miento de que “los movimientos migratorios representan un factor esencial de
transformación y cambio de las sociedades occidentales a las que plantean el reto
de una configuración pluricultural y pluriétnica, en la que deben establecer rela-
ciones armónicas de convivencia, rechazando las tendencias xenófobas y racistas”
y ponía el acento en cuatro puntos:

■ “El fenómeno inmigratorio es un tema complejo, que requiere un tratamiento
equilibrado entre los aspectos de dirección y control de flujos y los relaciona-
dos con la integración social de los inmigrantes. Hasta ahora se ha prestado
atención preferente a los primeros, tanto por razones lógicas como de urgen-
cia social, ahora es necesario insistir en los segundos.

■ La integración representa un largo proceso dirigido a conseguir la gradual incorpo-
ración y participación de los inmigrantes en la vida económica y social del país de
acogida, en un clima de respeto y aceptación recíprocas. De ahí que sea necesario
adoptar medidas de largo alcance, que requieren un lento proceso de maduración.



■ La integración exige la consideración del inmigrante en su globalidad, no sólo
como trabajador, sino como ciudadano, con necesidades y requerimientos en
los ámbitos educativo, cultural, sanitario, convivencia territorial y de partici-
pación social.

■ El proceso de integración requiere un diálogo constante entre las diferentes
Administraciones Públicas y con los interlocutores sociales”.

El PISI se planteó los siguientes objetivos:

1 Eliminar cualquier tipo de discriminación injustificada, tanto en el ejercicio de
derechos y deberes como en el acceso a los servicios existentes.
2 Promover una convivencia basada en valores democráticos y en actitudes to-
lerantes.
3 Garantizar al inmigrante una situación legal y socialmente estable.
4 Combatir las barreras que dificultan la integración.
5 Luchar contra la explotación de los trabajadores extranjeros.
6 Movilizar a la sociedad contra el racismo y la xenofobia.

Para la consecución de estos objetivos, se crearon dos instrumentos y se adopta-
ron 26 medidas. Los dos instrumentos, que han seguido funcionando con distintas
modificaciones a lo largo del tiempo, son:

■ El Foro para la Integración de los Inmigrantes.
■ El Observatorio Permanente de la Inmigración.

Las medidas del PISI se agruparon en cuatro bloques: de carácter normativo, de
carácter socio-laboral, de carácter educativo y cultural y medidas para la partici-
pación social.

Las medidas de carácter normativo fueron las siguientes: facilitar el procedimien-
to para la adquisición de la nacionalidad española a los extranjeros nacidos en
España; participar, en su caso, en las elecciones municipales sobre la base de la re-
ciprocidad; la revisión del sistema de permisos o autorizaciones a extranjeros,
considerando la ampliación de la duración de los permisos de trabajo y residencia;
la adecuación de los criterios sobre concesión de permisos de trabajo para favore-
cer la flexibilización de los requisitos de concesión de los permisos de trabajo con



vistas a favorecer la movilidad geográfica o funcional de los trabajadores extran-
jeros; dotar a la mujer de estatuto jurídico, independiente del de su cónyuge, que
garantice su autonomía y facilite su integración; y la modificación del Real
Decreto 511/1992, de 14 de mayo, por el que se creó la Comisión Interministerial
de Extranjería, a efectos de constituir la Comisión Delegada de Flujos Migratorios,
promoción e Integración Social.

Las medidas del PISI de carácter socio-laboral fueron la organización de acciones
de orientación y perfeccionamiento profesional; el acceso a los programas de em-
pleo promovidos por los poderes públicos para los inmigrantes establecidos de for-
ma permanente; el impulso de la negociación colectiva en los sectores productivos
en los que la presencia de inmigrantes es mayoritaria; el apoyo a los pequeños
empresarios agrícolas o Corporaciones Locales, con vistas a facilitar un alojamien-
to adecuado a los inmigrantes temporeros; el acceso de los inmigrantes regulares
a las prestaciones sociales, de acuerdo con la normativa reguladora; la atención
dentro de los servicios sociales a colectivos específicos de inmigrantes, en espe-
cial, niños, jóvenes y mujeres.

Las medidas de carácter educativo y cultural fueron la enseñanza de la lengua o
lenguas utilizadas en la zona de acogida; coordinar con la enseñanza normal las
clases de lengua y cultura materna de los inmigrantes; el acceso de los inmigran-
tes establecidos y sus familias a las becas y ayudas de estudios; acciones de sensi-
bilización y aprecio de la cultura e historia propias de los países origen de los flu-
jos; la formación de cuadros y animadores sociales procedentes de la inmigración;
la inclusión en los programas educativos de información sobre los peligros de la
xenofobia y el racismo y a favor de la convivencia multicultural y la tolerancia.

Las medidas para el fomento de la participación social fueron la información a los
inmigrantes sobre nuestras normas fundamentales para la convivencia democráti-
ca; programas de información y orientación dirigidos a los inmigrantes sobre hábi-
tos y prácticas sociales del país de acogida; la adecuación de procedimientos y
formación de funcionarios para mejorar la comprensión y sensibilización hacia el
colectivo inmigrante; las acciones de reconocimiento y respeto a las tradiciones y
manifestaciones culturales del colectivo inmigrante: el apoyo a las asociaciones
de inmigrantes; la articulación de cauces de participación, de naturaleza consulti-
va, en la que se integren los inmigrantes; la sensibilización a los medios de comu-
nicación y propuesta de un “código ético” en el tratamiento de la información so-
bre los inmigrantes; las campañas de información y sensibilización social sobre
prejuicios y estereotipos referidos al colectivo inmigrante.

La importancia del PISI deriva de la introducción en España de algunos elementos
conceptuales comunitarios respecto a la integración de los inmigrantes, del esta-
blecimiento de objetivos para la acción pública en este terreno y de la sistemati-



zación de una serie de medidas concretas. El PISI fue en buena medida el punto de
partida para que otras administraciones comenzaran a elaborar planes de integra-
ción de los inmigrantes. El PISI creó el Foro para la Integración Social de los
Inmigrantes, que ha sido desde entonces el órgano de participación de los inmi-
grantes porque está definido como un órgano de carácter consultivo para todas la
cuestiones que tienen que afecten a la inmigración. En el PISI se creó también el
Observatorio Permanente de Inmigración.

En la estela del PISI se produjo la aprobación del Real Decreto 155/1996, de 2 de
febrero, por el que se aprobó el nuevo Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica
7/1985. Este Reglamento introdujo, entre otras novedades, los permisos de resi-
dencia y de trabajo permanentes y la no discrecionalidad de la administración en
la renovación de los permisos, que son dos elementos importantes para la integra-
ción de los inmigrantes.

Programa Global de Regulación y Coordinación de Extranjería
e Inmigración de 2001

El 30 de marzo de 2001, el Consejo de Ministros aprobó el Programa Global de
Regulación y Coordinación de Extranjería e Inmigración (Programa GRECO) para el
período 2001-2004. El GRECO se autopresentaba como “la primera iniciativa prepa-
rada en nuestro país para afrontar el tratamiento de la extranjería y la inmigración
desde todas sus vertientes”. El Programa se estructuraba en cuatro líneas básicas:

■ Diseño global y coordinado de la inmigración como fenómeno deseable para
España, en el marco de la Unión Europea.
■ Integración de los residentes extranjeros y de sus familias que contribuyen
activamente al crecimiento de España.
■ Regulación de los flujos migratorios para garantizar la convivencia en la so-
ciedad española.
■ Mantenimiento del sistema de protección para los refugiados y desplazados.

Cada una de estas líneas básicas se desarrollaba en 23 acciones que se concretan
en 72 medidas propuestas por los distintos Departamentos ministeriales y coordi-
nadas por la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración del
Ministerio del Interior. Las medidas relativas a la integración de los inmigrantes
eran las siguientes:

■ Dentro de la primera línea básica se incluían medidas para el estudio del fe-
nómeno migratorio en España, su evolución y previsiones, por medio de estas
medidas: Dotar al Observatorio Permanente de la Inmigración de los medios
necesarios para que tenga capacidad de análisis, así como de alcanzar conclu-



siones y elevar propuestas y la Coordinación de las distintas Administraciones
Públicas que puedan suministrar datos sobre inmigración, para que el conoci-
miento de todas ellas contribuya al adecuado tratamiento del fenómeno. Y
medidas para el codesarrollo de los países de origen y tránsito de los inmi-
grantes, con estas medidas: Formación de inmigrantes que puedan ser agen-
tes de desarrollo a su vuelta al país de origen; Ayuda a su reinserción en los
países de origen; Orientación de su ahorro hacia inversiones productivas en
los países de origen; Promoción del Fondo para la concesión de microcréditos
para proyectos de desarrollo social básico en países de origen; y Asistencia
técnica a los países de los que proceden los inmigrantes.

■ El segundo bloque estaba orientado a favorecer la “Integración de los residen-
tes extranjeros y sus familias que contribuyen activamente al crecimiento de
España” y para ello se aprobaron las medidas en siete campos distintos:

1 Alcanzar el ejercicio pleno de los derechos de los que son titulares las
personas inmigrantes, con las siguientes medidas: Prestación de la asis-
tencia sanitaria, con especial atención a determinados grupos, como me-
nores y mujeres, así como a la educación para la salud y a la prevención
de enfermedades; Atención educativa específica para los alumnos inmi-
grantes, en aras a su integración educativa y en la sociedad española;
Tramitación de la reagrupación para los familiares de los extranjeros que
residen en territorio español, como uno de los mecanismos más impor-
tantes para conseguir la plena integración en nuestra sociedad; Ejercicio
de la libertad religiosa dentro del respeto a la diversidad de cultos

2 Mejora de los procedimientos para la adquisición de la nacionalidad, me-
diante la reducción de los plazos de tramitación, considerando que repre-
senta un claro exponente de la integración en nuestra sociedad.

3 Incorporación de los inmigrantes al mercado de trabajo, en igualdad de
condiciones que los españoles, partiendo de las siguientes medidas:
Facilitar su incorporación al mercado de trabajo cuando tengan dificulta-
des de inserción laboral, mediante el diseño de “itinerarios integrados de
inserción”; Ordenación del movimiento migratorio dentro del territorio
español para atender las ofertas de trabajo no cubiertas y para evitar la
afluencia masiva de trabajadores a zonas en las que ya esté satisfecha la
oferta de puestos de trabajo.

4 Acogida y atención de extranjeros que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad, con las siguientes medidas: Construcción de Centros de
estancia temporal para Inmigrantes: Creación de plazas de acogida en
colaboración con organizaciones no gubernamentales; Programas especí-



ficos para jóvenes extranjeros; Creación de unidades de atención especí-
fica a los inmigrantes en el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

5 Actuación concertada para la ejecución de medidas de integración con
Administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales, con las
siguientes medidas: La constitución del Consejo Superior de Política de
Inmigración; El funcionamiento del Foro para la Integración Social de los
Inmigrantes; Convenios con Comunidades autónomas y Ayuntamientos;
Apoyo a organizaciones no gubernamentales.

6 Revisión de la estructura administrativa existente para atender a la tra-
mitación de las autorizaciones y permisos que son solicitados por los in-
migrantes, en base a estas medidas: Potenciación de las Oficinas de
Extranjeros como órganos especializados en la tramitación de todos los
expedientes administrativos; Diseño de una red informática y de comuni-
caciones única en todo el territorio español; Formación específica y per-
manente actualización del personal; Simplificación de los procedimientos
administrativos y mejora de la coordinación en las distintas fases de su
tramitación (visados, permisos, etc.).

7 Lucha contra el racismo y la xenofobia, con estas medidas: Mejora de in-
fraestructuras, medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado; Campañas informativas sobre la inmigración como
fenómeno positivo: Fomento de valores en el sistema educativo que per-
mitan luchar contra el racismo y la xenofobia.

■ Dentro de la regulación de los flujos migratorios para garantizar la conviven-
cia en la sociedad española, el GRECO se propuso la “mejora de los mecanis-
mos destinados a luchar contra la explotación de trabajadores extranjeros”,
con estas medidas: Control de las condiciones de trabajo, salarios y Seguridad
Social de los trabajadores extranjeros, y especialmente en las áreas geográfi-
cas y en los sectores de actividad en los que sea mayor su presencia;
Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el control de las
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores extranjeros en España, y
la lucha contra el empleo ilegal de trabajadores extranjeros; Coordinación de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal y los órganos judiciales para luchar
contra las actividades de trata de mano de obra extranjera. Se planteó tam-
bién la mejora de los mecanismos existentes para la protección de los meno-
res extranjeros no acompañados, con estas medidas: Colaboración con insti-
tuciones sanitarias para la determinación de la edad; Coordinación de las
actuaciones a realizar por las Administraciones estatal y autonómica con es-
tos menores.



■ Dentro del objetivo del “Mantenimiento del sistema de la protección para los
refugiados y desplazados” el GRECO perseguía proporcionar capacitación la-
boral para los refugiados, con estas medidas: Promoción profesional a través
de la correspondiente formación ocupacional; e Inserción en el mercado de
trabajo.

El Programa GRECO puso de relieve las necesidades de inmigrantes que tiene la
economía española, relacionó la política de integración de los inmigrantes con las
políticas de inmigración y ordenó una serie de medidas que distintos Centros
Directivos de la Administración General del Estado llevaban a cabo hasta entonces
de forma dispersa.



5.2. Las nuevas líneas de actuación política desde 2004

El compromiso del actual Gobierno, y más concretamente, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, con las po-
líticas de integración se ha venido concretando en importantes decisiones desde su
misma toma de posesión. Iniciativas como la creación de la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sacando
las competencias de inmigración del área del Ministerio del Interior y traspasándolas al
Departamento que gestiona las políticas sociales y que se ocupa de la integración so-
cial de colectivos desfavorecidos; la creación de un nuevo Centro Directivo, como es la
Dirección General de Integración de los Inmigrantes, dedicado exclusivamente a esta
tarea; la incorporación a la política de inmigración y a la gestión de la misma de la di-
mensión de la integración de los inmigrantes, como se ha plasmado en la elaboración
del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 y en el proceso de normalización lle-
vado a cabo en 2005; la creación de un Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de
los Inmigrantes también en 2005, que se ha consolidado en los siguientes ejercicios
aumentando notablemente su dotación; la potenciación de distintos instrumentos de
apoyo a las políticas de integración de los inmigrantes, como subvenciones o progra-
mas europeos; o el impulso para la inclusión de la problemática de la integración de
los inmigrantes en los planes de actuación de carácter general.

La futura creación de la Agencia Estatal de Inmigración y Emigración, prevista en
la Ley de Agencias Estatales, vendrá a reformar los instrumentos institucionales
para la gestión de las políticas de inmigración y de integración de los inmigrantes.

El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000: un instrumento
al servicio de la integración

a) El consenso como pilar esencial del Reglamento y de las políticas de integración

El nuevo Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado me-
diante el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, es uno de los pilares de la
actual política de integración de las personas inmigrantes. Aunque por su propia
naturaleza una norma administrativa no puede incidir directamente en los pro-
cesos de integración de las personas inmigrantes en nuestra sociedad, que de-
penden de muchos otros factores, sí que se le debe exigir que la regulación en él
contenida favorezca tales procesos y que aporte instrumentos legales que facili-
ten la labor de todas las administraciones y autoridades públicas en favor de la
integración. Ambas exigencias han estado bien presentes a la hora de elaborar el
nuevo Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.



Es preciso destacar el alto grado de participación y de consenso social y polí-
tico que ha presidido la elaboración del Reglamento, articulado a través de un
doble proceso de consulta a partidos políticos, organizaciones sociales y aso-
ciaciones de inmigrantes, y del acuerdo sobre todos los elementos clave del
Reglamento alcanzado en el seno de la mesa de concertación social con las
organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y patronales (CEOE y CEPYME).
La búsqueda de este amplísimo consenso forma parte de las condiciones sine qua
non del éxito de cualquier política de integración. Si la inmigración y la integra-
ción son procesos sociales que tienen un impacto en múltiples esferas y dimen-
siones, en la economía, el mercado laboral, el sistema de pensiones y la
Seguridad Social, pero también en los colegios e institutos, en los ambulatorios y
hospitales, en los centros de servicios sociales, en los barrios, en suma, en la con-
vivencia diaria, entonces es erróneo cualquier intento de imponer unilateralmen-
te un determinado modelo. Una sociedad no se integra por decreto.
En consecuencia, este compromiso con el consenso en torno a la política de
inmigración tampoco puede agotarse en el momento de la aprobación del
Reglamento sino que ha de prolongarse en el tiempo. De ahí que el
Reglamento cree, en su disposición adicional decimoquinta, la Comisión
Laboral Tripartita de Inmigración como cauce permanente de concertación de
las medidas de política inmigratoria y de integración con las organizaciones
sindicales y empresariales.

b) Mejora de los cauces de inmigración legal

Un segundo pilar del nuevo Reglamento se refiere a la mejora de los cauces
legales de inmigración existentes, partiendo de dos premisas: que un buen
proceso de integración comienza con una inmigración realizada cumpliendo
con todos los requisitos legalmente establecidos; y que buena parte de la in-
migración tiene carácter laboral y responde a la existencia de puestos de tra-
bajo vacantes en España. Se imponía, por tanto conectar de una manera mu-
cho más rápida y eficaz las ofertas insatisfechas de nuestro mercado laboral y
la demanda de trabajo de ciudadanos extranjeros.
A este fin, el nuevo Reglamento introduce un catálogo de ocupaciones de di-
fícil cobertura, flexibiliza el contingente anual de trabajadores extranjeros,
potencia la figura del visado para búsqueda de empleo y establece una base
de datos compartida entre los distintos Ministerios implicados en el otorga-
miento de los visados y las autorizaciones de residencia y trabajo (Asuntos
Exteriores y Cooperación; Interior; Trabajo y Asuntos Sociales). Estas medidas
han permitido reducir notablemente los tiempos de tramitación de las autori-
zaciones de residencia y trabajo. Todas estas medidas tienen un impacto posi-
tivo inmediato en la integración de los nuevos ciudadanos.



c) Agilización de los trámites de renovación y de reagrupación familiar

De similar trascendencia para la integración es la reducción de la carga y las
disfunciones burocráticas que venían soportando los ciudadanos inmigrantes,
en contraste con la evolución general de nuestro Derecho administrativo.
Ciertamente, existe una serie de controles necesarios antes de otorgar una
autorización inicial de residencia y trabajo, antes de renovar esa autorización
o antes de otorgar una autorización de residencia por reagrupación familiar.
Pero no es justificable que, en el ejercicio de esos controles preceptivos, la
Administración exija un mayor número de trámites, imponga una demora ma-
yor o funcione con menos garantías de las que consideraríamos razonable en
el caso de un ciudadano español.

Por ello, además de las medidas de refuerzo administrativo adoptadas, el
Reglamento acorta con carácter general los plazos de tramitación, y simultá-
neamente amplía a dos meses el período antes de la caducidad de las autori-
zaciones en el cual los ciudadanos inmigrantes pueden solicitar su renova-
ción, lo que permite evitar períodos transitorios de incertidumbre o
irregularidad entre las autorizaciones iniciales y las renovadas. También regu-
la la certificación de silencio positivo, que permite al administrado acreditar
la renovación en caso de que la Administración no haya contestado en plazo a
su solicitud. Y por último aumenta la seguridad jurídica al establecer clara-
mente los requisitos en cuanto a trabajo y cotización de la Seguridad Social
que se requieren para renovar la autorización de residencia y trabajo.

En cuanto a la reagrupación familiar, que constituye uno de los derechos bási-
cos para la integración, también se ha agilizado notablemente el procedi-
miento, al permitir solicitar de manera simultánea la reagrupación familiar y
la renovación de la autorización de residencia y trabajo inicial y al establecer
un plazo máximo de 15 días para que el Ayuntamiento en el que el ciudadano
reagrupante esté empadronado certifique que dispone de vivienda adecuada
para la reagrupación a realizar.

d) Lucha contra la contratación irregular en la economía sumergida

Otro componente esencial de las políticas públicas de integración, entendidas
de manera integral, es la lucha contra la contratación irregular y la explota-
ción de trabajadores inmigrantes en la economía sumergida. Esta perniciosa
práctica mantiene a los trabajadores en situaciones de precariedad, les impo-
sibilita reclamar sus legítimos derechos como trabajadores y les empuja a si-
tuaciones de marginalidad, al tiempo que les excluye de poder contribuir
equitativamente al sostenimiento del sistema de prestaciones sociales.



Hasta el momento, el principal obstáculo para la persecución de este fenóme-
no era el propio temor del trabajador inmigrante a ser descubierto, en cuanto
podía conllevar su expulsión por trabajar de manera irregular. Por ello, el
Reglamento crea la figura de la autorización de residencia por colaboración
con autoridad administrativa, pensada especialmente para proteger a aquellos
trabajadores inmigrantes que colaboren con la Inspección de Trabajo. Esta no-
vedad abre también las vías al establecimiento de protocolos de colaboración
entre los sindicatos y la propia Inspección de Trabajo para luchar contra la
contratación irregular de trabajadores inmigrantes.

El segundo instrumento creado por el Reglamento para este mismo fin es el
llamado arraigo laboral, conforme al cual un trabajador que lleva al menos
dos años en España, de los cuales ha tenido relaciones laborales probadas me-
diante sentencia, resolución o acta de la Inspección de Trabajo durante al me-
nos un año, puede también acceder a una autorización de residencia. De nue-
vo, se trata de una figura que busca proteger al trabajador que denuncia una
situación irregular o de explotación, y en esa misma medida desincentiva la
contratación irregular de trabajadores inmigrantes.

e) Vínculo entre el arraigo social efectivo y la autorización de residencia

Aunque nuestro sistema de inmigración está basado en potenciar los cauces
ordenados de inmigración y en luchar contra la inmigración realizada de ma-
nera irregular, tanto mediante expulsiones como de la lucha contra las mafias
y el crimen organizado de trata de personas, es inevitable que se produzcan
algunos casos de personas inmigrantes que permanecen entre nosotros en si-
tuación administrativa irregular por un tiempo prolongado y no han podido
ser expulsados. En la medida en que van adquiriendo un arraigo efectivo en
España y son usuarios de los servicios sociales básicos, se hace cada vez más
insostenible social y humanamente que permanezcan en dicha situación irre-
gular. Por ello, el Reglamento, a través de la figura del llamado arraigo social,
prevé que un ciudadano inmigrante que lleve tres años en España pueda ac-
ceder a una autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando pueda pre-
sentar un contrato de trabajo; carezca de antecedentes penales; y acredite su
arraigo mediante sus vínculos con familiares directos o mediante un informe
social elaborado por el Ayuntamiento en el que esté empadronado.

f) Refuerzo del papel de los Ayuntamientos

Al igual que sucedía en la reagrupación familiar, también aquí se ha querido
reforzar el papel de los Ayuntamientos en los procesos de integración, hasta
ahora insuficientemente valorado y apoyado, puesto que es en el ámbito local
donde se gestiona la convivencia, donde actúan los servicios comunitarios y



donde más se hace sentir el impacto de la inmigración. Por ello, parecía opor-
tuno, además de reforzar los medios materiales con los que cuentan los
Ayuntamientos a través del Fondo de Apoyo a la Integración, del cual el 50%
está reservado para las entidades locales, dotarles de instrumentos jurídicos
con los que puedan incidir en la situación administrativa de las personas in-
migrantes con las que trabajan. Esta es la finalidad del informe sobre el arrai-
go social o del informe sobre vivienda a efectos de reagrupación familiar.

g) Lucha contra la violencia de género

Por otra parte, la lucha general contra la violencia de género que el Gobierno
viene desarrollando en todos los ámbitos tiene también algunas concreciones
prácticas en el ámbito de la inmigración. Ante todo, era necesario proteger ju-
rídicamente a las mujeres inmigrantes que denunciaran a sus agresores, y ello
tanto en el ámbito del régimen de reagrupación familiar, como en el de las
personas en situación irregular. En la reagrupación familiar el problema con-
sistía en la dependencia, a efectos de la autorización de residencia, de la per-
sona reagrupada respecto de la reagrupante. Para solventarlo, el Reglamento
prevé que las víctimas de violencia de género, una vez obtenida una orden ju-
dicial de protección, accedan a una autorización de carácter independiente.

En el caso de las personas en situación irregular, el problema consistía en el
temor a ser expulsadas en caso de acudir a comisaría a denunciar la agresión.
Por ello, el Reglamento introduce expresamente la violencia doméstica como
supuesto que, una vez declarado mediante sentencia, da lugar a una autoriza-
ción de residencia por razones humanitarias, y permite solicitar dicha autori-
zación desde el mismo momento en que se obtiene la orden judicial de pro-
tección.

h) Menores no acompañados

También en el tratamiento de los menores no acompañados era necesario in-
troducir algunas mejoras jurídicas que facilitaran el trabajo en pro del interés
superior del menor, principio básico que rige en esta materia. Así, el
Reglamento introduce la garantía de que la repatriación del menor sólo se
acordará si se dan las condiciones para la efectiva reagrupación familiar del
menor o para su adecuada tutela por parte de los servicios de protección de
menores del país de origen.

Aclara también una norma elemental que se desprende de la propia Ley
Orgánica 4/2000, pero que en la práctica había suscitado alguna confusión,
como es que la residencia de un menor tutelado por una Administración pú-
blica se considera regular a todos los efectos, con independencia de la opor-



tuna tramitación de la autorización de residencia. Para solventar los proble-
mas detectados en la práctica, el Reglamento aclara en este mismo sentido
que el hecho de que el menor tutelado no cuente con una autorización de re-
sidencia no es obstáculo para que pueda acceder a aquellas actividades o pro-
gramas de educación o formación que, a criterio de la entidad de protección
de menores competente, redunden en su beneficio. Y, a la inversa, establece
que el hecho de contar con autorización de residencia no supone obstáculo
para la repatriación, cuando se pueda hacer con las garantías antes señaladas.

Por último, restaba el problema de la transición a la mayoría de edad, es decir,
del régimen jurídico aplicable a aquellos menores tutelados que alcanzan la
mayoría de edad sin haber obtenido la autorización de residencia. Para estos
supuestos, el Reglamento faculta a las entidades de protección de menores a
recomendar la concesión de una autorización de residencia a aquellos de sus
tutelados que hayan alcanzado la mayoría de edad, siempre y cuando hayan
participado adecuadamente en las acciones formativas programadas por di-
chas entidades.

i) Otros supuestos excepcionales

Finalmente, el Reglamento prevé una serie de supuestos adicionales en los
que las personas inmigrantes puede acceder a una autorización de residencia
por circunstancias excepcionales, como son las víctimas de delitos contra los
derechos de los trabajadores o de delitos en los que haya concurrido la cir-
cunstancia agravante de comisión por motivos racistas, antisemitas o de otra
clase de discriminación, las personas gravemente enfermas cuya salud o vida
correrían peligro en caso de ausencia o interrupción del tratamiento médico o
las personas que acrediten que el traslado al país de que son originarios sería
peligroso para su seguridad o la de su familia. Se trata de casos en los que por
razones humanitarias y de legislación internacional no cabe la expulsión, por
lo que parece adecuado prever vías de acceso a una autorización de residen-
cia que estabilice su situación administrativa.

En síntesis, cabría concluir que el Reglamento de extranjería, concebido como
un instrumento dentro del conjunto de las políticas públicas de integración,
favorece la integración de las personas inmigrantes por la vía de facilitar la
inmigración por cauces legales, combatir la contratación irregular, reforzar el
protagonismo de los ayuntamientos en los procesos de integración y mejorar
el tratamiento jurídico de algunas situaciones particularmente cualificadas o
sensibles, como las de las personas con la vida ya arraigada en España, las víc-
timas de violencia de género o de delitos de carácter xenófobo o los menores
no acompañados, entre otras.



El proceso extraordinario de normalización (febrero-mayo 2005)

Como punto de partida de la nueva regulación de los cauces de inmigración y de
las mejoras en la gestión administrativa de los procedimientos sobre la materia in-
troducidos por el Reglamento, se consideró necesario ordenar la situación genera-
da por la presencia de un número significativo de extranjeros que desarrollaban
trabajos por cuenta ajena en España de manera irregular, sin la previa obtención
de la preceptiva autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena,
con el consiguiente perjuicio para el inmigrante, por la indefensión que su situa-
ción irregular supone ante posibles abusos; para el trabajador español, dada la re-
baja en los salarios que el empleo de inmigrantes irregulares produce; para el em-
presario que contrata legalmente, de acuerdo con las normas de Derecho laboral y
de Seguridad Social, por lo que supone de competencia desleal; como, finalmente,
para la sociedad española en su conjunto, en cuanto a la existencia de relaciones
laborales clandestinas, que no suponen contribución alguna a la Hacienda pública,
ni al Sistema de Seguridad Social.

Así, el Gobierno decidió hacer frente a una situación heredada, como medida pre-
via a la nueva regulación de los cauces para la llegada regular de trabajadores ex-
tranjeros desde el origen, destinadas al establecimiento de un sistema de gestión
más ágil y eficaz.

En este sentido, la disposición transitoria tercera del Real Decreto 2393/2004, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, articuló un proceso
extraordinario dirigido a la normalización de las relaciones laborales irregulares
existentes entre empleadores y trabajadores extranjeros carentes de la preceptiva
autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

Para poder acogerse al proceso, el trabajador extranjero debía acreditar su presen-
cia en España desde al menos seis meses antes de la entrada en vigor del nuevo
Reglamento, que se produjo el 7 de febrero de 2005; la existencia de un contrato
de trabajo con una duración mínima de seis meses (con carácter general, y sin per-
juicio del establecimiento de modulaciones a este requisito en el sector agrario y
el sector de hostelería) a contar desde la concesión de la autorización; y carecer de
antecedentes penales tanto en España, como en su país de origen, por delitos tipi-
ficados en el ordenamiento español. Finalmente, la eficacia de la autorización de
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena quedaba condicionada a la poste-
rior afiliación y/o alta del trabajador extranjero en el sistema de Seguridad Social.

Así, el Gobierno, siendo plenamente consciente de que la citada medida temporal
de exceptuación a los cauces ordinarios de admisión de trabajadores extranjeros
en territorio español, tenía como objetivo claro finalizar una situación heredada,
de presencia de trabajadores extranjeros, que no siendo titulares de una autoriza-



ción de para residir y trabajar en España, desarrollaban actividades laborales por
cuenta ajena en el marco de la economía sumergida, y conocedor de los resultados
no deseables obtenidos a partir de los procesos extraordinarios de regularización
de la situación de extranjeros en España, en los años 2000 y 2001, por la no vincu-
lación estricta de las citadas medidas a la existencia de una inmersión real del ex-
tranjero en el mercado laboral y en el sistema de Seguridad Social, estableció, tan-
to en el ámbito de presentación de solicitudes de autorización de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena (desarrollado entre 8 de febrero y 7 de mayo
de 2005) como en la resolución de las mismas, un control estricto de los requisitos
normativamente establecidos.

Por otro lado, la normalización de las relaciones existentes entre empleadores y
trabajadores extranjeros en el marco de la economía sumergida contribuyó de for-
ma clara a posibilitar la integración de estos últimos en la sociedad, a través de su
integración en el mercado laboral ordenado en situación de igualdad de derechos
y obligaciones con el resto de los trabajadores, combatiendo posibles prácticas de
discriminación y explotación y facilitando, de este modo, su contribución a la fi-
nanciación de las políticas públicas mediante el cumplimiento de las obligaciones
fiscales y sociales derivadas de la prestación de servicios laborales.

En el marco del proceso, fueron presentadas un total de 691.655 solicitudes de
autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, con la siguiente
distribución porcentual por razón de sexo y grupos de edad:

■ 59% correspondientes a trabajadores extranjeros y 41% a trabajadoras ex-
tranjeras.
■ 22% relativas a trabajadores extranjeros menores de 26 años; 68%, a trabaja-
dores extranjeros de entre 26 y 45 años; y 10 % relativas a trabajadores ex-
tranjeros de 46 años en adelante.

Respecto a la distribución de las solicitudes por el sector de actividad en el que se
enmarcaba la ocupación para la cual se solicitaba la autorización de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena, es reflejada en el siguiente gráfico:



Gráfico 5.1. Total de solicitudes de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena presentadas
en el proceso de normalización 2005: 691.655

Distribución por sectores

Otros Servicio doméstico
15% 31%

Hostelería
10%

Comercio por menor
5%

Fabricación textil
3%
Construcción Agricultura, ganadería y caza
21% 15%

En cuanto a las principales nacionalidades de los trabajadores extranjeros que
presentaron o a cuyo favor se presentaron dichas solicitudes, debe destacarse que
cinco de ellas aglutinaron los siguientes porcentajes: ecuatoriana (20%), rumana
(17%), marroquí (13%), colombiana (8%) y boliviana (7 por ciento).

Gráfico 5.2. Solicitudes presentadas en el proceso de normalización por países

140.020
Ecuador

242.198
Resto

118.546
Rumanía

47.325
Bolivia

56.760 86.806
Colombia Marruecos



En relación con los datos de gestión de dichas solicitudes, a fecha de 25 de agosto
de 2006, eran los siguientes:

% sobre
Cifra solicitudes
absoluta presentadas

Total solicitudes 691.655
Resoluciones favorables 577.923 83,56
Resoluciones denegatorias/inadmisiones a trámite/procedimientos archivados 113.389 16,39
Afiliaciones y/o altas en Seguridad Social 564.487 81,61
En trámite (*) 343 0,04
(*) Concepto que incluye aquellas resoluciones dictadas y en relación con las cuales se haya podido interponer un recurso administrativo o judicial.

En relación con las cifras reseñadas en la tabla anterior, resulta destacable que la
cifra de afiliaciones y/o altas en la Seguridad Social se elevó al 97,67% del total
de autorizaciones inicialmente concedidas, y cuya eficacia estaba condicionada a
dicha afiliación y/o alta.

Los datos relativos a la distribución de las afiliaciones y/o altas en Seguridad
Social posteriores a la concesión de una autorización de residencia temporal y tra-
bajo por cuenta ajena en el proceso de normalización, por razón del régimen de
afiliación/alta en la Seguridad Social, la nacionalidad y el sexo del trabajador ex-
tranjero, son los siguientes:

Gráfico 5.3. Afiliaciones y/o altas en Seguridad Social por régimen de afiliación

Agrario Mar Hogar
14,24% 0,12% 33,18%
80.373 655 187.296

General Otros
22,49%
126.978

General Hostelería General Construcción
10,06% 19,91%
56.776 112.409



Gráfico 5.4. Afiliaciones y/o altas en Seguridad Social por nacionalidad del trabajador extranjero

124.794
107.961
97.913

66.881
49.308
38.332
21.732 20.791 19.037
9.423 8.315
Marruecos

Argentina
Colombia
Rumanía

Bulgaria

Uruguay

Pakistán
Ecuador

Ucrania
Bolivia

Resto
Gráfico 5.4. Afiliaciones y/o altas en Seguridad Social por sexo del trabajador extranjero

Mujeres Hombres
44% 56%

En definitiva, el desarrollo del proceso de normalización vino a responder de forma
plena al objetivo principal perseguido con su articulación: el afloramiento de rela-
ciones laborales que hasta entonces se desarrollaban en la economía sumergida. A
partir de él, por otro lado, un importante número de trabajadores extranjeros vie-
ron al mismo tiempo reconocidos sus derechos laborales y se constituyeron en su-
jetos de obligaciones en condiciones de igualdad con los ciudadanos españoles.



Finalmente, dicha valoración socioeconómica viene completada por el refuerzo
que el proceso supuso en los principios democráticos de rechazo de prácticas dis-
criminatorias y de explotación de seres humanos.

El Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes
y al Refuerzo Educativo

En los Presupuestos Generales del Estado del año 2005 se creó, por primera vez, un
Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes, así como al Refuerzo
Educativo de los mismos, con la finalidad de promover y potenciar las políticas públi-
cas en estos ámbitos y, con ello, reforzar la cohesión social. Este Fondo ha tenido una
dotación de 120 millones de Euros para el año 2005, y para 2006 se ha incrementado
en un 52% llegando a 182,4 millones de euros, destinándose el 50% al Refuerzo
Educativo y un 40% a Ayuntamientos. Para el año 2007, el presupuesto previsto al-
canzará los 200 millones de euros, lo que supone un aumento de casi el 10%.

El Fondo ha posibilitado la definición y el establecimiento de un marco de coope-
ración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas
cuya gestión se ha basado en los siguientes principios operativos:

■ La subsidiaridad, respetando el ámbito competencial en relación con la inte-
gración de inmigrantes.
■ La complementariedad en relación con las actuaciones que las Comunidades
Autónomas vienen realizando, permitiendo incrementar los recursos en deter-
minadas áreas deficitarias.
■ La cooperación interinstitucional entre la Administración General del Estado,
las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

La asignación de recursos a cada una de las Comunidades Autónomas y Ciudades
se realiza en base a principios de equidad y transparencia, atendiendo a diversos
criterios objetivos. En el caso de la partida destinada a Acogida e Integración, se
partió de una asignación básica para cada Comunidad Autónoma, en aplicación de
un criterio de solidaridad interterritorial y con el fin de que las Comunidades con
menos presencia de inmigrantes contaran, en todo caso, con una aportación esta-
ble. Se considera también un criterio vinculado a las situaciones especiales de de-
terminadas Comunidades Autónomas que, por su situación geográfica o por la
proporción de población inmigrante respecto a la población total soportan una
mayor presión migratoria.

Además de los criterios básicos enumerados anteriormente, se tienen también en
cuenta criterios tales como:



■ El número de extranjeros extracomunitarios empadronados.
■ El número de trabajadores extracomunitarios afiliados a la Seguridad Social.
■ El número de trabajadores extracomunitarios afiliados al régimen especial
agrario de la Seguridad Social.

Dichos criterios se ponderan de acuerdo a los siguientes porcentajes:

■ Asignación básica: 10%
■ Situaciones especiales: 20%
■ Inmigrantes empadronados: 35%
■ Trabajadores afiliados al REA: 10%
■ Afiliados al Régimen General de Seguridad Social: 25%

Para la distribución de la partida destinada al Refuerzo Educativo se tienen en
cuenta, como criterios, el número total de menores extracomunitarios escolariza-
dos en enseñanza no universitaria, así como el número de dichos menores proce-
dentes de países no hispanohablantes, valorándose ambos criterios con un 60% y
un 40% respectivamente.

El Marco de Cooperación para la Gestión del Fondo, así como la asignación de los
recursos de dicho Fondo a las Comunidades Autónomas es analizado e informado
en el Consejo Superior de Política de Inmigración. Posteriormente, el Consejo de
Ministros, mediante Acuerdo, aprueba la distribución del Fondo.

La cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y, más concretamente, de la
Dirección General de Integración de los Inmigrantes, y las Comunidades
Autónomas se ha articulado a través de Planes de Acción concertados con cada
una de ellas y recogidos en el correspondiente Convenio de colaboración.

Las actuaciones recogidas en los Planes de Acción de cada Comunidad Autónoma,
se enmarcan en 10 Ejes previstos, 7 de carácter sectorial (acogida, educación, em-
pleo, servicios sociales, vivienda, salud y participación) y 3 de carácter transversal
(igualdad de trato, perspectiva de género y sensibilización), y dentro de las
Medidas sugeridas para cada uno de ellos, adaptando cada Comunidad Autónoma
sus actuaciones prioritarias a sus peculiaridades en cuanto al territorio, las carac-
terísticas de la población inmigrada y sus necesidades. En el año 2006, se han in-
corporado dos nuevos ejes referidos a Infancia y Juventud y Codesarrollo.

La corresponsabilidad de las distintas Administraciones en las actuaciones de-
sarrolladas por las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos y la cofinanciación
constituyen elementos importantes del modelo de cooperación. Progresivamente ha
de ir consolidándose tanto el modelo de cooperación aplicado, como las líneas de in-



tervención a desarrollar, de manera que permita visualizar en su conjunto las políticas
y recursos de integración existentes en todo el territorio español.

Asimismo, la Dirección General de Integración de los Inmigrantes complementará
y apoyará el marco de cooperación con las Comunidades Autónomas mediante ac-
ciones de información, seguimiento, evaluación e intercambio de experiencias y
buenas prácticas.

Las líneas de intervención a través del Fondo de Apoyo se han articulado en torno
a los 5 epígrafes siguientes:

■ Refuerzo de los servicios públicos.
■ Complementación de las áreas de actuación en las que se detecta mayor ne-
cesidad de intervención.
■ Formación de profesionales en interculturalidad.
■ Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.
■ Refuerzo del tercer sector y de su capacidad operativa.

El seguimiento realizado a través de las Comisiones Técnicas de Seguimiento y el
análisis de las Memorias Finales presentadas por las Comunidades Autónomas y
las Ciudades de Ceuta y Melilla en 2005, ha permitido identificar hacia qué ejes y
medidas prioritarias se han orientado las actuaciones, tanto en el ámbito regional,
como en el de los Ayuntamientos. Asimismo, este seguimiento ha dado informa-
ción sobre los mecanismos de cooperación horizontal (entre las distintas
Consejerías que participan) y vertical (hacia Diputaciones y Ayuntamientos) y los
instrumentos de gestión aplicados. La información de carácter cuantitativo y otros
indicadores de carácter cualitativo, permitirán evaluar la eficiencia del Fondo y, en
definitiva, definir progresivamente modelos de integración en los distintos ámbi-
tos sectoriales.

Progresivamente, se irán incorporando y homogenizando los indicadores y mecanis-
mos de evaluación que permitan analizar el proceso, los resultados y el impacto y, con
ello, avanzar en el perfeccionamiento del modelo de cooperación establecido.

Por último, progresivamente se irán incorporando indicadores y mecanismos de
evaluación que permitan analizar el proceso, los resultados y el impacto y, con
ello, perfeccionar progresivamente el modelo de cooperación establecido.



Promoción de políticas de integración con diversos instrumentos

Actuaciones a través de subvenciones de régimen general

En la política de integración y en este Plan Estratégico no pueden estar ausentes
todo el conjunto de acciones desarrolladas por ONG, que inciden en las condicio-
nes de vida de los inmigrantes y en sus posibilidades de inserción e incorporación
plena a la sociedad española mediante diversos instrumentos, entre los que desta-
can los Convenios con Entidades de reconocido prestigio y tradición en la gestión
de programas a favor de inmigrantes, solicitantes de asilo, y otras personas a las
que se ha reconocido protección internacional, y las Subvenciones otorgadas tan-
to a ONG españolas de apoyo a los inmigrantes, como a las Organizaciones étnicas
que representan directamente sus intereses.

Las Subvenciones constituyen uno de los instrumentos más eficaces para el des-
arrollo de medidas de acogida e integración de inmigrantes. La reagrupación fami-
liar, la incorporación progresiva al trabajo normalizado, y la diversidad interna del
colectivo inmigrante han propiciado la necesidad de reforzar, mediante un notable
incremento de las Subvenciones públicas, la estructura, el mantenimiento y las ac-
tividades de las citadas Organizaciones.

En este sentido, mediante la Orden TAS/1783/2006, de 2 de junio por la que se es-
tablecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de Subvenciones del área
de integración de los inmigrantes, se incrementa notablemente el abanico de pro-
gramas y actuaciones a favor de los inmigrantes y las organizaciones o entidades
sin animo de lucro que les prestan apoyo. Mediante esta norma se pretenden con-
seguir varios objetivos.

■ En primer lugar, se consolidan y amplían los programas para promover la
mejora organizativa, estructural y de equipamiento de las entidades así como
la mejora de la calidad de sus procesos y actividades con la finalidad de mejo-
rar su eficacia y eficiencia en el apoyo a los inmigrantes y sus familias.

■ En segundo término, se amplían notablemente el espectro de programas des-
tinados a fomentar la integración de los inmigrantes en el ámbito de la infor-
mación y asesoramiento, el aprendizaje de la lengua y cultura españolas y el
mantenimiento de las de origen, el refuerzo educativo y actividades extraes-
colares tendentes a prevenir el fracaso escolar y la exclusión social; la media-
ción intercultural; la conciliación de la vida familiar y laboral y la promoción
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la creación de redes
de apoyo social a personas victimas de trata o explotación sexual, y violencia
xenófoba y de género, entre otros.



■ En tercer lugar, se establecen nuevos programas subvencionados que tienen
por objeto la sensibilización social para la prevención de la discriminación y la
aparición de actitudes racistas y xenófobas que, a la vez, fomenten la convi-
vencia intercultural.

■ En cuarto lugar, en consonancia con las previsiones de este plan estratégico
igualmente se introducen nuevas líneas de subvenciones en los ámbitos del
empleo, la salud, y en favor de la mujer con el objetivo de favorecer una ma-
yor integración de los hombres y mujeres inmigrantes.

■ Por último, en respuesta a la situación creada por la creciente inmigración
irregular por las fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias, y para garantizar una
adecuada protección humanitaria a los inmigrantes vulnerables, se prevén por
primera vez como programas subvencionables aquellos destinados a la acogi-
da básica a colectivos en situaciones especiales y de urgente necesidad, con
objeto de facilitar atención básica y alojamiento humanitario a este colectivo.

Esta importante ampliación de programas y actuaciones han tenido reflejo en el
notable incremento de las partidas presupuestarias destinados a estos fines que
han pasado de 3.524.000 Euros en el año 2004 a 8.240.000 Euros en el año 2006.

Actuaciones ligadas a programas europeos

Especial consideración merecen los programas dirigidos a la integración laboral
cofinanciados por el Fondo Social Europeo que se enmarcan en los Programas
Operativos Plurirregionales Comunitarios de Lucha contra la Discriminación y cu-
yos objetivos son:

■ Por un lado, facilitar la inserción laboral y la integración en el mercado de tra-
bajo a inmigrantes que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social
a través del desarrollo de itinerarios integrados de inserción laboral individua-
lizados. Se prevén subvencionar especialmente programas de preformación,
formación profesional ocupacional, apoyo al autoempleo y programas dirigi-
dos a personas con alto grado de vulnerabilidad social y en particular a muje-
res inmigrantes con cargas familiares y escasa cualificación, así como a los
inmigrantes que desempeñen su actividad laboral en condiciones precarias.

■ Por otro lado, se prevén programas dedicados a sensibilizar al mundo empre-
sarial y a la sociedad en general con el fin de prevenir la discriminación en el
acceso y permanencia en el mercado de trabajo a través de campañas especi-
ficas, estudios o seminarios.



■ Por ultimo, se contemplan los programas de formación de profesionales en el
campo específico de la inmigración entre los que destacan aquellos relaciona-
dos con el medio ambiente, la igualdad entre hombres y mujeres y el aprove-
chamiento de las nuevas tecnologías, vinculados al empleo.

La financiación de estos programas ha supuesto para el año 2006 3.799.000 Euros.

El Plan Estratégico debe ser la plataforma para dar continuidad a las acciones y
resultados del actual Programa Operativo Plurirregional, el mantenimiento de la
financiación destinada a la lucha contra la discriminación tanto para la formación
y el empleo, como para infraestructuras, en el marco del próximo periodo de des-
arrollo de los Fondos Estructurales (2007-2013).

Mención especial merecen los programas destinados a cofinanciar proyectos en el
seno de la Iniciativa Comunitaria EQUAL del Fondo Social Europeo. Esta iniciativa
está destinada a apoyar a los Estados miembros y a las Entidades Sociales en ge-
neral para los programas dirigidos a los colectivos más desfavorecidos o en riesgo
de exclusión social. El programa español de EQUAL contempla tanto a los inmi-
grantes como a los solicitantes de asilo y los refugiados en los ejes de empleo y la
inserción en el mercado de trabajo.

En relación con los inmigrantes, en el desarrollo práctico de esta iniciativa se pue-
den subrayar tanto las actuaciones tendentes a prevenir y erradicar el racismo y la
xenofobia en el entorno laboral como a promover y facilitar el acceso y la reincor-
poración al mercado de trabajo de las personas que sufren dificultades para inte-
grarse o reintegrarse en un mercado de trabajo que debe estar abierto a todos.

A través de diferentes actuaciones de la Iniciativa Comunitaria EQUAL se han ensaya-
do formulas para conseguir la integración sociolaboral de personas pertenecientes a
minorías étnicas, favoreciendo la creación de espacios interculturales de convivencia.

En el ámbito de los solicitantes de asilo y la iniciativa EQUAL, el proyecto ENEAS
contempla acciones destinadas a este colectivo con el objeto de mejorar su capa-
cidad de inserción laboral en condiciones de igualdad, a través principalmente de
acciones formativas y ayudas para la organización de cursos de formación general
y profesional.

También cabe destacar los programas destinados a cofinanciar acciones relaciona-
das con la acogida, integración y retorno de refugiados, solicitantes de asilo y per-
sonas con protección internacional que se desarrollan a través de la participación
española en el Fondo Europeo para los Refugiados (FER). Estas acciones tienen en
cuenta la situación particular de personas vulnerables: menores, discapacitados y
personas que hayan sufrido torturas u otras formas de violencia.



Actuaciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF

Dentro del marco general de subvenciones de la Administración General del
Estado conviene destacar las otorgadas para la realización de programas de coo-
peración y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Los programas de interés general y la delimitación de las prioridades que se han de
tener en cuenta para la concesión de subvenciones se deben enmarcan dentro de
las actuaciones impulsadas por el Gobierno dirigidas a los grupos sociales afecta-
dos por carencias sociales, económicas o culturales, entre los que se encuentra el
colectivo inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados u otras personas con pro-
tección internacional, y especialmente en las contenidas en el presente Plan
Estratégico.

Hasta el momento, los programas que se han considerado prioritarios en este ám-
bito han sido los dedicados a la acogida y a los de retorno y reasentamiento de in-
migrantes.

■ El programa de acogida tiene como objeto el establecimiento de plazas para
la acogida de personas inmigrantes en situación de necesidad o riesgo de ex-
clusión social, con la finalidad otorgar prestaciones básicas en materia de alo-
jamiento, manutención y apoyo social al proceso de integración, incluyendo
acciones de información, orientación y asesoramiento. También destacan den-
tro de este ámbito los programas de apoyo a la movilidad geográfica dentro
del territorio nacional que favorezcan la inserción laboral y social y aquellos
que incluyen acciones que facilitan la reagrupación familiar.

■ En los programas de retorno voluntario y el reasentamiento se considera prio-
ritarias las actuaciones de información y orientación para la realización del
retorno en condiciones adecuadas para los beneficiarios, apoyo a los gastos
de transporte y primera instalación y formación y ayuda para la reinstalación
en el país de origen.

Durante 2006 se han concedido subvenciones al amparo de este programa por im-
porte de 9.812.702 Euros, de los que 9.025.472 Euros se han destinado para aco-
gida y 628.230 Euros para retorno y reasentamiento.



Subvenciones a municipios con programas innovadores

Por dos años consecutivos, 2005 y 2006, mediante la Orden TAS/3441/2005, de 2
noviembre y Orden TAS/3141/2006, de 11 de octubre, se han realizado convocato-
rias de subvenciones dirigidas a municipios, mancomunidades de municipios y co-
marcas para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de
los inmigrantes. Tras reconocer el importante papel que las administraciones loca-
les han venido asumiendo en materia de acogida, atención e integración del co-
lectivo de inmigrantes, intentando dar respuesta a las demandas presentada por
un colectivo que acude a los servicios municipales como primera vía de acceso a
los servicios públicos, se establece así una línea de cooperación con los
Ayuntamientos (con más de 5.000 inmigrantes empadronados que supongan el 5,5
por ciento o más del total del Padrón municipal). Las convocatorias de subvencio-
nes están dirigidas a financiar programas innovadores que faciliten la inclusión
social de los inmigrantes, prevengan situaciones de riesgo y promuevan la convi-
vencia ciudadana en el entorno local.

La Orden de 2005 entiende por programas innovadores aquellos que desarrollen e
implanten nuevos procesos y modelos de intervención social con inmigrantes den-
tro de alguna de las siguientes líneas de actuación:

a Desarrollo intercultural a través de la promoción del conocimiento de las dis-
tintas culturas que conviven en el municipio.
b Acomodación de los procesos de gestión de los espacios públicos a las nuevas
demandas de su uso.
c Gestión de la diversidad en la prestación de los servicios municipales.
d Conocimiento y modificación de hábitos laborales mediante procesos infor-
mativos de orientación y participación socio-laboral con la implicación de las
organizaciones sociales, empresariales y sindicales del Municipio.
e Promoción y facilitación del acceso de los inmigrantes a los servicios públicos
municipales normalizados.
f Promoción de integración de inmigrantes en el entorno rural.
g Promoción de la participación ciudadana de cara a conseguir la rehabilitación
del entorno local.
h Sensibilización del conjunto de la sociedad para prevenir la discriminación, el
racismo y la xenofobia. en el acceso a bienes y servicios.
i Prevención de conductas grupales antisociales, racistas y xenófobas vincula-
das a bandas juveniles, sectas, etc.
j Conciliación de la vida familiar y laboral.



A través de esta convocatoria se concedieron 154 subvenciones a ayuntamientos y
mancomunidades por un total de 6.396.720 euros.

Según la Orden de 2006, podían ser objeto de subvención los programas innova-
dores dirigidos a fomentar, en el ámbito de las competencias de las entidades lo-
cales, la integración de los inmigrantes y en especial los siguientes:

a Programas que fomenten la inclusión social y cultural en el entorno local,
prevengan los riesgos de exclusión y potencien la convivencia ciudadana
b Planes de intervención social integral para la prevención y/o el tratamiento de
situaciones de infravivienda, hacinamiento o riesgo de segregación, especial-
mente en zonas con alto índice de población inmigrada.
c Programas dirigidos al fomento de la participación de personas inmigrantes
en los distintos ámbitos de la vida municipal, con especial atención a las mu-
jeres inmigrantes.
d Programas dirigidos a la prevención de conductas discriminatorias, racistas y
xenófobas y programas de sensibilización dirigidos a la población en general.

Actuaciones relacionadas con la acogida humanitaria de inmigrantes recién llegados

En los últimos años, y especialmente durante todo el año 2006, se han producido
situaciones relacionadas con la llegada de personas inmigrantes en situación de
vulnerabilidad a determinados puntos del territorio español que han exigido la ac-
tuación urgente de los poderes públicos para prestar la necesaria atención huma-
nitaria y dar respuestas a las distintas necesidades sobrevenidas.

En este sentido cabe citar el Plan de Traslados de Canarias a la Península, previsto
en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de enero de 2005 y por el que se
aprobó un Programa de Acogida a inmigrantes en situación de vulnerabilidad, el
Plan de Acción Inmediato, desplegado por el Gobierno en marzo de 2006 para
abordar la situación creada con la llegada de inmigrantes irregulares a las costas
españolas procedentes de Mauritania y de otros países subsaharianos así como la
aprobación de diversas normas para canalizar la atención a personas inmigrantes
en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, el Gobierno ha aprobado durante el año 2006 dos reales decretos
que conceden subvenciones directas a determinadas entidades para la atención
humanitaria a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad que legan a las
Comunidades Autónomas de Canarias y de Andalucía y a las Ciudades de Ceuta y
Melilla. Su objetivo es facilitar una atención sociosanitaria de urgencia en las cos-
tas, su traslado a la península de aquellos inmigrantes que se pueda revolver a su



país de salida y programas de acogida temporal y atención de necesidades básicas.
Se ha tratado de proporcionar a estas personas carentes de documentación y redes
sociales, una acogida temporal, de emergencia, contemplando también acciones
de orientación general y jurídica así como una intervención en relación a las pro-
blemáticas psicosociales, familiares y sanitarias proporcionando apoyo para el ac-
ceso a redes de apoyo.

Programa especial de acogida e integración de solicitantes de asilo, refugiados
e inmigrantes

Anualmente se conceden subvenciones nominativas previstas en los presupuestos
generales del Estado a las entidades CRE, CEAR y ACCEM para el desarrolllo de
programas de acogida e integración social y laboral, dirigidas básicamente a el
mantenimiento del programa general de atención a los solicitantes de asilo y per-
sonas con protección internacional en cumplimiento de los compromisos españo-
les derivados de la Convención de Ginebra y Directivas Comunitarias: servicios de
acogida temporal, información y orientación, asistencia básica y urgente, asesora-
miento jurídico, integración social y laboral, asistencia sanitaria y psicológica, re-
torno, reasentamiento y reagrupación familiar, y ayudas de intermediación de cara
a la vivienda y la educación. Estos programas han tenido una financiación en el
año 2006 de 16.397.960 Euros, que ha supuesto un incremento del 34% respecto
al año 2004.

La integración de los inmigrantes en los planes de actuación de carácter general

Junto a estas intervenciones orientadas a favorecer la integración de los inmi-
grantes llevadas a cabo desde la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración, la problemática de la inmigración y de las necesidades y demandas de
los inmigrantes se han ido incorporando a otros planes de actuación pública bajo
el impulso de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Esta incorpora-
ción transversal de la cuestión inmigrante en la gestión pública viene a movilizar
políticas generales específicas con la finalidad de lograr la igualdad efectiva de los
inmigrantes con los nacionales y, en esa línea, a reforzar políticas orientadas a
ofrecer un tratamiento normalizado a los inmigrantes en igualdad de condiciones
reales que los autóctonos. Es el caso, por ejemplo, del Plan de Acción para el
Empleo 2004, el Programa Nacional de Reformas 2005-2008, el IV Plan de Acción
para la Inclusión Social 2006-2008, el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, el Plan
Director de la Cooperación Española 2005-2008, el Proyecto de Ley de Igualdad
entre mujeres y hombres o los planes de Infancia o de Juventud.



El Plan de Acción para el Empleo 2004 incluye numerosas actuaciones que favorecen
la integración de los inmigrantes a través del empleo y la formación. Estas actuacio-
nes se inscriben, sobre todo, en tres de las Directrices del Consejo Europeo para las
políticas de empleo de los Estados miembros en 2004: la Directriz 5 que busca “au-
mentar la oferta de mano de obra y promover la prolongación de la vida activa”; la
Directriz 7 que persigue “promover la integración de las personas desfavorecidas en el
mercado de trabajo y combatir la discriminación de que son objeto”; y la Directriz 9
que busca “regularizar el trabajo no declarado”. Las actuaciones emprendidas siguien-
do esas directrices responden al acento puesto en la inmigración dentro de muchas
de las recomendaciones del Consejo para la política de empleo en España. Entra las
medidas puestas en marcha en la Directriz 7 se pueden señalar tres específicas orien-
tadas a los inmigrantes que se están llevando a cabo en el marco del Programa
Operativo de Lucha contra la Discriminación: Itinerarios integrados de inserción labo-
ral para inmigrantes, Formación de profesionales en el campo específico de la inmi-
gración y Sensibilización, estudios y seminarios sobre inmigración.

El Programa Nacional de Reformas 2005-2008, presentado por España ante las insti-
tuciones comunitarias siguiendo las Directrices Integradas para el crecimiento y el
empleo 2005-2008 de la Unión Europea, hace un reconocimiento explícito de la
aportación demográfica de la inmigración en los últimos años, de su contribución a la
sostenibilidad del sistema de pensiones y de su aportación al crecimiento del empleo
y del conjunto de la economía. El sexto eje del Programa Nacional de Reformas está
orientado al mercado de trabajo y diálogo social. Las medidas que en él se establecen
para luchar contra la discriminación y para amortiguar la segmentación del mercado
de trabajo inciden de modo muy especial sobre gran parte del colectivo de las perso-
nas inmigrantes. Pero, sobre todo, el Programa señala que es necesario efectuar una
“Gestión adecuada de los flujos migratorios” ya que “Las necesidades del mercado la-
boral derivadas del crecimiento de la economía española, del envejecimiento de la
población y del abandono de los trabajadores nacionales de algunos sectores de acti-
vidad, han influido en el incremento de la incorporación de los trabajadores inmi-
grantes al mercado de trabajo español, proceso que previsiblemente continuará en los
próximos años. Ello hace necesario profundizar en la integración de estos trabajado-
res y sus familias en la sociedad española”. Y establece medidas en este ámbito como
la mejora de la gestión de la inmigración económica, aumentando la eficacia y la efi-
ciencia en la selección y contratación de los trabajadores en origen, impulsando la
formación en origen para mejorar la adaptación e integración sociolaboral y facilitan-
do el acceso al empleo en situación regular de los trabajadores inmigrantes que nece-
sitan las empresas en España. El Programa Nacional de Reformas señala explícita-
mente que hay que “poner en marcha un Plan Estratégico de Integración de
Inmigrantes que les atribuya plenos derechos en la sociedad española y contribuya al
desarrollo económico, social y cultural del conjunto de los residentes en España a tra-
vés de intervenciones equilibradas de las Administraciones Públicas, la sociedad civil y
los mercados”.



El IV Plan de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2006-2008 ha
prestado una especial atención al colectivo inmigrante y ha incluido el apoyo a su
integración social entre sus objetivos prioritarios, junto con la mejora en el acceso
al empleo, la garantía de recursos económicos mínimos, la educación con equidad
y la atención a las personas en situación de dependencia. Este Plan integra ya
dentro de su planteamiento la evolución de las políticas de integración estatales
desarrolladas desde 2005, con especial referencia al Fondo de Apoyo a la Acogida
y la Integración, así como al borrador del Plan Estratégico de Ciudadanía e
Integración presentado ante el Consejo de Ministros de 23 de junio de 2006. Entre
las ocho medidas previstas en apoyo de la integración de las personas inmigrantes
destacan las ayudas y subvenciones a favor de los inmigrantes, a través de progra-
mas de acogida temporal, servicios de información y orientación, traducción, ase-
soramiento jurídico, integración social y laboral y programas de retorno volunta-
rio. Además, el Plan de Acción para la Inclusión Social ha tenido también en
cuenta a la población inmigrada a la hora de diseñar los itinerarios de inserción
laboral, dentro del objetivo prioritario de fomento del acceso al empleo. Para des-
arrollar estas medidas dirigidas a personas inmigrantes el Plan establece una pre-
visión presupuestaria de 745.935.490 euros para el período 2006-2007, lo que su-
pone un incremento del 21,7% sobre el presupuesto del año 2005.

El Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 ha tomado en consideración la importancia
del fenómeno de la inmigración a la hora de abordar la acción de los poderes pú-
blicos en este área tendentes a orientar y corregir el funcionamiento del mercado
de la vivienda. El Plan tiene un alcance universal pero uno de sus ejes estratégicos
señala que “se dirige específicamente a aquellos colectivos con mayores dificulta-
des para acceder a una vivienda digna. De modo especial, el Plan tiene en cuenta a
grupos sociales que tienen necesidades específicas por sus circunstancias perso-
nales a igualdad de niveles de ingresos”. Por esa razón varios de los programas del
plan toman en consideración la realidad de la inmigración como el Programa de
apoyo económico a los inquilinos de viviendas arrendadas, el Programa de vivien-
da en alquiler para jóvenes y otros colectivos como los inmigrantes o el Programa
de vivienda en propiedad para jóvenes y otros colectivos como los inmigrantes.

El Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 contempla el codesarrollo
como una de las líneas de actuación ligado a las políticas de inmigración y de in-
tegración de los inmigrantes. Algunos de los elementos de esas políticas de code-
sarrollo implican la participación de las personas inmigrantes en coordinación con
asociaciones de inmigrantes en España y agentes de cooperación, como vía para el
fomento de la integración, y la implicación de las personas inmigrantes como
agentes de desarrollo y que pueden contribuir al avance social, económico y cultu-
ral de sus países de origen mediante la utilización racional de remesas y el diseño
de un modelo de retorno digno y sostenible, con medidas de formación profesional
y empresarial y apoyo económico (microcréditos, etc.).



El Proyecto de Ley de Igualdad entre mujeres y hombres, el Plan Estratégico Nacional
de Infancia y Adolescencia 2006-2009 o el Plan Interministerial de Juventud 2006-
2009 incorporan la problemática de la inmigración entre sus líneas de actuación. La
Ley de Igualdad entre mujeres y hombres, que vendrá a dar un impulso institucional
para eliminar todo tipo de discriminación y para hacer efectivo el principio de igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres en España, incluye en esta estrategia
de igualdad la de las mujeres y hombres inmigrantes. Igualmente, es preciso hacer re-
ferencia a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, cuyo artículo 17 garantiza los derechos de las
víctimas de la violencia de género a todas las mujeres víctimas con independencia de
su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; y que
a lo largo de su articulado prevé disposiciones específicas para considerar de forma
especial las circunstancias de las mujeres inmigrantes. El Plan Estratégico Nacional de
Infancia y Adolescencia 2006-2009, que se ha elaborado en el marco del Observatorio
de la Infancia con la Comunidades Autónomas y con organizaciones sociales, incor-
pora expresamente el principio de “no discriminación”, en virtud del cual todos los
derechos deben ser aplicados a todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción al-
guna de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, el origen nacional, étnico o so-
cial, el nacimiento o cualquier otra condición del niño. El Plan persigue promover la
igualdad social, estableciendo mecanismos preventivos ante situaciones de riesgo de
desprotección, la igualdad de oportunidades y la inclusión social. Y pretende promo-
ver medidas que respondan a las Recomendaciones del Comité de los Derechos del
Niño de Naciones Unidas entre los que se encuentra “prestar una especial atención a
los menores de etnia gitana, los hijos de trabajadores migrantes, en particular cuando
su situación de permanencia no se ajusta a la legalidad, y los menores extranjeros no
acompañados, para garantizar que acceden y se integran en condiciones de igualdad
en los servicios adecuados de salud y educación”. Por su parte, el Plan Interministerial
de Juventud 2006-2009 incorpora expresamente la problemática de los jóvenes inmi-
grantes en el área de “Convivencia y diversidad” desde la perspectiva del enriqueci-
miento mutuo que puede derivarse de una mayor comunicación entre personas de
culturas diversas. En esa área se plantean medidas para facilitar la inserción de colec-
tivos en riesgo de exclusión, para promover la integración social, cultural y laboral de
los jóvenes inmigrantes, para desarrollar acciones tendentes a prevenir conductas ra-
cistas o xenófobas, para promover el concepto de ciudadanía como base para la
igualdad de oportunidades y para evitar la utilización de imágenes esteriotipadas en
los medios de comunicación.

El presente Plan Estratégico viene a completar, por el momento, este proceso de
intervención pública para facilitar y favorecer la integración de los inmigrantes
con su nueva sociedad, para movilizar políticas públicas generales de distintas ad-
ministraciones en esa misma dirección y para establecer un nuevo y coherente en-
foque de la gestión de la inmigración y de la integración de los inmigrantes.



5.3. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales ante
la integración de las personas inmigrantes

Las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales juegan un papel funda-
mental en la integración de los inmigrantes. De ellas dependen muchos de los ser-
vicios públicos básicos y buena parte de las actuaciones realizadas para la acogida
y el asentamiento de las personas inmigrantes, incluyendo la educación, la salud,
la vivienda, el empleo o los servicios sociales. También vienen actuando en ámbi-
tos como la sensibilización o la participación de inmigrantes, o en materia de coo-
peración al desarrollo y de co-desarrollo, en los países de origen de la población
inmigrada.

Por eso no es de extrañar que los gobiernos de doce Comunidades Autónomas ha-
yan abordado esta problemática de modo específico, mediante la elaboración,
aprobación y ejecución de diferentes planes de acción. Fue a partir de 2001, con el
antecedente de Cataluña en 1993, cuando comenzó este proceso de adopción de
planes por parte de las Comunidades Autónomas para favorecer el proceso de in-
tegración de la población inmigrada.

Los Planes de las Comunidades Autónomas orientados a la integración de las per-
sonas inmigrantes que se han aprobado hasta 2006 son los siguientes:

Andalucía: I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2001-2004.
II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2006-2009.

Aragón: Plan Integral para la Inmigración 2004-2007.

Illes Balears: I Plan Integral de atención a la inmigración de las Illes
Balears 2001-2004
II Plan Integral de atención a las personas inmigrantes de las
Illes Balears 2005-2007.

Canarias: Plan Canario para la Inmigración 2002-2004.
II Plan Canario para la Inmigración 2005-2006.

Cantabria: Plan de Interculturalidad 2005.

Castilla y León: Plan Integral de Inmigración en Castilla y León 2005-2009.



Castilla-La Mancha: Plan Regional para la Integración Laboral de Inmigrantes
en Castilla-La Mancha.

Cataluña: I Pla interdepartamental d’immigració 1993-2000.
II Pla interdepartamental d’inmigració 2001-2004.
Pla de ciudadanía i immigració 2005-2008.

Extremadura: Plan Integral de Inmigración.

Madrid: Plan Regional para la Inmigración de la Comunidad
de Madrid 2001-2003.
II Plan Regional para la Inmigración de la Comunidad
de Madrid 2005-2008.

Murcia: Plan para la Integración Social de los Inmigrantes
en la Región de Murcia 2002-2004.
II Plan de Integración Social de las Personas Inmigrantes
en la Región de Murcia 2006-2009.

Navarra: Plan para la Integración Social de la Población
Inmigrante 2002-2006.

País Vasco: Plan Vasco de Inmigración 2003-2005.

La Rioja: I Plan Integral de Inmigración de La Rioja 2004-2007.

Aunque alguno de estos planes reduce su campo de intervención a la educación o
al empleo, la mayoría tienen un carácter más general y abordan muchos de los
ámbitos en los que se plantean los desafíos fundamentales ligados a la inmigra-
ción: acogida, educación, empleo y formación, salud, vivienda, servicios sociales,
sensibilización, asesoramiento jurídico, cooperación al desarrollo y, parcialmente,
gestión de flujos y regularización. Algunos planes se han elaborado como un catá-
logo ordenado de los recursos ya existentes a los que pueden acceder las personas
inmigrantes, aunque no sean específicos para ellas. Otros, sin embargo, se han
concebido para incluir la problemática de la inmigración dentro de las líneas de
intervención de las políticas públicas.

En los planes autonómicos suele reconocerse el carácter bidireccional de los pro-
cesos de integración, lo que se plasma en la adopción de medidas dirigidas tanto a
la población inmigrada, como a la sociedad receptora. De ahí la importancia que
tienen acciones de sensibilización como la promoción de la interculturalidad, la



lucha contra la discriminación, el racismo o la xenofobia, pero también la adapta-
ción de la sociedad a las necesidades de una población más diversa. En ello coinci-
den con la práctica más habitual en los Estados miembros de la Unión Europea,
como señala la Comisión, en el “Informe de síntesis sobre las políticas nacionales
de integración” incluido como anexo en la Comunicación COM 2003 336

Por otra parte, los planes de las Comunidades Autónomas han ido formando una
doctrina de reconocimiento de derechos sociales de las personas inmigrantes, a
partir de una serie de principios generalmente compartidos, aunque a veces sean
definidos de manera distinta y con algunas ambigüedades, que cabría sintetizar
del modo siguiente:

■ La igualdad, entendida como equiparación de derechos, deberes y oportunida-
des de ciudadanos y ciudadanas inmigrantes y autóctonos.
■ La integralidad, esto es, el tratamiento integrado del conjunto de aspectos y
campos que pueden afectar a la integración de los inmigrantes.
■ La transversalidad, entendida como incorporación de las cuestiones ligadas a
la integración a todas las políticas públicas relevantes.
■ La normalización, entendida como la inclusión de los inmigrantes en los siste-
mas generales de servicios que el Estado de bienestar presta a la ciudadanía.
■ La interculturalidad, definida de distintas maneras, pero que implica la consi-
deración de la diversidad cultural dentro de las políticas públicas.

Los planes abordan también otros principios que suelen calificar de “operativos”,
como son los tres siguientes:
■ La participación, tanto en el proceso de elaboración como en la ejecución y evalua-
ción del plan, de los distintos actores y organizaciones sociales, incluida la de los
inmigrantes y las asociaciones de inmigrantes con implantación en el territorio.
■ La coordinación, tanto en el ámbito de la Administración Autonómica como
de ésta con la Administración General del Estado y con las Corporaciones
Locales y organizaciones sociales.
■ La descentralización, al configurarse el plan como un marco que permite la
participación de administraciones locales y de organizaciones sociales en la
ejecución de las políticas públicas.

Los planes más recientes, tanto autonómicos como municipales, han ido introdu-
ciendo con fuerza el concepto de ciudadanía entendida, en la estela de los plante-



amientos del Consejo y de la Comisión Europea, como una ciudadanía plural y cí-
vica. La Comisión Europea propuso el concepto de “ciudadanía cívica” en su
Comunicación de noviembre de 2000 y lo definía “como un conjunto de derechos y
obligaciones básicos que los inmigrantes adquieren progresivamente en un perio-
do de varios años, de tal manera que reciban el mismo trato que los ciudadanos de
su Estado de acogida, aunque no hayan sido naturalizados”.

Aunque no todas las Comunidades Autónomas tienen un plan orientado a la inte-
gración de la población inmigrada, todas han llevado a cabo actuaciones en este
terreno, entre las que se encuentran aquellas ligadas al desarrollo de los convenios
de colaboración firmados con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la
aplicación del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración del año 2005. Estos con-
venios han servido también para dinamizar organismos de coordinación en la
Administración central y las Comunidades Autónomas y han contribuido a que se
incorpore la agenda de la integración a las actuaciones de distintos departamen-
tos de los gobiernos autonómicos.

Tomados en su conjunto, el desarrollo de todos estos planes y medidas ha ido forman-
do un acervo común, en paralelo a los desarrollos de la Unión Europea sobre la integra-
ción de las personas inmigrantes, ha propiciado la toma en consideración del hecho
migratorio en las políticas de carácter general de cada Comunidad Autónoma y ha ido
consolidando, sobre todo en aquéllas que cuentan con mayor presencia de población
inmigrada, tanto prácticas administrativas de intervención social, como la existencia
de organismos de gestión y de participación en el diseño y ejecución de las políticas de
integración, tales como los Foros para la integración de los inmigrantes.

Las Corporaciones Locales

El papel de los ayuntamientos españoles en la acogida e integración de los inmi-
grantes ha venido siendo fundamental desde que comenzó a haber una presencia
significativa de inmigrantes en algunas comarcas a mediados de los años ochenta
del pasado siglo. Esta temprana respuesta es consecuencia de que muchas de las
necesidades y demandas de los inmigrantes se producen en el nivel municipal que
es la administración pública más próxima al ciudadano. Muchas ayuntamientos,
grandes, medianos e incluso pequeños, rurales y urbanos, gobernados por partidos
de distintos signo político, que han tenido una presencia importante de inmigran-
tes en su territorio, han llevado a cabo actuaciones orientadas a proporcionar ser-
vicios a los nuevos vecinos que se incorporaban como residentes en su territorio.
En la mayoría de los casos intentando incorporar a los inmigrantes a los servicios
generales del municipio y contribuyendo a solucionar problemas de acogida y de
alojamiento, por ejemplo, en el caso de temporeros agrarios. En algunos ayunta-
mientos esas actuaciones se han plasmado en planes de integración que, bajo dis-



tintas denominaciones, han orientado y sistematizado la actuación municipal ante
los desafíos y retos que les planteaba la presencia de inmigrantes. La Federación
Española de Municipios y Provincias dispone de una base de datos en la que están
registrados los municipios de más de 20.000 habitantes que disponen de un plan
de integración.

Muchas de estas actuaciones municipales se han llevado a cabo a pesar de la limi-
tación de recursos con que cuentan los ayuntamientos españoles y, a veces, sin los
apoyos institucionales y económicos suficientes de otras administraciones.

Las actuaciones y los planes de los municipios en el campo de integración de los
inmigrantes han servido para que los vecinos del municipio tomen conciencia de
la realidad de la inmigración, de que los inmigrantes con los que convivimos están
aquí fundamentalmente porque son necesarios para el funcionamiento adecuado
de nuestra economía y nuestra sociedad y de que es necesario integrarlos como
nuevos vecinos en igualdad de derechos y obligaciones en el respeto a normas co-
munes de convivencia que a la vez respeten la diversidad con la que todos nos en-
riquecemos.

Estos planes y actuaciones municipales orientados a la integración de los inmi-
grantes han visibilizado políticamente la inmigración, han generado en las admi-
nistraciones y organizaciones un conocimiento práctico en este campo y han con-
tribuido a la buena gobernanza de la gestión de la migraciones y de la integración
de los inmigrantes cuando han incorporado a la sociedad civil, a los agentes socia-
les, a las ONGs, asociaciones de vecinos y asociaciones de inmigrantes con im-
plantación en el municipio a la elaboración y gestión de la política municipal en
esta campo. Se va cumpliendo así una tarea pedagógica entre todos los ciudada-
nos que residen en el municipio, sean nuevos o antiguos vecinos, que debe ir sen-
tado las bases de una convivencia armoniosa. Uno de los elementos que ha contri-
buido a dar visibilidad y a hacer pedagogía a nivel municipal han sido los foros u
organismos de consulta donde se han integrado representantes de todos los acto-
res de la sociedad municipal en este campo.

El Plan Estratégico pretende impulsar este papel de las Corporaciones Locales y de
las Comunidades Autónomas en la integración de los inmigrantes, a través de una
serie de programas y recursos que orienten y hagan posible actuaciones en esa di-
rección.



5.4. Agentes sociales y mundo asociativo ante la inmigración

Los agentes sociales y el mundo asociativo

La sociedad civil juega un papel fundamental en el proceso de adaptación mutua
que supone la integración de los inmigrantes. Con frecuencia, no es la relación di-
recta del inmigrante con administraciones públicas lo que produce su integración,
sino que las organizaciones sociales como los sindicatos o las patronales, como el
mundo asociativo que trabaja con inmigrantes, sea de modo exclusivo sea como
parte de organizaciones con fines más amplios, como las organizaciones de inmi-
grantes, como las asociaciones de vecinos o de madres y padres en las escuelas o
las asociaciones deportivas, todas ellas organizaciones que introducen eficazmen-
te a los inmigrantes en el ejercicio de derechos de ciudadanía en su nueva socie-
dad y facilitan de esta manera la integración: tanto de los inmigrantes en la socie-
dad de acogida como de ésta a la nueva realidad social que se va construyendo.

La importancia de este tejido asociativo en la integración de los inmigrantes es clave.
Su participación en la formulación e implementación de las políticas de inmigración y
de integración de los inmigrantes y su cooperación con las administraciones públicas
en estos campos es tan relevante que sin su participación las Administraciones
Públicas no hubieran podido llevar a cabo algunas de las políticas puestas en marcha
para la integración de los inmigrantes en los últimos años. Pero, además, estos acto-
res de la sociedad civil han llevado a cabo actuaciones y políticas propias en sus res-
pectivos campos que son trascendentales para la integración de los inmigrantes y han
tenido una notable contribución a sensibilizar a la opinión pública sobre el hecho mi-
gratorio y contra las posibles reacciones xenófobas.

Estos actores sociales han incorporado inmigrantes a sus filas y han hecho que sus
organizaciones vayan asumiendo la problemáticas ligadas a la inmigración y a los
desafíos que plantea a la sociedad española

Los espacios públicos donde se desarrollan los procesos cotidianos de adaptación
mutua entre inmigrantes y españoles son lugares privilegiados para llevar a cabo
procesos de integración, socialización y participación en igualdad de condiciones
como los centros de trabajo, los barrios y las escuelas. En ellos el mundo asociati-
vo tiene desplegadas antenas de observación que les permite, con frecuencia, de-
tectar algunos problemas antes que las Administraciones Públicas y reaccionar
con mayor celeridad.

Tres tipos de actores sociales han tenido una especial relevancia es este proceso:
los agentes sociales sindicatos y patronales, las organizaciones no gubernamenta-
les que trabajan con inmigrantes y las asociaciones de inmigrantes.



Los sindicatos y las organizaciones empresariales, además de sus tomas de posi-
ción en organismos como el Consejo Económico y Social, la Comisión Laboral
Tripartita de Inmigración o el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes o
en todos los procesos de consulta tanto sobre las políticas de inmigración como de
integración de los inmigrantes que la Administración General del Estado ha pro-
movido, han puesto en marcha dispositivos de atención a los inmigrantes en los
temas laborales y sociales y han ido incorporando inmigrantes a sus organizacio-
nes y a las estructuras de las mismas. Un campo fundamental donde los agentes
sociales contribuyen a crear una sociedad inclusiva es en la negociación colectiva
y en la regulación negociada de las condiciones de trabajo mediante la toma en
consideración del hecho migratorio y de la presencia de colectivos importantes de
inmigrantes, sobre todo en determinadas ramas de actividad. La puesta en valor de
la diversidad por parte de las empresas va asumiendo elementos positivos del fe-
nómeno migratorio más allá de la participación de los inmigrantes como trabado-
res o como empresarios en la economía y el mercado de trabajo en España.

Las organizaciones no gubernamentales que trabajan con inmigrantes están jugando
una papel fundamental en su integración. Numerosas organizaciones, con implanta-
ción a nivel nacional pero también otras con implantación regional y pequeñas orga-
nizaciones, de distintas orientaciones ideológicas, llevan a cabo actuaciones muy pró-
ximas a las personas inmigrantes que les permiten detectar y analizar necesidades y
nuevos problemas, mediar entre diversos actores públicos y privados en casos de con-
flicto de intereses, denunciar situaciones que padecen los inmigrantes y otros colecti-
vos desfavorecidos, articular propuestas conjuntamente con otras organizaciones,
sensibilizar a la población sobre los desafíos que la inmigración plantea para la crea-
ción de una sociedad inclusiva y cohesionada y actuar como interlocutores con las
distintas Administraciones Públicas. Su trabajo ha sido notable en el Foro para la
Integración Social de los Inmigrantes a nivel nacional y en los foros que existen en
Comunidades Autónomas y diversos ayuntamientos.

El papel de las asociaciones de inmigrantes está siendo también relevante. A pesar
de las dificultades y limitaciones que atraviesan, dado lo reciente del proceso mi-
gratorio hacia España de algunos colectivos, estas organizaciones desarrollan una
actividad que puede ser un instrumento de integración de los inmigrantes que re-
presentan en la sociedad española a la vez que contribuyen a mantener los lazos
con sus países y comunidades de origen. Las asociaciones de inmigrantes tienen
un papel de referente para sus respectivas comunidades y deben llevar a cabo una
importante función de articulación de la voz de los inmigrantes y de reivindicación
de sus necesidades e intereses.

Conviene señalar la relevante tarea desarrollada por expertos e investigadores en
el campo de la inmigración y de la integración de los inmigrantes, porque los
Congresos sobre que estas cuestiones que se han desarrollado en los últimos años



en España, los estudios e investigaciones, las publicaciones periódicas, etc. han
ayudado a comprender mejor el fenómeno y a elaborar políticas que estuvieran a
la altura del reto que el fenómeno migratorio plantea a las sociedades de origen y
a las de recepción.

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes nació en 1994, en el marco
del Plan de Integración Social de los Inmigrantes (PISI), como uno de los principa-
les instrumentos, junto con el Observatorio Permanente de la Inmigración, orien-
tados a apoyar y garantizar la aplicación efectiva de este Plan. En concreto, la fi-
nalidad atribuida al Foro era la de servir de cauce para la participación y el
diálogo, canalizar las aspiraciones y demandas de la población inmigrada e impli-
car a toda la sociedad en la búsqueda de las soluciones y alternativas requeridas
por la integración.

En cumplimiento de este compromiso, por Real Decreto 490/1995, de 7 de abril se
creó “el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, legalmente estableci-
dos, con la finalidad de promover la participación e integración de éstos en la so-
ciedad española”, definiendo su naturaleza jurídica como órgano colegiado de ca-
rácter consultivo, adscrito al Ministerio de Asuntos Sociales.

Posteriormente, el Real Decreto 2816/1998, de 23 de diciembre, modifica la es-
tructura del Foro para adecuarla a la nueva estructura administrativa e incorporar
nuevas vocalías en representación de los Ministerios de Interior, Asuntos
Exteriores y Administraciones Públicas. El Foro queda adscrito al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría General de Asuntos Sociales,
correspondiendo al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) ase-
gurar el funcionamiento y la financiación del Foro.

En este período, la consulta preceptiva del Foro en relación con las propuestas,
acuerdos o recomendaciones relativas a la integración social de los inmigrantes,
las disposiciones normativas de la Administración General del Estado, los planes y
programas de actuación y los anteproyectos de programas presupuestarios, con-
llevó un amplio número de informes. A título indicativo cabe destacar el Informe
sobre la inmigración y el asilo en España, del año 1997, así como, de particular re-
levancia, su posicionamiento en relación con el proyecto de Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social, así como con el Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, por el
que se desarrolló la disposición transitoria relativa al proceso de regularización.



Es precisamente esta Ley Orgánica la que eleva el rango normativo del Foro, al re-
cogerlo en su artículo 63 con el nombre y objeto más amplio de Foro para la
Inmigración a título de “órgano de consulta, información y asesoramiento al
Gobierno en materia de inmigración”, constituido, de forma tripartita y equilibra-
da, por representantes de las Administraciones Públicas, de las asociaciones de in-
migrantes y de las organizaciones sociales de apoyo, entre ellas los sindicatos de
trabajadores y organizaciones empresariales con interés e implantación en el ám-
bito inmigratorio.” Posteriormente, la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre,
modificó dicho artículo, volviendo a la denominación inicial de Foro para la
Integración Social de los Inmigrantes y a la circunscripción de su objeto a la mate-
ria de “integración de los inmigrantes” que figura en el vigente artículo 70 de la
Ley Orgánica.

La regulación contenida en este artículo fue desarrollada por el Real Decreto
367/2001, de 4 de abril, que adscribía el Foro al Ministerio de Interior, a través de
la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. Entre los trabajos
realizados en este período cabe destacar el Informe de la Comisión de Políticas
Sociales en materia de sanidad, vivienda y participación ciudadana (2002), el
Documento de Trabajo elaborado por la Comisión Educativo-Cultural (2003), el
Documento base sobre extranjeros en situación administrativa irregular (2003), el
Informe de la Comisión Jurídico-Administrativa-Laboral sobre los problemas deri-
vados de la aplicación de la Ley Orgánica 14/2003, y – ya en la presente legislatu-
ra – la participación especialmente relevante del Foro en el marco del proceso de
consulta previo a la aprobación del Reglamento de Extranjería aprobado por Real
Decreto 2393/2004, de 30 de Diciembre.

La Comisión Permanente del Foro llevó a cabo un análisis exhaustivo de las pro-
puestas que, en relación con los distintos capítulos y artículos del Reglamento,
fueron remitidos por las ONGs y, el Pleno del Foro para la Integración Social de los
Inmigrantes, en su reunión de 15 de noviembre de 2004, emitió informe favorable
respecto al Reglamento, destacando en particular la incorporación en el
Reglamento de aspectos largamente reivindicados por las organizaciones y valo-
rando positivamente que en el proceso de su elaboración se hubiera mantenido un
continuo diálogo con ellas.

En la actualidad, y tras la creación de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que el Foro
ha quedado adscrito, se ha considerado conveniente dotar al Foro para la
Integración Social de los Inmigrantes de una mayor relevancia en cuanto a sus
funciones y a su capacidad como órgano de consulta y participación, en coheren-
cia con una política de inmigración basada en el consenso entre los distintos acto-
res sociales involucrados en la misma.



Para ello, se aprobó el Real Decreto 3/2006, de 16 de enero, por el que se regula la
composición, competencias y régimen de funcionamiento del Foro para la
Integración Social de los Inmigrantes (BOE, 17 enero 2006). Las modificaciones
más significativas se refieren a los siguientes aspectos:

■ Se han redefinido algunas de las funciones que ya venía desarrollando el Foro y
se incorporan otras nuevas, referidas a la posibilidad de promover o elaborar es-
tudios o iniciativas relacionadas con la integración social de los inmigrantes, ela-
borar informes sobre propuestas, planes y programas no solo cuando le sean re-
queridas por la Administración General del Estado, sino también por propia
iniciativa o cooperar con otros órganos análogos de diversos ámbitos geográfi-
cos en la búsqueda de una mayor coordinación y mejora de las actuaciones lle-
vadas a cabo, en beneficio de la integración de las personas inmigrantes.
■ De especial relevancia es la inclusión de la consulta preceptiva al Foro por
parte de la Administración General del Estado, cuando se trate de disposicio-
nes normativas y de planes y programas de ámbito estatal que afecten a la in-
tegración social de los inmigrantes y refugiados, que había sido eliminada en
el Real Decreto 367/2001, de 4 de abril.
■ Se ha modificado su composición cuantitativa pasando a estar formado por
30 vocales en lugar de 24, correspondiendo diez vocales a cada uno de los tres
grupos que lo componen. De esta manera se da cabida a una mayor pluralidad
y diversidad en su composición, tanto en la incorporación de un mayor núme-
ro de asociaciones de inmigrantes y organizaciones sociales, como de aquellos
ámbitos de la Administración General del Estado no representados hasta el
momento y cuya presencia se hacía necesaria en un Foro de esta naturaleza,
por afectar a cuestiones tan importantes en el objetivo de la integración
como son la educación y el enfoque de género. A tal fin responde la incorpo-
ración del Ministerio de Educación y Ciencia y del Instituto de la Mujer.
■ También se ha incrementado el número de Comisiones de trabajo hasta cua-
tro, buscando ampliar su contenido temático, así como el número de vocales
de cada Comisión.
■ Por último, se ha modificado parcialmente la definición genérica de quienes
pueden participar como Observadores en el Foro, incluyendo a aquellas enti-
dades cuya actividad, sin estar directamente relacionada con el objetivo de la
integración social de los inmigrantes, puedan contribuir a la misma. Desde los
diversos ámbitos de participación ciudadana como pueden ser las asociacio-
nes o federaciones de asociaciones de vecinos, las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos, etc.



El nuevo Foro para la Integración Social de los Inmigrantes se constituyó el 6 de
junio de 2006. Las vocalías correspondientes a las asociaciones de inmigrantes y
refugiados y organizaciones sociales de apoyo fueron asignadas a las entidades
seleccionadas entre las candidaturas presentadas a la convocatoria pública esta-
blecida mediante la Orden TAS/27/2006, de 19 de enero.

En concordancia con la voluntad de dar un renovado impulso y dotar de mayor re-
levancia al Foro en esta nueva etapa, en el Pleno celebrado el 21 de junio de 2006
se procedió a constituir las cuatro Comisiones que habilita el citado Real Decreto
3/2006, de 16 de enero, quedando establecidas las siguientes:

■ Comisión de Educación y Sensibilización
■ Comisión de Empleo y Formación.
■ Comisión de Políticas de Integración y Participación
■ Comisión Jurídica, Unión Europea y Asuntos Internacionales

Atendiendo al deseo de participación, pluralidad y equilibrio que rigen el Foro, dos
de estas comisiones están presididas por asociaciones de inmigrantes y refugiados
y las dos restantes por organizaciones sociales de apoyo.

Entre los trabajos realizados desde la constitución del Foro cabe reseñar:

■ El Dictamen sobre el proyecto de Real Decreto sobre entrada, libre circulación
y residencia en España de los ciudadanos de los estados miembros de la Unión
Europea y de otros Estados parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo.
El Foro, no obstante el informe favorable emitido, señaló algunas cuestiones
que deberían ser consideradas, indicándose concretamente en el Dictamen la
conveniencia de la inclusión de los familiares de españoles en el ámbito de
aplicación del Real Decreto en los términos que plantea la Directiva
Comunitaria.
■ El informe sobre el Documento de Consenso de Codesarrollo, elaborado en el
seno del Consejo de Cooperación al Desarrollo, órgano consultivo adscrito al
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a través de la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional.
En este informe, la Comisión Permanente del Foro formuló las siguientes reco-
mendaciones: desligar el codesarrollo del retorno de la inmigración, incentivar
la creación de fondos de ahorro, potenciar las universidades como platafor-
mas de desarrollo y coordinación y firmar convenios de colaboración en esta
materia entre el país emisor y el país receptor de inmigrantes.



■ El proceso de análisis, formulación de enmiendas e informe preceptivo en re-
lación con el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración.
El Foro ha tenido una doble intervención en el proceso de elaboración del Plan
Estratégico. En una primera fase, realizó un gran número de aportaciones al
borrador del Plan, en el marco del proceso de consulta social abierto tras la
presentación del mismo ante el Consejo de Ministros, muchas de las cuales
fueron incorporadas. En la segunda fase, el proyecto de Plan Estratégico, que
incorpora estas aportaciones y las de otras instituciones, entidades y ciudada-
nos y ciudadanas que participaron en el proceso de consulta, ha sido formal-
mente remitido al Foro para recabar su informe, trámite que tiene carácter
preceptivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 del Real Decreto
3/2006, de 17 de enero.
Hay que destacar el importante número de aportaciones presentadas por los
vocales del Foro, así como las múltiples sesiones de trabajo de las Comisiones
para confeccionar el dictamen sobre el Plan Estratégico de Ciudadanía e
Integración, como paso previo a su aprobación por el Pleno del Foro. El alto
número de mejoras sugeridas por el Foro que han sido incorporadas a la ver-
sión final del Plan Estratégico pone de relieve que el impulso dado a este ór-
gano consultivo y de participación redunda en una mayor calidad y eficacia
de las políticas públicas en materia de integración de la población inmigrada.

Además del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes a nivel nacional, nu-
merosas Comunidades Autónomas han puesto en marcha foros similares a nivel
regional y, a veces, provincial. Asimismo, algunos Ayuntamientos han creado foros
municipales donde participan las organizaciones de inmigrantes y las organizacio-
nes de apoyo a la inmigración. Todos estos foros, además de las funciones que las
normas de constitución les atribuyen, constituyen lugares de encuentro e interlo-
cución de gran importancia en el ámbito regional, provincial y municipal.


6

Principios generales
para una política de
integración de la
población inmigrada
en España


Principios generales para una política de integración de la población inmigrada en España

6. Principios La integración de ciudadanos y ciudadanas inmigrantes en la nueva sociedad de la
generales para que pasan a formar parte, y que ayudan a construir, es un proceso social complejo
que plantea desafíos políticos y prácticos que es preciso afrontar.
una política de
integración de la Una política orientada a hacer posible y efectiva la integración de la población in-
población migrada debe gestionar el proceso de integración en su nueva sociedad, debe pro-
inmigrada en porcionar orientaciones políticas sobre el sentido de dicha integración y debe po-
ner en marcha instrumentos que la hagan posible, garantizando los derechos de
España las personas inmigrantes y autóctonas y creando las condiciones que permitan fo-
mentar y desarrollar una sociedad justa y cohesionada. El resultado que busca la
política de integración con este proceso es la consolidación de una sociedad inclu-
siva, en la que todos los que contribuyen a construirla tengan las mismas oportu-
nidades, se sientan parte de ella y la sientan como suya. Este doble sentido de per-
tenencia sólo es posible si las políticas de integración logran sus objetivos.

Esta tarea es la prescrita en el artículo 9.2 de la Constitución Española, cuando
señala que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social”.

Este papel de los poderes públicos no debe ocultar el hecho de que la integra-
ción de los inmigrantes es responsabilidad de todos: de las administraciones,
pero también de la sociedad receptora en su conjunto y especialmente de la so-
ciedad civil organizada y de los ciudadanos inmigrantes mismos, con su disposi-
ción positiva a integrarse en pie de igualdad con la población autóctona en su
nueva sociedad.

En esa responsabilidad compartida, uno de los papeles de la Administración
General del Estado es establecer un marco político que oriente las actuaciones del
conjunto de la sociedad en la gestión del proceso de integración bidireccional en-
tre los nuevos y los antiguos vecinos de los pueblos y las ciudades de España. Un
marco que, respetando los ámbitos competenciales de otras Administraciones
Públicas, pueda servirles de referencia. Un marco que oriente las actuaciones de
los agentes sociales, de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el
campo de la inmigración y de las asociaciones de inmigrantes.

El presente Plan Estratégico pretende definir ese marco político de integración
de la población inmigrada en España para los próximos años. Y pretende hacerlo
de modo consensuado y con la ambición de mantenerse estable a lo largo del
tiempo.



El uso del término integración plantea también problemas conceptuales, puesto
que puede tener acepciones muy diversas. Por esa razón, este Capítulo define las
premisas sobre las que se construye este Plan Estratégico, especifica los principios
que lo inspiran y establece los objetivos que persigue.

Las premisas constituyen bases para la elaboración del Plan Estratégico. Son seis
puntos de partida, generalmente compartidos, porque en torno a ellos se han ido
condensando en los últimos años modos de gestión de las políticas de integración
de los inmigrantes desde diferentes Administraciones Públicas, tanto en la Unión
Europea como en España.

Los principios son las líneas políticas que inspiran y dan coherencia al Plan
Estratégico y a todas sus líneas de actuación. Estos principios son la igualdad, la
ciudadanía y la interculturalidad.

Los objetivos son las diez metas generales que el Plan Estratégico pretende conse-
guir y que a su vez se concretan en objetivos más específicos para cada una de las
diferentes áreas de actuación en las que se articula el Plan.



6.1. Premisas del Plan Estratégico

Las premisas sobre las que se ha construido este Plan Estratégico son las seis si-
guientes:

1ª La concepción de la integración como un proceso bidireccional, de adaptación
mutua.

2ª La convicción de que la responsabilidad del proceso de integración y de la
gestión de la misma debe ser compartida por las distintas administraciones,
los actores sociales, incluyendo a las personas inmigrantes, y el conjunto de
la sociedad

3ª La concepción del Plan como un marco de colaboración capaz de dinamizar
políticas, aglutinar iniciativas y dotar de coherencia a las actuaciones tanto
del sector público como de la sociedad civil.

4ª La necesidad de adoptar un enfoque integral o global, tanto en las políticas de
inmigración como en las de integración de la población inmigrada.

5ª La idea de que las políticas de integración se dirigen al conjunto de la ciuda-
danía, inmigrante y española, y que las actuaciones públicas deben ir orienta-
das a promover y garantizar el acceso normalizado de la población inmigrada
a los servicios públicos y privados de carácter general.

6ª La incorporación transversal de las cuestiones relativas a la integración de la
población inmigrada a todas las políticas públicas relevantes.

1. La integración como proceso bidireccional

La primera premisa es la concepción de la integración como “proceso bidireccio-
nal, de adaptación mutua” que requiere la participación activa de todos los ciuda-
danos, inmigrantes y autóctonos, así como de las instituciones del país de acogida,
y que busca la consecución de una sociedad inclusiva que garantice la plena parti-
cipación económica, social, cultural y política de los inmigrantes en condiciones
de igualdad de trato e igualdad de oportunidades.

La integración es un proceso continuo, dinámico y que se produce, en fases y as-
pectos distintos, a corto, medio y largo plazo.



■ La integración es bidireccional porque afecta tanto a las personas inmigran-
tes, como a la sociedad receptora, a sus miembros y a sus instituciones. Y esa
bidireccionalidad supone el reconocimiento por ambas partes de derechos y
obligaciones.
■ La integración supone una adaptación mutua, entre los ciudadanos por nacio-
nalidad y los nuevos ciudadanos por residencia que se instalan en España.
■ En este proceso bidireccional de adaptación mutua todos han de respetar los
valores básicos vigentes en España y en la Unión Europea.

Estos valores son los que establecen el Título Preliminar y el Título Primero de la
Constitución Española. El artículo 1 señala que “España se constituye en un Estado
Social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores del orde-
namiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Y de
acuerdo con el artículo 10.1 “la dignidad de la persona, los derechos inviolables
que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a
los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social”.
En cuanto concierne a derechos y libertades fundamentales, ha de tenerse siempre
presente el artículo 10.2 de la Constitución, que establece que “las normas relati-
vas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce
se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados
por España”. A continuación, el Título Primero establece todo un conjunto de valo-
res que constituyen la base de una sociedad democrática avanzada.

Estos valores se sintetizan en el artículo I-2 del Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa: “La Unión se fundamenta en valores de respeto a la dig-
nidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los
derechos humanos, incluyendo los derechos de las personas pertenecientes a mi-
norías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad carac-
terizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solida-
ridad y la igualdad entre hombres y mujeres”.

Este respeto de los valores comunes de la Constitución Española y de la Unión
Europea no es incompatible con la defensa y fomento de tradiciones culturales y
sociales diversas ya existentes o que puedan ser incorporadas por nuevos inmi-
grantes, porque eso es precisamente el valor del pluralismo. Al contrario, esas tra-
diciones culturales deben ser respetadas y valoradas positivamente, siempre que
respeten aquellos valores comunes.

En este proceso bidireccional, las instituciones de la sociedad receptora deben ga-
rantizar una equiparación de los derechos y deberes de las personas inmigrantes
con los autóctonas y las condiciones para hacer efectivos esos derechos y poder



cumplir esas obligaciones en condiciones de igualdad de trato y de oportunidades.
Como señala el Consejo de la Unión Europea en los “Principios Básicos Comunes
para la Política de Integración de los Inmigrantes en la Unión Europea”, “los Estados
miembros son responsables de garantizar activamente que todos los residentes, in-
cluidos los inmigrantes, comprendan y respeten toda la gama de valores, derechos,
responsabilidades y privilegios establecidos por el derecho de la Unión Europea y de
los Estados miembros, y de que disfruten de ellos y puedan acogerse a la protección
que dichos valores, derechos, responsabilidades y privilegios otorgan”.

La integración de las personas inmigrantes en la sociedad receptora va más allá de
este marco normativo y formal de derechos y obligaciones y de igualdad de opor-
tunidades, pero éste es un requisito imprescindible para que aquella se produzca.

Este proceso bidireccional de acomodación requiere que las instituciones españo-
las y comunitarias se adapten para acoger a todos los ciudadanos, tanto en térmi-
nos cuantitativos como cualitativos, y esto último implica la incorporación de
pautas interculturales en cada una de las instituciones; requiere que los españoles
reconozcan y valoren la necesidad y las aportaciones de la inmigración y reconoz-
can a las personas inmigrantes como ciudadanos con plenitud de derechos en tér-
minos de igualdad y sin ningún tipo de discriminación; y requiere también que las
personas inmigrantes busquen su integración, respetando los valores constitucio-
nales y el marco jurídico establecido de la Unión Europea y adoptando una actitud
positiva respecto al conocimiento de las lenguas, las leyes y las normas sociales de
su nuevo país. De esta manera se estarán sentando las bases para la construcción
de un marco de convivencia común e inclusivo.

2. La integración, una responsabilidad compartida

La segunda premisa sobre la que se construye el Plan Estratégico es que la respon-
sabilidad del proceso bidireccional de adaptación mutua de autóctonos e inmi-
grantes debe ser compartida y, por tanto, debe involucrar al conjunto de adminis-
traciones públicas, a los actores sociales (organizaciones sindicales y
empresariales, ONGs, asociaciones de inmigrantes, etc.) y a la sociedad receptora
en su conjunto.

Si entendemos por gobernanza la incorporación a la gestión de los poderes públi-
cos y a la toma de decisiones de principios como apertura, participación y respon-
sabilidad, una buena práctica de la gobernanza de la integración de la población
inmigrada exige una cooperación más estrecha entre todos los actores que tienen
un papel en este campo y una complementariedad de sus actuaciones: además de
las distintas Administraciones Públicas, los interlocutores sociales, las ONGs y ac-
tores organizados de la sociedad civil, las organizaciones de inmigrantes y los ciu-



dadanos en general, sean autóctonos o inmigrantes. Recordando, como ha señala-
do la Comisión Europea, que “la creación de un espíritu de integración es tarea del
conjunto de la sociedad”.

En este sentido, la participación del conjunto de los actores sociales es un eje indiscu-
tible en el desarrollo del Plan. El liderazgo desde las Administraciones Públicas debe ir
acompañado del diálogo y la colaboración de las muchas organizaciones sociales que
trabajan directa o indirectamente con las personas inmigrantes.

Además, la política de integración de los inmigrantes que se diseña en este Plan
Estratégico necesita ser compartida y estar basada en el consenso, puesto que
para ser eficaz ha de mantenerse en el tiempo y no experimentar excesivos cam-
bios en sucesivas legislaturas. Esta necesidad de este consenso se refiere a las dis-
tintas Administraciones Públicas implicadas en las políticas de integración, pero
también a la ciudadanía. Sólo construyendo paulatinamente este amplio consenso
social y desarrollando políticas públicas que partan y que se apoyen en dicho con-
senso, se podrá conseguir una sociedad inclusiva y evitar procesos de exclusión y
de segregación social.

3. El Plan Estratégico como marco para la cooperación

La tercera premisa con la que se ha proyectado este Plan Estratégico, y que conec-
ta con la anterior, es que éste ha de tener el carácter de un marco para la coopera-
ción de ámbito estatal. El Plan se concibe en el ámbito estatal porque, respetando
los ámbitos competenciales de las distintas Administraciones Públicas, las políti-
cas de integración afectan al conjunto de las actuaciones públicas y de las organi-
zaciones y agentes sociales en el conjunto del Estado.

El Plan Estratégico pretende ser un instrumento capaz de dinamizar políticas,
aglutinar iniciativas, crear partenariados y dotar de coherencia a las actuaciones
en favor de la integración de los inmigrantes, algunas de las cuales ya se están
desarrollando tanto por las distintas Administraciones Públicas como por la socie-
dad civil. Tendrá, por tanto, un carácter marco de cooperación en el que puedan
articularse distintas iniciativas de las Administraciones Públicas y de la sociedad
civil orientadas en esa dirección.

Estas actuaciones pueden estar ya en marcha, como es el caso de los planes de
muchas Comunidades Autónomas o de numerosos Ayuntamientos o pueden adop-
tarse precisamente como consecuencia de la dinámica que el Plan Estratégico pre-
tende generar, sobre todo mediante la aprobación de planes integrales de actua-
ción en el ámbito local.



El Plan Estratégico se ha elaborado también para favorecer la toma en considera-
ción de las posibilidades y las problemáticas ligadas a la inmigración en todas las
políticas públicas, tanto de la Administración General del Estado como de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, cada una en el ámbito de
sus competencias.

El Plan Estratégico pretende ser también el motor de nuevos procesos de coopera-
ción y de partenariado entre Administraciones Públicas y la sociedad civil organi-
zada en actuaciones orientadas a favores una sociedad más inclusiva.

4. Enfoque integral o global respecto de la inmigración y la integración

La cuarta premisa sobre la que se construye el Plan Estratégico es su enfoque inte-
gral o global, puesto que la integración es un proceso que afecta a todas las face-
tas de la vida cívica, social, económica, cultural y política de las personas de los
grupos sociales.

Un enfoque global de la inmigración y de la integración de los inmigrantes viene
siendo recomendado por las instituciones europeas desde las Conclusiones del
Consejo Europeo de Tampere de 1999 y diversas Comunicaciones de la Comisión
Europea desde el año 2000, hasta la Resolución del Parlamento Europeo de 9 de
junio de 2005 sobre los vínculos entre la migración legal e ilegal y la integración
de los inmigrantes que comienza señalando que “la política de inmigración de la
Unión Europea tiene que adoptar un enfoque global y no sectorial, basado no so-
lamente en las exigencias del mercado laboral de los Estados miembros sino sobre
todo en políticas de acogida e integración, así como en la definición de un estatu-
to claro y de derechos de ciudadanía, sociales y políticos para los inmigrantes en
toda la Unión Europea”.

Este enfoque holístico de las políticas de integración de los inmigración exige que
mantenga una relación coherente y complementaria con las políticas de inmigra-
ción. Exige abordar, además de los aspectos económicos, laborales, educativos, sa-
nitarios, de alojamiento y sociales de la integración, las cuestiones relacionadas
con la diversidad cultural y religiosa, la ciudadanía, la participación y los derechos
políticos de los inmigrantes. Y exige hacerlo en un marco global y coherente a lar-
go plazo que tenga en cuenta las diversas condiciones regionales o locales y las
necesidades específicas de grupos particulares.



5. La universalidad de las actuaciones públicas

La quinta premisa del Plan Estratégico es la de la universalidad de las actuaciones
y el acceso normalizado de los inmigrantes a los servicios públicos y privados.

Las actuaciones públicas en materia de integración deben ir dirigidas al conjunto de
la población y este principio de universalidad implica que los inmigrantes deben reci-
bir una atención normalizada dentro de esos servicios. Este es un principio que debe-
ría inspirar tanto los servicios públicos como los privados de carácter general.

Sin embargo, hay algunas fases del proceso de inmigración (como la acogida) o
aspectos del proceso de integración de los inmigrantes (como la enseñanza de las
lenguas oficiales en España) que pueden exigir intervenciones o servicios específi-
cos en algunos campos, al menos con carácter temporal. En general, cabe señalar
que las intervenciones de carácter específico que pueden requerir algunos aspec-
tos del proceso de integración están orientadas a la superación de situaciones de
desventaja, hasta conseguir la plena autonomía e igualdad en el acceso a los ser-
vicios establecidos para el conjunto de la población. En este sentido, universalidad
e igualdad son los dos conceptos centrales que vertebran la actuación de las
Administraciones Públicas.

No obstante, las políticas de normalización también implican la necesidad de re-
pensar, redimensionar y adecuar la oferta de servicios existentes, con el fin de dar
respuesta a las diferentes necesidades y a la situación diversa de cada una de las
personas que quiere integrarse en la sociedad.

6. La integración como elemento transversal en las políticas generales

La sexta y última premisa en la que se basa el Plan es la idea de que la integración
de los inmigrantes debe incorporarse de modo transversal a todas las políticas pú-
blicas orientadas a los ciudadanos.

Una de las metas que debe cumplir un Plan Estratégico como el presente es hacer
que las políticas públicas generales que inciden en la situación de la población in-
migrada, tanto dentro de la Administración General del Estado como de las
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, tengan en cuenta en su formu-
lación y ejecución el hecho de la inmigración y sus características, necesidades y
demandas específicas.

El Consejo de la Unión Europea ha incluido esta cuestión de la transversalidad de
la integración de la población inmigrada en las políticas públicas dentro de los
“Principios Básicos Comunes para la Política de Integración de los Inmigrantes en



la Unión Europea”: “Las políticas y medidas tendentes a incluir la cuestión de la
integración en todas las pertinentes competencias políticas y niveles de gobierno y
servicios públicos deben tomarse debidamente en cuenta en la elaboración y
puesta en práctica de medidas públicas”.

En este sentido, el objetivo de la integración debe ser asumido como una nueva
política transversal o de mainstreaming, como lo está siendo la perspectiva de gé-
nero o la medioambiental. Por tanto, la integración de la población inmigrada ha
de ser uno de los objetivos que persigan las políticas públicas en materias como
educación, sanidad, vivienda o servicios sociales y debe ser también uno de los
principios rectores que se incorporen expresamente en planes nacionales como los
orientados a favorecer la situación del empleo o de la inclusión social o el futuro
plan de sensibilización y prevención contra la violencia de género.



6.2. Principios del Plan Estratégico

Tres principios inspiran la acción estratégica que se diseña en este Plan, los objeti-
vos que propone y las actuaciones que pretende poner en marcha o fomentar:

1º El principio de igualdad y no discriminación, que implica la equiparación de
derechos y obligaciones de la población inmigrante y autóctona, dentro del
marco de los valores constitucionales básicos.

2º El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento de la plena partici-
pación cívica, social, económica, cultural y política de los ciudadanos y ciuda-
danas inmigrantes.

3º El principio de interculturalidad, como mecanismo de interacción entre las
personas de distintos orígenes y culturas, dentro de la valoración y el respeto
de la diversidad cultural.

1. Igualdad

El primer principio que inspira el Plan Estratégico es el de igualdad. El principio de
igualdad busca la construcción y consolidación de una sociedad justa e inclusiva.
Igualdad como equiparación de derechos y obligaciones básicas de la población inmi-
grada y autóctona; igualdad de trato y no discriminación por razón de origen racial o
étnico, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otro
motivo; e igualdad de oportunidades como garantía de una sociedad inclusiva.

Pero, además, esta igualdad de trato y de oportunidades es también condición im-
prescindible para la cohesión social, puesto que ésta se pone en riesgo si no se posibi-
lita la movilidad social, si no se combaten decididamente las discriminaciones que
puedan afectar a sectores de la población y, en definitiva, si no se evita que puedan
existir sobre un mismo territorio ciudadanos de primera y de segunda categoría.

La Constitución Española establece en su artículo 9.2. que “corresponde a los po-
deres públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del indi-
viduo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstá-
culos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Respondiendo a ese mandato constitucional, el Plan Estratégico diseña un conjun-
to de medidas tendentes a reconocer formalmente y a hacer efectivos para las
personas inmigrantes los mismos derechos y obligaciones que tiene la población



autóctona. El Plan Estratégico está atravesado por la lógica de la igualdad de tra-
to y de la lucha contra la discriminación en la línea establecida por las Directivas
2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del prin-
cipio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial
o étnico y 2000/78/CE de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

Las mujeres inmigrantes pueden sufrir una doble discriminación: por el hecho de
ser mujeres y por el hecho de ser inmigrante. Por ello, el Plan Estratégico presta
una atención particular para garantizarles la igualdad de trato y de oportunidades
en las distintas esferas de las intervenciones públicas y de la vida social. Además
existen otros factores de discriminación y exclusión social, como los que pueden
afectar a la población Roma procedente del Este Europa, a las personas discapaci-
tadas o a otros colectivos o minorías, que se superponen a la discriminación por la
condición de persona inmigrante y refuerzan si cabe, las situaciones de desigual-
dad o de exclusión.

Con el objeto de contrarrestar todos estos factores de discriminación y de promo-
ver una sociedad inclusiva, el Plan Estratégico establecerá o fomentará políticas
compensatorias que hagan posible la igualdad de oportunidades de todas las per-
sonas inmigrantes en la sociedad española.

2. Ciudadanía

El segundo principio del Plan Estratégico es el de ciudadanía. Porque para lograr
una sociedad cohesionada e integrada no es suficiente con la consecución de la
igualdad efectiva de derechos y obligaciones, sino que debe ser posible una parti-
cipación activa en la configuración de la propia sociedad. Es precisamente la dis-
posición de cauces de participación en la gestión de los asuntos públicos y en la
conformación de los espacios sociales lo que permite hablar de la incorporación de
nuevos ciudadanos y ciudadanas a nuestra sociedad.

En un sentido similar, la Comisión Europea viene planteando el concepto de “ciu-
dadanía cívica” desde su Comunicación de noviembre de 2000. Por “ciudadanía
cívica” podemos entender un conjunto de derechos y obligaciones cívicos, socia-
les, económicos y culturales de los inmigrantes, que dan lugar a la igualdad de
trato y de oportunidades entre población inmigrada y autóctona y al reconoci-
miento de derechos de participación en la vida pública. Este reconocimiento de
los inmigrantes como ciudadanos es un requisito imprescindible de una sociedad
inclusiva porque, como señaló el Consejo Económico y Social Europeo en 2002,
“la Europa de los ciudadanos no puede tener en su seno otra Europa de los no
ciudadanos”.



En este sentido, el principio de ciudadanía implica avanzar en el reconocimiento
de plenos derechos de participación cívica, económica, social, cultural y política a
la población inmigrada. Este reconocimiento de plenos derechos no garantiza por
sí solo el éxito de la integración, de ese proceso bidireccional de adaptación mu-
tua, pero es una condición necesaria para que la integración pueda producirse.
Porque sólo si los cauces de participación en los asuntos públicos y en la confor-
mación de la sociedad están abiertos, en plano de igualdad, a todos los ciudadanos
y ciudadanas, podrá generarse en la población inmigrada un sentimiento de perte-
nencia a su nueva sociedad.

El status de ciudadano o ciudadana en un Estado democrático ha de incluir la par-
ticipación en la vida pública, comenzando por la “ciudadanía en la ciudad”, por su
participación en el ámbito municipal. Además de los cauces de participación que
para ello establece la Ley de Bases del Régimen Local, la Constitución prevé tam-
bién la posibilidad de otorgar a ciudadanos extranjeros, mediante ley o tratado in-
ternacional, derechos de voto en el ámbito local, con la sola condición de que esta
posibilidad sea recíproca, es decir, que los españoles también dispongan del dere-
cho de sufragio en las elecciones locales de los países de los que proceden las per-
sonas inmigrantes autorizadas a votar en España. Este derecho de participación en
los asuntos locales ha sido también abierto en otros países de la Unión Europea a
las personas extranjeras que tienen la condición de residentes de larga duración.

Más allá del derecho de sufragio en el ámbito municipal, la Constitución reserva
los derechos de participación política a los ciudadanos españoles. Por tanto, aque-
llos ciudadanos y ciudadanas inmigradas que quieran alcanzar el máximo grado de
participación han de adquirir la nacionalidad española, han de avanzar en su com-
promiso y pasar a integrar la comunidad política que conforma la sociedad espa-
ñola. Pero, sin necesidad de llegar a ese último nivel de participación, la condición
de residente de larga duración debe proporcionar igualmente un conjunto de de-
rechos, obligaciones y cauces de participación que permitan a tales personas inmi-
grantes entenderse como ciudadanos y ciudadanas.

3. Interculturalidad

El tercer principio que inspira el Plan Estratégico es el de interculturalidad.

La diversidad cultural es uno de los valores y de las riquezas inherentes al pluralismo
español y europeo, de ahí que se halle amparada por diversas normas constitucionales
y europeas. Además, la concepción de la integración como un proceso de mutua
adaptación impone también respetar y valorar las distintas culturas que portan consi-
go las personas inmigrantes y niega la posibilidad de una simple asimilación a las
pautas culturales dominantes entre la población española. Pero la defensa de la diver-



sidad no debe llevar al mantenimiento de grupos culturales aislados entre sí, ni a una
consideración ahistórica o acrítica de las culturas. El principio de interculturalidad
exige reconocer y respetar las diferencias, pero busca la comunicación, el diálogo crí-
tico, la interrelación y la interacción de personas pertenecientes a culturas diversas,
sobre la base de unos valores básicos compartidos y del uso común de las lenguas ofi-
ciales existentes en España. El resultado de esta comunicación e interrelación es la
producción de nuevas realidades culturales, en las que todos los individuos y grupos
pueden resultar transformados y enriquecidos.

Por otra parte, no cabe negar que en ocasiones las diferencias culturales existentes en
el seno de una población cada vez más diversa pueden conducir a conflictos, que habrá
que abordar con los instrumentos del diálogo constructivo y el compromiso, dentro del
marco de opciones que abren la Constitución y las leyes. En los “Principios Básicos
Comunes para la Política de Integración de los Inmigrantes en la Unión Europea”, el
Consejo de la Unión Europea se ha manifestado en un sentido muy similar. En concre-
to, en el octavo de dichos principio señala lo siguiente:

“La práctica de diversas culturas y religiones está garantizada por la Carta
de los Derechos Fundamentales y debe quedar salvaguardada, a menos que
dichas prácticas entren en conflicto con otros derechos europeos inviolables
o con la legislación nacional.

Las culturas y religiones introducidas por los inmigrantes pueden facilitar
un mayor entendimiento entre los pueblos, la transición de los inmigrantes
hacia la nueva sociedad y el enriquecimiento de ésta (...). No obstante, los
Estados miembros tienen también la responsabilidad de garantizar que las
prácticas culturales y religiosas no impidan a las personas migrantes ejercer
otros derechos fundamentales o participar en la sociedad de acogida. Ello
reviste particular importancia en lo que se refiere a los derechos y la igual-
dad de la mujer, a los derechos e intereses del niño, y a la libertad de practi-
car o no una determinada religión”.

En definitiva, los mejores medios para abordar los conflictos de convivencia liga-
dos a diferentes prácticas culturales o las cuestiones relacionadas con prácticas
culturales y religiosas inaceptables que entren en conflicto con los derechos fun-
damentales y con los valores básicos de la UE son, como señala el Consejo, el diá-
logo intercultural e interreligioso constructivo, la educación, un discurso público
basado en la reflexión y el apoyo a las expresiones culturales y religiosas que res-
peten los valores, derechos y leyes nacionales y europeos. Sobre estos elementos
cabe construir una convivencia armoniosa.

En un escenario previsible de futuro, caracterizado por la presencia en el mismo
territorio de un conglomerado de distintas creencias, religiones y culturas, resulta



necesario garantizar un marco normativo y axiológico que facilite la convivencia y
permita gestionar los conflictos inherentes al propio hecho de convivir. La convi-
vencia se basa en la primacía de los derechos individuales sobre los colectivos, en
el respeto a la pluralidad de opciones y proyectos personales y colectivos, y en la
existencia de un Estado aconfesional que ampara y promueve la efectividad de di-
chos derechos.

El principio de interculturalidad se configura, por tanto, como la pauta básica que,
de acuerdo con la concepción de integración inherente al presente Plan
Estratégico, debe regir la relación entre personas y grupos de distintas culturas, a
fin de garantizar a un tiempo la cohesión social basada en principios constitucio-
nales compartidos y el respeto y la valoración positiva de la diversidad.



6.3. Objetivos generales del Plan Estratégico

El objetivo central del Plan Estratégico es contribuir a la construcción de una so-
ciedad justa, inclusiva y cohesionada, en la que la convivencia de todos se de-
sarrolle sobre valores y normas comunes, respetando la diversidad de las personas
y de los grupos sociales.

Para ello el Plan Estratégico pretende fomentar la integración de los inmigrantes
en la sociedad española mediante el reconocimiento de derechos y obligaciones
similares a los de los españoles y estableciendo las condiciones para que esos de-
rechos y obligaciones sean efectivos. Además, este Plan pretende fomentar la
comprensión del hecho migratorio por parte de la sociedad española y su adapta-
ción a la nueva realidad social que plantea el fenómeno migratorio y mejorar la
adecuación de los servicios públicos orientados a todos los ciudadanos, inmigran-
tes y españoles, en igualdad de condiciones.

Con todo ello, el Plan Estratégico persigue poner las bases para que, por su parte,
los inmigrantes busquen su integración, respetando los valores de la Unión
Europea y adoptando una actitud positiva respecto al conocimiento de las len-
guas, las leyes y las normas sociales de su nuevo país. Y, de ésta manera, hacer po-
sible entre todos la consolidación de un sentimiento de pertenencia de los inmi-
grantes respecto a su nueva sociedad.

Los diez objetivos generales del Plan Estratégico son los siguientes:

1. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, sociales, económicos, cul-
turales y políticos de las personas inmigrantes.
2. Adecuar las políticas públicas, especialmente la educación, el empleo, los ser-
vicios sociales, la salud y la vivienda, a las nuevas necesidades que se plan-
tean con la presencia de población inmigrada. Esta adecuación ha de ser tan-
to cuantitativa, para responder al incremento de los nuevos ciudadanos y
usuarios a los que han de atender los servicios públicos, como cualitativa,
para gestionar la diversidad de las nuevas demandas, e incorporar los elemen-
tos interculturales necesarios.
3. Garantizar el acceso de la población inmigrada a los servicios públicos, espe-
cialmente a la educación, el empleo, los servicios sociales, la salud y la vivien-
da, en igualdad de condiciones con la población autóctona.
4. Establecer un sistema de acogida para inmigrantes recién llegados y para las
personas inmigrantes en situaciones de especial vulnerabilidad, hasta poner-
las en situación de acceder a los servicios públicos generales.



5. Fomentar entre ciudadanos y ciudadanas inmigrantes el conocimiento y el
respeto de los valores comunes de la Unión Europea, de los derechos y las
obligaciones de las personas residentes en España, de las lenguas oficiales en
diversos territorios del Estado y de las normas sociales de convivencia de la
sociedad española.
6. Luchar contra las diversas manifestaciones de la discriminación, el racismo y
la xenofobia en todos los campos de la vida social, tanto en el ámbito público
como en el privado.
7. Introducir la perspectiva de género, tanto en la elaboración de políticas en el
campo de la integración de la población inmigrada, como en la aplicación de
las mismas.
8. Fomentar políticas y experiencias de codesarrollo con los países de los que
provienen las personas inmigrantes.
9. Favorecer la comprensión por parte de toda la sociedad española del fenóme-
no migratorio, mejorar la convivencia intercultural, valorando la diversidad y
fomentando valores de tolerancia y respeto, y apoyar el mantenimiento y el
conocimiento de las culturas de origen de los inmigrantes.
10. Estimular políticas públicas de las distintas Administraciones Públicas y de la
sociedad civil que fomenten la integración de la población inmigrada y la
cooperación en este campo.


7

La gobernanza de
las políticas de
integración de los
inmigrantes


La gobernanza de las políticas de integración de los inmigrantes

7. La gobernanza La integración de los inmigrantes es un proceso dinámico, que se produce a lo lar-
de las políticas go del tiempo, complejo y diverso, puesto que distintas son las posiciones sociales
y culturales de partida, y multidimensional, porque afecta a todas las esferas de la
de integración de vida social y de la convivencia de los ciudadanos en un territorio determinado. Una
los inmigrantes realidad tan compleja no puede ser gestionada por un solo actor aunque sea el
Estado. Hay actores relevantes como las ONGs que están muy bien situados para
detectar antes cuestiones o señales relevantes, porque tienen antenas más pega-
das a los problemas concretos de los ciudadanos. Por eso, en la definición de una
estrategia para la integración de los inmigrantes y en la gestión de las políticas
públicas en este campo es necesario implicar a toda la sociedad, especialmente a
los actores afectados por los desafíos que plantea la inmigración por razones de
las dimensiones de la integración (educación, empleo, vivienda, salud, servicios so-
ciales, barrios, etc.), como de los colectivos y organizaciones que trabajan con per-
sonas inmigrantes o las asociaciones de inmigrantes. Es necesario que esa estrate-
gia señale la dirección en que se quiere avanzar hacia una sociedad inclusiva y
cohesionada y avance las formas de gestión de los conflictos, a través de la nego-
ciación y de la búsqueda de consensos básicos.

Como señala el Consejo Europeo en los “Principios Básicos Comunes para la
Política de Integración de los Inmigrantes en la Unión Europea”, “los gobiernos y
las instituciones públicas a todos los niveles son protagonistas importantes, pero
no son los únicos. La integración se lleva a cabo en todos ámbitos de la vida públi-
ca y privada y son numerosos los agentes no estatales que influyen en el proceso
de integración de los inmigrantes y pueden presentar un valor añadido, como por
ejemplo los sindicatos, las empresas, las organizaciones de empresarios, los parti-
dos políticos y los medios de comunicación, las asociaciones deportivas y las orga-
nizaciones culturales, sociales y religiosas. La cooperación, coordinación y comu-
nicación entre todos estos factores son importantes para que la política de
integración sea eficaz. La participación de los inmigrantes y de las demás personas
en la sociedad de acogida es también necesaria”.

El proceso de adaptación mutua entre inmigrantes y españoles, la integración de
los inmigrantes en la sociedad de recepción, es un fenómeno que demanda la ac-
ción política tanto de la Administración General del Estado como de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. Pero también afecta y
demanda la acción del conjunto de la sociedad, especialmente de la sociedad civil
organizada. Las administraciones y el mundo asociativo tienen papeles comple-
mentarios que cumplir en este proceso y por eso es necesaria una estrecha y esta-
ble cooperación entre todos estos actores y desarrollar espacios y campo de parte-
nariado estable entre diversos actores.

Siguiendo el Libro blanco de la Comisión Europea sobre La gobernanza europea,
podemos entender por gobernanza la incorporación a la gestión de los poderes pú-



blicos y a los procesos de toma de decisiones de principios como apertura, partici-
pación y responsabilidad, sin olvidar otros ya incorporados a los principios del
buen gobierno como eficacia y coherencia. Con la gobernanza se busca, como se-
ñala la Comisión, “abrir el proceso de decisión política para dotarlo de mayores ni-
veles de integración y responsabilidad”, es decir, abrir las estructuras de gobierno a
la participación de la sociedad civil, hacer más democrática la gestión de los asun-
tos públicos.

Además de eficacia (porque las medidas deben ser eficaces y oportunas y deben
producir los resultados buscados sobre la base de unos objetivos claros y de una
evaluación de su futuro impacto) y coherencia (porque las políticas desarrolladas y
las acciones emprendidas deben ser coherentes y fácilmente comprensibles), que
son elementos que debe tener un buen gobierno, la gobernanza implica introducir
en la gestión pública de la integración de los inmigrantes, al menos, tres princi-
pios: Apertura, Participación y Responsabilidad.

La apertura implica que las instituciones deben trabajar de una forma más abierta,
más transparente y más comunicativa, utilizando un lenguaje que resulte accesi-
ble para el público en general y especialmente para aquellos a los que va orienta-
da la acción pública. Este aspecto, como señala la Comisión, reviste una especial
importancia si se quiere fomentar la confianza en unas instituciones que son por
sí complejas.

La gobernanza requiere una amplia participación de los ciudadanos en todas y
cada una de las distintas fases del proceso de las políticas de integración de los in-
migrantes, desde el diagnóstico y la formulación de la estrategia, hasta la gestión
de los planes y evaluación de los resultados y el proceso. Una participación amplia
y plural contribuye a generar mayor confianza en los resultados de la acción públi-
ca y en las instituciones de las que emanan las políticas de integración de los in-
migrantes. Para que esta participación sea efectiva conviene construir redes, es-
tructuras flexibles y procesos que fomenten la interacción y los partenariados
entre distintas áreas de la Administración General del Estado, entre las distintas
Administraciones Públicas y entre ellas y la sociedad civil en los diferentes niveles.

La responsabilidad dentro de la gobernanza exige clarificar el papel de cada uno
de los actores dentro del proceso de integración y de la formulación y ejecución de
las políticas en este campo. Esta responsabilidad compartida no hace olvidar los
compromisos que las administraciones públicas tienen con los ciudadanos.



7.1. La elaboración del Plan Estratégico:
diálogo, participación y consenso

Una de las premisas sobre las que se ha construido este Plan es que la responsabi-
lidad del proceso de adaptación mutua de autóctonos e inmigrantes debe ser
compartida y, por tanto, debe involucrar al conjunto de administraciones públicas,
a los actores sociales (organizaciones sindicales y empresariales, ONGs, organiza-
ciones de inmigrantes, etc.) y a la sociedad receptora en su conjunto.

Para hacer realidad esta idea de responsabilidad compartida ya desde la fase ini-
cial de diseño de las políticas y medidas a desarrollar, el Plan Estratégico se ha ela-
borado desde el diálogo con las distintas administraciones, tanto la
Administración General del Estado como las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales, y con todos los actores sociales relevantes implicados en
los procesos de integración de los inmigrantes. También se va a implementar y
evaluar con la participación de estos mismos actores.

Para ello, se puso en marcha desde mediados del año 2005 un proceso de reflexión
y consulta en el que han participado todos los actores relevantes. Este proceso se
llevó a cabo a través de las siguientes fases:

Fase de consulta inicial, con la organización de cinco seminarios temáticos en los que
participaron mas de 250 técnicos procedentes de las distintas Administraciones
Públicas, de organizaciones sindicales y empresariales, de ONGs y de asociaciones de
inmigrantes y del mundo académico. En estos seminarios, celebrados en los meses de
mayo y junio de 2005, se abordaron prácticamente todas las áreas de actuación del
Plan Estratégico. Estos seminarios fueren seguidos de la elaboración y difusión de las
conclusiones de los Seminarios en cada una de las áreas, con la preparación de nueve
documentos en los que se presentaba para cada una de las áreas abordadas elemen-
tos para el diagnóstico de la situación y los objetivos, estrategias y programas que se
habían sugerido. El resultado ha sido un diagnóstico y unos planteamientos amplia-
mente compartidos, en cuanto a las políticas que es necesario implantar.

Fase de elaboración interna del borrador del Plan Estratégico: A partir de los tra-
bajos de los seminarios y de las aportaciones de expertos y de la experiencia de los
planes de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, se elaboró un primer borra-
dor del Plan Estratégico en el seno de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración. Ese texto se contrastó en reuniones bilaterales con distintos departa-
mentos de la Administración General del Estado, con los más directamente rela-
cionados con la integración de los inmigrantes: Ministerio de Educación, Ciencia y
Deporte, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Vivienda, Ministerio de
Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministerio de



Administraciones Públicas. Y, naturalmente, con los distintos centros directivos del
propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que con sus actuaciones inciden
en el ámbito de la integración: Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia
y Discapacidad, Secretaría de Estado de la Seguridad Social, Secretaría General de
Empleo, Secretaría General de Políticas de Igualdad, Servicio Estatal de Empleo-
INEM, Dirección General de Trabajo, Instituto de la Juventud, Instituto de la Mujer,
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Instituto de Seguridad e Higiene e
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales presentó el borrador del Plan Estratégico
de Ciudadanía e Integración en el Consejo de Ministros de 23 de junio de 2006.
Inmediatamente a continuación, el borrador se hizo público situándolo en la pági-
na web del Ministerio y se abrió un proceso de consulta social e institucional sobre
el Plan Estratégico. El proceso se instrumento a través de la misma página web, en
la que se colocaron dos formularios para enmiendas al texto del borrador y para
formular propuestas sobre las políticas de integración a realizar. Cualquier entidad
o institución, cualquier ciudadano podía realizar aportaciones por esta vía al con-
tenido del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. En su conjunto, fueron
más de mil las aportaciones recibidas, procedentes tanto de organizaciones no gu-
bernamentales, como de asociaciones de inmigrantes, agentes sociales, adminis-
traciones públicas de ámbito estatal, autonómico y local, y ciudadanos y ciudada-
nas a título individual. El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes ha sido
particularmente activo y ha realizado numerosas aportaciones de gran relevancia.

El presente texto incorpora muchas de las aportaciones recibidas, que han enri-
quecido y mejorado notablemente la versión inicial del borrador. De esta manera
se ha querido cumplir con una de las exigencias de la buena gobernanza, que im-
pone abrir a la participación el desarrollo de las políticas públicas de integración
del Estado, ya desde la fase inicial de diseño de las mismas.



7.2. El desarrollo del Plan Estratégico:
cooperación y corresponsabilidad

Una de las premisas que están en la base de este Plan Estratégico es su carácter de
marco para la cooperación a nivel estatal. El Plan pretende ser un instrumento ca-
paz de dinamizar políticas, aglutinar iniciativas, crear partenariados y dotar de co-
herencia a las actuaciones en favor de la integración de los inmigrantes que llevan
a cabo tanto las Administraciones Públicas como la sociedad civil.

Las distintas Administraciones Públicas tienen fijadas sus responsabilidades en este
campo en las competencias que desarrollan constitucionalmente. Algunos servicios
públicos claves para la integración de los inmigrantes son, principalmente, competen-
cia de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales. Es, por ejemplo, el
caso de la educación, las políticas activas de empleo, la vivienda y el urbanismo, los
servicios sociales o la sanidad, aunque la Administración General del Estado mantenga
algunas competencias en estos ámbitos. Además, muchas Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales han desarrollado un conocimiento y una experiencia política
muy importante en este terreno y han aplicado los principios de gobernanza en la ges-
tión de las políticas de integración de los inmigrantes.

El método en que puede desenvolverse esta cooperación puede inspirarse en algu-
nas prácticas desarrolladas en el ámbito de la Unión Europea, en aplicación del
denominado método abierto de coordinación. Líneas fundamentales de este méto-
do dentro del Plan Estratégico son las siguientes:

■ Subsidiariedad: el Plan Estratégico establece un marco estatal con una serie
de principios, objetivos y programas que se consideran prioritarios para orien-
tar el proceso de adaptación mutua que supone la integración de la población
inmigrada. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales son las
responsables de dar contenidos concretos a sus competencias y pueden en-
contrar en el Plan Estratégico orientaciones y recursos que les ayuden a defi-
nir esas líneas de acción. Además, el Plan promueve el análisis y la evaluación
de las políticas públicas de integración, el intercambio de conocimientos y la
transferencia de buenas prácticas entre las distintas Administraciones.
■ Convergencia: el Plan Estratégico pretende proporcionar un marco de referen-
cia que pueda servir de orientación a los planes y actuaciones de otras admi-
nistraciones y a las actividades de la sociedad civil en el campo de la integra-
ción de los inmigrantes.
■ Definición de objetivos: los objetivos generales del Plan Estratégico han de
plasmarse en programas concretos de acción con objetivos definidos con pre-
cisión, que puedan ser analizados con indicadores cuantitativos y cualitativos



y cuyos resultados puedan ser evaluados con claridad. Esto permitirá dotar al
Plan Estratégico y a las acciones que se lleven a cabo a partir del mismo de
transparencia y que puedan ser sometidas al escrutinio público.
■ Seguimiento territorial: La cooperación entre administraciones, a través de los
instrumentos formales que se articulen, ha de permitir un seguimiento regular
de los planes y acciones que se están llevando a cabo en los distintos territo-
rios. Esto ha de ser también una fuente de intercambio de experiencias, de
buenas prácticas y de actividades innovadoras en las distintas áreas del Plan
Estratégico.
■ Enfoque integrado: el Plan Estratégico pone de relieve el sentido multidimen-
sional de la integración. Esas múltiples dimensiones, que se traducen en la ne-
cesidad de instrumentar políticas y acciones en campos muy diversos como
acogida, educación, empleo, vivienda, salud, servicios sociales, codesarrollo,
igualdad de trato, perspectiva de género, participación o sensibilización, de-
ben tener una inspiración y un horizonte común. Los principios que inspiran el
Plan Estratégico deben reflejarse, además, en las políticas generales, dirigidas
a la población en su conjunto, que afectan también a los ciudadanos inmi-
grantes, tanto a nivel de la Administración General del Estado, como en las
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

La cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades
Autónomas en aplicación del presente Plan se va a articular sobre la base de
Planes de Acción Autonómicos que se conciertan anualmente. Dichos Planes con-
tienen una descripción de las medidas que se van a financiar de manera conjunta
por ambas Administraciones, así como de aquellas que se van a realizar a través de
los Ayuntamientos de cada Comunidad. Los Planes de Acción prevén igualmente
cómo se va a instrumentar el seguimiento de las actuaciones y qué indicadores se
va a utilizar para evaluar la eficacia de las medidas. El instrumento financiero que
sirve de apoyo a estas actuaciones es principalmente el Fondo de Apoyo a la
Acogida y la Integración, establecido en los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto a la cooperación con los actores de la sociedad civil, está basada en la in-
terlocución permanente, tanto a través de los órganos de participación como de ma-
nera individualizada, en el apoyo a las asociaciones de inmigrantes y a las organiza-
ciones de apoyo a la inmigración y en la realización de acciones concertadas y
partenariados que sirven para desarrollar las políticas de integración identificadas
como prioritarias en el marco del presente Plan. Esta concertación se apoya en instru-
mentos tales como los convenios de colaboración institucional, en los cuales se espe-
cifican los objetivos perseguidos, las actuaciones a realizar, los mecanismos de segui-
miento y evaluación, y las aportaciones de cada una de las partes, e igualmente en las
convocatorias de subvenciones para proyectos relacionados con la integración de las
personas inmigrantes.


8

Áreas de intervención



8. Áreas de 8.1. ACOGIDA
intervención
Introducción

La acogida ofrecida a las personas inmigrantes constituye uno de los principales
condicionantes del proceso de integración, en la medida en que una buena gestión
de la acogida permite acelerar la inserción en todos los ámbitos vitales (el vecinal,
el laboral, el escolar, etc.). En sentido inverso, la ausencia de una acogida adecua-
da retarda los procesos de inserción y provoca en muchas ocasiones la necesidad
de esfuerzos adicionales, tanto por parte de los propios ciudadanos y ciudadanas
inmigrantes como de la sociedad receptora. Además, la acogida juega también un
papel esencial en la adquisición de un sentimiento de pertenencia a la nueva so-
ciedad, porque la forma en que las personas inmigrantes experimentan que han
sido acogidas deja una marca indeleble en su biografía vital y en la valoración de
su proceso migratorio.

En correspondencia con esta importancia crucial, los programas de acogida ocu-
pan un lugar preponderante en los planes y documentos sobre integración a esca-
la europea, estatal, autonómica y local, y en las acciones desarrolladas por nume-
rosas organizaciones no gubernamentales y agentes sociales.

El cuarto de los Principios Básicos Comunes Sobre Integración, aprobados por el
Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior en Bruselas el 19 de no-
viembre de 2004, establece que “un conocimiento básico del idioma, la historia y
las instituciones de la sociedad de acogida es indispensable para la integración;
permitir a los inmigrantes adquirir ese conocimiento básico es esencial para que
la integración tenga éxito”. El Consejo continua señalando que “la importancia de
un conocimiento básico en el ámbito lingüístico, histórico y cívico se refleja en el
creciente énfasis que ponen varios Estados miembros en programas introducto-
rios centrados en instaurar los instrumentos más adecuados para iniciar el pro-
grama de integración. El seguimiento de dichos programas permitirá a las y los
inmigrantes encontrar rápidamente su lugar en ámbitos clave como son el traba-
jo, la vivienda, la educación y la salud y ayudará a iniciar el proceso, a más largo
plazo, de la adaptación normativa a la nueva sociedad. Al mismo tiempo, estos
programas se convertirán en inversiones estratégicas en el bienestar económico y
social de la sociedad, considerada en su conjunto”. Y apuntando al que debe con-
siderarse una de los principales objetivos de los programas de acogida, el princi-
pio sexto de estos Principios señala que “el acceso de las y los inmigrantes a las
instituciones y a los bienes y servicios tanto públicos como privados, en las mis-
mas condiciones que los ciudadanos nacionales y sin discriminaciones es un re-
quisito esencial para una mejor integración”.



El Manual sobre la integración de la Comisión Europea de 2004 llega a la conclu-
sión de que “los programas de introducción son una inversión para el futuro que
deberían estar dispuestos a hacer tanto las personas inmigrantes como la socie-
dad. Para las primeras representa un punto de partida que les permite adquirir
unas competencias indispensables para hacerse autosuficientes, por lo que el es-
fuerzo merece la pena. Para la sociedad, la rentabilidad de la inversión consiste en
que las personas inmigrantes se convierten en ciudadanos mejor preparados y ca-
paces de contribuir a ella”.

El primer informe sobre inmigración e integración de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones (COM 2004/508), confirma que: “los Estados miembros están cada vez
más concernidos por la integración de los recién llegados, en especial asegurándo-
se de que las y los inmigrantes comprendan y respeten las normas y los valores
fundamentales de la sociedad de acogida (…) que puedan integrar bien a los recién
llegados en todos los aspectos de la sociedad.”

En España, el “Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes así
como al Refuerzo Educativo de los Mismos” , creado en 2005 y cuyos criterios de
distribución para el ejercicio 2006 se aprobaron por Acuerdo del Consejo de
Ministros del 3 de marzo de 2006, estableció dos líneas prioritarias de actuación en
apoyo a la acogida de inmigrantes: a) el desarrollo de la red de acogida integral,
que incluye programas de orientación social y laboral y plazas de alojamiento y
manutención para inmigrantes en situación de vulnerabilidad; y b) el apoyo a servi-
cios de información, orientación y acompañamiento, clases de idioma, asesoría jurí-
dica, traducción e interpretación, derivación a servicios de carácter general, forma-
ción ocupacional e inserción social y laboral. Adicionalmente, en el año 2006 se
incluyó como línea prioritaria de actuación el programa de acogida y atención hu-
manitaria a personas inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.

En la mayoría de los Planes de integración de inmigrantes de Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos se ha planteado la cuestión de la acogida de perso-
nas inmigrantes, pero no todos lo han hecho en el mismo sentido; unos abordan la
acogida en el plano del alojamiento temporal y la cobertura de las necesidades
más inmediatas, mientras que otros adoptan concepciones más globales, inclu-
yendo aspectos relativos al acceso de las y los inmigrantes a los servicios sociales
de carácter general y a la inserción laboral.

Esta concepción integral de la acogida es también la que subyace al presente Plan.
De acuerdo con ella, la acogida abarca todas aquellas medidas de apoyo destina-
das a dotar a las personas inmigrantes de los conocimientos y las habilidades ne-
cesarias para desenvolverse autónomamente en la sociedad y tener acceso, en pie
de igualdad con los ciudadanos autóctonos, a los recursos y servicios sociales de



carácter general. Las clases de idioma y la información sobre las instituciones es-
pañolas y los procedimientos de acceso a los servicios públicos ocupan un lugar
tan central como la orientación sobre las reglas y valores básicos vigentes, los de-
rechos y deberes que incumben a todos los ciudadanos por igual o sobre los hábi-
tos sociales y culturales más arraigados. Los destinatarios de estas medidas no son
sólo las personas recién llegadas, sino igualmente aquellas personas inmigrantes
que, habiendo encontrado dificultades para desarrollar su proyecto vital, se hallan
al margen de los mecanismos de integración de la sociedad española. Y ello por-
que es preciso dar respuesta a necesidades que no han podido ser cubiertas por los
recursos sociales asistenciales existentes, en aras de evitar el riesgo de que estas
situaciones de exclusión social adquieran carácter crónico.

Además, la acogida abarca también los denominados itinerarios individualizados
de inserción, una metodología de intervención que parte de un análisis del poten-
cial y las necesidades individuales, diseña a continuación un itinerario de forma-
ción e inserción y concluye con la mediación para el empleo y el seguimiento ulte-
rior. En situaciones particulares de especial vulnerabilidad, puede ser también
necesario prestar transitoriamente servicios de alojamiento y manutención, pero
tales medidas sólo se entienden como complemento de los demás programas, que
constituyen el núcleo de las acciones de acogida.

Estos itinerarios son particularmente relevantes cuando se trata de personas en si-
tuaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, en las que es especial-
mente necesario desarrollar acciones integrales que atiendan a la multicausalidad
e incidan en los distintos factores que originan dicha situación. Hay que señalar
igualmente que numerosas personas inmigrantes, por su grado de formación, de
conocimiento del español y de autonomía, prácticamente no precisan de este apo-
yo, aunque una primera información y orientación siempre facilita una mejor y
más rápida inserción social y laboral.

En función de las situaciones a las que pretenden hacer frente y las necesidades
que pretenden cubrir los distintos programas de acogida existentes, cabría distin-
guir a grandes rasgos entre:

Acogida inicial de carácter general: proceso de información y orientación inicial,
que abarca el conocimiento de las normas y los valores fundamentales en España,
los hábitos sociales y culturales vigentes, asesoramiento jurídico, derivación a los
servicios públicos de carácter general y, en casos en que se detecta la necesidad,
clases de idioma e itinerarios individualizados de inserción.

Acogida de personas en situación de especial vulnerabilidad: proceso de interven-
ción social que se produce vinculado a aquellas situaciones específicas de vulnera-
bilidad presentadas por las personas inmigrantes que se hallan en España. Una vez



han sido atendidas, en fase inicial, las necesidades materiales más básicas y pe-
rentorias (atención humanitaria), la intervención conecta con los programas de in-
formación, orientación, la derivación a servicios públicos de carácter general o de
intervención específicos para colectivos desfavorecidos y el desarrollo de itinera-
rios individualizados de inserción, que forman parte de la acogida inicial de carác-
ter general.

Acogida especializada: proceso de intervención social dirigido a colectivos especí-
ficos, como los solicitantes de asilo, refugiados y otros beneficiarios de protección
internacional, incluyendo a personas que puedan llegar a España en el marco de
programas de reasentamiento, en la medida en que requieran un tratamiento es-
pecializado. Un segundo bloque de destinatarios de esta acogida especializada
está integrado por los trabajadores y trabajadoras inmigrantes que llegan a
España por el procedimientos de migración programada, como son los temporeros
que llegan para una campaña o una obra o servicio determinado y posteriormente
retornan a sus países de origen, o el contingente de trabajadores extranjeros, que
incluye las personas con visados de búsqueda de empleo.

1. Diagnóstico

Ante todo, es preciso reconocer el intenso esfuerzo desarrollado en los últimos
años tanto por las administraciones públicas como por el tercer sector en el cam-
po de la acogida, que ha experimentado un desarrollo muy importante y franca-
mente positivo para las políticas de integración. No obstante, es también mucho lo
que queda aún pendiente.

La primera cuestión a considerar es la falta de unidad en la definición de las polí-
ticas de acogida, a pesar de la importancia que una adecuada política de acogida
tiene para el éxito o el fracaso de las políticas de integración social y laboral de la
población inmigrada. En este sentido, parece necesario avanzar hacia una concep-
ción común que inserte los aspectos de cobertura de las necesidades materiales
más inmediatas dentro del marco más general de los programas de acogida, en-
tendidos como vía hacia la plena autonomía e igualdad en el acceso a los servicios
públicos de carácter general. Esta idea de la acogida permite eludir enfoques me-
ramente asistenciales proclives a generar actitudes de dependencia, en lugar de
fomentar la autonomía.

La falta de una definición compartida de lo que hay que entender por “acogida”
es reflejo de una situación más general, caracterizada por una escasa coordina-
ción entre las distintas instituciones y actores que intervienen en los programas,
que a su vez provoca el desconocimiento mutuo de los recursos existentes entre
los diversos agentes, la dispersión de esfuerzos y la ausencia de complementa-



riedad y sinergias entre las actuaciones. En definitiva, existen numerosos dispo-
sitivos de acogida de distintas instituciones y administraciones que funcionan
de manera más o menos atomizada, pero no se ha configurado un mapa de re-
cursos que permita conocer con precisión todos los recursos existentes, así como
las lagunas o insuficiencias de los mismos para cubrir las necesidades, ni se ha
articulado una red estatal de acogida que permita coordinar y optimizar su
aprovechamiento.

Corolario de esta situación es el hecho de que tampoco existan registros ni pro-
tocolos de intervención homologados. Ello dificulta notablemente el seguimiento
y la evaluación de los dispositivos y programas de acogida existentes, impide ga-
rantizar estándares mínimos de calidad de los servicios prestados y supone tam-
bién un obstáculo para la transferencia de las técnicas de intervención más efica-
ces de unos actores a otros. Por ello, parece conveniente crear un sistema
normalizado de recogida de información sobre los dispositivos existentes y los
servicios prestados e intentar consensuar, dentro del pleno respeto a las compe-
tencias autonómicas y locales, protocolos de intervención comunes adaptados a
las necesidades y los colectivos específicos y unos estándares mínimos de calidad
comunes para todo el territorio.

A todo ello se añade la necesidad de incrementar, con carácter general, las actua-
ciones y los recursos en materia de acogida, en correspondencia con el aumento
del número de recién llegados y con el hecho de que existe un cierto número de
personas en situaciones de grave vulnerabilidad social que encuentran importan-
tes dificultades para incorporarse a los mecanismos de integración existentes.
Porque lo cierto es que, a pesar de este incremento y de la persistencia de dichas
situaciones, las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para programas
de acogida se mantuvieron estables hasta el punto de inflexión que supuso en este
sentido la creación del “Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de los
Inmigrantes, así como al Refuerzo Educativo de los Mismos” en el ejercicio de
2005 y el nuevo aumento de su cuantía para el ejercicio de 2006.

En particular, incrementar la capacidad de los dispositivos de acogida exige refor-
zar a las asociaciones de inmigrantes y las organizaciones no gubernamentales,
cuyo papel en la acogida es clave. Pero igualmente implica potenciar los servicios
de los ayuntamientos, puesto que es en el ámbito local donde con mayor inme-
diatez se hace sentir el impacto de una buena o una mala política de acogida.
Reforzar la coordinación y el partenariado entre estos dos actores fundamentales
constituye otra actuación sumamente necesaria, en línea con lo anteriormente se-
ñalado. Hay que destacar que, cuando se habla de potenciar y de reforzar, no se
está haciendo referencia únicamente a la dedicación de más recursos, sino tam-
bién a la formación en habilidades interculturales y al apoyo a los profesionales y
voluntarios (cuidar a los cuidadores) que ejecutan los programas de acogida.



En cuanto a la configuración de los dispositivos de acogida, la mejor forma de fa-
cilitar una rápida inserción social, acorde con la idea de normalización, es apostar
por dispositivos pequeños, insertos en el tejido social y local, y que realicen una
intervención personalizada e integral.

Incrementar la capacidad de los dispositivos de acogida resulta también esencial
para garantizar la capacidad de respuesta ágil y efectiva del sistema de acogida
ante las situaciones de emergencia que se puedan producir. Es decir, hay que pre-
ver las contingencias que puedan generar necesidades de atención humanitaria
inmediata y procurar que su cobertura esté siempre asegurada.

Un ámbito distinto, pero igualmente crucial para la integración y en el que sin em-
bargo todavía la penetración de las políticas de acogida es escasa, es el de la rea-
grupación familiar. En este sentido, el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000 ha querido potenciar el papel de los ayuntamientos, al requerir que se les
dirija a ellos la solicitud de informe sobre disposición de vivienda adecuada para la
reagrupación a realizar. Ello permite a los ayuntamientos conocer las reagrupacio-
nes que se van a producir en el futuro inmediato y planificar, en su caso, las co-
rrespondientes medidas de acogida. Conseguir que los consistorios hagan un uso
creciente de esta posibilidad y profundicen en los programas de acogida de que
disponen, es uno de los retos que hay que afrontar.

Otro importante ámbito de actuación se refiere al contingente de trabajadores y
trabajadoras extranjeros y a quiénes llegan con autorización de temporada y re-
gresan a su país de origen una vez terminada la campaña para la que han venido.
En la medida en que se trata de operaciones colectivas programadas con antela-
ción, permiten planificar detalladamente la acogida. En el caso de los trabajadores
de temporada, la vigente legislación impone la garantía, por parte del empresario,
de un alojamiento adecuado para ellos. No existe una obligación jurídica equiva-
lente en el caso de las y los trabajadores que llegan por la vía del Contingente,
provistos de una autorización de residencia y trabajo por un año de carácter reno-
vable o con un visado de búsqueda de empleo; pero partiendo de la premisa de la
responsabilidad compartida por los procesos de integración, cabe afirmar que
también en este caso existe una importante responsabilidad, por parte de la em-
presa u organización empresarial que va emplear un trabajador o trabajadora ex-
tranjeros, de facilitarle una rápida inserción social y laboral.

De hecho, muchas empresas y organizaciones desarrollan programas de acogida,
que incluyen una orientación básica sobre los derechos y deberes de los trabaja-
dores, sobre nuestro sistema de Seguridad Social, sobre el sistema de transporte
en donde residan, sobre cómo encontrar vivienda, así como el apoyo a la tramita-
ción de las autorizaciones y documentos necesarios. En el caso de los trabajado-
res y trabajadoras que van a cubrir puestos en el servicio del hogar familiar, es la



propia Administración la que asume dichos programas de acogida. Por otra parte,
en relación con el trabajo de temporada, existen iniciativas de co-desarrollo en
las que, además de brindar alojamiento y manutención a los trabajadores, se les
ofrece la formación necesaria para convertirse en agentes de desarrollo de su
propio país de origen. Sin embargo, hasta el momento la existencia de este tipo
de programas de acogida responde a la iniciativa individual de cada empresa; lo
que se precisa aún es un planteamiento más sistemático que aborde la vertiente
empresarial de la acogida y la ponga en conexión con los demás actores y servi-
cios de acogida.

Todavía incipientes son también las actuaciones realizadas en el país de origen de
las y los inmigrantes, en lo que se podría denominar “pre-acogida”. La mayoría de
las informaciones que integran los programas de acogida pueden ser transmitidos
ya con anterioridad al viaje a España, lo que facilita su inserción. Es el caso de la
formación sobre derechos y deberes de los trabajadores en España que imparten
las organizaciones sindicales en el marco del procedimiento de contingente. Y lo
propio sucede con la formación lingüística y técnica relacionados con la actividad
que van a realizar, que algunos trabajadores y trabajadoras reciben antes de em-
prender su viaje. Los buenos resultados que han producido estos programas acon-
sejan profundizar en esta línea, e incluso ampliarla, más allá del procedimiento del
contingente. En este sentido, algunos países de la Unión Europea cuentan con
“paquetes de bienvenida” en formato audiovisual en los que se informa sobre las
condiciones de vida y de trabajo en el país receptor.

Además de los dos lugares de acogida hasta aquí referidos, el ámbito local/vecinal
(ayuntamientos) y el laboral (empresas), existe un tercer ámbito no menos impor-
tante, que es de los centros educativos que reciben alumnado inmigrante. Su si-
tuación es muy similar, en cuanto a que también aquí los programas de acogida
tienen un carácter más bien incipiente y a que es conveniente reforzar la coordi-
nación y el partenariado entre centros escolares y ayuntamientos. Por razones me-
todológicas este apartado se incluye en el área de educación.

Una mención aparte merece el campo del asilo y refugio, puesto que en este
ámbito contamos con una norma europea de incidencia directa. Se trata de la
Directiva CE/2003/9 del Consejo, relativa a condiciones mínimas de acogida
para los solicitantes de asilo, transpuesta a nuestra legislación de asilo median-
te el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. El cambio más importante
que ha supuesto esta Directiva comunitaria para nuestro sistema estriba en la
atención a los solicitantes de asilo desde el mismo momento de su solicitud, en
tanto se decide sobre su admisión a trámite. Con anterioridad, únicamente se
otorgaba prestaciones de acogida antes de la admisión a trámite de su solicitud
a personas en situación de particular vulnerabilidad, por lo que esta reforma
obliga a ampliar notablemente el espectro de beneficiarios. En cualquier caso,



la acogida de los solicitantes de asilo está garantizada en España por los
Centros de Acogida a Refugiados integrados en la Red Pública de Centros de
Migraciones y gestionados directamente por la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes, así como por centros concertados de financia-
ción pública gestionados por entidades sociales.

Por último, hay que hacer referencia a la existencia de experiencias innovadoras
que vinculan la acogida a la inserción laboral y al desarrollo local, especialmente
en el entorno rural. Diseminar el conocimiento de estas y otras experiencias que se
revelen como eficaces a la hora de propiciar la integración de las personas inmi-
grantes y la cohesión social y promover, con ello, su incorporación a las políticas
estables (transferencia de buenas prácticas), es otra de las tareas que es impres-
cindible acometer.



2. Objetivos y programas

Objetivo 1 Proporcionar a las personas inmigrantes las herramientas nece-
sarias para alcanzar un grado de autonomía suficiente para el acceso a
bienes y servicios, ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes en igual-
dad de condiciones respecto de la población autóctona.

En el ámbito de la acogida es importante contar con instrumentos capaces de
proporcionar a las personas inmigrantes el conocimiento y comprensión de las
normas, valores y lenguas de la sociedad a la que se incorporan.

El tercer sector y los ayuntamientos juegan un papel clave en la acogida de ahí
la importancia de reforzar su participación en la planificación, implementación
y seguimiento de los diferentes programas. Programas que, partiendo de la
concepción integral de la acogida, deben ser capaces de adaptarse a las necesi-
dades que cada proyecto migratorio lleva implícitas.

Programa ACO 1. Desarrollo y aplicación de Programas Introductorios a la
sociedad de acogida.

Medida 1.1. Fomento del diseño y aplicación de módulos introductorios a la
sociedad de acogida, tanto en origen como en destino, dirigidos a proporcio-
nar orientación e información básica sobre normas y valores fundamentales
de la sociedad de acogida, derechos y obligaciones, así como sobre el funcio-
namiento de las instituciones y los servicios públicos y los programas de re-
torno voluntario.
Medida 1.2. Homologación de los módulos introductorios a la sociedad de
acogida y acreditación de la participación en los mismos.
Medida 1.3. Fomento de las actuaciones dirigidas a la enseñanza de las len-
guas de la sociedad de acogida, tanto en origen, como en destino, en particu-
lar en los programas de formación de personas adultas.
Medida 1.4. Homologación de los cursos de aprendizaje de las lenguas y
acreditación de la participación en estas actuaciones.
Medida 1.5. Promoción de encuentros periódicos de evaluación, intercambio
de experiencias y transferencia de buenas prácticas entre instituciones y or-
ganizaciones que desarrollen módulos introductorios.



Programa ACO 2. Desarrollo y aplicación de proyectos de acogida integral.

Medida 2.1. Promoción de itinerarios individuales de inserción que faciliten
el desarrollo personal en la sociedad de acogida.

Medida 2.2. Promoción de proyectos de acogida integral adaptados a perso-
nas inmigrantes en situación de vulnerabilidad social

Medida 2.3. Promoción de proyectos de acogida integral adaptados a solicitan-
tes de asilo, refugiados y personas bajo sistemas de protección internacional.

Medida 2.4. Promoción de proyectos de acogida integral vinculados a la in-
serción laboral de colectivos específicos: trabajadores/as temporeros/as y tra-
bajadores/as con visado de búsqueda de empleo, incluyendo actuaciones de
pre-acogida en origen.

Medida 2.5. Promoción de proyectos de acogida integral basados en la inter-
mediación social y de itinerarios familiares de inserción para personas proce-
dentes de procesos de reagrupación familiar.

Medida 2.6. Promoción de las buenas prácticas empresariales y sindicales en
materia de acogida de los trabajadores inmigrantes y apoyo a las actuaciones
de las organizaciones empresariales y sindicales en la elaboración y puesta en
práctica de protocolos de acogida en las empresas.

Medida 2.7. Elaboración de un protocolo de protección integral a inmigrantes
víctimas de delitos contra los derechos de los trabajadores y/o que colaboran
con autoridades judiciales o administrativas.

Medida 2.8. Promoción de proyectos de acogida que tengan en cuenta las carac-
terísticas y necesidades específicas de las mujeres en los procesos de acogida.

Medida 2.9. Promoción de la implicación de la sociedad receptora como par-
ticipante activo en los procesos de acogida a recién llegados.



Programa ACO 3. Promoción de la acogida y asentamiento de inmigrantes en
el medio rural.

Medida 3.1. Estudio de la situación socioeconómica y demográfica de zonas
rurales que puedan representar una oportunidad para la inmigración y el de-
sarrollo sostenible de las mismas.

Medida 3.2. Promoción del desarrollo de proyectos de asentamiento en zo-
nas rurales.

Medida 3.3. Promoción de redes de coordinación e intercambio de informa-
ción entre municipios rurales interesados en la acogida y asentamiento de in-
migrantes.



Objetivo 2 Articular una Red Estatal de Dispositivos de Acogida Integral en
todo el territorio nacional, capaz de dar respuesta a las necesidades de aco-
gida integral, acogida de personas en situación de vulnerabilidad y acogida
especializada.

El segundo gran objetivo del Plan en el ámbito de la acogida es la articulación
de una Red Estatal de dispositivos y protocolos de actuación armonizados, en
la que participen las distintas Administraciones Públicas y las ONGs especiali-
zadas.

La Red debe ser capaz de ofrecer un servicio de calidad, de proporcionar infor-
mación sobre los recursos disponibles en cada momento en todo el territorio
nacional y de dar una respuesta ágil, flexible y equilibrada a las situaciones de
emergencia que pudieran producirse.

Programa ACO 4 . Ampliación y mejora de los dispositivos de acogida.

Medida 4.1. Ampliación de los dispositivos de acogida estatales y concerta-
dos con otras Administraciones Públicas y con entidades privadas.

Medida 4.2. Ampliación de los dispositivos de acogida para la acogida en si-
tuaciones de emergencia.

Medida 4.3. Mejora de los equipamientos de los dispositivos de acogida es-
tatales y concertados con otras Administraciones Públicas y con entidades
privadas.



Programa ACO 5. Plan de calidad del funcionamiento de los dispositivos de
acogida.

Medida 5.1. Armonización de los protocolos de actuación de los dispositivos
de acogida (de titularidad estatal y concertados) a partir del establecimiento y
la homologación de criterios mínimos de calidad.

Medida 5.2. Armonización de los registros de datos de los usuarios de la Red
de Acogida.

Medida 5.3. Aprobación de la normativa reguladora de los centros de migra-
ciones de titularidad estatal: régimen de funcionamiento y derechos y deberes
de los usuarios.

Medida 5.4. Realización de estudios de evaluación y análisis de calidad de los
programas y servicios de acogida desarrollados.

Medida 5.5. Apoyo a la formación de profesionales en el ámbito de la acogida.

Medida 5.6. Fomento de la investigación y transferencia de buenas prácticas
en materia de acogida.

Programa ACO 6. Coordinación y difusión de los dispositivos de acogida
disponibles.

Medida 6.1. Elaboración y difusión de un mapa/catálogo de dispositivos de
acogida.

Medida 6.2. Desarrollo e implantación de un sistema informático que facilite
la coordinación de la Red, la gestión de la acogida y en especial, una respues-
ta ágil, flexible y equilibrada ante situaciones de emergencia.

Medida 6.3. Potenciación del trabajo en red con el conjunto de asociaciones,
instituciones y administraciones que inciden en los programas de acogida, en
particular en el ámbito local.



8.2. EDUCACIÓN

Introducción

El derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales recogidos en la
Constitución Española; hacer efectivo este derecho conlleva garantizar una mayor
igualdad en el acceso a la misma, teniendo en cuenta las desigualdades iniciales
de tipo económico, cultural y social que dificultan el acceso, eliminando los meca-
nismos que fomentan estas desigualdades y manteniendo y promocionando en el
sistema educativo al alumnado en situación de desventaja.

La capacidad para organizar y regular los propios aprendizajes, el “aprender a
aprender”, constituye una de las destrezas básicas de las que se tiene que dotar
un individuo para poder alcanzar la plena integración social y ser capaz de mane-
jarse de forma constructiva en contextos heterogéneos.

La Unión Europea ha enfatizado el papel que tiene la educación para hacer facti-
bles el principio de equidad y la participación activa de todos los miembros de la
sociedad. Es indudable que la educación constituye uno de los elementos esencia-
les en la estrategia comunitaria de lucha contra la exclusión social, ya que la edu-
cación y, por extensión, la escuela y los procesos de enseñanza y aprendizaje que
en ella se generan, pueden y deben ser utilizados para profundizar en la creación
de una convivencia enriquecedora basada en la solidaridad, la tolerancia y el res-
peto entre todos los miembros de la sociedad.

La diversidad cultural de las sociedades europeas es una realidad innegable. Una
de las manifestaciones de esa diversidad es la incorporación de alumnado inmi-
grante a los centros educativos. En los sistemas democráticos, la mezcla de cultu-
ras, religiones y etnias tiene como consecuencia la aparición de una sociedad plu-
ral en sus creencias, en sus convicciones y en sus manifestaciones. Este es uno de
los principales desafíos que tienen planteados los países europeos y, por ello, uno
de los ejes prioritarios de sus políticas sociales y educativas.

En el contexto de la Unión Europea, con el fin de dar respuesta a estos nuevos re-
tos, se viene insistiendo en la necesidad de mejorar la calidad de los sistemas de
educación y la formación, tanto en el proceso de aprendizaje de niños, jóvenes y
adultos, como en el proceso de enseñanza y apoyo a los profesores y formadores
que se ocupan de alumnos o adultos inmigrantes, entre otros grupos en riesgo o
en situación desfavorecida.

La educación ocupa un lugar central en los “Principios Básicos Comunes Sobre
Integración”, aprobados por el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de



Interior en Bruselas, el 19 de noviembre de 2004; en concreto, el quinto de estos
Principios establece que “los esfuerzos realizados en la educación son fundamen-
tales para preparar a los inmigrantes, y en particular a sus descendientes, a parti-
cipar con más éxito y de manera más activa en la sociedad”.

Para poder aprovechar las oportunidades de una sociedad diversa el sistema edu-
cativo debe desarrollar políticas inclusivas.

La Ley General de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) significó el inicio de
la adecuación del sistema educativo español a la nueva pluralidad cultural y al
desarrollo de estas políticas inclusivas. Desde entonces se han producido grandes
avances en el desarrollo y mejora de las políticas de atención educativa al alum-
nado inmigrante. Sin embargo, el incremento de este alumnado, el mayor número
de países de procedencia, las experiencias diferenciales en sus procesos de sociali-
zación y el acceso a la enseñanza de los hijos e hijas de inmigrantes, en muchos
casos ciudadanos españoles de pleno derecho, pero con raíces culturales distintas
y distantes a las de la mayoría, no sólo han añadido complejidad al sistema sino
que exigen afrontar, de manera singular, una serie de necesidades específicas de
este tipo de población.

Todos estos factores, junto al previsible incremento del peso relativo de este alum-
nado en los centros escolares, obligan a aunar los esfuerzos de las administracio-
nes, de los protagonistas implicados y de la sociedad en su conjunto para profun-
dizar en estas políticas.

La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración ha impulsado actuaciones en
materia de educación destinando el 40% de la dotación del “Fondo de Apoyo a la
Acogida y la Integración de los Inmigrantes así como al Refuerzo Educativo de los
Mismos” en 2005, y el 50% en 2006, a actuaciones en el ámbito de la educación.

En este proceso de refuerzo de las políticas educativas de atención a la diversidad,
el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración pretende dar respuesta a las nece-
sidades del alumnado inmigrante impulsando las actuaciones encaminadas a eli-
minar los obstáculos que impiden el logro de la equidad educativa y a promover
una convivencia enriquecedora entre las diferentes culturas en la comunidad
educativa.

Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de
mayo), dispone en su artículo 1 que el sistema educativo español, configurado de
acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos
y libertades reconocidos en ella, se inspira, entre otros, en los siguientes principios,
los cuales subyacen también en el texto del presente Plan Estratégico:



a “La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de
sus condiciones y circunstancias.
b La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y
la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales y sociales, con especial atención a las que deriven de dis-
capacidad.
c La transmisión de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabili-
dad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia y que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
d La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se de-
sarrolla a lo largo de toda la vida.
e La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intere-
ses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que ex-
perimentan el alumnado y la sociedad. (…)”.

1. Diagnóstico

En España, los hijos e hijas de familias inmigrantes se han venido incorporando al
sistema educativo en distinto momento histórico y a un ritmo diferente al del res-
to de los países europeos. En la última década el ritmo de crecimiento de la pre-
sencia de alumnado inmigrante ha sido continuo, pasando de 57.406 alumnos en
el curso 1995-96 a 420.350 en el curso 2005-2006, según el avance estadístico
realizado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Este ascenso se ha producido
en todos los niveles de la enseñanza pero principalmente en los niveles de educa-
ción obligatoria.

La incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo español plantea tan-
tos beneficios potenciales como retos. Es una realidad que este alumnado aporta a la
sociedad un capital humano que ningún país puede desperdiciar, puesto que no sólo
contribuye al crecimiento económico sino también al desarrollo y al bienestar social.
Asimismo, la introducción de la diversidad en el sistema permite la adquisición de
unos conocimientos y competencias básicos en estos momentos y fomenta un des-
arrollo dinámico e innovador en las sociedades. Por otra parte, la educación sienta las
bases y crea las condiciones para que los inmigrantes puedan llegar a formar parte
activa de la vida política, económica, social y cultural de la sociedad de acogida.



Los recursos en educación

Una de las primeras cuestiones a considerar en el diagnóstico es la limitación pre-
supuestaria; de hecho el gasto público en educación, estimado en porcentaje so-
bre el PIB, es varios puntos inferior a la media comunitaria.

La Ley Orgánica de Educación prevé el acuerdo entre el Estado y las Comunidades
Autónomas para incrementar este gasto en los próximos diez años de tal forma
que se equipare progresivamente a la media de los países de la Unión Europea y
puedan aumentarse los recursos destinados a desarrollar políticas compensatorias
en áreas que requieren de especial atención como son: la educación infantil, la
formación eficiente y eficaz del profesorado, la prevención y reducción del fracaso
escolar, el abandono temprano de los estudios, la mejora de la calidad y la optimi-
zación de la convivencia escolar.

La equidad educativa

Uno de los problemas específicos al que hay que hacer frente es la tendencia a la
concentración de alumnos inmigrantes en centros escolares de titularidad pública;
aunque este hecho se produce en todos los niveles educativos, alcanza los mayo-
res porcentajes en la etapa de Educación Primaria y disminuye en niveles postobli-
gatorios.

No actuar para invertir esta tendencia producirá una segregación de la comuni-
dad educativa en grupos diferenciados en función de la cultura, del origen étnico y
social y de la capacidad económica, que indudablemente, se trasladará a la socie-
dad. La situación se agrava aún más si tenemos en cuenta que la población inmi-
grante suele asentarse en zonas socialmente desfavorecidas en cuyos centros es-
colares existe una mayor incidencia de alumnado en situación de desventaja social
y, por ende, con más demandas educativas diferenciales que aumentan la presión
sobre los recursos humanos y materiales disponibles.

Para evitar que esta situación se agrave, la Ley Orgánica de Educación prevé arbi-
trar mecanismos que posibiliten una escolarización equilibrada de todos los estu-
diantes en los centros sostenidos con fondos públicos con el objetivo de evitar
procesos de concentración escolar del alumnado inmigrante, según las caracterís-
ticas de la zona y el territorio.

En el sistema educativo español, a pesar de los avances producidos en la escolariza-
ción, aún persisten carencias relativas a la calidad de la educación que se evidencian
en la tasa de fracaso escolar de todo el alumnado. Un fenómeno que tampoco es aje-
no a otros países europeos en los que se ve con preocupación la persistencia de un
porcentaje elevado de fracaso y absentismo escolar.



En el período de educación obligatoria, los alumnos de origen inmigrante están pre-
sentando un fracaso escolar que alcanza, en muchos casos, índices superiores a la me-
dia nacional. Aunque existen desfases curriculares y déficit educativos en este alumna-
do, especialmente en el de reciente acogida, el fracaso escolar está relacionado,
fundamentalmente, con el contexto de exclusión social en el que viven algunas fami-
lias inmigrantes. La relación entre el éxito escolar y los factores socioeconómicos de
origen han sido puestos de manifiesto por el Informe PISA 2003 realizado por la OCDE.
Se sabe que existen una serie de necesidades sociales y educativas no cubiertas que
están limitando el rendimiento y los resultados de los alumnos inmigrantes en las au-
las y que requieren ser atendidas por otros servicios de compensación y normalización
social. Ante esta situación, y para alcanzar el nivel educativo adecuado, es necesario
prestar una atención prioritaria a las personas que encuentran especiales dificultades,
como puede ser una parte del alumnado inmigrante, lo cual pasa por desarrollar políti-
cas que prevengan el fracaso escolar, el abandono temprano de los estudios y cualquier
otro factor de riesgo que suponga acrecentar las diferencias existentes entre los secto-
res sociales normalizados y los más desfavorecidos.

Carencias y necesidades

Al igual que sucede en otros países de Europa, entre el alumnado de origen inmi-
grante suele haber una mayor tasa de fracaso escolar, de abandono de los estudios
al finalizar la etapa obligatoria o una orientación hacia itinerarios de menos pres-
tigio académico que entre el alumnado autóctono. También los estudios destacan
importantes diferencias en los índices de éxito escolar, según la nacionalidad del
alumnado extranjero, el estatus y nivel de estudios de sus padres o la edad de in-
corporación al sistema educativo.

El alumnado de origen inmigrante puede encontrarse en situación de desventaja
educativa, tanto a nivel curricular como de competencias personales y sociales, a
causa de experiencias educativas previas muy diferentes, normalmente, a las de la
sociedad de acogida. Asimismo una escolarización interrumpida o irregular hace
aún más compleja su integración escolar. La desventaja educativa mencionada se
puede ver agravada por circunstancias como haber sufrido, en el país de origen,
algún tipo de discriminación o situación de exclusión, debido a factores como la
pertenencia a determinada etnia o grupo social, o la posesión de cierta nacionali-
dad, o bien por haber asistido a centros de educación especial que puedan haber
estigmatizado de alguna manera al alumno, dañando su autoestima.

En el momento de incorporación a la escuela las necesidades especiales del alum-
nado inmigrante están relacionadas con el desconocimiento de la cultura, las tra-
diciones, las normas y los hábitos de la comunidad escolar y de la sociedad de aco-
gida y la adquisición de competencias lingüísticas, especialmente para aquellos



que provienen de países que no son hispanoparlantes. Estas carencias se traducen
en la imposibilidad de seguir con normalidad los procesos de aprendizaje, en la in-
comprensión y desorientación ante las diferentes situaciones de la vida escolar y
en la dificultad de interactuar con el grupo.

Es evidente que el desconocimiento de la lengua vehicular, o de las lenguas en las
Comunidades Autónomas bilingües, supone un obstáculo para la integración so-
cio-educativa y puede producir un desfase curricular importante. Todo ello sin
contar con que la no existencia de un currículo de español como lengua extranje-
ra dificulta la planificación y la atención educativa del profesorado.

Por lo que se refiere a los aspectos curriculares, en especial a las posibles dispari-
dades en la adquisición de las competencias de las diferentes áreas del currículo,
se requieren medidas de flexibilización, tanto curriculares como organizativas, así
como una profundización en las posibilidades y límites de las adaptaciones curri-
culares individuales y grupales, teniendo en cuenta la necesaria contextualización
de los centros y de sus necesidades socio-educativas.

Otro factor que influye poderosamente en la integración escolar del alumnado in-
migrante es su edad de incorporación al sistema educativo. Diferentes estudios
han puesto de manifiesto que la incorporación temprana a las escuelas favorece la
adquisición de la lengua y de hábitos y competencias básicas, a la vez que dismi-
nuye el desfase educativo al facilitar el aprendizaje a lo largo de todo el proceso
educativo. Una política de promoción de la escolarización temprana establecerá
las bases para lograr con éxito la inclusión escolar.

El profesorado

Uno de los principales retos a los que ha de enfrentarse el sistema educativo espa-
ñol es el de la mejora de la formación inicial y continua de sus profesores y de
todo el personal que realiza actividades de apoyo relacionadas con la educación y
la formación, de manera que sus conocimientos y competencias sirvan para dar
respuesta a los cambios experimentados en la sociedad y a las necesidades especí-
ficas de los alumnos inmigrantes.

Entre otros aspectos, los modelos de formación del profesorado deben facilitar el
aprendizaje de las competencias profesionales necesarias para afrontar los nuevos
desafíos sociales de la inmigración. Por esto, conviene generalizar dinámicas de
formación-reflexión-acción, mediante un análisis crítico de su actuación cotidia-
na, personal e institucional para incorporar nuevos marcos teóricos y nuevos mo-
dos de gestionar la diversidad.



Por otra parte, se debe potenciar la labor que vienen desarrollando muchos profe-
sores en la atención del colectivo inmigrante. Los profesores desempeñan un rol
central en la integración de este alumnado, porque son el principal referente de su
nuevo entorno. Las expectativas del profesorado respecto a la integración social,
escolar y el rendimiento académico son un elemento condicionante para estos ni-
ños y niñas. Es importante que las expectativas de los docentes estén basadas en
una comprensión desestigmatizada de las diferencias sociales y culturales, en un
conocimiento no estereotipado, ni basado en prejuicios de las diferentes culturas
presentes en el aula.

Esto supone que la formación específica del profesorado debe tener en cuenta la
necesidad de replantearse el saber, la forma fragmentada como se piensan los pro-
blemas educativos y las soluciones a los mismos, eliminando las barreras entre la
educación formal e informal, la desvinculación entre la investigación y la práctica,
así como el entendimiento de cualquier acción como una acción educadora.

Educación en valores, ciudadanía e integración

De un tiempo a esta parte están aumentando de forma preocupante las actitudes
intolerantes, racistas y xenófobas entre la población juvenil española, lo que tiene
su reflejo en los problemas de convivencia, en los conflictos escolares y en los ca-
sos de acoso en las aulas que han aflorado recientemente.

Los problemas de convivencia escolar y extraescolar relacionados con la inmigración
se explican por la presencia de un conjunto muy amplio de factores que no admiten
intervenciones simplistas. Sin intentar ser exhaustivos, podríamos citar la necesidad
de hacer efectiva la integración curricular de la educación en valores y para la ciuda-
danía de tal forma que se posibilite un espacio para la reflexión, el análisis y el estu-
dio de las características fundamentales y el funcionamiento de las sociedades demo-
cráticas y se prevenga sobre el rechazo y los estereotipos discriminatorios. La falta de
mediadores específicos para las diferentes culturas y grupos que conviven en la es-
cuela, la baja participación de las familias inmigrantes en las Asociaciones de Madres
y Padres de Alumnos, la conveniencia de impulsar programas de acogida para los es-
colares recién incorporados, la puesta en marcha de servicios de apoyo y asesora-
miento a las familias y a los centros, el desarrollo de acciones complementarias en el
ámbito de las necesidades no estrictamente curriculares del alumnado (alimentación,
higiene, servicios complementarios...) que puedan ser atendidos por los respectivos
profesionales son factores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar
políticas integradoras con la población inmigrante.

Dentro de las acciones no curriculares, un ámbito especialmente propicio para el
desarrollo de programas de integración es el del deporte, puesto que el papel del



mismo como vehículo de conocimiento mutuo, como generador de espíritu de
equipo y como escuela de valores es una realidad contrastada en la vida ordinaria.
Consciente de ello, el Consejo Superior de Deportes, organismo autónomo adscrito
al Ministerio de Educación y Ciencia de acuerdo con lo establecido en la Ley
9/1990, del Deporte, ha puesto en práctica una serie de medidas, tanto a través de
la estructura federativa deportiva española, como de actuaciones propias, tenden-
tes a aprovechar y a reforzar dicha virtualidad del deporte. Las estrategias adopta-
das por este organismo hacen particular hincapié en la promoción de la participa-
ción de niños y jóvenes inmigrantes en todas las modalidades deportivas y en la
eliminación de las barreras en el ámbito normativo o las discriminaciones de he-
cho que puedan obstar a dicha participación. Paralelamente, es preciso actuar con
toda determinación contra cualquier manifestación de intolerancia o xenofobia en
el deporte, por lo que resulta de particular importancia la puesta en marcha del
Observatorio de la Violencia, el Racismo y la Intolerancia en el Deporte en el seno
de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, así
como el Proyecto de Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la
Intolerancia en el deporte, actualmente en tramitación parlamentaria.

Volviendo al ámbito escolar, también aquí la educación en valores exige la adop-
ción de una postura firme contra toda forma de racismo, xenofobia, discrimina-
ción y actitudes intolerantes. Ello implica que el personal educativo debe disponer
de las estrategias argumentativas y de los mecanismos jurídicos oportunos para
afrontar cualquier situación posible de discriminación.

En relación con lo anterior, es conveniente hacer llegar al Observatorio Español del
Racismo y la Xenofobia las reclamaciones y denuncias que en este ámbito se pro-
duzcan en los centros escolares, con el fin de activar los mecanismos de protec-
ción que se hayan establecido y de idear respuestas a los retos derivados del con-
texto actual.

Además de los factores educativos y sociales mencionados, la educación de los in-
migrantes también se ve afectada por la existencia de problemas relacionados con
la gestión y la coordinación entre las distintas administraciones, la comunidad so-
cial y los agentes educativos.

La implicación familiar

El contexto familiar influye poderosamente en la adaptación de los alumnos a la
escuela y en sus posibilidades de aprendizaje. Sin embargo, factores como la pre-
cariedad económica y la mayor vulnerabilidad de las familias inmigrantes, la falta
de tiempo libre suficiente, los diferentes parámetros culturales o la insuficiencia
de formación o experiencia académica de los progenitores, intervienen como ba-



rreras que inciden en la baja participación de estas familias en el sistema educati-
vo. Es necesario desarrollar actuaciones encaminadas a incorporar a las familias
inmigrantes a la vida escolar, tanto en la fase de acogida como a lo largo de todo
el proceso, favoreciendo su participación activa y promoviendo su implicación en
la educación de sus hijos. Dicha participación debe implicar también a las familias
españolas e inmigrantes ya integradas.

Entre las acciones orientadas a implicar a las familias conviene incluir actuaciones
de formación y sensibilización en igualdad de oportunidades entre niñas y niños
dirigidas a las madres y padres, con el fin de acabar con las actitudes sexistas den-
tro del hogar. Estas actuaciones irían enfocadas hacia la ruptura de roles estereo-
tipados que determinan qué tareas deben ser desempeñadas por las niñas y cuáles
por los niños, así como los estudios y las profesiones que elijan en un futuro.

En esta misma línea, también tienen especial importancia los programas de sensi-
bilización y la acción tutorial de los profesores y de las asociaciones de madres y
padres (ampas) con las familias autóctonas e inmigrantes, así como la incorpora-
ción de la educación en valores como eje transversal en todas las materias en la
escuela.

La formación continua

Existe una escasa promoción de la educación no obligatoria y de la cualificación o
reciclaje profesional de las personas inmigrantes. Es necesario cambiar la percep-
ción social de las personas inmigrantes como simples trabajadores no cualificados,
teniendo en cuenta que esta población constituye un capital humano de gran po-
tencial para el desarrollo socioeconómico de España y, por lo tanto, es fundamen-
tal desarrollar programas que permitan un mejor aprovechamiento de sus poten-
cialidades, tal y como se viene haciendo en otros países de tradición inmigratoria.
Como hecho significativo, cabe destacar que, según cifras del avance estadístico
elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia, en el curso 2005-2006 se en-
cuentran matriculados en la etapa de Educación Primaria 228.072 alumnos ex-
tranjeros y en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, 146.387, mientras
que en enseñanzas postobligatorias no universitarias, Bachillerato y Formación
Profesional, solamente están escolarizados 45.891 alumnos extranjeros.

Estos bajos niveles de escolarización en etapas no obligatorias pueden ocasionar
en el futuro problemas relacionados con la integración social de los hijos de los in-
migrantes, al estilo de los que están apareciendo en países europeos con más ex-
periencia en la recepción de extranjeros. La importancia capital de la integración
cívica de los hijos e hijas de inmigrantes, que en su gran mayoría serán ciudadanos
españoles de pleno derecho, exige el desarrollo de programas específicos de for-



mación profesional continua, en colaboración con las empresas, que den perspec-
tiva de futuro a estos jóvenes y los integre plenamente en el sistema productivo,
evitando los riesgos de exclusión y marginalidad que pudieran generarse por el
desarrollo de sentimientos de no pertenencia al país de acogida.

Por otra parte es igualmente preocupante el caso de aquellos alumnos y alumnas
inmigrantes que no finalizan con éxito la educación básica ni obtienen la titula-
ción correspondiente. Las dificultades que encuentran para lograr su inserción la-
boral y social pueden derivar en un proceso de exclusión que se debe intentar pre-
venir reforzando las medidas específicas de formación profesional e inserción
laboral. Los programas de cualificación profesional inicial para el alumnado mayor
de dieciséis años que no obtenga el título de Graduado en educación secundaria
obligatoria, contemplados en la Ley Orgánica de Educación, son una de las vías
que deben ser potenciadas para conseguir la inserción sociolaboral y la ampliación
de las competencias básicas de estos colectivos.

Por último, cabe aludir al papel clave que la formación permanente desempeña en
la mejora del capital humano al ofrecer nuevos conocimientos y habilidades no
sólo de cara al empleo, sino también para poder desenvolverse en una sociedad en
continua mutación en la que es imprescindible la adquisición permanente de nue-
vas competencias. Con el fin de que los ciudadanos tomen conciencia de ello, la
Unión Europea ha enfatizado de forma reiterada la importancia del acceso al
aprendizaje a cualquier edad, haciendo hincapié en que el reciclaje profesional
permanente es hoy en día un requisito imprescindible para poder adaptarse a un
mercado laboral en continua transformación.

Desde esta perspectiva y para evitar procesos de exclusión social de la población
inmigrante adulta es necesario dedicar mayores esfuerzos a mejorar la oferta de
programas de formación para personas adultas que incorporen con éxito a las per-
sonas inmigrantes. Estos programas deben estar encaminados en una fase inicial
al aprendizaje de la lengua y de conocimientos básicos de la sociedad de acogida,
sin olvidar la cualificación profesional y el aprendizaje permanente. Para hacer
viable esta mejora es necesario incorporar la perspectiva de la diversidad cultural
en todos los procesos educativos que se lleven a cabo, incidiendo en la adecuación
de la formación del profesorado a las características y necesidades de este alum-
nado. Simultáneamente, es imprescindible sensibilizar a la población inmigrante
adulta sobre la vinculación existente entre promoción sociolaboral y formación
continua de forma que se instauren actitudes positivas hacia este aprendizaje
continuo.




Objetivo 1 Garantizar el acceso del alumnado inmigrante a las etapas de
educación obligatoria en igualdad de condiciones.

La incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo implica hacer
compatible el derecho de las familias a la elección de centro docente sostenido
con recursos públicos con la lucha contra la segregación escolar y generalizar
en los centros educativos el desarrollo de programas específicos para la acogi-
da, la integración sociocultural y la convivencia escolar y extraescolar.

Programa EDU 1. Adecuación de los procesos de admisión de alumnos en los
centros escolares sostenidos con fondos públicos, evitando la segregación
escolar.

Medida 1.1. Desarrollo de los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de
Educación (LOE) para garantizar la equidad y evitar la segregación escolar.

Medida 1.2. Fomento de la distribución equilibrada del alumnado a través de
actuaciones de orientación e información sobre la gratuidad de la enseñanza
en centros públicos y concertados y los criterios de admisión.

Medida 1.3. Mejora de los mecanismos de difusión del sistema de becas y
ayudas y revisión del sistema y de los requisitos de acceso para garantizar la
igualdad de oportunidades.

Medida 1.4. Mejora de los procesos de identificación de necesidades educati-
vas del alumnado inmigrante y asignación de curso.

Medida 1.5. Impulso de las actuaciones de la inspección educativa en rela-
ción con el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo del
alumnado inmigrante.



Programa EDU 2. Prevención del absentismo escolar.

Medida 2.1. Fomento de actuaciones dirigidas a prevenir el absentismo esco-
lar a través de la intervención en entornos extraescolares de riesgo.

Medida 2.2. Fomento de actuaciones dirigidas a prevenir el absentismo esco-
lar de niñas y niños a las que el entorno familiar asigna prematuramente tare-
as domésticas y de atención a hermanos menores.

Medida 2.3. Apoyo a actuaciones de coordinación de la escolarización en si-
tuaciones de movilidad laboral geográfica de madres y padres.

Programa EDU 3. Información, orientación y acompañamiento a la población
inmigrante sobre el sistema educativo español.

Medida 3.1. Apoyo a servicios de orientación e información sobre los recursos
educativos existentes en los ámbitos local y autonómico.

Medida 3.2. Apoyo a la coordinación de los centros escolares con las admi-
nistraciones autonómicas, locales y las redes sociales para facilitar el acom-
pañamiento a familias en el proceso de integración en el sistema educativo.

Programa EDU 4. Implantación de programas de acogida educativa,
seguimiento e integración en los centros de enseñanza.

Medida 4.1. Apoyo a proyectos de acogida educativa, seguimiento e integra-
ción en los centros de enseñanza.

Medida 4.2. Promoción de la participación de familias autóctonas e inmi-
grantes ya establecidas en los programas de acogida educativa y de integra-
ción en la vida de la comunidad educativa, incluyendo las asociaciones de
madres y padres de alumnos.

Medida 4.3. Apoyo a la formación de mediadores interculturales y a su parti-
cipación en los programas de acogida educativa.



Objetivo 2 Garantizar una educación obligatoria de calidad, independiente-
mente de la condición o procedencia del alumno.

La consecución de una igualdad de oportunidades requiere de las administracio-
nes públicas el desarrollo de políticas educativas de carácter integrador que re-
conozcan la presencia del alumnado inmigrante y sus características identita-
rias, proporcionando los apoyos necesarios para dar respuesta a sus necesidades
específicas.

Programa EDU 5. Refuerzo educativo.

Medida 5.1. Aplicación de programas de apoyo y refuerzo educativo en cen-
tros de educación primaria y secundaria.

Medida 5.2. Fomento de acciones que permitan compensar los efectos de si-
tuaciones de desventaja social para alcanzar los objetivos de la educación y
formación.

Medida 5.3. Apoyo al profesorado y a otros profesionales en las tareas de re-
fuerzo educativo.

Medida 5.4. Refuerzo de las actuaciones de educación del alumnado inmigrante
en áreas no estrictamente curriculares (alimentación, higiene, costumbres...).

Programa EDU 6. Aprendizaje de las lenguas de la sociedad de acogida.

Medida 6.1. Fomento del diseño y aplicación de cursos innovadores de apren-
dizaje de las lenguas vehiculares y de recursos didácticos adaptados a las dis-
tintas necesidades.

Medida 6.2. Apoyo a la formación especializada del personal docente en la
enseñanza de las lenguas.



Objetivo 3 Adecuar el sistema educativo a la diversidad del alumnado ges-
tionando adecuadamente dicha diversidad y fomentando la adquisición de
conocimientos y competencias interculturales.

Uno de los elementos principales para alcanzar este objetivo es la puesta en
marcha de actuaciones dirigidas a la adecuación de la formación, inicial y per-
manente, del profesorado, de manera que sus competencias y conocimientos
respondan a los cambios que está experimentando la sociedad y a la atención
a un alumnado caracterizado por la diversidad.

Una gestión efectiva de la interculturalidad requiere del sistema educativo el
impulso del conocimiento, la percepción y la comprensión de grupos y culturas
distintos a los propios de tal modo que, la búsqueda de las semejanzas y la
comprensión de las diferencias, logren una convivencia enriquecedora. La in-
corporación curricular de la educación en valores y para la ciudadanía se pre-
senta por tanto como un instrumento esencial para alcanzar este objetivo.

Así mismo es importante promover actuaciones dirigidas al mantenimiento de
la lengua y cultura de origen de los alumnos inmigrantes.

Programa EDU 7. Promoción de la educación cívica intercultural.

Medida 7.1. Integración curricular de la educación en valores y para la ciuda-
danía.

Medida 7.2. Desarrollo del Centro de Recursos para la Acción Educativa
Intercultural (CREADE) a través de la elaboración y difusión de estudios e in-
vestigaciones, materiales y recursos didácticos.

Medida 7.3. Promoción de la incorporación de personal docente procedente
de otras culturas.

Medida 7.4. Promoción de las actuaciones dirigidas a favorecer el conoci-
miento recíproco y eliminar los estereotipos que provocan actitudes discrimi-
natorias.

Medida 7.5. Promoción de la participación de mediadores interculturales en
los programas de gestión de la diversidad cultural.



Programa EDU 8. Apoyo a la formación inicial y continua de los profesionales
de la enseñanza en atención y gestión de la diversidad.

Medida 8.1. Apoyo a la formación de los docentes en interculturalidad, respeto a
la diversidad y prevención de conductas y actitudes racistas y xenófobas.

Medida 8.2. Fomento de la creación de redes de personal docente con el fin
de intercambiar conocimientos y buenas prácticas en materia de educación
intercultural y atención a alumnos inmigrantes.

Medida 8.3. Inclusión, dentro de la formación curricular de los profesores, de
estrategias en el ámbito de la interculturalidad y la gestión de la diversidad
cultural en los centros educativos.

Medida 8.4. Apoyo a programas innovadores de formación-reflexión-acción
de intervención en el aula.

Programa EDU 9. Identificación y transferencia de buenas prácticas en materia de
estrategias educativas que integren la gestión de la diversidad cultural.

Medida 9.1. Identificación y transferencia de buenas prácticas en el ámbito
español.

Medida 9.2. Identificación y transferencia de buenas prácticas en el ámbito
europeo, aprovechando las experiencias derivadas de los programas Sócrates
y Leonardo, entre otros.



Programa EDU 10. Mantenimiento de las lenguas y culturas de origen.

Medida 10.1. Promoción de la firma de acuerdos con los países de origen de
la población inmigrante para el desarrollo de actuaciones de mantenimiento
de las lenguas y culturas de origen.

Medida 10.2. Fomento de acciones relacionadas con las lenguas y culturas de
origen del alumnado inmigrante que vayan dirigidas al alumnado o a la co-
munidad educativa en su conjunto.

Medida 10.3. Impulso al reconocimiento curricular del conocimiento de de
lenguas vehiculares de los países de origen del alumnado inmigrante.

Programa EDU 11. Apoyo a la transición de la escuela al trabajo.

Medida 11.1. Programas de cualificación profesional inicial dirigidos a la ad-
quisición de competencias profesionales propias de, al menos, una cualifica-
ción de nivel 1 del catálogo general de cualificaciones profesionales, y a la in-
serción sociolaboral.



Objetivo 4 Transformar la escuela en espacio de comunicación, convivencia
e integración en el entorno.

Las instituciones educativas deben transformarse en espacios integradores de
la educación formal e informal y poner en marcha proyectos educativos de en-
torno en los que se incorporen todos los actores locales, con el fin de fomentar
desde la escuela la convivencia y la cohesión social y contribuir a la vertebra-
ción y adecuación de la sociedad ante el nuevo reto de la diversidad.

Programa EDU 12. Extensión y optimización de la oferta de actividades
educativas extracurriculares.

Medida 12.1. Promoción de programas de educación no formal en el tiempo
libre y en periodos vacacionales.

Medida 12.2. Promoción de actividades de integración a través de la práctica
deportiva y remoción de obstáculos normativos a la participación de inmi-
grantes en todas las modalidades deportivas.

Medida 12.3. Mejora de las bibliotecas escolares y ampliación del horario de
atención fuera del horario escolar.



Programa EDU 13. Fomento de actuaciones coordinadas entre los centros
educativos y su entorno.

Medida 13.1. Formación específica en interculturalidad al personal de los
centros educativos, centros culturales y centros deportivos relacionados con
cada centro educativo, extensible al personal de los centros de protección de
menores.

Medida 13.2. Fomento de la colaboración entre los centros, las diferentes ad-
ministraciones, en particular los ayuntamientos, y las organizaciones sociales
para la creación y formalización de redes de información, acompañamiento y
apoyo.

Medida 13.3. Fomento de la participación de familias inmigrantes en el pro-
ceso educativo de sus hijos y en las actividades desarrolladas en la comunidad
educativa.

Medida 13.4. Promoción de la educación no formal y de las actividades ex-
tracurriculares a través de la colaboración con Ayuntamientos, ONGs y la arti-
culación de redes sociales.

Programa EDU 14. Promoción de mecanismos de detección y protocolos de
intervención en caso de incidentes o actitudes racistas, xenófobas o
discriminatorias.

Medida 14.1. Información a responsables de los centros educativos y comu-
nidad educativa en general, de los argumentos y medidas legales para hacer
frente al racismo y la discriminación.

Medida 14.2. Establecimiento de protocolos y procedimientos para registrar y
analizar las reclamaciones sobre discriminación por origen de miembros de la
comunidad educativa.



Objetivo 5 Facilitar el acceso del alumnado inmigrante a etapas no
obligatorias.

La consecución de una igualdad de oportunidades para el alumnado inmigrante
requiere adoptar aquellas medidas que le permitan acceder en pie de igualdad a
las etapas de enseñanza no obligatoria. La adopción de medidas que favorezcan
el acceso del alumnado inmigrante a la educación infantil adquiere especial re-
levancia ya que esta etapa se configura como un periodo decisivo para la ad-
quisición de los cimientos educativos que permitirán tanto los posteriores
aprendizajes como la integración social efectiva. De la misma forma se deben
impulsar aquellas iniciativas que incidan en las causas y factores que generan
discriminación estructural en relación con la permanencia del alumnado en
desventaja social en el sistema educativo postobligatorio.

Programa EDU 15. Promoción del acceso del alumnado inmigrante a los
ciclos de educación infantil.

Medida 15.1. Incremento de las plazas para alumnos de 0 a 6 años, especial-
mente en la franja de 0-3 años.
Medida 15.2. Fomento de actuaciones de información y orientación a fami-
lias inmigrantes sobre educación infantil.
Medida 15.3. Apoyo a programas innovadores para niños de 0-3 años.

Programa EDU 16. Promoción del acceso y permanencia del alumnado en
etapas post-obligatorias para favorecer la igualdad de oportunidades.

Medida 16.1. Desarrollo de programas de cualificación profesional inicial, así
como ciclos formativos y otros programas de formación profesional por parte
de administraciones públicas y entidades privadas.
Medida 16.2. Apoyo a actividades que incentiven el acceso y la permanencia
de los alumnos en las etapas no obligatorias del sistema educativo de acuerdo
con sus potencialidades.
Medida 16.3. Incremento de ayudas para realizar estudios post-obligatorios.



Objetivo 6 Mejorar el acceso de los inmigrantes a la formación de adultos.

La formación permanente es hoy en día un requisito imprescindible para impe-
dir la aparición y consolidación de fracturas sociales. Para mejorar el acceso de
las personas inmigrantes al aprendizaje continuo es necesario adecuar la oferta
de formación para adultos a las necesidades y singularidades del alumnado, al
tiempo que se promueve la incorporación de la formación de adultos a los sis-
temas de formación, como elemento clave para el acceso y la promoción en el
empleo. Para que esta estrategia pueda dar resultado es imprescindible el con-
curso y la implicación activa de los agentes sociales.

Programa EDU 17. Mejora de la oferta de formación profesional adaptándola
a las necesidades de los inmigrantes adultos.

Medida 17.1. Apoyo al aprendizaje de las lenguas, los principios y valores bá-
sicos, la igualdad entre hombres y mujeres, los usos sociales y laborales bási-
cos de la sociedad de acogida.

Medida 17.2. Fomento de la elaboración de materiales de apoyo a la educa-
ción de adultos que integren la perspectiva intercultural.

Medida 17.3. Fomento del desarrollo de acciones formativas en horarios
compatibles con el trabajo.

Medida 17.4. Adecuación de la oferta de formación profesional a las necesi-
dades y posibilidades de desarrollo de los países de origen.



Objetivo 7 Mejorar los procedimientos de homologación de las titulaciones
académicas.

El desarrollo de itinerarios profesionales adecuados al nivel de cualificación
que poseen las personas inmigrantes requiere disponer de información adecua-
da sobre procedimientos de homologación de las titulaciones académicas y
agilizar dichos procedimientos.

Programa EDU 18. Mejora de los procedimientos de homologación y
convalidación de las titulaciones académicas.

Medida 18.1. Mejora de la información a la población inmigrante sobre los
procedimientos de homologación y convalidación de titulaciones.

Medida 18.2. Mejora y agilización los procedimientos de homologación y
convalidación de las titulaciones académicas.

Medida 18.3. Celebración y actualización de convenios sobre reconocimiento
de equivalencias de grados académicos entre España y los países de origen.



8.3. EMPLEO

Introducción

Como señala el tercero de los “Principios Básicos Comunes Sobre Integración”
aprobados por el Consejo de la UE en el año 2004, “el empleo constituye una par-
te fundamental del proceso de integración y es esencial para la participación de
los inmigrantes, para las contribuciones que los inmigrantes aportan a la sociedad
de acogida, y para hacer visibles tales contribuciones”. Tener un empleo puede no
ser una garantía suficiente para lograr una adecuada inclusión social, pero es una
condición necesaria para que los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes se
incorporen a la sociedad española en condiciones de igualdad.

El Consejo señala también que “el empleo es un medio importante para que los in-
migrantes aporten una contribución visible a las sociedades de los Estados miem-
bros y participen en la sociedad de acogida. En el lugar de trabajo, la integración
de los inmigrantes puede fomentarse mediante el reconocimiento de las califica-
ciones adquiridas en otro país, la facilitación de oportunidades de formación para
adquirir las capacidades exigidas en el lugar de trabajo y el establecimiento de po-
líticas y programas que faciliten el acceso a un empleo y la transición hacia el
mundo laboral. También es importante que existan incentivos y oportunidades su-
ficientes para que los inmigrantes busquen y consigan empleo, en particular aqué-
llos que tengan la perspectiva de asentarse”.

Por otra parte, la Estrategia Europea de Empleo ha venido estableciendo medidas de
apoyo a los inmigrantes orientadas a favorecer su inclusión social que han sido incor-
poradas a los Planes Nacionales de Acción para el Empleo en España. En concreto la
Directriz nº 7 de la “Estrategia europea para el pleno empleo y empleos de mejor cali-
dad para todos” de 2004 señalaba que se debía “Promover la integración de las perso-
nas desfavorecidas en el mercado de trabajo y combatir la discriminación de que son
objeto”. Y que para ello, “los Estados miembros fomentarán la integración de las per-
sonas que han de enfrentarse a dificultades específicas en el mercado de trabajo – ta-
les como (...) inmigrantes, miembros de minorías étnicas – desarrollando su empleabi-
lidad, aumentando oportunidades de trabajo e impidiendo todas las formas de
discriminación”. En la Recomendaciones específicas que la Comisión Europea hizo a
España ese año se encuentra la de “aumentar la cobertura y la eficacia de las medidas
activas del mercado de trabajo para las personas desfavorecidas” y la Comisión cita
expresamente a algunos colectivos en particular y, entre ellos, a los inmigrantes. Las
Directrices para el período 2005-2008 insisten en estas ideas al señalar que de debe
“asegurar unos mercados inclusivos” (Directriz nº 19) o que se debe “reducir la seg-
mentación del mercado de trabajo” (Directriz nº 21).



Los Principios Básicos Comunes sobre Integración señalan también que hay que
“fomentar la lucha contra todas las formas de discriminación en el lugar de traba-
jo” y que “es importante que los Estados miembros, en cooperación con los inter-
locutores sociales, presten especial atención a la discriminación en las políticas de
contratación de los empleadores por razón de origen étnico de los candidatos y lu-
chen contra ella”. Con ello se subraya la importancia que el Tratado de la Unión
Europea, tras la reforma del Tratado de Ámsterdam de 1997, da a las políticas an-
tidiscriminatorias y que se ha plasmado, entre otras, en las Directivas del Consejo
2000/43 y 2000/78 relativas, respectivamente, a la aplicación del principio de la
igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico
y al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y
la ocupación.

En España, el Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo, viene incidiendo, sobre todo, en los campos del empleo y
la formación apoyando los itinerarios integrados de inserción laboral para inmigran-
tes y la formación de profesionales en el campo específico de la inmigración.

Las políticas de empleo, tanto europeas como nacionales, buscan mejorar la situa-
ción en el mercado de trabajo de los trabajadores en general y en particular de los
inmigrantes y otros colectivos en situación de desventaja y persigue hacer más
eficientes, productivos e inclusivos los mercados laborales. A pesar de estas medi-
das, la inserción de los inmigrantes en el mercado de trabajo presenta característi-
cas especificas es preciso tener en cuenta en el diseño de este Plan Estratégico.

En el ejercicio 2006, el marco de cooperación previsto para la gestión del “Fondo
de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes así como a su refuerzo edu-
cativo de los mismo”, cuyos criterios objetivos de distribución se aprobaron por
Acuerdo del Consejo de Ministros del 3 de marzo, las siguientes líneas prioritarias
de actuación en el campo del empleo:

a Apoyo a programas de acceso, mejora y mantenimiento del empleo.
b Fomento entre la población inmigrante de la iniciativa empresarial y el traba-
jo por cuenta propia o trabajo asociado (autoempleo, microcréditos y econo-
mía social).
c Refuerzo de la presencia de inmigrantes en programas desarrollados en el
marco de las políticas activas de empleo y de la colaboración con entidades
de intermediación laboral.
d Mejorar el acceso de los inmigrantes a itinerarios integrados de inserción so-
ciolaboral.
e Información y formación sobre prevención de riesgos laborales y promoción
de la seguridad y salud en el trabajo.



f Formación en nuevas tecnologías.
g Apoyo a programas de conciliación de la vida familiar y laboral.
h Formación en interculturalidad de los/las profesionales de los servicios públi-
cos de empleo y agentes de desarrollo local.
i Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.

En cuanto al ejercicio 2006, la novedad más importante es el apoyo a la informa-
ción y formación sobre prevención de riesgos laborales y promoción de la seguri-
dad y salud en el trabajo y, por otra parte, al desarrollo de programas de concilia-
ción de la vida familiar y laboral.

1. Diagnóstico

El mercado de trabajo está sufriendo profundas transformaciones, entre otras causas,
a raíz de la incorporación, sobre todo en el último sexenio, de un gran número de in-
migrantes que, a finales de 2005, suponen más del 11 por ciento de la población acti-
va. Según la Encuesta de Población Activa, en el tercer trimestre de 2005, son extran-
jeros cerca de 2,4 millones del total de 21 millones de activos que hay en España. Este
importante volumen de activos extranjeros es el resultado del aumento de la llegada
de personas inmigrantes en los últimos años y de que sus tasas de actividad son nota-
blemente mayores que las de los españoles. Si entre los españoles la tasa de actividad
(tercer trimestre de 2005) es del 55,6 por ciento, entre los extranjeros es del 75,6, es
decir, 20 puntos superior. Y esa diferencia se produce tanto entre los hombres como
entre las mujeres. Las mayores tasas de actividad de los extranjeros en España son el
resultado de su estructura de edades mucho más joven y de que, en general, tienen
mayores tasas específicas de actividad en cada grupo de edad por sexo.

La mayor presencia de inmigrantes en el mercado de trabajo produce también que
sus tasas de empleo (medido sobre el conjunto de la población en edad de traba-
jar) de la población inmigrante sean superiores a las de la población española.
Estos son hechos diferenciales respecto a la Unión Europea, donde los inmigrantes
no suelen tener mayores tasas de actividad ni de empleo que los autóctonos.

El número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social supera los 1,8 millones de
trabajadores en agosto de 2006. Es un volumen que supone cerca del 10 por cien-
to del total de 18,5 millones de afiliados en situación de alta y que es creciente, en
parte como consecuencia del proceso de normalización que se ha llevado a cabo
entre febrero y mayo de 2005. Los extranjeros afiliados a la Seguridad Social están
sobre representados en los tres grupos de cotización más baja: oficiales de 1ª y de
2ª, oficiales de 3ª, especialistas y peones.



Esta presencia de inmigrantes en el mercado de trabajo tiene consecuencias muy im-
portantes para el conjunto de la economía y para el mercado laboral, porque realizan
una aportación significativa al crecimiento del PIB, dan respuesta a algunos desajus-
tes del mercado de trabajo y producen un incremento de competencia en el mercado
laboral, sobre todo en algunas ramas de actividad y determinadas comarcas.

Los trabajadores inmigrantes se concentran en cuatro ramas de actividad: cons-
trucción y agricultura, en las que la inmensa mayoría son hombres; servicio do-
méstico, con una inmensa mayoría de mujeres; y hostelería, con mujeres y hom-
bres. En algunas comarcas, los inmigrantes son el colectivo mayoritario en
determinadas actividades dentro de estos sectores.

Las condiciones de trabajo no son las mismas para todas las personas inmigrantes.
Diversos estudios han puesto de relieve que muchas de estas personas ocupan emple-
os de baja calidad, trabajos calificables como precarios, penosos y peligrosos. El em-
pleo temporal, que afecta a una parte importante del conjunto de los trabajadores en
España, es aún mayor entre los trabajadores extranjeros, como se aprecia en el hecho
de que sus tasas de temporalidad sean el doble que las de los españoles, generando
una gran rotación de trabajadores entre los empleos que ocupan. Trabajan en emple-
os que exigen una alta movilidad geográfica, tienen horarios atípicos (horarios noc-
turnos, jornadas partidas, trabajos de sábado y/o domingo, etc.) con mucha más fre-
cuencia que los españoles y sufren una mayor siniestralidad laboral.

Las mujeres inmigrantes, como ocurre con las mujeres españolas, tienen una ele-
vada concentración en ciertas ramas del sector servicios y sus salarios son, como
media, inferiores a los de los hombres.

Algunas de las situaciones laborales que tienen los inmigrantes pueden ser resultado
de prácticas discriminatorias de distinto tipo ligadas al origen racial o étnico o a la
nacionalidad. Estos procesos discriminatorios se ven agudizados cuando se unen a
otras formas de discriminación como el género, la discapacidad u otros motivos con-
tra los cuales las leyes protegen de modo especial a todas las personas. Estas prácti-
cas discriminatorias en el mercado de trabajo van ligadas, frecuentemente, a prejui-
cios y estereotipos que tienen los diversos actores del mercado.

Los inmigrantes pueden sufrir también problemas de desajustes en el mercado de
trabajo en España. El nivel educativo de muchos inmigrantes permite identificar
situaciones de inconsistencia de status porque tienen competencias personales,
profesionales o técnicas superiores a las requeridas para la actividad remunerada
que realizan. Aún en estos casos, tienen necesidades formativas para adaptarse
mejor a las características del mercado laboral y a la cultura de trabajo puesto que
algunos de sus hábitos laborales pueden ser diferentes a los predominantes en
España. Las dificultades de inserción laboral se incrementan, a veces, por el desco-



nocimiento de los derechos y deberes de los trabajadores y, muy especialmente,
cuando hay un conocimiento insuficiente del español y de otras lenguas oficiales
en algunas Comunidades Autónomas.

Los inmigrantes no comunitarios sufren problemas de desempleo en mayor propor-
ción que los españoles. Las tasas de paro de estos en el segundo trimestre de 2006
eran del 12,2% para ambos sexos, del 10,2% para los hombres y del 14,7% para las
mujeres. Esta mayor tasa de paro femenina se repite también en todos los grandes
grupos de extranjeros que permite identificar la Encuesta de Población Activa en
España. En ese trimestre el conjunto de los extranjeros no comunitarios tiene una
tasa de paro que supera en casi 4 puntos la tasa de los españoles. Dentro de los no
comunitarios las mayores tasas de paro las padecen los originarios del “Resto del
mundo” (es decir, no europeos ni latinoamericanos), con una tasa del 15,6%, casi el
doble que la de los españoles. Estas mayores tasas de paro pueden ser el resultado
de la temporalidad de los contratos y las condiciones laborales ofrecidas en deter-
minadas ocupaciones, de desajustes entre sus competencias y las necesidades del
mercado de trabajo en España, así como de procesos de discriminación estructural
que afectan especialmente a algunos colectivos y a las mujeres inmigrantes. El he-
cho de que las mujeres inmigrantes soporten tasas de paro más altas que los hom-
bres inmigrantes y que las mujeres españolas, una mayor segregación horizontal y
vertical, salarios inferiores, y más temporalidad y precariedad en el empleo, implica
la necesidad de contemplar actuaciones específicas que promuevan una igualdad
de oportunidades real de las mujeres inmigrantes en el mercado de trabajo.

Por otra parte, la oferta de acciones formativas a la que tienen acceso los inmi-
grantes contempla tanto la formación básica (aprendizaje del idioma, legislación
laboral, técnicas para la búsqueda de empleo, etc.) como la formación ocupacio-
nal, pero a veces se observan desajustes entre la planificación de estas acciones y
las necesidades y las situaciones de las personas inmigrantes, y entre las ofertas
de formación ocupacional, las demandas del mercado laboral y el reconocimiento
que los empresarios dan a la formación impartida. Las acciones de formación en el
puesto de trabajo o formación en prácticas son medidas que hay que fomentar y a
las que hay que dar reconocimiento.

A veces los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes encuentran dificultades
para el acceso a puestos de trabajo en los que se precisa mayor cualificación, así
como a la formación especializada, debido al procedimiento de homologación de
los títulos académicos adquiridos fuera de España y al no reconocimiento de la ex-
periencia laboral.

La gran concentración de inmigrantes en cuatro ramas de actividad (servicio do-
méstico, hostelería, construcción y agricultura) debe hacer que se preste una es-
pecial atención a las características y funcionamiento de estos sectores.



La mayor parte de las trabajadoras empleadas del hogar son mujeres inmigrantes pro-
cedentes de países no comunitarios. Gran parte de ellas trabajan como empleadas in-
ternas. Por otra parte, un sector de creciente importancia en la economía y en la so-
ciedad española son los servicios de atención a la dependencia, donde también hay
una presencia creciente de inmigrantes, sobre todo mujeres. En ambas situaciones,
los empleos de estos servicios requieren una mayor profesionalización.

La Agricultura y la Hostelería son sectores con una creciente presencia de inmi-
grantes. Una parte de las actividades de estos sectores son actividades de tempo-
rada y la figura de los trabajadores fijos discontinuos no tiene una gran presencia
en el funcionamiento de ambos sectores, con lo cual el empleo está muy marcado
por la temporalidad. En la Agricultura se podrían enlazar unas campañas agrícolas
con otras mediante una adecuada gestión de flujos de trabajadores temporeros
dentro de España, gestionando en paralelo el alojamiento de los mismos.

El sector de la Construcción cuenta también con alta presencia de inmigrantes,
aunque muy desigual en las distintas actividades que lo componen, porque los in-
migrantes suelen estar concentrados en determinadas ramas y, con frecuencia,
tienen peores condiciones de trabajo que los españoles y padecen una mayor si-
niestrabilidad laboral.

Si bien el autoempleo forma parte del proyecto migratorio de algunos colectivos,
en otras personas esta opción surge para solventar las barreras y dificultades que
encuentran en el acceso al mercado laboral y en el mantenimiento de los puestos
de trabajo. Cuando estas personas intentan establecer su propio negocio se en-
cuentran con diversas dificultades institucionales y formales, además de las de ac-
ceso a líneas de financiación para sus proyectos.

Es también alta la presencia de inmigrantes ocupados en el marco de la economía
sumergida que se ven privados de los derechos laborales, con la consiguiente de-
gradación de las condiciones laborales tanto para ellos como, a la larga, para to-
dos los demás trabajadores del sector y de la comarca. Algunas personas inmi-
grantes realizan actividades marginales como la mendicidad o la prostitución
siendo muchos y muchas de ellas víctimas de grupos organizados de trata de seres
humanos.

El hecho de que la situación del mercado de trabajo en España sea un criterio fun-
damental para definir las políticas de inmigración, pone de relieve la necesidad de
coordinar las políticas de empleo y de inmigración, así como de abordar ambas
como políticas integrales que comprendan la formación, la inserción y la igualdad
de trato en el ámbito laboral. Los dispositivos puestos en marcha para la elabora-
ción del Contingente de trabajadores extranjeros responden a esta necesidad de
coordinación, en la que conviene seguir profundizando.



Uno de los aspectos claves de esa coordinación es la potenciación de la contrata-
ción en origen, coordinando las demandas de las empresas con la formación, la se-
lección y la contratación en terceros países. También sería importante potenciar la
inserción de los temporeros que repiten su estancia de temporada y favorecer que
puedan retornar a sus países con cualificaciones y recursos que les permitan ser
agentes de desarrollo en sus lugares de origen. Todo esto exige reforzar las ofici-
nas laborales de las Embajadas de España en el exterior, desarrollar programas de
políticas activas de empleo en el exterior y establecer programas de retorno volun-
tario que incluyan acciones de codesarrollo.

El Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, creado en el Reglamento de la
Ley 4/2000 aprobado en 2004, es un instrumento fundamental para la coordina-
ción de las políticas de mercado de trabajo y de inmigración. Tanto el funciona-
miento del Catálogo como otros dispositivos de acceso al mercado de trabajo de-
ben ser evaluados periódicamente por los responsables de la gestión de la
inmigración, los servicios públicos de empleo y la Comisión Laboral Tripartita de
Inmigración para mejorar su eficacia y funcionalidad.

Tras la aprobación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 por el Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre, se ha avanzado notablemente en la moderniza-
ción de los procesos de gestión de la inmigración y conviene seguir mejorando es-
tos procesos para evitar que aparezcan situaciones en las que, aunque el trabaja-
dor esté en situación regular, no pueda demostrarlo fácilmente y ello conlleve
pérdida del empleo o dificultades para ser contratado o para efectuar gestiones al
efecto.

La gestión de la inmigración no termina cuando los inmigrantes ya están en
España. Es necesario mejorar la actuación de los Servicios Públicos de Empleo en
este área, incorporar los problemas específicos que plantean las personas inmi-
grantes a los planes públicos de actuación en el campo del empleo y potenciar la
colaboración de los Servicios Públicos de Empleo con las organizaciones, los agen-
tes sociales y las ONGs que trabajan en este terreno. Parece necesario, además,
elaborar una metodología de acompañamiento para los procesos de inserción la-
boral de los inmigrantes en España. En este sentido es de interés la experiencia del
protocolo de seguimiento y evaluación del programa de visado de búsqueda de
empleo en servicio doméstico.




Objetivo 1 Adecuar la normativa sobre el empleo y Seguridad Social, a fin
de garantizar la igualdad de derechos y deberes.

Se pretende revisar algunas normas laborales y de Seguridad Social que ante la
presencia significativa de inmigrantes en el mercado de trabajo requieren
adaptaciones, ratificar instrumentos internacionales que garanticen la igual-
dad de trato y fomentar la firma de Convenios bilaterales de Seguridad Social.

Programa EMP 1. Revisión de normativa laboral y de Seguridad Social.

Medida 1.1. Análisis de la normativa laboral y propuesta de adaptaciones a
fin de garantizar la igualdad de condiciones entre trabajadores autóctonos,
comunitarios y no comunitarios.
Medida 1.2. Análisis de la normativa de Seguridad Social y propuesta de
adaptaciones.
Medida 1.3. Análisis del Régimen Especial de Empleados de Hogar y pro-
puesta de adaptación en línea convergente con el Régimen General.

Programa EMP 2. Fomento de la firma de Convenios bilaterales de Seguridad
Social con diversos países para el reconocimiento de derechos de pensiones y
otras prestaciones.

Medida 2.1. Estudio de la situación de los Convenios bilaterales de Seguridad
Social.
Medida 2.2. Propuesta de nuevos Convenios con los países de origen de los
inmigrantes.

Programa EMP 3. Firma del Convenio 143 de la OIT (Convenio sobre
trabajadores migrantes. Disposiciones complementarias, 1975).

Medida 3.1. Análisis y, en su caso, firma y ratificación del Convenio.



Objetivo 2 Mejorar de modo continuado la gestión de los flujos migratorios.

La mejora continuada de la gestión de los flujos migratorios exteriores es un objeti-
vo permanente de las políticas de gestión de la inmigración y debe serlo también de
las políticas de integración de los inmigrantes. Con este objetivo se persigue la eva-
luación continua del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, del Contingente
Anual y de los dispositivos de acceso legal al mercado de trabajo en España para la
mejor adecuación de los flujos a las necesidades de dicho mercado; también se per-
sigue la agilización de los tramites administrativos tanto en el exterior como en la
gestión de las renovaciones de autorizaciones de residencia y de trabajo en España.

Programa EMP 4. Evaluación de la aportación del Catálogo de Ocupaciones
de Difícil Cobertura y otros dispositivos de la gestión de las migraciones, al
funcionamiento del mercado de trabajo en España.

Medida 4.1. Estudio valorativo del desarrollo de los Catálogos en los trimes-
tres transcurridos, del Contingente Anual, así como del resto de dispositivos
de gestión de las migraciones y de la inmigración derivada de la reagrupación
familiar; evaluación de su impacto en el mercado de trabajo, incluyendo el
análisis del impacto de género.
Medida 4.2. Propuestas de desarrollo e implementación de estos instrumen-
tos de gestión.
Medida 4.3. Estudio de las necesidades del mercado de trabajo y de las cuali-
ficaciones profesionales por sector y países de origen.
Medida 4.4. Estudio sobre el impacto del proceso de normalización, incluyen-
do el análisis sectorial y de género.

Programa EMP 5. Mejora y modernización de la gestión de los flujos
migratorios en el exterior y en España.

Medida 5.1. Sistema centralizado de cita previa en oficinas de extranjería.
Medida 5.2. Automatización de las renovaciones de autorización de residen-
cia y trabajo.
Medida 5.3. Automatización de las solicitudes iniciales de autorización de re-
sidencia y trabajo.
Medida 5.4. Mejora del acceso a la autorización para trabajar para familiares
reagrupados y para mujeres víctimas de violencia de género.
Medida 5.5. Ampliación de los Convenios bilaterales sobre Gestión de Flujos
Migratorios a otros países.



Objetivo 3 Promover el mantenimiento del empleo, la promoción profesio-
nal y la formación, así como la adecuación de las competencias de la pobla-
ción trabajadora inmigrante a las oportunidades del mercado de trabajo.

Con este objetivo se busca mejorar y adecuar las competencias de los inmi-
grantes a los requerimientos del mercado laboral en España a través de su in-
corporación a los distintos programas de políticas activas de empleo y del dise-
ño de itinerarios de inserción sociolaboral. Igualmente, se persigue evaluar la
adecuación de las políticas de empleo a las necesidades de la población inmi-
grada y proponer, en su caso, los ajustes pertinentes. Se busca también fomen-
tar la profesionalización de actividades en las que las personas inmigrantes
tienen una elevada presencia y las iniciativas empresariales entre la población
inmigrada, así como la difusión de las normas de seguridad en el trabajo.
Paralelamente, se hace hincapié en la formación como instrumento para am-
pliar sus posibilidades de promoción y movilidad profesional, con el fin de con-
trarrestar la tendencia hacia una estratificación étnica y de género del merca-
do laboral.

Programa EMP 6. Mejora del acceso de las personas inmigrantes a las
políticas activas de empleo y de su adecuación a las necesidades de aquellas.

Medida 6.1. Evaluación de la participación de los inmigrantes en las políticas
activas de empleo e incidencia de las mismas en la mejora de empleo de estos
trabajadores.

Medida 6.2. Análisis de la adecuación de las políticas activas de empleo a las
necesidades de las personas inmigrantes y formulación de propuestas de
adaptación.

Medida 6.3. Difusión de las políticas activas entre los inmigrantes, especial-
mente de aquellas más relevantes para su integración en el mercado de traba-
jo en España.

Medida 6.4. Promoción de la incorporación de los inmigrantes a las políticas
activas de empleo.

Medida 6.5. Difusión de la oferta de empleo público accesible para inmigrantes.



Programa EMP 7. Desarrollo y mejora de los itinerarios integrados de
inserción sociolaboral.

Medida 7.1. Evaluación de la presencia de los inmigrantes en los diversos
programas de itinerarios integrados de inserción sociolaboral.

Medida 7.2. Revisión y mejora de la metodología del itinerario integrado de
inserción sociolaboral.

Medida 7.3. Armonización de los dispositivos de itinerarios integrados de in-
serción sociolaboral.

Medida 7.4. Mejora de la incorporación de inmigrantes a los itinerarios.

Medida 7.5- Apoyo a programas de intermediación laboral y sensibilización
en el ámbito empresarial.

Programa EMP 8. Fomento de la profesionalización de los servicios de
atención a la dependencia.

Medida 8.1. Estudio sobre la situación de las y los profesionales de la aten-
ción a la dependencia y análisis de sus competencias profesionales y necesi-
dades formativas.

Medida 8.2. Adecuación de los programas formativos sobre atención y cuida-
do a las personas dependientes a los nuevos requisitos y recursos contempla-
dos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia.



Programa EMP 9. Apoyo a iniciativas empresariales, al autoempleo y a
programas de microcréditos.

Medida 9.1. Realización de un estudio que identifique la oferta existente en
este campo y difusión del mismo entre la población inmigrada.
Medida 9.2. Mejoras de la gestión de las autorizaciones de trabajo por cuen-
ta propia.
Medida 9.3. Apoyo a programas de iniciativa empresarial, autoempleo y mi-
crocréditos.
Medida 9.4. Estudio sobre las experiencias empresariales y de autoempleo
desarrolladas por inmigrantes.

Programa EMP 10. Información y formación sobre las normas de seguridad
en el trabajo.

Medida 10.1. Preparación de materiales específicos de seguridad en el trabajo
orientados a los inmigrantes de distintas nacionalidades en diferentes sectores

Medida 10.2. Campañas de formación e información en seguridad y salud en
el trabajo

Medida 10.3. Seguimiento por parte de la Inspección del trabajo



Objetivo 4 Mejorar los dispositivos de intermediación en el mercado laboral.

La mejora de la intermediación laboral es un objetivo permanente de los
Servicios Públicos de Empleo que se debe potenciar desde las políticas de inte-
gración de los inmigrantes porque éstos son uno de los colectivos que más pre-
sencia van a tener en la gestión cotidiana de estos servicios. Con este objetivo
se persigue revisar los protocolos de intermediación para adecuarlos a las nue-
vas necesidades, formar a los profesionales en gestión del empleo en cuestio-
nes relativas a la inmigración y mejorar el conocimiento del funcionamiento de
los mercados de trabajo y de las estructuras ocupacionales tanto en España
como en los países de origen.

Programa EMP 11. Revisión de los protocolos de intermediación en relación
con los inmigrantes.

Medida 11.1. Análisis de los protocolos de intermediación laboral en relación
con los inmigrantes y otros colectivos con dificultades de acceso a los mismos.

Medida 11.2. Propuesta de modificación de los protocolos y negociación de
los mismos.

Medida 11.3. Aprobación y difusión de nuevos protocolos.

Programa EMP 12. Formación de los profesionales de la gestión de empleo
en el campo de la inmigración.

Medida 12.1. Elaboración de materiales de formación y sensibilización dirigi-
dos a las y los profesionales de la gestión de empleo en el campo de la inmi-
gración.

Medida 12.2. Elaboración de planes de formación en los servicios públicos de
empleo.

Medida 12.3. Aplicación de los planes de formación.



Programa EMP 13. Coordinación de campañas agrícolas entre distintas
Comunidades Autónomas.

Medida 13.1. Estudio sobre los flujos migratorios internos y análisis de las
condiciones de alojamiento de trabajadores/as y de los tiempos de espera en-
tre campañas agrícolas.

Medida 13.2. Elaboración de un plan de coordinación entre Comunidades
Autónomas, oficinas de empleo, Administración Local e Interlocutores
Sociales.

Medida 13.3. Desarrollo del Plan de coordinación.

Programa EMP 14. Apoyo a la investigación, fomento de la innovación y
trasferencias de buenas prácticas en el campo de la inmigración, mercado de
trabajo y estructuras ocupacionales en España y en los principales países de
origen de la inmigración.

Medida 14.1. Fomento de la investigación en este campo.

Medida 14.2. Elaboración de una base de datos de buenas prácticas y difu-
sión de las mismas.



Objetivo 5 Luchar contra la contratación irregular de trabajadores inmi-
grantes en la economía sumergida.

Bajo este objetivo se pretende combatir la práctica de la contratación de tra-
bajadores inmigrantes en la economía sumergida y en condiciones de explota-
ción, a través del refuerzo de las actuaciones de la Inspección de Trabajo en
este campo y del desarrollo de campañas de información sobre derechos y de-
beres de los trabajadores.

Programa EMP 15. Lucha contra la explotación laboral de inmigrantes y
otros colectivos.

Medida 15.1. Refuerzo y ampliación de las actuaciones de la Inspección de
Trabajo, con planes de intervención por sectores y territorios en materia de
contratación y de salud y seguridad en el trabajo.

Medida 15.2. Desarrollo de planes de intervención de la Inspección de
Trabajo en el campo de la igualdad de trato y no discriminación de las perso-
nas por su origen racial o étnico.

Medida 15.3. Fomento de campañas de información y formación sobre los
derechos y deberes de los trabajadores en el ámbito laboral y de Seguridad
Social.



Objetivo 6 Luchar contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades
de las personas inmigrantes en el mercado de trabajo y en las empresas.

Este objetivo, que concreta en el área del empleo el principio de igualdad de
trato, persigue dar a conocer los derechos y deberes laborales y las normas an-
tidiscriminatorias entre todos los trabajadores y actores del mundo laboral, lu-
char contra la explotación laboral tanto de inmigrantes como de otros colecti-
vos y prestar apoyo a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad en
el mercado de trabajo.

Programa EMP 16. Información y formación sobre igualdad de trato y de
oportunidades de las personas inmigrantes y otros colectivos en el puesto de
trabajo.

Medida 16.1. Preparación de materiales sobre igualdad de trato y de oportu-
nidades.

Medida 16.2. Elaboración de planes de formación sobre igualdad de trato y
de oportunidades.

Medida 16.3. Desarrollo de los planes de formación.

Programa EMP 17. Prevención del acoso por origen racial o étnico en el
trabajo.

Medida 17.1. Preparación de materiales dirigidos a la prevención y la detec-
ción del acoso por origen racial o étnico en el trabajo.

Medida 17.2. Elaboración de planes de formación dirigidos a sensibilizar, de-
tectar y prevenir el acoso por origen racial o étnico en el trabajo.

Medida 17.3. Aplicación de los planes de formación.



Objetivo 7 Fomentar la gestión de la diversidad en las empresas.

El fomento de la gestión de la diversidad en las empresas persigue apoyar pro-
yectos innovadores y difundir buenas prácticas en este campo.

Programa EMP 18. Apoyo a acciones innovadoras e intercambios de buenas
prácticas en gestión de la diversidad en las empresas.

Medida 18.1. Apoyo a acciones innovadoras en el campo de la gestión de la
diversidad.

Medida 18.2. Difusión de buenas prácticas en gestión de la diversidad, en parti-
cular de las resultantes de las Iniciativas Comunitarias en materia de empleo.

Medida 18.3. Incorporación de la gestión de la diversidad cultural entre los
planes y medidas de promoción de la Responsabilidad Social Corporativa.



8.4. VIVIENDA

Introducción

La vivienda es uno de los ámbitos clave para una adecuada integración de los ciuda-
danos inmigrantes en España, ya se contemple desde la perspectiva individual de la
necesidad de disponer de una vivienda con condiciones equiparables a las de la po-
blación autóctona, ya se plantee desde la dimensión colectiva de la distribución equi-
librada de la población inmigrada. Si no se logra acometer con eficacia el reto de la
vivienda, el resultado puede abarcar desde problemas de exclusión social hasta la cre-
ación de zonas urbanas de excesiva concentración residencial y de problemas de con-
vivencia, tanto entre distintos grupos de personas inmigrantes, como entre estos gru-
pos y la población autóctona. Dado que la situación residencial condiciona el resto de
los ámbitos de trabajo por la integración (la inserción social y laboral, la educación de
los hijos e hijas de inmigrantes, la participación etc.), resulta particularmente impor-
tante aplicar en este ámbito un enfoque proactivo, que planifique adecuadamente la
inserción residencial de las personas inmigrantes y desactive los eventuales proble-
mas antes de que puedan adquirir carácter estructural.

El punto de partida de toda actuación pública en esta materia es el derecho a una
vivienda digna, recogido por la Constitución dentro de los principios rectores de la
política económica y social. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros en España y su integración, concreta este prin-
cipio en el sentido de que “los extranjeros residentes tienen derecho a acceder al
sistema público de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que
los españoles”. Este principio debe inspirar cualquier actuación en el campo de la
vivienda, tanto si se dirige a la población en general como si está orientada a co-
lectivos con especiales dificultades en el acceso a la vivienda, como pueden ser al-
gunos ciudadanos inmigrantes, en particular en el período inicial de su asenta-
miento en España.

En el cuarto de los Principios Básicos Comunes para la Integración de 2004, el
Consejo de la Unión Europea recuerda que “el acceso de los inmigrantes a las ins-
tituciones y a los bienes y servicios, tanto públicos como privados, en las mismas
condiciones que los ciudadanos nacionales y sin discriminaciones es un requisito
para una mejor integración” y uno de esos bienes es la vivienda. Pero el Consejo va
más allá de un mero reconocimiento del derecho a la igualdad de trato, y reclama
“medidas activas para garantizar” que ese bien que es la vivienda sea realmente
accesible a los inmigrantes.

En la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité
Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones sobre Inmigración,



Integración y Empleo (COM 2003/336) se recuerda también que “el acceso a la vi-
vienda es un elemento básico de la integración, y la falta de vivienda de calidad
asequible en áreas de diversidad étnica es un problema que afecta a muchos inmi-
grantes y refugiados”.

La actuación de la Administración General del Estado en materia de vivienda se
enmarca dentro del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, aprobado por Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, que persigue favorecer el acceso de los ciudada-
nos a la vivienda en España, fomentar “la acción de los poderes públicos para
complementar la acción de los mercados y corregir algunas de las consecuencias
negativas de su funcionamiento, con medidas dirigidas a paliar la falta de vivienda
protegida asequible para los ciudadanos con menos recursos y conseguir los fines
constitucionales” para hacer efectivo el derecho de todos a una vivienda digna.
Los ejes estratégicos de este Plan son los siguientes:

En primer lugar, “el objetivo prioritario es que la vivienda protegida amplíe su peso
en el conjunto de los mercados de vivienda, como instrumento para la mejor satis-
facción de las necesidades de los ciudadanos que no pueden acceder, mediante es-
fuerzos razonables, a los mercados de vivienda libre”.

En segundo lugar, el Plan “contribuirá a un mayor equilibrio entre las formas de
tenencia, fomentando el alquiler hacia una equiparación con la propiedad, y pro-
moviendo la movilización del parque de viviendas desocupadas para el alquiler” En
este eje estratégico el Plan señala que “el fomento del alquiler favorece a los co-
lectivos con menores rentas y a aquéllos con necesidades especiales ...”.

En tercer lugar, “se impulsa, como parte fundamental de la política de vivienda, un
conjunto de actuaciones en materia de suelo edificable destinado preferentemen-
te a viviendas protegidas”.

En cuarto lugar, aunque el Plan tiene un alcance universal, señala, como un eje es-
tratégico específico, que “se dirige específicamente a aquellos colectivos con ma-
yores dificultades para acceder a una vivienda digna. De modo especial, el Plan
tiene en cuenta a grupos sociales que tienen necesidades específicas por sus cir-
cunstancias personales a igualdad de niveles de ingresos, tales como, por ejemplo,
los jóvenes, las familias numerosas y las monoparentales, los mayores de 65 años,
las personas con discapacidad y sus familias, así como las personas víctimas de la
violencia de género y del terrorismo. Y, dentro de estos grupos, las ayudas estata-
les directas a la compra de viviendas se dirigen básicamente a quienes acceden
por primera vez al mercado de vivienda en propiedad”.

Por último, “el Plan se basa en la concertación y cooperación institucional entre
todas las Administraciones Públicas y con los agentes sociales y económicos”.



En consonancia con todo lo anterior, es también necesario llevar a cabo una ac-
tuación decidida desde las administraciones públicas contra la discriminación que
padecen las personas inmigrantes en el acceso al mercado de la vivienda, de
acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea contra el Racismo y la
Intolerancia en su Tercer Informe sobre España (CRI(2006)/4).

En cuanto a las actuaciones impulsadas desde la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración, el “Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de
Inmigrantes así como al Refuerzo Educativo de los Mismos”, cuyos criterios de dis-
tribución para el año 2006 se aprobaron por Acuerdo del Consejo de Ministros del
3 de marzo, estableció como ejes prioritarios en este campo los siguientes:

a Apoyo a programas de integración en el entorno urbano en barrios con alta
presencia de inmigrantes.
b Refuerzo de programas de intermediación en el mercado de vivienda.
c Apoyo a programas de inserción de familias inmigrantes en entornos con es-
casa población, en el marco de proyectos de desarrollo local.
d Formación en interculturalidad de profesionales de la intermediación en el
mercado inmobiliario.
e Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.

1. Diagnóstico

El importante incremento de la población inmigrada en los últimos años ha venido
a poner de manifiesto y a acentuar problemas tradicionales y estructurales del
mercado de la vivienda en España. El ya de por sí escaso parque de alquiler se ha
visto sobrepasado por la demanda creciente de vivienda, lo que, a su vez, ha con-
tribuido a mantener en el mercado edificios y pisos en condiciones de habitabili-
dad inadecuadas, al tiempo que ha impulsado al alza el precio de los alquileres.

Pero los problemas fundamentales derivan de la configuración del mercado de la
vivienda en España: con una elevada proporción de viviendas en propiedad y una
escasa proporción de viviendas en alquiler; con pocas viviendas de protección ofi-
cial y muy pocas viviendas públicas de alquiler; con muchas viviendas secundarias
vacías; con un sistema de promoción muy concentrado y con poca autopromoción.
Y con un apoyo a la vivienda que consiste básicamente en medidas fiscales de
apoyo a la adquisición de viviendas que son poco eficaces en el caso de los colec-
tivos con bajos ingresos, como suele ocurrir con la población inmigrante de asen-
tamiento más reciente.



Las dificultades en el acceso a la vivienda afectan al conjunto de la población y no
son exclusivas de la población inmigrante, pero impactan especialmente en aque-
llos colectivos en situación de mayor vulnerabilidad económica que se ven obliga-
dos a gastar en la vivienda una proporción muy elevada de sus ingresos. A ello hay
que añadir los problemas de discriminación que sufren algunos colectivos de inmi-
grantes en el acceso a la vivienda de alquiler, dada la existencia de prejuicios y re-
ticencias por parte de los propietarios y arrendadores.

Como consecuencia de todo ello, una parte de la población inmigrante ocupa vi-
viendas en malas condiciones e insuficientemente dotadas. Igualmente, se produ-
cen algunas situaciones de hacinamiento, derivadas de subarriendos o de alquile-
res de parte de una vivienda por parte de su propietario, como forma de hacer
frente a la hipoteca que la grava. Los datos del Censo reflejan una proporción no-
table de hogares plurifamiliares entre la población inmigrada, y un tamaño medio
de la vivienda menor que el de la media de la población española. En las zonas ru-
rales no es rara la ocupación de locales que no estaban destinados a viviendas y
que no reúnen condiciones de habitabilidad.

Una problemática distinta, pero estrechamente relacionada, atañe a los procesos de
segregación espacial. La tendencia de los ciudadanos que provienen del mismo país
o región a agruparse residencialmente en determinadas zonas es consustancial a
los procesos migratorios, y en la medida en que sirve para apoyar el asentamiento
inicial y articular redes de autoayuda, supone incluso un factor positivo para la in-
tegración. Pero esta tendencia se vuelve problemática cuando se produce en barrios
periféricos o en zonas degradadas de las ciudades, porque en ese caso la concentra-
ción puede desembocar en segregación residencial. Esta formación de espacios se-
gregados dentro de los conjuntos urbanos multiplica los efectos sociales de la mala
calidad residencial y puede producir una tendencia al abandono de estos barrios
por parte de la población que venía residiendo en ellos, con la consiguiente agudi-
zación de la segregación. A su vez, la segregación multiplica las necesidades de in-
tervención social, dificulta el acceso normalizado de la población inmigrante a los
servicios públicos de carácter general que constituye uno de los ejes principales del
trabajo por la integración y favorece la aparición de “sociedades paralelas”, que
pueden tener hábitos sociales y valores divergentes de los de la sociedad autóctona.

La respuesta a las problemáticas descritas ha de consistir ante todo en un refuerzo
de la vivienda protegida y el fomento de la vivienda en alquiler, en los términos se-
ñalados por el Plan Estatal de Vivienda. Dado que estas medidas favorecen a los
colectivos que mayores dificultades tienen para acceder a una vivienda, también
aquellos ciudadanos y ciudadanas inmigrantes que reúnan las condiciones y al-
cancen los baremos estipulados podrán beneficiarse de ellas. En segundo lugar, las
discriminaciones existentes han de afrontarse desde la mediación en el mercado
de la vivienda, procurando que la intervención pública elimine las barreras artifi-



ciales que suponen los prejuicios asociados al origen o la cultura de las personas
inmigrantes y restablezca la igualdad de trato en el acceso a la vivienda.

No se puede dejar de resaltar aquí una situación específica que tiene una estrecha
relación con la situación de exclusión residencial y las dificultades para el acceso
a la vivienda que sufren las personas inmigrantes, concretamente los sin techo.
Según el Instituto Nacional de Estadística en un estudio publicado durante el año
2006, dos de cada cinco personas sin hogar existentes en España son inmigrantes.
Estas personas no son recién llegadas a España, antes al contrario, llevan de me-
dia, tres años y siete meses en España y un año y once meses en la comunidad au-
tónoma donde se ubica el centro en el que se encuentran. Por otro lado, casi la mi-
tad de los extranjeros sin hogar lleva más de un año sin alojamiento propio. Por
último, tal y como pone de manifiesto el citado estudio, el apoyo que desde los
centros para personas sin hogar se ofrece no parece responder a las necesidades
específicas de las personas inmigrantes: solamente el 58% de los extranjeros sin
hogar, frente al 74,2% de los españoles, declaran haber tenido contacto con un
trabajador social. En definitiva, las carencias del modelo asistencial para personas
sin hogar se traducen en una insuficiente acción social, la cual incide muy negati-
vamente en las personas inmigrantes y en sus posibilidades reales de integración
social.

Por último, es preciso evitar los procesos de excesiva concentración residencial, a
través de una planificación urbana adecuada que incluya una distribución cabal
de la vivienda protegida. Allí donde ya se estén produciendo procesos de degrada-
ción y segregación, se precisan intervenciones de carácter integral, que combinen
la rehabilitación y la mejora de dotaciones con el refuerzo de la actuación de los
servicios sociales y la promoción del desarrollo local.




Objetivo 1 Ampliar el peso de la vivienda protegida en el conjunto de los
mercados de la vivienda y promover un mayor equilibrio en las formas de
tenencia de la vivienda para colectivos con bajos ingresos.

Las Medidas a desarrollar deben fomentar el acceso a la vivienda para colecti-
vos con bajos ingresos, como es el caso de parte de la población inmigrada, fo-
mentar el alquiler para conseguir un mayor equilibrio con la tenencia en pro-
piedad, y movilizar el parque de viviendas desocupadas para el alquiler,
aspectos recogidos también en el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.

Programa VIV 1. Acceso a la vivienda en propiedad para colectivos
desfavorecidos.

Medida 1.1. Ayudas a la adquisición de vivienda en el marco del Plan Estatal
de Vivienda.

Medida 1.2. Actuaciones promovidas por la Entidad Pública Empresarial de
Suelo (SEPES).

Programa VIV 2. Vivienda en alquiler para colectivos desfavorecidos.

Medida 2.1. Ayudas al alquiler en el marco del Plan Estatal de Vivienda.

Medida 2.2. Actuaciones promovidas por la Sociedad Pública de Alquiler.



Objetivo 2 Prevenir la generación de situaciones residenciales de infravi-
vienda y hacinamiento en la fase de asentamiento inicial.

El asentamiento inicial es una de las fases críticas, en las que la intervención
pública puede prevenir que lleguen a constituirse situaciones residenciales de
infravivienda y/o hacinamiento por falta de posibilidades alternativas. Esta in-
tervención puede producirse tanto en el ámbito urbano como en el rural.

Programa VIV 3. Información y orientación sobre recursos de alojamiento en
la fase de asentamiento inicial.

Medida 3.1. Apoyo a acciones de información y orientación sobre recursos de
alojamiento disponibles y de acompañamiento en el acceso a alojamiento.

Programa VIV 4. Apoyo a programas piloto de inserción de familias
inmigrantes en entornos con escasa población, en el marco de proyectos de
desarrollo local en el medio rural.

Medida 4.1. Apoyo a programas de desarrollo local en entorno rural que incor-
poren como uno de sus elementos el asentamiento de población inmigrada.

Medida 4.2. Apoyo a programas de inserción de familias inmigrantes en en-
tornos con escasa población.



Objetivo 3 Luchar contra la discriminación de las personas inmigrantes en
el mercado de la vivienda.

La existencia de prejuicios o actitudes de rechazo hacia la población inmigrada
por parte de algunos propietarios y arrendadores da lugar a una barrera en el ac-
ceso a la vivienda incompatible con el principio constitucional de igualdad y con
la Directiva 43/2000 sobre igualdad de trato y no discriminación por razón del ori-
gen racial o étnico. Corresponde a los poderes públicos remover los obstáculos que
dificulten que esa igualdad sea real y efectiva, mediando a estos efectos en el
mercado de la vivienda y velando por que no se produzcan discriminaciones.

Programa VIV 5. Apoyo a programas de intermediación y lucha contra la
discriminación en el mercado de la vivienda.

Medida 5.1. Fomento de programas de intermediación, garantía y fianza en el
mercado de la vivienda orientados hacia la población inmigrada.

Medida 5.2. Impulso a actuaciones de sensibilización y lucha contra la discri-
minación en el ámbito de la vivienda.

Medida 5.3. Revisión de los requisitos de acceso a la oferta pública de vivien-
da para garantizar la no discriminación.

Programa VIV 6. Investigación, fomento de la innovación y transferencia de
buenas prácticas.

Medida 6.1. Impulso a la realización de estudios en el campo de las condicio-
nes residenciales de la población inmigrada, prevención de la segregación re-
sidencial e intervención en zonas en riesgo de segregación.

Medida 6.2. Promoción del intercambio de experiencias y transferencia de
buenas prácticas en materia de acceso a la vivienda y programas de interme-
diación.



Objetivo 4 Mejorar la convivencia y prevenir la segregación residencial.

Los procesos de segregación espacial vinculados a zonas degradadas constituyen
una problemática especialmente aguda que requiere medidas de intervención in-
tegral, que incluyan acciones coordinadas en el ámbito social y urbanístico.

Asimismo, no se trata solamente de intervenir en el mercado de la vivienda,
sino también de promover la convivencia y la interacción entre los vecinos.

Programa VIV 7. Fomento de ayudas públicas para la rehabilitación y mejora
de las viviendas susceptibles de uso por la población en situación de mayor
vulnerabilidad.

Medida 7.1. Promoción de actuaciones en áreas de rehabilitación integral, en
centros históricos así como actuaciones de rehabilitación aislada de edificios
y viviendas, en consonancia con el Plan Estatal de Vivienda.

Medida 7.2. Promoción de programa de evaluación y rehabilitación de vivien-
das que se encuentran en estado de inhabitabilidad para su futuro uso.

Programa VIV 8. Apoyo a programas piloto de rehabilitación, mejora de la
dotación de servicios y desarrollo local en barrios con un alto índice de
población inmigrada.

Medida 8.1. Promoción de programas de intervención integral en zonas de-
gradadas.

Medida 8.2. Apoyo a programas de desarrollo local en barrios con un alto ín-
dice de población inmigrada.



Programa VIV 9. Apoyo a actuaciones tendentes a mejorar la convivencia
cívica en barrios y a reforzar la cohesión social.

Medida 9.1. Promoción de actuaciones integrales de mediación vecinal para
conseguir una convivencia positiva.

Medida 9.2. Impulso a programas de convivencia en los que se promuevan los
valores cívicos.

Medida 9.3. Apoyo al desarrollo de programas de seguimiento en el manteni-
miento de la vivienda pública adjudicada, del barrio y de la convivencia veci-
nal por parte de mediadores interculturales así como de arquitectos y urba-
nistas.

Medida 9.4. Fomento de la realización de estudios sobre los equipamientos y
el tejido comercial en barrios que favorezcan la subsanación de deficiencias
en dotaciones y la consolidación del pequeño comercio.



8.5. SERVICIOS SOCIALES

Introducción

Los poderes públicos tienen la obligación de remover los obstáculos que impidan
el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos y promover las condiciones
necesarias para que dicho acceso se realice en condiciones de igualdad. Los
Servicios Sociales como servicio público deben concebirse partiendo de ésta pre-
misa. Además, como el Sistema Público de Servicios Sociales constituye una de las
puertas de entrada de los inmigrantes al resto de los servicios públicos y, en nume-
rosas ocasiones, no sólo el primer lugar de acceso al resto de los servicios públicos
sino el único, los poderes públicos deben tener en cuenta la especial posición que
ocupan, a la hora de planificar el Sistema Público de Servicios Sociales, porque el
acceso al mismo puede condicionar la entrada de la población inmigrante al resto
de los servicios públicos.

“El acceso de los inmigrantes a las instituciones y a los bienes y servicios tanto pú-
blicos como privados, en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales y
sin discriminaciones es un requisito esencial para una mejor integración”, según
señala el sexto de los Principios Básicos Comunes sobre Integración, aprobados
por el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior en Bruselas, el 19 de
noviembre de 2004. En el mismo principio se recoge que dicho acceso implica
“adoptar medidas activas que garanticen una apertura de las instituciones públi-
cas, políticas, viviendas y servicios públicos a los inmigrantes. Estas medidas debe-
rán ser acordes con la aplicación de la Directiva del Consejo relativa al estatuto de
los nacionales de terceros países residentes de larga duración. Es importante su-
pervisar y evaluar el éxito de la labor de las instituciones públicas en la atención a
los inmigrantes y hacer los ajustes necesarios de manera continua”.

El “Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes así como al
Refuerzo Educativo de los Mismos”, cuyos criterios de distribución para el año
2006 fueron aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo, esta-
bleció cuatro prioridades en el campo de los servicios sociales:

a Refuerzo de los recursos organizativos y humanos de los servicios sociales de
atención primaria.
b Apoyo a programas de atención a menores extranjeros no acompañados.
c Formación de profesionales en la atención a población de distintos orígenes y
culturas y en mediación intercultural.
d Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.



1. Diagnóstico

Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos vienen desarrollando sus com-
petencias en esta materia facilitando el acceso normalizado de los inmigrantes al
Sistema Público de Servicios Sociales y llevando a cabo otras medidas como, las
orientadas a la difusión de los recursos existentes, a proporcionar una primera aco-
gida, a facilitar el acceso a la atención social y, a la conciliación de la vida familiar
y laboral. También han desarrollado acciones relacionadas con la mediación inter-
cultural y actuaciones específicas para grupos que son considerados con un poten-
cial mayor de exclusión: mujeres y menores. Se ha realizado un esfuerzo notable al
nivel autonómico y municipal por parte de los profesionales que trabajan en los
servicios sociales para adaptarse a la nueva realidad que ha supuesto la atención a
las personas inmigrantes, a pesar de las dificultades que han tenido que enfrentar
por contar con escasos recursos para atender a una población que ha aumentado
de forma considerable en un corto periodo de tiempo. A pesar del esfuerzo realiza-
do, existe el riesgo de que los servicios sociales se conviertan en expendedores de
prestaciones no pudiendo garantizar procesos de integración individualizados des-
de el marco de la comunidad, por ello es necesario seguir avanzando en este proce-
so teniendo en cuenta los factores que se señalan a continuación.

Los Servicios Sociales han de adaptarse a las realidades sociales donde pretenden
intervenir. Para ello las instituciones deben dotarse de instrumentos de diagnósti-
co, propuestas y evaluación que permitan una adaptación de los Servicios Sociales
a esas nuevas realidades, a las demandas y a los perfiles sociodemográficos de la
población.

La inmigración afecta a los sistemas públicos de protección social desvelando ca-
rencias y necesidades que ya se daban con respecto a la población autóctona. No
obstante, las dificultades que genera el incremento y la heterogeneidad de la po-
blación atendida por los servicios sociales, van más allá del aspecto cuantitativo,
ponen de relieve la necesidad de desarrollar modelos que aborden intervenciones
integrales y la mejora de la coordinación entre los recursos y dispositivos de las
distintas administraciones públicas y entre éstas y el tercer sector.

El Sistema Público de Servicios Sociales está gestionado por las Comunidades
Autónomas y las Corporaciones Locales, esta circunstancia ha generado un des-
arrollo desigual de los modelos de servicios sociales no sólo al nivel de las
Comunidades Autónomas sino incluso dentro de una misma Comunidad. Esta si-
tuación, unida a la insuficiencia de instrumentos de coordinación y al desconoci-
miento de los recursos existentes y de las prestaciones ofertadas, se traduce en
falta de coherencia del sistema, lo que genera situaciones de desigualdad e inade-
cuada distribución de los recursos públicos.



El insuficiente desarrollo y dotación de los servicios sociales, en ocasiones provoca
una saturación de los mismos lo que se traduce en la aparición de barreras que difi-
cultan el acceso a estos servicios. Además, esta dificultad se ve incrementada porque
los Servicios Sociales funcionan con frecuencia como una última red para dar res-
puesta a necesidades y problemas que provienen de otras áreas de los servicios públi-
cos, problemas que afectan tanto a la población autóctona como a los inmigrantes.
La insuficiente dotación de recursos puede dar lugar a que se produzcan situaciones
de enfrentamiento entre la población inmigrante y autóctona que compiten por ser
beneficiarios de recursos que no alcanzan a cubrir todas las necesidades. Ante esta si-
tuación, la estrategia pasa, ante todo, por un refuerzo de los servicios sociales de ca-
rácter general para que no se produzca dicha situación de concurrencia, y, en segun-
do lugar, por incidir en aquellos aspectos en los que la condición de inmigrante pueda
dar lugar a intervenciones de índole más específica.

La adaptación que por tanto requieren los servicios sociales ha de desarrollarse
tanto en el plano cuantitativo como cualitativo. Desde el punto de vista cuantita-
tivo es necesario un incremento de los recursos tanto humanos (mediadores cultu-
rales, educadores, trabajadores sociales etc.) como materiales (sistemas de detec-
ción de situaciones de vulnerabilidad, ampliación de horarios y puntos de
atención, de cuantías destinadas a ayudas para atender situaciones de necesidad
urgentes y a personas en riesgo de exclusión etc.).

Desde un punto de vista cualitativo la respuesta que desde los servicios sociales
hay que dar a la nueva realidad social que supone la inmigración debe abordarse
desde el acceso normalizado y en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos
a los servicios sociales. Ello no obsta para que sea necesario contemplar factores
sociales concretos que condicionan el acceso de la población inmigrante en espe-
cial situación de vulnerabilidad. Lo que puede traducirse en el diseño e implemen-
tación de programas concretos de intervención dirigidos a colectivos de inmigran-
tes, que deberían elaborarse desde la experiencia y buenas prácticas en el
desarrollo de este tipo de actuaciones. En todo caso el objetivo de estos programas
debería ser colocar a los destinatarios en situación de acceder en condiciones de
igualdad a los servicios sociales normalizados.

En el aspecto cualitativo debe abordarse además la formación de los profesiona-
les que trabajan en el ámbito de los servicios sociales, en manejo de las situacio-
nes que afectan a las personas inmigrantes, en conocimiento de las culturas y
modos de vida de los países de origen de las personas inmigrantes etc. Todo ello
sin perjuicio de la necesidad de diseñar procesos de mediación social en los dis-
tintos niveles de los servicios sociales que faciliten la atención y que ayuden a
incorporar las claves socio-culturales de la población inmigrante en la interven-
ción social.



Por último deberían consensuarse, entre las administraciones central, autonómica
y local y, entre éstas y el tercer sector, criterios comunes para el diseño de proce-
sos de integración, desde el marco de la comunidad, que atiendan a los factores
sociales específicos que afectan a la población inmigrante. Además de en la defi-
nición de criterios comunes, se debería avanzar en la coordinación de las políticas
sociales con otras políticas sectoriales y, en la transferencia de buenas prácticas
no sólo entre las distintas administraciones sino, entre estas y el tercer sector. En
la definición de criterios comunes es preciso aprovechar el carácter vertebrador de
los servicios sociales con respecto a otras áreas del sistema de bienestar.




Objetivo 1 Adecuar el Sistema Público de servicios sociales a las necesida-
des de una sociedad más diversa, para garantizar el acceso al mismo a todos
los ciudadanos en condiciones de igualdad.

Con este objetivo se pretende adaptar el Sistema Público de Servicios Sociales
a la nueva realidad social, teniendo en cuenta los factores socio-culturales li-
gados a la población inmigrante en situaciones de especial vulnerabilidad.

Programa SES 1. Fomento de planes de servicios sociales que recojan los
factores que afectan a la población inmigrante en especial situación de
vulnerabilidad.

Medida 1.1. Fomento de la incorporación en los Planes de Servicios Sociales
de las Corporaciones Locales de procesos de intervención, que tengan en
cuenta las los factores que afectan a la población inmigrante.
Medida 1.2. Fomento de la incorporación en los Planes de Servicios Sociales
de las Comunidades Autónomas de los factores socio-culturales que afectan a
la población inmigrante en especial situación de vulnerabilidad.
Medida 1.3. Realización de estudios comparativos de los factores socio-cul-
turales que afectan a la población inmigrante, incluidos en los Planes de
Servicios Sociales.

Programa SES 2. Formación del personal de servicios sociales en habilidades
para el manejo de nuevas dinámicas socio-culturales.

Medida 2.1. Diseño y realización de programas de formación para profesionales
de los Servicios Sociales, en las Administraciones Públicas y el Tercer Sector.
Medida 2.2. Fomento del diseño y realización de programas de formación
para profesionales de las Administraciones Públicas.
Medida 2.3. Fomento del diseño y realización de programas de formación
para profesionales del Tercer Sector.

Programa SES 3. Fomento del establecimiento de programas o actuaciones
de convivencia intercultural.

Medida 3.1. Fomento de programas de mediación social y vecinal intercultural.
Medida 3.2. Fomento de programas de gestión y prevención de conflictos.
Medida 3.3. Promoción de programas de gestión de la convivencia.



Objetivo 2 Potenciar los Servicios Sociales para garantizar el acceso a los
mismos a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad

Se pretende potenciar el Sistema Público de servicios sociales para eliminar las
barreras de acceso a estos recursos, y que no se produzca competencia entre
la población inmigrante y autóctona en situación de especial vulnerabilidad.

Programa SES 4. Potenciación de los recursos humanos, destinados a atender
los factores socio-culturales que afectan a la población inmigrante en
especial situación de vulnerabilidad.

Medida 4.1. Fomento de la incorporación al sistema público de servicios so-
ciales de profesionales para recursos específicos destinados a la población in-
migrante en situación de especial vulnerabilidad, englobando elementos de
índole transversal, como los supuestos de discapacidad.

Medida 4.2. Fomento de incorporación a los servicios sociales de profesiona-
les en inmigración, mediación intercultural, gestión de conflictos intercultu-
rales, etc.

Programa SES 5. Potenciación de los recursos materiales destinados a
atender los factores socio-culturales que afectan a la población inmigrante
en especial situación de vulnerabilidad.

Medida 5.1. Estudio comparativo de los recursos materiales que tengan en
cuenta los factores socio-culturales que afectan a la población inmigrante en
especial situación de vulnerabilidad.

Medida 5.2. Fomento de la incorporación al sistema público de servicios so-
ciales de recursos que atiendan necesidades que afectan a la población inmi-
grante en especial situación de vulnerabilidad.



Programa SES 6. Inclusión de factores socio-culturales que afectan a la
población inmigrante en especial situación de vulnerabilidad, en los
programas de ayudas.

Medida 6.1. Fomento de la inclusión en las líneas de ayudas de las
Comunidades Autónomas de factores socio-culturales que afectan a la pobla-
ción inmigrante.

Medida 6.2. Fomento de la inclusión en las líneas de ayudas de las
Corporaciones Locales de los factores socio-culturales que afectan a la pobla-
ción inmigrante.



Objetivo 3 Desarrollar medios de coordinación institucional y de gestión de
la información de la que disponen las distintas Administraciones y
Entidades que trabajan en el sector de servicios sociales.

Se pretende alcanzar una más adecuada y racional distribución de los recursos
destinados a los servicios sociales, mediante el establecimiento de mecanismos
de coordinación entre los distintos actores que operan en este ámbito y, que se
produzcan intercambios de información y buenas prácticas para conseguir
mejorar la asistencia.

Programa SES 7. Armonización del Sistema Público de Servicios Sociales para
la atención de la población inmigrante en situación de vulnerabilidad.

Medida 7.1. Realización de Foros de coordinación de actuaciones en materia
de atención a la población inmigrante en situación de vulnerabilidad, en par-
ticular a través de los Consejos Sectoriales en materia de bienestar social y
otros órganos de participación existentes.

Medida 7.2. Fomento del establecimiento de instrumentos, foros y medios de
coordinación de las políticas y actuaciones de servicios sociales con otras po-
líticas sectoriales, desde la perspectiva de la atención a la población inmi-
grante en situación de vulnerabilidad.

Medida 7.3. Elaboración de protocolos de intervención teniendo en cuenta
los factores socio-culturales de la población inmigrante.

Programa SES 8. Identificación y transferencia de buenas prácticas en la
intervención sobre los factores socio-culturales que afectan a la población
inmigrante.

Medida 8.1. Realización de foros de intercambio de buenas prácticas de interven-
ción sobre factores socioculturales que afectan a la población inmigrante.

Medida 8.2. Estudios y análisis de los factores socio-culturales que afectan a
la población inmigrante especialmente vulnerable.



Programa SES 9. Evaluación de las actuaciones, programas y servicios
existentes, así como de la incidencia de la inmigración en los servicios
sociales.

Medida 9.1. Fomento de estudios sobre las actuaciones, programas y servi-
cios existentes.

Medida 9.2. Evaluación del impacto de la inmigración en los servicios sociales.



8.6. SALUD

Introducción

El acceso a las prestaciones del sistema sanitario público y a una asistencia sani-
taria de calidad en condiciones de igualdad es uno de los elementos que condicio-
nan la integración de los inmigrantes y su plena participación en la sociedad de
acogida. Para garantizar este acceso y una asistencia sanitaria de calidad y ade-
cuada a la nueva realidad social es necesario impulsar y apoyar las iniciativas de
las Comunidades Autónomas en la dirección de adecuar las respuestas del sistema
sanitario a las nuevas necesidades.

El sexto de los “Principios Básicos Comunes Sobre Integración”, aprobados por el
Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior en Bruselas, el 19 de noviembre
de 2004, establece que “el acceso de los inmigrantes a las instituciones y a los bienes
y servicios tanto públicos como privados, en las mismas condiciones que los ciudada-
nos nacionales y sin discriminaciones es un requisito esencial para una mejor integra-
ción” Y sigue el Consejo señalando que “si se quiere autorizar a los inmigrantes a par-
ticipar en la sociedad de acogida deben recibir un trato igual y justo y ser protegidos
contra la discriminación. La legislación de las UE prohíbe la discriminación por moti-
vos de origen racial o étnico en ámbitos tales como el empleo, la educación, la segu-
ridad social, la atención sanitaria, el acceso a bienes y servicios y la vivienda”.

Por su parte la Comisión, en su Comunicación sobre “Inmigración, integración y
empleo” señala que: “las poblaciones inmigrantes pueden sufrir problemas sanita-
rios particulares (malas condiciones de vida, problemas derivados de la incerti-
dumbre y la inseguridad en la que se encuentran), pero a menudo encuentran difi-
cultades para acceder a servicios sanitarios y sociales de calidad. Una
participación creciente de personas de orígenes étnicos diferentes en estos servi-
cios debería contribuir a prevenir la discriminación y a garantizar que estos servi-
cios tengan en cuenta los obstáculos culturales”.

El Comité Económico y Social de la UE, en su Dictamen sobre “La inmigración, la
integración y el papel de la sociedad civil organizada” pone de relieve que “la sani-
dad y los demás servicios sociales públicos deben ser accesibles para las personas
inmigrantes en igualdad de condiciones que para el resto de la población. Ello im-
plica eliminar toda situación discriminatoria y adaptar los servicios y las presta-
ciones para esta atención igualitaria”.

En España, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud establece en su artículo 3 que los titulares del derecho a la pro-
tección de la salud son todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacio-



nal en los términos previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que tienen los
derechos que resulten del derecho comunitario europeo y de los tratados y conve-
nios que se suscriban por el Estado Español y les sean de aplicación así como los
nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea que tienen los dere-
chos que les reconozcan las leyes, los tratados y convenios suscritos.

Así mismo, hay que señalar que el Acuerdo del Consejo de Ministros del 20 de
mayo de 2005, por el que se formalizan los criterios de distribución del Fondo de
apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes, estableció tres líneas priorita-
rias de actuación en apoyo a la salud de los inmigrantes:

a Apoyo a programas de prevención y educación para la salud, con particular
atención a los dirigidos a la mujer inmigrante.
b Formación de profesionales en la atención a población de distintos orígenes y
culturas, y en mediación intercultural.
c Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.

1. Diagnóstico

El primer elemento a tener en cuenta sobre el diagnóstico de la salud en la pobla-
ción inmigrante es la diferenciación del proceso migratorio en distintas etapas que
pueden plantear problemáticas diversas. A la llegada, en general se puede decir
que el perfil del inmigrante que llega a España responde al de una persona joven,
con un nivel de salud de partida bueno, que abandona su país por diferentes razo-
nes y que viene a trabajar con el objetivo fundamental de mejorar su nivel de vida.
En la estancia, el nivel de salud inicial empieza a cambiar y se suelen presentar las
mismas enfermedades que en la población autóctona, pero con la diferencia, en el
caso de los colectivos de inmigrantes más vulnerables, de que el acceso al sistema
sanitario y los determinantes sociales de la salud son diferentes.

Los problemas para acceder a un trabajo normalizado, las dificultades de acceso a
la red sanitaria pública, la convivencia en zonas de elevado riesgo social y los pro-
blemas de comunicación asociados al idioma y las diferencias culturales son los
principales factores que condicionan la salud de los colectivos de inmigrantes que
se encuentran en una situación social vulnerable.

Las condiciones descritas, pueden afectar al estado de salud de los inmigrantes y
pueden generar problemas de estrés y psicosomáticos que se suman al duelo mi-
gratorio por haber dejado a sus familiares y amigos en el país de origen.



El desconocimiento de la cultura española en general y de la sanitaria en particu-
lar por parte de los inmigrantes, así como, el desconocimiento de la cultura sani-
taria de las personas inmigrantes por parte de los profesionales sanitarios, y las di-
ficultades de comunicación con el personal sanitario, están condicionando el
acceso al sistema de salud. Estos factores unidos a cuestiones administrativas ha-
cen que los inmigrantes tengan frecuentemente su primer contacto con el sistema
sanitario a través de los servicios de urgencias, lo cual dificulta su integración en
las prácticas normalizadas de prevención y promoción de la salud que se llevan a
cabo en el nivel de atención primaria.

En el caso de las mujeres inmigrantes, existe una problemática específica que se ori-
gina en la precariedad, bajas retribuciones y malas condiciones de trabajo en los seg-
mentos laborales a los que acceden, lo cual las hace más vulnerables que la población
en general, a padecer problemas de salud. Además, están más expuestas a enferme-
dades de transmisión sexual, violencia de género y embarazos no deseados, situacio-
nes que requieren una atención especial por parte de los servicios socio-sanitarios.

La población infantil también puede presentar problemas específicos de salud re-
lacionados a veces con la malnutrición, la presencia de enfermedades contagiosas,
la falta, parcial o total, de vacunación y la desestabilización psico-afectiva gene-
rada por la desintegración familiar o por la incertidumbre administrativa o social
de sus padres.

El acceso al sistema sanitario por parte de determinados colectivos de inmigrantes
a través de los servicios de urgencias dificulta el que se produzca una recogida
adecuada de datos clínicos y, por lo tanto, que se disponga de registros suficientes
para la realización de los perfiles epidemiológicos necesarios para conocer la rea-
lidad de esta población.

Las prácticas socio-sanitarias de algunos inmigrantes no son las mismas que las
de la población autóctona. Para algunos colectivos de inmigrantes el sistema sani-
tario español supone un cambio radical en la concepción de su propia salud y
para algunos colectivos el acceso al sistema sanitario español supone el paso de
un sistema de supervivencia a un sistema de prevención al que deben adaptarse.

Las prácticas socio-sanitarias de las personas inmigrantes no son homogéneas. Los
inmigrantes vienen de países distintos, proceden de zonas rurales o urbanas, pose-
en una cultura diferente, en sus países o zonas de origen hay distintas enfermeda-
des y tienen condiciones laborales y sociales distintas. Por ello no deben estable-
cerse criterios uniformes en su atención sino pautas para la actuación con grupos
heterogéneos. Todo ello desde la concepción de la salud de forma integral, diri-
giendo la atención no sólo a la enfermedad sino también al entorno social del pa-
ciente, las redes de apoyo con que puede contar para ello y su calidad de vida.



Las Comunidades Autónomas como responsables de la gestión y de la prestación
de servicios de salud han venido mejorando el sistema sanitario en su conjunto y
realizando acciones para mejorar la atención de los inmigrantes. De hecho con el
fin de mejorar las capacidades de respuesta de los servicios públicos de salud ante
estas nuevas realidades, las Comunidades Autónomas vienen incorporando los
perfiles epidemiológicos específicos en sus estrategias de planificación, organiza-
ción y funcionamiento de los servicios de salud. En el futuro, esta será una cues-
tión aún más relevante ya que estas nuevas realidades han puesto de manifiesto la
necesidad de adoptar nuevas estrategias de atención y organización de los servi-
cios asistenciales.

Para asegurar la calidad en la atención sanitaria a los colectivos de inmigrantes
cobra importancia el desarrollo de estrategias que monitoricen la salud de los in-
migrantes y que mejoren de forma continuada la educación y la información que
reciben dada la influencia de estos aspectos en el desarrollo de hábitos y estilos de
vida saludable.

Para afrontar las dificultades que plantean las barreras culturales e idiomáticas puede
ser útil implicar a los líderes de la propia comunidad en actividades educativas y de
promoción de la salud. Estos mediadores culturales podrían realizar un papel de enla-
ce entre las personas inmigrantes y el sistema sanitario, facilitando el conocimiento
por el inmigrante de la estructura sanitaria y de la oferta de servicios.

Son fundamentalmente los servicios de atención primaria quienes mayor esfuerzo
han de realizar para adaptar su oferta a las necesidades de la población inmigran-
te y asegurar la eficacia en la consecución de sus objetivos preventivos, de promo-
ción de la salud y asistenciales. En este sentido, el impulso de acciones y progra-
mas multidisciplinarios de formación para los profesionales sanitarios, la
elaboración de guías y protocolos de actuación o la mejor interrelación con los
servicios de atención especializada permitirán asegurar una asistencia integral a
las personas inmigrantes.

El impulso de estrategias de investigación que permitan conocer la situación real
respecto a la salud de los inmigrantes, sus necesidades y prioridades sanitarias,
ayudará también en la tareas de adecuación de los servicios de salud a las necesi-
dades de salud de los inmigrantes.




Objetivo 1 Garantizar el derecho a la protección de la salud a las personas
inmigrantes.

Para el cumplimiento de este objetivo es necesario tener en cuenta la situación
de la población inmigrante desde una perspectiva integral, es decir valorando
los factores sociales y culturales que pueden incidir en su salud y, por lo tanto,
en la atención que se les debe prestar.

Programa SAL 1. Garantizar el acceso efectivo al sistema sanitario.

Medida 1.1. Fomento de políticas informativas activas dirigidas a la pobla-
ción inmigrante sobre normas de acceso, derechos y deberes de los usuarios
del sistema, que minimicen el impacto negativo del cambio de perfil de uso
del sistema sanitario.

Medida 1.2. Fomento de políticas de comunicación verbal y escrita con los
pacientes en el idioma que comprendan y adaptadas a su situación.

Medida 1.3. Fomento del diseño de nuevas formas de trabajo tanto con los
profesionales como con la población inmigrante y de la incorporación de la
perspectiva intercultural a la planificación y el diseño del trabajo en Salud.

Medida 1.4. Fomento de la incorporación de la perspectiva de la no exclusión
e igualdad de trato en todas las actuaciones y planes de salud.

Medida 1.5. Fomento de actuaciones y planes de salud que establezcan cau-
ces de relación entre los profesionales sanitarios y otros actores sociales que
atienden a la población inmigrante.

Medida 1.6. Fomento de acciones que mejoren la oferta y la calidad de la
atención sanitaria que se presta a la población inmigrante.



Programa SAL 2. Adaptación de los sistemas de información sanitaria.

Medida 2.1. Fomento de actuaciones que permitan la incorporación de la in-
formación sobre etnicidad, zona geográfica de origen y lenguaje oral y escrito
prioritario de los pacientes, en los registros sanitarios.
Medida 2.2. Impulso de medidas que permitan la actualización permanente
del perfil poblacional desde el punto de vista demográfico, cultural y epide-
miológico, en colaboración con las sociedades científicas.

Programa SAL 3. Normalización de los determinantes sociales de la salud.

Medida 3.1. Fomento a través de la “Red Española de Ciudades Saludables”
de la realización de Planes Municipales de Intervención con población inmi-
grante para mejorar los determinantes sociales de su salud.
Medida 3.2. Fomento, a través de la “Red Española de Ciudades Saludables”,
del reconocimiento de las necesidades específicas de los inmigrantes en los
Planes de Salud Municipales.
Medida 3.3. Análisis e identificación de actuaciones concretas para definir
vías de mejora de funcionamiento del sistema sanitario en la gestión de la sa-
lud de la población inmigrante.

Programa SAL 4. Promoción de la salud, prevención y asistencia a las
necesidades específicas de la población inmigrante.

Medida 4.1. Fomento de planes y actuaciones que incluyan la captación acti-
va de las mujeres inmigrantes para la participación en programas preventivos
de salud sexual y reproductiva.
Medida 4.2. Fomento de planes y actuaciones que incluyan la captación acti-
va de la población inmigrante para la participación en programas preventivos
dirigidos a la población infantil.
Medida 4.3. Fomento de programas que incluyan la investigación y participa-
ción de las redes familiares y sociales de apoyo a la salud de los inmigrantes
en los programas de salud.
Medida 4.4. Fomento de la inclusión en los programas de salud de aspectos
relacionados con la multiculturalidad y la salud psicosocial.
Medida 4.5. Fomento de la actuación de las ONG en materia de programas de
promoción y prevención de la salud destinados a la población inmigrante.



Objetivo 2 Mejorar la identificación de las necesidades socio-sanitarias de
la población inmigrante.

La identificación de los factores socioculturales y de las necesidades de la po-
blación inmigrante asociada a estos factores es una actuación imprescindible
para garantizar una atención sanitaria de calidad y en condiciones de igualdad
a dicha población.

Programa SAL 5. Realización de un estudio sobre determinantes sociales de
la salud de la población inmigrante.

Medida 5.1. Análisis comparativo de la situación de los determinantes de sa-
lud de la población inmigrante española en relación con los de otros países
europeos.

Medida 5.2. Análisis y estudio de la magnitud y los itinerarios de salud liga-
dos a la población inmigrante en España.

Medida 5.3. Análisis de las acciones llevadas a cabo en materia de identifica-
ción de determinantes de salud de la población inmigrante en España, con
identificación de éxitos y fracasos.

Programa SAL 6. Estudios específicos sobre determinantes de la salud de la
población inmigrante.

Medida 6.1. Fomento de la realización de estudios sobre determinantes de la
salud de la población inmigrante.

Medida 6.2. Fomento de estudios sobre aspectos que condicionan el acceso y
uso de los servicios de salud por los colectivos de inmigrantes con especiales
dificultades de inserción social.



Programa SAL 7. Estudios sobre incidencia y prevalencia de determinadas
enfermedades en la población inmigrante.

Medida 7.1. Realización de estudio a nivel nacional sobre la incidencia y pre-
valencia de determinadas enfermedades en la población inmigrante.

Medida 7.2. Impulso de actuaciones con el objeto de analizar la prevalencia
de determinadas enfermedades en la población inmigrante.

Programa SAL 8. Identificación y transferencia de buenas prácticas.

Medida 8.1. Análisis de las actuaciones y planes para identificar buenas prác-
ticas en la promoción, prevención y tratamiento de la salud de la población
inmigrante en España.

Medida 8.2. Fomento de la realización de foros de transferencia de buenas
prácticas en el sistema sanitario en la promoción, prevención y tratamiento
de la salud de la población inmigrante en situación de especial vulnerabilidad.

Medida 8.3. Fomento de la inclusión en los planes y programas de salud de
buenas prácticas en la gestión de la salud de la población inmigrante.



Objetivo 3 Mejora de la formación del personal sanitario en técnicas de
gestión de la salud de la población inmigrante.

Para alcanzar este objetivo se debe mejorar la formación de los profesionales
sanitarios en materia de conocimiento de la cultura sanitaria, modos de vida de
los países de origen y en el manejo de situaciones derivadas de las circunstan-
cias especiales que afectan a las personas inmigrantes.

Programa SAL 9. Programas de formación en materia de gestión de la salud
de la población inmigrante.

Medida 9.1. Diseño de un programa de formación del personal con responsa-
bilidades en la gestión sanitaria en técnicas para mejorar el estado de los de-
terminantes de salud de la población inmigrante.

Medida 9.2. Fomento de programas de formación en la atención y detección
de determinantes sociales de la salud de la población inmigrante.

Programa SAL 10. Adecuación del contenido curricular de la formación
postgrado del personal sanitario.

Medida 10.1. Revisión de los programas formativos de las especialidades mé-
dicas para incorporar aspectos de la nueva realidad intercultural y sus efectos
sobre la salud y el bienestar.

Medida 10.2. Propuesta de inclusión en el contenido curricular de las espe-
cialidades médicas de aspectos concretos por especialidades, de la nueva rea-
lidad intercultural y sus efectos sobre la salud y el bienestar.



Programa SAL 11. Fomento de programas de formación del personal
sanitario.

Medida 11.1. Fomento de programas de formación del personal sanitario so-
bre problemas de salud de mayor prevalencia en la población inmigrante y as-
pectos culturales que influyen en la relación profesional-paciente y en el pro-
ceso de curación.

Medida 11.2. Fomento de la elaboración de material formativo destinado a
los profesionales que incluya aspectos culturales que influyen en la relación
profesional-paciente y en el proceso de curación.

Medida 11.3. Fomento de la realización de programas de formación en técni-
cas para mejora del estado de los determinantes de salud de la población in-
migrante.



8.7. INFANCIA Y JUVENTUD

Introducción

La infancia y la juventud son etapas fundamentales en la vida de las personas por-
que, en buena medida, en ellas se ponen las bases de su futuro desarrollo personal.
Y en el caso de las personas inmigrantes estas etapas están especialmente marca-
das por la migración desde sus países de origen hacia España y por el duelo migra-
torio que este proceso puede llevar consigo.

Para la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 “se
entiende por niño y niña todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que,
en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad”
(art. 1). Por juventud se suele entender la etapa de la vida en la que se va produ-
ciendo la emancipación del hogar familiar y que suele producirse entre los 16 y
los 30 años, después del alargamiento que ha ido teniendo este proceso en los úl-
timos años, como muestran los Informes Juventud en España.

La modos sociales de producirse la infancia y la juventud vienen muy marcadas
por el origen social de las personas, por su género, por su origen racial, étnico o
nacional, por el contexto social en que viven, por las características de su familia y
por otras circunstancias sociales y personales. Todo ello hace que la problemática
de las niñas y niños, de las jóvenes y los jóvenes sean muy diversas. Y si bien la
mayor parte de los menores y de los jóvenes que viven en España tienen condicio-
nes dignas para desarrollar sus posibilidades como personas, hay algunos colecti-
vos que viven situaciones de mayor vulnerabilidad y a los que los poderes públicos
deben prestar especial atención. Y entre esos colectivos suelen estar sobrerrepre-
sentados los menores y jóvenes de origen inmigrante.

La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor señala que los menores tienen dere-
cho a recibir de las Administraciones Públicas la asistencia adecuada para el efectivo
ejercicio de sus derechos y a que se garantice su respeto (art. 10 y 11), para lo que el
menor puede solicitar la protección y tutela de la Entidad Pública competente y los
recursos sociales disponibles de las Entidades Públicas correspondientes. Por tanto, las
Administraciones deben poner las condiciones para que todos los menores y los jóve-
nes están en condiciones de poder ejercer sus derechos en igualdad.

Los niños y los jóvenes de origen extranjero pueden encontrarse en España en si-
tuaciones muy diversas. La mayoría viven con sus familias en un adecuado contex-
to afectivo y, a pesar de las dificultades de todo proceso migratorio, asisten regu-
larmente a la escuela, tienen un trabajo o lo están buscando, y gozan de una vida
social similar a la de los niños y jóvenes españoles de su entorno. Sin embargo, al-
gunos de ellos ven afectados su desarrollo personal debido a que las familias no



pueden proporcionarles un entorno adecuado debido a las condiciones de preca-
riedad social en que viven.

Otra situación diferente la plantean los menores extranjeros no acompañados. El
Consejo de Europa los define como “niños y adolescentes menores de 18 años na-
cionales de terceros países que se encuentran en el país receptor sin la protección
de un familiar o adulto responsable que habitualmente se hace cargo de su cuida-
do ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres”. En este caso, son las
autoridades públicas las que deben garantizar el respeto a sus derechos y una ade-
cuada protección integral.

Los jóvenes inmigrantes, tanto mujeres como hombres, son muy numerosos porque
esa es precisamente una características de la inmigración en España: su concentra-
ción en edades jóvenes. Por tanto, gran parte de los diagnósticos y las medidas de
este Plan Estratégico reflejan esa realidad de una inmigración joven y están orien-
tadas a problemas que afectan muy especialmente a los jóvenes, sean españoles o
extranjeros, en sus procesos de emancipación: educación, empleo y vivienda.

Las políticas públicas deben afrontar esta realidad diversificada e intentar dar res-
puestas adecuadas a las diferentes problemáticas que se presentan, atendiendo
especialmente a los contextos que pueden propiciar procesos de exclusión social y
escuchando las señales que pueden apuntar cambios en esas realidades sociales
para atajar los problemas en una fase temprana, tanto desde el punto de vista de
la edad de las personas como desde la perspectiva de problemáticas nuevas liga-
das a las presencia de niños y jóvenes inmigrantes.

Desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la representa-
ción de los niños y las niñas se ha ido adecuando a un nuevo papel de ciudadanos
y sujetos sociales y de derechos, permitiéndoles así asumir un papel más activo en
la sociedad. Y al mismo tiempo, ha ido emergiendo una conciencia creciente en los
adultos acerca de la identidad, capacidad, problemas y necesidades de la infancia.
En ese contexto se aprobó en Naciones Unidas un Plan de Acción a nivel mundial
contenido en el documento “Un mundo apropiado para los Niños y Niñas” en mayo
de 2002 y la Declaración del Milenio, plantea que, con el propósito de ofrecer a las
futuras generaciones de niños nuevas oportunidades y sentar las bases firmes que
permitan alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo previstos para 2015 y
las metas de la Cumbre del Milenio, así como un conjunto coherente de metas y
objetivos intermedios en el curso del presente decenio, se deben desarrollar de
modo prioritario acciones en cuatro campos:

■ Promoción de una vida sana
■ Acceso a una educación de calidad
■ Necesidad de proteger a la infancia de los malos tratos, la explotación y la
violencia.



■ Lucha contra el VIH/SIDA

El Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009, elaborado en
el seno del Observatorio de la Infancia, órgano colegiado en el que están represen-
tadas distintas instituciones, la Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, así como las organizaciones
sociales que intervienen en el ámbito de infancia y adolescencia, fue aprobado por
el Consejo de Ministros en su reunión de 16 de junio de 2006. Se basa en cuatro
principios de la Convención de los Derechos del Niño:

1 El principio de no discriminación, en virtud del cual todos los derechos deben
ser aplicados a todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, naci-
miento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus represen-
tantes legales. Para ello se debe promover la igualdad social, estableciendo
mecanismos preventivos ante situaciones de riesgo de desprotección y dando
una importancia explícita a los aspectos relativos a la igualdad de oportuni-
dades y a la inclusión social. Además se aborda la no discriminación desde un
enfoque de género porque en el trabajo con la infancia y sus familias debe
perseguirse la igualdad en la distribución del poder y asignación de roles a los
niños, con independencia de su género y se debe educar desde un modelo de
educación no sexista.

2 El principio del interés superior del menor que implica que en todas las medi-
das concernientes a la infancia que adopten las instituciones públicas o priva-
das de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, se realizará una consideración primordial a que se atien-
da el interés superior del niño. Ello conlleva el compromiso a asegurar al niño
la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas respon-
sables de él ante la ley.

3 Garantizar el derecho fundamental del niño y la niña a la vida y al desarrollo
pleno de todas sus potencialidades, asegurando el acceso a la alimentación, la
salud, la vivienda y, en definitiva, a desarrollarse en un entorno de vida digno
desde una concepción holística.

4 El principio de participación plantea que todos los niños y niñas tienen dere-
cho a asumir un papel activo y protagonista en su entorno y, a medida que
desarrollan capacidades que les permiten formarse un juicio propio, a expre-
sar su opinión libremente en todos aquellos asuntos que les afectan, así como
ofrecerles oportunidades de participación en la sociedad.



Uno de los objetivos del PENIA será, siguiendo las recomendaciones formuladas por el
Comité de los Derechos del Niño, prestar una especial atención a los menores de etnia
gitana, los hijos de trabajadores migrantes, en particular cuando su situación de per-
manencia no se ajusta a la legalidad, y los niños extranjeros no acompañados, para
garantizar que accedan y se integren en condiciones de igualdad en los servicios ade-
cuados en especial en los ámbitos de la salud y la educación.

Por su parte, el II Plan Nacional de Acción contra la explotación sexual de la infan-
cia y de la adolescencia 2006-2009, persigue abordar un problema que afecta a al-
gunos menores en nuestra sociedad y que tiene una especial gravedad. Par ello se
han emprendido una serie de actuaciones que persiguen cuatro objetivos:

1 Conocimiento de la realidad sobre la explotación sexual de la infancia y la ado-
lescencia en España y articulación de mecanismos de detección y denuncia.
2 Sensibilización, movilización social y prevención de situaciones de explota-
ción sexual de menores .
3 Establecimiento de un marco legislativo idóneo para combatir la explotación
sexual de menores, tanto en el nivel nacional como internacional.
4 Protección e intervención con los niños y adolescentes que sufren explotación
y tratamiento de los agresores.
5 Fortalecimiento de las instituciones y organizaciones públicas y privadas que
intervienen en la lucha contra la explotación sexual de menores y en su pro-
tección.

Las políticas públicas en el campo de la juventud se han venido consolidando en
las distintas Administraciones Públicas en los treinta últimos años. A nivel de la
Administración General del Estado han jugado un papel relevante los tres Planes
de Juventud aprobados desde 1991. En julio de 2005 se aprobó el actual Plan
Interministerial de Juventud 2005-2008, el cual está estructurado en seis grandes
áreas: 1) Emancipación: empleo y vivienda; 2) Participación; 3) Convivencia y di-
versidad; 4) Hábitos de vida saludable y medio ambiente; 5) Ocio, cultura y tiempo
libre; y 6) Formación. Dentro de éstas áreas se han definido objetivos específicos y
medidas de actuación. Todos los dispositivos que se ponen en marcha afectan de
igual manera a la juventud autóctona como inmigrante, si bien, debido a las espe-
cificidades propias de este colectivo en la coyuntura actual se desarrollan una se-
rie de medidas y acciones concretas que se recogen principalmente en el área de
Convivencia y diversidad, y que son las siguientes:

1 Facilitar la inserción social de colectivos en riesgo de exclusión.
2 Promover la integración social, cultural y laboral de inmigrantes.



3 Desarrollar acciones para prevenir conductas racistas, xenófobas y homófo-
bas, promoviendo la educación en valores de igualdad, respeto, tolerancia y la
resolución de conflictos, a través de la intermediación, la paz y el diálogo.
4 Promover los derechos y valores del concepto de ciudadanía, como base para
la igualdad de oportunidades, con independencia del lugar de origen, orienta-
ción sexual y género.
5 Evitar la utilización de imágenes estereotipadas y promover los valores de
igualdad en los medios de comunicación y agentes del sector, mediante un
pacto social a favor de la autorregulación de los contenidos y la publicidad.

Este Plan Estratégico pretende complementar algunas de las líneas de actuación
de los planes antes señalados en aquellos aspectos que son más significativos des-
de la situación y necesidades específicas que pueden plantear la infancia y la ju-
ventud inmigrante en España.

En distintos ejes de este Plan Estratégico, y especialmente los relativos a educación,
empleo y vivienda están contemplados programas y medidas que tienen en cuenta de
forma prioritaria las necesidades especificas de jóvenes y menores inmigrantes.

Además de dicho tratamiento transversal se ha considerado oportuno incluir un
eje específico de acciones para Infancia y Juventud teniendo en cuenta la impor-
tancia cuantitativa de grupo de personas inmigrantes en los intervalos de edad
que abarcan dichas etapas de la vida, la necesidad de apoyar su proceso de inte-
gración como jóvenes y la importancia que tienen las actuaciones en relación con
estos grupos de población por su carácter preventivo para favorecer procesos de
integración adecuados, y prevenir disfunciones psico-sociales.

1. Diagnóstico

En España hay algo más de 500.000 de niños y niñas extranjeros menores de 15 años y
cerca de 1.140.000 jóvenes de 15 a 29 años según los datos del Padrón referidos a 1 de
enero de 2005. Es decir, que los extranjeros menores de 15 años representan el 8,3%
del total de menores de esa edad que hay en España (un peso similar al que representa
el total de extranjeros sobre el total de la población) y los de 15-29 años suponen el
12,4% del total de jóvenes de esa edad que viven en España, por tanto con un peso
significativamente mayor de lo que supone el total de extranjeros.

La distribución por sexos de los menores y de los jóvenes es muy similar a los de
los españoles en relación con el total de la población. Si, en el total de extranjeros,
en España el 53% son hombres, entre los españoles hay más mujeres que hombres
ya que aquellas suponen el 51% del total de la población. Pero entre los menores



de 30 años hay más hombres tanto entre los extranjeros como entre los españoles.
Entre los jóvenes de 15-29 años el peso de los hombres entre los extranjeros es del
53% frente al 51% que tienen entre los españoles y entre los no comunitarios se
acercan al 54%.

Las zonas y países de origen de los menores y de los jóvenes inmigrantes son, a
grandes rasgos, las mismas que para el conjunto de los extranjeros en España y lo
mismo ocurre con las zonas de destino (véase Capítulo 2 de este Plan Estratégico).

La inmensa mayoría de los niños extranjeros en edad de escolaridad obligatoria están
en el sistema educativo (véase Capítulo 2 y el área de Educación de este Plan
Estratégico) y ésta es una de las claves de su adecuada integración con la sociedad
española. Pero hay algunos menores extranjeros con un problemática específica que
conviene abordar con medidas adecuadas. Muchos de los niños de padres inmigran-
tes, como ocurre en ocasiones con algunos españoles, viven en hogares donde todos
los adultos trabajan y tienen dificultades para conciliar la vida familiar con la laboral
y los niños se encuentran solo al salir del colegio.

Algunos menores inmigrantes padecen problemas sociales similares a niños y niñas
españoles, tales como situaciones de pobreza, de precariedad o de exclusión social,
que hacen difícil que las familias puedan garantizarles un adecuado entorno para su
desarrollo personal, situaciones de crisis familiar o de familias desestructuradas que
pueden dificultar además las relaciones afectivas, o generar violencia, maltrato infan-
til o explotación. En ocasiones las familias de origen inmigrantes atraviesan situacio-
nes de extrema precariedad económica y laboral viéndose imposibilitadas para conti-
nuar la crianza de sus hijos y obligadas a ceder de forma temporal o permanente, la
tutela de sus hijos. En todos estos casos los menores extranjeros deberían ser adecua-
damente acogidos por los dispositivos generales.

En otros casos pueden sufrir problemas ligados al duelo migratorio y al abandono
de su país de origen y al hecho de vivir lejos de buena parte de su familia.

Una realidad diferente es la que viven los menores extranjeros que llegan a España
sin sus familias o representantes legales. Desde el año 2001, se ha producido un
incremento continuo del número de acogimientos de estos menores. Además se
estima que esta tendencia, que afecta de igual manera al resto de países europe-
os, se mantendrá en el futuro. Se trata de un colectivo extremamente vulnerable,
compuesto por una mayoría de adolescentes hombres entre 14 y 18 años, que lle-
gan a España por diferentes vías y, aunque presentan distintos perfiles, tienen
como rasgo distintivo el tener un proyecto migratorio claro. Abandonan su país en
busca de trabajo y de unas oportunidades que no encuentran en su país de origen.
Sin embargo, al llegar a España se topan con una realidad muy diferente a la ima-
ginada antes de su partida, puesto que se encuentran con una legislación tuitiva



del menor que no les permite sin más el acceso al mercado de trabajo, ni tampoco
por tanto enviar dinero a sus familias en el país de origen. Ante la situación de
desamparo en que se encuentran, es obligación de las Administraciones compe-
tentes garantizar su protección jurídica y social, de conformidad con la normativa
internacional, nacional y autonómica.

El Informe Juventud en España 2004 permite conocer algunas características de los
jóvenes inmigrantes en comparación con los españoles. Lo primero que muestra este
informe es que los jóvenes extranjeros que viven en España se emancipan antes que
los jóvenes españoles: abandonan antes la casa paterna y sólo la tercera parte viven
en la actualidad en casa de sus padres en España. Esta emancipación ha sido a veces
prematura puesto que un 5% de los jóvenes extranjeros dejaron de vivir con sus pa-
dres antes de los 15 años. Además, cerca de la mitad tienen una pareja estable y más
de una cuarta parte tienen al menos un hijo.

Los jóvenes inmigrantes han experimentado situaciones de rupturas familiares en
mayor proporción que los españoles: el 5% (frente el 1% de los españoles) nunca
ha convivido con su padre y el 3% (frente al 0,3% de los españoles) nunca lo ha
hecho con su madre. El 15% de los jóvenes inmigrantes (frente al 8% de los espa-
ñoles) son hijos de padres separados.

También económicamente se emancipan antes que los españoles: se incorporan
más temprano a la vida activa y comienzan a vivir de sus recursos antes que los
españoles. Si los españoles tienen como media su primera experiencia laboral a los
18,1 años, los jóvenes extranjeros la han tenido a los 17,3 años. Más de un tercio
viven exclusivamente de sus ingresos frente a menos de la cuarta parte en el caso
de los españoles, aunque los ingresos medios netos de los inmigrantes sean un
12% inferiores a los de los españoles.

Las diferencias de las tasas de actividad entre los jóvenes españoles y los inmi-
grantes son muy considerables ya que superan en más de diez puntos las tasas de
los españoles y la diferencias es todavía mayor en el caso de los inmigrantes de
Europa del Este o de América Latina.

La estructura por ocupaciones de los jóvenes activos españoles y comunitarios es
muy similar entre sí y muy distinta de la de los jóvenes no comunitarios. Los traba-
jadores no cualificados tienen un peso mucho mayor entre los no comunitarios;
por el contrario, el peso de Profesionales, Técnicos y Administrativos es mucho
menor que entre los españoles y comunitarios.

Los jóvenes activos extranjeros no comunitarios sufren más situaciones de preca-
riedad laboral que los españoles de su mismo sexo y grupo de edad. Y dentro de
ellos las mujeres tienen una situación notablemente peor que los hombres.



El Informe Juventud en España 2004 pone también de manifiesto algunos datos
significativos, entre otros que la proporción de jóvenes extranjeras que han tenido
embarazos no deseados es el doble que el de españolas y que de en una cuarta
parte de aquéllas ha sido antes de los 18 años. Así mismo la utilización de méto-
dos anticonceptivos es menor entre los jóvenes inmigrantes que entre los jóvenes
españoles.

Muchas de estas características de los jóvenes inmigrantes son muy diferentes se-
gún cual sea su origen, el nivel de estudios de la familia de origen, el tipo rural o
urbano de residencia en que habitan, el tamaño de la población, si son muchos o
pocos del mismo origen, si tienen mayor o menor contacto habitual en los espa-
cios de ocio con los españoles, etc.

Las dificultades de acceso a la vivienda de los jóvenes extranjeros con similares a
las de los jóvenes españoles de su misma condición social con la peculiaridad de
que los inmigrantes se emancipan antes que los españoles y que algunos colecti-
vos sufren cierto rechazo por parte de los propietarios de los pisos de alquiler.

La concentración de inmigrantes en determinados barrios de las ciudades, que son
con frecuencia los que menores dotaciones sociales tienen, puede obstaculizar la
convivencia con otros jóvenes en los espacios públicos o en los lugares de ocio. La
desconexión de los jóvenes con el hogar familiar o la existencia de hogares deses-
tructurados pueden derivar en problemas de soledad, de desarraigo y de inseguri-
dad personal.

La aparición de algunos fenómenos de bandas juveniles que importan prácticas
asociativas y de cohesión de grupo de las bandas implantadas con anterioridad en
sus países de origen, puede generar problemas de convivencia que deben ser com-
batidos antes de que logren instalarse entre nosotros y se deben adoptar medidas
preventivas que atajen las causas de las mismas.

Aunque el nivel de asociacionismo de los jóvenes inmigrantes es similar al de los
españoles se echa de menos un tejido asociativo más sólido que pueda ser instru-
mento de articulación y de contacto con el mundo asociativo español.




Objetivo 1 Favorecer el acceso normalizado de menores y jóvenes de origen
inmigrante a programas de infancia y juventud.

Para alcanzar dicho objetivo se hace necesario dar a conocer los recursos gu-
bernamentales y no gubernamentales existentes, promover la dimensión inter-
cultural y la perspectiva de inmigración en el trabajo en materia de infancia y
juventud y favorecer la participación de menores y jóvenes en los diversos pro-
gramas, incluidos los programas europeos.

Programa INJ 1. Refuerzo de la incorporación de niños y niñas y adolescentes
de origen inmigrante a programas de infancia y juventud.

Medida 1.1. Difusión de información sobre programas y recursos en materia
de infancia y juventud en asociaciones de inmigrantes, organizaciones socia-
les de apoyo, servicios sociales, centros educativos y entidades especializadas
en educación durante el tiempo libre infantil y juvenil.

Medida 1.2. Promoción del acceso de jóvenes de origen inmigrante a la red
de Centros de Información Juvenil.

Medida 1.3. Actuaciones encaminadas a favorecer la participación de niños y
niñas y jóvenes en programas desarrollados por entidades.

Medida 1.4. Promoción del voluntariado juvenil entre jóvenes de origen inmi-
grante.



Programa INJ 2. Incorporación de la perspectiva de inmigración y la
interculturalidad en programas de infancia y juventud.

Medida 2.1. Elaboración de guías y materiales para que en el diseño y ejecu-
ción de programas de infancia y juventud se tenga en cuenta la perspectiva
de inmigración.

Medida 2.2. Impulso a protocolos de actuación sobre temáticas concretas de
protección a la infancia y adolescencia que afecten a niños y jóvenes inmi-
grantes, en cooperación con entidades especializadas.

Medida 2.3. Formación en interculturalidad y gestión de la diversidad para
profesionales y voluntarios del ámbito de la educación no formal (educadores
de calle, monitores de entidades y asociaciones juveniles de educación duran-
te el tiempo libre, animadores, mediadores de juventud).

Medida 2.4. Apoyo a ONG´s que trabajan en infancia y juventud como agen-
tes de integración social desde una perspectiva intercultural.

Medida 2.5. Impulso a acciones de defensa y promoción de la igualdad entre
niños/as y adolescentes inmigrantes, con especial atención a aquellos que pa-
dezcan alguna discapacidad.

Programa INJ 3. Fomento de la participación de niños y niñas y jóvenes de
origen inmigrante en el Programa Juventud en acción.

Medida 3.1. Formación de técnicos y gestores del Programa Juventud.

Medida 3.2. Apoyo a la realización de proyectos piloto de intercambios juve-
niles centrados en integración de inmigrantes.

Medida 3.3. Apoyo a iniciativas de jóvenes y de grupos de jóvenes de origen
inmigrante y/o autóctonos en el campo de la convivencia intercultural.

Medida 3.4. Apoyo a la participación de jóvenes de origen inmigrante en ac-
ciones de voluntariado europeo o en terceros países.



Objetivo 2 Promover la atención e intervención social en niños y niñas y
jóvenes inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad.

Este objetivo está encaminado a prestar atención específica a determinadas
situaciones que afectan a niños y jóvenes de origen inmigrante así como a
abordar de una manera integral el tratamiento de menores extranjeros no
acompañados.

Programa INJ 4. Atención a niños y niñas extranjeros y a jóvenes inmigrantes
en situación de riesgo, abandono, maltrato o explotación.

Medida 4.1. Atención a familias inmigrantes en situación de vulnerabilidad
(monoparentales, crisis familiar, precariedad económica, en riesgo o situación
de exclusión social) en el marco de los programas normalizados.

Medida 4.2. Apoyo a programas dirigidos a la detección temprana de situacio-
nes de abandono, maltrato y/o explotación de menores y jóvenes de origen in-
migrante.

Medida 4.3. Apoyo a programas dirigidos a mejorar la atención integral e in-
serción social de menores y jóvenes inmigrantes en situaciones de abandono,
maltrato y/o explotación.



Programa INJ 5. Atención integral a menores no acompañados.

Medida 5.1. Establecimiento y seguimiento de la aplicación de convenios bi-
laterales con los países de origen de los menores.

Medida 5.2. Actuaciones de prevención en origen de la inmigración de meno-
res no acompañados.

Medida 5.3. Mejora de la coordinación de actuaciones de los distintos agen-
tes que intervienen en la atención a menores extranjeros no acompañados y
de los protocolos de intervención aplicados.

Medida 5.4. Apoyo a las actuaciones de atención integral de menores inmi-
grantes no acompañados.

Medida 5.5. Apoyo a programas de reintegración familiar y social de los me-
nores inmigrantes.

Medida 5.6. Apoyo a programas de formación específica de los profesionales
que trabajan con menores extranjeros no acompañados.

Programa INJ 6. Prevención de la creación de bandas juveniles violentas o
con ideologías xenófobas, racistas, homófobas y sexistas.

Medida 6.1. Promoción de estudios sobre el fenómeno de las bandas juveniles.

Medida 6.2. Apoyo a la elaboración de protocolos de intervención coordinada
de todos los agentes relevantes.

Medida 6.3. Apoyo al intercambio de buenas prácticas en materia de preven-
ción del fenómeno de las bandas juveniles.



Objetivo 3 Apoyar la participación social de niños y niñas y jóvenes inmi-
grantes.

Este objetivo está orientado a propiciar una implicación activa de los niños y
niñas y jóvenes de origen inmigrante en el tejido social y en los mecanismos
de participación de la sociedad de acogida.

Programa INJ 7. Apoyo al tejido asociativo.

Medida 7.1. Fortalecimiento y dinamización de asociaciones de jóvenes de
origen inmigrante.

Medida 7.2. Formación y desarrollo de liderazgo social de jóvenes de origen
inmigrante

Medida 7.3. Promoción de la participación de niños y niñas y jóvenes de ori-
gen inmigrante en el tejido asociativo infantil y juvenil.

Programa INJ 8. Impulsar espacios integrados y mecanismos de participación.

Medida 8.1. Creación de espacios, programas y proyectos a nivel local que
faciliten la convivencia intercultural de niños y niñas y jóvenes.

Medida 8.2. Incorporación de la perspectiva de la inmigración al trabajo del
Consejo de la Juventud de España y de los Consejos de juventud regionales y
locales.

Medida 8.3. Apoyo al Consejo de la Juventud de España y a los Consejos de
Juventud Regionales y Locales para favorecer la participación e integración de
jóvenes inmigrantes.

Medida 8.4. Apoyo a las actuaciones que llevan a cabo las entidades juveniles
que fomenten el intercambio y la convivencia intercultural en todos los espa-
cios, incluido el tiempo libre.



8.8. IGUALDAD DE TRATO

Introducción

La igualdad de trato es uno de los principios básicos de este Plan que por su carác-
ter transversal debe tenerse presente en la definición de las actividades y progra-
mas de todos los ejes. No obstante, el diagnóstico de la situación en nuestro país
en este campo, lleva a la conclusión de que se producen discriminaciones en cam-
pos esenciales para la integración como el empleo, la vivienda y otros servicios, lo
que exige la puesta en marcha de dispositivos específicos y la adopción de medi-
das concretas, que desbordan el ámbito de actuación del resto de los Ejes, y que
están encaminadas a la promoción de la igualdad de trato entendida como “au-
sencia de toda discriminación, tanto directa como indirecta, basada en el origen
racial o étnico”.

La Constitución Española proclama en su artículo 1 la igualdad junto a la libertad,
la justicia y el pluralismo político, como uno de los valores superiores del ordena-
miento jurídico de España como Estado social y democrático de Derecho. La im-
portancia del reconocimiento constitucional de éstos valores deriva de que supone
la incorporación de un catálogo de derechos y libertades que en su esencia no
pueden ser afectados por el legislador ordinario, porque la Constitución los reserva
como elemento de limitación del poder.

A tenor del artículo 13 de la Constitución “los extranjeros gozarán en España de
las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que esta-
blezcan los tratados y la ley”. Ello supone, como ha puesto de relieve el Tribunal
Constitucional, que los derechos y libertades reconocidos a los extranjeros son
derechos constitucionales y, por tanto, dotados de la protección constitucional.

El artículo 13 del Tratado de la Comunidad Europea, incluido por el Tratado de
Ámsterdam ofrece a la Unión Europea una base jurídica, que antes de la entrada
en vigor del Tratado no tenía, para combatir cualquier forma de discriminación:
“sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de los lími-
tes de las competencias atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, por
unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo,
podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por moti-
vos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual”.

En el ejercicio de las competencias recogidas en el artículo 13 del Tratado de la
Comunidad Europea, la Unión Europea aprobó el año 2000 dos directivas para
aplicar estos principios:



■ Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplica-
ción del principio de igualdad de trato entre las personas independientemente
de su origen racial o étnico.

■ Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2001, relativa al es-
tablecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación.

Estas Directivas introducen una serie de conceptos e instrumentos jurídicos para
garantizar la igualdad de trato, protegiendo a todas las personas contra una serie
de motivos de discriminación como son el origen racial o étnico, la religión o con-
vicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual.

La Directiva 2000/43, en su artículo 2 define que: “se entenderá por principio de
igualdad de trato la ausencia de toda discriminación, tanto directa como indirecta,
basada en el origen racial o étnico”.

La Directiva establece que existirá discriminación directa cuando, por motivos de
origen racial o étnico, una persona sea tratada de manera menos favorable de lo
que sea, haya sido o vaya a ser tratada otra en situación comparable; y que existi-
rá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparente-
mente neutros sitúe a personas de un origen racial o étnico concreto en desventa-
ja particular con respecto a otras personas, salvo que dicha disposición, criterio o
práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que
los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios.

En relación con el acoso la Directiva 2000/43 dispone que constituirá discrimina-
ción cuando se produzca un comportamiento no deseado relacionado con el ori-
gen racial o étnico que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dig-
nidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante, u ofensivo. Además la directiva considera como discriminación la ins-
trucción para discriminar entendida como aquella que recibe una persona para
discriminar a otra.

La doctrina antidiscriminatoria en el campo de la inmigración se recoge también
en los “Principios Básicos Comunes Sobre Integración”, aprobados por el Consejo
de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior en Bruselas, el 19 de noviembre de
2004. El sexto de estos Principios establece que “el acceso de los inmigrantes a las
instituciones y a los bienes y servicios tanto públicos como privados, en las mis-
mas condiciones que los ciudadanos nacionales y sin discriminaciones es un requi-
sito esencial para una mejor integración”. Y señala:



“Si se quiere autorizar a los inmigrantes a participar plenamente en la so-
ciedad de acogida, deben recibir un trato igual y justo y ser protegidos con-
tra la discriminación. (…) Por consiguiente, la existencia de normas transpa-
rentes, expectativas claramente articuladas y beneficios predecibles para los
inmigrantes observantes de la ley constituyen requisitos previos para unas
políticas de inmigración e integración de mayor calidad. Las excepciones le-
gales que se hagan respecto de la accesibilidad deberán ser legítimas y
transparentes.

El acceso antes indicado implica también adoptar medidas activas para ga-
rantizar que las instituciones públicas así como las políticas, viviendas y
servicios públicos están abiertos a los inmigrantes. (…).

A la inversa, la incertidumbre y un trato desigual generan falta de respeto
de las normas y pueden marginar a los inmigrantes y sus familias desde el
punto de vista social y económico. Las consecuencias negativas de dicha
marginación siguen observándose a lo largo de varias generaciones. Las res-
tricciones impuestas a los derechos y privilegios de los no nacionales debe-
rán ser transparentes y llevarse a cabo únicamente tras tomar en considera-
ción las consecuencias de la integración, en particular para los
descendientes de inmigrantes”.

Las Directivas 2000/43 y 2000/78 fueron transpuestas a la normativa española en
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de or-
den social. Esta ley realiza modificaciones en normas con rango de ley que acogen
el principio de igualdad con el fin de introducir en su articulado la nueva concep-
ción antidiscriminatoria, las leyes modificadas son: El Estatuto de los Trabajadores,
Ley de Integración Social de los Minusválidos, Ley sobre prestación transnacional
de servicios, Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden de lo Social. Además la
ley establece medidas en relación con el principio de igualdad de trato y no discri-
minación por razón del origen racial o étnico de las personas, en la educación, la
sanidad, las prestaciones y los servicios sociales, la vivienda y, en general, la oferta
y el acceso a cualesquiera bienes y servicios, tanto en el ámbito público como pri-
vado. En concreto la ley recoge la creación del Consejo para la promoción de la
igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico.

La Dirección General de Integración de los Inmigrantes tiene atribuida la compe-
tencia en materia de promoción de políticas de igualdad de trato y no discrimina-
ción por el origen racial o étnico; en ejercicio de esta competencia la Dirección
General ha previsto, como uno de los principios rectores de la actuación en mate-
ria de integración de los inmigrantes, el principio de Igualdad de Trato, en El Fondo
de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes para 2006.



El “Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes así como al
Refuerzo Educativo de los Mismos”, cuyos criterios de distribución para el 2006 se
aprobaron por Acuerdo del Consejo de Ministros del 3 de marzo, estableció la
igualdad y no discriminación como principio rector, entendiendo por tal la “equi-
paración de derechos y obligaciones básicos de la población inmigrante con la au-
tóctona” y ha incorporado la igualdad de trato y la perspectiva de género como
ejes transversales de todas sus actuaciones. Además, para lograr la integración de
los inmigrantes ha establecido tres medidas prioritarias en el eje relativo a la
igualdad de trato:

a Apoyo a programas de lucha contra el racismo y la xenofobia.
b Fomento de programas de atención a las víctimas de discriminación.
c Formación en igualdad de trato y no discriminación para empleados públicos
y responsables de organizaciones.

Por otra parte, desde la Dirección General de Integración de los Inmigrantes se vie-
nen gestionado distintos programas cofinanciados con fondos europeos con la fi-
nalidad de crear instrumentos necesarios y eficaces de protección y apoyo a las
víctimas de discriminación por origen racial o étnico en el marco del Programa
Operativo de Lucha contra la Discriminación. Estos programas tienen como finali-
dad facilitar la inserción laboral de determinados colectivos de personas con espe-
ciales dificultades de inserción en mercado laboral. Además, la Dirección General
ha coordinado el Proyecto Trasnacional “Eurequality”, cuya finalidad era el esta-
blecimiento de una red informal de Centros de Antidiscriminación y Promoción de
la Igualdad, dentro del Programa de Acción de lucha contra la discriminación
aprobado por la Comisión.

Por otra parte, es preciso hacer referencia a la actividad del Observatorio de la
Violencia, la Intolerancia y el Racismo en el deporte, creado en el seno de la
Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, así como el
Proyecto de Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el
deporte, actualmente en tramitación parlamentaria.

1. Diagnóstico

La existencia de un marco normativo y de políticas orientadas a garantizar la
igualdad de trato y favorecer la igualdad de oportunidades no garantizan la igual-
dad. De hecho siguen existiendo grandes desigualdades que generan procesos so-
ciales discriminatorios y no equitativos entre las personas, como se pone de relie-
ve al analizar la situación actual.



Siguen constatándose, tal y como muestran los Informes de la Comisión Europea
contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, y del
Observatorio Europeo del Racismo y de la Xenofobia de la UE (UEMC), prácticas
discriminatorias en distintos campos de la vida social como en el mercado de tra-
bajo, en la vivienda, en la educación y otros servicios sociales, en actividades de
ocio, etc., discriminaciones que se producen por distintos motivos pero que afec-
tan de modo muy intenso a los inmigrantes. Los procesos discriminatorios son es-
pecialmente importantes en el caso de algunos colectivos de inmigrantes que se
encuentran en situaciones sociales que les hacen más vulnerables.

Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas muestran que han aumenta-
do notablemente en el último quinquenio las actitudes reacias a la inmigración y
que persisten estereotipos y prejuicios ante la inmigración y los inmigrantes.

A pesar de la existencia de conductas discriminatorias no se han diseñado progra-
mas de apoyo a las víctimas de discriminación. La asistencia a las víctimas es un
elemento ineludible en la lucha contra la discriminación porque ayuda a garanti-
zar el éxito de las denuncias que, sin apoyo y, teniendo en cuenta las dificultades
que conllevan los procedimientos en esta materia, no podrían prosperar. Además el
respaldo a las víctimas de éste tipo de conductas es un mensaje de rechazo a la
discriminación que recibe la sociedad y las víctimas que puede contribuir a au-
mentar el número de denuncias. Un instrumento adecuado, para apoyar a las víc-
timas de conductas discriminatorias es el Consejo para la promoción de la igual-
dad de trato y no discriminación de las personas por su origen racial o étnico. La
puesta en marcha de este órgano, que tiene encomendada la asistencia indepen-
diente a las víctimas de discriminación por su origen racial o étnico, deberá mar-
car un hito en la lucha contra la discriminación.

España no tiene un sistema de recogida de datos sobre actos violentos relaciona-
dos con motivaciones racistas o xenófobas. Actualmente los datos recogidos por el
Ministerio del Interior en el Programa Estadístico de Seguridad se refieren a accio-
nes ilícitas tipificadas en el Código Penal y en la recogida de estos datos no se va-
loran actitudes ni motivaciones. Además no se recogen los datos sobre posible
concurrencia de circunstancias agravantes por motivos racistas, antisemitas u otra
clase de discriminación porque su existencia y valoración corresponde a los tribu-
nales. Por lo que se refiere a los delitos relativos a la producción de una grave dis-
criminación en el empleo público o privado, la codificación que actualmente se re-
aliza de estos delitos se engloba dentro de el epígrafe “delitos contra los derechos
de los trabajadores”, lo que no permite conocer los datos concretos en relación
con delitos producidos por grave discriminación en el empleo público o privado
por razón de la pertenencia a una etnia, raza o religión.



La carencia de un sistema de recogida y análisis de datos no alcanza sólo a los re-
lativos a actos violentos, no se hace un seguimiento de las denuncias por discrimi-
nación y de las sentencias que se producen en este campo.

La puesta en marcha de unidades como el Observatorio Español del Racismo y la
Xenofobia previsto en la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España, resulta imprescindible para abordar la tarea de recogida y
análisis de datos en materia de igualdad de trato y no discriminación así como la
realización de estudios y análisis que permitan conocer la situación y tomar deci-
siones en la lucha contra la discriminación.

No existen foros periódicos de encuentro sobre los procesos discriminatorios, so-
bre el racismo y la xenofobia, sobre las buenas prácticas en la gestión de la diver-
sidad y la igualdad de trato, ni sobre las normas y jurisprudencia en este campo.
Por ello, aunque hay experiencias en la gestión de la diversidad y en prácticas an-
tidiscriminatorias, no se producen intercambio de conocimientos y de buenas
prácticas en estos ámbitos.

Es notable la falta de conocimiento de las normas jurídicas en vigor por parte de
los actores no sólo sociales sino jurídicos, y la falta de formación en el campo de la
igualdad de trato y gestión de la diversidad entre los empleados públicos.

Sería necesario proceder a una revisión de la normativa actual desde el punto de
vista del respeto al principio de igualdad de trato y no discriminación. Además de
la revisión mencionada toda norma o programa de acción debería analizarse desde
el punto de vista de la igualdad de trato y no discriminación.

Se observa una falta de códigos de conducta en materia de igualdad de trato y no dis-
criminación, y de gestión de la diversidad, tanto en el ámbito público como en el pri-
vado en campos como la empresa, la intermediación en la compra de viviendas etc.




Objetivo 1 Luchar contra la discriminación por motivo de origen racial o
étnico en el marco de la lucha contra toda forma de discriminación, para
garantizar la igualdad de oportunidades.

Evitar la discriminación en todos los ámbitos de la vida para lograr una socie-
dad inclusiva y sin perjuicios, apoyando a las victimas de discriminación, persi-
guiendo y sancionando las prácticas discriminatorias e implicando a la socie-
dad y especialmente a los actores que trabajan en el campo de la inmigración
en la lucha contra la discriminación.

Programa IGU 1. Formación en materia de no discriminación e igualdad de
trato.

Medida 1.1. Fomento de programas de formación de personal especializado
en la lucha contra la discriminación.

Medida 1.2. Fomento de programas de formación dirigidos a empleados pú-
blicos en materia de normativa contra la discriminación por motivo de origen
racial o étnico, en particular a fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado y a
administración de justicia.

Medida 1.3. Fomento de programas de formación en materia de gestión de la
diversidad dirigidos a empresarios y representantes de los trabajadores.

Programa IGU 2. Implicar a la ciudadanía en la lucha contra la discriminación
y por la igualdad de trato.

Medida 2.1. Realización de actuaciones de sensibilización dirigidas a la po-
blación en general, a actores especialmente implicados en la lucha contra la
discriminación y a la población inmigrante.

Medida 2.2. Fomento de programas de información relativa a la igualdad de
trato y no discriminación dirigida a la población en general.



Programa IGU 3. Identificación y promoción de buenas prácticas en materia
de igualdad de trato y no discriminación.

Medida 3.1. Realización de foros de encuentro para el intercambio de buenas
prácticas en materia de no discriminación en el acceso a los servicios públicos.

Medida 3.2. Realización de foros de encuentro para el intercambio de buenas
prácticas en materia de no discriminación en la empresa privada.

Medida 3.3. Identificación de las estructuras de desigualdad y análisis de
buenas prácticas en materia de igualdad de trato y no discriminación.

Medida 3.4. Elaboración de códigos de buenas conductas en materia de
igualdad de trato en los servicios públicos y en las empresas privadas.

Programa IGU 4. Programa integral de atención a las víctimas de
discriminación.

Medida 4.1. Fomento de actuaciones de atención a las victimas de discrimi-
nación.

Medida 4.2. Establecimiento y evaluación de protocolos de actuación para la
atención a las víctimas de discriminación.

Medida 4.3. Fomento de programas de asesoramiento integral a las víctimas
de discriminación.



Objetivo 2 Incluir la igualdad de trato en todas las políticas públicas.

La inclusión del principio de igualdad de trato en todas las políticas públicas es
imprescindible para avanzar en la lucha contra la discriminación eliminando
los obstáculos que a la aplicación de este principio se identifiquen los distintos
sectores de intervención pública.

Programa IGU 5. Fomento de las políticas antidiscriminación en las
Administraciones Públicas.

Medida 5.1. Fomento de la inclusión de programas de atención a las víctimas
de discriminación en los Planes de actuación de las Comunidades Autónomas
y de las Corporaciones Locales.

Medida 5.2. Establecimiento de foros de intercambio y contraste de políticas
antidiscriminación de las distintas Administraciones Públicas.

Medida 5.3. Análisis de la normativa en materia de discriminación, en parti-
cular en el ámbito sancionador.

Programa IGU 6. Identificación de elementos de los procesos de
discriminación.

Medida 6.1. Estudio análisis e identificación de los factores discriminatorios
de la normativa a nivel estatal, autonómico y local.

Medida 6.2. Estudio, análisis e identificación de los factores y actores que in-
tervienen en los procesos de discriminación.



Objetivo 3 Poner en marcha instrumentos de promoción de la igualdad de
trato y no discriminación por origen racial o étnico.

Para garantizar la no discriminación y favorecer la igualdad de oportunidades
es necesario que se habiliten instrumentos que asuman la responsabilidad de
las actuaciones de lucha contra la discriminación. En concreto el Consejo para
la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación en el que están repre-
sentados todos los actores que tienen responsabilidades en esta materia.

Programa IGU 7. Puesta en marcha del Consejo para la promoción de la
igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial o
étnico.

Medida 7.1. Dotar al Consejo de los medios humanos y materiales necesarios
para el cumplimiento de sus fines.

Medida 7.2. Promocionar y apoyar las actuaciones del Consejo para la pro-
moción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por su ori-
gen racial o étnico.

Medida 7.3. Trasladar la puesta en marcha y actuaciones del Consejo al ám-
bito internacional, especialmente a las Instituciones y Estados miembros de la
Unión Europea.

Programa IGU 8. Desarrollo del Observatorio Español del Racismo y la
Xenofobia.

Medida 8.1. Realizar informes, estudios y encuestas y, proponer pautas de re-
alización de los estudios y encuestas en materia de Racismo y Xenofobia ela-
borados por otras entidades.

Medida 8.2. Activar las relaciones con órganos y entidades internacionales
que actúan en la lucha contra el racismo y la xenofobia.

Medida 8.3. Diseñar e implementar una red de recogida de datos en materia
de trato discriminatorio.



8.9. MUJER

Introducción

En los últimos años se ha producido un incremento significativo del proceso mi-
gratorio, tanto de mujeres como de hombres, a nuestro país. Del total de personas
inmigrantes, según los últimos datos oficiales recogidos a 31 de diciembre de
2005, el 46% son mujeres.

Este aumento de mujeres inmigrantes conlleva la necesidad de contemplar sus nece-
sidades y requerimientos específicos desde las políticas públicas. Por ello, en los últi-
mos años se están intensificando los programas y actuaciones que, desde las diferen-
tes instituciones, organismos y organizaciones, se están desarrollando para propiciar
una participación más igualitaria de las mujeres inmigrantes en nuestra sociedad.

Estas políticas públicas, basadas en el principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, la incorporación de la estrategia de género y la no discriminación
por razón de sexo, tienen su origen en instancias tanto internacionales como de ám-
bito europeo, y se han ido incorporando progresivamente en nuestro país.

Así, la Unión Europea viene asumiendo desde sus inicios el compromiso de la
igualdad de género y la lucha contra la discriminación por razones de sexo. Ya en
el Tratado de Roma por el que se creó la Comunidad Económica Europea, se reco-
gía expresamente este principio de no discriminación.

Mediante el Tratado de Roma también se crearon los Fondos Europeos (FSE, FE-
DER, FEOGA e IFOP), destinados a compensar los desequilibrios existentes entre los
distintos estados miembros. Para asegurar la igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres en las actuaciones llevadas a cabo a través de estos Fondos, el
Reglamento (CE) 1260/99 en su artículo 2.5 establece que “…la Comisión y los
Estados miembros velarán por que exista coherencia entre la acción de los Fondos
y otras políticas y programas comunitarios, en particular en los ámbitos del em-
pleo, de la igualdad entre hombres y mujeres…”.

Desde la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la forma-
ción y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, hasta su refor-
ma y actualización con la Directiva 2002/73/CE, y la 2004/113/CE que regula el
acceso igualitario a bienes y servicios, en la Unión Europea se han producido nota-
bles avances en la igualdad de trato entre mujeres y hombres. Los sucesivos
Programas y Estrategias Comunitarias sobre Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres han contribuido eficazmente a mejorar las prácticas de igual-



dad y la situación real de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social en
los Estados miembros.

Siguiendo esta línea, los Principios Básicos Comunes sobre Integración, aprobados por
el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, el 19 de
noviembre de 2004, señalan, entre sus objetivos, que éstos han de servir de comple-
mento y actuar conjuntamente con los marcos legislativos existentes, los instrumen-
tos internacionales en materia de Derechos Humanos, los instrumentos comunitarios
en materia de integración, los objetivos de la Unión Europea en materia de igualdad
entre los sexos y no discriminación, y otras políticas de la Unión.

Más específicamente relacionado con el ámbito de la inmigración, el Reglamento
(CE), nº 2836/98 del Consejo, de 22 de diciembre, sobre la integración de las cues-
tiones de género en la cooperación para el desarrollo, define como “cuestiones de
género” las funciones, responsabilidades y oportunidades, diferentes e interrela-
cionadas, de hombres y mujeres, que son específicas de cada cultura y de cada so-
ciedad, y que pueden cambiar con el tiempo, entre otras cosas como resultado de
intervenciones políticas.

Con el Tratado de Ámsterdam este compromiso adquiere la condición de objetivo
de la Unión, y en consecuencia, de todas y cada una de sus políticas. Así, para el
nuevo periodo de programación 2007 – 2013, el Reglamento CE 1083/2006 del
Consejo, por el que se establecen disposiciones relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, establece,
que“Los Estados miembros y la Comisión velarán por promover la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres y la integración de la cuestión de género en las
diferentes etapas de ejecución de los fondos”.

Por otra parte, en España, la normativa referente a la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y la no discriminación por razón de sexo, está inspirada, además
de por los principios fundamentales de la Unión Europea, por lo establecido en la
Constitución, más concretamente por lo recogido en su artículo 14, que dice expresa-
mente que “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discrimi-
nación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,..”. Pero transformar las prácticas
discriminatorias persistentes en nuestra sociedad exige impulsos políticos y sociales
en esta dirección. Por eso la Constitución, en su artículo 9.2, insta a los poderes públi-
cos a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.

Actualmente, se encuentra en trámite parlamentario la Ley Orgánica para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que tendrá una dimensión integral, fun-
damentada en el principio de mainstreaming de género, y que articulará medidas
concretas para el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de
trabajo y en el acceso al empleo, establecimiento de planes de igualdad dentro de



las empresas, fomento de la presencia de mujeres en los Consejos de
Administración, refuerzo de la corresponsabilidad familiar entre mujeres y hom-
bres y armonización de los horarios escolares y de trabajo.

Además de la normativa española específica sobre el tema y los principios constitu-
cionales, los Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, elabora-
dos, desarrollados y evaluados por el Instituto de la Mujer desde 1988, han contribui-
do eficazmente a la consecución de los objetivos fundamentales de la no
discriminación, la igualdad y la incorporación de la perspectiva de género, en el con-
junto de las políticas públicas. Por otra parte, los planes autonómicos y municipales
de igualdad entre hombres y mujeres han supuesto la incorporación de la perspectiva
de género a las políticas públicas desarrolladas en el ámbito autonómico y local.

Así mismo, el Acuerdo del Consejo de Ministros del 3 de marzo de 2006, por el que
se formalizan para el ejercicio 2006 los criterios objetivos de distribución del cré-
dito presupuestario por un importe de 182.400.000 de euros del “Fondo de Apoyo
a la Acogida y la Integración de Inmigrantes así como al Refuerzo Educativo de los
Mismos”, estableció las siguientes líneas prioritarias de actuación en el campo de
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:

a Apoyo a programas integrales dirigidos a mujeres inmigrantes que incluyan
elementos tales como: educación de personas adultas, formación profesional,
habilidades sociales, inserción laboral y educación para la salud.
b Favorecer el acceso normalizado de las mujeres inmigrantes a programas de
carácter general y programas específicos dirigidos a mujeres en general.
c Actuaciones dirigidas a facilitar la integración social de las mujeres inmi-
grantes que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, en
especial victimas de violencia de género, mujeres prostituidas y víctimas de
la trata de personas.
d Formación de profesionales de servicios de atención a inmigrantes incorpo-
rando la perspectiva de género.
e Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.

Así, para el cumplimiento de estos objetivos, de los principios constitucionales y
de los objetivos europeos e internacionales, el presente Plan Estratégico de
Ciudadanía e Integración, actúa para el fomento de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y la no discriminación por razón de sexo a través de la
puesta en marcha de una estrategia dual.

Por un lado incorpora el principio del mainstreaming de género tal como fue adop-
tado en la Plataforma para la Acción que se aprobó en la IV Conferencia Mundial



sobre las Mujeres de Naciones Unidas, celebrada en Beijing en 1995. Así se ha in-
corporado la estrategia de género transversalmente en todo el Plan, y en cada uno
de los diferentes ejes que lo integran, reconociendo y considerando las diferencias
entre las condiciones de vida, las situaciones sociales, económicas y culturales de
mujeres y hombres separadamente.

En segundo lugar se establecen medidas específicas de intervención dirigidas a
mujeres inmigrantes, encaminadas a garantizar y equilibrar su participación y a
corregir las situaciones de desigualdad y discriminación que tienen su origen en
prácticas sociales, económicas y culturales basadas en estereotipos de género y
origen. Esta segunda estrategia es la que queda recogida en el presente eje de
“Acciones específicas para mujeres inmigrantes”, sumándose como fórmula co-
rrectora a la primera estrategia de incorporación del mainstreaming de género.

1. Diagnóstico

La primera cuestión que pone de relieve la necesidad de que la aplicación de la
perspectiva de género se integre de manera normalizada en las políticas públicas,
es precisamente la dificultad observada en la obtención de información de datos
desagregados por sexo en todas las variables de análisis, referidas a las personas
inmigrantes, que permitan un acercamiento integral a la realidad migratoria de
mujeres y hombres y que, por consiguiente, posibiliten un diagnóstico eficaz.

No obstante, y gracias a los esfuerzos que se han ido realizando en los últimos años
para incorporar la variable del sexo, hoy podemos contar con algunos datos que per-
miten observar cómo en los últimos 10 años la migración de mujeres en España se ha
incrementado notablemente, presentando una tasa de crecimiento del 74%, en rela-
ción con el 22% observado en el incremento de la población masculina.

Sin embargo, a pesar de que se puedan realizar apreciaciones con carácter gene-
ral a través de los datos recogidos, como veremos más adelante, es fundamental,
sobre todo de cara a operativizar el tratamiento de la información, tener en
cuenta la variable del sexo en la heterogeneidad de perfiles que se constituyen
según lugares de procedencia, proyectos y estrategias migratorias, edad, estado
civil, modelos culturales, entorno residencial (urbano o rural) u otras variables in-
dividuales, que intervienen de manera diferente en sus trayectorias en la socie-
dad de acogida.

Atendiendo a los datos oficiales más recientes, a 30 de junio de 2006, del total de
la población extranjera de con tarjeta o autorización de residencia en vigor en
España (2.804.303 personas), un 45,63% son mujeres, siendo América Latina el
continente de procedencia que presenta un porcentaje de mujeres más elevado



(53,94%) con respecto a los hombres, seguido de América del Norte (49,04%),
Europa Comunitaria (46,83%), Europa no comunitaria (46,17%), Oceanía
(44,30%), Asia (40,66%) y África (33,15%).

Interpretando estos datos en términos comparativos con períodos anteriores, la pre-
sencia de mujeres extranjeras en España presenta una importante tasa de crecimien-
to cuantitativo, que se corresponde con la transformación cualitativa que se viene
observando en sus proyectos migratorios: la tendencia creciente de mujeres en edad
activa con autorizaciones de residencia independientes, comparadas con las autoriza-
ciones concedidas a través de la reagrupación familiar, parece indicar que los proyec-
tos migratorios de las mujeres que llegan a España son progresivamente más inde-
pendientes y, aunque se inscriban en el marco de una estrategia familiar, son ellas las
que, cada vez más, tienen la iniciativa y el protagonismo. Así, un número importante
de mujeres inmigrantes constituyen el pilar de sustento de sus familias, ya se encuen-
tren éstas últimas en España o permanezcan en su país de origen.

El sexo es uno de los grandes factores de discriminación en todas las sociedades y
la brecha de género actúa de modo similar para todas las mujeres, independiente-
mente de sus lugares de procedencia. Así, al hablar de mujeres inmigrantes en
España, se identifican aspectos que encuentran una correspondencia en cuanto a
las mujeres españolas.

En el plano laboral, por ejemplo, los procesos de segregación horizontal y vertical que
padecen las mujeres migrantes responden, en general, a las mismas pautas que sufren
en el mercado de trabajo las mujeres españolas: las condiciones del mercado de traba-
jo en que se insertan las conducen inicialmente a ramas de actividad muy feminizadas,
con un alto nivel de precariedad laboral y, a veces, socialmente estigmatizadas.

Además, los efectos de la discriminación por este motivo se incrementan cuando
se asocian al de identidad étnica: las mujeres extranjeras se enfrentan a una si-
tuación de intersección en la que confluyen, al menos, dos circunstancias que lle-
van aparejada una discriminación, y que interactúan entre ellas, creando, de esta
manera una condición especial de vulnerabilidad, que va más allá de la simple
suma de circunstancias discriminatorias. Esta realidad afecta en especial a las mu-
jeres extranjeras extracomunitarias, en las que confluyen, entre otras característi-
cas, su condición de mujeres, de inmigrantes y de trabajadoras.

Atendiendo a un criterio de edad, el mayor porcentaje de mujeres extranjeras en España
corresponde al comprendido entre los 20 y los 44 años, siendo 34 años la edad media,
lo que significa que se trata fundamentalmente de mujeres en edad activa.

Si además interpretamos estos datos en relación a la distribución geográfica de las
mujeres extranjeras, se observa una tendencia a la concentración en determinadas



zonas en función de la distribución territorial de las actividades económicas del
país, que supone hablar de migración de mujeres eminentemente laboral.

A partir de estos datos y, teniendo en cuenta las actuales dinámicas del mercado
laboral, se observa cómo las posibilidades reales de inserción laboral de las muje-
res inmigradas, se limitan a sectores y actividades, poco reconocidos, muchas ve-
ces precarios y generalmente peor pagados, lo que supone un incremento del ries-
go de estas mujeres a encontrase en una situación de mayor vulnerabilidad a la
invisibilidad y la exclusión y, por otra parte, generalmente no se corresponden con
su nivel educativo ni con su cualificación profesional.

Concretamente, los datos indican que las mujeres inmigrantes están expuestas,
desde un punto de vista laboral, a condiciones discriminatorias respecto a los
hombres inmigrantes, por una parte y, por otra, a las mujeres españolas: bajos in-
gresos o ingresos irregulares, condiciones salariales discriminatorias respecto a
los hombres que ejercen el mismo trabajo, precariedad y, en muchos casos, des-
protección en las condiciones laborales (trabajos con contratos inestables, mayor
tendencia a la ubicación en la economía sumergida ); dificultades para acceder a
empleos diferentes de los llamados “nichos laborales” (sectores ocupacionales
poco valorados socialmente); menores oportunidades de formación, a través de su
puesto de trabajo o compaginándolo con él ; mayor vulnerabilidad al acoso sexual
en el ámbito laboral y al “mobbing”.

Existen, asimismo, algunas problemáticas específicas asociadas al hecho de ser
mujer migrante que se encuentran ligadas a diversos aspectos normativos y que
tienen su repercusión, fundamentalmente, en el ámbito laboral y en el privado,
interactuando ambos entre sí. Unas de ellas son las dificultades que se producen
para las mujeres inmigrantes en las reagrupaciones familiares, y las situaciones de
dependencia que se generan con la persona reagrupante, sobre todo si se trata de
su cónyuge. En estrecha relación con esto último, los datos recogidos en agosto de
2006 sobre personas extranjeras afiliadas y en alta en Seguridad Social, tan sólo el
39,75% son mujeres. Este dato hay que ponerlo en relación con el dato del
45,63% de mujeres con tarjeta de residencia en vigor. Esta diferencia de casi 6
puntos porcentuales supone que un número importante de mujeres inmigrantes, o
bien son dependientes de otra persona, generalmente de su pareja, o bien se en-
cuentran en la economía sumergida.

Pero además de la dimensión laboral, se hace necesario hablar de otros factores de ex-
clusión al plantear la integración de las mujeres inmigrantes, factores que se corres-
ponden con los principales ámbitos de actuación en materia de integración de la po-
blación migrante: participación, educación, salud, igualdad de trato, codesarrollo, ...
Si se realiza un análisis de los roles y actividades en la esfera privada, se observan
situaciones de desigualdad en la distribución de responsabilidades y tareas en la



familia, que pueden convertirse en factores de exclusión determinantes en los
procesos de integración social de las mujeres inmigradas: la distribución desigual
de ingresos familiares, la división de roles en los procesos de toma de decisiones,
la desigual distribución de las responsabilidades y tareas del trabajo no remunera-
do en el hogar, así como del tiempo libre, entre otras, limitan las oportunidades de
las mujeres para lograr un proceso de integración en igualdad de condiciones que
los hombres inmigrantes.

En suma, si unimos a la precariedad de sus condiciones laborales, el hecho de que
continúen realizando solas en sus respectivos hogares las tareas de cuidado co-
rrespondientes al ámbito reproductivo, es decir, siendo las únicas responsables del
cuidado y educación de sus hijos e hijas y demás personas dependientes que se
encuentren en el hogar, así como, de la realización de todas las tareas relaciona-
das con el ámbito doméstico, y la inexistencia de mecanismos adecuados que faci-
liten la conciliación de su vida personal, laboral y familiar, encontraremos el am-
biente idóneo para que se produzcan la mayor parte de las dificultades que
inciden negativa y directamente en el óptimo desarrollo de su proyecto migratorio
y su proceso de integración social.

En un gran porcentaje de los casos de mujeres inmigrantes en nuestro país, una
parte o la totalidad de su familia se encuentra en el país de origen, situación que
genera, entre otras cosas, la necesidad de reelaborar sus relaciones, que cobran,
con el desarrollo del proyecto migratorio, un carácter transnacional. En la mayo-
ría de los casos, esta redefinición, enmarcada en la elaboración del conjunto del
proyecto migratorio, se realiza, generalmente, sin planificación y sin apoyo a
ninguna de las dos partes, incrementando esto la vulnerabilidad de las mujeres
inmigrantes a sufrir procesos de inestabilidad emocional que comprometan su
proceso de integración en la sociedad de acogida. Los sentimientos de desarrai-
go y de pérdida que integran el proceso de duelo que tiene lugar durante la
adaptación a su nuevo entorno, son algunos de los factores identificados en este
sentido, así como la culpabilización por no poder atender personalmente a la fa-
milia en origen.

Esta situación presenta mayor riesgo si las relaciones sociales en la sociedad de
acogida son escasas o nulas, como sucede en muchos de los casos, si se observa,
por ejemplo, la escasa implicación, participación y representación de las mujeres
inmigradas en los procesos de toma de decisiones, tanto en la sociedad civil orga-
nizada en general, como en las propias asociaciones de inmigrantes, en particular.

Vinculado a esto, y a las necesidades especiales de asistencia en cuestiones de sa-
lud biopsicosocial de las mujeres inmigradas, se encuentra la existencia de un sis-
tema sanitario que precisa integrar en sus protocolos, tratamientos específicos
para la atención de estas necesidades concretas.



Por otra parte, las mujeres inmigrantes pueden presentar una especial vulnerabilidad
a ser víctimas de violencia de género. Entre los instrumentos más eficaces en la lucha
contra la violencia de género se hallan la sensibilización y la prevención, por lo que
es aconsejable elaborar campañas específicas dirigidas a la población inmigrante,
hombres y mujeres, para prevenir y sensibilizar contra este tipo de violencia.
Asimismo, es necesario garantizar el acceso de las mujeres inmigrantes víctimas de la
violencia de género a los cauces de información y asesoramiento relativos a su pro-
tección y seguridad, los derechos y ayudas de las que pueden beneficiarse, así como el
lugar de prestación de los recursos establecidos al efecto para su protección, apoyo y
recuperación integral; tal y como prevé la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Además, el artículo
32 de la mencionada Ley Orgánica establece la especial atención que han de merecer
las mujeres inmigrantes a la hora de la elaboración de Planes de Colaboración entre
las diferentes administraciones para la lucha contra la violencia de género, por su es-
pecial situación de vulnerabilidad.

Así mismo, otra forma de violencia de género que afecta a la mujer inmigrante es
el delito de trata con fines de explotación sexual. En este supuesto de violencia de
género, las mujeres víctimas de trata se encuentran en una situación de extrema
vulnerabilidad porque se las despoja de sus derechos fundamentales a la liberad, al
movimiento, a la libre elección a la integridad física y a la libertad sexual.

En este campo hay regulación en la legislación española, derivada de lo estableci-
do en la Decisión marco del Consejo de 2002 relativa a la lucha contra la trata de
seres humanos, la Resolución del Consejo de 2003 sobre iniciativas para luchar
contra la trata de seres humanos, en particular mujeres y la Directiva 2004/81/CE
del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de resi-
dencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres hu-
manos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que co-
operen con las autoridades competentes. Pero para complementar las
disposiciones normativas, es necesario poner en marcha recursos asistenciales, y
de integración social y laboral, que permitan a estas mujeres un restablecimiento
integral de su situación.

En conclusión, el género es una perspectiva de imprescindible aplicación, que
permite identificar factores de exclusión y desarrollar mecanismos de integra-
ción que garanticen la igualdad de oportunidades, independientemente del sexo
de la persona inmigrante. Género no es hablar de mujeres exclusivamente; es la
consideración de que, la totalidad de las políticas que se diseñan, se implemen-
tan y se evalúan están dirigidas tanto a mujeres como a hombres, y por lo tanto
hay que tener en cuenta los diferentes efectos que puedan tener sobre unas y
otros, procurando que cada acción desarrollada tenga un beneficio equivalente
para mujeres y hombres.



Además, no podemos olvidar que, la incorporación de las mujeres, en igualdad de
condiciones con los hombres, a todos los ámbitos de la vida social y económica
supone una optimización de los recursos disponibles, una ampliación y diversifica-
ción de posibilidades en todos los ámbitos, y en suma, una mejora de toda la so-
ciedad en general.




Objetivo 1 Incorporar la perspectiva de género en todas las fases de las po-
líticas migratorias.

Establecer la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas que
aborden la realidad migratoria. Para ello es necesario que se generen espacios
de participación, colaboración y concertación, entre las distintas
Administraciones, basándose en los principios de transversalidad, coordinación,
complementariedad, coherencia, corresponsabilidad, innovación, interculturali-
dad y establecimiento de sinergias.

Programa MUJ 1. Programa de investigación sobre inmigración, género e
interculturalidad.

Medida 1.1. Creación de un grupo de trabajo en el Observatorio Permanente
de la Inmigración de investigación cuantitativa y cualitativa sobre género e
interculturalidad.

Medida 1.2. Apoyo a la realización de estudios específicos sobre mujeres in-
migrantes que traten sobre su diversidad cultural, sus diferentes realidades y
sus especiales necesidades.

Medida 1.3. Gestión de los mecanismos existentes para que la obtención de
los datos estadísticos en materia de inmigración sean siempre desagregados
por sexo.

Medida 1.4. Incorporación de la perspectiva de inmigración e interculturali-
dad a los trabajos desarrollados por el Observatorio de la Igualdad y el
Observatorio de la Violencia de Género y coordinación entre ellos a estos
efectos.



Programa MUJ 2. Programa de diseño e incorporación de la estrategia de
género en materia de migraciones.

Medida 2.1. Actuaciones en el Grupo de Trabajo de la Comisión de
Inmigración del Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.

Medida 2.2. Colaboración con los órganos y entidades especializados en ma-
teria de género para la incorporación de la perspectiva de género en las polí-
ticas de inmigración.

Medida 2.3. Diseño de herramientas, metodologías y materiales específicos
en materia de género y mujeres para su utilización en la formación especifica
tanto del personal al servicio de la Administración General del Estado, como
del personal técnico que trabaje directamente con las personas inmigrantes.

Medida 2.4. Diseño de formación específica en igualdad de oportunidades, no
discriminación por razón de sexo e intervención desde la perspectiva de géne-
ro para todo el personal al servicio de la Administración General del Estado
que trabaje directa o indirectamente con personas inmigrantes.

Medida 2.5. Diseño de indicadores que midan la incorporación de las pers-
pectiva de género en la planificación, desarrollo y evaluación de todas las po-
líticas y programas de inmigración.

Medida 2.6. Establecimiento como requisito de la inclusión de la perspectiva
de género en los proyectos y programas de la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración.

Medida 2.7. Incorporación de la perspectiva de la inmigración al trabajo del
Consejo Estatal de las Mujeres y de los consejos de la mujer regionales y locales.

Programa MUJ 3. Espacios de transferencia de conocimientos y buenas
prácticas.

Medida 3.1. Creación de espacios de transferencia de conocimientos y bue-
nas prácticas en el ámbito del género y la interculturalidad, para las personas
que trabajen en el desarrollo de las políticas públicas de inmigración.



Objetivo 2 Favorecer el acceso normalizado de las mujeres inmigrantes a
programas específicos dirigidos a mujeres en general.

Incrementar los recursos humanos, de infraestructura y presupuestarios, en
proporción al incremento de población extranjera residente, con el objetivo de
favorecer la innovación, la formación permanente de profesionales y personal
voluntario, la evaluación y seguimiento permanente de los dispositivos, la ade-
cuación a las nuevas necesidades sociales, para conseguir la participación e
implicación de las mujeres inmigrantes en los servicios existentes.

El tratamiento integral recogido en el Plan debe conducir a hacer ciudadanas/os de
pleno derecho y buscar el logro de la autonomía.

Programa MUJ 4. Programa para favorecer el acceso, participación e
implicación de las mujeres inmigrantes en todos los ámbitos de la vida social.

Medida 4.1. Diseño de formación específica en igualdad de oportunidades, no
discriminación por razón de sexo e intervención desde la perspectiva de géne-
ro para profesionales y personal técnico de las asociaciones de inmigrantes,
ONGs y demás profesionales que trabajen en la atención directa de personas
inmigrantes.

Medida 4.2. Fomento de la cultura asociativa y apoyo a programas de partici-
pación de mujeres inmigrantes y de incorporación de las mismas a organiza-
ciones sociales y políticas.



Objetivo 3 Facilitar la integración social de las mujeres inmigrantes que se
encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

Crear programas específicos que desarrollen actuaciones con mujeres inmi-
grantes víctimas de violencia de género, mujeres víctimas de la trata de perso-
nas con fines de explotación sexual y mujeres inmigrantes prostituidas, con el
fin de poder compensar los efectos que esta intersección de situaciones discri-
minatorias producen en estas mujeres.

Programa MUJ 5. Programa de lucha contra la violencia de género.

Medida 5.1. Apoyo a acciones dirigidas a la información y asesoramiento de
las mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género, comprendiendo las
medidas relativas a su protección y seguridad, derechos y ayudas previstos en
la ley, así como la información referente al lugar de prestación de los servicios
de atención, emergencia, apoyo y recuperación integra

Medida 5.2. Revisión de protocolos de actuación en los casos de violencia de
género para adecuarlos a la situación específica de las mujeres inmigrantes y
apoyo a la incorporación de servicios de traducción, integrados preferente-
mente por mujeres, en la atención a mujeres inmigrantes víctimas de la vio-
lencia de género.

Medida 5.3. Realización de actuaciones de formación, sensibilización y de-
tección de la violencia de género dirigidas a profesionales que trabajan con la
población inmigrante.

Medida 5.4. Actuaciones de formación y sensibilización dirigidas a hombres y
mujeres inmigrantes para prevenir y detectar situaciones de violencia de género.

Medida 5.5. Diseño de talleres de formación itinerantes dirigido a mujeres y
hombres inmigrantes de sensibilización para la erradicación de la mutilación
genital, que se vayan impartiendo en las diferentes asociaciones de inmigran-
tes y ONGs.

Medida 5.6. Diseño de materiales para la difusión de la legislación aplicable
en materia de violencia de género y mutilación genital.



Programa MUJ 6. Programa de medidas sociales y de acompañamiento a
mujeres inmigradas prostituidas y mujeres víctimas de la trata de personas
con fines de explotación sexual.

Medida 6.1. Apoyo a la creación de acciones para la información, atención y
asesoramiento integral especializadas para mujeres inmigrantes prostituidas y
mujeres víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual.

Medida 6.2. Creación de itinerarios de integración sociolaboral para mujeres
inmigrantes prostituidas y mujeres víctimas de la trata de personas con fines
de explotación sexual.

Medida 6.3. Diseño de campañas de sensibilización contra la trata de mujeres
con fines de explotación sexual.

Medida 6.4. Diseño de formación y sensibilización específica en género, inmi-
gración, trata de personas y prostitución para profesionales que trabajen o
vayan a trabajar con mujeres víctimas del trata de personas con fines de ex-
plotación sexual.

Medida 6.5. Diseño de materiales para la difusión de la legislación aplicable
en materia de trata de personas con fines de explotación sexual.



8.10. PARTICIPACIÓN

Introducción

La participación activa de las personas inmigrantes en todos los ámbitos sociales y
en los asuntos públicos es el elemento clave, más allá de la igualdad en derechos y
deberes con la población autóctona, para hablar propiamente de que han accedido
a la condición de ciudadanos y ciudadanas. Sólo una sociedad en la que las perso-
nas inmigrantes participan en pie de igualdad con la población autóctona podrá
considerarse una sociedad inclusiva, cohesionada y capaz de generar un sentimien-
to de pertenencia entre la población inmigrada. De ahí que el grado de participa-
ción social se convierta en la piedra de toque que permite medir el éxito o el fraca-
so de una sociedad a la hora de integrar a los nuevos ciudadanos, así como de las
políticas de integración desarrolladas por los poderes públicos. Y de ahí también
que uno de los tres principios que orientan el presente Plan sea el de ciudadanía.

La participación en la vida pública va más allá de la participación política, pero ésta
es una dimensión fundamental de aquella. A esta participación política se refiere el
noveno de los Principios Básicos Comunes para la Integración de 2004 aprobados por
el Consejo de la Unión Europea cuando establece que “la participación de los inmi-
grantes en el proceso democrático y en la formulación de las políticas y medidas de
integración, especialmente a nivel local, favorece su integración”. Y lo explica ponien-
do de relieve que “permitir que los inmigrantes tengan voz en la formulación de polí-
ticas que les afecten directamente puede dar como resultado una política de mayor
utilidad para los inmigrantes que aumente su sentido de pertenencia. Siempre que
sea posible, los inmigrantes deben participar en todos los aspectos del proceso demo-
crático. La manera de alcanzar esta participación y generar un entendimiento mutuo
podría alcanzarse mediante un diálogo estructurado entre los grupos de inmigrantes
y los gobiernos. Siempre que fuera posible, los inmigrantes podrían incluso participar
en las elecciones, gozar del derecho a votar y afiliarse a partidos políticos. Cuando
persisten, durante un período más largo de lo que fuera razonable o necesario, formas
desiguales de participación y diversos niveles de compromiso, las divisiones o diferen-
cias existentes pueden llegar a enquistarse por lo que los Estados miembros deberán
atender de manera urgente esta cuestión”.

También el Parlamento Europeo ha señalado en diversas ocasiones la conveniencia de
que los Estados miembros avancen en el camino de la integración de los inmigrantes
residentes de larga duración por la vía del reconocimiento del derecho del voto.

El Consejo de Europa ha apuntado en la misma dirección, tanto en la Asamblea
Parlamentaria como en la Convención sobre la participación de los extranjeros en
la vida pública a nivel local de 1992.



Por su parte, la Comisión Europea ha prestado atención a estas cuestiones y apun-
tado vías de acción en la Comunicación sobre inmigración, integración y empleo
(COM 2003/336). En el epígrafe sobre “Nacionalidad, ciudadanía cívica y respeto
de la diversidad” señala:

“En las conclusiones de Tampere se apoya el objetivo de que los ciudadanos
de terceros países que sean residentes legales de larga duración tengan la
oportunidad de obtener la nacionalidad del Estado miembro en que residan.
Se admite ampliamente que la concesión de la nacionalidad es una forma de
facilitar la integración, aunque no debe convertirse necesariamente en el ob-
jetivo final del proceso de integración y, por sí sola, no evita los problemas de
exclusión social y de discriminación. La obtención de la nacionalidad es im-
portante, sin embargo, porque refuerza el sentimiento de pertenecer a la vida
nacional. La nacionalidad otorga a su beneficiario el conjunto de los dere-
chos de los ciudadanos que garantizan la participación de iure en la vida po-
lítica, civil, social, económica y cultural del Estado miembro.

Partiendo de la premisa de que es deseable que los inmigrantes se convier-
tan en ciudadanos, es razonable condicionar el acceso a la ciudadanía al
tiempo de residencia en el país en cuestión, y aplicar principios diferentes a
los inmigrantes de primera y segunda o tercera generación. Las leyes sobre
la nacionalidad deberían permitir a estos últimos acceder de manera auto-
mática o semiautomática a la ciudadanía, mas es razonable que los inmi-
grantes de primera generación deban hacer una solicitud formal. La natura-
lización debería ser rápida, segura y no discrecional. Los Estados pueden
exigir un período de residencia y el conocimiento de la lengua y tomar en
consideración cualquier antecedente penal. En todo caso, los criterios de
naturalización deberían ser claros, precisos y objetivos. La discrecionalidad
administrativa debería estar delimitada y sujeta a control judicial.”

Previamente, en su Comunicación de noviembre de 2000, la Comisión había ya in-
troducido el concepto de ciudadanía cívica, definido como un conjunto de dere-
chos y obligaciones básicos que los inmigrantes adquieren progresivamente en un
periodo de varios años, de tal manera que reciban el mismo trato que los ciudada-
nos de su Estado de acogida, aunque no hayan sido naturalizados.

“Permitir a los inmigrantes que adquieran la ciudadanía cívica tras un período de
varios años ayudaría a muchos de ellos a integrarse adecuadamente en la socie-
dad. Podría ser también un primer paso en el proceso de obtención de la naciona-
lidad del Estado miembro en cuestión.

Otro elemento importante de este concepto es posibilitar la participación política.
Varios Estados miembros conceden el derecho de voto local a todos los residentes



extranjeros bajo ciertas condiciones. Desde el punto de vista de la integración, es
obvio que el derecho de voto local no debería derivarse de la nacionalidad sino de
la residencia permanente. La Comisión considera que, de cara al proceso de inte-
gración, sería importante conceder derechos políticos a los inmigrantes residentes
de larga duración y que el Tratado debería constituir la base para ello.

La naturalización es una estrategia que puede contribuir a promover la integra-
ción, y los Estados miembros deberían considerarla al conceder permisos de resi-
dencia a los inmigrantes y a los refugiados. La Comisión acoge con satisfacción
que varios Estados miembros hayan relajado estos últimos años las condiciones
para la naturalización. En el marco del proceso de refuerzo de la coordinación, la
Comisión promoverá el intercambio de información y de las mejores prácticas so-
bre la aplicación de las normas de los Estados miembros sobre nacionalidad. Es
también necesario realizar nuevos estudios comparativos sobre las legislaciones
de los Estados miembros en materia de nacionalidad. La Comisión ha dado priori-
dad a esta cuestión en el sexto programa marco de investigación 2002-2006”.

Descendiendo al plano español, hay que hacer referencia al “Fondo de Apoyo a la
Acogida y la Integración de los Inmigrantes así como al Refuerzo Educativo de los
Mismos”, cuyos criterios de distribución para el año 2005 se aprobaron por
Acuerdo del Consejo de Ministros del 20 de mayo, y con el que, bajo el apartado de
participación, se respaldaban las siguientes medidas como prioritarias:

a Apoyo a programas de incorporación de inmigrantes en asociaciones de ca-
rácter horizontal: organizaciones no gubernamentales, sindicatos, organiza-
ciones profesionales, asociaciones vecinales, clubes deportivos, etc.
b Apoyo a la creación de asociaciones y redes de autoayuda para comunidades
inmigrantes entre cuyos fines esté la promoción de la integración y el refuer-
zo de las interacciones con la población autóctona.
c Apoyo a las iniciativas de diálogo intercultural e interreligioso.

1. Diagnóstico

El análisis sobre la situación de la participación de la población inmigrada en
España, ha de partir de las distintas dimensiones que tiene la participación, y que
cabría agrupar en cuatro grandes ámbitos:

a La participación de las y los inmigrantes en las asociaciones, tanto de tipo ge-
neral como específicas de inmigrantes en España y en los consejos consultivos
o foros para la inmigración y la integración.



b La presencia de los inmigrantes en el espacio público, en los medios de comu-
nicación o en las actividades culturales.
c La participación de los inmigrantes en la vida política a través de los diferen-
tes instrumentos de participación actuales (estructuras de decisión de los par-
tidos políticos, sindicatos, organizaciones profesionales y empresariales) y el
reconocimiento del derecho político del voto.
d La presencia de los inmigrantes en la vida ciudadana cotidiana y los procesos
de mutua adaptación.

Algunos de los rasgos que caracterizan distintos aspectos de la participación de
los inmigrantes en España son los siguientes:

El movimiento asociativo de inmigrantes en España en la actualidad presenta aún
ciertas limitaciones para ser un instrumento adecuado que facilite la integración
de los colectivos que representan y para estimular la diversidad en nuestra socie-
dad. Estas limitaciones son el resultado de causas complejas, unas ligadas a lo re-
ciente del proceso migratorio en España y otras a algunas carencias del movimien-
to, como la insuficiencia de recursos, la falta de comunicación adecuada entre
organizaciones de inmigrantes y asociaciones generales, la dispersión de las aso-
ciaciones de inmigrantes, el insuficiente reconocimiento del papel que desempe-
ñan o la indefinición de los objetivos perseguidos por las mismas asociaciones.

Otro de los elementos que dificultan la participación ciudadana de las y los inmi-
grantes es el desconocimiento de las instituciones y de los procedimientos que las
Administraciones Públicas españolas tienen establecidos, o las dificultades forma-
les y organizativas que tienen las asociaciones de inmigrantes para acceder a los
recursos que ofrecen las Administraciones.

Distintas Administraciones han puesto en marcha foros y consejos como espacios
de consulta donde los inmigrantes, a través de las asociaciones, puedan expresar
sus necesidades, demandas y posiciones para que la Administración pueda elabo-
rar y diseñar políticas. En algunos casos este modelo puramente consultivo podría
enriquecerse con instrumentos que permitieran a los participantes en los procesos
de consulta conocer el grado de influencia de su aportación en la toma de decisio-
nes políticas, visualizando de este modo la importancia de la participación ciuda-
dana en la toma de decisiones.

Existen una serie de espacios públicos donde se desarrollan los procesos cotidianos
de adaptación mutua entre inmigrantes y españoles que son lugares privilegiados
para llevar a cabo procesos de participación y socialización en igualdad, como son
los centros de trabajo, los barrios y las escuelas. En ellos intervienen distintos ac-
tores y es necesario dotarles de instrumentos que faciliten aquella adaptación. Es



fundamental estimular la incorporación de los inmigrantes a asociaciones que ac-
túan en cada uno de estos campos: sindicatos y organizaciones empresariales, co-
munidades y asociaciones de vecinos, asociaciones de madres y padres en las es-
cuelas, asociaciones deportivas, etc..

Ante la diversidad que ofrece la inmigración, es preciso que el espacio público se
transforme para dar cabida a la diferencia. En caso contrario se corre el riesgo de
que se consoliden espacios paralelos exclusivos de ciertos colectivos o culturas.
Valorar la diversidad dentro de un espacio público común, al tiempo que se fo-
menta entre la población inmigrante la participación social como elemento del
proceso de integración, ayudará a evitar estos riesgos de guettización.

En cuanto al derecho al sufragio activo y pasivo, es decir el derecho a votar a los re-
presentantes parlamentarios o a ser elegido como tal, hay que hacer referencia al ar-
tículo 13.2 de la Constitución Española, conforme al cual “solamente los españoles
serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 [el derecho de sufragio
activo y pasivo], salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda estable-
cerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones
municipales”. La Constitución, por tanto, concibe el derecho de sufragio como ligado
a la nacionalidad española, pero admite excepciones a este principio general en el
ámbito municipal, siempre y cuando se concedan a los ciudadanos españoles dere-
chos equivalentes en los países de procedencia de los ciudadanos extranjeros. Esta
regulación constitucional da lugar a un planteamiento de la participación política de
los ciudadanos y las ciudadanas inmigrantes en un doble plano:

■ En el plano de la participación en elecciones municipales, la vía para la plena
participación política consistiría en la firma de convenios bilaterales con los
países de origen de la población inmigrada, de tal manera que se cumpla con
el criterio de reciprocidad dispuesto por la Constitución;

■ En el plano de la participación en las elecciones de ámbito autonómico o na-
cional, puesto que lo que la Constitución exige es ser español, el foco de aten-
ción se desplaza a la posibilidad de acceder a la nacionalidad española por re-
sidencia. Conforme a la actual regulación, con carácter general se requiere un
plazo de diez años de residencia legal y continuada para poder acceder a la
nacionalidad española por residencia, salvo para los ciudadanos originarios de
países con los que España tiene especiales vínculos históricos o para los refu-
giados, que se benefician de un plazo de residencia más reducido (dos años en
el caso de los vínculos históricos, cinco años en el caso de los refugiados).
Rigen igualmente condiciones más favorables para aquellos que hayan nacido
en España o hayan contraído matrimonio con español o española.




Objetivo 1 Consolidar el movimiento asociativo inmigrante y su interac-
ción con el tejido asociativo general.

Es preciso reforzar el aún incipiente tejido asociativo inmigrante.
Simultáneamente, se trata de asegurar que el movimiento asociativo inmigran-
te no evolucione en un sentido aislacionista o de repliegue identitario, sino, al
contrario, que sirva para multiplicar las interacciones con la población autóc-
tona y mejorar el conocimiento, el aprendizaje y la adaptación mutua. Para
ello, es preciso fomentar las acciones de intercambio de conocimientos y de
partenariado con asociaciones y organizaciones sociales de ámbito más gene-
ral, y, en particular, con las organizaciones de apoyo a la inmigración.
Igualmente, resulta de especial importancia incidir en el asociacionismo de
ámbito local, por su vinculación con la convivencia y las interacciones cotidia-
nas de personas autóctonas e inmigrantes, y por ser un ámbito privilegiado de
participación ciudadana.

Programa PAR 1. Apoyo al asociacionismo inmigrante y fomento de su
interacción con la población autóctona, en particular en el ámbito local.

Medida 1.1. Acciones de información sobre asociacionismo y participación
social dirigidas a la población inmigrada.

Medida 1.2. Apoyo a la creación y el mantenimiento de asociaciones de inmi-
grantes.

Medida 1.3. Apoyo a actividades de participación social y difusión cultural que
se realicen de manera conjunta entre la población autóctona e inmigrante.

Medida 1.4. Fomento de la utilización de espacios públicos compartidos por
la población inmigrante y autóctona para promover su participación social.

Medida 1.5. Apoyo a proyectos de carácter cultural, educativo y de integra-
ción de las confesiones religiosas minoritarias.



Programa PAR 2. Fortalecimiento de la capacidad operativa del movimiento
asociativo inmigrante.

Medida 2.1. Acciones de formación dirigidas hacia cuadros de asociaciones
de inmigrantes.

Medida 2.2. Asistencia técnica en el diseño y ejecución de proyectos.

Programa PAR 3. Intercambio y creación de redes entre asociaciones de
inmigrantes, asociaciones de apoyo a la inmigración y asociaciones del tejido
local.

Medida 3.1. Apoyo al desarrollo de proyectos de integración en régimen de
partenariado entre asociaciones de inmigrantes, organizaciones de apoyo a la
inmigración y asociaciones del tejido local.

Medida 3.2. Apoyo a la creación de redes de asociaciones que incluyan aso-
ciaciones de inmigrantes, organizaciones de apoyo y asociaciones del tejido
local.

Programa PAR 4. Investigación, fomento de la innovación y transferencia de
buenas prácticas.

Medida 4.1. Impulso a la realización de estudios en el campo de la participa-
ción inmigrante.

Medida 4.2. Promoción del intercambio de experiencias y transferencia de
buenas prácticas en materia de participación.



Objetivo 2 Aumentar el nivel de participación de inmigrantes en las asocia-
ciones de carácter general.

Al mismo tiempo que se refuerza el movimiento asociativo inmigrante, es pre-
ciso también incentivar y fomentar la incorporación de los ciudadanos y las
ciudadanas inmigrantes a las asociaciones y organizaciones de carácter gene-
ral que integran la sociedad civil. Para ello, se requiere que las asociaciones y
organizaciones de carácter general adopten, con el apoyo de las
Administraciones Públicas, medidas activas que faciliten el acceso de la pobla-
ción inmigrada a tales organizaciones y le proporcionen la información necesa-
ria sobre su objeto, su funcionamiento y los cauces de participación existentes.

Programa PAR 5. Fomento de la incorporación de inmigrantes a
organizaciones vecinales, escolares, deportivas y de ocio, políticas, sindicales,
empresariales y profesionales.

Medida 5.1. Apoyo a acciones de difusión del asociacionismo y captación de
personas interesadas orientadas hacia la población inmigrada.

Medida 5.2. Impulso a acciones formativas en materia de sensibilización y
gestión de la diversidad dirigidas hacia los gestores y cuadros de las organiza-
ciones.

Medida 5.3. Fomento de la incorporación de personas inmigrantes a las es-
tructuras y puestos de responsabilidad dentro de las diferentes organizaciones
generalistas.



Objetivo 3 Ampliar y mejorar los cauces de participación política de los
ciudadanos y ciudadanas inmigrantes.

Un componente esencial de la participación en los asuntos públicos es la posi-
bilidad de tomar parte en las elecciones, en especial en el ámbito local, ya sea
votando o presentándose como candidato o candidata. Por ello, deben aprove-
charse al máximo las opciones que brinda la Constitución Española para otor-
gar derechos de participación política a la población inmigrada y promover
Convenios bilaterales con los principales países de origen de la población inmi-
grada que posibiliten la reciprocidad de este derecho. Igualmente, es preciso
dinamizar y potenciar otros cauces de participación, ya existentes. Por último,
el impulso a la participación ciudadana de la población inmigrante debe hacer-
se en el marco del desarrollo y la potenciación de los mecanismos de participa-
ción de la población en general, con particular incidencia en el ámbito local.

Programa PAR 6. Profundización de los cauces de interlocución con las
Administraciones Públicas y la participación en el diseño de políticas de
integración.

Medida 6.1. Fortalecimiento y dinamización del Foro para la Integración
Social de los Inmigrantes.

Medida 6.2. Apoyo a las actividades de foros sobre inmigración e integración
dirigidas al diseño y difusión de propuestas de acciones a desarrollar por las
Administraciones Públicas y por la sociedad civil.

Medida 6.3. Apoyo a la articulación de estructuras de diálogo institucional
entre todos los actores sociales relevantes para la integración.

Programa PAR 7. Fomento de la participación ciudadana en el espacio
público de ámbito local.

Medida 7.1. Desarrollo y potenciación de cauces y mecanismos de participa-
ción ciudadana en el nivel local dirigidos a la población en su conjunto.

Medida 7.2. Promoción del uso de estos mecanismos a través de acciones educa-
tivas, de sensibilización y de difusión dirigidas a la población del municipio.



Programa PAR 8. Impulso a la celebración de Convenios bilaterales que
incluyan el derecho de sufragio en el ámbito municipal.

Medida 8.1. Análisis de las posibilidades de celebración de Convenios bilate-
rales con países de origen de la población inmigrada sobre la participación en
elecciones locales.

Medida 8.2. Negociación y firma de Convenios bilaterales.

Medida 8.3. Desarrollo en la normativa electoral española de los Convenios
celebrados.



8.11. SENSIBILIZACIÓN

Introducción

Muchas de las barreras que condicionan la igualdad de trato y la plena participa-
ción de la población inmigrada en todos los ámbitos sociales, y que, por ende, su-
ponen un freno para la integración, derivan de la existencia de estereotipos, pre-
juicios y estigmatizaciones respecto de los ciudadanos y ciudadanas inmigrantes.
Por ello la labor permanente de sensibilización es uno de los elementos imprescin-
dibles de las políticas públicas de integración.

Entendemos la sensibilización como el conjunto de acciones que pretenden influir
sobre las ideas, percepciones, estereotipos, conceptos de las personas y grupos
para provocar un cambio de actitudes en nuestras prácticas sociales, individuales
y colectivas.

El séptimo de los Principios Básicos Comunes para la Integración aprobados por el
Consejo de Ministros de Justicia y de Asuntos de Interior en Bruselas el 19 de no-
viembre de 2004, pone de relieve la importancia que tiene “la aplicación de políticas
antidiscriminatorias activas, políticas antirracistas y medidas de sensibilización con
vistas a promocionar los aspectos positivos de una sociedad caracterizada por la di-
versidad”.

La Comisión Europea, por su parte, en la Comunicación sobre Inmigración,
Integración y Empleo (COM 2003/336) considera importante consolidar la lucha
contra la discriminación mediante “una mayor sensibilización del público sobre la
legislación comunitaria y nacional que prohíbe la discriminación.”.

El Consejo de Europa, en el Marco para las políticas de Integración (CDMG 2000/ 23)
dedica un largo apartado al papel que los medios de comunicación pueden jugar en los
procesos de integración de los inmigrantes. Señala el Consejo de Europa que “el des-
arrollo de un ambiente público positivo es uno de los fundamentos del éxito de una so-
ciedad multiétnica. Una información de prensa o televisión que sea negativa o peyora-
tiva respecto de los inmigrantes puede acabar rápidamente con los efectos de muchos
esfuerzos positivos. Las actitudes públicas negativas hacia los inmigrantes y las mino-
rías étnicas se refuerzan y legitiman con imágenes estereotipadas, concentrándose en
los problemas de la inmigración y en lo indeseables que los inmigrantes pueden ser, o
en sus diferencias culturales o religiosas. Las sociedades étnica y culturalmente diver-
sas tienen también que considerar si los inmigrantes y las minorías étnicas tienen un
justo acceso a los medios de comunicación. Los gobiernos pueden estimular y fomen-
tar una atmósfera positiva, pero solamente tienen una influencia limitada sobre los
medios de comunicación, que también tienen que desempeñar su papel”.



En cuanto a la Administración General del Estado, el “Fondo de Apoyo a la Acogida
y la Integración de Inmigrantes así como al Refuerzo Educativo de los Mismos”,
cuyos criterios de distribución para el año 2006 se aprobaron por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 3 de marzo, rescatan un enfoque más amplio de sensibi-
lización acorde al recogido en los Principios Básicos Comunes para la Integración,
y prevé las siguientes medidas prioritarias para desarrollar programas de sensibili-
zación de la sociedad ante las nuevas realidades que plantea la inmigración:

a Apoyo a acciones que promuevan una imagen positiva de la inmigración, des-
taquen sus aportaciones en todos los campos y combatan prejuicios y este-
reotipos.
b Apoyo a proyectos que tengan por objeto la mejora del tratamiento de la in-
migración por los medios de comunicación, en particular en el ámbito local y
regional.
c Actuaciones dirigidas a establecer foros de encuentro entre la población inmi-
grante y la autóctona, así como actividades de sensibilización dirigidas a am-
bas poblaciones.

1. Diagnóstico

Entrando en el análisis de la situación actual en cuanto a las actitudes y percepciones
respecto de la población inmigrada, hay que señalar cómo la percepción social de la
inmigración ha ido transformándose en la medida en que la afluencia de personas de
origen extracomunitario ha ido en aumento y se ha ido asentando en el territorio.
Este hecho, común en los países comunitarios tradicionales receptores de inmigración
desde los años cincuenta del pasado siglo, se ha visto reforzado en España por la rapi-
dez con la que se ha producido en este país el proceso migratorio.

Si bien en España las prácticas xenófobas vinculadas al racismo biológico están
ampliamente rechazadas, la discriminación puede manifestarse de formas mucho
más sutiles y complejas. En la actualidad nos encontramos ante un fenómeno cali-
ficable como de “nuevo racismo”, vinculado a las diferencias culturales, que cam-
bia la argumentación legitimadora del racismo clásico, basada en la inferioridad
biológica, por una argumentación basada en la idea de la incompatibilidad de
ciertas especificidades culturales, nacionales, religiosas, étnicas u otras, en la su-
perioridad de unas culturas sobre otras y en una supuesta amenaza para la cultu-
ra y el modo de vida occidental.

Los datos de encuestas de opinión elaborados por el Centro de Investigaciones
Sociológicas dan cuenta de la complejidad del fenómeno y de la necesidad de ela-



borar indicadores capaces de recogerla. Desde el 2000 al 2004, las personas que
expresan actitudes reacias hacia los inmigrantes en España han aumentado del
10% al 32%; al mismo tiempo el porcentaje de las personas que expresan actitu-
des de tolerancia ha aumentado en cifras prácticamente similares.

Estos cambios en la opinión pública no son espontáneos. En la construcción de la
opinión pública juegan un papel fundamental las posiciones que distintas perso-
nalidades influyentes toman ante los hechos ligados a la inmigración. La instru-
mentalización de la inmigración en el debate político, por ejemplo, es un factor
muy negativo por su capacidad antipedagógica. Y a la inversa, el liderazgo político
y el consenso en materia de inmigración e integración son capitales para reforzar
la eficacia y la credibilidad de las medidas de integración desarrolladas, y emiten
un mensaje de respaldo que es percibido tanto por la población inmigrada, como
por la autóctona.

Por otra parte, también los medios de comunicación tienen una influencia decisiva
en la construcción de la imagen social de la población inmigrada, porque la forma
de referirse a ésta puede contribuir a la construcción de estereotipos que refuer-
zan una visión negativa de la inmigración o puede ser una fuente de información y
formación de una opinión pública bien fundada. Como diversos estudios han pues-
to de manifiesto, hasta el momento existe un predominio de noticias relacionadas
con la inmigración de carácter negativo, más evidente en algunos medios, más
matizado en otros, pero en cualquier caso generalizado. Se produce aquí un cho-
que entre lo que se podría llamar “la lógica de las noticias”, que prima lo especta-
cular y llamativo, y la necesidad de desarrollar una labor de información responsa-
ble, que tenga en cuenta las consecuencias sociales de las imágenes proyectadas.
Existen ya múltiples esfuerzos e iniciativas promovidos por los propios medios de
comunicación, como por ejemplo los códigos deontológicos referidos al tratamien-
to de la inmigración, en los que es necesario profundizar. Si asumimos que la res-
ponsabilidad por los procesos de integración es tanto mayor cuanto mayor sea la
capacidad de influencia sobre la sociedad, no cabe duda de que la responsabilidad
que incumbe a los medios de comunicación es muy significativa. Las
Administraciones Públicas, por su parte, tienen que respaldar los esfuerzos realiza-
dos por los medios de comunicación y contribuir a su difusión.

En cuanto a los ámbitos en los que es necesario desplegar acciones de sensibiliza-
ción, hay que tener en cuenta que la inmigración es una realidad presente en to-
dos los aspectos de la vida social y pública: en los centros de trabajo, en los ba-
rrios, en las escuelas, en los centros de salud, etc. Estos espacios constituyen los
puntos de contacto por excelencia entre personas de diversas procedencias y cul-
turas y son los ámbitos en los que pueden producirse más procesos de discrimina-
ción, de prejuicios o de estereotipos. Por ello, son también los lugares privilegiados
para la sensibilización ante el hecho migratorio.



Y lo cierto es que en los últimos años se ha producido un aumento de los progra-
mas y actuaciones de sensibilización desarrollados por las distintas
Administraciones Públicas y por organizaciones no gubernamentales en ámbitos
tales como el empleo y la actividad económica, la educación, la vivienda, los servi-
cios sociales y de salud, al tiempo que se han adoptado medidas para aumentar la
participación de la población inmigrada en la vida social y cultural. En cambio, se
ha primado menos un sector clave, como es el de las distintas instituciones públi-
cas que operan en el campo de la justicia y de la tutela de los derechos fundamen-
tales de las personas. Es necesario, por tanto, reforzar las acciones de sensibiliza-
ción en este ámbito.

Hay que señalar también que, fruto de las numerosas iniciativas de Administraciones
Públicas y organizaciones, existe ya un conjunto notable de experiencias de sensibili-
zación y de instrumentos y materiales elaborados a este efecto, que sin embargo no
se conoce y explota suficientemente. Aumentar dicho conocimiento y abordar el in-
tercambio de las experiencias y los materiales que hayan demostrado tener un mayor
efecto sensibilizador, es otra de las tareas a acometer. También es preciso incentivar la
coordinación de acciones de sensibilización entre distintos actores, de manera tal que
se refuercen mutuamente y permitan mantener estrategias de sensibilización conti-
nuadas en el tiempo, porque ésta es sin duda una de las condiciones para que puedan
resultar eficaces. En este sentido existe todavía una cierta tendencia a identificar la
sensibilización con campañas específicas o con productos destinados a la sensibiliza-
ción, pasando por alto que la sensibilización es un proceso prolongado en el tiempo y
que de poco sirven los productos si posteriormente no se produce una amplia utiliza-
ción de los mismos. Por ello, es preciso insertar las distintas actuaciones de sensibili-
zación en una estrategia de proceso, de continuidad.

Por último, en tanto partimos de una concepción de la integración como proceso
bidireccional, las actuaciones de sensibilización no pueden estar orientadas exclu-
sivamente hacia la población autóctona, aunque sean predominantes, sino que es
necesario diseñar actuaciones orientadas hacia la población inmigrada. En gene-
ral, cabe señalar que cualquier actividad de sensibilización ha de tener en cuenta
la diversidad de las personas a las que se dirige y su posicionamiento respecto a la
inmigración, porque el grado de tolerancia y el tipo de prejuicios difiere mucho
entre unos grupos de personas, sean autóctonas o inmigradas, y otros.




Objetivo 1 Mejorar la imagen pública de la inmigración y promocionar los
aspectos positivos de una sociedad caracterizada por la diversidad.

Se persigue contribuir a la construcción de una imagen positiva y normalizada
del hecho migratorio por la vía de dar a conocer datos y hechos básicos relati-
vos a los procesos migratorios y de integración y de desmontar prejuicios y es-
tereotipos. Asimismo de trata de que, a partir de un mejor conocimiento mu-
tuo, se asuman los procesos sociales de cambio asociados a la inmigración y se
incorporen como elementos dinamizadores y enriquecedores de la sociedad en
su conjunto. El objetivo último es que la sociedad se corresponsabilice de la ta-
rea de alcanzar una integración adecuada de la población inmigrada.

Programa SEN 1- Promoción de una mejor comprensión de los procesos y
fenómenos migratorios.

Medida 1.1. Potenciar espacios y contextos de debate social que favorezcan
el diálogo y la corresponsabilidad.

Medida 1.2. Fomento de acciones que ayuden a comprender al conjunto de la
sociedad las realidades de las personas inmigrantes, de sus proyectos y de sus
distintos proyectos y procesos migratorios.



Programa SEN 2. Fomento de espacios de encuentro reflexión y
conocimiento mutuo.

Medida 2.1. Fomento del establecimiento de foros de encuentro entre la po-
blación inmigrante y autóctona, particularmente en el ámbito local.

Medida 2.2. Fomento y realización de actividades de difusión de los facto-
res del proceso migratorio su dimensión, complejidad, causas y efectos que
produce.

Medida 2.3. Fomento y realización de actuaciones de difusión de los elemen-
tos de las culturas de origen de la población inmigrante.

Medida 2.4. Impulso a medidas del programa Europa con los ciudadanos y de
la Comisión Nacional para el fomento y la promoción del Diálogo Intercultural.

Programa SEN 3. Fomento de la participación de la población inmigrante en
la vida cultural y social.

Medida 3.1. Fomento de las actividades culturales diseñadas desde la pers-
pectiva de la integración intercultural de la población inmigrante.

Medida 3.2. Promoción del acceso de la población inmigrante a las actuacio-
nes desarrolladas en el marco del Plan de Fomento de Lectura.

Medida 3.3. Fomento de programas de captación activa de la población inmi-
grante para su participación en otros programas socio-culturales.



Objetivo 2 Generar cambios de actitudes en relación con la inmigración.

Se pretende actuar sobre aquellas áreas y destinatarios concretos que más in-
fluencia tienen en las actitudes de la población en relación con la inmigración,
transmitiendo y promocionando los factores positivos asociados a la inmigra-
ción, de tal forma que las actuaciones de sensibilización generen cambios de
actitudes en la población.

Programa SEN 4. Identificación de los actores y factores que determinan la
imagen pública de la inmigración.

Medida 4.1. Fomento de actuaciones de identificación y difusión de las diná-
micas de producción de estereotipos.

Medida 4.2. Fomento de la realización de estudios de actores y factores que
intervienen en el tratamiento informativo de la inmigración y el proceso mi-
gratorio y de la realización de análisis de tendencias en dicho tratamiento.

Medida 4.3. Fomentar la realización de análisis del discurso social, así como
de la imagen de la inmigración proyectada por responsables públicos y otras
personas de relevancia pública.

Programa SEN 5. Actuaciones de sensibilización en sectores identificados
como prioritarios.

Medida 5.1. Actuaciones de formación dirigidas a profesionales del sector
público y del tercer sector en el ámbito de la interculturalidad y la protección
de derechos.

Medida 5.2. Actuaciones de formación dirigidas a profesionales de los medios
de comunicación.

Medida 5.3. Actuaciones de sensibilización dirigidas a la población inmigrante.

Medida 5.4. Actuaciones de sensibilización en el ámbito empresarial y otros
contextos específicos.



Programa SEN 6. Mejora del tratamiento de la inmigración por los medios de
comunicación.

Medida 6.1. Identificación y difusión de códigos deontológicos y otras inicia-
tivas de autorregulación en relación con el tratamiento de la información so-
bre inmigración.

Medida 6.2. Fomento de la participación de la población inmigrante en los
medios de comunicación.

Programa SEN 7. Fomento y realización de actuaciones de difusión de la
normativa antidiscriminación.

Medida 7.1. Fomento y realización de actuaciones de difusión de la normati-
va antidiscriminación entre los actores que trabajan en el ámbito de protec-
ción de derechos.

Medida 7.2. Fomento y realización de actuaciones de difusión de la normati-
va antidiscriminación europea.

Programa SEN 8. Fomento y realización de buenas prácticas en materia de
sensibilización.

Medida 8.1. Identificación de buenas prácticas en materia de sensibilización.

Medida 8.2. Fomento y realización de actuaciones de difusión de buenas
prácticas en el tratamiento de la información en materia de inmigración.

Medida 8.3. Fomento de la participación de la población inmigrante en las
actuaciones de sensibilización.



8.12. CODESARROLLO

Introducción

La idea de vincular las migraciones con acciones de cooperación para el desarrollo en
los países de origen de la población migrante aparece, en el contexto de Naciones
Unidas, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada
en El Cairo en 1994. En el informe emitido tras su celebración, se contempla un apar-
tado dedicado exclusivamente a “Migración internacional y desarrollo”, en el que se
apuntan varias cuestiones que estructuran el concepto de lo que actualmente se en-
tiende por codesarrollo:

■ La migración internacional ordenada puede tener efectos positivos en el de-
sarrollo y en las comunidades de los países de origen y destino, contribuyendo
al desarrollo económico y social a través de transferencias de remesas, cono-
cimientos, cualificaciones e intercambio cultural.
■ Especial importancia tiene en estos procesos la integración laboral y social de
las personas inmigrantes en los países de destino, las migraciones temporales
y el retorno voluntario de migrantes cualificados a su país de origen.
■ En estos procesos es clave el papel de los gobiernos de los países de origen y
de los países de destino, la cooperación con las entidades financieras tanto
internacionales como nacionales, los agentes sociales, las asociaciones y las
propias personas inmigrantes.

Se expone, en definitiva, la necesidad de poner en marcha la identificación de es-
trategias que garanticen que la migración contribuya al desarrollo y a las relacio-
nes internacionales, idea que se verá reforzada con las contribuciones de posterio-
res trabajos, como la Cumbre de Naciones Unidas sobre Migraciones y Desarrollo
celebrada en 1997 o, más recientemente, los trabajos de la Comisión Global sobre
Migraciones Internacionales de Naciones Unidas en los que se enfatiza y desarro-
lla alguna de las ideas expresadas anteriormente.

En el ámbito europeo, la idea de codesarrollo aparece en la Cumbre de Tampere de
1999. En la Conclusiones de la Cumbre se señala que “la Unión Europea necesita
un enfoque global de la migración que trate los problemas políticos, de derechos
humanos y de desarrollo de los países y regiones de origen, tránsito y destino”.

En Diciembre de 2002, la Comisión de la UE adoptó una Comunicación sobre
“Integración de las cuestiones de migración en las relaciones de la Unión Europea
con países terceros” que, entre otros temas, intentaba precisar, por primera vez,



los nexos entre migración y desarrollo, sugerir un cierto número de iniciativas cla-
ve y promover una coherencia entre estos dos ámbitos de actuación.

Por su parte, basándose en dicha comunicación, el Consejo adoptó, en mayo de
2003, un proyecto de conclusiones sobre Migración y Desarrollo, en las que propo-
nía una serie de medidas para reforzar las sinergias entre la migración y la coope-
ración al desarrollo. Entre estas conclusiones, figuraban las relativas a potenciar
los programas de retorno voluntario y sostenible en relación con el desarrollo lo-
cal, el apoyo al retorno de cualificaciones y recursos, la consideración del recono-
cimiento de formación y experiencia adquirida en el extranjero, los planes de for-
mación y de microcréditos como medidas incentivadoras del retorno, la consideración
de las remesas como potencial de desarrollo del país de origen, la mejora de la in-
tegración de las personas inmigrantes en el país de acogida, etc.

Todos estos aspectos han sido objeto de consideración recientemente, en una nue-
va Comunicación de la Comisión “Migración y Desarrollo: Algunas orientaciones
concretas”( de 1 de septiembre de 2005). Esta Comunicación establece una serie
de orientaciones sobre las acciones que deberían formar parte del ámbito integra-
do de migraciones y desarrollo, principalmente: las transferencias financieras ha-
cia los países de origen de la población migrante; la contribución de las personas
migrantes al desarrollo de sus países; el retorno y las migraciones temporales y la
atenuación del impacto negativo de la “fuga de cerebros”.

Además, apunta diversas líneas de financiación para la implementación de inicia-
tivas y proyectos por los Estados miembros, entre ellas las procedentes del progra-
ma AENEAS de asistencia financiera y técnica a terceros países en los ámbitos de
la migración y el asilo u otras que habrá que analizar.

En íntima conexión con las políticas de integración, deben apoyarse las políticas
de fomento del codesarrollo. En este proceso, se puede acompañar y potenciar a
las asociaciones de inmigrantes con sus comunidades de origen, mediante la cons-
titución de redes transnacionales y alianzas público-privadas. Dichas asociaciones
de inmigrantes en los países de acogida deben ser potenciadas con el fin de hacer
posible su participación en la toma de decisiones y en la elaboración de las políti-
cas de migración.

En España el codesarrollo aparece contemplado como tal, vinculado a la coheren-
cia de políticas y considerado como un ámbito de actuación dentro del nuevo Plan
Director de Cooperación Española 2005-2008. Algunas de las líneas de actuación
que el Plan Director de la Cooperación Española que orientan el enfoque de code-
sarrollo son las siguientes:



■ Consideración de los flujos migratorios, tanto desde el punto de vista cuanti-
tativo como cualitativo a efectos de priorizar regiones, zonas o países y de es-
tablecer las estrategias de codesarrollo.
■ Fomento del desarrollo en origen mediante la promoción económica, el apoyo
a la pequeña empresa y el fortalecimiento de los sectores productivos.
■ Impulso a la participación de las personas inmigrantes en estrategias de co-
desarrollo, en coordinación con asociaciones de inmigrantes en España y
agentes de cooperación, como vía para el fomento de la integración.
■ Implicación de las personas inmigrantes como agentes de codesarrollo y que
contribuyen al avance social, económico y cultural de sus países de origen.
■ Diseño de un modelo de retorno digno y sostenible, que incluya medidas de capa-
citación profesional y empresarial, apoyo económico (microcréditos, u otros ins-
trumentos financieros) y orientaciones sobre la viabilidad de las iniciativas socio-
productivas que se propongan para desarrollar en los países de origen.
■ Impulso de actuaciones sobre utilización racional de remesas, canalización de
los envíos de divisas y productos financieros favorables, fomentando las ini-
ciativas de información y asesoramiento a los inmigrantes en este ámbito.

Teniendo en cuenta la etapa inicial en la que se encuentran los trabajos en mate-
ria de codesarrollo el Plan Director de la Cooperación Española prioriza, para el pe-
ríodo 2005- 2008, las actuaciones en Ecuador y Marruecos, países con importante
volumen de personas inmigrantes en España, a los que, posteriormente, se ha su-
mado Senegal, por constituir un escenario en el que se están llevando a cabo nu-
merosas experiencias en este sentido.

Por mandato del Consejo Estatal de Cooperación al Desarrollo, se ha constituido un
Grupo de Trabajo sobre Codesarrollo que ha elaborando un documento de bases y de
consenso que permite a todos los actores involucrados en el diseño y ejecución de las
políticas de migración y desarrollo, manejar los mismos conceptos y criterios sobre el
objeto y características del codesarrollo, su ámbito de actuación, la identificación de
necesidades que permitan avanzar en este contexto y posibles actuaciones.

Durante el año 2006 se han conseguido importantes avances en cuanto a la coor-
dinación de los agentes de la cooperación española implicados en el codesarrollo,
y se ha dado el paso fundamental de elaborar y difundir el Documento de
Consenso de Codesarrollo, resultado del mandato del Grupo de Trabajo de
Codesarrollo sobre la base del acuerdo del Pleno del Consejo de Cooperación al
Desarrollo celebrado el 30 de marzo de 2005. Para ello tanto en el Plan Anual de
Cooperación Internacional (PACI) 2006 como en el PACI 2007 aprobado por
Consejo de Ministros el 26 de enero viene contemplado como la séptima línea di-
rectriz: Migraciones y Desarrollo.



1. Diagnóstico

Desde el ámbito local y autonómico se han ido definiendo estrategias y/o actua-
ciones en materia de codesarrollo desde las políticas de cooperación internacional,
por una parte y, por otra, desde las políticas de integración de personas inmigran-
tes, sin demasiadas sinergias entre los dos ámbitos. En este sentido, es esta una
etapa en la que se hace necesario establecer mecanismos de coordinación que va-
yan desde el ámbito local hasta el estatal, de modo que posibiliten establecer cri-
terios comunes, tanto conceptualmente como en cuanto a metodología y aplica-
ciones prácticas.

En esta línea, se inscriben los espacios de concertación que se están generando
entre los diversos actores involucrados en acciones de codesarrollo; la incorpora-
ción del codesarrollo en el Plan pretende que éste sea un eje prioritario y contri-
buya a potenciar la coordinación y coherencia de las acciones de integración y co-
desarrollo.

El principio de corresponsabilidad entre las sociedades de origen y de destino, su-
pone que las acciones de codesarrollo deben contemplar las implicaciones que
para el país de origen conlleva la emigración y para el país de destino, la necesidad
de gestionar eficazmente la integración de las personas inmigrantes.

La experiencia pone de manifiesto que dada la multiplicidad de actores que inter-
vienen en el trabajo en materia de codesarrollo, se requieren mecanismos de coor-
dinación eficientes basados en la concertación y el trabajo en red que aglutinen la
diversidad de actores y garanticen su participación equilibrada.

Considerando el carácter experimental de las actuaciones se impone la necesidad
de establecer mecanismo de análisis, seguimiento y evaluación de las actuaciones
tanto en España como en los países de origen.

En la actualidad las formulaciones en torno al codesarrollo están vinculadas a la
utilización de las remesas económicas, primordialmente, como elementos que fa-
vorecen el desarrollo de los países de origen, incidiendo en el ahorro y en las rein-
versiones productivas, derivado del hecho de que las transferencias de capital eco-
nómico que las personas migrantes hacen periódicamente a sus familias en los
países de origen han experimentado un notable crecimiento en los últimos años,
llegando a constituirse en una fuente de ingresos externa más importante, cuanti-
tativamente, que la ayuda al desarrollo, el turismo o la inversión extranjera.

Se hace necesario considerar el gran potencial que estas transferencias tienen
como instrumentos de desarrollo económico en los países de origen de las perso-
nas inmigrantes que se encuentran en España y como factor esencial en la partici-



pación activa de estas personas en procesos de desarrollo de sus comunidades de
origen. Aunque su impacto sobre la reducción de la pobreza y el desarrollo econó-
mico y social de estos países es muy limitado (ya que no se encuentran orientadas
hacia un desarrollo del tejido productivo) y sin dejar de reconocer que son flujos
económicos de carácter privado y de garantizar, por tanto, el derecho de los hom-
bres y las mujeres migrantes a destinarlas a lo que consideren necesario, parece
oportuno ofrecer alternativas para la promoción de iniciativas individuales o co-
lectivas como uno de los principales instrumentos de actuación en la creación de
tejido productivo en las comunidades de origen.

Por otra parte, las migraciones suponen una óptima oportunidad para el inter-
cambio de conocimientos, competencias, tecnología y capital social que no está
siendo suficientemente aprovechada, ya que las personas que regresan voluntaria-
mente a su país no se encuentran apoyadas por la falta de redes que faciliten la
implantación de sus proyectos.

Así mismo también es importante subrayar la idea de que el mantenimiento y re-
fuerzo de vínculos entre las diásporas cualificadas con sus sociedades de origen,
supone un gran potencial de cara a la implicación y la generación de efectos posi-
tivos de desarrollo en estas comunidades.

Fundamentalmente son estos los ámbitos de actuación que se han priorizado en
las experiencias existentes, concretamente en los tres países establecidos como
prioritarios: Ecuador, Marruecos y Senegal, junto con iniciativas impulsadas sobre
todo desde la sociedad civil organizada, centradas en materias como el comercio
justo, la economía social o los sistemas de crédito rotatorio, entre otras.

El Plan contiene una serie de ejes de actuación, algunos de los cuales son suscep-
tibles de tener una incidencia directa en los procesos de codesarrollo; en especial
los ejes de Acogida, Educación, Empleo, Participación y Mujer se constituyen como
ámbitos fundamentales en conexión con el codesarrollo.




Objetivo 1 Identificar y promover las oportunidades de desarrollo de los
países de origen de la inmigración a España.

Se busca aumentar las posibilidades de que las migraciones tengan un impacto
positivo en el desarrollo de los países de origen a través de la identificación y
promoción de las oportunidades de desarrollo de los países de origen de la in-
migración a España.

Programa COD 1. Promoción de la colaboración entre organizaciones y
administraciones para la realización de actuaciones de codesarrollo.

Medida 1.1. Apoyo al fortalecimiento institucional y técnico de las adminis-
traciones públicas y organizaciones del país de origen vinculadas al desarrollo
social.

Medida 1.2. Identificación de organizaciones en origen y en destino para pro-
mover su participación en la gestión de actuaciones de codesarrollo vincula-
das a las migraciones.

Medida 1.3. Creación de mecanismos de coordinación entre las organizacio-
nes del país de destino y origen y las administraciones implicadas que facili-
ten la gestión de las actuaciones de codesarrollo.

Medida 1.4. Fomento de la vinculación de los inmigrantes con sus zonas de
origen y creación de redes que faciliten los procesos de concertación de pro-
yectos productivos de desarrollo comunitario.



Programa COD 2. Promoción de iniciativas productivas y de desarrollo
comunitario.

Medida 2.1.-Elaboración de un mapa de recursos-oportunidades que sirva de
apoyo a los proyectos productivos de los inmigrantes.

Medida 2.2. Difusión del mapa de recursos-oportunidades que permita gene-
rar proyectos de desarrollo por parte de las personas inmigrantes.

Medida 2.3. Apoyo a las iniciativas para la creación de infraestructuras y ser-
vicios básicos enmarcados en programas de desarrollo local en los países de
origen.

Medida 2.4. Estudio de la viabilidad de proyectos de desarrollo en origen.
Apoyo a su implantación y seguimiento en las primeras etapas.

Medida 2.5. Armonización de los protocolos de evaluación y seguimiento de
proyectos.

Medida 2.6. Análisis de impacto de las acciones de codesarrollo en la dimen-
sión económica y socio-cultural.



Objetivo 2 Incorporar la perspectiva del codesarrollo en el proceso de inte-
gración del inmigrante.

Se persigue crear las condiciones e instrumentos para que las personas que
quieran contribuir al desarrollo de sus comunidades de origen puedan hacerlo,
partiendo de la idea de que una buena integración es el primer paso para que
el proceso de codesarrollo pueda desarrollarse.

Programa COD 3. Fomento de acciones dirigidas a que las personas
inmigrantes se constituyan en actores de los procesos de codesarrollo.

Medida 3.1. Apoyo a las capacidades y cualificaciones de las personas inmi-
grantes como agentes de desarrollo.

Medida 3.2. Fomento del espíritu emprendedor entre las personas inmigran-
tes, mediante acciones de información, orientación y formación, con particu-
lar atención a mujeres inmigrantes.

Medida 3.3. Apoyo a las iniciativas empresariales, en los países de origen, de
los inmigrantes de temporada, mediante información, orientación y formación
durante su estancia en España y, en su caso, en los países de origen.

Medida 3.4. Formación de agentes de desarrollo en la gestión de empresas de
economía social y como promotores sociales y de salud.

Medida 3.5. Promoción de la orientación del ahorro hacia inversiones pro-
ductivas en los países de origen, en particular mediante acciones de informa-
ción y orientación sobre posibilidades y vías de inversión en origen.

Medida 3.6. Fomento de actuaciones de información y asesoramiento sobre
utilización productiva de remesas, canales formales más adecuados y ventajo-
sos para los envíos de remesas y productos financieros favorables para ahorro
e inversión.



Programa COD 4. Fomento de acciones de codesarrollo realizadas por
entidades sociales sin ánimo de lucro.

Medida 4.1. Apoyo a proyectos de entidades sociales sin ánimo de lucro del
país de destino y de origen vinculados a itinerarios integrados y personaliza-
dos de inserción socio-laboral en los países de origen.

Medida 4.2. Apoyo a proyectos de cooperación laboral, formativa o social que
vinculen a las dos sociedades.

Medida 4.3. Implementación de proyectos piloto de codesarrollo en Ecuador,
Marruecos y Senegal, países prioritarios para el Plan Director de la Cooperación
Española.



Objetivo 2 Promover actuaciones dirigidas a prevenir la descapitalización
humana de los países de origen.

Los riesgos de desestructuración que pueden conllevar los procesos migratorios
inciden negativamente tanto en la sociedad de acogida como en la de origen,
de ahí la importancia de su prevención. Así mismo, es necesario atenuar el im-
pacto negativo de la emigración en sus aspectos tanto sociales, como de des-
capitalización de recursos humanos y productivos.

Programa COD 5. Acompañamiento a familias transnacionales.

Medida 5.1. Análisis del impacto de las migraciones en los problemas relacio-
nados con la desestructuración familiar vinculada a procesos migratorios.

Medida 5.2. Apoyo a proyectos que contemplen el acompañamiento integral
a familias con riesgo de desestructuración por la separación de sus miembros
entre país de origen y de destino.

Medida 5.3. Promoción de actuaciones a cargo de ONGs, asociaciones de in-
migrantes y asociaciones juveniles en la atención en el país de origen de hijos
e hijas de personas inmigrantes.

Programa COD 6. Apoyo al retorno voluntario de personas inmigrantes.

Medida 6.1. Promoción del intercambio y la cooperación científica, técnica y
universitaria.

Medida 6.2. Apoyo a programas de retorno voluntario de personas inmigran-
tes para el desarrollo de proyectos productivos en el país de origen.

Medida 6.3. Fomento de programas de identificación, sensibilización y apoyo
al retorno de personas inmigrantes con alta cualificación.

Medida 6.4. Promoción del reconocimiento por parte de los países de origen y
destino de las competencias profesionales.

Medida 6.5. Apoyo a programas de retorno e inserción sociolaboral en origen
de jóvenes ex tutelados formados en España.


9

Gestión, participación
y evaluación del
Plan Estratégico
en la gobernanza de
la integración


Gestión, participación y evaluación del Plan Estratégico en la gobernanza de la integración

9. Gestión, 9.1. Gestión del Plan Estratégico
participación y
evaluación del De acuerdo con el RD 1600/2004, de 2 de julio, corresponde a la Secretaría de
Plan Estratégico Estado de Inmigración y Emigración, bajo la superior autoridad del Ministro de
en la gobernanza Trabajo y Asuntos Sociales, desarrollar la política de extranjería e inmigración del
de la integración Gobierno. Por tanto, la gestión del Plan Estratégico será responsabilidad de la
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a través de la Dirección General
de Integración de los Inmigrantes. Más allá de la gestión estricta de los programas
del Plan, la gobernanza del proceso requiere que jueguen un papel relevante en
todo el proceso de ejecución del Plan Estratégico organismos de participación y
consulta en el campo de la inmigración como la Comisión Interministerial de
Extranjería, el Consejo Superior de Política de Inmigración, el Foro para la
Integración Social de los Inmigrantes y los que forman parte de los mismos.

En su momento, la gestión del Plan Estratégico constituirá una de las acciones, en
materia de integración de los ciudadanos inmigrantes, de la futura Agencia Estatal
de Inmigración y Emigración.

La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración asumirá las siguientes fun-
ciones para llevar a cabo la gestión del Plan Estratégico:

■ Impulso de una política de integración en la Unión Europea y a la inclusión de
las políticas de integración del Plan Estratégico en las políticas de carácter
general de la Administración General del Estado.
■ Convenios con Comunidades Autónomas para el impulso y la gestión de pro-
gramas en el ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas y de
las Corporaciones Locales.
■ Convenios, contratos y subvenciones con agentes sociales y ONGs.
■ Gestión directa de algunos programas.
■ Promoción del intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los dis-
tintos agentes implicados en las políticas y programas de integración.
■ Promoción de la innovación en los programas de integración desarrollados y
las técnicas de intervención aplicadas en dichos programas.
■ Elaboración de estudios que permitan un mejor conocimiento de la situación
de la integración y de las medidas a desarrollar.
■ Información y consulta con los organismos de participación.
■ Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico.
■ Propuesta de prioridades anuales.



Para ello la Dirección General de Integración de los Inmigrantes contará con una
Unidad Técnica del Plan Estratégico que coordinará la aplicación del mismo.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, contribuirá a la gestión del
Plan Estratégico a través del estudio, análisis y propuestas sobre la igualdad de
trato y no discriminación y sobre todas las cuestiones que tienen que ver con el
racismo y la xenofobia.

El Observatorio Permanente de la Inmigración contribuirá a la recogida y análisis
de información cuantitativa y cualitativa relacionada con el Plan Estratégico y sus
programas de actuación.

La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a través de la Dirección
General de Integración de los Inmigrantes, se encargará de coordinar las actuacio-
nes con incidencia en la integración de los distintos departamentos ministeriales y
centros directivos de la Administración General del Estado. El instrumento de co-
ordinación en este ámbito será la Comisión Interministerial de Extranjería.

Para la coordinación de actuaciones con las Comunidades Autónomas, además de
las funciones que cumple el Consejo Superior de Política de Inmigración se elabo-
rarán y desarrollarán los Planes de Acción anuales, consensuados en aplicación del
Fondo de Apoyo a la Acogida y a la Integración y en ellos se establecerán comisio-
nes de seguimiento de los Convenios firmados.

Además de las funciones que tiene atribuidas el Foro para la Integración Social de
los Inmigrantes, la Dirección General de Integración de los Inmigrantes mantendrá
cauces de interlocución permanente con las ONGs, agentes sociales y organizacio-
nes de inmigrantes.



9.2. Participación en la gestión del Plan Estratégico

Los organismos consultivos y de participación que estarán involucrados en la ges-
tión del Plan Estratégico son la Comisión Interministerial de Extranjería, el Consejo
Superior de Política de Inmigración y el Foro para la Integración Social de los
Inmigrantes.

La Comisión Interministerial de Extranjería, regulada por RD 1946/2000, de 1 de
diciembre, es un órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración, que tiene como función analizar, debatir e informar aquellas propues-
tas y actuaciones de los departamentos ministeriales que tengan incidencia en el
tratamiento de la extranjería, la inmigración y el asilo. Más precisamente, las po-
líticas de integración se tratan en el seno de la Comisión delegada sobre flujos mi-
gratorios, promoción e integración social de inmigrantes y refugiados. En este
marco, la Comisión Interministerial de Extranjería:

■ Será informada periódicamente sobre el seguimiento y la evaluación de la
ejecución del Plan Estratégico;
■ Podrá realizar propuestas y recomendaciones para la mejora y perfecciona-
miento del Plan Estratégico y la reformulación de prioridades del mismo;
■ Emitirá informe sobre las propuestas de cambios normativos que pueda con-
llevar la ejecución del Plan Estratégico.

El Consejo Superior de Política de Inmigración, regulado por RD 344/2001, que per-
sigue la coordinación y cooperación de las Administraciones públicas en el campo
de las políticas de integración de los inmigrantes y que tiene una composición tri-
partita y equilibrada con representantes de la Administración General del Estado,
de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, tendrán una presencia
fundamental no sólo en el proceso de elaboración del Plan Estratégico, sino en su
ejecución, seguimiento, evaluación y reforma. Para ello, el Consejo Superior de
Política de Inmigración:

■ Efectuará propuestas y recomendaciones para la mejora y perfeccionamiento
del Plan Estratégico y la reformulación de prioridades del mismo;
■ Será informado periódicamente sobre el seguimiento y la evaluación del Plan
Estratégico;

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, como órgano de consulta, in-
formación y asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes, es un



cauce fundamental de participación de las asociaciones de inmigrantes y organi-
zaciones de apoyo, en suma, de la sociedad civil, en el diseño y seguimiento de las
políticas públicas de integración. De acuerdo con el artículo 70 de la Ley Orgánica
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, está constituido, de forma tripartita y equilibrada, por representantes de las
Administraciones públicas, de las asociaciones de inmigrantes y de las organiza-
ciones sociales de apoyo, entre ellas los sindicatos de trabajadores y organizacio-
nes empresariales con interés e implantación en el ámbito inmigratorio.

Reactivar y reforzar este importante cauce de diálogo y participación es uno de los
objetivos perseguidos con el presente Plan. Por ello, el Real Decreto 3/2006, de 16
de enero, que regula su composición, competencias y régimen de funcionamiento,
le reconoce un papel fundamental en la formulación, seguimiento, evaluación y
reformulación del Plan Estratégico. En concreto, corresponderá al Foro:

■ Presentar propuestas y recomendaciones en el ámbito de la integración de los
inmigrantes;
■ Formular propuestas y recomendaciones en relación con los programas del
Plan Estratégico;
■ Recibir información de los programas y actividades del Plan Estratégico y ser
informado periódicamente sobre el seguimiento de la ejecución del Plan
Estratégico;
■ Informar sobre la evaluación del Plan Estratégico;
■ Recabar y canalizar las propuestas de las organizaciones sociales en relación
al Plan Estratégico.



9.3. La evaluación del Plan Estratégico como responsabilidad
compartida

Uno de los “Principios Básicos Comunes para la Integración” aprobados por el
Consejo de la Unión Europea señala que “es necesario establecer objetivos, indica-
dores y mecanismos de evaluación claros para ajustar las políticas, evaluar los
avances en la integración y hacer más eficaz el intercambio de información”.
Porque, sigue diciendo, “independientemente de la intensidad de los esfuerzos re-
alizados en la política de integración, es importante saber si esos esfuerzos son
eficaces y permiten realizar progresos. Aunque se trata más de un proceso que de
un resultado, la integración puede medirse y las políticas correspondientes pueden
ser objeto de evaluación. Indicadores de integración, objetivos y mecanismos de
evaluación, comparativa o no, pueden ayudar a medir y comparar los progresos al-
canzados, así como a observar las tendencias y evolución que se produzcan. El ob-
jetivo de esta evaluación es llegar a aprender de la experiencia adquirida, lo cual
es un modo de evitar los posibles errores del pasado, ajustar de modo coherente
las diferentes políticas y mostrar interés por los esfuerzos realizados por todas las
partes participantes”.

La evaluación de las políticas públicas debe formar parte de cualquier buen go-
bierno porque es un instrumento en la búsqueda de la mejora continua de la cali-
dad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, sean españoles o personas
inmigrantes. La evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios
contribuye a:

■ Racionalizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios que la
Administración presta a los ciudadanos, porque permite evaluar los impactos
de las políticas públicas, generar aprendizajes tanto en las Administraciones
Públicas como en los otros actores que intervienen en el proceso, mejorar la
cooperación de los actores implicados en la gestión y corregir ineficiencias de
la acción pública.
■ Propiciar la participación y la transparencia, porque refuerza el papel de los
ciudadanos cuyas opiniones son escuchadas, ayuda a rendir cuentas de las
políticas y de la utilización de los recursos públicos, formaliza un nuevo con-
trato con la ciudadanía por la calidad de los servicios que se les ofrecen y, con
todo ello, mejora la calidad democrática de los procesos y de los servicios.
■ Fundamentar la elección pública, porque permite desarrollar soportes analíti-
cos de evaluación coste beneficio social, aplicar alternativas a las decisiones
estratégicas y redefinir las prioridades y las políticas en el campo de la inte-
gración de los inmigrantes en España.



Pero si la evaluación forma parte del buen gobierno, también lo es en la lógica de
la buena gobernanza de la integración de los inmigrantes. Por ello, la evaluación
que se llevará a cabo para el conjunto del Plan Estratégico, para cada una de las
distintas áreas y para cada uno de los programas de las mismas, tendrá tres carac-
terísticas: será una evaluación integral, participativa y formativa.

La evaluación debe ser integral porque analizará, para el conjunto del Plan, para
cada una de las áreas y cada uno de los programas, su “racionalidad” y su “cohe-
rencia”. Su racionalidad quiere decir evaluar la relación de las necesidades detec-
tadas y los problemas diagnosticados con los objetivos propuestos en el Plan
Estratégico y en cada una de sus áreas de intervención. Su coherencia supone va-
lorar la concordancia entre los objetivos perseguidos y los instrumentos moviliza-
dos para alcanzar dichos objetivos. Esta evaluación integral ha de estudiar para el
Plan Estratégico en su conjunto, para cada una de las áreas y, en general, para
cada uno de los programas tres grandes aspectos:

■ La eficacia, es decir, la relación entre los objetivos perseguidos y los resultados
obtenidos.
■ La eficiencia, es decir, la relación entre los instrumentos y los medios puestos
en acción y los resultados obtenidos.
■ El impacto de los resultados del Plan Estratégico y de los programas sobre (la
cobertura de) las necesidades detectadas y sobre (la solución de) los proble-
mas diagnosticados.

Una evaluación integral ha de ser capaz de formular juicios fundamentados sobre el
Plan Estratégico y sus distintas áreas y programas y, a partir de ellos, hacer recomen-
daciones concretas que permitan reorientar el Plan o algunas de sus prioridades, obje-
tivos y programas. De esta manera la evaluación se convertirá en un instrumento de
mejora de la gestión de la política pública de integración de los inmigrantes.

La evaluación debe ser participativa, porque serán incorporados al proceso los dife-
rentes actores que han intervenido en la formulación y en la ejecución del Plan
Estratégico y sus programas, así como los beneficiarios de los programas y los colecti-
vos a los que van dirigidos. El carácter participativo de la evaluación no es sólo un re-
querimiento político democrático. Es también un elemento de eficacia de la misma
evaluación. La presencia de actores pegados al terreno en el proceso evaluador permi-
te incorporar a la evaluación aspectos de la realidad que, con frecuencia, escapan a
los indicadores cuantitativos o cualitativos previamente diseñados.

Naturalmente, los órganos con competencias en este campo, es decir, el Consejo
Superior de Política de Inmigración y el Foro para la Integración Social de los
Inmigrantes, han de tener un papel relevante en todo el proceso evaluador del
Plan Estratégico.



Este carácter participativo de la evaluación del Plan Estratégico permitirá que el
proceso y los resultados de la evaluación sean instrumentos para fomentar el de-
bate social y político sobre la integración de los inmigrantes y las políticas públi-
cas en este campo.

La evaluación debe ser formativa para todos los actores involucrados en la formu-
lación y en la ejecución del Plan Estratégico. Una de las finalidades de la evalua-
ción ha de ser que los poderes públicos, las distintas administraciones, los agentes
sociales, ONGs y asociaciones de inmigrantes implicadas en el proceso adquieran
un aprendizaje y una valoración sobre el trabajo que llevan a cabo en esta área,
sobre su racionalidad y su coherencia, sobre su eficacia y eficiencia y sobre el im-
pacto del mismo.

Esta evaluación formativa será un factor de generación y difusión de conocimien-
to e innovación en la integración de los inmigrantes y las políticas públicas en
este campo.

Indicadores de evaluación

Aunque un proceso de evaluación no puede basarse sólo en indicadores cuantifi-
cables, la columna vertebral de la evaluación y del seguimiento de la acción públi-
ca ha de formarse en torno a un Sistema de indicadores que habrá de ser equili-
brado y que habrá de concertar entre los actores que intervienen en el Plan
Estratégico, es decir, entre las distintas Administraciones Públicas, las ONGs y las
organizaciones de inmigrantes.

En el Informe sobre los indicadores en el ámbito de la pobreza y la exclusión social
(Octubre 2001), el Comité de Protección Social de la Unión Europea apuntaba algunas
características metodológicas que han de tener los indicadores que se construyen en
el área de competencia del Comité y que, a grandes rasgos, son válidos para orientar
el diseño que deben de tener los indicadores y el sistema de indicadores que se elabo-
rarán para la evaluación y el seguimiento del Plan Estratégico, aunque ponen el acen-
to más en los resultados obtenidos que en los medios para conseguir dichos resulta-
dos. Los rasgos que señala el Comité son, básicamente, los siguientes:

■ Un indicador debe captar la esencia del problema y tener una interpretación
normativa clara y aceptada;
■ un indicador debe ser fiable y estar validado estadísticamente;
■ un indicador debe adaptarse a las acciones políticas pero no estar sujeto a
manipulaciones;
■ un indicador deber ser suficientemente comparable entre los distintos territorios;



■ un indicador debe estar actualizado y prestarse a revisión;
■ la medición de un indicador no debe ser excesivamente gravosa;
■ el conjunto de indicadores debe cubrir las diferentes dimensiones de manera
equilibrada;
■ los indicadores deben ser coherentes entre sí y el peso de cada uno de ellos
debe ser proporcionado;
■ el conjunto de indicadores debe ser lo más transparente y accesible posible
para los ciudadanos.

Para la evaluación del Plan Estratégico, habrá que construir un sistema con gran
número de indicadores, dado la pluridimensionalidad de la integración de los in-
migrantes, la diversidad de áreas del Plan Estratégico y la complejidad del fenó-
meno de la integración social.

El mismo Comité señala que se podrían diferenciar indicadores primarios y secun-
darios. Se podría decir que los indicadores primarios estarían compuestos de un
número restringido de indicadores principales que cubrirían aquellos ámbitos con-
siderados más importantes de cara a la integración de los inmigrantes. Los indica-
dores secundarios vendrían en apoyo de estos indicadores primarios y describirían
otras dimensiones del problema en cada una de las áreas. Estos dos niveles estarí-
an compuestos de indicadores definidos y adoptados de modo consensuado por los
actores del Plan Estratégico y utilizados en los informes de seguimiento y evalua-
ción del mismo.



9.4. La evaluación del Plan Estratégico

El conjunto del Plan Estratégico, sus distintas áreas y los diferentes programas se-
rán sometidos a un proceso doble de seguimiento y de evaluación.

El seguimiento implica elaborar un sistema de información periódica a corto plazo
que permita conocer a los actores que intervienen en el Plan Estratégico y a otras
instituciones o personas interesadas la evolución cuantitativa de los principales
agregados del Plan Estratégico, por áreas de intervención y por programas, y las
experiencias de interés o buenas prácticas que se vayan emprendiendo como con-
secuencia del Plan Estratégico.

La evaluación implica la formulación de elementos valorativos sobre la eficacia, la
eficiencia y el impacto del Plan Estratégico, en su conjunto y para las distintas
áreas y programas, apoyándose tanto en indicadores cuantitativos como cualitati-
vos a partir de instrumentos metodológicos previamente consensuados. De la eva-
luación han de deducirse elementos para la revisión de los objetivos e instrumen-
tos del Plan Estratégico.

Seguimiento del Plan Estratégico

Para el seguimiento del Plan Estratégico, la Dirección General de Integración de
los Inmigrantes elaborará documentos técnicos que serán de tres tipos distintos:

■ Informes anuales de seguimiento, que recogerán regularmente datos de los
principales agregados del Plan Estratégico.
■ El Cuaderno de Buenas prácticas, que recogerá informaciones sobre experien-
cias de interés puestas en marcha bajo el paraguas del Plan Estratégico.
■ Los Informes monográficos, sobre distintos aspectos relevantes del Plan
Estratégico.

Estos documentos se difundirán en papel, por correo electrónico e internet.

Plan de evaluación del Plan Estratégico

Para llevar a cabo la evaluación del Plan Estratégico se producirán, en primer lu-
gar, tres documentos metodológicos. Estos documentos pretenden cumplir una
doble función: por una parte, elaborar las bases de la evolución del Plan
Estratégico y, por otra, servir de estímulo para desarrollar la evaluación de otros



planes o programas orientados a la integración de las personas inmigrantes. Se di-
fundirán en papel e internet.

Estos documentos son los siguientes:

1 “Metodología de evaluación de las políticas de integración de los inmigrantes”

La elaboración de la “Metodología ...” partirá de un Informe técnico preparado
por expertos en el primer trimestre de funcionamiento del Plan Estratégico y
será sometido a la consideración de los organismos de participación del Plan
Estratégico antes de su aprobación definitiva.

La “Metodología...” analizará los criterios de elección de las propiedades es-
tratégicas para la evaluación de las políticas de integración de los inmigrantes
y los procedimientos para llevar a cabo el proceso evaluador de las mismas
bajo diferentes supuestos institucionales.

La “Metodología...” ha de establecer criterios para evaluar la calidad de los
servicios que prestan las políticas de integración de los inmigrantes.

2 “Sistema de indicadores de evaluación del Plan Estratégico”

El “Sistema ...” fijará un conjunto ordenado y equilibrado de indicadores cuan-
titativos y cualitativos, debidamente definidos, que permitan valorar los obje-
tivos generales del Plan Estratégico, los objetivos específicos de las distintas
áreas y los programas de actuación del Plan Estratégico en sus diferentes di-
mensiones.

3 “Guía metodológica de evaluación interna de los programas de integración de
los inmigrantes”

La “Guía ...” pretende ser una herramienta de autoevaluación para agentes que
participan en proyectos derivados o relacionados con el Plan Estratégico y que
les permita valorar críticamente la coherencia, la pertinencia, la eficacia, la efi-
ciencia, el impacto y la posible existencia de alternativas de las acciones que
llevan a cabo. La “Guía ...” puede tener una serie de preguntas que provoquen
la reflexión de los actores de los programas, tanto individualmente como en
equipo. Puede introducir criterios para la elaboración de informes valorativos
sobre las actuaciones desarrolladas y sobre la realidad sobre la que se trabaja.



El proceso de evaluador del Plan Estratégico se llevará a cabo en dos fases: una
evaluación intermedia tras el cierre del ejercicio 2008 y una evaluación global del
Plan en su conjunto tras el cierre del ejercicio 2010. La Dirección General de
Integración de los Inmigrantes elaborará el Informe de Evaluación Intermedia y al
final del período de ejecución del Plan Estratégico se encargará una evaluación
externa y la Dirección General de Integración de los Inmigrantes elaborará el
Informe final de evaluación.

1. Informe de evaluación intermedia del Plan Estratégico

La Dirección General de Integración de los Inmigrantes elaborará el Informe de
evaluación intermedia y lo someterá a la consideración de la Comisión
Interministerial de Extranjería, el Consejo Superior de Política de Inmigración y el
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

El Informe lo elaborará la Dirección General de Integración de los Inmigrantes en
el segundo trimestre del año 2009, a partir de las valoraciones que le hayan hecho
llegar a lo largo del primer trimestre las Comunidades Autónomas, las Entidades
Locales y las ONGs con las que se hayan establecido convenios de colaboración. En
él se utilizará el sistema indicadores aprobado, y se analizarán las informaciones
sobre satisfacción de usuarios así como las sugerencias recibidas.

A partir del Informe de evaluación intermedia la Comisión Interministerial de
Extranjería, el Consejo Superior de Política de Inmigración y el Foro para la
Integración Social de los Inmigrantes podrán emitir recomendaciones para la reo-
rientación del Plan Estratégico.

2. Evaluación externa del Plan Estratégico 2007-2010

En la última etapa de aplicación del Plan Estratégico, se encargará una evaluación
externa global del Plan Estratégico. Las principales conclusiones de esta evalua-
ción se darán a conocer a la Comisión Interministerial de Extranjería, al Consejo
Superior de Política de Inmigración y al Foro para la Integración Social de los
Inmigrantes.

3. Evaluación final del Plan Estratégico 2007-2010

La Dirección General de Integración de los Inmigrantes elaborará la Evaluación fi-
nal del Plan Estratégico 2007-2010.



Para ello la Dirección General de Integración de los Inmigrantes tomará en consi-
deración, además de la evaluación intermedia, las valoraciones que hayan remitido
las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y las ONGs con las que se ha-
yan establecido convenios de colaboración y la Evaluación externa del Plan
Estratégico 2007-2010, el sistema indicadores del Plan Estratégico y las informa-
ciones sobre satisfacción de usuarios así como las sugerencias recibidas. Con todo
ello la Dirección General de Integración de los Inmigrantes elaborará un Informe
provisional que someterá a la consideración de la Comisión Interministerial de
Extranjería, el Consejo Superior de Política de Inmigración y el Foro para la
Integración Social de los Inmigrantes.

Tras los informes emitidos por estos órganos sobre la Evaluación provisional, la
Dirección General de Integración de los Inmigrantes elaborará la Evaluación final del
Plan Estratégico 2007-2010 definitiva, incorporando las observaciones recibidas.

La Evaluación final del Plan Estratégico 2007-2010 será elevada al Gobierno por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.


10

Presupuesto


Presupuesto de la Administración General del Estado

Empleo
Educación 11%
Otros
42% 24%

Acogida
23%

Presupuesto

10. Presupuesto de la Administración
General del Estado

Áreas Ministerio 2007 2008 2009 2010 TOTALES

cantidades en euros

Acogida Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 106.966.953 112.315.301 117.931.066 123.827.619 461.040.940
Ministerio de Justicia 180.000 189.000 198.450 208.373 775.823
Ministerio de Sanidad y Consumo 480.000 504.000 529.200 555.660 2.068.860
Total 107.626.953 113.008.301 118.658.716 124.591.652 463.885.622

Educación Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 90.000.000 94.500.000 99.225.000 104.186.250 387.911.250
Ministerio de Educación y Ciencia 104.089..878 109.294.372 114.759.090 120.497.045 448.640.385
Total 194.089.878 203.794.372 213.984.090 224.683.295 836.551.635

Empleo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 52.542.704 51.973.151 51.487.458 51.092.287 207.095.600

Vivienda Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 7.486.843 7.861.185 8.254.244 8.666.956 32.269.228

Salud Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 8.000.000 8.400.000 8.820.000 9.261.000 34.481.000
Ministerio de Sanidad y Consumo 8.652.000 9.084.600 9.538.830 10.015.772 37.291.202
Total 16.652.000 17.484.600 18.358.830 19.276.772 71.772.202

Servicios Sociales Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 18.673.159 19.606.817 20.587.158 21.616.516 80.483.650

Infancia y Juventud Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 23.441.579 24.613.658 25.844.341 27.136.558 101.036.136

Igualdad de Trato Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 8.400.000 8.820.000 9.261.000 9.724.050 36.205.050

Mujer Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 7.826.506 8.217.832 8.628.723 9.060.159 33.733.220

Participación Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 6.976.883 7.325.727 7.692.014 8.076.614 30.071.238
Ministerio de Cultura 150.000 157.500 165.375 173.644 646.519
Total 7.126.883 7.483.227 7.857.389 8.250.258 30.717.757

Sensibilización Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 12.643.987 13.276.187 13.939.996 14.636.996 54.497.166

Codesarrollo-Migraciones
y Desarrollo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 3.940.896 4.137.941 4.344.838 4.562.080 16.985.756
Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación/Agencia Española de Cooperación
Internacional 6.762.555 8.768.385 10.881.865 13.371.264 39.784.069
Total 10.703.451 12.906.326 15.226.703 17.933.344 56.769.825

Total 467.213.944 489.045.655 512.088.649 536.668.843 2.005.017.091


Anexo
PRINCIPIOS BÁSICOS COMUNES SOBRE INTEGRACIÓN,
Aprobados por el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior en Bruselas,
el 19 de noviembre de 2004


PRINCIPIOS BÁSICOS COMUNES SOBRE INTEGRACIÓN

PRINCIPIOS BÁSICOS COMUNES SOBRE INTEGRACIÓN,

Aprobados por el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de
Interior en Bruselas, el 19 de noviembre de 2004

Considerando lo siguiente:

1 La inmigración es una característica permanente de la sociedad europea. Si el
flujo de inmigrantes —término que a lo largo del presente texto designa a los
inmigrantes residentes legalmente en el territorio de los Estados miembros—
se encauza de manera ordenada y se gestiona adecuadamente, los Estados
miembros obtendrán numerosos beneficios, como un fortalecimiento de las
economías, una mayor cohesión social, un incremento del sentimiento de se-
guridad, y diversidad cultural. Considerados conjuntamente y a lo largo de to-
dos los Estados miembros, dichos beneficios harán progresar el proceso euro-
peo y reforzarán la posición de la Unión en el mundo. Por consiguiente, la
gestión eficaz de las emigraciones por parte de cada Estado miembro redunda
en interés de todos.

2 El éxito de la integración de los inmigrantes que residen legalmente y de sus
descendientes constituye un aspecto esencial de la gestión de las migracio-
nes. Al mismo tiempo, la política de inmigración puede contribuir al éxito de
la política de integración. Resulta crucial que los Estados miembros manten-
gan y sigan desarrollando unas sociedades en las que los recién llegados se
sientan bienvenidos, que se definan por un espíritu de entendimiento y ajuste
mutuos, y en las que todos los residentes - nuevos y viejos - tengan unas ex-
pectativas claras.

3 La integración tiene lugar simultáneamente a escala de los individuos, de las
familias, de la comunidad en general y del Estado, y se plasma en todas las fa-
cetas de la vida: de hecho, la integración puede abarcar fácilmente una gene-
ración o más. Por consiguiente, para tener éxito, la política de integración
debe comprometer a las instituciones locales, regionales y nacionales con las
que interactúan los inmigrantes, tanto en el ámbito privado como en el públi-
co. El desarrollo y la aplicación de la política de integración es, por consi-
guiente, responsabilidad primordial de los Estados miembros en concreto, más
que de la Unión como conjunto.

4 La incapacidad de un Estado miembro concreto de desarrollar y aplicar con
éxito una política de integración puede tener, de distintas maneras, repercu-
siones adversas para otros Estados miembros y para la Unión Europea. Puede
incidir, por ejemplo, en la economía y la participación en el mercado de traba-



jo, socavar el respeto de los derechos humanos y el compromiso de los euro-
peos de cumplir sus obligaciones internacionales para con los refugiados y
otras personas necesitadas de protección internacional, y generar alienación y
tensiones en la sociedad.

5 Cada uno de los Estados miembros debería determinar las medidas de integra-
ción concretas que una sociedad opta por aplicar. No obstante, redunda clara-
mente en interés común de todos los Estados miembros de la Unión que cada
Estado miembro concreto persiga unas estrategias de integración eficaces.

6 Tales medidas diferirán considerablemente de un Estado miembro a otro.
Deberán ajustarse a las necesidades concretas de la sociedad receptora, refle-
jando la historia y el marco jurídico de cada Estado miembro. Asimismo, po-
drán plantearse como objetivo distintos grupos de población, cuya composi-
ción varía entre los distintos Estados - por ejemplo, desde los trabajadores
temporales a los residentes permanentes y los hijos de inmigrantes; desde las
personas que estén aguardando la admisión hasta aquéllas que ya residan le-
galmente; desde los inmigrantes que hayan adquirido la ciudadanía a los na-
cionales de terceros países establecidos desde hace mucho tiempo; y desde
refugiados que gocen de un alto nivel de cualificación a personas que tengan
que adquirir aún las capacitaciones más elementales.

7 Desarrollar un conjunto de principios básicos comunes de la UE en materia de
integración resulta esencial, habida cuenta no sólo de la diversidad de expe-
riencias y de circunstancias, sino también del interés común que tienen los
Estados miembros en alcanzar acuerdos en torno a objetivos compartidos en
materia de integración.

8 Los principios básicos comunes tienen los objetivos siguientes:

a contribuir a que los Estados miembros formulen políticas de integración,
ofreciéndoles una guía sencilla no vinculante, sencilla pero reflexiva, de
principios básicos respecto de los cuales puedan juzgar y evaluar sus pro-
pios esfuerzos. Los Estados miembros podrán utilizar también estos prin-
cipios básicos para fijar prioridades y seguir desarrollando sus propios ob-
jetivos mensurables. Corresponde a cada Estado miembro determinar si
estos principios le son útiles para formular políticas destinadas a otros
grupos objetivo de la integración. Los principios serán pertinentes tanto
para los Estados miembros que tienen una experiencia considerable en
materia de inmigración intensa como para aquellos otros que se han con-
vertido más recientemente en puntos de destino para cantidades impor-
tantes de inmigrantes;



b servir de base para que los Estados miembros exploren el modo en que
pueden actuar las autoridades a escala de la UE, nacional, regional y lo-
cal, en la elaboración y aplicación de políticas de integración. Además,
dichos principios básicos comunes también podrán contribuir a determi-
nar el modo en que dichas políticas pueden comprometer más adecuada-
mente a otros agentes implicados en la integración (por ejemplo, interlo-
cutores sociales, ONG, organizaciones de mujeres y de migrantes,
empresas, y otras instituciones privadas);

c servir de complemento y actuar en plena sinergia con los marcos legisla-
tivos existentes, incluidos los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos, los instrumentos comunitarios que incluyen disposi-
ciones en materia de integración, los objetivos de la UE en materia de
igualdad entre los sexos y no discriminación, y otras políticas de la UE;

d contribuir a estructurar el diálogo regular entre los gobiernos y todas las
demás instituciones y participantes pertinentes a escala de la UE;

e servir de base y contribuir a que la UE explore el modo en que pueden se-
guir desarrollándose los instrumentos de la UE existentes relacionados
con la integración; y

f contribuir a que el Consejo reflexione sobre los mecanismos y políticas
necesarios a escala de la UE para apoyar los esfuerzos en materia de polí-
ticas de integración desarrollados a escala nacional y local, en particular
compartiendo las enseñanzas y conocimientos obtenidos a lo largo de
toda la UE, y permitirán asimismo que el Consejo alcance, llegado el mo-
mento, acuerdos al respecto.

Recordando las anteriores consideraciones y los objetivos de los principios básicos co-
munes, EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS REPRESENTANTES DE LOS GO-
BIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS establecen los siguientes principios básicos
comunes para una política de integración de los inmigrantes en la Unión Europea:

1 La integración es un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por
parte de todos los inmigrantes y residentes de los Estados miembros.

2 La integración implica el respeto de los valores básicos de la Unión Europea.

3 El empleo constituye una parte fundamental del proceso de integración y es
esencial para la participación de los inmigrantes, para las contribuciones que
los inmigrantes aportan a la sociedad de acogida, y para hacer visibles tales
contribuciones.



4 Un conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones de la socie-
dad de acogida es indispensable para la integración; permitir a los inmigran-
tes adquirir ese conocimiento básico es esencial para que la integración tenga
éxito.

5 Los esfuerzos realizados en la educación son fundamentales para preparar a
los inmigrantes, y en particular a sus descendientes, a participar con más éxi-
to y de manera más activa en la sociedad.

6 El acceso de los inmigrantes a las instituciones y a los bienes y servicios tanto
públicos como privados, en las mismas condiciones que los ciudadanos naciona-
les y sin discriminaciones es un requisito esencial para una mejor integración.

7 Una interacción frecuente entre inmigrantes y ciudadanos de los Estados miem-
bros es un mecanismo fundamental para la integración. Los foros compartidos, el
diálogo intercultural, la educación relativa a los inmigrantes y sus culturas y unas
condiciones de vida estimulantes en entornos urbanos mejoran las interacciones
entre inmigrantes y ciudadanos de los Estados miembros.

8 La práctica de diversas culturas y religiones está garantizada por la Carta de
los Derechos Fundamentales y debe quedar salvaguardada, a menos que di-
chas prácticas entren en conflicto con otros derechos europeos inviolables o
con la legislación nacional.

9 La participación de los inmigrantes en el proceso democrático y en la formu-
lación de las políticas y medidas de integración, especialmente a nivel local,
favorece su integración.

10 Las políticas y medidas tendentes a incluir la cuestión de la integración en to-
das las pertinentes competencias políticas y niveles de gobierno y servicios
públicos deben tomarse debidamente en cuenta en la elaboración y puesta en
práctica de medidas públicas.

11 Es necesario establecer objetivos, indicadores y mecanismos de evaluación
claros para ajustar las políticas, evaluar los avances en la integración y hacer
más eficaz el intercambio de información.


http://www.mtas.es/migraciones/Integracion/PlanEstrategico/Docs/160207pecitextocompleto.pdf

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