El documento propone reformar parcialmente la Constitución para permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. Esto requeriría que el Presidente declare un decreto de apoyo complementario temporal basado en un informe del Consejo Nacional de Seguridad, y la Corte Constitucional supervisaría dichos decretos. También se requeriría capacitación continua en derechos humanos para el personal militar y normas para regular este apoyo.