Pregunta de Sumar

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Teslem Andala Ubbi (Tesh Sidi), diputada de Más Madrid en el Grupo Plurinacional
Sumar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas dirigidas al gobierno para su RESPUESTA ESCRITA:
El 7 de octubre, militantes armados procedentes de la Franja de Gaza y dirigidos por
Hamás perpetraron un ataque en el sur de Israel, en el cual mataron de forma
deliberada a civiles, dispararon contra multitudes, asaltaron con armas de fuego
viviendas y se llevaron rehenes a Gaza, incluidas personas mayores y niños y niñas,
todos actos que constituyen crímenes de guerra.
Este acto recibió una condena unánime, y desde Más Madrid y Sumar reiteramos
nuestra condena a los crímenes de guerra cometidos por Hamás y otros grupos
armados, incluida la toma de rehenes y el asesinato de civiles, así como los continuos
ataques indiscriminados contra la población civil con cohetes.
Pero la respuesta militar llevada n a cabo por Israel a raíz de estas acciones va más
allá de las reconocidas necesidades de seguridad y derecho a la legítima defensa.
Las acciones de los grupos armados palestinos no pueden eximir a Israel en ningún
caso de su obligación de garantizar que los derechos básico de los civiles en la zona
de conflicto sean respetados: que se respeten los principios de distinción,
precauciones en el ataque y proporcionalidad tal y como establece la legislación
internacional en materia de conflictos armados recogidos en los Convenios de
Ginebra, de los que Israel es país firmante.
La dramática situación de la población civil atrapada en la franja de Gaza,
bombardeada de manera indiscriminada y sometida a un asedio con el corte de los
suministros básicos como agua o electricidad y el bloqueo a la ayuda humanitaria,
motivó que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara en diciembre del
2023 una resolución pidiendo un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza,
seguido de la aprobación el 22 de diciembre del 2023 por parte del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas de una resolución (S/RES/2721 (2023)) instando a
Israel a permitir el acceso de ayuda humanitaria y reafirmando la obligación de
cumplir con los principios del derecho internacional humanitario.
La respuesta de Israel a estos llamamientos de la sociedad internacional ha sido
continuar sometiendo a los 2,3 millones de habitantes de Gaza a un nivel de ataques
sin precedentes por tierra, mar y aire; todo ello ha provocado la muerte de miles de

civiles y la destrucción de viviendas e infraestructuras públicas y comunitarias
esenciales. Las muertes de civiles, cifradas según varias fuentes gubernamentales en
más de 23000 personas, son tan numerosas que en ocasiones obligan a enterrar los
cuerpos sin identificar en fosas comunes. Además, otros 60.000 palestinos han
resultado heridos y mutilados, dejándoles secuelas tanto físicas como psicológicas de
por vida. De estas cifras de muertos y heridos se estima que un 70% corresponden a
mujeres, niños y niñas.
La población de Gaza es objeto de incesantes bombardeos dondequiera que vayan,
sea cual sea el lugar en el que se encuentren. Los matan en sus casas, en lugares
donde buscan refugio, en hospitales, en escuelas, en mezquitas e iglesias y también
mientras intentan encontrar comida y agua para sus familias. Se les ha matado tanto
si no han evacuado los lugares arbitrariamente designados, como a los que han
huido e incluso a los que cumplían las órdenes de evacuación e intentaban huir por
las rutas seguras declaradas por Israel. Se han producido bombardeos de manera
continuada tanto en zonas del sur de la Franja que fueron designadas como seguras
como en los campos de refugiados del norte. Y las muertes se extienden a la prensa
que intenta relatar lo que sucede: desde el comienzo de la guerra en Gaza, al menos
95 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han muerto, varios han
resultado heridos y otros están desaparecidos.
A las muertes producidas por la acción directa del ejército israelí se suman, por un
lado, el bloqueo que impone Israel a la llegada un mínimo suficiente de ayuda
humanitaria para una población que la necesita desesperadamente y, por otro, la
interrupción de servicios esenciales como agua o electricidad, creando así este
bloqueo un riesgo de muerte por hambre, deshidratación y enfermedades debido a la
imposibilidad de proporcionar la asistencia necesaria. Un 93% de la población de
Gaza, una cifra sin precedentes, se enfrenta a unos niveles críticos de hambre, carece
de alimentos en cantidad suficiente y sufre unos elevados niveles de malnutrición
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo
(UNWRA) estima que un 85% de la población de Gaza se ha visto obligada a
abandonar su hogar. 1,9 millones de personas desplazadas forzosamente de sus
hogares, sin refugio seguro y sin la necesaria asistencia humanitaria para garantizar
su supervivencia dentro de la zona de guerra total que es la Franja de Gaza. Una
población que además no podrá regresar a sus hogares, ya que se estima que las
dos terceras partes de todas las edificaciones en el norte de Gaza han sido
completamente destruidas y arrasadas.
La Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de la Naciones
Unidas de 1948, que tanto Israel como España han firmado y ratificado, establece

claramente el marco legal para este delito. Y, como señaló Adila Hassim del equipo
jurídico de Sudáfrica el pasado 11 de enero ante la Corte Internacional de Justicia de
Naciones Unidas (TIJ) en la Haya “Un genocidio nunca se declara por adelantado,
pero este tribunal tiene el beneficio de las últimas 13 semanas de pruebas que
muestran incontrovertiblemente un patrón de conducta e intención relacionada”. Este
equipo jurídico ha pedido la toma de medidas cautelares para que se suspendan de
inmediato las operaciones militares en Gaza.
Por todo ello:
1. ¿Tiene el Gobierno previsto apoyar la demanda presentada por Sudáfrica ante
la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas por la que se denuncia
que Israel ha demostrado un patrón de conducta genocida?
2. ¿Tiene el Gobierno previsto prestar cualquier apoyo jurídico que pueda ser
necesario para el equipo jurídico sudafricano?
3. ¿Cuándo tiene el Gobierno previsto impulsar una Conferencia Internacional
que retome la senda del proceso de paz y que busque una solución basada en
las resoluciones previas de las Naciones Unidas.?
En el Congreso de los Diputados a 15 de enero de 2024
Teslem Andala Ubbi
Firmado por TESLEM
ANDALA UBBI el día
15/01/2024

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