Presentac..

Nueva ley de Educación Provincial

Presentación del anteproyecto

La necesidad de un nuevo
marco legal

La actual Ley de Educación 8.113 data de 1991.
Por ello, no contempla algunos de los desafíos
establecidos en la Ley de Educación Nacional, Nº 26.206,
de 2006 (como es la obligatoriedad del secundario) y en
la Ley de Educación Técnico Profesional, Nº 26.058, de
2005.

El reflejo de los acuerdos
alcanzados
El anteproyecto es el fruto de un año y medio de trabajo, en
un ámbito de construcción colectiva y plural como es el
Consejo Provincial de Políticas Educativas (CPPE)
El CPPE está integrado por representantes de los Ministerios
de Educación y de Ciencia y Tecnología; de las 11
universidades con sede en Córdoba; de los cinco sindicatos
docentes (UEPC, SADOP, ADEME, AMET y UDA), de la
Legislatura (Unión por Córdoba, Unión Cívica Radical y Frente
Cívico), las tres asociaciones que nuclean a los propietarios
de colegios privados y del Consejo Asesor de Educación
Técnica y Trabajo.

La educación como un derecho
social e individual
El anteproyecto define que “la educación y el
conocimiento son un bien público y un derecho personal y
social, garantizado por el Estado”.
Además, la constituye como un política de Estado prioritaria
para la construcción de una sociedad justa, la reafirmación
de la soberanía e identidad nacionales, el respeto de los
derechos humanos y el desarrollo provincial, entre otros.
También prohíbe expresamente a la Provincia la suscripción
de tratados de libre comercio o o de otro tipo que consideren
a la educación como un servicio lucrativo o aliente su
mercantilización.

Común, integral y respetuosa de la
diversidad cultural
Se establece que la educación es función obligatoria,
principal y permanente del Estado, que establece y supervisa
la política del sector. La de gestión estatal es común, integral,
gratuita y exenta de dogmatismos de cualquier signo.
También, promueve la identidad y unidad nacional y
latinoamericana, así como el respeto y valoración de la
diversidad lingüística y cultural de las distintas comunidades y
pueblos originarios.
Asimismo, debe brindar educación sexual integral, así como
conocimientos para la prevención de adicciones, la educación
vial y el cuidado del ambiente.

Por la igualdad
e inclusión educativas
Entre las políticas de inclusión educativa que el Estado
garantiza, en especial a quienes que se encuentran en
situaciones económicas desfavorables, se encuentran:
14 años de escolaridad obligatoria (uno más que la ley nacional,
a partir de la inclusión de la obligatoriedad de la sala de cuatro
años en los jardines de infantes).
Universalización de las salas de tres años en los jardines de
infantes de zonas de mayor vulnerabilidad social.
Jornada extendida o completa, iniciando el proceso en el
segundo ciclo (4º a 6º grado) de las escuelas primarias.

Por la igualdad
e inclusión educativas

La obligatoriedad de la educación secundaria, cuya finalidad es
habilitar a los jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía,
par el trabajo y para la continuación de los estudios.
Se propicia la vinculación de las escuelas secundarias con el
mundo de la producción, el trabajo y de otros organismos (según
su orientación).
Así, establece que los estudiantes pueden realizar prácticas
educativas en escuelas, cooperativas, empresas, organismos
estatales, entidades culturales y gremiales, que brinden
experiencias adecuada a su formación y orientación vocacional

Reconocimiento de nuevas
modalidades educativas

La iniciativa reconoce como modalidades del sistema
educativo a la educación especial; la permanente de jóvenes
y adultos y la rural.
De la misma manera, incorpora como modalidades a la
educación la técnico profesional; la educación artística; en
contextos de encierro; la domiciliaria y hospitalaria y la
intercultural bilingüe.

Obligaciones del Estado
y control ciudadano

El Estado se compromete a invertir no menos del 30% del
presupuesto, en Educación.
Se conforma, en el ámbito del CPPE, una Comisión de
Evaluación e Información Educativa.
El Ministerio de Educación se obliga a enviar anualmente a la
Legislatura un informe sobre los criterios y mecanismos de
evaluación y gestión aplicados a los procesos educativos.

Un compromiso de todos

Además de la obligación del Estado de brindar las
condiciones necesarias para garantizar la educación, el
anteproyecto establece los derechos, pero también los
deberes de estudiantes, docentes y familias.
La capacitación de los educadores es, además de un
derecho que debe garantizar el Gobierno de manera integral
y gratuita, un deber de los docentes.

Derechos y deberes
de las familias

Los padres tienen derecho a ser reconocidos como agentes
naturales y primarios de la educación y a que sus hijos reciban
una educación conforme a los principios y fines de la
Constitución y de la presente ley.
Pero también tienen que asegurar la concurrencia de sus hijos
a clases.
Y deben apoyar y respetar la autoridad pedagógica de la
escuela y sus docentes.

Derechos y deberes
de los estudiantes

Los alumnos tienen derecho a organizarse y participar de la
vida institucional de la escuela (a través de centros de
estudiantes, asociaciones, clubes de ciencias, arte o deporte)
así como a recibir una enseñanza que valore sus intereses y
considere sus ritmos.
Como contrapartida, deben aprovechar las oportunidades
que el sistema educativo les ofrece para estudiar y respetar las
normas de convivencia y organización de las escuelas.

Los aportes de la
comunidad educativa
Con el anteproyecto, se adjuntan, sistematizadas artículo por
artículo, las observaciones, sugerencias y opiniones que
docentes, padres y estudiantes tuvieron oportunidad de
realizar en la jornada institucional de debate del 28 de julio
pasado.
De la misma manera, se incluyen las actas de las sesiones del
CPPE, que reflejan los intercambios producidos en su seno.
Además, se agregan las contribuciones realizadas durante las
últimas dos semanas, por los alumnos de aquellas escuelas
que pidieron reabrir la discusión.

El anteproyecto para una nueva ley provincial de
educación que hoy presentamos no sólo rescata lo
mejor de la Ley 8.113 y contempla los desafíos de
las normativas nacionales; sino que también
recupera nuestra propia historia, visión y
necesidades.
Es el reflejo de los acuerdos alcanzados acerca de
lo que nuestra Córdoba necesita en los próximos
años: una política de Estado.

Cláusulas transitorias: un
compromiso por la educación

Tomando como base los puntos del documento Compromiso
por la Educación, elaborado por el Consejo para la
Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC) y firmado por
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Oscar Aguad, Luis Juez,
Eduardo García, y Omar Ruiz, en representación de las
distintas fuerzas políticas cordobesas, el anteproyecto
establece las cláusulas que se detallan a continuación.

Nivel inicial

Para alcanzar una cobertura del 100% de las salas de tres
años de jardines de infantes, en contextos sociales
desfavorables, en los próximos tres años, se prevé la creación
de 160 nuevas salas: 60 en 2011; 50 en 2012 y 50 en 2013.
Para cumplir con la obligatoriedad de las salas de cuatro
años, se crearán 226 nuevas salas: 100 en 2011; 50 en 2012; 50
en 2013 y 26 en 2014.
Además, se construirán nuevas aulas: 45 en 2011; 100 en
2012; 100 en 2013 y 26 en 2014.

Nivel primario: jornada extendida

Para lograr que todas las primarias tengan jornada extendida,
en el segundo ciclo (4º a 6º grado), en los próximos cinco
años, se prevé la incorporación de 398 escuelas al programa:
200 en 2011; 98 en 2012; 50 en 2013 y 50 en 2014.
Para incorporar todas las secciones (3.188) del segundo ciclo,
resulta necesario construir aulas: 100 en 2011; 100 en 2012; 100
en 2013; 100 en 2014 y 108 en 2015.

Atención a la diversidad de
necesidades educativas
En escuelas primarias rurales, se incorporarán 140 maestros
de materias especiales (educación física, artística, lengua
extranjera, ciencias), para la extensión de jornada: 40 en 2011;
40 en 2012; 30 en 2013; 10 en 2014 y 10 en 2015.
En escuelas primarias en contextos desfavorables, se
incorporarán 85 maestros de apoyo afectados a programas de
fortalecimiento de lengua, ciencias y matemáticas: 25 en
2011; 20 en 2012; 20 en 2013; 10 en 2014 y 10 en 2015.
En escuelas comunes, se incorporarán 91 maestros
integradores para alumnos con necesidades educativas
especiales: 30 en 2011; 30 en 2012 y 31 en 2013.

Nivel Secundario
Se dará continuidad al programa provincial de becas
estudiantiles, para alumnos de familias de bajos recursos con
buen desempeño académico.
Para dar cumplimiento a la obligatoriedad del nivel, se
sostendrá el programa de inclusión y terminalidad de la
educación secundaria (14/17) hasta su finalización en 2014.
Para resolver la repitencia y mejorar la calidad de la
enseñanza, se incorporarán 266 coordinadores de curso: 120
en 2011; 100 en 2012 y 46 en 2013.
También se incorporarán 65 gabinetistas psicopedagógicos:
15 en 2011; 15 en 2012; 15 en 2013; 10 en 2014 y 10 en 2015.

Formación laboral

A fin de ofrecer oportunidades de capacitación en oficios a
las personas jóvenes y adultas, se prevé la disponibilidad
continua de 90 cargos de maestros de materias especiales,
afectados a la formación laboral.
Para ello, se incorporarán 52 cargos a los 38 actualmente
disponibles: 12 en 2011; 10 en 2012; 10 en 2013; 10 en 2014 y 10
en 2015.

Mejora en la formación inicial y
continua de los docentes

A fin de articular los institutos superiores con las universidades
que forman profesores e impulsar acciones que acompañen el
acceso al trabajo de los docentes en sus primeros años de
desempeño, se prevé crear 1.200 horas cátedra en el nivel
superior para afectar a la investigación, extensión y
acompañamiento a los docentes.
La creación de nuevas horas se hará según el siguiente
detalle: 400 en 2011; 400 en 2012 y 400 en 2013.

Incorporación de tecnologías de
la información

A fin de sostener la incorporación de TIC y actualizar las
herramientas informáticas se proveerá 59.455 netbook a
escuelas de nivel inicial, primario y la modalidad jóvenes y
adultos: 18 mil en 2011; 15.800 en 2012; 14.388 en 2013; 5400 en
2014 y 5.867 en 2015.
También se prevé la incorporación de 432 administradores de
red: 108 en 2011; 108 en 2012 y 216 en 2013.

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